El que se está celebrando en la Audiencia Nacional desde la semana pasada solo es uno de los tres episodios de la última guerra sucia en España, todos ellos impulsados desde el Gobierno de Mariano Rajoy y que elDiario.es recoge en un documental Las tres guerras sucias del PP. En el caso de Kitchen, que es lo que se está juzgando en el citado tribunal, se investiga cómo distintos mandos policiales utilizaron medios públicos para tratar de tapar casos de corrupción vinculados al PP como el caso Gürtel.

Además de Kitchen, desde el Gobierno de Rajoy se impulsó lo que se llamó la Operación Cataluña. Con la excusa del desafío soberanista, el Ministerio del Interior activó en 2012 a un grupo de mandos policiales dispuestos a combatir a los enemigos del PP —de España, se justificaban ellos— orillando los tribunales de justicia. Alumbraron dosieres con informaciones erróneas, cuando no pretendidamente falsas, sobre los líderes del procés, que luego filtraban a medios de comunicación de la derecha, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

Por otro lado, cuando en 2014 irrumpió en el panorama político Podemos, esos mismos mandos policiales, con los mismos políticos al frente, repitieron el 'modus operandi' de la Operación Cataluña ahora contra la formación emergente. Cuando en 2016 se vislumbró la posibilidad de que alcanzara el Gobierno, la ofensiva arreció contra el primer partido que alcanzaba ese vigor electoral a la izquierda del PSOE desde que se restauró la democracia. Jerarcas venezolanos a los que perseguía la justicia de su país y la estadounidense, españoles condenados por estafa, fotocopias dudosas, extractos bancarios fabricados... Todo valía para evitar que “los comunistas” llegaran al poder.

-------------

Las tres 'guerras sucias' del PP es un documental de elDiario.es narrado y documentado por Pedro Águeda. Está codirigido por José Manuel Romero y Sara Cuesta, productora y guionista del documental. La edición y el montaje es de Alejandro Corral, que también ha participado en el diseño junto a David Velasco. En la dirección de fotografía y grabación ha estado Salvador Fenoll. La productora ejecutiva es Izaskun Pérez.

La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar esta semana el caso Kitchen, uno de los tres episodios de la última guerra sucia en España. Con la excusa del desafío soberanista, el Ministerio del Interior activó en 2012 a un grupo de mandos policiales dispuestos a combatir a los enemigos del PP —de España, se justificaban ellos— orillando los tribunales de justicia. Alumbraron dosieres con informaciones erróneas, cuando no pretendidamente falsas, sobre los líderes del procés, que luego filtraban a medios de comunicación de la derecha, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

En 2014 irrumpió en el panorama político Podemos y esos mismos mandos policiales, con los mismos políticos al frente, repitieron el 'modus operandi' de la Operación Cataluña ahora contra la formación emergente. Cuando en 2016 se vislumbró la posibilidad de que alcanzara el Gobierno, la ofensiva arreció contra el primer partido que alcanzaba ese vigor electoral a la izquierda del PSOE desde que se restauró la democracia. Jerarcas venezolanos a los que perseguía la justicia de su país y la estadounidense, españoles condenados por estafa, fotocopias dudosas, extractos bancarios fabricados... Todo valía para evitar que “los comunistas” llegaran al poder.

En este contexto, salvar a “los suyos” no supondría un obstáculo. Algunos de esos mandos policiales por convicción ideológica, otros por arribismo, los más por ambos motivos, se prestaron a sabotear la investigación judicial de la caja B del PP, que amenazaba la pervivencia de Mariano Rajoy en el Gobierno. Y con el engranaje de la guerra sucia en marcha, los policías se dedicaron a hacer lo contrario de lo que la Ley y su función pública les tenía reservado: en lugar de perseguir el delito se dedicaron a borrar las pruebas.

Los indicios recogidos en el caso Villarejo apuntan a que en el banquillo de la Kitchen faltan piezas fundamentales en el engranaje de esa guerra sucia. La principal ausencia es la de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Tampoco comparece el comisario Enrique García Castaño, 'El Gordo', quien sufrió un ictus que le incapacita para ser juzgado.

José Manuel Villarejo no aparece en la foto pese a que la mayor petición de condena de la Fiscalía, 19 años, es para él. En activo, el comisario jubilado hizo de la toga de abogado otra de sus herramientas para extorsionar. Ahora hace uso de la prerrogativa de sentarse en estrados junto a su abogado y no con el resto de acusados.

Jorge Fernández Díaz

Francisco Martínez

Eugenio Pino

José Manuel Villarejo

Enrique García Castaño, 'El Gordo'

José Luis Olivera

José Ángel Fuentes Gago

Andrés Gómez Gordo

Marcelino Martín-Blas

Bonifacio Díez Sevillano

Sergio Ríos Esgueva

Antiguo miembro de la seguridad del PP en la sede de Génova y conductor de Francisco Granados, ni siquiera era policía cuando arrancó la Operación Cataluña. Su participación se ciñe a colaborar con la brigada política robando información de los Bárcenas e informando de los movimientos de la familia cuando el tesorero entró en la cárcel. Cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados y la promesa de ingresar en la Policía. Hoy está suspendido de funciones. 

Ha sido la semana de los policías en el juicio a los Pujol. Por motivos distintos, no han quedado en muy buen lugar. Los focos estaban puestos en los integrantes de la brigada política del PP, aunque el verdadero testigo clave del caso era el inspector jefe 89140. Él es quien firma los atestados en los que se sustenta la acusación de la Fiscalía. Las defensas, en especial la del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, lograron restarle mucha credibilidad, aunque se autoboicoteó nada más empezar.

El inspector dijo sentir “animadversión personal” hacia los Pujol. Siendo el investigador principal del caso, fue una muestra de torpeza infrecuente en un juicio. Luego matizó que no le caía mal la familia sino sus abogados, porque le denunciaron. La historia de los Pujol con el inspector jefe 89140 venía de antiguo.

El mando de la UDEF se salvó en el tiempo de descuento de ir a juicio por el caso del 'pendrive' —la única condena por la Operación Catalunya— con el que la brigada política del PP intentó adulterar el caso Pujol.

El inspector fue el receptor de la información obtenida de forma ilegal por el exjefe de la Policía Eugenio Pino, y que el juez José de la Mata sacó del caso —salvándolo así de su nulidad total—. El juez de Madrid que lo investigaba terminó archivando la causa para él.

Con firmeza cuando tocaba, y con mucha paciencia en general, el magistrado José Ricardo de Prada logró que la vista no se descontrolara pese a la incendiaria declaración inicial del inspector. El magistrado constató que lo que había expresado el testigo era un “malestar” por la denuncia de los Pujol. Una forma de dar a entender a las defensas que no hacía falta que insistieran. El abogado de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, lo pilló y evitó preguntar por ello.

Martell tenía suficiente trabajo. El auténtico protagonista de la vista es el primogénito del expresident. Sobre él pesan las acusaciones más graves —29 años de cárcel le pide la Fiscalía— y es el eje alrededor del cual gira la corrupción atribuida a la familia como origen de su fortuna.

El interrogatorio de Martell, implacable, sirvió para dejar al descubierto los puntos débiles de la investigación policial del caso. 

Las casi diez horas (repartidas en dos jornadas, y todavía quedan defensas por interrogarle) que duró la testifical del inspector jefe son consecuencia de una investigación gigantesca: en vez de poner el foco e ir con todo contra las operaciones más grotescas en las que Jordi Pujol Ferrusola estuvo involucrado, la causa ha rastreado la casi totalidad de vida empresarial del primogénito, lo que ha generado un sumario inmanejable. Sumado a los más de 10 años de instrucción, el cóctel es de difícil digestión probatoria en un juicio, por mucho que haya actuaciones familiares poco compatibles con las lecciones de ética que predicó Pujol desde la Generalitat.

¿Cuál es la operación corrupta que explica la fortuna oculta? A preguntas del fiscal, el inspector la había conectado con el caso Grand Tibidabo, la sociedad que saqueó el financiero Javier de la Rosa, muy vinculado a Pujol en los 90. Pero a preguntas de Martell, tuvo que admitir que su base era la declaración de un testigo de esa causa de la que “desconocía” el recorrido. “No pretendo dilucidar la verdad final”, se escudó el inspector.

¿Júnior cobró por trabajos inexistentes? Con su estilo inconfundible —afirmar que “Pulgarcito va dejando rastros” para referirse a la actividad empresarial de Pujol Ferrusola solo puede hacerlo Cristóbal Martell—, el abogado logró que el inspector admitiera que una de las afirmaciones de su informe no era del todo correcta.

El mando defendió que Pujol Ferrusola había cobrado 652.000 euros de la constructora Isolux por no hacer nada en un negocio en Gabón, pero terminó por reconocer que había documentación que demostraba que sí viajó al país. “No le di relevancia”, manifestó.

¿Y las obras de la Generalitat? El inspector admitió que no investigó si hubo amaños en las adjudicaciones públicas que la Fiscalía vincula con comisiones ilegales porque los pagos buscaban “una garantía de influencia a lo largo del tiempo” y no tanto a una obra concreta.

El agente dijo que no estudió los procesos de recalificación urbanística señalados ni investigó el posible “delito previo” al blanqueo de capitales, que es su especialidad. “En mi materia siempre he dicho que soy el mejor, pero en temas de urbanismo no domino”, apostilló.

La gran mentira del expresident —mantuvo dinero en Andorra sin declarar a Hacienda durante toda su etapa en la Generalitat— y los desmanes empresariales de su primogénito —si son legales o no lo dirá la Audiencia Nacional, pero ya se han mostrado durante la vista— son compatibles con constatar que la Policía no hizo su mejor trabajo cuando investigó el origen de la fortuna oculta.

Además, una tesis policial plausible pero difícil de demostrar ante un tribunal como que los pagos a Jordi Pujol Ferrusola pretendían “una garantía de influencia a lo largo del tiempo”, incluso con gobiernos que no fueran de Convergència, requiere de empresarios que tiren de la manta para corroborarla, algo que no se ha producido en esta causa.

Aunque no tuviera su mejor semana, el inspector jefe 89140 puede afirmar que no fue condenado por adulterar el caso. Él ha podido equivocarse, pero no es un policía corrupto. No puede decir lo mismo el exjefe de la Policía Eugenio Pino, condenado en firme por el Supremo por el pendrive.

Nadie esperaba que aportaran mucho, pero la ceremonia de la confusión que ofrecieron al tribunal Pino y el resto de mandos de la brigada política del PP que comparecieron como testigos resulta poco compatible con quien ha ostentado la cúpula policial. Aunque puede obedecer a muchas razones. Para empezar, al calendario: a todos ellos todavía les quedan juicios pendientes. El primero, el de la Kitchen, esta primavera.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo gana por agotamiento. Este martes, el policía más famoso de España ha colmado la paciencia del tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso Pujol con sus divagaciones y chascarrillos cuando la defensa de la familia le preguntaba por si había participado en la obtención ilegal de los datos bancarios de la familia o se había reunido con la actual senadora del PP, Alicia Sánchez Camacho o la examante del primogénito, Victoria Álvarez.

Primero Villarejo ha alegado su condición de investigado en Andorra por la causa que investiga la Operación Catalunya para no responder. El tribunal se lo ha impedido al tratarse de una causa en otro país. Después ha tirado de comentarios impropios ante un tribunal de Justicia, como cuando ha dicho que desconocía si se reunió con Álvarez (uno de sus socios la animó a denunciar a Jordi Pujol Ferrusola) alegando que en su vida se había divorciado dos veces y que había tenido “muchas novias”.

“Sus comentarios están fuera de lugar”, ha cortado, rápido ante cualquier intento de Villarejo de implosionar su declaración, el presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, que ha reprochado en varias ocasiones a Villarejo su actitud y le ha recordado reiteradamente su obligación de decir la verdad, a lo que el comisario jubilado ha replicado con más espectáculo: “Me siento coaccionado por el tribunal”.

La sesión se esperaba con ganas, pero ha servido de poco. Cada parte ha visto confirmada su tesis pese a los pocos detalles que han dado los mandos, en su mayoría imputados en varias causas de corrupción y que serán juzgados este año por el caso Kitchen, el intento de la brigada política del PP de hacer desaparecer pruebas del caso Gürtel.

Cada testigo ha parecido interpretar un papel de una mala película de policías, aunque nada de lo que las defensas de los Pujol han preguntado daba pie a los chascarrillos y evasivas con las que todos ellos han respondido. Se trataba de aportar luz a si hubo coacciones policiales a los banqueros de la BPA para que aportaran los datos bancarios de la familia y si, una vez obtenidos, la brigada política del PP los filtró al diario 'El Mundo'.

La cuestión resulta relevante porque la defensa alega que esa maniobra policial envenena el origen del caso y debe llevar a su nulidad, ya que sin esa portada, el expresident no hubiera confesado. En cambio, las acusaciones desvinculan ambos hechos, y mantienen que la carta en la que Pujol admitió haber mantenido una fortuna familiar sin regularizar durante décadas fue una palanca perfectamente legal para empezar a investigar a la familia.

En la sesión de este martes han testificado Eugenio Pino, exdirector adjunto de la Policía Nacional en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy que fue condenado por adulterar el caso con un 'pendrive' con datos robados de un dispositivo de los Pujol; el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que sigue inmerso en varios juicios por corrupción; y el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas.

Pino ha sido el policía desmemoriado, aunque ha dicho que los dos mandos se arrogaban el “mérito” de haber obtenido los datos bancarios de los Pujol; Villarejo ha jugado un papel retador y charlatán, hasta el punto que el presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, ha subido el tono como hasta ahora no había hecho en el juicio; Martín-Blas se ha presentado como un poli bueno con un papel secundario.

De la misión en Andorra de la Operación Catalunya ya se saben varios extremos. No gracias a ninguna investigación en España, sino por la que comanda una magistrada del principado. En ese procedimiento, Villarejo ha llegado a atribuir al expresidente Mariano Rajoy el origen de las maniobras. En cambio, ante la Audiencia Nacional, ha evitado mencionar a cualquier político (salvo recordar que también trabajo para gobiernos socialistas).

Ninguno ha reconocido (como sí hizo Villarejo en Andorra) el influjo político a la Operación. Más bien todos se han desentendido de la Operación. Villarejo, cuando ha sido preguntado por la boda en la que los mandos policiales contactaron con los banqueros anndorranos, ha afeado al letrado Cristóbal Martell (quien también ha tenido que tirar de paciencia) que le preguntara por cuestiones “de un programa del corazón”. Le ha valido al comisario otra reprimenda del tribunal.

Todos los interrogatorios han sido tensos y plagados de evasivas, aunque todos los testigos han negado que participaran en una operación coordinada contra los Pujol y, en cualquier caso, han desvinculado al Gobierno de Mariano Rajoy de sus indagaciones, de las que afirman que no les informaron. Sirva de ejemplo esta pregunta a Pino:

Abogado Martell: La obtención de un dato bancario por un cauce no judicial no le mereció a usted prevención y decir, ¿Marcelino dónde vas con eso?

Eugenio Pino: No, Marcelino me lo transmitió y no tenía por qué darme cuenta. No soy operativo.

Casi 12 años después, uno de los episodios de la Operación Catalunya se volverá a investigar en los juzgados. La Audiencia de Madrid ha admitido el recurso de siete de los 33 magistrados catalanes que suscribieron un manifiesto en 2014 favorable a una consulta soberanista y que vieron como sus fotos y datos personales terminaron publicados en el diario La Razón y ha ordenado al juzgado seguir adelante con las pesquisas.

En un auto, adelantado por El Món y al que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Madrid reabre la causa, rechaza que esté prescrita y ordena al juzgado seguir tirando de un hilo hasta ahora infructuoso. El apoyo del tribunal para negar la confirmación del cierre del caso es un audio aportado por los jueces en el que el exjefe de la brigada política del PP, Eugenio Pino, se refiere a la filtración.

Las “grabaciones de reuniones entre altos mandos de la Policía” relativas a la filtración, mantiene el tribunal, son una base a través de la que “se pudiera llegar a conocerse la identidad de la persona que cedió o filtró tales fotografías de los DNI al diario La Razón”.

La denuncia de los magistrados señalaba, además de a Pino, a otros tres exresponsables policiales identificados en el audio: el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el exresponsable de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y el entonces jefe de Información de la Policía en Catalunya, Pedro Esteban.

Junto al caso del 'pendrive' de los Pujol, el de los jueces partidarios del derecho a decidir es la única de las maniobras de la brigada política del PP que ha terminado en condena. En concreto, una del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a España por no proteger la privacidad de los togados y no investigar debidamente la filtración de sus datos y fotos al diario 'La Razón'.

El de los jueces partidarios del derecho a decidir es un caso de manual de cómo funcionó la brigada política del PP: maniobras policiales, al margen de cualquier investigación judicial pero amparadas desde la cúpula del Ministerio del Interior, terminaron publicadas en un periódico, en este caso La Razón, para desprestigiar a los 33 togados partidarios del derecho a decidir.

El caso se remonta a febrero de 2014, cuando 33 magistrados que ejercían en tribunales catalanes firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir del pueblo catalán. En aquel momento el Govern ya planeaba celebrar el proceso participativo que se terminaría conociendo como la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Quince días después de la publicación del manifiesto, el periódico La Razón publicó los nombres, fotos, tribunales donde trabajaban y, en algunos casos, las ideas políticas de los jueces firmantes del texto. La publicación del rotativo llevaba por título “La conspiración de los 33 jueces soberanistas”.

Según denunciaron los jueces, la publicación de sus fotos en La Razón es el resultado de “investigaciones prospectivas sin control judicial” por parte del “grupo criminal” de la brigada política del PP.

La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo de cohecho pasivo, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil por el encargo que le hizo un empresario para obtener información del administrador concursal de su compañía. Villarejo cobró 400.000 euros de un particular mientras estaba destinado en la cúpula de la Policía, con el PP en el Gobierno, y ejecutaba encargos como la operación Cataluña.

La absolución de Villarejo por el delito de cohecho –cobrar de particulares siendo funcionario público– es una constante en la macrocausa que lleva el nombre del policía desde que la máxima instancia de la Audiencia Nacional, la Sala de Apelación, corrigiera al tribunal y considerara que no por llevar placa y pistola podía actuar solamente como abogado o detective, sin servirse de su condición de comisario

El encargo por el que se acaba de dictar sentencia absolutaria fue bautizado por Villarejo como proyecto 'Grass', la pieza 29 de la macrocausa. La Fiscalía Anticorrupción ha visto cómo su abultada petición de cárcel, 12 años para Villarejo por los tres delitos, ha acabado en absolución.

Recientemente se celebró el juicio por el presunto contrato entre Javier López Madrid y Villarejo para acosar a la doctora Pinto. El único delito que le atribuye la acusación popular es el cohecho. La Fiscalía no presento acusación.

En su sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Penal absuelven también al socio de Villarejo Rafael Redondo y al empresario inmobiliario Antonio Erico Chávarri, que fue quien hizo el encargo a Villarejo y a Redondo. Según declara probado la Audiencia Nacional, en el año 2012 se tramitó ante el Juzgado de lo Mercantil el procedimiento concursal de la entidad Acisclo Gestión de Patrimonio SL, sociedad inmobiliaria propiedad de Antonio Erico Chávarri. El principal acreedor en dicho procedimiento concursal era su exsuegro, Joaquín Molpeceres Sánchez, a través de la sociedad Mercali S.A, con el que el acusado mantenía una enemistad derivada del proceso de divorcio con su hija y de las consecuencias patrimoniales derivadas de la disolución del matrimonio. Como administrador concursal estaba designado en dicho procedimiento Luis Pérez Gil.

 Ante las sospechas de que en el procedimiento concursal se estuvieran produciendo irregularidades y de que su ex suegro, Joaquín Molpeceres y Luis Pérez, quienes mantenían estrechas relaciones personales y profesionales, pudieran actuar de común acuerdo para perjudicar sus intereses en dicho procedimiento y proponer declararlo en concurso culpable, el acusado Antonio Erico Chávarri, contrató a un detective privado para que hiciera un seguimiento con el fin de obtener información comprometida para ambos.

El fallo relata que el detective no satisfizo las aspiraciones del cliente, Antonio Chávarri, a través de un socio de su despacho profesional, entró en contacto con el acusado José Manuel Villarejo Pérez, y le encargó una investigación dirigida a recabar información sobre las relaciones que pudieran mantener Luis Pérez Gil y Joaquín Molpeceres. Por este encargo, que se ejecutó entre finales del año 2012 y finales 2013 a través del denominado Proyecto Grass, Villarejo y su socio Redondo cobraron a través de su empresa CENYT una cantidad superior a los 400.000 euros.

Tras examinar la prueba, el Tribunal considera que no se cometió el delito de cohecho puesto que se trató de una actividad privada ejecutada al margen de la actividad como Policía de Villarejo. La conclusión, explican los magistrados, “no puede ser otra que, en el presente caso, no se utilizaron ni métodos, ni medios policiales, ni consta consulta alguna en las bases de datos policiales. No consta intervención policial alguna, ni la utilización de recursos públicos en este caso. Tampoco existe prueba de que Villarejo hubiera contactado con otros policías para recabar información o el tráfico de llamadas, es probable, pero no existe prueba de ello”.

Cliente y Villarejo, una relación “absolutamente privada”

De todo lo cual, subraya el fallo, se concluye José Manuel Villarejo y Antonio Redondo llevaron a cabo “una actuación absolutamente privada” y que el pago de las cantidades abonadas por Antonio Chávarri responde exclusivamente a la contraprestación de los servicios realizados dentro del ámbito de dicha actuación privada.

En consecuencia, con lo expuesto, señala la sentencia, “la ausencia de prueba sobre el citado elemento objetivo del tipo impide la apreciación del delito de cohecho pasivo, deviniendo, por lo tanto, innecesario el examen acerca de la concurrencia de los demás elementos requeridos por el precepto penal del Código Penal objeto de acusación”. Consecuentemente, advierten los jueces, tampoco existe delito de cohecho activo.   

La Sala explica que los acusados tenían en su poder un listado de llamadas de las personas a las que estaban investigando, si bien, apuntan a que no ha resultado acreditado, con el rigor que exige el proceso penal, la forma de acceder a dicha información. 

“En el escrito de acusación tampoco se describe el modo de dicho acceso. No se puede presumir, en contra del reo, que José Manuel Villarejo, por su condición de alto cargo policial se prevaliera de su específica función pública para tal fin. Dicho de otro modo, ignoramos cómo la obtuvo no pudiendo realizarse una presunción en contra del acusado en el sentido de que hubiera abusado de su específica función policial en su beneficio para, de esta manera, haber tenido acceso de forma ilícita a unos datos reservados que hubiera conocido por razón de su cargo”, indica la Sala.

Tampoco ha resultado probado que Villarejo hubiera tenido encargo policial alguno, de tal manera que eso le hubiera posibilitado abusar del conocimiento de datos reservados de los mismos por motivo de su función policial. “Nada hay en las anotaciones manuscritas de su agenda, ni en los audios de las reuniones, ni en otros documentos incautados , razón por la cual debemos concluir que existe un auténtico vacío probatorio que no permite acreditar, con el rigor que exige un proceso penal, el íter concreto del acceso del acusado al tráfico de llamadas, para poder apreciar como probada la concurrencia de prevalimiento por parte del acusado Villarejo de su específica función policial, más allá de meras hipótesis o suposiciones al respecto”.

En cualquier caso, aclaran en su resolución los magistrados de la Sala de lo Penal, no se cumple el requisito de perseguibilidad y, además, el delito de descubrimiento y revelación de secretos estaría prescrito.

La inacción del juzgado del caso Villarejo con los indicios que le presentó la Policía hace dos años sobre la implicación de María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen afecta a otro episodio fundamental de la guerra sucia en la época de Mariano Rajoy, la Operación Cataluña. En uno de los tres audios ignorados por los jueces Manuel García Castellón y Antonio Piña aparece la secretaria general del PP compartiendo en 2017 las maniobras policiales contra los independentistas con el comisario José Manuel Villarejo. 

Es 12 de septiembre de 2017 y quedan poco más de dos semanas para la celebración del referéndum independentista. La grabación, de una hora y dos minutos, comienza en la calle, cuando el jefe de gabinete de Cospedal acude al encuentro de Villarejo para introducirle en la sede del PP de forma discreta, por el garaje. Se conocen de antes. Hablan de las vacaciones. José Luis Ortiz, que así se llama el colaborador de Cospedal, estuvo imputado en el caso Kitchen. Y al igual que su jefa fue exonerado por el juez García Castellón. 

Villarejo acude a Cospedal porque empieza a verse acosado por la Fiscalía Anticorrupción y el Servicio de Prevención de Capitales del Banco de España (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía. Hace tiempo que se conoce su implicación en el caso del 'pequeño Nicolás', en el acoso a la doctora Pinto, así como sus cuentas bancarias y sociedades en paraísos fiscales. Pide ayuda a Cospedal y esta le dice que no se preocupe. “Yo voy a hablar con Guindos y voy a hablar con la Fiscalía”, promete la entonces 'número dos' del PP a quien seis semanas después será detenido acusado de liderar una organización criminal. 

Ante la proximidad del referéndum del 1-O la conversación se ve trufada de fragmentos sobre Catalunya. “Como detecten que la Vicky está cobrando de la Policía tenemos un lío, ¿no te parece?”, dice Villarejo en un punto de la conversación. “Pues sí”, responde Cospedal. “La Vicky” es Victoria Álvarez, antigua pareja de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del político y juzgado junto a él estos días en la Audiencia Nacional por el caso de corrupción que lleva el nombre de la familia.

Victoria Álvarez y el empresario condenado Javier de la Rosa constituyen el origen del caso, impulsado en plena batalla contra el secesionismo. Ambos cobraron de los fondos reservados, según ha quedado acreditado. En la confesión que dio origen al caso intervino el comisario Villarejo. El abogado Rafael Redondo, colaborador del policía y juzgado y condenado junto a él, recogió a Álvarez en la estación de Atocha de Madrid, la llevó a la sede de la UDEF y presenció el testimonio que dio origen al caso Pujol. 

Todo eso ocurrió a principios de 2013. La conversación en la planta noble de Génova es de septiembre de 2017 y, según acuerdan Villarejo y Cospedal, Victoria Álvarez sigue cobrando “de la Policía”. En el arranque del juicio, varias defensas han solicitado la nulidad del procedimiento por la obtención ilegal de pruebas a cargo de la “brigada política”. Las cuestiones previas se resolverán en sentencia. 

La Operación Cataluña no ha encontrado en todos estos años un juzgado que la investigue. Su existencia, revelada por elDiario.es en noviembre de 2014, ha salpicado distintas causas, pero el Juzgado que tuvo más información al respecto nunca quiso saber nada de ella. El magistrado Manuel García Castellón, instructor del caso Villarejo durante años, y la propia Fiscalía Anticorrupción consideraron que los trabajos del policía en Catalunya eran investigaciones sobre corrupción y calificaron algunos de sus descubrimientos de secreto.

Solo el comisario Eugenio Pino, artífice de la brigada política a las órdenes del PP, fue condenado en la Audiencia de Madrid por intentar introducir información de origen ilícito en el caso Pujol, maniobra abortada por el entonces juez instructor, José de la Mata. Ni siquiera la publicación de un audio de Villarejo en el que el ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, admite estar al tanto de las maniobras policiales contra el soberanismo mereció una investigación. En esa grabación, desvelada por El País en 2022, Fernández Díaz aseguraba: “Negaré bajo tortura que esta reunión haya existido”. 

Esta es una de las grabaciones que figuran en la pieza 32, de la que la acusación popular del PSOE acaba de denunciar que fue utilizada por García Castellón como “una caja fuerte” donde depositar todo lo que no quería investigar. A esa pieza fueron a parar las grabaciones de Villarejo desveladas por varios medios de comunicación, el canal de Telegram del ultra Alvise Pérez y los audios entregados por el empresario Javier Pérez Dolset. Asuntos Internos entregó en 2023 al juez un oficio con tres audios por su relación con Kitchen, el espionaje a Bárcenas que ya se investigaba en otra pieza. Pero el resto de delitos que esconden esas grabaciones han quedado impunes. 

Según ha podido saber elDiario.es, en esas grabaciones hay alusiones al montaje de unas cuentas en Suiza de Jordi Pujol que nunca aparecieron, al caso de la cuenta falsa de Xavier Trías, conversaciones con De la Rosa para armar el caso Pujol y otras maniobras contra Artur Mas. 

Una ministra del Interior en la sombra

En la reunión de Villarejo y Cospedal que hoy reproduce este medio queda de manifiesto el conocimiento de la entonces 'número dos' del PP y ministra de Defensa de las maniobras policiales contra el procés independentista. Entre ellas, la existencia de confidentes de la Policía entre los Mossos d’Esquadra también pagados con fondos reservados. 

E igualmente, el poder que ejerce Cospedal sobre el Ministerio del Interior. La secretaria general del PP presume de haber cesado a “los DAO”, esto es, los directores adjuntos operativos de Policía y Guardia Civil que venían de la época de Fernández Díaz. “Lo que me ha costado a mí que se cambie a los DAO…”, dice Cospedal, para a continuación advertir que es un secreto que ella interfiera en la política del Ministerio del Interior. “Bueno, esto no me ha costado porque yo no te lo he dicho”, le advierte al policía. 

Villarejo le alerta sobre el carácter indolente y la incapacidad del nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y de quien este ha elegido para ser director de la Policía, Germán López. El comisario comete un error al hacer ese comentario. Zoido era el aliado de Cospedal en las dos facciones que se disputaban el poder en el PP andaluz, frente a Juan Manuel Moreno Bonilla, que apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría, la gran enemiga de la secretaria general. Villarejo le advierte de que a Zoido le llaman “El Zampa” en la Policía y que el director del Cuerpo es conocido como “El Zampa 2”. Cospedal le corrige: “Yo creo que el ministro no”.

La familia Pujol Ferrusola podrá preguntar a los mandos policiales de la brigada política del PP sobre la Operación Catalunya. Así lo ha decidido este miércoles la Audiencia Nacional, que ha rectificado su negativa inicial a que la vista oral sobre la fortuna oculta de la familia pudiera abordar la alegación de los Pujol de que el origen de la causa es nulo por estar basado en las maniobras ilegales de agentes de la Policía Nacional en Andorra.

Ante la Audiencia Nacional se ha retomado este miércoles el juicio a la familia Pujol y a una decena de empresarios, acusados por la Fiscalía de emplear su fortuna oculta en Andorra para tejer una red clientelar de corrupción con empresarios afines. El tribunal ha respondido a las numerosas cuestiones previas (las solicitudes de las defensas para anular el caso o proponer nuevas pruebas) planteadas al inicio de la vista a finales de noviembre.

La más destacada fue la petición realizada por el abogado de Josep Pujol Ferrusola. El letrado Jaime Campaner tildó la portada de El Mundo del 7 de julio de 2014, que contenía la imagen del famoso “pantallazo” de los datos bancarios de los Pujol, como el “pecado original” de la causa que lleva a su nulidad al haberse obtenido tras presiones a la banca andorra. Además, la defensa recordó que la primera denunciante del caso, la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, fue animada a denunciar al primogénito por el que fuera jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, tal y como muestran los SMS que desveló elDiario.es.

En un primer momento, la Audiencia Nacional había rechazado que testificaran los mandos policiales de la brigada política del PP al entender que no eran “objeto de este procedimiento”. En otras palabras, que el intento de introducir pruebas de dudoso origen, que fue abortado por el juez instructor y terminó con la condena del exjefe policial Eugenio Pino (hasta ahora, el único mando policial condenado por la Operación Catalunya), no formará parte de la vista.

Sin embargo, este miércoles, el magistrado que preside la vista, José Ricardo de Prada, ha anunciado que la defensa sí podrá interrogar a los cinco testigos propuestos y denegados en su día: además de Pino, comparecerán el comisario jubilado José Manuel Villarejo; el comisario Marcelino Martín-Blas; y los inspectores Bonifacio Díez Sevillano y Celestino Barroso. Todos ellos han sido descubiertos en Andorra en las maniobras irregulares para obtener los datos bancarios de la familia.

El tribunal, que preside el magistrado José Ricardo de Prada, ha explicado que ha decidido a última hora citar a los mandos policiales porque los argumentos esgrimidos por las defensas le parecen “llamativos cuanto menos”, pero ha advertido de que se ceñirá a aquellas cuestiones que son “esenciales” para la causa, por lo que no aceptará “un proceso (sobre la Operación Catalunya) dentro del proceso”. Si se debe anular el caso por esas maniobras, ha agregado De Prada, se decidirá en sentencia.

Por el contrario, la Audiencia Nacional sí ha descartado que el juicio se celebre en la Audiencia de Barcelona, como habían pedido los Pujol, al considerar que el competente es el tribunal especial, puesto que una parte de las supuestas ilegalidades se cometió en el extranjero.

A la cuarta sesión del juicio, que tras las cuestiones previas se ha adentrado en las declaraciones de los primeros testigos, han acudido Jordi, Marta, Pere y Oleguer Pujol, pese a que la sala dispensó a todos los acusados de acudir presencialmente a la vista hasta que no declaren.

Este miércoles se ha escuchado el testimonio de Núria Pujol, hija de Jordi Pujol Ferrusola y la también acusada Mercé Gironés, que ha sido citada por la donación de 585.000 que recibió en el proceso de divorcio de sus padres, una suma con la que posteriormente compró un piso en uno de los barrios ricos de Barcelona a una sociedad de los acusados, según la Fiscalía por 495.000 euros.

Sin especial relevancia en los hechos enjuiciados, Núria Pujol ha admitido que no sabía de qué trabajaba su padre, en el foco de las acusaciones por sus negocios con empresarios afines al pujolismo. “No tenía mucho conocimiento de a lo que se dedicaba mi padre”, ha dicho hija, que tampoco ha recordado que su padre viajara a Andorra con frecuencia.

También ha testificado Cristina Isabel F.C., que ha dicho que fue administrativa en empresas de Jordi Pujol Ferrusola y ha dicho desconocer si el primogénito tenía cuentas en Andorra.

El último testigo de la sesión ha sido Josep Lluís P., un empresario que en 2003 vendió un chalé en Pedralbes por 2,4 millones de euros a Jordi Pujol Ferrusola, aunque en los informes de la Agencia Tributaria que figuran en la causa consta que la compra se hizo por 21.035 euros.

El empresario ha recalcado que en la escritura figura que el chalé se vendió por 2,4 millones de euros al primogénito de los Pujol, quien pagó mediante un cheque, pero ha añadido que este tardó entre tres y cinco años en inscribirla en el registro de la propiedad, por lo que le llegaban a él las facturas de IBI o el recibo de basuras. El juicio no se retomará hasta el 12 de enero.

Illa recibe a Pujol de nuevo

El juicio se ha retomado este miércoles con la declaración de los primeros testigos. Pero la causa Pujol tiene ecos fuera de la sala de vistas de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). El president de la Generalitat, Salvador Illa, recibió el pasado viernes al expresident, de 95 años y que sigue convaleciente de una neumonía, después de que el tribunal decidiera mantenerlo como acusado en el juicio pese a su deteriorado estado de salud.

Tal y como ha avanzado La Vanguardia este miércoles, Illa se reunió el pasado viernes con Jordi Pujol en el Palacio de Pedralbes de Barcelona para interesarse por su estado de salud. Illa ya recibió a Pujol en 2024, en un paso decisivo del actual jefe del Govern para la rehabilitación política del expresident diez años después de su confesión sobre la fortuna familiar sin declarar a Hacienda.

“¿Y qué coño es esto de la UDEF?”. La frase es una de las destacadas en la hemeroteca de Jordi Pujol. El expresident la dijo en 2013, cuando los rumores sobre el dinero de su familia en el extranjero no pasaban de eso. Doce años después, la Audiencia Nacional juzga si el origen de las cuentas andorranas de los Pujol es corrupto. Tras el aluvión de las defensas para intentar tumbar la causa en los compases iniciales del juicio, la Fiscalía ha replicado este miércoles que las maniobras policiales contra la familia no deben anular el caso.

“No voy a adentrarme en lo de Villarejo”, ha lanzado el fiscal Fernando Bermejo. La actitud del representante de Anticorrupción ha sido coherente con el desinterés de los jueces y la Fiscalía durante años en investigar las maniobras policiales contra los rivales políticos del PP. De las más de veinte denuncias interpuestas, la mayoría han sido inadmitidas de plano, y solo una ha terminado en condena: la del exjefe policial Eugenio Pino por intentar adulterar el caso Pujol con un ‘pen-drive’ de datos de la familia de origen ilícito.

Bermejo tenía una tarea complicada este miércoles. Es el único representante de la Fiscalía ante un plantel de defensas integrado por buena parte de los mejores penalistas de Barcelona y Madrid. El fiscal está solo, sin otro compañero (como habitualmente ocurre en las macrocausas de corrupción). La Abogacía del Estado, la otra acusación, sí cuenta con dos funcionarios en el juicio.

El fiscal ha respondido en solo 52 minutos a las más de cinco horas que, entre el lunes y el martes, las 19 defensas dedicaron a las cuestiones previas. La tesis más destacada fue la de la defensa de Josep Pujol Ferrusol, que ejerce el penalista Jaime Campaner.

Sin alegato político alguno, la defensa intentó convencer al tribunal de que el origen del caso Pujol era una prueba ilegal obtenida con vulneración de derechos fundamentales debido a las maniobras de la brigada política del PP con la denunciante inicial de la causa, la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, y los banqueros andorranos para que proporcionaran los datos bancarios de los Pujol que terminaron en portada de El Mundo y propiciaron la confesión del expresident.

El fiscal ha negado la mayor y ha negado que el caso Pujol sea una “investigación prospectiva”, al tiempo que ha defendido el trabajo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que ha actuado como Policía Judicial del caso. “La UDEF siempre ha actuado bajo control judicial”, ha zanjado.

Respecto a Victoria Álvarez, el fiscal ha obviado que acudió a declarar a comisaría en 2012 acompañada por un socio del comisario jubilado José Manuel Villarejo y tras haber recibido mensajes del por entonces jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en los que le animaba a denunciar al hijo de Pujol para “salvar España”. La ratificación de Álvarez en sede judicial dio inicio a la causa que ahora se juzga.

“Victoria Álvarez puso de manifiesto indicios de una operativa económica dedicad a la ocultación patrimonial”, ha defendido el fiscal. Cabe resaltar que, pese a la importancia que Anticorrupción da al testimonio de Álvarez, no la ha citado como testigo en el juicio (tampoco los Pujol; solo lo ha hecho la defensa de la exmujer de Pujol Ferrusola, Mercè Gironès).

“El famoso pantallazo”, ha proseguido Bermejo sobre la portada de El Mundo con los datos bancarios de los Pujol, “tiene un valor estrictamente periodístico”. El fiscal ha dicho que fue la defensa de Josep Pujol la que aportó la portada en la causa, pero en realidad está en el sumario desde hace años.

También el abogado del Estado, que solo acusa a dos de los hijos (Josep y Jordi) de delito fiscal, ha defendido la “información veraz” que contenía la portada de El Mundo con los datos bancarios de los Pujol. Curiosamente, el abogado del Estado encargado de respaldar la publicación de datos tras las presiones de la brigada del PP a los banqueros andorranos ha sido José Ignacio Ocio, quien hace dos semanas defendió en el Supremo al fiscal general del Estado en el juicio por la filtración del correo en el que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid admitía un fraude a Hacienda.

En realidad la defensa no discutió la veracidad de la información, sino el modo en que se obtuvo (la presión de la brigada política a los banqueros andorranos hace que sea una “prueba ilícita”, alegó Campaner). Como en un juicio tan importante es la prueba como la forma en que se ha hallado, las maniobras policiales han dado a la defensa margen para argumentar vulneraciones de derechos.

“Donde hay indicios concretos no hay investigación prospectiva”, ha remachado el fiscal Bermejo para defender el papel de Álvarez y la policía en la investigación del caso Pujol. También ha devuelto los dardos a la defensa de Oriol Pujol, ejercida por el letrado Francesc Sànchez, que vinculó la causa con un ataque al soberanismo: “No se pueden introducir cuestiones de índole política en una cuestión procesal como es la investigación y juicio de unos delitos de blanqueo de capitales”. “Se ha pretendido convertir rumores políticos en causas de nulidad”, ha agregado.

Es más, Bermejo ha citado la sentencia del Supremo sobre el procés, en la que Sala de lo Penal censuró los alegatos de que los independentistas estaban siendo juzgados por sus ideas al ver esta tesis “nublada” y consistente en “convertir las legítimas actuaciones del Estado en actos represivos llamados a subyugar un pueblo”. El tribunal de la Audiencia Nacional ha terminado con las sesiones este miércoles y remotará el juicio el día 10 de diciembre.

Esta semana ha arrancado otro de esos juicios históricos: el que sienta en el banquillo a Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003 y político fundamental para entender la Catalunya actual y también la política española de las últimas décadas. Pujol y sus siete hijos están acusados de asociación ilícita y blanqueo de capitales. 

Con Oriol Solé, periodista de elDiario.es en Catalunya, repasamos las claves de este juicio, y con Neus Tomàs, directora adjunta, analizamos el impacto que ha tenido el descenso a los infiernos del ostracismo de una figura política añorada por muchos y considerada por casi todos como el padre de la Catalunya moderna.

***

Si te gusta este podcast, necesitamos tu apoyo. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/apoya

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

El 7 de julio de 2010 cambió la historia de Catalunya y la de una familia: los Pujol. Pero ese día casi nadie lo sabía. Casi nadie a excepción del entonces jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, que fue quien le encargó a la que era líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, que invitase a comer a María Victoria Álvarez, Vicky, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, conocido como ‘Junior’.

El micro colocado en un jarrón por un investigador de la agencia de detectives Método 3 grabó la conversación en la que Álvarez le relató a la dirigente popular como el primogénito de los Pujol movía bolsas de basura llenas de billetes entre España y Andorra. Todavía hoy no se sabe quién contrató a Método 3 aunque Álvarez y algunos trabajadores de la agencia señalaron al ahora diputado del PSC José Zaragoza, algo que él siempre ha negado, también en sede judicial. Es un episodio que parece tan enrevesado como fue, aunque nada comparado con los capítulos posteriores.

Ese material no vio la luz hasta pasados cinco años. También después apareció otra grabación, fechada en noviembre de 2012, en la que Sánchez-Camacho le daba una serie de nombres al excomisario Villarejo, entre ellos el de Artur Mas, el de otro de los hijos de Pujol, Oriol, o los empresarios Sumarroca, para que fuesen investigados por la mal llamada ‘policía patriótica’ del PP. Fue Villarejo quien ese mismo mes acompañó a Vicky a presentar una denuncia ante la UDEF y fue también el excomisario quien, con un nombre falso, se entrevistó con el empresario caído en desgracia Javier de la Rosa, para obtener información sobre los Pujol. El tercer elemento y muy decisivo para lograr sentar a esta familia en el banquillo fueron las presiones que se ejercieron a los hermanos Cierco, propietarios de la Banca Privada d’Andorra, en 2014, con el procés ya en marcha, y que una jueza del país vecino investiga pese a que los tribunales españoles siempre han optado por mirar a otro lado. 

Fueron unas presiones que fructificaron, puesto que ‘El Mundo’ publicó el 7 de julio de ese año movimientos bancarios de los Pujol en cuentas andorranas. A diferencia de la famosa cuenta de Xavier Trias, que era falsa, en esta piscina sí había agua. Y mucha. Sin esa portada, Pujol nunca hubiese confesado. Lo hizo 20 días después, atribuyendo un dinero que después se multiplicaría de manera prodigiosa, a un legado de su padre. Por ejemplo, según se supo a través de registros posteriores, en el año 2000, en una cuenta titularidad del expresident, se ingresaron en efectivo 307 millones de pesetas que no se declararon. Hacienda calculó que el fraude fiscal del fundador de Convergència ascendía a 885.651 euros, pero ya estaba prescrito.

Pujol pensaba que si él se inmolaba salvaría a la prole, esa de la que siempre se había sospechado por sus negocios a la sombra del padre. La primera cuenta andorrana la abrieron en 1990 y a partir de entonces se fue moviendo dinero de una cuenta a otra. No hubo ni hay prueba alguna de que el origen de esa fortuna escondida en Andorra fuese de la ‘deixa’ del abuelo Florenci. 

“Pero, ¿de qué herencia hablas, Jordi?”, explican que soltó María Pujol, su hermana, al ver por la televisión la confesión del expresident. Ese 25 de julio de 2014 era la primera vez que María oía hablar de un legado de su padre en Andorra.

El expresident fue obligado a renunciar a sus privilegios institucionales y condenado al ostracismo incluso en Convergència, el partido que fundó. Pero su cortafuegos no funcionó y quien primero lo comprobó fue el primogénito, un tipo dado a la ostentación y que no cuenta con la humildad entre sus virtudes. Los negocios de ‘Junior’ hacía décadas que eran la comidilla en los círculos empresariales catalanes. Se le atribuye “la dirección operativa de la captación y distribución de los fondos” que operaban a través de sociedades opacas y cuyos beneficios después repartía entre sus hermanos. 

Él y su mujer actuaban como una “unidad de caja”, según consta en el sumario. Que la influencia del apellido le sirvió para hacer negocios es más que evidente. Igual que a su madre, la fallecida Marta Ferrusola, propietaria de una empresa de jardinería y que se autodenominaba la “madre superiora de la congregación”, según consta en una anotación. O a otros hermanos, que, a través de sus consultorías, también accedieron a contratos de la Generalitat. Lo que a fecha de hoy no se ha podido aún relacionar es un pago concreto de una empresa que tras lograr un contrato público entregase un dinero que acabase en alguna de las cuentas en el extranjero de los Pujol. Ahí está la clave de este caso, demostrar que los indicios, por creíbles que sean, son pruebas suficientes para condenar al clan y a su patriarca, que en estos más de 11 años ha recorrido el camino del castigo público a la rehabilitación política. La imagen definitiva y más celebrada por la familia fue la recepción a Pujol en el Palau de la Generalitat por parte del president, Salvador Illa, en septiembre del año pasado. 

La deshonra del expresident, el hombre que lo fue todo en Catalunya, arrastró a su partido, ya lastrado en ese momento por unos recortes sociales a los que intentaba dar la vuelta envolviéndose en la bandera y con argumentos que aún son actuales como el déficit fiscal y el de infraestructuras. Artur Mas tuvo que deshacerse del padre político y con él, de sus siglas, Convergència, una decisión que todavía hoy hay quien ahí dentro considera que fue un error. El partido de orden se sumó al desorden y el propio Mas acabó apeado, en 2016, tras la votación más famosa de las bases de la CUP. El argumento de los cupaires fue que de esta manera se superaban el pujolismo y los recortes.

Convergència ya había empezado a transmutar en sopas de siglas diferentes. En 2015 rompió el matrimonio electoral con Unió y se integró en una coalición, Junts pel Sí, junto a ERC y representantes de la ANC y Òmnium Cultural. Un año después se enterró definitivamente la marca fundada por Pujol y se la rebautizó como el PDeCAT. El invento no funcionó, entre otros motivos porque se le imputó por la causa del 3%, sobre la presunta corrupción de CDC que se investiga desde hace más de una década. Así, en julio del 2020, aparecen las nuevas siglas: Junts per Catalunya. Pero más allá de las sucesivas marcas, si el procés aceleró y descarriló, fue de su mano (no solo de la suya) y provocó el desconcierto de una parte de su electorado que ahora quiere pasarle cuentas votando a Aliança Catalana.

Lo que vaticinan las encuestas es que al menos uno de cada cinco votantes de Junts en las últimas elecciones estaría ya dispuesto a depositar en las urnas la papeleta azul oscuro de Aliança. Si el electorado de Convergència era el más fiel en las autonómicas, el de Junts es el más infiel. Así lo constata el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que publicó este lunes un barómetro que en los cuarteles del partido de Puigdemont se esperaba con temor: los de Sílvia Orriols atraparían hoy a Junts, con una estimación ambas formaciones de 19-20 escaños, y la alcaldesa de Ripoll obtendría mayores tasas de aprobación que el expresident.

El auge de Aliança, que en provincias como Lleida o Girona se situaría como primera fuerza, bebe principalmente de ese trasvase de Junts, al que pegaría un bocado del 20% de sus electores. “Las dudas sobre el papel de Junts y su orientación política favorecen ahora a su principal adversario”, advierte Juan Rodríguez Teruel, director del CEO, en referencia por ejemplo a la ruptura anunciada por Puigdemont con el Gobierno de Pedro Sánchez. 

Con todo, el crecimiento de Aliança supera al universo de Junts, y avanza también a costa de transferencias de voto de partidos como ERC o Vox. No debería sorprender entonces los grados de simpatía que expresan los votantes de Orriols hacia otros partidos: solo aprueban a uno, el partido de Santiago Abascal (5,2), y suspenden a los demás. El director del CEO apunta incluso a la aparición en un futuro de un voto dual de derecha radical que opte por Vox en las generales y por Aliança, en Catalunya.

A ambas formaciones las une su principal preocupación, el rechazo a la inmigración, pero también otros factores: su rotundo rechazo a los gobiernos español y catalán, o la nostalgia del pasado y de pérdida de valores tradicionales. Tres elementos que ayudan a entender los agasajos recientes de la derecha política y mediática a la alcaldesa de Ripoll. 

Pujol, a diferencia de su hijo Oriol, el primero en pisar la cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental en el llamado ‘caso ITV’, nunca tuvo la independencia entre sus objetivos aunque, a medida que avanzó el procés, afirmó que no tenía “alternativa” a un movimiento que, en sus propias palabras, actuaba como “placas tectónicas en movimiento”. Lo que ni el expresident ni sus sucesores supieron calcular es que ese desplazamiento se los llevarían a él y a su partido por delante.

“Más intervención estatal, aunque se canalice vía portada de periódico, nos parece imposible”. Pasaban pocos minutos de las 13.00h. y el abogado Jaime Campaner ha enseñado al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los Pujol la portada del 7 de julio de 2014 del periódico El Mundo, la que contenía el famoso 'pantallazo' con las cuentas de la familia en Andorra.

Además de sacudir el tedio jurídico que hasta entonces presidía el trámite de las cuestiones previas, la defensa de Josep Pujol Ferrusola ha empezado así a extender la sombra de la Operación Catalunya sobre el juicio al expresident y a sus siete hijos. La sesión habíaa empezado con la decisión del tribunal de mantener a Pujol como acusado, en contra del criterio de los médicos. Un micro abierto ha registrado la sorpresa entre las defensas: se ha escuchado un asombrado “¡la leche!”.

Todo en el juicio a los Pujol ocurrió hace tiempo. Para empezar, el dinero de Pujol y su familia cuyo origen se juzga (la herencia de 1980 del abuelo para la familia; la corrupción política del pujolismo para la Fiscalía). Las maniobras policiales (incluida una incursión en Andorra, un país extranjero, de funcionarios de la Policía Nacional para obtener la información bancaria de la familia) sucedieron entre 2012 y 2014.

Primero con los independentistas, después con Podemos, las maniobras de la brigada política del PP contra rivales políticos tenían siempre un modus operandi similar: información reservada o basada en informes policiales de origen incierto aparecía en grandes titulares en medios de comunicación. En base a esas noticias, asociaciones o particulares llevaban el caso al juzgado. Terminara en archivo o con más recorrido judicial, durante meses los casos permanecían en primera línea mediática.

A nivel político, la principal (y no menor) diferencia entre los Pujol y otros casos era que la información obtenida por la brigada política era verdad: las cuentas del principado de Andorra escondían una fortuna familiar que el fundador de Convergènia y sus hijos mantuvieron oculta durante años, incluidos los de su presidencia.

Esa verdad política puede ser combatida judicialmente por las defensas en el juicio, ya que entienden que toda la obtención de esas pruebas se hizo sin arreglo a la ley. De acceder a su petición, la anulación de las pruebas clave de la causa dejaría en vía muerta la acusación contra la familia del expresident. Por ello las defensas buscan todas las grietas para argumentar que, aunque formalmente la información remitida por Andorra a la Audiencia Nacional de las cuentas de los Pujol respondiera a una petición del juez, en realidad es una prueba obtenida irregularmente al ser fruto de la presión desplegda por la Operación Catalunya.

Así lo ha defendido el abogado Jaime Campaner durante media hora en la que ha desgranado las maniobras policiales alrededor del caso Pujol. “La intervención estatal directa, o indirecta a través de un particular, en este caso es una constante, igual que la participación de funcionarios públicos y políticos”, ha aseverado el letrado.

El abogado ha desplegado ante el tribunal de la Audiencia Nacional un preciso cronograma de la Operación Catalunya que tiene un primer acto en la estación de Atocha de Madrid el 13 de diciembre de 2012. María Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola, se baja del AVE tras haberse cruzado varios mensajes con el entonces jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, en los que animaba a denunciar a hijo del expresident para “salvar España”.

En la estación la recoge el abogado Rafael Redondo, cuyo nombre saltaría a la prensa cinco años después cuando fue detenido junto al comisario José Manuel Villarejo como uno de sus socios. La llevó hasta la sede de la UDEF, donde durante su declaración él permaneció en silencio, según contó la examante al juez Ruz. Esta denuncia de 2012 contra Pujol Ferrusola fue la que abrió el caso Pujol en la Audiencia Nacional.

Pero pasaban los meses y la causa solo constaba con la declaración de Álvarez y otro empresario de los tiempos del pujolismo con más sombras que luces, Javier de la Rosa. Las pesquisas permanecieron más de un año “en estado catatónico”, en palabras del letrado Campaner, y la causa se dirigía “a un callejón sin salida procesal”.

Y entonces apareció la vía andorrana. La primera llamada de una agente de la policía es de mayo de 2014, según contó a la jueza andorrana Higini Cierco, por entonces máximo accionista de la BPA, el banco en el que los Pujol tenían sus cuentas. Al otro lado del teléfono, según su versión, está el inspector jefe de la Policía Celestino Barroso. El policía le pide una reunión de urgencia. Cierco asegura que Barroso le expone la necesidad de “ver a unas personas en Madrid o de lo contrario el banco morirá”, en referencia tanto a la BPA como a Banco Madrid, la filial española de la entidad andorrana.

La reacción de Cierco es instar a Barroso a que hable con el primer ejecutivo del banco, Joan Pau Miquel. Para ello lo envía en un coche del banco a la sede central de la entidad. Sus “interlocutores en Madrid”, lanza Barroso sin identificarlos, le han indicado que informe a los responsables de la BPA que el Banco de España está haciendo una inspección a Banco Madrid y que “se lo van a cargar”. Que se consume “el hachazo”, en palabras de Barroso, solo depende de los banqueros andorranos: “Todo se puede paralizar siempre y cuando ustedes accedan, está en su mano pararlo”.

Unas semanas después, Miquel acude a Madrid y se reúne en tres ocasiones con el por entonces comisario de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, otro de los integrantes de la brigada política del PP. Según contó Martín Blas a la jueza andorrana, la actitud del banquero cambió tras compartir mesa y mantel Martín Blas, el exjefe policial Eugenio Pino y Cierco en una boda en junio de 2014, invitados por un amigo común, el abogado José María Fuster Fabra.

Dos días después del evento, relató el policía a la Justicia andorrana, Miquel lo llamó, volvieron a quedar en el hotel Villamagna y le dio medio folio de papel escrito “como a máquina antigua”. La cuartilla contenía los nombres de Jordi Pujol, Marta Ferrusola y sus hijas, además de unos saldos bancarios. Según su versión, era “un papel sin membrete, sin sello, sin nada”. “Me lo dio y se lo tenía que dar a Eugenio [Pino]”, agregó.

Menos de dos semanas después, la información bancaria de los Pujol aparecería en la portada de El Mundo. Según la tesis de Campaner, esa portada empujó al expresident a realizar el comunicado de confesión el 25 de julio de 2014. Esa nota que sacudió la política española, a la que Pujol, en su primer párrafo, ya mencionaba las “informaciones aparecidas en prensa”, es, para Campaner, una muestra de que la obtención de los datos bancarios es ilícita.

Incluso con la causa ya avanzada y con la información de Andorra obtenida por las vías legales por la Audiencia Nacional, la brigada política del PP también quiso adulterar el caso Pujol. En abril de 2016, en el juzgado de la Audiencia de Nacional tuvo entrada un informe basado en un 'pen-drive' cuyo origen malicioso hizo saltar las alarmas al juez, que rápidamente lo expulsó del caso para evitar que lo contaminara. El exjefe policial Eugenio Pino terminó condenado en firme, en lo que a día de hoy sigue siendo la única condena por la Operación Catalunya.

Para corroborar su hipótesis, la defensa ha mencionado los “informes” del comisario Villarejo en los que “se vincula sin ambages a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la obtención de los datos publicados por El Mundo”. “Todo se resume en esta imagen”, ha mantenido Campaner, portada en mano. Tanto el empuje a Victoria Álvarez para que denunciara como las maniobras en Andorra no se han investigado nunca en España.

La familia Pujol ha empezado su juicio al ataque. Las defensas de los hijos del expresident de la Generalitat han intentado anular la causa con la carta de las maniobras que la brigada política del PP articuló para obtener sus datos bancarios. El más contundente ha sido el letrado Jaime Campaner, que defiende a Josep Pujol Ferrusola, que ha mantenido que el “'striptease' financiero” de la familia es una prueba ilegalmente obtenida, y por lo tanto debe anularse.

Ante la Audiencia Nacional ha arrancado este lunes el juicio a la familia Pujol por el origen de su fortuna (un legado oculto del abuelo Florenci para las defensas; dinero fruto de la corrupción ligada al apellido para la Fiscalía). Pese al criterio de los médicos, el tribunal ha decidido que el expresident, de 95 años y que sigue convaleciente de una neumonía, se mantenga como acusado en el juicio. Pujol seguirá la vista por videoconferencia desde su casa de Barcelona.

La decisión del tribunal ha generado una profunda sorpresa en las defensas. Solventada la presencia de Pujol, ha empezado el trámite de las cuestiones previas, en el que los abogados intentan anular aspectos clave de la investigación que conduzcan a la absolución de la familia o proponer nuevas pruebas.

El abogado Campaner, que defiende a Josep Pujol Ferrusola, ha ido al grano y ha mostrado al tribunal la portada de El Mundo del 7 de julio de 2014 que contenía la imagen del famoso “pantallazo” de los datos bancarios de los Pujol, que ha tildado de “pecado original” de la causa que lleva a su nulidad. En derecho, tan importante son las pruebas como su obtención por vías legales, algo que, a juicio de la defensa, no ha ocurrido con los datos bancarios de los Pujol.

Los banqueros andorranos de la BPA admitieron que ese pantallazo fue fruto de las presiones de distintos miembros de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior del PP bajo el mandato de Mariano Rajoy. En el particular juego del huevo o la gallina que se dirime en el caso Pujol, Campaner ha argumentado que la razón del comunicado de Pujol del 25 de julio de 2014 fue precisamente la portada de El Mundo de quince días antes.

El comunicado, ha insistido Campaner, “no es ni libre ni voluntario”. “¿Cómo va a negar una persona algo con esta trascendencia política ante este 'striptease' bancario?”, ha enfatizado el abogado.

“El comunicado no tiene otra finalidad que ocultar la portada de El Mundo, lo que verdaderamente edifica la acusación no es el comunicado en sí, que es vago, genérico e indeciso, sino un pretexto de prueba delictivamente obtenida para restringir derechos fundamentales”, ha aseverado Campaner.

Por si no fuera suficiente, Campaner también ha recordado que la primera denunciante del caso, la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, fue animada a denunciar al primogénito por el que fuera jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, tal y como muestran los SMS que desveló elDiario.es.

En la misma línea, pero con mayor carga política, ha seguido Francesc Sànchez, abogado de Oriol Pujol Ferrusola, que ha acusado a “un grupo de pseudopolicías” de “intentar influir” en el proceso soberanista mediante la declaración de la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, cuya denuncia dio inicio a la apertura del caso en 2012.

El letrado también ha pedido al tribunal que pida a la Justicia andorrana la documentación de la causa sobre la Operación Catalunya que se investiga en el principado. Allí declaró hace unas semanas el comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien acusó sin pruebas al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy de encargar la obtención de datos bancarios de los Pujol.

Con una alusión a la causa por fraude fiscal al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Sànchez ha querido exponer un doble rasero de la Justicia: “Si fueran González Amador tendrían un intercambio de documentación con el Ministerio Fiscal, pero se llaman Pujol y es otro tema”.

La defensa más técnica de la cuestiones previas ha ido a cargo del penalista Cristóbal Martell, abogado de Jordi Pujol Ferrusola, quien ha advertido que la “genérica” acusación de corrupción de la Fiscalía vulnera el principio acusatorio. También ha cuestionado buena parte de las pruebas obtenidas mediante comisiones rogatorias, por exceder los límites que la justicia andorrana fijaba a la investigación, y ha mantenido que la competencia para juzgar la causa no es de la Audiencia Nacional sino de la Audiencia de Barcelona.

El inspector de la Policía Nacional Rubén Eladio López Martínez ha dejado el Ministerio de Transportes, en el que llegó a ocupar un alto cargo con José Luis Ábalos, y ha regresado al servicio activo en el Cuerpo, donde ha sido destinado a una comisaría de distrito en Madrid, informan a elDiario.es fuentes policiales. En los últimos meses, el inspector López ha asesorado al exministro de Transportes y a su antiguo asesor Koldo García participando de la estrategia de señalar un complot de la Guardia Civil contra ellos. 

La salida de Transportes de López Martínez se produce después de que fuera relegado a un puesto de seguridad en el ministerio, muy por debajo de las responsabilidades que tenía como director de Emergencias y Coordinación y Gestión de Crisis en la etapa de Ábalos y que le llevó, en su momento, a sentarse en el comité de crisis del Gobierno durante la pandemia del Covid. 

Rubén Eladio López Martínez fue destinado a esas tareas menores en abril de este año, tras su reincorporación, según fuentes del departamento que dirige Óscar Puente. En la actualidad, Rubén Eladio López está realizando las pruebas de ascenso a inspector jefe, que todavía no han concluido.

En el sumario del caso que se sigue en la Audiencia Nacional y que es el origen de la imputación en el Tribunal Supremo de José Luis Ábalos y Koldo García, este último aparece conversando con Rubén Eladio López. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, previo a las primeras detenciones en febrero de 2024, recoge cómo Koldo García habla hasta en tres ocasiones con la esposa de Rubén Eladio López para garantizarle que, pese a que él ya no está en el Ministerio, ha movido hilos para que su marido consolide, a su regreso de la baja médica, el nivel 30 de funcionario (el más alto de la Administración) que tenía como director de Emergencias, Seguridad y Crisis del Ministerio. 

Koldo García aseguraba en los pinchazos que ya había hablado para tal efecto con Ábalos y con él seguía siendo subsecretario del Ministerio cuando estalló el caso, Jesús Manuel García Gómez. “Koldo, si bien ya no forma parte de la Administración Pública, tendría capacidad de influencia sobre personal vinculado al MITMA [Ministerio de Transportes] y, en particular, sobre los entes que adjudicaron los contratos investigados”, escribió en aquel momento el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. 

El País publicó el pasado mes de mayo que “el entorno de algunos implicados” en el denominado caso Koldo, Ábalos o Cerdán se habían dirigido al Gobierno para advertirle de que si no cumplía tres condiciones verían la luz unas “grabaciones” capaces de tumbar al Ejecutivo. Según la misma información, “los máximos responsables del PSOE” rechazaron el chantaje. Las condiciones eran tres: pagar una serie de gastos de la defensa, readmitir a un trabajador despedido de Correos y archivar el expediente a un policía, ex alto cargo del Ministerio de Transportes. 

El Confidencial publicó que el policía era Rubén Eladio López Martín, al que se le abrió expediente por el uso de un coche oficial para cuestiones distintas del servicio. En la información se incluía la versión del policía asegurando que el vehículo no era de titularidad pública y que pertenecía a una contrata de Transportes. 

José Luis Ábalos y Koldo García mantuvieron durante meses –una vez fue imputado el asesor y también después de la acusación contra el exministro– encuentros con periodistas donde negaban las acusaciones contra ellos y aludían a una manipulación de la investigación por parte de la Guardia Civil. En varios de esos encuentros participó Rubén Eladio López, quien mantiene un enfrentamiento con el instituto armado desde hace años. 

Rubén Eladio López Martínez fue la mano derecha del comisario Marcelino Martín-Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía cuando esta participó activamente en encargos políticos como la Operación Catalunya, durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. 

Martín-Blas y Rubén Eladio López mantuvieron un duro enfrentamiento con el comisario José Manuel Villarejo pese a que todos ellos ocupaban puestos clave en el Ministerio del Interior del PP. El ministro de la época, Jorge Fernández Díaz, intentó resolver la disputa cesando a Martín-Blas, que siguió durante un tiempo trabajando, junto a López, a las órdenes de un juez de Madrid que investigaba al comisario Villarejo dentro del caso del 'pequeño Nicolás'. 

Aquel enfrentamiento con Villarejo sirvió a Rubén Eladio López para presentarse ante algunos responsables socialistas como enemigo de la trama parapolicial del Ministerio del Interior del PP, pese a que había sido la mano derecha de uno de los comisarios que se sentará en el banquillo por el caso Kitchen, el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados para reventar el caso de la caja B del PP. 

Durante un tiempo, Rubén Eladio López Martínez se dedicó a tareas sindicales en la Policía hasta que consiguió convertirse en jefe de seguridad del Ministerio de Trabajo, ya con el Gobierno socialista. Allí protagonizó distintos incidentes con la Guardia Civil por disputas competenciales. En febrero de 2020, Rubén Eladio López fue nombrado director de Emergencias de Fomento. El policía no está imputado en el caso Ábalos. 

En febrero de 2021, Rubén Eladio López viajo a Marruecos junto a una mujer una persona identificada como colaboradora de un empresario al que la Inteligencia española vincula con el espionaje marroquí. Ese empresario pagó la estancia del policía en Marrakech, según publicó El Confidencial. 

El Gobierno arrancó la legislatura con un complicado escenario parlamentario, una mayoría mínima, marcada por las exigencias de Junts, que ha frustrado un notable puñado de votaciones y que todavía atasca unas cuantas leyes pendientes de negociación. En ese mismo esquema, el Congreso ha registrado una asombrosa producción de comisiones de investigación, en la mayoría de los casos debido a la presión de los socios para poder abordar los asuntos que han ido marcando la actualidad política en estos dos años.

La actual legislatura va camino de marcar récords en este sentido. Si se activa finalmente la comisión de investigación sobre el caso de Santos Cerdán, registrada por el Partido Socialista tras el escándalo, habrá aprobado ocho iniciativas de este tipo y superará a la legislatura XII, con siete comisiones activadas, entre 2016 y 2019, la última con Mariano Rajoy al frente de la Moncloa, pero en la que el Parlamento ya había girado claramente a la izquierda.

En aquellos años, el Congreso aprobó comisiones de todo tipo, sobre la presunta financiación irregular del PP, el accidente del Alvia de Santiago, el siniestro del vuelo de Spanair en 2008, y también activó dos que nunca se llegaron a poner en marcha por el adelanto electoral, la del caso del máster de Cristina Cifuentes y otra sobre el proyecto Castor.

Solo dos llegaron a dar pasos significativos. La primera investigación sobre la brigada política en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz y otra sobre las consecuencias de la crisis financiera.

El Gobierno de Pedro Sánchez nació de hecho marcado por las peticiones de los partidos independentistas catalanes para poner en marcha una serie de comisiones de investigación, tal y como quedó pactado en el acuerdo que el PSOE firmó con ERC y con Junts para garantizarse la presidencia del Congreso, el primer paso que facilitó más tarde la investidura del líder socialista.

En agosto de hace dos años, después de las elecciones generales, el PSOE necesitaba los votos de los partidos catalanes para hacer presidenta de la Cámara Baja a Francina Armengol y dar un importante paso hacia la investidura. Para ello, los socialistas se comprometieron a varias cosas, la más significativa fue la de impulsar una reforma del reglamento para incorporar el uso de las lenguas oficiales tanto en los plenos como en las comisiones. Pero también aceptó reabrir la comisión de investigación sobre las llamadas cloacas del Estado, que después llevaría el nombre de Operación Catalunya, así como de otra para analizar los atentados de Barcelona y Cambrils del 17-A, una petición expresa de Junts.

Las ramblas y la teoría de la conspiración

Esas dos comisiones tardaron en ponerse en marcha, pero precisamente la de los atentados de Las Ramblas ha servido al partido de Carles Puigdemont como pista de aterrizaje para airear su teoría de la conspiración acerca de aquellos ataques terroristas. Sigue en marcha y aunque no se han celebrado muchas sesiones, en estos meses ha dejado algunas imágenes llamativas.

Entre ellas la comparecencia de uno de los yihadistas condenados, Mohamed Houli, que acudió al Congreso engrilletado. El preso se limitó a leer un papel en el que aseguraba que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había permitido que el imán de Ripoll “comiera la cabeza” a los jóvenes radicalizados de aquella ciudad.

Houli daba alas así desde el Congreso a la teoría conspirativa sobre la supuesta vinculación de la inteligencia española en la radicalización de los jóvenes de Ripoll por parte del imán Abdelkaly Es Satty. No es una teoría nueva, la iniciaron sectores marginales del independentismo, con la hipótesis de que los servicios de inteligencia no controlaron, ya fuera a conciencia o por descuido, a Es Satty para perjudicar al independentismo en vísperas a la consulta soberanista. Pero desde hace años ha ganado peso en las filas de Junts.

La abogada de Houni durante el juicio en la Audiencia Nacional, Carmen González de Lario, tardó pocas horas en desmentir a su antiguo cliente y advirtió del peligro de que hubiera sido manipulado. “Lo que ha manifestado tiene tintes claramente políticos”, dijo tras recordar que en ningún momento del procedimiento su cliente le comentó vinculación alguna de la célula con el CNI.

Algo más de brío ha tenido la comisión sobre la Operación Catalunya, que funcionará al menos hasta octubre. En ella se ha subsumido además otra de las que echó a andar gracias a esos acuerdos al inicio de legislatura: la que busca investigar el espionaje a líderes independentistas con el software Pegasus. Se llegó a constituir a principios del año pasado, pero nunca llegó a llamar a nadie y los grupos decidieron dejar que caducara para integrar las comparecencias en la que busca investigar el conjunto de las operaciones contra líderes políticos que llevó a cabo el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

El expresidente del PP fue uno de los invitados estrella de esa comisión el pasado marzo. Acudió para asegurar que no tenía conocimiento de ninguna Operación Catalunya. También han pasado por allí varios de los ministros de su Gobierno, como Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal o el recientemente imputado en otra causa Cristóbal Montoro. También acudió el número dos de Interior, Francisco Martínez, y uno de los miembros de esa brigada política, Eugenio Pino.

El apagón, la DANA y Santos Cerdán, pendientes

La comisión de la Operación Catalunya es sin duda la que más ha avanzado, igual que ya lo hicieron en anteriores legislaturas las comisiones sobre las operaciones de Interior en el Gobierno de Rajoy contra rivales políticos, las sucesivas sobre Kitchen o la que abordó directamente el funcionamiento de aquella mal llamada brigada patriótica. Esa comisión funcionará al menos hasta octubre y es probable que se puedan redactar algunas conclusiones para su aprobación en pleno.

El Congreso también activó una investigación para analizar los contratos de mascarillas de todas las administraciones durante la pandemia, una especie de comisión espejo de la que había creado el Senado para el ‘caso Koldo’ que acababa de estallar en aquellos momentos. Por ella han pasado diferentes cargos autonómicos, los partidos del bloque de la investidura intentaron que esta comisión sirviese para abordar algunos casos relacionados con administraciones del PP en Almería o Galicia y la oposición forzó la comparecencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o del president de Catalunya, Salvador Illa. Estuvo en marcha unos dos meses en total y los grupos la dejaron morir sin extraer conclusiones.

En los últimos meses, los grupos del Congreso han llegado a acuerdos para activar más comisiones. Lo hicieron para analizar la gestión de la DANA en la Comunitat Valenciana. Esa comisión se aprobó y ya está constituida, ahora los grupos deben ponerse de acuerdo para pactar una lista de comparecientes con la gran duda de si algunos socios parlamentarios tratarán de forzar la comparecencia de Pedro Sánchez en esa instancia, tal y como pide la derecha. La comparecencia de Sánchez fue un gran punto de conflicto entre Compromís y Sumar durante la redacción de los trabajos. El desenlace del choque terminó con una de sus diputadas, Àgueda Micó, de la rama de Més, en el Grupo Mixto.

Recientemente también se aprobaron dos comisiones distintas, una impulsada por el PP y otra por el PSOE, para analizar las causas del gran apagón que sufrió el país el 28 de abril. Y los socialistas ya han registrado una especial para dilucidar el origen, las ramificaciones y el alcance de la supuesta corrupción de la trama de el exdirigente del partido Santos Cerdán. El impulso de esa comisión fue una de las medidas que tomaron los socialistas para tratar de salir de la crisis política en la que ese caso ha colocado al Gobierno. Está registrada y seguramente irá a uno de los plenos ordinarios previstos para septiembre. En las últimas semanas, Sumar ha propuesto una más sobre las supuestas irregularidades de Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda.

El Senado también ha usado las comisiones de investigación como ariete contra el Gobierno. Además de la del caso Koldo, el PP ha impulsado con su mayoría absoluta una sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas, otra propia sobre el apagón y también una sobre la DANA.

La mayoría de expertos e incluso los propios partidos políticos suelen ser escépticos sobre los resultados de este tipo de comisiones. La mayoría quedan en nada y las que llegan a redactar conclusiones tampoco aportan mayores novedades a los procesos que la mayoría de las veces ya están siendo investigados por la Justicia. Pero los partidos suelen usarlos como tribuna para exhibir las contradicciones de los políticos que acuden a comparecer, como se ha visto con la Operación Catalunya.

En el caso del Congreso, esta proliferación de comisiones no deja de ser un síntoma de los problemas que ha tenido el Gobierno para dar impulso a su agenda legislativa. Una idea contra la que el Gobierno trata de rebelarse. El presidente aseguró en su última comparecencia del curso que está dispuesto a agotar el mandato, confiado en que los socios seguirán manteniendo su apoyo para sacar su agenda legislativa. Y si no, mientras dure la legislatura, los diputados siempre podrán seguir investigando en las comisiones.

La causa judicial andorrana sobre la Operación Catalunya se reactiva. La magistrada del principado que imputó al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, además de varios altos mandos policiales, ha acordado volver a requerir la colaboración de la Justicia española que le fue negado hace un año.

En sendas providencias, a las que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Stéphanie Garcia vuelve a poner en marcha un caso que estaba en vía muerta después de que la Audiencia de Madrid tumbara las primeras comisiones rogatorias enviadas desde el principado al considerar que no cumplían “los requisitos de forma” que exige la ley, tal y como habían alegado el expresidente y los exministros.

La Audiencia de Madrid consideró que la primera comisión rogatoria (el documento de solicitud de cooperación judicial entre países) no concretaba una exposición sumaria de los hechos y tampoco una descripción individualizada de los hechos que se imputaban a los exmandatarios españoles.

La jueza andorrana responde ahora con una nueva resolución en la que acuerda “complementar” la solicitud enviada a España en 2022 con “una exposición clara y detallada de los hechos investigados y la participación de los querellados de forma individualizada”. En España los jueces han tumbado la mayoría de querellas de los afectados por la Operación Catalunya y la única condena firme es al exjefe policial Eugenio Pino por adulterar el caso Pujol.

Las querellas que propiciaron la imputación de Rajoy y el resto de presuntos responsables de la brigada política fueron puestas hace casi cinco años en Andorra, de un lado por el lnstitut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) y el colectivo de juristas Drets, y de otro, por Higini Cierco, exmáximo accionista de la BPA.

Los escritos versan sobre una presunta operación, en una doble vertiente política y policial, y de supuestas coacciones al Gobierno del principado para obtener los datos bancarios de la BPA de la familia Pujol así como información sobre eventuales cuentas en Andorra de líderes independentistas que resultaron inexistentes.

En una resolución de 2022, la magistrada citó los seis delitos del Código Penal andorrano que se investigan: coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacción a órganos constitucionales andorranos y creación de documento inveraz por un funcionario.

Los querellantes consideran que a la operación parapolicial le acompañó otra de alto nivel político entre los gobiernos de Andorra y España. La jueza ha acordado, para el próximo mes de noviembre, que declaren como testigos los exmandatarios andorranos a los que IDHA y Drets imputan un papel clave en las presuntas coacciones de los líderes españoles: los ministros Jordi Cinca y Gilbert Saboya, presentes en la visita oficial que Rajoy y Montoro hicieron en enero de 2015 a Andorra. Dos meses después, la BPA sería intervenida.

La jueza también ha citado, como testigos, al comisario jubilado José Manuel Villarejo y al abogado José María Fuster-Fabra, conocido de los Cierco y protagonista de uno de los episodios de la Operación Catalunya: en la boda de uno de sus primos en 2014, Higini Cierco terminó sentado en la misma mesa con dos comisarios de Policía, los mismos que desde hace semanas le presionan para que les entregue información sobre las cuentas de los Pujol en su banco.

Histórico defensor de policías, Fuster-Fabra es la persona que presenta hace años a dos protagonistas de la Operación Catalunya, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago y el exdirector de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso. Fuentes Gago es quien conduce al exdirector de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso al despacho de Fernández Díaz. Todos estos extremos fueron relatados por el propio De Alfonso durante la grabación en el despacho del ministro.

La documentación que la exmilitante socialista Leire Díez puso en manos del PSOE y este entregó a la Fiscalía incluye unos audios de 2012 entre el comisario Villarejo y la entonces líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, donde detallan los planes para hundir al independentismo ante la posibilidad de que Artur Mas tuviera mayoría absoluta con CiU en las elecciones de aquel año, tal y como ha desvelado El País.

Aquel encuentro que grabó el propio Villajero, celebrado el 6 de noviembre de 2012 –apenas 19 días antes de las elecciones catalanas–, habría sido propiciado por la secretaria general del PP en ese entonces, María Dolores de Cospedal, y la grabación demostraría la existencia de la conocida como Operación Cataluña que promovió el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy para acabar con el independentismo desacreditando a sus líderes con noticias fabricadas o directamente falsas.

En la conversación publicada ahora por El País, el comisario cuenta que hace trabajos para Interior y que tienen gente “dentro” infiltrada en los partidos independentistas, aunque la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría (“tu amiga la pequeñita”, le dice a Sánchez Camacho) no quiere que les hagan escuchas telefónicas.

Villarejo explica a Sánchez Camacho que el plan es descubrir dónde guardan el dinero negro los grandes líderes independentistas y que especialmente les interesa poner “toda la atención en los Pujol”. “Casi todas estas actuaciones las estamos haciendo con los medios de comunicación”, dice Villarejo refiriéndose a las filtraciones.

“A partir del día 12 [de noviembre] vamos a pegar un apretón y desde el 15 hasta el 25 apretón brutal. Yo confío en que de alguna manera no fallen los medios”, apunta el comisario. “Ellos tienen una encuesta en la que sacan mayoría absoluta, lo que pasa es que están callados como putas (…) Esta guerra que vamos a hacer es para que estos tipos no saquen mayoría absoluta”, abunda.

En las dos semanas de campaña electoral, varios medios de comunicación difundieron supuestos informes policiales sobre diversas corruptelas de la familia del expresidente Jordi Pujol, los principales dirigentes de CiU y del Gobierno catalán. Muchas de las informaciones resultaron ser falsas.

CiU ganó finalmente las elecciones de 2012, pero no obtuvo mayoría absoluta y perdió 12 escaños, lo que les obligó a pactar con ERC para mantenerse en el Govern.

El juez Santiago Pedraz acaba de ampliar la lista de imputados por la guerra sucia a Podemos llevada a cabo durante el último Gobierno del Partido Popular. El magistrado de la Audiencia Nacional ha citado a declarar como investigado el próximo 6 de junio al inspector jefe de la Policía Nacional Bonifacio Díaz Sevillano. Ya jubilado, 'Boni' fue un activo miembro de la brigada política que actuó en el Ministerio del Interior entre los años 2012 y 2016 y su rastro aparece también en las otras dos grandes maniobras parapoliciales de la época, la operación Cataluña y el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. 

Para la imputación de Díaz Sevillano ha resultado clave el testimonio de dos altos cargo del chavismo, Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, ambos residentes en España y con procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional. Villalobos describió varias reuniones con Bonifacio Díaz Sevillano en las que el policía español le solicitó información contra Podemos, tanto en una cita en Nueva York como después, cuando se estableció en España. 

Díaz Sevillano llegó a entregar unas “fichas policiales” de miembros de Podemos a Nervis Villalobos para que tuviera presente de quién debía recabar información y entregársela. Las “fichas policiales” de las que habló Villalobos en su declaración como testigo ante Pedraz eran en realidad una impresión de fotos y biografías obtenidas por la Policía en Internet. Sin embargo, cuando Díaz Sevillano compareció como testigo aseguró que nunca se refirió a Podemos en sus reuniones con Nervis Villalobos. 

Por su parte, Javier Alvarado Ochoa fue el antiguo cargo venezolano que entregó el supuesto “punto de cuenta” (orden de pago) del Gobierno de Chávez a la Fundación CEPS en 2008, utilizada por la brigada política y los medios afines para intentar acreditar una financiación irregular de Podemos, partido creado en 2014. Alvarado Ochoa ha reconocido haber entregado una fotocopia al entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y a uno de sus colaboradores, el inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano. 

En palabras del fiscal del caso, Vicente González Mota, que apoya en un escrito la imputación del policía, las declaraciones de los venezolanos suponen nuevos indicios de la “realización de actividades de captación de información al margen de cualquier procedimiento de investigación de hechos delictivos”. La publicación del pago a CEPS en varios medios de la derecha fue celebrada por otro de los imputados, el número dos de Interior en la época, Francisco Martínez, en los mensajes que se le incautaron en el transcurso de la Operación Kitchen. 

Por otra parte, y como recupera Podemos en su escrito, Díaz Sevillano fue uno de los policías que se reunió con otro venezolano, Carlos Alberto Arias, para recabar documentación que “certificaría la existencia” de una cuenta en un banco del paraíso fiscal de Granadinas en la que Pablo Iglesias habría recibido más de 270.000 euros del Gobierno de Caracas. La cuenta nunca existió y, por tanto, tampoco el pago. Tanto la elaboración del bulo como su difusión es una de las líneas de investigación que se siguen en el juzgado de Pedraz. 

La causa judicial de la guerra sucia

En la instrucción de la causa por la guerra sucia contra Podemos el fiscal apoya algunas diligencias solicitadas por el partido, que luego suscribe el juez, y rechaza la mayoría. Está acreditado que antes de que los jerarcas venezolanos buscaran refugio en España, los policías españoles viajaron al extranjero a mantener encuentros con ellos para hacerles ofertas de residencia en el país a cambio de información contra Podemos. Sin embargo, el fiscal se opone y el juez rechaza que se investiguen los viajes a Estados Unidos, Venezuela, Colombia o República Dominicana de los imputados. 

Hasta ahora, detentan la condición de investigados en la causa de la guerra sucia a Podemos el ya citado Francisco Martínez, los mandos policiales Eugenio Pino, José Ángel Fuentes Gago y Andrés Gómez Gordo, y desde el pasado 12 de mayo, la fecha en la que dictó la providencia Pedraz, se suma Bonifacio Díaz Sevillano. 

Solo los destinos de Díaz Sevillano explican cómo pudo estar implicado en la guerra sucia. Fue el agregado de Interior en Andorra durante la Operación Cataluña y después estuvo destinado en el gabinete del director adjunto operativo, Eugenio Pino, artífice de la brigada política. Como recompensa luego fue destinado a México, con un sueldo neto mensual superior a los 11.000 euros. Díaz Sevillano fue juzgado por el caso de los pendrive de los Pujol, pero resultó absuelto. Recientemente, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena por revelación de secretos a su antiguo jefe, el comisario Pino. 

Xavier Trias, el que fuera alcalde de Barcelona, entre 2011 y 2015, acudió este lunes al Congreso para relatar la “pesadilla” que vivió a partir del 27 de octubre de 2014 tras ser acusado por un supuesto informe, publicado en El Mundo, de tener cuentas en Suiza y Andorra. La patraña elaborada por la llamada brigada política que operó durante el Gobierno del Partido Popular empezó a desactivarse solo tres días después, cuando su equipo consiguió un certificado del banco UBS que aseguraba que el regidor no había tenido cuentas en la entidad. Pero esa “falsedad total”, en palabras de Trias, sigue impune más de una década después y sin que nadie le haya pedido disculpas. 

“Ni El Mundo, ni el Partido Popular, ni algún partido que ha utilizado esto de manera negativa, como pueden ser los comuns. No hay manera de que reconozcan que se han equivocado”, dijo el exregidor a preguntas del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. “No quiero que nadie vaya a la cárcel, pero sí que a alguno le dé vergüenza”, había dicho minutos antes, durante su intervención inicial. Poco más tarde, insistió: “Lo único que deseo es que los que lo han hecho me pidan perdón. Si no consigues ni esto, significa que en este país algo no funciona”. Trias es considerado uno de los primeros damnificados de las maniobras policiales contra adversarios políticos que se realizaron sin control judicial cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior y que después afectaron a Podemos. 

El exdirigente aludió en varias ocasiones a Fernández Díaz, al que definió como “un señor malévolo”. Dijo que pese a profesar como él la fe católica e incluso haber ido junto a ver al papa nunca le ha pedido perdón por unos hechos que “atraviesan todas las líneas” y ante los que se sigue viendo “indefenso”. “No es ser de católicos actuar así”, añadió Trias. “Nos podemos pelear políticamente, pero lo que no puede ser de ninguna forma es usar herramientas ilegales, impresentables y que tengan la sensación de que tienen impunidad”, apuntó más tarde.

Trias también aprovechó la sesión para ajustar cuentas con Iniciativa per Catalunya, los comuns e incluso el exvicepresidente y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, por “utilizar” esa mentira “de mala manera” para “sacar provecho” político. El diputado de Junts per Catalunya Josep Pagès advirtió precisamente de la ausencia en la comisión de representantes de Sumar y de Podemos. “Seguramente les da vergüenza venir”, apostilló Trias. 

Pagès preguntó a Trias si esas organizaciones a la izquierda del PSOE habían contribuido a blanquear las actuaciones de un “aparato del Estado que les agredió a ellos también”. “En la vida la coherencia absoluta es muy difícil, pero hay que ir con mucho cuidado”, respondió el exalcalde, que reconoció que la mentira de su cuenta en Suiza pudo influir en que perdiera las elecciones en 2015 frente a Ada Colau, aunque no fue el único factor. No perdí las elecciones por esta noticia, las elecciones las pierdes por muchas cosas. Pero parte de los 15.000 votos que me sacó Colau, están aquí“, remachó. 

Influencia en el procés

A preguntas de la diputada de ERC Pilar Vallugera, Trias analizó también las consecuencias que esa publicación, que vio la luz dos semanas antes de la consulta independentista del 9-N, tuvo sobre el procés. “¿Cree que eso pudo matar, de alguna manera, la posibilidad de que desde el Ayuntamiento de Barcelona coadyuvase junto al Govern de la Generalitat hacia un procés que hubiera acabado en el derecho a decidir?”, preguntó la diputada. “Matar, no. Pero influir, sí”, respondió Trias, que en una intervención posterior se mostró “muy orgulloso” del procés a pesar de que “no salió bien”.

El portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, realizó un monólogo de cuarenta minutos en el que calificó esta comisión de investigación como “una auténtica patraña” y se limitó a calificar de “vicisitud personal” lo ocurrido con Trias. Por parte del PP intervino el diputado Nacho Martín Blanco, dijo que esta comisión es “una ceremonia de la confusión, hecha a mayor gloria de los partido separatistas” y afirmó que el caso del exalcalde de Barcelona “tiene poco que ver con el resto de la comisión”. “Pensaba que me iba a encontrar a un PP en una posición diferente. Y veo que siguen igual. Ojalá algún día se curen”, apostilló Trias en su turno de réplica.

Artur Mas ha presentado en un juzgado de Barcelona la querella que anunció por la operación Cataluña y el espionaje con Pegasus contra altos responsables del gobierno de Mariano Rajoy y la empresa israelí NSO. Así lo ha anunciado este miércoles el expresident, quien ha detallado que por ahora se dirige contra el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el exsecretario de estado de Seguridad, Francisco Martínez, y altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía. Les imputa delitos como organización criminal, falsedad documental, malversación o lesión de derechos fundamentales. No descartó ampliarla a Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría si recogen más pruebas.

La querella, elaborada por el abogado Jordi Pina, se ha presentado a raíz de las comparecencias en la comisión de investigación de la operación Cataluña del Congreso de los Diputados. Engloba tanto la operación Cataluña como el espionaje con Pegasus porque, según Mas, existía “una sola finalidad: desprestigiar o incluso destruir la posibilidad electoral de una serie de gente y partidos”.

El documento consta de 130 páginas y apunta a 8 presuntos delitos cometidos entre 2012 y 2020: organización criminal, falsedad de funcionario en documento oficial, malversación de recursos públicos, descubrimiento y revelación de secretos, intrusión no autorizada en equipos informáticos, intercepción ilegal de comunicaciones y espionaje informático. Fuentes del equipo legal del presidente señalan que no ha habido prescripción.

Los querellados, por ahora, son 15. Por parte del gobierno español, el ministro del Interior entre 2011 y 2016, Jorge Fernández Díaz; la exministra de defensa y secretaria general del PP entre 2008 y 2018, María Dolores de Cospedal, y el secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez.

Artur Mas también se dirige contra los excomisarios de la policía española José Manuel Villarejo, Eugenio Pino y Marcelino Martín-Blas; el exinspector Antonio Giménez; los ex directores del CNI Félix Sanz Roldán y Paz Esteban. Por último, también señala contra las empresas NSO, OSY Technologies y Que Ciber Technologies y sus máximos responsables.

En rueda de prensa, el expresident de la Generalitat no descartó que en un futuro se pueda ampliar la querella con Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría, a la espera de “más pruebas” de que confirmen su presunta participación. En cualquier caso, aseguró que “estaban y tenían gran poder e influencia”.

También ha precisado que se ha presentado “de entrada” en Barcelona porque ya existen “precedentes” por el caso del espionaje con Pegasus, pero no ha descartado que la querella acabe teniendo recorrido “parcial o total” en Madrid.

Pide “llegar hasta el fondo”

Tras el anuncio de la querella, registrada el pasado viernes, Artur Mas ha reclamado que “se llegue hasta el fondo de la cuestión” por parte de la justicia. “Lo que no es admisible es que gente que hemos estado ante el proyecto soberanista hayamos tenido y todavía tengamos castigos terribles, y que la banda agresora, con espionaje, informes falsos y conjuras de todo tipo, salga completamente ilesa”, ha alertado.

En este sentido, el exjefe del Govern ha asegurado que esta querella “debería comportar un juicio contra estas personas”. Pese a que no ha incluido a los periodistas de El Mundo en esta querella, ha subrayado que “formaron parte de la conjura” y ha lamentado que no se tramitara la querella en su día.

Además, ha subrayado que de la comisión de investigación de la operación Cataluña del Congreso de los Diputados tendrán que salir unas conclusiones. “No es imposible que se diga por parte del Congreso que se debe poner todo esto en conocimiento de la Fiscalía para que actúe”, ha dicho. Ha añadido que, a su criterio, “ya debería haberlo hecho desde hace muchos años”.

Asesoramiento ofrecido por Isla

Artur Mas ha explicado que ha hablado “informalmente” de esta querella con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, “que siempre ha ofrecido el asesoramiento legal para llegar hasta el fondo” de la cuestión. “Hemos hablado más de espionaje que de operación Cataluña, pero ambas cosas van ligadas. Por eso es una sola querella”, ha puntualizado.