Nunca un instructor recibió tantos varapalos de la instancia superior encargada de revisar sus decisiones. Y pese al rosario de correcciones acumuladas en la instrucción de una única causa, ese juez podrá seguir adelante con un proceso penal donde los indicios se desvanecen como humo en el aire cuando se pone la lupa sobre ellos.

Juan Carlos Peinado ha logrado su objetivo: llevar a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por malversación y tráfico de influencias, dos delitos menos de los que él mismo le atribuía. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha censurado a Peinado como a ningún otro juez antes, desmontando parte de su instrucción por vulnerar derechos fundamentales de los imputados y por falta de motivación. Pero ha dado su bendición a la cacería judicial contra la mujer del presidente manteniendo viva la causa con sus delitos principales.

La lupa que han usado esos magistrados para examinar el caso tiene un aumento muy limitado. Nunca acabaron de apreciar las numerosas impurezas que invalidan todo el proceso. Esos magistrados llevan dos años anulando diligencias ordenadas por el juez Peinado y, a la vez, manteniendo casi intacta la parte principal de la causa pese a la ausencia de indicios sólidos sobre los delitos investigados.

El catálogo de irregularidades detectadas en la instrucción es abundante. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado desde que comenzó el procedimiento varios registros ordenados por el juez Peinado al empresario Juan Carlos Barrabés mientras estaba en la habitación de un hospital, incomunicado y muy grave; ha obligado a retirar la imputación sobre el rector de la Complutense –Joaquín Goyache–, sobre un directivo del Instituto de Empresa –Juan José Güemes–, sobre la secretaria general de Presidencia –Judith González–, sobre el delegado del Gobierno en Madrid –Francisco Martín–; y ha prohibido al juez investigar supuestos delitos, como el rescate de Air Europa, basados en meras conjeturas o en mentiras groseras publicadas por medios de comunicación. El Tribunal Supremo también desestimó una exposición razonada del juez Peinado para imputar al ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En el último acuerdo comunicado ayer por los cinco magistrados de la Sección 23, la Audiencia Provincial ha vuelto a anular decisiones muy relevantes de Peinado, aunque no todas, ni siquiera las principales. Ha retirado dos de los cuatro delitos por los que el juez quería llevar a juicio a Begoña Gómez y a su asistente, Cristina Álvarez, y ha anulado las medidas cautelares –retirada de pasaportes y comparecencia quincenal en el juzgado– que el instructor impuso por un discutible riesgo de fuga y ante la posibilidad, todavía más discutible, de que los escoltas de la Policía que acompañan a la mujer del presidente colaboraran con ella en su huida.

La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid lleva dos años salvando al juez Juan Carlos Peinado, que es una forma de mantener acorralado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los supuestos delitos de su mujer –antes cuatro, ahora solo dos (tráfico de influencias y malversación de fondos públicos)–. Para justificar que se juzgue a Begoña Gómez, los magistrados escriben lo siguiente: “Parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno”. El “canon de la simple probabilidad ahora exigible” permite a estos magistrados sentar en el banquillo a Begoña Gómez, pese a la torticera instrucción de un juez al que le han corregido ellos mismos por vulnerar derechos fundamentales de los imputados o no motivar sus resoluciones.

Los mismos magistrados explican por qué los actos de cualquier esposa de un presidente de Gobierno que logre dinero privado para una actividad docente en la universidad pública tienen una alta probabilidad de ser delictivos, aunque no exista una sola prueba sólida para justificar la sospecha: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. Indra, Telefónica o Google aportaron dinero para un trabajo de investigación comprometido en la cátedra. Estas empresas, dos de ellas participadas por el Estado, aseguraron que subvencionan múltiples proyectos de universidades públicas y que su aportación a la cátedra dirigida por la esposa del presidente no tuvo que ver con el parentesco de esta con Pedro Sánchez. Pero a la Audiencia Provincial le da igual. Si eres la mujer del presidente, mejor no trabajes, porque cualquier cosa que hagas o que consigas para la universidad pública puede acabar siendo un delito de tráfico de influencias.

A los magistrados de la Audiencia Provincial, que llegaron a escribir de manera inveraz en uno de sus autos que los asistentes de las mujeres de los presidentes son “funcionarios expertos en protocolo”, parece no importarles demasiado que los supuestos delitos de Begoña Gómez por los que será juzgada le reportaron un beneficio bruto de cero euros en los ocho años investigados, desde que su marido accedió a la presidencia del Gobierno. Aunque admiten que no cobró nada como codirectora de la cátedra de Responsabilidad Social Corporativa creada a iniciativa suya en la Complutense, porque lo prohibía la propia Universidad, encuentran un beneficio ridículo en la actividad de Begoña Gómez como profesora para justificar su resolución: “Está fuera de toda duda el beneficio que la creación de la Cátedra y su nombramiento como directora (luego codirectora) le comportó: prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos, relanzamiento de los propios master insertos en la Cátedra, lo que disparó sus ingresos de forma exponencial, por más que, en todo caso, hablemos de cifras muy moderadas (desde los modestos 1050 euros del año 2014-2015 o los 750 € del año 2015/2016 a los 14.595 del año 2020/2021 o los 14.900 del año 2021/2022) y, esto es el dato clave, le confirió un «paraguas institucional», en expresión de su propia defensa, que le permitió obtener financiación, y disponer de ingresos para contratar servicios técnicos especializados por importe de cientos de miles de euros, eso sí, carente de un control efectivo y sin pleno sometimiento a los procedimientos ordinarios de contratación”. La financiación privada que obtuvo no fue para Begoña Gómez sino para la Universidad Complutense. La disposición de ingresos para contratar servicios técnicos especializados sólo sirvió para financiar tareas de investigación de la universidad pública. “Disparó sus ingresos de forma exponencial”, escriben sin rubor los magistrados para, a continuación, reconocer que se trata de “cifras muy moderadas”, o por decirlo de manera comprensiva, logró una remuneracióno anual que estaba por debajo del salario mínimo interprofesional. El argumento torticero de los cinco magistrados concluye comparando sus ingresos de 2022 (14.900 euros) con los de 2014 (1.400 euros), cuando también daba clases en la Universidad -aunque su marido no era todavía líder del PSOE y tenía otros ingresos privados muy superiores-. Que los firmantes del auto sostengan que está “fuera de toda duda el beneficio” que le reportó a Begoña Gómez la creación de la cátedra -y no a la Universidad Complutense para la que consiguió más de medio millón de euros en patrocinios- es tan descabellado como las imputaciones de delitos que el juez Peinado decidió colgar sobre cinco personas inocentes y que luego anuló la propia Audiencia Provincial.

El juez Peinado husmeó en todas las cuentas bancarias de la mujer del presidente sin hallar un solo euro sospechoso de haberse beneficiado de ese tráfico de influencias que le imputa. No hay en la causa un solo indicio sólido del delito que Peinado vio muy claro desde el principio a cuenta de dos cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense. Eran cartas incluidas en una propuesta del empresario Juan Carlos Barrabés presentada a dos concursos públicos de Red.es. La investigación de la UCO no detectó ni una huella mínima de que la adjudicación de esos contratos tuviera relación con la influencia de Begoña Gómez o el peso de sus escritos de apoyo. Había otras 32 cartas similares firmadas por distintas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid gobernado por el PP. Pero es que, además, la Fiscalía Europea investiga estos hechos sin encontrar, tras dos años de interrogatorios a más de 50 personas, ni rastro de ese tráfico de influencias de Begoña Gómez origen de esta causa que va a llegar a juicio.

El segundo delito, malversación de fondos públicos, investigado un año después de que se abriera la causa, se basa en la ayuda que prestó Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, en las gestiones privadas de la mujer del presidente para los cursos que organizó en la Universidad Complutense. El abogado de Álvarez lo justifica así: “Los hechos atribuidos a Cristina Álvarez en esos ocho años que lleva en su puesto de asistente son una llamada telefónica, asistencia a doce eventos (un evento y medio al año), redacción de siete correos electrónicos (menos de un correo al año) y asistencia a cuatro reuniones (media reunión al año)”.

Un premio al instructor

“La acusación”, continúa, “califica como malversación el hecho de que una empleada con una dedicación anual de 1.751 horas, que en los años investigados trabajó 455 horas más de las previstas contractualmente, dedicara una parte mínima e insignificante de su jornada a los actos antes enumerados. Todas las actividades que la acusación considera constitutivas de malversación forman parte de las funciones que tenía asignadas Cristina Álvarez, según consta en el certificado emitido por Presidencia del Gobierno, que describe sus cometidos como: ”(i) La gestión de la agenda y (ii) la preparación de la presencia en reuniones, visitas y/o eventos, (iii) la gestión y administración de las comunicaciones, la asistencia telefónica y documental, (iv) el acompañamiento en desplazamientos y (v) la interlocución y coordinación con los equipos de protocolo, seguridad, asuntos exteriores y resto de departamentos implicados en la organización de actos y viajes del Presidente del Gobierno o derivados de su propia agenda“.

La cátedra que se creó en la Complutense fue idea de Begoña Gómez, quien colaboraba desde 2012 en esa Universidad como profesora de distintos cursos. La mujer del presidente logró el patrocinio de numerosas empresas privadas para la cátedra que codirigió, de manera que la universidad no dedicó un solo euro público a esa actividad. Cuando la Complutense canceló la cátedra, en la caja quedaban 25.000 euros de remanente propiedad de la universidad.

Con estos antecedentes, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que la mujer del presidente tiene que someterse a juicio por tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Es un premio al juez Peinado por la instancia superior que corrigió y censuró una buena parte de su instrucción. Los firmantes de este desenlace judicial controvertido son los magistrados Enrique Jesús Vergés, María del Rosario Esteban, José Sierra Fernández, Jesús Gómez-Angulo, y Carlos Prat.

David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación para cargo público, pero se le absuelve de tráfico de influencias. Desde 2017, el hermano de Pedro Sánchez había ocupado el cargo de coordinador de las Actividades de los Conservatorios y, después, ese puesto se transformó en Jefe de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. A David Sánchez le condenan a 9 años de inhabilitación para cargo público, pero se le absuelve de tráfico de influencias. Dicen que sí hubo amaño para su contratación, pero los jueces admiten que no hay pruebas de que nadie presionara para ese amaño o, al menos, es algo que no ha se ha podido probar en el juicio.

¿Entonces? ¿Por qué se condena a David Sánchez? Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero.

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Los once condenados por prevaricación en el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tienen diez días hábiles (hasta el 29 de julio) para recurrir la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La condena de inhabilitación especial para empleo o cargo público (nueve años para Sánchez y 18 para el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo) no es firme, por la que todos los afectados pueden trabajar o seguir trabajando para la administración. En caso de que el recurso ante el Tribunal Superior de Extremadura no prospere, los condenados todavía tienen una última vía para impugnar la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Fuentes próximas a la defensa de David Sánchez consideran que el recurso del hermano del presidente deberá argumentar por qué no fue, como establece el fallo, cooperador necesario en el acto de prevaricación cometido supuestamente por técnicos de la Diputación que aprobaron el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo que tenía asignado.

El hermano del presidente pasó de coordinador de las Actividades de los Conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin que su salario aumentase. Las acusaciones populares denunciaron que David Sánchez desempeñó un trabajo distinto por lo que la Diputación debía haber creado y presupuestado una nueva plaza además de convocar un concurso público para adjudicarla.

Cooperador necesario para la prevaricación de otros

La Audiencia Provincial de Badajoz considera que Sánchez fue cooperador necesario para la prevaricación cometida por otros trabajadores de la Diputación al crear esta plaza. Y aunque la sentencia señala que el hermano del presidente, “teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento siendo el principal beneficiario del mismo”, fuentes de la defensa explican que este aspecto que relata el fallo no es condenable.

De hecho, el presidente del tribunal declaró al principio del juicio “extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal por el que venía siendo acusado David Sánchez”.

¿Cómo se explica que la prevaricación no lleve aparejado el tráfico de influencias?

La defensa de Sánchez entiende que tiene una explicación técnica clara para que una condena por prevaricación no lleve aparejada otra por un delito de tráfico de influencias. “La prevaricación”, explica, “es una isla autónoma como lo es el tráfico de influencias. No son dos delitos que tengan que ser aplicados necesariamente al concurso”. En este caso, el tribunal explica que se amañó una plaza a favor de David Sánchez, pero aclara que no hay prueba sólida que permita conocer si hubo alguna persona o autoridad que presionó a los funcionarios y trabajadores para lograr ese objetivo. “Si no hay tráfico de influencias”, explican fuentes de la Defensa, “lo que está claro es que la prevaricación, de ser tal, no tuvo un móvil probado”.

Una “contra hipótesis” del tribunal que no sirve como hecho probado

Los magistrados fabrican en la sentencia una contra hipótesis, así la llaman, según la cual pudo ocurrir que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, decidió adjudicar la plaza a David Sánchez en julio de 2017 para congraciarse con Pedro Sánchez, que un mes antes había ganado las elecciones primarias del PSOE y volvía a ser secretario general. Fuentes jurídicas señalan que “esa conjetura o sospecha” no entra dentro de los hechos probados de la sentencia y carece de relevancia dado que los propios magistrados que firman el fallo aclaran que no hay prueba sólida suficiente para condenar por tráfico de influencias.

Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz (José Antonio Patrocinio, Emilio Francisco Serrano y María Dolores Gallardo) han condenado este martes a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de cooperación en prevaricación administrativa. En la misma sentencia, los tres magistrados absuelven a Sánchez y al resto de acusados de un delito de tráfico de influencias, el núcleo central de la causa que instruyó la juez Beatriz Biedma. Las acusaciones populares, vinculadas a la ultraderecha, pidieron seis años de cárcel. El tribunal rechaza de plano esta petición y sostiene que no hay prueba sólida para condenar por tráfico de influencias, la acusación principal de este caso.

El tribunal intenta justificar de una manera confusa por qué condena a David Sánchez por prevaricación, un delito que no conlleva penas de cárcel, pero le absuelve por tráfico de influencias. La sentencia da por acreditado que la plaza de coordinador de conservatorios fue creada por “razones espurias” para David Sánchez, pero sostiene que no existe una sola prueba de que ese trato de favor obedeciera a un tráfico de influencias por parte de los dirigentes de la Diputación de Badajoz.

Los jueces llegan a escribir en su sentencia algunas conjeturas sobre la posibilidad de que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, decidiera, para congraciarse con Pedro Sánchez tras su victoria en las primarias, influir para adjudicar la plaza al hermano del entonces secretario general del PSOE. Pero los mismos jueces rechazan a continuación que esa elucubración pueda servir para firmar una condena por tráfico de influencias.

Una prevaricación clara, un tráfico de influencias dudoso y sin pruebas

“Si bien se alza la convicción de este Tribunal de que la prevaricación cometida obedecía al designio de favorecer por razones espurias a Don David Sánchez y Don Luis María Carreras, albergamos dudas, que no han sido despejadas a la luz de las pruebas practicadas en el plenario, referentes a la utilización de concretas conductas de presión, prevalimiento, en definitiva, influencias ejercidas en orden a conseguir las resoluciones que pudieron generar directa o indirectamente beneficio económico para aquellos”.

Una conjetura sobre el tráfico de influencias sin soporte fáctico

“Podemos conjeturar que la actuación coordinada prevaricadora de los acusados que ostentaban cargos de responsabilidad en la Diputación de Badajoz fue la respuesta a una previa presión o influencia ejercida sobre ellos, pero esa hipótesis carece, tanto de soporte fáctico elaborado y descrito por las acusaciones, como de acervo acreditativo que la sustente”.

El tribunal “no sabe” quién influyó

“No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”.

Una contra hipótesis sin una sólida prueba de cargo

“Podríamos mantener, como contra hipótesis, que las conductas prevaricadoras obedecieron al interés de favorecer a las personas que se beneficiaron de aquellas por su proximidad familiar (Don David Sánchez) al que sería reelegido Secretario General del Partido y con el tiempo Presidente del Gobierno de la Nación (Bloque 1 de hechos probados) y que ostentaba ya tal cargo cuando sucedieron los acontecimientos descritos en los Bloques 2 y 3; respondiendo a un propósito de congraciarse con aquel al haber apoyado en el XXXIX Congreso del Partido a la candidata perdedora de las elecciones primarias. Siendo así, este Tribunal se ve obligado a considerar que no es posible condenar por los delitos de tráfico de influencias que han sido objeto de acusación, pero no de concreta y completa descripción fáctica y acreditación, resultando por demás aplicable el principio ”in dubio pro reo“. De alguna manera dicho principio se injerta en el derecho a la presunción de inocencia, porque no basta para la condena la sola convicción del Tribunal -el impresionismo o convicción judicial-, pues poco vale este si no encuentra su anclaje en una sólida prueba de cargo (…) Dicho de otro modo, aunque el Tribunal de instancia no dudara, correspondería a esta Sala casacional verificar si debió dudar por la escasa fiabilidad de la prueba de cargo (…)”.

“Escasa fiabilidad y solidez de la prueba de cargo practicada”

“Y es aquí donde radica la esencia del problema: la escasa fiabilidad y solidez de la prueba de cargo practicada, en orden a la determinación y concreción de los hechos incardinables en los tipos penales de tráfico de influencias objeto de acusación, insuficiente para despejar toda ausencia de duda sobre la autoría de los mismos por parte de los acusados”.

Inferencia: todos concertados para crear una “plaza innecesaria y vacía de contenido”

El tribunal considera que “la actuación de los acusados justifica el juicio de inferencia que conduce a colegir que todos estaban concertados para la creación de una plaza de empleo público, innecesaria y vacía de contenido esencial, cuyo destinatario sería el acusado Don David Sánchez (y para el ulterior torticero cambio de denominación de tal puesto de trabajo), así como de otra igualmente vacua reservada al acusado Don Luis María Carrero, fingiendo un proceso de selección y valoración de méritos sustancialmente inexistente como justificación mendaz de los contratos para acceder al empleo público, que estarían avalados por unos procedimientos administrativos oficiales de selección y propuestas de contratación puramente cosméticos o ”de escaparate“ sin fundamento real alguno, con ulterior adaptación en el caso de Don David de las condiciones de su puesto a sus apetencias sin consideración alguna a la causa pública, al interés general y soslayando de manera palmaria los principios de mérito y capacidad rectores en el acceso a los puestos de trabajo en la Administración y sin que, como se ha afirmado, dicha transmutación obedeciera a una ”evolución natural de funciones“ previamente desarrolladas o a un acto de ”sinceración administrativa“. Esta inferencia del tribunal no se basa en las pruebas recabadas durante la celebración del juicio, ya que el trabajo de David Sánchez como coordinador de los conservatorios no fue puesto en duda ni siquiera por los directores de esos departamentos. Que el montaje de óperas que impulsó el hermano del presidente se hiciera ”sin consideración alguna a la causa pública y al interés general“, es una inferencia del tribunal sin prueba conocida.

“Es inverosímil” que el presidente de la Diputación no conociera los hechos

Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, ha sido condenado a 18 años de inhabilitación por prevaricación. El tribunal, sin citar prueba que lo acredite, considera “inverosímil que, conociéndose de forma generalizada en el ámbito de Cultura desde el momento de la creación del puesto que el mismo estaba destinado a ser adjudicado al señor Sánchez, no supiera dicha circunstancia y no participara directamente en los hechos”. En el juicio, ningún testigo ni imputado declaró o acreditó que se conociera de forma generalizada en el departamento de Cultura que se creó el puesto para David Sánchez. “Intervino, como representante del órgano decisorio, la Diputación de Badajoz, en la decisión de contratar a Don David y de modificarle las funciones que tenía encomendadas en su puesto original. Por consiguiente, es responsable en concepto de autor de los delitos de prevaricación administrativa correspondientes a los Bloques A) y B) del párrafo de hechos probados, resultando aplicable el artículo 31 del CP”, señala la sentencia. Las pruebas recabadas durante la instrucción no acreditaron que Gallardo hubiera intervenido en la decisión de contratar a David Sánchez.

David Sánchez conoció previamente que el puesto de coordinador se creó para él

El Tribunal, sin prueba que acredite su tesis principal, afirma: “David Sánchez Pérez-Castejón, quien teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria, e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera (…) Cooperó realizando actos nucleares: presentó la solicitud correspondiente en el concurso de méritos para la adjudicación de la plaza creada para él, participó en el proceso selectivo maquillado aportando documentación y derivó, incumpliendo el contenido obligacional del contrato de coordinador de actividades de los conservatorios, a actividades operísticas que no guardaban relación alguna con el puesto primigenio para el que había sido nombrado ,interesando y consintiendo que, al socaire del denominado cambio de nomenclatura de la plaza, se creara otra absolutamente diferente de la que seguía siendo titular y beneficiario”. El tribunal le condena por cooperación a la prevaricación al haber forzado el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo asignado, y sostiene que David Sánchez tuvo conocimiento previo de que la creación de la plaza (octubre de 2016) se hizo para adjudicársela a él mismo. Sin embargo, en la contra hipótesis redactada por el mismo tribunal se elucubra con la posibilidad de que el presidente de la diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, hubiera decidido, en mayo de 2017, cuando Sánchez ganó las primarias y volvió a ser secretario general del PSOE, adjudicar la plaza al hermano (junio de 2017). Esta contra hipótesis echaría por tierra la conclusión del mismo tribunal cuando afirma que David Sánchez tuvo conocimiento previo de que se había creado la plaza para él en noviembre de 2016.

La causa de la Audiencia Nacional en la que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero ha alcanzado una nueva dimensión después del último informe policial aportado al juez José Luis Calama. El atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, pone la lupa sobre los negocios del expresidente del Gobierno en Latinoamérica y le acusa de cobrar 200.000 euros a cambio de usar su influencia en favor de una empresa en Bolivia. Se trata de sospechas que van más allá de su supuesta relación con el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra en España y sus supuestos trabajos de consultoría para Análisis Relevante, la sociedad del empresario que pagó cientos de miles de euros tanto a él como a sus hijas. 

La tesis del juez Calama es que esos pagos de Análisis Relevante eran facturas simuladas para canalizar los fondos que cobraba la trama a compañías con intereses en obtener ayudas públicas o favores, como Plus Ultra. En su declaración ante el juez, Zapatero defendió que hay un trabajo real detrás; tanto suyo, que realizaba informes de consultoría; como de sus hijas, que se encargaban de maquetarlos. Sin embargo, el último atestado policial aportado al sumario ahonda en la tesis de que el expresidente camuflaba bajo falsos contratos de asesoría supuestas gestiones con “altas esferas políticas”. 

En este caso, la UDEF le acusa de haber cobrado 200.000 euros del conglomerado peruano Grupo Gloria, propietario de Soboce, una cementera boliviana que había sido condenada a pagar más de 100 millones de dólares a otra empresa por competencia desleal. Esos 200.000 euros habrían llegado a Zapatero a través de la “sociedad interpuesta” Focus Social Research, de origen peruano, con quien firmó un contrato de consultoría. Pero el atestado sostiene que el expresidente no hizo trabajo de asesoría alguno, sino que se desplazó a Bolivia en septiembre de 2024 para reunirse “con altas esferas políticas” del país.

Los investigadores se basan, para ello, en el contenido de las agendas del expresidente que los agentes se llevaron de su despacho el pasado mayo y de los mensajes incautados a su secretaria Gertrudis Alcázar, también imputada. Esos mensajes apuntan a que negociaba facturas, borradores de contrato y pagos con una directiva del Grupo Gloria y con otra intermediaria, la exembajadora boliviana Carmen Almendras; y que agendó reuniones con mandatarios del país tras mantener conversaciones con ambas. 

La UDEF concluye que estos hechos son una prueba más de que “aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional”, Zapatero se dedicaría al “ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”. 

En el entorno del expresidente defienden que ese trabajo fue “una actividad de consultoría legal por completo”, y que además no tiene nada que ver con el objeto de la causa abierta en la Audiencia Nacional, centrada en si influyó en el rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra, algo que ha negado de forma reiterada. “Sería inaceptable hacer una investigación prospectiva de la tarea profesional del expresidente”, denuncian estas fuentes al entender que este nuevo informe se nutre de mensajes con su secretaria que nada tienen que ver con el préstamo a la aerolínea. 

La sospecha de los investigadores, sin embargo, es que ese contrato escondía un mecanismo para vehicular los pagos por ejercer su influencia sobre el entonces presidente boliviano Luis Arce y otras autoridades y solucionar el litigio millonario que afectaba a la empresa cementera. En febrero de 2025, unos meses después de la visita de Zapatero, el Tribunal Supremo de Bolivia condenó a la cementera a pagar 107 millones de dólares a la empresa rival. Pero tres meses después, otro tribunal dejó sin efecto la orden de pago. En la actualidad, el Tribunal Constitucional está pendiente de confirmar o revocar ese amparo.

La Policía no acusa directamente a Zapatero de haber conseguido que los tribunales de Bolivia dieran la razón a esta empresa de la que cobraba, pero sí superponen ambos hechos de forma cronológica. “Se desprende que Zapatero solicita la intermediación del presidente Arce ante el Procurador General, si bien la intermediación la haría directamente el ministro Siles por indicación del propio Arce”. Luis Arce fue presidente de Bolivia entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025, pocos meses después de esa supuesta intermediación. César Siles, por su parte, fue ministro de Justicia de Bolivia hasta su dimisión en junio de ese año.

Las agendas íntegras de Zapatero

El último informe de la UDEF aportado al procedimiento tiene dos fuentes principales, según citan los propios investigadores: las agendas de Zapatero correspondientes a los años 2024 y 2025 y las conversaciones de WhatsApp y correo electrónico que su secretaria mantuvo tanto con sus contactos en Latinoamérica como con el propio expresidente. El entorno del expresidente del Gobierno ha mostrado su malestar en las últimas horas por la aportación íntegra de esas agendas y conversaciones al procedimiento, y su posterior publicación, sin que haya existido un expurgo previo por parte de la UDEF. Desde el PSOE también han cargado contra esa difusión porque son, en su mayoría, mensajes privados: “Utilizar una investigación para exponer aspectos de la vida privada ajenos al procedimiento genera indefensión y desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial”.

La documentación aportada al sumario por la unidad policial en forma de anexos revela, por ejemplo, que Zapatero reaccionó a la detención el pasado diciembre de su amigo Julio Martínez Martínez, el empresario que le pagó a través de Análisis Relevante 490.780 euros a Zapatero y 239.755 a la empresa de sus hijas entre 2020 y 2024. Los mensajes muestran que a partir de entonces empezó a recopilar información sobre su actividad profesional como consultor, así como sobre las conferencias y cursos en los que había participado desde 2020. “¿De cuánto es la primera factura de AR?”, preguntó a su secretaria en alusión a Análisis Relevante cinco días después de la detención del empresario.

Las agendas y conversaciones recogen información relacionada con sus trabajos en Bolivia, pero su aportación en bruto al procedimiento ha dejado al descubierto todas y cada una de sus citas de 2024 y 2025 así como conversaciones privadas con su secretaria sobre la actualidad política, gestiones sobre transportes y la salud de familiares. 

El contenido de estos documentos revela sus relaciones con grandes empresarios españoles: Ángel Escribano (Indra), Carlos Torres (BBVA) o Mario Ruiz-Tagle (Iberdrola), entre muchos otros. Y también figuran reuniones con otros políticos, no solo del PSOE, como Irene Montero, Pablo Bustinduy y Yolanda Díaz. 

El caso que investiga a Zapatero avanza en la Audiencia Nacional y el juez Calama ha puesto en marcha varias diligencias clave para las próximas semanas. El empresario Julio Martínez Martínez está llamado a declarar el próximo 21 de julio en calidad de investigado. Además, el juez también ha imputado a Alba y Laura, las hijas del expresidente, y a la secretaria Gertrudis Alcázar.

El informe de la UDEF recién incorporado al proceso sobre los negocios de Zapatero en Bolivia fue redactado el 22 de junio, varios días después de que el expresidente compareciera como investigado ante el juez Calama. A lo largo del interrogatorio el magistrado intentó preguntar al político por este contrato con Focus Social Research, pero Zapatero se negó a contestar: “No voy a decir nada más de esto. Tengo un contrato de asesoramiento y ya está”, afirmó.

El avance de las pesquisas determinará si el instructor pone en marcha más diligencias sobre los negocios internacionales de Zapatero no relacionados con Plus Ultra ni con Análisis Relevante y su amigo Julio Martínez Martínez. 

Lo que sigue es una elucubración con base. O una conjetura basada en indicios. O una inferencia según las reglas de la experiencia. Sea lo que sea, lo único que intenta es explicar el laberinto judicial en el que anda metido el expresidente Zapatero a cuenta de sus negocios privados… y opacos.

Es una interpretación libre de los hechos bajo sospecha tras analizar los informes de la policía y las explicaciones dadas por el expresidente al juez Calama.

Primera parte

Casi 30 años de función pública acaban en 2015 para iniciar una nueva actividad privada

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero decidió poner fin a su vida en la Administración Pública tres años después de dejar el Gobierno. Comenzó en 1986 como diputado en el Congreso por León y finalizó cuando abandonó en 2015 el Consejo de Estado donde, como consejero nato, gozaba de un salario público considerable. Renunció a ese puesto de duración indefinida y se buscó la vida como expresidente conferenciante y consultor.

Muy pronto simultaneó su desempeño profesional en la vida privada con un nuevo empeño político con origen y destino en Venezuela. En poco tiempo inició gestiones, muchas veces fructíferas, para la excarcelación de decenas de presos políticos. En ese trabajo de años, Zapatero conoció a empresarios venezolanos que le preguntaban por el futuro del país y le contaban problemas que tenían para desarrollar su actividad. También habló con directivos de empresas españolas que le pedían alguna gestión con el Gobierno de Nicolás Maduro para eliminar obstáculos o mejorar su actividad en aquel país. Todo, según Zapatero, “pro bono”, por el bien común, sin cobrar un euro.

Segunda parte

Sus relaciones con empresarios venezolanos sin remuneración aparente

Una de las principales sospechas de corrupción que ensucia a Zapatero tiene que ver con la empresa Inteligencia Prospectiva, creada en Madrid en 2020 por los hermanos Guillermo Alfredo y Domingo Arnaldo Amaro Chacón. Esta sociedad, sin ingresos ni trabajadores, pagó entre 2020 y 2025 hasta 561.440 euros a Whathefav, la firma de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero; 260.000 euros a Gate Center, la sociedad en la que Zapatero figura como presidente del consejo asesor, y 368.258 euros a Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez que pagó a Zapatero.

El expresidente explicó así al juez sus relaciones con la familia Amaro Chacón, un grupo empresarial con inversiones en distintas partes del mundo. “Esta familia es de un grupo empresarial muy importante. Ellos dos son la tercera generación. La empresa Inteligencia Prospectiva debía de ser un apoyo a todo lo que suponía su proceso de inversión en diversos lugares, también en España y desde la base física legal de España. Yo he hecho una intensa tarea de consultoría con los hermanos Amaro Chacón. Me he reunido con ellos en innumerables ocasiones. Me han consultado absolutamente todas las vertientes políticas, económicas. He viajado con ellos y he estado en reuniones con ellos, con otras personas. He hecho una intensa actividad que podremos exponer en su momento”.

Zapatero no le contó al juez, ni Calama se lo preguntó, si cobraba por esos servicios a la familia Amaro Chacón. Los hechos acreditados por la investigación son que Inteligencia Prospectiva pagó casi 1,2 millones de euros a tres sociedades, entre ellas la registrada a nombre de las hijas de Zapatero. Y que en ese periodo, las tres empresas que recibían fondos de Inteligencia Prospectiva abonaron cantidades parecidas al expresidente y a sus hijas. La inferencia según las reglas de la experiencia podría indicar que los hermanos Amaro Chacón pagaban indirectamente a Zapatero a través de esas tres empresas por sus trabajos de asesoría no remunerados. Pero el expresidente no llegó tan lejos en su declaración. Cuando explicó por qué Inteligencia Prospectiva contrató a Whathefav se limitó a decir que los dos hermanos venezolanos eran amigos de sus hijas desde la infancia.

Tercera parte

El amigo Julio Martínez que le acompañó a Venezuela y se hizo agente comercial

Zapatero explicó así la relación de su amigo Julio Martínez con Venezuela: “Conocía a Julio Martínez desde 2011. En 2019, en un momento dado, pues como yo viajaba tanto, Julio Martínez era amigo antes de que tuviéramos ninguna relación comercial ni nada, pues me acompañó, me acompañó como un amigo a viajar. Como en alguna otra ocasión me han acompañado a algún proceso electoral, alguna otra persona a Venezuela por interés, por acompañarme, y eso hizo que a partir de ahí fuera con más frecuencia conmigo”.

Como acompañante de Zapatero en numerosos viajes, Julio Martínez se convirtió en una especie de solucionador de problemas con las autoridades venezolanas. Y varias empresas que conocieron esta circunstancia le contrataron. La compañía aérea Plus Ultra le pagó entre 5.000 y 6.000 euros al mes durante años. Gestionó con las autoridades venezolanas permisos de vuelo en plena pandemia, homologaciones de aeronaves o aplazamientos en el pago de una deuda de combustible a PDVSA, según han explicado directivos de la compañía a elDiario.es. “Era muy eficaz”, aseguran.

La investigación sostiene que la eficacia de Martínez en sus gestiones venezolanas se debía a que se presentaba en ese país con el aval de Zapatero. De hecho, los propietarios de Plus Ultra, como el venezolano Rodolfo Reyes, cada vez que se mandaban mensajes en los que se referían a Julio Martínez Martínez escribían entre paréntesis el nombre de Zapatero. Buena parte del millón de euros que Julio Martínez cobró en los últimos cinco años de distintas empresas por sus gestiones en Venezuela acabó en los bolsillos de Zapatero o de sus hijas a través de Análisis Relevante.

Cuarta parte

El rescate de Plus Ultra, un tráfico de influencias sin influencia acreditada

Durante dos horas de interrogatorio, el juez Calama apenas pudo rebatir las rotundas palabras de Zapatero negando cualquier influencia en el proceso del rescate a Plus Ultra. El Consejo de Ministros aprobó en abril de 2021 un préstamo de 53 millones de euros para salvar del cierre a la compañía aérea ante la obligada inactividad provocada por la pandemia.

Zapatero repitió varias veces lo mismo: “No hablé. No solo no influía o no me interesé. No hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y, por tanto, creo que una influencia tiene que ser ante alguien”. Una jueza investigó durante 19 meses todas las circunstancias del rescate sin apreciar ninguna irregularidad. El instructor de la Audiencia Nacional tan solo pudo aportar como prueba de la sospecha conversaciones de otros sugiriendo que Zapatero estuvo detrás de una reunión en el ministerio de Transportes que tampoco sirvió para facilitar o acelerar el rescate. Pero es que, además, el secretario de Estado que estuvo en esa reunión, Pedro Saura, negó que fuera por mediación de Zapatero.

La investigación localizó una especie de contrato por el que Julio Martínez Martínez cobraría el 1% del rescate si el consejo de ministros lo aprobaba. Plus Ultra sostiene que ese contrato nunca pasó por el consejo de administración y asegura que a Julio Martínez no se le pagó ninguna comisión por el rescate dado que la empresa cumplía las condiciones y no necesitaba la ayuda de nadie para conseguir el préstamo.

Quinta parte

La sospecha sobre la creación de una empresa en Dubái tras una comida que no recordaba Zapatero

El juez Calama asumió sin matices la tesis policial según la cual Zapatero ordenó crear una sociedad offshore en Dubái para derivar las comisiones del 1% (530.000 euros) cobradas por el rescate de Plus Ultra. La secretaria del expresidente convocó una comida con Julio Martínez y un militante socialista con negocios en Dubái donde supuestamente se apalabró el plan. La policía no ha encontrado todavía ni la empresa de Dubái ni la trasferencia de la mordida del rescate de Plus Ultra.

Tampoco han encontrado en las cuentas de la compañía aérea esa salida de fondos. Pero la respuesta de Zapatero, que no recordaba esa comida en una marisquería, aumentó las sospechas del magistrado pese al énfasis del expresidente en despejar todas las dudas. “Es muy pertinente que usted compruebe si comió o no comió”, le dijo Calama.

El abogado de Zapatero presentó un escrito con una autorización universal al juez para que investigase en cualquier rincón del mundo supuestas propiedades o empresas del expresidente del Gobierno. Calama aceptó la propuesta sin darle mayor valor como prueba de la inocencia de Zapatero.

--

La declaración íntegra de José Luis Rodríguez Zapatero:

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado dirigir la investigación del 'caso Plus Ultra' contra las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como contra su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito del martes pasado pidió a Calama que les tomase declaración en calidad de investigadas.

En el auto en el que acuerda estas diligencias, el instructor sostiene que citarlas como investigadas —y no como testigos— tiene como objetivo proteger sus derechos constitucionales y ofrecerles las máximas garantías procesales. Todavía no hay fecha para su declaración. El juez la señalará en otra resolución aparte.

En relación con las hijas, Calama afirma que existen “indicios racionales” de que su agencia de marketing, Whathefav, era una sociedad instrumental que era utilizada para “la canalización, ocultación o facilitación” de operaciones relevantes para los hechos que se investigan. El juez ya ordenó a la Guardia Civil registrar sus oficinas el pasado mayo.

Según la investigación, la agencia de Alba y Laura Rodríguez Espinosa cobró 800.000 euros de empresas vinculadas a los negocios de su padre. Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, les pagó 239.755 euros. E Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos, más de medio millón. Ambas son dos sociedades fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción. 

Respecto a la secretaria Gertrudis Alcázar, el juez apunta que los “indicios de su participación directa en los hechos” ya figuraban en el auto en el que imputó a Zapatero, donde también autorizó el registro de la oficina en la que trabaja. El instructor recuerda que esa resolución apuntaba a su “papel operativo esencial” como gestora de la cuenta de correo presidentezapatero@presidentezapatero.com desde la oficina de la calle Ferraz. Esa cuenta es identificada como “el principal canal de comunicación interna de la red”.

Los investigadores hallaron correos en los que la secretaria solicita indicaciones sobre facturas y los conceptos que deben consignarse, lo que a juicio de juez apunta a la existencia de “una concertación previa sobre el contenido, la descripción y el importe de las facturas, lo que revela la ausencia de una prestación real subyacente”.

En su auto, el juez rechaza la mayoría de las diligencias propuestas por la acusación popular unificada y la de Zapatero, sin perjuicio de que según avance la investigación pudiera valorarse su pertinencia, utilidad y necesidad.

El Partido Popular, que representa a las acusaciones populares del caso, había solicitado la citación como investigados del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de su asesor Koldo García o la del ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura como testigo, si bien el juez lo ha rechazado.

También rechaza la imposición de una fianza por el importe de la deuda impagada por Plus Ultra, cuyo rescate durante la pandemia está en el origen de este procedimiento. A este respecto, el juez recuerda que en esta causa no se investiga el procedimiento administrativo de concesión de esa ayuda pública, sino las conductas concretas que pudieron influir en la concesión de dicha ayuda en cuanto pudieran ser constitutivas de tráfico de influencias, así como el posible blanqueo vinculado al desvío de fondos canalizados a través de esa financiación pública.

La investigación que el juez Juan Carlos Peinado abrió hace más de dos años contra Begoña Gómez avanza ya hacia el juicio si no lo impide la Audiencia Provincial, la instancia que revisa sus decisiones. Tras recibir los escritos de las acusaciones ultras que sustentan la causa y que piden 24 años de cárcel para la mujer del presidente del Gobierno, el juez la ha citado este lunes al último acto previo al enjuiciamiento, la llamada audiencia preliminar.  

Se trata de un trámite que no requiere la asistencia de los investigados, si bien Peinado exigió su comparecencia bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento es que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Es una apreciación llamativa en el caso de Begoña Gómez, quien va acompañada permanentemente en sus desplazamientos por un equipo de escoltas de la Policía Nacional. Y también en el del empresario Juan Carlos Barrabés, que está gravemente enfermo, según los informes médicos que constan en la causa. 

La defensa de Begoña Gómez da por hecho que se abordará la posibilidad de que se tome algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que ha acudido a la comparecencia, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995. 

Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es recuerdan que para acordar algún tipo de medida cautelar debe solicitarlo alguna de las partes. No se espera que lo haga la Fiscalía, quien ha pedido reiteradamente el archivo de la causa al considerar que Peinado se basa en “hipótesis” y “alambicadas teorías” para sentar en el banquillo a Begoña Gómez. 

[Actualización: HazteOir pedirá a Peinado que imponga a Begoña Gómez comparecencias quincenales y le retire el pasaporte]

Sin embargo, el escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida sí daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

Los ultracatólicos de HazteOir lideran la acusación popular tras la decisión del magistrado de agruparlas bajo una única dirección letrada. También forman parte partidos como Vox o el minoritario Iustitia Europa y otras organizaciones vinculadas a la extrema derecha como Manos Limpias. No obstante, el pseudosindicato que dirige Miguel Bernad, que interpuso la primera querella que dio origen a la investigación, solicitó recientemente al juez que le permita ir por libre por las “diferencias radicales y profundas” con el resto de acusaciones. 

Manos Limpias no ve claros tres de los cinco delitos que se le achacan a la esposa de Pedro Sánchez y tampoco la imputación de la asistente Cristina Álvarez, para quien el conjunto de las acusaciones populares piden 22 años de cárcel, al considerar que se dedicó a la captación de fondos, reuniones y supuestos negocios privados de Begoña Gómez durante su horario de trabajo.

Las peticiones de las defensas

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Así que más allá de las posibles medidas cautelares, lo previsto es que las defensas y la Fiscalía defiendan de nuevo que la causa debe archivarse y que las acusaciones insistan en que tiene que ir a juicio. Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Se espera que en la vista de este lunes su abogado, Antonio Camacho, rebata esta tesis sobre la base de los argumentos de su escrito de defensa. Entre ellos, que su vinculación con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

Se prevé que la Fiscalía se exprese en ese mismo sentido. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

Por otro lado, respecto a las funciones de la asistente en las que el juez y las acusaciones ven un delito de malversación, la defensa de Begoña Gómez mantiene que su ayuda “ocasional” mediante el envío de “un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales” a Begoña Gómez no afectó sus funciones ni supuso un “menoscabo de recursos públicos”.

Tras escuchar los argumentos de las partes —y, en su caso, decidir si impone a los investigados alguna medida cautelar—, el juez tendrá que determinar en el mismo acto o en los tres días siguientes si abre o no juicio oral contra Begoña Gómez, su asistente en la Moncloa y el empresario Barrabés. Tras una instrucción en la que se ha apoyado en las acusaciones de extrema derecha, todo apunta a que Peinado dejará a los tres investigados camino del banquillo antes de su jubilación, prevista para el próximo septiembre.

Los locales de la antigua sede municipal que el Ayuntamiento de Estepona vendió muy por debajo de su valor de mercado hace cuatro años se explotan ya como apartamentos turísticos, a un precio de entre 130 y 250 euros por noche, dependiendo de la temporada. Estos inmuebles junto al puerto deportivo fueron adjudicados en pleno agosto de 2022 por el consistorio a Omega 93, propiedad del constructor Bonifacio Solís, exsocio y amigo personal del alcalde José María García Urbano (PP), en una subasta sin publicidad en medios y mal clasificada en el portal de licitaciones, a la que sólo se presentó la adjudicataria. El precio final, rebajado al máximo legal, fue de 1.245.000, poco más de la mitad de los 2,3 millones del valor catastral de los inmuebles y una cuarta parte del precio que el Ayuntamiento obtuvo años antes por el local contiguo, vendido a la Diputación Provincial.

Hoy, la Perla del Puerto, que así se llaman los antiguos locales, es un conjunto de 21 “unidades de alojamiento” (en realidad, son diez apartamentos con una cama y un sofá cama cada uno) de entre 40 y 60 metros cuadrados con categoría “dos llaves” y un total de 40 plazas, según consta en el buscador de establecimientos turísticos de la Junta de Andalucía. Obtuvo la concesión de la marca hace apenas diez días. Los apartamentos ya terminados ocuparían parte de uno de los locales en planta baja, con una superficie que supone apenas una cuarta parte de lo que Omega 93 compró hace casi un lustro.

Por ahora, Airbnb sólo ofrece la posibilidad de arrendar uno de ellos, Brisa, “con vistas al puerto de Estepona”, “moderno y sorprendentemente espacioso”, situado en “un edificio completamente renovado en pleno puerto de Estepona”. Ideal para vivir la “auténtica esencia de la Costa del Sol” a 166 euros por noche los próximos fines de semana, mínimo cuatro noches. Booking referencia otros tres, pero no están disponibles.

El anunciante de Brisa es Hanami Group, que en su web tiene diez de apartamentos de La Perla. Es una mera gestora. El propietario sigue siendo la empresa que compró los antiguos locales municipales, pero ahora lo es a través de Turismo del Puerto S.L., una entidad constituida en septiembre de 2023, cuyo único socio es Omega 93 y está administrada por Estela Solís, hija del constructor. Su capital social es de 1.347.748 euros, casi coincidente con el precio pagado por los locales municipales.

El negocio pinta bien: la herramienta AirDNA Rentalizer estima unos ingresos anuales de 23.400 por cada uno de los diez apartamentos, 234.000 euros al año por los diez. Otra fuente especializada del sector lo eleva a entre 27 y 32.000 euros al año. Estepona es un destino de moda para el turismo de alto poder adquisitivo gracias a sus playas, sus cuidadas calles y la amplia oferta comercial y gastronómica.

A la vez, es también uno de los municipios más caros para compra o alquiler en una provincia ya de por sí muy tensionada. En los últimos años, el sector inmobiliario local se ha reorientado notoriamente hacia el sector del lujo y la compra de primeras o segundas residencias de ciudadanos extranjeros. En el último año el precio del alquiler y compra se ha incrementado el 9,5% y el 11,6% respectivamente, según Idealista.

Precio final: mitad del valor catastral y una cuarta parte de lo que pagó Diputación Provincial

Este medio desveló en diciembre de 2022 la venta de esos locales municipales, hoy apartamentos turísticos, a Omega 93, una empresa patrimonial del constructor Bonifacio Solís, el mayor adjudicatario de obra pública en el municipio. Omega 93 fue socia de una sociedad patrimonial del alcalde en otra empresa, Nuevos Aires 2002. El Ayuntamiento siempre ha defendido que la venta fue legal y que ambos ya no son socios. Sí siguen siendo amigos y es habitual verlos juntos en actos sociales. La relación entre Solís y García Urbano viene de muy atrás, probablemente de Coín, de donde ambos provienen.

Tras las revelaciones de este medio a finales de 2022, el PSOE llevó el asunto a Fiscalía, pero el fiscal Julio Martínez Carazo archivó en mayo la investigación tras recabar el expediente municipal. Cuatro meses más tarde, en septiembre de 2023, la constructora de Solís fichó al hijo mayor del alcalde, de 27 años, como “director de operaciones”. No tenía experiencia en puestos similares.

La venta de los locales a la sociedad del amigo del alcalde se articuló de manera rápida y estuvo trufada de detalles inusuales, como desveló en su día una investigación de este medio. El 2 de diciembre de 2021, García Urbano inició el proceso con un Decreto para desafectar las dependencias municipales, pues hasta entonces no se podían vender. Tras subsanar la falta de publicación en el Boletín Oficial, llevó el asunto como urgente al Pleno de febrero. Allí, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento seguiría siendo el dueño. Un mes más tarde estaba empezando a subastar los inmuebles.

En estos procesos, el Ayuntamiento está obligado por ley a tratar de obtener el mejor precio para las arcas públicas. Su precio de salida era de algo más de 1,6 millones, teóricamente obtenido a partir de un informe de la arquitecta municipal. Esa cantidad era un 41% inferior al valor catastral (2,3 millones) y estaba más alejada aún de los valores de mercado en esa zona, inmersa en un ambicioso proyecto de renovación urbana, ya culminado, que incluía el Mirador del Carmen en la cercana playa de La Rada.

El precio de los locales se rebajaría aún más. La primera subasta, que no se anunció “porque la ley no obliga” (según dijo el Ayuntamiento a este medio), quedó desierta. Entonces el Consistorio rebajó el precio lo máximo que le permite la ley, un 25%. Lo licitó por segunda vez nuevamente sin publicidad en medios, y sólo apareció en la plataforma de contratación como “subasta de bien mueble”, una rúbrica errónea que impedía que los posibles interesados pudieran enterarse. Tampoco concurrió nadie, de modo que se repitió como expediente “bis”.

A la tercera fue la vencida. El Ayuntamiento dio 15 días naturales (algo inusual) para recabar ofertas y Omega 93 presentó la suya, que fue la única, el 16 de agosto de 2021, media hora antes del límite. “De la primera nos enteramos tarde”, explicó una portavoz a este medio, sin aclarar cómo lo supieron, dado que no apareció en prensa y en el portal de licitaciones estaba mal referenciado. La presidenta de la mesa de contratación fue la concejala Ana Velasco, también vinculada en el pasado a una sociedad del adjudicatario.

El precio final de los locales, menos de un millón de euros a 474,7 euros/metro cuadrado, contrasta mucho con el precio por el que el propio Ayuntamiento vendió el local contiguo de al Patronato de Recaudación de la Diputación de Málaga: una oficina de 372 metros cuadrados y cuatro plazas de garaje que vendió en 2014 por 819.000 euros, a unos 2.200 euros/metro cuadrado. El Ayuntamiento vendió una oficina a la Diputación a más del cuádruple del precio de venta que le puso a los locales de al lado.

La vieja relación del alcalde con la adjudicataria

De este modo, en siete meses el Ayuntamiento desafectó, licitó y vendió su antigua sede a un precio muy inferior al de mercado a un amigo y exsocio del alcalde. Son 2.000 metros cuadrados, que inicialmente eran dos locales en planta baja, entreplanta y oficina, así como 26 plazas de aparcamiento. Durante meses, los trabajadores municipales siguieron ocupando esas dependencias, hasta que pudieron marcharse a la nueva sede municipal.

Después, se acometió una obra interior para dejar una cuarta parte de la superficie de esos inmuebles lista como apartamentos turísticos a finales del año pasado, según fuentes locales, mientras se pasaban a una nueva empresa, Turismo del Puerto, S.L. Su administradora es Estela Solís, hija de Bonifacio, y el socio único es Omega 93. Según información registral, Omega 93 aportó los inmuebles el 25 de octubre de 2023 en escrituras otorgadas ante la notaria Almudena Romero, quien lleva la notaría de la que es titular el alcalde.

Al menos hasta 2016, García Urbano fue socio de Omega 93 en la entidad Nuevos Aires 2002. Así constaba en su declaración de bienes al Congreso de ese año y lo confirmó el propio Solís a este medio, aunque en 2023 aseguró que ya había adquirido las participaciones sociales de García Urbano hacía “dos o tres años”. Ambos son amigos íntimos. El tercer socio en Nuevos Aires era Juan Hoffmann, condenado y prófugo del caso Malaya. Nuevos Aires también es propietaria del edificio ilegal que albergó durante años la sede de Urbanismo en Marbella.

Estela Solís sustituyó a Antonio Zarco (expareja de la concejala Ana Velasco) como administradora de Nuevos Aires en enero de 2024. Para entonces, el hijo mayor del alcalde llevaba varios meses supuestamente ejerciendo como “director de operaciones” de la constructora, cargo que aún ocupa y al que llegó tras renunciar en apenas dos meses al acta de concejal que obtuvo después de que renunciaran dos concejales de la lista encabezada por su padre.

Bonifacio Solís fue también la encargada de levantar el Mirador del Carmen, una fastuosa torre en plena playa que costó más de 16 millones de euros. El alcalde ha sido llamado a declarar ante el juez como investigado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación del restaurante con mirador a la pareja de su hijo, sin experiencia alguna en negocios de ese tipo. Como desveló este medio hace tres años, la sociedad adjudicataria se creó pocas semanas antes en el despacho profesional de un concejal de confianza de García Urbano.

Julio Martínez Martínez era el 'lugarteniente' de José Luis Rodríguez Zapatero en una organización “estable” dedicada al tráfico de influencias. Al menos así lo describen tanto el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como los investigadores. Por eso, el informe elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, que analiza el patrimonio de Julio Martínez Martínez y que consta en el sumario de la causa, es relevante. Porque la UDEF entiende que este era una suerte de hombre de paja, un 'interpuesto' a través del cual el expresidente camuflaba el flujo monetario que recibía por sus gestiones ante administraciones nacionales y extranjeras.

El documento, fechado en febrero de 2026, ofrece una radiografía exacta de su patrimonio, de su participación en sociedades, y de en qué negocios pudo participar Julio Martínez, quien fuera administrador único de Análisis Relevante, la sociedad que abonó a Zapatero 490.780 euros en cinco años, desde 2020 a 2025.

Hacienda encontró que su domicilio se ubica en la calle Diego de León (en el madrileño barrio de Salamanca, uno de los de mayor renta per cápita del país). Desde septiembre de 2021 paga, aparentemente, 60.000 euros al año de alquiler (5.000 euros por mes), y a la Agencia Tributaria le surge la duda de si, en realidad, se podría tratar de una vivienda doble, dos domicilios unidos. A pesar de que Antifraude no tiene claro ese asunto y tampoco sabe si el empresario pagaba parte o el total de la renta, sí que considera que su “volumen de entradas en cuentas bancarias”, sus ingresos, eran “insuficientes” para atender este pago.

De hecho, a las cuentas le dedica un apartado extenso para explicar que entre 2020 y 2021 “no hay constancia de que sea titular” de ninguna, al menos en España. Y que desde 2022 figura como titular solo en una y en 2025 se abre otra cuenta corriente. Es en esa última donde ese mismo año entran 100.000 euros de golpe. Y no pueden determinar su origen.

Pero quizá donde la ONIF se recrea más es en las sociedades en las que aparece Julio Martínez Martínez. Identifica “un entorno societario de control amplio constituido por 39 entidades en el periodo 2020-2024”. Y ahí es tajante al concluir que “su perfil contrasta con el elevado número de entidades controladas”.

Sobre ellas, detalla que 20 se encuentran inactivas porque, o bien no presentan declaración del impuesto de sociedades, o bien han sido dadas de baja de la Agencia Tributaria antes de 2020, o bien su cifra de negocio es nulo en el periodo investigado. Otras tres, dice, están “inactivas”, pero, en cambio, “consta un importante movimiento en cuentas bancarias”.

Las otras 15 sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez sí estaban activas, si bien ocho de ellas no tenían empleados. Entre esas sociedades sin gasto de personal se encuentran algunas de las que están en el centro de la investigación del juez Calama, como Análisis Relevante, Idella Consulenza, o Voli Analítica.

Operativa comercial: Ingresos de 4,89 millones

Hacienda explora los ingresos de un total de 16 de esas empresas participadas por Julio Martínez, y destaca que ascendieron a 4,89 millones de euros en el periodo 2020-2025. La que mayores entradas de dinero obtiene es Análisis Relevante, alcanzando los 959.798 euros.

Explica que los principales clientes de ese colectivo de entidades del entorno de control de Julio Martínez son Miralles Cremades Clara (605.000 euros), Plus Ultra Líneas Aéreas (598.910 euros) e Inteligencia Prospectiva (380.208 euros), otra de las empresas que están en el epicentro de la trama. Cabe recordar que en sus informes la UDEF señala que el flujo de dinero de esa última empresa hacia la familia de Zapatero fue de 801.195 euros pese a ser una sociedad “carente de actividad real”.

Pero en ese apartado de la clientela de las sociedades vinculadas a Julio Martínez llaman la atención dos ítems en particular. En el gráfico de la ONIF se especifica que la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, pagó al entorno empresarial del investigado 96.753,02 euros en 2023 y 32.436,66 en 2024. El total asciende a 129.189 euros. El consejero de Presidencia se apresuró el pasado miércoles a enmarcar en esa relación en unos pocos concursos que fueron adjudicados a esas empresas y solicitó “no generar confusión”.

Además, entre 2020 y 2024 la Junta de Andalucía, presidida por el 'popular' Juanma Moreno, abonó al entorno empresarial del amigo personal de Zapatero un total de 62.307 euros, a razón de 7.334 euros en 2020, 12.893 euros en 2021, 13.363 euros en 2022, 13.964 euros en 2023 y 14.752 euros en 2024, en lo que parecía ser una suerte de iguala anual.

Antifraude explica que, no obstante, el cliente 'premium' de Julio Martínez fue, de lejos, Plus Ultra, con ese volumen total de 598.910 euros, percibidos por Análisis Relevante (301.290 euros), Iot Domotic Europe (155.847 euros) y Voli Analítica SL (141.772 euros). Y recuerda que ninguna tuvo empleados cuando se celebraron los contratos con la aerolínea.

En el apartado de los clientes de Julio Martínez aparecen otras dos de las empresas presuntamente clave para el movimiento de fondos de la trama: Summewind y Caleton Consultores. La UDEF cree que ambas fueron usadas por Plus Ultra como empresas desde las que canalizar fondos al entorno de la trama. La ONIF, en su informe indica que la primera abona por servicios a una empresa de Julio Martínez (Affita) 213.200 euros en 2023. Y explica que, a la vez, obtiene ingresos de Plus Ultra.

En el caso de Summerwind la investigación asegura que pagó a la aerolínea 3,9 millones de euros. Algo que, según esa empresa dedicada al negocio del subarriendo de aviones, es incorrecto dado que en realidad quien trabajó para ellos fue la aerolínea y no al revés. El juez, por el momento, les ha negado poder personarse en la causa como terceros interesados si bien ha unido su escrito de alegaciones al sumario.

Gastos de las sociedades de Julio Martínez

En el apartado de los proveedores, la ONIF explica que el principal gasto para Julio Martínez era el propio Zapatero, al que pagó desde su entorno empresarial y en cinco años 418.000 euros (no coincide con los 490.780 euros que fija el juez), seguido de Whatthefav SL, la empresa de las hijas del expresidente, a la que pagó de 2020 a 2024 un total de 242.423 euros. Eso sí, “no constan operaciones en efectivo en las cuentas titularidad de las entidades del entorno de control” de quien fuera, según la tesis de la UDEF, el hombre de paja de Zapatero.

El informe se fija en otros detalles, como que consta un cobro transfronterizo de una de las sociedades de Martínez, Nez SL. También que Idella Consulenza percibió 169.995 euros procedentes de una cuenta de Hong Kong el 27 de octubre de 2025. Cabe recordar que a esa sociedad la investigación le achaca la titularidad de una supuesta sociedad off-shore creada por orden de Zapatero en Dubái para cobrar el 1% del rescate público de Plus Ultra.

Sobre esa inferencia hay lagunas en la investigación porque ni los informes de la UDEF ni los diferentes autos arrojan mucha luz más allá de que hubo una comida en el restaurante Portonovo a la que asistieron al menos Zapatero y Martínez, y que, un día después, el empresario arrancó una serie de correos con un tercero, Tomás Guerrero, con el objetivo de crear ese vehículo financiero en Emiratos Árabes Unidos bajo la marca Ladside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco.

La ONIF se fija, además, en el patrimonio y los vehículos vinculados al entramado societario de Martínez. Y explica que algunas de las entidades tienen en su haber inmuebles y vehículos de alta gama. Al sumar el valor catastral de los terrenos rústicos, las naves y los pisos que en algún momento del periodo investigado fueron propiedad de alguna de sus empresas, la cifra es de 3,32 millones de euros.

En cuanto a los vehículos vinculados al entorno de Julio Martínez, Antifraude indica que a pesar de que él no tiene ninguno a su nombre, ha detectado en el periodo 2020-2025 hasta 16 de ellos, entre motocicletas y coches. Destacan tres Audi Limousine, un Jaguar XJ (vendido en 2022), un Mercedes c220 (vendido en 2023) o un Range Rover. Y aporta un matiz: la mayoría fueron comprados de segunda mano.

Otro detalle que arroja el informe es que ya en 2011 Julio Martínez le compró a Zapatero un chalé pareado en Vera (Almería) que estaba ubicado en la urbanización residencial Mirador de Vera, cerca de la playa de Quitapellejos. En la actualidad, según el portal idealista.com, un inmueble idéntico, alcanza un valor de 580.000 euros.

La ONIF destaca que en 2019, Julio Martínez se desprendió de ese chalé vendiéndoselo a la empresa Compañía Inversora de Superficies SLU, que pertenece al entorno de su hermano Manuel Martínez. Ya en 2023, es de nuevo vendido y sale ahora sí de su entorno personal y familiar.

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sacudido un escenario político a prueba de conmociones. Las causas judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez parecían no dejar hueco a un nuevo escándalo. Pero el presidente Zapatero es un símbolo de la izquierda, un referente en tiempos de resistencia para el espacio progresista, asediado por noticias negativas para el Ejecutivo y casi resignado al mantra del cambio de ciclo en España. 

La instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra la mujer de Sánchez, el juicio y condena al exfiscal general por la filtración de una información o las ventajas para Víctor de Aldama, investigado por graves delitos, por colaborar en la investigación a dos secretarios de Organización del PSOE, mantienen en guardia a un sector de los ciudadanos que asisten a la celebración del juicio de Kitchen sin que nunca se investigara a Mariano Rajoy ni se sentara en el banquillo a María Dolores de Cospedal. 

Con estos precedentes, la imputación de Zapatero ha encendido las alarmas sobre la proporcionalidad de la medida. El auto de investigación al expresidente, guiado por las provisionales, pero contundentes conclusiones de la Policía, mezcla indicios de unos ingresos poco claros de Zapatero y sus hijas con un salto argumentativo que convierte al político en presunto jefe de una trama criminal dedicada al tráfico de influencias. 

El levantamiento del secreto del sumario permite conocer qué indicios han llevado a la imputación de Zapatero, surgida de una complicada investigación por blanqueo de capitales a nivel internacional. A continuación, elDiario.es recupera y desgrana los indicios contra el expresidente del Gobierno y las lagunas de la acusación. 

El rescate público de Plus Ultra

El rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia está en el origen de las pesquisas. En 2024, la Fiscalía Anticorrupción fue alertada por las autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que el dinero de ese préstamo público hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela. Las conversaciones incautadas en la investigación de ese posible desvío de fondos dan las primeras pistas sobre la posible “relación personal y económica” de Zapatero con alguno de los empresarios que estaban bajo el radar de la Justicia en esa causa. 

Otras comunicaciones incautadas por Estados Unidos al antiguo dueño de la aerolínea, Rodolfo Reyes, un ciudadano venezolano que está en busca y captura por llevarse parte del dinero del rescate a paraísos fiscales, incluyen “referencias constantes” a recurrir a Zapatero para sortear las dificultades en la tramitación de la ayuda. Esas conversaciones exponen a directivos de Plus Ultra mostrándose confiados en que el expresidente diera un “toque técnico desde arriba”, alardeando de tener al “pana Zapatero detrás” y admitiendo su disposición a pagar mordidas. Además, supieron con antelación que se les iba a conceder la ayuda. 

Por el momento, el sumario no sitúa a Zapatero en ninguna cita “institucional” en relación con ese rescate. Aunque tanto el juez como la Fiscalía otorgan relevancia a dos reuniones de alto nivel mantenidas por el expresidente de las que la investigación no recoge ningún detalle. Una fue con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en septiembre de 2020, cuando Plus Ultra estaba tramitando su solicitud de rescate. En el entorno de Escrivá afirman que no hablaron del rescate y que la iniciativa partió del entonces ministro en el marco de una ronda de contactos con diferentes personalidades por la primera desescalada de la pandemia. La otra fue una comida con José Luis Ábalos que se produjo seis días después de que se aprobara la ayuda. 

Los abultados ingresos de la familia

Los documentos del sumario que sustentan la investigación a Zapatero no incluyen, hasta ahora ninguna prueba directa de que la supuesta influencia ejercida por el presidente derivara en la decisión de la SEPI de otorgar el rescate. No obstante, sí suscita más dudas el millón de euros que la aerolínea pagó de forma directa o indirecta en cinco años a Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero. Y el hecho de que, en ese mismo período de tiempo, este empresario al que otros investigados apodaban “el lacayo” o “el banco del jefe”, abonara más de 700.000 euros a la familia del expresidente.  

El sumario repite de modo incesante Whathefav, el nombre de la agencia de marketing de las hijas de Zapatero. Puesta en marcha en 2019, su primer ejercicio fue deficitario por 3.000 euros. Eso cambió al año siguiente. Dos consultoras de reciente creación comenzaron a solicitar los servicios de la agencia de marketing y comunicación. Una de esas consultoras era la de Julio Martínez, el amigo de Zapatero. La otra consultora pertenece a dos hermanos venezolanos. Las dos sociedades comenzaron a operar con un mes de diferencia. Ninguna de las dos tiene una actividad real, según Hacienda, la Policía y el juez, pero entre ambas pagaron más de 800.000 euros a la empresa de las hijas de Zapatero entre 2020 y 2025. 

La conclusión provisional de los investigadores es que la empresa de las hermanas era utilizada por el presidente y el resto de la trama para disimular los pagos por el tráfico de influencias como encargos de marketing a Whathefav. El sumario recoge los indicios de un pago de 20.000 euros a la sociedad de las hermanas realizado por un venezolano vinculado a la captación de clientes de una red de lavado de dinero. La sede de la agencia fue registrada el martes y los correos electrónicos de Laura y Alba Rodríguez, incautados. El análisis de esa información confirmará las sospechas sobre una actividad ficticia o permitirá justificar sus ingresos. 

La UDEF sí ha analizado ya las agendas que Julio Martínez Martínez guardaba en su domicilio y que revelan que el empresario mezclaba negocios y gestiones políticas en Venezuela. Las crípticas anotaciones que el amigo de Zapatero hizo en sus documentos personales muestran, según la Policía, su “posible intervención” en “decisiones estratégicas”, como la liberación de presos en Venezuela; pero también ponen al descubierto sus supuestos negocios relacionados con el petróleo, sus derivados y la compraventa de oro. 

En base a esas agendas, la Policía apunta al posible rol de Martínez Martínez como “asistente” de un tercero con “capacidad de influencia política”. Aunque en esta frase concreta no aparece Zapatero, en otras partes de ese informe la Policía sí señala al expresidente como la tercera persona que posee la verdadera capacidad de influencia y acceso a los niveles más altos de responsabilidad política. Además, Zapatero ha ejercido de actor reconocido del Gobierno español para mediar en la situación política y conseguir la liberación de presos políticos. 

El presunto blanqueo de capitales

Las instrucciones judiciales se desarrollan con una imputación genérica hasta que en una fase posterior se concretan los delitos de los que deben responder los acusados en un caso, si antes no se archiva la causa contra ellos. El juez Calama explica en el auto de imputación que está investigando una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la que enmarca a Zapatero. 

En el escrito describe hechos que encajan en ambos delitos y en otros que no incluye en la calificación jurídica. Es el caso de la organización criminal. La descripción de una trama asentada en el tiempo para delinquir, en cuya cúspide estaría el presidente Zapatero, encaja en este tipo penal. 

El blanqueo de capitales en el que habría incurrido el expresidente es uno de los puntos más polémicos de ese auto de imputación. El juez asume la tesis de la UDEF según la cual el presidente ideó un plan para sacar fondos obtenidos ilícitamente al paraíso fiscal de los Emiratos Árabes. El plan consistía en que su presunto socio Julio Martínez creara una empresa offshore en Dubái. 

Para acusar a Zapatero de liderar este plan, la Policía y el juez argumentan que su secretaria reservó mesa en un restaurante de Madrid para una comida entre un empresario con intereses en Dubái, Tomás Guerrero, y Julio Martínez Martínez. Entre los informes de la Policía y el auto del juez no queda claro si a esa comida se sumó el expresidente.

Al día siguiente, Guerrero remitió un correo a Martínez Martínez aludiendo a lo “conversado ayer” y facilitando datos para la creación de la offshore. La Policía suma a esto el hecho de que la secretaria de Zapatero coordinó el encuentro en unos correos con un ayudante de Martínez Martínez y que un escolta del expresidente se acercó al restaurante porque el teléfono de reservas no funcionaba. No hay más en la acusación a Zapatero por blanqueo. 

La UDEF de la Policía atribuye a Alba y Laura Rodríguez, las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, dar cobertura formal a los pagos por el supuesto tráfico de influencias de su padre. En el atestado policial que solicita los registros del pasado martes, los investigadores policiales consideran que el nivel de facturación de Whathefav, la empresa de marketing de las hermanas, era utilizada para “generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”.

Los policías hacen un recorrido por la elaboración de los informes de asesoría de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, y concluyen que Whathefav no aporta “un valor técnico especial”. En este sentido, los policías explican que “los contactos” a los que enviar los informes los elabora Zapatero, los textos son escritos por uno de los socios de la consultora, Sergio Sánchez, y Whathefav se dedica a maquetarlos y enviarlos a los clientes.

Análisis Relevante es una consultora que el juez José Luis Calama considera “pieza instrumental” carente de toda “lógica empresarial” y de la que Zapatero y sus hijas habrían obtenido 730.535 euros. De otro lado, Inteligencia Prospectiva, de dos hermanos venezolanos, habría supuesto unos ingresos a la familia de 801.195 euros, pese a ser una sociedad “carente de actividad real”.

La segunda atribución que hacen los agentes a la empresa de las hijas de Zapatero es la “canalización de fondos de los clientes y de la propia red organizada”. En el mismo sentido, la Policía destaca que las hijas del expresidente son “receptoras de importantes cantidades transferidas” desde su empresa, Whathefav, y que lo hacen en cuentas donde consta como autorizado el propio Zapatero.

Los agentes añaden que la empresa “se perfila [como] un elemento finalista del entramado investigado, ya que percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red”. “Se erigiría como un centro de distribución de flujos económicos”, escriben los policías.

Ante las sospechas que crea en los policías la actividad de Whathefav, los agentes propusieron al juez el registro para establecer “la trazabilidad y el modo o realidad de las comunicaciones remitidas mediante las cuentas de correo” corporativo de la empresa, “respecto de los informes de asesoría o consultoría remitidos.

Los policías van a cotejar la “actividad declarada y la actividad real de la sociedad”. Esto permitiría, añade el atestado, “determinar el grado de participación” de las hijas de Zapatero y su “integración en la red organizada”.

La casa de Zapatero, “espacio idóneo” para planificar el delito

Los agentes de la UDEF pidieron al juez que les autorizara registrar el domicilio de José Luis Rodríguez Zapatero y no solo su oficina. Los agentes alegaron en su atestado que la casa del expresidente era “un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad”.

La Fiscalía Anticorrupción se opuso al registro y el juez no acordó la entrada. Los policías añadían: “Atendiendo al perfil del investigado y habiendo sido detectada esa supervisión y control dentro de la red organizada, podría inferirse que el núcleo de planificación y dirección no se circunscribiría tan solo al ámbito de la oficina, sino que se desplazaría al entorno de su domicilio, en el que dispondría de mayor reserva y control de la información”.

El auto del juez José Luis Calama del pasado 18 de mayo en el que imputó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias, está centrado en situar al exdirigente socialista como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. La grave acusación la basa en indicios y en conversaciones de terceros, sin que de momento aporte ninguna prueba directa, mensajes o llamadas del expresidente.

Para sostener la imputación, Calama se basó en al menos dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que con criterios similares también sitúan a Zapatero en la “cúspide” de la trama. En su auto, el juez copió y pegó directamente al menos dos de los argumentos policiales en los que se basa la acusación y utilizó unas expresiones muy similares en al menos otras dos ocasiones. Esta costumbre es habitual en los jueces de la Audiencia Nacional:

El control de la trama

En el auto, el juez habla de ese supuesto control de la trama por parte de Zapatero “a través de la dirección de los clientes de Análisis Relevante, las instrucciones dictadas para la constitución de sociedades en el extranjero para presuntamente recibir pagos o las diferentes estrategias seguidas para tratar de desvincularse a de las actividades de la trama”.

En el informe de la UDEF, la Policía considera que el supuesto liderazgo de Zapatero se acredita “a través de la dirección ejercida en relación a los clientes de Análisis Relevante, las instrucciones dictadas para la constitución de sociedades en el extranjero para presuntamente recibir pagos o las diferentes estrategias seguidas para tratar de desvincular a Zapatero de las actividades de la red”.

Los presuntos testaferros

En su auto, el juez plasma que Zapatero dirige la trama “situándose Julio Martínez Martínez como titular de las sociedades que se constituyen a efectos de encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones”.

La UDEF, por su parte, había descrito en su informe el papel de Julio Martínez Martínez como titular de sociedades destinadas a “encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones, esto es, la verdadera dirección ejercida por Zapatero”.

El supuesto liderazgo

“Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión”, dice el juez en su auto.

Los policías concluyen en sus informes en varias ocasiones que Zapatero ejerce “un liderazgo no visible en la estructura formal, realizando una supervisión estratégica.

En el “vértice” o la “cúspide”

En su auto, el juez Calama sostiene que “en el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero”.

La UDEF lo menciona así: “En la cúspide de la red de influencia se ubicaría José Luis Rodríguez Zapatero”.

La empresa de Dubái

El juez transcribe de forma literal el hallazgo policial sobre la reunión del 26 de enero de 2021 en la que supuestamente se fraguó la creación de una empresa en Dubái de la que responsabiliza a Zapatero. El magistrado habla en su auto de la celebración el “día 26.01.2021 de una reunión organizada por José Luis Rodríguez Zapatero, a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, al objeto de constituir una sociedad filial al 100% de en Dubai, Landside Dubai Fzco”.

El informe de la UDEF había señalado, igualmente, “La reunión de fecha 26/01/2021 organizada por José Luis Rodríguez Zapatero a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, al objeto de constituir una sociedad filial al 100% de IDELLA en Dubai, Landside Dubai Fzco”.

Empiezan a gotear los detalles de la investigación policial que mantiene en vilo a la izquierda, al Gobierno, a los medios. Del sumario que nos debe aclarar si las sospechas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, sobre Zapatero están bien fundamentadas. Hasta ahora hemos leído frases demoledoras, como que Zapatero era el “vértice” de una organización criminal para el tráfico de influencias. Que se escondía detrás de un empresario amigo, Julio Martínez, para hacer negocios entre Venezuela y España. Que pudo liderar una red de empresas en el extranjero para canalizar el dinero.

Pero para llegar a esas conclusiones, en el material que conocemos hasta ahora no solo hay indicios sino conjeturas, no solo hay unión de línea de puntos sino saltos en el vacío. Repasamos todos esos elementos con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar.    

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

En esas se encuentra media España hoy. Aguardando por la versión, los papeles y las razones del presidente Zapatero. La otra media ni las espera, ni le importan, porque ya tiene lo que quería, llevaba tiempo buscando y casi había desesperado en encontrar. Había tantas ganas de entrullar a Zapatero que con cuarto y mitad del auto de imputación del juez José Luis Calama habría bastado para condenarlo de por vida.

Lo peor del auto no es la validez de los indicios, donde siempre son terceros quienes hablan o dejan de hablar de lo que Zapatero hace o deja de hacer. Tampoco el retorcido sumatorio de cifras, mediante un despliegue gráfico de diagramas de flujo que parece maquetado por Whathefav, que estira la sombra de la sospecha sobre la comisión de medio millón de euros por el rescate de Plus Ultra hasta abarcar dos millones de euros, sin que se aporten más indicios que los que afectan a la famosa comisión y dejando en el aire la incertidumbre respecto a qué se investiga exactamente o qué cantidades están bajo sospecha y cuáles no o por qué. 

Tampoco parece lo más dañino la evidencia de que, en el auto, los únicos funcionarios públicos que aparecen como posibles sujetos de la influencia figuren para confirmar que no se consiguió el efecto deseado; como en el caso del secretario de Transportes, Pedro Saura, 

Tampoco va a matarle el evidente sesgo de confirmación que atraviesa todo el informe de la UDEF, que les lleva a destacar todo lo que sostiene la acusación y degradar o incluso excluir aquello que cuestiona la tesis de la banda criminal liderada por un cerebro delincuente, capaz de generar una trama en cuatro niveles para cobrar una comisión en el extranjero e ingresarla luego multiplicada por cuatro como autónomo o a través de la empresa de sus hijas. De toda la vida se hacen sociedades offshore para tener el dinero fuera del radar, no para declararlo en una casilla del IRPF.

Lo peor del auto y del sumario es la apariencia. Lo peor reside en que Zapatero nos había asegurado que él no hacía esas cosas y media España le creyó y la otra media se había conformado con sospechas. Es esa confianza tocada, pero aún viva y a la espera de esas explicaciones, la que aún mantiene vivos al gobierno y a la legislatura; aunque en La Moncloa no parecen haberse percatado aún. 

El silencio del imputado Zapatero tiene toda la lógica jurídico penal del mundo, pero políticamente está siendo una carnicería. Haber hablado sin conocer el sumario habría sido imprudente. Pero callar hasta la comparecencia del día 2 de junio deja todo el espacio político y mediático a la acusación. Si los medios sólo tienen el sumario es lo que van a publicar despiezándolo hasta el detalle. 

Así se convierte en dato de relevancia penal que la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, hiciera su trabajo, es decir, llevase la agenda, transmitiese mensajes y cerrase citas; que un esposo y padre figure como autorizado en la cuenta de su mujer o de sus hijas; o que se cancele una hipoteca después de haber vendido otra propiedad previamente, como ha hecho también media España toda la vida.

La izquierda no espera un milagro. Pero sí confía en no haberse equivocado tanto con ZP. Que en esas explicaciones pendientes haya la suficiente verdad para poder seguir defendiendo su inocencia en lo verdaderamente sustancial: que no es el líder invisible de una banda criminal, que no estamos antes esa mastermind del delito que describe la UDEF. Ante tantas ganas de matar a Bambi la izquierda a la cual prometió una noche que no le fallaría espera que resurja aquel Bambi de acero que superó dos veces los once millones de votos para ganar las elecciones. 

Los informes policiales que han motivado la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero recogen el convencimiento de los dueños y directivos de Plus Ultra de que el expresidente podía interceder en el rescate de la compañía aérea. De otro lado, los dos atestados utilizados por el magistrado José Luis Calama para dictar su auto de imputación no ofrecen indicios sólidos de qué pudo hacer Zapatero para que la ayuda de 53 millones de euros fuera concedida. Los policías y el juez presentan por ahora la conclusión de que el expresidente era el líder de una red de tráfico de influencias e incluyen en su razonamiento suposiciones tales como que ideó un plan para trasvasar fondos a Dubái o que dirigía la actividad de la consultora Análisis Relevante. 

Plus Ultra contrató al empresario alicantino Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, para que hiciera gestiones y la compañía aérea fuera rescatada con las ayudas de la SEPI, puestas en marcha por el Estado para paliar los efectos de la covid-19. Martínez, a su vez, pagaba a su amigo Zapatero por supuestos trabajos de consultoría que el expresidente defiende que en algunos casos hizo de forma verbal. Los investigadores consideran esos trabajos de Zapatero una actividad ficticia que encubre el pago por ejercer el tráfico de influencias. 

El dinero por ese tráfico de influencias habría salido, principalmente, de la aerolínea rescatada Plus Ultra. Los mensajes telefónicos incautados apuntan a que los dueños de la compañía pensaban que habían contratado a Julio Martínez Martínez y que su valor residía en que participaba de un equipo dirigido por Zapatero. ¿Era así realmente o simplemente alguien les convenció de ello? 

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, llegó hasta Julio Martínez Martínez a través de otro amigo de Zapatero, el empresario canario Manuel Aarón Fajardo, bien conectado en Venezuela. El 16 de mayo de 2020, Fajardo le dijo a Martínez Sola que se pusiera en contacto con el otro Julio, con Martínez Martínez. “Habla con él. En el equipo del amigo estamos él y yo”. Ese “amigo” que dirigiría el equipo es, según la Policía y el juez, José Luis Rodríguez Zapatero. 

Minutos antes de ese comentario hay otro que denotaría que tanto Fajardo como el “amigo” ya se preocupaban por la situación de Plus Ultra antes incluso de que la compañía contratara a Julio Martínez Martínez. “¿Cómo estás? Me pregunta el amigo que cómo van los avales”, escribe Fajardo al presidente de Plus Ultra cuando todavía no le ha indicado que se ponga en contacto con el dueño de Análisis Relevante.

La Policía deja de distinguir entre Manuel Fajardo, Julio Martínez y Zapatero para asumir en sus informes la denominación de “Grupo Zapatero” que utilizan los responsables de Plus Ultra y lo que ello conlleva: que el expresidente dirige al resto en una trama de corrupción. Los policías llegan a atribuir la participación del expresidente del Gobierno en una reunión con ciudadanos chinos y el presidente de Plus Ultra porque Martínez Sola escribe: “Estoy con los Zapatero y los chinos”. Con “los Zapatero” y no “con Zapatero”.

Días después de ese mensaje, la SEPI remitió a Plus Ultra un requerimiento de subsanación adicional y aclaraciones con la intención de mejorar la solicitud inicial de ayuda ante la situación creada en la pandemia. En ese momento, la aerolínea también estaba teniendo dificultades para conseguir permisos de vuelo de la autoridad de aviación civil de China. De la obtención de esas autorizaciones dependía que un cliente asiático, que estaba “muy nervioso”, liberara un pago urgente de 660.000 dólares a favor de Plus Ultra.

“Estuvo con ZP y le dijo que todo va viento en popa”

La agencia del Gobierno estadounidense Homeland Security Investigation (HSI) se incautó en 2021 del teléfono de Rodolfo Reyes, un venezolano que entonces tenía el 40% de las acciones de Plus Ultra y que hace solo unos meses se desprendió de sus participaciones en la aerolínea. El 6 de febrero de ese año, Reyes había escrito a Martínez Sola: “Camilo [Ibrahim Issa, otro venezolano dueño de la compañía] estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa”.

El venezolano Rodolfo Reyes había dejado constancia de que él estaba seguro de que Zapatero estaba ayudando a Plus Ultra el 22 de julio de 2020. Ese día Reyes se escribió con un abogado que se acababa de reunir con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para plantear la situación de la compañía. El abogado le dijo: “Se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones”. Y Reyes contestó: “Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. 

Otro indicio de la supuesta participación del expresidente es cuando el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, bromeó con que debía cambiar su foto de perfil en WhatsApp porque llevaba unos tirantes con la bandera de España y le iba a llamar Zapatero. La Policía no ha encontrado rastro de esa llamada o de mensajes de WhatsApp entre el expresidente del Gobierno y Julio Martínez Sola. 

Estos indicios se unen a otros que presenta la Policía como el de la reunión entre Zapatero y el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, de quien podría depender el aplazamiento de una deuda de Plus Ultra. Escrivá ha dicho que esa reunión con el expresidente la solicitó él y que en ella no se abordó en ningún momento el asunto de la compañía. El certificado que Plus Ultra obtuvo de la Seguridad Social en el que se dice que está al corriente de sus obligaciones se emite el 20 de agosto de 2020, 18 días antes del encuentro.

Una vez ha trascendido el contenido de los informes policiales —a la espera del resultado de los registros y de conocer otra documentación del caso—, la mayor sospecha se centra en los pagos de Análisis Relevante a la empresa de las hijas de Zapatero y los que realizó a la misma sociedad Inteligencia Prospectiva, una sociedad “carente de actividad real” que ingresó a Whathefav más de medio millón de euros en cuatro años.

Una comida a la que no está claro quién asistió

Otros indicios, sin embargo, se han revelado más débiles de acuerdo con lo recogido en los informes de la UDEF. El juez Calama acusa en su auto a Zapatero de haber dado “instrucciones” para crear una sociedad en Dubái con la que cobrar fuera de España la comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra pactada entre su amigo Julio Martínez Martínez y la aerolínea. El juez asume las conclusiones de la Policía y determina que el expresidente dio “instrucciones para la constitución de una sociedad en el extranjero, en una reunión celebrada en el restaurante Portonovo, a la que convoca a Julio Martínez Martínez enviando incluso a un escolta a realizar la reserva”. Sin embargo, esta conclusión parte de premisas confusas.

El único hecho en el que sustenta la acusación contra Zapatero es un correo en el que Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente, informa al asistente de Julio Martínez Martínez de una reserva a las 14.30 horas del 26 de enero de 2021 para dos personas a nombre de “Julio” en el citado restaurante. Apunta, además, que un escolta del expresidente ha acudido a formalizar la reserva porque el local tenía problemas con sus líneas telefónicas. 

La Policía construye la secuencia probatoria apoyándose en otro correo incautado, fechado un día después de esa comida, pero del que no hay ninguna prueba con la documentación conocida hasta ahora de que tenga relación con el expresidente. Se trata de un email que Julio Martínez Martínez recibió el 27 de enero de 2021 y en el que un empresario español residente en Dubái, Tomás Guerrero, hacía referencia a una conversación mantenida “ayer” y le trasladaba la documentación necesaria para constituir una sociedad en Dubái. Días después, le enviaba más papeles. 

Para la Policía, lo que comentaron Guerrero y Martínez el día anterior tuvo que producirse necesariamente en esa comida, no en una charla telefónica, en intercambio de mensajes, en un desayuno o una cena. Además, la reserva era para dos personas, lo que descartaría que Guerrero participara en el encuentro. A no ser que la Policía plantee que la secretaria de Zapatero reservó para que comieran otras dos personas distintas del expresidente.  

“Tanto del hecho de que la iniciativa parta de Gertrudis como del empleo de un escolta se deriva que necesariamente las instrucciones [para la creación de la empresa en Dubái] tienen que partir de José Luis Rodríguez Zapatero, que concierta una reunión a la que tiene que acudir Julio Martínez Martínez”, puede leerse en uno de los atestados de la UDEF. 

El juez culmina la ceremonia de la confusión cuando en su auto expone expresamente que Zapatero y Julio Martínez Martínez “mantuvieron un encuentro en el restaurante Portonovo”, si bien en otro momento también dice que a esa reunión “organizada” por el expresidente “acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco”.

En todo caso, para apuntar a la implicación de Zapatero en la creación de esa sociedad offshore el juez se basa únicamente en la secuencia temporal de hechos y en la supuesta iniciativa del presidente de convocar una comida. La supuesta creación de esta sociedad en la zona franca de Dubái para desviar y ocultar fondos es lo que sostiene la acusación por el delito de blanqueo de capitales.

Elaborar una lista de destinatarios, indicio de liderar una trama

Otra de las acusaciones de la Policía, y que asume el juez, es la que atribuye a Zapatero una “posición preeminente” en la presunta trama basándose, principalmente, en varios archivos de Excel intervenidos durante la investigación. Se trata de listados con supuestos clientes que el expresidente envió a Julio Martínez Martínez. La Policía afirma que no se trata de “un simple listado”, sino que esos documentos reflejan una “planificación previa y sirven como herramienta logística”. Y que eso evidencia que era Zapatero quien establecía los “criterios de actuación”. 

Esos listados que facilita Zapatero incluyen relevantes empresarios del país y las direcciones donde se les puede contactar. Entre ellos hay clientes que tenían suscritos contratos mensuales de asesoramiento con Análisis Relevante y otros que no, a los que el expresidente habría informado a la consultoría a favor de enviarles unos informes que había confeccionado Sergio Sánchez, uno de los fundadores.  

Entre los supuestos clientes que sí habían suscrito esos contratos la UDEF cita la empresa Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón que habría supuesto unos ingresos a la familia de Zapatero de 801.195 euros, pese a ser una sociedad “carente de actividad real”. También aparecen mencionadas las sociedades Softgestor y Grupo Aldesa, que abonaron 145.200 y 127.050 euros, respectivamente, a la consultora del amigo del expresidente. 

En el listado figuran otros nombres vinculados a la aerolínea Plus Ultra, como el entonces vicepresidente Julio Martínez Sola o el accionista Camilo Ibrahim Issa. Así como relevantes empresarios como Florentino Pérez (ACS), Fernando Abril-Martorell (Indra), Beatriz Corredor (REE), Josu Jon Imaz (Repsol), Javier Hidalgo (Globalia), Antonio Catalán (AC-Hoteles), Víctor Madera (Quirón Salud) o directivos de la tecnológica Huawei.

La conclusión de la UDEF es que esos los informes mensuales elaborados por Análisis Relevante y distribuidos por Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, “se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos”, como a otros destinatarios de los que “se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago”. Lo que evidencian los listados, en todo caso, es que Zapatero puso su agenda de contactos a disposición del empresario.

El párrafo definitivo del juez Calama

En la página 57 del auto hay un párrafo con el que el juez atribuye indiciariamente al expresidente del Gobierno el liderazgo de una red criminal de tráfico de influencias que condensa y asume las dos principales construcciones de la Policía en base a inferencias y datos sin apoyo fáctico. Por su interés se reproduce a continuación en su textualidad: 

“Su posición preeminente [de Zapatero] queda igualmente reflejada en la planificación de la actividad de la red, como cuando es él quien remite a Julio Martínez Martínez los archivos Excel con los clientes de Análisis Relevante, que no constituyen simples listados, sino herramientas de planificación logística; o cuando imparte instrucciones para la constitución de una sociedad en el extranjero, en una reunión celebrada en el restaurante Portonovo, a la que convoca a Julio Martínez Martínez enviando incluso a un escolta a realizar la reserva. En dicha reunión se plantea la posibilidad de que determinados pagos no se realicen en España, sino en cuentas radicadas en el extranjero, concretamente a nombre de Landside”.

Pongamos que como dicen los más fervientes defensores del sistema, al final, Rodríguez Zapatero demuestra que no tiene nada que ver con la aborrascada descripción del auto que lo imputa y que no es la cúspide mandarina de toda la trama como afirma el juez. ¿Podría ocurrir? Sí. ¿Alguien lo cree? Lo dudo.

El ecosistema, sobre todo mediático, quedaría ciertamente en entredicho. Pero parece una lucha antisistema, la presunción de inocencia queda notablemente dañada con machacona insistencia en los tribunales de papel y los estrados tertulianos a diario. La reputación del expresidente ya está irremediablemente dañada, para siempre.

Y, mientras, la agitación callejera, cobarde y torpemente apoyada por el PP, se reafirma en señalar la responsabilidad del investigado y su metástasis gubernamental, apuntando como única solución la terminación de la legislatura por cualquiera de los medios, descartando, sin embargo, en ausencia de poder parlamentario, representativo de la voluntad popular y democrática, la vía constitucional de la moción de censura. La descomposición moral de la oposición, en urgencias, es tal que no reparan en erigir como iconos de la lucha contra la corrupción a Esperanza Aguirre y Víctor Aldama .

Llama la atención la extraña unanimidad sobre la excelencia del auto que investiga a Rodríguez Zapatero, unanimidad que cohonesta mal con opiniones de prestigiosos juristas que advierten de mala praxis instructora. Un corta pega policial se ha llegado a afirmar y, ciertamente, entre los brochazos gordos de cola no se vislumbra el fino pincel procesal que vincule al investigado con toda la indecorosa trama que se advierte.

La manera de instruir causas penales en España adolece de un deterioro muy preocupante. Incluso, notables juristas disculpan las malas instrucciones por déficits de medios o de formación y preparación de sus señorías

A la confusión, se suma la aparición inicial del estadounidense Home Security Department (Make America Safe Again, su lema, da pavor), en el procedimiento, lo cual añade perfiles inquietantes. Los informes de la policía judicial, sin embargo, conocidos este fin de semana no añaden nada nuevo pero sí alimento muy nutritivo para una prensa más empeñada en llegar antes al podio del periodismo de impacto que a otra cosa.

Y nos queda la palabra del investigado, envuelto ya en el sudario de su muerte civil y actor forzoso de un pronto patíbulo gráfico, que diga lo que diga, ya no tendrá reparación total. La manera de instruir causas penales en España adolece de un deterioro muy preocupante. Incluso, notables juristas disculpan las malas instrucciones por déficits de medios o de formación y preparación de sus señorías, lo cual ha entregado el proceso penal a deficientes instrucciones policiales. En muchos casos, las instrucciones sobrevuelan el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se acurrucan en una jurisprudencia sobre el papel de las policías judiciales ciertamente benévola por no decir resignada, fatalista, y entregada a la pereza procesal. Un claro deterioro de nuestro sistema penal.

Cuando todo se sepa, cosa muy deseable, habrá que extraer consecuencias urgentes, ya es sintomático que los antes presidentes José María Aznar y Felipe González, siempre facundos y dicharacheros, estén tan de perfil. Espero que Rodríguez Zapatero nos saque de esta pesadilla, espero que los defensores de la presunción de culpabilidad queden al descubierto, espero que no se trate otra vez de una práctica encaminada a la simple destrucción del adversario político. Si fuera lo último, no bastará con decir que se hizo justicia, habrá que considerar muy seriamente cómo el lawfare triunfa de nuevo. Siempre la exhibición y el paseíto, ajenos a la justicia democrática, en los expositores de la vergüenza. Esa vergüenza pública, el sudario de los investigados, es su gran objetivo.

La Audiencia Nacional mantiene todavía secreta una parte de la pieza principal sobre el caso Plus Ultra. Esa línea está relacionada con las comisiones rogatorias emitidas por el juez José Luis Calama con la intención de localizar el dinero que la presunta trama de tráfico de influencias pudiera tener en países extranjeros, según informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

La parte de la investigación sobre la que se levantó el secreto este martes es la que versa sobre el presunto papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como “núcleo decisor y estratégico” de la red de corrupción destapada en el caso Plus Ultra. El juez acaba de ordenar el bloqueo de sus cuentas hasta el límite de 490.780 euros, que es el importe recibido por el expresidente socialista de Análisis Relevante. Además, el magistrado ha acordado el bloqueo de saldos de otras mercantiles investigadas en la causa.

En una diligencia con fecha del miércoles, 20 de mayo, el juez Calama ordenó la creación de una pieza separada de la causa por tráfico de influencias y otros delitos. En esa pieza separada se tramitarán todas las medidas adoptadas contra los investigados, incluido el bloqueo de las cuentas de Zapatero.

En el auto del juez se recoge que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía contó con la ayuda de la Homeland Security Investigations (HSI), una agencia de investigación de los Estados Unidos que puso a su disposición la extracción del contenido de un teléfono móvil de Rodolfo Reyes, uno de los socios de Plus Ultra, también investigado en este caso. Es quien se refiere en una ocasión a Zapatero como su “pana”.

Por otro lado, en el auto del juez por el que imputaba al expresidente, se indicaba que el expresidente recibió hasta dos transferencias por un importe total de 31.766,04 euros de Thinking Heads Americas LLC. Y recordaba que esa sociedad radicada en EEUU era filial de Thinking Heads Group SL, administrada por Daniel Romero-Abreu Kaup.

Además, consta que el magistrado sostiene que el expresidente ordenó crear una sociedad off-shore en Dubái para canalizar pagos referidos a la consecución del rescate público de Plus Ultra. Ese 1% de comisión ha sido negado tajantemente por la aerolínea y por el propio Rodríguez Zapatero.

El exdirigente socialista tendrá que declarar en calidad de investigado el próximo 2 de junio. El magistrado le imputa indiciariamente por los delitos de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, la aerolínea que está en el punto de mira de la Justicia por el presunto “uso ilícito” de parte de los fondos obtenidos con su rescate durante la pandemia.

De las 85 páginas redactadas por el juez de la Audiencia Nacional y que supusieron la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero un total de 16 se enfocan en tratar de desenredar el entramado societario que supuestamente armó Julio Martínez Martínez, amigo personal del exdirigente socialista, para canalizar y distribuir los fondos obtenidos a través de la supuesta “actividad ilícita” de la trama.

Julio Martínez, el “lacayo” de Zapatero –así se referían a él otros investigados en la causa– tenía “un amplio entorno societario” y articulaba pagos a través de su sociedad principal, Análisis Relevante, y a través de otras empresas de la treintena que tenía a su nombre como Lot Domotic Europe, Voli Analítica y Afitta, entre otras. En la causa se investiga si la trama de tráfico de influencias pudo influir en que se concediera el rescate público de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. Y si por ese asunto pudo recibir una comisión de la que se beneficiara el expresidente del Gobierno.

En la resolución del juez se recoge que un informe de Antifraude que consta en el sumario indica que distintas mercantiles de la estructura societaria de Julio Martínez Martínez declararon la recepción de fondos por parte de Plus Ultra, “configurándose como su cliente más importante”. De hecho, el volumen total declarado asciende a 598.910,07 euros, y las receptoras fueron Análisis Relevante (301.290,00 euros), Voli Analítica (141.772,71 euros) y Lot Domotic Europe (155.847,36 euros). El auto recoge que Caletón Consultores y Summer Wind operaba como sociedades instrumentales utilizadas para canalizar fondos de Plus Ultra hacia sociedades del entorno de Julio Martínez.

Además, la investigación ha detectado canalización de fondos desde terceras empresas como Inteligencia Prospectiva, cuyos principales proveedores son Análisis Relevante (380.208 euros), Whathefav (561.440 euros), y Gate Center (266.200 euros). A esta se suma Softgestor (145.200 euros a Análisis Relevante) y Grupo Aldesa (133.100 euros también a Análisis Relevante).

El juez se fija en el auto en los pagos de Análisis Relevante al expresidente Rodríguez Zapatero. En total calcula que recibió en cinco años (de 2020 a 2025) un total de 490.780 euros desde esa mercantil. Si bien hay un descuadre con la cifra año a año que recoge en los gráficos del auto, que suma solo 418.000 euros.

El juez indica que Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, actuó como sociedad finalista, recibiendo fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, “generando facturación genérica y redistribuyendo pagos hacia el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero”.

En concreto, de Análisis Relevante recibió desde 2020 a 2024 cantidades por valor de 203.280 euros, si bien en el auto se indica que en total se había canalizado hacia esa sociedad 239.755,01 euros. Pero también recibió ingresos de otras empresas investigadas, como Inteligencia Prospectiva (561.440 euros)

En definitiva, el juez sostiene que las diligencias de investigación practicadas le permiten afirmar que existía “una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros”.

Esa red, apunta, se articuló mediante un entramado societario complejo, “nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real, y mediante un núcleo operativo personal que ejecutaba las instrucciones del líder y canalizaba los beneficios obtenidos”. Así, explica que en el vértice de la estructura se sitúa el expresidente y que mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel. Y desde su oficina de Ferraz (“centro de coordinación de la red”) se impartían las instrucciones, se elaboraban documentos, se gestionaban comunicaciones sensibles y se articulaba la operativa financiera y societaria.

A pesar de este entramado societario, en el que participaron una quincena de sociedades y que, según el auto, pudo tener la ramificación de la creación de una sociedad off-shore en Dubái para cobrar el 1% de la presunta comisión por el rescate de la aerolínea, el magistrado de momento solo ha acordado el bloqueo de las cuentas de Rodríguez Zapatero y hasta el límite de 490.780 euros. Es decir, lo que percibió de la empresa Análisis Relevante.

Si otros antiguos altos cargos públicos trabajan en empresas privadas dedicadas a representar a clientes ante las administraciones para influir en decisiones políticas, como Pepe Blanco, Soraya Saénz de Santamaría o el propio Aznar. ¿Por qué Rodríguez Zapatero no hizo lo mismo si quería dedicarse a eso? ¿Por qué iba a esconderse detrás de empresas instrumentales de un amigo, cobrando una comisión encubierta con facturas falsas?  

Con Alfonso López, fundador y presidente de la consultora de relaciones institucionales, o lobby, Rud Pedersen en España, y con Javier Lillo, periodista de Tribunales de elDiario.es, nos centramos en una clave de toda esta historia: ¿Cuál es la diferencia entre el lobby que hacen otros y el delito de tráfico de influencias por el que un juez de la Audiencia Nacional investiga a Zapatero?

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia