Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se someterá a un juicio con jurado por tráfico de influencias y malversación. Dos años y medio después de que el juez Juan Carlos Peinado iniciara una causa penal contra ella, el auto de apertura de juicio oral resume en 67 páginas los resultados de su investigación. Todas las pruebas existentes en el sumario que podrían servir de atenuante para la mujer del presidente no aparecen en el escrito que Peinado firmó seis días antes de su jubilación definitiva a los 72 años.

El auto de apertura de juicio oral olvida hechos y datos relevantes, y comete inexactitudes que juegan siempre en contra de Begoña Gómez. El auto de apertura de juicio oral no es recurrible, por lo que Peinado puede jubilarse el próximo domingo con la tranquilidad de que ya no habrá más correcciones a su trabajo por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

La cacería judicial contra la mujer del presidente comenzó en marzo de 2024 por unos hechos que han quedado fuera de la causa: la adjudicación de dos contratos por Red.es, una entidad pública dependiente del Gobierno central, al empresario Juan Carlos Barrabés. Éste incluyó en su oferta al concurso hasta 32 cartas de apoyo de empresas e instituciones, entre ellas una de la Universidad Complutense firmada por Begoña Gómez, como codirectora de un máster. La Guardia Civil elaboró un informe a petición del juez Peinado sobre aquellos hechos sin apreciar indicios del delito. Al instructor no le importó y siguió adelante, para lo que contó con el aval de la Audiencia Provincial de Madrid para investigar “todas las actividades de Begoña Gómez desde que su marido fue investido presidente del Gobierno”.

Como los contratos de Barrabés tenían financiación europea, la Fiscalía Europea asumió la investigación de esa parte de la causa. Pero tras dos años de pesquisas tampoco halló delitos imputables de Begoña Gómez.

Peinado obvia en su relato esta circunstancia y otras muchas que impedirían sostener el juicio al que ha logrado llevar a la mujer del presidente del Gobierno. En su camino instructor, el juez ha dejado varias víctimas inocentes, imputadas por corrupción durante meses hasta que la Audiencia Provincial decidió corregir a Peinado. Hasta 20 resoluciones han sido anuladas por la instancia superior en apenas dos años y medio de instrucción. El juez también olvida casi todos los correctivos que ha sufrido en su auto de apertura del juicio oral.

Una trayectoria profesional privada… con 12 años de docencia en la universidad pública

Peinado comienza su auto de apertura de juicio oral recordando la trayectoria profesional de la acusada y atribuyéndole un aprovechamiento de su condición de mujer del presidente. “Contrajo matrimonio civil con don Pedro Sánchez Pérez-Castejón el 27 de julio de 2006. Es público y notorio que Pedro Sánchez desempeñó el cargo de secretario general del PSOE desde el 26 de julio de 2014 hasta el 1 de octubre de 2016, y nuevamente desde el 17 de junio de 2017 hasta la actualidad, asumiendo la Presidencia del Gobierno de España el 2 de junio de 2018. En ese mismo contexto se produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez, hasta entonces vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark, empresa de la que solicitó una excedencia en 2018, coincidiendo con la llegada de su esposo a la Presidencia del Gobierno”.

El juez olvida que Begoña Gómez compatibilizó desde 2012 su trabajo en el Grupo Inmark, donde fue directora de consultoría en externalización comercial, directora de negocio para España y Portugal, y consejera y secretaria del consejo de administración, con la docencia en la Universidad Complutense. Cuando Peinado habla de “un cambio significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez”, en realidad no es tan significativo, ni siquiera es cambio. Antes de que Pedro Sánchez fuera elegido secretario general del PSOE, su mujer ya codirigía el Diploma de formación continua de Técnico de Fundraising durante los cursos en la Complutense 2012/13 y 2013/14.

Después fue directora del Máster propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro desde su primera edición en el curso 2014/2015 hasta su novena edición en el curso 2023/2024. En 2020, propuso la creación de una cátedra en la Complutense, buscó los patrocinios necesarios y la codirigió, sin cobrar un euro por ello, hasta que el juez Peinado abrió una causa contra ella y la Universidad decidió cancelar todos los cursos en los que intervenía Gómez.

Bolaños no tuvo nada que ver con el nombramiento de la asistente

El juez Peinado sostiene que el nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez “se realizó bajo la dirección de Félix Bolaños García, como secretario general de Presidencia”. La investigación dejó claro que ese nombramiento no fue responsabilidad de Bolaños. Pero Peinado intentó imputarle, para lo que envió una exposición razonada al Supremo. Este Tribunal rechazó la propuesta del juez instructor por la “absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud”. El juez cita en su auto el nombre de los dos sucesores de Bolaños al frente de la secretaría general de Presidencia, a los que también llegó a imputar durante un breve espacio de tiempo. 

Patrocinios privados de la cátedra a cambio de supuestos favores... sin prueba que lo sostenga

La Audiencia Provincial de Madrid anuló numerosas resoluciones del juez Peinado recurridas por las partes. Pero también fue construyendo la base argumental en la que se apoyó el instructor para seguir adelante con la causa. Peinado copió esos planteamientos en su auto de apertura de juicio oral: “La implicación de Begoña Gómez podía deducirse del aprovechamiento de su proximidad al Presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional (…) Esto explica el rápido desarrollo de la citada Cátedra, con la diligente consecución de financiación por empresas sometidas a supervisión gubernamental o beneficiarias de importantes subvenciones o adjudicaciones de contratos públicos”.

El juez sugiere, apoyándose en los argumentos de la Audiencia Provincial, que Begoña Gómez consiguió fondos de empresas como Indra, Movistar o Google para su cátedra en la Complutense a cambio de favores del Gobierno de su marido a estas compañías, dos de ellas participadas por el Estado. No hay en toda la investigación ni una sola prueba de esos supuestos favores.

Participación clave de Juan Carlos Barrábes en la cátedra: dos clases, 300 euros

El juez Peinado sostiene que el empresario Juan Carlos Barrabés “participó en la creación, financiación, desarrollo y consolidación de la cátedra” que codirigía Begoña Gómez. En realidad, Barrabés sólo dio dos clases en tres años a razón de 150 euros por cada una.

Dos cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez para un concurso... junto a otras 32 cartas de otras instituciones

“En julio de 2020, Begoña Gómez firmó, en su condición de codirectora del máster, dos cartas de apoyo a ofertas de Juan Carlos Barrabés con la UTE integrada por Innova Next, S.L.U. y The Valley Digital Business School en procedimientos de contratación de la entidad pública Red.es”, escribe Peinado. El auto judicial olvida contar que además del escrito de apoyo de Begoña Gómez había otras 32 cartas iguales, firmadas por responsables de empresas tecnológicas e instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, quién había adjudicado previamente contratos millonarios a las firmas de Barrabés.

El juez Peinado aclara que aunque esos hechos quedaron fuera de la causa, incluye una referencia a los mismos “como contexto temporal de la actividad desplegada por la acusada y de su posición de influencia”. La UCO de la Guardia Civil le contó al juez que no había encontrado ni un solo indicio de posición de influencia de Begoña Gómez al analizar la adjudicación de dos contratos a Barrabés por parte de Red.es.

Malversación de un software de uso gratuito cuyo “propietario” era un funcionario de la Complutense

Peinado sostiene que Begoña Gómez creó una sociedad con el mismo nombre que la cátedra que codirigía en la Complutense —aunque evita decir que la sociedad no tuvo ingresos— y que puso a su nombre el dominio de internet en el que alojó el software de uso gratuito para pequeñas y medianas empresas. El juez oculta que la mujer del presidente puso a su nombre el dominio de Internet porque así se lo indicó expresamente la Universidad, según correos electrónicos aportados a la causa.

Peinado acusa a Begoña Gómez de no terminar los trámites para registrar la plataforma tecnológica a nombre de la Universidad Complutense, “sin ofrecer explicación a tal omisión”. Pese a que no se inscribió el software a nombre de nadie, el juez Peinado intentó desde siempre atribuir a Begoña Gómez el delito de apropiación indebida, por el que finalmente no será juzgada

El “control privado” del software… asignado a una cuenta de la universidad pública.

Peinado insiste en que “Begoña Gómez, con la colaboración de Cristina Álvarez, fue asegurando el control privado sobre los elementos identificativos y de explotación del proyecto”. El abogado de Cristina Álvarez le desmiente con más documentos: “El rol de propietario ('owner') del software fue asignado a la cuenta institucional 'dmartinez@ucm.es', correspondiente a David Martínez Borque, empleado del Servicio de Sistemas de la Universidad Complutense de Madrid”.

El rol de propietario era el permiso de mayor amplitud dentro del proyecto y permitía administrar sus recursos, gestionar los roles y permisos y configurar su facturación. Por tanto, el control técnico-administrativo del software quedó atribuido a una cuenta corporativa de la Universidad Complutense junto a personal especializado de Devoteam. Ni Cristina Álvarez ni Begoña Gómez figuraron nunca entre los propietarios (owners) del software alojado en Google Cloud Platform.

La asociación ultra HazteOir, una de las acusaciones populares personadas en la causa contra David Sánchez, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condenó por prevaricación a los 11 procesados en el procedimiento. La asociación reclama que se considere también cometido un delito de tráfico de influencias y solicita seis años de prisión para el hermano del presidente del Gobierno.

El recurso de apelación no cuestiona los hechos en los que la Audiencia Provincial sustentó las condenas por prevaricación, sino la decisión de excluir el delito de tráfico de influencias. HazteOir sostiene que las mismas actuaciones pueden encajar también en este segundo delito porque, a su juicio, las decisiones sobre las plazas estuvieron acompañadas de una influencia ejercida para favorecer a sus beneficiarios.

En concreto, la acusación popular sostiene que existió un “concurso medial” entre la prevaricación y el tráfico de influencias en las decisiones que dieron lugar a la contratación de David Sánchez como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, posteriormente como jefe de la Oficina de las Artes Escénicas, y de Luis María Carrero como jefe de Sección de Actividades Transfronterizas.

HazteOir considera que la Audiencia Provincial aplicó un concepto demasiado restrictivo de la influencia al descartar este delito. Según expone en su recurso, para que exista tráfico de influencias no es necesario que haya una orden, un mandato o una petición formal, sino que puede consistir en una actuación destinada a “alterar el proceso motivador” de quien adopta la decisión.

La asociación sostiene que las plazas fueron creadas, modificadas y adjudicadas y que de ellas se derivaron retribuciones y ventajas profesionales para sus ocupantes. A partir de ahí, defiende que las actuaciones encajan también en el delito de tráfico de influencias.

Sobre esta base, la asociación ultra pide al TSJEx que modifique la calificación jurídica de los hechos y eleve las penas solicitadas. Para David Sánchez reclama seis años de prisión y más de 20 años de inhabilitación para cargo público. Para el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo solicita cuatro años de cárcel y 19 años de inhabilitación. La asociación también reclama penas de prisión e inhabilitación para otros nueve procesados.

Nueva denuncia contra Gallardo por la plaza de Carrero

Además del recurso, HazteOir ha presentado una nueva denuncia contra el que fuera líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la creación de la plaza que posteriormente ocupó Luis María Carrero. La asociación recuerda que este asunto no fue investigado respecto a Gallardo en el procedimiento seguido ante la Audiencia Provincial de Badajoz. La propia resolución dejó abierta la posibilidad de que se ejercitaran acciones sobre este extremo.

Esa organización sostiene ahora que la competencia para crear esa plaza correspondía al pleno de la Diputación, que estaba presidido por Gallardo, y que no se trataba de una competencia susceptible de delegación.

La denuncia también cuestiona el procedimiento seguido para cubrir el puesto, que, según la asociación, se hizo con urgencia y sin concurrencia en favor de Carrero, al que identifica como “amigo” de David Sánchez.

HazteOir vincula esta actuación con las decisiones anteriores relacionadas con la plaza de David Sánchez y sostiene que Gallardo mantenía facultades sobre la delegación mediante la que se llevó a cabo la provisión del puesto.

El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha ratificado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo que ya adelantó en su escrito presentado en julio, que cuando los directivos de la aerolínea aspiraban a un rescate público decidieron recurrir al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y acordar el abono del 1% del rescate de 53 millones de euros porque la situación era “límite” y les pareció bien el pago para lo que iban a conseguir.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es han señalado al término de la declaración que Martínez Sola ha reconocido que no supo qué gestiones pudo llegar a hacer “el Grupo Zapatero”, que no hizo seguimiento, pero que “ante la duda” decidieron pagar ante el temor de que, a pesar de cumplir con los requisitos, ese pago fuera necesario para la consecución del rescate público.

El pasado julio, cuando todavía era presidente de la compañía, Martínez Sola remitió un escrito al juez Calama en el que apunta que en enero de 2021 se adoptó la decisión de firmar un contrato con una sociedad denominada Idella Consulenza, de Julio Martínez -amigo y presunto testaferro de Zapatero-, que “vinculaba directamente la remuneración” a la obtención del rescate público de 53 millones de euros para la aerolínea. En el escrito se decía que esa remuneración era del 1% más IVA de la financiación pública, lo que ascendería a aproximadamente 641.300 euros (530.000 euros más IVA).

Martínez Sola explicaba al juez José Luis Calama que finalmente se decidió por ambas partes no formalizar ni ejecutar aquel contrato de la sociedad Idella, si bien Plus Ultra “sí pagó dicho 1% mediante varios pagos a las tres sociedades Análisis Relevante SL, Voli Analítica e Iot Domotic Europe SL -todas vinculadas a Julio Martínez Martínez- que junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados por los numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros”. “Es decir, un 1% de los 53 millones del rescate, tal y como habían acordado”, explica.

Martínez Sola reconocía que ni él ni el entonces director financiero Roberto Roselli llegaron a tener “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. “Pero lo cierto es que, como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'”, añadía.

Relataba en su escrito que adoptaron esa decisión de la vía de de Zapatero a pesar del convencimiento que tenían de que presentaron “un expediente administrativo técnico mediante el que la compañía cumplía todos los puntos de elegibilidad para acceder a la ayuda”.

Este lunes ha vuelto sobre la misma idea en un interrogatorio que por parte del juez no ha sido extenso y para el que la fiscal ha empleado una hora aproximadamente, según las fuentes. La pregunta que rondaba la sala era qué hizo Zapatero para ganarse ese 1%, pero ha quedado sin respuesta, no importaba la gestión concreta, importaba el éxito. La intervención del abogado de Martínez Sola ha dejado claro que su cliente acudía a la Audiencia Nacional exclusivamente a ratificar su escrito, extremo este que ha centrado su primera pregunta.

Sobre cómo se iniciaron los contactos con él, ha explicado que recibió una llamada del expresidente en 2020 desde un teléfono con número oculto, Martínez Sola le explicó que necesitaban financiación y que quedaron en que gente de su equipo se pondrían de nuevo en contacto con los directivos de la compañía. Desde entonces Julio Martínez Martínez tomó las riendas del asunto, ha explicado que con Zapatero no se habló de cantidades pero que el entonces presidente de Plus Ultra entendió que 'Julito' hablaba en nombre de Zapatero.

Sobre el canal para abonar esa presunta 'mordida' ha explicado que finalmente se hizo a través de Análisis Relevante y no por medio de Ideia Consulenza, y ha recalcado que no se ejecutó a través de Dubai.

Al margen de esa presunta influencia para el rescate, Martínez Sola ha reconocido que Julio Martínez Martínez también realizó diversas gestiones para la compañía para solucionar diversos problemas con Venezuela dado que tenía buena relación con el Ejecutivo de ese país. De hecho ha explicado que por medio de 'Julito' llegó a conocer a la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

El Ministerio Público, sin embargo, le ha dedicado poco tiempo al rescate y se ha focalizado en asuntos como ciertas discrepancias en los créditos puente que se investigan y por determinados vuelos de la compañía a China para transportar mascarillas. El expresidente ha dejado para Roselli los pormenores sobre las cuentas.

La recuperación de la actividad judicial tras el parón estival devolverá de nuevo a la actualidad la investigación abierta a José Luis Rodríguez Zapatero. El juez José Luis Calama cerró el curso judicial autorizando a la Policía a acceder a más sesenta cuentas del expresidente del Gobierno, su entorno y varias sociedades por las que habrían pasado los fondos bajo sospecha y pidiendo un informe sobre la influencia venezolana en Plus Ultra, la aerolínea cuyo rescate está en el epicentro del caso. Y lo retomará tomando declaración a los dimitidos presidente y CEO de esa compañía. Ambos directivos implicaron a Zapatero en el cobro de una comisión de 530.000 euros por ese rescate.

Sus declaraciones, previstas para los días 7 y 8 de septiembre, pueden complicar todavía más el horizonte judicial del expresidente tras la confesión de su antiguo amigo y colaborador Julio Martínez Martínez, administrador de la consultora que le pagó durante cinco años por supuestas labores “de asesoría” y que, a su vez, cobró elevadas cantidades de la aerolínea. El pasado julio este último anunció que colaboraría con la Justicia y atribuyó a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra la citada ayuda, si bien en su declaración ante el juez no aclaró ni con quién medió o a quién presionó Zapatero ni cuánto habría cobrado por ello.

No obstante, el juez dejó por escrito en uno de sus últimos autos antes de que se iniciara agosto, mes inhábil en los juzgados, que sigue situando a Zapatero en el centro de una trama “organizada y estable” orientada al “ejercicio de influencias ilícitas” a favor de diferentes empresarios. El magistrado dirige una investigación que ha ido ampliándose tras arrancar en el rescate de Plus Ultra y que ahora abarca las asesorías de Zapatero para Análisis Relevante, la consultora de su amigo, para empresas latinoamericanas e, incluso, las joyas que encontró la UDEF en una caja fuerte de su despacho en Ferraz.

El asunto de las joyas, uno de los episodios que más ha erosionado a Zapatero por su impacto mediático, tendrá previsiblemente un papel central en la evolución de la causa judicial. Casi tres meses después de que trascendiera su hallazgo, el expresidente sigue sin explicar el origen de los objetos intervenidos. Aunque su entorno las valoró en un primer momento entre 30.000 y 50.000 euros, una prestigiosa joyería encargada de la tasación judicial ha estimado su valor real en 1,3 millones de euros.

En una entrevista en TVE el pasado julio, Zapatero dijo que eran regalos “sin uso ni destino”, apiladas junto a otras joyas de la familia y que, por supuesto, un peritaje de parte sometería “a contradicción” el valor que se les ha otorgado. En esa entrevista argumentó que debe respetar el procedimiento y hablar primero ante el juez, pero lo cierto es que se comprometió a hacerlo diez días después de declarar en la Audiencia Nacional y desde entonces han pasado más de dos meses.

Por el momento, lo único que consta en el juzgado es una petición de la Fiscalía de que se realice un análisis más exhaustivo de las joyas para conocer cuándo fueron engarzadas las piezas más valiosas. Entre ellas, un collar en oro blanco de 18 quilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales originarias de Zambia.

Declaración de sus hijas

Además de pronunciarse sobre esta petición, entro los asuntos pendientes para el juez también está fijar la fecha de la declaración de las hijas del expresidente después de que el pasado junio acordara dirigir la investigación también contra ellas. En uno de sus últimos autos, Calama situó a Whathefav, la pequeña empresa de marketing de las hijas del expresidente, como la principal receptora de fondos del entramado de Julio Martínez, solo por detrás del propio Zapatero.

Hasta el momento, las pesquisas de la Policía han desvelado que la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa cobró 800.000 euros de sociedades vinculadas a los negocios de su padre. Análisis Relevante les pagó 239.755 euros. E Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos, más de medio millón. Ambas son dos sociedades fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción.

En la resolución en la que confirmó su imputación, Calama afirmó que existen “indicios racionales” de que Whathefav era una sociedad instrumental que era utilizada para “la canalización, ocultación o facilitación” de operaciones relevantes para los hechos que se investigan. Los investigadores de la UDEF consideran que la compañía emitía facturas con el concepto “servicios agencia” sin detallar cuál era su prestación real, lo que les lleva a pensar que no había una correspondencia entre “la actividad declarada y la real”. El juez ya ordenó a la Policía el registro de sus oficinas el pasado mayo.

Peticiones de nulidad

Además, la defensa del expresidente estará muy pendiente de la respuesta que pueda dar el instructor a sus peticiones de anular la causa. Tras rechazar de plano los recursos inicialmente, el juez rectificó y accedió a revisar ocho resoluciones, la mayoría dictadas por el juzgado de Madrid que investigó el rescate de Plus Ultra antes de que la Audiencia Nacional asumiera el caso.

De esta revisión han quedado excluidas medidas como el registro de las oficinas del expresidente y de varias empresas, así como la apertura de la pieza separada sobre las joyas. No obstante, estas decisiones podrían verse afectadas si se decidiera una eventual nulidad de las otras resoluciones que se van a estudiar.

Más allá del juzgado, durante el próximo otoño la Agencia Tributaria seguirá adelante con las actuaciones de comprobación e investigación con relación al expresidente, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. El juez rechazó paralizar esa investigación fiscal centrada en los impuestos de Sociedades, IVA, IRPF, Patrimonio y grandes fortunas de los ejercicios de 2021 a 2025 tal y como había reclamado la defensa del expresidente. En su resolución, Calama argumentó que no siempre que se abre una causa penal ha de suspenderse la inspección fiscal.

Hace escasos días, el juez Rubén Rus, que investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro desde su juzgado de Tarragona, tomó la decisión de prorrogar la instrucción. En su resolución explicaba que la investigación era “sumamente compleja” y que desde que se levantó el secreto de la causa allá por junio de 2025 solo se ha tomado declaración a la mitad de los imputados, de los que solo uno quiso responder. Montoro aún no ha sido citado para que explique si, como sostiene la investigación, se valió de un despacho fundado por él, Equipo Económico, para recibir pagos a cambio de modificar leyes desde el propio Gobierno del que formaba parte a conveniencia de determinados clientes.

Además, añadía el juez, hay varias diligencias (hasta cuatro) de las que debe ser informado por los Mossos d'Esquadra, que ejercen de policía judicial en este caso. Y advertía de que, de esos atestados, bien pudieran generarse nuevas vías de investigación. Así, más allá de esa sensación de que nada se mueve en ese juzgado de Tarragona, Rus no parece haber dejado de lado la instrucción ni parece haber sucumbido ante la montaña de escritos y de recursos presentados por los investigados.

Entre la tarea pendiente de los Mossos está la de analizar los movimientos bancarios de Montoro y de seis personas más de su entorno, incluido su hermano: quiere rastrear cada paso desde el 1 de enero de 2006 hasta la actualidad, porque le atribuye la presunta comisión de delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

No obstante, hay una realidad a la que el juez se enfrenta: la causa lleva abierta desde 2018, ya son ocho años, y desde 2025 la treintena de investigados ven afectada su vida laboral de forma drástica. Por eso, las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es ven con expectación el mes de septiembre porque será entonces cuando la Audiencia Provincial de Tarragona se pronuncie sobre si el caso debe quedárselo el juez instructor o si, por el contrario, debe ser remitido a los juzgados madrileños, tal y como quieren las defensas.

Así pues, la vuelta de las vacaciones —agosto es mes inhábil en la Administración de Justicia— se antoja crucial para el devenir de esta causa. Y mientras, las defensas de los encausados no dan puntada sin hilo y ya han presentado recursos contra el auto por el que el juez prorrogaba la instrucción. Se basan en múltiples defectos, como que ha acordado prorrogar sin pedir previo pronunciamiento de las partes personadas en el procedimiento.

En el recurso del ministro, al que ha tenido acceso elDiario.es, se detallan lo que, a su juicio, son una serie de irregularidades que se habrían producido a lo largo de la instrucción, como que permaneciera bajo secreto siete años, que se produjeran a lo largo de ese periodo filtraciones a medios, que se acordara revisar movimientos bancarios remontándose a diez años antes de los hechos investigados, o que no se les haya dado traslado de la totalidad de la causa aun a día de hoy. A esto añade que ha tenido conocimiento de que los Mossos podrían estar tomando declaración a testigos sin control judicial, y entiende que se está ante una instrucción prospectiva.

Por su parte, el despacho que los investigadores consideran epicentro del tráfico de influencias, Equipo Económico, ha presentado también su recurso contra la prórroga. Hace hincapié en que no se ha cumplido con el trámite de audiencia a las partes sobre la procedencia de la misma. Y advierte de que esta “no es una mera irregularidad formal carente de trascendencia” porque genera “una evidente indefensión” y puede determinar la nulidad de esa resolución.

“La actuación del órgano judicial que ahora impugnamos abunda en lo que no es si no una manifestación más del absoluto desprecio por parte de este órgano judicial al derecho de defensa de los investigados”, lamentan, para acto seguido recordar que en la ampliación de la prórroga del mes de enero ocurrió algo parecido, ya que si bien el juez les preguntó su parecer, no les dio tiempo a contestar cuando ya había acordado otros seis meses de instrucción.

Por otro lado, la defensa del despacho indica que la resolución del juez carece de motivación suficiente y recuerda que consta en el sumario un informe de la UCO que resolvía que todos los ingresos en ese despacho fueron declarados a Hacienda, que hay trazabilidad de cada ingreso, y que las cantidades fueron utilizadas para cubrir costes operativos habituales, impuestos y gastos personales de los socios “sin que se haya identificado una derivación de estos fondos”.

Añade que el auto recurrido “incurre en una patente contradicción interna que compromete gravemente la claridad y certeza de su contenido” porque en la parte dispositiva se afirma que procede acordar la prórroga del plazo de instrucción por seis meses y, sin embargo, establece que el plazo de instrucción finalizará el 26 de julio de 2027, lo que supone una ampliación de un año.

El caso Montoro

Según constaba en el auto de julio de 2025 por el que se levantaba el secreto de la investigación, el núcleo de esa trama se ubicaba presuntamente en el despacho de abogados que fundó Montoro tras pasar por el Gobierno de Aznar. Despacho que luego abandonó cuando entró en el Ejecutivo de Rajoy, y que le habría servido, según las pesquisas, para beneficiarse de forma ilegal, favoreciendo a empresas del sector gasistas.

Junto al exministro, el juez y Anticorrupción investigan a antiguos colaboradores que pasaron por Hacienda y que operaron en el despacho que el ministro cofundó, primero bajo el nombre de Equipo Económico (EE) y que luego pasó a llamarse Global Afteli, que habría actuado como intermediario entre grandes empresas, especialmente del sector gasista, y el poder legislativo. Entre esos altos cargos del Ministerio durante la etapa Montoro, también imputados, están el ex secretario de Estado Miguel Ferré, y la exsubsecretaria Pilar Platero, así como los ex directores generales de Tributos Diego Martín-Abril y José Alberto García.

Según describía ese auto por el que Rus imputaba formalmente al exministro, Montoro habría hecho “uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio” para así asegurar “una ganancia al despacho”. El juez considera que las empresas interesadas en reformas debían canalizar sus demandas a través del despacho del ministro, que habría cobrado a cambio de su influencia para llevarlas a cabo.

Siempre según esa resolución, las empresas gasistas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim), que serían Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos, en al menos dos ocasiones, según las pesquisas, habrían contratado al despacho “a fin de que hiciese uso de su red de influencias” para impulsar las reformas legislativas pretendidas. La primera vez, para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

La segunda vinculación contractual hace referencia a una rebaja fiscal a las gasistas. Así, reza el auto, “solo con la intervención de EE, mediando pago, culminaron con éxito las reclamaciones de las gasísticas”, con una modificación legislativa. El juez indica que el pago realizado al despacho de Montoro “no obedecería a una prestación real, sino que encubriría una comisión para el ejercicio de su influencia”.

Así, durante el periodo 2011-2019, el despacho de Montoro recibió 779.705 euros de las gasísticas, aunque los informes técnicos —precisa la resolución— los elaboraba un tercero (EY) y “en el mejor de los casos eran retocados por Equipo Económico”.

Para imputar al exministro de Hacienda, el instructor apunta que “presuntamente, haciendo uso de sus potestades en el cargo”, permitió a su despacho ofrecer a “sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”. Para ello da por constatado que nombró entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas a su empresa, “lo que aseguraría la elaboración y tramitación de los anteproyectos de ley y reglamentos a 'demanda' de las mercantiles investigadas”.

Diez semanas después de que trascendiera la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la afirmación sigue pesando sobre los más 11 millones de españoles que depositaron hace dos décadas su confianza en el político socialista para dirigir el país: “líder” de una trama de tráfico de influencias. El último auto del juez José Luis Calama, dictado el pasado jueves, no mueve un ápice la acusación: “La investigación sitúa en su núcleo una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes”.

Esta última resolución judicial, dictada al límite de que arranque el mes inhábil en los juzgados, dista de ser una buena noticia para Zapatero. El juez accede a la petición de la UDEF de la Policía para acceder a más de sesenta cuentas bancarias de Zapatero, su familia, su secretaria, Julio Martínez –socio y colaborador– y de un buen número de sociedades por las que habría pasado el flujo de fondos de origen ilícito con el fin de hacer perder su auténtico rastro.

La consecuencia primera es que la práctica de la diligencia se alargará durante meses en un caso que ya prometía prolongarse años desde que arrancó. Pero además, el escrito judicial va perfilando las acusaciones y señalando a los protagonistas de la presunta trama corrupta. De la panoplia de indicios que describían los primeros informes de la UDEF sobresalían por sospechosos aquellos relacionados con los ingresos de las sociedades de Zapatero y, sobre todo, de sus hijas. Ahora, esos indicios se van concretando.

De Whathefav, la pequeña empresa de marketing de sus hijas, el juez señala ahora que “es la principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez Martínez”, justo por detrás del propio expresidente. “Recibe 242.423 euros desde Análisis Relevante; 20.993 euros desde Agropecuaria Lucena y 18.150 euros desde Pickashop; además de 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva”, a la que describe como una sociedad instrumental dedicada a introducir fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital simuladas.

En realidad el magistrado sigue dando por acreditado, de forma indiciaria, lo que atribuye la UDEF a las hijas del expresidente. En un informe de mayo, la Policía describía a Whathefav como un instrumento para “generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”. Se trataría, añaden los policías, de una empresa pantalla cuyo verdadero fin sería recibir los fondos “directamente de los clientes de la red organizada”, así como de los generados por la propia red“. ”Se erigiría como un centro de distribución de flujos económicos“, escriben los policías.

La otra sombra de sospecha reside en esos clientes que menciona la Policía, empresarios de los que se desconoce la actividad que les relacionaba con la empresa de las hijas y del expresidente y que, sin embargo, aportan abundantes fondos a sus cuentas bancarias. Al frente de todos ellos, tres empresas: Plus Ultra, Análisis Inteligente y Softgestor.

“La investigación sitúa en su núcleo una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes –Plus Ultra [a través de Análisis Relevante], Inteligencia Prospectiva y Softgestor–, que retribuirían tales servicios mediante contratos de asesoría simulados, permitiendo justificar pagos cuyo destino real serían José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas”, recoge el citado auto, con fecha de este miércoles, 29 de julio.

El contacto con Plus Ultra, Julio Martínez, dio un giro al caso el pasado 20 de julio al anunciar que colaboraría con la justicia en su declaración del día siguiente. En un escrito no exento de confusión atribuía a Zapatero toda la responsabilidad de la trama, pero al tiempo se refería a trabajos de “asesoría” y no mencionaba el tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea y otras mediaciones. Tampoco aclaraba si Zapatero se llevó el 50% del 1 que él pactó con Plus Ultra por el rescate de la aerolínea.

A las pocas horas, los ya dimitidos presidente y CEO de Plus Ultra hacían lo propio con otro escrito en el que ya recogían una mención expresa a que pagaron con el convencimiento de que Zapatero intercedería por el rescate y que, incluso, este les trasladó personalmente que haría gestiones, sin llegar nunca a saber si lo hizo realmente. Tanto Julio Martínez Sola como Roberto Roselli declararán el próximo mes de septiembre.

El último auto del juez destaca por situar en el lugar que antes se intuía a Inteligencia Prospectiva, una sociedad que según la ONIF no tenía actividad y que, sin embargo, era el principal pagador de las hijas de Zapatero, junto a Análisis Relevante, por trabajos desconocidos. Entre 2020 y 2025, la empresa de las hijas de Zapatero ingresó 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón. En ese periodo, la sociedad mueve más de 2,6 millones de euros en sus cuentas pese a la ausencia de negocio. Por tanto, más del 21% de esos flujos de dinero fueron a parar a la empresa de las hijas del expresidente.

En la declaración ante el juez, Zapatero dijo que Alba y Laura Rodríguez podrán dar explicaciones de sus trabajos y sobre la realidad de estos, si es que fuera así, en unas declaraciones que se esperan para septiembre. En una reciente entrevista en TVE, el expresidente añadió: “Mis hijas han hecho su trabajo. Todo eso va a quedar acreditado, sustanciado, y hombre, deberíamos de tener prudencia en general, ¿no?”.

El peso de las joyas

Y mientras se acerca el decisivo mes de septiembre para la causa judicial cada día desgasta más a Zapatero el asunto de las joyas encontradas en una caja fuerte durante el registro de su oficina. A la valoración inicial de entre 30 y 50.000 euros que hizo su entorno se superpuso el peritaje de una prestigiosa joyería, a la que el juzgado encargó la tasación: 1,3 millones de euros.

Zapatero pidió tiempo para recuperar la memoria de esas joyas, hablando con colaboradores y haciendo averiguaciones sobre su propio pasado, pero diez semanas después siguen sin conocerse ni su origen ni el valor que les concede el expresidente. Consciente de la polémica alrededor de las joyas, Zapatero dijo la semana pasada en Televisión Española que eran regalos “sin uso ni destino”, apiladas junto a otras joyas de la familia y que, por supuesto, un peritaje de parte someterá “a contradicción” el valor que se les ha otorgado.

La acusación popular de HazteOir solicita trece años de prisión para Begoña Díaz por un delito de tráfico de influencias y dos de malversación de patrimonio público en relación con sus trabajos para la Universidad Complutense de Madrid, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

Por la creación de una cátedra extraordinaria, distinta del máster que venía impartiendo la mujer del presidente del Gobierno, la organización ultracatólica considera que ha cometido un delito de tráfico de influencias que debe ser castigado con dos años de cárcel. Asegura la acusación que Gómez “ideó la cátedra con total independencia de la Universidad Complutense” y luego se ayudó de Juan Carlos Barrabés, al que la Audiencia Provincial ha sacado del procedimiento del tribunal del jurado y su acusación seguirá por el trámite del procedimiento abreviado.

“Se nombró a Begoña Gómez directora de la Cátedra no siendo profesora o personal d e adminitración de servicios con vinculación permanente a la UCM”, dice HazteOir, pese a los años que llevaba la mujer del presidente trabajando en el máster de la Universidad. “Materialmente, [la cátedra] no fue una estructura académica sino un instrumento de captación de financiación y de mediios humanos y técnicos de las más punteras empresas tecnológicas del país, puestos al servicio del desarrollo del proyecto personal de la acusada”, concluye HazteOir, sin precisar cuál fue el beneficio que obtuvo Gómez.

La asociación ultra recurre a la reunión entre el rector de la Complutense y Gómez para concluir que fue “aprovechada por Begoña Gómez de manera voluntaria, libre y consciente de la influencia que se ejercía sobre el rector y, en cadena, sobre quienes se encontraban orgánica, instituciónal o académicamente por debajo de él, y fue asimismo consciente de la presión moral derivada del escenario en que tuvo lugar la reunión [Moncloa] y de su relación matrimonial con el presidente del Gobierno”.

En relación con la supuesta desviación de los trabajos que debía hacer para ella su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, HazteOir considera que ha cometido un delito de malversación de fondos públicos y que debe ser castigada con tres años de cárcel. La asistente envió correos electrónicos de parte de Gómez.

HazteOir considera que la retribución de Álvarez “está vinculada a la gestión de la agenda pública e institucional de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y en ningún caso para pagar una actividad laboral al servicio de los intereses laborales y mercantiles privados de la misma”.

A estos hay que sumar otro delito de malversación por el supuesto “uso y desvío hacia la esfera privada del software” de la Complutense, “desarrollado con fondos públicos de la Cátedra, mediante la utilización de marcas, dominio y sociedad mercantil”, añade. Este delito debe ser castigado, según los ultras, con ocho años de cárcel. En un principio, estos hechos estuvieron calificados como apropiación indebida, pero la Audiencia Provincial corrigió al respecto al juez Juan Carlos Peinado.

Gómez, con la ayuda de Álvarez, “se hizo con y puso bajo su poder de control y disposición, con ánimo de lucro, el programa informático generado en el seno de la Cátedra TSC. El activo le había sido confiado, en su condición de directora y después codirectora de la Cátedra, para una finalidad universitaria y debía quedar integrado en el patrimonio de la UCM. ”Sin embargo, no efectuó su entrega institucional ni formalizó a favor de la Universidad la cesión de los derechos de propiedad intelectual, de la marca o del dominio, sino que lo hizo accesible a terceros a traves de un dominio registrado a su nombre, empleo maras registradas personalmente, constituyó una sociedad mercantil de denominación coincidente y proyectó el activo hacia su esfera privada“, continúa.

Para Cristina Álvarez, HazteOir solo pide que se la castigue por cooperadora necesaria del delito de malversación del software con seis años de cárcel y un delito de inhabilitación absoluta por quince años. Para Gómez, la suma de los periodos de inhabilitación absoluta que solicita HazteOir es de 24 años y diez sin beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social.

HazteOir propone que declaren decenas de testigos en el juicio, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el delincuente Víctor de Aldama.

Volvemos a escuchar un episodio al hilo de la imputación de Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional, que le investiga por un delito de tráfico de influencias. Nos preguntamos por qué el ex presidente socialista, tras dejar el Gobierno, no hizo lo mismo que otros antiguos cargos públicos: fichar por empresas dedicadas a influir en decisiones políticas, si quería dedicarse a lo mismo que ellos. ¿Por qué iba a esconderse detrás de empresas instrumentales de un amigo, cobrando una comisión encubierta con facturas falsas?

Con Alfonso López, fundador y presidente de la consultora de relaciones institucionales, o lobby, Rud Pedersen en España, y con Javier Lillo, periodista de Tribunales de elDiario.es, nos centramos en una clave de toda esta historia: ¿Cuál es la diferencia entre el lobby que hacen otros y el delito de tráfico de influencias por el que un juez de la Audiencia Nacional investiga a Zapatero?

*** Este episodio se emitió por primera vez el 21 de mayo de 2026***

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Ni se corrompió, ni influyó en el rescate de Plus Ultra, ni creó una sociedad offshore, ni utilizó a sus hijas como testaferros. Zapatero defiende su inocencia. Otra vez. Esta, ante las cámaras de TVE, después de 65 días de silencio desde que declaró como imputado ante la Audiencia Nacional por siete delitos, entre ellos el de tráfico de influencias. Pero, la pregunta sobre de dónde salieron las joyas que le fueron incautadas por la UDEF y clavadas en el corazón de la izquierda sigue sin respuesta, si bien de sus palabras se deduce que le fueron entregadas durante su etapa como presidente del Gobierno. De lo contrario no hubiera aceptado como discutible el incumplimiento del Código del buen Gobierno aprobado durante su mandato. ¿Devolverlas? Ya están en manos de la policía judicial y al expresidente le producen una “alergia profunda”.

Hay algo muy extraño en ver a un expresidente con una dilatada y reconocida carrera política sentado en un plató para hablar sin decir nada de joyas, de derechos fundamentales, de confianza en la justicia, de relaciones personales, del derecho de defensa de los imputados en un proceso penal… Había ante las cámaras un hombre visiblemente desgastado y en ocasiones enfurecido por algunos titulares publicados, incluidos los que dan por bueno que la entrevista que concedió a Mañaneros 360 fue por recomendación del Gobierno. Nada hubo de eso.

La decisión tuvo que ver con el impacto que su imputación ha tenido en el conjunto de la izquierda, más allá de los límites del PSOE, y con la decepción profunda que Zapatero sabe que sienten quienes hasta ahora le reivindicaban como faro moral y ejemplo a seguir entre los ex que orbitan en la política. A todos ellos les pidió que confíen en él, no por fe ni por cariño, sino por los hechos. El problema es que los hechos conocidos hasta ahora, y no aclarados por el expresidente, siguen siendo inciertos, lo que añade más dudas a la incertidumbre ya suscitada. Hay quien en el PSOE cree incluso que Zapatero concedió la entrevista “para que le quieran y no para que le crean”.

Aunque el desgaste del expresidente merece leerse con algo de humanidad, la empatía por el sufrimiento acumulado, los derechos vulnerados o el daño familiar no pueden sustituir el escrutinio sobre lo que dijo, sobre todo lo que no dijo. Porque más allá de la solemnidad con la que afirmó no haberse nunca corrompido y distinguir entre la relación personal y la estrategia de defensa del que parece sigue siendo su amigo Julio Martínez, pese a haberle traicionado con un escrito ante la Fiscalía en el que le acusa de cobrar una comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra, poco aportó.

Sigue incomprensiblemente sin desvelar la procedencia de las joyas y el valor otorgado en el peritaje que encargó después de que el juzgado las valorara en 1,3 millones de euros. Su argumento es que debe respetar el procedimiento y hablar primero ante el juez, pero lo cierto es que se comprometió a hacerlo diez días después de declarar en la Audiencia y ha pasado ya mes y medio. “Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. Su valor será sometido a contradicción, no había afán patrimonial. No podíamos imaginar su valor. No voy a decir el país de origen. No hay intención de defraudar, fue un regalo de cortesía personal, sin uso. Esa es la verdad”, fue todo lo que declaró al respecto.

Por lo demás, insistió en que no intervino, ni habló con la SEPI o el Gobierno para mediar en el rescate de Plus Ultra, pese a la contradicción con el testimonio reciente de Julio Martínez. Luego, subrayó lo evidente, esto es que corresponde a la acusación demostrar los hechos que se le imputan y no al investigado demostrar su inocencia, sin embargo, cuando existe un testimonio directo en su contra el silencio no suele ser un buen aliado.

La facturación de la empresa de sus hijas, uno de los asuntos que más ha alimentado a la prensa carnívora en los últimos tiempos, apenas le mereció una negación genérica y el anuncio de que ellas mismas se encargarán de demostrar su inocencia. Una protección familiar, legítima en lo humano, que no resuelve tampoco la pregunta sobre el origen del dinero cobrado, cuyas cantidades por cierto puso en cuestión el expresidente.

La entrevista, en resumen, no zanja nada, solo desplaza el problema porque Zapatero puede repetir cuantas veces quiera que es inocente y que nunca se corrompió -y tiene todo el derecho a decirlo mientras no se demuestre lo contrario—, pero una negación reiterada en un plató no es una prueba como, por cierto, tampoco lo es el testimonio de un empresario hasta que se contraste documentalmente. Las dudas persisten.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero gobernó España entre 2004 y 2011. Dejó un país con más derechos sociales y una penosa situación económica con el paro desbocado. La corrupción no fue un problema de su Ejecutivo sino del partido que opositaba a sucederle. En esa etapa, el PP se financió ilegalmente a través de una caja B y algunas de las instituciones donde gobernaba estaban colonizadas por la trama Gürtel.

Zapatero abandonó el Gobierno y el liderazgo del partido para refugiarse durante los tres años siguientes en el Consejo de Estado, en un puesto reservado a quienes han sido presidentes del Gobierno y que además pueden desempeñar, si quieren, para toda la vida. Cuando renunció a ese empleo público, indefinido y muy bien remunerado, inició una nueva etapa donde mezcló su actividad privada –conferencias, asesorías– con su trabajo público como interlocutor del Gobierno venezolano para la liberación de decenas de presos y como referente ético del PSOE en mítines de las últimas campañas electorales.

Ahora le persigue un juez instructor de la Audiencia Nacional por siete delitos y por ser, supuestamente, el jefe de una trama de tráfico de influencias. Zapatero, al que muchos consideraron salvador en las últimas elecciones generales de 2023 y autor junto a otros de la exitosa investidura de Sánchez, se ha convertido como imputado en un grave problema para el PSOE.

Todos esperaban las palabras del investigado. Tres días después de que el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, y el empresario Julio Martínez Martínez, enviaran sendos escritos al juez acusando al expresidente socialista de ser el ideólogo y principal beneficiario de esa trama de tráfico de influencias, Zapatero ha dado explicaciones en TVE. Con esta iniciativa, intenta combatir la decepción sobre su persona que empieza a instalarse en el PSOE.

El expresidente no quiso responder sobre las sospechas más inquietantes respecto a sus actividades privadas como consultor, su relación con Plus Ultra y la participación de sus dos hijas en la trama. Zapatero comenzó agradeciendo el apoyo recibido estos días por parte de sus compañeros en el PSOE, y del propio presidente Pedro Sánchez, pero les rogó que no le respalden “por fe o por cariño sino por los hechos”. Y fue precisamente en el relato de los hechos donde el expresidente del Gobierno estuvo más esquivo, sin dar explicaciones escudándose en que el proceso judicial sigue abierto y es allí donde hará las aclaraciones pertinentes.

Zapatero asegura que “jamás” hizo “ni una sola influencia”, que nunca habló “con nadie de la SEPI ni del Gobierno” para el rescate de Plus Ultra. “Eso es así y va a ser así. Tengo convicción absoluta de mi inocencia”, remarcó. Las pruebas que se acumulan en el sumario apenas sirven para demostrar que Zapatero ejerciera presión sobre alguien para lograr el rescate de la aerolínea. “No van a aparecer conversaciones mías con dirigentes de Plus Ultra sobre el rescate”, recalcó.

Lo que dicen los empresarios

Pero el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, asegura que en enero de 2021, Zapatero les reclamó a través de su amigo Julio Martínez Martínez una comisión de 530.000 euros a cambio de ayudar para que el consejo de ministros aprobase el préstamo de 53 millones, cosa que ocurrió el 9 de marzo de 2021. Y que esa comisión se pagó por Plus Ultra a tres empresas propiedad de Julio Martínez Martínez, quien también dirigió un escrito al juzgado ratificando esta versión de los hechos. No es necesario que Zapatero influyera o presionara a alguien. El Código Penal (artículo 430) considera delito “el ofrecimiento de corrupción o tráfico de influencias” y castiga “a quienes solicitan dádivas o aceptan promesas para realizar conductas corruptas”.

Cuando Javier Ruiz preguntó por el escrito de su amigo Julio Martínez Martínez donde aseguraba que era “Zapatero quien marcaba los pasos a seguir” en relación con Plus Ultra, el expresidente del Gobierno se remitió a cuestiones del procedimiento para no contestar: “No voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Yo pongo los hechos encima de la mesa y reitero mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra (...)”. También rechazó Zapatero que informara sobre la aprobación del rescate días antes de la decisión: “Niego totalmente, yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la Sepi, no conozco a nadie de aquel consejo. No lo supe si se iba a rescatar o no se iba a rescatar”.

Cuando le recordaron que su amigo Julio Martínez Martínez llegó a decir que había pagado durante años a las hijas de Zapatero por no hacer nada, dando a entender que eran testaferros del padre, el expresidente volvió a refugiarse en el procedimiento: “No son mis testaferros. Mis hijas van a presentar todos sus trabajos y tareas, y todos sus contratos, en el procedimiento judicial. Vamos a ver”.

Zapatero también habló, sin dar demasiados detalles, pero con aparente convicción, sobre las joyas que encontraron en su caja fuerte y por las que se le imputa un delito fiscal y otro de contrabando. “Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. Tengo que ser muy prudente. Lo especificaré ante la Justicia. Ni tenían uso, no habíamos pensado en ellas, su valor será sometido a contradicción, no había afán patrimonial. No podíamos imaginar su valor. No voy a decir el país de origen. No hay intención de defraudar, regalo de cortesía personal, sin uso. Esa es la verdad. No he entrado nunca en una joyería”. Y descartó con contundencia que hubiera tramado, como sugirió la UDEF en su primer informa, la creación de una sociedad 'offshore' en Dubai donde ingresar los beneficios de las supuestas mordidas. “Es una invención absoluta, un error, no me corresponde. No he hablado de una sociedad 'offshore' en mi vida, ni con Julio Martínez ni con nadie. Lo otro me parece una inferencia insólita”.

El impacto sobre su intimidad

Zapatero siente que el procedimiento judicial contra él está lleno de irregularidades y es una víctima de la vulneración de derechos fundamentales que se está ejerciendo contra él. Remarcó la anomalía que supone hacer públicas sus agendas personales de dos años así como las comunicaciones por mensajería con su secretaria particular. “Creo que esto no ha pasado nunca”, se lamentó. “Se ha vulnerado mi derecho a la intimidad, se ha producido un impacto sobre terceros, defiendo mi derecho a que el secreto bancario se mantenga, el impacto es extraordinario. Toda mi vida de dos años está para siempre ahí y para que se hagan valoraciones, relaciones. Esto ha permitido un juicio paralelo, ha afectado incluso al secreto profesional de los periodistas, no juzgo intenciones, pero esto estructuralmente es un problema muy serio. No juzgo intenciones, me remito a las reglas, a los procedimientos, a los derechos, a lo que es un proceso penal. No recuerdo que a ningún investigado se le haya puesto la agenda entera de dos años, sin tener nada que ver la inmensa mayoría por lo que se está investigando”.

Miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE habían pedido estos días a Zapatero explicaciones ante todo lo que se sabía de la causa penal. El expresidente atendió la petición con un relato agujereado y un ruego a los preocupados difícil de cumplir: “Que no confíen en mí, ni por fe ni por cariño, que lo hagan por los hechos. Mi deber es explicar los hechos, defender mi inocencia, con las reglas del derecho”.

Nunca un instructor recibió tantos varapalos de la instancia superior encargada de revisar sus decisiones. Y pese al rosario de correcciones acumuladas en la instrucción de una única causa, ese juez podrá seguir adelante con un proceso penal donde los indicios se desvanecen como humo en el aire cuando se pone la lupa sobre ellos.

Juan Carlos Peinado ha logrado su objetivo: llevar a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por malversación y tráfico de influencias, dos delitos menos de los que él mismo le atribuía. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha censurado a Peinado como a ningún otro juez antes, desmontando parte de su instrucción por vulnerar derechos fundamentales de los imputados y por falta de motivación. Pero ha dado su bendición a la cacería judicial contra la mujer del presidente manteniendo viva la causa con sus delitos principales.

La lupa que han usado esos magistrados para examinar el caso tiene un aumento muy limitado. Nunca acabaron de apreciar las numerosas impurezas que invalidan todo el proceso. Esos magistrados llevan dos años anulando diligencias ordenadas por el juez Peinado y, a la vez, manteniendo casi intacta la parte principal de la causa pese a la ausencia de indicios sólidos sobre los delitos investigados.

El catálogo de irregularidades detectadas en la instrucción es abundante. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado desde que comenzó el procedimiento varios registros ordenados por el juez Peinado al empresario Juan Carlos Barrabés mientras estaba en la habitación de un hospital, incomunicado y muy grave; ha obligado a retirar la imputación sobre el rector de la Complutense –Joaquín Goyache–, sobre un directivo del Instituto de Empresa –Juan José Güemes–, sobre la secretaria general de Presidencia –Judith González–, sobre el delegado del Gobierno en Madrid –Francisco Martín–; y ha prohibido al juez investigar supuestos delitos, como el rescate de Air Europa, basados en meras conjeturas o en mentiras groseras publicadas por medios de comunicación. El Tribunal Supremo también desestimó una exposición razonada del juez Peinado para imputar al ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En el último acuerdo comunicado ayer por los cinco magistrados de la Sección 23, la Audiencia Provincial ha vuelto a anular decisiones muy relevantes de Peinado, aunque no todas, ni siquiera las principales. Ha retirado dos de los cuatro delitos por los que el juez quería llevar a juicio a Begoña Gómez y a su asistente, Cristina Álvarez, y ha anulado las medidas cautelares –retirada de pasaportes y comparecencia quincenal en el juzgado– que el instructor impuso por un discutible riesgo de fuga y ante la posibilidad, todavía más discutible, de que los escoltas de la Policía que acompañan a la mujer del presidente colaboraran con ella en su huida.

La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid lleva dos años salvando al juez Juan Carlos Peinado, que es una forma de mantener acorralado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los supuestos delitos de su mujer –antes cuatro, ahora solo dos (tráfico de influencias y malversación de fondos públicos)–. Para justificar que se juzgue a Begoña Gómez, los magistrados escriben lo siguiente: “Parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno”. El “canon de la simple probabilidad ahora exigible” permite a estos magistrados sentar en el banquillo a Begoña Gómez, pese a la torticera instrucción de un juez al que le han corregido ellos mismos por vulnerar derechos fundamentales de los imputados o no motivar sus resoluciones.

Los mismos magistrados explican por qué los actos de cualquier esposa de un presidente de Gobierno que logre dinero privado para una actividad docente en la universidad pública tienen una alta probabilidad de ser delictivos, aunque no exista una sola prueba sólida para justificar la sospecha: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. Indra, Telefónica o Google aportaron dinero para un trabajo de investigación comprometido en la cátedra. Estas empresas, dos de ellas participadas por el Estado, aseguraron que subvencionan múltiples proyectos de universidades públicas y que su aportación a la cátedra dirigida por la esposa del presidente no tuvo que ver con el parentesco de esta con Pedro Sánchez. Pero a la Audiencia Provincial le da igual. Si eres la mujer del presidente, mejor no trabajes, porque cualquier cosa que hagas o que consigas para la universidad pública puede acabar siendo un delito de tráfico de influencias.

A los magistrados de la Audiencia Provincial, que llegaron a escribir de manera inveraz en uno de sus autos que los asistentes de las mujeres de los presidentes son “funcionarios expertos en protocolo”, parece no importarles demasiado que los supuestos delitos de Begoña Gómez por los que será juzgada le reportaron un beneficio bruto de cero euros en los ocho años investigados, desde que su marido accedió a la presidencia del Gobierno. Aunque admiten que no cobró nada como codirectora de la cátedra de Responsabilidad Social Corporativa creada a iniciativa suya en la Complutense, porque lo prohibía la propia Universidad, encuentran un beneficio ridículo en la actividad de Begoña Gómez como profesora para justificar su resolución: “Está fuera de toda duda el beneficio que la creación de la Cátedra y su nombramiento como directora (luego codirectora) le comportó: prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos, relanzamiento de los propios master insertos en la Cátedra, lo que disparó sus ingresos de forma exponencial, por más que, en todo caso, hablemos de cifras muy moderadas (desde los modestos 1050 euros del año 2014-2015 o los 750 € del año 2015/2016 a los 14.595 del año 2020/2021 o los 14.900 del año 2021/2022) y, esto es el dato clave, le confirió un «paraguas institucional», en expresión de su propia defensa, que le permitió obtener financiación, y disponer de ingresos para contratar servicios técnicos especializados por importe de cientos de miles de euros, eso sí, carente de un control efectivo y sin pleno sometimiento a los procedimientos ordinarios de contratación”. La financiación privada que obtuvo no fue para Begoña Gómez sino para la Universidad Complutense. La disposición de ingresos para contratar servicios técnicos especializados sólo sirvió para financiar tareas de investigación de la universidad pública. “Disparó sus ingresos de forma exponencial”, escriben sin rubor los magistrados para, a continuación, reconocer que se trata de “cifras muy moderadas”, o por decirlo de manera comprensiva, logró una remuneracióno anual que estaba por debajo del salario mínimo interprofesional. El argumento torticero de los cinco magistrados concluye comparando sus ingresos de 2022 (14.900 euros) con los de 2014 (1.400 euros), cuando también daba clases en la Universidad -aunque su marido no era todavía líder del PSOE y tenía otros ingresos privados muy superiores-. Que los firmantes del auto sostengan que está “fuera de toda duda el beneficio” que le reportó a Begoña Gómez la creación de la cátedra -y no a la Universidad Complutense para la que consiguió más de medio millón de euros en patrocinios- es tan descabellado como las imputaciones de delitos que el juez Peinado decidió colgar sobre cinco personas inocentes y que luego anuló la propia Audiencia Provincial.

El juez Peinado husmeó en todas las cuentas bancarias de la mujer del presidente sin hallar un solo euro sospechoso de haberse beneficiado de ese tráfico de influencias que le imputa. No hay en la causa un solo indicio sólido del delito que Peinado vio muy claro desde el principio a cuenta de dos cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense. Eran cartas incluidas en una propuesta del empresario Juan Carlos Barrabés presentada a dos concursos públicos de Red.es. La investigación de la UCO no detectó ni una huella mínima de que la adjudicación de esos contratos tuviera relación con la influencia de Begoña Gómez o el peso de sus escritos de apoyo. Había otras 32 cartas similares firmadas por distintas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid gobernado por el PP. Pero es que, además, la Fiscalía Europea investiga estos hechos sin encontrar, tras dos años de interrogatorios a más de 50 personas, ni rastro de ese tráfico de influencias de Begoña Gómez origen de esta causa que va a llegar a juicio.

El segundo delito, malversación de fondos públicos, investigado un año después de que se abriera la causa, se basa en la ayuda que prestó Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, en las gestiones privadas de la mujer del presidente para los cursos que organizó en la Universidad Complutense. El abogado de Álvarez lo justifica así: “Los hechos atribuidos a Cristina Álvarez en esos ocho años que lleva en su puesto de asistente son una llamada telefónica, asistencia a doce eventos (un evento y medio al año), redacción de siete correos electrónicos (menos de un correo al año) y asistencia a cuatro reuniones (media reunión al año)”.

Un premio al instructor

“La acusación”, continúa, “califica como malversación el hecho de que una empleada con una dedicación anual de 1.751 horas, que en los años investigados trabajó 455 horas más de las previstas contractualmente, dedicara una parte mínima e insignificante de su jornada a los actos antes enumerados. Todas las actividades que la acusación considera constitutivas de malversación forman parte de las funciones que tenía asignadas Cristina Álvarez, según consta en el certificado emitido por Presidencia del Gobierno, que describe sus cometidos como: ”(i) La gestión de la agenda y (ii) la preparación de la presencia en reuniones, visitas y/o eventos, (iii) la gestión y administración de las comunicaciones, la asistencia telefónica y documental, (iv) el acompañamiento en desplazamientos y (v) la interlocución y coordinación con los equipos de protocolo, seguridad, asuntos exteriores y resto de departamentos implicados en la organización de actos y viajes del Presidente del Gobierno o derivados de su propia agenda“.

La cátedra que se creó en la Complutense fue idea de Begoña Gómez, quien colaboraba desde 2012 en esa Universidad como profesora de distintos cursos. La mujer del presidente logró el patrocinio de numerosas empresas privadas para la cátedra que codirigió, de manera que la universidad no dedicó un solo euro público a esa actividad. Cuando la Complutense canceló la cátedra, en la caja quedaban 25.000 euros de remanente propiedad de la universidad.

Con estos antecedentes, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que la mujer del presidente tiene que someterse a juicio por tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Es un premio al juez Peinado por la instancia superior que corrigió y censuró una buena parte de su instrucción. Los firmantes de este desenlace judicial controvertido son los magistrados Enrique Jesús Vergés, María del Rosario Esteban, José Sierra Fernández, Jesús Gómez-Angulo, y Carlos Prat.

David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación para cargo público, pero se le absuelve de tráfico de influencias. Desde 2017, el hermano de Pedro Sánchez había ocupado el cargo de coordinador de las Actividades de los Conservatorios y, después, ese puesto se transformó en Jefe de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. A David Sánchez le condenan a 9 años de inhabilitación para cargo público, pero se le absuelve de tráfico de influencias. Dicen que sí hubo amaño para su contratación, pero los jueces admiten que no hay pruebas de que nadie presionara para ese amaño o, al menos, es algo que no ha se ha podido probar en el juicio.

¿Entonces? ¿Por qué se condena a David Sánchez? Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero.

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Los once condenados por prevaricación en el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tienen diez días hábiles (hasta el 29 de julio) para recurrir la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La condena de inhabilitación especial para empleo o cargo público (nueve años para Sánchez y 18 para el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo) no es firme, por la que todos los afectados pueden trabajar o seguir trabajando para la administración. En caso de que el recurso ante el Tribunal Superior de Extremadura no prospere, los condenados todavía tienen una última vía para impugnar la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Fuentes próximas a la defensa de David Sánchez consideran que el recurso del hermano del presidente deberá argumentar por qué no fue, como establece el fallo, cooperador necesario en el acto de prevaricación cometido supuestamente por técnicos de la Diputación que aprobaron el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo que tenía asignado.

El hermano del presidente pasó de coordinador de las Actividades de los Conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin que su salario aumentase. Las acusaciones populares denunciaron que David Sánchez desempeñó un trabajo distinto por lo que la Diputación debía haber creado y presupuestado una nueva plaza además de convocar un concurso público para adjudicarla.

Cooperador necesario para la prevaricación de otros

La Audiencia Provincial de Badajoz considera que Sánchez fue cooperador necesario para la prevaricación cometida por otros trabajadores de la Diputación al crear esta plaza. Y aunque la sentencia señala que el hermano del presidente, “teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento siendo el principal beneficiario del mismo”, fuentes de la defensa explican que este aspecto que relata el fallo no es condenable.

De hecho, el presidente del tribunal declaró al principio del juicio “extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal por el que venía siendo acusado David Sánchez”.

¿Cómo se explica que la prevaricación no lleve aparejado el tráfico de influencias?

La defensa de Sánchez entiende que tiene una explicación técnica clara para que una condena por prevaricación no lleve aparejada otra por un delito de tráfico de influencias. “La prevaricación”, explica, “es una isla autónoma como lo es el tráfico de influencias. No son dos delitos que tengan que ser aplicados necesariamente al concurso”. En este caso, el tribunal explica que se amañó una plaza a favor de David Sánchez, pero aclara que no hay prueba sólida que permita conocer si hubo alguna persona o autoridad que presionó a los funcionarios y trabajadores para lograr ese objetivo. “Si no hay tráfico de influencias”, explican fuentes de la Defensa, “lo que está claro es que la prevaricación, de ser tal, no tuvo un móvil probado”.

Una “contra hipótesis” del tribunal que no sirve como hecho probado

Los magistrados fabrican en la sentencia una contra hipótesis, así la llaman, según la cual pudo ocurrir que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, decidió adjudicar la plaza a David Sánchez en julio de 2017 para congraciarse con Pedro Sánchez, que un mes antes había ganado las elecciones primarias del PSOE y volvía a ser secretario general. Fuentes jurídicas señalan que “esa conjetura o sospecha” no entra dentro de los hechos probados de la sentencia y carece de relevancia dado que los propios magistrados que firman el fallo aclaran que no hay prueba sólida suficiente para condenar por tráfico de influencias.

Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz (José Antonio Patrocinio, Emilio Francisco Serrano y María Dolores Gallardo) han condenado este martes a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de cooperación en prevaricación administrativa. En la misma sentencia, los tres magistrados absuelven a Sánchez y al resto de acusados de un delito de tráfico de influencias, el núcleo central de la causa que instruyó la juez Beatriz Biedma. Las acusaciones populares, vinculadas a la ultraderecha, pidieron seis años de cárcel. El tribunal rechaza de plano esta petición y sostiene que no hay prueba sólida para condenar por tráfico de influencias, la acusación principal de este caso.

El tribunal intenta justificar de una manera confusa por qué condena a David Sánchez por prevaricación, un delito que no conlleva penas de cárcel, pero le absuelve por tráfico de influencias. La sentencia da por acreditado que la plaza de coordinador de conservatorios fue creada por “razones espurias” para David Sánchez, pero sostiene que no existe una sola prueba de que ese trato de favor obedeciera a un tráfico de influencias por parte de los dirigentes de la Diputación de Badajoz.

Los jueces llegan a escribir en su sentencia algunas conjeturas sobre la posibilidad de que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, decidiera, para congraciarse con Pedro Sánchez tras su victoria en las primarias, influir para adjudicar la plaza al hermano del entonces secretario general del PSOE. Pero los mismos jueces rechazan a continuación que esa elucubración pueda servir para firmar una condena por tráfico de influencias.

Una prevaricación clara, un tráfico de influencias dudoso y sin pruebas

“Si bien se alza la convicción de este Tribunal de que la prevaricación cometida obedecía al designio de favorecer por razones espurias a Don David Sánchez y Don Luis María Carreras, albergamos dudas, que no han sido despejadas a la luz de las pruebas practicadas en el plenario, referentes a la utilización de concretas conductas de presión, prevalimiento, en definitiva, influencias ejercidas en orden a conseguir las resoluciones que pudieron generar directa o indirectamente beneficio económico para aquellos”.

Una conjetura sobre el tráfico de influencias sin soporte fáctico

“Podemos conjeturar que la actuación coordinada prevaricadora de los acusados que ostentaban cargos de responsabilidad en la Diputación de Badajoz fue la respuesta a una previa presión o influencia ejercida sobre ellos, pero esa hipótesis carece, tanto de soporte fáctico elaborado y descrito por las acusaciones, como de acervo acreditativo que la sustente”.

El tribunal “no sabe” quién influyó

“No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”.

Una contra hipótesis sin una sólida prueba de cargo

“Podríamos mantener, como contra hipótesis, que las conductas prevaricadoras obedecieron al interés de favorecer a las personas que se beneficiaron de aquellas por su proximidad familiar (Don David Sánchez) al que sería reelegido Secretario General del Partido y con el tiempo Presidente del Gobierno de la Nación (Bloque 1 de hechos probados) y que ostentaba ya tal cargo cuando sucedieron los acontecimientos descritos en los Bloques 2 y 3; respondiendo a un propósito de congraciarse con aquel al haber apoyado en el XXXIX Congreso del Partido a la candidata perdedora de las elecciones primarias. Siendo así, este Tribunal se ve obligado a considerar que no es posible condenar por los delitos de tráfico de influencias que han sido objeto de acusación, pero no de concreta y completa descripción fáctica y acreditación, resultando por demás aplicable el principio ”in dubio pro reo“. De alguna manera dicho principio se injerta en el derecho a la presunción de inocencia, porque no basta para la condena la sola convicción del Tribunal -el impresionismo o convicción judicial-, pues poco vale este si no encuentra su anclaje en una sólida prueba de cargo (…) Dicho de otro modo, aunque el Tribunal de instancia no dudara, correspondería a esta Sala casacional verificar si debió dudar por la escasa fiabilidad de la prueba de cargo (…)”.

“Escasa fiabilidad y solidez de la prueba de cargo practicada”

“Y es aquí donde radica la esencia del problema: la escasa fiabilidad y solidez de la prueba de cargo practicada, en orden a la determinación y concreción de los hechos incardinables en los tipos penales de tráfico de influencias objeto de acusación, insuficiente para despejar toda ausencia de duda sobre la autoría de los mismos por parte de los acusados”.

Inferencia: todos concertados para crear una “plaza innecesaria y vacía de contenido”

El tribunal considera que “la actuación de los acusados justifica el juicio de inferencia que conduce a colegir que todos estaban concertados para la creación de una plaza de empleo público, innecesaria y vacía de contenido esencial, cuyo destinatario sería el acusado Don David Sánchez (y para el ulterior torticero cambio de denominación de tal puesto de trabajo), así como de otra igualmente vacua reservada al acusado Don Luis María Carrero, fingiendo un proceso de selección y valoración de méritos sustancialmente inexistente como justificación mendaz de los contratos para acceder al empleo público, que estarían avalados por unos procedimientos administrativos oficiales de selección y propuestas de contratación puramente cosméticos o ”de escaparate“ sin fundamento real alguno, con ulterior adaptación en el caso de Don David de las condiciones de su puesto a sus apetencias sin consideración alguna a la causa pública, al interés general y soslayando de manera palmaria los principios de mérito y capacidad rectores en el acceso a los puestos de trabajo en la Administración y sin que, como se ha afirmado, dicha transmutación obedeciera a una ”evolución natural de funciones“ previamente desarrolladas o a un acto de ”sinceración administrativa“. Esta inferencia del tribunal no se basa en las pruebas recabadas durante la celebración del juicio, ya que el trabajo de David Sánchez como coordinador de los conservatorios no fue puesto en duda ni siquiera por los directores de esos departamentos. Que el montaje de óperas que impulsó el hermano del presidente se hiciera ”sin consideración alguna a la causa pública y al interés general“, es una inferencia del tribunal sin prueba conocida.

“Es inverosímil” que el presidente de la Diputación no conociera los hechos

Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, ha sido condenado a 18 años de inhabilitación por prevaricación. El tribunal, sin citar prueba que lo acredite, considera “inverosímil que, conociéndose de forma generalizada en el ámbito de Cultura desde el momento de la creación del puesto que el mismo estaba destinado a ser adjudicado al señor Sánchez, no supiera dicha circunstancia y no participara directamente en los hechos”. En el juicio, ningún testigo ni imputado declaró o acreditó que se conociera de forma generalizada en el departamento de Cultura que se creó el puesto para David Sánchez. “Intervino, como representante del órgano decisorio, la Diputación de Badajoz, en la decisión de contratar a Don David y de modificarle las funciones que tenía encomendadas en su puesto original. Por consiguiente, es responsable en concepto de autor de los delitos de prevaricación administrativa correspondientes a los Bloques A) y B) del párrafo de hechos probados, resultando aplicable el artículo 31 del CP”, señala la sentencia. Las pruebas recabadas durante la instrucción no acreditaron que Gallardo hubiera intervenido en la decisión de contratar a David Sánchez.

David Sánchez conoció previamente que el puesto de coordinador se creó para él

El Tribunal, sin prueba que acredite su tesis principal, afirma: “David Sánchez Pérez-Castejón, quien teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria, e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera (…) Cooperó realizando actos nucleares: presentó la solicitud correspondiente en el concurso de méritos para la adjudicación de la plaza creada para él, participó en el proceso selectivo maquillado aportando documentación y derivó, incumpliendo el contenido obligacional del contrato de coordinador de actividades de los conservatorios, a actividades operísticas que no guardaban relación alguna con el puesto primigenio para el que había sido nombrado ,interesando y consintiendo que, al socaire del denominado cambio de nomenclatura de la plaza, se creara otra absolutamente diferente de la que seguía siendo titular y beneficiario”. El tribunal le condena por cooperación a la prevaricación al haber forzado el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo asignado, y sostiene que David Sánchez tuvo conocimiento previo de que la creación de la plaza (octubre de 2016) se hizo para adjudicársela a él mismo. Sin embargo, en la contra hipótesis redactada por el mismo tribunal se elucubra con la posibilidad de que el presidente de la diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, hubiera decidido, en mayo de 2017, cuando Sánchez ganó las primarias y volvió a ser secretario general del PSOE, adjudicar la plaza al hermano (junio de 2017). Esta contra hipótesis echaría por tierra la conclusión del mismo tribunal cuando afirma que David Sánchez tuvo conocimiento previo de que se había creado la plaza para él en noviembre de 2016.

La causa de la Audiencia Nacional en la que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero ha alcanzado una nueva dimensión después del último informe policial aportado al juez José Luis Calama. El atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, pone la lupa sobre los negocios del expresidente del Gobierno en Latinoamérica y le acusa de cobrar 200.000 euros a cambio de usar su influencia en favor de una empresa en Bolivia. Se trata de sospechas que van más allá de su supuesta relación con el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra en España y sus supuestos trabajos de consultoría para Análisis Relevante, la sociedad del empresario que pagó cientos de miles de euros tanto a él como a sus hijas. 

La tesis del juez Calama es que esos pagos de Análisis Relevante eran facturas simuladas para canalizar los fondos que cobraba la trama a compañías con intereses en obtener ayudas públicas o favores, como Plus Ultra. En su declaración ante el juez, Zapatero defendió que hay un trabajo real detrás; tanto suyo, que realizaba informes de consultoría; como de sus hijas, que se encargaban de maquetarlos. Sin embargo, el último atestado policial aportado al sumario ahonda en la tesis de que el expresidente camuflaba bajo falsos contratos de asesoría supuestas gestiones con “altas esferas políticas”. 

En este caso, la UDEF le acusa de haber cobrado 200.000 euros del conglomerado peruano Grupo Gloria, propietario de Soboce, una cementera boliviana que había sido condenada a pagar más de 100 millones de dólares a otra empresa por competencia desleal. Esos 200.000 euros habrían llegado a Zapatero a través de la “sociedad interpuesta” Focus Social Research, de origen peruano, con quien firmó un contrato de consultoría. Pero el atestado sostiene que el expresidente no hizo trabajo de asesoría alguno, sino que se desplazó a Bolivia en septiembre de 2024 para reunirse “con altas esferas políticas” del país.

Los investigadores se basan, para ello, en el contenido de las agendas del expresidente que los agentes se llevaron de su despacho el pasado mayo y de los mensajes incautados a su secretaria Gertrudis Alcázar, también imputada. Esos mensajes apuntan a que negociaba facturas, borradores de contrato y pagos con una directiva del Grupo Gloria y con otra intermediaria, la exembajadora boliviana Carmen Almendras; y que agendó reuniones con mandatarios del país tras mantener conversaciones con ambas. 

La UDEF concluye que estos hechos son una prueba más de que “aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional”, Zapatero se dedicaría al “ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”. 

En el entorno del expresidente defienden que ese trabajo fue “una actividad de consultoría legal por completo”, y que además no tiene nada que ver con el objeto de la causa abierta en la Audiencia Nacional, centrada en si influyó en el rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra, algo que ha negado de forma reiterada. “Sería inaceptable hacer una investigación prospectiva de la tarea profesional del expresidente”, denuncian estas fuentes al entender que este nuevo informe se nutre de mensajes con su secretaria que nada tienen que ver con el préstamo a la aerolínea. 

La sospecha de los investigadores, sin embargo, es que ese contrato escondía un mecanismo para vehicular los pagos por ejercer su influencia sobre el entonces presidente boliviano Luis Arce y otras autoridades y solucionar el litigio millonario que afectaba a la empresa cementera. En febrero de 2025, unos meses después de la visita de Zapatero, el Tribunal Supremo de Bolivia condenó a la cementera a pagar 107 millones de dólares a la empresa rival. Pero tres meses después, otro tribunal dejó sin efecto la orden de pago. En la actualidad, el Tribunal Constitucional está pendiente de confirmar o revocar ese amparo.

La Policía no acusa directamente a Zapatero de haber conseguido que los tribunales de Bolivia dieran la razón a esta empresa de la que cobraba, pero sí superponen ambos hechos de forma cronológica. “Se desprende que Zapatero solicita la intermediación del presidente Arce ante el Procurador General, si bien la intermediación la haría directamente el ministro Siles por indicación del propio Arce”. Luis Arce fue presidente de Bolivia entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025, pocos meses después de esa supuesta intermediación. César Siles, por su parte, fue ministro de Justicia de Bolivia hasta su dimisión en junio de ese año.

Las agendas íntegras de Zapatero

El último informe de la UDEF aportado al procedimiento tiene dos fuentes principales, según citan los propios investigadores: las agendas de Zapatero correspondientes a los años 2024 y 2025 y las conversaciones de WhatsApp y correo electrónico que su secretaria mantuvo tanto con sus contactos en Latinoamérica como con el propio expresidente. El entorno del expresidente del Gobierno ha mostrado su malestar en las últimas horas por la aportación íntegra de esas agendas y conversaciones al procedimiento, y su posterior publicación, sin que haya existido un expurgo previo por parte de la UDEF. Desde el PSOE también han cargado contra esa difusión porque son, en su mayoría, mensajes privados: “Utilizar una investigación para exponer aspectos de la vida privada ajenos al procedimiento genera indefensión y desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial”.

La documentación aportada al sumario por la unidad policial en forma de anexos revela, por ejemplo, que Zapatero reaccionó a la detención el pasado diciembre de su amigo Julio Martínez Martínez, el empresario que le pagó a través de Análisis Relevante 490.780 euros a Zapatero y 239.755 a la empresa de sus hijas entre 2020 y 2024. Los mensajes muestran que a partir de entonces empezó a recopilar información sobre su actividad profesional como consultor, así como sobre las conferencias y cursos en los que había participado desde 2020. “¿De cuánto es la primera factura de AR?”, preguntó a su secretaria en alusión a Análisis Relevante cinco días después de la detención del empresario.

Las agendas y conversaciones recogen información relacionada con sus trabajos en Bolivia, pero su aportación en bruto al procedimiento ha dejado al descubierto todas y cada una de sus citas de 2024 y 2025 así como conversaciones privadas con su secretaria sobre la actualidad política, gestiones sobre transportes y la salud de familiares. 

El contenido de estos documentos revela sus relaciones con grandes empresarios españoles: Ángel Escribano (Indra), Carlos Torres (BBVA) o Mario Ruiz-Tagle (Iberdrola), entre muchos otros. Y también figuran reuniones con otros políticos, no solo del PSOE, como Irene Montero, Pablo Bustinduy y Yolanda Díaz. 

El caso que investiga a Zapatero avanza en la Audiencia Nacional y el juez Calama ha puesto en marcha varias diligencias clave para las próximas semanas. El empresario Julio Martínez Martínez está llamado a declarar el próximo 21 de julio en calidad de investigado. Además, el juez también ha imputado a Alba y Laura, las hijas del expresidente, y a la secretaria Gertrudis Alcázar.

El informe de la UDEF recién incorporado al proceso sobre los negocios de Zapatero en Bolivia fue redactado el 22 de junio, varios días después de que el expresidente compareciera como investigado ante el juez Calama. A lo largo del interrogatorio el magistrado intentó preguntar al político por este contrato con Focus Social Research, pero Zapatero se negó a contestar: “No voy a decir nada más de esto. Tengo un contrato de asesoramiento y ya está”, afirmó.

El avance de las pesquisas determinará si el instructor pone en marcha más diligencias sobre los negocios internacionales de Zapatero no relacionados con Plus Ultra ni con Análisis Relevante y su amigo Julio Martínez Martínez. 

Lo que sigue es una elucubración con base. O una conjetura basada en indicios. O una inferencia según las reglas de la experiencia. Sea lo que sea, lo único que intenta es explicar el laberinto judicial en el que anda metido el expresidente Zapatero a cuenta de sus negocios privados… y opacos.

Es una interpretación libre de los hechos bajo sospecha tras analizar los informes de la policía y las explicaciones dadas por el expresidente al juez Calama.

Primera parte

Casi 30 años de función pública acaban en 2015 para iniciar una nueva actividad privada

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero decidió poner fin a su vida en la Administración Pública tres años después de dejar el Gobierno. Comenzó en 1986 como diputado en el Congreso por León y finalizó cuando abandonó en 2015 el Consejo de Estado donde, como consejero nato, gozaba de un salario público considerable. Renunció a ese puesto de duración indefinida y se buscó la vida como expresidente conferenciante y consultor.

Muy pronto simultaneó su desempeño profesional en la vida privada con un nuevo empeño político con origen y destino en Venezuela. En poco tiempo inició gestiones, muchas veces fructíferas, para la excarcelación de decenas de presos políticos. En ese trabajo de años, Zapatero conoció a empresarios venezolanos que le preguntaban por el futuro del país y le contaban problemas que tenían para desarrollar su actividad. También habló con directivos de empresas españolas que le pedían alguna gestión con el Gobierno de Nicolás Maduro para eliminar obstáculos o mejorar su actividad en aquel país. Todo, según Zapatero, “pro bono”, por el bien común, sin cobrar un euro.

Segunda parte

Sus relaciones con empresarios venezolanos sin remuneración aparente

Una de las principales sospechas de corrupción que ensucia a Zapatero tiene que ver con la empresa Inteligencia Prospectiva, creada en Madrid en 2020 por los hermanos Guillermo Alfredo y Domingo Arnaldo Amaro Chacón. Esta sociedad, sin ingresos ni trabajadores, pagó entre 2020 y 2025 hasta 561.440 euros a Whathefav, la firma de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero; 260.000 euros a Gate Center, la sociedad en la que Zapatero figura como presidente del consejo asesor, y 368.258 euros a Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez que pagó a Zapatero.

El expresidente explicó así al juez sus relaciones con la familia Amaro Chacón, un grupo empresarial con inversiones en distintas partes del mundo. “Esta familia es de un grupo empresarial muy importante. Ellos dos son la tercera generación. La empresa Inteligencia Prospectiva debía de ser un apoyo a todo lo que suponía su proceso de inversión en diversos lugares, también en España y desde la base física legal de España. Yo he hecho una intensa tarea de consultoría con los hermanos Amaro Chacón. Me he reunido con ellos en innumerables ocasiones. Me han consultado absolutamente todas las vertientes políticas, económicas. He viajado con ellos y he estado en reuniones con ellos, con otras personas. He hecho una intensa actividad que podremos exponer en su momento”.

Zapatero no le contó al juez, ni Calama se lo preguntó, si cobraba por esos servicios a la familia Amaro Chacón. Los hechos acreditados por la investigación son que Inteligencia Prospectiva pagó casi 1,2 millones de euros a tres sociedades, entre ellas la registrada a nombre de las hijas de Zapatero. Y que en ese periodo, las tres empresas que recibían fondos de Inteligencia Prospectiva abonaron cantidades parecidas al expresidente y a sus hijas. La inferencia según las reglas de la experiencia podría indicar que los hermanos Amaro Chacón pagaban indirectamente a Zapatero a través de esas tres empresas por sus trabajos de asesoría no remunerados. Pero el expresidente no llegó tan lejos en su declaración. Cuando explicó por qué Inteligencia Prospectiva contrató a Whathefav se limitó a decir que los dos hermanos venezolanos eran amigos de sus hijas desde la infancia.

Tercera parte

El amigo Julio Martínez que le acompañó a Venezuela y se hizo agente comercial

Zapatero explicó así la relación de su amigo Julio Martínez con Venezuela: “Conocía a Julio Martínez desde 2011. En 2019, en un momento dado, pues como yo viajaba tanto, Julio Martínez era amigo antes de que tuviéramos ninguna relación comercial ni nada, pues me acompañó, me acompañó como un amigo a viajar. Como en alguna otra ocasión me han acompañado a algún proceso electoral, alguna otra persona a Venezuela por interés, por acompañarme, y eso hizo que a partir de ahí fuera con más frecuencia conmigo”.

Como acompañante de Zapatero en numerosos viajes, Julio Martínez se convirtió en una especie de solucionador de problemas con las autoridades venezolanas. Y varias empresas que conocieron esta circunstancia le contrataron. La compañía aérea Plus Ultra le pagó entre 5.000 y 6.000 euros al mes durante años. Gestionó con las autoridades venezolanas permisos de vuelo en plena pandemia, homologaciones de aeronaves o aplazamientos en el pago de una deuda de combustible a PDVSA, según han explicado directivos de la compañía a elDiario.es. “Era muy eficaz”, aseguran.

La investigación sostiene que la eficacia de Martínez en sus gestiones venezolanas se debía a que se presentaba en ese país con el aval de Zapatero. De hecho, los propietarios de Plus Ultra, como el venezolano Rodolfo Reyes, cada vez que se mandaban mensajes en los que se referían a Julio Martínez Martínez escribían entre paréntesis el nombre de Zapatero. Buena parte del millón de euros que Julio Martínez cobró en los últimos cinco años de distintas empresas por sus gestiones en Venezuela acabó en los bolsillos de Zapatero o de sus hijas a través de Análisis Relevante.

Cuarta parte

El rescate de Plus Ultra, un tráfico de influencias sin influencia acreditada

Durante dos horas de interrogatorio, el juez Calama apenas pudo rebatir las rotundas palabras de Zapatero negando cualquier influencia en el proceso del rescate a Plus Ultra. El Consejo de Ministros aprobó en abril de 2021 un préstamo de 53 millones de euros para salvar del cierre a la compañía aérea ante la obligada inactividad provocada por la pandemia.

Zapatero repitió varias veces lo mismo: “No hablé. No solo no influía o no me interesé. No hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y, por tanto, creo que una influencia tiene que ser ante alguien”. Una jueza investigó durante 19 meses todas las circunstancias del rescate sin apreciar ninguna irregularidad. El instructor de la Audiencia Nacional tan solo pudo aportar como prueba de la sospecha conversaciones de otros sugiriendo que Zapatero estuvo detrás de una reunión en el ministerio de Transportes que tampoco sirvió para facilitar o acelerar el rescate. Pero es que, además, el secretario de Estado que estuvo en esa reunión, Pedro Saura, negó que fuera por mediación de Zapatero.

La investigación localizó una especie de contrato por el que Julio Martínez Martínez cobraría el 1% del rescate si el consejo de ministros lo aprobaba. Plus Ultra sostiene que ese contrato nunca pasó por el consejo de administración y asegura que a Julio Martínez no se le pagó ninguna comisión por el rescate dado que la empresa cumplía las condiciones y no necesitaba la ayuda de nadie para conseguir el préstamo.

Quinta parte

La sospecha sobre la creación de una empresa en Dubái tras una comida que no recordaba Zapatero

El juez Calama asumió sin matices la tesis policial según la cual Zapatero ordenó crear una sociedad offshore en Dubái para derivar las comisiones del 1% (530.000 euros) cobradas por el rescate de Plus Ultra. La secretaria del expresidente convocó una comida con Julio Martínez y un militante socialista con negocios en Dubái donde supuestamente se apalabró el plan. La policía no ha encontrado todavía ni la empresa de Dubái ni la trasferencia de la mordida del rescate de Plus Ultra.

Tampoco han encontrado en las cuentas de la compañía aérea esa salida de fondos. Pero la respuesta de Zapatero, que no recordaba esa comida en una marisquería, aumentó las sospechas del magistrado pese al énfasis del expresidente en despejar todas las dudas. “Es muy pertinente que usted compruebe si comió o no comió”, le dijo Calama.

El abogado de Zapatero presentó un escrito con una autorización universal al juez para que investigase en cualquier rincón del mundo supuestas propiedades o empresas del expresidente del Gobierno. Calama aceptó la propuesta sin darle mayor valor como prueba de la inocencia de Zapatero.

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La declaración íntegra de José Luis Rodríguez Zapatero:

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado dirigir la investigación del 'caso Plus Ultra' contra las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como contra su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito del martes pasado pidió a Calama que les tomase declaración en calidad de investigadas.

En el auto en el que acuerda estas diligencias, el instructor sostiene que citarlas como investigadas —y no como testigos— tiene como objetivo proteger sus derechos constitucionales y ofrecerles las máximas garantías procesales. Todavía no hay fecha para su declaración. El juez la señalará en otra resolución aparte.

En relación con las hijas, Calama afirma que existen “indicios racionales” de que su agencia de marketing, Whathefav, era una sociedad instrumental que era utilizada para “la canalización, ocultación o facilitación” de operaciones relevantes para los hechos que se investigan. El juez ya ordenó a la Guardia Civil registrar sus oficinas el pasado mayo.

Según la investigación, la agencia de Alba y Laura Rodríguez Espinosa cobró 800.000 euros de empresas vinculadas a los negocios de su padre. Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, les pagó 239.755 euros. E Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos, más de medio millón. Ambas son dos sociedades fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción. 

Respecto a la secretaria Gertrudis Alcázar, el juez apunta que los “indicios de su participación directa en los hechos” ya figuraban en el auto en el que imputó a Zapatero, donde también autorizó el registro de la oficina en la que trabaja. El instructor recuerda que esa resolución apuntaba a su “papel operativo esencial” como gestora de la cuenta de correo presidentezapatero@presidentezapatero.com desde la oficina de la calle Ferraz. Esa cuenta es identificada como “el principal canal de comunicación interna de la red”.

Los investigadores hallaron correos en los que la secretaria solicita indicaciones sobre facturas y los conceptos que deben consignarse, lo que a juicio de juez apunta a la existencia de “una concertación previa sobre el contenido, la descripción y el importe de las facturas, lo que revela la ausencia de una prestación real subyacente”.

En su auto, el juez rechaza la mayoría de las diligencias propuestas por la acusación popular unificada y la de Zapatero, sin perjuicio de que según avance la investigación pudiera valorarse su pertinencia, utilidad y necesidad.

El Partido Popular, que representa a las acusaciones populares del caso, había solicitado la citación como investigados del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de su asesor Koldo García o la del ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura como testigo, si bien el juez lo ha rechazado.

También rechaza la imposición de una fianza por el importe de la deuda impagada por Plus Ultra, cuyo rescate durante la pandemia está en el origen de este procedimiento. A este respecto, el juez recuerda que en esta causa no se investiga el procedimiento administrativo de concesión de esa ayuda pública, sino las conductas concretas que pudieron influir en la concesión de dicha ayuda en cuanto pudieran ser constitutivas de tráfico de influencias, así como el posible blanqueo vinculado al desvío de fondos canalizados a través de esa financiación pública.

La investigación que el juez Juan Carlos Peinado abrió hace más de dos años contra Begoña Gómez avanza ya hacia el juicio si no lo impide la Audiencia Provincial, la instancia que revisa sus decisiones. Tras recibir los escritos de las acusaciones ultras que sustentan la causa y que piden 24 años de cárcel para la mujer del presidente del Gobierno, el juez la ha citado este lunes al último acto previo al enjuiciamiento, la llamada audiencia preliminar.  

Se trata de un trámite que no requiere la asistencia de los investigados, si bien Peinado exigió su comparecencia bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento es que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Es una apreciación llamativa en el caso de Begoña Gómez, quien va acompañada permanentemente en sus desplazamientos por un equipo de escoltas de la Policía Nacional. Y también en el del empresario Juan Carlos Barrabés, que está gravemente enfermo, según los informes médicos que constan en la causa. 

La defensa de Begoña Gómez da por hecho que se abordará la posibilidad de que se tome algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que ha acudido a la comparecencia, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995. 

Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es recuerdan que para acordar algún tipo de medida cautelar debe solicitarlo alguna de las partes. No se espera que lo haga la Fiscalía, quien ha pedido reiteradamente el archivo de la causa al considerar que Peinado se basa en “hipótesis” y “alambicadas teorías” para sentar en el banquillo a Begoña Gómez. 

[Actualización: HazteOir pedirá a Peinado que imponga a Begoña Gómez comparecencias quincenales y le retire el pasaporte]

Sin embargo, el escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida sí daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

Los ultracatólicos de HazteOir lideran la acusación popular tras la decisión del magistrado de agruparlas bajo una única dirección letrada. También forman parte partidos como Vox o el minoritario Iustitia Europa y otras organizaciones vinculadas a la extrema derecha como Manos Limpias. No obstante, el pseudosindicato que dirige Miguel Bernad, que interpuso la primera querella que dio origen a la investigación, solicitó recientemente al juez que le permita ir por libre por las “diferencias radicales y profundas” con el resto de acusaciones. 

Manos Limpias no ve claros tres de los cinco delitos que se le achacan a la esposa de Pedro Sánchez y tampoco la imputación de la asistente Cristina Álvarez, para quien el conjunto de las acusaciones populares piden 22 años de cárcel, al considerar que se dedicó a la captación de fondos, reuniones y supuestos negocios privados de Begoña Gómez durante su horario de trabajo.

Las peticiones de las defensas

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Así que más allá de las posibles medidas cautelares, lo previsto es que las defensas y la Fiscalía defiendan de nuevo que la causa debe archivarse y que las acusaciones insistan en que tiene que ir a juicio. Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Se espera que en la vista de este lunes su abogado, Antonio Camacho, rebata esta tesis sobre la base de los argumentos de su escrito de defensa. Entre ellos, que su vinculación con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

Se prevé que la Fiscalía se exprese en ese mismo sentido. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

Por otro lado, respecto a las funciones de la asistente en las que el juez y las acusaciones ven un delito de malversación, la defensa de Begoña Gómez mantiene que su ayuda “ocasional” mediante el envío de “un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales” a Begoña Gómez no afectó sus funciones ni supuso un “menoscabo de recursos públicos”.

Tras escuchar los argumentos de las partes —y, en su caso, decidir si impone a los investigados alguna medida cautelar—, el juez tendrá que determinar en el mismo acto o en los tres días siguientes si abre o no juicio oral contra Begoña Gómez, su asistente en la Moncloa y el empresario Barrabés. Tras una instrucción en la que se ha apoyado en las acusaciones de extrema derecha, todo apunta a que Peinado dejará a los tres investigados camino del banquillo antes de su jubilación, prevista para el próximo septiembre.

Los locales de la antigua sede municipal que el Ayuntamiento de Estepona vendió muy por debajo de su valor de mercado hace cuatro años se explotan ya como apartamentos turísticos, a un precio de entre 130 y 250 euros por noche, dependiendo de la temporada. Estos inmuebles junto al puerto deportivo fueron adjudicados en pleno agosto de 2022 por el consistorio a Omega 93, propiedad del constructor Bonifacio Solís, exsocio y amigo personal del alcalde José María García Urbano (PP), en una subasta sin publicidad en medios y mal clasificada en el portal de licitaciones, a la que sólo se presentó la adjudicataria. El precio final, rebajado al máximo legal, fue de 1.245.000, poco más de la mitad de los 2,3 millones del valor catastral de los inmuebles y una cuarta parte del precio que el Ayuntamiento obtuvo años antes por el local contiguo, vendido a la Diputación Provincial.

Hoy, la Perla del Puerto, que así se llaman los antiguos locales, es un conjunto de 21 “unidades de alojamiento” (en realidad, son diez apartamentos con una cama y un sofá cama cada uno) de entre 40 y 60 metros cuadrados con categoría “dos llaves” y un total de 40 plazas, según consta en el buscador de establecimientos turísticos de la Junta de Andalucía. Obtuvo la concesión de la marca hace apenas diez días. Los apartamentos ya terminados ocuparían parte de uno de los locales en planta baja, con una superficie que supone apenas una cuarta parte de lo que Omega 93 compró hace casi un lustro.

Por ahora, Airbnb sólo ofrece la posibilidad de arrendar uno de ellos, Brisa, “con vistas al puerto de Estepona”, “moderno y sorprendentemente espacioso”, situado en “un edificio completamente renovado en pleno puerto de Estepona”. Ideal para vivir la “auténtica esencia de la Costa del Sol” a 166 euros por noche los próximos fines de semana, mínimo cuatro noches. Booking referencia otros tres, pero no están disponibles.

El anunciante de Brisa es Hanami Group, que en su web tiene diez de apartamentos de La Perla. Es una mera gestora. El propietario sigue siendo la empresa que compró los antiguos locales municipales, pero ahora lo es a través de Turismo del Puerto S.L., una entidad constituida en septiembre de 2023, cuyo único socio es Omega 93 y está administrada por Estela Solís, hija del constructor. Su capital social es de 1.347.748 euros, casi coincidente con el precio pagado por los locales municipales.

El negocio pinta bien: la herramienta AirDNA Rentalizer estima unos ingresos anuales de 23.400 por cada uno de los diez apartamentos, 234.000 euros al año por los diez. Otra fuente especializada del sector lo eleva a entre 27 y 32.000 euros al año. Estepona es un destino de moda para el turismo de alto poder adquisitivo gracias a sus playas, sus cuidadas calles y la amplia oferta comercial y gastronómica.

A la vez, es también uno de los municipios más caros para compra o alquiler en una provincia ya de por sí muy tensionada. En los últimos años, el sector inmobiliario local se ha reorientado notoriamente hacia el sector del lujo y la compra de primeras o segundas residencias de ciudadanos extranjeros. En el último año el precio del alquiler y compra se ha incrementado el 9,5% y el 11,6% respectivamente, según Idealista.

Precio final: mitad del valor catastral y una cuarta parte de lo que pagó Diputación Provincial

Este medio desveló en diciembre de 2022 la venta de esos locales municipales, hoy apartamentos turísticos, a Omega 93, una empresa patrimonial del constructor Bonifacio Solís, el mayor adjudicatario de obra pública en el municipio. Omega 93 fue socia de una sociedad patrimonial del alcalde en otra empresa, Nuevos Aires 2002. El Ayuntamiento siempre ha defendido que la venta fue legal y que ambos ya no son socios. Sí siguen siendo amigos y es habitual verlos juntos en actos sociales. La relación entre Solís y García Urbano viene de muy atrás, probablemente de Coín, de donde ambos provienen.

Tras las revelaciones de este medio a finales de 2022, el PSOE llevó el asunto a Fiscalía, pero el fiscal Julio Martínez Carazo archivó en mayo la investigación tras recabar el expediente municipal. Cuatro meses más tarde, en septiembre de 2023, la constructora de Solís fichó al hijo mayor del alcalde, de 27 años, como “director de operaciones”. No tenía experiencia en puestos similares.

La venta de los locales a la sociedad del amigo del alcalde se articuló de manera rápida y estuvo trufada de detalles inusuales, como desveló en su día una investigación de este medio. El 2 de diciembre de 2021, García Urbano inició el proceso con un Decreto para desafectar las dependencias municipales, pues hasta entonces no se podían vender. Tras subsanar la falta de publicación en el Boletín Oficial, llevó el asunto como urgente al Pleno de febrero. Allí, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento seguiría siendo el dueño. Un mes más tarde estaba empezando a subastar los inmuebles.

En estos procesos, el Ayuntamiento está obligado por ley a tratar de obtener el mejor precio para las arcas públicas. Su precio de salida era de algo más de 1,6 millones, teóricamente obtenido a partir de un informe de la arquitecta municipal. Esa cantidad era un 41% inferior al valor catastral (2,3 millones) y estaba más alejada aún de los valores de mercado en esa zona, inmersa en un ambicioso proyecto de renovación urbana, ya culminado, que incluía el Mirador del Carmen en la cercana playa de La Rada.

El precio de los locales se rebajaría aún más. La primera subasta, que no se anunció “porque la ley no obliga” (según dijo el Ayuntamiento a este medio), quedó desierta. Entonces el Consistorio rebajó el precio lo máximo que le permite la ley, un 25%. Lo licitó por segunda vez nuevamente sin publicidad en medios, y sólo apareció en la plataforma de contratación como “subasta de bien mueble”, una rúbrica errónea que impedía que los posibles interesados pudieran enterarse. Tampoco concurrió nadie, de modo que se repitió como expediente “bis”.

A la tercera fue la vencida. El Ayuntamiento dio 15 días naturales (algo inusual) para recabar ofertas y Omega 93 presentó la suya, que fue la única, el 16 de agosto de 2021, media hora antes del límite. “De la primera nos enteramos tarde”, explicó una portavoz a este medio, sin aclarar cómo lo supieron, dado que no apareció en prensa y en el portal de licitaciones estaba mal referenciado. La presidenta de la mesa de contratación fue la concejala Ana Velasco, también vinculada en el pasado a una sociedad del adjudicatario.

El precio final de los locales, menos de un millón de euros a 474,7 euros/metro cuadrado, contrasta mucho con el precio por el que el propio Ayuntamiento vendió el local contiguo de al Patronato de Recaudación de la Diputación de Málaga: una oficina de 372 metros cuadrados y cuatro plazas de garaje que vendió en 2014 por 819.000 euros, a unos 2.200 euros/metro cuadrado. El Ayuntamiento vendió una oficina a la Diputación a más del cuádruple del precio de venta que le puso a los locales de al lado.

La vieja relación del alcalde con la adjudicataria

De este modo, en siete meses el Ayuntamiento desafectó, licitó y vendió su antigua sede a un precio muy inferior al de mercado a un amigo y exsocio del alcalde. Son 2.000 metros cuadrados, que inicialmente eran dos locales en planta baja, entreplanta y oficina, así como 26 plazas de aparcamiento. Durante meses, los trabajadores municipales siguieron ocupando esas dependencias, hasta que pudieron marcharse a la nueva sede municipal.

Después, se acometió una obra interior para dejar una cuarta parte de la superficie de esos inmuebles lista como apartamentos turísticos a finales del año pasado, según fuentes locales, mientras se pasaban a una nueva empresa, Turismo del Puerto, S.L. Su administradora es Estela Solís, hija de Bonifacio, y el socio único es Omega 93. Según información registral, Omega 93 aportó los inmuebles el 25 de octubre de 2023 en escrituras otorgadas ante la notaria Almudena Romero, quien lleva la notaría de la que es titular el alcalde.

Al menos hasta 2016, García Urbano fue socio de Omega 93 en la entidad Nuevos Aires 2002. Así constaba en su declaración de bienes al Congreso de ese año y lo confirmó el propio Solís a este medio, aunque en 2023 aseguró que ya había adquirido las participaciones sociales de García Urbano hacía “dos o tres años”. Ambos son amigos íntimos. El tercer socio en Nuevos Aires era Juan Hoffmann, condenado y prófugo del caso Malaya. Nuevos Aires también es propietaria del edificio ilegal que albergó durante años la sede de Urbanismo en Marbella.

Estela Solís sustituyó a Antonio Zarco (expareja de la concejala Ana Velasco) como administradora de Nuevos Aires en enero de 2024. Para entonces, el hijo mayor del alcalde llevaba varios meses supuestamente ejerciendo como “director de operaciones” de la constructora, cargo que aún ocupa y al que llegó tras renunciar en apenas dos meses al acta de concejal que obtuvo después de que renunciaran dos concejales de la lista encabezada por su padre.

Bonifacio Solís fue también la encargada de levantar el Mirador del Carmen, una fastuosa torre en plena playa que costó más de 16 millones de euros. El alcalde ha sido llamado a declarar ante el juez como investigado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación del restaurante con mirador a la pareja de su hijo, sin experiencia alguna en negocios de ese tipo. Como desveló este medio hace tres años, la sociedad adjudicataria se creó pocas semanas antes en el despacho profesional de un concejal de confianza de García Urbano.

Julio Martínez Martínez era el 'lugarteniente' de José Luis Rodríguez Zapatero en una organización “estable” dedicada al tráfico de influencias. Al menos así lo describen tanto el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como los investigadores. Por eso, el informe elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, que analiza el patrimonio de Julio Martínez Martínez y que consta en el sumario de la causa, es relevante. Porque la UDEF entiende que este era una suerte de hombre de paja, un 'interpuesto' a través del cual el expresidente camuflaba el flujo monetario que recibía por sus gestiones ante administraciones nacionales y extranjeras.

El documento, fechado en febrero de 2026, ofrece una radiografía exacta de su patrimonio, de su participación en sociedades, y de en qué negocios pudo participar Julio Martínez, quien fuera administrador único de Análisis Relevante, la sociedad que abonó a Zapatero 490.780 euros en cinco años, desde 2020 a 2025.

Hacienda encontró que su domicilio se ubica en la calle Diego de León (en el madrileño barrio de Salamanca, uno de los de mayor renta per cápita del país). Desde septiembre de 2021 paga, aparentemente, 60.000 euros al año de alquiler (5.000 euros por mes), y a la Agencia Tributaria le surge la duda de si, en realidad, se podría tratar de una vivienda doble, dos domicilios unidos. A pesar de que Antifraude no tiene claro ese asunto y tampoco sabe si el empresario pagaba parte o el total de la renta, sí que considera que su “volumen de entradas en cuentas bancarias”, sus ingresos, eran “insuficientes” para atender este pago.

De hecho, a las cuentas le dedica un apartado extenso para explicar que entre 2020 y 2021 “no hay constancia de que sea titular” de ninguna, al menos en España. Y que desde 2022 figura como titular solo en una y en 2025 se abre otra cuenta corriente. Es en esa última donde ese mismo año entran 100.000 euros de golpe. Y no pueden determinar su origen.

Pero quizá donde la ONIF se recrea más es en las sociedades en las que aparece Julio Martínez Martínez. Identifica “un entorno societario de control amplio constituido por 39 entidades en el periodo 2020-2024”. Y ahí es tajante al concluir que “su perfil contrasta con el elevado número de entidades controladas”.

Sobre ellas, detalla que 20 se encuentran inactivas porque, o bien no presentan declaración del impuesto de sociedades, o bien han sido dadas de baja de la Agencia Tributaria antes de 2020, o bien su cifra de negocio es nulo en el periodo investigado. Otras tres, dice, están “inactivas”, pero, en cambio, “consta un importante movimiento en cuentas bancarias”.

Las otras 15 sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez sí estaban activas, si bien ocho de ellas no tenían empleados. Entre esas sociedades sin gasto de personal se encuentran algunas de las que están en el centro de la investigación del juez Calama, como Análisis Relevante, Idella Consulenza, o Voli Analítica.

Operativa comercial: Ingresos de 4,89 millones

Hacienda explora los ingresos de un total de 16 de esas empresas participadas por Julio Martínez, y destaca que ascendieron a 4,89 millones de euros en el periodo 2020-2025. La que mayores entradas de dinero obtiene es Análisis Relevante, alcanzando los 959.798 euros.

Explica que los principales clientes de ese colectivo de entidades del entorno de control de Julio Martínez son Miralles Cremades Clara (605.000 euros), Plus Ultra Líneas Aéreas (598.910 euros) e Inteligencia Prospectiva (380.208 euros), otra de las empresas que están en el epicentro de la trama. Cabe recordar que en sus informes la UDEF señala que el flujo de dinero de esa última empresa hacia la familia de Zapatero fue de 801.195 euros pese a ser una sociedad “carente de actividad real”.

Pero en ese apartado de la clientela de las sociedades vinculadas a Julio Martínez llaman la atención dos ítems en particular. En el gráfico de la ONIF se especifica que la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, pagó al entorno empresarial del investigado 96.753,02 euros en 2023 y 32.436,66 en 2024. El total asciende a 129.189 euros. El consejero de Presidencia se apresuró el pasado miércoles a enmarcar en esa relación en unos pocos concursos que fueron adjudicados a esas empresas y solicitó “no generar confusión”.

Además, entre 2020 y 2024 la Junta de Andalucía, presidida por el 'popular' Juanma Moreno, abonó al entorno empresarial del amigo personal de Zapatero un total de 62.307 euros, a razón de 7.334 euros en 2020, 12.893 euros en 2021, 13.363 euros en 2022, 13.964 euros en 2023 y 14.752 euros en 2024, en lo que parecía ser una suerte de iguala anual.

Antifraude explica que, no obstante, el cliente 'premium' de Julio Martínez fue, de lejos, Plus Ultra, con ese volumen total de 598.910 euros, percibidos por Análisis Relevante (301.290 euros), Iot Domotic Europe (155.847 euros) y Voli Analítica SL (141.772 euros). Y recuerda que ninguna tuvo empleados cuando se celebraron los contratos con la aerolínea.

En el apartado de los clientes de Julio Martínez aparecen otras dos de las empresas presuntamente clave para el movimiento de fondos de la trama: Summewind y Caleton Consultores. La UDEF cree que ambas fueron usadas por Plus Ultra como empresas desde las que canalizar fondos al entorno de la trama. La ONIF, en su informe indica que la primera abona por servicios a una empresa de Julio Martínez (Affita) 213.200 euros en 2023. Y explica que, a la vez, obtiene ingresos de Plus Ultra.

En el caso de Summerwind la investigación asegura que pagó a la aerolínea 3,9 millones de euros. Algo que, según esa empresa dedicada al negocio del subarriendo de aviones, es incorrecto dado que en realidad quien trabajó para ellos fue la aerolínea y no al revés. El juez, por el momento, les ha negado poder personarse en la causa como terceros interesados si bien ha unido su escrito de alegaciones al sumario.

Gastos de las sociedades de Julio Martínez

En el apartado de los proveedores, la ONIF explica que el principal gasto para Julio Martínez era el propio Zapatero, al que pagó desde su entorno empresarial y en cinco años 418.000 euros (no coincide con los 490.780 euros que fija el juez), seguido de Whatthefav SL, la empresa de las hijas del expresidente, a la que pagó de 2020 a 2024 un total de 242.423 euros. Eso sí, “no constan operaciones en efectivo en las cuentas titularidad de las entidades del entorno de control” de quien fuera, según la tesis de la UDEF, el hombre de paja de Zapatero.

El informe se fija en otros detalles, como que consta un cobro transfronterizo de una de las sociedades de Martínez, Nez SL. También que Idella Consulenza percibió 169.995 euros procedentes de una cuenta de Hong Kong el 27 de octubre de 2025. Cabe recordar que a esa sociedad la investigación le achaca la titularidad de una supuesta sociedad off-shore creada por orden de Zapatero en Dubái para cobrar el 1% del rescate público de Plus Ultra.

Sobre esa inferencia hay lagunas en la investigación porque ni los informes de la UDEF ni los diferentes autos arrojan mucha luz más allá de que hubo una comida en el restaurante Portonovo a la que asistieron al menos Zapatero y Martínez, y que, un día después, el empresario arrancó una serie de correos con un tercero, Tomás Guerrero, con el objetivo de crear ese vehículo financiero en Emiratos Árabes Unidos bajo la marca Ladside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco.

La ONIF se fija, además, en el patrimonio y los vehículos vinculados al entramado societario de Martínez. Y explica que algunas de las entidades tienen en su haber inmuebles y vehículos de alta gama. Al sumar el valor catastral de los terrenos rústicos, las naves y los pisos que en algún momento del periodo investigado fueron propiedad de alguna de sus empresas, la cifra es de 3,32 millones de euros.

En cuanto a los vehículos vinculados al entorno de Julio Martínez, Antifraude indica que a pesar de que él no tiene ninguno a su nombre, ha detectado en el periodo 2020-2025 hasta 16 de ellos, entre motocicletas y coches. Destacan tres Audi Limousine, un Jaguar XJ (vendido en 2022), un Mercedes c220 (vendido en 2023) o un Range Rover. Y aporta un matiz: la mayoría fueron comprados de segunda mano.

Otro detalle que arroja el informe es que ya en 2011 Julio Martínez le compró a Zapatero un chalé pareado en Vera (Almería) que estaba ubicado en la urbanización residencial Mirador de Vera, cerca de la playa de Quitapellejos. En la actualidad, según el portal idealista.com, un inmueble idéntico, alcanza un valor de 580.000 euros.

La ONIF destaca que en 2019, Julio Martínez se desprendió de ese chalé vendiéndoselo a la empresa Compañía Inversora de Superficies SLU, que pertenece al entorno de su hermano Manuel Martínez. Ya en 2023, es de nuevo vendido y sale ahora sí de su entorno personal y familiar.