El caso Máster ha perdido a su principal imputado con la muerte del catedrático Enrique Álvarez Conde, el “urdidor” del sistema que permitió el título fraudulento de Cristina Cifuentes. Aunque este fallecimiento no paraliza la causa judicial, sí afectará de dos formas al procedimiento: decae su imputación y no se escuchará su su versión de lo ocurrido porque se negó a declarar durante la fase de instrucción.

Por un lado, se sobresee la acusación contra el docente universitario porque la defunción extingue su responsabilidad penal. La Fiscalía le pedía tres años y nueve meses de prisión como autor de un delito de falsedad en documento oficial. Junto a él, también estaba imputada la expresidenta de la Comunidad de Madrid, a la que el Ministerio Público solicitaba seis meses menos de pena que al director del instituto que organizaba su posgrado.

Por otro lado, no se escuchará la declaración de Álvarez Conde en sede judicial porque nunca aportó su testimonio ni contestó a las preguntas de la magistrada que investigaba este asunto, Carmen Rodríguez-Medel. El catedrático se limitó a leer en junio del año pasado un escrito acusando a la magistrada de dirigir “una investigación prospectiva improcedente”. Recientemente, hace mes y medio, en la comisión de investigación que se celebró en la Asamblea de Madrid por los máster fraudulentos de la URJC, mantuvo esa misma postura aunque en el texto que leyó fue un poco más allá. Llegó a reconocer que sufrió presiones del Gobierno regional y del rectorado del campus madrileño.

“Siempre actué dentro de la legalidad más absoluta”

“Siempre actué dentro de la legalidad más absoluta y mi único error fue no haberme sabido sustraer los días 20 y 21 de marzo del 2018 a las fuertes presiones del rectorado de la universidad y de la Comunidad de Madrid”, aseguró ante los diputados autonómicos, a los que también planteó que fue “el instrumento idóneo para la caza de otras piezas mayores”. “Parece que cometí el error de estar situado en el lugar y en el momento más inoportuno, siendo el objeto de encarnecidas luchas políticas”, añadió en el parlamento regional.

Sin embargo, la magistrada que investigó esta causa no llegó a la misma conclusión que el catedrático. La jueza Carmen Rodríguez-Medel apuntó en su instrucción directamente al docente universitario como el “urdidor” de un “plan preconcebido”, que llega a calificar como “sistema de prebendas”, centrado “en regalar títulos académicos”.

Según planteó en las conclusiones que envió al Tribunal Supremo para pedir la imputación de Pablo Casado, Álvarez Conde necesitaba cada curso escolar nuevas matrículas. Sin embargo, los beneficiados de esas “prebendas” no eran estudiantes ordinarios sino escogidos, y la magistrada destaca que con este proceso conseguía crear “un clima favorable” entre relaciones políticas y profesionales. Su lucro no terminaba ahí, también aumentaba “el prestigio de su instituto” con la presencia de alumnos como el propio Casado o Cristina Cifuentes. El departamento que amparaba estas actuaciones era el Instituto de Derecho Público de la URJC, una empresa que funcionaba de manera opaca.

Finalmente, tras la decisión del Supremo de rechazar la investigación al líder del PP, Rodríguez-Medel archivó la investigación principal del caso pero sí mantuvo la causa contra la falsificación del acta de defensa del trabajo fin de máster (TFM). En ella no solo se mantenía la imputación contra Álvarez Conde y Cifuentes, también contra María Teresa Feito, amiga personal de Cifuentes y asesora de su Gobierno, así como Cecilia Rosado, docente de la URJC y una de las “discípulas” –como él mismo las denominaba– del catedrático.

La Fiscalía acusaba a Álvarez Conde de llamar el 21 de marzo, el mismo día que eldiario.es publicó que la expresidenta regional había obtenido un máster fraudulento, a Rosado “dándole instrucciones para confeccionar un acta en la que se reflejase” que la política “había defendido” el TFM. El Ministerio Público también recoge que la profesora “dada la fuerte jerarquía existente entre ella y el catedrático y ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo” acató las indicaciones recibidas. La profesora elaboró ese documento incluyendo su firma y falsificando la rúbrica de dos de sus compañeras para simular un tribunal que nunca se reunió para escuchar a la expresidenta.

Tras el fallecimiento de Álvarez Conde decaerá la imputación del director del instituto pero la causa continúa. La Fiscalía considera que Rosado es coautora del delito de falsedad en documento oficial y solicita una pena de un año y nueve meses de prisión, y que Feito y Cifuentes son autoras por inducción, para ambas pide tres años y tres meses de cárcel.

El consejero de Educación e Innovación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, ha asegurado este miércoles que “nunca” presionó al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, cuando eldiario.es desveló que Cifuentes había obtenido su título de máster con notas falsificadas. Ha mantenido que llamó a Ramos, simplemente, para solicitar la documentación que había utilizado la universidad durante la rueda de prensa que realizó ese día.

Así lo ha detallado a los medios de comunicación tras su comparecencia en calidad de testigo ante la jueza de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez Medel, en el marco del caso Máster. La magistrada pidió su comparecencia al estimar que su testimonio podía facilitar el esclarecimiento de las supuestas presiones que recibieron profesores del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para falsificar el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) con la que Cristina Cifuentes intentó defenderse de las primeras informaciones que apuntaban a que había obtenido un título de forma irregular.

Van Grieken ha indicado que, como titular de la Consejería de Educación, su responsabilidad era “comprobar” y “verificar” la documentación que había empleado la URJC en la rueda de prensa. Además, ha explicado que ese día, el 21 de marzo, no tuvo contacto con la expresidenta regional por el asunto de su máster. Sí ha dicho que lo tuvo con el personal de gabinete de Cifuentes porque tenía que gestionar todo lo relacionado con este asunto para “comprobar” la documentación empleada por la URJC en su comparecencia, donde se aludió en un primer momento a un error administrativo en el cambio de las calificaciones.

Sin embargo, en su declaración ante la jueza, el rector Javier Ramos, aseguró que tanto el consejero como su secretaria lo llamaron en numerosas ocasiones reclamando documentación del máster el día que se publicó la primera información. Van Grieken, que siempre ha negado las supuestas presiones, fue reprobado por este hecho en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Tras solicitarlo el catedrático Enrique Álvarez Conde, exdirector del IDP, el consejero tendrá que declarar como testigo el día 31 de octubre.

No habló con Álvarez Conde

Durante el interrogatorio, que ha durado cerca de 30 minutos, el consejero ha sido preguntado sobre si conocía a Álvarez Conde, y ha detallado a la magistrada que “no habló” con este catedrático (que compareció en rueda de prensa el 21 de marzo junto al rector como responsable de una de las asignaturas de la expresidenta) del máster de Cifuentes, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.

A su vez, ha asegurado que no le dijo a la exasesora de la Consejería de Educación Madrid María Teresa Feito para que se personara en la universidad el mismo día en que saltó la polémica del caso máster para recabar información. El propio consejero negó en su día que Feito presionara a la universidad por este asunto.

En su comparecencia como testigo, Van Grieken ha relatado su trayectoria académica en la URJC y ha explicado que solicitó información “genérica” a la universidad sobre la rueda de prensa que ofreció el 21 de marzo. Ha detallado, al igual que ha dicho en declaraciones a los medios, que le correspondía esa responsabilidad como responsable de la cartera autonómica de Educación.

La URJC presentará un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial ante el auto de archivo del Juzgado de Instrucción número 51 en el caso Master, que investiga las irregularidades de los posgrados impartidos por el Instituto de Derecho Público en la universidad.

“La URJC, respetando las decisiones judiciales que se han adoptado, está comprometida con llegar hasta el final del asunto y que se depuren todas las responsabilidades que correspondan con respecto al Instituto de Derecho Público, cuyos hechos que han sido conocidos a lo largo de estos meses y han causado un gran daño a la reputación de la universidad”, dice un comunicado de la institución, que asegura haber colaborado “de manera activa con la investigación judicial” y destaca “la opacidad” del instituto que dirigía Enrique Álvarez Conde y que “ya ha sido clausurado”, en referencia a las críticas de la magistrada sobre la falta de colaboración del centro en la investigación: “Su actuación no ha ayudado en nada al esclarecimiento de los delitos”, señaló.

La jueza del caso, Carmen Rodríguez-Medel, decretó su cierre después de que el Supremo se negara a investigar a Pablo Casado, en el que vio indicios de trato de favor pero no de delitos penales que apuntaba la magistrada. El alto tribunal rechazaba seguir con el aforado Casado un viernes y el siguiente lunes, Medel informaba de que cerraba el caso que investigaba el máster de Casado (por el que había imputadas tres alumnas en su misma situación) y el máster de Cristina Cifuentes (imputada junto a una decena de profesores y funcionarios).

Ahora mismo solo se investiga en ese mismo juzgado la falsificación del acta del Trabajo Fin de Máster que exhibió Cristina Cifuentes en redes sociales y por el que están imputados la expresidenta, su asesora María Teresa Feito, Álvarez Conde y dos profesoras: Cecilia Rosado, que presuntamente ejecutó la falsificación, y Alicia López de los Mozos, que figura como presidenta de ese falso tribunal y que fue la primera en confesar que todo había sido un montaje. En otro juzgado se investiga a funcionarios de la URJC tras la querella por revelación de secretos que presentó Cifuentes, al entender que sus datos habían sido obtenidos ilícitamente y en el que también están imputados la periodista Raquel Ejerique y el director de eldiario.es, Ignacio Escolar.

Tras recurrir ante la jueza, que rechazó reabrir el caso, ahora la URJC recurre a la segunda y última instancia a la que lo puede hacer: la Audiencia Provincial.

“Desde la URJC no queremos pasar por alto las irregularidades detectadas que deben ser investigadas hasta el final y que nuestra obligación como institución pública es defender la honorabilidad y el buen hacer de los alumnos, de los profesores y del resto de los trabajadores de esta universidad pública”, afirma también el comunicado.

La incómoda pelota de la investigación sobre los másteres con alumnado VIP, como los políticos del PP Cristina Cifuentes o Pablo Casado y la socialista Carmen Montón, vuelve al tejado de la Rey Juan Carlos, al archivar la jueza Carmen Rodríguez Medel la mayoría de la causa tras  tras la decisión del Supremo de no investigar al presidente del PP. Sin embargo, la Universidad considera que “no debe reabrir ninguna investigación reservada” porque la magistrada todavía “mantiene abierta” una parte del caso, la de la falsedad en el acta del TFM de Cifuentes. “Dejemos que la jueza termine”, cuentan fuentes de la URJC.

La Universidad tiene en suspenso la inspección interna sobre cómo se obtenían títulos en el Instituto de Derecho Público. La URJC especifica, además, que “sobre el grado de Pablo Casado, la información reservada ya se cerró”. El rector, Javier Ramos, explicó hace meses que, al detectarse indicios de delito en el caso del máster de Cifuentes, detenían su información reservada hasta que se resolviera la situación en los tribunales. Ramos corroboró hace una semana en una entrevista en la Cadena Ser que mientras hubiera caso en los juzgados, la inspección interna debía permanecer congelada. Entonces, el rector aseguraba que no iba a dimitir: “Vamos a buscar responsabilidades en el pasado”, dijo.

Ahora prácticamente todo lo relacionado con la obtención de títulos con alumnos privilegiados ha sido archivado por la magistrada (solo mantiene acciones sobre el acta de trabajo de fin de máster falsificada). La Universidad recupera así su capacidad de acción sobre los cambios de calificaciones a posteriori para que Cifuentes pudiera acceder al título de máster, las convalidaciones masivas para allanar el camino a un grupo de alumnos o los aprobados sin acudir a clases o sin realizar los exámenes de los que disfrutaron tanto Cifuentes como Pablo Casado. La decisión de la instructora “es tan reciente que todavía no tenemos el auto”, ha explicado un portavoz de la URJC.

Pero la presión sobre los responsables universitarios no para. Los estudiantes de la URJC creen que es el momento de conocer los datos de esa investigación reservada (es decir, secreta) que el Gobierno académico realizó sobre los másteres de Cristina Cifuentes o Pablo Casado. Una vez que la jueza Carmen Rodríguez Medel ha archivado la mayoría de la causa, puede levantarse ese secreto al que se aferró la institución mientras se llevaba a cabo la instrucción judicial.

La petición de los estudiantes coloca al equipo de Gobierno bajo todos los focos. “Hemos pedido acceso a los documentos relacionados con el caso máster y, de paso, al informe de disolución del Instituto de Derecho Público”, explica Nacho, portavoz de la asociación Res Publica. El instituto era el instrumento académico del catedrático Enrique Álvarez Conde en el que se impartían los posgrados de estos políticos.

 “La única causa que vemos que se puede utilizar para mantener esos documentos secretos es que en ellos aparezcan más nombres implicados que no se quieran dar a conocer”, razona este estudiante que luego añade: “Hemos solicitado los informes enteros porque este Rectorado es muy dado a remitir resúmenes de los informes”.

El Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) ha aprobado por unanimidad el cierre administrativo del Instituto de Derecho Público que dirigía el catedrático investigado por la Justicia Enrique Álvarez Conde y que impartió los presuntos másteres irregulares cursados por Cristina Cifuentes, Carmen Montón y Pablo Casado, según han informado a Europa Press fuentes de la universidad.

Tras el cierre económico y académico, esto supone la extinción definitiva del polémico instituto. Para ello, el delegado del rector para el IDP ha presentado una rendición de cuentas del instituto y luego se tendrá que pasar por la Comunidad de Madrid.

Cuando estalló el caso Máster, la universidad acordó extinguir el instituto que dirigía Álvarez Conde, considerado por la juez Carmen Rodríguez Medel como 'el urdidor' del presunto sistema fraudulento que llevaba este centro de estudios objeto de investigación judicial.

Dentro del proceso de regeneración que está haciendo la URJC, en lo que respecta al IDP no quedan ni títulos ni alumnos. El centro no tiene ningún tipo de actividad académica aunque se mantiene abierto a efectos de poder acceder a toda la documentación recogida en el instituto de cara a colaborar con todas aquellas solicitudes que requiera la Justicia.

Hace unos días, la juez de Instrucción número 34 de Madrid acordó investigar a Álvarez Conde por un delito de malversación de caudales públicos relativo a este instituto.

El pasado mayo, el rector de la URJC, Javier Ramos, interpuso una denuncia en los juzgados de Instrucción por presunto delito de malversación en la gestión económica del Instituto de Derecho Público.

Lo decidió tras las “graves irregularidades económicas” detectadas en la gestión de este ente y que se desprenden en la investigación encargada por la universidad a raíz del caso.

Cecilia Rosado, una de las profesoras de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), ha reconocido este lunes que en los estudios de posgrado que dirigía Enrique Álvarez Conde en el Instituto de Derecho Público era “una práctica habitual firmar por los [profesores] que debían hacerlo”. Además, en su declaración ante la jueza Carmen Rodríguez Medel, que investiga las supuestas irregularidades del máster de Cristina Cifuentes, Rosado también ha reconocido que era Álvarez Conde el que decidía quien defendía el Trabajo de Fin de Máster (TFM).

La juez de Instrucción número 51 de Madrid había marcado para este lunes una nueva ronda de declaraciones del caso tras detectar un informe caligráfico de la Guardia Civil anomalías en las rúbricas que aparecen en las actas de defensa del trabajo final de seis alumnos de la misma promoción que Cifuentes.

Estaban citados el exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde; la exsubdirectora del instituto Laura Nuño; una de las docentes que evaluó a Cifuentes, Clara Souto; y otra de las profesoras del máster, Cecilia Rosado. Se les acusa de delitos de falsedad documental y prevaricación.

La comparecencia de Nuño se ha aplazado hasta el próximo 24 de septiembre. Esta mañana, la ex subdirectora del IDP se ha presentado en el juzgado para informar de que su abogado no la podía asistir tras una lesión.

“Todo se hacía por la bendición de Conde”

El primer en comparecer ha sido Conde, que se ha acogido por tercera vez a su derecho a no declarar. Sin embargo, ha leído un manifiesto en el que se ha quejado de la “indefensión” que está sufriendo en la causa. Además, ha criticado el informe de la Guardia Civil y a la juez por llevar a cabo “una causa general” contra su persona.

En su declaración, Souto y Cecilia Rosado han afirmado que Conde era el que “mandaba” en todo y el que decidía quién defendía o no el trabajo de fin de máster, ya que era “una mera formalidad”. Además, han dicho que eran profesoras visitantes sin autonomía académica. “Todo se hacía por la bendición de Conde”, han aseverado.

Souto ya compareció el pasado mayo como testigo. Fue una de las profesoras del tribunal que supuestamente evaluó a Cifuentes y cuya firma aparecía en el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM). Ante la juez, afirmó que su rúbrica estaba falsificada.

Hoy ha tenido que dar explicaciones ante un informe de la Guardia Civil que da autenticidad a cuatro de las firmas que aparecen en seis actas de alumnos que no realizaron el trabajo.

Ante la juez, habría reconocido que sí plasmó su rúbrica en una de las actas, pero no en el resto. Además, ha señalado que Conde consideró que no era necesario que algunos alumnos defendieran ante un tribunal su trabajo final.

Celicia Rosado ya compareció como investigada en esta parte de la investigación. En una de sus anteriores declaraciones, afirmó que había recibido presiones presuntamente de Maite Feito, exasesora del Gobierno regional. Además, afirmó que el director del máster la presionó para “fabricar” el acta.

En esta ocasión, ha reiterado que Conde mandaba y que era “una práctica habitual firmar por los que debían hacerlo”. Al igual que su compañera, ha señalado que si se evaluaba a los alumnos, era porque habían probado, si bien a veces no defendían el trabajo.

La jueza que investiga el máster de Cifuentes ha citado a declarar como investigadas a otras dos profesoras, la subdirectora del Instituto de Derecho Público Laura Nuño y la codente que supuestamente evaluó a Cristina Cifuentes, Clara Souto. Las dos docentes acudirán al juzgado el 10 de septiembre junto a Enrique Álvarez Conde, el exdirector del Instituto. Hasta ahora, ambas habían declarado en calidad de testigos.

El exdirector del Instituto también está citado en esta pieza separada a declarar como investigado, al igual que lo está la profesora de la URJC ya imputada en otra de las piezas Cecilia Rosado. Se les cita por delitos de falsedad y prevaricación administrativa.

Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, ha tomado esta decisión tras un informe pericial elaborado por la Guardia Civil en relación con las actas de defensa del Trabajo de Fin de Máster de seis alumnos a la vista de sus declaraciones en sede judicial. Varios alumnos del máster declararon que no habían realizado el trabajo ni lo habían defendido ante un tribunal, pese a lo cual se han encontrado actas de evaluación de los trabajos donde figura que sí lo hicieron. Esas actas están firmadas por los tres.

Álvarez Conde está ya imputado en varias de las piezas del grueso del 'caso Máster'. La jueza le considera el “urdidor” del proceso que culminó en los cursos académicos de 2008-2009 y 2011-2012 con el regalo del título del máster en Derecho Autonómico a “un grupo escogido de alumnos” por su relevancia política.

Por su parte, la docente Clara Souto volverá a prestar declaración ante la instructora, pero esta vez en calidad de investigada. Fue una de las profesoras del tribunal que supuestamente evaluó a Cifuentes y cuya firma aparecía en el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM). Ante la jueza, afirmó que su rúbrica estaba falsificada.

Tras estallar la polémica, Nuño dimitió de su cargo al frente del Instituto de Derecho Público que dirigía el imputado Enrique Álvarez Conde. Su nombre aparecía en el acta de convalidaciones de asignaturas de Cifuentes.

El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Enrique Álvarez-Conde cuenta con una placa con su nombre en la puerta de un aula de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, de la que fue decano, desde finales de los años 80, según publica la cadena SER. Además de Álvarez-Conde bautizan también otras aulas Enrique Gimbernat, Carlos García Valdes, Diego Luzón y Alfonso García Moncó, entre otros.

La Universidad de Alcalá no tiene ninguna intención de retirarla hasta que haya una sentencia firme, algo que indigna a algunos estudiantes. “Resulta realmente increíble y lamentable que los responsables de una universidad pública estén más preocupados en defender el honor de determinados personajes probadamente corruptos que han hecho tráfico de influencias de una forma clarísima en vez de proteger la universidad pública y su prestigio”, asegura Ana García, portavoz del Sindicato de Estudiantes, en declaraciones a la SER.

Álvarez-Conde impartió clases en la Universidad de Alcalá tras pasar por la Autónoma de Madrid y la Universidad de Alicante, antes de que en 1996 fuera nombrado director general del INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, bajo el primer gobierno de Aznar. Un cargo que ocupó hasta 1999, cuando se convirtió en catedrático de la Rey Juan Carlos. Ahí puso en marcha un par de años después el Instituto de Derecho Público, una empresa que funcionaba de manera opaca con dinero público, y que ha acabado siendo clausurada tras la multitud de indicios de delitos hallados.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel apunta directamente al doblemente imputado Álvarez Conde como el “urdidor” de un “sistema de prebendas” que tenía como fin “regalar títulos académicos”. En las&nbspconclusiones remitidas al Tribunal Supremo, la magistrada explica que este presunto entramado se sostendría por la existencia de alumnos.

Cristina Cifuentes se presentó ante la jueza que investiga su máster como una víctima. En su declaración en los juzgados de Plaza Castilla, la expresidenta madrileña afirmó que nunca presionó a la Universidad Rey Juan Carlos y se desentendió de lo que hizo su equipo para conseguir el acta falsificada que, dice, acabó convirtiéndola en la mayor perjudicada: “Yo estaba a mis temas, que eran gobernar”.

La expresidenta declaró durante más de una hora ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Relató cómo vivió la publicación de la noticia de eldiario.es sobre su máster falso el 21 de marzo, un asunto en al que en un primer momento no dio “mayor importancia”, según revela en los audios del interrogatorio a los que ha tenido acceso eldiario.es.

Hacia el final del interrogatorio, la jueza le pregunta cómo vivió la publicación de la noticia. Cifuentes relata que el día anterior tuvo “un conocimiento muy superficial” del asunto porque había pasado un mal día debido a su comparecencia en el Congreso sobre la financiación irregular del PP.

“Había tenido una comparecencia en el Congreso para mí muy difícil, emocional, personal, y yo ese día estaba agotada, extenuada, y cuando salí de la comparencia desconecte el teléfono y no quería saber nada de la humanidad”, cuenta. Pero al final del día recibió una llamada de su jefa de Gabinete, Marisa González, contándole que unos periodistas estaban preguntando por su máster. “No le di mayor importancia porque como no había hecho nada incorrecto...”, añade.

Al día siguiente admite que cambió la situación. Ante la repercusión de la noticia, Cifuentes relata que intentó conseguir documentación con la que contestar: “lo primero es que pedí a mi Gabinete que pidieran a la Universidad todos los documentos que acreditaban que yo había cursado ese máster”.

Pero Cifuentes no sabe concretar ante la jueza a quién le encarga esa gestión, ni con qué personas de la Universidad Rey Juan Carlos se ponen en contacto. Rodríguez-Medel insiste en conocer detalles de cómo se produjeron esos contactos, pero la expresidenta madrileña reitera que ella no estaba al tanto y delega la responsabilidad en su equipo. “No tengo ni idea, no lo sé (...) no sé decirle porque porque yo no estaba, yo estaba a mis temas que eran gobernar, de esto se encargaron desde mi gabinete”, insiste.

“No le presté atención al acta”

En un momento a lo largo del 21 de marzo, Cifuentes recibe el acta sobre la presentación de su Trabajo de Fin de Máster (TFM), pero no sabe precisar cómo. Solo sabe que ella no pidió ese documento en concreto porque desconocía de su existencia, dice, y que en un primer momento, como hizo con la noticia, no le da mucha importancia y no se preocupa en comprobar si los profesores que aparecen son los que estaban en la defensa de su TFM. “No le presté atención al acta, yo no recordaba aquello, han pasado muchos años”, añade.

La situación, de nuevo, cambia más tarde cuando es consciente de que ese acta se falsificó para que le sirviese como arma contra la información sobre su máster. Aun así, Cifuentes trata de presentarse ante la jueza como una víctima de esa falsificación: “si como parece ser está falsificada a quien perjudica es a mí, porque ¿alguien puede pensar que yo voy mandar a los medios de comunicación y a enseñar públicamente un acta que está falsificada? Yo me considero la gran perjudicada de la falsificación de ese acta”.

La jueza insiste en preguntarle qué hizo para conseguir esa documentación, pero Cifuentes siempre contesta que ella, personalmente, nada: “Lo hice todo a través de mi Gabinete”. Así, niega haber hablado con Maite Feito, la asesora de su Gobierno que fue a la Universidad a intentar tapar el escándalo, ni con Rafael Van Grieken, su consejero de Educación que llamó insistentemente al rector, Javier Ramos.

También niega haber hablado directamente con Ramos aunque vio una llamada perdida suya en el móvil. La jueza le pregunta por qué no le contestó: “Creo que era mejor que no tuviéramos ningún tipo de conversación para que nadie pudiera pensar que había habido ningún tipo de interferencia por mi parte”.

Ya en el turno de su abogada, Cifuentes insiste en negar las presiones, ni de ella ni de nadie de su equipo: “De ninguna de las maneras, yo no lo habría consentido, de hecho es que lo único que quería es que me mandaran la documentación oficial”. La versión de otros de los imputados, sin embargo, es que hubo una serie de presiones desde el entorno de Cifuentes para construir el acta con el que la expresidenta madrileña pudiera defenderse el mismo día que se publicó la noticia.

La jueza que investiga el caso Máster no ha encontrado aún rastro de los trabajos que sirvieron para que Cristina Cifuentes aprobase sin ir a clase, ni tampoco del Trabajo de Fin de Máster (TFM). No copias en papel ni tampoco emails entre ella y el responsable del posgrado, el profesor Enrique Álvarez Conde. En su declaración, la expresidenta dijo que se los hacía llegar en papel a través de colaboradores o empresas de mensajería, una versión que suscitó las dudas de la magistrada.

Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, dedicó una parte del interrogatorio del pasado 23 de julio a preguntar a Cifuentes cómo se relacionaba con Álvarez Conde, el director del Instituto de Derecho Público. Casi siempre hablaban por teléfono aunque la expresidenta dice que quedaron en persona en alguna ocasión para hablar sobre el avance de su TFM.

“Hablábamos cuando yo le mandaba el borrador para que me hiciera alguna indicación de la bibliografía o el enfoque”, sostiene Cifuentes en los audios de la declaración en el juzgado, a los que ha tenido acceso eldiario.es. La jueza se interesa entonces en por qué no hay rastro de ese trabajo, ni de sus diferentes borradores. La Universidad no los encuentra, Cifuentes no los tiene y no hay rastro de intercambios de emails en los que aparezcan esos documentos.

Según Cifuentes, se debe a que enviaba cada versión impresa en papel. “Yo mandaba las cosas a través de una persona, de algún colaborador, de alguien de mi equipo, o de alguna empresa de mensajería, se lo mandaba en papel”. La jueza le pregunta sorprendida si no usaba el mail y ella contesta que no: “Me resultaba más cómodo hacerlo de la otra manera, mandarlo directamente”.

A la jueza le extraña esta respuesta. “¿Le resultaba más cómodo imprimirlo, meterlo en un sobre…?”. Cifuentes la interrumpe y afirma que ella trabaja siempre con documentos escritos, haciendo las correcciones a mano. “Mis colaboradores saben que todo lo que me mandan se lo pide también en papel”.

“Pero en este caso quien hacía las correcciones era Don Enrique”, le apunta la jueza, en referencia a Álvarez Conde. Cifuentes insiste en que ella hacía anotaciones a mano en esos trabajos, un sistema que conserva, dice, y en el que utiliza diferentes colores. A preguntas de Rodríguez-Medel, Cifuentes afirma que realizó únicamente un par de borradores porque era un tema “que tenía bastante trabajado”.

La jueza le pregunta en ese punto del interrogatorio si tampoco conserva los borradores. “No lo descarto”, dice la expresidenta madrileña, pero añade que no ha conseguido encontrarlos entre las cajas de sus distintas mudanzas. También se interesa la magistrada por los documentos en los que el profesor le detalló qué tenía que hacer para superar las asignaturas, ya que no iba a ir a clase. Tampoco hay rastro de esas indicaciones

“Han pasado más de seis años, no lo recuerdo”

La jueza le pregunta cómo le envió Álvarez Conde esas indicaciones, pero Cifuentes no sabe responder. “Me lo hizo llegar, pero no lo recuerdo”, asegura, y añade que seguramente a través de alguna persona. Rodríguez Medel se sorprende porque solo era una página, y le pregunta si no le resulta extraño que utilizase este método, el de un mensajero, en lugar de enviarlo por email. “No lo sé, han pasado más de seis años, no lo recuerdo la verdad, no tengo ni idea”, responde.

Ante la inexistencia de rastro de los borradores del TFM ni de las indicaciones de Álvarez Conde, la jueza pregunta a Cifuentes si al menos conserva los trabajos que hizo para aprobar las materias del Máster. Pero vuelve a chocarse con el mismo muro. La expresidenta le dice que no los tiene y además le resta importancia, a pesar de que sustituían a horas de clases presenciales.

“Eran trabajos muy sencillos, cortos, cinco a diez folios, eran trabajos muy sencillos, escuetos y que consistían, depende, había que comentar alguna sentencia..”, sostiene, hasta que la jueza le corta para poder preguntarle por cada asignatura, para que expliqué qué trabajo entregó para cada una. “No soy capaz de recordar, no lo recuerdo”, contesta.

Esta parte del interrogatorio finaliza cuando Cifuentes vuelve a dejar claro que ni tiene los trabajos, ni tampoco hay ningún rastro en su email o en el del profesor Álvarez Conde, porque también se enviaban con mensajeros.

Así, la jueza constata que no hay ningún rastro documental de los trabajos que Cifuentes elaboró para superar las asignaturas, ni tampoco del TFM o de los borradores que hizo. Ni una sola prueba de que la expresidenta cursase realmente el máster, más allá de su testimonio.

El director del Instituto de Derecho Público de la URJC, Enrique Álvarez Conde, asegura que no guarda los trabajos del presidente del PP, Pablo Casado, ni de ningún otro alumno porque la ley solo le obliga a conservarlos durante un máximo de dos años.

Así lo afirma la defensa de Álvarez Conde en un escrito entregado al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. “El señor Álvarez Conde no conserva ni debe conservar ninguno de tales trabajos de los alumnos en cumplimiento de la propia normativa interna de la URJC, ya que existe obligación de proceder a su destrucción en el plazo máximo de dos años”.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel había solicitado a Álvarez Conde y a su segunda, profesores de Casado, los trabajos de éste después de que la URJC le trasladara formalmente que no los conserva. Casado aprobó cuatro asignaturas con otros tantos trabajos y el resto, hasta las 22 que completaban el máster, le fueron convalidadas. 

Álvarez Conde y Alicia López de los Mozos están citados a declarar como imputados el próximo 2 de agosto.  

El escrito de la defensa de Álvarez Conde, al que ha tenido acceso eldiario.es, cita el denominado “Reglamento por el que se regula la revisión y la reclamación de la evaluación continua de los estudios de Máster por la URJC”, aprobado por el Consejo de Gobierno de 8 de abril de 2011. En concreto, su disposició adicional primera, “en la que se señala que las pruebas realizadas por los alumnos deberán ser conservadas hasta la finalización del curso siguiente”, dice el escrito de los abogados. 

Igualmente se refiere al Estatuo del Estudiante Universitario y afirma: “En conclusión, no había ni hay obligación de conservar las pruebas de los alumnos, tal y como ha reconocido expresamente en esta causa la Secretaría General de la URJC, la cual cuando era secretaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales proporcionaba los medios necesarios para destruir dichas pruebas”.

El catedrático Enrique Álvarez Conde, entonces director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos y del máster en Derecho Autonómico que cursaba el presidente del PP, Pablo Casado, convalidó aquel año asignaturas antes incluso de que se solicitara. La alumna beneficiada fue la ahora imputada María Mateo Feito, según ha adelantado El Independiente. Se trata de la hija de Maite Feito, imputada por el caso del máster de Cifuentes, amiga de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y exasesora del Ejecutivo que presidía la exdirigente del PP.

25 días de antelación es lo que muestran los documentos que han ido a parar al juzgado de Instrucción número 51. Mateo Feito firma el 15 de diciembre de 2008 la solicitud para que le dispensen de cursar 18 asignaturas (40 créditos) del máster que dirigía Álvarez Conde. Sin embargo, la autorización para estas convalidaciones rubricada por el catedrático es de casi un mes antes: 20 de noviembre de aquel año.

La cuestión de las convalidaciones está en el corazón de los casos de máster que cursaron políticos en el IDP de Álvarez Conde. El actual presidente del PP, Pablo Casado, también se libró de cursar 18 asignaturas (de las 22 que componían el programa del máster). En el asunto que implica a Cristina Cifuentes, tanto ella como un grupo de alumnos y alumnas obtuvieron convalidaciones irregulares ya que las actas en las que se daban por buenas, había firmas falsificadas. De hecho, el procedimiento que instruye la jueza Rodríguez-Medel arrancó por la denuncia de una de las profesoras cuya rúbrica fue falsificada, según ella misma contó a eldiario.es: Ángela Figueruelo, catedrática de la Universidad de Salamanca.

A las 6.50 horas, la portada del 21 de marzo de eldiario.es abría con el titular: Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas. Lo que ocurrió entre ese momento y la medianoche siguiente queda plasmado en los testimonios de los principales protagonistas del caso máster, a los que la jueza Carmen Rodríguez-Medel ha ido citando en los últimos dos meses.

Durante horas de testimonios emergen las amenazas a las profesoras desde el entorno más próximo a la presidenta madrileña, las relaciones de poder en la Universidad, sus odios larvados durante años y, finalmente, la patraña del acta falsificada… Todo ello configura el relato de las 18 horas que siguieron a la exclusiva de eldiario.es, el día en que la presidenta madrileña, la aspirante a liderar el PP nacional, comenzó a descender la última pendiente de su fracaso político.

Las declaraciones en el juzgado de las tres profesoras cuyas firmas aparecen en el acta de Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes permiten reconstruir la reunión del 2 de abril en la que el director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, organizó una falsa coartada para intentar salvar a la entonces presidenta de Madrid y, sobre todo, defender las mentiras que el catedrático expuso en su rueda de prensa junto al rector el día que eldiario.es desveló las irregularidades. 

La profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Alicia López de los Mozos acudió el pasado 10 de mayo a declarar como testigo del caso Cifuentes hasta que, cumplidos 50 minutos, la jueza le interrumpió para atribuirle la condición de imputada por calificar presuntamente a alumnos que nunca cursaron el máster. Antes, López de los Mozos había tenido tiempo de explicar cómo fue la reunión en la que Álvarez Conde, organizó la falsa coartada.

“Nos tenemos que convencer de que todos debemos mantener una misma versión ante la Universidad… El día ya estaba puesto, el 2 de julio, el horario era por la tarde, me parece que porque en alguna ocasión la señora Cifuentes había manifestado que se había producido por la tarde esta defensa. Se dice que, lógicamente, no podemos dar mil detalles, pero sí dar alguno para hacer la versión más creíble, tipo en qué aula se había celebrado, qué ropa lleva la señora Cifuentes…”, explicó López de los Mozos, la profesora del tribunal cuya firma es una de las falsificadas en el acta del tribunal.

López de los Mozos declara ante la jueza del caso Cifuentes que ella se niega a acordar esa versión. La reunión se produce en el desapacho del letrado Juan Mestre a los pocos días de la exclusiva de eldiario.es, publicada el 21 de marzo, A la misma acuden Álvarez Conde, su pareja y las tres profesoras, que en el caso de Rosado y López de los Mozos se acompañan de sendos abogados. López de los Mozos había acudido a un notario en la mañana de ese mismo día, antes de la reunión, para dejar constancia de su versión, contraria a la que quería imponer el director del Instituto.

Cecilia Rosado también declaró el pasado 10 de mayo, pero lo hizo ya desde un principio en calidad de imputada. Durante su declaración, asegura sobre la citada reunión: “Álvarez Conde dice que hay que contar que el acto existió, que ella (Cifuentes) vino a leer el trabajo y que había que mantener esa versión”.

Acerca de cómo construyo el catedrático próximo al PP la coartada, Rosado dice: “Álvarez Conde dijo cuánto había durado; el detalle de la ropa no me acuerdo, pero luego salió en prensa… pero no sé si eso se dijo; también en qué posible aula había sido, y si le hicimos alguna pregunta o no. Esos fueron más o menos los detalles”.

En la misma jornada de declaraciones compareció Clara Souto, única miembro del falso tribunal que sigue sin estar imputada. Souto afirma que la reunión tenía por objeto “que se mantuviera lo que habían dicho el rector y los dos catedráticos el día 21”, el de la noticia de eldiario.es. Souto dice no recordar los detalles de la coartada, pero resume: “La frase era: 'no pasa nada, si vosotras seguís diciendo, guardando esta versión, es creíble”.

“No recuerdo haber evaluado a Cifuentes”

En otro punto de la declaración de López de los Mozos, la jueza se interesa por la asistencia al máster de Cristina Cifuentes. “No recuerdo haberla evaluado, no estoy segura”, responde López de los Mozos. La magistrada se pregunta entonces “cómo es posible” que no la recuerde si ya era delegada del Gobierno. La profesora se remite al acta para poder recordarla y Rodríguez Medel afirma: “Yo recuerdo a mis profesores sin tener el boletín de cómo me evaluaron”.

“Le estoy preguntando por algo muy singular, una persona llamativa. Si usted le da clases a un cantante famoso, a un futbolista, a un político importante… parece que es más fácil recordar que le ha dado clase que a una persona anónima”, se extraña la magistrada.

Ésta del 10 de mayo era la segunda declaración de López de los Mozos. Ella fue el único testigo a la que citó la Fiscalía cuando el caso todavía no se había judicializado. Ante los agentes de la Unidad de Policía Adscrita a dicha Fiscalía, López de los Mozos ya describió las coacciones de Álvarez Conde, un catedrático próximo al PP, y confesó que tenía grabadas algunas de ellas. En su declaración ante la magistrada del caso, Carmen Rodríguez-Medel, López de los Mozos asegura que un inspector jefe y un inspector le dijeron que debía tener mucho cuidado con esas grabaciones, que podían entrar en su casa, enviarla “un paquete sospechoso”, y que las pusiera a buen recaudo. Ella borró todas las copias menos una, en un pendrive, que no encuentra, afirma.

La magistrada la había convocado para que las entregara el 10 de mayo y se muestra visiblemente molesta con la excusa de López de los Mozos de que no las encuentra. Rodríguez-Medel le da un nuevo plazo, pero al imputarla unos minutos después, le advierte de que ya no tiene obligación de aportarlas porque ha dejado de ser testigo del caso.

De testigo a imputada

Esto se produce en el último tramo de la declaración. La jueza muestra a la testigo las actas de las calificaciones de alumnos que ya han asegurado en sede judicial que nunca acudieron ni se examinaron. López de los Mozos reconoce su firma y la jueza le advierte en ese mismo momento de que eso es un indicio de prevaricación administrativa, ya que ha podido plasmar una falsedad en un documento oficial. Interrumpe la declaración y cita como imputada para otra declaración a la profesora de la Rey Juan Carlos.

Durante el interrogatorio como imputada del 10 de junio, López de los Mozos atribuye la presencia de su firma en las calificaciones a que debe de tratarse de alumnos con convalidaciones que ya se le daban hechas y acompañadas de una nota. En esa misma declaración, López de los Mozos comunica que está de baja por “ataques de ansiedad” desde el 3 de abril.

Enrique Álvarez Conde está en el centro de la investigación del caso Máster. El catedrático que dirigía el Instituto de Derecho Público conecta los posgrados de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, entre los que la Fiscalía y la jueza ven “continuidad delictiva”. El día que estaba citado como imputado leyó un comunicado en el que dejaba claro que no iba a contestar sobre nada relacionado con la expresidenta madrileña, pero también advirtió de que no respondería sobre ninguna cuestión que afectase al ahora candidato a presidir el PP. Está citado para ello en agosto.

Así lo revela el vídeo de la declaración, al que ha tenido acceso eldiario.es. Álvarez Conde estaba llamado para declarar el pasado 25 de junio, un día antes que la presidenta madrileña, pero se negó a contestar a nada. En su lugar pidió permiso a la jueza Carmen Rodríguez Medel para leer un texto que llevaba escrito.

En él da varias razones para no declarar. Ese mismo día, fuentes jurídicas informaron de su negativa a contestar sobre Cifuentes, pero el vídeo revela que Álvarez Conde también advirtió a la jueza de que no hablaría sobre Pablo Casado. “No voy a prestar declaración en piezas separadas”, dice en relación a la abierta sobre el vicesecretario del PP. Su argumento en que en la pieza principal se está preguntando a imputados y testigos sobre el máster de Casado.

Alvarez Conde estaba citado ese día para hablar de Cifuentes, pero afronta otra citación a comienzos de agosto sobre Casado, y ya deja clara su intención de no responder. Este profesor fue quien permitió a Casado sacarse el máster sin ir a clase y sin que el aspirante a presidir el PP tuviese que tratar con los profesores.

Además, Casado solo entregó cuatro trabajos, sin hablar con los profesores, que dejaba directamente en el despacho de Álvarez Conde. Todos fueron calificados con un sobresaliente. Las 18 asignaturas restantes las aprobó con convalidaciones.

“Desconozco los hechos que se me atribuyen”

“No voy a prestar declaración en el día de hoy, pero manifiesto mi voluntad de declarar en cuantas ocasiones se estimen necesarias”, dice el catedrático al comienzo para justificar su silencio, aunque se compromete a colaborar en el “esclarecimiento de los hechos”, pero más adelante. La razón primera es que no sabe de qué se le acusa: “Desconozco con precisión los concretos hechos que se me atribuyen”. Además, señala que aún hay pendientes diligencias de investigación que quiere conocer antes de hablar.

En la segunda razón pasa al ataque contra la jueza. “Parece que se ha decidido sustanciar una especie de causa general contra las exigencias del proceso penal y llevar a cabo una investigación prospectiva absolutamente improcedente”, lee Álvarez Conde. Así, pide que se resuelva primero su recurso contra el hecho de que la jueza haya decidido investigar todas las ediciones del máster desde 2008, cuando lo cursó Casado.

Álvarez Conde batalla desde el comienzo para que la investigación que se abrió por el título de Cifuentes no se extienda más allá. No quiere que se continúe indagando por qué se aprobaba cada año a alumnos que ni iban a clase ni hacían el Trabajo de Fin de Máster. Por ahora no lo ha conseguido, porque la jueza rechazó ese recurso y sigue investigando el resto de alumnos y promociones.

En esos cuatro minutos que dura su comunicado, el catedrático también esgrime como argumento que la jueza pretende investigar a un aforado, en referencia a Pablo Casado, y eso provocará que el caso vaya al Supremo, así que prefería esperar. Es la misma razón que dio en un principio Cristina Cifuentes para intentar retrasar su declaración. Sin embargo, en un auto la jueza contestó que aún no había terminado de investigar, así que el caso todavía no iba a elevarse al Supremo.

Así, con el rechazo al recurso de Álvarez Conde y con la advertencia de que no se desprenderá aún del caso, la jueza ha dejado al catedrático sin dos de las razones que esgrimió en su comparecencia para no declarar. Vuelve a estar citado para agosto, en esta ocasión para responder únicamente sobre Casado.

Aunque ya ha advertido que no quiere responder tampoco sobre ese caso, se ha quedado sin dos de sus razones para no hablar. Eso sí, podrá seguir manteniendo que no sabe de qué hechos concretos se le acusa o insistir en que se trata de una causa general.

La declaración durante una hora y cuarenta minutos de la profesora Cecilia Rosado el pasado 10 de mayo ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel constituye el relato de las trampas con las que los responsables de la Rey Juan Carlos intentaron asegurar su futuro en la universidad pública y, de paso, mantener a salvo la carrera política de Cristina Cifuentes.

En el vídeo de esta declaración, al que ha tenido acceso eldiario.es, la profesora Rosado, imputada en esta investigación, reconoce que falsificó las firmas de sus compañeras en el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) y detalla, entre otros asuntos, las insistentes presiones que recibió de una asesora de la Comunidad de Madrid, Maite Feito, y del director del Instituto de Derecho Público de la URJC, Enrique Álvarez Conde, el catedrático de trayectoria vinculada al PP que ordenó acabar con la polémica originada por la exclusiva de eldiario.es “como fuera”.

“¿Le dijo en algún momento la señora Feito si le estaba trasladando su opinión o que le estuviera trasladando la opinión de la señora Cifuentes?”, pregunta la jueza en un momento del interrogatorio. Y Rosado contesta: “No me dijo en ningún momento eso, pero es verdad (…) que en un momento me dice que si no enviamos el acta del Trabajo de Fin de Máster que Cifuentes nos va a matar, no solo a nosotros sino también dice del rector”.

En el momento en que transcurre esa escena Feito es asesora del consejero de Educación de la Comunidad, Rafaen Van Grieken, aunque tiene plaza en la Rey Juan Carlos como profesora de inglés y, según declaró a eldiario.es, es “amiga” de Cifuentes. Maite Feito se presentó a primera hora de la mañana del 21 de marzo, el día de la exclusiva sobre el máster, en la Universidad. Según ella, para participar en una charla de feminismo. El rector, Javier Ramos, aseguró en el juzgado, sin embargo que lo hizo para participar activamente en la crisis desatada por la exclusiva. Tras la polémica, Feito ha abandonado su puesto de asesora en la Consejería de Educación.

Rosado afirma en su declaración que Feito empieza “a llamarla sin parar durante todo el día”. En las primeras comunicaciones, la asesora de Cifuentes le dice que el TFM “tiene que aparecer”. Más adelante llegan las amenazas.

Además, la profesora Rosado habla de las presiones que ejerció sobre ella Álvarez Conde. La docente de Derecho Constitucional explica que antes del asunto del máster de Cifuentes, su relación con el director del Instituto de Derecho Público es muy complicada. En 2014 se distanciaron a raíz de un enfrentamiento entre Álvarez Conde y un profesor que trabajaba con Rosado, por la desconfianza sin fundamento que sintió sobre ella el director del Instituto, afirma. Ella explica que tenía “mucho miedo” a perder su trabajo y no encontrar otro por lo que pudiera ir diciendo de ella en el ámbito universitario alguien tan conocido como Álvarez Conde.

La mañana de la noticia de eldiario.es, ella le telefonea, según su relato y, a partir de ahí, hablan en “muchas” ocasiones. “Hay que arreglar esto y hay que poner un tribunal. Y él decide quién es ese tribunal, que somos Alicia López de los Mozos, Clara Souto y yo. Ahí me pongo muy nerviosa. Él me dijo que había que hacerlo sí o sí, que no quedaba ninguna alternativa y que si no, nos íbamos todos a tomar por saco. Y que había que hacerlo sí o sí. Esto es antes de la rueda de prensa”.

Rosado relata así cómo Álvarez Conde le ordena ya fabricar el acta que Cifuentes enseñó horas después, ya casi de madrugada, a través de las redes sociales para intentar defenderse. Con ese documento en la mano, Cifuentes se jactó de que no se iba “a ir” y de que se iba a seguir siendo la presidenta para responder a los que querían que dimitiera por el escándalo.

Según Cecilia Rosado, la falsificación de las firmas entre compañeros era habitual en la universidad para ahorrar tiempo en cuestiones como las dietas. El argumento choca a la jueza por la manera que tenían de conducirse ese grupo de profesores que además eran juristas. “Si fuera una escuela de Ingeniería…”, llega a ironizar la magistrada.

Rosado, en contra de lo que señala Alilcia López de los Mozos, afirma tajante que ésta le dio autorización, por videollamada, para falsificar su firma. “Yo le enseñé la firma [que había hecho imitando] y ella dijo: sí, así”. Con Clara Souto no es tan tajante, pero también afirma que le “enseñó” cómo era su firma en plena crisis del máster.

La profesora declara que nunca recibió amenazas directas del rector de la Universidad, Javier Ramos, pero que Álvarez Conde le comentó que él si estaba “presionado” por el máximo responsable del centro y que, por ello, “le había prometido el acta al rector”.

La portaveu adjunta de Podem en les Corts Valencianes, Fabiola Meco, ha denunciat que el Consell Jurídic Consultiu (*CJC) “va pagar del 2003 al 2006 a Enrique Álvarez Conde, director de màster de l'expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, un total de 13.659 euros en concepte de direcció i coordinació d'obres jurídiques”.

En resposta a una pregunta de la diputada, l'òrgan consultiu ha informat de les seues relacions jurídiques amb Álvarez Conde, “actuant aquest sempre a títol individual”, detalla Podem en un comunicat.

En concret, al director del màster se li va encarregar la direcció i coordinació de l'obra 'Comentaris a la Constitució Europea', al novembre de 2003, per 12.000 euros. Segons el contracte a què ha tingut accés la formació, es va abonar en dos pagaments de 6.000 euros, el 24 de novembre del 2003 i el 27 de desembre del 2004.

La institució consultiva realitza informe sobre lleis valencianes abans de la seua entrada en vigor, però no europees. I menys encara aprovades per l'Europarlament.

Des de la formació morada recorden que el Consell Jurídic Consultiu va estar presidit per Vicente Garrido des del 2003 fins que va cessar el 2016 i que aquest va ser director de la tesi de l'expresident de la Generalitat Francisco Camps. A més, el Govern de Camps va sufragar amb 30.000 euros l'institut que dirigia Álvarez Conde per un seminari que incomplia el conveni.

Davant aquest fet, la diputada de Podem ha reivindicat que “les institucions no estan per a posar-les al servei dels amics” i ha subratllat que “Garrido haurà d'explicar per què va pagar més de 13.000 euros a Álvarez Conde per a fer un llibre sobre una norma inexistent, perquè, com tothom sap, la Constitució europea no existeix”.

Altres llibres i treballs

En la informació sol·licitada per Podem també consta que se li va abonar, en concepte de compensació per despeses i després de la presentació de les factures justificatives oportunes, la quantitat de 415,4 euros el 24 de novembre del 2003. Aquesta obra sobre la Constitució europea va ser publicada per l'editorial Tirant lo Blanch el 2013.

També hi ha un capítol titulat 'Personalitat jurídica de la UE en la Constitució Europea', que es va publicar en l'obra anteriorment citada i pel qual se li van abonar 600 euros el 16 de juliol de 2004.

Uns altres dels seus treballs van ser la dissertació 'La legislació bàsica estatal com a paràmetre de la validesa de la normativa autonòmica' i el posterior debat en el marc de les jornades organitzades pel CJC, sota el títol 'La intervenció dels consells consultius en l'elaboració de la llei i reglaments', el 18 de novembre del 2003. El preu abonat a Álvarez Conde per aquesta actuació va ser de 600 euros, el 22 de desembre del 2004.

En la Memòria del Consell Jurídic del 2004 apareix la referència a la conferència pronunciada pel catedràtic, publicada en el número 2 de la 'Revista Espanyola de la Funció Consultiva' editada per l'òrgan.

El director del màster de Cifuentes va tenir una intervenció com a ponent en la jornada al voltant de l'Informe del Consell d'Estat sobre la reforma de la Constitució', organitzada pel CJC el 6 de març del 2006. L'import abonat per aquesta actuació va ser de 600 euros, pagats un dia després. També consten 44 euros abonats en concepte de compensació el 15 de març del 2006.

Però aquesta no és l'única relació entre el cercle de confiança de Camps i el d'Álvarez Conde. Rosario Tur, parella d'Álvarez Conde, va ser la secretària del tribunal que va validar la tesi doctoral de l'expresident de la Generalitat.

La portavoz adjunta de Podemos en las Corts Valencianes, Fabiola Meco, ha denunciado que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) “pagó de 2003 a 2006 a Enrique Álvarez Conde, director de máster de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, un total de 13.659 euros en concepto de dirección y coordinación de obras jurídicas”.

En respuesta a una pregunta de la diputada, el órgano consultor ha informado de sus relaciones jurídicas con Álvarez Conde, “actuando éste siempre a título individual”, detalla Podemos en un comunicado.

En concreto, al director del máster se le encargó la dirección y coordinación de la obra 'Comentarios a la Constitución Europea', en noviembre de 2003, por 12.000 euros. Según el contrato al que ha tenido acceso la formación, se abonaron en dos pagos de 6.000 euros, el 24 de noviembre de 2003 y el 27 de diciembre de 2004.

La institución consultiva realiza informe sobre leyes valencianas antes de su entrada en vigor, pero no europeas. Y mucho menos nunca aprobadas por el Europarlamento.

Desde la formación morada recuerdan que el Consell Jurídic Consultiu estuvo presidido por Vicente Garrido desde 2003 hasta que cesó en 2016 y que este fue director de la tesis del 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps. Además, el Gobierno de Camps sufragó con 30.000 euros al instituto que dirigía Álvarez Conde por un seminario que incumplía el convenio.

Ante este hecho, la diputada de Podem ha reivindicado que “las instituciones no están para ponerlas al servicio de los amigos” y ha subrayado que “Garrido tendrá que explicar por qué pagó más de 13.000 euros a Álvarez Conde para hacer un libro sobre una norma inexistente, porque, como todo el mundo sabe, la Constitución europea no existe”.

Garrido defiende que la obra tiene tres tomos

Vicente Garrido ha asegurado que la obra sobre la Constitución Europea que encargó a Álvarez Conde consiste en tres tomos con 133 colaboradores. “Álvarez Conde, con el que no tengo relación hace siete años, realizó la coordinación y se pagó a cada una de las personas que participaron unos 600 euros”, ha explicado. La obra tuvo el patrocinio de la Diputación de Valencia y Bancaja, ha añadido el expresidente del CJC, que ha defendido que la Constitución Europea no se aprobó pero que de ahí emanó el Tratado de Lisboa.

Otros libros y trabajos

En la información solicitada por Podem también consta que se le abonó, en concepto de compensación por gastos y tras la presentación de las facturas justificativas oportunas, la cantidad de 415,4 euros el 24 de noviembre de 2003. Esta obra sobre la Constitución europea fue publicada por la editorial Tirant lo Blanch en 2013.

También hay un capítulo titulado 'Personalidad jurídica de la UE en la Constitución Europea', que se publicó en la obra anteriormente citada y por el que se le abonaron 600 euros el 16 de julio de 2004.

Otros de sus trabajos fueron la disertación 'La legislación básica estatal como parámetro de la validez de la normativa autonómica' y el posterior debate en el marco de las jornadas organizadas por el CJC, bajo el título 'La intervención de los consejos consultivos en la elaboración de la ley y reglamentos', el 18 de noviembre de 2003. El precio abonado a Álvarez Conde por esta actuación fue de 600 euros, el 22 de diciembre de 2004.

En la Memoria del Consell Jurídic de 2004 aparece la referencia a la conferencia pronunciada por el catedrático, publicada en el número 2 de la 'Revista Española de la Función Consultiva' editada por el órgano.

El director del máster de Cifuentes tuvo una intervención como ponente en la jornada en torno al 'Informe del Consejo de Estado sobre la reforma de la Constitución', organizada por el CJC el 6 de marzo de 2006. El importe abonado por esta actuación fue de 600 euros, pagados un día después. También constan 44 euros abonados en concepto de compensación el 15 de marzo de 2006.

Pero esta no es la única relación entre el círculo de confianza de Camps y el de Álvarez Conde. Rosario Tur, pareja de Álvarez Conde, fue la secretaria del tribunal que validó la tesis doctoral del expresidente de la Generalitat.

10 de abril de 2018. A las 10:20 de la mañana arranca en secreto la declaración de la profesora Alicia López de los Mozos ante el inspector jefe que manda la Unidad Adscrita a la Fiscalía de Madrid. Han transcurrido 20 días desde que eldiario.es desvelara que Cristina Cifuentes atesora un máster conseguido con notas falsificadas. La investigación interna de la Universidad por fin deja paso a la policial y judicial.

A los pocos minutos llegan las preguntas sobre en qué circunstancias fue falsificada su firma en el acta que la presidenta exhibió para demostrar que se había examinado del Trabajo de Fin de Máster. López de los Mozos dice que el director del Instituto de Estudios Públicos de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde, es su mentor, que mantenía con él “una buena relación”, que le tenía “aprecio”. Pero que todo cambió el 21 de marzo de 2018. “Que a lo largo de todo este procedimiento se ha sentido intimidada, asustada, violentada y presionada” por él, anota el policía instructor de las diligencias en el acta de aquella declaración, a la que ahora ha tenido acceso eldiario.es.

López de los Mozos tiene 39 años. Colabora desde hace 14 en la Universidad Rey Juan Carlos. Comenzó como becaria predoctoral, pasó a ayudante no doctora, después se doctoró, fue contratada como profesora y finalmente obtuvo la plaza como docente titular. En este proceso, a partir de 2009, dio clases en el Máster de Derecho Público del Estado Autonómico. Impartía asignaturas y evaluaba los Trabajos de Fin de Máster (TFM).

“La declarante no recuerda que la señora Cristina Cifuentes acudiese a sus clases, que de haber acudido a su clase se hubiera acordado porque era una persona pública y conocida a través de los medios por la dicente”, escribe el policía ese 10 de abril mientras escucha a la profesora. A continuación, el inspector jefe le muestra el acta falsificada del TFM. Alicia López de los Mozos es rotunda. “Manifiesta que la firma que obra en ella en su nombre no es la suya, ni se parece a la suya, que ha sido falsificada”, escribe el agente.

López de los Mozos fue la presidenta de un tribunal que nunca existió. La declaración ante la Policía permite reproducir cómo su firma falsificada acabó en el acta que Cristina Cifuentes exhibió en redes sociales en la noche del 21 al 22 de marzo mientras recitaba: “A quienes queréis que me vaya: no me voy, me quedo, voy a seguir siendo vuestra presidenta”.

Para ello hay que retrotaerse a la mañana del día 21. eldiario.es abre con el titular sobre el máster y las notas falsificadas de Cifuentes. López de los Mozos no lo ha visto y telefonea a Álvarez Conde para “un asunto de carácter laboral”, según declara ante la Policía. Encuentra a su jefe muy ocupado, no puede atenderla, le dice que consulte eldiario.es y le cuelga sin despedirse. Ella lee la información e intenta volver a hablar con él. Le resulta imposible hasta las 11 o 12 de la mañana, según recuerda.

Cuando por fin le coge el teléfono, la afirmación de Álvarez Conde le inquieta. “Te tengo que meter en esto”, le dice el director del Instituto de Derecho Público. Ella responde que busque a otros; él accede, pero le advierte de que si no lo consigue, ella, su pupila, deberá sacrificarse. Esa afirmación se convierte casi en un eufemismo una hora después. López de los Mozos ve por televisión la rueda de prensa de Álvarez Conde y del rector, Javier Ramos. Éste cuenta a los periodistas que no hay caso Cifuentes, que ha hablado con los miembros del tribunal y el TFM existe. “La declarante manifiesta que nunca ha hablado con el rector de la Universidad”, recoge la declaración ante la Policía.

El siguiente episodio se produce por la tarde. Sobre las 15:00 horas logra hablar con Álvarez Conde y éste le dice que se ponga en contacto con su supuesta compañera de tribunal, Cecilia Rosado. Ésta le pide por teléfono que le envíe su firma. Alicia asegura a la Policía que entonces se niega, pero que vuelve a contactar con su compañera más tarde, esta vez por videollamada, y que accede a mostrarle su firma, pero que no le da permiso para utilizarla, siempre según su versión. A la Policía le dice que no sabe quién falsificó el acta finalmente, pero que “intuye” que pudo ser Cecilia por el cariz de la conversación y porque “el tipo de grafía” de la falsificación “concuerda” con la de su compañera.

En los días sucesivos, López de los Mozos se dedica a pedir a Álvarez Conde que la saque del engaño, que diga la verdad. El director del Instituto de Estudios Públicos le contesta que esté tranquila y calle, “que si una se desmarcaba, iban a ir a por ella”. El acta de la declaración recoge la siguiente afirmación: “En una conversación la declarante le mostró la terrible presión que estaba sufriendo y que le había hecho perder 5 kilos de peso, a lo que éste le dijo que no se preocupara, que así estaría más guapa”.

López de los Mozos habla en aquellos días con otra de las profesoras que ha sido implicada por Álvarez Conde, Clara Souto. Se trata de la única de las tres falsas examinadoras que no está imputada a día de hoy. Souto confirma que ella tampoco había examinado a Cifuentes. “Clara le manifestó que Enrique les había hundido, que cómo les ha podido hacer eso”, aparece en la declaración de Alicia.

Asegura tener grabado a Álvarez Conde

Ante la Policía, tal y como adelantó eldiario.es el mismo día de su declaración, López de los Mozos asegura que “procedió a grabar las conversaciones telefónicas que mantuvo con Enrique y que vienen a corroborar las manifestaciones” que realiza ante los agentes. Añade que no las quiere entregar en ese momento y que “valorará aportarlas a la Fiscalía de ser requerida para ello”.

El estado de nerviosismo de la profesora no convencía al director, así que éste la llamaba continuamente para que mantuviera la calma, incluso le prometió que iba a contactar con eldiario.es “para conseguir que la dejaran en paz”, algo que nunca se produjo.

En una de esas llamadas quedan para verse en Madrid. El 2 de abril, a media tarde, se encuentran, en una cafetería de Madrid, la profesora y su marido con Álvarez Conde y la mujer de éste, la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández de Elche Rosario Tur. La Policía ha recuperado imágenes de ese encuentro a través de las cámaras de seguridad. El catedrático le dice a su pupila que “había tantas cosas por arriba que no le podía decir”.

Quedan en verse al día siguiente en el despacho de un abogado madrileño. Antes de esos encuentros, López de los Mozos ya había acudido a un notario para dejar constancia de su auténtica versión. En el despacho del letrado, sin embargo, Álvarez Conde y su abogado le insisten en que tienen que pactar una versión que incluya detalle, como el lugar exacto de la universidad donde Cifuentes habría ido a defender el TFM y hasta que “vestía ropa con colores claros”.

López de los Mozos decide contar su versión ante la inspección de la universidad. Se lo comunica antes a sus compañeras Cecilia Rosado y Clara Souto. También a Álvarez Conde. Este modifica su actitud y la anima a que exponga “su verdad”, aunque no coincida con la suya, y la desea suerte.

Alicia López de los Mozos declaró como testigo un mes después, el pasado 10 de mayo, ante la jueza que se ha hecho cargo del caso Cifuentes, Carmen Rodríguez-Medel. Entró en el juzgado como testigo y salió como imputada. De su declaración, la magistrada concluyó que había admitido haber falsificado notas del máster.

Diez imputados, incluida Cristina Cifuentes. Este es el balance del primer tramo de la investigación judicial de la falsificación del máster de la expresidenta. En esa lista, sin embargo, no aparece por el momento Javier Ramos, actual rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), y una de las dos personas que señala directamente la catedrática Ángela Figueruelo en la querella que ha dado origen al caso y a la que ha tenido acceso eldiario.es. La querella apunta también al director del Instituto de Derecho Público de la citada Universidad, Enrique Álvarez Conde, quien sí aparece entre la decena de primeros investigados.

Javier Ramos ha sido mencionado en las primeras declaraciones ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel. La profesora Cecilia Rosado, presunta autora material de la falsificación de las firmas del acta del tribunal del Trabajo de Fin de Máster (TFM), ha declarado que una asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Maite Feito, le trasladó: “Arreglad esto o el rector y la presidenta os matan”.

La propia Cristina Cifuentes le dirigió una carta a Ramos antes de dimitir, filtrada a los medios, en la que le responsabiliza de la falsificación del acta de su Trabajo de Fin de Máster. Como recordaba la entonces presidenta en la carta, el acta del TFM con las firmas falsificadas salió de una dirección electrónica del Rectorado que dirige Javier Ramos.

La querella de Figueruelo, sin embargo, considera que es su comparecencia pública junto a Álvarez Conde, el mismo día que eldiario.es reveló que Cifuentes había aprobado su máster con notas falsificadas, la que le coloca en el disparadero.

“Don Enrique Álvarez Conde ha comparecido, además, junto al rector actual de la Universidad Rey Juan Carlos, en distintas ruedas de prensa para dar explicaciones en relación con irregularidades aparecidas en relación el Máster objeto de esta querella. Es decir, los máximos responsables de ambas instituciones (el Instituto de Derecho Público y la URJC) se han erigido en vocales en relación con las irregularidades apreciadas en dicho máster”, recoge la querella.

En aquella comparecencia, tanto Álvarez Conde como el rector intentaron salvar a Cristina Cifuentes defendiendo la regularidad de su máster. Ante la avalancha de evidencias, el rector rectificó y acusó al director del Instituto de Derecho Público y al profesor Pablo Chico de la Cámara, también imputado, de engañarle para hacer creer que se había actuado correctamente.

Ángela Figueruelo es una catedrática de la Universidad de Salamanca que decidió llevar a los tribunales el caso Cifuentes tras conocer por eldiario.es que su firma estaba en un acta de convalidaciones que ella nunca rubricó. Ese movimiento fue la mecha que prendió la investigación, ralentizada hasta entonces por la Fiscalía madrileña. En seis días, la querella fue a reparto, recayó en el Juzgado de Rodríguez-Medel y ésta la admitió a trámite.

La Fiscalía se liberaba así del asunto al estar obligada a trasladar sus diligencias al juzgado competente cuando aún restaba una semana para que dimitiera Cifuentes. En el mes transcurrido entre la presentación de una denuncia por asociaciones de estudiantes al Ministerio Público y el fin de la investigación de ésta, solo hubo una toma de declaración a una profesora, que la fiscal encargada del caso hasta entonces, Margarita Rossignoli, encargó a una unidad de la Policía que tiene adscrita.

La querella de Figueruelo es subsidiariamente una denuncia, al no poder detallar la identidad de las personas que falsificaron su firma. Pero deja claro que “los hechos objeto afectan a dos entidades directamente relacionadas con ellos (y vinculados al menos a la responsabilidad civil derivada de los mismos”: la entidad Instituto Universitario de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, cuyo director es Enrique Álvarez Conde, y la propia URJC, cuyo “representante legal es su rector, don Javier Ramós López”. Se da la circunstancia de que en este momento la Universidad está personada en la causa como acusación.

Firma “falsificada” de la querellante

eldiario.es publicó el 10 de abril que Cifuentes aprobó tres asignaturas con firmas falsificadas en el acta de convalidaciones. Una de las firmas era supuestamente la de Figueruelo, “falsificada”, según la querella. “Reunida la comisión de Garantía de Calidad del Máster en Derecho Público del Estado Autonómico, el día 24 de mayo a las 12h, certifica que los siguientes alumnos y alumnas han convalidado…”, recogía el documento publicado con las firmas falsas.

“Doña Ángela Figueruelo Burrieza en ningún momento ha formado parte del Personal Docente y de Administración del Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico que imparte el Instituto de Dercho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Y jamás ha formado parte de ningún tipo de Comisión de Garantía de Calidad relacionada con el mencionado máster”, asegura su abogado en la querella.

Figueruelo, que es vocal de la Junta Electoral Central, pertenece al Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, pero asegura que nunca ha impartido asignaturas en el máster cursado por Cristina Cifuentes. Limita las relaciones que ha mantenido con Álvarez Conde, Souto y Rosado a “colaboraciones científicas” porque todos son abogados constitucionalistas. “He ido [a la Rey Juan Carlos] y han venido a [la Universidad de Salamanca] para dar conferencias dentro de la legalidad más absoluta”, declaró a eldiario.es cuando este medio se puso en contacto con ella, antes de la publicación de la noticia.