El juez Juan Carlos Peinado sigue empeñado en procesar por cinco delitos a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y ha transformado las diligencias que inició en abril de 2024 en un procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado. La Audiencia Provincial de Madrid anuló en este tiempo una decena de resoluciones del juez, entre ellas cinco imputaciones, varias órdenes de registro, y la última decisión de Peinado que abocaba el procedimiento a la vía del jurado. Pero el instructor sorteó los suspensos de la Audiencia Provincial como pudo: a veces sin hacer mucho caso, otras veces corrigiendo errores para seguir aplicando su criterio, y siempre manteniendo viva la causa.

Su último salto ha sido imponer, en contra de la Audiencia Provincial, que el procedimiento contra Begoña Gómez sea juzgado por un jurado popular dado que, según explica, entre los cinco delitos que atribuye a la mujer del presidente y que considera entrelazados –tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, intrusismo profesional y corrupción en los negocios– los dos primeros corresponden a los que la Ley establece que pueden ser tramitados por el procedimiento del jurado.

El juez Peinado se corrigió a sí mismo cuando imputó por malversación de fondos a Begoña Gómez y a su asistente, Cristina Álvarez, unos meses después de negarse a hacerlo a petición de la acusación popular de ultraderecha. Ahora mantiene esa imputación pese a que la Audiencia Provincial dejó dicho que “el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación”.

En un auto de 47 folios, el juez instructor elabora un extenso relato de hechos con todos los indicios que ha recabado durante 23 meses de investigación contra la mujer del presidente del Gobierno. En ese escrito, Peinado olvida incluir en su exposición todos los contraindicios descubiertos durante la investigación que favorecen a Begoña Gómez y que obligarían en la mayoría de los casos a archivar el procedimiento. Son los que siguen:

Tráfico de influencias

El juez Peinado inició su investigación a cuenta de unas cartas de apoyo que firmó la mujer del presidente del Gobierno como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense a favor del empresario Juan Carlos Barrabés. Esas cartas de apoyo se incluyeron en la oferta con la que Barrabés concursó y logró dos contratos millonarios de Red.es, una entidad estatal dependiente entonces del ministerio de Economía. En su relato de hechos, Peinado señala: “La relevancia de este documento no reside solo en su contenido, sino también en su contexto: la carta fue aportada por una unión temporal de empresas vinculada al grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés, con quien Begoña Gómez ya mantenía relación profesional, y se presentó en el marco de una licitación promovida por una entidad pública dependiente del mismo Gobierno que desde dos años antes presidía su esposo”.  

Pero Peinado olvidó escribir en su auto que junto a las cartas de Begoña Gómez había otras 31 con idéntica redacción firmadas por responsables de distintas empresas privadas –Google, Microsoft…– y organismos públicos, como el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP. Tampoco explicó que esas cartas se incluían en un apartado que el concurso valoraba con el 8% de los puntos totales del concurso y que, además, este asunto ya no pertenece al procedimiento que tramita el juez Peinado. La Fiscalía Europea Anticorrupción, que asumió la investigación del caso, no investiga a Gómez ni tiene pruebas del tráfico de influencias en el procedimiento, sino que analiza supuestas anomalías en el pliego de condiciones y en la resolución del concurso. Por su parte, la Guardia Civil hizo un informe solicitado por el juez Peinado que descartaba cualquier relación entre Begoña Gómez y las personas que tramitaron el concurso. Nada de esto escribió Peinado en su último auto.

Apropiación indebida

El juez instructor insiste en atribuir a Begoña Gómez el delito de apropiación indebida de un software fabricado durante el desarrollo de la cátedra para el uso gratuito de pequeñas y medianas empresas. “El uso del nombre idéntico al de la Cátedra, junto con las referencias directas a la titularidad de la Universidad Complutense en una web que estaba registrada a título personal por la investigada Begoña Gómez, generaba una evidente confusión visual e institucional sobre si el software era un servicio oficial gratuito de la Universidad o un reclamo para la consultora privada Transforma TSC S.L. constituida por ella”, escribe Peinado.

El juez evita contar que la Complutense investigó estos hechos y preguntó al Registro de la Propiedad Intelectual si el software del litigio había sido registrado a nombre de Gómez. La respuesta fue negativa, nadie ha registrado ese software, ahora abandonado por la Universidad, a quien pertenece. También omite el juez que el registro del dominio web (50 euros al año) a nombre de Begoña Gómez fue porque así se lo indicó la propia Universidad a la mujer del presidente del Gobierno.

Intrusismo profesional

Begoña Gómez firmó un pliego de condiciones para adjudicar un contrato relacionado con la herramienta tecnológica que la Cátedra que codirigía se había comprometido a crear. El juez Peinado ve en este hecho un indicio de intrusismo profesional. Para poder acreditarlo, Peinado pidió opinión a la Asociación de Abogados del Estado, la principal organización profesional de este cuerpo en España con más de 700 asociados. La respuesta fue que no había ningún delito en la actuación de Gómez: “La normativa de contratación pública no establece una reserva estricta de dicha función a un cuerpo concreto de funcionarios ni exige una titulación específica para la redacción de tales documentos”. Pero el juez cita en su resolución otro informe que nunca pidió. “Hay una comunicación remitida por la Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho” que, supuestamente, defiende la tesis de que Begoña Gómez no podía firmar ese pliego de condiciones.

Esa Asociación fue fundada en noviembre de 2024 por tres abogados del Estado y la lidera una de ellos, que está jubilado. Lo que se conoce de esta asociación desde que nació es que se dedica a criticar al Gobierno de Pedro Sánchez en medios de comunicación conservadores. De todas estas peculiaridades no habla Peinado en el auto donde mantiene viva la causa contra Gómez por intrusismo profesional basándose en una comunicación de una asociación de abogados del Estado sin apenas socios y que no representa a nadie. También obvia en su auto judicial que la interventora de la Complutense declaró en el juzgado que de acuerdo con las normas internas de la Universidad y con el marco legal que regula esos procesos de contratación pública, los pliegos de prescripciones técnicas tienen que ser firmados por el jefe o la jefa de la unidad, que en este caso era Begoña Gómez. Además, Peinado tampoco se refiere a la documentación incorporada al sumario que acredita que la mujer del presidente firmó los pliegos porque así se lo pidieron desde la universidad.

Corrupción en los negocios

Peinado señala que Gómez logró financiación y respaldo empresarial privado para los proyectos desarrollados durante el funcionamiento de la cátedra en una universidad pública. El juez cree que esas ayudas “aparecen conectadas con una posición de privilegio relacional y con beneficios o expectativas de beneficio recíproco”. En ningún momento Peinado aclara que Begoña Gómez no se lucró con su actividad en la cátedra de la Complutense sino todo lo contrario pues no pudo cobrar ni un euro por su trabajo como codirectora debido a que estaba prohibida cualquier retribución al no ser trabajadora de la universidad. Algo que le explicaron los implicados al juez de manera reiterada. Gómez colaboraba con la Universidad Complutense desde 2012, mucho antes de que su marido fuera secretario general del PSOE. El año que más facturó por las clases que daba apenas alcanzó al salario mínimo interprofesional. Nada de esto cuenta Peinado en su auto. Del supuesto beneficio que sacaron las empresas privadas que financiaron la cátedra no hay una sola prueba en el sumario tras 23 meses de investigación.

Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, cumple ya 23 meses imputada por cinco delitos en la causa penal que instruye Juan Carlos Peinado en el juzgado número 41 de Madrid. Su asistente, Cristina Álvarez, acumula 14 meses en parecida situación. El juez la investiga por tres delitos, entre ellos, el de apropiación indebida de un software que, según su abogado, intentó registrar la asistente a nombre de la Universidad Complutense. El mundo, al revés. “Un disparate”, según la defensa de la asistente.

La investigación del caso avanza entre sobresaltos. Al juez Peinado le han mostrado tarjeta roja por juego sucio más de diez veces en casi dos años de instrucción. El último rapapolvo anuló la decisión de seguir el procedimiento por el tribunal del jurado. Pero el juez sigue adelante con la causa, escarbando en todas las actividades de Begoña Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno, según dejó escrito en un auto convertido en símbolo de las investigaciones prospectivas que suelen rechazar los tribunales.

Muy pocas causas penales tienen un historial de anomalías durante la instrucción tan grosero: hubo imputaciones basadas en declaraciones que nunca se produjeron o motivadas por nombramientos que no hicieron los implicados. Tres altos cargos de Moncloa fueron imputados sin motivo, al igual que el rector de la Universidad Complutense o un directivo del IE.

A Peinado le quedan seis meses de trabajo antes de su jubilación forzosa porque cumple 72 años en septiembre. Pero antes concluirá la instrucción del caso para sentar en el banquillo a Begoña Gómez, según creen casi todas las partes involucradas en este proceso.

Los indicios de los cinco delitos atribuidos a la mujer del presidente y de los tres delitos que mantienen imputada a su asistente son vaporosos.

1 - Apropiación indebida

Una herramienta tecnológica de uso gratuito para pequeñas y medianas empresas fabricada durante las actividades de la cátedra –era uno de los objetivos para su creación– que nunca se inscribió a nombre de Begoña Gómez, como pudo comprobar la Universidad Complutense tras consultar al Registro de la Propiedad Intelectual. La esposa del presidente solo puso a su nombre, y por indicación de la propia universidad, el dominio web en el que se alojó la herramienta tecnológica.

Pese a que todos estos hechos han sido acreditados durante la investigación, el juez mantiene la imputación de Begoña Gómez y de su asistente por apropiación indebida. “Resulta sorprendente que se investigue como apropiación indebida el registro del software a nombre de Begoña Gómez, pero se atribuya una intervención en el hecho delictivo a mi patrocinada por intentar registrar el software a favor de la Universidad Complutense de Madrid”, se lamenta el abogado de Cristina Álvarez en el recurso. Y concluye: “Su participación va en la dirección contraria del delito. Es modélica, solo intervino en hechos tendentes a hacer lo correcto, es decir, registrar el software a favor de la Universidad Complutense de Madrid. Es como imputar por el atraco a un banco al policía que intervino deteniendo a los atracadores. Es un disparate”.

El fiscal del caso también censuró al juez por esta imputación a la asistente de Begoña Gómez: “La supuesta participación de Cristina Álvarez por mandar un correo a los órganos de la Complutense para abordar el tema de la cesión de derechos en favor de la universidad, que precisamente estaban tratando de realizar. No es serio ni racional, sino todo lo contrario, y es un caso, afortunadamente aislado en nuestro sistema judicial, de atribución de responsabilidad a un ciudadano de esta forma”.

2 - Tráfico de influencias

El juez se basa para investigar este delito en una carta de apoyo a una empresa privada firmada por Begoña Gómez en calidad de directora de cátedra en la Universidad Complutense. El empresario Juan Carlos Barrabés, que dio varias clases en esa cátedra, incluyó dentro de su oferta a un concurso público la carta firmada por Gómez junto a otras 31 de idéntica redacción, una de ellas firmada por un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP.

Ninguno de los trabajadores y altos cargos de Red.es que intervinieron en la adjudicación del concurso ha sido imputado, ni siquiera llegaron a declarar ante el juez para explicar los hechos.

3 - Malversación de fondos públicos

La asistente de Gómez la ayudó en algunos de los trámites relacionados con su colaboración en la Universidad Complutense de Madrid, como ha quedado acreditado por varias decenas de correos electrónicos que envió Cristina Álvarez a las autoridades universitarias en nombre de la mujer del presidente del Gobierno. El juez Peinado, que negó hace meses imputar a ambas mujeres por malversación de fondos públicos, corrigió su decisión y mantiene a Begoña Gómez y Cristina Álvarez imputadas por malversación de fondos públicos. El abogado de Gómez explica que “es habitual que en el horario laboral, los trabajadores hagan gestiones como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos”. “Difícilmente puede entenderse que, si esos trabajadores son funcionarios públicos, con ello se está cometiendo un delito de malversación de caudales públicos. Es una interpretación del Código Penal extraordinariamente extensiva y alejada de la realidad”.

Y añade: “Para que la posible dedicación de mi patrocinada a tareas privadas de doña Begoña Gómez fuese constitutiva de delito de malversación, sería necesario que doña Cristina 'cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada'. No consta dato ni indicio de que mi patrocinada haya desatendido sus funciones por haberse dedicado a tareas privadas de doña Begoña Gómez. Al contrario, ha cumplido con sus obligaciones de manera exquisita, con una dedicación intensa, prácticamente sin horario, y muy por encima de lo que cabría esperar por su escueto salario. Y no consta desatención ninguna de sus obligaciones”.

4 - Intrusismo profesional

Begoña Gómez propuso a la Universidad Complutense crear una cátedra entre cuyos objetivos estaba la investigación de aplicaciones informáticas que ayudarán a pequeñas y medianas empresas para mejorar su competitividad. Para desarrollar la nueva tecnología, de uso gratuito, Gómez logró la colaboración a favor de la universidad de las compañías Google, Telefónica e Indra. La directora de la cátedra firmó los pliegos de condiciones para adjudicar un contrato de consultoría vinculado a la nueva herramienta tecnológica. El juez Peinado sostiene que Gómez carecía de cualificación profesional para firmar esos pliegos de condiciones y la imputa por intrusismo profesional. Durante la investigación, el instructor pudo escuchar como la interventora de la Universidad Complutense declaró que las normas obligaban a que la directora de la cátedra, Begoña Gómez, firmase los pliegos de condiciones. Además, la asociación de Abogados del Estado contestó al juez que no había intrusismo profesional en aquellos hechos. Gómez sigue imputada.

5 - Corrupción en los negocios

Begoña Gómez dirigió durante cuatro años una cátedra en la Universidad Complutense y logró más de medio millón de euros en subvenciones al proyecto educativo público. En todo ese tiempo no cobró por su trabajo -preguntó, pero le contestaron que al no ser trabajador de la Universidad no podía recibir salario alguno-. Está imputada por corrupción en los negocios. Su actividad privada desde que inició su colaboración con la Complutense en 2012, según la investigación del juez Peinado, nunca le reportó unos ingresos anuales superiores al Salario Mínimo Interprofesional. Su abogado recordó al juez que la Cátedra de Transformación Social Competitiva “no era remunerada” y que los fondos de empresas privadas se obtuvieron para la Universidad Complutense y no para Begoña Gómez.

La investigación no halló en todo este tiempo de instrucción ni una sola prueba de intervención de Begoña Gómez en el amaño de contratos, ni de enriquecimiento ilícito, ni de hacer negocio con su actividad, por la que ingresó solo en el mejor de los años, el salario mínimo interprofesional. La Guardia Civil investigó el supuesto tráfico de influencias y elaboró un informe al comienzo de la causa que descartaba el delito. Pero el juez no hizo ni caso. La Audiencia Provincial, que avaló entonces seguir con la investigación, tampoco.

“No es serio ni racional, sino todo lo contrario, y es un caso, afortunadamente aislado en nuestro sistema judicial, de atribución de responsabilidad a un ciudadano de esta forma”. Palabra de fiscal.

El juez que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por delitos de tráfico de influencias y cohecho ha tomado declaración como testigo este lunes al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En el interrogatorio, que se ha prolongado durante una hora, el exdirigente socialista ha admitido dos reuniones en abril de 2024 con Leire Díez, pero ha desvinculado sus supuestas maniobras de la cúpula del PSOE, informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

El exdirigente socialista ha afirmado que accedió a encontrarse con la exmilitante porque ofrecía información sobre la brigada política del Partido Popular que podía ser “relevante” para el partido. En concreto, sobre unos audios en los que el comisario José Villarejo facilitaba al Gobierno de Mariano Rajoy datos sobre supuestos negocios de saunas del suegro de Pedro Sánchez.

Según su versión, la información no le pareció relevante porque ya estaba publicada en medios de comunicación, así que tampoco la reportó a Sánchez. Ante el juez, Cerdán ha asegurado que conoció a Leire Díez en la primera de esas reuniones, si bien ha admitido después que habló con ella tras salir de prisión el pasado noviembre porque lo llamó para preguntarle cómo se encontraba.

La Fiscalía atribuye a Leire Díez el “liderazgo” de un “plan delictivo” con el objetivo de desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de diversas investigaciones abiertas en causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE; y a la Fiscalía Anticorrupción, que ejerce la acusación pública en varios de esos casos. La investigación trata de determinar si actuaba por orden de la cúpula del partido o por iniciativa propia. En audios incorporados a la causa, Leire Díez se presentaba como la “mano derecha” en la sombra de Santos Cerdán. 

El pasado noviembre, en su declaración ante este mismo magistrado, la exmilitante socialista aseguró que mantuvo dos reuniones con Cerdán, pero dijo que fue como “periodista” y aseguró que no tiene ningún vínculo con el partido. El empresario Javier Pérez Dolset, por su parte, aseguró que él estuvo en las dos reuniones con Cerdán y dijo que en una estuvo presente el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, en aquellas fechas director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Hernando también ha comparecido este lunes ante el juez. Ha admitido haber mantenido en abril de 2024 una reunión de “20 minutos” con Leire Díez en la que, según su versión, ella le ofreció información de la brigada política del Partido Popular, han informado fuentes jurídicas. En concreto, sobre supuestas maniobras urdidas contra Pedro Sánchez para evitar que llegase a la Moncloa en 2017 y de las que se estaban haciendo eco algunos medios de comunicación. 

Hernando ha afirmado que en ese encuentro también estaban presentes Santos Cerdán, quien entonces era su número dos en la Secretaría de Organización del PSOE, Juan Francisco Serrano, el ex director de Comunicación del PSOE Ion Antolín y el empresario Javier Pérez Dolset, que fue quien situó a Hernando en esta reunión.

Según Hernando, fue citado por el departamento de Santos Cerdán dado que había participado en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la brigada política. Según su testimonio, Hernando, que entonces era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno, tampoco elevó a sus superiores en la Moncloa el contenido de esa reunión. 

El juez del caso Montoro, Rubén Rus Vela, ha acordado una prórroga de seis meses en la instrucción del caso Montoro y la práctica de nuevas diligencias solicitadas por la Fiscalía. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona explica que aún no ha citado como investigado al ex ministro de Hacienda con el Partido Popular y al resto de imputados porque la avalancha de recursos de las defensas, una vez levantó el secreto del sumario el pasado verano, ha ralentizado la instrucción.

Como recuerda el magistrado en su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, las actuaciones investigan hechos que podrían ser constitutivos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. “La investigación, sumamente compleja, ha puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico, que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes”, escribe Rus Vela.

La batería de diligencias solicitadas por Anticorrupción, y acordadas por el juez, van encaminadas a indagar en la estructura, titularidad real y flujos económicos de Equipo Económico y otras sociedades vinculadas. Reclama, por ejemplo, hojas registrales completas y las cuentas anuales desde 2008. La Fiscalía también reclama la “documentación” que acredite la prestación de servicios por parte de Equipo Económico o su heredera Global Afteli a las empresas gasísticas que están en el epicentro de la trama, así como copias de los contratos, facturas emitidas y documentos de pago.

La consultora Equipo Económico fue fundada en 2006 por Cristóbal Montoro en el periodo en el que dejó de ser ministro de Hacienda con José María Aznar y volvió a ejercer el cargo con Mariano Rajoy. En ese segundo periodo es cuando se produjeron las modificaciones legislativas referidas, con un trasiego de colaboradores de Montoro saltando de la consultora al Gobierno y viceversa. El ex ministro defiende que él no se benefició de los pagos a Equipo Económico por la patronal gasística porque ya no tenía vinculación con la consultora.

El juez explica que “en estos momentos” se está a la espera de que todas las partes personadas “queden plenamente instruidas en el contenido de las actuaciones, habiéndose otorgado plazos extraordinarios para interponer recursos”. “El levantamiento del secreto de las actuaciones –advierte el instructor– ha provocado la presentación de decenas de escritos, lo que ha provocado una gran dificultad para la diligenciación de los mismos”.

Por esta razón, además de retrasarse las citaciones se han pospuesto las decisiones respecto de las prácticas de diligencias solicitadas. Estas peticiones, que han de ser resueltos, aconsejan la prórroga dictada, añade Rus Vela. El magistrado recuerda que está pendiente de recibir un informe de la Agencia Tributaria. La causa contra Cristóbal Montoro y sus colaboradores arrancó en 2018 y permaneció secreta hasta el pasado verano de 2025, lo que ha provocado las peticiones de nulidad de las defensas, que alegan indefensión.

Alejandro Jurado, cap de Gabinet de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha estat citat a declarar com a investigat davant el Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma per les presumptes irregularitats en un procés de selecció de xòfer que va acabar béneficiant un familiar seu. La compareixença, juntament amb la d'aquest familiar, està prevista per al proper 24 de març.

La jutgessa li atribueix un delicte de prevaricació administrativa, si bé la querella inicial interposada contra ell per part d'un conductor i funcionari de carrera en l'administració autonòmica balear apunta també a la suposada comissió d'un delicte de tràfic d'influències.

Des de l'Executiu autonòmic insisteixen a assenyalar que es va tractar d'un nomenament per lliure designació i que el procediment es va ajustar a la normativa. El Govern assegura, a més, que ja ha remès a la Justícia tota la documentació requerida i que la mà dreta de Prohens acudirà a declarar “amb tranquil·litat” per “aclarir qualsevol dubte”. Juntament amb ell ha estat citat a declarar el seu familiar, que és fill d'un cosí seu.

La jutgessa, tal com ha avançat la Cadena Ser, interrogarà Jurado arran de la querella presentada pel funcionari -xòfer al Govern des de 2008 i amb més de tres dècades de trajectòria en l'administració-, qui acusa Jurado d'impulsar un canvi de regles a posteriori en el procés, celebrat a finals de 2023 i al qual van concórrer més de 200 aspirants, per a facilitar la contractació del familiar.

El querellant sosté que, després d'una primera baremació en la qual el candidat finalment escollit no hauria quedat en primer lloc, es van introduir modificacions a les bases per a obligar a presentar currículum i permetre que la selecció es resolgués en favor de “la persona que la Secretària General trobi més adequada”, un gir que, al seu parer, va transformar un concurs de mèrits en un procediment discrecional.

La denúncia afegeix que, per a justificar aquest canvi, es va aprovar una instrucció amb criteris per a seleccionar personal funcionari interí mitjançant oferta genèrica del BOIB, una eina que el denunciant considera “falça i tendenciosa” i dissenyada per reconduir el resultat.

El funcionari sosté que la maniobra va ser “il·legal, injusta i arbitrària” i subratlla que, després del nomenament, va ser acomiadat per Jurado com a conductor de la presidenta balear per “col·locar” en el seu lloc “un jove afí sense experiència”. Es tracta d'un episodi que el denunciant vincula amb un deteriorament de la seva salut mental, atès que arran dels fets pateix un quadre ansiós-depressiu.

En la primavera de 2024, quan a penes portava uns mesos treballant com a xòfer de la presidència autonòmica, el jove conductor presumptament béneficiat va estavellar el cotxe oficial mentre conduïa sol, segons va avançar Diario de Mallorca. Després de deixar Prohens a l'aeroport de Palma, el conductor va protagonitzar un accident que va deixar el vehicle completament sinistrat. Per aquest motiu, segons la querella, el vehicle va ser donat de baixa del parc mòbil del Govern.

La querella afegeix que aquesta situació va suposar un perjudici per a les arques públiques, ja que els vehicles oficials de l'administració pública se sufraguen amb els impostos de la ciutadania balear. Aquest accident provaria, segons el demandant, que el conductor presumptament béneficiat pel procés no reuniria els mèrits, aptituds i capacitats necessàries per a la prestació del servei de xòfer oficial.

Es dóna la circumstància que, a Extremadura, la presidenta autonòmica, María Guardiola (PP), tenia contractat com a xòfer al seu cosí, cessat el passat mes de desembre després de conèixer-se que havia estat condemnat per coaccions lleus a la seva exparella.

Alejandro Jurado, jefe de Gabinete de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha sido citado a declarar como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma por las presuntas irregularidades en un proceso de selección de chófer que acabó beneficiando a un familiar suyo. La comparecencia está prevista para el próximo 24 de marzo.

La jueza le atribuye un delito de prevaricación administrativa, si bien la querella inicial interpuesta contra él por parte de un conductor y funcionario de carrera en la administración autonómica balear apunta también a la supuesta comisión de un delito de tráfico de influencias.

Desde el Ejecutivo autonómico insisten en señalar que se trató de un nombramiento por libre designación y que el procedimiento se ajustó a la normativa. El Govern asegura, además, que ya ha remitido a la Justicia toda la documentación requerida y que la mano derecha de Prohens acudirá a declarar “con tranquilidad” para “aclarar cualquier duda”. Junto a él ha sido citado a declarar su familiar, que es hijo de un primo suyo.

La jueza, tal como ha avanzado la Cadena Ser, interrogará a Jurado a raíz de la querella presentada por el funcionario -chófer en el Govern desde 2008 y con más de tres décadas de trayectoria en la administración-, quien acusa a Jurado de impulsar un cambio de reglas a posteriori en el proceso, celebrado a finales de 2023 y al que concurrieron más de 200 aspirantes, para facilitar la contratación del allegado.

El querellante sostiene que, tras una primera baremación en la que el candidato finalmente escogido no habría quedado en primer lugar, se introdujeron modificaciones en las bases para obligar a presentar currículum y permitir que la selección se resolviera en favor de “la persona que la Secretaria General encuentre más adecuada”, un giro que, a su juicio, transformó un concurso de méritos en un procedimiento discrecional.

La denuncia añade que, para justificar ese cambio, se aprobó una instrucción con criterios para seleccionar personal funcionario interino mediante oferta genérica del BOIB, una herramienta que el denunciante considera “falaz y tendenciosa” y diseñada para reconducir el resultado.

El funcionario sostiene que la maniobra fue “ilegal, injusta y arbitraria” y subraya que, tras el nombramiento, fue despedido por Jurado como conductor de la presidenta balear para “colocar” en su lugar “a un joven afín sin experiencia”. Se trata de un episodio que el denunciante vincula con un deterioro de su salud mental, dado que a raíz de los hechos padece un cuadro ansioso-depresivo.

En la primavera de 2024, cuando apenas llevaba unos meses trabajando como chófer de la presidencia autonómica, el joven conductor presuntamente beneficiado estrelló el coche oficial mientras conducía solo, según avanzó Diario de Mallorca. Tras dejar a Prohens en el aeropuerto de Palma, el conductor protagonizó un accidente que dejó el vehículo completamente siniestrado. Por este motivo, según la querella, el vehículo fue dado de baja del parque móvil del Govern.

La querella añade que esta situación supuso un perjuicio para las arcas públicas, ya que los vehículos oficiales de la administración pública se sufragan con los impuestos de la ciudadanía balear. Este accidente probaría, según el demandante, que el conductor presuntamente beneficiado por el proceso no reuniría los méritos, aptitudes y capacidades necesarias para la prestación del servicio de chófer oficial.

Se da la circunstancia de que, en Extremadura, la presidenta autonómica, María Guardiola (PP), tenía contratado como chófer a su primo, cesado el pasado mes de diciembre tras conocerse que había sido condenado por coacciones leves a su expareja.

El alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce se mantiene en el cargo, a pesar del vendaval mediático que ensombrece su figura ante la denuncia de acoso sexual, malversación y tráfico de influencias que presentó el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo. “Si yo dimito, sería dar la razón a los que mienten y atacan”, ha dicho, al igual que mantendrá su puesto como senador del PP “para la defensa del campo de Gibraltar”.

En una entrevista concedida a Onda Cero, el regidor ha tildado de “montaje” y de “persecución personal” las acciones emprendidas por los socialistas, manteniendo que se le acusa “de algo que no he hecho”. “A día de hoy sigue sin haber ninguna denuncia presentada contra mí por parte de estas personas”, ha declarado este jueves, en donde ha añadido que él mantendrá la demanda interpuesta en el Juzgado nº 1 de Algeciras por “las barbaridades” que ha presentado la oposición.

El histórico dirigente de la ciudad también ha tenido unas palabras con respecto a las presiones que Marco Borrego, cargo de confianza de Landaluce, ejerció sobre una de las exconcejalas del Ayuntamiento que fueron supuestamente acosadas, a la que pidió que fingiera ante notario que padecía un “desequilibrio mental” para enterrar la polémica.

“El 3 de octubre de 2023 me mandó un correo electrónico el jefe de personal del Ayuntamiento, mi amigo Bernardo, que había mandado mi excompañera Laura Ruiz”, ha explicado, en donde aseguraba que lo vertido por el PSOE “era todo falso”. En cuanto a la reunión de la que hay grabaciones, ha simplificado su magnitud con que “no estaba” y, según lo transmitido por sus compañeros de partido, “querían dejarlo todo ordenado para seguir trabajando por Algeciras”.

Moreno Bonilla se pronuncia

Por su parte, el presidente de la Junta y líder del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, se ha pronunciado por primera vez este jueves sobre el caso del senador popular e histórico alcalde de Algeciras, denunciado por supuestos abusos sexuales a dos exconcejalas del Ayuntamiento, entre otros delitos.

Moreno ha marcado distancias con Landaluce, que hasta el mes pasado era un “referente” en el partido, y ha asegurado que su formación carece de “instrumentos de presión” para precipitar su dimisión como alcalde de Algeciras, la décima ciudad más poblada de Andalucía. “Landaluce no es miembro de nuestro partido. Nosotros no tenemos ningún instrumento de presión sobre él”, ha dicho el presidente de la Junta, ante una nube de periodistas en los pasillos del Parlamento, donde este jueves se aprueban los últimos Presupuestos Autonómicos de la legislatura.

A Moreno le ha tocado romper el silencio en el que se ha envuelto el PP desde que, el pasado miércoles, El Correo de Andalucía publicó una grabación donde se escucha a un dirigente popular, Marcos Borrego, presionar a una exconcejal del Ayuntamiento para que finja por escrito y ante notario que padecía un “desequilibrio mental” cuando difundió los mensajes de Whatsapp de dos compañeras del Consistorio que denunciaban tocamientos y abusos por parte de Landaluce.

“Presión y chantaje”

Los audios han salpicado al PP de Moreno el día que tocaba presumir de estabilidad con la aprobación de unos Presupuestos récord con 51.600 millones de euros. Diputados de todos los partidos de la oposición que han pasado por la tribuna del Parlamento han afeado a los populares sus maniobras “mafiosas” y “de presión y chantaje” sobre las mujeres para que aparezcan como “locas” para proteger a “acosadores y machistas”.

El presidente de la Junta y líder del PP andaluz ha recordado que Landaluce pidió la suspensión de militancia la semana pasada, cuando el PSOE formalizó la denuncia ante la Fiscalía por los casos de abusos, abandonó sus cargos orgánicos -dimitió como presidente del PP de Algeciras- y se pasó al grupo mixto del Senado. “Se ha pasado al grupo mixto en el Senado. La dirección provincial de Cádiz es la que tiene relación directa con él y la que habla con él”, ha subrayado Moreno, apresuradamente, a la entrada del salón de Plenos del Parlamento.

Las relaciones, cortadas

Fuentes de la dirección del PP andaluz aseguran que han “cortado” relaciones con Landaluce desde hace una semana, que el histórico alcalde lleva días llamando a dirigentes del entorno del presidente, pero “no le cogen el teléfono”. Aunque Moreno ha asegurado que el PP carece de instrumentos de presión para forzar la salida de Landaluce del Ayuntamiento, en realidad el partido cuenta con 12 concejales que podrían impulsar una moción de censura contra su jefe de filas.

En el PP descartan esta hipótesis porque supondría abrir una “guerra civil” en una ciudad de mucho peso -con 125.000 habitantes-, capital para los intereses de Moreno en las elecciones autonómicas que se celebran dentro de unos meses. Landaluce lleva dos décadas gobernando Algeciras, encadenando cinco mayorías absolutas y sólo un periodo de gobierno coaligado con Ciudadanos. Su control del partido en su municipio, y las afinidades de sus concejales, hace que la opción de una rebelión interna impulsada desde la dirección del PP de Cádiz para forzar una moción de censura sea difícil de imaginar.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, suspendido temporalmente de militancia en el PP por la denuncia presentada contra él por el PSOE ante el Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación y acoso o abuso sexual, ha recibido el respaldo de una de las mujeres que supuestamente sería una de las víctimas. Susana Pérez Custodio (PP), teniente de alcalde en el Ayuntamiento algecireño y también presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, ha defendido al regidor y lanzado un mensaje rotundo: “No soy víctima de nada”.

Así lo ha señalado Pérez Custodio en una entrevista en la Cadena SER del Campo de Gibraltar, en la que ha recordado que ya hace un año negó estas acusaciones junto a su por entonces compañera y hoy delegada provincial de Salud, Eva Pajares, que sería la segunda mujer víctima de estos abusos. En aquel entonces, ambas expresaron su “indignación” y subrayaron la “falsedad” de unas denuncias que se hicieron públicas al trascender unos pantallazos de WhatsApp.

“Vuelvo a desmentirlo todo al igual que hice hace un año”, ha señalado en la entrevista, subrayando que “claramente es un caso político” y no judicial“. ”No me siento víctima de nada y mi decisión y mi intimidad deben estar por encima de los juegos políticos“, ha insistido, haciendo una defensa cerrada del regidor y de todo el equipo de gobierno algecireño. ”Hay que respetar el honor y la intimidad“, al tiempo que ha lamentado la ”falta de ética enorme“ en un caso por el que apunta directamente al PSOE.

“Persona trabajadora y honrada”

Asimismo, ha negado que su nombramiento en 2023 como presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar fuese el pago por su silencio tras filtrarse los primeros rumores sobre este caso. “Estoy aquí por mi trabajo, lo he demostrado durante casi 15 años y no me no me hicieron presidenta de la Mancomunidad para tapar a nadie ni para tapar nada”, asegurando que “me da mucha pena que siga habiendo personas que piensen que me ascendieron para callarme”.

Concejal del Ayuntamiento de Algeciras desde 2011, Pérez Custodio ha definido a Landaluce como “la persona más trabajadora y honrada políticamente que conozco”. Y en cuanto al posible futuro del regidor, confía en que no dimita y que como mínimo agote el mandato, “ojalá lo hiciera porque es el mejor alcalde que ha tenido nuestra ciudad”.

“Creo que todo este caso es un intento de desvío” de la atención sobre la labor del Ayuntamiento, “no quiero entrar en este juego de montaje de falsedades”. “Lo que quiero y para lo que estamos aquí es para trabajar y espero que algunas personas se paren, valoren, piensen y nos dejen seguir trabajando, que es para lo que los ciudadanos nos han elegido en las urnas”.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha registrado formalmente su baja como senador del Grupo Popular después de que él mismo suspendiera temporalmente su militancia por la denuncia presentada contra él por presuntos delitos de malversación y acoso o abuso sexual, según han informado a Europa Press fuentes populares. La decisión habría sido forzada por la dirección del PP del partido, aunque por ahora se mantiene como regidor.

El propio Landaluce anunció esta semana su suspensión temporal de militancia del PP para defender su honor ante la denuncia presentada por el PSOE en el Tribunal Supremo por malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. La denuncia se presentó el martes, aunque fue anunciada hace meses por los socialistas sin que llegara a ejecutarse.

José Ignacio Landaluce lleva siendo senador popular desde 2016 y en esta legislatura era presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, además de vocal en otras cinco comisiones parlamentarias. Las mismas fuentes han precisado que corresponde a él decidir si mantiene el acta como senador o renuncia a él, aunque por lo pronto pasa al Grupo Mixto en la Cámara Alta.

Presidente del PP local

No obstante, este jueves estuvo sentado en su escaño dentro del grupo popular, a pesar de que ya no es militante del partido. Su petición de baja como militante llegó al partido ese mismo jueves, tal y como confirmaba el secretario general del PP andaluza, Antonio Repullo, que no aclaró si se va a abrir una investigación interna para aclarar lo ocurrido con el que hasta ahora era presidente del PP local y vocal de la junta directiva autonómica.

En una nota, Landaluce precisó que para poder defenderse mejor ante las acusaciones renunciaba a sus cargos orgánicos, pero no lo hacía a sus cargos institucionales como alcalde de Algeciras y como senador. Sin embargo, el PP ha forzado ahora la marcha del Grupo Popular tras registrar su baja.

En cualquier caso, el alcalde de Algeciras sigue denunciando que la actuación del PSOE “obedece a un puro oportunismo político, buscando aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido para reactivar acusaciones infundadas con el objetivo de desgastar al Gobierno municipal”.

De forma inesperada, el PP dejó de controlar este miércoles el gobierno de la décima ciudad de Andalucía. Al menos en teoría. Tras difundirse una denuncia por “acoso y/o abuso sexual”, malversación y tráfico de influencias interpuesta contra él por el PSOE el martes (pero anunciada sin ejecución desde hace meses), el alcalde Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, anunció por sorpresa que había solicitado la suspensión de militancia del partido.

Esto supone, automáticamente, la renuncia a sus cargos orgánicos en el PP local (del que era presidente) y andaluz (vocal de la Junta Directiva Autonómica). Para hacerse efectiva, sin embargo, el Comité de Garantías del partido debe ejecutar esa suspensión temporal de afiliación. Consultado por este periódico, la dirección regional del PP andaluz no ha confirmado que haya recibido ni que haya tramitado la solicitud por escrito de Landaluce, quien sí retiene sus cargos institucionales, como alcalde y senador.

Landaluce es regidor de Algeciras (124.978 habitantes) desde hace 14 años, cuando se alzó con una mayoría absoluta que sólo perdió momentáneamente de 2019 a 2023, cuando tuvo que apoyarse en Ciudadanos y un concejal de Vox. Algeciras, que alberga el mayor puerto de contenedores del Mediterráneo Occidental, era hasta 2011 un bastión para socialistas y andalucistas, que se habían repartido los gobiernos municipales en las tres décadas previas de democracia.

No es un alcalde más, porque Algeciras no es un municipio más, ni de Andalucía ni de Cádiz. Landaluce, que hoy tiene 66 años, se inició la política institucional en 1987. Tuvo que esperar casi un cuarto de siglo para ser alcalde, y ahí empezó a forjar un poder orgánico de la mano de otros referentes históricos del PP andaluz como Javier Arenas (presidente del partido en Andalucía por entonces), Antonio Sanz (hoy consejero de Presidencia y mano derecha de Juan Manuel Moreno en el Gobierno andaluz) o Teófila Martínez (exalcaldesa de Cádiz y hoy presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz).

Este peso se refleja también en los cargos supramunicipales que ha ido ostentando en la última década. Médico de profesión, sigue siendo senador y antes fue diputado en tres legislaturas.

Una renuncia limitada

En el comunicado remitido tras conocerse la denuncia contra él, Landaluce señala que “renuncia” a sus cargos en el PP, y también que suspende su militancia, tras una reflexión “sincera y dolorosa”, para no dañar al partido.

Los estatutos del PP no contemplan que un militante pueda solicitar la baja voluntaria. La suspensión de militancia es una sanción impuesta por la dirección del partido que dura más o menos, en función de la gravedad que cometa el afectado. No obstante, sí existen antecedentes notorios de dirigentes que, viéndose incursos en investigaciones judiciales, solicitaron la baja del partido (para evitar la apertura de un expediente sancionador por parte de la dirección) y el PP la aceptó: el exministro Rodrigo Rato y el expresidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar.

En el caso de que el afiliado sea aforado (como Landaluce, por su condición de senador), la competencia “exclusiva y excluyente” para instruir y resolver el expediente corresponde al Comité Nacional de Derechos y Garantías, de oficio o a propuesta del Presidente Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional.

Se trata de una renuncia de eficacia militada, o un paréntesis de militancia con el cierre abierto. La dimisión no abarca a su cargo de senador ni la alcaldía, y su equipo municipal sigue siendo el mismo. El PP aclaró este miércoles que Landaluce seguía en el grupo parlamentario del Senado y que “de momento, no hay ningún cambio”. Landaluce es presidente de comisión, lo que eleva sus ingresos en 1.670,90 euros por 14 pagas: 23.392 euros más al año hasta superar los 110.000 euros anuales.

Desde Bruselas, y antes de conocer la dimisión de Landaluce de sus cargos en el PP, el presidente Moreno dijo que desconocía la denuncia, y pidió esperar a las “explicaciones” de Landaluce: “Vamos a esperar a que se posicione el alcalde, que es el afectado”.

Cuando los mensajes se difundieron, en octubre de 2024, Feijóo aseguró que la dirección nacional del PP había hablado con él “automáticamente”, y que el asunto quedó aclarado, aunque luego la dirección nacional remitió a la andaluza. “Cualquier tipo de denuncia que haya sobre mi partido tenemos que investigarla”, dijo entonces Feijóo en una entrevista radiofónica. Su entonces secretaria general, Cuca Gamarra, explicó que se había activado “de manera inmediata” el protocolo interno (y secreto) sobre acoso, “como no puede ser de otra manera”. Y zanjó delegando la gestión del caso al PP de Moreno: “Se preguntó a esas dos mujeres, se puso en contacto la dirección del PP en Andalucía, en Cádiz, para conocer la veracidad y que ellas pudieran explicarse”.

Ahora el caso llega a Fiscalía, que aún no ha admitido la denuncia abriendo diligencias de investigación preprocesal.

Denuncia por acoso, malversación y tráfico de influencias

La denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo da cuenta del presunto acoso sufrido en 2021 por dos exconcejalas del PP en Algeciras, que no han denunciado. De ese acoso habría indicios en varias capturas de pantalla, que fueron difundidas y luego borradas por Luis Alvise Pérez en octubre de 2024, y a las que aludieron las concejalas socialistas Rocío Arrabal e Isabel Berenoso en una rueda de prensa en febrero de este año. En aquella comparecencia anunciaron que trabajaban en una denuncia que se ha materializado ahora.

Además, la denuncia del PSOE apunta a la presunta malversación por la contratación de una de las dos exconcejalas del PP como cargo eventual del Ayuntamiento hasta mayo de este año, y en una residencia de mayores, pública pero de gestión privada, a partir de entonces. Según las socialistas, ambas contrataciones serían el pago por su silencio.

El alcalde sostiene que es inocente, cree que está siendo “acosado, utilizado y perseguido” por el PSOE y promete defenderse con una querella contra Arrabal y Berenoso si no rectifican. Ya anunció querellas tras la rueda de prensa de febrero. “Después de todos estos meses no ha denunciado a nadie ni se ha querellado contra nadie”, observan desde el PSOE algecireño. Este miércoles sí ha tenido lugar un acto de conciliación, previo a la posible interposición de una demanda civil, que ha terminado sin acuerdo.

Landaluce atribuye la denuncia al “oportunismo político” de los socialistas, que llevaban meses amagando con interponerla. Martín sostuvo también esta interpretación, señalando que “huele de entrada a un intento de convertirlo en una cortina de humo”.

Su anuncio de renuncia a la militancia, ocurrida antes incluso de que la Fiscalía abra diligencias preprocesales para investigar el relato del PSOE, cogió al PP con el pie cambiado. Toni Martín, portavoz del PP en el Parlamento andaluz, valoró que “la mejor estrategia” de defensa en casos como este es “abandonar el cargo que se tenga y poder defenderse desde fuera”, pero dijo desconocer si alguien dentro del partido le había sugerido hacerlo.

Réplica de Sánchez al PP en el Congreso

Para el PP, esta convulsión llega en un momento político muy inoportuno, cuando aspira a recuperar un voto femenino desencantado por la ineficaz gestión del PSOE ante casos de presunto acoso machista dentro del partido.

Los populares habían acudido a la sesión del control al Gobierno de Sánchez de este miércoles con preguntas sobre Francisco Salazar, exasesor de Moncloa y Ferraz y una frase muy dura apuntada por el propio Feijoo: “Las lecciones de feminismo se las han debido de explicar en los prostíbulos”. También este miércoles se conoció una denuncia de una mujer por acoso sexual contra el Presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé.

El propio Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se defendió con el caso de Landaluce, adelantado por la Cadena Ser apenas una hora antes de su respuesta, poniéndolo de ejemplo de la supuesta tolerancia del PP ante el machismo en sus filas. “¿Qué es lo que han hecho ustedes en un supuesto caso de acoso en Algeciras con el alcalde de Algeciras, o el alcalde de Estepona?”, preguntó a Alberto Núñez Feijoo.

El caso de Landaluce ya llegó a las Cortes el pasado febrero. La ministra de Igualdad Ana Redondo fue interpelada por una la senadora del PP sobre el caso Monedero. Redondo se negó a dar explicaciones sobre un supuesto caso que afectaba a un militante de un partido que no integra el Gobierno, y sacó a colación el caso del alcalde algecireño, diciendo sentir “curiosidad” por si el PP le había aplicado algún protocolo anti-acoso. La mención soliviantó a Landaluce, que estaba presente y pidió la palabra para recordar que él no había sido denunciado.

La mención de Sánchez al caso de José María García Urbano en Estepona también tiene aristas. Un juez instructor ha acumulado durante un año “indicios suficientes” de que el alcalde esteponero contrató para el Ayuntamiento a una “amiga íntima” que no fue nunca a trabajar, creando una “mera ficción jurídica”. El regidor enfila ya el banquillo por un delito de malversación. En cambio, el juez archivó la investigación por acoso sexual abierta tras la denuncia de esa misma mujer. Tras ese archivo, la mujer interpuso una denuncia de violencia contra la mujer ante un juzgado de Córdoba. El alcalde, nuevamente investigado en esta causa, se negó a declarar ante el juez, que ahora está a la espera de recabar documentación, según fuentes del caso.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace más de un año y medio a Begoña Gómez, ha dictado un nuevo auto en el que anuncia la nueva fase de su instrucción contra la mujer del presidente del Gobierno, que no anticipa un final próximo. Ahora, Peinado cita a nueve testigos, dicta una amplia lista de diligencias por practicar e imputa a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judith Alexandra Gómez, por el hecho de que ocupa el mismo puesto que Félix Bolaños cuando fue contratada Cristina Álvarez, asistente de Gómez también imputada.

El nuevo movimiento del instructor llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid rechazara su pretensión de dividir en dos el procedimiento, lo que habría derivado en sendos juicios por el tribunal del jurado. Y también después de que anunciara una prórroga de la investigación contra Begoña Gómez hasta abril de 2026 a pesar de que una vez transformado un procedimiento en la vía del tribunal del jurado no caben prórrogas de causas como las que se decretan en uno ordinario, tal y como le tuvo que informar la Fiscalía en un escrito. Con el auto, Peinado decide sobre las diligencias que le solicitaron las partes en las dos vistas que celebró por el procedimiento del jurado y a las que los investigados evitaron a acudir, acogiéndose a su derecho.

El magistrado, que mantiene imputado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martínez, y que lo intentó con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se fija ahora en la alto cargo que desempeña en la actualidad el puesto que tuvieron los dos anteriores en la Presidencia del Gobierno. En esta última resolución, la cita como investigada para el próximo 12 de noviembre en el juzgado. En esa comparecencia, le comunicará que también corresponde continuar el procedimiento contra ella por una vía que, de prosperar, desembocará en un juicio con jurado popular, al igual que ha hecho con el resto de investigados: la propia Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el citado Francisco Martínez.

En esta nueva batería de diligencias, el juez acuerda indagar en las agendas de la esposa de Sánchez y su asistente. Reclama a la Moncloa que se las facilite y anuncia que después trasladará esa documentación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que realice un informe que determine si las citas, reuniones, traslados o viajes de ambas —o sólo de la asesora— estaban relacionados con “actividades personales o profesionales” de Begoña Gómez.

También reclama a la Secretaria General de Presidencia del Gobierno que le informe sobre “todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno”, tal y como había reclamado la defensa de Begoña Gómez. Pide igualmente que esa información vaya acompañada de la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo, así como el número de asistentes nombrados “de forma simultánea” a cada cónyuge. El juez Peinado exige los pasaportes de la mujer del presidente del Gobierno y su asesora para conocer sus viajes internacionales.

Respecto a la asesora, exige su certificado de su vida laboral; sus datos salariales actualizados, con el detalle de sus nóminas mensuales, complementos, costes sociales y cualquier variación de su relación de servicios. En el absoluto escrutinio del trabajo de la asistente de Gómez, el juez Peinado requiere a cuatro empresas y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales para que le remitan “todos los correos, whatsapp o cualquier otras comunicaciones escritas que pudieran existir desde el 16 de julio de 2018 hasta fecha actual” entre Cristina Álvarez y ellos, tanto por whatsapp como por correo electrónico.

El juez Peinado rechaza en su auto la petición de la acusación popular, formada por varias organizaciones de extrema derecha, para citar al presidente del Gobierno. Entre los testigos que acepta interrogar Peinado está el vicerrector de la Complutense que aportó los correos con la asistente de Begoña Gómez pese a que ya le tomó declaración.

El juez Juan Carlos Peinado acordó la semana pasada derivar ante un segundo jurado popular la parte principal de la investigación abierta contra Begoña Gómez, en la que indaga en su actividad en la Universidad Complutense y sus relaciones con el empresario Juan Carlos Barrabés. El magistrado ha citado este lunes a la esposa del presidente del Gobierno, a su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, y a Barrabés para comunicarles formalmente que si finalmente se sientan en el banquillo por los cuatro delitos que les atribuye será un tribunal formado por ciudadanos quien determine si es o no culpable. 

Días antes, el magistrado había decidido dirigir hacia esta misma vía la parte de la causa centrada en la supuesta malversación por las labores realizadas por la asesora de la Moncloa que asiste a la mujer del presidente del Gobierno. La decisión de anticipar un segundo posible juicio con jurado popular es el último movimiento del juez en las pesquisas que abrió hace casi un año y medio tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias sustentada en informaciones de prensa, algunas directamente falsas. 

Al margen de la citada malversación, la pieza principal acumula varias ramificaciones sin que en la investigación conocida hasta ahora consten pruebas de los delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo que investiga el magistrado, en los que considera “fundamental” la “relación de parentesco” con el jefe del Ejecutivo. De hecho, en el sumario se agolpan los documentos y testimonios que descartan las sospechas del magistrado, que ha ido expandiendo la causa apoyado en las acusaciones de extrema derecha mientras la Fiscalía ha llegado a acusar al magistrado de actuar con “gran sonoridad” pero sin “respaldo jurídico”.

Corrupción y tráfico de influencias

La denuncia que dio origen a la causa acusaba a Begoña Gómez de beneficiar al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet adjudicatario de contratos públicos que colaboraba en la cátedra que ella codirigía en la Universidad Complutense. Según Manos Limpias, el empresario y la UTE de la que participaba se vieron beneficiados en un contrato de 8,3 millones por las “cartas de recomendación” que recibió de la mujer del presidente. 

En realidad, Begoña Gómez, como codirectora de esa cátedra, firmó una declaración de interés que Barrabés presentó en ese concurso, donde acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. La UCO no halló “elementos diferenciadores” que apunten a que las adjudicaciones de Red.es a Barrabés se hubieran valorado de forma distinta a otros expedientes semejantes por el “impacto” de esas cartas, aunque la Audiencia Provincial sí avaló seguir adelante con las pesquisas. 

La Fiscalía Europea acabó asumiendo esa parte de la investigación al constatar que los contratos habían sido financiados en parte con fondos europeos. Un informe de la Intervención conocido esta semana detalla las múltiples irregularidades en el sistema de contratación usado por Red.es en el contrato adjudicado a Barrabés, pero no recoge prueba alguna de que la carta firmada por Begoña Gómez influyera en la adjudicación. 

Cuando perdió el control de esa parte de las pesquisas al hacerse cargo la Fiscalía Europea, Peinado optó por investigar si Begoña Gómez podría haber tenido algún tipo de influencia en los otros contratos públicos con distintas administraciones que obtuvo una empresa de Barrabés por 21 millones de euros. Por el momento, no ha aflorado ningún indicio de que la esposa del presidente interviniera en esas licitaciones.

En un escrito reciente, la defensa de Begoña Gómez afirma que analizar todos los contratos de Barrabés con distintas Administraciones Públicas es “una investigación ciertamente exorbitante que roza las notas propias de una investigación prospectiva”. “Es algo similar a si en relación con la comisión de un delito de falsedad documental por parte de un ciudadano se investigara todos los documentos emitidos por el mismo para determinar si otros delitos de falsedad han podido ser cometidos”, escribe su letrado, Antonio Camacho. 

Uno de los últimos escritos de la Fiscalía aportados al sumario trata de rebatir también el mantra de los “negocios privados” de la mujer del presidente del Gobierno al que aluden de forma insistente las acusaciones de extrema derecha que sustentan la causa. El fiscal cifra en 40.000 euros el dinero que Begoña Gómez cobró en una década, entre 2012 y 2022, como codirectora de un curso y dos másteres en la Complutense. De ellos, 8.123 los percibió en los años previos a que Pedro Sánchez llegara a la Presidencia del Gobierno, en 2018. Por la cátedra, que es la actividad de la que derivan parte de las investigaciones del juez Peinado, no recibía remuneración alguna. 

Apropiación indebida

En relación con su actividad profesional en la Complutense, el juez admitió en octubre de 2024 una querella de la asociación ultra HazteOir. La querella acusaba a Begoña Gómez de apropiarse de un software que fue desarrollado gratuitamente para la cátedra y el máster de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Complutense entre 2020 y 2022. Por el juzgado han pasado más de una decena de responsables de la universidad y directivos de tecnológicas y del Ibex que patrocinaron la cátedra y sus testimonios no han corroborado esas acusaciones. 

La herramienta fue sufragada con fondos de Indra (128.442 euros) y Google (110.000 euros). Pero, al menos hasta la fecha, las acusaciones no han podido probar que Gómez hiciera negocio con ese software. Tampoco que las empresas que la financiaron hayan conseguido trato preferente alguno en sus relaciones con la Complutense. 

La defensa de Begoña Gómez viene alegando que el término Transformación Social Competitiva fue ideado por ella y que propuso a la Complutense que fuera utilizado en la cátedra y alguno de los másteres que impartía. El abogado Antonio Camacho afirma en uno de sus últimos escritos que solo registró el logo de la página web para evitar que fuera incorrectamente utilizado. En la investigación ha quedado acreditado que nunca registró esa marca en el Registro de la Propiedad Intelectual. Y también consta un correo, del 7 de septiembre de 2022, en el que desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense se le daban indicaciones sobre el registro de la web que daría acceso a esa herramienta gratuita. 

La Fiscalía, por su parte, cree que esta acusación se ha “desvanecido” como consecuencia de los correos que constan en el sumario y que “ponen de relieve las explicaciones de cómo se tenía y cómo se quería registrar [el software] y los trámites iniciados”. “No se ha apropiado de ningún software. No existía ningún ánimo de lucro”, escribe el fiscal José Manuel San Baldomero, que recuerda que en el convenio de la cátedra figura que la creación de ese software era una de las “ideas principales” de la cátedra. El software era una herramienta tecnológica para que las empresas, especialmente las pymes, pudieran integrar el impacto social y ecológico en su estrategia de negocio.

Intrusismo

HazteOír también acusó a Begoña Gómez de un delito de intrusismo por supuestamente haber redactado y firmado pliegos para un contrato de servicios a la cátedra relacionado con esa misma herramienta tecnológica sin tener la titulación técnica requerida. Sin embargo, en la causa ha quedado acreditado que fueron responsables de la Complutense y el propio gerente quienes indicaron que esos pliegos debían ser firmados por un responsable de la cátedra. Además, la Interventora de la Complutense declaró que, de acuerdo a la normativa, Begoña Gómez era la que tenía que firmar los pliegos dado que era jefa del departamento. 

“Ni parece un caso de índole penal y no existe elemento doloso por ningún lado, pareciendo a lo sumo una irregularidad administrativa”, sostiene el fiscal. También en uno de sus últimos escritos, la defensa de Begoña Gómez recuerda que están aportados a la causa diversos correos electrónicos remitidos por responsables de la Universidad por los que se insta a la mujer de Pedro Sánchez a que se firmen los citados pliegos de prescripciones técnicas con cierta prontitud, ya que terminaba el año natural y ello podía tener problemas desde el punto de vista presupuestario. 

El magistrado emérito del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibañez, voz reconocida por su trayectoria jurídica, se refiere al 'copia y pega' del auto del juez Juan Carlos Peinado como “una apropiación subrepticia del trabajo ajeno”. elDiario.es reveló este jueves que Peinado plagia de un artículo de un catedrático publicado en una revista jurídica toda la argumentación teórica de su auto respecto de la conexión entre los cuatro delitos que atribuye a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés en la pieza principal del caso.

Para sustentar su tesis, Peinado hace un copia y pega de un artículo titulado “Las causas de conexión penal y su aplicación tras la reforma operada por la ley 41/2015”. El autor de ese artículo es el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba Ignacio José Cubillo López y fue publicado en una revista jurídica de la Universidad de Deusto en diciembre de 2017. El auto de Peinado cuenta con nueve páginas, de las que una y media son una copia prácticamente literal del citado artículo. En concreto, gran parte del fundamento de derecho tercero de la resolución es una reproducción del citado artículo académico, que analiza en profundidad el concepto de conexión delictiva en el derecho procesal penal español, especialmente tras los cambios introducidos en 2015 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Consultado por elDiario.es, Perfecto Andrés Ibañez afirma: “Hay países donde las sentencias están cargadas de nombres y citas y alguno en el que están prohibidas. Lo primero no me gusta porque da a las resoluciones el aire de artículos de opinión. La aportación de los autores es fundamental como fuente de conocimiento, y es legítimo asumir ideas que están en el debate doctrinal. Pero otra cosa es la apropiación subrepticia del trabajo ajeno por el tosco procedimiento de 'cortar y pegar'. Cuando se hace esto, como cuando se toma directamente una tesis o un punto de vista original, hay que decirlo”.

El magistrado emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo culmina su reflexión con una ironía: “De todas formas, en este caso quizá no hacía falta [mencionar al autor], porque leer en una resolución de Peinado 'teleológica y hermenéutica' era toda una pista”.

Por su parte, el autor del artículo ha declinado entrar en polémicas. Consultado por este periódico, el catedrático de la Universidad de Córdoba Ignacio Cubillo dice que “hubiera preferido” que el auto aludiera a la fuente. “He de decir que ni en los escritos forenses ni en las sentencias resulta muy frecuente la cita precisa de donde provienen las ideas; entiendo que debería ser de otro modo, pero sucede en no pocos casos. Los profesores de Derecho nos dedicamos a estudiar a y explicar las normas jurídicas, y que nuestros estudios con frecuencia se centran en analizar los problemas que presenta la aplicación de tales normas”, añade Cubillo.

Los jueces y tribunales que sí citan

Los jueces y fiscales españoles citan jurisprudencia y doctrina a diario en cientos de escritos, autos y sentencias. Es más habitual que refuercen sus argumentos aludiendo a otras decisiones anteriores de tribunales como el Supremo o el Constitucional, pero también recurren a catedráticos y juristas para apuntalar su criterio, siempre citando la fuente aunque sea un estudioso del derecho y no una sentencia de otro juez o una circular de la Fiscalía General del Estado. 

Lo hizo el Tribunal Supremo en una de las resoluciones más relevantes de su Sala de lo Penal en este año: la cuestión de inconstitucionalidad que presentó contra la ley de amnistía y que será rechazada la semana que viene por el Constitucional. En ese documento de 49 páginas, el Supremo citó a un total de 14 catedráticos de distintas ramas del derecho de universidades de todo el país. Desde profesores de Filosofía de la Universitat Oberta de Catalunya a constitucionalistas de la Universidad del País Vasco, pasando por la UNED, la Universidad de Cantabria o la Pompeu Fabra. 

Citar las fuentes doctrinales y jurisprudenciales, aunque como en este caso no sean una sentencia, sino un experto académico, es habitual también en otros tribunales territoriales. Audiencias Provinciales como las de Málaga o Valencia lo han hecho varias veces en los últimos meses, así como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ramón Durán Rivacoba, Alberto Tapia Hermida o Manuel J. Marín López figuran en diversas sentencias dictadas recientemente. 

El Tribunal Constitucional otorga máxima importancia a las citas jurisprudenciales con las que se refuerza un recurso o una demanda. Hasta tal punto que el año pasado apercibió a un abogado por trufar su recurso con hasta 19 citas falsas.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace un año y medio a Begoña Gómez, ha copiado párrafos enteros de un artículo de una revista jurídica para fundamentar una de sus últimas resoluciones. El magistrado reproduce esos fragmentos sin citar la fuente y los utiliza para argumentar que un mismo tribunal del jurado juzgue los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional que atribuye a la esposa del presidente del Gobierno en la pieza principal de la causa. 

En esa resolución, el magistrado alude directamente a Pedro Sánchez y afirma que la “relación de parentesco” entre ambos “es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias y, como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos”. Para sustentar esa tesis, Peinado hace un copia y pega de un artículo titulado “Las causas de conexión penal y su aplicación tras la reforma operada por la ley 41/2015”. El autor de ese artículo es el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba Ignacio José Cubillo López y fue publicado en una revista jurídica de la Universidad de Deusto en diciembre de 2017. 

El auto de Peinado cuenta con nueve páginas, de las que una y media son una copia prácticamente literal del citado artículo. En concreto, gran parte del fundamento de derecho tercero de la resolución es una reproducción del citado artículo académico, que analiza en profundidad el concepto de conexión delictiva en el derecho procesal penal español, especialmente tras los cambios introducidos en 2015 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Peinado copia el párrafo en el que figura que la nueva regulación “deja bastante margen de discrecionalidad al juzgador para decidir si procede acumular o separar el enjuiciamiento de varios delitos conexos” y que “desde que se aprobó la reforma, se han dictado varias resoluciones en las que se aplica ese precepto, con uno y otro resultado”. 

En la parte superior de la imagen, en azul, el texto original del artículo de Cubillo López; en la parte inferior, superpuesto, ese mismo texto, plagiado, en el auto del juez Peinado.

Sobre la base de este artículo, Peinado sostiene que el enjuiciamiento conjunto de estos delitos es imprescindible, dado que el presunto delito de tráfico de influencias es la “causa fundamental” de los demás delitos investigados (corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo). Según el juez, un enjuiciamiento por separado llevaría a la “ruptura de la continencia de la causa”. Este planteamiento se corresponde con el concepto de “conexidad necesaria” al que hace alusión el artículo académico. 

En este caso, Peinado completa el asunto nuclear del auto con el copia y pega al artículo del profesor Cubillo López. El autor real cita la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se basa la argumentación para, a continuación, trasladar una reflexión que se antoja impropia en Peinado: “De esa redacción, debe extraerse como interpretación teleológica y hermenéutica de la misma que, comprende varios supuestos de conexidad, y ello, nos lleva a que haya que tener presente que, en ocasiones se ha distinguido entre conexidad material o sustantiva y conexidad procesal y también entre conexidad necesaria y convexidad de conveniencia o de economía procesal”.

Críticas a la falta de motivación

Una crítica recurrente a la labor de instrucción de Peinado es la falta de motivación en los autos, esto es, la resoluciones que deben ser razonadas por un juez. En ocasiones, Peinado utiliza la fórmula de la providencia, algo irregular según destacan fuentes jurídicas. En otras, se ve obligado a dar forma a sus decisiones en forma de auto, pero se trata de un mero formalismo porque aunque cuente con todos los apartados de este tipo de resoluciones, el apartado de la fundamentación es un trámite escaso.  

La Audiencia Provincial, que es la instancia superior que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como es el caso de Peinado, le ha afeado en varias resoluciones la falta de motivación de sus resoluciones. De hecho, sus jueces llegaron a anular por “falta de fundamentación” el auto que acordó el registro de la vivienda y las oficinas del empresario Juan Carlos Barrabés mientras estaba en el hospital por una grave enfermedad. La Audiencia Provincial consideró que la motivación del auto era insuficiente para justificar una medida tan grave como la restricción del derecho a la inviolabilidad del domicilio. 

En otro auto, la Audiencia Provincial también criticó la “sumamente reducida, por no decir, prácticamente, inexistente” motivación del auto por el que acordó cambiar la condición de testigo a investigada de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez. 

El juez Juan Carlos Peinado alude directamente a Pedro Sánchez en el último salto de la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno. En un auto dictado este miércoles, y al que ha accedido elDiario.es, Peinado considera que la “relación de parentesco” entre ambos “es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias y, como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos”.

“Sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno, difícilmente ella, y los otros investigados [la asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés] pudieron poner en práctica las conductas” que el juez considera “constitutivas” de delito, recoge la resolución judicial del magistrado. 

Peinado dictó el miércoles un auto por el que ordenaba la transformación de la pieza principal contra Gómez en un procedimiento por el tribunal del jurado, la misma resolución que adoptó la semana pasada respecto a la pieza separada en la que investiga un delito de malversación. 

En este auto el juez argumenta por qué los supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo deben acabar, de confirmarse su instrucción, en un segundo juicio ante un tribunal compuesto por ciudadanos legos en derecho. 

La importancia que Peinado atribuye a Sánchez es tal que convierte al presidente del Gobierno en la figura que asegura “la conexidad” entre el tráfico de influencias y el resto de delitos de esta pieza principal y, por tanto, permite agrupar la acusación para que los cuatro delitos sean juzgados en una misma vista por un tribunal del jurado. 

La alusión a Sánchez es la culminación de un aparente esfuerzo argumentativo de Peinado para sostener que vaya a juzgar los cuatro delitos por un segundo tribunal del jurado. En realidad se trata de la copia textual de un artículo publicado por un catedrático de Derecho Procesal en una revista jurídica en 2017, según ha revelado elDiario.es.

La denuncia de Manos Limpias

El magistrado inició la causa en abril de 2024 tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias sustentada en informaciones de prensa, algunas directamente falsas, y la que se acusaba a Begoña Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios, como el investigado Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos.

Según Manos Limpias, el empresario y la UTE de la que participaba se vieron beneficiados en dos adjudicaciones por las “cartas de recomendación” que recibió de la mujer del presidente. En realidad, Begoña Gómez firmó una declaración de interés que Barrabés presentó en ese concurso, donde acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

La Fiscalía Europea asumió esa parte de la investigación ante la existencia de fondos europeos. Entonces, Peinado optó por investigar si Begoña Gómez podría haber tenido algún tipo de influencia en los otros contratos públicos con distintas administraciones que obtuvo una empresa de Barrabés por 21 millones de euros. 

Asimismo, el juez investiga si la esposa de Sánchez incurrió en el delito de intrusismo por firmar un pliego en una licitación de la Complutense, donde codirigía una cátedra; y si cometió apropiación indebida por registrar el logo de la página web de los dos másteres que impartía en esa universidad y por los que cobraba 15.000 euros anuales.

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva 532 días imputada por tráfico de influencias. Son los mismos días que lleva el juez Juan Carlos Peinado buscando, sin éxito de momento, algún indicio de ese delito.

El origen de la causa abierta contra la mujer del presidente fue la querella de Manos Limpias presentada el 16 de abril de 2024 por un supuesto tráfico de influencias basado en recortes de prensa. Alguna de las noticias citadas en la querella resultó falsa y otras se apoyaban en conjeturas con muy poca base.

Cuando el juez Peinado admitió la querella, la prueba principal del delito perseguido era una carta de apoyo firmada por Begoña Gómez como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense a favor de una empresa de Juan Carlos Barrabés que logró un contrato millonario de una empresa estatal. El empresario incorporó a la propuesta que presentó al concurso público una carta de apoyo de la mujer del presidente junto a otras 31 cartas similares de empresas tecnológicas e instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid.

Barrabés ganó dos de los lotes del concurso para la formación de desempleados en nuevas tecnologías por casi 8,3 millones de euros. El empresario había colaborado como profesor -tres clases en dos años a 150 euros cada una- en el máster que codirigía Gómez en la Universidad Complutense.

El juez Peinado encargó de urgencia a la UCO de la Guardia Civil un informe sobre los negocios bajo sospecha de Begoña Gómez. Los agentes analizaron el concurso en el que Barrabés se llevó 8,3 millones de euros de Red.es e investigaron a todos los miembros de la mesa de contratación que adjudicaron los contratos. Pero la UCO no encontró vinculaciones con Begoña Gómez y descartó de plano un posible tráfico de influencias en el concurso. La Guardia Civil también estudió si los pliegos de condiciones y los criterios usados para evaluar las propuestas introducían alguna novedad respecto a procedimientos similares en Red.es sin “encontrar elementos diferenciadores” entre el concurso ganado por Barrabés y el resto de expedientes.

Las dos cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez a favor de la empresa de Barrabés fueron el único indicio que la Audiencia Provincial consideró suficientemente sólido para no archivar la investigación abierta por el juez Peinado tras la querella de Manos Limpias.

Los tres magistrados de la Audiencia Provincial encargados de resolver los recursos contra la instrucción del juez Peinado admitieron que el contenido de la querella de Vox era “deslavazado, con un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos”. Y añadieron que el supuesto tráfico de influencias en el rescate de Air Europa por la relación de Begoña Gómez con directivos de la compañía era “una simple conjetura, más allá de coincidencias temporales y personales”. Sin embargo, la firma de Begoña Gómez en la carta de apoyo a la empresa de Barrabés era “una sospecha fundada en datos objetivos y verificables” y por tanto, podía avanzar la investigación abierta por el juez Peinado.

La Audiencia concluía con un consejo al instructor: “Si verificadas las comprobaciones e investigaciones precisas la hipótesis se diluye procederá acordar el archivo inmediato” de la causa. Cuando los tres magistrados escribieron su auto, ya se conocía el informe de la Guardia Civil que diluía todas las hipótesis de tráfico de influencias. Pero la Audiencia obvió este hecho y se negó a valorar “lo que aún no ha valorado el instructor porque supondría invadir su exclusiva competencia”.

Peinado despreció el informe de la UCO y continúo con la investigación judicial sumando a la causa contra la mujer del presidente hasta cuatro nuevos delitos: corrupción en los negocios, intrusismo profesional, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.

Los dos contratos de Red.es a favor de Barrabés habían sido financiados con fondos europeos y la Fiscalía Europea contra la Corrupción asumió la causa en mayo de 2024. Un año después encargó un informe sobre el concurso. Un perito del ministerio de Hacienda adscrito a la Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado en la Fiscalía Europea firmó con seudónimo el trabajo (lo hacen habitualmente para preservar su anonimato frente a posibles presiones o represalias). El interventor destroza en 300 páginas de informe el sistema de contratación usado por Red.es en el contrato adjudicado a Barrabés que motivó la imputación de Begoña Gómez. Su fiscalización del concurso encontró múltiples irregularidades en el procedimiento: los encargados de valorar las cuestiones técnicas de las ofertas deberían haber sido expertos independientes y no técnicos de Red.es; la valoración económica pesaba mucho menos de lo legalmente establecido en este tipo de concursos; nunca se tuvo que puntuar más a las empresas que presentaban cartas de apoyo -como la de Barrabés-.

Fuentes de Red.es descalificaron este informe porque las normas de contratación cuestionadas por “ilegales” son las mismas vigentes en esa empresa estatal desde 2011 -no hubo por tanto un trato especial en el concurso adjudicado a Barrabés-; las fórmulas de valoración utilizadas en todos los concursos cuentan con los informes favorables de la Abogacía del Estado desde 2018; las 33 auditorias aplicadas desde 2011 a la contratación de Red.es nunca observaron irregularidades.

532 días después, el informe del perito que firma con pseudónimo tampoco encontró prueba alguna de que la carta firmada por Begoña Gómez influyera en la adjudicación del concurso de Red.es a la empresa de Barrabés. Los indicios de delito que forzaron hace año y medio la investigación judicial a la mujer del presidente se han disuelto como humo en el aire. Pero Begoña Gómez está cada día más cerca del banquillo en un juicio… con jurado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elevó esta semana el tono de sus críticas a determinados miembros de la carrera judicial al decir que, pese a ser una minoría, hay jueces que actúan movidos por intereses políticos. Aunque no lo citó, uno de los destinatarios de sus palabras es Juan Carlos Peinado, quien mantiene abierta desde hace casi un año y medio una causa contra su mujer, Begoña Gómez, sin que por el momento hayan aflorado indicios sólidos que acrediten los delitos que le atribuye. 

La Audiencia Provincial, que es la instancia superior que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como es el caso de Peinado, ha dado un aval parcial a sus pesquisas, pero también ha corregido algunos de sus excesos, como cuando le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas, levantar la imputación de dos investigados o anular registros. El magistrado encajó en julio otro sonoro revés cuando el Tribunal Supremo se negó a encausar al ministro Félix Bolaños. Los jueces del alto tribunal lo acusaron incluso de “omitir” información “relevante” para intentar implicar al titular de Justicia, en una actuación que investiga el Consejo General del Poder Judicial. 

Entre tanto, el sumario acumula ya más de 7.000 folios reunidos en 17 tomos, cuatro investigados y más de una treintena de testigos interrogados, incluido el propio Sánchez, su ministro de Justicia y varios presidentes de empresas del Ibex. Begoña Gómez comparecerá el próximo miércoles por cuarta vez delante de Peinado. En esta ocasión, para interrogarle por el delito de malversación que le imputa en relación con la asesora de la Moncloa que coordina su agenda, también imputada. Peinado decidió el pasado agosto investigar a ambas por ese delito tres meses después de rechazarlo de forma expresa y sin justificar su cambio de criterio. 

Esta misma semana Peinado volvió a ampliar la investigación hasta límites difíciles de calcular al ordenar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se incauten de siete años de correos de Begoña Gómez. El magistrado inició la investigación tras recibir una denuncia de un pseudosindicato ultra sustentada en informaciones de prensa, algunas directamente falsas; y la ha continuado apoyado en las acusaciones populares de extrema derecha, mientras la Fiscalía cree que actúa con “gran sonoridad” pero sin “respaldo jurídico”.

Rescate de Air Europa

Peinado decidió el pasado abril prorrogar la causa otros seis meses más, por lo que la investigación se alargará con toda seguridad hasta el próximo otoño. Después, el magistrado tendrá que decidir si cuenta con elementos suficientes como para proponer que se abra juicio contra Begoña Gómez. O si, por el contrario, procede archivar la causa por falta de indicios.

Por el momento, en las varias ramificaciones abiertas sobre las diferentes actividades profesionales que ha desarrollado Gómez desde que su marido es presidente no constan evidencias de los delitos que persigue el magistrado mientras se agolpan los testimonios que descartan sus sospechas.

De hecho, Peinado se ha visto obligado incluso a cerrar algunas de esas líneas de investigación por orden de la Audiencia Provincial. Es llamativo el caso del rescate millonario de Air Europa en la pandemia. La querella inicial acusaba a Begoña Gómez de favorecer a la aerolínea por la relación que estableció en el Instituto de Empresa (IE) con los dueños de Globalia, propietaria de la compañía. Unas sospechas refutadas por los agentes de la UCO, que reflejaron en uno de sus informes que “no se tiene constancia” de que el hecho de la mujer de Sánchez coincidiera en dos eventos con el antiguo CEO de la compañía, Javier Hidalgo, “pudiera estar vinculados a la decisión ministerial del rescate”. 

La Audiencia Provincial ha dicho hasta en tres ocasiones que este asunto debe quedar fuera de las pesquisas por falta de indicios. Pese a un primer intento de seguir adelante con el atestado que estaba realizando la UCO, el juez no tuvo más remedio que cerrar esta vía. Lo hizo, no obstante, tras reconocer que se había confundido al reiterar que esperaba otro informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre Globalia. La empresa en cuestión era, en realidad, Innova Next, la compañía del empresario Juan Carlos Barrabés, también imputado. En ese informe, Hacienda solo encontró leves irregularidades en adjudicaciones sin vínculos con Begoña Gómez. 

Entre las líneas de investigación a las que la instancia superior ha ordenado dar carpetazo está también la contratación de Begoña Gómez por parte del Instituto de Empresa (IE), donde el tribunal sostiene que no hay delito porque fue la propia compañía la que “quiso contar con sus servicios”. Y, en consecuencia, no hay indicios de tráfico de influencias. La Audiencia Provincial le obligó a archivar la causa para el directivo del IE Juan José Güemes, que fue consejero de la Comunidad de Madrid con el PP, y al que imputó tras tergiversar el testimonio de una testigo después de que él negara un trato de favor. 

Los contratos de Barrabés

En los primeros meses, el magistrado centró las pesquisas en Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet. Según Manos Limpias, el empresario y la UTE de la que participaba se vieron beneficiados en dos adjudicaciones públicas por las “cartas de recomendación” o incluso “avales” que recibió de la mujer del presidente. En realidad, Gómez firmó una declaración de interés que Barrabés presentó en ese concurso, donde acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

Sin embargo, la Audiencia de Madrid aseguró que eso no excluye que haya tráfico de influencias en los once contratos públicos con distintas administraciones que obtuvo una empresa de Barrabés por 21 millones de euros. El tribunal sí dio la razón al empresario en su recurso contra el registro de su casa y sus oficinas mientras estaba en el hospital por una grave enfermedad. Los jueces determinaron que el instructor no justificó la “urgencia” de hacer esos registros cuando el investigado estaba ingresado y advirtieron de que “no se puede obtener la verdad real a cualquier precio”. 

De ahí Peinado pasó a poner el foco en la actividad profesional de Gómez en la Universidad Complutense, donde Barrabés era colaborador en los cursos que ella dirigía. Investigó primero si la contratación de Gómez en la universidad en 2020 para dirigir una cátedra se debía a un nuevo tráfico de influencias. Llegó a mantener imputado durante meses al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que siempre negó haber dado trato de favor a Gómez y se ha desvinculado de la creación de la cátedra. La Audiencia Provincial le obligó también a sacarlo de la causa. 

Después, Peinado puso el foco sobre las supuestas irregularidades en la propiedad de una plataforma desarrollada para su cátedra tras una querella de la organización ultracatólica HazteOír. Esta línea de investigación ha servido al juez para atribuir a Begoña Gómez delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional y para llamar a declarar como testigos a directivos de tecnológicas y del Ibex que patrocinaron esos estudios. 

Los últimos movimientos de juez se han producido en la ramificación del caso centrada en la contratación de la asesora de la Moncloa que se encarga de gestionar la agenda y la seguridad de la mujer del presidente del Gobierno. Fue ahí donde trató de implicar a Bolaños y donde sigue imputado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que era “responsable y superior jerárquico” de la asesora cuando esta envió correos “a diversas personas e instituciones” donde Begoña Gómez realizaba, según el juez, actividades “totalmente desvinculadas” de su condición de esposa del presidente. El próximo miércoles Begoña Gómez y la asistente se sentarán delante del juez para ser interrogadas por estos hechos. 

Cristóbal Montoro nombró jefa en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) nada más regresar al Ministerio de Hacienda en 2012 a la esposa de uno de los principales socios de Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro del PP y que está en el centro de una trama de supuestos delitos de corrupción o tráfico de influencias.

El 1 de marzo de 2012, Hacienda comunicaba el nombramiento de Paula Vázquez Vicente como nueva inspectora Jefa del Equipo Central de Información de la ONIF. Esta unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) investiga los casos más importantes de fraude en España.

Esposa de uno de los principales socios del bufete que creó Montoro, Manuel de Vicente-Tutor, imputado en el 'caso Montoro', Paula Vázquez es inspectora de Hacienda como su marido. El equipo cuya jefatura tiene encomendada desde 2012 se encarga, entre otras funciones, de “la captación de datos relevantes para la lucha contra el fraude fiscal”, el intercambio de información con otras Administraciones públicas, nacionales o extranjeras, el “estudio de fuentes alternativas o indiciarias de información para la investigación y comprobación del fraude” o “la comprobación del cumplimiento por cualquier persona o entidad de la obligación de proporcionar datos o antecedentes derivados de sus relaciones con otras personas”, tal y como recoge la resolución de la AEAT que regula el funcionamiento de la ONIF.

Este periódico intentó contactar con Paula Vázquez, sin éxito. A preguntas sobre este asunto, fuentes de Hacienda indican que la esposa de Manuel de Vicente-Tutor, que todavía hoy ocupa ese puesto de inspectora jefa en la ONIF, “es funcionaria de la AEAT, no es alto cargo y no lleva temas de operaciones concretas contra el fraude”. elDiario.es contactó con Equipo Económico, sin obtener respuesta.

Según el sumario del ‘caso Montoro’, Paula Vázquez fue hasta diciembre de 2015 socia al 50% junto a su marido de Tutman Fiscalía SL. Con esta sociedad Manuel de Vicente-Tutor canalizó 3.026.409 euros de ingresos procedentes de Equipo Económico en el periodo 2008-2015, de acuerdo con un informe de la AEAT.

Tutman Fiscalía tuvo como administrador único a De Vicente-Tutor desde su creación el 12 de diciembre de 2008. Ese mismo día se constituyeron ante el mismo notario de Madrid sendas sociedades instrumentales vinculadas a otros dos 'Montoro Boys', como se ha conocido popularmente en el sector durante años a los principales socios del despacho que fundó el exministro en 2006.

Se trata de Econodos SL, de Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico y alto cargo de Hacienda en la etapa de José María Aznar (fue secretario de Estado de Presupuestos), y Consultoría y Diagnóstico SL, de Francisco Piedras Camacho, que fue director de gabinete de Montoro en esos años.

Un informe de la AEAT incluido en el sumario refleja que entre 2009 y 2014 Paula Vázquez recibió 69.000 euros en dividendos de Tutman Fiscalía. La mayor parte, al menos 61.000 euros, los cobró cuando ya era jefa del Equipo Central de Información de la ONIF. El informe de la AEAT no hace ninguna mención al puesto de la esposa de Vicente-Tutor en ese órgano de élite de la Agencia Tributaria. Sí recoge que el organismo del que es funcionaria fue su pagador en esos años.

La AEAT señala en ese documento que en Tutman Fiscalía SL “hasta el ejercicio 2014 los dividendos se pagaron a los dos socios al 50%, según su porcentaje formal de participación”, pero en 2015 solo “consta un pago a D. Manuel Vicente-Tutor como interés de un préstamo que este hubiera otorgado a su sociedad” por importe de 113.755,52 euros. “Sin embargo, en 2015 Paula Vázquez Vicente no cobra dividendo alguno”.

Para entonces, acaba de saltar a los medios de comunicación (fue en marzo de 2015) que la Fiscalía Anticorrupción investigaba a Equipo Económico por un contrato a dedo de la Cámara de Comercio. Se trata de un asunto diferente al supuesto trato de favor de Montoro a empresas gasísticas con la intermediación del bufete que investiga un juez de Tarragona desde 2018, por el que ha acabado imputado el exministro junto a otras 27 personas, entre ellas, buena parte de la cúpula de Hacienda en la etapa de Mariano Rajoy y los socios de Equipo Económico.

Separación de bienes

En diciembre de 2015, tanto Manuel de Vicente-Tutor como el presidente de Equipo Económico, Martínez Rico, pactaron con sus respectivas esposas liquidar los regímenes matrimoniales que ambos tenían hasta entonces (en gananciales).

En concreto, el 21 de diciembre de 2015 De Vicente-Tutor y Paula Vázquez “firman capitulaciones matrimoniales pactando el régimen de separación de bienes y liquidan la comunidad conyugal”, recoge el informe de la AEAT. Martínez Rico y su esposa lo harán dos días después.

En el caso de la jefa de la ONIF y su marido, “entre los bienes a repartir aparecen diferenciados cuatro inmuebles, valorados en un total de 1.190.816 €” y “otros bienes sin identificar” valorados en 1.099.886 euros que son adjudicados a Vicente-Tutor, “entre los que se podrían encontrar las participaciones de Equipo Económico SL y otras sociedades propiedad del matrimonio”.

En paralelo a la liquidación del régimen de gananciales, Vicente-Tutor pasó a convertirse en accionista de Global Afteli, la sucesora de Equipo Económico a la que los socios del bufete traspasaron su actividad tras saber que Anticorrupción les investigaba, como adelantó elDiario.es en 2018. En concreto, Vicente-Tutor fue uno de los primeros accionistas de Global Afteli mediante una tercera sociedad (Tutpim Inversiones) participada por él y por los cinco hijos del fiscalista y la jefa del Equipo Central de Información de la ONIF.

Al igual que Tutman Fiscalía SL, Tutpim Inversiones SL es mencionada por los investigadores como una de las instrumentales que los principales socios de Equipo Económico habrían utilizado para canalizar y poner a su disposición fondos provenientes de la firma que fundó Montoro.

La liquidación del régimen de gananciales a finales de 2015 no implicó el fin del matrimonio entre Paula Vázquez y Manuel de Vicente-Tutor, a tenor de la esquela publicada en ABC en 2017 tras la muerte del padre del fiscalista, que fue director y letrado del extinto Banco Zaragozano y hermano de la también fallecida Ana Tutor, ex concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid o ex delegada del Gobierno en Madrid en la década de los 90.

Manuel de Vicente-Tutor y Paula Vázquez adquirieron hace menos de dos años, el 13 de octubre de 2023, un chalet adosado de tres plantas y una superficie construida de 290 metros cuadrados en una de las mejores zonas de Sanxenxo (Pontevedra). La finca, sobre la que pesa una hipoteca a favor de Caixabank para responder por 250.000 euros de principal, está a tiro de piedra de la playa, “situada en parte en zona de servidumbre de protección de costas”, según la información disponible en el Registro de la Propiedad. En la web inmobilaria Idealista, los chalets más baratos en esa zona turística de las Rias Baixas rondan el medio millón de euros.

Como consecuencia de la liquidación de esa sociedad de gananciales, la actual inspectora Jefa del Equipo Central de Información de la ONIF también figura como propietaria de un espacioso piso en Madrid. Consta “de vestíbulo, salón-comedor, cuarto de estar, terraza, cuatro dormitorios, tres cuartos de baño, dormitorio y aseo de servicio, cocina, office y terraza”. Tiene dos plazas de garaje y un trastero y está libre de hipotecas.

El nombramiento de Vázquez se comunicó en el marco de una amplia reestructuración de la ONIF. Como director de esta oficina se nombró entonces a Santiago Menéndez, ascendido poco después a director de la AEAT y también imputado en el 'caso Montoro'. Como número dos de la ONIF se designó a Pilar Valiente, expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hasta que en 2001 tuvo que dimitir por el escándalo de Gescartera. Y a cargo de una de las cinco jefaturas de inspección, Hacienda nombró a la esposa de Manuel de Vicente-Tutor.

Tras anunciarse esos ceses en la oficina antifraude de Hacienda, el entonces diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, pidió la comparecencia de Montoro para explicar las “repentinas y sospechosas” destituciones en la ONIF, habló de “depuración” y de caza de brujas sin precedentes y destacó que los funcionarios destituidos habían trabajado en temas como el caso Gürtel o el instituto Nóos, “que han encontrado en Valencia su centro de operaciones con la complicidad y ayuda de Francisco Camps”.

De Vicente-Tutor pertenece a una familia históricamente conectada con la política, las finanzas y la judicatura. Inspector de Hacienda en excedencia, ocupó antes de dar el salto a lo privado varios altos cargos en la Agencia Tributaria. Allí fue director del gabinete del director general entre 2001 y 2004, Salvador Ruiz Gallud, otro socio de Equipo Económico imputado en este caso.

Entre 2009 y 2014, tras incorporarse al despacho que fundó Montoro, Vicente-Tutor fue secretario del consejo de la empresa fotovoltaica Solaria, uno de los principales clientes de la firma. Esto propició ya entonces (a partir de 2012) muchas suspicacias al atribuirse al bufete supuestas labores de lobby ante Hacienda para lograr una regulación menos perjudicial para las energías renovables en beneficio de esta empresa y de Abengoa, de la que entonces era consejero Ricardo Martínez Rico.

De Vicente-Tutor fue el remitente de un correo electrónico en el que recomendó en enero de 2012 a una alto cargo de Hacienda, Pilar Platero (también imputada), el nombramiento de un “amigo” como nuevo delegado de Economía y Hacienda en Málaga, propuesta a la que Platero accedió de inmediato: “Voy a cesar al anterior”.

La esposa de Vicente-Tutor no es la única funcionaria de la ONIF que ocupa puestos de responsabilidad en este cuerpo de élite y que tiene relación con socios de Equipo Económico. La hermana de Ricardo Martínez Rico, Julia Martínez Rico, es jefa adjunta del área de Investigación General de Impuestos Indirectos de la ONIF, que investiga específicamente las tramas de fraude del IVA, el principal tributo indirecto en España. Hermana también de otro de los imputados en el caso, Felipe Martínez Rico, ex jefe de gabinete de Montoro, Julia Martínez Rico es casera de una empresa acusada de fraude en el IVA de hidrocarburos.

Las adjudicaciones de obras públicas y otros beneficios empresariales obtenidos de forma ilícita constituyen el germen de numerosas tramas de corrupción política en España. Existe una retahíla histórica de altos cargos públicos investigados por llevarse comisiones tras adjudicar a dedo determinados proyectos a empresas corruptoras.

Tramas recientes como el caso Koldo, que apunta a la implicación del ex número tres del PSOE Santos Cerdán, en prisión preventiva desde comienzo del verano, y el exministro de Transportes y todavía diputado en el grupo mixto José Luis Ábalos, o el caso de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda con el PP, han evidenciado la capacidad de ciertos empresarios para interferir en decisiones políticas y han mostrado la falta de controles en las administraciones públicas que erradiquen prácticas como el cohecho y el tráfico de influencias.

La politóloga Carmen Lumbierres apunta directamente a la herencia franquista de esta simbiosis entre el Estado y determinadas empresas, donde estas últimas manejan cierta capacidad de influencia incluso en las leyes que aprueba el Parlamento. “Pesa mucho que durante esos 40 años de dictadura fueran habituales las mordidas y las relaciones de corrupción porque todo era uno entre Estado y empresas privadas”, detalla esta experta, en conversación con elDiario.es. Esta herencia directa o indirecta de la política franquista, sumada a las puertas giratorias y la intromisión de los grupos de influencia, explica la ineficacia del protocolo y de la vigilancia de los organismos anticorrupción.

Acciona y Equipo Económico, dos formas de influencia

Las pesquisas que mantiene abiertas el Tribunal Supremo sobre las supuestas irregularidades en el Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos han puesto el foco sobre las relaciones entre el poder político y el poder económico. Y de fondo, siempre, las presuntas prácticas ilícitas de varias constructoras que habrían viciado licitaciones públicas gracias a sus sobornos a cargos con poder de decisión. En el epicentro del caso figura la constructora Acciona, que acapara la mayoría de los contratos presuntamente amañados aunque sobre la empresa no pesa de momento ninguna imputación. Las indagaciones de la Guardia Civil han sacado a la luz los intentos de Cerdán de influir en los nombramientos de Transportes —donde no tenía ninguna responsabilidad— a través de un listado que también manejó un directivo de la constructora.

En paralelo, otras causas recientes como el 'caso Montoro' han reabierto el debate sobre en qué punto las empresas o sus directivos en sus relaciones con la Administración pasan de hacer lobby, una actividad legal pero que todavía carece de regulación, a cometer un delito de tráfico de influencias. Esto es, persuadir a políticos para obtener un beneficio. El juez de Tarragona que ha imputado al exministro del PP y a otras 27 personas considera que hay indicios de que un despacho fundado por Montoro, llamado Equipo Económico, llegó a influir en los Presupuestos Generales del Estado para favorecer a empresas gasísticas. Según el magistrado, esas compañías llegaron incluso en dos ocasiones “a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes desembolsos”.

El caso de Montoro también ha puesto sobre la mesa el debate acerca de las puertas giratorias y los grupos de presión, que carecen de una regulación estricta en España. De hecho, hace apenas unas semanas trascendió que Sedigas, la patronal del gas en España, había contratado los servicios de Acento, la consultora fundada por el exministro socialista José Blanco y que desde 2020 preside el exlíder del Partido Popular en Euskadi y exministro de Sanidad, Alfonso Alonso.

En España, la normativa que regula el régimen de incompatibilidades de los servidores públicos permite que diputados, senadores o eurodiputados puedan utilizar sus contactos en las administraciones públicas para sus negocios privados nada más acabar sus mandatos o en el mismo momento que dejen sus escaños. Y es que en las leyes españolas las limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese solo están contempladas para los altos cargos de la Administración General del Estado como ministros, secretarios de Estado, subsecretarios o directores generales de empresas públicas, que perciben una compensación durante los 24 meses en que tienen vedado el salto al sector privado.

El 20% del PIB

En total, la contratación pública en España, que abarca desde constructoras y gasísticas hasta fabricantes de material sanitario, pasando por todo tipo de proveedores de productos o servicios, representó en 2017 el 20% del Producto Interior Bruto. Esto lo convierte en una de las principales vías de corrupción y cobro de dinero público.

En la mayoría de las contrataciones públicas el principal criterio de elección se basa en un informe técnico valorativo de las cualidades del proyecto y la adecuación de este al objetivo de la obra. Estos informes tienen el objetivo de evitar la baja calidad que podría suponer elegir siempre la oferta más barata, pero se basan en un juicio valorativo emitido por técnicos individuales que es supervisado y ratificado por una mesa de contratación conformada por empleados públicos con poder de decisión. Es decir, en estos casos no solo hay políticos corruptos, sino que la corrupción se extiende a la Administración y a algunos funcionarios. “Los políticos corruptos saben cómo colonizar los órganos de control, deshaciéndose de los funcionarios honestos para ser sustituidos por funcionarios de su misma calaña”, apunta Joan A. Llinares, jurista y ex funcionario del Estado.

De hecho, para Lumbierres la solución no pasa tanto por modificar la ley o crear más organismos de vigilancia, sino por acotar estos espacios de influencia de las empresas en la Administración pública. Una forma de limitar este poder sería planificar y regular las salidas de la política porque un ex alto cargo “no debería tener poder decisión en su vida posterior en el mismo ámbito de actuación” que tenía durante su etapa política. Pero también está solución plantea incógnitas, por ejemplo en el caso de los profesionales que llegan a las instituciones por su experiencia en un sector y que luego no podrían volver a él, ni siquiera tras un período de incompatibilidad.

El caso Koldo ha enturbiado la esperanza puesta en la reforma de la Ley de Contratos Públicos de 2014, que se aprobó tras el movimiento social del 15M en reacción a los casos de corrupción del PP, y que integró en la normativa estatal dos directivas europeas. Con estas se buscaba el “refuerzo de la trazabilidad y la transparencia” en las contrataciones públicas, según se indica en la exposición de motivos de la ley. Estos requisitos de transparencia se han evidenciado insuficientes para luchar contra las mordidas de comisionistas y empresarios corruptos.

Las partes vulnerables del proceso de adjudicación

La fase previa de las adjudicaciones es para Joan Subirats, exministro de Universidades y especialista en gobernanza y gestión pública, una de las partes más vulnerables para la corrupción en la contratación pública. La ley de contratos, a pesar de sus sucesivas mejoras tras la entrada de España en la Unión Europea, no es capaz de prevenir ciertas situaciones por malas prácticas previas a las adjudicaciones. Un ejemplo es el troceo de grandes contratos en acuerdos menores para esquivar los controles o limitar la competencia a unas pocas empresas con el establecimiento de criterios previos muy restringidos.

“Es una forma de reducir la competencia e irte acercando, si tienes voluntad de hacerlo, a aquellas empresas que quieras beneficiar”, detalla Subirats en declaraciones a este periódico, y añade que los protocolos de emergencia son otros de los supuestos más expuestos a las infracciones de comisionistas y benefactores, pues “la urgencia que se quiere resolver exige saltarse esas características”.

Esta capacidad de interferencia de las empresas en las decisiones políticas es tal que, como apunta el experto Joan A. Llinares, “ha habido casos de corrupción donde los pliegos han sido elaborados por las propias empresas adjudicatarias, como han demostrado los metadatos de los documentos cuando el caso ha sido investigado”. En el 40% de los contratos interviene únicamente una empresa, debido a prácticas colusorias en las condiciones del contrato o por la falta de publicidad del proceso. También se han dado casos en que varias empresas se reparten de antemano las adjudicaciones en diferentes concursos realizando ofertas que saben que no van a salir ganadoras. Incluso se han destapado casos donde la aparente competencia en un concurso público se saltaba presentando a firmas diferentes de un mismo conglomerado empresarial.

Otra de las fases de la contratación pública que presenta más deficiencias es, para Llinares, la ejecución del proyecto con materiales de inferior calidad a la exigida, unidades falsamente certificadas como ejecutadas o modificaciones injustificadas que incrementan los costes para la administración y los beneficios para las empresas corruptoras.

Anonimato para denunciantes y otros remedios

La Autoridad Independiente de Protección al Informante, el organismo creado en 2023 por el Gobierno para proteger la identidad de los denunciantes de corrupción, echará a andar el próximo 1 de septiembre con el catedrático Manuel Villoria al frente. Es una de las últimas medidas en la lucha contra la corrupción en España, que trata de combatir uno de los principales problemas. Según Llinares, “España va con mucho retraso en el cumplimiento de la Directiva Whistleblower. Lo primero que hacen los corruptos es deshacerse de los funcionarios íntegros para sustituirlos por sus afines”.

En último término, el catedrático emplaza la efectividad del organismo a “los medios materiales y humanos con que se la dote”: “Espero que sea un punto de inflexión”.

Para Subirats, otra de las posibles soluciones debe pasar por “reforzar el control previo”, de manera que se establezcan “comisiones externas que pudieran revisar los pliegos” que establecen las características del contrato y que evalúan a las empresas competidoras. Esta vigilancia debería ser controlada tanto por las instituciones anticorrupción como por organismos de la sociedad civil.

“Lo que estamos haciendo es luchar contra una lacra que históricamente ha sido muy significativa, que se ha ido mejorando con el tiempo, pero que los casos que hemos ido conociendo ponen de relieve que ni mucho menos está solucionado el problema”, explica el exministro.

La Audiencia de Madrid avala otra parte de la causa que el juez Juan Carlos Peinado sigue desde hace más de un año contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En un auto fechado el pasado 12 de junio, los jueces respaldan la investigación a la asistente que gestiona su agenda, Cristina Álvarez, y apuntan incluso a la responsabilidad de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Peinado investiga desde enero si la asesora participó en una malversación de fondos públicos al enviar dos correos electrónicos de parte de Begoña Gómez, lo que excedería las funciones de su cargo, según el juez.

Ahora, los jueces de la instancia superior consideran que puede haber existido “una clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público” que habría sido utilizada “voluntariamente” como “un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados”.

Afirman, además, que esos recursos habrían sido “ofrecidos desde una estructura institucionalizada de poder como es la Secretaria General de Presidencia del Gobierno”, lo que “podría permitir inferir la solidaridad” con la actuación de la mujer del presidente del Gobierno, que está siendo investigada por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Los jueces aluden también al “áurea (sic) de indudable influencia” que habría tenido Begoña Gómez en su actividad privada por ser la mujer del presidente y por ejercer esas funciones “desde ese entramado del Palacio de la Moncloa”.

Cuando Álvarez fue designada en 2018, el actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, era secretario general de la Presidencia, puesto que ocupó hasta 2021. Precisamente este lunes, el juez Peinado pidió al Tribunal Supremo que abriera una causa contra el ministro en relación a estos hechos. El juez también mantiene imputado al sucesor de Bolaños en la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, Francisco Martín.

Motivación “prácticamente inexistente”

La asistente es otra de las investigadas que tuvo primero la condición de testigo. Los jueces de la Audiencia de Madrid consideran que “la decisión de trasmutar la condición de testigo a investigado es factible”, aunque acceden a anular la declaración como testigo. Creen “prácticamente inexistente” la fundamentación que hizo Peinado de ese cambio de condición. Pero, aun así, consideran que la asistente debe seguir siendo investigada.

En este punto, defienden que aunque la asesora no hubiese podido cometer un delito de malversación como “funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior”, su “connivencia o anuencia con esa conducta” podría ser constitutiva de un delito de tráfico de influencias.

Por otra parte, los magistrados en otro auto rechazan los recursos de la Fiscalía y de los defensas de Cristina Álvarez y de Begoña Gómez contra la orden del juez de requerir el tráfico de llamadas desde el teléfono móvil asignado a la asesora del presidente del Gobierno en Moncloa a los patrocinadores de la cátedra de la Complutense.

Como en otras ocasiones, los jueces de la instancia superior critican el método de Peinado, que obtuvo el número del terminal en la primera declaración de Álvarez, a la que el juez hizo comparecer como testigo para luego imputarla. Pero de nuevo restan gravedad a la actuación del instructor alegando que es un teléfono oficial y que su numeración podría haber sido obtenida con un sencillo mandamiento al Palacio de La Moncloa.

En cualquier caso, escriben en el auto, los jueces de la Audiencia de Madrid advierten de que ese requerimiento de información deben excluirse las llamadas vinculadas al Africa Center y a Air Europa, al haber ordenado previamente a Peinado cerrar ambas líneas de investigación.

En el caso del Africa Center, el directivo del Instituto de Empresa Juan Jesús Güemes estuvo imputado cinco meses debido a una manipulación de la declaración de otra testigo por parte de Peinado. Respecto a Air Europa, la Audiencia de Madrid ordenó recientemente al juez que detuviera de una vez esa línea de investigación después de haber intentado saltarse las restricciones puestas por la propia instancia superior.