Coherencia, continuidad y futuro. Son los tres mensajes que el presidente del Gobierno pretende enviar con la elección de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del Gobierno en sustitución de María Jesús Montero en un contexto de clara incertidumbre geopolítica. Y lo mismo con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, al frente de Hacienda, ya que era persona de absoluta confianza de su antecesora. Ambos coincidieron como consejeros de Hacienda en Andalucía y Valencia, respectivamente. La primera, con el gobierno de Susana Díaz. El segundo, con el de Ximo Puig.

Tras la jugada subyace, además de una apuesta que va más allá de 2027, la planificación estratégica con la que Pedro Sánchez pretende cambiar el marco de discusión en la recta final de su mandato. La economía, en el centro del debate.

El presidente, que en ocasiones ha destacado de Cuerpo su solvencia, su honestidad y sus convicciones europeístas, sabe que en los próximos meses buena parte de la conversación pública girará en torno al devenir de las finanzas. En España, en Europa y en el mundo. Y también que nuestro país ha sido en estos años la envidia de los socios europeos por sus datos macro, pese a la sucesión de crisis que el Gobierno ha tenido que afrontar desde que llegó a La Moncloa. Así que desde ahora, la derecha tendrá a un economista de marcado perfil técnico y acreditada solvencia de número dos del Gobierno, lo que le obligará a plantear a Carlos Cuerpo el rebote de las preguntas de la sesión de control que suceden habitualmente a las que la oposición plantea cada miércoles al presidente en el Congreso. 

El objetivo no es otro que llevar la economía y una década de crecimiento sostenido al marco de discusión hasta el final de la legislatura. Frente al dibujo de un país en decadencia en el que nada funciona que habitualmente proyecta la derecha, Sánchez asciende a la vicepresidencia primera al responsable de la mejor fotografía económica que ha tenido España en lustros, como reconoce la prensa internacional especializada. Y lo hace además en un contexto geopolítico de alta volatilidad que es, a su juicio, el principal reto al que se enfrenta el país.

Cuerpo representa, además, la cara de una nueva generación política que ni ha militado ni ha echado los dientes en las turbulentas aguas de la organización socialista, sino entre manuales académicos mientras se formaba, primero, en la Universidad de Extremadura como economista y, después, en la London School of Economics, hasta que ingresó, en 2008, en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Luego, trabajó en la Comisión Europea (2011-2014) y en la AIReF (2014-2020) hasta que más tarde fue nombrado Director General de Análisis Macroeconómico (2020) y Secretario General del Tesoro (2021).

Su enfoque técnico y su experiencia internacional no han impedido que, desde que sustituyó a Nadia Calviño en 2023 como ministro de Economía, fuera poco a poco construyéndose un perfil más político para navegar con algo de soltura entre las aguas movedizas de la actual política. Igual que Sánchez, Cuerpo se ha aficionado a TikTok, donde se le puede ver en un registro más informal con el que pretende llegar a las nuevas generaciones, algo a lo que el presidente últimamente concede un valor añadido.

Hasta ahora, el PP evitaba el contraste con Carlos Cuerpo en el Parlamento al entender que la buena marcha de la economía no era un terreno favorable para sus intereses partidistas. Y, aunque la guerra en Irán empieza a reducir las expectativas de crecimiento y puede elevar el dato de la inflación, Sánchez entiende que de la crisis que está por venir, España saldrá “mucho mejor que los países de nuestro entorno, como ya hizo tras la pandemia o tras la crisis inflacionaria de la guerra en Ucrania” gracias a instrumentos como la excepción ibérica o los Fondos Next Generation que el Gobierno de España peleó con uñas y dientes en Bruselas. Así que nada mejor que otorgar rango de vicepresidente al responsable económico para trasladar confianza y tranquilidad, además de la certeza de que, ante esta nueva embestida provocada por el furor belicista de EEUU e Israel, “el Gobierno actuará con la misma determinación y similares instrumentos para proteger a la ciudadanía”, aseguran fuentes del equipo del presidente.

A pesar de las especulaciones y las quinielas fallidas, Cuerpo no sumará la cartera de Hacienda, a la que tampoco asciende ninguno de los nombres que han circulado por los medios. De hecho, la opción de fusionar ambos ministerios no estuvo nunca en la cabeza del presidente. Entre otros motivos, por la recomendación expresa que le hizo quien abandona ahora la responsabilidad de las finanzas del Estado para ser la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía en las elecciones del próximo 17 de mayo.

A Montero la sustituye quien hasta ahora era secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. Otro economista de perfil técnico con experiencia en gestión pública que también refuerza la apuesta por la continuidad. Es, además, un gran conocedor de las debilidades del actual modelo de financiación autonómica y su nombre fue sugerido por la propia Montero.

Los nuevos nombramientos han provocado, no obstante, una reacción menos entusiasta que la emitida por La Moncloa en el seno del PSOE, e incluso en algunos ministerios. Y es que por primera vez no habrá una mujer al frente de la vicepresidencia primera del Gobierno de Sánchez. Las críticas sobre todo vienen por el hecho de que un presidente que siempre llevó a gala la bandera del feminismo renuncie a sustituir a Montero por otra mujer, en un momento en el que la fidelidad del voto femenino al PSOE ha caído como consecuencia de las denuncias por acoso sexual que costaron el cargo a Francisco Salazar, exasesor de Sánchez. 

En tiempos de guerra y de inestabilidad económica, en palabras del círculo de Sánchez, “el presidente ha entendido que no era tan determinante la elección de una mujer para sustituir a Montero como trasladar un mensaje sobre la importancia de la gestión económica”. En todo caso, añaden los mismos interlocutores, “Cuerpo representa la nueva masculinidad, está igualmente comprometido con el feminismo y habla un lenguaje que entiende todo el mundo, incluso siendo un técnico”. 

Bolaños no fue una opción

Precisamente ese perfil más académico que político es también motivo de crítica entre algunos socialistas, empeñados en que en la recta final de la legislatura y con una oposición echada al monte “se precisa de nombres más entrenados en la brega partidista”. Sin embargo, el presidente está convencido de que ese papel está cubierto con los titulares de Transportes y Transformación Digital, Óscar Puente y Óscar López, además de con el de Presidencia, Félix Bolaños, quien desde hace años compartía con Montero la coordinación política de los ministerios y la relación con los socios de legislatura.

Que Bolaños sume —además de Presidencia— el Ministerio de Justicia y las Relaciones con las Cortes hacía inviable su nombramiento como vicepresidente por un exceso de acumulación de cargos. De hecho, esa opción nunca estuvo sobre la mesa de Sánchez, a pesar de lo publicado y de que el ministro atesorara sobrados méritos y capacidad para ello. Bolaños era una apuesta segura, pero con la que el presidente no ganaba nada porque, de facto, ya ejerce las funciones de vicepresidente sin tenerlas. Con Carlos Cuerpo se garantiza que, a partir de ahora, se hablará de gestión económica, una materia en la que el Gobierno acredita una buena hoja de servicios reconocida por toda la prensa internacional especializada.

El nuevo vicepresidente primero se estrenó en el Gobierno como sustituto de Nadia Calviño en diciembre de 2023 para dar continuidad a la línea marcada por su antecesora cuando dejó el gabinete para dirigir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Tenía entonces un perfil técnico que con el tiempo ha ido silueteando con algunos trazos políticos, pese a que no milita en el PSOE y tampoco es santo de la devoción de algunos de sus compañeros del Consejo de Ministros, que le consideran un inequívoco faro de la ortodoxia de Bruselas y el estricto cumplimiento de las reglas fiscales. 

Dos vicepresidentes, a la gresca

No son pocos los enfrentamientos que ha tenido dentro del Ejecutivo con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien llegó a acusarle de ser “casi mala persona” por ponerse del lado de la patronal ante la reducción de la jornada laboral. El último ha sido a consecuencia del control horario y los informes contrarios emitidos desde Economía al empeño de la también ministra de Trabajo de sacar adelante la medida, que también ha sido informada negativamente por el Consejo de Estado. La pugna entre ambos está asegurada ahora mucho más que Cuerpo está jerárquicamente por encima de Díaz, que dicho sea de paso tampoco tiene una buena relación con Bolaños, como no la tenía con Montero. En realidad, la cohabitación con Díaz no es algo que fluya con normalidad con ningún ministro socialista. Pero esa ya es otra historia que algún día también será contada.

Javier Remírez e Inmaculada Jurío han tomado este viernes posesión como nuevos consejeros del Gobierno tras la remodelación del ala socialista del Ejecutivo gestada por la presidenta, María Chivite, y que incluyó la salida vicepresidente y hombre fuerte en el Gobierno, Félix Taberna, y la de la portavoz y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López. Remírez será vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Ejecutivo, mientras que Inmaculada Jurío liderará la consejería de Interior, Función Pública y Justicia.

Chivite, que justificó la crisis de Gobierno en una “necesidad” de dar un mayor “impulso político” a los 15 meses que restan de legislatura, ha destacado de los nuevos consejeros que “conocen muy bien cómo hacer política y cómo trabajar desde el diálogo transversal para buscar acuerdos” en un contexto de “incertidumbre mundial” en el que ella quiere reivindicar desde su Gobierno “la buena política” sustentada en los valores de la “democracia, del servicio público y sobre todo del bien común”.

“Demasiadas amenazas se están haciendo realidad en el mundo y no somos ajenos al trasfondo de lo que está pasando. Entre otras cosas, que los Gobiernos de progreso somos objetivo prioritario de ese autoritarismo desestabilizador que legitima la vulneración de las leyes internacionales si es necesario para llevar a cabo sus objetivos de poder”, ha afirmado.

Así, ha destacado que tanto Javier Remírez como Inmaculada Jurío “son personas con acreditada experiencia, con gran valía en términos políticos y de gestión, comprometidos con lo público y con la filosofía” del Ejecutivo que ella lidera. Y les ha marcado como principales retos el “seguir impulsando las políticas de transparencia, de igualdad, autogobierno, o implementar la competencia de tráfico o el nuevo Estatuto de Función Pública”.

El nuevo portavoz del Gobierno, Javiér Remírez, ha eludido referirse al 'caso Cerdán' y sus posibles implicaciones en Navarra y se ha limitado a asegurar que el Ejecutivo foral “ha sido absolutamente proactivo” a través de auditorías internas y externas, con las que “ha sembrado certidumbres”. Ha mostrado “la máxima disposición y colaboración con las autoridades judiciales, la máxima transparencia y el máximo interés en aclarar cualquier cuestión” y ha reiterado que “a día de hoy, ninguna de las actuaciones del Gobierno de Navarra ha sido cuestionada judicialmente”.

Inmaculada Jurío, por su parte, ha señalado como “grandes hitos” para lo que resta de legislatura en su departamento la culminación de la transferencia de la competencia de Tráfico y la negociación del nuevo Estatuto de Función Pública y ha apuntado que ya ha mantenido una conversación con la consejera saliente, Amparo López, de quien ha afirmado que le ha dejado el camino “más que hecho”.

UPN, el líder de la oposición en Navarra, ve a María Chivite “hundida” y “derrotada” tras la crisis de Gobierno que ha provocado la salida del vicepresidente Félix Taberna y la portavoz y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, y le ha vuelto a reclamar que adelante las elecciones forales, previstas para la primavera del 2027.

“La cara de la presidenta del Gobierno hoy lo ha dicho todo, es una cara de una presidenta derrotada, de una presidenta hundida, una presidenta nerviosa y una presidenta no creíble, desde luego no es la cara de una presidenta que presenta con ilusión una remodelación de su Gobierno para una nueva etapa”, ha señalado Ibarrola, que considera que la remodelación del Gobierno ha sido una “crisis sobrevenida y precipitada” por lo que ve como una “dimisión” la salida de Félix Taberna. “Félix Taberna se va porque no se fía de la sombra de corrupción de este Gobierno. Félix Taberna conoce perfectamente a Cerdán, a Alzórriz, a Chivite, sabe que van a seguir saliendo cosas y desde luego no quiere mancharse y no quiere seguir tapando toda esta sombra de corrupción que asola al Gobierno de María Chivite”, ha afirmado.

“Taberna es su estratega político desde hace 10 años y Félix Taberna es el perfil más político de este Gobierno”, ha indicado para criticar que la presidenta de Navarra haya justificado los cambio en el Ejecutivo en una necesidad de “imprimir un mayor perfil político” al Ejecutivo. “La realidad es que salen del Gobierno Taberna y Amparo López, dos perfiles menos agresivos, dos perfiles más respetuosos, tanto en el trato como en la defensa de sus posicionamientos políticos; dos perfiles críticos con la presidenta o con lo que está ocurriendo dentro del Gobierno y la sombra de corrupción que le asola”, ha apsotillado.

A continuación, ha dicho que “entran al Gobierno Remírez y Jurío, y entran no para un nuevo cambio político, no para un impulso político, vienen a tapar la sombra de corrupción que asola a este Gobierno”. “Son dos perfiles más agresivos que además vienen a hacerlo confrontando abiertamente y atacando más agresivamente a cualquiera que denunciemos lo que está ocurriendo y toda esta sombra de corrupción que asola a una presidenta derrotada y hundida”, ha afirmado.

“Esto no es un nuevo ciclo político, esto es el fin del ciclo del 'sanchismo' en Navarra”, ha indicado para asegurar que los navarros “no esperaban el anuncio de una remodelación de un Gobierno”, sino “que de una vez y de forma inmediata María Chivite dimita y convoque elecciones”.

La presidenta de UPN también ha afeado que la remodelación del Gobierno no haya afectado al consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, a quienes los socios del PSN señalaron por el reparo suspensivo de la Intervención General al sobrecoste de las obras de Belate. “Si algún consejero sobra en el Gobierno, al primero que tenía que haber cesado es a Óscar Chivite. Pero es que ni siquiera basta con eso. La responsable última de todo lo que está ocurriendo es ella”, ha señalado.

EH Bildu considera “positivos” los cambios

Por su parte EH Bildu, socio presupuestario del Gobierno de María Chivite, ha visto “positivos” los cambios en la estructura del Ejecutivo si sirven para “garantizar el cumplimiento de los acuerdos suscritos” con ellos y para “dar un nuevo impulso a la legislatura con más ambición”.

La portavoz parlamentario de la coalición abertzale, Laura Aznal, no ha querido valorar los nombres de los cargos salientes y entrantes y se ha limitado a señalar que espera que sirvan “para impulsar con más ambición las políticas públicas y las grandes transformaciones que necesita Navarra”.

Laura Aznal ha destacado que los objetivos de EH Bildu durante este año se centrarán en “incrementar los esfuerzos para garantizar el derecho a la vivienda, unas pensiones dignas y el fortalecimiento de los servicios públicos”. También para “avanzar en favor de la transparencia en la gestión pública y de la ejemplaridad política” a través de la comisión de investigación en el Parlamento de Navarra sobre las adjudicaciones públicas realizadas por el Ejecutivo foral.

La presidenta de Navarra, María Chivite, repesca a Javier Remírez como vicepresidente para lo que resta de legislatura. Este movimiento forma parte de la remodelación del Ejecutivo que la presidenta ha gestado en las últimas horas en el ala socialista de su Gobierno, una coalición del PSN con Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre). Una remodelación de calado que incluye la salida de su actual vicepresidente y hombre fuerte en el Gobierno, Félix Taberna, y la de la portavoz y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López.

Chivite ha aseverado que los cambios en su Gobierno responden a una necesidad de “imprimir un mayor perfil político” al Ejecutivo en lo que resta de legislatura y no a “cuestiones de gestión” o relacionadas con el 'caso Cerdán'. Así ha negado una pérdida de confianza en Félix Taberna, quien había sido su mano derecha en el Gobierno. “Entiendo que interesen mucho las intrigas palaciegas, pero eso que se ha contado de que [Taberna] era la opinión crítica del Gobierno en todo caso se le debería preguntar a él, pero no es así”, ha asegurado. Y ha añadido: “Nadie viene al Gobierno a estar cómodo, se viene a tomar decisiones y en muchos casos, como la decisión que me ha tocado tomar, no son decisiones fáciles”.

Se da la circunstancia de que Javier Remírez, quien había sido vicepresidente primero del Gobierno foral la pasada legislatura (2019-2023), fue reemplazado precisamente por Félix Taberna tras las elecciones del 2023 para el segundo mandado de Chivite. Taberna, que durante los primeros años de Chivite en el Palacio de Navarra había ejercido como asesor de la presidenta dio el salto a la primera línea de la política para reemplazar a Remírez, que pasó al Senado. Remírez será, además de vicepresidente, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Ejecutivo. Para ello deberá dejar su acta en el Senado por tratarse de cargos que son incompatibles. Su lugar en la Cámara Alta lo ocupará el socialista Sergio Barasoain.

Durante su etapa como vicepresidente, Remírez también estuvo al frente de la cartera de Interior y Función Pública, así como de la portavocía del Ejecutivo, funciones que esta legislatura han correspondido a la guipuzcoana Amparo López. El todavía senador por Navarra tuvo que afrontar importantes crisis como consejero de Interior, como la de los incendios que calcinaron la comunidad foral en junio de 2022 o las inundaciones que afectaron a gran parte de Navarra en 2021. También le tocó iniciar los trabajos para la asunción por parte de Navarra de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial, ahora compartidas entre la Policía Foral y la Guardia Civil.

En el Senado, Remírez ha sido en varias ocasiones el encargado de interrogar por parte del PSOE a los comparecientes de la comisión del 'caso Koldo'. Durante sus intervenciones, el ahora nuevo vicepresidente navarro se ha esforzado en defender la “honorabilidad” de los Gobiernos central y foral, llegando incluso a defender la “honestidad” del exdirectivo de la SEPI Vicente Fernández, investigado por la Audiencia Nacional y que fue detenido en diciembre por la Guardia Civil.

También entra en el Gobierno Inmaculada Jurío como nueva consejera de Interior, Función Pública y Justicia. Jurío trabaja en la actualidad en la Delegación del Gobierno en la comunidad foral y hasta hace unos meses era parlamentaria socialista en el Legislativo navarro. Chivite también ha anunciado el nombramiento de Miriam Martón como directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, dejando así su actual cargo como directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, puesto para el que Chivite ha propuesto a María Esther Fernández.

Los cambios en el Gobierno llegan en plena crisis del 'caso Cerdán', que ha salpicado al Ejecutivo navarro, que adjudicó al menos siete contratos de obra pública a Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán y que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de corrupción por ser la mercantil que funcionaba como vehículo para el cobro de comisiones.

Se producen además pocas semanas después de que Chivite consiguiera resolver la mayor crisis surgida entre los socios desde que llegó al Palacio foral en 2019. Surgió a raíz de un reparo suspensivo de la Intervención del Gobierno a un sobrecoste de 8,5 millones de euros de la obra de desdoblamiento del túnel de Belate al considerar que no estaba justificado. El reparo generó una brecha con Geroa Bai y Contigo/Zurekin, que elevaron el tono y exigieron a Chivite responsabilidades políticas por una “pérdida de confianza”. La presidenta finalmente cedió y destituyó al director general de Obras Públicas, Pedro López Vera.

Fuentes del Gobierno indican que la presidenta aspiraba a que los socios compartieran la necesidad de hacer más amplia la renovación a poco más de un año para las elecciones, pero todo apunta a que la cirugía se mantendrá en el ala socialista. Fuentes del PNV explican que no habrá cambios en Geroa Bai, con cuatro carteras. “No es una cuestión que hayan trasladado los socios”, ha apuntado Chivite, que ha afirmado que “respeta” su decisión de no acometer cambios en sus carteras. También ha señalado que ni Geroa Bai ni Contigo/Zurekin le han reclamado la destitución del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, a quien acusaron de haberles “mentido” con los motivos para la autorización al sobrecoste de la obra de Belate que fue objeto de un reparo suspensivo por parte de la Intervención General.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha decidido una remodelación de calado de su Gobierno en plena crisis por el 'caso Cerdán'. Según ha adelantado Diario de Navarra y ha confirmado elDiario.es, la crisis de Gobierno afecta al vicepresidente primero, Félix Taberna, y a la portavoz y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, dos de los pesos pesados de la parte socialista del Ejecutivo de coalición de PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre). En las próximas horas se confirmará un fichaje de peso político para asumir la vicepresidencia.

Los cambios en la estructura del Gobierno llegan apenas unas semanas después de que Chivite consiguiera resolver la mayor crisis surgida entre los socios desde que llegó al Palacio foral en 2019. Surgió a raíz de un reparo suspensivo de la Intervención del Gobierno a un sobrecoste de 8,5 millones de euros de la obra de desdoblamiento del túnel de Belate al considerar que no estaba justificado. El reparo generó una brecha con Geroa Bai y Contigo/Zurekin, que elevaron el tono y exigieron a Chivite responsabilidades políticas por una “pérdida de confianza”. La presidenta finalmente cedió y destituyó al director general de Obras Públicas, Pedro López Vera.

Fuentes del Gobierno indican que la presidenta aspiraba a que los socios compartieran la necesidad de hacer más amplia la renovación a poco más de un año para las elecciones, pero todo apunta a que la cirugía se mantendrá en el ala socialista. Fuentes del PNV explican que no habrá cambios en Geroa Bai, con cuatro carteras.

Taberna asumió el cargo en 2023 como relevo de Javier Remírez, ahora en el Senado. Procedente de IU y antes asesor de Chivite, se había ido distanciando poco a poco de la presidenta. López, de su lado, procedía del Gobierno vasco, donde fue directora de Tráfico y ahora ha liderado precisamente la transferencia de esa competencia.

La previsible dimisión del Gobierno francés tras la cuestión de confianza de este lunes volverá a sumir a Francia en un periodo de incertidumbre política. Se trata del último episodio del ciclo de inestabilidad que se inició con las legislativas anticipadas de 2024 —convocadas por el presidente Emmanuel Macron tras la victoria de la extrema derecha en las elecciones europeas— que dieron como resultado una Asamblea Nacional profundamente fragmentada, sin una mayoría clara.

Como ya ocurrió con Michel Barnier y su efímero Gobierno, el Ejecutivo de François Bayrou no estaba en situación de resistir la tramitación de los presupuestos, que debía afrontar a finales de septiembre. El primer ministro no pudo asegurarse los votos suficientes y todo indicaba que tendría que forzar su aprobación por decreto (en Francia, la Constitución permite al Ejecutivo aprobar los presupuestos por esa vía). La oposición en bloque había anunciado que, en ese caso, respondería con una moción de censura.

Así que Bayrou decidió acelerar el proceso y pidió a Macron la convocatoria de una cuestión de confianza, previa al comienzo de la tramitación de los presupuestos, con el objetivo de “comprometer la responsabilidad del Gobierno en una declaración de política general”. El lunes expondrá su plan presupuestario ante la Cámara, una intervención que versará sobre la “cuestión central” del “control” de las finanzas francesas, en palabras del primer ministro. El debate de la moción de confianza ha comenzado a las 15.00 horas.

Sin mayoría en el Parlamento y con cifras de impopularidad récord, todo apunta a que Bayrou no obtendrá la confianza de los diputados –de hecho, se prevé que una amplia mayoría vote en su contra–. En ese caso, según establece el artículo 50 de la Constitución francesa, el primer ministro se verá obligado a “presentar al presidente la dimisión del Gobierno”. Corresponderá entonces a Macron nombrar un sucesor o bien convocar nuevas elecciones (una posibilidad que, por el momento, el jefe de Estado ha descartado).

El propio Bayrou pareció dar por hecho el resultado de la votación en una entrevista en televisión el pasado jueves. “Los gobiernos caen, incluso gobiernos muy buenos, ya lo saben ustedes”, afirmó el veterano político centrista, aliado de Macron desde 2017. En todo caso, el todavía primer ministro consideraba que “cualquier acción [en materia presupuestaria] es imposible si no hay un acuerdo mínimo”.

Debate sobre la deuda

“Desde hace meses Francia está descubriendo la situación que yo llevo años señalando: que se está hundiendo bajo el peso de la deuda”, advirtió Bayrou. “Y para que los franceses vean la gravedad de esa situación, he puesto sobre la mesa el futuro del Gobierno”.

Un discurso alarmista sobre las consecuencias de la deuda —un “peligro mortal para las finanzas del país” — que gran parte de los economistas consideran no sólo exagerado, sino perjudicial. El mal estado de las finanzas que Bayrou sigue invocando podría transmitir a los mercados y a los agentes económicos una sensación de inestabilidad aún mayor.

“Francia no tiene ninguna dificultad para obtener préstamos en los mercados”, escribían esta semana cinco economistas del círculo de reflexión Fondation Copernic en una tribuna en el periódico Le Monde. “Sin embargo, el discurso alarmista de François Bayrou puede tener un efecto de profecía autocumplida, sobre todo porque la deuda pública es el medio que utilizan los inversores financieros para influir en la política económica de los Estados”.

La mayoría de los expertos coinciden en que la actividad económica se ha visto muy afectada por la incertidumbre política que existe en Francia desde la disolución del Parlamento en junio de 2024. Se esperaba una mayor recuperación, tras la pandemia de la COVID y la inflación, pero el crecimiento del producto interior bruto (PIB) se ha estancado. Tanto el gubernamental Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos como el Banco de Francia prevén que solo alcance el 0,6% este año, con una tasa de desempleo que crece ligeramente y un consumo que no remonta.

Aunque todas las fuerzas políticas coinciden en la necesidad de abordar los problemas económicos, el plan de austeridad propuesto por Bayrou en julio fue rechazado por la izquierda y la extrema derecha. Y aunque la semana pasada Bayrou afirmaba estar “dispuesto a debatir con [los socialistas] sobre cualquier punto, incluido sobre el trabajo”, la negativa rotunda del Partido Socialista (PS) a otorgarle su confianza en la votación del lunes condena al primer ministro.

Macron mira a los socialistas

Los líderes del Partido Socialista consideran que Bayrou no respondió a los compromisos hechos en febrero, cuando la abstención de la mayoría de diputados socialistas fue decisiva para que el primer ministro superase una moción de censura apoyada por el resto de la oposición, tras la aprobación de los presupuestos de 2025. Y critican que, desde el anuncio de los presupuestos en julio hasta la convocatoria del voto de confianza, el jefe del Gobierno no se haya puesto en contacto con ellos en ningún momento.  

En realidad, los dirigentes del PS francés ya se proyectan hacia el futuro. La semana pasada presentaron un plan presupuestario alternativo que podría servir de punto de partida para una negociación con el bloque centrista que apoya a Emmanuel Macron. Proponen reducir el déficit en 21.700 millones de euros en 2026, aproximadamente la mitad de los 44.000 millones propuestos por el actual Gobierno, con visos a llegar al 3% de deuda en 2032 y no en 2029, como defiende Bayrou.

Según publican varios medios franceses, Macron reunió esta semana en el Elíseo a Édouard Philippe (Horizontes), Gabriel Attal (Renacimiento) y al propio François Bayrou (MoDem), líderes de los tres partidos del bloque centrista, para insistir en la importancia de la unidad ante la crisis política y presupuestaria que amenaza al país, y sobre la necesidad de negociar con los socialistas.

Aún se desconoce si dicha negociación pasaría por la entrada de los socialistas en el Gobierno. En ese caso, sería en detrimento de los conservadores de Los Republicanos, que por el momento descartan participar en cualquier pacto que incluya al PS.

En una entrevista publicada el pasado miércoles en el periódico Financial Times, el ministro de Economía y Finanzas, Éric Lombard, afirmó que los compromisos con los socialistas sobre el presupuesto serán “inevitables” si la cuestión de confianza derriba a François Bayrou. Lombard, un socialdemócrata que en el pasado trabajó para varios gobiernos socialistas, considera que “hay margen para el debate” entre los dos proyectos.

No obstante, existen importantes obstáculos a cualquier tipo de acuerdo entre socialistas y macronistas, en particular, en materia fiscal. Los socialistas piden una mayor imposición a las grandes fortunas y a los beneficios de las multinacionales, algo a lo que Emmanuel Macron siempre se ha negado. Además, queda por ver si los socialistas están dispuestos a renunciar a reclamar la anulación de la reforma de las pensiones que Macron aprobó en 2023.

Tensiones sociales

Esos debates se desarrollarán con fuertes tensiones sociales como telón de fondo. Las ocho principales organizaciones sindicales francesas se han puesto de acuerdo para fijar el 18 de septiembre como una jornada de movilización contra las medidas presupuestarias propuestas por el Gobierno Bayrou.

Y una semana antes está previsto que comience el movimiento Bloquons tout (Bloqueemos todo), una iniciativa convocada en las redes sociales para el 10 de septiembre, que reclama diferentes acciones de protesta contra el Ejecutivo. Un movimiento cuyo impacto real nadie es capaz de prever y que recuerda al de los chalecos amarillos. De momento, cuenta con el apoyo de Francia Insumisa, el partido que más está insistiendo en llamar a la movilización masiva, tan sólo 48 horas después de la previsible caída del Gobierno.

La industria asturiana va bien, se cimienta sobre buenas políticas y, además, estará “en las mejores manos” posibles con el consejero Borja Sánchez. El presidente, Adrián Barbón, que ha sostenido hoy estas tres afirmaciones en la Junta General, ha destacado la renovación completa del equipo de minería y energía, que a partir de ahora estará unificado en una sola dirección general.

Barbón ha aprovechado las preguntas de la oposición para resaltar el buen momento que vive la industria, con expectativas de crecimiento en el sector de la defensa –tanto Indra como Escribano y el consorcio Tess Defence planean aumentar sus instalaciones en Asturias-, inversiones vinculadas a la transición ecológica y liderazgo internacional, como es el caso de la construcción naval.

La aportación de la industria al PIB alcanza el 21%, conforme a los últimos datos oficiales. Para el presidente, este peso económico, sumado a los proyectos en marcha, permite hablar de “una nueva ola de industrialización” de la comunidad autónoma. A ello contribuirán las líneas de trabajo que impulsa el Gobierno de Asturias.

Citó como ejemplos el diálogo con el empresariado y los sindicatos, la defensa del arancel ambiental ante las instituciones europeas o el aumento de las compensaciones por las emisiones de dióxido de carbono. Estas ayudas, que benefician en especial a las empresas que consumen mucha energía (electrointensivas), han pasado de seis millones en el último año de gobierno del Partido Popular a una previsión de 600 millones para este ejercicio.

Borja Sánchez ha asumido el área industrial tras la dimisión de Belarmina Díaz. Al frente de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, Sánchez se encargará de reforzar la vinculación del sector fabril con la innovación y desarrollo tecnológico.

“La industria está en las mejores manos”, ha afirmado el presidente, al tiempo que ha recordado el protagonismo de Borja Sánchez en la dinamización del ecosistema de I+D+i en Asturias. A mayores, contará con un buen equipo, según Barbón. A este respecto, el presidente ha resaltado el prestigio del catedrático Juan Carlos Campo, quien desempeñará la Viceconsejería de Industria. Bajo su mando quedará la Dirección General de Minería y Energía, hasta ahora dividida en dos direcciones distintas.

Barbón también se ha referido a la investigación del caso Blue Solving, tras el accidente de la mina de Cerredo donde perdieron la vida cinco trabajadores. Ha prometido que el Gobierno de Asturias trabajará con rigor y respeto para favorecer la investigación de lo ocurrido.

El Gobierno de Cantabria ha decidido prescindir del director general de Turismo, Gustavo Cubero (PP), que será sustituido por la actual directora de Recursos Humanos de CANTUR, María Saiz. El relevo de Cubero es el cese número diez en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte liderada por Luis Martínez Abad (PP), un departamento con una extraordinaria rotación de cargos públicos incluida la del propio consejero que, desde la dirección de Cantur, sucedió a Eva Guillermina Fernández. A su vez, la exconsejera pasó a ser subordinada suya como directora general de Cultura.

También se han producido movimientos relevantes en otros organismos dependientes de esta Consejería, ya que hace solo dos meses que se anunciaron dos ceses al frente de la Sociedad Regional de Cultura, Turismo y Deporte: el del director, Gustavo González Monterrubio (sustituido por María Fernández Rosillo) y del director artístico, Esteban Sanz, cuyo puesto sigue vacante.

Parte de las bajas se han cubierto con profesionales del sector de las residencias de personas mayores del que procede el propio consejero. El nuevo director de Cabárceno, Michel Valdés, que sustituyó a Elena Palacio (reubicada recientemente como directora de territorios del Palacio de Festivales), dirigía hasta ese momento la residencia Domus Vi de Liencres, y la nueva directora de la Sociedad Regional de Cultura, Turismo y Deporte, María Fernández Rosillo, estaba al frente de la residencia Santa Ana de Cabúerniga.

A lo largo de la legislatura, y al cambio anunciado este jueves en la dirección de Turismo, se suman en total los ceses de una consejera, su jefe de gabinete, la secretaria general, el director general de Cultura, la directora de Cabárceno, el director de Cantur, la directora de la Fundación FIS, el director de la Sociedad Regional de Cultura, Turismo y Deporte y el director artístico del Palacio de Festivales.

Otra de las singularidades de los constantes recambios de altos cargos es que algunos han sido repescados para otras funciones: Eva Guillermina Fernández (que pasó de consejera a directora general de Cultura), Elena Palacio (que cesó como directora de Cabárceno y ahora es directora territorial de la Sociedad del Palacio de Festivales) y el propio consejero, Luis Martínez Abad (anteriormente director general de CANTUR).

En esta legislatura también se ha creado la dirección de Recursos Humanos de CANTUR, que ha ocupado hasta ahora María Saiz Villar, que ahora pasará a ocuparse de la Dirección General de Turismo. Nacida en Santander en 1982, es diplomada en Turismo por la Universidad de Cantabria, tiene un posgrado en Gestión y Dirección de Empresas Turísticas y un máster en Compras y Comercio Internacional. Antes de CANTUR trabajaba en la empresa logística XPO.

El Gobierno de coalición alemán estalló el pasado miércoles, el mismo día en el que se confirmaba la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Algunos se sorprendieron por la noticia, otros se hicieron los sorprendidos: la viabilidad de la llamada ‘coalición semáforo’ –conformada por socialdemócratas del SPD, verdes y liberales del FDP– se había demostrado insostenible ya desde el pasado 1 de septiembre.

Aquel día acudieron a las urnas los estados orientales de Sajonia y Turingia. En este último, la ultraderecha de Alternativa para Alemania (AfD) ganó las elecciones con un resultado histórico. En la primera región, AfD se quedó a décimas de ser la fuerza más votada. Fue la primera victoria en Alemania de un partido ultraderechista –que en el caso de AfD, roza con el neonazismo– en unas elecciones regionales desde la Segunda Guerra Mundial.

Los tres partidos gobernantes, que habían conseguido una mayoría parlamentaria en las elecciones federales de 2021, obtuvieron un resultado mísero en esos comicios regionales: el SPD obtuvo resultados de una sola cifra, los peores de su historia en ambos estados; los Verdes sólo consiguieron entrar en el Parlamento regional de Sajonia; mientras que los liberales de FDP quedaron pulverizados en los dos estados, sin representación parlamentaria en ninguno de ellos.

No es casualidad, por tanto, que el FDP hiciera finalmente estallar –o “dinamitara”, como titulan varios medios alemanes– el Gobierno liderado por el canciller socialdemócrata Olaf Scholz. El presidente del partido liberal y ya exministro de Finanzas, Christian Lindner, provocó a los otros dos partidos de la coalición con una oferta de presupuestos para 2025 inasumible tanto por el SPD como por los Verdes. La propuesta de adelantar elecciones hecha a Scholz por Lindner el pasado miércoles por la noche, durante una reunión del Ejecutivo que pretendía acabar con las diferencias sobre esos presupuestos, acabó de volar por los aires un Ejecutivo que llevaba siendo disfuncional desde hace semanas, a la vista de todos.

El cálculo de Lindner parece haber sido que un fin prematuro del Gobierno tripartito y unas elecciones anticipadas podrían salvar a su partido del extraparlamentarismo. Actualmente, la mayoría de encuestas colocan al FDP por debajo del 5% en toda Alemania, el umbral que permite tener representación en el Bundestag (Parlamento federal). No sería la primera vez que el FDP se queda fuera del Bundestag tras formar parte de un gobierno de coalición.

¿Y ahora qué?

A partir de ahora, la hoja de ruta está más o menos clara. Alemania está abocada a celebrar elecciones anticipadas, sólo falta saber la fecha. Tras ajustar cuentas en público con Lindner en su rueda de prensa del pasado miércoles, el canciller Scholz dijo que se sometería a una moción de confianza en el Bundestag el próximo 15 de enero. Scholz necesitaría una mayoría parlamentaria para poder seguir gobernando en minoría con Los Verdes hasta agotar la legislatura en septiembre del próximo año. Ese escenario es, sencillamente, utópico.

La unión CDU-CSU, principal partido de la oposición, no apoyará ese gobierno en minoría. De hecho, los conservadores llevan pidiendo un anticipo electoral desde hace semanas y la ultraderecha de AfD, desde hace meses. El FDP de Lindner hará todo lo que esté en su mano para que Scholz caiga lo antes posible. Los poscomunistas de La Izquierda y su escisión liderada por Sarah Wagenknecht tampoco lo apoyarán. Así las cosas, el actual canciller sólo contará previsiblemente con los votos de su partido y de la bancada verde, muy lejos de una mayoría parlamentaria.

El presidente, candidato a canciller de la unión conservadora de la CDU-CSU y líder de la oposición, Friedrich Merz, ya ha dicho que considera que esa fecha es demasiado tarde y le ha pedido a Scholz que la adelante lo más posible. Merz quiere celebrar una moción de confianza la semana que viene y celebrar las elecciones el próximo 19 de enero. Los comicios se celebrarían así un día antes de la jura presidencial de Donald Trump en Washington.

El canciller rechazó en un primer momento esa demanda de Merz, pero este viernes, durante su participación en la cumbre europea de Budapest, se ha mostrado abierto a renegociar la fecha: “Estaría bien que las facciones democráticas encuentren un acuerdo sobre qué leyes aprobar antes de que acabe el año. Ese acuerdo podría responder a la cuestión de cuándo es el momento correcto para la moción de confianza”, ha dicho Scholz.

El socialdemócrata reconoce así que su legitimidad para seguir gobernando en minoría hasta final de legislatura es escasa. Ya sólo falta saber cuándo perderá Scholz esa moción de confianza y cuándo se celebrarán las elecciones anticipadas. Tras la disolución del Parlamento por el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, la convocatoria de elecciones debe ser en un plazo de tres meses.

El ‘factor Trump’

Hay quien se pregunta en Berlín si el Gobierno de Scholz habría saltado por los aires si Kamala Harris hubiera ganado las elecciones al otro lado del Atlántico. La incontestable victoria de Trump parece haber acelerado la implosión del tripartito por lo que se le viene encima a Alemania con un segundo mandato de Trump: aranceles a la industria alemana –ya golpeada por la crisis energética tras el corte de los suministros de gas ruso–, probable fin de las ayudas militares y económicas de EEUU a Ucrania y endurecimiento de la guerra comercial con China, un socio comercial clave para Alemania.

En su comparecencia pública del miércoles, Scholz mencionó la llegada de Trump y la incertidumbre que genera respecto a la guerra en Ucrania y la seguridad de Alemania y Europa. El canciller socialdemócrata dijo que esas circunstancias exigían al Gobierno alemán apostar por una mayor inversión pública tanto en defensa como para apoyar la industria nacional. Todo ello era inviable con el dogmatismo de la austeridad en el gasto público defendido por los liberales del FDP y su ministro de Finanzas, Christian Lindner.

El retorno de Trump ha sido un detonador de las dinámicas negativas internas que se llevaban gestando en el seno de Alemania desde hacía meses. El resultado histórico de la ultraderecha de las elecciones de Sajonia y Turingia fue sólo un síntoma de la crisis política que sufre el país europeo. Con el AfD en segunda plaza en todas las proyecciones electorales, el desenlace de esta crisis política es hoy incierto.

Apenas semanas después de cumplir un año al frente del Ayuntamiento de Sevilla, el alcalde José Luis Sanz (PP) ha reestructurado su gobierno, empezando por alejar a su número dos, Minerva Salas, quien hasta ahora ejercía como primera teniente de alcalde, delegada de Cultura y Deporte y portavoz del Ejecutivo municipal. Tras los cambios anunciados en plena festividad de la Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad, Salas pasa a ser tercera teniente de alcalde y a dirigir un área de nueva creación, bautizada como Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos.

De esta forma, el regidor hispalense aparta a Salas de la delegación de Cultura, la piedra con la que Sanz ha tropezado una y otra vez a lo largo de su primer año de mandato. Desde el Consistorio hispalense se apunta a que el nuevo mapa de competencias viene a “dar un impulso a la acción política”, pero lo cierto es que la hasta ahora delegada de Cultura ha sido una de las figuras más criticadas del Gobierno de Sanz desde que comenzó su andadura.

Con Minerva Salas como responsable, la línea cultural del PP no ha parado de acaparar titulares y protagonizar polémicas, como el amago de aplazar el Festival de Cine, la demora en la presentación de la programación del Lope de Vega para anunciar finalmente su cierre por obras que aún no han comenzado, la doble dimisión en la cúpula del ICAS, o la decisión de quitarle el nombre al premio de novela Almudena Grandes tras sólo una edición.

Ahora José Luis Sanz trata de reconducir su política cultural unificando esta delegación con Turismo, que seguirá en manos de Ángela Moreno. Cabe recordar que, hace menos de un mes, durante su propia remodelación de Gobierno, el presidente andaluz Juan Manuel Moreno llevó a cabo el movimiento contrario al desgajar Cultura de Turismo. El alcalde de Sevilla, en cambio, ha decidido fusionar esas dos delegaciones en una sola “con el único fin de buscar puntos en común que unan la cultura y el turismo para crear proyectos y potenciar la actividad cultural de Sevilla a nivel nacional e internacional”, según sus propias palabras.

Cambios en el Gobierno hispalense

El área de Deportes pasa así a ser un área independiente junto con promoción de la salud, que será gobernada por la edil Silvia Pozo. Por otro lado, la creación de la nueva Área de Gobierno de Fondos Europeos –con Minerva Salas al frente– responde al objetivo de Sanz de contar con “un área específica para la captación de fondos europeos”, como ha explicado el primer edil en un comunicado.

Tras el descenso de Salas, el portavoz del Grupo Popular y delegado de Hacienda, Juan Bueno, pasa de segundo a primer teniente de alcalde y asume la gestión del distrito Nervión, que hasta ahora estaba a cargo de la propia Minerva Salas. También sube una posición Álvaro Pimentel –quien fue portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento hispalense hasta que se incorporó al Gobierno de Sanz como tercer teniente de alcalde. Ahora continúa al frente de una renovada área de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio, además de ejercer como segundo teniente de alcalde.

Asimismo, ha sido objeto de cambios el área de Urbanismo, que seguirá dependiendo del concejal Juan de la Rosa, que a su vez será cuarto teniente de Alcalde. Con esta remodelación, Urbanismo asume nuevas competencias pasando a denominarse área de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio, Vivienda, Edificios Municipales, Educación y Juventud. De modo que engloba la delegación de Educación y Juventud, que ostentará la edil Blanca Gastalver, así como la de Patrimonio, que dirigirá Amidea Navarro.

Otra de las áreas que se ha reajustado para aumentar sus competencias es la de Limpieza, en manos de la edil Evelia Rincón, que pasa a ser quinta teniente de Alcalde. Limpieza asume ahora también Espacio Público (limpieza de pintadas y actuaciones de desratización, desinfección y desinsectación), Consumo, Cementerio y Protección Animal. Así pues, dentro de esta área estará la Delegación de Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal dirigida por José Lugo.

Por otro lado, del edil José Luis García, al frente del área de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales, también dependerán las áreas de Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones. Por otro lado, la Presidencia del Pleno la ocupará Manuel Alés. Por último y en lo que respecta a la gestión de los distritos, además del cambio en la dirección del Distrito Nervión, el Distrito Sur pasará a depender de Blanca Gastalver y el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca de José Luis García.

Así queda el nuevo gobierno municipal

Área de Gobierno de Hacienda, Administración y Transformación Digital: Juan Francisco Bueno Navarro.

Área de Gobierno de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio: Álvaro Jesús Pimentel Siles.

Área de Gobierno de  Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos: Minerva Salas López.

Área de Gobierno de  Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio, Vivienda, Edificios Municipales, Educación y Juventud: Juan de la Rosa Bonsón.

Área de Gobierno de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal: Evelia Rincón Cardoso

Área de Gobierno de  Fiestas Mayores: Manuel María Alés del Pueyo.

Área de Gobierno de  Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos: Ignacio Manuel Flores Berenguer.

Área de Gobierno de  Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones: José Luis García Martín.

Área de Gobierno de Turismo y Cultura: Ángela María Moreno Ramón. 

Área de Gobierno de Deporte y Promoción de la Salud: Silvia Pozo Sánchez.       

Cambio también en los distritos

Distrito Casco Antiguo: María Amidea Navarro Rivas. 

Distrito Macarena: Silvia Pozo Sánchez.      

Distrito Nervión: Juan Francisco Bueno Navarro.     

Distrito Cerro-Amate: José Lugo Moreno.

Distrito Sur: Blanca Gastalver Molina.       

Distrito Triana: Manuel María Alés del Pueyo.

Distrito Los Remedios: Manuel María Alés del Pueyo.

Distrito Norte: Juan de la Rosa Bonsón.        

Distrito San Pablo-Santa Justa: Ángela María Moreno Ramón.

Distrito Este-Alcosa-Torreblanca: José Luis García Martín.

Distrito Bellavista-La Palmera: Álvaro Jesús Pimentel Siles.

Listado de tenientes de alcalde

Primer teniente de alcalde: Juan Francisco Bueno Navarro.

Segundo teniente de alcalde: Álvaro Jesús Pimentel Siles.

Tercer teniente de alcalde: Minerva Salas López.

Cuarto teniente de alcalde: Juan de la Rosa Bonsón.

Quinto teniente de alcalde: Evelia Rincón Cardoso 

Sexto teniente de alcalde: Manuel María Alés del Pueyo.

Séptimo teniente de alcalde: Ignacio Manuel Flores Berenguer

Octavo teniente de alcalde: José Luis García Martín.

Novena teniente de alcalde: Ángela María Moreno Ramón.

Décima teniente de alcalde: Silvia Pozo Sánchez.

María del Carmen Castillo Mena (Almería, 1967), encargada de relevar a Patricia del Pozo al frente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, es en realidad un rostro conocido en la administración andaluza y el sistema educativo. Esta inspectora de Educación fue viceconsejera de Educación en el mandato anterior (hasta 2022), cuando estaba en manos de Javier Imbroda y dependía de Ciudadanos.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha apostado ahora por recuperar su figura encomendándole la misión de dirigir una de las carteras más cuestionadas por la oposición y protestadas en la calle por los sindicatos. El Gobierno andaluz confía en su “amplio conocimiento” de la administración y el propio sistema de Educación, del que forma parte como funcionaria de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación de la Junta de Andalucía desde 2008 y del Cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria en la especialidad de Administración de Empresas (desde 1997).

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, quien fuera número 2 de Imbroda ha desempeñado el cargo de delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, así como otros cargos dentro de ese mismo órgano, tales como coordinadora de zona del Servicio de Inspección Educativa hasta 2011, asesora técnica de Régimen Jurídico o coordinadora del área específica de Organización Escolar y Ordenación Académica de Régimen Jurídico.

Perfil más técnico

Desde el equipo de Moreno, destacan también que haya participado como ponente en formación específica para funcionarios públicos, direcciones de centros y equipos directivos e inspectores. Asimismo, ha colaborado como tutora y autora en el Aula Virtual de Formación del Profesorado de la administración autonómica en diversas acciones formativas, relacionadas con la acreditación de las competencias directivas, así como la formación de inspectores e inspectores noveles.

Como viceconsejera de Educación, Castillo Mena jugó un papel importante en la negociación de cuestiones relevantes para la Junta de Andalucía. Haciendo gala de un perfil mucho más preparado y técnico que el consejero Imbroda, en 2021 lideró el pulso entre la Consejería y el Ministerio de Educación para no perder los 123 millones de euros de fondos europeos destinados a crear plazas de guardería gratuitas, que el Gobierno andaluz terminó rechazando para salvar su red de guarderías privadas.

Al igual que la salida de Catalina García del departamento de Salud, la marcha de Patricia del Pozo de Desarrollo Educativo y Formación Profesional también viene precedida de críticas de los sindicatos de profesores, que la acusan de inacción, de no negociar nada con ellos, y de “piratear” los datos de plantilla para “vender que hay más docentes de los que en realidad hay”.

Sindicatos del gremio como Ustea han celebrado “el cese de Patricia del Pozo como consejera de Desarrollo Educativo”, y han tendido la mano “para trabajar por la escuela pública” a la nueva titular andaluza de Educación, a quien presuponen “un mayor conocimiento del campo de gestión que a su predecesora”, habida cuenta de su experiencia en la administración y en el sector educativo como inspectora.

Experiencia en puestos de dirección en el ámbito sanitario y compromiso con la atención primaria. Esos son los dos rasgos de la pediatra sevillana Rocío Hernández Soto en los que se ha fijado el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, para ficharla como nueva consejera de Salud y Consumo.

Esta profesional independiente se incorpora así al Gobierno andaluz con el desafío de reconducir la gestión de un departamento que se ha convertido en el talón de Aquiles de la Junta de Andalucía y en el blanco de las críticas de la oposición y los sindicatos sanitarios.

Hernández Soto desempeña desde marzo de 2019 el cargo de directora-gerente del Distrito Sanitario de Atención Primaria Aljarafe-Sevilla Norte y desde junio de 2022 ostenta también la presidencia de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (SEDAP).

El Gobierno andaluz destaca su “dilatada experiencia en puestos de dirección de salud” y se encomienda a ella para tratar de taponar las constantes protestas por parte de usuarios y profesionales, así como la oleada de dimisiones que se han producido en la Consejería de Salud en lo que va de legislatura.

La nueva consejera de Salud nació en Sevilla y se licenció en Medicina por la Hispalense. Especializada en Pediatría y sus áreas específicas, Hernández Soto acumula años en puestos de dirección de salud, según remarcan desde el Gobierno andaluz, subrayando su papel como presidenta de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria.

Precisamente, el “deterioro de la atención primaria” es uno de los lastres que arrastra la cartera de Salud, hasta ahora dirigida por Catalina García, quien ha sido diana de las críticas más duras de la oposición al Gobierno de Moreno, exigiendo reiteradamente su dimisión en sede parlamentaria por la “nefasta” gestión de las abultadas listas de espera, la falta de sintonía con los sindicatos del sector y los discutidos contratos a dedo con las clínicas privadas para derivar a pacientes que han rebasado el plazo legal para operarse en la sanidad pública.

Juan Manuel Moreno ha cambiado de un plumazo a la mitad de su gabinete en el ecuador de la legislatura. El presidente andaluz anunció este lunes una crisis de Gobierno en toda regla, sustituyendo al portavoz de la Junta y a las responsables de los departamentos más protestados en la calle: Salud y Desarrollo Educativo.

El nuevo Ejecutivo se amplía, de 13 a 14 consejerías, contará con cuatro independientes, en total ocho mujeres y seis hombres. La nueva portavoz será la también consejera de Hacienda, Carolina España, una veterana dirigente del PP de Málaga -muy próxima a Moreno- que representa un perfil más duro y más de partido para los próximos dos años, hasta las elecciones de 2026.

Tampoco es casual que la responsable del Presupuesto andaluz sea el nuevo rostro del Gobierno de Moreno. Los próximos meses estarán marcados por el debate sobre financiación autonómica, pivotando contra la negociación del Ejecutivo de Pedro Sánchez y los partidos independentistas catalanes, y con la investidura del socialista Salvador Illa en la antesala de un curso político de alto voltaje.

El PP y sus barones autonómicos van presionar ese flanco para intentar que zozobre la legislatura y se precipiten elecciones generales.

Sin embargo, de puertas hacia adentro, el cambio más significativo en el gabinete es la destitución de Catalina García, responsable de la cartera de Salud y Consumo, muy discutida por la oposición en el Parlamento y por los sindicatos sanitarios en las calles, con constantes movilizaciones y una reciente convocatoria de huelga.

Durante los dos primeros años de mandato, García ha sido diana de las críticas más duras de la oposición al Gobierno de Moreno, exigiendo reiteradamente su dimisión en sede parlamentaria por la “nefasta” gestión de las abultadas listas de espera, la falta de sintonía con los sindicatos del sector y los discutidos contratos a dedo con las clínicas privadas para derivar a pacientes que han rebasado el plazo legal para operarse en la pública.

Moreno marca un punto de inflexión al apartarla de Salud, pero la mantiene dentro del Ejecutivo para no consumar la victoria de los rivales políticos que pedían su cabeza. A partir de ahora, García pasa a encargarse del departamento de Medio Ambiente, un área que le es ajena, en tanto que ella es enfermera de profesión.

Su puesto en la Consejería de Salud lo ocupará un rostro nuevo, Rocío Hernández Soto, médica pediatra de oficio, de perfil gestor, directora del Distrito Sanitario de Atención Primaria Aljarafe-Sevilla Norte y y presidenta de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria.

El presidente de la Junta ha elegido a una facultativa para lidiar con el malestar de los médicos, que recibieron con uñas a su antecesora por considerarla de un escalafón inferior. También apuesta por alguien que conoce de primera mano el colapso que atraviesan los centros de salud por la falta de personal, justo en mitad del plan de verano en el que la Junta no ha logrado reclutar ni a los MIR sin la formación terminada ni a los especialistas hospitalarios para cubrir el déficit en Atención Primaria.

La titular de Educación, a Cultura

El Gobierno se amplía con un departamento más que nace de separar el área de Cultura y Deporte de la Consejería de Turismo. La hasta ahora titular de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, deja este cometido para volver a la cartera cultural, de la que ya se encargó en la pasada legislatura.

Estas funciones estaban ahora en manos del consejero Arturo Bernal, muy contestado por el escaso peso que le ha brindado a la Cultura, en favor de la promoción turística. Su falta de empatía con el sector provocó varias dimisiones y ceses de altos cargos en su departamento, afeándole que “su idea de la cultura tenía más que ver con el turismo cultural”.

Bernal seguirá siendo el consejero de Turismo en una nueva cartera que incorpora competencias en Acción Exterior -se llamará “Andalucía Global”- cuyas competencias estaban repartidas por la Consejería de Presidencia y la de Justicia (cooperación internacional).

La salida de Patricia del Pozo del departamento de Desarrollo Educativo y Formación Profesional también viene precedida de críticas de los sindicatos de profesores, que la acusan de inacción, de no negociar nada con ellos, y de “piratear” los datos de plantilla para “vender que hay más docentes de los que en realidad hay”. Su puesto lo ocupará una nueva incorporación: Carmen Castillo, funcionaria de Inspección Educativa, que ya fue viceconsejera de Educación en el mandato anterior, cuando dependía del malogrado Javier Imbroda, de Ciudadanos.

El exportavoz, a Agricultura

El que hasta ahora era consejero de Medio Ambiente y portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, ha perdido gran parte de las atribuciones que ostentaba hasta ayer. Hace dos meses, asumió temporalmente las funciones de la exconsejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, que dejó el gabinete para encabezar la lista del PP a las elecciones europeas.

A partir de ahora, seguirá con dichas políticas, pero cede Medio Ambiente -donde tuvo que fajarse en el litigio contra el Gobierno central por la polémica ley para ampliar regadíos cerca de Doñana- y la portavocía. Fernández Pacheco era el rostro visible del Ejecutivo de Moreno, cada martes daba cuenta de las reuniones del Consejo de Gobierno, y aunque su discurso era duro, su tono siempre era conciliador. Fuera de foco, era señalado como uno de los posibles delfines del presidente andaluz.

Ocho mujeres, seis hombres

El nuevo Gobierno de Moreno cuenta con ocho mujeres -incluida la portavoz- y seis hombres. El resto de consejerías permanece como estaban y sus responsables seguirán al frente: Rocío Díaz (Fomento y Vivienda); Rocío Blanco (Empleo); José Carlos Gómez Villamandos (Universidades); José Antonio Nieto (Justicia); Dolores López (Política Social, Familias e Igualdad); Economía e Industria (Jorge Paradela) y Presidencia (Antonio Sanz).

Hace siete meses que Moreno adelantó su intención de remodelar el Ejecutivo, pero advirtió entonces que los cambios que tenía en mente eran puntuales, que buscaba mejorar el funcionamiento del gabinete reagrupando áreas de trabajo y descargando macroconsejerías.

En ese momento no habló de sustituir a sus consejeros ni de incorporar nuevos rostros para dar impulso al segundo tramo de la legislatura. En todo este tiempo ha mantenido un escrupuloso silencio, pero hasta hace unos días seguía advirtiendo, en público, que no habría crisis de Gobierno como tal, sino “leves retoques”.

El Ejecutivo andaluz ha anunciado una comparecencia de Moreno, sin preguntas, para las 14.30 horas, que no ha empezado hasta las tres de la tarde. El presidente ha explicado que su gobierno estaba “funcionando de una manera aceptable, intentando que haya más aciertos que errores”. “Que los hay”, ha rematado. En estas palabras, se deduce el cambio de criterio, de aquellos “leves retoques” y un “mero trasvase de competencias”, a una reforma de departamentos, sustitución de personas y nuevas incorporaciones.

Moreno ha hablado de “actualizar” su Gobierno, incidiendo en que ha querido hacer los cambios antes de verano para que el nuevo equipo empiece ya a rodar en septiembre “para dejarse la piel”. Los nuevos consejeros y los veteranos que cambian de cartera u ostentan un departamento rebautizado tomarán posesión del cargo en el Consejo de Gobierno de este martes. Los cambios tendrán que pasar por el Parlamento andaluz -ya en septiembre- para cambiar el nombre de las comisiones legislativas y adaptarlas a la nueva estructura del Ejecutivo.

Tres cambios del gabinete en dos años

Este lunes, previo al último Consejo de Gobierno antes de irse de vacaciones, el presidente andaluz ha ido llamando, uno a uno, a los consejeros a su despacho en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta. Moreno les había pedido hace semanas un balance del trabajo que habían realizado, los proyectos consumados, los proyectos en tramitación... una documentación que usó en su comparecencia del debate de política general que se celebró en el Parlamento hace un mes.

Es la tercera reforma que Moreno hace de su Gobierno desde que empezó la legislatura, en 2022. Las dos anteriores también fueron cambios puntuales, consejeras que salieron de la Junta para encabezar las listas electorales del PP.

La titular de Fomento, Marifrán Carazo, dimitió en marzo de 2023 para ser la alcaldesa de Granada, tras su victoria en las municipales de aquel año -le sustituyó Rocío Díaz en un Consejo de Gobierno que se celebró en la Alhambra, y que sirvió a Moreno para impulsar la candidatura-; y en mayo de 2024, la exconsejero de Agricultura, Carmen Crespo, dejó el cargo para encabezar la lista del PP en las europeas. Su puesto, esta vez, lo asumió de manera temporal el portavoz de la Junta y responsable de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco.

Vox ha provocado un vuelco político en la derecha al salir de todos los gobiernos autonómicos que compartía con el Partido Popular. El partido de Santiago Abascal lo anunció este jueves por la noche en una declaración de cinco minutos. La causa, aseguró el líder ultra, es que el PP ha aceptado acoger en esos territorios un cupo de inmigrantes menores no acompañados, algo que Vox rechaza de todas las maneras. Las comunidades afectadas son Castilla y León, Aragón, Murcia, Comunitat Valenciana y Extremadura.

Dos ministras que no son muy polémicas dejan el cargo para ser candidatas en las elecciones municipales. Los sustitutos tampoco son muy conocidos. Y sin embargo, detrás de cada movimiento hay claves que dejar anotadas.

Abordamos la crisis de gobierno con el director adjunto de elDiario.es José Precedo y con el director de elDiario.es en Galicia Gonzalo Cortizo.

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¿Quién dijo crisis de gobierno? ¿Quién habló de reducción de ministerios? ¿Quién se postuló antes de tiempo? ¿Quién filtró su propio nombre con aspiraciones de regresar a la primera línea? ¿Quién habla en nombre del presidente? Los rumores no son noticia y las quinielas con nombres propios, tan habituales en los medios, sobre posibles sustitutos al frente de los ministerios rara vez aciertan. Pedro Sánchez es de esos líderes políticos que no se dejan llevar por los editoriales de la prensa, las filtraciones interesadas o las presiones de su propio partido. Mucho menos por los aspavientos de una oposición que desde hace meses pontifica sobre un cambio de ciclo político.

Si hay un presidente del Gobierno de cuantos ha tenido España en democracia seguro de sí mismo ese es el que habita hoy en la Moncloa. Por la aplastante seguridad que destila en los escenarios más adversos, por su fortaleza emocional, por su capacidad de resistencia o por su demostrada habilidad para resurgir de sus propias cenizas.

De ahí que haya acotado los cambios en su gobierno a las carteras de Sanidad e Industria, y no haya tenido en cuenta las voces de quienes, desde dentro o fuera del PSOE, le pedían una reestructuración a fondo e incluso una reducción de ministerios para afrontar la última parte de la legislatura. “Un golpe de efecto que ponga en su sitió a Podemos y a sus ministras”, llegó a decir un socialista sobre cómo tenían que ser los cambios en el Gobierno. Otro le invitaba a aprovechar la salida de Darias y de Maroto para prescindir también de los ministros más desgastados, como era el caso de Pilar Llop, en Justicia, o Fernando Grande Marlaska, en Interior.

Nada de eso ha ocurrido, lo que demuestra la confianza que el presidente tiene en su equipo y en el recorrido de la coalición, cuya gestión reivindica siempre que tiene ocasión. Así seguirá haciéndolo durante la campaña electoral del 28M. Cuestión distinta será lo que haga después, a tenor de los resultados que arrojen las urnas el último domingo de mayo. Pero si es satisfactorio para los intereses del PSOE, apuestan algunas fuentes monclovitas, “lo razonable es que mantenga intacto el Gobierno” hasta las generales de diciembre. En todo caso, en el acuerdo de coalición firmado en 2018 se acordó que los socialistas mandaban y decidían en las áreas de Estado que se asignaron y que Unidas Podemos haría lo propio con las carteras que le tocaron en el reparto. Un criterio que ataba de pies y manos al presidente, ya que de facto no tendría capacidad de decisión sobre cinco de los 22 ministerios. 

Perfiles políticos con criterio técnico

El presidente ha optado ahora por dos perfiles políticos pero con conocimiento técnico suficiente para sustituir a Carolina Darias y Reyes Maroto. Ambas serán candidatas en las elecciones del 28M y las dos tenían que salir del gabinete antes de que el próximo 4 de abril el BOE publique la convocatoria oficial de las mismas. En su comparecencia a las puertas de Moncloa, poco después de aterrizar en Madrid procedente de Santo Domingo, Sánchez agradeció a las ministras salientes su labor, sobre todo ante la gestión de la pandemia para aliviar la situación de las empresas y la industria española, así como para fortalecer la campaña de vacunación.

El canario y exportavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, regresa a la primera línea para hacerse cargo de la cartera de Industria, Comercio y Turismo, después de que en julio de 2022 y sin haber cumplido un año en el puesto el propio presidente decidiera cambiarle por Patxi López y tras meses de tensa relación con la ex vicesecretaria general Adriana Lastra, que se resistía a perder el mando del Grupo Parlamentario que había estado también bajo su dirección con anterioridad. La elección de Gómez es, además de un guiño al PSOE canario, la recompensa a meses de discreción y lealtad con el presidente del Gobierno. El nuevo ministro ya pasó, entre 2018 y 2019, por Industria, donde estuvo al frente de Turespaña, un organismo encargado de la promoción en el exterior de España. Su mayor reto, no obstante, será el desarrollo de la industria en un año clave para la ejecución de fondos europeos por 4.214 millones de euros y con el coche eléctrico como proyecto estrella.

Sánchez ha elegido además como nuevo ministro de Sanidad a José Manuel Miñones Conde, licenciado en Farmacia por la Universidad de Santiago y actual delegado del Gobierno en Galicia. Un desconocido en el ámbito nacional que el presidente sitúa en pista de despegue como posible candidato a las próximas elecciones gallegas, según la lectura que este lunes hacían varios socialistas.

Una década de gobiernos progresistas

Más allá del recambio en las carteras de Sanidad e Industria y lejos de quienes ven en los nombramientos “una faena de aliño” para el medio año que queda de legislatura, Sánchez, que compareció en Moncloa en una declaración sin preguntas, quiso enviar varias señales de continuidad de la coalición para 2024, en línea con el mensaje que viene trasladando desde hace semanas sobre la necesidad de tener un segundo mandato y de que haya una década de gobiernos progresistas “para revertir los estragos sociales de la década anterior”. Una idea fuerza que ya esbozó en el Parlamento durante la moción de censura impulsada por Vox, pero también en sus mítines de partido.

El presidente sabe que, aunque alguna vez se le haya pasado por la cabeza, una hipotética ruptura con Podemos pondría contra las cuerdas también a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que tendría que elegir entre quedarse dentro con los socialistas o salir del gobierno con los morados. Y Sánchez necesita que el proyecto de Díaz tenga éxito, sobre todo que logre cohesionar a los partidos a la izquierda de los socialistas, incluido Podemos, para que el bloque de la izquierda sume más que el de la derecha en las generales.

El presidente, que este lunes afrontaba su quinto cambio de gabinete en tres años,  está seguro de que su Gobierno remonta el vuelo, pese a la opinión publicada, pese al cambio de ciclo que alienta la oposición, pese al ruido interno de la coalición y pese al desgaste que acumuló por la reforma de los delitos malversación y sedición o la crisis del sólo sí es sí. “Y si es con un Feijóo que no acierta ni en su estrategia, ni con su agenda, ni con sus equipos, mucho más fácil será”, añade un fontanero monclovita. 

No les falta razón, ya que hasta en la prensa más afín a la derecha empieza a ser un clamor el escaso volumen que Feijóo ha demostrado en su año al frente de la dirección del PP. Esto por no hablar de sus habituales patinazos. El último, este fin de semana, al poner en cuestión la asistencia de Pedro Sánchez a la XVIII Cumbre Iberoamericana presidida por el jefe del Estado para “rendir pleitesía a autócratas” y deslizar de paso que España tienen un Ejecutivo que mantiene vínculos con “narcodictadores”. A ritmo de merengue y bachata, el líder de la oposición se reunía con un grupo de latinoamericanos en un acto bajo el título “Europa es Hispania”, en el que una pastora evangélica invocaba al “Padre Celestial” y pedía rezar al “Dios todopoderoso” para que “se siga expandiendo su palabra”. Malas compañías. Las mismas, por cierto, de las que se rodearon Trump y Bolsonaro.

Matteo Salvini empezó este jueves por la noche su campaña electoral para las elecciones del 25 de septiembre con una entrevista en la edición principal del telediario de Rai1, la primera cadena de la televisión pública italiana. Más que las palabras, contaba la puesta en escena. El líder de la Liga se presentó sentado a una mesa, con la bandera de Italia detrás y una pared llena de imágenes de vírgenes y santos.

Esta vez no besó el rosario, como hizo cerrando mítines o incluso mientras caía en el Parlamento el primer Gobierno de esta legislatura, el Ejecutivo liderado por Giuseppe Conte y apoyado por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, que Salvini liquidó hace tres años en otra crisis de verano. El mensaje, sin embargo, estaba claro: tras el experimento de la coalición de unidad nacional que había apoyado a Mario Draghi, el partido vuelve a las barricadas, con sus caballos de batalla, desde la amnistía fiscal y el retorno a las “raíces cristianas” de Europa, hasta los gritos contra la “invasión” de inmigrantes. 

Habían pasado pocas horas desde que el presidente de la República Sergio Mattarella anunciara, con tono grave, la disolución del Parlamento tras el final del Gobierno de Mario Draghi, a cuya caída Salvini contribuyó, convenciendo a Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi, de seguirlo en la decisión de no apoyar al Ejecutivo junto a los grillini.

Mattarella pidió responsabilidad a los partidos para las próximas semanas, en el “interés superior de Italia” y “a pesar de la intensa, y a veces áspera, dialéctica de la campaña electoral”. Pero Salvini tiene prisa. Los sondeos desde hace tiempo auguran una importante caída de apoyo proporcional al auge que, en cambio, marcan para Hermanos de Italia, el partido que le disputa el espacio de la extrema derecha. Según las encuestas, la formación liderada por Giorgia Meloni compite con el Partido Democrático para ser la más votada en las próximas elecciones, las primeras que se celebran en otoño desde el nacimiento de la Italia republicana, tras la Segunda Guerra Mundial. 

Meloni, a diferencia de Salvini, ha mantenido un perfil más bajo tras la caída del Gobierno de Draghi. Los primeros pasos de estos días parecen querer marcar distancia del estilo de Salvini, que ha vuelto a sacar en las redes las fotos de las barcazas de migrantes junto a su cara y la palabra “seguridad”, aunque el “bloqueo naval” del Mediterráneo sigue siendo uno de los eslóganes favoritos de Hermanos de Italia. Pero Meloni sabe que, si hay alguien que sale beneficiado por la crisis de Gobierno, es ella. Su partido se ha quedado en la oposición en los tres ejecutivos que ha habido desde el comienzo de la legislatura, en 2018, y se presenta ante los electores como el que se ha mantenido coherente y firme mientras, según repite Meloni, los demás se dedicaban a hacer “alquimias” en el Parlamento. “La historia me ha dado la razón”, dijo cuando el miércoles la coalición de Gobierno colapsó. 

La competencia por el liderazgo 

Esa coherencia es la que Meloni reivindica también frente a sus socios de la coalición de centroderecha, promovida por Silvio Berlusconi cuando su partido, Forza Italia, era dominante y no la tercera pata más débil, el papel que le toca ahora y que durante años fue el de Hermanos de Italia. La líder ultraderechista pide para sí el liderazgo si se confirma en las urnas lo que auguran los sondeos. Y, para marcar la línea, el viernes dijo que había propuesto que “las reuniones del centroderecha no fueran ocasiones convivales sino encuentros operativos, en las sedes institucionales” en una clara referencia a la comida, en la villa romana de Berlusconi, donde él y Salvini decidieron la caída de Draghi. También quiere que se establezcan pronto las reglas para definir las listas, ante la sospecha de que Liga y Forza Italia -que ha sufrido importantes defecciones en los últimos días, con la salida de tres de los exponentes históricos del partido- se alíen en un cartel único y encuentren una fórmula que le arrebate el liderazgo de la coalición y, eventualmente, de un futuro Gobierno. 

El camino para llegar hasta aquí ha sido largo y Meloni no está dispuesta a ceder el terreno ganado tras haber llevado su partido del 4 por ciento de hace cuatro años al 22 que le otorgan ahora los sondeos. Un resultado al que han contribuido varios factores, como su posición de apoyo a Ucrania y a la OTAN, en un momento en el que Salvini, con fuertes lazos con Moscú, jugaba a la ambigüedad. También ha contribuido una labor para suavizar su imagen, aprovechando incluso a su favor la parodia musical con un discurso en un mitin de hace años y que se convirtió en un éxito que corrió como la pólvora en las redes sociales. Después, se convirtió en el titular elegido para su libro Io sono Giorgia, Yo soy Giorgia, una biografía escrita con apenas 44 años. 

El discurso de Málaga en apoyo a Vox

Aquel discurso no era muy lejano, en el fondo y en la forma, del que pronunció en Málaga durante la campaña electoral para las elecciones andaluzas de junio, cuando Meloni se desgañitó ante un público entregado de seguidores de Vox, reunidos para apoyar la candidatura de Macarena Olona y que se levantaron para aplaudirla cuando ella dio comienzo a una letanía incendiaria en la que, a cada frase, subía un poco más los decibelios: “O se dice sí o se dice no. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGTB. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la Cruz, no a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva...” y así, hasta completar el arsenal del argumentario clásico de la ultraderecha. 

Era una imagen que se alejaba de la que la líder ultraderechista ha tratado de labrarse en los últimos tiempos y muy distinta a la que, por ejemplo, había dado en los mismos días en una larga entrevista al Corriere della Sera. “Cualquiera con un mínimo de sentido y honestidad intelectual no puede argumentar seriamente que soy un peligro para la democracia”, dijo contestando a una pregunta directa sobre su procedencia del Movimiento Social Italia (MSI), el partido fundado en 1946 por exponentes del régimen fascista.

Meloni empezó en la política en el instituto, en las filas del Frente de la Juventud, la sección juvenil de ese partido y luego atravesó toda la historia de la derecha postfascista con Gianfranco Fini en Alianza Nacional (AN), con el que llegó a ser vicepresidenta de la Cámara de los diputados con tal solo 29 años. Luego, se sumó al Pueblo de la Libertad, el cartel político de Berlusconi, que había fusionado AN y Forza Italia, y del que se salió para fundar Hermanos de Italia. Una historia que la líder ultraderechista reivindica, a la vez que zanja cada vez que puede la polémica sobre el peso del pasado. “Los nostálgicos del fascismo son los tontos útiles de la izquierda”, dijo hace un año, cuando una investigación periodística desveló que exponentes de su partido se reunían con grupos radicales con simbologías fascistas y saludos romanos. 

Ahora llega a las elecciones sabiéndose más fuerte que su rival y socio Salvini, también porque no debe enfrentarse como él a divisiones en su partido. La Liga sale de la crisis de Gobierno marcada por el malestar de la corriente del partido que pedía responsabilidad y no acabar, sobre todo en la manera en la que se hizo, con la experiencia de la coalición de unidad nacional. Esa corriente tiene en Giancarlo Giorgietti, el actual ministro para el Desarrollo económico, su exponente más destacado. Las crónicas de estos días lo describen amargado y dubitativo sobre la oportunidad de volver a presentarse a las elecciones. Un problema para el líder de la Liga, pero también para la coalición, donde la rivalidad entre los partidos a la derecha de Forza Italia puede suponer una mayor debilidad de cara a las elecciones.

Salvini, de momento, trata de superar las dificultades recuperando los mismos esquemas que le permitieron, allá por 2020, liderar los sondeos con más del 30 por ciento, el doble de lo que marcan ahora. En la pared llena de imágenes religiosas que hacía de fondo a su entrevista del jueves, colgaba precisamente un calendario de 2020. Pero han pasado dos años y los escenarios han cambiado por completo. 

En la política italiana el último acto del drama es siempre el penúltimo. En el día en el que Mario Draghi tiró la toalla y finalmente salió al Palacio del Quirinale para entregar su dimisión, los partidos empezaron a hacer cálculos de cara a unas elecciones que nadie quería realmente aparte de la extrema derecha de Hermanos de Italia, que quiere aprovechar el viento favorable que sopla en los sondeos. Su líder, Giorgia Meloni, parece ser ahora la única clara beneficiada por una crisis de Gobierno abierta por el Movimiento 5 Estrellas y redondeada por la Liga y Forza Italia, las formaciones del centro-derecha que apoyaban al Gobierno de unidad nacional surgido hace 17 meses por voluntad del presidente de la República, Sergio Mattarella. 

La fórmula con la que el jefe del Estado trataba de asegurar un tiempo de estabilidad, mientras el país se enfrentaba a una pandemia y al reto que suponían las reformas requeridas para conseguir los fondos del plan europeo de recuperación, ha fracasado bajo el peso de las maniobras electoralistas de unos partidos acostumbrados, desde hace tiempo, a visiones de corto plazo que ni siquiera dependen de las medidas en discusión en el Parlamento. Pero ahora que ya se conoce la fecha de las elecciones, el próximo 25 de septiembre, las distintas formaciones políticas miden sus fuerzas en un camino hacia los comicios sembrado de incertidumbre. 

Gobierno en funciones 

El Gobierno de Mario Draghi se quedará en funciones para la gestión de los asuntos corrientes hasta las elecciones. No podrá aprobar decretos salvo excepciones impuestas por razones de fechas, como en el caso de algunas medidas del plan nacional de recuperación y resiliencia, como se llama el programa presentado a Bruselas para conseguir los fondos. Nunca antes en Italia se había votado en otoño, un tiempo destinado a la definición y aprobación de los presupuestos. Unas cuentas especialmente importantes en un momento de turbulencias económicas a nivel global por las consecuencias de la guerra en Ucrania y el encarecimiento de la energía. La prima de riesgo volvió a subir este jueves hasta los 237 puntos mientras la bolsa de Milán limitaba las pérdidas y cerraba con un -0,7 por ciento. 

La preocupación por las limitaciones de poderes de un Gobierno en funciones, que el presidente Mattarella mencionó al anunciar la disolución del Parlamento, depende también de la necesidad de respetar los compromisos para el desembolso de los nuevos tramos del dinero de los fondos de recuperación. Italia es el mayor beneficiario del plan europeo, con nada menos que 230.000 millones de euros, de los cuales ya ha recibido 45.900 millones. El siguiente tramo, 19.000 millones, tenía que llegar antes de final de año pero está vinculado a la aprobación de 55 objetivos, desde la reforma fiscal a la ley de competencia. Compromisos que el miércoles Draghi enumeró en el programa de Gobierno, sintético y concreto, sobre el que había pedido a los partidos la reconstrucción del pacto de Gobierno. 

“Italia tiene todo para ser fuerte, influyente, creíble en el mundo. Lo habéis demostrado día tras día en estos meses de Gobierno. Ahora debemos mantener la misma determinación en la actividad que podremos realizar en las próximas semanas, dentro de los límites del perímetro que se ha diseñado”, dijo Draghi en el Consejo de Ministros que convocó por la tarde. “Nos tenemos que enfrentar a las emergencias relacionadas con la pandemia, la guerra en Ucrania, la inflación y el coste de la energía. Debemos seguir con la actuación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, también para favorecer la labor del Gobierno que nos sucederá”, añadió el primer ministro, preocupado por preservar el legado más importante de estos 17 meses de Gobierno. 

Mientras tanto empezaba de hecho la campaña electoral. Las elecciones anticipadas no eran la opción favorita para la mayoría de los italianos –solo tres italianos de cada diez querían el adelanto, según un sondeo publicado el domingo por el diario La Stampa– y la primera tarea de los partidos será explicar a sus votantes por qué han precipitado la crisis cuando faltaban un puñado de meses para el final de la legislatura. El hartazgo de los ciudadanos puede ensanchar el único partido que no tiene candidatos, el de la abstención. Sobre todo cuando el resultado que saldrá de las urnas se augura tan incierto. Mucho dependerá de los movimientos que habrá en los partidos, en una parte y en otra del espectro político. 

La extrema derecha reclama el liderazgo

El centroderecha –Forza Italia, Hermanos de Italia y la Liga–, que en teoría puede ser el más beneficiado por el adelanto, está en realidad atravesado por la rivalidad entre las dos formaciones más a la derecha: Hermanos de Italia y la Liga de Matteo Salvini, que ha visto durante meses cómo el apoyo a su partido se esfumaba en los sondeos mientras subía la popularidad de Meloni. Y en el fondo es allí donde hay que encontrar la razón de la huida hacia adelante de Salvini, quien empujó a Forza Italia a seguirle en la decisión de decretar la caída de Draghi.

La determinación salió de un largo encuentro entre los líderes de la Liga y de Forza Italia en la residencia romana de Berlusconi, pero el que dictó los tiempos y las formas fue Salvini. Una subordinación que le puede salir cara a la formación del ex primer ministro, que registró en las últimas horas importantes defecciones, como las de los ministros Maria Stella Gelmini y Renato Brunetta, hasta ahora fieles partidarios de Berlusconi. 

Pero el problema principal al que se enfrenta la coalición es la reivindicación de Meloni de guiar el Gobierno en el caso de victoria del centroderecha en las urnas. “Tengo mis ideas sobre cómo hay que gobernar la nación. Se vota en dos meses, el centroderecha está listo”, dijo el miércoles tras el resultado de la jornada. Está por ver si las tensiones crecerán o el centroderecha volverá a unirse de cara al voto, una especialidad que el centroizquierda le envidia. 

El “campo ancho” que nace muerto

El Partido Democrático compite con Hermanos de Italia para ser el más votado, pero a diferencia de este último, tras la crisis de Gobierno se encuentra con opciones de alianza complicadas. Durante semanas se habló del nacimiento del llamado “campo ancho”, un espacio de centroizquierda que englobara también al Movimiento 5 Estrellas. Ahora el Partido Democrático espera que los electores premien su postura de firme apoyo al Gobierno de Draghi mientras ocurría lo que el secretario del partido, Enrico Letta, no paró de definir como una “locura”. Hay quien no quiere hacer saltar por completo los puentes con lo que queda del Movimientos 5 Estrellas, pero el espacio es estrecho. “Los responsables un poco están avergonzados, un poco no están completamente seguros de haber entendido lo que pasó, un poco intentan quitar las huellas dactilares de las armas”, dijo Letta.

Mientras tanto el Movimiento 5 Estrellas se enfrentaba a un “día después” complicado. La crisis que abrieron hace una semana se les escapó de las manos cuando fue claro que la tercera vía que habían encontrado la semana pasada en la votación del llamado “decreto de ayudas”, un importante paquete de medidas económicas, es decir, ausentarse para no votar, resultó la gota que colmó el vaso de la paciencia de Draghi, harto de presiones y chantajes de los partidos. 

Giuseppe Conte, que lidera ahora la formación que le postuló como primer ministro en 2018 para salir de otro bloqueo institucional, tiene que tratar de evitar un nuevo cisma tras la escisión decidida hace ya un mes por el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio. Luego tendrá que recuperar el apoyo de las bases: al partido que ganó en 2018 con el 33% de los votos ahora los sondeos no le dan más que un 10%.

El 'partido de Draghi' sin Draghi

Di Maio, mientras asiste al drama del partido que lideró y contribuyó a fundar, intenta fortalecer su posición en ese espacio que se ha ido ensanchando a medida que la crisis de Gobierno empeoraba. “La agenda reformadora de Draghi no puede abandonarse, no puede desaparecer”, dijo este jueves tras arremeter contra las fuerzas que habían hecho caer el Gobierno –refiriéndose a M5S y Liga– y que, añadió, son las mismas que “guiñan el ojo a Putin”. Una frase que ejemplifica lo que los comentaristas políticos italianos empiezan a llamar “el partido de Draghi sin Draghi”, el nuevo nombre de ese “Gran Centro” que ha sido la ambición de muchos desde que desapareció la Democracia Cristiana. Allí estarían también el ex primer ministro Matteo Renzi o algunos de los disidentes de Forza Italia. 

Hasta las elecciones faltan exactamente dos meses, un tiempo infinito para tejer y deshacer alianzas y coaliciones. Pero un tiempo también estrecho porque por primera vez se vota en otoño y después del voto los ganadores tendrán por delante el primer importante escollo, la aprobación de unos presupuestos cruciales.