Julio Martínez Martínez era el 'lugarteniente' de José Luis Rodríguez Zapatero en una organización “estable” dedicada al tráfico de influencias. Al menos así lo describen tanto el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como los investigadores. Por eso, el informe elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, que analiza el patrimonio de Julio Martínez Martínez y que consta en el sumario de la causa, es relevante. Porque la UDEF entiende que este era una suerte de hombre de paja, un 'interpuesto' a través del cual el expresidente camuflaba el flujo monetario que recibía por sus gestiones ante administraciones nacionales y extranjeras.

El documento, fechado en febrero de 2026, ofrece una radiografía exacta de su patrimonio, de su participación en sociedades, y de en qué negocios pudo participar Julio Martínez, quien fuera administrador único de Análisis Relevante, la sociedad que abonó a Zapatero 490.780 euros en cinco años, desde 2020 a 2025.

Hacienda encontró que su domicilio se ubica en la calle Diego de León (en el madrileño barrio de Salamanca, uno de los de mayor renta per cápita del país). Desde septiembre de 2021 paga, aparentemente, 60.000 euros al año de alquiler (5.000 euros por mes), y a la Agencia Tributaria le surge la duda de si, en realidad, se podría tratar de una vivienda doble, dos domicilios unidos. A pesar de que Antifraude no tiene claro ese asunto y tampoco sabe si el empresario pagaba parte o el total de la renta, sí que considera que su “volumen de entradas en cuentas bancarias”, sus ingresos, eran “insuficientes” para atender este pago.

De hecho, a las cuentas le dedica un apartado extenso para explicar que entre 2020 y 2021 “no hay constancia de que sea titular” de ninguna, al menos en España. Y que desde 2022 figura como titular solo en una y en 2025 se abre otra cuenta corriente. Es en esa última donde ese mismo año entran 100.000 euros de golpe. Y no pueden determinar su origen.

Pero quizá donde la ONIF se recrea más es en las sociedades en las que aparece Julio Martínez Martínez. Identifica “un entorno societario de control amplio constituido por 39 entidades en el periodo 2020-2024”. Y ahí es tajante al concluir que “su perfil contrasta con el elevado número de entidades controladas”.

Sobre ellas, detalla que 20 se encuentran inactivas porque, o bien no presentan declaración del impuesto de sociedades, o bien han sido dadas de baja de la Agencia Tributaria antes de 2020, o bien su cifra de negocio es nulo en el periodo investigado. Otras tres, dice, están “inactivas”, pero, en cambio, “consta un importante movimiento en cuentas bancarias”.

Las otras 15 sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez sí estaban activas, si bien ocho de ellas no tenían empleados. Entre esas sociedades sin gasto de personal se encuentran algunas de las que están en el centro de la investigación del juez Calama, como Análisis Relevante, Idella Consulenza, o Voli Analítica.

Operativa comercial: Ingresos de 4,89 millones

Hacienda explora los ingresos de un total de 16 de esas empresas participadas por Julio Martínez, y destaca que ascendieron a 4,89 millones de euros en el periodo 2020-2025. La que mayores entradas de dinero obtiene es Análisis Relevante, alcanzando los 959.798 euros.

Explica que los principales clientes de ese colectivo de entidades del entorno de control de Julio Martínez son Miralles Cremades Clara (605.000 euros), Plus Ultra Líneas Aéreas (598.910 euros) e Inteligencia Prospectiva (380.208 euros), otra de las empresas que están en el epicentro de la trama. Cabe recordar que en sus informes la UDEF señala que el flujo de dinero de esa última empresa hacia la familia de Zapatero fue de 801.195 euros pese a ser una sociedad “carente de actividad real”.

Pero en ese apartado de la clientela de las sociedades vinculadas a Julio Martínez llaman la atención dos ítems en particular. En el gráfico de la ONIF se especifica que la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, pagó al entorno empresarial del investigado 96.753,02 euros en 2023 y 32.436,66 en 2024. El total asciende a 129.189 euros. El consejero de Presidencia se apresuró el pasado miércoles a enmarcar en esa relación en unos pocos concursos que fueron adjudicados a esas empresas y solicitó “no generar confusión”.

Además, entre 2020 y 2024 la Junta de Andalucía, presidida por el 'popular' Juanma Moreno, abonó al entorno empresarial del amigo personal de Zapatero un total de 62.307 euros, a razón de 7.334 euros en 2020, 12.893 euros en 2021, 13.363 euros en 2022, 13.964 euros en 2023 y 14.752 euros en 2024, en lo que parecía ser una suerte de iguala anual.

Antifraude explica que, no obstante, el cliente 'premium' de Julio Martínez fue, de lejos, Plus Ultra, con ese volumen total de 598.910 euros, percibidos por Análisis Relevante (301.290 euros), Iot Domotic Europe (155.847 euros) y Voli Analítica SL (141.772 euros). Y recuerda que ninguna tuvo empleados cuando se celebraron los contratos con la aerolínea.

En el apartado de los clientes de Julio Martínez aparecen otras dos de las empresas presuntamente clave para el movimiento de fondos de la trama: Summewind y Caleton Consultores. La UDEF cree que ambas fueron usadas por Plus Ultra como empresas desde las que canalizar fondos al entorno de la trama. La ONIF, en su informe indica que la primera abona por servicios a una empresa de Julio Martínez (Affita) 213.200 euros en 2023. Y explica que, a la vez, obtiene ingresos de Plus Ultra.

En el caso de Summerwind la investigación asegura que pagó a la aerolínea 3,9 millones de euros. Algo que, según esa empresa dedicada al negocio del subarriendo de aviones, es incorrecto dado que en realidad quien trabajó para ellos fue la aerolínea y no al revés. El juez, por el momento, les ha negado poder personarse en la causa como terceros interesados si bien ha unido su escrito de alegaciones al sumario.

Gastos de las sociedades de Julio Martínez

En el apartado de los proveedores, la ONIF explica que el principal gasto para Julio Martínez era el propio Zapatero, al que pagó desde su entorno empresarial y en cinco años 418.000 euros (no coincide con los 490.780 euros que fija el juez), seguido de Whatthefav SL, la empresa de las hijas del expresidente, a la que pagó de 2020 a 2024 un total de 242.423 euros. Eso sí, “no constan operaciones en efectivo en las cuentas titularidad de las entidades del entorno de control” de quien fuera, según la tesis de la UDEF, el hombre de paja de Zapatero.

El informe se fija en otros detalles, como que consta un cobro transfronterizo de una de las sociedades de Martínez, Nez SL. También que Idella Consulenza percibió 169.995 euros procedentes de una cuenta de Hong Kong el 27 de octubre de 2025. Cabe recordar que a esa sociedad la investigación le achaca la titularidad de una supuesta sociedad off-shore creada por orden de Zapatero en Dubái para cobrar el 1% del rescate público de Plus Ultra.

Sobre esa inferencia hay lagunas en la investigación porque ni los informes de la UDEF ni los diferentes autos arrojan mucha luz más allá de que hubo una comida en el restaurante Portonovo a la que asistieron al menos Zapatero y Martínez, y que, un día después, el empresario arrancó una serie de correos con un tercero, Tomás Guerrero, con el objetivo de crear ese vehículo financiero en Emiratos Árabes Unidos bajo la marca Ladside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco.

La ONIF se fija, además, en el patrimonio y los vehículos vinculados al entramado societario de Martínez. Y explica que algunas de las entidades tienen en su haber inmuebles y vehículos de alta gama. Al sumar el valor catastral de los terrenos rústicos, las naves y los pisos que en algún momento del periodo investigado fueron propiedad de alguna de sus empresas, la cifra es de 3,32 millones de euros.

En cuanto a los vehículos vinculados al entorno de Julio Martínez, Antifraude indica que a pesar de que él no tiene ninguno a su nombre, ha detectado en el periodo 2020-2025 hasta 16 de ellos, entre motocicletas y coches. Destacan tres Audi Limousine, un Jaguar XJ (vendido en 2022), un Mercedes c220 (vendido en 2023) o un Range Rover. Y aporta un matiz: la mayoría fueron comprados de segunda mano.

Otro detalle que arroja el informe es que ya en 2011 Julio Martínez le compró a Zapatero un chalé pareado en Vera (Almería) que estaba ubicado en la urbanización residencial Mirador de Vera, cerca de la playa de Quitapellejos. En la actualidad, según el portal idealista.com, un inmueble idéntico, alcanza un valor de 580.000 euros.

La ONIF destaca que en 2019, Julio Martínez se desprendió de ese chalé vendiéndoselo a la empresa Compañía Inversora de Superficies SLU, que pertenece al entorno de su hermano Manuel Martínez. Ya en 2023, es de nuevo vendido y sale ahora sí de su entorno personal y familiar.

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sacudido un escenario político a prueba de conmociones. Las causas judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez parecían no dejar hueco a un nuevo escándalo. Pero el presidente Zapatero es un símbolo de la izquierda, un referente en tiempos de resistencia para el espacio progresista, asediado por noticias negativas para el Ejecutivo y casi resignado al mantra del cambio de ciclo en España. 

La instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra la mujer de Sánchez, el juicio y condena al exfiscal general por la filtración de una información o las ventajas para Víctor de Aldama, investigado por graves delitos, por colaborar en la investigación a dos secretarios de Organización del PSOE, mantienen en guardia a un sector de los ciudadanos que asisten a la celebración del juicio de Kitchen sin que nunca se investigara a Mariano Rajoy ni se sentara en el banquillo a María Dolores de Cospedal. 

Con estos precedentes, la imputación de Zapatero ha encendido las alarmas sobre la proporcionalidad de la medida. El auto de investigación al expresidente, guiado por las provisionales, pero contundentes conclusiones de la Policía, mezcla indicios de unos ingresos poco claros de Zapatero y sus hijas con un salto argumentativo que convierte al político en presunto jefe de una trama criminal dedicada al tráfico de influencias. 

El levantamiento del secreto del sumario permite conocer qué indicios han llevado a la imputación de Zapatero, surgida de una complicada investigación por blanqueo de capitales a nivel internacional. A continuación, elDiario.es recupera y desgrana los indicios contra el expresidente del Gobierno y las lagunas de la acusación. 

El rescate público de Plus Ultra

El rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia está en el origen de las pesquisas. En 2024, la Fiscalía Anticorrupción fue alertada por las autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que el dinero de ese préstamo público hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela. Las conversaciones incautadas en la investigación de ese posible desvío de fondos dan las primeras pistas sobre la posible “relación personal y económica” de Zapatero con alguno de los empresarios que estaban bajo el radar de la Justicia en esa causa. 

Otras comunicaciones incautadas por Estados Unidos al antiguo dueño de la aerolínea, Rodolfo Reyes, un ciudadano venezolano que está en busca y captura por llevarse parte del dinero del rescate a paraísos fiscales, incluyen “referencias constantes” a recurrir a Zapatero para sortear las dificultades en la tramitación de la ayuda. Esas conversaciones exponen a directivos de Plus Ultra mostrándose confiados en que el expresidente diera un “toque técnico desde arriba”, alardeando de tener al “pana Zapatero detrás” y admitiendo su disposición a pagar mordidas. Además, supieron con antelación que se les iba a conceder la ayuda. 

Por el momento, el sumario no sitúa a Zapatero en ninguna cita “institucional” en relación con ese rescate. Aunque tanto el juez como la Fiscalía otorgan relevancia a dos reuniones de alto nivel mantenidas por el expresidente de las que la investigación no recoge ningún detalle. Una fue con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en septiembre de 2020, cuando Plus Ultra estaba tramitando su solicitud de rescate. En el entorno de Escrivá afirman que no hablaron del rescate y que la iniciativa partió del entonces ministro en el marco de una ronda de contactos con diferentes personalidades por la primera desescalada de la pandemia. La otra fue una comida con José Luis Ábalos que se produjo seis días después de que se aprobara la ayuda. 

Los abultados ingresos de la familia

Los documentos del sumario que sustentan la investigación a Zapatero no incluyen, hasta ahora ninguna prueba directa de que la supuesta influencia ejercida por el presidente derivara en la decisión de la SEPI de otorgar el rescate. No obstante, sí suscita más dudas el millón de euros que la aerolínea pagó de forma directa o indirecta en cinco años a Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero. Y el hecho de que, en ese mismo período de tiempo, este empresario al que otros investigados apodaban “el lacayo” o “el banco del jefe”, abonara más de 700.000 euros a la familia del expresidente.  

El sumario repite de modo incesante Whathefav, el nombre de la agencia de marketing de las hijas de Zapatero. Puesta en marcha en 2019, su primer ejercicio fue deficitario por 3.000 euros. Eso cambió al año siguiente. Dos consultoras de reciente creación comenzaron a solicitar los servicios de la agencia de marketing y comunicación. Una de esas consultoras era la de Julio Martínez, el amigo de Zapatero. La otra consultora pertenece a dos hermanos venezolanos. Las dos sociedades comenzaron a operar con un mes de diferencia. Ninguna de las dos tiene una actividad real, según Hacienda, la Policía y el juez, pero entre ambas pagaron más de 800.000 euros a la empresa de las hijas de Zapatero entre 2020 y 2025. 

La conclusión provisional de los investigadores es que la empresa de las hermanas era utilizada por el presidente y el resto de la trama para disimular los pagos por el tráfico de influencias como encargos de marketing a Whathefav. El sumario recoge los indicios de un pago de 20.000 euros a la sociedad de las hermanas realizado por un venezolano vinculado a la captación de clientes de una red de lavado de dinero. La sede de la agencia fue registrada el martes y los correos electrónicos de Laura y Alba Rodríguez, incautados. El análisis de esa información confirmará las sospechas sobre una actividad ficticia o permitirá justificar sus ingresos. 

La UDEF sí ha analizado ya las agendas que Julio Martínez Martínez guardaba en su domicilio y que revelan que el empresario mezclaba negocios y gestiones políticas en Venezuela. Las crípticas anotaciones que el amigo de Zapatero hizo en sus documentos personales muestran, según la Policía, su “posible intervención” en “decisiones estratégicas”, como la liberación de presos en Venezuela; pero también ponen al descubierto sus supuestos negocios relacionados con el petróleo, sus derivados y la compraventa de oro. 

En base a esas agendas, la Policía apunta al posible rol de Martínez Martínez como “asistente” de un tercero con “capacidad de influencia política”. Aunque en esta frase concreta no aparece Zapatero, en otras partes de ese informe la Policía sí señala al expresidente como la tercera persona que posee la verdadera capacidad de influencia y acceso a los niveles más altos de responsabilidad política. Además, Zapatero ha ejercido de actor reconocido del Gobierno español para mediar en la situación política y conseguir la liberación de presos políticos. 

El presunto blanqueo de capitales

Las instrucciones judiciales se desarrollan con una imputación genérica hasta que en una fase posterior se concretan los delitos de los que deben responder los acusados en un caso, si antes no se archiva la causa contra ellos. El juez Calama explica en el auto de imputación que está investigando una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la que enmarca a Zapatero. 

En el escrito describe hechos que encajan en ambos delitos y en otros que no incluye en la calificación jurídica. Es el caso de la organización criminal. La descripción de una trama asentada en el tiempo para delinquir, en cuya cúspide estaría el presidente Zapatero, encaja en este tipo penal. 

El blanqueo de capitales en el que habría incurrido el expresidente es uno de los puntos más polémicos de ese auto de imputación. El juez asume la tesis de la UDEF según la cual el presidente ideó un plan para sacar fondos obtenidos ilícitamente al paraíso fiscal de los Emiratos Árabes. El plan consistía en que su presunto socio Julio Martínez creara una empresa offshore en Dubái. 

Para acusar a Zapatero de liderar este plan, la Policía y el juez argumentan que su secretaria reservó mesa en un restaurante de Madrid para una comida entre un empresario con intereses en Dubái, Tomás Guerrero, y Julio Martínez Martínez. Entre los informes de la Policía y el auto del juez no queda claro si a esa comida se sumó el expresidente.

Al día siguiente, Guerrero remitió un correo a Martínez Martínez aludiendo a lo “conversado ayer” y facilitando datos para la creación de la offshore. La Policía suma a esto el hecho de que la secretaria de Zapatero coordinó el encuentro en unos correos con un ayudante de Martínez Martínez y que un escolta del expresidente se acercó al restaurante porque el teléfono de reservas no funcionaba. No hay más en la acusación a Zapatero por blanqueo. 

La UDEF de la Policía atribuye a Alba y Laura Rodríguez, las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, dar cobertura formal a los pagos por el supuesto tráfico de influencias de su padre. En el atestado policial que solicita los registros del pasado martes, los investigadores policiales consideran que el nivel de facturación de Whathefav, la empresa de marketing de las hermanas, era utilizada para “generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”.

Los policías hacen un recorrido por la elaboración de los informes de asesoría de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, y concluyen que Whathefav no aporta “un valor técnico especial”. En este sentido, los policías explican que “los contactos” a los que enviar los informes los elabora Zapatero, los textos son escritos por uno de los socios de la consultora, Sergio Sánchez, y Whathefav se dedica a maquetarlos y enviarlos a los clientes.

Análisis Relevante es una consultora que el juez José Luis Calama considera “pieza instrumental” carente de toda “lógica empresarial” y de la que Zapatero y sus hijas habrían obtenido 730.535 euros. De otro lado, Inteligencia Prospectiva, de dos hermanos venezolanos, habría supuesto unos ingresos a la familia de 801.195 euros, pese a ser una sociedad “carente de actividad real”.

La segunda atribución que hacen los agentes a la empresa de las hijas de Zapatero es la “canalización de fondos de los clientes y de la propia red organizada”. En el mismo sentido, la Policía destaca que las hijas del expresidente son “receptoras de importantes cantidades transferidas” desde su empresa, Whathefav, y que lo hacen en cuentas donde consta como autorizado el propio Zapatero.

Los agentes añaden que la empresa “se perfila [como] un elemento finalista del entramado investigado, ya que percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red”. “Se erigiría como un centro de distribución de flujos económicos”, escriben los policías.

Ante las sospechas que crea en los policías la actividad de Whathefav, los agentes propusieron al juez el registro para establecer “la trazabilidad y el modo o realidad de las comunicaciones remitidas mediante las cuentas de correo” corporativo de la empresa, “respecto de los informes de asesoría o consultoría remitidos.

Los policías van a cotejar la “actividad declarada y la actividad real de la sociedad”. Esto permitiría, añade el atestado, “determinar el grado de participación” de las hijas de Zapatero y su “integración en la red organizada”.

La casa de Zapatero, “espacio idóneo” para planificar el delito

Los agentes de la UDEF pidieron al juez que les autorizara registrar el domicilio de José Luis Rodríguez Zapatero y no solo su oficina. Los agentes alegaron en su atestado que la casa del expresidente era “un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad”.

La Fiscalía Anticorrupción se opuso al registro y el juez no acordó la entrada. Los policías añadían: “Atendiendo al perfil del investigado y habiendo sido detectada esa supervisión y control dentro de la red organizada, podría inferirse que el núcleo de planificación y dirección no se circunscribiría tan solo al ámbito de la oficina, sino que se desplazaría al entorno de su domicilio, en el que dispondría de mayor reserva y control de la información”.

El auto del juez José Luis Calama del pasado 18 de mayo en el que imputó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias, está centrado en situar al exdirigente socialista como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. La grave acusación la basa en indicios y en conversaciones de terceros, sin que de momento aporte ninguna prueba directa, mensajes o llamadas del expresidente.

Para sostener la imputación, Calama se basó en al menos dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que con criterios similares también sitúan a Zapatero en la “cúspide” de la trama. En su auto, el juez copió y pegó directamente al menos dos de los argumentos policiales en los que se basa la acusación y utilizó unas expresiones muy similares en al menos otras dos ocasiones. Esta costumbre es habitual en los jueces de la Audiencia Nacional:

El control de la trama

En el auto, el juez habla de ese supuesto control de la trama por parte de Zapatero “a través de la dirección de los clientes de Análisis Relevante, las instrucciones dictadas para la constitución de sociedades en el extranjero para presuntamente recibir pagos o las diferentes estrategias seguidas para tratar de desvincularse a de las actividades de la trama”.

En el informe de la UDEF, la Policía considera que el supuesto liderazgo de Zapatero se acredita “a través de la dirección ejercida en relación a los clientes de Análisis Relevante, las instrucciones dictadas para la constitución de sociedades en el extranjero para presuntamente recibir pagos o las diferentes estrategias seguidas para tratar de desvincular a Zapatero de las actividades de la red”.

Los presuntos testaferros

En su auto, el juez plasma que Zapatero dirige la trama “situándose Julio Martínez Martínez como titular de las sociedades que se constituyen a efectos de encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones”.

La UDEF, por su parte, había descrito en su informe el papel de Julio Martínez Martínez como titular de sociedades destinadas a “encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones, esto es, la verdadera dirección ejercida por Zapatero”.

El supuesto liderazgo

“Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión”, dice el juez en su auto.

Los policías concluyen en sus informes en varias ocasiones que Zapatero ejerce “un liderazgo no visible en la estructura formal, realizando una supervisión estratégica.

En el “vértice” o la “cúspide”

En su auto, el juez Calama sostiene que “en el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero”.

La UDEF lo menciona así: “En la cúspide de la red de influencia se ubicaría José Luis Rodríguez Zapatero”.

La empresa de Dubái

El juez transcribe de forma literal el hallazgo policial sobre la reunión del 26 de enero de 2021 en la que supuestamente se fraguó la creación de una empresa en Dubái de la que responsabiliza a Zapatero. El magistrado habla en su auto de la celebración el “día 26.01.2021 de una reunión organizada por José Luis Rodríguez Zapatero, a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, al objeto de constituir una sociedad filial al 100% de en Dubai, Landside Dubai Fzco”.

El informe de la UDEF había señalado, igualmente, “La reunión de fecha 26/01/2021 organizada por José Luis Rodríguez Zapatero a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, al objeto de constituir una sociedad filial al 100% de IDELLA en Dubai, Landside Dubai Fzco”.

Empiezan a gotear los detalles de la investigación policial que mantiene en vilo a la izquierda, al Gobierno, a los medios. Del sumario que nos debe aclarar si las sospechas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, sobre Zapatero están bien fundamentadas. Hasta ahora hemos leído frases demoledoras, como que Zapatero era el “vértice” de una organización criminal para el tráfico de influencias. Que se escondía detrás de un empresario amigo, Julio Martínez, para hacer negocios entre Venezuela y España. Que pudo liderar una red de empresas en el extranjero para canalizar el dinero.

Pero para llegar a esas conclusiones, en el material que conocemos hasta ahora no solo hay indicios sino conjeturas, no solo hay unión de línea de puntos sino saltos en el vacío. Repasamos todos esos elementos con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar.    

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En esas se encuentra media España hoy. Aguardando por la versión, los papeles y las razones del presidente Zapatero. La otra media ni las espera, ni le importan, porque ya tiene lo que quería, llevaba tiempo buscando y casi había desesperado en encontrar. Había tantas ganas de entrullar a Zapatero que con cuarto y mitad del auto de imputación del juez José Luis Calama habría bastado para condenarlo de por vida.

Lo peor del auto no es la validez de los indicios, donde siempre son terceros quienes hablan o dejan de hablar de lo que Zapatero hace o deja de hacer. Tampoco el retorcido sumatorio de cifras, mediante un despliegue gráfico de diagramas de flujo que parece maquetado por Whathefav, que estira la sombra de la sospecha sobre la comisión de medio millón de euros por el rescate de Plus Ultra hasta abarcar dos millones de euros, sin que se aporten más indicios que los que afectan a la famosa comisión y dejando en el aire la incertidumbre respecto a qué se investiga exactamente o qué cantidades están bajo sospecha y cuáles no o por qué. 

Tampoco parece lo más dañino la evidencia de que, en el auto, los únicos funcionarios públicos que aparecen como posibles sujetos de la influencia figuren para confirmar que no se consiguió el efecto deseado; como en el caso del secretario de Transportes, Pedro Saura, 

Tampoco va a matarle el evidente sesgo de confirmación que atraviesa todo el informe de la UDEF, que les lleva a destacar todo lo que sostiene la acusación y degradar o incluso excluir aquello que cuestiona la tesis de la banda criminal liderada por un cerebro delincuente, capaz de generar una trama en cuatro niveles para cobrar una comisión en el extranjero e ingresarla luego multiplicada por cuatro como autónomo o a través de la empresa de sus hijas. De toda la vida se hacen sociedades offshore para tener el dinero fuera del radar, no para declararlo en una casilla del IRPF.

Lo peor del auto y del sumario es la apariencia. Lo peor reside en que Zapatero nos había asegurado que él no hacía esas cosas y media España le creyó y la otra media se había conformado con sospechas. Es esa confianza tocada, pero aún viva y a la espera de esas explicaciones, la que aún mantiene vivos al gobierno y a la legislatura; aunque en La Moncloa no parecen haberse percatado aún. 

El silencio del imputado Zapatero tiene toda la lógica jurídico penal del mundo, pero políticamente está siendo una carnicería. Haber hablado sin conocer el sumario habría sido imprudente. Pero callar hasta la comparecencia del día 2 de junio deja todo el espacio político y mediático a la acusación. Si los medios sólo tienen el sumario es lo que van a publicar despiezándolo hasta el detalle. 

Así se convierte en dato de relevancia penal que la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, hiciera su trabajo, es decir, llevase la agenda, transmitiese mensajes y cerrase citas; que un esposo y padre figure como autorizado en la cuenta de su mujer o de sus hijas; o que se cancele una hipoteca después de haber vendido otra propiedad previamente, como ha hecho también media España toda la vida.

La izquierda no espera un milagro. Pero sí confía en no haberse equivocado tanto con ZP. Que en esas explicaciones pendientes haya la suficiente verdad para poder seguir defendiendo su inocencia en lo verdaderamente sustancial: que no es el líder invisible de una banda criminal, que no estamos antes esa mastermind del delito que describe la UDEF. Ante tantas ganas de matar a Bambi la izquierda a la cual prometió una noche que no le fallaría espera que resurja aquel Bambi de acero que superó dos veces los once millones de votos para ganar las elecciones. 

Los informes policiales que han motivado la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero recogen el convencimiento de los dueños y directivos de Plus Ultra de que el expresidente podía interceder en el rescate de la compañía aérea. De otro lado, los dos atestados utilizados por el magistrado José Luis Calama para dictar su auto de imputación no ofrecen indicios sólidos de qué pudo hacer Zapatero para que la ayuda de 53 millones de euros fuera concedida. Los policías y el juez presentan por ahora la conclusión de que el expresidente era el líder de una red de tráfico de influencias e incluyen en su razonamiento suposiciones tales como que ideó un plan para trasvasar fondos a Dubái o que dirigía la actividad de la consultora Análisis Relevante. 

Plus Ultra contrató al empresario alicantino Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, para que hiciera gestiones y la compañía aérea fuera rescatada con las ayudas de la SEPI, puestas en marcha por el Estado para paliar los efectos de la covid-19. Martínez, a su vez, pagaba a su amigo Zapatero por supuestos trabajos de consultoría que el expresidente defiende que en algunos casos hizo de forma verbal. Los investigadores consideran esos trabajos de Zapatero una actividad ficticia que encubre el pago por ejercer el tráfico de influencias. 

El dinero por ese tráfico de influencias habría salido, principalmente, de la aerolínea rescatada Plus Ultra. Los mensajes telefónicos incautados apuntan a que los dueños de la compañía pensaban que habían contratado a Julio Martínez Martínez y que su valor residía en que participaba de un equipo dirigido por Zapatero. ¿Era así realmente o simplemente alguien les convenció de ello? 

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, llegó hasta Julio Martínez Martínez a través de otro amigo de Zapatero, el empresario canario Manuel Aarón Fajardo, bien conectado en Venezuela. El 16 de mayo de 2020, Fajardo le dijo a Martínez Sola que se pusiera en contacto con el otro Julio, con Martínez Martínez. “Habla con él. En el equipo del amigo estamos él y yo”. Ese “amigo” que dirigiría el equipo es, según la Policía y el juez, José Luis Rodríguez Zapatero. 

Minutos antes de ese comentario hay otro que denotaría que tanto Fajardo como el “amigo” ya se preocupaban por la situación de Plus Ultra antes incluso de que la compañía contratara a Julio Martínez Martínez. “¿Cómo estás? Me pregunta el amigo que cómo van los avales”, escribe Fajardo al presidente de Plus Ultra cuando todavía no le ha indicado que se ponga en contacto con el dueño de Análisis Relevante.

La Policía deja de distinguir entre Manuel Fajardo, Julio Martínez y Zapatero para asumir en sus informes la denominación de “Grupo Zapatero” que utilizan los responsables de Plus Ultra y lo que ello conlleva: que el expresidente dirige al resto en una trama de corrupción. Los policías llegan a atribuir la participación del expresidente del Gobierno en una reunión con ciudadanos chinos y el presidente de Plus Ultra porque Martínez Sola escribe: “Estoy con los Zapatero y los chinos”. Con “los Zapatero” y no “con Zapatero”.

Días después de ese mensaje, la SEPI remitió a Plus Ultra un requerimiento de subsanación adicional y aclaraciones con la intención de mejorar la solicitud inicial de ayuda ante la situación creada en la pandemia. En ese momento, la aerolínea también estaba teniendo dificultades para conseguir permisos de vuelo de la autoridad de aviación civil de China. De la obtención de esas autorizaciones dependía que un cliente asiático, que estaba “muy nervioso”, liberara un pago urgente de 660.000 dólares a favor de Plus Ultra.

“Estuvo con ZP y le dijo que todo va viento en popa”

La agencia del Gobierno estadounidense Homeland Security Investigation (HSI) se incautó en 2021 del teléfono de Rodolfo Reyes, un venezolano que entonces tenía el 40% de las acciones de Plus Ultra y que hace solo unos meses se desprendió de sus participaciones en la aerolínea. El 6 de febrero de ese año, Reyes había escrito a Martínez Sola: “Camilo [Ibrahim Issa, otro venezolano dueño de la compañía] estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa”.

El venezolano Rodolfo Reyes había dejado constancia de que él estaba seguro de que Zapatero estaba ayudando a Plus Ultra el 22 de julio de 2020. Ese día Reyes se escribió con un abogado que se acababa de reunir con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para plantear la situación de la compañía. El abogado le dijo: “Se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones”. Y Reyes contestó: “Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. 

Otro indicio de la supuesta participación del expresidente es cuando el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, bromeó con que debía cambiar su foto de perfil en WhatsApp porque llevaba unos tirantes con la bandera de España y le iba a llamar Zapatero. La Policía no ha encontrado rastro de esa llamada o de mensajes de WhatsApp entre el expresidente del Gobierno y Julio Martínez Sola. 

Estos indicios se unen a otros que presenta la Policía como el de la reunión entre Zapatero y el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, de quien podría depender el aplazamiento de una deuda de Plus Ultra. Escrivá ha dicho que esa reunión con el expresidente la solicitó él y que en ella no se abordó en ningún momento el asunto de la compañía. El certificado que Plus Ultra obtuvo de la Seguridad Social en el que se dice que está al corriente de sus obligaciones se emite el 20 de agosto de 2020, 18 días antes del encuentro.

Una vez ha trascendido el contenido de los informes policiales —a la espera del resultado de los registros y de conocer otra documentación del caso—, la mayor sospecha se centra en los pagos de Análisis Relevante a la empresa de las hijas de Zapatero y los que realizó a la misma sociedad Inteligencia Prospectiva, una sociedad “carente de actividad real” que ingresó a Whathefav más de medio millón de euros en cuatro años.

Una comida a la que no está claro quién asistió

Otros indicios, sin embargo, se han revelado más débiles de acuerdo con lo recogido en los informes de la UDEF. El juez Calama acusa en su auto a Zapatero de haber dado “instrucciones” para crear una sociedad en Dubái con la que cobrar fuera de España la comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra pactada entre su amigo Julio Martínez Martínez y la aerolínea. El juez asume las conclusiones de la Policía y determina que el expresidente dio “instrucciones para la constitución de una sociedad en el extranjero, en una reunión celebrada en el restaurante Portonovo, a la que convoca a Julio Martínez Martínez enviando incluso a un escolta a realizar la reserva”. Sin embargo, esta conclusión parte de premisas confusas.

El único hecho en el que sustenta la acusación contra Zapatero es un correo en el que Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente, informa al asistente de Julio Martínez Martínez de una reserva a las 14.30 horas del 26 de enero de 2021 para dos personas a nombre de “Julio” en el citado restaurante. Apunta, además, que un escolta del expresidente ha acudido a formalizar la reserva porque el local tenía problemas con sus líneas telefónicas. 

La Policía construye la secuencia probatoria apoyándose en otro correo incautado, fechado un día después de esa comida, pero del que no hay ninguna prueba con la documentación conocida hasta ahora de que tenga relación con el expresidente. Se trata de un email que Julio Martínez Martínez recibió el 27 de enero de 2021 y en el que un empresario español residente en Dubái, Tomás Guerrero, hacía referencia a una conversación mantenida “ayer” y le trasladaba la documentación necesaria para constituir una sociedad en Dubái. Días después, le enviaba más papeles. 

Para la Policía, lo que comentaron Guerrero y Martínez el día anterior tuvo que producirse necesariamente en esa comida, no en una charla telefónica, en intercambio de mensajes, en un desayuno o una cena. Además, la reserva era para dos personas, lo que descartaría que Guerrero participara en el encuentro. A no ser que la Policía plantee que la secretaria de Zapatero reservó para que comieran otras dos personas distintas del expresidente.  

“Tanto del hecho de que la iniciativa parta de Gertrudis como del empleo de un escolta se deriva que necesariamente las instrucciones [para la creación de la empresa en Dubái] tienen que partir de José Luis Rodríguez Zapatero, que concierta una reunión a la que tiene que acudir Julio Martínez Martínez”, puede leerse en uno de los atestados de la UDEF. 

El juez culmina la ceremonia de la confusión cuando en su auto expone expresamente que Zapatero y Julio Martínez Martínez “mantuvieron un encuentro en el restaurante Portonovo”, si bien en otro momento también dice que a esa reunión “organizada” por el expresidente “acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco”.

En todo caso, para apuntar a la implicación de Zapatero en la creación de esa sociedad offshore el juez se basa únicamente en la secuencia temporal de hechos y en la supuesta iniciativa del presidente de convocar una comida. La supuesta creación de esta sociedad en la zona franca de Dubái para desviar y ocultar fondos es lo que sostiene la acusación por el delito de blanqueo de capitales.

Elaborar una lista de destinatarios, indicio de liderar una trama

Otra de las acusaciones de la Policía, y que asume el juez, es la que atribuye a Zapatero una “posición preeminente” en la presunta trama basándose, principalmente, en varios archivos de Excel intervenidos durante la investigación. Se trata de listados con supuestos clientes que el expresidente envió a Julio Martínez Martínez. La Policía afirma que no se trata de “un simple listado”, sino que esos documentos reflejan una “planificación previa y sirven como herramienta logística”. Y que eso evidencia que era Zapatero quien establecía los “criterios de actuación”. 

Esos listados que facilita Zapatero incluyen relevantes empresarios del país y las direcciones donde se les puede contactar. Entre ellos hay clientes que tenían suscritos contratos mensuales de asesoramiento con Análisis Relevante y otros que no, a los que el expresidente habría informado a la consultoría a favor de enviarles unos informes que había confeccionado Sergio Sánchez, uno de los fundadores.  

Entre los supuestos clientes que sí habían suscrito esos contratos la UDEF cita la empresa Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón que habría supuesto unos ingresos a la familia de Zapatero de 801.195 euros, pese a ser una sociedad “carente de actividad real”. También aparecen mencionadas las sociedades Softgestor y Grupo Aldesa, que abonaron 145.200 y 127.050 euros, respectivamente, a la consultora del amigo del expresidente. 

En el listado figuran otros nombres vinculados a la aerolínea Plus Ultra, como el entonces vicepresidente Julio Martínez Sola o el accionista Camilo Ibrahim Issa. Así como relevantes empresarios como Florentino Pérez (ACS), Fernando Abril-Martorell (Indra), Beatriz Corredor (REE), Josu Jon Imaz (Repsol), Javier Hidalgo (Globalia), Antonio Catalán (AC-Hoteles), Víctor Madera (Quirón Salud) o directivos de la tecnológica Huawei.

La conclusión de la UDEF es que esos los informes mensuales elaborados por Análisis Relevante y distribuidos por Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, “se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos”, como a otros destinatarios de los que “se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago”. Lo que evidencian los listados, en todo caso, es que Zapatero puso su agenda de contactos a disposición del empresario.

El párrafo definitivo del juez Calama

En la página 57 del auto hay un párrafo con el que el juez atribuye indiciariamente al expresidente del Gobierno el liderazgo de una red criminal de tráfico de influencias que condensa y asume las dos principales construcciones de la Policía en base a inferencias y datos sin apoyo fáctico. Por su interés se reproduce a continuación en su textualidad: 

“Su posición preeminente [de Zapatero] queda igualmente reflejada en la planificación de la actividad de la red, como cuando es él quien remite a Julio Martínez Martínez los archivos Excel con los clientes de Análisis Relevante, que no constituyen simples listados, sino herramientas de planificación logística; o cuando imparte instrucciones para la constitución de una sociedad en el extranjero, en una reunión celebrada en el restaurante Portonovo, a la que convoca a Julio Martínez Martínez enviando incluso a un escolta a realizar la reserva. En dicha reunión se plantea la posibilidad de que determinados pagos no se realicen en España, sino en cuentas radicadas en el extranjero, concretamente a nombre de Landside”.

Pongamos que como dicen los más fervientes defensores del sistema, al final, Rodríguez Zapatero demuestra que no tiene nada que ver con la aborrascada descripción del auto que lo imputa y que no es la cúspide mandarina de toda la trama como afirma el juez. ¿Podría ocurrir? Sí. ¿Alguien lo cree? Lo dudo.

El ecosistema, sobre todo mediático, quedaría ciertamente en entredicho. Pero parece una lucha antisistema, la presunción de inocencia queda notablemente dañada con machacona insistencia en los tribunales de papel y los estrados tertulianos a diario. La reputación del expresidente ya está irremediablemente dañada, para siempre.

Y, mientras, la agitación callejera, cobarde y torpemente apoyada por el PP, se reafirma en señalar la responsabilidad del investigado y su metástasis gubernamental, apuntando como única solución la terminación de la legislatura por cualquiera de los medios, descartando, sin embargo, en ausencia de poder parlamentario, representativo de la voluntad popular y democrática, la vía constitucional de la moción de censura. La descomposición moral de la oposición, en urgencias, es tal que no reparan en erigir como iconos de la lucha contra la corrupción a Esperanza Aguirre y Víctor Aldama .

Llama la atención la extraña unanimidad sobre la excelencia del auto que investiga a Rodríguez Zapatero, unanimidad que cohonesta mal con opiniones de prestigiosos juristas que advierten de mala praxis instructora. Un corta pega policial se ha llegado a afirmar y, ciertamente, entre los brochazos gordos de cola no se vislumbra el fino pincel procesal que vincule al investigado con toda la indecorosa trama que se advierte.

La manera de instruir causas penales en España adolece de un deterioro muy preocupante. Incluso, notables juristas disculpan las malas instrucciones por déficits de medios o de formación y preparación de sus señorías

A la confusión, se suma la aparición inicial del estadounidense Home Security Department (Make America Safe Again, su lema, da pavor), en el procedimiento, lo cual añade perfiles inquietantes. Los informes de la policía judicial, sin embargo, conocidos este fin de semana no añaden nada nuevo pero sí alimento muy nutritivo para una prensa más empeñada en llegar antes al podio del periodismo de impacto que a otra cosa.

Y nos queda la palabra del investigado, envuelto ya en el sudario de su muerte civil y actor forzoso de un pronto patíbulo gráfico, que diga lo que diga, ya no tendrá reparación total. La manera de instruir causas penales en España adolece de un deterioro muy preocupante. Incluso, notables juristas disculpan las malas instrucciones por déficits de medios o de formación y preparación de sus señorías, lo cual ha entregado el proceso penal a deficientes instrucciones policiales. En muchos casos, las instrucciones sobrevuelan el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se acurrucan en una jurisprudencia sobre el papel de las policías judiciales ciertamente benévola por no decir resignada, fatalista, y entregada a la pereza procesal. Un claro deterioro de nuestro sistema penal.

Cuando todo se sepa, cosa muy deseable, habrá que extraer consecuencias urgentes, ya es sintomático que los antes presidentes José María Aznar y Felipe González, siempre facundos y dicharacheros, estén tan de perfil. Espero que Rodríguez Zapatero nos saque de esta pesadilla, espero que los defensores de la presunción de culpabilidad queden al descubierto, espero que no se trate otra vez de una práctica encaminada a la simple destrucción del adversario político. Si fuera lo último, no bastará con decir que se hizo justicia, habrá que considerar muy seriamente cómo el lawfare triunfa de nuevo. Siempre la exhibición y el paseíto, ajenos a la justicia democrática, en los expositores de la vergüenza. Esa vergüenza pública, el sudario de los investigados, es su gran objetivo.

La Audiencia Nacional mantiene todavía secreta una parte de la pieza principal sobre el caso Plus Ultra. Esa línea está relacionada con las comisiones rogatorias emitidas por el juez José Luis Calama con la intención de localizar el dinero que la presunta trama de tráfico de influencias pudiera tener en países extranjeros, según informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

La parte de la investigación sobre la que se levantó el secreto este martes es la que versa sobre el presunto papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como “núcleo decisor y estratégico” de la red de corrupción destapada en el caso Plus Ultra. El juez acaba de ordenar el bloqueo de sus cuentas hasta el límite de 490.780 euros, que es el importe recibido por el expresidente socialista de Análisis Relevante. Además, el magistrado ha acordado el bloqueo de saldos de otras mercantiles investigadas en la causa.

En una diligencia con fecha del miércoles, 20 de mayo, el juez Calama ordenó la creación de una pieza separada de la causa por tráfico de influencias y otros delitos. En esa pieza separada se tramitarán todas las medidas adoptadas contra los investigados, incluido el bloqueo de las cuentas de Zapatero.

En el auto del juez se recoge que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía contó con la ayuda de la Homeland Security Investigations (HSI), una agencia de investigación de los Estados Unidos que puso a su disposición la extracción del contenido de un teléfono móvil de Rodolfo Reyes, uno de los socios de Plus Ultra, también investigado en este caso. Es quien se refiere en una ocasión a Zapatero como su “pana”.

Por otro lado, en el auto del juez por el que imputaba al expresidente, se indicaba que el expresidente recibió hasta dos transferencias por un importe total de 31.766,04 euros de Thinking Heads Americas LLC. Y recordaba que esa sociedad radicada en EEUU era filial de Thinking Heads Group SL, administrada por Daniel Romero-Abreu Kaup.

Además, consta que el magistrado sostiene que el expresidente ordenó crear una sociedad off-shore en Dubái para canalizar pagos referidos a la consecución del rescate público de Plus Ultra. Ese 1% de comisión ha sido negado tajantemente por la aerolínea y por el propio Rodríguez Zapatero.

El exdirigente socialista tendrá que declarar en calidad de investigado el próximo 2 de junio. El magistrado le imputa indiciariamente por los delitos de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, la aerolínea que está en el punto de mira de la Justicia por el presunto “uso ilícito” de parte de los fondos obtenidos con su rescate durante la pandemia.

De las 85 páginas redactadas por el juez de la Audiencia Nacional y que supusieron la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero un total de 16 se enfocan en tratar de desenredar el entramado societario que supuestamente armó Julio Martínez Martínez, amigo personal del exdirigente socialista, para canalizar y distribuir los fondos obtenidos a través de la supuesta “actividad ilícita” de la trama.

Julio Martínez, el “lacayo” de Zapatero –así se referían a él otros investigados en la causa– tenía “un amplio entorno societario” y articulaba pagos a través de su sociedad principal, Análisis Relevante, y a través de otras empresas de la treintena que tenía a su nombre como Lot Domotic Europe, Voli Analítica y Afitta, entre otras. En la causa se investiga si la trama de tráfico de influencias pudo influir en que se concediera el rescate público de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. Y si por ese asunto pudo recibir una comisión de la que se beneficiara el expresidente del Gobierno.

En la resolución del juez se recoge que un informe de Antifraude que consta en el sumario indica que distintas mercantiles de la estructura societaria de Julio Martínez Martínez declararon la recepción de fondos por parte de Plus Ultra, “configurándose como su cliente más importante”. De hecho, el volumen total declarado asciende a 598.910,07 euros, y las receptoras fueron Análisis Relevante (301.290,00 euros), Voli Analítica (141.772,71 euros) y Lot Domotic Europe (155.847,36 euros). El auto recoge que Caletón Consultores y Summer Wind operaba como sociedades instrumentales utilizadas para canalizar fondos de Plus Ultra hacia sociedades del entorno de Julio Martínez.

Además, la investigación ha detectado canalización de fondos desde terceras empresas como Inteligencia Prospectiva, cuyos principales proveedores son Análisis Relevante (380.208 euros), Whathefav (561.440 euros), y Gate Center (266.200 euros). A esta se suma Softgestor (145.200 euros a Análisis Relevante) y Grupo Aldesa (133.100 euros también a Análisis Relevante).

El juez se fija en el auto en los pagos de Análisis Relevante al expresidente Rodríguez Zapatero. En total calcula que recibió en cinco años (de 2020 a 2025) un total de 490.780 euros desde esa mercantil. Si bien hay un descuadre con la cifra año a año que recoge en los gráficos del auto, que suma solo 418.000 euros.

El juez indica que Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, actuó como sociedad finalista, recibiendo fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, “generando facturación genérica y redistribuyendo pagos hacia el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero”.

En concreto, de Análisis Relevante recibió desde 2020 a 2024 cantidades por valor de 203.280 euros, si bien en el auto se indica que en total se había canalizado hacia esa sociedad 239.755,01 euros. Pero también recibió ingresos de otras empresas investigadas, como Inteligencia Prospectiva (561.440 euros)

En definitiva, el juez sostiene que las diligencias de investigación practicadas le permiten afirmar que existía “una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros”.

Esa red, apunta, se articuló mediante un entramado societario complejo, “nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real, y mediante un núcleo operativo personal que ejecutaba las instrucciones del líder y canalizaba los beneficios obtenidos”. Así, explica que en el vértice de la estructura se sitúa el expresidente y que mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel. Y desde su oficina de Ferraz (“centro de coordinación de la red”) se impartían las instrucciones, se elaboraban documentos, se gestionaban comunicaciones sensibles y se articulaba la operativa financiera y societaria.

A pesar de este entramado societario, en el que participaron una quincena de sociedades y que, según el auto, pudo tener la ramificación de la creación de una sociedad off-shore en Dubái para cobrar el 1% de la presunta comisión por el rescate de la aerolínea, el magistrado de momento solo ha acordado el bloqueo de las cuentas de Rodríguez Zapatero y hasta el límite de 490.780 euros. Es decir, lo que percibió de la empresa Análisis Relevante.

Si otros antiguos altos cargos públicos trabajan en empresas privadas dedicadas a representar a clientes ante las administraciones para influir en decisiones políticas, como Pepe Blanco, Soraya Saénz de Santamaría o el propio Aznar. ¿Por qué Rodríguez Zapatero no hizo lo mismo si quería dedicarse a eso? ¿Por qué iba a esconderse detrás de empresas instrumentales de un amigo, cobrando una comisión encubierta con facturas falsas?  

Con Alfonso López, fundador y presidente de la consultora de relaciones institucionales, o lobby, Rud Pedersen en España, y con Javier Lillo, periodista de Tribunales de elDiario.es, nos centramos en una clave de toda esta historia: ¿Cuál es la diferencia entre el lobby que hacen otros y el delito de tráfico de influencias por el que un juez de la Audiencia Nacional investiga a Zapatero?

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El auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero recoge un ramillete de indicios sobre su presunta participación en una red de tráfico de influencias que derivan en contundentes acusaciones contra el expresidente del Gobierno. Sin embargo, las conclusiones del juez José Luis Calama no están siempre acompañadas de la prueba que supuestamente se habría obtenido en estos dos años de investigación. El análisis del escrito judicial plantea la incógnita de si el juez ha dejado en los informes de la Policía y la Oficina Antifraude las pruebas que sostienen sus acusaciones o si no hay más que las que presenta en el auto de 88 páginas y de las que se sirve para sostener la imputación a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. 

En el capítulo de indicios contra el expresidente destacan los abultados pagos recibidos por la empresa de marketing de las hijas de Zapatero, tanto del amigo de su padre Julio Martínez Martínez como de dos hermanos venezolanos que tenían una sociedad “carente de actividad real”, según la Oficina Antifraude. 

La imputación por organización criminal requiere de un grupo concertado para delinquir que prolonga su actividad en el tiempo. Pero más allá del presunto tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra, el auto solo menciona una supuesta gestión de Zapatero para que la compañía aérea fletara un vuelo a España que tenía prohibida su salida de Caracas. El juez le atribuye la dirección de esa organización criminal sin que conste la planificación del delito o las órdenes que pudo dar.

Este es un repaso por los aspectos más relevantes del auto que ha servido para imputar por corrupción a un expresidente del Gobierno de España.

El rescate de Plus Ultra

El auto del juez Calama sitúa el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia como el núcleo central de la trama. La resolución detalla que ante la imposibilidad de la aerolínea para conseguir créditos bancarios, sus directivos recurrieron en paralelo a José Luis Ábalos y a Zapatero, si bien fue la vía del expresidente “la que adquirió un papel predominante y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos”.  

En las comunicaciones intervenidas, los directivos de Plus Ultra se muestran confiados en que el expresidente diera un “toque técnico desde arriba” o hablara directamente con la SEPI para garantizar el préstamo. También alardeaban de tener al “pana Zapatero detrás”, se referían a él como el “Grupo Zapatero” o admitían su disposición a pagar mordidas. “Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”, recoge en un mensaje el presidente de la compañía, también imputado. Además, supieron con antelación que se les iba a conceder la ayuda. 

El auto recoge también como indicio una reunión del expresidente con el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en septiembre de 2020, cuando Plus Ultra estaba tramitando su solicitud de rescate. El juez no recoge ningún detalle del contenido de esa reunión. Apunta, sin embargo, que la aerolínea arrastraba una deuda de casi medio millón de euros que la Seguridad Social acabó aplazando un mes después de esa reunión.

Fuentes del entorno de Escrivá, consultadas por este periódico, confirman que ese encuentro se produjo y que no se habían visto nunca antes. Aseguran, asimismo, que no se habló del rescate de Plus Ultra y que quien pidió la cita no fue Zapatero sino el entonces ministro en el marco de una ronda de contactos con diferentes personalidades por la primera desescalada que siguió a la irrupción de la pandemia.

El juez afirma que “la secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la concesión de la ayuda, evidencia que la red actuó con la finalidad de influir en la decisión del órgano competente”. Sin embargo, no consta ninguna prueba directa de que la supuesta influencia ejercida por Zapatero derivara en la decisión de la SEPI de otorgar el rescate. 

La empresa de Dubai y la mordida del 1% 

Según la resolución de la Audiencia Nacional, el 19 de enero de 2021 la sociedad Idella, propiedad de Julio Martínez Martínez, firmó con Plus Ultra un contrato de “prestación de servicios de asesoramiento y enfoque estratégico” por el que, si se lograba el préstamo, el empresario percibiría un 1% más IVA de los 53 millones que acabó poniendo el Gobierno a disposición de la aerolínea. Esto es, alrededor de 640.000 euros.

El auto afirma que no hay “constancia del pago [de esa cantidad] en España” y apunta que esa remuneración se podría haber canalizado a través de una sociedad en Dubái creada presuntamente tras “instrucciones” de Zapatero para evitar que el dinero entrara en el sistema financiero español y fuera rastreado por las autoridades. 

Sin embargo, para apuntar a la implicación de Zapatero en la creación de esa sociedad offshore el juez se basa únicamente en la secuencia temporal de hechos y en la supuesta iniciativa del presidente de convocar una comida. Así, detalla que el 26 de enero de 2021, una semana después de la firma del contrato del 1%, Zapatero citó en el restaurante Portonovo de Madrid a Julio Martínez Martínez y a Tomás Guerrero, quien tenía negocios en el emirato. Al día siguiente, este último envió un correo electrónico a Martínez Martínez en el que le dice que, “según lo conversado ayer”, le traslada la documentación necesaria para constituir una sociedad en Dubái. Días después, le envía más documentación. 

La tesis del magistrado de que las “instrucciones” para crear esa sociedad “parten necesariamente” de Zapatero se apoya únicamente en que fue el expresidente “quien promueve la reunión a la que debe acudir Julio [Martínez Martínez]”. El auto no aporta más datos que la corroboren. Fuentes del entorno del expresidente señalan que han tenido conocimiento por terceros implicados en la trama de que esa sociedad de Dubai nunca llegó a crearse a pesar de que Julio Martínez Martínez sí se lo propuso al citado Tomás Guerrero.

Respecto a la comisión del 1% del rescate para Julio Martínez Martínez, el auto hace referencia a un encuentro que tuvo lugar el 2 de marzo de 2021 —cuando la ayuda de la SEPI estaba a punto de ser aprobada— entre la cúpula de la aerolínea y el empresario en una terraza. Ante la broma de este último sobre quién pagaría la cuenta señalando que “la SEPI no aprueba esos gastos”, el director financiero de Plus Ultra respondió: “Tranquilo, eso sale del 1%”. Es una manifestación que, según el juez, guarda “perfecta correlación” con ese contrato. 

Zapatero y los gobiernos extranjeros 

“Las comunicaciones intervenidas revelan que la red actuaba tanto en España como en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países, con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala”.

La tesis de la expansión extranjera es utilizada por el juez para intentar apuntalar los indicios de tráfico de influencias y de organización criminal. No en vano, el magistrado habla de una “estructura estable”, necesaria para mantener la acusación por este segundo delito de organización criminal. No bastaría, por tanto, con la supuesta mediación para el rescate de Plus Ultra. 

Sin embargo, el auto solo concreta una supuesta mediación de Zapatero con las autoridades de un país extranjero, Venezuela, donde el expresidente ha ejercido de actor reconocido del Gobierno español para mediar en la situación política y conseguir la liberación de presos políticos. 

Las dificultades económicas de la aerolínea Plus Ultra estaban dejando a pasajeros en tierra en el verano de 2021. El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica venezolano, el general Juan Manuel Teixeira, se puso en contacto con Julio Martínez Martínez para advertirle de que sabía que los pasajeros estaban siendo informados por Plus Ultra de que la responsabilidad de que no volaran era de Caracas y que el único motivo eran los impagos de la compañía.

Martínez intercede con el general para que deje salir un vuelo con destino a Madrid que no tenía autorización. Al día siguiente, “una persona registrada como Z en la agenda del teléfono” de Martínez le escribe: “En tiempo y forma. Exitosa gestión...”. Esta supuesta actuación de Zapatero demuestra, según el juez, que el expresidente es “una figura decisoria última y supervisora de los resultados”.

La investigación no concreta qué recibió Zapatero por este supuesto tráfico de influencias y remite a los fondos que el expresidente percibió de Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez. Este habría encubierto la entrega a Zapatero de un porcentaje por sus gestiones en forma de abono de trabajos de consultoría. El expresidente asegura que esos trabajos se realizaron y que los pagos responden exclusivamente a ellos. 

China aparece mencionada solo una vez en el auto de 88 páginas. Se produce en el marco de unas conversaciones en las que unos compradores de petróleo venezolano, supuestamente chinos, tienen que recurrir a Zapatero para la operación. En un intercambio de mensajes, el empresario venezolano Domingo Amaro Chacón –autor de pagos a las empresas de Zapatero y sus hijas– traslada a Julio Martínez que el presidente de la sociedad Swissoil Trading SA “y los chinos” están “listos para comprar barcos [de petróleo]”. 

La implicación de Zapatero en esta transacción se centra en que China International Cultural Technology Resources Group envió “una carta de intenciones (un documento comercial que se utiliza en estos casos)” a la oficina de Zapatero sobre la compra que los chinos quieren realizar. En el auto no se hace ninguna mención más a la transacción. Ni si se realizó la compra, ni si Zapatero medió de algún modo. 

Los pagos a Zapatero y su entorno

El auto dedica un prolijo apartado a explicar el movimiento de fondos entre empresas con Julio Martínez Martínez como centro de la operativa. A continuación llega el punto “beneficiarios finales” y es ahí donde aparece Zapatero, que no es mencionado en la explicación sobre la “canalización de fondos”. Eso no es óbice para que el juez le atribuya el papel de “núcleo decisor” de la trama, en la que ocuparía la “cúspide” del entramado.

Los principales proveedores del “entorno societario controlado por Julio Martínez” son el propio Zapatero (418.000 euros) y la empresa de sus hijas, Whathefav (242.423,50 euros) si bien estas cifras bailan en otro punto del auto donde al expresidente se le adjudican 490.780 euros y 239.755 euros a Whathefav. 

Los pagos a la empresa de las dos hijas de Zapatero corresponden al periodo entre 2020 y 2024, año en que comenzó la investigación. Whathefav facturaba a Análisis Relevante como “servicios agencia”. El contrato suscrito el 1 de junio de 2020 hablaba de la elaboración, aplicación y ejecución de “un programa de marketing” y la colaboración en eventos. En otro punto del informe se alude únicamente a un trabajo de maquetación por parte de Whathefav a Análisis Relevante de unos informes que “a priori ya estarían elaborados”.

Con todo, Julio Martínez no fue el principal pagador de Whathefav. Entre 2020 y 2025, la empresa de las hijas de Zapatero ingresó 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón. No se detalla en concepto de qué facturó Whathefav a Inteligencia Prospectiva, pero la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, es contundente en su análisis sobre Inteligencia Prospectiva: mueve más de 2,6 millones de euros en sus cuentas en cuatro años y eso es incompatible con una empresa que “carece de actividad real”. 

Más del 21% de esos flujos de dinero de Inteligencia Prospectiva en ese periodo fueron a parar a la empresa de las hijas del expresidente. No hay más detalle en el auto de qué podría estar recompensando Inteligencia Prospectiva a Zapatero a través de sus hijas. Otra empresa vinculada a Zapatero, Gate Center, de la que es presidente de su consejo asesor, recibió de los hermanos venezolanos 226.200 euros. Por su parte, Julio Martínez Martínez y Análisis Relevante ingresaron 368.258,72 euros de Inteligencia Prospectiva. El 44,4% de todo el dinero que movió la sociedad de los hermanos venezolanos fue a parar a Zapatero y su entorno. 

El auto concluye que se trata de pagos por las influencias ejercidas por Zapatero sin mayor detalle. Solo alude a “conversaciones intervenidas, correos electrónicos, reuniones institucionales, contratos, pagos y flujos financieros”. Las conversaciones y correos que aporta el auto son de terceras personas hablando de Zapatero y el expresidente no aparece participando en “reuniones institucionales”. La secretaria de Zapatero escribe un correo electrónico de parte del expresidente y lo hace para reservar mesa en una cita en la que supuestamente se hablaría de la creación de una sociedad en Dubai. 

El escrito del juez no alude a si hay conversaciones en los informes policiales que no han sido transcritas en el auto, si bien otras en las que terceras personas aluden al presidente sí que aparecen. De otro lado, los “contratos, pagos y flujos financieros” que menciona el auto se enmarcan en contraprestaciones por las presuntas labores de intermediación de Zapatero, sin que se explique si tienen un carácter finalista, esto es, un ingreso a cambio de una gestión. 

Además, en ese mismo epígrafe de “beneficiarios finales”, el juez incluye los pagos por valor de 681.318,04 euros que el grupo empresarial Thinking Heads abonó a Zapatero por servicios de consultoría, asesoramiento, conferencias y servicios editoriales y sobre los que no arroja ninguna sospecha. La empresa emitió un comunicado en el que afirma que “todos los servicios” abonados al expresidente fueron efectuados “con un contrato y con una prestación de servicios efectiva y acreditable” y que su relación se remonta a 2014. 

El expresidente, acusado de liderar la trama

La acusación que adolece de menos sustento argumental en el auto es la de que Zapatero es el líder indiscutible de la trama de corrupción. Alusiones a que actúa como el “núcleo decisorio” o que “ejerce el liderazgo estratégico” se repiten sin que el juez aclare en qué se basan. El magistrado apunta que la oficina del expresidente que los agentes de la UDEF registraron este martes era el “centro de coordinación de la red”, donde “se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria”, si bien no aporta elementos que sustenten esa afirmación. 

Como prueba concreta, el magistrado alude a la citada reunión con el entonces ministro de Seguridad Social, a una comida con Ábalos de la que tampoco aporta detalles y a dos archivos de Excel que el expresidente remitió a Julio Martínez Martínez en el que figura un listado de personas y empresas con direcciones de correos electrónicos y cargos. “Estos archivos no constituyen un simple listado, sino que reflejan una cierta planificación previa y sirven como herramienta logística”, sostiene el auto.

La defensa de Begoña Gómez reclama a la Audiencia Provincial que anule el auto en el que el juez Juan Carlos Peinado propone sentarla en el banquillo por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado sustentó esa decisión en un auto en el que llegó a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII, una afirmación que la defensa de su esposa considera “absolutamente inaceptable” e “impropia” de la imagen de imparcialidad que un magistrado debe transmitir. 

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, su abogado, Antonio Camacho, afirma que “los delitos que son objeto del presente procedimiento, o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas”. Y cuestiona la “rapidez inusitada” con la que el juez dio carpetazo a la investigación. Lo hizo, a su juicio, saltándose los trámites de la Ley del Jurado, ya que ordenó practicar nuevas diligencias, pero al mismo tiempo dio un plazo de cinco días a las partes para presentar sus conclusiones. A esto se suma, según la defensa, la “grave” vulneración que, a su juicio, supone avanzar hacia el juicio sin haber resuelto previamente los recursos presentados en marzo. 

El escrito trata de rebatir las atribuciones que hace el juez para intentar llevar a juicio a Begoña Gómez. Respecto al delito de tráfico de influencias, el juez Peinado otorga total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos. Entre ellas, una cita con el rector de Universidad Complutense, Joaquín Goyache, donde ambos abordaron la posibilidad de poner en marcha la cátedra que Begoña Gómez acabó codirigiendo en ese campus y que centra la imputación por este delito. 

La defensa señala que la reunión se produjo allí porque era su domicilio y la Complutense estaba “cerrada” por la pandemia. Defiende que fue el rector “por iniciativa propia” quien expuso la posibilidad de crear una cátedra. Y que de esa conversación no puede desprenderse que hubiera por parte la esposa de Sánchez “una exigencia o una solicitud de esa creación ni siquiera una aceptación definitiva”. “La reunión, por tanto, no puede interpretarse como un acto de presión, sino como una conversación preliminar y exploratoria dentro de un contexto académico”, afirma el recurso.

En relación con el delito de corrupción en los negocios, el recurso rebate la tesis del juez de que el dinero captado para la cátedra fuera una “fachada” para que las empresas financiadoras obtuvieran ventajas en adjudicaciones públicas. El letrado recuerda que todos los fondos se ingresaron en las cuentas de la Complutense y subraya que es jurídicamente “insostenible” aplicar este delito a la financiación de una Universidad Pública dado que se configura como un ilícito propio del ámbito “estrictamente privado”, orientado a la protección de la libre competencia y la lealtad en las relaciones comerciales entre particulares. 

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, la defensa de Begoña Gómez afirma que la herramienta no se llegó a finalizar, por lo que es imposible apoderarse de un activo que no funcionaba correctamente y se encontraba en “fase beta” o de pruebas.

Frente a la acusación de haber registrado el dominio web a espaldas de la universidad, la defensa recuerda que hay correos aportados a la causa que demuestran que fue la propia Complutense quien dio instrucciones a Begoña Gómez, proporcionándole la página web donde debía registrar el dominio. Además, subraya que está acreditado que otros directores de cátedras también tienen registrados los dominios de sus proyectos a su nombre. “No había producto terminado, no había control unilateral, no hubo lucro, y no hubo perjuicio”, sostiene el escrito.

El juez también dedicaba parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. A este respecto, la defensa recuerda que existe una “costumbre institucional” consolidada desde el inicio de la democracia. Y afirma que, “salvo los correos muy limitados en número que remitió desde su cuenta particular”, no es cierto que Begoña Gómez haya utilizado para sus actividades profesionales la ayuda de su asistente.

El recurso de la asistente

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez ha recurrido también el auto de Peinado por el que dejaba a un paso del banquillo a Begoña Gómez señalando que debe ser anulado y que debe archivarse la causa para su defendida. Advierte, en este sentido, que el procedimiento no puede seguir por el cauce del Tribunal del Jurado porque la ley que lo regula, en su artículo 24, no permite que sea así dado que la conexidad de delitos “no siempre es suficiente”.

En caso de que no acuerde el archivo, interesa que el juez de luz verde a la prueba que solicitó en las alegaciones previas, en las que insistió en que se solicitara a La Moncloa un informe sobre si, desde su nombramiento, la asistente ha llevado a cabo “un correcto desempeño de sus funciones o si, por el contrario, ha desatendido en algún momento sus funciones”.

Por otro lado, ataca el hecho de que Peinado sostenga que Cristina Álvarez malversó, y le recuerda que “nunca en España se ha condenado al funcionario ilícitamente utilizado para las tareas privadas de su superior”. “Nunca. Ni siquiera lo encontraremos aunque nos remontemos, como el Ilmo. Magistrado Instructor, a la época de Fernando VII”, añade con ironía haciendo alusión a una frase de la resolución de Peinado. Al hilo, como en escritos anteriores, recuerda que en resoluciones previas de la Audiencia Provincial de Madrid ya determinó que «el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación“.

El juez Juan Carlos Peinado sigue empeñado en procesar por cinco delitos a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y ha transformado las diligencias que inició en abril de 2024 en un procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado. La Audiencia Provincial de Madrid anuló en este tiempo una decena de resoluciones del juez, entre ellas cinco imputaciones, varias órdenes de registro, y la última decisión de Peinado que abocaba el procedimiento a la vía del jurado. Pero el instructor sorteó los suspensos de la Audiencia Provincial como pudo: a veces sin hacer mucho caso, otras veces corrigiendo errores para seguir aplicando su criterio, y siempre manteniendo viva la causa.

Su último salto ha sido imponer, en contra de la Audiencia Provincial, que el procedimiento contra Begoña Gómez sea juzgado por un jurado popular dado que, según explica, entre los cinco delitos que atribuye a la mujer del presidente y que considera entrelazados –tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, intrusismo profesional y corrupción en los negocios– los dos primeros corresponden a los que la Ley establece que pueden ser tramitados por el procedimiento del jurado.

El juez Peinado se corrigió a sí mismo cuando imputó por malversación de fondos a Begoña Gómez y a su asistente, Cristina Álvarez, unos meses después de negarse a hacerlo a petición de la acusación popular de ultraderecha. Ahora mantiene esa imputación pese a que la Audiencia Provincial dejó dicho que “el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación”.

En un auto de 47 folios, el juez instructor elabora un extenso relato de hechos con todos los indicios que ha recabado durante 23 meses de investigación contra la mujer del presidente del Gobierno. En ese escrito, Peinado olvida incluir en su exposición todos los contraindicios descubiertos durante la investigación que favorecen a Begoña Gómez y que obligarían en la mayoría de los casos a archivar el procedimiento. Son los que siguen:

Tráfico de influencias

El juez Peinado inició su investigación a cuenta de unas cartas de apoyo que firmó la mujer del presidente del Gobierno como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense a favor del empresario Juan Carlos Barrabés. Esas cartas de apoyo se incluyeron en la oferta con la que Barrabés concursó y logró dos contratos millonarios de Red.es, una entidad estatal dependiente entonces del ministerio de Economía. En su relato de hechos, Peinado señala: “La relevancia de este documento no reside solo en su contenido, sino también en su contexto: la carta fue aportada por una unión temporal de empresas vinculada al grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés, con quien Begoña Gómez ya mantenía relación profesional, y se presentó en el marco de una licitación promovida por una entidad pública dependiente del mismo Gobierno que desde dos años antes presidía su esposo”.  

Pero Peinado olvidó escribir en su auto que junto a las cartas de Begoña Gómez había otras 31 con idéntica redacción firmadas por responsables de distintas empresas privadas –Google, Microsoft…– y organismos públicos, como el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP. Tampoco explicó que esas cartas se incluían en un apartado que el concurso valoraba con el 8% de los puntos totales del concurso y que, además, este asunto ya no pertenece al procedimiento que tramita el juez Peinado. La Fiscalía Europea Anticorrupción, que asumió la investigación del caso, no investiga a Gómez ni tiene pruebas del tráfico de influencias en el procedimiento, sino que analiza supuestas anomalías en el pliego de condiciones y en la resolución del concurso. Por su parte, la Guardia Civil hizo un informe solicitado por el juez Peinado que descartaba cualquier relación entre Begoña Gómez y las personas que tramitaron el concurso. Nada de esto escribió Peinado en su último auto.

Apropiación indebida

El juez instructor insiste en atribuir a Begoña Gómez el delito de apropiación indebida de un software fabricado durante el desarrollo de la cátedra para el uso gratuito de pequeñas y medianas empresas. “El uso del nombre idéntico al de la Cátedra, junto con las referencias directas a la titularidad de la Universidad Complutense en una web que estaba registrada a título personal por la investigada Begoña Gómez, generaba una evidente confusión visual e institucional sobre si el software era un servicio oficial gratuito de la Universidad o un reclamo para la consultora privada Transforma TSC S.L. constituida por ella”, escribe Peinado.

El juez evita contar que la Complutense investigó estos hechos y preguntó al Registro de la Propiedad Intelectual si el software del litigio había sido registrado a nombre de Gómez. La respuesta fue negativa, nadie ha registrado ese software, ahora abandonado por la Universidad, a quien pertenece. También omite el juez que el registro del dominio web (50 euros al año) a nombre de Begoña Gómez fue porque así se lo indicó la propia Universidad a la mujer del presidente del Gobierno.

Intrusismo profesional

Begoña Gómez firmó un pliego de condiciones para adjudicar un contrato relacionado con la herramienta tecnológica que la Cátedra que codirigía se había comprometido a crear. El juez Peinado ve en este hecho un indicio de intrusismo profesional. Para poder acreditarlo, Peinado pidió opinión a la Asociación de Abogados del Estado, la principal organización profesional de este cuerpo en España con más de 700 asociados. La respuesta fue que no había ningún delito en la actuación de Gómez: “La normativa de contratación pública no establece una reserva estricta de dicha función a un cuerpo concreto de funcionarios ni exige una titulación específica para la redacción de tales documentos”. Pero el juez cita en su resolución otro informe que nunca pidió. “Hay una comunicación remitida por la Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho” que, supuestamente, defiende la tesis de que Begoña Gómez no podía firmar ese pliego de condiciones.

Esa Asociación fue fundada en noviembre de 2024 por tres abogados del Estado y la lidera una de ellos, que está jubilado. Lo que se conoce de esta asociación desde que nació es que se dedica a criticar al Gobierno de Pedro Sánchez en medios de comunicación conservadores. De todas estas peculiaridades no habla Peinado en el auto donde mantiene viva la causa contra Gómez por intrusismo profesional basándose en una comunicación de una asociación de abogados del Estado sin apenas socios y que no representa a nadie. También obvia en su auto judicial que la interventora de la Complutense declaró en el juzgado que de acuerdo con las normas internas de la Universidad y con el marco legal que regula esos procesos de contratación pública, los pliegos de prescripciones técnicas tienen que ser firmados por el jefe o la jefa de la unidad, que en este caso era Begoña Gómez. Además, Peinado tampoco se refiere a la documentación incorporada al sumario que acredita que la mujer del presidente firmó los pliegos porque así se lo pidieron desde la universidad.

Corrupción en los negocios

Peinado señala que Gómez logró financiación y respaldo empresarial privado para los proyectos desarrollados durante el funcionamiento de la cátedra en una universidad pública. El juez cree que esas ayudas “aparecen conectadas con una posición de privilegio relacional y con beneficios o expectativas de beneficio recíproco”. En ningún momento Peinado aclara que Begoña Gómez no se lucró con su actividad en la cátedra de la Complutense sino todo lo contrario pues no pudo cobrar ni un euro por su trabajo como codirectora debido a que estaba prohibida cualquier retribución al no ser trabajadora de la universidad. Algo que le explicaron los implicados al juez de manera reiterada. Gómez colaboraba con la Universidad Complutense desde 2012, mucho antes de que su marido fuera secretario general del PSOE. El año que más facturó por las clases que daba apenas alcanzó al salario mínimo interprofesional. Nada de esto cuenta Peinado en su auto. Del supuesto beneficio que sacaron las empresas privadas que financiaron la cátedra no hay una sola prueba en el sumario tras 23 meses de investigación.

Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, cumple ya 23 meses imputada por cinco delitos en la causa penal que instruye Juan Carlos Peinado en el juzgado número 41 de Madrid. Su asistente, Cristina Álvarez, acumula 14 meses en parecida situación. El juez la investiga por tres delitos, entre ellos, el de apropiación indebida de un software que, según su abogado, intentó registrar la asistente a nombre de la Universidad Complutense. El mundo, al revés. “Un disparate”, según la defensa de la asistente.

La investigación del caso avanza entre sobresaltos. Al juez Peinado le han mostrado tarjeta roja por juego sucio más de diez veces en casi dos años de instrucción. El último rapapolvo anuló la decisión de seguir el procedimiento por el tribunal del jurado. Pero el juez sigue adelante con la causa, escarbando en todas las actividades de Begoña Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno, según dejó escrito en un auto convertido en símbolo de las investigaciones prospectivas que suelen rechazar los tribunales.

Muy pocas causas penales tienen un historial de anomalías durante la instrucción tan grosero: hubo imputaciones basadas en declaraciones que nunca se produjeron o motivadas por nombramientos que no hicieron los implicados. Tres altos cargos de Moncloa fueron imputados sin motivo, al igual que el rector de la Universidad Complutense o un directivo del IE.

A Peinado le quedan seis meses de trabajo antes de su jubilación forzosa porque cumple 72 años en septiembre. Pero antes concluirá la instrucción del caso para sentar en el banquillo a Begoña Gómez, según creen casi todas las partes involucradas en este proceso.

Los indicios de los cinco delitos atribuidos a la mujer del presidente y de los tres delitos que mantienen imputada a su asistente son vaporosos.

1 - Apropiación indebida

Una herramienta tecnológica de uso gratuito para pequeñas y medianas empresas fabricada durante las actividades de la cátedra –era uno de los objetivos para su creación– que nunca se inscribió a nombre de Begoña Gómez, como pudo comprobar la Universidad Complutense tras consultar al Registro de la Propiedad Intelectual. La esposa del presidente solo puso a su nombre, y por indicación de la propia universidad, el dominio web en el que se alojó la herramienta tecnológica.

Pese a que todos estos hechos han sido acreditados durante la investigación, el juez mantiene la imputación de Begoña Gómez y de su asistente por apropiación indebida. “Resulta sorprendente que se investigue como apropiación indebida el registro del software a nombre de Begoña Gómez, pero se atribuya una intervención en el hecho delictivo a mi patrocinada por intentar registrar el software a favor de la Universidad Complutense de Madrid”, se lamenta el abogado de Cristina Álvarez en el recurso. Y concluye: “Su participación va en la dirección contraria del delito. Es modélica, solo intervino en hechos tendentes a hacer lo correcto, es decir, registrar el software a favor de la Universidad Complutense de Madrid. Es como imputar por el atraco a un banco al policía que intervino deteniendo a los atracadores. Es un disparate”.

El fiscal del caso también censuró al juez por esta imputación a la asistente de Begoña Gómez: “La supuesta participación de Cristina Álvarez por mandar un correo a los órganos de la Complutense para abordar el tema de la cesión de derechos en favor de la universidad, que precisamente estaban tratando de realizar. No es serio ni racional, sino todo lo contrario, y es un caso, afortunadamente aislado en nuestro sistema judicial, de atribución de responsabilidad a un ciudadano de esta forma”.

2 - Tráfico de influencias

El juez se basa para investigar este delito en una carta de apoyo a una empresa privada firmada por Begoña Gómez en calidad de directora de cátedra en la Universidad Complutense. El empresario Juan Carlos Barrabés, que dio varias clases en esa cátedra, incluyó dentro de su oferta a un concurso público la carta firmada por Gómez junto a otras 31 de idéntica redacción, una de ellas firmada por un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP.

Ninguno de los trabajadores y altos cargos de Red.es que intervinieron en la adjudicación del concurso ha sido imputado, ni siquiera llegaron a declarar ante el juez para explicar los hechos.

3 - Malversación de fondos públicos

La asistente de Gómez la ayudó en algunos de los trámites relacionados con su colaboración en la Universidad Complutense de Madrid, como ha quedado acreditado por varias decenas de correos electrónicos que envió Cristina Álvarez a las autoridades universitarias en nombre de la mujer del presidente del Gobierno. El juez Peinado, que negó hace meses imputar a ambas mujeres por malversación de fondos públicos, corrigió su decisión y mantiene a Begoña Gómez y Cristina Álvarez imputadas por malversación de fondos públicos. El abogado de Gómez explica que “es habitual que en el horario laboral, los trabajadores hagan gestiones como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos”. “Difícilmente puede entenderse que, si esos trabajadores son funcionarios públicos, con ello se está cometiendo un delito de malversación de caudales públicos. Es una interpretación del Código Penal extraordinariamente extensiva y alejada de la realidad”.

Y añade: “Para que la posible dedicación de mi patrocinada a tareas privadas de doña Begoña Gómez fuese constitutiva de delito de malversación, sería necesario que doña Cristina 'cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada'. No consta dato ni indicio de que mi patrocinada haya desatendido sus funciones por haberse dedicado a tareas privadas de doña Begoña Gómez. Al contrario, ha cumplido con sus obligaciones de manera exquisita, con una dedicación intensa, prácticamente sin horario, y muy por encima de lo que cabría esperar por su escueto salario. Y no consta desatención ninguna de sus obligaciones”.

4 - Intrusismo profesional

Begoña Gómez propuso a la Universidad Complutense crear una cátedra entre cuyos objetivos estaba la investigación de aplicaciones informáticas que ayudarán a pequeñas y medianas empresas para mejorar su competitividad. Para desarrollar la nueva tecnología, de uso gratuito, Gómez logró la colaboración a favor de la universidad de las compañías Google, Telefónica e Indra. La directora de la cátedra firmó los pliegos de condiciones para adjudicar un contrato de consultoría vinculado a la nueva herramienta tecnológica. El juez Peinado sostiene que Gómez carecía de cualificación profesional para firmar esos pliegos de condiciones y la imputa por intrusismo profesional. Durante la investigación, el instructor pudo escuchar como la interventora de la Universidad Complutense declaró que las normas obligaban a que la directora de la cátedra, Begoña Gómez, firmase los pliegos de condiciones. Además, la asociación de Abogados del Estado contestó al juez que no había intrusismo profesional en aquellos hechos. Gómez sigue imputada.

5 - Corrupción en los negocios

Begoña Gómez dirigió durante cuatro años una cátedra en la Universidad Complutense y logró más de medio millón de euros en subvenciones al proyecto educativo público. En todo ese tiempo no cobró por su trabajo -preguntó, pero le contestaron que al no ser trabajador de la Universidad no podía recibir salario alguno-. Está imputada por corrupción en los negocios. Su actividad privada desde que inició su colaboración con la Complutense en 2012, según la investigación del juez Peinado, nunca le reportó unos ingresos anuales superiores al Salario Mínimo Interprofesional. Su abogado recordó al juez que la Cátedra de Transformación Social Competitiva “no era remunerada” y que los fondos de empresas privadas se obtuvieron para la Universidad Complutense y no para Begoña Gómez.

La investigación no halló en todo este tiempo de instrucción ni una sola prueba de intervención de Begoña Gómez en el amaño de contratos, ni de enriquecimiento ilícito, ni de hacer negocio con su actividad, por la que ingresó solo en el mejor de los años, el salario mínimo interprofesional. La Guardia Civil investigó el supuesto tráfico de influencias y elaboró un informe al comienzo de la causa que descartaba el delito. Pero el juez no hizo ni caso. La Audiencia Provincial, que avaló entonces seguir con la investigación, tampoco.

“No es serio ni racional, sino todo lo contrario, y es un caso, afortunadamente aislado en nuestro sistema judicial, de atribución de responsabilidad a un ciudadano de esta forma”. Palabra de fiscal.

El juez que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por delitos de tráfico de influencias y cohecho ha tomado declaración como testigo este lunes al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En el interrogatorio, que se ha prolongado durante una hora, el exdirigente socialista ha admitido dos reuniones en abril de 2024 con Leire Díez, pero ha desvinculado sus supuestas maniobras de la cúpula del PSOE, informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

El exdirigente socialista ha afirmado que accedió a encontrarse con la exmilitante porque ofrecía información sobre la brigada política del Partido Popular que podía ser “relevante” para el partido. En concreto, sobre unos audios en los que el comisario José Villarejo facilitaba al Gobierno de Mariano Rajoy datos sobre supuestos negocios de saunas del suegro de Pedro Sánchez.

Según su versión, la información no le pareció relevante porque ya estaba publicada en medios de comunicación, así que tampoco la reportó a Sánchez. Ante el juez, Cerdán ha asegurado que conoció a Leire Díez en la primera de esas reuniones, si bien ha admitido después que habló con ella tras salir de prisión el pasado noviembre porque lo llamó para preguntarle cómo se encontraba.

La Fiscalía atribuye a Leire Díez el “liderazgo” de un “plan delictivo” con el objetivo de desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de diversas investigaciones abiertas en causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE; y a la Fiscalía Anticorrupción, que ejerce la acusación pública en varios de esos casos. La investigación trata de determinar si actuaba por orden de la cúpula del partido o por iniciativa propia. En audios incorporados a la causa, Leire Díez se presentaba como la “mano derecha” en la sombra de Santos Cerdán. 

El pasado noviembre, en su declaración ante este mismo magistrado, la exmilitante socialista aseguró que mantuvo dos reuniones con Cerdán, pero dijo que fue como “periodista” y aseguró que no tiene ningún vínculo con el partido. El empresario Javier Pérez Dolset, por su parte, aseguró que él estuvo en las dos reuniones con Cerdán y dijo que en una estuvo presente el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, en aquellas fechas director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Hernando también ha comparecido este lunes ante el juez. Ha admitido haber mantenido en abril de 2024 una reunión de “20 minutos” con Leire Díez en la que, según su versión, ella le ofreció información de la brigada política del Partido Popular, han informado fuentes jurídicas. En concreto, sobre supuestas maniobras urdidas contra Pedro Sánchez para evitar que llegase a la Moncloa en 2017 y de las que se estaban haciendo eco algunos medios de comunicación. 

Hernando ha afirmado que en ese encuentro también estaban presentes Santos Cerdán, quien entonces era su número dos en la Secretaría de Organización del PSOE, Juan Francisco Serrano, el ex director de Comunicación del PSOE Ion Antolín y el empresario Javier Pérez Dolset, que fue quien situó a Hernando en esta reunión.

Según Hernando, fue citado por el departamento de Santos Cerdán dado que había participado en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la brigada política. Según su testimonio, Hernando, que entonces era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno, tampoco elevó a sus superiores en la Moncloa el contenido de esa reunión. 

El juez del caso Montoro, Rubén Rus Vela, ha acordado una prórroga de seis meses en la instrucción del caso Montoro y la práctica de nuevas diligencias solicitadas por la Fiscalía. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona explica que aún no ha citado como investigado al ex ministro de Hacienda con el Partido Popular y al resto de imputados porque la avalancha de recursos de las defensas, una vez levantó el secreto del sumario el pasado verano, ha ralentizado la instrucción.

Como recuerda el magistrado en su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, las actuaciones investigan hechos que podrían ser constitutivos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. “La investigación, sumamente compleja, ha puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico, que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes”, escribe Rus Vela.

La batería de diligencias solicitadas por Anticorrupción, y acordadas por el juez, van encaminadas a indagar en la estructura, titularidad real y flujos económicos de Equipo Económico y otras sociedades vinculadas. Reclama, por ejemplo, hojas registrales completas y las cuentas anuales desde 2008. La Fiscalía también reclama la “documentación” que acredite la prestación de servicios por parte de Equipo Económico o su heredera Global Afteli a las empresas gasísticas que están en el epicentro de la trama, así como copias de los contratos, facturas emitidas y documentos de pago.

La consultora Equipo Económico fue fundada en 2006 por Cristóbal Montoro en el periodo en el que dejó de ser ministro de Hacienda con José María Aznar y volvió a ejercer el cargo con Mariano Rajoy. En ese segundo periodo es cuando se produjeron las modificaciones legislativas referidas, con un trasiego de colaboradores de Montoro saltando de la consultora al Gobierno y viceversa. El ex ministro defiende que él no se benefició de los pagos a Equipo Económico por la patronal gasística porque ya no tenía vinculación con la consultora.

El juez explica que “en estos momentos” se está a la espera de que todas las partes personadas “queden plenamente instruidas en el contenido de las actuaciones, habiéndose otorgado plazos extraordinarios para interponer recursos”. “El levantamiento del secreto de las actuaciones –advierte el instructor– ha provocado la presentación de decenas de escritos, lo que ha provocado una gran dificultad para la diligenciación de los mismos”.

Por esta razón, además de retrasarse las citaciones se han pospuesto las decisiones respecto de las prácticas de diligencias solicitadas. Estas peticiones, que han de ser resueltos, aconsejan la prórroga dictada, añade Rus Vela. El magistrado recuerda que está pendiente de recibir un informe de la Agencia Tributaria. La causa contra Cristóbal Montoro y sus colaboradores arrancó en 2018 y permaneció secreta hasta el pasado verano de 2025, lo que ha provocado las peticiones de nulidad de las defensas, que alegan indefensión.

Alejandro Jurado, cap de Gabinet de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha estat citat a declarar com a investigat davant el Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma per les presumptes irregularitats en un procés de selecció de xòfer que va acabar béneficiant un familiar seu. La compareixença, juntament amb la d'aquest familiar, està prevista per al proper 24 de març.

La jutgessa li atribueix un delicte de prevaricació administrativa, si bé la querella inicial interposada contra ell per part d'un conductor i funcionari de carrera en l'administració autonòmica balear apunta també a la suposada comissió d'un delicte de tràfic d'influències.

Des de l'Executiu autonòmic insisteixen a assenyalar que es va tractar d'un nomenament per lliure designació i que el procediment es va ajustar a la normativa. El Govern assegura, a més, que ja ha remès a la Justícia tota la documentació requerida i que la mà dreta de Prohens acudirà a declarar “amb tranquil·litat” per “aclarir qualsevol dubte”. Juntament amb ell ha estat citat a declarar el seu familiar, que és fill d'un cosí seu.

La jutgessa, tal com ha avançat la Cadena Ser, interrogarà Jurado arran de la querella presentada pel funcionari -xòfer al Govern des de 2008 i amb més de tres dècades de trajectòria en l'administració-, qui acusa Jurado d'impulsar un canvi de regles a posteriori en el procés, celebrat a finals de 2023 i al qual van concórrer més de 200 aspirants, per a facilitar la contractació del familiar.

El querellant sosté que, després d'una primera baremació en la qual el candidat finalment escollit no hauria quedat en primer lloc, es van introduir modificacions a les bases per a obligar a presentar currículum i permetre que la selecció es resolgués en favor de “la persona que la Secretària General trobi més adequada”, un gir que, al seu parer, va transformar un concurs de mèrits en un procediment discrecional.

La denúncia afegeix que, per a justificar aquest canvi, es va aprovar una instrucció amb criteris per a seleccionar personal funcionari interí mitjançant oferta genèrica del BOIB, una eina que el denunciant considera “falça i tendenciosa” i dissenyada per reconduir el resultat.

El funcionari sosté que la maniobra va ser “il·legal, injusta i arbitrària” i subratlla que, després del nomenament, va ser acomiadat per Jurado com a conductor de la presidenta balear per “col·locar” en el seu lloc “un jove afí sense experiència”. Es tracta d'un episodi que el denunciant vincula amb un deteriorament de la seva salut mental, atès que arran dels fets pateix un quadre ansiós-depressiu.

En la primavera de 2024, quan a penes portava uns mesos treballant com a xòfer de la presidència autonòmica, el jove conductor presumptament béneficiat va estavellar el cotxe oficial mentre conduïa sol, segons va avançar Diario de Mallorca. Després de deixar Prohens a l'aeroport de Palma, el conductor va protagonitzar un accident que va deixar el vehicle completament sinistrat. Per aquest motiu, segons la querella, el vehicle va ser donat de baixa del parc mòbil del Govern.

La querella afegeix que aquesta situació va suposar un perjudici per a les arques públiques, ja que els vehicles oficials de l'administració pública se sufraguen amb els impostos de la ciutadania balear. Aquest accident provaria, segons el demandant, que el conductor presumptament béneficiat pel procés no reuniria els mèrits, aptituds i capacitats necessàries per a la prestació del servei de xòfer oficial.

Es dóna la circumstància que, a Extremadura, la presidenta autonòmica, María Guardiola (PP), tenia contractat com a xòfer al seu cosí, cessat el passat mes de desembre després de conèixer-se que havia estat condemnat per coaccions lleus a la seva exparella.

Alejandro Jurado, jefe de Gabinete de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha sido citado a declarar como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma por las presuntas irregularidades en un proceso de selección de chófer que acabó beneficiando a un familiar suyo. La comparecencia está prevista para el próximo 24 de marzo.

La jueza le atribuye un delito de prevaricación administrativa, si bien la querella inicial interpuesta contra él por parte de un conductor y funcionario de carrera en la administración autonómica balear apunta también a la supuesta comisión de un delito de tráfico de influencias.

Desde el Ejecutivo autonómico insisten en señalar que se trató de un nombramiento por libre designación y que el procedimiento se ajustó a la normativa. El Govern asegura, además, que ya ha remitido a la Justicia toda la documentación requerida y que la mano derecha de Prohens acudirá a declarar “con tranquilidad” para “aclarar cualquier duda”. Junto a él ha sido citado a declarar su familiar, que es hijo de un primo suyo.

La jueza, tal como ha avanzado la Cadena Ser, interrogará a Jurado a raíz de la querella presentada por el funcionario -chófer en el Govern desde 2008 y con más de tres décadas de trayectoria en la administración-, quien acusa a Jurado de impulsar un cambio de reglas a posteriori en el proceso, celebrado a finales de 2023 y al que concurrieron más de 200 aspirantes, para facilitar la contratación del allegado.

El querellante sostiene que, tras una primera baremación en la que el candidato finalmente escogido no habría quedado en primer lugar, se introdujeron modificaciones en las bases para obligar a presentar currículum y permitir que la selección se resolviera en favor de “la persona que la Secretaria General encuentre más adecuada”, un giro que, a su juicio, transformó un concurso de méritos en un procedimiento discrecional.

La denuncia añade que, para justificar ese cambio, se aprobó una instrucción con criterios para seleccionar personal funcionario interino mediante oferta genérica del BOIB, una herramienta que el denunciante considera “falaz y tendenciosa” y diseñada para reconducir el resultado.

El funcionario sostiene que la maniobra fue “ilegal, injusta y arbitraria” y subraya que, tras el nombramiento, fue despedido por Jurado como conductor de la presidenta balear para “colocar” en su lugar “a un joven afín sin experiencia”. Se trata de un episodio que el denunciante vincula con un deterioro de su salud mental, dado que a raíz de los hechos padece un cuadro ansioso-depresivo.

En la primavera de 2024, cuando apenas llevaba unos meses trabajando como chófer de la presidencia autonómica, el joven conductor presuntamente beneficiado estrelló el coche oficial mientras conducía solo, según avanzó Diario de Mallorca. Tras dejar a Prohens en el aeropuerto de Palma, el conductor protagonizó un accidente que dejó el vehículo completamente siniestrado. Por este motivo, según la querella, el vehículo fue dado de baja del parque móvil del Govern.

La querella añade que esta situación supuso un perjuicio para las arcas públicas, ya que los vehículos oficiales de la administración pública se sufragan con los impuestos de la ciudadanía balear. Este accidente probaría, según el demandante, que el conductor presuntamente beneficiado por el proceso no reuniría los méritos, aptitudes y capacidades necesarias para la prestación del servicio de chófer oficial.

Se da la circunstancia de que, en Extremadura, la presidenta autonómica, María Guardiola (PP), tenía contratado como chófer a su primo, cesado el pasado mes de diciembre tras conocerse que había sido condenado por coacciones leves a su expareja.

El alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce se mantiene en el cargo, a pesar del vendaval mediático que ensombrece su figura ante la denuncia de acoso sexual, malversación y tráfico de influencias que presentó el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo. “Si yo dimito, sería dar la razón a los que mienten y atacan”, ha dicho, al igual que mantendrá su puesto como senador del PP “para la defensa del campo de Gibraltar”.

En una entrevista concedida a Onda Cero, el regidor ha tildado de “montaje” y de “persecución personal” las acciones emprendidas por los socialistas, manteniendo que se le acusa “de algo que no he hecho”. “A día de hoy sigue sin haber ninguna denuncia presentada contra mí por parte de estas personas”, ha declarado este jueves, en donde ha añadido que él mantendrá la demanda interpuesta en el Juzgado nº 1 de Algeciras por “las barbaridades” que ha presentado la oposición.

El histórico dirigente de la ciudad también ha tenido unas palabras con respecto a las presiones que Marco Borrego, cargo de confianza de Landaluce, ejerció sobre una de las exconcejalas del Ayuntamiento que fueron supuestamente acosadas, a la que pidió que fingiera ante notario que padecía un “desequilibrio mental” para enterrar la polémica.

“El 3 de octubre de 2023 me mandó un correo electrónico el jefe de personal del Ayuntamiento, mi amigo Bernardo, que había mandado mi excompañera Laura Ruiz”, ha explicado, en donde aseguraba que lo vertido por el PSOE “era todo falso”. En cuanto a la reunión de la que hay grabaciones, ha simplificado su magnitud con que “no estaba” y, según lo transmitido por sus compañeros de partido, “querían dejarlo todo ordenado para seguir trabajando por Algeciras”.

Moreno Bonilla se pronuncia

Por su parte, el presidente de la Junta y líder del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, se ha pronunciado por primera vez este jueves sobre el caso del senador popular e histórico alcalde de Algeciras, denunciado por supuestos abusos sexuales a dos exconcejalas del Ayuntamiento, entre otros delitos.

Moreno ha marcado distancias con Landaluce, que hasta el mes pasado era un “referente” en el partido, y ha asegurado que su formación carece de “instrumentos de presión” para precipitar su dimisión como alcalde de Algeciras, la décima ciudad más poblada de Andalucía. “Landaluce no es miembro de nuestro partido. Nosotros no tenemos ningún instrumento de presión sobre él”, ha dicho el presidente de la Junta, ante una nube de periodistas en los pasillos del Parlamento, donde este jueves se aprueban los últimos Presupuestos Autonómicos de la legislatura.

A Moreno le ha tocado romper el silencio en el que se ha envuelto el PP desde que, el pasado miércoles, El Correo de Andalucía publicó una grabación donde se escucha a un dirigente popular, Marcos Borrego, presionar a una exconcejal del Ayuntamiento para que finja por escrito y ante notario que padecía un “desequilibrio mental” cuando difundió los mensajes de Whatsapp de dos compañeras del Consistorio que denunciaban tocamientos y abusos por parte de Landaluce.

“Presión y chantaje”

Los audios han salpicado al PP de Moreno el día que tocaba presumir de estabilidad con la aprobación de unos Presupuestos récord con 51.600 millones de euros. Diputados de todos los partidos de la oposición que han pasado por la tribuna del Parlamento han afeado a los populares sus maniobras “mafiosas” y “de presión y chantaje” sobre las mujeres para que aparezcan como “locas” para proteger a “acosadores y machistas”.

El presidente de la Junta y líder del PP andaluz ha recordado que Landaluce pidió la suspensión de militancia la semana pasada, cuando el PSOE formalizó la denuncia ante la Fiscalía por los casos de abusos, abandonó sus cargos orgánicos -dimitió como presidente del PP de Algeciras- y se pasó al grupo mixto del Senado. “Se ha pasado al grupo mixto en el Senado. La dirección provincial de Cádiz es la que tiene relación directa con él y la que habla con él”, ha subrayado Moreno, apresuradamente, a la entrada del salón de Plenos del Parlamento.

Las relaciones, cortadas

Fuentes de la dirección del PP andaluz aseguran que han “cortado” relaciones con Landaluce desde hace una semana, que el histórico alcalde lleva días llamando a dirigentes del entorno del presidente, pero “no le cogen el teléfono”. Aunque Moreno ha asegurado que el PP carece de instrumentos de presión para forzar la salida de Landaluce del Ayuntamiento, en realidad el partido cuenta con 12 concejales que podrían impulsar una moción de censura contra su jefe de filas.

En el PP descartan esta hipótesis porque supondría abrir una “guerra civil” en una ciudad de mucho peso -con 125.000 habitantes-, capital para los intereses de Moreno en las elecciones autonómicas que se celebran dentro de unos meses. Landaluce lleva dos décadas gobernando Algeciras, encadenando cinco mayorías absolutas y sólo un periodo de gobierno coaligado con Ciudadanos. Su control del partido en su municipio, y las afinidades de sus concejales, hace que la opción de una rebelión interna impulsada desde la dirección del PP de Cádiz para forzar una moción de censura sea difícil de imaginar.