Hace pocos días se cumplieron 60 años del accidente nuclear de Palomares (Almería, 1966). Desde 1945 no habían caído bombas nucleares en una población. Esta vez no hubo detonación nuclear ni muertos pero sí sobrada radiactividad. El explosivo convencional de dos de las cuatro bombas que cayeron, con una potencia superior a 68 veces la de Hiroshima, dispersó en 635 hectáreas casi diez kilos de plutonio, que es la sustancia más tóxica creada por el hombre.

La pérdida y espectacular búsqueda de una de las bombas, junto con la extensión de la contaminación en un lugar poblado, convirtió el accidente en el más importante de la era nuclear, hasta que veinte años más tarde se produjera el de Chernobyl. Pero, ¿por qué se afirma que es una historia abierta, inconclusa e interminable? La razón hay que buscarla desde el principio.

Cuando Estados Unidos comprobó la magnitud de las consecuencias, comenzó la minusvaloración de todos y cada uno de los parámetros que describían su gravedad: superficies contaminadas, niveles de radiactividad, falsificación de los mapas radiométricos reducidos de siete a doce veces, vigentes hasta 2013. No se salvó ni la denominación: la calificación de accidente fue rebajada por el Departamento de Defensa a «incidente», lo que implicaría la inexistencia de contaminación y contaminados por plutonio. Es el término que persiste seis décadas después. Cuando en los inicios aparecieron análisis positivos del radionucleido en los vecinos, fueron invalidados. Los 1.586 soldados con resultados positivos también fueron manipulados y reducidos a solo 422.

La descontaminacion norteamericana fue un eficaz paripé destinado solo a la opinion pública. Los bidones transportados a EE. UU. apenas albergaban un 1 % del plutonio diseminado

La descontaminación norteamericana fue un eficaz paripé destinado solo a la opinión pública. Los bidones transportados a EE. UU. apenas albergaban un 1 % del plutonio diseminado y los dos enterramientos secretos descubiertos 41 años más tarde con 4000 metros cúbicos contienen una quinta parte de las tierras que se comprometieron evacuar a su país.

Incumplieron todo lo que habían acordado por escrito unas semanas antes en Palomares. También la garantía legal de responsabilidad civil que dieron cuando en 1963 pidieron permiso para alojar submarinos nucleares con misiles Polaris en la base de Rota (Cádiz). Fue en el Acuerdo Confidencial de julio de 1964, párrafo tercero, donde se comprometían de manera inequívoca a asumir toda responsabilidad civil derivada en caso de accidente nuclear, donde cualquier reclamación “será resuelta rápidamente a través de la vía diplomática”. Sesenta años no parecen ser nada para los causantes. Este Acuerdo sigue siendo una sólida base legal en el presente para exigir su limpieza.

La pusilanimidad mostrada por la dictadura no tuvo límites. Como más del 75 % del plutonio se quedó donde estaba y dada la futura exposición crónica de los vecinos al tóxico, la Atomic Energy Comission (AEC), la Junta de Energía Nuclear (JEN) y posterior Ciemat acordaron implementar de manera subrepticia un proyecto de investigación con sus habitantes y el medio ambiente. Fue llamado en clave: «Proyecto Indalo» (1966-2009) sin que existiera el consentimiento informado ni garantía bioética alguna. La finalidad de este acuerdo era la “recopilación de información sobre la absorción y retención de plutonio y uranio en un número representativo de un grupo de población”, según reza lo firmado apenas un mes después del accidente.

España no solo permitió los incumplimientos. Suscribió con el país causante una historia oficial a la medida de sus intereses. Tuvo como portavoz al ministro Fraga Iribarne, quien afirmó repetidamente que en Palomares todo se había quedado igual o mejor que antes del accidente y que no había peligro para la salud. Los vecinos fueron engañados y expuestos de manera continuada al inventario de plutonio, residiendo en lo que se denomina una «zona de sacrificio», donde el riesgo, al igual que la radiactividad, no se percibe pero existe y las posibles consecuencias patológicas aparecen a largo plazo y resultan muy difíciles de demostrar.

Lo más desalentador fue que la llegada de la democracia no supuso ningún cambio en la exposición radiológica de sus pobladores ni se modificó un ápice la historia oficial

Lo más desalentador fue que la llegada de la democracia no supuso ningún cambio en la exposición radiológica de sus pobladores ni se modificó un ápice la historia oficial sostenida también por los supuestos científicos de la JEN-Ciemat. Siguieron repitiendo que todo había quedado limpio y que no existía peligro alguno.

No fue cuestión de ideologías políticas o de siglas. Ni con UCD, PSOE o PP hubo un mínimo avance en la verdad y la protección de los palomareños. Las élites políticas del poder central y centralista mantuvieron con firmeza la falsa historia oficial de la dictadura y la continuada exposición al plutonio de sus habitantes, dando veracidad al aforismo que el escritor Giuseppe Tomasi di Lampedusa puso en boca del protagonista de El Gatopardo: “Si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie”.

Gracias a todo lo anterior, el «Proyecto Indalo» se mantuvo activo doce años en dictadura y 31 en democracia. Tras 40 años siendo expuesta la población, cultivando algunas áreas con mucho plutonio, por fin, entre 2006 y 2008 se implementaron las primeras medidas de radioprotección. La medida fue posible porque antes realizaron la caracterización radiológica, con un nuevo mapa de contaminación que derivo en la restricción de acceso y uso con el vallado de 40 hectáreas de áreas contaminadas.

Es de justicia reconocer que ese único y aislado progreso, ese punto de inflexión en los riesgos en Palomares fue gracias al equipo que formó el científico Juan Antonio Rubio cuando estuvo como presidente del CIEMAT (2003-2010) con la directora de Medio Ambiente, Teresa Mendizábal. Ella nos confesó que los mayores problemas no fueron los escollos técnicos, sino convencer a los políticos, primero del PP y luego a los del PSOE, con la llegada de Zapatero. Ardua tarea.

El impedimento no era tanto los 13,8 millones de euros del coste final, del que EE. UU. solo aportó un 13 %, sino sacar del olvido una “patata caliente” que nadie deseaba ni desea en sus manos. Más aún cuando el Ministerio de Exteriores siempre presiona para que el viejo contencioso no ponga en peligro los intereses de las empresas que están haciendo las Américas, muchas de ellas presentes en los sumarios de financiación ilegal de los partidos.

Rubio y Mendizábal sólo proponían estudiar cuánto, como y dónde se hallaba el plutonio para vallar esas tierras, proteger a sus habitantes y poder elaborar además el Plan de Rehabilitación de Palomares. Algo que consiguieron en 2010, poco antes de fallecer Rubio. Lástima que sus sucesores y el Consejo de Seguridad Nuclear se olvidaran de ese proyecto y volvieran la vista hacia otro lado.

El agravio comparativo es sangrante cuando no existieron problemas para realizar una caracterización y descontaminación en Madrid, dentro del Proyecto Integral para la Mejora de las Instalaciones del Ciemat

El agravio comparativo es sangrante cuando no existieron problemas para realizar una caracterización y descontaminación en Madrid, dentro del Proyecto Integral para la Mejora de las Instalaciones del Ciemat (PIMIC). Iniciativa que lleva veinticinco años y mucho más de cien millones de euros gastados, en un lugar donde no existía riesgo radiológico alguno a sus trabajadores, donde no reside población. Pero se trata de un lugar próximo a donde viven los gestores políticos y sus familias y no se halla en la periferia peninsular, distante a 525 km.

Cuando se destapó la contaminación real con la que habían convivido los vecinos de Palomares, la historia oficial cambió. Ahora se reconoce la contaminación, pero se repite sin cesar que no hay peligro, como en la Dictadura. También se incluye el mantra de que ha de ser EEUU quien retire esas tierras ―oportuno argumento para la inacción― porque España carece de un lugar donde almacenar residuos de alta actividad como los que se generarían con la limpieza. Lo que sesgan los voceros de las élites políticas es que ello es perfectamente factible, como están los centenares de toneladas de similares residuos del combustible gastado de las centrales nucleares en seis almacenes temporales individualizados (ATI). De igual manera, se podría crear un ATI en el Cabril para Palomares, hasta que la coyuntura política permitiera devolver ese plutonio a sus legítimos propietarios.

Dado el maltrato sufrido por las generaciones de Palomares durante estos 60 años, todos los gobiernos, los organismos públicos en general y el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ciemat en particular, se hallan en deuda con la población. España está sobradamente preparada para acometer la rehabilitación según el Plan de 2010, para emprender la descontaminación que ponga fin a la angustia y el estigma padecido.

Lo único que falta es voluntad de las élites políticas, las mismas que durante estas seis décadas se han aprovechado de las circunstancias: minorías lejanas, silenciosas e invisibles, padecimientos y riesgos también invisibles.

José Herrera Plaza es investigador y autor de “Accidente Nuclear de Palomares. Consecuencias (1966-2016), Silencios y deslealtades” (2016); “El accidente militar de Palomares desde la Guerra Fría hasta hoy” (2019); y “El año de las bombas” (2026). También ha dirigido el documental “Operación Flecha Rota” para Canal Sur TV y ha sido asesor histórico en la miniserie “Palomares, días de plutonio y playa” para Movistar+

Casi sesenta años después de que cuatro bombas termonucleares cayeran sobre Palomares (Almería) y dos de ellas se abrieran liberando al aire nueve kilos de isótopos de plutonio en forma de aerosoles, el Estado sostiene que no hay nada que hacer allí, salvo vallar algunas hectáreas y dejar pasar los años. Hace tiempo que Ecologistas en Acción cuestiona esta actitud pasiva, pero se ha vuelto a topar con un portazo: el Abogado del Estado ha rechazado en la Audiencia Nacional que el Ministerio para la Transición Ecológica esté obligado a recoger y tratar las tierras contaminadas, tirando de una panoplia de motivos que van desde los puramente procesales a la mera descalificación de los temores de los ecologistas, pasando por una advertencia: no está claro que remover esas tierras sea mejor que dejarlas tal cual.

Desde 2007 la superficie contaminada está vallada para evitar el paso de despistados o curiosos. Existe un programa de vigilancia radiológica para recoger muestras de tierra, vegetales o animales y una misión europea ha visitado la zona en un par de ocasiones, pero los ecologistas denuncian que no es suficiente: creen que la radiactividad, que existe, excede el perímetro del vallado, y califican el lugar de “instalación nuclear clandestina”. Pretenden la ejecución de un Plan de Rehabilitación que no llegó a aprobarse y sigue siendo parcialmente secreto, en el que se preveía el tratamiento de 50.000 metros cúbicos, alrededor de cien hectáreas, y el almacenamiento y traslado de los 6.000 m³ resultantes.

Ecologistas en Acción lleva una década pleiteando para lograrlo. Su primera demanda fue rechazada en 2021 por la Audiencia Nacional porque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no tenía competencias para limpiar nada. El Estado se pasaba la pelota de ministerio a ministerio. En 2023 volvieron a la carga, apuntando al Ministerio y esgrimiendo un nuevo artículo de la Ley de Energía Nuclear que, según ellos, ampararía la extracción de la tierra con residuos nucleares y el transporte hasta un almacén temporal.

Ahora, la respuesta del Estado demuestra que sigue sin querer hacer nada y que hay un elefante en la habitación: todo está marcado por la falta de voluntad de Estados Unidos para llevarse la tierra contaminada. Esta es una perspectiva que se acerca o se aleja en supuesta sincronía con quién mande, y que tras el regreso de Donald Trump estaría más lejos. Lo cierto es que tampoco se culminó durante los mandatos de Joe Biden o Barack Obama.

Un informe del Gobierno de Estados Unidos al Senado de aquel país reconoció el año pasado que Palomares “sigue sufriendo los efectos” de la “contaminación residual”, que “supera los niveles” de la normativa europea, pero no insta ninguna medida para intervenir. Y eso que existe un Plan de Rehabilitación preparado desde 2010. Pasados 60 años, las autoridades españolas dicen que no puede hacer nada, y ahora añaden que quizá tampoco convenga hacerlo.

Ministerio: falta de amparo legal, “tergiversaciones” y “coste/beneficio”

Para el Ministerio, las sospechas en torno a la situación radiológica en Palomares son una exageración sin fundamento. En su escrito, el Abogado del Estado acusa con virulencia a los ecologistas por sostener su petición de intervención en “opiniones propias, tergiversación de fuentes legales y científicas” y conclusiones propias para crear una “ficción”.

El Ministerio sostiene que no hay ninguna norma que obligue a intervenir, puesto que no se trata de un accidente nuclear ni una afección por actividades potencialmente contaminantes. Sería sólo un lugar al que aplicar medidas de vigilancia y control radiológico, suficientes al estar el nivel de dosis efectiva de radiación (1 mSv/año) dentro de lo previsto. “Como lo califica de ”radiactividad perdurable“, el límite es muy alto”, protesta José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción: “Equivale a cuatro radiografías de tórax cada semana, todas las semanas del año. ¿Y por eso hay que dejar la radiactividad al aire libre? Sentaría un nefasto precedente para todo el que tenga material radiactivo”.

El Estado sostiene que el Plan de Rehabilitación que los ecologistas quieren aplicar es papel mojado. Una mera propuesta que en su día manejó el CSN, pero sin valor alguno. “Ni existe un Plan de Rehabilitación de Palomares, ni esa Propuesta Preliminar que no fue aprobada tiene fuerza ejecutiva”, señala el escrito.

El último y definitivo argumento de la Abogacía del Estado es que mejor no tocar las cosas porque no se sabe qué puede pasar. “Podría ser contraproducente por resultar del mismo mayor perjuicio que utilidad”, advierte el escrito del Ministerio, que subraya que sólo se debe intervenir cuando haya un balance positivo coste/beneficio, “incluidos los costes sociales”. La limpieza, escribe, es una “alternativa entre las posibles”.

No se detallan esos potenciales efectos perjudiciales de la limpieza, pero eso es algo que, se supone, está contemplado por el Plan de Rehabilitación. “Está todo previsto. La limpieza se haría dentro de unas carpas con presión negativa para que no salga nada dentro. Es ahora cuando se están liberando partículas radiactivas”, advierte Domínguez. Los conejos hacen madrigueras en la tierra y los caracoles, que aquí se cocinan en salsa de almendras o con tomate, son fabulosos bioacumuladores de plutonio.

Los ecologistas ha pedido que se aporte el Plan, previa desclasificación, y que en el pleito declare Carlos Sancho Llerandi, Jefe del Programa de Recuperación Radiológica del CIEMAT. El Estado se opone.

Mayor actividad radiológica entre 2030 y 2033

La exposición radiactiva en Palomares no es una paranoia ecologista. Las conclusiones del Plan de Rehabilitación fueron reveladas parcialmente en la sentencia de la Audiencia Nacional de 2021, y mostraban que el tiempo corre en contra. “En el apartado de consideraciones finales [del Plan] se explica cómo por los plazos de liberación de los isótopos debe afrontarse el Plan lo antes posible”, advertían dos de los cinco magistrados, que emitieron un voto particular.

El motivo es que entre 2030 y 2033 el isótopo de americio (241 Am) alcanzará su máxima actividad radiológica debido a la desintegración de isótopos de plutonio. El americio emite radiaciones de tipo gamma que generan riesgos muy superiores para la salud. Los dos magistrados apelaban al “elemental principio de precaución”: “El Estado español tiene la obligación de intervenir en las situaciones de exposición perdurable, cuando sea conveniente y prudente para preservar la salud de la población, y la conservación del medio ambiente”.

Tampoco la Comisión Europea ha validado la situación en Palomares. Como desveló este medio, la última misión de verificación, en 2019, requirió a España que informara antes de 2022 de los avances para rehabilitar la zona, en línea con el objetivo fijado ya desde la primera misión de 2010. España no lo ha hecho y anunció que no lo haría, justificándolo en que la Comisión no es competente para evaluar los avances del plan de rehabilitación de Palomares. La tajante respuesta se envió sin firma, fecha, número de referencia o logo, pero aparecía en las webs de la Comisión y del CSN.

De la Operación Flecha Rota al Proyecto Indalo

La propia Historia acredita que los efectos sobre las personas de la radiactividad en Palomares son una posibilidad cierta. Tras la caída de las bombas, provocada por una colisión en vuelo entre un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-135, Estados Unidos envió un equipo de limpieza cuyo primer objetivo fue localizar dos bombas extraviadas y el segundo, tapar lo que pasó. Se llevaron 1.000 metros cúbicos a las instalaciones nucleares en Savannah River, en Carolina del Sur. El resto lo enterraron o lo dejaron tal cual: 103 hectáreas con residuos radiactivos a unos 30 centímetros de profundidad. Se le llamó Operación Flecha Rota.

En 2016 The New York Times publicó documentos desclasificados que demostraban que más de la mitad de quienes participaron en la operación sufrieron algún tipo de cáncer. En España, El Mundo desveló la alta tasa de cáncer entre los guardias civiles que ayudaron a los norteamericanos. También se supo décadas después que el Departamento de Energía Nuclear de EEUU y la Junta de Energía Nuclear española aprovecharon para estudiar el efecto de la exposición al material radiactivo de los lugareños, que no sabían que eran conejillos de indias.

Fue el “Proyecto Indalo”, dirigido por un personaje de novela y apodo definitivo: Mr. Plutonium. Wright Haskell Langham, director de la división de Investigación Biomédica del Laboratorio Nacional de Los Álamos, venía de intervenir en la determinación de los límites legales de la toxicidad del plutonio en su país, como documenta José Herrera en su investigación La experimentación humana con plutonio en España. Génesis y desarrollo del “Proyecto Indalo” (1966-2009), de la que este medio informó hace dos años. “Fue un plan sistemático de experimentación de varias décadas. Nunca les dijeron que vivían rodeados de plutonio en sus campos de labor, que era el pilar casi único de su economía. Siempre que iban a Madrid les decían que no había peligro ni motivo de preocuparse”, explicaba Herrera.

Ahora, la nueva respuesta del Estado siembra dudas sobre la mera conveniencia de rehabilitar la zona. “Hasta ahora ponían como disculpa que no podían limpiar porque los americanos no se llevaban el plutonio y en España no hay un cementerio nuclear apto. Pero ahora ya descaradamente dicen que no van a limpiar, una barbaridad”, lamenta Domínguez.

También el CSN esperaba una actuación: “Estos enterramientos no pueden denominarse como almacenamientos ni determinarse que son definitivos, en tanto toda el área de Palomares está pendiente de las acciones de remedio que se consideren oportunas”, señala en una monografía incorporada el expediente.

Sesenta años después del accidente, el Estado dice que puede que lo mejor sea dejarlo todo como está, mientras sigue esperando en vano que Estados Unidos venga a recoger lo que se le cayó de un bombardero. 

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, ha instado este martes a buscar “desde ya” la ubicación del futuro almacenamiento geológico profundo (AGP) de residuos radiactivos que debería estar en funcionamiento en 2073, según las previsiones del Gobierno.

“Parece un largo plazo”, pero “no lo es tanto” y “hay que empezar muy pronto” a poner en marcha las actividades que conduzcan a tener operativo el AGP, resolviendo no solo problemas tecnológicos, sino “buscar un emplazamiento, que tiene cuestiones técnicas y también sociales”, y lograr “la aceptación social”, que es “una de las cosas más importantes para construir un AGP”.

En un encuentro con periodistas en la sede del organismo en Madrid, Lentijo ha señalado que ese consenso “se debe buscar desde ya”, con “estructuras de participación” y “un debate en el Legislativo, en los parlamentos que correspondan”, que “refuercen la decisión para que sea lo más consensuada posible”, tras haber quedado desechado el almacén temporal centralizado (ATC). 

Para este ejercicio, entre los retos inmediatos del CSN está finalizar la evaluación de la solicitud de renovación de la central de Trillo (Guadalajara), única nuclear en operación que no tiene autorización para sobrepasar los 40 años de vida en funcionamiento. Su licencia actual expira el 17 de noviembre y, según el calendario del gobierno, debería echar al cierre en 2035, último año del calendario de apagón escalonado que arrancará en 2027. La autorización para el siguiente decenio incluirá lo que se llama revisión periódica de seguridad, “como una ITV de la central”. 

La primera en echar en cierre, según el calendario del Gobierno, es uno de los grupos de Almaraz (Cáceres), que deberá presentar la documentación para el cese de explotación “formalmente” un año antes, “aunque estemos ya hablando con ellos”.

De querer prorrogar su actividad más allá de 2027, Almaraz tendría que presentar la solicitud este mismo año ya que el denominado documento base debe presentarse “tres años antes de su fecha de caducidad”. “Pero no estamos en ese escenario”, ha dicho Lentijo, que también ha dejado caer que esa solicitud podía presentarse más tarde. Sí ha dejado “claro” que no tramitará un expediente “en un plazo que no le dé tiempo a evaluar todas las condiciones necesarias”. Es “un futurible muy difícil de evaluar”.

Otra tarea para este año es licenciar los nuevos contenedores, más de medio centenar, que va a construir para la sociedad pública Enresa un consorcio de empresas nacionales e internacionales y que servirán para guardar el combustible gastado en los almacenes temporales individuales (ATIs) que ha habido que habilitar en ausencia del ATC. 

Todas las nucleares salvo Vandellós II tienen ya esos ATIs, pero como no bastan para acoger todo el combustible que van a generar las plantas, hay proyectos para ampliarlos en Ascó, Almaraz y Cofrentes y otro para construir uno en Vandellós II. Este año se culminará también el visto bueno a la ampliación del almacén de residuos de media y baja actividad de El Cabril (Córdoba), que está “en plena evaluación”. Lentijo ha dado por zanjado el asunto de la planta de uranio de la australiano Berkeley

Uno de los retos de futuro es garantizar la renovación generacional en la plantilla del CSN, con “muchas salidas” por jubilación. Se acaban de convocar doce nuevas plazas, tras no cubrirse todas las que salieron en 2023. Lentijo ha vendido las bondades de un organismo que “ofrece un empleo de calidad con buenas condiciones, razonables, que nadie piense que viene aquí a enriquecerse, pero sí a desarrollar una profesión digna e interesante”. Las convocatorias continuarán en los próximos años, lo que espera que anime a los aspirantes: “Mucha gente se retrae para preparar oposiciones pensando que no van a salir plazas. Van a tener oportunidades para rentabilizarlo”.

Los siete cierres nucleares previstos y el licenciamiento de esos contenedores, entre esas tareas, van a ser “un reto” que obligará posiblemente a reorganizar recursos para cumplir los plazos establecidos, aunque Lentijo ha recordado que el CSN puede reforzarse con apoyos externos y ha subrayado que “todas esas centrales prácticamente se construyeron simultáneamente”. “España de momento goza de una infraestructura tecnológica de apoyo al sector nuclear bastante importante”.

Fin de mandato

Lentijo no ha aclarado si quiere repetir cuando su mandato, renovable por seis años más, acabe junto al de otros tres consejeros en 2025. “Yo estoy centrado en hacer mi trabajo ahora, hacerlo bien, lo mejor que puedo. Como no depende de mí es mejor no formularse este tipo de deseos”. Mientras siga, como funcionario de este organismo, “voy a cumplir con toda mi dedicación, como si fuera el último día”.

En materia de relaciones internacionales, dentro de un año llegará al CSN una nueva revisión periódica del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que evaluará también el seguimiento de las recomendaciones realizadas en la anterior visita de 2018. Este año está prevista la visita del presidente del regulador nuclear estadounidense. Y en mayo el CSN acogerá una reunión del grupo ERCA de autoridades europeas de protección radiológica.

Entre los retos pendientes, ha citado “seguir perseverando” para alcanzar la paridad y el “equilibrio de oportunidades” en la casa, en el conocimiento del organismo entre las comunidades autónomas y en la transparencia, porque “un regulador maduro tiene que ser transparente”.

Preguntado por la sucesión de votos discrepantes en el pleno de las últimas semanas, ha asegurado que “esta información se ha vertido de una forma no muy consistente” al “denominar choque a lo que es un debate” que ha considerado “enriquecedor”. Uno de los asuntos en el que hubo pelea fue relativo a varios puntos del informe sobre el reglamento de instalaciones radiactivas, una norma “fundamental” para el sector. Lentijo ha destacado que “lo más importante” es que “salvo por un puntito” en el que se quedó en minoría, el informe “se aprobó por unanimidad. Todo lo demás para mí es subsidiario”.

Las acusaciones de tomar decisiones más laxas para los regulados “me parecen gratuitas, no fundamentadas y desde luego irreales. Tenemos la suerte de que tenemos un cuerpo técnico super maduro, independiente, que hace su trabajo y sus propuestas honrada y honestamente”. “Quizás tenemos que aprender la lección y tener cuidado en cómo transmitimos”. 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y con él se descarta de forma definitiva la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC). Además, el Ejecutivo de España ha aprobado dejar sin efecto la designación de Villar de Cañas (Cuenca) para albergar el silo nuclear.

De esta manera, queda enterrado un polémico proyecto que se planteó en 2011 en una zona “totalmente desnuclearizada” como es Cuenca. A finales del año pasado, el Gobierno de España ya había anunciado que se descartaba la construcción de un único almacén para guardar residuos nucleares.

Este nuevo Plan General de Residuos Radiactivos contempla la puesta en marcha de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares, para el combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo que podría ser un Almacén Geológico Profundo (AGP). Cada uno de estos ATD estará formado por un Almacén Temporal Individual (ATI), más una nueva instalación complementaria o medidas adicionales.

“Es una satisfacción”, afirman desde la Plataforma contra el ATC

La Plataforma contra el Cementerio Nuclear es la organización ciudadana que lleva rechazando este proyecto desde febrero de 2010. “Es una enorme satisfacción del deber cumplido del colectivo y de las personas individuales de la plataforma”, explica el portavoz Carlos Villeta. “Ha sido un proceso muy largo y costoso, sin descanso”, resalta el activista.

Eso sí, advierten de que no van a bajar la guardia. “Vamos a estar vigilantes del desmantelamiento de las nucleares y por el cumplimiento del séptimo plan”, explica. Asegura que la victoria ha sido de la ciudadanía de la comarca de Villar de Cañas y que se ha visto apoyada por el Gobierno de España, que ha “pisado el acelerador”.

“Esta solución es la menos mala, porque la mejor es no haberlos creado. Pero se eliminan sobre todo los transportes y los siete almacenes ahora estarán en donde ya hay una instalación nuclear, y no el absurdo de tener una en un sitio totalmente desnuclearizado como es la provincia de Cuenca”, remata el activista.

El alcalde de Villar de Cañas anuncia que recurrirá al Supremo

El alcalde de Villar de Cañas, Alejandro Pernías, ha lamentado la decisión “sin respaldo técnico ni científico” que ha tomado el Gobierno de España para dar carpetazo definitivo y tumbar la posibilidad de que la localidad albergue un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, asegurando en todo caso que ya valora recurrir al Tribunal Supremo. “

Si esto no lo arregla la política, lo tendrán que arreglar los tribunales“, señaló. En declaraciones a Europa Press, ha apuntado que ”no es un día bueno“, pero no da ”por perdido“ el proyecto. De este modo, ha recordado que el Tribunal Supremo ”siempre le ha dado la razón a Villar de Cañas cuando se ha cuestionado el emplazamiento“, y en otras situaciones como cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha ”amplió ilegalmente una zona de protección de aves para intentar parar el ATC“.

“Con este disparate, nadie tiene nada que celebrar. Le quitan el ATC no solo a nosotros, sino a toda la comarca”, ha lamentado, dirigiéndose directamente al presidente regional, Emiliano García-Page, indicándole que ahora, en lugar de un cementerio nuclear, “habrá dos”, en alusión a los almacenes individuales de Zorita y Trillo, que además no llevarán aparejado “ni inversión ni centro tecnológico”, como sí ocurría con el proyecto de Villar de Cañas.

A esto ha sumado que “se va a subir el precio de la factura de la luz”, toda vez que este disparate “cuesta 2.000 millones de euros” a las arcas del Estado.

García-Page: “Por fin el gobierno entierra el ATC”

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha ha celebrado el fin del polémico proyecto. “Por fin, el Gobierno actual entierra el ATC. Es un día de celebración para todos los que defendimos pararlo”, comunicaba en la red social X (antes Twitter). También aprovechaba para lamentar que su instalación en la región fue una decisión “personal y partidista” de María Dolores Cospedal, y que iba “contra criterios técnicos y el sentir ciudadano”.

Este jueves, durante un acto en Toledo ha dicho celebrar “el éxito” de dar carpetazo al proyecto. Algo que, cree, “ha sido consecuencia de una batalla de valores”. Ha agradecido la decisión al Gobierno de España y en particular a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera y ha criticado que “algunos quisieron vender el proyecto para el basurero nuclear como la lotería. Nunca genera atracción y empleo sino lo contrario. Espanta oportunidades”.

También ha recordado que frente al “proyecto nefasto” habrá ahora “en el mismo sitio” otro diferente. “Una alternativa de energía” de la que señalaba que tendrá “capacidad para que la provincia tenga abastecimiento de energía para los próximos 100 años”, sin dar más detalles. 

IU celebra que la “movilización” ha acabado con el proyecto

Izquierda Unida en la provincia de Cuenca ha valorado como “una gran noticia” la aprobación, por parte del Consejo de Ministros del Gobierno de España, del fin del ATC. “Una noticia por la que la sociedad civil lleva muchos años trabajando y que parece que, definitivamente, será solo un mal sueño”.

Con esta decisión culmina el trabajo “de más de una década de movilización social contra la sinrazón y contra la condena a toda una provincia”. “Una movilización que por momentos ha sido masiva si tenemos en cuenta la poca población de muchas de nuestras zonas y que ha sido trabajada desde la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear, la cual merece nuestro agradecimiento así como a todos los partidos, sindicatos, colectivos ecologistas y personas a título individual que han trabajado durante este tiempo, colaborado o participado”, señalan desde el partido.

El coordinador provincial de IU Cuenca, Jacobo Medianero, ha querido “agradecer al Gobierno de España esta decisión que es importante para el presente y para el futuro de Cuenca. Una provincia que sufre el olvido en muchas otras ocasiones y que, esta vez, sí ha sido escuchada y atendida. Queremos soluciones reales a la despoblación y no acrecentar los problemas que ya sufre nuestra tierra.”

Por su parte, Pablo García –concejal en Cuenca- se ha unido a esta celebración y a la “fiesta espontánea” que se ha producido en la capital dejando claro que “esta decisión es la correcta para las y los conquenses. Hoy podemos pensar en el futuro que queremos con mayor claridad y sin los miedos que genera un cementerio nuclear”.

En el ámbito regional, el coordinador de IU en Castilla-La Mancha ha atribuido a Sumar y el espacio que tiene el Gobierno central el que se haya dado “carpetazo” a la “amenaza” del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas.

Juan Ramón Crespo subraya que “mantener un Gobierno progresista ha llevado a que ayer mismo el Consejo de Ministros diera carpetazo al ATC”, ha indicado Crespo, para apuntar que “es muy de agradecer” que haya un Ejecutivo con sensibilidad medioambiental y social que haya conseguido poner a fin a que Castilla-La Mancha “pudiera ser el basurero nuclear de toda España”.

Cuenca Ahora: “Es un día histórico”

El Movimiento Ciudadano Cuenca Ahora se congratula por el descarte definitivo del ATC. En opinión del movimiento “esta decisión marca el fin de un proyecto que inició hace doce años y que ha generado preocupación y debate en la provincia”.

El coordinador provincial de Cuenca Ahora, David Cardeñosa, ha expresado su satisfacción ante esta noticia y destaca “el compromiso y la persistencia de la comunidad en la defensa de su territorio y medio ambiente”.

Además subraya que “este es un día histórico para Cuenca, en el que la voz de la ciudadanía se ha escuchado y se ha respetado su voluntad. La movilización de la sociedad ha sido fundamental para lograr este descarte definitivo del ATC en Villar de Cañas”.

El coordinador provincial también hizo hincapié en la necesidad de impulsar alternativas y soluciones que sean socialmente justas y medioambientalmente responsables en todos los ámbitos. “ Con esta resolución se vuelve a dar la razón a los pueblos como con los autos del Tribunal Supremo respecto a la línea de ferrocarril convencional, hay que seguir plantándose frente a instalaciones como el vertedero de Almonacid del Marquesado o las macrogranjas, nuestra provincia no puede ser un territorio de sacrificio”, declaró Cardeñosa.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. La orden también autoriza la transferencia de titularidad de la instalación de Nuclenor (empresa conjunta de Iberdrola y Endesa) a Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos nucleares que será responsable del desmantelamiento.

La previsión es que los trabajos empiecen en los próximos días. El Consejo de Seguridad Nuclear informó favorablemente sobre el desmantelamiento el pasado mayo. El desmantelamiento costará 475 millones de euros y prevé que hasta 350 personas trabajen en él de forma simultánea y se alargará hasta 2033.

Esta central está situada en el Valle de Tobalina (Burgos), Garoña tenía una potencia instalada de 466 MW, se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola.

En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero éste no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que la empresa de Iberdrola y Endesa presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014. Finalmente, en agosto de 2017, esta solicitud fue denegada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

Fases

En la Fase 1 (2023-2026) se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes. A la vez, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central.

En la Fase 2 (2027-2033), ya con el combustible en el ATI, se abordará el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico, continuando con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para concluir con la restauración del emplazamiento.

La gestión del combustible ha sido un tema polémico ya que las propietarias de la central, Iberdrola y Endesa, cerraron unilateralmente hace una década dejando en su piscina todo el combustible. Transición Ecológica tuvo que poner en marcha un nuevo reglamento sobre instalaciones radiactivas para que no se volvieran a repetir situaciones así. 

De hecho, el Plan General de Residuos Radiactivos, cuya aprobación fue en 2006, prevé que el desmantelamiento de una central nuclear se tenga que empezar tres años después de la parada definitiva.

Garoña se desconectó de la red en diciembre de 2012 por decisión unilateral de su propietaria, Nuclenor, sociedad conjunta de Endesa e Iberdrola, lo que le valió una multa de 18,4 millones de euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que confirmó el Tribunal Supremo a finales de 2018.

Las mayores eléctricas estaban enfrentadas entonces al Gobierno del PP por los impuestos al sector que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Trataron de presionar usando como moneda de cambio el futuro de esa pequeña central, de solo 466 megavatios (MW) de potencia. Tras desconectarla, llegaron a plantear que volviera a operar hasta 2031, cumplidos 60 años. Hasta el último momento, el gobierno de entonces intentó frenar su cierre, pero mantuvo los impuestos a las eléctricas. Finalmente se dio por vencido en 2017. 

En Garoña hay 2.245 elementos de combustible gastado, 440 toneladas de uranio. De ellos, hay 14 “clasificados preliminarmente como dañados”, según el CSN, porque “presentan falta de estanqueidad” y van a requerir de un nuevo tipo específico de contenedor, según la última revisión del plan de gestión del combustible gastado de la central de principios de este año.

Una vez descartada la opción de un almacén temporal centralizado (ATC) para los residuos, hace unos días los máximos responsables de Enresa y el CSN pedían que una ley blinde el futuro AGP para que su ubicación se elija con el máximo consenso.

Revitalización de la zona

El Ministerio colabora desde 2020 con los 27 municipios afectados por el cierre de la instalación y ya ha destinado 7,7 millones a financiar 12 proyectos municipales para revitalizar la zona. Los proyectos abarcan el ámbito sociosanitario, de fomento del turismo, de rehabilitación de inmuebles, de restauración ambiental, de gestión de biomasa.

Según el Ministerio se está trabajando en una nueva convocatoria para este tipo de proyectos. Por otro lado, se están tramitando líneas de ayudas a empresas y pequeños proyectos de inversión, que se resolverán a final de año, a las que se han presentado proyectos de la zona. 

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado favorablemente, con límites y condiciones, las solicitudes de autorización del cambio de titularidad de Nuclenor a Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y la primera fase del desmantelamiento de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos), así como la correspondiente al Plan de protección física, presentadas por Enresa al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Asimismo, el Pleno del CSN ha autorizado a Enresa la solicitud de constitución de un nuevo Servicio de Protección Radiológica específico para la central, según un comunicado del consejo, recogido por Europa Press. En la evaluación de estas solicitudes han intervenido de forma coordinada más de 15 áreas del CSN.

Las actividades que son objeto de estas autorizaciones son el traslado del combustible gastado de la piscina al Almacén Temporal Individualizado de combustible gastado (ATI) en contenedores metálicos de doble propósito (almacenamiento y transporte) así como el desmantelamiento de equipos y componentes del Edificio de Turbina, para su acondicionamiento como Edificio Auxiliar para la siguiente fase del Desmantelamiento (EAD).

Asimismo, el CSN podrá remitir directamente al titular instrucciones técnicas complementarias para garantizar el mantenimiento de las condiciones y requisitos de seguridad de la instalación y para el mejor cumplimiento de los requisitos establecidos en la autorización, de acuerdo con el apartado cuatro del artículo 6 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

Una vez que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico emita, en su caso, las autorizaciones para proceder a la primera fase del desmantelamiento y el cambio de titularidad a Enresa de la central, el Consejo de Seguridad Nuclear publicará instrucciones técnicas reglamentarias para precisar y detallar los requisitos que desarrollen esas autorizaciones en lo referente a la seguridad nuclear y la protección radiológica de la instalación.

Antecedentes

La central nuclear Santa María de Garoña está situada en la mancomunidad de municipios de Valle de Tobalina, en el margen izquierdo del rio Ebro.

Esta instalación se encuentra en situación de cese definitivo una vez que el 3 agosto de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la orden del entonces Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad), por la que se denegó la solicitud de renovación de la autorización de explotación.

La instalación contaba con un sistema nuclear de producción de vapor formado por un reactor de agua ligera en ebullición, del tipo BWR-3, y recinto de contención del tipo Mark-1, suministrado por la empresa norteamericana General Electric Company.

Previamente, en 2013 (mediante la Orden IET/1302/2013) se declaró el cese de la explotación de esta instalación, que no ha vuelto a estar en operación desde el 16 de diciembre de 2012, cuando el titular efectuó una parada programada y la descarga de los elementos combustibles del núcleo del reactor a la piscina de almacenamiento de combustible gastado. Desde entonces, el titular ha vuelto a analizar los sistemas necesarios para mantener las funciones de seguridad requeridas en la situación de cese definitivo.

En verano de 2018, el Ministerio para la Transición Ecológica emitió la Resolución correspondiente a la autorización de la modificación de diseño para la puesta en servicio del Almacén Temporal Individualizado de combustible gastado (ATI) previo informe favorable del CSN.

El proceso de cierre de las centrales nucleares en España ha hecho sonar la voz de alarma entre los alcaldes de los municipios en la zona de influencia - un radio de 20 kilómetros- de este tipo de instalaciones. Han venido recibiendo importantes compensaciones económicas por albergarlas en sus términos municipales. Pero eso se acaba.

Beatriz Sánchez Cruz es alcaldesa de Almonacid de Zorita, en Guadalajara. En su término municipal se encuentra lo que queda de la central nuclear ‘José Cabrera’, la primera de España en desmantelarse por completo, después de que Vandellós I, en Tarragona, se desmontase solo en parte.  

Las ayudas para compensar el cierre de la nuclear no terminan ni de llegar, ni de concretarse, según la alcaldesa. “Primero las elecciones en 2019 y luego la pandemia lo han paralizado, pero siempre hay una excusa”, lamenta.

En 2005, un año antes del fin de la actividad de la nuclear a esta comarca de Guadalajara se le prometió un plan alternativo de desarrollo económico. El entonces consejero de Industria y Tecnología José Manuel Díaz-Salazar presentaba a los alcaldes un borrador del llamado ‘Plan de Desarrollo para la zona de influencia de la central nuclear José Cabrera’. Se vendió como “una alternativa para el mantenimiento de la actividad, el empleo y el desarrollo de la zona una vez se termine la actividad de la central”.

Pero era solo un borrador y se abrió un periodo de debate para buscar un documento “consensuado”. En sus ejes estratégicos se incluyó la agricultura, la industria y los servicios “con el objetivo último dar a la población la oportunidad de encontrar empleo y oportunidades en sus municipios”.

La Junta pidió también la implicación del Gobierno central, de la Unión Europea y de la empresa propietaria de la nuclear para financiar el plan, pero 17 años después no se sabe nada.

En diciembre de 2021 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) publicó una convocatoria de ayudas para apoyar infraestructuras municipales en zonas de ‘Transición Justa’, dotada con 91 millones de euros que se recibió como agua de mayo. Las beneficiarias eran las centrales nucleares de Zorita (Guadalajara) -con 18 municipios en su área de afección- y Garoña, en Burgos, que será la siguiente en desmantelarse.

Ahora, con la central nuclear convertida en un solar y a la espera de su clausura definitiva en 2024, la alcaldesa de Almonacid de Zorita muestra sus dudas ante el futuro. “Hemos sido los primeros y Almonacid es un ejemplo para lo bueno, pero también para lo malo”, asegura. Y entre lo ‘malo’, dice, está la incertidumbre sobre el futuro económico.

Cuando en 2010 se inició el desmantelamiento de la central nuclear Almonacid de Zorita tenía 810 habitantes. Ha ido perdiendo población y en la actualidad no llega a los 700. Es un pequeño municipio en una de las zonas más despobladas del país, pero tiene biblioteca, ludoteca, guardería, centro juvenil, varios centros culturales, polideportivo cubierto, pista de pádel, frontón, tenis y piscina municipal, además de un centro para emprendedores. El dinero de la nuclear ha permitido a la zona vivir holgadamente. Lo cuentan sin complejos los vecinos. “Hay familias en las que con trabajar solo uno de sus miembros bastaba”, comentan.

"Con el cierre de Zorita, los servicios que antes eran gratuitos quizá no puedan mantenerse"

Beatriz Sánchez — Alcaldesa de Almonacid de Zorita

Ahora, reconoce la alcaldesa, las cuentas municipales son otras. Se ha pasado de un presupuesto de 6,2 millones de euros en 2010 a la mitad el pasado año. “Mucha gente se ha tenido que marchar. Fue un hándicap centrarse tanto en la central nuclear. Ahora el mayor foco económico que tenemos es una residencia de mayores. No tenemos industrias ni empresas y las ayudas no han sido las que esperábamos”.

Así que la edil dice que sin un plan económico alternativo no será lo mismo. “Tenemos claro que la vaca ya no da leche. Los servicios que antes eran gratuitos quizá no puedan mantenerse. Tenemos magníficas instalaciones, pero cuesta mucho mantenerlas”, advierte, y el colchón económico ya no da para tanto.

“Estoy harta de escuchar hablar de despoblación y envejecimiento en los despachos. Hay que ser más realistas. Sentarse con los ciudadanos y escuchar sus necesidades”.  Lamenta el retraso en dar soluciones a la comarca. “Se tenía que haber previsto antes, mucho antes”, critica, pero también entona el 'mea culpa' (y la de los otros municipios). “No echo balones fuera: nosotros también tenemos que luchar por nuestro pueblo. Y vamos un poco tarde”, asegura.

En Almonacid de Zorita ha quedado el Almacén Temporal Individualizado (ATI) con los residuos radiactivos de alta actividad que generó la central. El resto, los de media y baja actividad, se envían a El Cabril, en Córdoba. Un destino que también tendrán los de Garoña, en Burgos -su desmantelamiento comenzará en marzo de 2023- y entonces no habrá sitio para más, reconoce Paco Castejón, consejero en el regulador atómico de España, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). “Habrá que ampliarlo”, dice, pero para ese proyecto la fecha que se baraja es 2028. “No sé cuándo ENRESA enviará el proyecto de ampliación”.

El lugar que ocupaba la nuclear está siendo sometido a vigilancia radiológica por parte del ENRESA. Ese trabajo concluirá en 2023 y deberá presentar un informe final al Consejo de Seguridad Nuclear. Si todo es correcto, habrá una declaración oficial de clausura, no antes de 2024.

Las dudas de los alcaldes del entorno de Trillo tras el cierre de Zorita

El regulador atómico ha organizado este jueves una jornada en Trillo, la segunda localidad de Guadalajara que alberga una central nuclear “para reforzar la información a la población sobre temas relacionados con seguridad nuclear y protección radiológica”.

Alcaldes, asociaciones vecinales, representantes de la patronal CEOE y de ENRESA, la empresa responsable de la gestión de los residuos radiactivos, han asistido al encuentro, el último de una ronda nacional que concluirá el próximo mes en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear, en Madrid.

“Allí hablaremos de una herramienta que está desaprovechada y que son los comités locales de información”, explicaba el presidente de AMAC, Juan Pedro Sánchez. “Uno de los grandes enemigos de la energía nuclear ha sido la falta de información y sobre todo la desinformación”, aseguraba Paco Castejón.

Pero mientras tanto y a pesar del esfuerzo informativo, los alcaldes siguen hablando precisamente de “falta de información”. Sobre todo en lo económico. “La sensación es de desamparo. No sabemos qué va a pasar con las ayudas”, dice la alcaldesa de Almonacid. Y no es la única. Varios alcaldes expresaban este jueves sus dudas. No solo los que están en el entorno de Zorita, sino los de los pueblos situados en un radio de 20 kilómetros de la nuclear de Trillo, la segunda central que alberga Guadalajara.

Algunos, como el edil de Solanillos del Extremo, Julio Santos, no tiene demasiado claro el futuro en su pueblo después de ver lo que está pasando con los afectados por el cierre de Zorita. En ambos puntos de la provincia de Guadalajara van a quedar residuos radiactivos porque no hay a dónde enviarlos. Este alcalde se pregunta tanto por la seguridad radiológica como por las ayudas por albergarlos. Unas compensaciones que, temen, van a estar lejos de las que ahora se perciben.

La central nuclear de Trillo renovará su licencia para seguir operando en noviembre de 2024. Después seguirá funcionando al menos hasta 2035, cuando está previsto su cierre y desmantelamiento. Será la última en hacerlo en nuestro país si no cambia el calendario del Gobierno.

A la cuestión de la seguridad tras el cierre de las nucleares también se refiere también el presidente de AMAC. “Lo contemplamos con preocupación. Los planes de emergencia han dependido hasta ahora directamente del Ministerio del Interior, de Protección Civil. Pero en el caso Zorita, solo queda el ATI y la seguridad pasa a ser competencia autonómica. Los medios serán los adecuados, no lo dudamos, pero hay incertidumbre”, añade el también alcalde de Yebra, muy cerca de la central desmantelada.

La transferencia de competencias en seguridad al Gobierno de Castilla-La Mancha está avanzada, avanza Sánchez. “El CSN ha emitido un informe con la probabilidad de accidentes y es menor. Entrará próximamente en funcionamiento”. De hecho, el pasado 7 de octubre el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba la revisión del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico en Castilla-La Mancha (RADIOCAM), que incluye como novedad la gestión de respuesta de las emergencias derivadas de la nuclear ‘José Cabrera’.

¿ATI, ATC, AGP? Las siglas del futuro de la basura nuclear

En Guadalajara también hay dudas sobre el futuro de los residuos radiactivos. El VII Plan General todavía no tiene luz verde. No está claro qué se va hacer con la basura nuclear que hoy se reparte entre las piscinas de las centrales nucleares y sus almacenes temporales individuales (ATI). Y los que de forma también temporal guarda Francia, previo pago de España.

“El plan plantea varias opciones. Hasta cinco. Desde no hacer nada hasta un Almacén Geológico Profundo (AGP) y en estos dos casos, es un disparate”, opina el presidente de AMAC. “En el caso del AGP es que la fecha que se propone en 2073”, lamenta y apuesta por acortar plazos para que esté listo en 2040. Sería la solución definitiva para los residuos. Otra cosa es dónde colocarlo.

“Estamos hablando desde 2004 sobre un Almacén Temporal Centralizado, ATC, pero ya no estamos en la misma situación que entonces. Mantengamos los ATI y vayamos hacia el AGP. Evitaríamos construir el ATC que sería una inversión fuerte y no deja de ser un parche”, reclama Juan Pedro Sánchez.

Confía en que España se mire en el espejo y la experiencia de los almacenes geológicos de Suecia o Finlandia, pero no se muestra optimista con que el proceso sea rápido. Ni por la experiencia con el ATC ni por “la cercanía de las elecciones. No ayudan, lo contaminan todo porque se utiliza de arma arrojadiza. Será un año complicado”.

“El Consejo de Seguridad Nuclear no puede ni debe elegir entre posibles opciones”, matizaba Paco Castejón, preguntado por la misma cuestión. El consejero del CSN se limitaba a pedir que “se haga con seguridad y que se elija bien el emplazamiento”.

“Con este partido en el Gobierno, Garoña no se va a cerrar y, por tanto, se van a mantener los puestos de trabajo y el modelo de vida que aquí existe. Este es el compromiso que quiero dejar claro para que todo el mundo lo entienda”. En 2009, el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, se comprometió a mantener operativa la central nuclear burgalesa. Tres años después de esa promesa, con Rajoy en Moncloa, la instalación paró sus operaciones y, en 2017, también con el PP en el Gobierno, echó el cierre de forma definitiva.

Pese a estos antecedentes, las nucleares se han convertido en los últimos meses en una de las principales bazas energéticas a futuro esgrimidas por la formación ahora liderada por Alberto Núñez Feijóo. Con más nucleares, argumentan, bajaría el precio de la luz y España sería menos dependiente del gas ruso.

¿Es así? ¿Es fácil y barato poner en marcha más centrales nucleares o mantener las actuales? ¿Y qué ha dicho hasta ahora el PP sobre estas centrales, después de prometer que no iba a cerrarlas y, sin embargo, hacerlo?

Las nucleares, fuera del último programa electoral del PP

“Ampliar la vida de las nucleares” se ha convertido en un mantra de la formación popular. No sólo lo ha pedido Feijóo, también el presidente de Murcia, Fernando López Miras, quien cree que podrían utilizarse los fondos europeos para alargar su actividad, después de que Bruselas la considere, de forma “transitoria”, una alternativa con cero emisiones de gases con efecto invernadero.

En la misma dirección se sitúa el Gobierno de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso. Y Vox. “No se toman las medidas necesarias para resolverlo, el Parlamento Europeo ha proclamado como 'verde' la energía nuclear y España dice que da igual, que seguimos siendo dependientes y renunciar a la producción nuclear, que sería muy positiva para abaratar el precio de la energía”, aseguró el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, en una entrevista en Telecinco.

La insistencia en prolongar la vida de las centrales nucleares en España puede trasladar la percepción de que el cierre es inminente. Pero no es así. Actualmente, España cuenta con cinco centrales nucleares, que suman siete reactores. El primer cese de actividad se contempla para 2027 y el último para 2035, según pactó el actual Ejecutivo con las compañías energéticas que operan estas centrales. De forma que una prolongación de su vida útil –independientemente de cuánto cueste– no tendría un efecto inmediato.

En su último programa electoral, con Pablo Casado como candidato, este tipo de energía, como opción para las próximas décadas, ni se citaba. Sí hay una mención a la energía nuclear, pero en un contexto muy diferente. “Reformaremos el Código Penal para ampliar los supuestos de prisión permanente revisable, añadiendo a los ya contemplados” otros adicionales como las “muertes causadas por incendios, estragos (destrucción de grandes infraestructuras) o mediante la liberación de productos químicos, biológicos, energía nuclear o elementos radiactivos”, recoge el texto de 2019.

En cambio, Mariano Rajoy sí llegó a la presidencia del Gobierno con la nuclear en su programa. Aunque luego la realidad le llevó por otra dirección. “Gestionaremos los permisos de los emplazamientos nucleares conforme al cumplimiento de los estrictos criterios de seguridad impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear [CSN] y las autoridades europeas, de forma que la prolongación de su operación redunde en un menor coste de la energía para los consumidores”, recogía en su programa entonces el PP.

Endesa e Iberdrola, 'peleadas' por Garoña

En 2017, con Álvaro Nadal como ministro de Energía, la central de Garoña se cerró de forma definitiva. “Hemos tomado la decisión que generaba menos problemas y tenía menos impacto para el sistema”, argumentó el entonces ministro del PP.

Solo unos meses antes, el CSN se había pronunciado a favor de reabrir la central –que ya llevaba cinco años parada y que arrastraba cuatro décadas de existencia a sus espaldas– aunque diseñó condiciones e inversiones que iban a ser relevantes para las dos compañías que la operaban, Endesa e Iberdrola, para renovar la central y mejorar su seguridad. Ambas compañías, a través de la sociedad conjunta Nuclenor, no ocultaron entonces sus diferencias respecto a si estaban dispuestas o no a invertir en la central, donde Endesa era mucho más proclive que Iberdrola a su continuidad.

Las inversiones necesarias para la continuidad de Garoña se valoraron en 200 millones de euros e Iberdrola consideró que no eran rentables. “Es económicamente inviable”, reconoció su presidente, Ignacio Sánchez Galán. “Por eso hemos pedido a nuestro socio en Nuclenor el desistimiento de la explotación”, aseguró en una junta de accionistas.

¿Cuál es el parque nuclear en España y cuándo se va a cerrar?

En España hay cinco centrales nucleares, dos de ellas (Almaraz, en Cáceres; y Ascó, en Tarragona) con dos reactores cada una. Las otras tres son Cofrentes (Valencia), Vandellòs II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara). Todas ellas comenzaron su explotación comercial en la década de los 80 y cada reactor supera los 1.000 Megavatios (MW), lo que hace que sumen 7.398,77 MW de potencia eléctrica conjunta.

Un parque nuclear que ya tiene fecha de cierre, aunque no sea inmediato, porque así lo pactó el Ejecutivo con las compañías. A principios de 2019, los principales directivos de las cuatro grandes eléctricas que operan los reactores (Iberdrola, Endesa, EDP y Naturgy) acordaron que ninguna central funcionará más de 40 años y, al mismo tiempo, tampoco estará operativa más de 50. Por ello, el primer cierre previsto es el de uno de los dos reactores de Almaraz, en 2027, que lleva activo desde 1983. Cuatro cierres se producirán antes de 2030; y el último, en 2035, el de la instalación de Trillo, que echó a andar en 1988.

Distintas fuentes consultadas señalan que este calendario es un pacto claro y prudente entre Estado y unas empresas que no son proclives a invertir en nuclear. Señalan, también, diferencias respecto a lo que sucede con países que se ponen a menudo como ejemplo por las formaciones de derecha, como Bélgica o Alemania. En ambas, el calendario de cierre fue una decisión política, sin participación del mundo empresarial. En Bélgica se habla ahora de prorrogar la vida de dos centrales nucleares hasta 2035 que es, precisamente, el año donde también se cerraría el último reactor español.

Los reactores de agua ligera, para su construcción, deben cumplir dos requisitos básicos. Por un lado, tienen que estar cerca de una fuente de agua que permita su operatividad. Por otro, que el terreno sobre el que se asientan sea estable, desde el punto de vista sismológico, para evitar cualquier tipo de accidente o problema de seguridad en caso de terremoto. Basta recordar lo ocurrido con la central japonesa de Fukushima hace poco más de una década. Después del terremoto y el tsunami cambiaron las condiciones y exigencias para construir nuevas centrales. De plantearse ahora en España, lo lógico, según señalan distintas fuentes, sería recurrir a su construcción en zonas donde ya se realizaron estudios en el pasado, antes de que se decidiese el parón a la construcción de nuevas centrales en los años 90. Entre ellos, se barajó en Valdecaballeros (Extremadura) y Lemoniz (Euskadi), ambas con rechazo social.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) contempla que el “escenario de cierre” de las centrales será “programado ordenado y escalonado” para que, mientras, aceleren las renovables. “El cierre ordenado y escalonado del parque nuclear es compatible con la plena garantía del suministro eléctrico”, asegura el texto.

En los últimos años, de forma constante, la producción nuclear representa en torno al 20% de la electricidad. Esa cifra, según se vayan cerrando centrales, irá reduciéndose, por lo que se prevé equilibrar con una mayor producción renovable. Por ejemplo, en 2020 –al igual que en 2025, porque habrá los mismos reactores de agua ligera– estas centrales representaban 15.118 kilotoneladas de equivalente en petróleo (ktep); y las renovables, 20.611. En 2030, con el cierre de cuatro reactores, las nucleares bajarán a 6.500 ktep y las renovables avanzarán hasta las 33.501, según las previsiones contempladas en el Pniec. 

Energía con problemas de rentabilidad

“En España, si volviera a gobernar el PP, podrían alargar la vida de las nucleares, pero construir nuevas, no. No es rentable se mire por donde se mire. Es imposible económicamente hablando”, recalca Meritxell Bennasar, responsable de campaña nuclear de Greenpeace. “El PP siempre habla de lo que es rentable, pues la nuclear no es rentable. Solo en los países donde los Estados corren a cargo de los gastos, se está apostando por la nuclear. Si tú le dices a Naturgy o Iberdrola que la construyan, te van a decir que no; o sólo si el Estado corre con el riesgo de los costes. Mantenerla y actualizarla también cuesta mucho”, añade y recuerda lo ocurrido con Garoña. “Si los Estados no ponen el dinero, las empresas no lo van a poner, porque las nucleares no son rentables”. Además, “es una energía cinco o seis veces más cara que la renovable”, donde todas las grandes eléctricas han puesto el foco.

En cuanto al coste en sí, para saber cuánto cuesta poner en marcha un reactor, la referencia es Francia, el país europeo más pronuclear. Hace un año, la eléctrica controlada por el Estado, Electricité de France (EDF), comunicó que entre sus planes está la construcción de seis reactores, para sustituir 12 plantas nucleares que llegan al final de su vida útil. El gasto total será superior a los 50.000 millones de euros. Es decir, a más de 8.000 millones de euros por cada nuevo reactor. 

Este esfuerzo inversor está detrás de la decisión del Gobierno de Emmanuel Macron de nacionalizar EDF, a través de la compra del 15% del capital que el Estado aún no controla de la compañía eléctrica. Una opción, la de nacionalizar una empresa, que es un anatema para las formaciones políticas conservadoras. Como también lo es la puesta en marcha de una eléctrica pública que, como EDF, pudiese correr con el coste de invertir en nuclear aunque se pierda dinero. En febrero, una mayoría de diputados –también el PSOE– votó en el Congreso en contra de poner en marcha una compañía eléctrica pública. 

A esos citados 50.000 millones que Francia prevé para la construcción de nuevas infraestructuras se suma una cifra equivalente necesaria para financiar el actual parque atómico francés, compuesto por 58 reactores. Una red de instalaciones que, en los últimos meses, funciona solo en parte. 

“Francia tiene parado gran parte del parque nuclear”, indica Meritxell Bennasar. Unas centrales, por mantenimiento. Otras, porque “tienen un problema de diseño y no saben cómo solucionarlo”, añade la responsable de campaña nuclear de Greenpeace. “De nuevo, se requiere más dinero”. Y hay más derivadas. “Una central nuclear necesita grandes cantidades de agua, que tiene que estar a una temperatura determinada. Si se supera, la central se tiene que parar. Eso ya pasa aquí y en Francia, debido al calentamiento global. Si el agua está más caliente, las centrales no pueden funcionar”, argumenta.

El coste de las centrales francesas, actuales o futuras, no es el único ejemplo de la factura que supone poner en marcha más nucleares. La representante de Greenpeace cita lo que está ocurriendo en Finlandia con la instalación de Olkiluoto 3. “Va a costar 11.000 millones de euros, cuando iban a ser 3.000. La construcción (de la que se encarga EDF) se empezó en 2005 y se pensaba que se acabaría en 2009. Estamos en 2022 y sigue sin estar. Tenía que comenzar a operar en junio, veremos si empieza en septiembre o en octubre”. También en Francia acumulan retrasos con la construcción de Flamanville 3, que ahora se prevé que esté terminada en 2023 y cuya factura está por encima de los 12.000 millones de euros.

O lo que ocurre en Reino Unido. “Está la planta de Hinkley Point C. El Gobierno se comprometió a comprar la energía que produzca a 132 euros/MWh durante 35 años. Ese precio es muy superior a la media de 55 euros de los últimos años. Es una estimación de pago, a fondo perdido, de más de 68.000 millones de euros solo por una central nuclear”, explica Bennasar.

Además de las grandes centrales hay otra opción: los Small Modular Reactors, pequeños reactores modulares que suponen proyectos de 300 o 400 MW. Esta alternativa aún está en fase de desarrollo y se desconoce su viabilidad real, los plazos y el gasto que supondrían.

¿Y qué se hace con los residuos?

Al margen del coste, de la imposibilidad de construir centrales nucleares a muy corto plazo, el otro gran debate son los residuos que genera la energía nuclear y que tardan miles de años en degradarse. Residuos que, hoy por hoy, en España se almacenan junto a las centrales que están operativas. 

Hace menos de un mes, el Grupo Parlamentario Popular instó a reactivar la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad conquense de Villar de Cañas. La adjudicación decidida en diciembre de 2011, en los primeros compases de la llegada de Rajoy a Moncloa, fue polémica. No se apostó por un emplazamiento donde ya existiese una central nuclear como, a priori, hubiera tenido más sentido. A eso se ha sumado en los últimos años la oposición a su construcción por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha; y la decisión del actual Ejecutivo central de dejar en suspenso la tramitación de permisos para la construcción del ATC en la localidad conquense, a la espera de que se logre un consenso social y político. 

De momento, no hay un almacén central. “¿Es justo que las poblaciones que ya han sufrido tener una central nuclear también tengan un almacén temporal? A lo mejor un alcalde sí lo quiere, pero las poblaciones que están cerca, no. La justicia social, en lo nuclear, es imposible”, sentencia la responsable de campaña nuclear de Greenpeace.

El Grupo Parlamentario Unidas Podemos ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso a favor del cierre progresivo de las centrares nucleares y en contra de la instalación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), una iniciativa parlamentaria impulsada por la coalición de izquierdas en Castilla-La Mancha. En la propuesta, solicita al Congreso que inste al Gobierno “a paralizar de forma oficial y definitiva” el proyecto del silo nuclear en esta localidad conquense.

En este sentido, consideran que la posición del Grupo Parlamentario es “clara, rotunda y bien conocida”. Las formaciones castellanomanchegas, junto a Alianza Verde, le han recordado a Page que tuvo la oportunidad de presentar alegaciones al séptimo Plan de Residuos Radiactivos que publicó el Ministerio hace un mes, como hizo Podemos Castilla-La Mancha junto a la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca y organizaciones como Ecologistas en Acción, “y no lo hizo”. Asimismo, consideran que “el que debe de actuar contra la resurrección del ATC es el Gobierno de Castilla-La Mancha, que no ha movido un dedo ante el Ministerio”. Por lo tanto, agregan, “esta reivindicación va a seguir contando con el apoyo incondicional de Unidas Podemos Castilla-La Mancha, en nuestra región y en el conjunto de España”.

El líder regional de Podemos, José Luis García Gascón, se ha dirigido al PP de Paco Núñez para afearle “su postura antirregional por el apoyo consciente al cementerio nuclear en Villar de Cañas, contra los intereses de la mayoría social castellanomanchega, que siempre ha manifestado su oposición al proyecto por no aportar ningún tipo de beneficio a la localidad, a la provincia de Cuenca ni al conjunto de la región”. Gascón se ha preguntado “qué gana el PP con este apoyo” y le ha invitado que explique a la ciudadanía “si hay algún tipo de interés oculto o si responde a la necesidad de pagar algún tipo de favor”. En cualquier caso, según sostiene Gascón, “no se entiende la postura del PP en la región, ya que es capaz de tirar piedras contra el propio tejado de nuestra comunidad y se posiciona en contra de Villar de Cañas, de Cuenca y de Castilla-La Mancha”.

“Irregularidades, incertidumbres y riesgos”

Por su parte, el coordinador regional de IU-CLM, Juan Ramón Crespo, ha señalado “las múltiples irregularidades, incertidumbres y riesgos asociados al proyecto del cementerio nuclear de Villar de Cañas, por lo que no podemos más que repudiarlo y combatirlo”. Crespo ha añadido que “las consecuencias de la instalación del cementerio nuclear en Villar de Cañas afectarían a muchas generaciones y consideramos que no se ha contemplado seriamentela seguridad en la gestión y tratamiento de los residuos radiactivos para proteger a las personas, las y los trabajadores y el medio ambiente, así que seguiremos trabajando estrechamente junto a los colectivos y organizaciones ecologistas hasta el final”.

Jacobo Medianero, responsable de Política Municipal de Izquierda Unida Castilla-La Mancha y alcalde del municipio Mota del Cuervo, solicita al Congreso de los Diputados la aprobación de esta propuesta porque “es el sentir de una provincia” y es imprescindible “acabar con el yugo de la ATC en la provincia de Cuenca”. Explica que el texto registrado debe aprobarse de forma unánime porque “la política debe apostar por el desarrollo y no por la condena, por un sistema productivo que apoye a los ciudadanos”. No en vano, asegura Jacobo Medianero, “imponer los desechos nucleares a una zona, no es creer en España y no es creer en la solidaridad y la igualdad entre las regiones”.

Desde Unidas Podemos Castilla-La Mancha han recordado que “çel proyecto de ATC no cuenta ni con la pertinente declaración de impacto ambiental (DIA), ni con las autorizaciones del Ministerio. Además, agregan que ”no son acordes al el planeamiento urbanístico necesario en la localidad“, en referencia al POM. Y sostienen que ”numerosos informes geológicos señalan lo inadecuado de los terrenos seleccionados para la construcción de este proyecto, lo que se ha confirmado con varios movimientos sísmicos en los últimos años a distancia cercana del lugar elegido“.

Desde que el pasado día 24 de febrero Rusia tomara el control de la zona de Chernóbil, la preocupación por un posible incidente nuclear ha ido en aumento. Este miércoles, el operador ucraniano Ukrenergo ha advertido de que la planta nuclear de Chernóbil ha sido completamente desconectada de la red de energía “debido a las acciones de los invasores rusos”. 

Según recoge la agencia Interfax en Ucrania, el comunicado de Ukrenergo señala que “la planta está completamente desconectada y no tiene suministro energético” y que como “las acciones militares siguen en progreso, no hay posibilidad de restaurar la conexión”. 

Por su parte, la empresa estatal ucraniana Energoatom ha explicado en su canal de Telegram que el apagón está asociado a “daños en la línea de transmisión” entre la central de Chernóbil y la subestación de Kvysika, que también provocó un apagón en la ciudad de Slavutych. 

El apagón preocupa a Energoatom porque es necesaria la electricidad para mantener una “refrigeración constante” de los “20.000 conjuntos de combustible gastado” que se almacenan en la vieja central. Si no se produce esta refrigeración, “la temperatura de las sustancias radiactivas del combustible gastado” podrían evaporarse y llegar al ambiente. “Una nube radiactiva podría ser transportada por el viento a otras regiones de Ucrania, Bielorrusia, Rusia y Europa”, advierte la empresa.

“El sistema de extinción de incendios tampoco funciona. Este es un gran riesgo en caso de incendio, algo que podría ocurrir como resultado del impacto de un proyectil. Actualmente, las hostilidades continúan, lo que hace imposible realizar reparaciones y reanudar el suministro de energía”, advierte la empresa ucraniana.

Previamente, la OIEA, la agencia nuclear de la ONU, aseguraba que había perdido la conexión con los sistemas de control instalados en la central. “En este momento, nadie sabe que está pasando en Chernóbil y cuáles son las amenazas para la región. Es una situación extremadamente peligrosa”, advertía la OIEA.

Rusia, por su parte ha acusado a las fuerzas ucranianas de ser los culpables del ataque la red eléctrica que abastece a Chernóbil. El viceministro de Defensa de Rusia, Nikolai Pankóv, respondía así en una rueda de prensa a las acusaciones de responsables ucranianos.

“Debo señalar con gran pesar que los nacionalistas ucranianos cometieron otra provocación, una provocación extremadamente peligrosa. Atacaron la subestación y las líneas eléctricas que alimentan la planta de energía nuclear de Chernóbil. Los expertos rusos tomaron medidas inmediatas para cambiar a fuentes de energía del generador diésel de respaldo ”, dijo Pankóv, según las agencia rusa Sputnik.

Reservas para “48 horas”

El ministro de Exteriores ucraniano, Dimitri Kuleva, ha pedido en Twitter un alto el fuego en la zona para poder volver restaurar la electricidad en la central. Kuleva, ha advertido que los generadores de reserva que funcionan con diésel en Chernóbil tienen una capacidad de “48 horas”, después de lo cual, los sistemas de refrigeración se pararían y habría una “fuga de radiación” inminente.

Posteriormente, la OIEA ha afirmado en esta misma red social que el corte de energía no entraña un impacto “crítico en la seguridad”. El organismo asegura que “debido al tiempo transcurrido desde el accidente en Chernóbil en 1986”, “la carga de calor del tanque de almacenamiento del combustible gastado y el volumen de agua de refrigeración que contiene es suficiente para mantener una refrigeración eficaz sin necesidad de suministro eléctrico”. Además, ha recordado la existencia de los generadores de emergencia, a pesar de las advertencias de Ucrania de las limitadas existencias de diésel con las que cuentan en la planta para su correcto funcionamiento.

Por su parte, el viceministro de Energía ruso, Pavel Sorókin, afirmó que “en este momento, la parte bielorrusa ha resuelto el problema de restaurar el suministro de energía de forma permanente desde el sistema energético bielorruso”.

Preocupación por el personal, que no rota desde hace 13 días

Energoatom advierte también de que, debido al apagón, la ventilación de la instalación no funciona y todo el personal que se encuentra allí podría recibir dosis peligrosas de radiación.

El director general del OIEA -la agencia nuclear de la ONU-, Rafael Grossi, se ha mostrado también preocupado por la situación de estrés y fatiga del personal que atiende la antigua central nuclear de Chernóbil, que no ha rotado desde el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania.

“Estoy profundamente preocupado por la situación difícil y estresante que afronta el personal de la planta de Chernóbil y los riesgos potenciales que esto implica para la seguridad nuclear”, aseguró Grossi en un comunicado.

“Hago un llamado a las fuerzas que tienen el control efectivo del sitio para que faciliten urgentemente la rotación segura del personal”, agregó Grossi en referencia a las fuerzas rusas.

El regulador ucraniano informó a la OIEA que los 210 técnicos y guardias que han estado trabajando allí desde que las fuerzas rusas tomaron el control hace casi dos semanas no han podido rotar y “su situación está empeorando”.

La antigua central nuclear, ubicada en una zona de exclusión debido a la radiactividad por el accidente de 1986, incluye reactores fuera de servicio, así como instalaciones de desechos radiactivos.

La autoridad reguladora ucraniana asegura que solo podía comunicarse con la planta por correo electrónico.

Ataques a instalaciones nucleares

Tras la toma de Chernóbil por las tropas rusas, fue atacada la central de Energodar, en la región de Zaporiyia: la planta de energía nuclear más grande de Europa. El ataque provocó un gran incendio que se mantuvo activo durante horas. Por ahora, el personal asegura que “su funcionamiento es correcto” con los niveles de radiación “estables”.

Además, el pasado domingo 6 de marzo, fuerzas rusas lanzaron proyectiles contra un reactor nuclear experimental en Járkov, en el Centro Nacional de Investigación del Instituto de Física y Tecnología.

Ucrania dispone de 15 reactores que se reparten en cuatro centrales nucleares: Jmelnitski (2), Rivne (4), Ucrania Sur (3) y Zaporiyia (6), según los últimos datos del operador ucraniano Energoatom.

El Gobierno reconoce que no tiene respuesta a la pregunta de cuánto cuesta producir un megavatio hora (MWh) nuclear teniendo en cuenta todos los costes de esta tecnología. Lo ha hecho en plena guerra con las principales compañías del sector por las medidas adoptadas para drenar la espectacular subida de la luz.

“En la actualidad se desconoce el precio real de un MWh de origen nuclear”, dice el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria fechada el 8 de septiembre, una semana antes de que el Consejo de Ministros aprobara su plan de choque para abaratar el recibo. 

Con un Real Decreto-Ley, el Gobierno ha asestado a las eléctricas un recorte de 2.600 millones de euros para rebajar drásticamente los cargos de la factura de los consumidores, en especial, hogares y pymes. Las principales afectadas van a ser la hidráulica y la nuclear, a las que se van a detraer durante seis meses los beneficios extraordinarios que, asegura el Ejecutivo, reciben esas tecnologías, que considera amortizadas, por la histórica escalada del precio mayorista de la electricidad a causa del encarecimiento del gas en los mercados internacionales.

En su respuesta, el Gobierno argumenta que no impulsa la nuclear porque, entre otras razones, las centrales “utilizan un combustible que, una vez gastado, se convierte en un residuo de alta actividad y muy larga vida (miles de años), del que es imposible precisar el coste de su gestión definitiva, dado que, hasta ahora, esta no se ha llevado a cabo en ningún país occidental”.

Si bien “los titulares de las centrales pagan a la empresa pública Enresa una prestación patrimonial destinada a la financiación de la gestión de estos residuos y el desmantelamiento de las centrales”, esa falta de experiencia “hace que sea el Estado el que, finalmente, haya de asumir las incertidumbres económicas existentes en relación con el coste final de su gestión”, recuerda.

Tasa Enresa

Desde 2005 los reactores pagan una tasa para financiar la gestión de los residuos y el desmantelamiento, que hasta entonces se cargaba al recibo de la luz. Esta tasa, que en 2020 recaudó unos 480 millones, se incrementó a finales de 2019 un 19% (llevaba sin revisarse desde 2010), hasta 0,798 céntimos de euro por kilovatio hora generado, en el marco del cierre escalonado de los reactores entre 2027 y 2035 que pactó el Gobierno con las eléctricas. 

Ahora las empresas, que dicen que los llamados beneficios caídos del cielo son un mito, aseguran que ese calendario está en peligro tras la aprobación de un decreto calificado de “intervención del mercado” por el sector, que “hará que numerosas centrales de generación incurran en pérdidas económicas significativas”, según la patronal Aelec. 

Las compañías han amenazado con un cierre unilateral y “desordenado” de los reactores, que dejarían de nutrir al fondo que financia a Enresa y pondrían en peligro los objetivos de descarbonización, por el papel de estas centrales (que no emiten CO2) como respaldo de las renovables mientras no exista una solución para almacenar la energía.

A cierre de 2020, el fondo que gestiona Enresa acumulaba algo menos de 6.600 millones, frente a los más de 23.000 millones en los que la empresa pública estima el coste de gestionar los residuos y el desmantelamiento de las instalaciones nucleares hasta 2100. Esa cifra incluiría la construcción del almacén temporal para guardarlos. Enresa ha asegurado recientemente que su plan “sigue siendo disponer de un ATC” y ha avisado del posible “lucro cesante” para las eléctricas si no hay donde guardarlos en 2026 y las centrales tuvieran que parar.

La última estimación del coste de generación de las centrales nucleares españolas son los 56,1 euros/MWh que Endesa facilitó a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en una reciente visita de los técnicos de ese organismo a España. Esa cifra incluía 21,4 euros de lo que la eléctrica califica como “impuestos y tasas a los residuos nucleares” y 11,1 euros de “coste de capital”. 

Cifras que expertos como Eloy Sanz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y revisor experto del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) consideran infladas. “Es un dato de la industria que no está auditado externamente”, dice. Sanz recuerda que las nucleares españolas, que llevan décadas en operación, no están amortizadas desde el punto de vista contable por decisión de sus titulares. Cree que el coste real de esta tecnología estaría no en esos 56,1 euros sino “en torno a los 45 euros/MWh”.

Las nucleares lamentaban el año pasado que operaban a pérdidas porque el MWh en el mercado mayorista estaba históricamente bajo (se situó de media por debajo de 34 €/MWh). Ahora que los futuros para el último trimestre del año han llegado a superar esta semana los 175 euros, las eléctricas sostienen que han vendido la mayoría de la producción de esas centrales con contratos bilaterales a precios muy inferiores a los actuales, por lo que la minoración por la subida del gas les va a llevar a pérdidas.

Foro Nuclear ha asegurado que, para funcionar sin perder dinero, y una vez esté en vigor un proyecto de ley para restarles los ingresos extra por la subida del CO2 (que no soportan y que este año también se ha disparado), el precio del mercado mayorista “no debería ser inferior a 57-60 €/MWh con el nivel impositivo actual. De no ser así, sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas”, aseguran. 

Este lobby ha reclamado un precio fijo para esta tecnología, en la que no hay libertad de entrada (no se van a construir más nucleares en España). La vicepresidenta Teresa Ribera lo ha descartado porque dice que ese precio fijo es contrario a la normativa europea. El presidente de esa asociación, Ignacio Araluce, reclamó en verano que se situara en torno a 57 euros, muy por encima de los 18 euros que, según Ribera, llegó a plantear Podemos como horquilla mínima en su propuesta para sacar las nucleares del pool antes de la aprobación del plan de choque del Gobierno.

Además de esa minoración temporal, el decreto prevé, junto a la prórroga de la bajada del IVA, la reducción al mínimo del Impuesto a la Electricidad y otras medidas, obligar a nucleares e hidráulicas ceder su energía a otras comercializadoras y a grandes consumidores mediante un sistema de subastas.

Recurso al Constitucional

Las eléctricas han advertido de que la norma va contra la normativa española y la europea, aunque no pueden recurrirlo directamente. Necesitan que se plantee un recurso de inconstitucionalidad, algo que solo pueden plantear, entre otros, las comunidades autónomas o al menos cincuenta diputados. Un posible candidato es Vox, único grupo que hoy defiende abiertamente que se construyan más nucleares en España.

Una posibilidad que casi todo el arco parlamentario desechó tras el desastre de Fukushima y el Gobierno rechaza de plano basándose “en la defensa de los intereses públicos”. Al coste de gestionar los residuos y el desmantelamiento se suma que la posibilidad de accidente nuclear “es remota”, pero “en el caso de que este se produzca, y sin perjuicio de la responsabilidad civil que están obligados a asumir los titulares de las centrales nucleares, la experiencia ha demostrado que es también el Estado el que finalmente ha de hacerse cargo de gran parte del coste de los daños que se produzcan”.

Además, según el Ejecutivo, “en la actualidad, ninguna empresa eléctrica estaría interesada en poner en marcha una central nuclear, ni ninguna entidad financiera dispuesta, en su caso, a financiarla, dadas las incertidumbres de todo tipo que se ciernen sobre este tipo de proyectos”.

El punto de partida para cualquier decisión del Gobierno con respecto al proyecto de construcción de un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca) será el nuevo Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR), que el Gobierno se compromete a tener listo en 2019. Así lo ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha comparecido hoy en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados.

Esta comparecencia fue pedida por la propia ministra para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno después de que el pasado mes de julio el Ministerio para la Transición Ecológica solicitara al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dejar en suspenso la emisión del informe preceptivo sobre la autorización de construcción del ATC.

Esta solicitud se justifica, según una nota difundida por el ministerio, en la necesidad de analizar con detalle la situación actual, toda vez que la petición de dicho análisis preceptivo había sido realizada por el Gobierno anterior en enero de 2014; que el Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (2006) sobre el que se proyecta el ATC está caducado y pendiente de actualización desde 2010, y que cualquier instalación de este tipo debe concebirse en el marco de la nueva planificación energética 2021-2030, una tarea en la que el Ministerio para la Transición Ecológica “está inmerso desde su composición”, ha manifestado Ribera.

La ministra ha detallado que el Plan de Gestión de Residuos Radiactivos de 2006 contempla un escenario de residuos producidos por centrales operadas hasta un máximo de 40 años. El Gobierno anterior tomó decisiones encaminadas a alargar la vida de las centrales más allá de ese tiempo, sin que esto se haya visto reflejado en la actualización del VI PGRR. Por tanto, “lo responsable para este Gobierno es abordar de manera prioritaria la actualización de ese plan antes de embarcarnos en la continuación de un proyecto multimillonario, respecto del que hoy no tenemos aún datos reales sobre el que fundamentarlo”, ha señalado la ministra.

Planificación energética y seguridad

“Hace falta conocer en primera instancia cuál es el volumen de residuos que van a ser almacenados y para eso hay que conocer hacia dónde vamos, qué mix energético queremos y cuántos residuos debemos ubicar y dónde”, ha añadido Ribera.

Asimismo, la ministra ha recordado que, al no haberse actualizado este VI PGRR, tampoco se han incorporado los requisitos en materia de seguridad establecidos por la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, con mayores exigencias para garantizar la gestión responsable y segura de los residuos nucleares en cada Estado miembro. “Y esto ha conducido a España a enfrentar un procedimiento de infracción muy avanzado a nivel comunitario por incumplir la obligación de disponer de un plan nacional de seguridad en el tratamiento de los residuos nucleares”, afirma la nota ministerial.

En este sentido, el pasado mes de junio España recibió la primera advertencia escrita de un expediente sancionador para que se terminen de implementar estos nuevos estándares de seguridad para prevenir accidentes, pues el plazo expiró en agosto de 2017. 

La ministra ha repasado las distintas fases por las que ha pasado este proyecto de ATC, desde la elección del emplazamiento, muy discutido políticamente y cuestionado técnicamente, hasta las distintas normativas modificadas por el anterior Gobierno y que de facto implican alargar la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años. 

Asimismo, el Gobierno estudiará las inversiones realizadas hasta la fecha por parte de ENRESA, empresa titular del proyecto, así como los costes reales derivados de construir el ATC en los terrenos de Villar de Cañas antes de tomar una decisión al respecto, incluyendo otras posibilidades técnicas para la gestión de residuos radiactivos en España.

“Con el objetivo de anteponer los criterios técnicos, el interés general y la seguridad de los ciudadanos”, según la nota, la ministra para la Transición Ecológica se ha comprometido a escuchar a todos los actores directamente implicados, entre ellos, a los técnicos, a las Cortes Generales, a las Cortes de Castilla-La Mancha y al Gobierno de esta comunidad autónoma.

Sobre las urgencias que algunos grupos políticos han planteado al respecto de este proyecto, la ministra ha recordado que el retraso en la ejecución del ATC (su puesta en marcha se preveía en 2010, tal y como recoge el VI PGRR de 2006) ha obligado a que estén ya construidos, en fase de construcción o en fase de licenciamiento seis Almacenes Temporales Individualizados (ATI), en cada una de las centrales nucleares españolas, lo que ya permite almacenar provisionalmente de manera segura los residuos radiactivos, sin necesidad de incurrir en una precipitada construcción del ATC.

Plan nacional integrado de energía y clima

Lo que sí es “urgente” es “poner sobre la mesa soluciones rigurosas y coherentes, necesarias más que nunca cuando hablamos de política energética, y para lo que es fundamental emitir señales claras e inequívocas”, apuntó Ribera. En este sentido, la ministra dijo que su departamento trabaja a contrarreloj en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que será presentado a la Comisión Europea antes de finales de año.

La Plataforma contra el cementerio nuclear en Cuenca ha asegurado que el terremoto que se produjo este martes en La Alberca de Záncara “muestra la vulnerabilidad de los terrenos del Almacén Temporal Centralizado (ATC)”. “Con una magnitud de 3,2 y situado a 37,5 kilómetros de los terrenos del ATC, este nuevo seísmo ocurrido, unido al del 20 de diciembre pasado en Yebra y otros más, muestra que la zona no es de baja sismicidad como se había dicho”.

El riesgo sísmico, a juicio de la plataforma, “unido a la posibilidad aparición de oquedades, supone que los terrenos elegidos para albergar el cementerio nuclear son de alto riesgo”. También se han hecho eco de las coordenadas que facilita el Instituto Geográfico Nacional, que arrojan que “la distancia a los terrenos elegidos para el ATC, sería de tan solo 37,5 kilómetros”.

“La magnitud (3,2) no es despreciable y aunque el diseño del ATC permita soportar intensidades mucho mayores, la inestabilidad del terreno, aumenta considerablemente los riesgos ante eventos sísmicos”, señalan desde la plataforma.

En concreto, aluden a “la posible existencia de oquedades por karstificación y de arcillas expansivas y a la facilidad de migración de los radionucleidos en el acuífero”, lo que “convierte al subsuelo de los terrenos en inadecuados para albergar un edificio de las características de un almacén radiactivo”.

Para la Plataforma, este terremoto vuelve a poner en un primer plano, las incertidumbres geológicas que han mostrado los terrenos desde un principio. “Lejos de despejarse, las dudas se han incrementado a la luz del último informe que ha trascendido de los inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que visitaron los terrenos en mayo pasado”.

Para la portavoz de la Plataforma, María Andrés, “sería insensato continuar con este proyecto” al tiempo que ha mencionado “el respaldo de funcionarios expertos del propio CSN, del Colegio de Geólogos y de múltiples estudios contratados por el CSN y esta Plataforma”.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha invitado a la ciudadanía a participar en la celebración del Día de los Humedales, que se celebra cada 2 de febrero y en el que se conmemora la fecha en que se adoptó la Convención sobre los Humedales, el mismo día en 1971 en la ciudad iraní de Ramsar. Este año el lema es ‘Humedales para un futuro urbano sostenible’.

En la Lista Ramsar, donde están los humedales de prestigio internacional desde la óptica de la conservación de la biodiversidad y los procesos ecológicos, hay ocho humedales castellano-manchegos como representación de la riqueza del patrimonio húmedo natural de Castilla-La Mancha.

Entre ellos, desde 2002, se encuentra la Laguna de El Hito (Cuenca) en el entorno Red Natura 2000. Los otros siete son las Tablas de Daimiel, Lagunas de Ruidera, Laguna de Manjavacas, Lagunas de Alcázar de San Juan (Yeguas y Camino de Villafranca), Laguna de la Vega o del Pueblo, Lagunas de Puebla de Beleña y Laguna del Prado.

Precisamente, la Laguna del Hito es el espacio natural cuya ampliación el Gobierno de Castilla-La Mancha ha querido llevar a cabo para impedir la construcción del almacén nuclear (ATC) en Villar de Cañas, una medida que se encuentra suspendida cautelarmente después de que el Gobierno de Rajoy la recurriera .

En total, en Castilla-La Mancha existen alrededor de 400 humedales de tipologías muy diversas, desde lagunas de origen volcánico como las de Campo de Calatrava, lagunas asociadas a sistemas fluviales sobre llanuras de inundación como las Tablas de Daimiel o lagunas asociadas a formaciones de origen kárstico como las Lagunas de Ruidera, en las provincias de Albacete y Ciudad Real.

Son varios los argumentos que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha esgrimido para dar la razón al Gobierno de Emiliano García-Page en su guerra judicial contra el almacén nuclear. En la sentencia que desestima el recurso del Ayuntamiento de Villar de Cañas, localidad elegida para albergarlo, contra la decisión del Ejecutivo regional de anular su plan urbanístico, se exponen sobre todo numerosas “incoherencias” que ahora han servido a los detractores del ATC para volver a insistir en la imposibilidad de construir el polémico almacén.

Con relación a la declaración de nulidad de pleno derecho del POM, la sentencia da por buenos tres informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que señalan que no está garantizada la existencia de recursos hídricos suficientes para la instalación. La preceptividad de dicho informe, añade, viene determinada por la Ley de Aguas.

Dichos informes se han de entender como “desfavorables” y tienen carácter preceptivo y vinculante según doctrina del Supremo. “Estamos ante un defecto esencial de la aprobación del POM, que lo vicia de nulidad y que no es subsanable, sino esencial y sustantivo, cuya nulidad se declara porque el plan urbanístico vulnera las leyes”. Por tanto avala la nulidad del plan que decretó la Administración autonómica.

La desclasificación de suelos urbanos consolidados es otro elemento en el que se detiene el juez al considerar que de una prueba pericial practicada se deduce que “no se atenía a derecho esta operación”. Según apunta, esta tesis ha sido ratificada por el propio arquitecto redactor del POM, “no dándose las condiciones requeridas” por la Ley de Ordenación del Territorio (LOTAU) para ser considerados como suelo urbano consolidado.

Por otra parte, en la sentencia se explica que el plan urbanístico califica como sistema general de suelo rústico un vial de acceso desde el núcleo de Villar de Cañas hasta el complejo del ATC para conectar con el sistema general que une dos núcleos urbanos, es decir, que el vial “únicamente da servicio al ATC”.

“Falta de definición” en las obras del vial

La Junta, cuando anuló el POM, cuestionó aquí que ese plan no recogiera cómo debe ser el modo de obtención de dichos terrenos ni su ejecución, y el juez le da la razón. Subraya la “falta de definición” en cuanto a la obtención y ejecución de las obras correspondientes a ese vial, incumpliendo con la obligación de especificar el procedimiento de obtención de suelo.

Uno de los aspectos más importantes de la sentencia es que se pronuncia sobre la propia ubicación del basurero nuclear y sobre si guarda las distancias apropiadas al núcleo urbano de la localidad conquense. En este punto, señala que existe un problema previo: “no se marca en ningún plano la zona del área de las construcciones nucleares”.

Además, explica que en el POM se establecía, en el apartado de ordenación estructural, que la localización de las edificaciones nucleares deben encontrarse a una distancia superior a 2.000 metros. Recuerda que existe una regulación sobre criterios de seguridad de instalaciones de almacenamiento temporal de residuos radiactivos de alta actividad que establece que la distancia mínima entre estos residuos respecto al límite del área controlada debe ser al menos 100 metros. En este punto, tampoco el plan urbanístico se ajustaba “a la regulación aplicable”. “No se tuvo en cuenta que la medición de los 2.000 metros debe realizarse desde la zona de afección de la edificación y no desde la fachada de las instalaciones nucleares”, concluye.

El retraso del polémico almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió ubicar a finales de 2011 en Villar de Cañas (Cuenca) se va a traducir en una compensación millonaria para Francia. La demora obliga a Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos en España, a abonar a partir de este sábado una penalización de más de 67.000 euros diarios a la empresa semipública francesa Areva por la custodia de los residuos de la central nuclear Vandellòs I, clausurada en 1989 tras un incendio.

Este viernes, 30 de junio, expira el acuerdo que firmaron Enresa y Areva en octubre de 2012 para mantener en el almacén de la compañía francesa en La Hague (Normandía) los residuos de Vandellòs I que se custodian allí desde hace décadas. En junio de 2014, la propia Enresa cifró la penalización a abonar en caso de que para junio de este año no volvieran los residuos en 67.000 euros diarios.

Fuentes oficiales de Enresa no precisan la cifra, pero sí avanzan que es superior a esos 67.000 euros, ya que la penalización se ha actualizado desde entonces. Esa cantidad equivale a 469.000 euros a la semana, dos millones de euros mensuales o 24,4 millones al año. Los residuos no han vuelto a España porque el ATC no está listo. De hecho, la parte nuclear del almacén ni siquiera ha empezado a construirse.

Preguntado sobre este asunto, el Ministerio de Energía, al que está adscrita Enresa, señala que “no se ha firmado ningún acuerdo nuevo con Areva” y que “según el protocolo actual, en caso de incumplimiento de la fecha de retorno se aplicaría una penalización que, no obstante, será devuelta en el momento del último retorno de residuos, una vez descontados los costes de almacenamiento”. Energía, que no precisa el importe de la penalización, añade que está previsto “un próximo contacto entre Enresa y Areva sobre los procedimientos específicos que permitan el cumplimiento de los términos de los acuerdos establecidos”, sin dar más detalles.

La instalación del ATC que debería custodiar esos residuos es el almacén de espera de contenedores, que tras la elección del emplazamiento conquense Enresa esperaba tener construido en diciembre de 2015. El proyecto del ATC inicialmente debía estar en marcha en 2010, y tras la elección de Villar de Cañas acumula años de retraso. La instalación dispone de la apreciación favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) desde el 27 de julio de 2015, pero no tiene todavía la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Ministerio de Medio Ambiente, paso previo a la autorización de construcción del CSN.

Silencio de Nadal y el presidente del CSN

La multa por el retraso del ATC fue, según fuentes parlamentarias, una de las cuestiones sobre esta instalación que evitó contestar el presidente del CSN, Fernando Marti, en la comparecencia a puerta cerrada que realizó el pasado 6 de junio ante los diputados de la Comisión de Energía del Congreso. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, también ha evitado desde su llegada al cargo en noviembre aventurar plazos sobre la puesta en marcha de la instalación. La ubicación fue decidida cuando la secretaria general del PP y hoy ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, era presidenta de Castilla-La Mancha.

En enero pasado, el ATC recibió un espaldarazo cuando el Tribunal Supremo anuló la ampliación de un espacio natural protegido que había decretado el Gobierno de Castilla-La Mancha, del socialista Emiliano García-Page, para bloquear el proyecto. Las dudas sobre la idoneidad de los terrenos elegidos no están todavía resueltas.

Desde la clausura de Vandellòs I, España ha tenido que abonar a Francia más de 500 millones de euros por quedarse con la basura radiactiva de esa central en Tarragona. Tras su cierre, España firmó un primer acuerdo con la compañía pública francesa Cogema (actual Areva), fabricante del reactor, para que se hiciera cargo de la custodia y el reprocesamiento del combustible (uranio enriquecido) a cambio de unos 250 millones de euros, que por entonces sufragaron los consumidores españoles mediante un recargo en el recibo de la luz del 0,7%.

Ese primer acuerdo fijaba como primer plazo para la vuelta de los residuos el 31 de diciembre de 2010. Incumplido ese plazo, y ante la inexistencia de un almacén nuclear en España, Enresa empezó a abonar una penalización de unos 65.000 euros diarios hasta que en octubre de 2012 suscribió una adenda al convenio original en la que, a cambio de prorrogar el plazo de devolución hasta junio de 2017 y retirar las penalizaciones diarias devengadas hasta la fecha, se comprometió a abonar otros 213 millones de euros adicionales a los ya pagados hasta entonces. La cifra incluía el encargo a Areva de fabricar cuatro contenedores que servirían para el transporte y almacenamiento de los residuos hasta Villar de Cañas.

El esqueleto de Vandellòs I (el esqueleto de la central), ya sin combustible nuclear en su interior, fue recubierto por una coraza de hormigón y permanecerá así al menos hasta 2029, cuando se prevé que los niveles de radiactividad en su interior hayan disminuido para proceder a su desmantelamiento y el envío de los restos contaminados al basurero nuclear de residuos de media y baja actividad de Enresa en El Cabril, Córdoba. Los costes incurridos hasta ahora para este desmantelamiento parcial, del que también se encarga Enresa, superan los 100 millones.

Fondo insuficiente

La actividad de Enresa se financia a través del Fondo para la Gestión de Residuos Radiactivos, que a 31 de diciembre de 2015 acumulaba 4.613 millones. Una cantidad insuficiente, según el Tribunal de Cuentas, que en un informe publicado en febrero del año pasado cuestionó su sistema de financiación y advertía de un “déficit” de 1.486 millones a junio de 2014.

El informe denunciaba que los tipos de gravamen que entraron en vigor en enero de 2010, cuando el fondo empezó a ser financiado con aportaciones de las eléctricas (antes lo abonaban directamente los consumidores), no se han actualizado desde entonces pese a las desviaciones de costes con respecto a las previsiones del último Plan de Gestión de Residuos Radiactivos, que tiene ya diez años y que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha actualizado hasta la fecha.

La tasa que pagan las eléctricas para nutrir el fondo está ligada a la producción de energía de cada central, por lo que dejan de pagar desde el momento en que no generan electricidad. Al no haberse actualizado esa tasa, las eléctricas no han asumido ninguna de las desviaciones de costes. Fuentes del sector creen que “bajo la actual regulación, esas desviaciones correrán sin duda alguna y en un futuro próximo, por cuenta de la Hacienda pública”.

El Tribunal Supremo ha paralizado cautelarmente la ampliación de una zona de protección medioambiental que impedía la construcción del almacén nuclear centralizado en Villar de Cañas (Cuenca). Los magistrados entienden que “es más atendible proseguir las actuaciones para la instalación del ATC” que la creación de un “espacio protegido”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha había acordado extender la Zona de Especial Protección para Aves Laguna del Hito y dejar dentro el emplazamiento del ATC. De esta manera, el silo nuclear no tenía cabida al hacerlo incompatible con los uso permitidos.

Sin embargo, el Supremo dice que llevar allí “el combustible gastado y los residuos de alta actividad” conllevará una “pronta y correcta gestión de los residuos radioactivos amparando a todas las especies animales y al medio en general”. Así, opina que se preserva mejor que con una zona específica “para proteger a una o varias especies animales”.

El Gobierno había pedido la suspensión de estos trámite y había sido denegado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. En esa ocasión, los magistrados explicaron que el Gobierno alegaba básicamente motivos económicos para pedir que no se pusieran trabas al almacén. El proyecto ya ha consumido unos 80 millones en contratos de estudios y obras.

Ahora, el recurso del abogado del Estado ha sido atendido al enjuiciar que “el perjuicio [de no parar la declaración de la ZEPA] está en el entorpecimiento a la gestión de los residuos radioactivos y, por consiguiente, el debilitamiento de la seguridad nuclear, con lo que se daña un servicio público esencial”.

El informe sobre el Programa Indicativo Nuclear, publicado el día 4 de abril, pone de relieve las necesidades de financiación en relación al desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de residuos radiactivos y el combustible gastado, centrándose en las inversiones relacionadas con las actualizaciones de seguridad post-Fukushima y en la operación segura de los reactores existentes. Por tanto, para el comisario del clima de la UE, Miguel Arias Cañete, el programa es una señal de que Europa ha aprendido la lección de la catástrofe de Fukushima.

Según el informe, la Comisión Europea calcula una inversión de entre 350.000 y 450.000 millones de euros hasta 2050 tanto en nuevas plantas nucleares como en el reemplazo de reactores actuales para mantener la mayor parte de la capacidad de generación. Se prevé cerrar alrededor del 90% de las plantas nucleares del continente de aquí a 2050, teniendo en cuenta la decisión de algunos Estados miembros de eliminar gradualmente la energía nuclear o de reducir su uso. Esta tendencia se invertiría en 2030, ya que para este año se prevé conectar nuevos reactores a la red mientras que se extiende el tiempo de vida de los demás. Aunque de este modo la capacidad nuclear aumentaría ligeramente hasta mantenerla estable en 2050, el porcentaje de electricidad nuclear en la UE caería levemente dado que para entonces se espera un aumento de la demanda energética. Así, se prevé que con una duración de operación de las nuevas plantas nucleares de al menos 60 años, se generaría electricidad hasta finales de siglo XXI.

De momento, la Unión Europea cuenta con 129 reactores nucleares en funcionamiento en 14 Estados miembro, que producen alrededor de un tercio de la electricidad y el 14% de la energía que se consume en la Unión Europea. Se prevén proyectos de nueva construcción de reactores nucleares en Bulgaria, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Hungría, Lituania, Polonia, Reino Unido, República Checa y Rumanía.

La energía nuclear divide a los Estados

A pesar de que la Unión de la Energía prevé crear un mercado energético cada vez más integrado, el ámbito de la política energética sigue formando parte de las competencias compartidas entre la UE y los Estados. Eso implica que los países tienen la libertad de decidir su combinación de energías en función de sus preferencias nacionales y, además, se reservan el derecho de conducir sus relaciones bilaterales de energía con los países extracomunitarios a nivel nacional.

La nuclear es, precisamente, una fuente de energía en la que las situaciones y posiciones varían mucho de un país europeo a otro. Mientras que Alemania decidió hace pocos años abandonarla, Reino Unido ha anunciado recientemente su intención de cerrar todas las centrales eléctricas de carbón en 2025, optando por más plantas de energía nuclear y de gas.

Aún así, la Estrategia de la Unión Energética al igual que la Estrategia Europea de la Seguridad Energética hacen hincapié en que los Estados que optan por usar la energía nuclear en su propia combinación energética apliquen los estándares más altos en cuanto a la seguridad, la gestión de residuos y de no-proliferación, así como la diversificación de los suministros de combustible nuclear, de acuerdo con los objetivos del marco de clima y energía para 2030. Además, la Comisión ha publicado una recomendación para hacer más eficiente el establecimiento de acuerdos con terceros países en materia nuclear, aclarando los aspectos clave y los requisitos que los Estados tienen que tener en cuenta, en particular respecto a las nuevas directivas sobre seguridad nuclear y la gestión segura del combustible y los residuos radiactivos.

¿Perspectivas demasiado optimistas?

Pero no solo son los países quienes parten de distintas posiciones respecto a la energía nuclear. La cuestión sobre el uso de las energías nucleares ha sido tema de debate desde hace décadas a diferentes niveles de la UE, un hecho prácticamente ineludible en la tan compleja Unión Europea.

El centro-derecha, los demócratas liberales o los conservadores en el Parlamento Europeo opinan que la energía nuclear seguirá siendo una fuente importante de energía en el futuro. En cambio, el Grupo de Los Verdes / Alianza Libre Europea opina que la Comisión ha presentado en su informe un cuadro demasiado optimista para el potencial de la energía nuclear y subestima el coste de la seguridad y la gestión de residuos. En virtud de convenios de la UE, los Gobiernos nacionales son los responsables de la eliminación del combustible gastado y los residuos radiactivos, y el grupo advierte que eso liberará a los operadores privados de la UE de los costes de limpieza. Del mismo modo, se estima que, debido a que cada país de la Unión regula su propia responsabilidad por accidentes nucleares, el informe no aborda la cuestión de quién es responsable, y por cuánto, en el caso de un accidente.

En un contra-estudio encargado por el mismo partido, se critica también que a pesar de que la Comisión Europea reconoce la falta de mil millones de euros para el desmantelamiento y la eliminación de los residuos nucleares, no propone ninguna sugerencia en cuanto a cómo compensar este déficit. Su única respuesta, critican, es la prolongación del tiempo de ejecución de los reactores, lo que contradice los tratados de la UE y el principio de que quien contamina debe pagar por los costes. Además, como defensor del medio ambiente y promotor de las energías renovables, el partido argumenta que la Comisión también ignora el hecho de que la energía nuclear no puede mantenerse al día económicamente, frente a energías renovables como la energía eólica y solar, teniendo en cuenta todos los costes, incluyendo el del desmantelamiento.

Un posicionamiento seguro para la energía nuclear

Muchos grupos en el Parlamento Europeo, en cambio, opinan que la energía nuclear es indispensable para que la UE se adapte a la creciente demanda de electricidad y para que cumpla con sus objetivos medioambientales. Según la Agencia Internacional de la Energía, la energía nuclear como tecnología baja en carbono ayudará a la Unión a conseguir sus objetivos referentes al paquete energía-clima para el año 2030 y a los objetivos de una economía baja en carbono para 2050. Al mismo tiempo, se estima que Europa no puede asegurar el moderno estilo de vida en las ciudades y la industria europea basándose únicamente en las renovables, y por tanto, necesita utilizar una combinación de diferentes fuentes. Y aunque sea objeto de muchos debates, parece que en Europa la energía nuclear seguirá siendo parte de esta combinación.

Para más información sobre el debate de la energía nuclear en la Unión Europea, se recomienda la lectura del estudio ’’Energia nuclear a Europa: Parlem-ne?“, publicado por la Fundació Catalunya Europa.

Ecologistas en Acción se ha referido a la aprobación de documentos y licitaciones para la construcción del cementerio nuclear en la localidad conquense de Villar de Cañas pese que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha “paralizado” el proyecto mediante la protección ambiental de la zona próxima de la Laguna del Hito. Según apunta, tanto la empresa pública de gestión de residuos nucleares Enresa como el Consejo de Seguridad Nuclear están aprobando documentos y licitaciones bajo una política de “hechos consumados” que consideran “inadmisible”.

Consideran en este sentido que, bajo el contexto de la paralización ambiental, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no puede emitir una Declaración de Impacto Ambiental positiva y, sin ella, Industria por su parte no puede extender una Autorización de Emplazamiento, a pesar de que “cuenta ya con el sorprendente informe positivo” del CSN. “Por lo tanto, no tiene sentido ni seguir licitando obras ni proseguir con el proceso de licenciamiento del ATC”, argumentan los ecologistas.

Más en detalle, el colectivo recuerda que Enresa ha sacado a licitación contratos por 417 millones de euros, de los que ya se han comprometido licitaciones por unos 70 millones. De estos últimos, un total de 36 millones, como ya informaron en su momento, se han otorgado a la empresa Iberinco, de cuya Comisión Ejecutiva Delegada forma parte Ignacio López del Hierro, marido de la expresidenta castellano-manchega, María Dolores de Cospedal, la principal impulsora del proyecto del ATC en Villar de Cañas.

Además, añaden que este proceso continúa con las nuevas licitaciones por valor de 79.633 euros que se produjeron los pasados 21 y 22 de enero. “Este es un dinero público que procede en buena medida del recibo de la luz que estuvo engrosando el fondo de Enresa desde su fundación hasta abril de 2005”, destacan. Para Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción, la situación supone “el entierro de una ingente cantidad de fondos públicos, a sabiendas de que es seguro que el ATC no se va a construir en Villar de Cañas”.

Por otra parte, Ecologistas en Acción subraya que el CSN sigue licenciando el ATC, aprobando resoluciones pleno tras pleno, a pesar de estar el Gobierno central en funciones y del “bloqueo legal” de la instalación. Comparan este proceso con el de la central nuclear de Garoña y por eso solicitan al CSN que detenga el licenciamiento y a Enresa que se abstenga de “seguir gastando dinero y adquiriendo compromisos en un emplazamiento que está protegido ambientalmente”.

La transformación de Garoña en un almacén temporal de residuos nucleares parece estar más cerca después de la Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto emitida por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Este nuevo movimiento del Gobierno supone para el partido ecologista Equola confirmación de la política energética del PP basada en las nucleares. “El Gobierno sigue dando pasos para reabrir la central nuclear de Garoña, con independencia del color de quién gobierne en el futuro. Quiere consolidar con Garoña su objetivo de alargar a 60 años la vida de las centrales nucleares españolas”, asegura el coportavoz del partido verde Juantxo López de Uralde.

Equo reclama una política energética basada en energías limpias y renovables, donde España “podría ser líder” contribuyendo además a la lucha contra el cambio climático. “En lugar de plantear la progresiva desnuclearización, el Partido Popular sigue apostando por una fuente de energía obsoleta, peligrosa y contaminante, como la nuclear”, lamentan.

Según lo recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la instalación prevista para la central ubicada en territorio burgalés colindante con Álava ( a menos de 45 kilómetros en línea recta de Vitoria-Gasteiz) podría acoger hasta 32 contenedores de residuos nucleares por un tiempo inferior a diez años. El silo temporal se construiría dentro del recinto de la planta burgalesa y contempla el almacenamiento a la intemperie y la disposición en seco del combustible gastado de la central nuclear así como su protección física “de modo seguro y estable” hasta su traslado a otro almacén cuya construcción se prevé en Villar de Cañas en Cuenca.

“Ciudadanía alavesa, en contra”

Equo ha recordado el pacto político impulsado por su formación para impedir la reapertura de esta central nuclear cuando las circunstancias legislativas lo permitan y que suscribieron casi todos los partidos de la oposición Equo-Compromís, PSOE, IU, PNV, ERC, BNG, Amaiur y Nueva Canarias, a excepción de CiU y UpyD. Desde Equo resaltan que mantienen el compromiso y esperan que el resto de partidos también lo hagan. “Apostamos por el cierre inmediato y definitivo de la central nuclear de Garoña, y esperamos que el 20-D se le pueda dar el cerrojazo definitivo con el cambio de gobierno”, afirma López de Uralde.

La coportavoz de Equo Araba, Erika Martínez, ha indicado, “la ciudadanía alavesa se ha mostrado en reiteradas ocasiones a favor del cierre definitivo de la central nuclear de Garoña. Incluso dicha demanda ha alcanzado el consenso de todos los partidos políticos a nivel local. Sin embargo, observamos como desde el Ministerio se continúa ignorando la voluntad de la ciudadanía y se apuesta por una energía que únicamente beneficia al oligopolio eléctrico y a los señores del Ministerio”.

Por su parte, Amaiur ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Industria y Energía, Jose Manuel Soria, para que ofrezca explicaciones sobre el asunto. El diputado Iker Urbina ha denunciado la política del Gobierno del PP en materia energética y medioambiental porque “en vez de apostar por las energías limpias sigue impulsando las energías altamente contaminantes. Una muestra de ello es el reciente decreto del Gobierno con el que se penaliza el autoconsumo eléctrico”. La formación exige a travésde un comunicado “el total y absoluto desmantelamiento de Garoña, porque no queremos ningún camión con residuos nucleares en nuestras carreteras”.