El caso del máster de Cristina Cifuentes ha llegado al Tribunal Supremo. Este martes la sala de lo penal estudiará la sentencia de los tribunales madrileños que absolvió a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y condenó a la profesora y la asesora implicadas en la falsificación de las actas de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero el caso llega al alto tribunal sin Cifuentes: solo María Teresa Feito ha recurrido su condena de falsedad documental y ni la Fiscalía ni la Universidad han cuestionado la absolución de la expresidenta madrileña. El Ministerio Público sí ha pedido que la condena de dos años de cárcel de Feito, entonces asesora en la Consejería de Educación, sea confirmada, según explican fuentes del caso.

El caso del máster de Cristina Cifuentes fue destapado por elDiario.es en marzo de 2018. Una sucesión de informaciones sobre cómo Cristina Cifuentes había obtenido un máster en Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos con unas notas que habían sido falsificadas: una funcionaria había conseguido que, años después de matricularse, varias asignaturas en la que figuraba como “no presentada” pasaran a estar aprobadas con un notable. La documentación también cuestionaba cómo y ante quién había presentado su Trabajo Fin de Máster: sólo pasó un minuto entre la calificación de una asignatura que le quedaba pendiente y la del Trabajo Fin de Máster.

La exclusiva de este periódico obligó a Cifuentes y a la URJC a dar explicaciones, y fue entonces cuando la presidenta regional compareció en la Asamblea de Madrid y exhibió unas actas firmadas que, según ella, demostraban que todo su máster había sido cursado correctamente. La investigación judicial dejó negro sobre blanco que esas actas falsas habían sido confeccionadas por la profesora Cecilia Rosado después de recibir 15 llamadas y mensajes de María Teresa Feito, entonces asesora de la Consejería de Educación del ejecutivo madrileño. Lo que los jueces definieron posteriormente como una actuación “insistente y agobiante” para que las actas fueran falsificadas.

El caso pasó del juzgado 51 de Madrid a la Audiencia Provincial, donde Cristina Cifuentes fue absuelta, Feito condenada a tres años de cárcel por falsedad documental, mientras que Rosado fue condenada a un año y medio por el mismo delito pero con la atenuante de colaboración con la Justicia. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia confirmó la absolución de la expresidenta madrileña y rebajó las condenas de las dos encausadas: la pena de Feito quedó en dos años de prisión y la de Rosado en un año. En la práctica, y salvo que los jueces digan lo contrario, no tienen que cumplir condena obligatoriamente en prisión.

Sólo una parte del caso será estudiada este martes por la sala de lo penal del Tribunal Supremo. La magistrada Carmen Lamela, que será la ponente, tiene encima de la mesa el recurso de Feito contra su condena de dos años de cárcel y la petición de la Fiscalía de que el recurso sea desestimado y su condena confirmada. Cecilia Rosado no ha recurrido, según explican a elDiario.es fuentes del caso, y las acusaciones tampoco han cuestionado la absolución de Cristina Cifuentes. El debate será, por tanto, si la condena de Feito es confirmada o rebajada.

María Teresa Feito era asesora de la Consejería de Educación que dirigía entonces Rafael van Grieken, pero sus vínculos con la URJC iban más allá: era amiga de la propia Cifuentes, profesora en excedencia de Filología Inglesa en la Universidad donde su jefe, el Consejero, era catedrático de Química. También formó parte del Consejo del Instituto de Derecho Público donde se impartió el máster. Fue ella quien, según ha declarado probado la Justicia hasta ahora, acudió a una reunión de emergencia el 21 de marzo de 2018 para exigir a la profesora Rosado que elaborase unas actas falsas en las que figurase que Cifuentes defendió su Trabajo Fin de Máster el 2 de julio de 2012, dos años antes de que sus notas cambiaran. La docente aceptó, según los jueces, “ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo”.

Su primera condena, los tres años impuestos por la Audiencia de Madrid, implicaban su entrada obligatoria en prisión. El Tribunal Superior de Justicia de la capital, sin embargo, optó por rebajar la pena a dos años: los jueces mantuvieron que había cometido un delito de falsedad en documento oficial pero redujeron la condena al entender que estaba en excedencia en su puesto como profesora de la URJC y, por tanto, “ninguna responsabilidad tenía en la Universidad, ni en la gestión académica del Máster de Derecho Público del Estado Autonómico en cuya documentación se hizo la irregularidad, ni actuó en el ejercicio de funciones públicas”.

La absolución de Cifuentes

Cristina Cifuentes dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid un mes después de que elDiario.es revelase las irregularidades de su máster, y horas después de la difusión de un vídeo de 2011 de una cámara de seguridad de un supermercado que registraba cómo la entonces vicepresidenta de la Asamblea había sido retenida tras robar unas cremas. El caso llegó a juicio en enero de 2021, casi tres años después de la primera información de este periódico, y su absolución fue firmada en febrero de ese año: los jueces declararon probadas toda clase de irregularidades en la gestión de sus notas pero no que ella interviniera en la falsificación de las actas que ella misma exhibió en la Asamblea de Madrid para defender su inocencia.

Su actividad académica en el máster, según la Audiencia de Madrid, “ha revelado un conjunto de incongruencias relevantes e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de postgrado”. Desde no ir nunca a clase hasta no contactar con ningún profesor pasando por esa “modificación fraudulenta” de sus notas. Pero concluyeron los jueces que no hay pruebas suficientes que demuestren que ella estaba al final de la cadena de presiones a la profesora Rosado para que sus actas fueran falsificadas. “Sin obviar el interés de este en tener toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster, nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión”, dijo la Audiencia de Madrid.

Las sospechas, según los jueces, podían ser “legítimas” pero no había más pruebas. Algo que ratificó el Tribunal Superior de Madrid cuatro meses después: “El tribunal de instancia basó su fallo absolutorio no sólo en prueba documental, sino también en medios que incluyen la declaración de las acusadas, y el testimonio de numerosas personas”, destacaron los magistrados. La Fiscalía recurrió la primera absolución pero la tramitación posterior de la causa revela que decidió no llevar el caso ante el Tribunal Supremo. El último capítulo del caso del máster de Cifuentes se resolverá cuatro años después de la primera información de elDiario.es y sin que los magistrados de la sala de lo penal tengan que examinar el papel que jugó la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

La ubicación de las tres acusadas en el juicio del caso Máster durante la primera sesión del juicio no se corresponde con el hilo de la falsedad documental que acredita indiciariamente la investigación. La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes se sentó en un extremo y la que fuera asesora de la Consejería de Educación Teresa Feito, en el contrario, dejando el centro del banquillo a la profesora Cecilia Rosado. Sin embargo fue Feito quien presionó presuntamente a Rosado; ella es el nexo entre la falsificadora del documento de defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM) y la beneficiada de ese delito y acusada de inducirlo, Cristina Cifuentes. Así lo corroboró la profesora Rosado mientras que Feito se encargó de negarlo, alegando que solo instó a que buscara el TFM con 15 llamadas y 5 mensajes cargados de mero “interés personal”.

Asesora del Gobierno de Cristina Cifuentes en la Consejería de Educación, profesora titular en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en excedencia y amiga personal del fallecido Enrique Álvarez Conde, el catedrático que dirigía el posgrado y epicentro de la trama. María Teresa Feito lo tenía todo para ser uno de los personajes clave del caso Máster, la trama académica desvelada por elDiario.es que en 2018 se llevó por delante la carrera política de la entonces presidenta regional y que empezó a juzgarse este lunes en la Audiencia de Madrid. Así lo cree la fiscal del caso, que la señala como quien presionó en la URJC para elaborar la coartada con la que tapar el escándalo y que pide para ella tres años y tres meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial, igual que para Cifuentes. 

Sin embargo, en su interrogatorio durante la primera sesión del juicio, Feito intentó zafarse de cualquier papel protagonista o de intermediación. Se presentó como una simple asesora —“había muchas más importantes que yo”— a la que movió su “interés personal” y negó haber dado o recibido órdenes para tapar el escándalo. Admitió haber estado en la URJC el día que elDiario.es sacó a la luz la información del máster, aunque aseguró que fue para otros asuntos y sólo entró “dos minutos” a la reunión en la que la plana mayor veía cómo hacer frente a la tormenta. “Yo es que soy muy pesada con el teléfono”, dijo para justificar las 15 llamadas y cinco SMS que envió a Cecilia Rosado, la profesora, también acusada, que admitió haber falsificado el acta del TFM de Cifuentes. 

“Había que hacer un acta de un hecho que no había existido”, afirmó ante el tribunal Rosado, que fue la primera en hablar y que con su declaración puso en serios apuros la versión de la expresidenta, que ha mantenido hasta el momento que hizo el trabajo y defendió su TFM el 2 de julio de 2012. Este lunes, casi tres años después del inicio del caso, la defensa de Cifuentes aportó una copia de su agenda que incluye la cita “Máster URJC” en la fecha en la que supuestamente defendió su trabajo, el 2 de julio de 2012. Su declaración está prevista para el próximo viernes, en la segunda sesión del juicio. Este lunes, Rosado afirmó que ese día ni siquiera estuvo en la universidad porque estaba preparando la ponencia de un curso de verano, algo que suele realizar en su casa.

Supuestas presiones

La profesora expuso sin medias tintas que hubo dos personas que, en uso del poder que tenían sobre ella, la presionaron para falsificar el acta. La principal, Enrique Álvarez Conde, quien ejercía sobre ella una “absoluta jerarquía” y de quien dependía su situación laboral. “Me limité a acatar las órdenes de Álvarez Conde para confeccionar ese acta”, aseguró sobre el catedrático, que desarrolló parte de su promoción académica al calor del poder del PP en la Comunidad de Madrid. 

La otra persona que la presionó, siempre según su relato, fue Feito, quien le exigió que creara un acta del TFM y que se la enviara. “Si no me la envías [el acta] Cifuentes os va a matar. A vosotros y al rector”, aseguró Rosado que le trasladó la entonces asesora. “Esa frase nunca la dije. Es que yo no soy de ordenar”, rebatió después Feito, que afirmó que esas llamadas fueron en tono “muy bueno” aunque sí reconoció que le pidió “por favor” que buscara el trabajo. “¿Qué interés tenía en encontrar el trabajo? Sigo sin entenderlo”, le preguntó en varias ocasiones la fiscal Pilar Santos. Feito insistió en que era “por un interés personal de saberlo” y negó tener “ninguna” relación “personal o profesional” con Cifuentes a pesar de sus gestiones para amortiguar el escándalo y de que en su día acompañó a la expresidenta a la URJC a recoger el título de su máster.

Ante el tribunal, Rosado, para quien la Fiscalía pide un año y nueve meses de prisión, explicó con todo detalle cómo había falsificado el acta. Según su relato, Álvarez Conde le indicó la fecha que debía constar como celebración del acto de defensa —el citado 2 de julio de 2012—, el “título del trabajo” y “la nota” y le trasladó que de ese tribunal ficticio formarían parte ella misma y otras dos profesoras, Clara Souto y Alicia Pérez de los Mozos, que le indicaron “por videollamada” cómo hacer sus firmas. Rosado aseguró que era “habitual” que en el Instituto de Derecho Público unos profesores firmaran por otros documentos oficiales. “Era la manera de hacer de Enrique Álvarez Conde”, afirmó. 

Lo que comenzó a juzgarse este lunes es la falsificación de esa acta y si Cifuentes y Feito fueron cómplices de ese presunto delito, ya confesado por Rosado ante el tribunal. La expresidenta se expone a una condena no por el fraude del máster en sí, que obtuvo sin haber aprobado todas las asignaturas, sin haber ido a clase y sin haber entregado el TFM; sino por las maniobras para intentar tapar el escándalo. 

Los indicios que apuntaban a que en el Instituto de Derecho Público de la URJC se regalaron títulos a dirigentes políticos y a otros alumnos “escogidos” que tenían una relación próxima con Álvarez Conde quedaron sin investigar tras la decisión de la jueza Rodríguez-Medel de dar carpetazo a gran parte de la causa en octubre de 2018. La jueza tomó esa decisión tras la negativa del Tribunal Supremo a investigar al líder del PP, Pablo Casado, que también obtuvo un título en esa Universidad sin conocer a sus profesores, sin ir a clase y sin hacer exámenes de un posgrado presencial. 

De forma paralela, en otro juzgado de Plaza de Castilla siguen imputados por un supuesto delito de revelación de secretos el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y la ex redactora jefa de Política Social, Raquel Ejerique. Ambos periodistas sacaron a la luz las irregularidades de la expresidenta regional en torno a este máster, lo que derivó en su dimisión y el final de su carrera política.

Cecilia Rosado, una de las profesoras de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), ha reconocido este lunes que en los estudios de posgrado que dirigía Enrique Álvarez Conde en el Instituto de Derecho Público era “una práctica habitual firmar por los [profesores] que debían hacerlo”. Además, en su declaración ante la jueza Carmen Rodríguez Medel, que investiga las supuestas irregularidades del máster de Cristina Cifuentes, Rosado también ha reconocido que era Álvarez Conde el que decidía quien defendía el Trabajo de Fin de Máster (TFM).

La juez de Instrucción número 51 de Madrid había marcado para este lunes una nueva ronda de declaraciones del caso tras detectar un informe caligráfico de la Guardia Civil anomalías en las rúbricas que aparecen en las actas de defensa del trabajo final de seis alumnos de la misma promoción que Cifuentes.

Estaban citados el exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde; la exsubdirectora del instituto Laura Nuño; una de las docentes que evaluó a Cifuentes, Clara Souto; y otra de las profesoras del máster, Cecilia Rosado. Se les acusa de delitos de falsedad documental y prevaricación.

La comparecencia de Nuño se ha aplazado hasta el próximo 24 de septiembre. Esta mañana, la ex subdirectora del IDP se ha presentado en el juzgado para informar de que su abogado no la podía asistir tras una lesión.

“Todo se hacía por la bendición de Conde”

El primer en comparecer ha sido Conde, que se ha acogido por tercera vez a su derecho a no declarar. Sin embargo, ha leído un manifiesto en el que se ha quejado de la “indefensión” que está sufriendo en la causa. Además, ha criticado el informe de la Guardia Civil y a la juez por llevar a cabo “una causa general” contra su persona.

En su declaración, Souto y Cecilia Rosado han afirmado que Conde era el que “mandaba” en todo y el que decidía quién defendía o no el trabajo de fin de máster, ya que era “una mera formalidad”. Además, han dicho que eran profesoras visitantes sin autonomía académica. “Todo se hacía por la bendición de Conde”, han aseverado.

Souto ya compareció el pasado mayo como testigo. Fue una de las profesoras del tribunal que supuestamente evaluó a Cifuentes y cuya firma aparecía en el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM). Ante la juez, afirmó que su rúbrica estaba falsificada.

Hoy ha tenido que dar explicaciones ante un informe de la Guardia Civil que da autenticidad a cuatro de las firmas que aparecen en seis actas de alumnos que no realizaron el trabajo.

Ante la juez, habría reconocido que sí plasmó su rúbrica en una de las actas, pero no en el resto. Además, ha señalado que Conde consideró que no era necesario que algunos alumnos defendieran ante un tribunal su trabajo final.

Celicia Rosado ya compareció como investigada en esta parte de la investigación. En una de sus anteriores declaraciones, afirmó que había recibido presiones presuntamente de Maite Feito, exasesora del Gobierno regional. Además, afirmó que el director del máster la presionó para “fabricar” el acta.

En esta ocasión, ha reiterado que Conde mandaba y que era “una práctica habitual firmar por los que debían hacerlo”. Al igual que su compañera, ha señalado que si se evaluaba a los alumnos, era porque habían probado, si bien a veces no defendían el trabajo.

La declaración durante una hora y cuarenta minutos de la profesora Cecilia Rosado el pasado 10 de mayo ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel constituye el relato de las trampas con las que los responsables de la Rey Juan Carlos intentaron asegurar su futuro en la universidad pública y, de paso, mantener a salvo la carrera política de Cristina Cifuentes.

En el vídeo de esta declaración, al que ha tenido acceso eldiario.es, la profesora Rosado, imputada en esta investigación, reconoce que falsificó las firmas de sus compañeras en el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) y detalla, entre otros asuntos, las insistentes presiones que recibió de una asesora de la Comunidad de Madrid, Maite Feito, y del director del Instituto de Derecho Público de la URJC, Enrique Álvarez Conde, el catedrático de trayectoria vinculada al PP que ordenó acabar con la polémica originada por la exclusiva de eldiario.es “como fuera”.

“¿Le dijo en algún momento la señora Feito si le estaba trasladando su opinión o que le estuviera trasladando la opinión de la señora Cifuentes?”, pregunta la jueza en un momento del interrogatorio. Y Rosado contesta: “No me dijo en ningún momento eso, pero es verdad (…) que en un momento me dice que si no enviamos el acta del Trabajo de Fin de Máster que Cifuentes nos va a matar, no solo a nosotros sino también dice del rector”.

En el momento en que transcurre esa escena Feito es asesora del consejero de Educación de la Comunidad, Rafaen Van Grieken, aunque tiene plaza en la Rey Juan Carlos como profesora de inglés y, según declaró a eldiario.es, es “amiga” de Cifuentes. Maite Feito se presentó a primera hora de la mañana del 21 de marzo, el día de la exclusiva sobre el máster, en la Universidad. Según ella, para participar en una charla de feminismo. El rector, Javier Ramos, aseguró en el juzgado, sin embargo que lo hizo para participar activamente en la crisis desatada por la exclusiva. Tras la polémica, Feito ha abandonado su puesto de asesora en la Consejería de Educación.

Rosado afirma en su declaración que Feito empieza “a llamarla sin parar durante todo el día”. En las primeras comunicaciones, la asesora de Cifuentes le dice que el TFM “tiene que aparecer”. Más adelante llegan las amenazas.

Además, la profesora Rosado habla de las presiones que ejerció sobre ella Álvarez Conde. La docente de Derecho Constitucional explica que antes del asunto del máster de Cifuentes, su relación con el director del Instituto de Derecho Público es muy complicada. En 2014 se distanciaron a raíz de un enfrentamiento entre Álvarez Conde y un profesor que trabajaba con Rosado, por la desconfianza sin fundamento que sintió sobre ella el director del Instituto, afirma. Ella explica que tenía “mucho miedo” a perder su trabajo y no encontrar otro por lo que pudiera ir diciendo de ella en el ámbito universitario alguien tan conocido como Álvarez Conde.

La mañana de la noticia de eldiario.es, ella le telefonea, según su relato y, a partir de ahí, hablan en “muchas” ocasiones. “Hay que arreglar esto y hay que poner un tribunal. Y él decide quién es ese tribunal, que somos Alicia López de los Mozos, Clara Souto y yo. Ahí me pongo muy nerviosa. Él me dijo que había que hacerlo sí o sí, que no quedaba ninguna alternativa y que si no, nos íbamos todos a tomar por saco. Y que había que hacerlo sí o sí. Esto es antes de la rueda de prensa”.

Rosado relata así cómo Álvarez Conde le ordena ya fabricar el acta que Cifuentes enseñó horas después, ya casi de madrugada, a través de las redes sociales para intentar defenderse. Con ese documento en la mano, Cifuentes se jactó de que no se iba “a ir” y de que se iba a seguir siendo la presidenta para responder a los que querían que dimitiera por el escándalo.

Según Cecilia Rosado, la falsificación de las firmas entre compañeros era habitual en la universidad para ahorrar tiempo en cuestiones como las dietas. El argumento choca a la jueza por la manera que tenían de conducirse ese grupo de profesores que además eran juristas. “Si fuera una escuela de Ingeniería…”, llega a ironizar la magistrada.

Rosado, en contra de lo que señala Alilcia López de los Mozos, afirma tajante que ésta le dio autorización, por videollamada, para falsificar su firma. “Yo le enseñé la firma [que había hecho imitando] y ella dijo: sí, así”. Con Clara Souto no es tan tajante, pero también afirma que le “enseñó” cómo era su firma en plena crisis del máster.

La profesora declara que nunca recibió amenazas directas del rector de la Universidad, Javier Ramos, pero que Álvarez Conde le comentó que él si estaba “presionado” por el máximo responsable del centro y que, por ello, “le había prometido el acta al rector”.

La jueza que instruye el máster de Cifuentes ha ido tejiendo una investigación que ya abarca a un elevado número de implicados y que se adentra ahora en posibles tratos de favor a alumnos desde hace una década. El caso, que comenzó por la falsificación de un acta de notas, amplía el foco sobre la Rey Juan Carlos, la Universidad que el PP apadrinó y que ahora se ha convertido en un problema. Su “basurero académico”, como la definió un catedrático del centro, que ha estallado en llamas a un año de las elecciones en Madrid.

Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado número 51 de Madrid, ha reclamado a este universidad documentación sobre el Máster de Derecho Autonómico desde el año 2009. Lo quiere todo: expedientes de todos los alumnos que lo han cursado, las calificaciones que recibieron y, si existen, los papeles que justifiquen los eventuales cambios de notas. Toda esa información integrará una nueva pieza separada de la causa.

En paralelo, la jueza ha abierto otra pieza que se centra en un caso concreto, el del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado. Rodríguez-Medel ya ha pedido a la Rey Juan Carlos la documentación sobre sus asignaturas convalidadas (18 de un total de 22) ante las sospechas de que también pudo recibir un trato de favor. Ya ha certificado que un alumno de la promoción de Cifuentes se sacó el posgrado sin cursarlo y sobre la mesa tiene una lista de cargos vinculados al PP que se beneficiaron de tres convalidaciones con actas falsificadas.

Estas dos nuevas vías de investigación no relegan la abierta contra Cristina Cifuentes. La jueza quiere saber qué llamadas hizo Maite Feito, amiga de la expresidenta y asesora en su Gobierno, a los responsables del máster el día que estalló el escándalo. Trata de aclarar, más allá de la falsificación del posgrado, hasta qué punto Cifuentes usó su influencia -y la de su asesora, con plaza de profesora en la URJC- para tratar de contrarrestar las informaciones que ha acabado con su carrera política.

“Cargos y carguillos del PP”

La jueza ahonda así en los vínculos de la Rey Juan con el PP, que hizo de esta Universidad 'su universidad'. “La constante relación de cargos y carguillos del PP con la Rey Juan Carlos está destrozándola” contaba el catedrático Manuel Villoria a eldiario.es. El caso no solo desgasta el prestigio académico del centro, sino que ha dinamitado el PP de Madrid a un año de las elecciones.

Los populares han aprobado este martes la elección de Pío García Escudero como presidente regional. Tiene ante sí la tarea de recomponer filas a un año de las elecciones, para las que no hay candidatos. En la Comunidad Ángel Garrido reclama el número uno tras la caída de Cifuentes, pero es consciente de que tiene muy complicado convencer al partido. Para el Ayuntamiento suena Casado, que intentará medrar con la amenaza de la investigación judicial sobre su máster.

Los populares madrileños tratan de rearmarse -una vez más- después de que el escándalo que les ha hecho saltar por los aires en esta ocasión haya estallado en una Universidad siempre vinculada al partido, desde sus inicios. Por los pasillos del Centro de Estudios Superiores Ramón Carande, germen del actual campus de Vicálvaro de la URJC, se movían el exrector Fernando Suárez, el profesor Pablo Chico de la Cámara o Maite Feito, protagonistas ahora de esta investigación.

El Ramón Carande, que se creó en 1990 con sede en Vicálvaro, empezó como un centro universitario vinculado a la Universidad Complutense de Madrid hasta que en 1998 pasó a integrarse en la Universidad Rey Juan Carlos. Así también pasaron a ser funcionarios todos los trabajadores, personas relacionadas con la política y, en concreto, con el PP.

Dos décadas de vínculos entre el PP y la URJC

Lo que vino después fueron dos décadas de buenas relaciones entre la URJC y el PP. Si la Carlos III es considerada 'la universidad del PSOE' y el campus de Somosaguas de la Complutense se vincula a Podemos, la Rey Juan Carlos ha sido conocida desde sus inicios como 'la universidad del PP'. Sus contrataciones apuntan en este sentido: familiares de cargos del partido han encontrado acomodo en la URJC.

Por ejemplo, Isabel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla (prima del exministro Alberto Ruiz Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid cuando nació la Rey Juan Carlos), Margarita Cifuentes Cuencas (hermana de la expresidenta madrileña), Isabel Mayor Bastida (sobrina del exministro Jaime Mayor Oreja), o María del Mar Alarcón (cuñada de Francisco Granados) trabajan en esta Universidad.

En la Rey Juan Carlos también han acabado políticos del PP. Daniel Ortíz, exdiputado que tuvo que dimitir por su implicación en Púnica, imparte clases en el departamento que dirige Pablo Chico de la Cámara, uno de los profesores del máster de Cifuentes. Este último ha presentado este martes su dimisión como presidente del Tribunal Económico Administrativo de Pozuelo de Alarcón, uno de los feudos madrileños del PP. El propio Enrique Álvarez Conde, tutor de la expresidenta madrileña, desempeñó distintas responsabilidades en el gobierno de José María Aznar.

Además, entre los escándalos que ha vivido la Universidad en estos últimos años -los plagios del rector o las contrataciones irregulares- hay uno que ejemplifica la estrecha relación entre la URJC y el PP. Cuando Rodrigo Rato se vio inmerso en el escándalo de las tarjetas Black, la Rey Juan Carlos se negó a retirarle el doctorado honoris causa. Tras ocho meses de presiones le retiraron la mención.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel busca determinar el papel exacto que jugó Maite Feito, asesora de la Comunidad de Madrid y amiga personal de Cristina Cifuentes, en el caso Máster. Para ello quiere conocer qué llamadas efectuó Feito, ya imputada, a los principales responsables del posgrado el día que eldiario.es desveló el escándalo.

En una providencia a la que ha tenido acceso eldiario.es, la jueza pide el criterio del Ministerio Fiscal para recabar el tráfico de llamadas entre Feito, Enrique Álvarez Conde, responsable del Instituto en el que se impartía el máster, y las profesoras Alicia López de los Mozos y Cecilia Rosado. La jueza cree que deben incorporarse a la investigación las llamadas cruzadas que se hicieron el 21 de marzo, día en que Feito acudió, por orden de Cifuentes, a presionar a la Universidad Rey Juan Carlos.

La jueza refleja en la providencia que debe identificarse al titular del teléfono “de la llamada entrante y saliente en cada caso”. Ahora será la Fiscalía quien tendrá que pronunciarse sobre la conveniencia de practicar esa diligencia, que busca aclarar cuál fue la participación concreta de Feito.

Según desveló, eldiario.es el pasado 4 de abril, Cifuentes encomendó a Feito que intentase buscar una salida a la crisis que habían generado las informaciones sobre su máster falso. Lo hizo porque Feito es amiga personal de Cifuentes desde hace varios años, como ella misma confirmó a eldiario.es. Fuentes de la URJC aseguran que fue ella también quien animó a Cifuentes a matricularse en ese máster, a finales de 2011.

El 21 de marzo, Feito acudió al rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos, a pesar de estar en comisión de servicios –desde 2015 no es profesora no es profesora de esta universidad– por su condición de asesora de la Comunidad de Madrid. No tenía ningún cargo en la URJC que justificase su presencia allí.

Las gestiones de Feito desembocaron en que Cifuentes consiguió varios documentos con los que responder a las primeras informaciones. Entre ellos, el acta de evaluación del Trabajo de Fin de Máster (TFM), que después se demostró que había sido falsificada. Las profesoras Clara Souto y Alicia López de los Mozos alegaron que su firma no era la que aparecía en ese documento. La única firma real es la de la profesora Cecilia Rosado.

Rosado declaró el pasado jueves como imputada en el caso Máster y señaló directamente a Feito. Relató a la jueza que la asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid le amenazó cuando eldiario.es desveló el escándalo . “O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar”, aseguró Rosado que le trasladó Feito.

Esta profesora explicó a la jueza que la asesora Feito le exigió desde el primer momento con frases como “el trabajo tiene que aparecer” y que le envió insistentes mensajes de whatsapp en ese sentido. “Búscame bibliografía”, le ordenó también, según las fuentes consultadas.

La jueza que investiga el falso máster de Cristina Cifuentes ha imputado a Maite Feito, la exasesora del Gobierno regional y amiga personal de la expresidenta que acudió a presionar a la Universidad Rey Juan Carlos el día que eldiario.es destapó el escándalo. Tendrá que declarar un día antes que Cifuentes.

La titular del juzgado número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, le ha citado para el próximo 25 de junio, según informan fuentes jurídicas. Feito, que ha dimitido como asesora de la Consejería de Educación del Gobierno regional, fue señalada el pasado jueves por Cecilia Rosado, una de las profesoras del máster de Cifuentes. En el acta falsificada sobre el TFM de la expresidenta, la firma de Rosado es la única verdadera.

En su declaración como imputada el pasado jueves, Rosado explicó que Feito le exigió desde el primer momento con frases como “el trabajo tiene que aparecer” y que le envió insistentes mensajes de whatsapp en ese sentido. “Búscame bibliografía”, le ordenó también, según las fuentes consultadas. “O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar”, le llegó a decir a Rosado.

Según desveló eldiario.es el pasado 4 de abril, Cifuentes encomendó a Feito que intentase buscar una salida a la crisis que habían generado las informaciones sobre su máster falso. Lo hizo porque Feito es amiga personal de Cifuentes desde hace varios años, como ella misma confirmó a eldiario.es. Fuentes de la URJC aseguran que fue ella también quien animó a Cifuentes a matricularse en ese máster, a finales de 2011.

La propia Feito reconoció que el 21 de marzo acudió al rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos, a pesar de estar en comisión de servicios –desde 2015 no es profesora de esta universidad– por su condición de asesora en la Comunidad de Madrid. No tenía ningún cargo en la URJC que justificase su presencia allí. Feito alegó que la causa no fue el máster de Cifuentes, sino una mesa sobre feminismo que se celebraría en mayo y donde ella tenía previsto participar.

Las gestiones de Feito desembocaron en que Cifuentes consiguiera varios documentos con los que responder a las primeras informaciones. Entre ellos, el acta de evaluación del Trabajo de Fin de Máster (TFM), que después se demostró que había sido falsificada. Las profesoras Clara Souto y Alicia López de los Mozos alegaron que su firma no era la que aparecía en ese documento. La única firma real es la de la profesora Cecilia Rosado, la que ahora ha relatado amenazas de Feito.

Feito era asesora del Gobierno de Madrid. Cobraba 50.093 euros anuales y estaba asignada formalmente a la Consejería de Educación, dirigida por Rafael van Grieken. Ambos tienen también plaza como funcionarios en la URJC, aunque ahora están fuera en comisión de servicios. Maite Feito, como la conoce su entorno, es profesora titular del departamento de Filología, mientras que Van Grieken es catedrático de Química. Van Grieken también era vicerrector de investigación de la URJC cuando Cristina Cifuentes se matriculó en su máster.

Una de las alumnas que cursó el mismo máster que Cristina Cifuentes ha declarado este lunes ante la jueza que nunca vio a la expresidenta madrileña por clase. De hecho, ha asegurado que se enteró de que también lo cursó cuando le ha llegado la citación del juzgado para declarar en este caso como testigo. “Yo a clase falté muy poco”, ha añadido.

La propia alumna, que ha preferido no dar su nombre, ha explicado a la salida de la declaración que ella fue a las clases, entregó trabajos, hizo exámenes y presentó un Trabajo de Fin de Máster para poder superar este posgrado. “No era un máster regalado”, ha recalcado. Esta alumna ha comparecido como testigo junto con otros cuatro compañeros de máster en el Juzgado número 51 de Madrid.

Según ha explicado, ha conocido ahora que había una veintena de alumnos matriculados, porque en clase solo había una decena, 11 o 12 como mucho en algunas clases. De hecho, ha explicado que los cinco que estaban citados hoy se ha  reconocido entre ellos porque sí que acudieron a las clases. Esta alumna ha explicado que desconocía que había alumnos que aprobaron el máster sin ir a clase y lo ha calificado como una vergüenza. Además, ha añadido que el posgrado era muy exigente y los profesores muy bueno.

Esta mañana también ha declarado el director de eldiario.es, Ignacio Escolar. La jueza, además de reclamarle como testigo, solicitó a eldiario.es las actas de convalidación de tres asignaturas a una decena de alumnos del máster, entre los que estaba la expresidenta madrileña, que el director de eldiario.es le ha entregado este lunes. En esas actas se da fe de una supuesta reunión de la “comisión de Garantía de Calidad” del máster, el 24 de mayo de 2012, donde se aprobó a varios estudiantes la convalidación de tres de las asignaturas, una cuarta parte del total. Cinco de la seis firmas estaban falsificadas.

Lo ilegal no es ese método, habitual en la Universidad, sino que la reunión de la comisión de Garantía de Calidad donde supuestamente se aprobaron esas convalidaciones nunca existió y que las actas que así lo registraron, que también cuentan con membrete y sello oficial del Instituto de Derecho Público y de la URJC, fueron falsificadas.

Nueve de los alumnos que se beneficiaron de las actas falsificadas han sido citados como testigos, mientras que Cifuentes ya está imputada en el caso. La jueza la citó como investigada el pasado viernes, después de que una de las profesoras de máster, Cecilia Rosado, relatase presiones y amenazas por parte de Maite Feito: “Arreglad esto o la presidenta y el rector os matan”.

“Levantar las alfombras tiene un alto precio”, proclamó Cristina Cifuentes, a través de un plasma, a los cinco días de que eldiario.es desvelara que consiguió un máster con notas falsificadas. Un mes y medio después, la proclamada a sí misma luchadora contra la corrupción está imputada en un juzgado de Madrid por falsedad en documento público y cohecho impropio, éste último un delito de corrupción que es imposible deslindar del cargo que ostenta quien lo comete.

El papel de víctima que se arrogó Cifuentes en la primera parte del escándalo fue derivando, a la luz de las pruebas, en un intento de atribuir la responsabilidad de las irregularidades en la confesión del máster a la Universidad Rey Juan Carlos. Fue la estrategia que desplegó Génova y que la propia Cifuentes plasmó por escrito en una carta enviada al rector de la URJC, Javier Ramos, el 17 de abril, en la que aseguraba que las posibles irregularidades son “totalmente ajenas” a ella.

Con la decisión adoptada este viernes por la jueza Carmen Rodríguez-Medel de citar como investigada a Cifuentes, ese papel de víctima torna en el de presunta autora del delito. La magistrada considera que hay indicios de que Cifuentes se aprovechó de su cargo y que en razón de él recibió trato de favor. Y no solo eso, también de que participó en la trampa, de ahí la imputación por falsedad documental.

El artículo 422 del Código Penal recoge que hay cohecho impropio cuando “la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años”. Esta fue la acusación que condujo a Francisco Camps hasta el banquillo de los acusados y de la que fue absuelto en el denominado caso de los trajes.

La rapidez con la que la magistrada Rodríguez-Medel ha imputado a Cifuentes da cuenta de la claridad de los indicios que aprecia ya contra ella. Antes de que dimitiera y renunciara a su escaño, la jueza de instrucción no era competente para investigarla debido al aforamiento del que gozaba Cifuentes.

La magistrada recibió, por reparto, la denuncia de una catedrática de la Universidad de Salamanca, Ángela Figueruelo, el 17 de abril, después de las informaciones de eldiario.es le permitieran descubrir que su firma había sido falsficada en la convalidación de tres asignaturas.

Cinco días después, la magistrada admitió a trámite la denuncia y citó a los primeros testigos e imputados. Este jueves abrió la ronda de declaraciones, que se alargaron durante nueve horas. Con la información recabada y la que le había remitido la Fiscalía, ha decidido llamar de inmediato a Cifuentes como imputada.

La actuación de la jueza contrasta con las diligencias de la Fiscalía. Los primeros en llevar a la justicia el máster de Cifuentes fueron las asociaciones universitarias, el 22 de marzo. Con la denuncia estudiantil, la Fiscalía no abrió diligencias hasta el 5 de abril, el mismo día que la URJC le anunció que enviaría documentación del máster. Arrancó entonces una investigación de la que solo ha trascendido la toma de declaración a Alicia López de los Mozos, una de las supuestas examinadoras cuya firma fue falsificada. Esta denunció coacciones del director del instituto del máster, Enrique Álvarez Conde, pero no hubo más citaciones por parte de Fiscalía. 

Cuando la jueza admitió a trámite la denuncia de la catedrática de Salamanca, el 22 de abril, la Fiscalía, como es preceptivo, archivó sus diligencias y dio traslado a la instructora. Ni siquiera la principal investigada hasta ahora, la profesora Cecilia Rosado, presunta autora material de las falsificaciones de las firmas del tribunal, había declarado ante la fiscal jefe de Móstoles, Margarita Rossignoli. El tercer miembro de ese tribunal, Clara Souto, alegó una baja por enfermedad. Este jueves, ninguna pudo escapar de la citación judicial.

Queda el interrogante de si Cecilia Rosado hubiera aportado la misma información que ha desgranado ante la jueza ante la Fiscalía, en el caso de que el Ministerio Público la hubiera citado cuando Cifuentes era todavía presidenta de la Comunidad de Madrid. Durante las dos horas que estuvo el jueves ante la jueza Rodríguez-Medel, Rosado señaló directamente al entorno más próximo a Cifuentes como el origen de las amenazas para crear una coartada que salvara a la expresidenta.

Como ha adelantado eldiario.es, Rosado ha declarado ante la magistrada Rodríguez-Medel que una asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid y amiga personal de Cifuentes, María Teresa Feito Higueruela, le amenazó cuando eldiario.es desveló el escándalo. “O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar”, ha asegurado Rosado que le trasladó Feito.

María Tersa Feito, la amiga de Cristina Cifuentes que acudió a presionar a la Universidad Rey Juan Carlos el día que eldiario.es destapó el caso Máster, ha presentado su dimisión como asesora del Gobierno regional. Feito fue señalada este jueves por una de las profesoras del máster como la persona que le amenazó: “Arreglad esto o la presidenta y el rector os matan”.

Fuentes de la Consejería de Educación, a la que estaba asignada, han confirmado a eldiario.es la dimisión de Feito. No concretan la fecha en la que ha presentado su renuncia, pero sí aseguran que ha sido ella misma quien ha decidido abandonar el puesto de asesora que tenía hasta ahora.

Feito era asesora del Gobierno de Madrid. Cobraba 50.093 euros anuales y estaba asignada formalmente a la Consejería de Educación, dirigida por Rafael van Grieken. Ambos tienen también plaza como funcionarios en la URJC, aunque ahora están fuera en comisión de servicios. Maite Feito, como la conoce su entorno, es profesora titular del departamento de Filología, mientras que Rafael van Grieken es catedrático de Química. Van Grieken también era vicerrector de investigación  de la URJC cuando Cristina Cifuentes se matriculó en su máster.

Según desveló, eldiario.es el pasado 4 de abril, Cifuentes encomendó a Feito que intentase buscar una salida a la crisis que habían generado las informaciones sobre su máster falso. Lo hizo porque Feito es amiga personal de Cifuentes desde hace varios años, como ella misma confirmó a eldiario.es. Fuentes de la URJC aseguran que fue ella también quien animó a Cifuentes a matricularse en ese máster, a finales de 2011.

El 21 de marzo, Feito acudió al rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos, a pesar de estar en comisión de servicios –desde 2015 no es profesora no es profesora de esta universidad– por su condición de asesora de la Comunidad de Madrid. No tenía ningún cargo en la URJC que justificase su presencia allí.

Feito alegó que la causa no fue el máster de Cifuentes, sino una mesa sobre feminismo que se celebrará en mayo y donde ella tiene previsto participar. Feito también confirmó que pasó a saludar al rector, Javier Ramos, y que habló con él del máster de Cifuentes, pero niega que se tratase de una presión. “Lo único que hice es preguntar qué sabían”, afirmó.

Sin embargo, las gestiones de Feito desembocaron en que Cifuentes consiguió varios documentos con los que responder a las primeras informaciones. Entre ellos, el acta de evaluación del Trabajo de Fin de Máster (TFM), que después se demostró que había sido falsificada. Las profesoras Clara Souto y Alicia López de los Mozos alegaron que su firma no era la que aparecía en ese documento. La única firma real es la de la profesora Cecilia Rosado.

Rosado declaró este jueves como imputada en el caso Máster y señaló directamente a Feito. Relató a la jueza que una asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid y amiga personal de Cifuentes, María Teresa Feito Higueruela, le amenazó   cuando eldiario.es desveló el escándalo . “O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar”, aseguró Rosado que le trasladó Feito.

Rosado ha explicado a la jueza que la asesora Feito le exigió desde el primer momento con frases como “el trabajo tiene que aparecer” y que le envió insistentes mensajes de whatsapp en ese sentido. “Búscame bibliografía”, le ordenó también, según las fuentes consultadas.

La jueza que investiga el caso Máster ha imputado a Cristina Cifuentes por los delitos de cohecho y falsedad en documento público. Estos dos delitos conllevan penas de cárcel que pueden llegar hasta los seis años en los supuestos más graves. Además, si la expresidenta madrileña resultase condenada en firme perdería su plaza de funcionaria en la Universidad Complutense, a la que se ha reincorporado tras abandonar la política.

Según el Código Penal, el delito de cohecho puede manifestar de varias formas. La más grave es en la que una autoridad o funcionario “en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar”.

En este supuesto, las penas pueden llegar hasta los seis años de cárcel y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve a doce años.

Además, también se puede acusar de este delito a quienes cometan acciones menos graves, pero igualmente reprochables penalmente. Por ejemplo, cuando la autoridad reciba una “dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función”. En este caso el castigo es menor: pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.

Así, en caso de ser condenada en firme, Cifuentes podría perder su plaza de funcionaria en la Universidad Complutense, a la que ha regresado tras dejar su acta de diputada en la Asamblea de Madrid. Según la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, un funcionario pierde su plaza si es condenado a pena de inhabilitación. El tiempo de esa sanción solo determina el periodo en el que no puede optar a otra plaza de cargo público o funcionario.

Cifuentes obtuvo “un beneficio directo”

Las asociaciones de estudiantes que presentaron la primera denuncia por este caso tienen claro que la responsabilidad de Cifuentes encaja con el delito de cohecho. Según apuntaron en su escrito a la Fiscalía, la expresidenta ostentaba un cargo público, el de delegada del Gobierno en Madrid, cuando ocurrieron los hechos. La modificación de las notas le reporta “un beneficio directo” y quienes acometen ese cambio pueden pretender la obtención de otro beneficio.

El escrito de la primera denuncia señala que el delito de cohecho lo comete quien procede a la acción material y quien se beneficia de ésta. “En última instancia, la propia beneficiaria de esta operación es la propia Cristina Cifuentes, siendo esta la única conclusión del relato lógico expuesto”, añaden.

En cuanto al de falsedad en documento público, del que también están acusados el resto de imputados, consiste en este caso en falsificar un título académico y los expedientes para justificarlo. Esta actuación entra dentro del tipo de falsedad documental que el Código Penal castiga con entre tres y seis años de cárcel, inhabilitación de dos a seis años para los funcionarios responsables de la falsificación y multas económicas de 6 a 24 meses.

La principal investigada hasta hoy, la profesora Cecilia Rosado, relató este jueves a la magistrada que una asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid y amiga personal de Cifuentes, María Teresa Feito Higueruela, le amenazó cuando eldiario.es desveló el escándalo. “O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar”, aseguró.

Esa declaración atentaba contra la tesis de Cifuentes de que la presunta falsificación de su máster por la Rey Juan Carlos era un problema que debía aclarar la propia Universidad, y en la que ella no tenía absolutamente nada que ver.

La jueza que investiga el falso máster de Cristina Cifuentes ha citado como imputada a la expresidenta madrileña por falsedad en documento público y cohecho. Le tomará declaración como investigada el próximo 26 de junio, una vez que haya escuchado a todos los protagonistas del caso.

Carmen Rodríguez Medel, titular del juzgado número 51 de Madrid, ha tomado esta decisión después de escuchar este jueves a las profesoras que firmaron el acta de evaluación de su Trabajo de Fin de Máster (TFM). Clara Souto y Alicia López de los Mozos, cuyas firmas fueron falsificadas, acudieron como testigos, aunque esta última fue finalmente imputada por haber calificado a alumnos que habían cursado el máster.

Por su parte, Cecilia Rosado, la única que firmó realmente ese documento, relató a la jueza que una asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid y amiga personal de Cifuentes, María Teresa Feito Higueruela, le amenazó cuando eldiario.es desveló el escándalo. “O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar”, aseguró Rosado que le trasladó Feito.

Cifuentes era la única protagonista de este caso que no había sido citada aún, ni como testigo ni como investigada. La jueza había citado este jueves a los responsables del la Universidad Rey Juan Carlos relacionados con la falsificación del acta de su TFM y a la funcionaria que modificó las notas. Para el 6 de junio está citado como imputado el antiguo responsable del director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde.

Para ese día están llamados como testigos los nueve alumnos que, como Cifuentes, se beneficiaron de convalidaciones en tres asignaturas. La expresidenta comparecerá la última, a finales de junio, cuando la jueza ya haya escuchado a todos los implicados y haya analizado toda la documentación.

Entre esos documentos están las actas falsificadas que sirvieron para esos aprobados generales. La jueza los ha reclamado a eldiario.es y ha citado como testigo al director de este medio, Ignacio Escolar. Además, él y Raquel Ejerique tendrán que acudir el día 21 al otro procedimiento abierto a raíz de este caso: la querella que presentó la propia Cifuentes contra los periodistas que desvelaron su máster falso.

La imputación se produce gracias a que Cifuentes ya no es aforada, al haber abandonado su acta como diputada en la Asamblea de Madrid. El delito de cohecho por el que ha sido imputada se castiga con penas de cárcel de hasta seis años e inhabilitación para cargo público de hasta 12. El de falsedad en documento público castiga con entre tres y seis años de cárcel e inhabilitación de dos a seis años a los funcionarios que cometan la falsedad.

La principal investigada a día de hoy en el caso Cifuentes, la profesora Cecilia Rosado, ha contado este jueves a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel que una asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid y amiga personal de Cifuentes, María Teresa Feito Higueruela, le amenazó cuando eldiario.es desveló el escándalo. “O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar”, ha asegurado Rosado que le trasladó Feito, según han informado a eldiario.es fuentes presentes en la declaración.

La tesis de Cristina Cifuentes de que la presunta falsificación de su máster por la Rey Juan Carlos era un problema que debía aclarar la propia Universidad resulta así amenazada por la investigación judicial cuando tan solo se ha celebrado la primera jornada de declaraciones.

Cecilia Rosado es una de las tres profesoras que supuestamente habrían integrado un tribunal que examinó a Cifuentes de su Trabajo de Fin de Máster (TFM). Su firma es la única auténtica de las tres que aparecen en el acta que la expresidenta de Madrid mostró la madrugada siguiente a que eldiario.es desvelara que había conseguido su máster con notas falsificadas. “No me voy, me quedo, voy a seguir siendo vuestra presidenta”, decía en el vídeo la expresidenta mientras mostraba el acta. Esas imágenes integran hoy el epitafio político de Cifuentes, a pesar de que ya las ha borrado de su cuenta de Twitter.

Rosado ha explicado a la jueza que la asesora Feito le exigió desde el primer momento con frases como “el trabajo tiene que aparecer” y que le envió insistentes mensajes de whatsapp en ese sentido. “Búscame bibliografía”, le ordenó también, según las fuentes consultadas.

María Teresa Feito Higueruela , Maite Feito, como la conocen en la Puerta del Sol, es asesora del actual consejero de Educación y, según ella misma reconoce, amiga personal de Cifuentes. eldiario.es desveló que el 21 de marzo, a las pocas horas de que este medio publicara la exclusiva sobre el máster de Cifuentes, Feito se plantó en la Universidad Rey Juan Carlos.

Esa universidad no es ningún territorio desconocido para ella. Profesora titular de su departamento de Filología, se encuentra en comisión de servicios como asesora a las órdenes de Rafael Van Grieken, el consejero de Educación. Van Grieken es catedrático de Química en la misma Universidad y vicerrector de investigación cuando Cifuentes se matriculó en el máster.

Fuentes de la URJC aseguraron a eldiario.es que fue ella también quien animó a Cifuentes a matricularse en ese máster, a finales de 2011. Cuando estalla el escándalo, el 21 de marzo de 2018, Feito es también la persona que la presidenta de Madrid envía a la Universidad para buscar una coartada.

Álvarez Conde y el rector Ramos

En una entrevista radiofónica, el director del máster, Enrique Álvarez Conde, reconoció que había sido una de sus “discípulas” quien había reconstruido el acta y que la orden procedía del rector de la URJC, Javier Ramos. En su declaración judicial, Cecilia Rosado ha señalado a Álvarez Conde como la otra persona que más activamente la apremió a buscar una coartada para Cifuentes. Según ha dicho Cecilia Rosado en sede judicial, Álvarez Conde se mostraba a su vez muy presionado por el rector Javier Ramos para que apareciera una coartada que salvara a Cifuentes.

Como en el caso de Feito, la carrera de Álvarez Conde está ligada al Partido Popular. Fue director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) entre 1996 y 1999, cuando al frente de ese ministerio estaba Mariano Rajoy. También ha sido letrado del CGPJ con la mayoría conservadora impuesta por los ‘populares’.

Tan prolijo ha sido el relato de la profesora Rosado que la magistrada ha interrumpido la declaración para que continúe en otro momento, según fuentes jurídicas. Rosado ha dado detalladas respuestas a las preguntas que le han realizado las partes durante dos horas, apuntan las fuentes consultadas. La ronda de declaraciones comenzó a las 9:30 horas y finalizó pasadas las 18:00, con solo un receso de apenas media hora.

López de los Mozos, segunda declaración

La primera en declarar fue la presidenta del tribunal que nunca existió, Alicia López de los Mozos. Rosado ha dicho que ella dio el visto bueno a la falsificación de su firma y que pensó que Clara Souto, la tercera integrante del falso tribunal, también estaba de acuerdo por lo que le dijo el director del máster, Álvarez Conde. Souto ha declarado este jueves como testigo.

López de los Mozos ha reiterado ante la jueza parte de su declaración ante la Policía Judicial, incluida la reunión en un despacho de abogados a la que asistieron Álvarez Conde, las tres profesoras y el titular del bufete. En esa reunión, el director del máster las volvió a coaccionar presuntamente para arreglar el problema de Cifuentes.

Aunque ante la Policía Judicial declaró más de tres horas, este jueves la jueza interrumpió su relato a la hora de arrancar. La explicación trascendió por la tarde. López de los Mozos ha asegurado que calificó las notas de unos alumnos que la prueba documental incluida en el sumario demuestra que no se examinaron. En ese momento, la jueza Rodríguez-Medel ha explicado que existían suficientes indicios de prevaricación administrativa contra la testigo y la ha trasladado que pasaba a estar imputada y que volvería a declarar ya asistida de abogado.

Este hecho no solo afecta a la perspectiva legal de López de los Mozos sino que significa el primer crecimiento exponencial del caso Cifuentes al poco de arrancar en los juzgados. La Universidad Rey Juan Carlos no solo había salido en favor de la entonces delegada del Gobierno de Madrid sino, como desveló eldiario.es, era un entramado de favores para personas próximas al Partido Popular.

Esos nueve alumnos beneficiados están llamados a declarar como testigos. Faltaba entre ellos Cristina Cifuentes, que ha dejado de estar aforada desde que la magistrada dictó la providencia citando a sus presuntos compañeros de máster.

Además de tres testigos, ha declarado también como imputada Amalia Calonge, la funcionaria que presuntamente habría entrado en el sistema a cambiar las notas de Cifuentes. Calonge ha reiterado el contenido de su declaración ante la inspección de la URJC y ha dicho a la jueza que solo hizo eso por orden de Pablo Chico, el profesor del máster de Cifuentes al que el PP colocó en el Ayuntamiento de Pozuelo. Amalia Calonge ha reiterado que existe un correo electrónico que lo prueba.

La funcionaria ha tenido relevancia en el caso, entre otras cosas, porque decidió mostrar en su perfil de whatsapp una foto con Cifuentes en una de sus visitas a la universidad. Calonge ha declarado que una foto como la que ella mostró se la hicieron otros muchos funcionarios con Cifuentes.

La directora del máster de Cifuentes, Cecilia Rosado, envió un correo el 6 de noviembre de 2012 a todos los alumnos que cursaban estos estudios y todavía no habían presentado su Trabajo de Fin de Máster para avisarles de que debían pagar una tasa de 6,11 euros si querían realizarlo, según ha publicado hoy la Cadena Ser. Ese mismo día, el 6 de noviembre, Cifuentes realiza el pago de la tasa correspondiente, lo que demuestra que no presentó su TFM en julio.

El email al que ha tenido acceso la Cadena Ser [ver aquí] desmonta la versión que había mantenido la presidenta madrileña: cuando eldiario.es desveló que ese gasto figuraba en el registro de secretaría, Cifuentes argumentó que había presentado su Trabajo de Final de Máster el 2 de julio y había pagado esa cifra como una penalización por haberlo leído más allá de la fecha establecida, que, según ella, finalizaba en junio de 2012. En noviembre ya había aprobado los estudios, según la versión de Cifuentes.

Esta nueva revelación se suma a la inexistencia del acta del tribunal en los registros de la Universidad, reconocida por el propio rector, y las confesiones de dos de las tres profesoras que figuraban en el documento que Cristina Cifuentes usó para avalar su versión.

En el reglamento de la Universidad no existe esa tarifa de penalización por presentar tarde el Trabajo de Fin de Máster de la que habla Cifuentes. Lo que sí especifica el reglamento –artículo 7.2– es que si no presentas el Trabajo de Fin de Máster en el curso correspondiente, puedes repetir la matrícula el curso siguiente sin tener que pagar todo el precio otra vez, tal y como dice Cecilia Rosado a sus alumnos en el correo que desvela la Cadena Ser.

En el reglamento figura que el segundo curso que realice la matrícula de la asignatura de Trabajo Fin de Máster “sólo deberá abonar las tasas administrativas correspondientes”. Las tarifas oficiales de la Universidad lo confirman: 6,11 es el precio de los gastos de secretaría correspondientes al año 2012/2013. Si Cifuentes estuviera pagando una penalización del curso anterior (2011/12) no habría pagado esa cifra, sino menos: las tasas subieron de 5,99 a 6,11.

“Sí, lo defendí de forma presencial en el campus”

La presidenta madrileña ha mantenido siempre que realizó la exposición oral del trabajo en julio de 2012: “Sí, lo defendí de forma presencial en el campus de la Universidad”, respondió cuando los periodistas le preguntaron al respecto en la rueda de prensa tras su comparecencia en la Asamblea.

Sin embargo, el propio rector de la Universidad Rey Juan Carlos ha reconocido que “no consta el acta” de la supuesta defensa del trabajo, pese a que “su archivo” en el servicio de posgrado es obligatorio“. Javier Ramos explicó en una comparecencia que ”no se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar“ y que ”tampoco ha sido remitida la memoria“ del mismo.

Las tres profesoras cuyas firmas aparecen en el acta de evaluación no se reunieron ni el día en el que está fechado el documento del acta, el 2 de julio de 2012, ni en ningún otro momento.

 Ambas han reconocido que sus firmas fueron falsificadas.