Las grandes conspiraciones existen, por supuesto.

En el año 521 antes de nuestra era, un aristócrata persa llamado Darío mató a Esmerdis, hermano y heredero del rey Cambises II y gobernador de las provincias orientales. Darío y sus compinches negaron haber cometido un magnicidio porque, según ellos, Esmerdis no era Esmerdis, sino un mago usurpador llamado Gaumata. El rey Cambises murió mientras combatía a los egipcios y no se enteró del incidente. Acto seguido, Darío se proclamó rey. Cuesta creer que ningún cortesano se tragara la patraña de Darío y el mago suplantador, pero ni el lugar ni la época aconsejaban desmentir al monarca del imperio. Darío gobernó gracias a una conspiración de silencio y pasó el resto de su vida (véase la fabulosa inscripción de Behistún) reafirmando la mentira fundacional de su reinado.

Esas cosas ocurren. Aunque son muy raras.

Yo prefiero no creer en las conspiraciones porque, en general, las cosas suelen ser lo que parecen ser. El franquismo, 40 años de mentira permanente, era muy aficionado a inventar enemigos fantasmagóricos: “la conjura judeo-masónica”, “el contubernio de Múnich”. El régimen nacido con el golpe de Estado de 1936 agotó todos los sinónimos de “conspiración” para disimular sus miserias.

Sí creo, en cambio, en la complejidad de la organización social y en la facilidad con que los individuos mentimos, hacemos chapuzas y cometemos actos asombrosamente deshonestos.

Estos días, a raíz del “caso Zapatero”, estamos descubriendo todo el rato la sopa de ajo. Y pasmándonos ante la asombrosa revelación.

Sí, los policías y los jueces, igual que los militares, suelen ser de derechas. De la misma forma que los profesores de Ciencias Políticas, los sociólogos, los mineros y los sindicalistas suelen ser de izquierdas.

Sí, los abogados suelen tener amigos jueces, y viceversa, y hacen arreglos entre ellos. Sí, hay jueces que prevarican. Sí, los policías ocultan parte de la verdad, o mienten directamente, cuando presentan al instructor y, sobre todo, a la prensa (ay, esa foto de joyas como si fueran 20 toneladas de heroína; ay, aquel falso dinero venezolano de Podemos y aquellas falsas cuentas suizas de Xavier Trías) el resultado de sus investigaciones: una cuestión de éxito o fracaso profesional, supongo. (Reconozco que, por la edad que tengo, nunca he creído a la policía).

Y sí, ninguno de los inquilinos de La Moncloa era rico cuando llegó al poder (quizá con la excepción del breve Leopoldo Calvo-Sotelo), y todos lo fueron (podría matizarse el caso de Mariano Rajoy) en cuanto dejaron la presidencia: un misterio a la vista de todos.

Sorprende un poco que los periodistas, conocedores de las barbaridades que se cometen en el oficio, esperemos de otros profesionales una conducta intachable. Hay porquería en los medios de comunicación como la hay en la policía, en la judicatura y en la política.

He decidido no creer ciegamente nada de lo que se dice sobre José Luis Rodríguez Zapatero (aunque ciertas cosas me parezcan muy sospechosas) hasta que se concluya el sumario y se sustenten las acusaciones. Y seguiré sin creer en conspiraciones, porque no hace falta: los pecados de unos y otros acaban siendo muy obvios.

Javier Cavanilles (València, 1969) es periodista y lleva más de dos décadas investigando teorías de la conspiración, sobre todo las que emanan de los Estados Unidos de América. Ha investigado y desmontado decenas de bulos, todavía vivos, sobre el asesinato de JFK y ha sido uno de los cronistas españoles que primero alertó y mejor interpretó el fenómeno QAnon. Estas teorías, que siempre funcionaron bajo el radar de los medios de comunicación y fueron alimento de minorías minoritarias, marcan ahora la línea de la administración de Donald Trump. Con su último libro El golpe. El fin de la democracia en EEUU (Akal, 2026), Cavanilles profundiza en el plan de estas élites y augura un futuro poco halagüeño a la democracia estadounidense.

Has escrito El golpe. El fin de la democracia en EEUU y plantea algo muy contundente: que en las elecciones de medio mandato en noviembre puede producirse el fin de la democracia en Estados Unidos. ¿Por qué?

Porque la democracia estadounidense ya viene deteriorándose desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos comprado durante décadas la idea de que Estados Unidos era el gran faro democrático mundial, pero eso es bastante discutible. Es un país con muchas libertades, sí, pero también con enormes limitaciones políticas reales. Hay algo que ya debería hacernos pensar: no existe ninguna democracia consolidada en el mundo que durante más de 140 años haya estado gobernada prácticamente solo por dos partidos. Eso no es normal. Es una anomalía del sistema. Un sistema muy antiguo que beneficia a un statu quo muy concreto. Al final, como decía Gore Vidal, Estados Unidos es “un país de partido único con dos alas”: una más progresista y otra más conservadora, sobre todo en cuestiones sociales, porque económicamente las diferencias entre demócratas y republicanos tampoco son tan grandes.

En el libro sitúa el origen de este deterioro en los años de Ronald Reagan. ¿Por qué ahí?

Porque Reagan cambia la trayectoria progresista que había tenido Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Pero hay que entender algo: Reagan no es Trump. Reagan era un político de enorme categoría, con muchas sombras y muchas luces, pero un dirigente serio. Trump es otra cosa. Reagan consolida un giro ideológico y económico muy fuerte, pero lo hace además con legitimidad política porque arrasa electoralmente y aún hoy sigue siendo uno de los presidentes mejor valorados de la historia del país. El problema es que desde entonces se consolida una dinámica que acaba desembocando en algo mucho más radical.

Habla de Trump casi como un instrumento más que como el cerebro del plan.

Exacto. Trump no es tanto el arquitecto como el instrumento. El libro defiende que hay unas élites políticas, económicas, jurídicas y religiosas que ven en Trump una herramienta útil para llevar a cabo un proyecto de transformación profunda del sistema. Ahí entra el famoso Project 2025, que no es una teoría conspirativa ni una invención mía: está escrito y publicado. Lo que plantea es una reconstrucción completa de la administración estadounidense para convertirla en algo mucho más controlado ideológicamente. La idea es eliminar buena parte de los contrapesos internos del Estado, sustituir funcionarios independientes por cargos absolutamente fieles al movimiento MAGA y garantizar que no vuelva a existir ese “Estado profundo” que frenó algunas de las decisiones más extremas de Trump durante su primer mandato.

¿El llamado “deep state” existe?

Existe en un sentido muy distinto al que vende la extrema derecha. Lo que hubo fueron funcionarios, jueces y técnicos de la administración que simplemente intentaron frenar algunas barbaridades porque tenían independencia profesional. Trump aprendió de aquello. La segunda vez llega diciendo: “Ahora no me vuelve a pasar”. Y por eso el Project 2025 plantea directamente rehacer la administración. No es una idea abstracta. Al mismo tiempo que publicaban el plan ya estaban creando bases de datos de personas ideológicamente afines para ocupar cargos. Necesitas alguien para Medio Ambiente que niegue el cambio climático, alguien ultraconservador para Justicia, alguien totalmente alineado con el trumpismo para Defensa… Ya lo estaban preparando.

Afirma que el Partido Republicano ha sido capturado por sectores ultras. ¿Cómo se produce ese cambio?

Porque hay un momento en que el Partido Republicano entiende que, demográficamente, tiene un problema enorme. Hay un documento interno de 2013 donde el propio partido admite que, siendo básicamente un partido de blancos, corre el riesgo de extinguirse. A partir de ahí empiezan a pensar cómo una minoría blanca ultraconservadora puede mantener el poder político. Y eso se trabaja desde muchos frentes: los think tanks, la Heritage Foundation, la Federalist Society, los grandes donantes, los medios conservadores… Y también coincide con un Partido Demócrata que muchas veces aburre hasta a las piedras.

En el libro da mucha importancia al Tribunal Supremo. ¿Por qué es tan central?

Porque es una de las piezas fundamentales del golpe institucional. En Europa pensamos más en leyes aprobadas por parlamentos, pero en Estados Unidos gran parte del poder está en la jurisprudencia. El Tribunal Supremo interpreta la Constitución y esas interpretaciones cambian el país. Ahora mismo el Supremo tiene una visión muy “originalista”, es decir, una lectura casi literal de la Constitución previa incluso a la Guerra Civil. No lo digo yo: lo dicen ellos mismos. Por ejemplo, si empiezas eliminando distritos electorales de mayoría negra o debilitando leyes históricas de derechos civiles, estás tocando pilares fundamentales del sistema democrático estadounidense. Y además han construido una doctrina peligrosísima: que un presidente tiene una inmunidad prácticamente total por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Eso cambia muchísimo las reglas del juego.

Habla abiertamente de un “golpe”. Hay quien pensará que es exagerado.

La palabra es fuerte, sí, pero yo creo que es adecuada. Y además no hablo de tanques en la calle ni de un golpe clásico. Esto sería un golpe institucional, legalista, desde dentro del sistema. Utilizando las leyes, el Supremo, el rediseño de distritos electorales, las limitaciones al voto por correo o las barreras al acceso electoral. La gran batalla es noviembre. Si Trump consolida el control institucional, tiene dos años de margen prácticamente sin coste político, porque además sería un presidente al final de mandato y sin expectativa electoral futura.

Dedica mucho espacio al nacionalismo blanco y al evangelismo ultraconservador. ¿Hasta qué punto son decisivos?

Muchísimo. Hay una parte del movimiento trumpista profundamente teocrática. No estamos hablando simplemente de conservadurismo al estilo europeo. Hay sectores que creen literalmente que Estados Unidos es una nación cristiana elegida por Dios y que las leyes divinas deben estar por encima de las civiles. Eso explica muchas cosas: desde el aborto hasta la educación o los derechos LGTBI. Y además Trump, aunque personalmente no sea precisamente un ejemplo de moral religiosa, funciona como un telepredicador. Tiene una lógica muy parecida: el personaje cae, es humillado, resucita políticamente y vuelve reforzado. Y su electorado lo interpreta casi en términos religiosos.

¿Qué papel juega el dinero en todo esto?

Fundamental. La oligarquía económica ha entendido que Trump, con todas sus excentricidades, puede ser muy útil. Les baja impuestos, reduce regulaciones y protege determinados intereses. Silicon Valley, que antes parecía progresista, también ha cambiado mucho. Al final los multimillonarios financian aquello que protege sus negocios. Y además el sistema electoral estadounidense permite una influencia brutal del dinero privado. Desde la sentencia Citizens United las empresas pueden financiar prácticamente sin límites campañas políticas bajo el argumento de la libertad de expresión.

El libro es pesimista. ¿Queda margen para evitarlo?

Claro que puede no pasar. Yo no digo que esté escrito en piedra. Pero la tendencia mundial no invita al optimismo. Estamos viendo un deterioro democrático en muchos países y Estados Unidos no es inmune. Tampoco creo que vayamos a ver algo parecido a Chile en los setenta o tanques por la calle. Será otra cosa: un sistema donde formalmente siga habiendo elecciones, pero con menos contrapesos, menos pluralismo real y más concentración de poder. La pregunta no es si Estados Unidos dejará de votar. La pregunta es cuánto puede deteriorarse una democracia antes de dejar de ser realmente una democracia.

Las respuestas ambiguas y los silencios oficiales alimentaron durante décadas la sospecha de que algunos gobiernos esconden información sobre vida extraterrestre. Esa desconfianza pública terminó asociada a lugares como el Área 51, una base militar de Nevada que quedó rodeada de rumores sobre naves, cadáveres alienígenas abiertos para ser inspeccionados y tecnología fuera de cualquier explicación conocida.

También ayudó el aspecto con que suele imaginarse a los extraterrestres, casi siempre representados con cabeza grande, ojos negros enormes y cuerpo delgado, una figura repetida en películas, series y supuestos testimonios de abducciones. El problema es que muchas personas mezclaron esas imágenes culturales con hechos reales o documentos oficiales incompletos. Esa confusión abrió espacio para teorías que presentan cualquier archivo secreto o cualquier declaración poco clara como una prueba de ocultación deliberada.

Maxwell Hunter avisó de un pánico tras el contacto

Un memorando redactado en 1963 por Maxwell W. Hunter II, miembro de la Executive Office of the President, planteó que un contacto con una civilización extraterrestre podría acabar en un “gran pánico”, según unos documentos sobre fenómenos aéreos no identificados difundidos por el Pentágono y recogidos por IFLScience.

El informe analizaba posibles respuestas diplomáticas, la existencia de vida en Marte y las consecuencias de un primer contacto. Hunter escribió que “nadie importante va a tomarse esta basura en serio a menos que ocurra”. El autor añadía que, si sucedía, la política oficial se decidiría “de la manera tradicional del gran pánico”.

El SETI Institute vivió algo parecido en 1997, cuando una señal detectada fuera de la atmósfera parecía artificial y levantó dudas sobre un posible origen extraterrestre. Seth Shostak, astrónomo sénior del instituto, explicó a IFLScience que el secretismo sería casi imposible porque los medios reaccionan en cuestión de horas.

El New York Times tardó apenas 15 horas en descubrir la existencia de aquella señal y contactar con el proyecto científico. Poco después se confirmó que todo procedía del sistema de telemetría de la nave SOHO. La reacción pública no acabó en disturbios ni enfrentamientos internacionales, aunque la noticia ya circulaba ampliamente antes de aclararse el error.

Jason Wright y Kenneth Wisian chocaron por un posible contacto alienígena

El debate sobre los posibles efectos políticos de un contacto alienígena sigue abierto. Kenneth Wisian y John Traphagan publicaron en 2020 un trabajo que advertía de posibles conflictos entre países si una nación obtenía ventaja gracias a un mensaje extraterrestre.

Los autores planteaban riesgos de espionaje y hasta guerras abiertas por el control de esa información. Otros investigadores rechazaron esa posibilidad y defendieron que ningún Estado podría monopolizar el contacto durante mucho tiempo.

Jason Wright, Chelsea Haramia y Gabriel Swiney publicaron en 2022 un estudio que cuestionaba ese escenario. Los investigadores explicaron a IFLScience que una comunicación extraterrestre difícilmente otorgaría ventaja militar a un país concreto.

También señalaron que una señal captada desde el espacio acabaría siendo conocida por numerosos observatorios y equipos científicos. “Es poco probable que sea posible monopolizar la comunicación con una especie alienígena si el contacto llega a producirse”, afirmaron. El trabajo desmontaba además la imagen habitual de gobiernos escondiendo mensajes secretos durante años sin filtraciones externas.

Los archivos del Pentágono rebajaron parte de las sospechas

La discusión ya no gira solo alrededor de telescopios o laboratorios. Brianne Suldovsky, profesora asociada de la University of Portland, explicó en el pódcast This Week in Space que el mayor problema podría aparecer en la forma de comunicar el hallazgo. La investigadora recordó que mucha gente interpreta frases cautelosas como “compatible con vida” igual que si fueran una confirmación absoluta.

Según los datos citados en el programa, alrededor del 65% de los estadounidenses cree que existe vida extraterrestre y cerca del 45% piensa que seres inteligentes visitaron ya la Tierra. Ese contexto facilita que rumores, teorías conspirativas y mensajes falsos se expandan con rapidez cuando aparece cualquier noticia relacionada con alienígenas.

La publicación reciente de archivos del Pentágono recibió burlas en internet porque muchos usuarios esperaban pruebas espectaculares y encontraron documentos antiguos o materiales ya conocidos. Aun así, varios investigadores creen que difundir esos papeles puede reducir el espacio para teorías conspirativas sobre pactos secretos entre gobiernos y extraterrestres.

Wright, Haramia y Swiney defendieron ante IFLScience que la transparencia y la explicación pública previa ayudan a evitar malentendidos graves. Los autores añadieron que los responsables políticos deberían conocer con antelación cómo funciona la investigación SETI para reducir reacciones impulsivas basadas en rumores.

La International Academy of Astronautics pidió consultas mundiales previas

La International Academy of Astronautics publicó en 2010 una declaración con principios para actuar ante una posible detección extraterrestre. El documento recomienda que no se responda a ninguna señal sin consultas internacionales previas. Ese debate llega además en un momento en que la humanidad lleva décadas enviando señales al espacio de manera involuntaria. Las antenas telefónicas y los radares de aeropuerto ya producen emisiones detectables a decenas de años luz de distancia. Puede que, si alguna civilización escucha esas señales, la Tierra lleve mucho tiempo anunciando su presencia sin darse cuenta.

En España hoy son un mayor riesgo para la vida de los españoles los mensajes conspiranoicos, anticientíficos y negaciones de personajes como Santiago Abascal en política y periodistas cazafantasmas en los medios que el terrorismo yihadista o el de ETA. El líder de Vox dijo estos días que Pedro Sánchez quería crear una nueva pandemia con el crucero con hantavirus para que no hablemos de los casos de corrupción. Y lo dejamos pasar porque estamos acostumbrados al delirio, pero estas declaraciones que afectan a la salud pública son peligrosas. Afectan a nuestra vida de manera concreta y tenemos que tomarlas como la amenaza seria para la convivencia que son. 

El discurso negacionista, conspiranoico, antiintelectualista y anticientífico cuesta vidas. Es, de forma concreta, un relato criminal. Las pseudoterapias están causando cada año entre 1.210 y 1.460 muertes en España. No estamos hablando de una situación menor. Son más muertes en un año que las que el terrorismo de ETA causó en toda su historia. Se suele poner de ejemplo que en ciertos contextos un mensaje alarmista puede ser considerado un delito, como gritar fuego en una sala abarrotada de una discoteca y provocar así una estampida que provoque muertos por aplastamiento. El problema siempre está en establecer correlación en el hecho. Pero que sea difícil no implica que no se tenga que perseguir penalmente y renunciar a hacerlo. 

Durante la pandemia vivimos multitud de mensajes instando a no vacunarse, persiguiendo a los científicos o amenazando a todos aquellos que en el debate público defendían la necesidad de la vacunación para salir de la crisis. Obviamente es difícil establecer una correlación directa entre esos mensajes y las personas que pudieron ser influidas para no vacunarse. Pero es una evidencia crítica que no había rechazo relevante a las vacunas en España antes de esos mensajes asociados a la pandemia del COVID. El Instituto de Salud Carlos III realizó una encuesta entre personas no vacunadas en 2021 (más de 4 millones de adultos) y el 60% aseguró que no se vacunaría nunca. El mensaje conspiranoico en política y medios tiene consecuencias funestas sobre la vida de los demás y es un peligro para la salud pública. 

Los premios Herman Cain son un producto satírico de la red que otorga este trofeo a personas que han compartido publicación seudocientífica, falsa, negacionista o antivacunas sobre el covid y acabaron muriendo. El nombre se debe a un político republicano americano que se erigió en uno de los máximos exponentes de este discurso y acabó falleciendo por la enfermedad. No tendría nada contra quien muere fruto de sus propias decisiones si no tuvieran la capacidad para difundir ese mensaje influyendo a muchas otras personas. Por eso suicidarse no es delito pero sí lo es inducir al suicidio. 

Un caso creciente es el de los padres que se niegan a que se les suministre a su bebé vitamina K en las primeras horas tras el nacimiento por el déficit que suelen tener al nacer. En el caso de no suministrarla pueden sufrir hemorragias en todos sus órganos causándoles daños cerebrales severos o la muerte, lo que se conoce como EHRN tardía o enfermedad hemorrágica del recién nacido. En EEUU el caso de negacionistas de los tratamientos ha aumentado de forma exponencial desde el año 2017 a 2024, se estima que de más de cinco millones de recién nacidos analizados en EEUU al menos 200.000 no recibieron la inyección por la negativa de sus padres. Lo que supone un incremento del 77% en menos de una década. La negativa produce al menos 400 casos anuales de bebés con EHRN tardía con una mortalidad entre el 14% y el 25%. 

La negativa a inyectar vitamina K a los bebés nace de un bulo extendido en redes sociales que utiliza un estudio desmentido del año 1992 que asociaba la inyección de vitamina K a un aumento de leucemia infantil. No importa que aquel estudio fuera desmentido de manera rotunda por estudios científicos serios. El estudio falso se sigue difundiendo en redes sociales generando cada vez más familias que se niegan a aplicar la inyección a sus bebés. En ese caso ya no se trata de la vida del que toma la decisión, sino de un ser humano indefenso que depende de la ignorancia de sus padres. Las sociedades liberales tienen que perseguir con diligencia todos estos discursos que niegan la ciencia y afectan de manera dramática a la vida de los demás ya sea un troll, un presentador de televisión o el líder de un partido de extrema derecha. Todos los derechos están limitados por otros de igual cumplimiento, y no se puede apelar a la libertad de expresión cuando alguien con su altavoz provoca que haya muertos haciendo creer a muchas familias que su hijo tendrá cáncer por ponerse una inyección que puede salvarle la vida. 

Los mapas del planeta siempre dejaron una impresión engañosa porque el azul ocupa casi toda la superficie y daba la sensación de que la Tierra estaba cubierta por una cantidad infinita de agua. Esa percepción nacía de los océanos, de las nubes y de los ríos que aparecen en cualquier paisaje habitado, aunque la mayor parte del agua del planeta ni siquiera puede beberse.

La Tierra guarda cerca del 71% de su superficie bajo agua y aun así una parte muy pequeña resulta apta para el consumo humano. Esa acumulación tiene relación con el origen del planeta, con el vapor atrapado en la atmósfera primitiva y con el impacto de cuerpos helados que llegaron hace miles de millones de años. También influye la capacidad del agua para mantenerse en estado líquido dentro de unas condiciones muy poco habituales en otros mundos. Esa abundancia terminó creando océanos, hielo, lluvia y una atmósfera capaz de conservar el ciclo del agua durante millones de años.

La discusión sobre la humedad depende del significado elegido

El debate sobre si el agua está mojada sigue abierto porque la respuesta cambia según la definición usada. BBC Science Focus explica que muchos científicos entienden la humedad como la capacidad de un líquido para mantenerse sobre una superficie sólida, de modo que el agua puede mojar otros materiales, aunque no estaría mojada por sí misma.

Otros especialistas aceptan una definición distinta y consideran húmedo cualquier elemento formado por líquido o humedad. Esa diferencia convierte la cuestión en una discusión donde entran la física y el lenguaje al mismo tiempo.

El agua posee varias propiedades que ayudan a explicar por qué existe en cantidades tan grandes en la Tierra y por qué se comporta de una forma tan distinta a otros líquidos. La molécula H2O está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, una estructura que permite mantener el agua en estado sólido, líquido y gaseoso dentro de temperaturas habituales en el planeta.

El agua alcanza su mayor densidad cerca de los cuatro grados y, por esa razón, el hielo flota en la superficie en lugar de hundirse. Además, actúa como un disolvente muy eficaz porque las cargas eléctricas de sus átomos atraen partículas positivas y negativas de otros compuestos. Esa capacidad facilita muchos procesos biológicos y químicos ligados a la vida.

Las uniones internas frenan la expansión sobre algunos materiales

Las fuerzas internas del agua también condicionan la discusión sobre la humedad. Las moléculas permanecen unidas mediante enlaces de hidrógeno que generan una cohesión muy alta y una tensión superficial superior a la de casi todos los líquidos comunes.

ZME Science explica que esas fuerzas internas dificultan que el agua se extienda con facilidad sobre algunos materiales. Por eso el alcohol puede empapar ciertas superficies mejor que el agua, ya que la sensación de humedad aparece cuando un líquido consigue quedarse adherido y formar una capa perceptible sobre otro material.

El comportamiento cambia mucho según la superficie que entra en contacto con el agua. Algunas telas impermeables o materiales hidrofóbicos hacen que las gotas mantengan una forma casi esférica para reducir el contacto.

BBC Science Focus detalla que el ángulo formado por una gota permite medir hasta qué punto una superficie repele el agua. Una superficie completamente repelente alcanzaría un ángulo de 180 grados, mientras otra totalmente mojable llegaría a cero grados. Ese equilibrio depende de la relación entre las fuerzas adhesivas, que atraen el agua hacia la superficie, y las cohesivas, que mantienen unidas las moléculas.

Existen además algunos casos menos conocidos que complican todavía más la discusión. Algunos investigadores hablan de agua mojada cuando el líquido recibe agentes humectantes que reducen la tensión superficial y mejoran su capacidad para extenderse y penetrar en materiales. También hay una situación límite relacionada con el tamaño de las moléculas. El agua solo actúa plenamente como líquido cuando reúne seis moléculas o más. Con cantidades inferiores sigue siendo agua, aunque deja de comportarse como un líquido normal.

Esa variedad de interpretaciones explica por qué la respuesta cambia tanto entre científicos y profesores de lengua. Una parte de los especialistas afirma que el agua no puede estar mojada porque la humedad necesita una superficie distinta sobre la que adherirse.

Otros aceptan que el agua sí estaría mojada si se utiliza una definición basada en la presencia de líquido. El desacuerdo no nace de un error, sino de dos maneras distintas de entender la misma palabra.

La física mantiene abierta una discusión que sigue sin acuerdo

La definición más usada en física describe la humedad como el estado que aparece cuando un líquido cubre una superficie. Según esa explicación, la sensación húmeda surge porque el agua deja una película sobre la piel u otro material. Esa capa altera la temperatura y produce el efecto que normalmente se asocia al agua.

La discusión continúa abierta, aunque el propio comportamiento del agua deja claro que un líquido tan abundante todavía guarda preguntas difíciles de responder.

El exministro Federico Trillo (PP) atribuyó este lunes los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid a comandos “enviados por Marruecos” y “bajo control y coordinación de los servicios secretos franceses”.

Así lo apuntó en el acto de presentación de su libro 'Memorias de anteayer', en el Círculo Ecuestre de Barcelona, presentado por el exdiputado del PP Manuel Milián Mestre.

Trillo expuso una teoría sobre la autoría de los atentados del 11M que se contrapone a la que sostuvo el Gobierno de José María Aznar y que atribuía responsabilidades a ETA.“Tengo la absoluta convicción de que fueron los comandos 'moritos', enviados por Marruecos, bajo control y coordinación de los servicios secretos franceses. Esa es mi conclusión. Siento ser tan claro”, afirmó.

Según Trillo, “tanto la CIA como el MI6 coinciden en que detrás de los moros había un servicio de inteligencia continental”.

Trillo destacó la “torpeza” con la que su Gobierno gestionó aquella crisis, una gestión que “fue no mala, lo siguiente”.

El Gobierno de Aznar, comentó, cometió el “error” de no reunir al gabinete de crisis, lo que en ese momento dejó fuera del núcleo que debía analizar las causas y consecuencias de los atentados a los vicepresidentes Rodrigo Rato y Javier Arenas y al ministro de Defensa, el propio Federico Trillo.

“José María se encerró el jueves y el viernes con el ministro portavoz, Eduardo Zaplana, y el ministro del Interior, Ángel Acebes, y no quiso de ninguna manera que estuviéramos Rodrigo Rato, el ministro de Defensa o el vicepresidente Javier Arenas”, señaló.

Fraga sugirió relevar a Rajoy como candidato

También explicó que el expresidente gallego Manuel Fraga Iribarne, meses después de la derrota del PP en las elecciones generales de 2004, sugirió reemplazar a Mariano Rajoy como candidato del PP a la Moncloa.

En julio de 2004, recordó, Rajoy le pidió que fuera a hablar con Fraga para intentar convencerlo de que renunciara a presentarse a la reelección como presidente de la Xunta de Galicia.

Trillo se reunió con Fraga, que no solo no transigió con la idea de ceder paso como candidato a la reelección, sino que le dijo a su interlocutor: “No tenemos candidato a la presidencia del Gobierno”.

“A mí me había mandado Rajoy, que acababa de perder las elecciones, pero eran sus primeras elecciones. No podía admitir semejante planteamiento”, razonó Trillo, que justificó la derrota electoral de marzo de 2004 por el impacto del 11M.

Según Trillo, en ese momento Fraga le sugirió dos nombres que a su juicio podrían relevar a Rajoy: “Tú o Alberto Ruiz Gallardón”.

Llama a “quitarnos de encima al tirano de Sánchez”

Refiriéndose a la política actual, se mostró muy crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su opinión no está a la altura del expresidente socialista Felipe González.

“Felipe nunca llegó al nivel de inmoralidad al que está llegando en este momento Sánchez”, afirmó Trillo, que hizo un llamamiento a “sacar del poder de España a esta mafia que está acabando con la idea de España misma”.

Y planteó: “Si fuimos capaces de quitarnos de encima aquellas corruptelas de González, a pesar de ser el mejor gobernante socialista que hemos tenido, deberíamos ser capaces de quitarnos a este tirano de encima”.

La cara es lo primero que el público usa para reconocer a alguien. Cuando algunos famosos cambian rasgos con cirugía, maquillaje extremo o filtros digitales, parte de la audiencia empieza a dudar y surgen teorías que hablan incluso de sustituciones. Esas sospechas suelen apoyarse en comparaciones de fotos antiguas con imágenes recientes, donde se señalan diferencias en pómulos, mandíbula o sonrisa.

Jim Carrey ha sido uno de los nombres que más comentarios ha provocado en este sentido en los últimos días. Su aspecto reciente ha servido de base para especulaciones que circularon con rapidez en redes sociales, alimentando la idea de que no era la misma persona sobre la alfombra roja.

La organización francesa respondió y confirmó que todo estaba previsto desde meses antes

Ese clima de sospecha tuvo una respuesta clara por parte de la organización de los galardones franceses. Gregory Caulier, delegado general de los Premios César, explicó a Variety que la presencia de Jim Carrey estaba prevista desde meses antes y negó cualquier suplantación. El actor acudió a la ceremonia celebrada el jueves 26 de febrero en el teatro L’Olympia y recibió un César Honorífico por su trayectoria.

Caulier afirmó que la visita había sido organizada desde el verano anterior y detalló que existieron ocho meses de conversaciones para preparar el momento. En esa misma intervención defendió que no había motivo para sospechas y cerró la cuestión con una afirmación tajante.

Una publicación de Alexis Stone disparó los comentarios y multiplicó la sospecha

La imagen que avivó los comentarios surgió tras una publicación del maquillador de efectos especiales Alexis Stone. En su cuenta compartió una imagen de la noche con el texto “Alexis Stone como Jim Carrey en París”, una frase que no confirmaba nada pero que alimentó las dudas porque su trabajo consiste en caracterizaciones que transforman por completo el aspecto de una persona.

Según Cosmopolitan, miles de usuarios reaccionaron en pocos minutos y la actriz Megan Fox escribió “no puedo soportar más estrés ahora mismo necesito saber si esto es real”. Esa intervención multiplicó el alcance de esta teoría y situó la sospecha en primer plano.

La representante del actor salió al paso y defendió que acudió personalmente a la gala

Frente a esa ola de comentarios, la publicista del actor, Marleah Leslie, habló con TMZ y dejó clara su versión. Leslie, que trabaja desde hace años con Carrey y le acompañó en la gala, afirmó en ese medio que “Jim Carrey asistió a los Premios César, donde aceptó su Premio César Honorario”. Con esa frase buscó zanjar cualquier teoría sobre dobles o prótesis. Además, su presencia en el teatro formaba parte del grupo cercano que viajó con él a la capital francesa.

El propio Caulier aportó más detalles sobre esa comitiva cuando explicó en Variety que el intérprete acudió con su pareja, su hija, su nieto y doce amigos y familiares. También señaló que su publicista le acompañó durante la estancia y que Michel Gondry, director con el que ha rodado una película y dos series, estuvo presente y celebró el reencuentro.

En relación con el aspecto físico del actor, que es lo que más polvareda ha levantado en redes, Caulier restó importancia a los comentarios y afirmó que “para mí no es un problema”. En la misma conversación añadió que se quedaba con “su generosidad, su amabilidad, su benevolencia y su elegancia”.

El discurso en francés y la presencia de su equipo reforzaron la versión oficial

La entrega del galardón se produjo en la 51ª edición de los Premios César, bajo las lámparas del histórico L’Olympia, un escenario que atrajo a fotógrafos y asistentes habituales de la industria francesa. Carrey posó ante las cámaras, saludó y pronunció un discurso que había preparado en francés durante meses, según detalló Caulier, que contó que el actor le consultaba la pronunciación exacta de ciertas palabras. Esa preparación previa contradice la idea de una aparición improvisada o fingida y muestra un trabajo real antes de la ceremonia.

Cuando las imágenes circularon por plataformas digitales, algunos usuarios revisaron sus gestos y expresiones para buscar diferencias respecto a años anteriores. Ese examen minucioso alimentó numerosas teorías que hablaban de cambios radicales en su rostro y de posibles sustituciones.

Sin embargo, las declaraciones de los organizadores y de su entorno profesional apuntaron en la misma dirección y coincidieron en que se trataba del propio actor que acudía a recoger un reconocimiento previsto con antelación.

Rubén Gisbert, el abogado y 'youtuber' conspiranoico que se ha querellado contra la jueza de la dana, pretende “dinamitar el procedimiento”, según afirma la magistrada instructora en un auto dictado este lunes. Gisbert, despedido como colaborador del programa de Iker Jiménez tras haber sido pillado manchándose de barro para una conexión en directo poco después de la catástrofe, se querelló el pasado 24 de febrero (coincidiendo con su comparecencia en la comisión de investigación de las Corts) contra la jueza Nuria Ruiz Tobarra y contra su marido, el también magistrado Jorge Martínez Ribera. Luego, en su canal de Youtube, tildó a la instructora de “delincuente” y “corrupta”. También planteó su recusación, la nulidad de las actuaciones y que se le practicara a la magistrada una evaluación psiquiátrica. Por el contrario, la jueza acuerda en el auto que no ha lugar ni al incidente de recusación ni al de la nulidad de las actuaciones.

La magistrada, en una contundente resolución, afirma que el escrito de Gisbert “destila una absoluta animosidad” hacia ella. “Rezuma de desprecio, no solo profesional, sino una inquina personal del Letrado hacia esta Juez de Instrucción”, afirma.

También cuestiona que la “voluntad de dinamitar el procedimiento” por parte de Gisbert sea la “propia de la posición procesal de acusación”.

El 'youtuber' alude en su querella a unos audios publicados por Okdiario en los que se escucharía al marido de la instructora, también magistrado, en la declaracion —hace más de un año— de los perjudicados (familiares de víctimas) representados por Gisbert.

“La supuesta causa de recusación y todo el contenido de las alegaciones, se remonta tiempo atrás, hace más de un año”, remacha la magistrada.

Rubén Gisbert, a juicio de la instructora, “no expresa ni concreta claramente la causa legal en la que se basa la recusación, ni la indefensión y perjuicio que ha sufrido en declaraciones en las cuales el Letrado estuvo presente, según él mismo manifiesta”. Además, “no consta protesta verbal, ni en el acta ni en un escrito posterior”, recuerda la resolución.

El 'youtuber' pedía la nulidad de una causa en la que han declarado “más de medio millar de personas”. Además, con una “mezcolanza de ideas que nuevamente nos sitúa en una realidad paralela, procesal y fáctica, en la que se obvian principios básicos del ordenamiento procesal y en los que el objetivo principal no es el avance en la instrucción, sino simple y llanamente la desaparición de todo lo actuado, de todas y cada una de las actuaciones procesales, ofrecimientos de acciones, testificales, informes periciales y declaraciones de investigados”.

El “nulo éxito” de Gisbert

“En realidad, el resultado de sus pretensiones en el proceso, más allá de las peticiones de copias de autopsias e informes forenses, ha sido ciertamente escaso y con nulo éxito”, lamenta la jueza, quien enumera alguna que otra diligencia solicitada por Rubén Gisbert y rechazada por “extemporánea”.

“Es comprensible la frustración profesional del Letrado sr. Gisbert por su nulo éxito en las únicas pretensiones que ha formulado, pero no que se torne en un torrente de descalificaciones, a cada cual más gruesa hacia mi persona”, indica la jueza en el auto.

La magistrada también recuerda que “no consta” que la querella del abogado y 'youtuber' haya sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV): “No es por ello causa de recusación y por lo tanto tampoco tiene encaje legal”.

La jueza considera que la pretensión de Gisbert “es simple y llanamente un simple fraude procesal en el que se busca” apartarla del procedimiento, “sin causa alguna”, con un “totum revolutum” que recogen “toda clase de agumentos burdos e inconexos”.

“El absurdo del escrito llega a extremos insospechados cuando en el escrito de recusación/nulidad se le pide a esta Juez que se eleve (sic) testimonio de particulares al Ministerio Fiscal”, dice el auto. “En definitiva, el Letrado sr. Gisbert pide que me denuncie a mí misma”, apostilla.

Por otro lado, Gisbert también pedía que la Audiencia Nacional (AN) asumiera las diligencias de la causa de la dana, alegando una supuesta “nulidad por falta de competencia objetiva por multiterritorialidad de los hechos”. La instructora, además de las resoluciones dictadas sobre la competencia por parte del Tribunal Supremo y la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, concluye que el abogado incurre en un “desconocimiento palmario de las normas competenciales”.

“Difícilmente puede producirse ningún tipo de nulidad, ni alterarse la competencia objetiva” a favor de la AN, teniendo en cuenta que los delitos de homicidios imprudentes no se cuentan entre los que corresponden al órgano judicial con sede en Madrid.

La cultura de la inmediatez aderezada con la teoría del caos amenazan el periodismo o lo que queda de él. Una cosa son los tiempos acelerados, los cambios en el lenguaje y las nuevas herramientas de la era digital y otra muy distinta es que todo ello se anteponga a los principios de rigor, veracidad y objetividad. Si esto además ocurre ante asuntos tan sensibles como el del accidente de ferrocarril en Adamuz que el domingo se cobró en nuestro país la vida de 43 personas, el resultado no puede ser más desolador.

El 'todo vale' vuelve a poner a cierto periodismo frente al espejo de una realidad que abochorna. Sin datos, sin conclusiones de la investigación y con algunos cadáveres aún sobre las vías de tren y ya había diarios e informadores que tenían todas las claves. Ninguna sostenida con una base sólida o irrefutable: que si los materiales de la infraestructura ferroviaria eran “low cost”; que si la falta de inversión en el mantenimiento de la red; que si la supresión de un organismo de seguridad; que si las incidencias no atendidas; que si la desatención a las quejas de los sindicatos de maquinistas… 

La responsabilidad en algunos rincones de una profesión imprescindible para vertebrar la democracia y garantizar el derecho a una información veraz ha vuelto a brillar por su ausencia en un momento, sí, en el que las víctimas reclaman explicaciones y respuestas, pero no que una tragedia se convierta en conversación especulativa de barra de bar a golpe de titulares manipulados, cábalas improvisadas o comentarios de supuestos expertos en la materia. Y esto sin entrar en las teorías conspiranoicas y la difusión de bulos.

El martilleo de los medios afines a PP y Vox sobre el “Gobierno del caos” se ha encontrado con un trágico accidente de tren que, como ya sucedió ante el apagón eléctrico de la pasada primavera, alimenta su relato sobre “un país tercermundista” donde reina el desorden, la corrupción y la incompetencia. No es un discurso inocuo, sino una parte nuclear de la estrategia de polarización y desconfianza en las instituciones con la que proyectar la imagen de un país en el que nada funciona.

El objetivo de ese marco ficcionado de desconcierto constante es que del desorden y la decadencia provocados, por supuesto, por el Gobierno de Pedro Sánchez, surja algo superador que ordene la situación y que provoque un estado de ánimo que impulse el voto a las derechas. El problema para el PP es que lo nuevo y la solución para todos los males que proyecta no es Feijóo, como demuestran todas las encuestas, sino un Vox que aún no ha tocado techo en el tablero electoral. 

En Los ingenieros del caos, Giuliano da Empoli (Anaya en 2020) ya explicaba cómo la propaganda se ha reinventado para adaptarla a la era de las redes sociales y que su objetivo ahora ya no es tanto unir a la gente en torno a un mínimo común denominador, sino inflamar las pasiones del mayor número de gente. Y añadía que para ello se necesitan dos elementos clave: la ira de ciertos sectores de la clase trabajadora, que responde a problemas sociales y económicos reales, y una potente maquinaria de comunicación al servicio de quienes quieren multiplicar el caos. Algo con lo que sin duda cuentan las derechas.

De ahí, la desinformación, el carrusel de noticias sin contrastar y la sarta de imprecisiones e hipótesis que tras el accidente de Adamuz se han leído o escuchado en los medios de comunicación alineados con la derecha política. Mientras investigadores, expertos cualificados y el propio ministro de Transportes —que se multiplica desde hace tres días para dar respuestas a todas las preguntas de los medios de comunicación— piden prudencia y apuntan a que con la información disponible aún no se pueden extraer conclusiones sobre la causa del siniestro, medios y dirigentes políticos buscan desesperadamente un relato de culpable único que tenga nombre propio. A ser posible que lleve el apellido Puente o Sánchez.

La experiencia reciente y remota muestra que las investigaciones serias sobre este tipo de siniestros no entienden de prisas. Ni políticas ni mediáticas. Solo la normativa europea exige publicar el informe final antes de doce meses y si no se llega a ese plazo, debe emitirse un avance intermedio. Es decir, incluso con presión pública o publicada, el protocolo está diseñado para que la celeridad no lleve a conclusiones precipitadas. Y así ha ocurrido a lo largo de la historia en los accidentes ferroviarios más graves de Europa. De hecho, según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, los tiempos medios de investigación de accidentes de tren en otros estados oscilan entre los 11 y los 60 meses. Alemania: 34 meses; Dinamarca: 11; Francia: 23; Italia: 18; Suecia: 13; Suiza: 16; Dinamarca: 27 y Alemania hasta 60.

A continuación, algunos ejemplos: 

Eschede (Alemania), 1998. Un tren de alta velocidad (ICE) descarriló y colisionó contra un viaducto provocando 101 muertos y 88 heridos. La causa se debió a la fatiga de una rueda y un fallo técnico. La investigación se inició inmediatamente tras el accidente y los informes iniciales técnicos se publicaron en los meses siguientes. El proceso judicial no finalizó hasta 2003.

Tempi (Grecia), 2023. Una colisión frontal entre trenes de pasajeros y mercancías dejó 57 muertos, alrededor de 180 heridos debido a un error humano y una infraestructura obsoleta. Hasta 2025, dos años después del siniestro, no se presentó el primer informe técnico mientras que el proceso judicial sigue abierto.

Angrois (Santiago de Compostela), 2013. Un Alvia descarriló por exceso de velocidad en una curva y causó 80 muertos y 145 heridos. Los informes preliminares de la investigación técnica (CIAF) se publicaron en 2014, pero la sentencia judicial no llegó hasta 2024. La Agencia Ferroviaria Europea determinó tres años después del siniestro que la composición de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) «no aseguró la independencia de la investigación» del descarrilamiento del tren de Angrois y que en ella no se abordaron «elementos clave». Bruselas defendió que la actuación de la CIAF, dependiente del Ministerio de Fomento, no profundizó en cuestiones como la falta de multitud de análisis sobre la línea, seguridad y el porqué de decisiones tomadas que infringieron claramente la directiva de seguridad europea respecto a la investigación del accidente.

Chinchilla (Albacete), 2003.  Se produjo una colisión frontal entre un tren de pasajeros y otro de mercancías con 19 muertos y 38 heridos debido a una aproximación a vía única sin coordinación adecuada. Los informes técnicos sobre causas y seguridad operativa existieron casi de inmediato tras el accidente, pero la sentencia judicial no llegaría hasta 2006. 

Valencia, julio de 2006. Un tren de metro que viajaba a velocidad excesiva se estrelló en un túnel subterráneo matando a 43 personas e hiriendo a muchas más. Se tardaron 13 años en que un tribunal encontrara culpables de homicidio negligente a cuatro gerentes del sistema de metro de la ciudad por no tomar las medidas de seguridad necesarias para prevenir la tragedia.

Con Adamuz, la experiencia y la prudencia recomiendan comprender antes de señalar causas o responsables porque si algo han enseñado ya las grandes catástrofes ferroviarias es que el progreso en seguridad, aseguran los expertos, no nace del análisis más rápido, sino de las evidencias más pacientes. Y esas evidencias no parecen fáciles de apreciar.

Un juzgado de lo penal sentará en el banquillo el próximo mes de marzo a Pilar Baselga, conocida difusora de bulos y teorías de la conspiración en Telegram y YouTube, por una mentira que difundió en el canal de televisión DistritoTV: que Begoña Gómez es una mujer transexual y que su verdadero nombre es “Begoño”. Según ha podido comprobar elDiario.es, el juicio contra ella y con Begoña Gómez como víctima arrancará el 12 de marzo en un juzgado de la calle Julián Camarillo de Madrid por unas declaraciones realizadas a finales de 2022.

Pilar Baselga lleva varios años siendo uno de los nombres más reconocidos del ecosistema español de los bulos masivos y las teorías de la conspiración. Desde su canal de Telegram, donde acumula casi 16.000 seguidores en la actualidad, como en otras redes sociales y con colaboraciones en diversos medios, esta licenciada en Historia del Arte ya ha sido acusada judicialmente por difundir bulos como el del Bar España, además de haber movido también el de cientos de muertos ocultos en aparcamientos subterráneos de València durante la DANA, como el de Bonaire.

Baselga empezó su cruzada contra Begoña Gómez en 2022 y desarrolló parte de sus ataques desde DistritoTV, cadena que llegó a disculparse por escrito y en antena por sus palabras. “Nuestra querida primera dama, bueno segunda dama porque la primera es la reina, me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera 'Begoño'. Esta esposa del presidente o esposo viene de una familia de tradición de saunas gays, esto hay que decirlo”, aseguró en el programa 'Los Intocables' de este canal.

En su declaración como investigada por injurias y calumnias, en abril de 2024, Baselga se acogió a su derecho a no declarar y ahora los tribunales han puesto fecha al juicio contra ella: el próximo 12 de marzo en un juzgado de lo penal de la capital. Esta no es la única causa en la que los jueces investigan si la esposa del presidente del Gobierno ha sido víctima de bulos sobre su vida personal y profesional. Otro juzgado de Madrid imputó hace meses al conspiranoico Alberto Royuela por difundir noticias falsas en YouTube sobre sus inexistentes cuentas bancarias en Marruecos.

Las acusaciones de Baselga y el canal DistritoTV contra Begoña Gómez se han desarrollado en varios ámbitos y no solo en el de los bulos lanzados en internet. Baselga y el canal fueron los primeros en denunciar por lo penal a la esposa de Pedro Sánchez ya en 2023 por su trabajo en la Universidad Complutense de Madrid. El abogado que ha representado a Pilar Baselga en varios procesos obtuvo documentación de la universidad a través de peticiones de información y después Baselga presentó varias denuncias que no llegó a ratificar y por tanto no fueron tramitadas por los tribunales.

Estas fueron las primeras denuncias que se presentaron en los juzgados contra Gómez, un año antes de que Manos Limpias presentara la que derivó en la apertura de la causa por parte del juez Juan Carlos Peinado. En los últimos años, tras la interposición de la querella, Baselga se ha intentado disculpar o desmentir sus propias afirmaciones: “Begoña es mujer y siempre lo ha sido”, dijo en su canal de Telegram. Llegó a afirmar que había viajado al pueblo materno de Gómez en León para comprobarlo. “Allí nadie sabía lo de Begoño”.

Begoña Gómez ha vuelto este martes a los juzgados de Plaza de Castilla pero esta vez como víctima. La esposa del presidente del Gobierno ha comparecido como afectada en una causa judicial que investiga el bulo que Alberto Royuela, conocido ultraderechista y conspiranoico, difundió en YouTube sobre ella y cuentas bancarias inexistentes en un banco marroquí. Uno de los múltiples bulos que han circulado sobre ella desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa: una conocida conspiranoica está a la espera de juicio por afirmar que Begoña Gómez es una mujer transexual. Esta es también una de las múltiples causas abiertas sobre los bulos difundidos por Alberto y Santiago Royuela, los conspiranoicos autores del 'Expediente Royuela'.

En este caso fue el banco Attijariwafa el que denunció en los juzgados que diversas campañas conspiranoicas en internet radicadas en España estaban perjudicando su imagen internacional. Una denuncia que señaló a vídeos del canal de YouTube de los Royuela publicados a lo largo de 2024. Entre otros, uno en el que Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa comentaban la existencia de “conversaciones” desveladas entre Begoña Gómez y autoridades de Marruecos: supuestas transcripciones, similares a las que llevan años difundiendo sobre jueces, fiscales y políticos sin ninguna prueba, en las que se habla de diversas ilegalidades vinculadas a Pedro Sánchez y a Rabat.

El vídeo viralizado de Royuela y Martínez Grasa tiene el mismo formato que el resto de bulos y campañas de desinformación que esta familia de extrema derecha lleva difundiendo por internet desde hace dos décadas: transcripciones y pantallazos de cuentas bancarias de procedencia ignota que atribuyen dinero en paraísos fiscales o crímenes masivos a políticos, jueces, fiscales y periodistas sin ningún tipo de prueba. Tanto Alberto Royuela como su hijo Santiago y el propio Juan Martínez Grasa están imputados en varias causas y han llegado a estar en prisión preventiva por esta difusión masiva de bulos.

Attijariwafa acudió a los juzgados y Begoña Gómez, protagonista de estos bulos, ha comparecido este martes como perjudicada. Según fuentes conocedoras de la cita judicial, Gómez ha negado de forma tajante el contenido de estas conversaciones y todas las cuentas e ilegalidades que el vídeo le atribuye. De todos los bulos que circulan sobre Begoña Gómez desde 2018, su relación con Marruecos es caza mayor para la conspiranoia española: las especulaciones sobre la información que Rabat pueda atesorar sobre la ella y el presidente y que el PP, incluso, ha llevado al Parlamento.

En esta causa judicial, el banco marroquí denuncia el bulo pero también que Royuela y su socio Martínez Grasa difundieran documentación supuestamente falsificada. Imputaciones similares a las que pesan sobre el ecosistema del 'Expediente Royuela' en distintos juzgados y tribunales y con diferentes víctimas. Desde la Audiencia Nacional hasta un juzgado de Barcelona, los tribunales investigan a los Royuela y su socio, el exjuex Fernando Presencia, por la difusión masiva de bulos y las colectas de miles de euros entre los que creen estar apoyando su lucha contra la corrupción.

Alberto Royuela fue una de las caras visibles de la extrema derecha barcelonesa en los primeros años de democracia. Subastero y miembro de la Guardia de Franco, puso en marcha el conocido como 'Expediente Royuela' después de la muerte de uno de sus hijos, de la que siempre culpó sin pruebas al fiscal José María Mena y una supuesta organización de jueces, fiscales y políticos dedicada a los asesinatos de Estado. Ningún juez otorgó nunca la más mínima credibilidad a este expediente que también se encargó de difundir su hijo Santiago, ultraderechista condenado, entre otras cosas, por su relación con los ultras del FC Barcelona o por preparar un atentado terrorista contra un concierto de Fermín Muguruza.

Su alianza con Fernando Presencia, exjuez expulsado de la judicatura tras varias condenas por prevaricar, relanzó al éxito de internet al 'Expediente Royuela', esta vez añadiendo que la supuesta organización criminal había intentado perjudicar a este juez corrupto. La Audiencia Nacional investiga precisamente eso: si Presencia y los Royuela difundieron durante años noticias falsas atribuyendo cuentas ocultas y crímenes a jueces, fiscales, periodistas y políticos sin pruebas mientras recaudaban miles de euros que, lejos de dedicarse a la lucha contra la corrupción, se quedaban en sus bolsillos.

Los Royuela pasaron por prisión provisional mientras que Presencia sigue preso, aunque no es la única causa judicial que pesa sobre este grupo. Un juzgado de Barcelona, tal y como reveló elDiario.es, ha procesado recientemente a Santiago Royuela por difundir bulos similares sobre Sergio Santamaría, exdiputado del PP en el Parlament catalán.

Un hombre avanzó con sigilo por los pasillos de piedra del Palacio de Westminster. Llevaba capa, botas y espuelas, preparado para huir si algo salía mal. Se llamaba Guy Fawkes y custodiaba un sótano repleto de leña bajo la sede del Parlamento inglés.

La quietud de aquella noche de noviembre terminó cuando unos guardias movieron los haces de madera y dejaron al descubierto decenas de barriles de pólvora. Esa escena dio comienzo a uno de los episodios más conocidos de la historia británica.

Una conspiración que nació del desencanto religioso

El intento de Fawkes y de sus compañeros de volar el edificio durante la apertura del Parlamento el 5 de noviembre de 1605 pretendía eliminar al rey Jacobo I y a sus ministros. El grupo, liderado por Robert Catesby, planeó reemplazar el gobierno protestante por uno católico.

Los conspiradores habían acumulado 36 barriles de pólvora en un sótano alquilado y confiaban en que Fawkes, experto en explosivos tras servir en el ejército español en Flandes, lograra encender la carga. Sin embargo, una denuncia anónima entregada al católico Lord Monteagle permitió a las autoridades descubrir la trama horas antes de que se ejecutara.

La conspiración nació en un clima de persecución religiosa. Desde la reina Isabel I, Inglaterra imponía un culto protestante que castigaba con multas o prisión a quienes mantenían prácticas católicas. El ascenso de Jacobo I en 1603 despertó esperanza entre los católicos, pero el nuevo monarca mantuvo la línea de su predecesora.

En ese entorno, Catesby concibió la idea de una acción violenta que restaurara la fe católica en el trono inglés. Reclutó a Thomas Winter, John Wright y Thomas Percy, todos miembros de la nobleza descontenta, y pronto sumó a Fawkes, al que conocían por su valentía y su habilidad con la pólvora.

Una carta misteriosa que cambió el destino de los conspiradores

El aviso que frustró el plan llegó pocos días antes de la apertura del Parlamento. Monteagle recibió una carta que decía: “Mi señor, por el aprecio que tengo a algunos de sus amigos, deseo su preservación. Por tanto, le aconsejo que se excuse de asistir al Parlamento, pues recibirán un golpe terrible”.

El noble llevó el mensaje al ministro Robert Cecil, y el rey ordenó registrar los sótanos del edificio. En la noche del 4 al 5 de noviembre, los guardias hallaron a Fawkes con mechas y cerillas entre sus ropas. Fue detenido y llevado a la Torre de Londres.

El interrogatorio se prolongó varios días. Fawkes resistió hasta que Jacobo I autorizó el uso del potro, y entonces confesó los nombres de sus compañeros. Catesby y otros murieron en un tiroteo en Staffordshire; el resto fue apresado y juzgado por traición. Fawkes debía ser ahorcado, descuartizado y expuesto como advertencia. Sin embargo, el 31 de enero de 1606 se arrojó desde la escalera del cadalso y murió al romperse el cuello. Su cuerpo fue igualmente mutilado y enviado a distintos puntos del reino.

Del castigo real a una tradición que sigue viva cada noviembre

El rey optó por contener la venganza contra la población católica. Promovió un discurso en el Parlamento que condenaba la conspiración pero distinguía a los fieles leales. A partir de entonces, el descubrimiento de la conspiración se convirtió en una celebración oficial.

La llamada Ley de Acción de Gracias de 1606 ordenó conmemorar cada 5 de noviembre con sermones y oraciones. Con el paso del tiempo, los fuegos artificiales sustituyeron los rezos y los muñecos con el rostro de Fawkes comenzaron a arder en las hogueras de todo el país.

Los siglos transformaron la figura del conspirador. En los panfletos del XVII fue retratado como traidor, pero en el XX algunos lo vieron como emblema de resistencia frente al poder. El cómic V de Vendetta, de Alan Moore y David Lloyd, y su adaptación cinematográfica de 2005, recuperaron su imagen con una máscara que más tarde adoptaron distintos movimientos de protesta. Cada noviembre, las hogueras que iluminan Inglaterra recuerdan al soldado que creyó poder cambiar el destino de su país con pólvora y acabó convertido en leyenda.

Segundo capítulo de la séptima temporada del reality show The Kardashian que emite Disney+. Kim Kardashian se acerca con su móvil a la actriz Sarah Paulson, con la que comparte escenas y protagonismo en su próxima serie Todas las de la ley (también de Disney+, las casualidades...), y le dice “te voy a enviar un millón de artículos sobre Buzz Aldrin y el otro”. A continuación, y mientras una se retoca el maquillaje y a la otra la peinan, comienza a leerle en voz alta un artículo que supuestamente probaría que la misión Apolo 11 fue un montaje.

“No hubo momento de miedo porque no ocurrió. Podría haberlo sido, pero no lo fue porque no pasó”, lee la también influencer y empresaria en referencia a unas supuestas palabras del astronauta, que fue el segundo ser humano que pisó la superficie lunar después de Neil Armstrong en 1969.

En un momento posterior, Kardashian insiste en que ella cree que el alunizaje fue “falso”. “He visto varios vídeos en los que Buzz Aldrin dice que no ocurrió. Lo dice todo el tiempo, en entrevistas. Quizá deberíamos encontrarle”, asegura al tiempo que matiza que sucede ahora porque “se le escapan” este tipo de comentarios al estar ya mayor. Además, también explica a cámara que “siempre” está pensando en conspiraciones: “Van a decir que estoy loca pase lo que pase. Pero, por favor, vayan a TikTok, compruébenlo”.

Estas declaraciones, que reviven una de las teorías favoritas de los conspiranoicos, no pasaron desapercibidas en la NASA. Solo un par de horas después de la emisión del capítulo, el administrador interino de la agencia espacial estadounidense, Sean Duffy, recurrió a X para corregir a Kim Kardashian. Citándola directamente y con un corte del episodio, explica que “hemos estado en la Luna antes… ¡6 veces!”. Además, también añade que “con el programa Artemis volveremos bajo el liderazgo del presidente Donald Trump”: “Ganamos la última carrera espacial y ganaremos esta también”.

Tras esta mención directa, Kim Kardashian aprovechó la atención de la NASA para preguntarle sobre el cometa interestelar 3I/ATLAS (3 por tercero, I, por interestellar, y ATLAS, por los telescopios que lo descubrieron) que ha generado también locas teorías abonadas desde las redes sociales, y también por algún científico mediático, que hablan de naves extraterrestres, el fin del mundo o un complot en la NASA. “¡Excelente pregunta!”, responde de nuevo Sean Duffy que apunta que “las observaciones de la NASA demuestran que este es el tercer cometa interestelar que pasa por nuestro sistema solar. No hay extraterrestres. No representa ninguna amenaza para la vida en la Tierra”.

En esta segunda interacción, Duffy aprovecha para invitar a Kim Kardashian al próximo lanzamiento de la NASA en el Centro Espacial Kennedy. “Nos encanta tu entusiasmo por nuestra misión Artemis a la Luna”, concluye el jefe de la agencia espacial. De momento, la influencer no se ha pronunciado públicamente sobre esta invitación.

Las teorías de la conspiración alrededor del alunizaje del Apolo 11 en 1969 son una constante en redes sociales, aunque previamente lo fueron en otros ámbitos alentadas, por ejemplo, por el falso documental Operación Luna (2002) que sembró la polémica al recrear el famoso bulo de que Stanley Kubrick habría rodado aquel aterrizaje para la NASA. Es más, este mockumentary le sirvió en 2018 de excusa a Iker Casillas para asegurarle a sus miles de seguidores en redes sociales que los estadounidenses “nos la colaron” con la llegada a la luna.

En aquella ocasión, quién intentó sacar del error a nuestra Kim Kardashian patria fue el astronauta y por entonces ministro de Ciencia, Pedro Duque. “Los hechos no cambian opine la gente lo que opine. Los aparatos que llevaron, las huellas, los reflectores láser seguirán estando allí. La foto que despertó el sentimiento de conservación de la Tierra sigue existiendo”, respondió al exfutbolista.

Un juzgado de Barcelona ha decidido enviar al banquillo a Santiago Royuela, uno de los mayores difusores de teorías de la conspiración en España y condenado por terrorismo de extrema derecha, por difamar y amenazar a un exdiputado del PP en el Parlament de Catalunya. La magistrada que investiga a este ultraderechista, varias veces condenado y también imputado en la Audiencia Nacional por hechos similares, entiende que pudo incurrir en varios delitos cuando difundió en su canal de YouTube que Sergio Santamaría tenía más de un millón de euros escondidos en México para después amenazarle por WhatsApp con varios audios. “El CNI no se equivoca, voy detrás tuyo” (sic), llegó a decir el imputado a la víctima.

Santiago Royuela es uno de los hijos de Alberto Royuela, conocido ultraderechista y subastero barcelonés que desde hace décadas difunde la Biblia conspiranoica conocida como 'Expediente Royuela'. Se trata de un compendio de documentos con los que intenta demostrar que en España existe un entramado corrupto de fiscales, jueces, políticos y periodistas que promueven los asesinatos de Estado mientras mueven y esconden millones de euros en paraísos fiscales.

El 'Expediente Royuela' arrancó cuando este subastero ligado a la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco culpó a un supuesto entramado corrupto liderado por el fiscal José María Mena de matar a uno de sus hijos. La teoría de la conspiración, a la que se sumó su hijo Santiago, se convirtió en una sucesión de documentos y manuscritos con los que afirmaban poder demostrar que en España una mafia política y judicial cometía asesinatos de Estado mientras movía y escondía millones de euros en paraísos fiscales de todo el mundo.

Alberto y Santiago Royuela nunca han conseguido que su expediente pase un solo filtro judicial y los tribunales se han negado a dar la más mínima credibilidad a uno solo de sus papeles. Pero su canal de YouTube, creado en el verano de 2022 y que acumula más de 11.000 suscriptores y casi 300 vídeos, se ha convertido en una ametralladora de bulos, conspiraciones y acusaciones sin fundamento. En 2022 le llegó el turno a Sergio Santamaría, entonces diputado del PP por Girona en el Parlament, a quien Santiago Royuela acusaba sin pruebas de tener 1,2 millones escondidos en México junto con otros políticos catalanes de varios partidos.

Es la estrategia que los Royuela desarrollan desde hace años en su canal de YouTube, ocasionalmente acompañados de Juan Martínez Grasa y en los últimos años asociados con el exjuez corrupto Fernando Presencia: afirmar que unas fuentes anónimas les han hecho llegar listados de cuentas bancarias en paraísos fiscales asociadas a sus víctimas. Pero el caso de Sergio Santamaría, ahora fuera de la política, se desarrolló de forma distinta: Santiago Royuela, de forma inédita, reconoció en un vídeo que se había equivocado.

Los “topos”, a quien Royuela atribuye los documentos con los que endosa millones y asesinatos a sus objetivos, se habían equivocado por primera y única vez. “He entendido que era una imprudencia lo que se ha cometido con esta persona”, dijo en un arrepentimiento inédito. Pero volvió a la carga un mes después: más vídeos con más acusaciones falsas y audios con amenazas al exdiputado del PP.

La causa avanzó de forma tortuosa en el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, reabriendo el caso por orden de la Audiencia Provincial y con intentos fallidos de conciliación, hasta el auto de procesamiento dictado por la magistrada hace unos días, dando diez días a la Fiscalía y a Santamaría para que insten la apertura de juicio oral o el archivo. “La información fue rectificada, no obstante el querellado ha seguido difundiéndola”, explica la magistrada. Los mensajes de audio que envió al teléfono del exdiputado, además, tenían “contenido amenazante”.

Del 'Expediente Royuela' al 'caso Presencia'

Santiago Royuela ya sabe lo que es sentarse en un banquillo de los acusados, con dos condenas ya a sus espaldas. Su primera condena fue por participar en un intento de atentado terrorista de extrema derecha contra el cantante Fermín Muguruza, fundador de Kortatu: seis años de prisión por terrorismo. Fue condenado por elaborar un explosivo casero para hacerlo explotar en un concierto que el artista vasco iba a dar en el centro cívico de las cocheras de Sants, en Barcelona. Royuela y sus compinches no calcularon bien los componentes y el artefacto explotó en sus manos, enviando a todos al hospital.

Su segunda condena, de tres años y medio de cárcel, vino por su etapa como parte de una mafia vinculada a los Casuals, escisión de los radicales violentos blaugranas Boixos Nois, y también dibuja sus vínculos con la extrema derecha. Según esa sentencia, Royuela participó en la acción de “apuñalar en la cabeza” a un hombre para evitar que participara en una subasta en 2008. El sumario destacó la relación entre la familia Royuela y estos grupos radicales en Barcelona.

Ahora Royuela, desaparecido de su canal de YouTube que maneja su padre, se enfrenta a dos nuevos frentes judiciales: el posible juicio por difamar y amenazar al exdiputado catalán del PP Sergio Santamaría y la investigación en la Audiencia Nacional por formar parte del entramado de noticias falsas del exjuez Fernando Presencia y su asociación ACODAP. Esa causa, según fuentes jurídicas, sigue en fase de instrucción y el juzgado aumentó antes del verano seis meses más el plazo para investigar a la espera de varios informes económicos sobre la trama.

Fernando Presencia fue juez en Talavera de la Reina (Toledo) hasta que fue expulsado de la judicatura tras ser condenado dos veces por prevaricación en el Tribunal Supremo por beneficiar a amigos y conocidos en distintos procedimientos seguidos en su juzgado de la localidad toledana. Empezó entonces una estrategia para intentar desacreditar a jueces, fiscales, políticos y vocales del Consejo General del Poder Judicial que en algún momento le habían perjudicado. Se asoció con los Royuela para difundir su 'Expediente' e incluir hallazgos escandalosos y carentes de pruebas sobre sus enemigos.

Ahora Presencia está en prisión y tanto Alberto como Santiago Royuela están imputados bajo la acusación de formar parte de la maquinaria de 'fake news' del exjuez, así como de quedarse con miles de euros que sus seguidores donaban a la asociación ACODAP para, supuestamente, luchar contra la corrupción.

Un periodista, un cantante o un actor podían convertirse en noticia pocas horas después de que Aaron Ramsey celebrara un gol. La secuencia se repetía tantas veces que en redes sociales se asumía como una especie de aviso previo. Cada tanto que marcaba, el mundo parecía contener la respiración. La coincidencia se extendió tanto que la idea de que alguien muy conocido moriría tras un gol suyo acabó convirtiéndose en una parte más del relato que todavía sigue acompañando su trayectoria deportiva.

De Bin Laden a Robin Williams, las muertes asociadas a sus goles recorrieron todo tipo de ámbitos

El diario The Telegraph explicó que esa serie de muertes dio origen a la llamada maldición de Aaron Ramsey, una teoría que se popularizó por la extraña frecuencia con la que un fallecimiento famoso seguía a sus anotaciones. No era la muerte lo que sorprendía —muere gente todos los días—, sino el alcance de los nombres que aparecían después. El concepto se consolidó entre 2011 y 2016, cuando varios de sus goles coincidieron con las muertes de figuras de enorme proyección internacional.

El primer caso ampliamente comentado fue el de Osama bin Laden, muerto el 2 de mayo de 2011, un día después de que Ramsey marcara contra el Manchester United. Poco después, Steve Jobs falleció el 5 de octubre de ese mismo año, tres días después de otro tanto del galés ante el Tottenham Hotspur. En octubre también se sumó Muamar el Gadafi, que murió un día después de que Ramsey anotara frente al Marsella en la Liga de Campeones.

La lista de coincidencias siguió creciendo con rapidez. En 2012, Whitney Houston murió el mismo día que el centrocampista marcó frente al Sunderland. En 2013, Paul Walker perdió la vida tras un accidente de coche poco después de que el futbolista consiguiera un doblete contra el Cardiff City. En 2014, la muerte de Robin Williams se produjo un día después de que Ramsey anotara ante el Manchester City en el Community Shield disputado en Wembley.

Actualmente, el centrocampista juega en PUMAS de México. En su nuevo equipo solamente ha marcado un gol, suficiente como para seguir agrandado su leyenda negra. Pocos días después de anotar murió por el diseñador Giorgio Armani.

Entre los casos más citados también figuran David Bowie, Alan Rickman, Nancy Reagan o Stan Lee, cuyas muertes coincidieron temporalmente con algunos de sus goles. Esas repeticiones alimentaron la percepción de un patrón fatalista en torno a Ramsey. Incluso se le relaciona con el fallecimiento de Andrés Montes.

El número de coincidencias alcanzó una proporción que llamó la atención con algo más del 21%. Se contabilizaron más de una veintena de fallecimientos de figuras conocidas ocurridos tras alguno de los 102 goles que Aaron Ramsey ha marcado entre clubes, la selección de Gales y el combinado del Reino Unido.

Ramsey acabó riéndose del mito y lo redujo a una simple coincidencia sin importancia

Con el tiempo, el propio jugador tuvo que pronunciarse. En una entrevista recogida por TUDN, explicó su postura sobre la superstición. “Son solamente tonterías. Empezó con que era al siguiente día, luego una semana y luego solo estaban tratando de meter cualquier cosa. Pero no es algo que me moleste, yo quiero meter más goles”, afirmó.

Las declaraciones de Aaron Ramsey restaron dramatismo al asunto, aunque no impidieron que el mito siguiera vivo. Las redes mantuvieron su atención en cada una de sus apariciones, esperando si la coincidencia se repetiría. Al final, la historia quedó como un ejemplo de cómo la repetición casual de hechos puede dar forma a una leyenda, capaz de sobrevivir incluso a la propia carrera del jugador.

La jueza instructora de la causa de la dana se ve obligada a malgastar parte de su tiempo en frenar a los 'conspiranoicos' que sobrevuelan el procedimiento. La magistrada, en un auto dictado este lunes, arremete contra las “teorías de la conspiración” y a estas visiones 'complotistas' opone la “simple lógica de la forma de ocurrencia de los hechos”. Lo hace en una resolución que desestima el recurso de reforma de la acusación particular que ejerce Yolanda Garrido Ramos contra el auto del pasado 4 de septiembre que la expulsó de la causa. La Fiscalía, tal como ha informado este diario, también se opone al recurso.

Se trata de una acusación, representada por la letrada Pilar Esquinas, que pretendía personarse en la pieza separada abierta por la magistrada para valorar la conveniencia de sancionar al letrado de la defensa de Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias.

Garrido, que perdió el pasado 29 de octubre a su hermano, su cuñada y a su sobrino de cuatro años, estaba inicialmente representada por la asociación Liberum. Sin embargo, tras un cambio en su representación letrada, la “única actuación penal” que ha llevado a cabo su nueva abogada ha sido pedir su personación en la pieza separada relativa a la defensa de Argüeso y solicitar una certificación sobre la supuesta participación del marido de la magistrada en interrogatorios a víctimas de la dana o en la redacción de resoluciones del procedimiento.

Unas insinuaciones ventiladas por las defensas de los investigados (y por ciertos medios de comunicación afines al PP) de las que se hace eco abiertamente la representación jurídica de la acusación particular que ejerce Yolanda Garrido Ramos.

El escrito de la acusación, destaca la jueza, combina una “alineación total” con la posición procesal de Emilio Argüeso, y con una solicitud de pruebas que pretenden que, lejos de aclarar los trágicos hechos del 29 de octubre (la “pérdida de las 229 vidas humanas”), investigar a la jueza Nuria Ruiz Tobarra y, “por supuesto”, a su marido, el también magistrado Jorge Martínez Ribera.

“Se pretende una deriva aberrante del procedimiento, en este caso por una acusación particular, que asume las tesis de la defensa del Sr. Argüeso”, afirma el auto.

“Existe una clara voluntad del ejercicio de la acción penal contra mí por la propia Yolanda Garrido Ramos”, sostiene la jueza, que alude a unas declaraciones de la mujer en una manifestación minoritaria y de tintes conspiracionistas celebrada en Madrid el pasado 29 de junio (a la que también asistieron neonazis del grupúsculo Núcleo Nacional). Garrido dijo, según detalla el auto: “Nuria debería estar en la cárcel y, de hecho, si no cambia la instrucción y sigue las directrices de los que le mandan vamos a ir a por ella”.

También reiteró: “El pueblo entero va a ir a por ti, Nuria”. Así, la magistrada considera que el escrito de solicitud de prueba de la letrada de la mujer está “en perfecta consonancia con las manifestaciones” de su clienta. Yolanda Garrido exclamó: Hay miles de asesinados y la justicia no va a hacer nada“.

El video en cuestión figura en el procedimiento y “es suficientemente explícito de cuál es su voluntad en este proceso”, afirma la instructora. Sin embargo, esas manifestaciones “no eran nuevas”, recuerda la resolución en referencia a otras exposiciones públicas de las teorías 'conspiranoicas' de la mujer.

La tesis 'conspiranoica' del satanismo o la masonería

Yolanda Garrido, en resumen, considera que los “responsables” de la dana son “gente satánica o masones” o que la investigación de la causa “ha de conectarse con la agenda 2030”, según indica el auto.

“Tampoco procede investigar si la DANA obedeció a lo que se denomina 'geoingeniería marroquí'. Esto último, por lo que he podido saber, implicaría que desde Marruecos se habría alterado el clima y provocado la dana”, afirma la jueza.

Además, agrega, “no consta” que la letrada Pilar Esquinas “se haya opuesto a la voluntad rotunda, pública y permanente en el tiempo, de lo que es el origen de los fallecimientos de la DANA (rituales satánicos, agenda 2030), de las teorías conspirativas de ocultación de fallecimientos, ni de las acusaciones de manipulación de los certificados de defunción”.

La magistrada remarca que su voluntad “clara” siempre ha sido que “todos y cada uno” de los familiares de las víctimas, además de los lesionados, cuenten con representación letrada, incluso oponiéndose a la agrupación de las acusaciones que pedían las defensas y la Fiscalía.

El ejercicio de la acción penal por parte de la mujer “no se vería perjudicada dada la intervención del Ministerio Fiscal y la existencia de múltiples acusaciones populares”, concluye la magistrada.

En los meses más duros de la crisis de la covid, Donald Trump sugirió que quizá los desinfectantes y la luz solar podían servir como tratamiento para el virus. Para su segundo mandato, eligió al activista antivacunas y conspiranoico Robert F. Kennedy como secretario de Salud. Junto a él, hace tan solo unas semanas, vinculó el autismo con las vacunas infantiles y con el uso de paracetamol durante el embarazo. Estos son solo tres episodios de los muchos que componen la historia de desamor entre el presidente de Estados Unidos y la evidencia científica. 

Esos discursos cruzan el charco y se reproducen, en mayor o menor medida, en conversaciones que los ciudadanos mantienen con sus médicos, farmacéuticos o incluso en su propio entorno, alimentadas con nuevas confabulaciones que circulan por las redes sociales. No son mayoritarias, pero reflejan un fenómeno más amplio: la erosión de la confianza de parte de la población en la ciencia y en las instituciones.

“Lo que queda con estos discursos no es una desconfianza concreta en el paracetamol, sino una sensación de que las instituciones sanitarias nos engañan, porque dan información contradictoria y todo lo que me han dicho es mentira”, refleja Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud. 

La última Encuesta de Percepción Social de la Ciencia de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), presentada en junio y elaborada con datos de 2024, dedicaba un apartado a la desconfianza en la ciencia y la mentalidad conspirativa, en la que se preguntaba a los entrevistados sobre teorías como las que Trump propaga para identificar el alcance de este tipo de discursos en la opinión pública. 

El resultado: más de la mitad de la población (56,6%) considera que problemas como la contaminación o el cambio climático ya tienen soluciones técnicas, pero hay fuertes intereses económicos que impiden llevarlas a cabo; el 50,1% cree que las compañías farmacéuticas ocultan los peligros de las vacunas; gran parte de la población piensa que se han producido virus en laboratorios gubernamentales para controlar nuestra libertad (41,6%) y uno de cada tres españoles (33,3%) afirma que la cura para el cáncer existe, pero se mantiene oculta al público por intereses comerciales. Aparecía también una pregunta relacionada con esa reciente intervención del presidente estadounidense. “El Gobierno está tratando de ocultar la relación entre las vacunas y el autismo”. Respondió de forma afirmativa el 24,5% de los encuestados.

Una de las coautoras de esa encuesta, Celia Díaz Catalán, profesora en el Departamento de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que la confianza en las instituciones sanitarias se mantiene alta y estable respecto a años anteriores, aunque “con ligeros matices generacionales y educativos” y con un escepticismo creciente hacia la industria farmacéutica, que no se refleja en la valoración favorable de la población al conocimiento científico y a los profesionales de la salud. “Las personas pueden confiar en la ciencia, en los médicos e, incluso, considerar que una vacuna como la de la covid genera más beneficios que perjuicios, pero muestran recelo ante las empresas que las producen”, asegura.

Por lo general, los discursos de Donald Trump, de miembros de su Administración o de líderes conspiranoicos se interpretan como “extravagancias”, pero cada una de esas ocurrencias, afirma Díaz Catalán, “ocupa un peso importante en la agenda comunicativa, dando lugar a que determinados segmentos de población, especialmente los más politizados o los más activos en redes, refuercen sus predisposiciones previas de desconfianza”.

Los investigadores que realizaron esta encuesta, que se publica desde 2002 con carácter bianual, han detectado que estas teorías tienen mayor incidencia entre quienes muestran un menor interés en las cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología. “Esto posiblemente refleje que la gente que no busca activamente información relacionada con la salud se ve expuesta habitualmente de forma involuntaria a desinformaciones”, agrega Díaz Catalán. Y es en ese punto en el que los profesionales de la salud más cercanos emprenden su particular cruzada contra los bulos. 

Carlos Fernández Moriano, responsable de Divulgación Científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos asegura que estos mensajes generan “incertidumbre y dudas”. “En las farmacias se vive con pacientes que están en tratamiento con paracetamol durante periodos prolongados y acuden preguntando qué hay de cierto en estos discursos. Estas dudas no son positivas porque generan desconfianza de la población en los medicamentos cuando muchos son necesarios para tratar sus síntomas y enfermedades”. 

Las agencias reguladoras del medicamento, como la AEMPS, en España, o la EMA, a nivel europeo, se mantienen “muy al tanto de todas estas señales o advertencias de seguridad que surgen” y evalúan periódicamente toda la información de la que disponen, de todas las reacciones adversas que se hayan podido notificar y emiten las acciones que consideran, desde una retirada de un medicamento hasta cambios en las condiciones de autorización o cambios en el prospecto, añade al respecto. Y son los propios farmacéuticos y médicos los que se encargan de responder con mensajes divulgativos para transmitir “calma”. 

“De vez en cuando, aparece algún paciente que, por los bulos que circulan por internet y por redes sociales, viene con estas teorías pseudocientíficas. Hay bastantes dudas con las estatinas, un fármaco para el colesterol. Nosotros utilizamos nuestro conocimiento, nos apoyamos en estudios científicos y ponemos nuestro crédito profesional y la relación más personal que tenemos con los pacientes como médicos de familia para hablar con ellos de las dudas que tengan”, asegura Jaime Rol, médico de Atención Primaria en Madrid.

La pandemia tuvo “un doble efecto”, dice Celia Díaz Catalán, porque fortaleció la legitimidad de la ciencia, pero también abrió un espacio de sospecha sobre los intereses políticos y económicos que la rodean. “La confianza sigue siendo alta, aunque algo más crítica y selectiva”, dice. Para Pedro Gullón, la mejor forma de atajar la incertidumbre ante este tipo de declaraciones es “generar confianza en las instituciones, intentando no contradecirse, teniendo una información científica y veraz y siendo transparentes con la población”

Aythami Rivero, médico que participó en el último Congreso sobre negacionismo en las consultas, señala que ahora los negacionistas son más “duros”, tienen una “desconfianza continua”. Y admite que hay un reflejo de esa tendencia en las consultas, donde tiene a un par de pacientes negacionistas por día, y coincide en que hay una gran influencia de las redes sociales: “Dudan porque lo han visto en un vídeo, y ese vídeo para esa persona es más real que lo que te cuenta un médico que se ha formado”.

Frente a la sencillez de la pantalla, la frialdad de la consulta. El médico tiene que convencer al paciente en apenas unos minutos, en los que además tiene que explorarle. “Puede ser hasta frío con el paciente”, recalca Rivero, que hace cierta autocrítica con su profesión: “Los profesionales sanitarios, los médicos, tenemos mucho miedo a la exposición generalizada. Al igual que cualquier influencer sale en Instagram hablando de cualquier enfermedad, nosotros no hemos sido capaces de salir a las redes a comunicar”.

El fiscal ha avalat l’expulsió de la causa de la DANA d’una conspiracionista que va amenaçar obertament la jutgessa instructora, Nuria Ruiz Tobarra. Es tracta de Yolanda Garrido Ramos, que exercia una de les acusacions particulars de la causa després d’haver perdut el 29 d’octubre passat el seu germà, la seua cunyada i el seu nebot de quatre anys. La dona va exclamar el 29 de juny passat a Madrid, durant una manifestació ‘conspiranoica’ en què van participar neonazis, en referència a la jutgessa: “Nuria hauria d’estar en la presó i, de fet, si no canvia la instrucció i segueix les directrius dels que manen, anirem per ella”. També va dir: “El poble sencer anirà per tu, Nuria”. En un vídeo en Youtube, Yolanda Garrido sostenia respecte de la DANA que va ser una riuada provocada per “gent satànica”, “alts càrrecs”, “maçons” i el “poder fosc”.

L’acusació que exerceix Garrido, representada per la lletrada Pilar Esquinas, va ser expulsada del procediment el 4 de setembre passat, després d’haver presentat un escrit amb què pretenia personar-se en una peça separada oberta per la jutgessa per a valorar si s’havia de sancionar disciplinàriament l’advocat de l’ex-secretari autonòmic Emilio Argüeso.

L’escrit de la lletrada Pilar Esquinas, segons la jutgessa, estava “en sintonia perfecta” amb les manifestacions de la seua clienta. Esquinas va recórrer contra la interlocutòria d’expulsió al·legant que havia patit una pretesa violació del dret a la tutela judicial efectiva i impugnant les consideracions de la jutgessa sobre les manifestacions de la seua clienta (com una incorporació il·legítima d’elements extraprocessals), entre altres aspectes ressenyats en un “extens” recurs, segons el fiscal Antonio Ruiz Valero.

“Pel ministeri fiscal es considera que la decisió de la magistrada instructora sobre l’expulsió de Yolanda Garrido Rosa, i, per tant, de la seua representació processal, com a acusació particular en aquest procediment, s’ajusta a dret i està prou justificada, sobre la base dels fonaments fàctics i jurídics continguts en la interlocutòria de data 4 de setembre de 2025”, afirma l’escrit.

El fiscal reconeix que no hi ha una “regulació expressa” sobre l’expulsió d’acusacions particulars en l’ordenament jurídic processal penal, encara que “això no comporta una prohibició, sempre que concórreguen elements per a fer-ho, relatius, fonamentalment, a la vulneració del principi de bona fe processal”, que recull l’article 11 de la Llei orgànica del Poder Judicial. La norma preveu que el respecte de les “regles de la bona fe” en tota mena de procediment.

El representant del ministeri públic, després d’analitzar la fonamentació de la interlocutòria de la jutgessa, considera que conté “prou justificació” per a l’adopció de la decisió d’expulsió del procediment de Yolanda Garrido com a acusació particular, “observant-se una conducta processal substancialment idèntica a l’actuació d’una de les defenses dels investigats, interessant les mateixes diligències instructores i sol·licitant personar-se en una peça separada que únicament incumbeix el lletrat que ha sigut proposat per a sanció; sense que, a més, haja interessat cap impuls del procediment en la línia acusatòria que correspon a una acusació particular”.

Comparteix que va haver-hi “frau processal”

El fiscal comparteix l’exposició de la magistrada instructora sobre l’existència d’un “frau processal” en l’actuació de l’acusació particular, “la conducta de la qual en el procediment no s’ha dirigit a l’exercici de l’acció penal contra les persones que pogueren resultar responsables dels fets objecte del procediment; compadint-se aquesta conducta amb l’existència de declaracions, incorporades al procediment després de la seua obtenció de xarxes socials i plataformes, que denoten una intenció de mantindre la seua línia d’actuació processal”.

L’escrit també descarta que l’expulsió de l’acusació particular representada per la lletrada Pilar Esquinas limite el dret de Garrido a la tutela judicial efectiva i a l’obtenció de la reparació adequada dels seus interessos per via judicial, “tenint en compte la funció constitucionalment atorgada sobre aquest tema al ministeri fiscal”.

El fiscal ha avalado la expulsión de la causa de la dana de una conspiracionista que amenazó abiertamente a la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra. Se trata de Yolanda Garrido Ramos, que ejercía una de las acusaciones particulares de la causa tras haber perdido el pasado 29 de octubre a su hermano, su cuñada y a su sobrino de cuatro años. La mujer exclamó el pasado 29 de junio en Madrid, durante una manifestación 'conspiranoica' en la que participaron neonazis, en referencia a la jueza: “Nuria debería estar en la cárcel y, de hecho, si no cambia la instrucción y sigue las directrices de los que mandan, vamos a ir a por ella”. También dijo: “El pueblo entero va a ir a por ti, Nuria”. En un video en Youtube, Yolanda Garrido sostenía respecto a la dana que fue una riada provocada por “gente satánica”, “altos cargos”, “masones” y el “poder oscuro”.

La acusación que ejerce Garrido, representada por la letrada Pilar Esquinas, fue expulsada del procedimiento el pasado 4 de septiembre, tras haber presentado un escrito con el que pretendía personarse en una pieza separada abierta por la jueza para valorar si se debía sancionar disciplinariamente al abogado de Emilio Argüeso, el exsecretario autonómico Emilio Argüeso.

El escrito de la letrada Pilar Esquinas, según la jueza, estaba “en perfecta sintonía” con las manifestaciones de su clienta. Esquinas recurrió el auto de expulsión alegando que había sufrido una supuesta violación del derecho a la tutela judicial efectiva e impugnando las consideraciones de la jueza sobre las manifestaciones de su clienta (como una incorporación ilegítima de elementos extraprocesales), entre otros aspectos reseñados en un “extenso” recurso, según el fiscal Antonio Ruiz Valero.

“Por el Ministerio Fiscal se considera que la decisión de la Magistrada instructora sobre la expulsión de Yolanda Garrido Rosa, y, por ende, de su representación procesal, como acusación particular en el presente procedimiento, se ajusta a Derecho y se encuentra suficientemente justificada, en base a los fundamentos fácticos y jurídicos contenidos en el auto de fecha 4 de septiembre de 2025”, afirma el escrito.

El fiscal reconoce que no existe una “regulación expresa” sobre la expulsión de acusaciones particulares en el ordenamiento jurídico procesal penal, aunque “ello no conlleva una prohibición, siempre y cuando concurran elementos para ello, relativos, fundamentalmente, a la vulneración del principio de buena fe procesal”, que recoge el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La norma prevé que el respeto de las “reglas de la buena fe” en todo tipo de procedimiento.

El representante del Ministerio Público, tras analizar la fundamentación del auto de la jueza, considera que contiene “suficiente justificación” para la adopción de la decisión de expulsión del procedimiento de Yolanda Garrido como acusación particular, “observándose una conducta procesal sustancialmente idéntica a la actuación de una de las defensas de los investigados, interesando las mismas diligencias instructoras y solicitando personarse en una pieza separada que únicamente incumbe al letrado que ha sido propuesto para sanción; sin que, además, haya interesado impulso alguno del procedimiento en la línea acusatoria que corresponde a una acusación particular”.

Comparte que hubo “fraude procesal”

El fiscal comparte la exposición de la magistrada instructora sobre la existencia de un “fraude procesal” en la actuación de la acusación particular, “cuya conducta en el procedimiento no se ha dirigido al ejercicio de la acción penal contra las personas que pudieran resultar responsables de los hechos objeto del procedimiento; compadeciéndose tal conducta con la existencia de declaraciones, incorporadas al procedimiento tras su obtención de redes sociales y plataformas, que denotan una intención de mantener su línea de actuación procesal”.

El escrito también descarta que la expulsión de la acusación particular representada por la letrada Pilar Esquinas limite el derecho de Garrido a la tutela judicial efectiva y a la obtención de la adecuada reparación de sus intereses por vía judicial, “habida cuenta de la función constitucionalmente otorgada al respecto al Ministerio Fiscal”.

La dirección del Centro Cultural Sanchinarro, un espacio del Ayuntamiento de Madrid cuya gestión fue privatizada en 2011, ha comunicado a los responsables del congreso con contenido negacionista y antivacunas previsto para este sábado 18 de octubre la suspensión del evento.

La decisión tiene lugar después de que este periódico publicara que el mencionado centro de titularidad pública iba a acoger una cita plagada de ponentes que creen en la “plandemia” o el “ADN fetal en vacunas”, con una serie de conferencias sobre “inoculaciones” o “long covid” impartidas por varias figuras vinculadas al negacionismo científico y sanitario. Iban a tener lugar en el auditorio del recinto, un espacio que combina la programación propia con el alquiler por parte de entidades para usos polivalentes (caso de este polémico encuentro).

El veto ha sido comunicado a Somos Madrid por el propio director del espacio ubicado en el distrito de Hortaleza, Óscar Poza, que insiste en que desconocían el contenido conspiranoico de la jornada Congreso de Salud y Defensa Afectados Long Covid. “No teníamos ni idea”, aseguraba el martes. El centro cultural es de titularidad municipal, pero su gestión la ejerce desde hace 14 años la empresa Tritoma. “La Junta Municipal de Hortaleza solo interviene en la programación cultural financiada con fondos municipales y en las cesiones a entidades sociales con convenio firmado. Las actividades privadas o de alquiler de salas son responsabilidad exclusiva del concesionario, sin que la Junta tenga capacidad de autorización, desautorización o conocimiento previo sobre ellas”, insisten fuentes municipales en declaraciones a este periódico.

Poza opina que “no se pueden ceder espacios públicos para actividades contra natura”, aunque aclara que la suspensión se lleva a cabo no tanto por el contenido, sino por el incumplimiento de los requisitos de alquiler de espacios por parte de la entidad organizadora (la Asociación Luz Verde en Corazones): “Una de las condiciones de uso es que no está permitido llevar a cabo actividades distintas a las que se recogen en la solicitud. Al incumplirse esto, aplicando la normativa de cesión de espacios, se cancela el acto”. El Ejecutivo municipal lo respalda: “Así lo ha notificado Tritoma a la Junta Municipal de Hortaleza, cumpliendo con su obligación de control y transparencia”.

En conversación previa con este diario, Poza avanzó que estudiarían el caso con técnicos de la Junta de Hortaleza: “Si hay que suspender el evento, se suspende”. El responsable del centro explicaba cómo describieron el evento sus promotores al elevar la solicitud de alquiler de espacios: “Nos dijeron que era un taller de crecimiento personal, musicoterapia, biodanza y yoga cki kung [método supuestamente terapéutico chino que combina suaves movimientos, concentración y respiración para con objeto de aumentar la energía de la persona]. Si indican eso, yo ahí no puedo ver que sea un mitin negacionista”. En un rápido vistazo a su perfil Facebook, Luz Verde en Corazones se describe así: “Unión de seres que queremos vibrar desde el corazón, unificándonos y ayudándonos los unos a los otros para poder pasar a la 4ª dimensión”.

La convocatoria final, organizada en cuatro bloques (“Todo sobre la covid”, “Todo sobre long covid”, “Long covid, inoculaciones y posibles soluciones” y “Todo sobre defensa con abogados”), contaba con controvertidas figuras del negacionismo y la agitación ultra. Una de las conferenciantes de la mesa sobre “inoculaciones” era Isabel Bellostas, pediatra a la que el Colegio Oficial de Médicos de Madrid inhabilitó en 2019 por difundir “tesis no avaladas y contrarias a la evidencia sobre el origen y las causas del trastorno del espectro autista (TEA)”, así como “tratamientos e intervenciones carentes de total evidencia y con riesgos para la salud”. Bellostas llegó a contar en un vídeo que fue despedida de un centro público por “informar a los padres de la existencia de ADN humano fetal en vacunas pediátricas” y “su posible relación con el autismo”.

La creadora de contenido Lara Hernández, presentadora del evento, habla en entrevistas de “plandemia”, cuestiona que la Tierra sea esférica o acusa de “tragaplanistas” a quienes no aceptan que “la realidad depende de la percepción”. En su portal FlippityFlop, nombre inspirado en una expresión de la película El regreso de Mary Poppins por su interés en “ver el otro lado de las cosas un mundo patas arriba”, aglutina entrevistas o documentales donde se concentran todo tipo de teorías conspiranoicas: chemtrails, tratamientos homeopáticos o discursos antivacunas (en un vídeo junto a otro de los ponentes, Ignacio Román, que se presenta como “prohibido” aunque es perfectamente accesible). 

También estaba programada la intervención de Josué Cárdenas, agitador ultra habitual del Congreso que trabaja en el medio ultraderechista Periodista Digital. Cárdenas ha sido tertuliano en el programa Buenos Días, Madrid, de la televisión autonómica (y pública) Telemadrid. Además, es autor del libro Dentro de la fachosfera. La izquierda puede estar tranquila, en el que cuestiona (no precisamente por agresiva) la estrategia de confrontación de la derecha mediática tradicional contra las fuerzas progresistas.

Enfado y señalamiento en los organizadores, que mantienen entradas a la venta

La noticia de la cancelación ha causado una airada reacción en redes sociales entre perfiles negacionistas, que incluso han apuntado al usuario de X que informó en primer lugar sobre el congreso. “Si tanto creen en la ciencia, ¿por qué temen a un grupo de magufos bebelejías terraplanistas con gorrito de aluminio?”, publicaba este miércoles la cuenta @aflorrick77. Con el nombre Alicia Florrick (tomado de la protagonista del estupendo drama judicial The Good Wife), este perfil se presenta como “abogada antiNOM [Nuevo Orden Mundial], anti Agenda 2030, antivacunas y anti todo aquello que recorte la libertad de los ciudadanos”. “En mi vida preplandemia fui abogada civilista”, indica además.

Ante ese señalamiento el responsable de la cuenta que denunció el caso, Marcelino Madrigal, ha compartido un mensaje en BlueSky: “Cancelado. Y ahora quiero decir algo a estos individuos que me señalan: lo que hagan con sus tristes vidas y sus cuerpos mientras sea legal me importa cero. Ahora bien, háganlo en su casa, no en un espacio público pagado con el dinero de todos”.

Pese a la suspensión, los promotores todavía mantienen el evento anunciado en su web con la ubicación original (aunque no permiten adquirir localidades) e incluso la venta de entradas para seguirlo online por 9 euros. Antes de la suspensión, la asistencia presencial tenía un precio de 15 euros por el acceso a todas las sesiones y 9 para las sesiones solo de mañana o solo de tarde.

Eventos con conspiranoicos y “contra la Agenda 2030” en 2023 y 2024

Desde la dirección del Centro Cultural Sanchinarro-Hispanidad (apellido que aprobó colocar en su nomenclatura la Junta Municipal de Hortaleza que lidera el polémico concejal David Pérez), han insistido repetidamente en que el Ayuntamiento no evalúa ni conoce los eventos celebrados en los espacios de alquiler hasta su inclusión en una memoria anual posterior. Así, los reportes mensuales solo incluyen la programación que parte de la propia dirección, en la que la coordinación con el Gobierno municipal es mayor. “Desde la empresa que gestiona el centro, se comunica mensualmente la programación cultural financiada con presupuesto municipal, mientras que las cesiones privadas se reflejan posteriormente en la memoria y auditoría anual del concesionario”, apuntan igualmente desde el Consistorio.

No obstante, el mismo centro cultural ya fue sede de dos congresos promovidos por muchas de las mismas entidades convocantes en 2023 y 2024, con algunos de los ponentes que participan en el de este año. En 2024 fue además un evento doble, los días 12 y 13 de octubre, bajo el título ¿Qué nos preocupa y qué vamos a hacer al respecto? y ¿Qué nos preocupa y qué vamos a hacer al respecto espiritualmente?.

Uno de los ponentes fue Nauzet Morgade, que en diferentes portales dice trabajar “para intentar detener la implantación del Nuevo Orden Mundial Globalista”. Habitual propagador de bulos en redes sociales, el año pasado llegó a asegurar que la DANA que asoló València fue un “asesinato” provocado por un radar en Morón de la Frontera (Sevilla) que, con colaboración de radares marroquíes, desplazó la tormenta hacia las localidades afectadas. Morgade protagoniza la intervención sobre chemtrails recogida en la web de Lara Hernández, donde habla de “pruebas de geoingeniería” en relación a las estelas que los aviones dejan en el cielo.

En 2023, el Congreso Ley Positiva y Natural abordó la “lucha por nuestros derechos, nuestros niños, la salud y estrategias ante los ataques de la Agenda 2030”. Entre los participantes estaba el abogado José Ortega, que iba a repetir en 2025. Este letrado puso en marcha campañas contra el pasaporte covid: “Se da la situación increíble de que se tienen que vacunar contra un virus que no está demostrado que exista”. La declaración anterior pertenece a una tertulia en MadridMarket, una web que participaba en la organización este año y en la que este tipo de declaraciones se alternan con contenidos sobre remedios pseudocientíficos como “sanación cósmica para la desintoxicación del hígado a distancia”.

Preguntado acerca de si el cariz de estos eventos previos no se hizo llegar al Ayuntamiento de Madrid en las memorias anuales que envía la dirección del centro de gestión privatizada, Óscar Poza responde que “en esos documentos se recogen las entidades que usan los eventos, no hay un resumen de lo que hacen”. En cuanto a por qué en aquellos casos (que no trascendieron mediáticamente) los actos sí se acabaron desarrollando, contesta que “no era el mismo contenido, creo que no”.

El de Sanchinarro fue el primer centro cultural privatizado en Madrid y, durante más de una década, el único. No ha sido hasta este mismo año que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha extendido el modelo al nuevo centro cultural del barrio de Butarque, en el distrito de Villaverde. La entidad beneficiaria de la licitación disfrutará de “la gestión mediante la organización, desarrollo y evaluación de una amplia y variada programación que incluirá talleres, cursos, eventos, festivales, torneos, concursos...”.

Una apuesta similar a la de Sanchinarro, donde en 2011 y con Alberto Ruiz-Gallardón en la alcaldía, el Ejecutivo municipal cedió la gestión a Tritoma S.L. Dicha entidad externa es responsable directa, aunque sea en coordinación con el Consistorio, de la programación y las actividades de este recinto. Preguntados acerca de si la celebración de estos actos negacionistas en un edificio público les lleva a replantear el modelo de gestión privatizada en centros municipales, desde el Ayuntamiento lo descartan. Siguen considerando la “colaboración público-privada” como “beneficiosa para la gestión de equipamientos y, en consecuencia, para los vecinos”.