La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y su portavoz adjunta, Enma López, han logrado recabar los avales suficientes para concurrir a las primarias del PSOE a la Alcaldía. Ambas medirán sus fuerzas en unas primarias el 19 de julio, día en el que se conocerá quién aspirará a arrebatar el bastón de mando al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en las próximas elecciones municipales.

El plazo de recogida de avales ha finalizado este sábado a las 12 horas, después de una semana en la que las dos precandidatas han recorrido agrupaciones socialistas de la capital para recabar los apoyos de la militancia. Así, poco antes de las 16.30 horas el PSOE-M ha informado de que ambas aspirantes han superado el mínimo de avales necesarios. Ya a última hora de la tarde se conocieron los datos de los avales de cada candidatura: 1.418 en favor de la candidatura de Maroto y 1.080 para la candidatura de López.

La pugna enfrenta a dos concejalas que compartieron campaña en 2023, cuando Maroto fue candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid y López ejerció como su directora de campaña y número tres de la lista. Ahora llegan cada una con su propia candidatura a unas primarias en las que Maroto defiende la continuidad de un proyecto basado en “compromiso, constancia y confianza”, mientras que López apela al “ya toca” y a la necesidad de “dar un paso más” para “ilusionar” y llegar a los barrios.

Durante la fase de recogida de avales, Maroto ha compaginado su actividad como portavoz del Grupo Municipal Socialista con su agenda interna de primarias. Estos días, ha insistido en que su “sitio está en Madrid” y en que cumple la palabra dada en 2023, cuando se comprometió con la militancia socialista y con los madrileños a liderar una alternativa para cambiar el Gobierno municipal. Destaca su visita a la agrupación socialista de Fuencarral, donde Maroto acudió ataviada con la camiseta de la selección española coincidiendo con la jornada en la que España eliminó a Portugal en el Mundial.

Maroto ha estado además arropada por el grueso de los concejales del grupo municipal y por distintos cargos y militantes del PSOE madrileño. Entre los apoyos visibles ha estado el de la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, a quien se le ha visto acompañando a la portavoz socialista en Cibeles en algunos actos y que compartió en redes sociales su aval a la candidatura de Maroto.

Por su parte, Enma López ha desplegado una campaña de recogida de avales con mucha presencia en las redes sociales y visitas a distintas agrupaciones socialistas bajo el formato de un “avalmaratón”, con el que ha buscado movilizar a la militancia y presentar su candidatura como una alternativa.

La edil ha mantenido ese recorrido incluso durante la fuerte tormenta de verano caída esta semana en Madrid, como destacó —con paraguas en mano— en un vídeo difundido en X. López también ha apelado en la misma red social a depositar el aval hasta el “último minuto”, recordando el gol de Iniesta en el minuto 116 ante Holanda que dio a España su primera y única Copa del Mundo.

Dentro de su campaña visual con guiños al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también ha lanzado un nuevo cartel con el mensaje 'A mí esa chulapa para Madrid me gusta', donde se la ve ataviada con el traje típico de la ciudad.

Óscar López será el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid y se enfrentará a Ayuso

A la espera de concretar a la aspirante a desbancar a Almeida, la otra parte del ticket electoral socialista de Madrid ya está clara. El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, será el rival socialista de Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones autonómicas. En un acto este mismo sábado tras hacerse oficial su candidatura, ha prometido que se va a “dejar la vida en cambiar la Comunidad de Madrid”.

Según ha informado el PSOE, Óscar López ha sido elegido como candidato al superar el máximo de avales solicitado, 2.092, en el proceso de primarias, que es el 15% del censo de militantes, afiliados directos y miembros de Juventudes Socialistas de Madrid. Su rival en primarias, Silvia López Quivira, no ha conseguido superar el mínimo necesario.

López Quivira, una abogada militante de base de la agrupación de Chamartín, sorprendía presentándose a un proceso que se daba por hecho que ganaría el ministro. De hecho, cuando presentó su candidatura en diciembre de 2024 para convertirse en secretario general del PSOE-M, nadie se presentó como alternativa.

En un acto en Fuenlabrada, López ha agradecido a la militancia de la formación el apoyo brindado y ha asegurado que supone “un inmenso honor” ser el candidato socialista a presidir el Gobierno regional. El también ministro ha trazado un paralelismo con la selección española de fútbol, que este viernes logró ganar a Bélgica y pasar a la semifinal del mundial, para explicar cómo quiere afrontar este reto, señalando que La Roja gana “porque ninguna estrella está encima del equipo”.

“Lo que yo quiero para el PSOE de Madrid es que trabajemos todos como un equipo, que cuando uno pierda el balón salgamos todos a recuperarlo, que da igual quién marque el gol, que lo importante es que ganamos todos y que ninguna estrella está por encima del equipo. Nunca, jamás. Lo importante es el equipo”, ha destacado.

Entre sus prioridades, según ha detallado, estará el problema de la vivienda, para el que contará con el Plan de Vivienda Estatal aprobado por el Gobierno central. Además, también ha comunicado su intención de reunir a todos los alcaldes socialistas de la Comunidad de Madrid para “conocer el suelo público y hacer el mayor plan de vivienda pública en la historia de esta región”.

En cuanto a los servicios públicos como la sanidad y la educación, el ya candidato ha defendido la necesidad de devolverle “todo su reconocimiento y capacidad de acción”, dotando de los recursos necesarios a los profesionales e incrementando en 600 millones de euros más la financiación de las universidades públicas. “Frente al sistema perverso que hace que algunos gestores privados se enriquezcan con la salud de todos mientras los médicos se desdoblan para llegar a la atención de cada paciente en cada municipio de la Comunidad de Madrid, nosotros defendemos la buena gestión que disminuya las listas de espera y provea mayor número de sanitarios en los centros de salud y hospitales”, ha asegurado.

España, junto a Francia y Kenia, han impulsado la creación de una alianza que integrarán una veintena de países con el objetivo de garantizar una inteligencia artificial “respetuosa y saludable” para la infancia. La iniciativa, constituida este martes en Ginebra bajo el amparo de Naciones Unidas, se denomina Coalición Internacional para los Derechos y la Protección de la Infancia en la Era de la Inteligencia Artificial.

“Algunos milmillonarios han estado haciendo mucho dinero con los datos de nuestros niños. Esto debe terminarse. Es hora de que sean responsables”, ha declarado durante la presentación de la coalición el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

El representante del Gobierno español también ha expresado la necesidad de impedir que la inteligencia artificial reproduzca las dinámicas de captación masiva de datos personales, así como de imponer medidas que frenen que “niños y adolescentes” puedan “acceder a sitios donde les pueden hacer daño” en Internet.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha emprendido una campaña a nivel internacional para defender que los magnates tecnológicos deben ser responsables legales de los daños que ocasionan sus plataformas. También de imponer la verificación de edad digital, una medida que en España se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria y que se ejecutaría a través de la aplicación Cartera Digital Beta.

La alianza formalizada hoy en Ginebra cuenta con el respaldo de Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, República Checa, El Salvador, Estonia, Indonesia, Italia, Japón, Luxemburgo, Marruecos y Países Bajos. Asimismo, se han sumado la UE, Unicef (la agencia de la ONU de protección a la Infancia), la Unesco (su homóloga para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

La propuesta regulatoria de la Coalición pretende “desarrollar sistemas de IA seguros, fiables, dignos de confianza, respetuosos con los derechos de la infancia y con un enfoque centrado en las personas”. También se comprometen a “garantizar” que las opiniones de los menores “contribuyan de forma significativa al diseño, el despliegue y la gobernanza de los sistemas de Inteligencia Artificial que les afectan, en consonancia con su derecho a ser escuchados”.

El documento ratificado hoy se sustenta en las conclusiones del primer informe del Panel Científico de la IA, que confirma que “estas tecnologías crean nuevas oportunidades, pero también amplifican riesgos como la manipulación, el contenido dañino, la generación de pornografía y material de abuso sexual infantil a partir de deepfakes y la segmentación algorítmica de menores”, explica el Ministerio en un comunicado.

La inciativa de la Coalición coincide con la aprobación en Consejo de Ministros de la nueva ley de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, con la que busca combatir la difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial, los conocidos como deepfakes, entre otras cuestiones. Tras la luz verde del Gobierno, el documento está listo para empezar su tramitación parlamentaria en el Congreso.

La política será muchas cosas, pero no es un concurso de popularidad, ni tampoco Miss Universo. En la elección de quién nos representa a nosotros, ciudadanos, intervienen muchísimas cosas, factores abundantes: por no ser, la política no es tampoco meritocrática. No llegan a muchos puestos ni los más listos ni los más preparados. No existen cuotas para asegurarse de que la representación sea realmente representativa: la clase política y la mediana o moda española se parecerán, seguramente, lo que un huevo a una castaña. Hay muchos más rentistas entre los políticos que entre la población, los políticos tienen orígenes más elitistas que el español promedio, han tenido más contactos, agenda, recursos, oportunidades. Han conocido desde pequeños, y frecuentado, ese mundo o mundos alternativos, los círculos de la política profesional; por sus afinidades y amistades los conoceréis. Como se gritaba “el hijo del obrero, a la universidad”, también podría gritarse “al Congreso”; Podemos surfeó esa ola de la representación en 2015, cuando Pablo Iglesias vestía camisas de Alcampo con tal de parecerse mucho más al pueblo llano. Dejó de surfearla con la polémica del chalet: se quebró cierto pacto de identidad.

Como las cosas son así, no ha dejado de llamarme la atención un hecho, frecuente en estos últimos tiempos, que viene repitiéndose a pesar de sus resultados demostrados: la política es capaz de tropezar muchas veces con la misma piedra —como el mono o como Julio Iglesias— y seguir en negación. Los resultados que ha cosechado el PSOE al enviar a contiendas autonómicas a ministros-candidatos no han sido particularmente brillantes, en casi ninguno de los casos. No lo fue María Jesús Montero en Andalucía, ni lo fue Pilar Alegría en Aragón, y eso que ninguna de las dos me parece particularmente una mala candidata; ¿fue su cercanía al Gobierno un lastre, influyó en la mediocridad de lo logrado? Se puede saber solo a medias. Con lo que es posible especular es con los motivos de ese mandato, el paso del Consejo de Ministros a la candidatura, y apurando al máximo los plazos, siempre, para no dimitir de lo primero: no darle la vuelta a las elecciones aprovechando el altavoz estatal, sino asegurar cierto control territorial. No ganar en lo institucional: conservar, más bien, el control de lo orgánico.

Cuando se presentó Reyes Maroto a la alcaldía de Madrid en 2023, tras una ilustre sucesión de candidatos sin demasiado tirón, le sirvió al PSOE para salvar los muebles en el Ayuntamiento, pero no para evitar que Más Madrid, capitaneado en la plaza municipal por Rita Maestre como candidata sucesora de Carmena, quedara decididamente por delante. A día de hoy, a ningún electorado puede ilusionarle más Reyes Maroto que Enma López, que ya en 2023 habría sido una candidata mucho más potente, como también Mar Espinar, que Reyes Maroto; a nadie, por supuesto, salvo al propio aparato que apoyaba a Maroto.

No es igual preparar tu candidatura haciendo de oposición a prepararla, a 2026, desde los micrófonos de un Consejo de Ministros cuya valoración ha caído en esta última legislatura. Los liderazgos del presente ya no se construyen ahí, aparecen fuera: si no, que alguien consulte por qué es Gabriel Rufián el político mejor valorado a la izquierda del PSOE, sin que nadie sepa una sola ley o proposición o informe que haya redactado; que alguien pregunte por qué le fue tan bien a Adelante Andalucía y José Ignacio García en las andaluzas, si no es por la distancia con el nuevo establishment de la izquierda y lo ya formulado, su cercanía.

La tragedia de los ministros-candidatos es que no tienen por qué ser peores dirigentes políticos que los candidatos sin ministerio. Pueden, en ocasiones, de hecho, ser mejores, generar mejores equipos, trabajar mejor o tratar mejor a su gente; en 2026, sin embargo, no son los ministerios trampolines a ningún sitio. Diana Morant pone en bandeja a Compromís el sorpasso, allí donde una candidata como Pilar Bernabé, si fuera autonómica y no municipal, lo habría remediado; Óscar López se bate en la izquierda con otra ministra, Mónica García, pero Mónica García al menos cuenta con los galones de haber liderado la oposición a Ayuso. Si la explicación para los resultados pobres a nivel autonómico de la izquierda es la misma elección tras elección, algún día habrá que preguntarle a los dirigentes por qué nadie piensa en variar la fórmula. Hasta entonces, mucho me temo que seguiremos repitiendo, una y otra vez, las mismas cosas, y así con el eterno retorno de ministros estrellados.

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha presentado este jueves su candidatura a las primarias socialistas para encabezar la lista que se batirá a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (PP), en 2027.

“Madrid necesita un cambio. Madrid necesita que seamos valientes”, traslada López en un vídeo remitido a los medios de comunicación desde el distrito de San Blas-Canillejas en el que nació y desde el que ha llamado a un cambio en una región que lleva “más de treinta años gobernada por una derecha cada vez más insolidaria, injusta y corrupta, que privatiza los servicios públicos para favorecer el negocio de unos pocos”.

En su carta de presentación sostiene que el PP de Madrid gobierna la región para “su club privado” y se olvida de la mayoría social. En cambio, el socialista apuesta por un Madrid para “todos, donde el eje principal del Gobierno regional sea mejorar la vida de las personas, no promover los negocios de su entorno”.

En su vídeo, López critica que se esté “vendiendo Madrid a cachos mientras se expulsa a los vecinos de los barrios”. En su lugar apuesta por un construir un Madrid “para todos” y para que los hijos de los trabajadores tengan “la mejor educación pública” y todos “acceso a la mejor sanidad”.

“Para que la vivienda sea un derecho para todos y no el negocio de unos pocos. Y para que Madrid sea una comunidad verde que lucha contra el cambio climático”, ha planteado.

El líder de los socialistas madrileños también ha puesto el foco en la necesidad de “derribar todas las barreras que hay” en la región, tanto las diferencias entre los municipios grandes y pequeños, como entre el norte y sur o entre barrios.

“Esa esperanza tiene que llegar a donde vives tú. A Vallecas, Usera, a Carabanchel, Moratalaz, Hortaleza, San Blas, Canillejas, pero también a Fuenlabrada, Getafe, a Parla, a Móstoles, Alcorcón, Alcobendas. Madrid necesita aire fresco. Madrid necesita valentía”, arenga López en su vídeo con el que ha anunciado su candidatura para hacer que “Madrid sea el orgullo de Europa”.

De momento en el caso de la Comunidad de Madrid ningún militante ha mostrado su interés por encabezar a los socialistas madrileños más allá de López.

Cosa distinta ocurre en el Ayuntamiento de la capital donde a la secretaria general del PSOE Madrid Ciudad y portavoz en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, se le sumaba su portavoz adjunta y hasta la pasada semana portavoz adjunta de la Ejecutiva Federal, Enma López.

Este jueves y viernes (2 y 3 de julio) es el momento de presentar las candidaturas, mientras que del 4 al 11 de julio tendrá lugar la recogida de avales.

La campaña de información será entre el 12 y el 18, mientras que el domingo 19 de julio será el turno de la votación en primera vuelta. En caso de que fuera necesaria una segunda sería el siguiente domingo, el 26 de julio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este miércoles en la Moncloa a los máximos responsables de Telefónica, Banco Santander y ACS, los socios principales del consorcio público-privado recién constituido para desarrollar la primera gigafactoría de inteligencia artificial avanzada en España. Una infraestructura, de las que como máximo habrá cinco en toda la UE, con las que Bruselas quiere superar su brecha con EEUU y China en esta tecnología.

Como ha venido adelantando elDiario.es, las tres multinacionales españolas serán la base privada del proyecto, que aspira a desarrollar en un mismo lugar enormes cantidades de potencia de cálculo (hasta 100.000 chips avanzados cada una) con los datos, energía, red y personal especializado para entrenar y desplegar modelos avanzados de IA.

En la reunión con Sánchez, además del presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra; el presidente de ACS, Florentino Pérez; y el consejero delegado del Grupo Santander, Héctor Grisi; también han estado presentes el director ejecutivo de la firma de software Multiverse Computing, Enrique Lizaso; el primer responsable ejecutivo del consorcio, Francesc Fajula (ex consejero delegado de Mobile World Capital); así como el ministro para la Transformación Digital, Óscar López; y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.

La estructura accionarial definitiva de consorcio otorga el control efectivo de la sociedad al bloque privado, que retiene el 51% del capital. Telefónica, ACS y Banco Santander cuentan con una participación individual del 15,67% cada una, mientras que la startup Multiverse Computing posee el 4% restante. El sector público gestiona el 49% de las acciones a través de la Sociedad Española para la Transición Tecnológica (SETT), que ostenta el 47,99%, y de la Generalitat de Catalunya, que aporta el 1%.

El encuentro oficializa los primeros pasos de la candidatura española para albergar estas infraestructuras, que tendrán una inversión final de unos 5.000 millones de euros cada una. En el caso español, el Consejo de Ministros ya ha aprobado inversiones superiores a los 1.000 millones de euros: 720 para aportar el capital público del consorcio y otros 300 como “aportación voluntaria” para el EuroHPC, el organismo europeo que gestiona la inversión europea en IA.

El proyecto español presentará una candidatura multisede con dos polos principales. Uno se localizará en Móra la Nova, en Tarragona, y el otro en San Fernando de Henares, en Madrid.

El objetivo de las gigafactorías es elevar a un nuevo nivel la iniciativa europea de las IA Factories para el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje soberanos. España cuenta actualmente con dos de estas últimas, ubicadas en el Centro de Supercomputación de Galicia y en el Barcelona Supercomputing Center, donde opera el superordenador MareNostrum 5. El nuevo centro multisede pretende abrir el acceso a estas herramientas avanzadas a universidades, pequeñas empresas y centros de investigación locales.

El Comité Federal del PSOE debatió según lo previsto. El más crítico con la actual situación fue Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha que lleva meses exigiendo que se adelanten las elecciones generales por el daño que los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno dañen las expectativas electorales de alcaldes y candidatos autonómicos socialistas.

Page dedicó apenas unos segundos a ensalzar los logros económicos y sociales del Gobierno de Pedro Sánchez y muchos minutos a denunciar la falta de respuesta del partido y del Gobierno a los casos de corrupción. El presidente castellanomanchego volvió a reclamar el adelanto electoral. Fue una petición que cayó en saco roto, a juzgar por las mayoritarias intervenciones que le siguieron en el comité federal.

La única intervención que siguió la línea de Page correspondió a Míriam Andrés Prieto, alcaldesa socialista de Palencia, quién afeó a Sánchez sus nombramientos de secretarios de Organización (José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión, y Santos Cerdán, imputado por corrupción), y pidió el adelanto de las elecciones generales para que se celebren antes de los comicios locales de mayo de 2027. Terminó su intervención con un nuevo reproche a todo el órgano: “No entiendo por qué esté comité electoral se resiste a ver que el rey está desnudo. Por lealtad, no me resisto a gritar que el rey va desnudo”.

Mientras, ministros y exministros, como Óscar López o María Jesús Montero, respondieron a Page con dureza. Lo hicieron en representación de las federaciones de Madrid y Andalucía que ambos lideran. López y Montero expresaron en sus intervenciones un apoyo “abrumador, político y personal” a Pedro Sánchez y denunciaron las campañas de la derecha política y mediática para tumbar al Gobierno creando una falsa sensación de que la corrupción es generalizada.

Hubo otras intervenciones de apoyo cerrado a Sánchez. Pilar Alegría, exministra de Educación y líder socialista de Aragón, señaló que las campañas de insultos contra la mujer y el hermano del presidente son indignas: “No se lo hacen porque sea Pedro Sánchez, se lo hacen porque es el secretario general de nuestro partido y porque es el presidente del Gobierno de España (...). En política se admite la crítica, pero hay ataques que solo forman parte de la crueldad. Y ante eso, todos los que estamos aquí tenemos que poner pie en pared, por los valores que representan este partido”.

La presidenta del Congreso y líder balear, Francina Armengol, ensalzó la gestión del Gobierno de Sánchez y de los alcaldes y presidentes autonómicos socialistas: “Los socialistas de Baleares tenemos muy claro que las elecciones generales serán cuando el presidente decida, y su historia le avala (...) El pasado, pasado es. Hay que hablar de futuro y de esperanza. La gente vota esperanza y vota ilusión, por las propuestas que les transmitimos”.

Al final de la reunión ha tomado la palabra el propio Sánchez. “Es claro y evidente que España está hoy mucho mejor que en 2023 y no digamos ya que en 2018. Creo que tenemos muchas garantías de poder volver a repetir una mayoría parlamentaria”, ha afirmado. Para concluir, el presidente se ha preguntado: “¿El proyecto está agotado? Si a mí me preguntan, yo les digo: ”¡Tengo unas ganas de volver a ganar en 2027!“.

El Gobierno exigirá a las compañías de telecomunicaciones una garantía de al menos cuatro horas de cobertura móvil para el 75% de la población española en caso de apagón. Así lo ha anunciado este jueves el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante el encuentro DigitalES Summit, organizado por una de las principales patronales de las empresas de tecnología y telecomunicaciones.

La medida formará parte del Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales, que está preparando su Ministerio, y cuyo texto definitivo se espera para antes de que concluya este año 2026.

Según ha explicado López, las normas del Real Decreto entrarán en vigor de manera paulatina para facilitar que las operadoras instalen las baterías de respaldo necesarias progresivamente. Durante el primer año de vigencia, las compañías tendrán la obligación de contar con baterías para mantener la señal móvil durante cuatro horas para, al menos, la mitad de la población del país. En el segundo año, ese porcentaje mínimo aumentará al 65%, llegando al 75% final durante el tercero.

El Ejecutivo y las telecos llevan un año negociando cómo asegurar la cobertura móvil durante el máximo tiempo posible en caso de un apagón como el de 2025. En este sentido, las operadoras han expresado los problemas de masificar el uso de baterías en las antenas e instalaciones de red, debido al peso (muchas están colocadas en tejados de edificios) y a los posibles robos en zonas rurales menos transitadas.

Finalmente, la normativa establecerá obligaciones diferenciadas según el nivel estratégico de la instalación, ha informado el ministro. Las infraestructuras de nivel intermedio, como los centros de gestión cuyo fallo afecte a varias comunidades autónomas, tendrán que permanecer operativas un mínimo de 12 horas en caso de fallo del suministro eléctrico. Los centros de control esenciales de primer nivel, que concentran la inteligencia centralizada de las redes y donde un fallo afectaría a todo el país, deberán asegurar una autonomía de funcionamiento de al menos 24 horas.

López ha especificado a su vez que el Real Decreto contendrá medidas especiales sobre las comunicaciones de emergencia de los centros del 112 y las alertas públicas. Las compañías que provean la red de estos servicios estarán obligadas a confeccionar planes de seguridad y a disponer de estrategias de redundancia, como sistemas que combinen el uso de redes fijas y móviles para evitar la caída total.

Estas medidas afectarán a los operadores en España y a los gestores de infraestructuras digitales como cables submarinos, satélites, centros de datos y puntos de intercambio de internet que cuenten con más de medio millón de usuarios o superen los 50 millones de euros en ingresos. La regulación se extenderá a operadores críticos y servicios de emergencia, quedando excluidas las redes vinculadas con la Defensa y la Seguridad Nacional.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes destinar otros 300 millones de euros al proyecto para traer una gigafactoría de inteligencia artificial (IA) europea a España, una infraestructura de supercomputación con varios centros de datos y cientos de miles de chips avanzados diseñada para entrenar y operar modelos de vanguardia de IA a escala industrial. Se trata de la segunda inversión consecutiva en esta iniciativa, después de que los 719 millones de euros aprobados la semana pasada para constituir la sociedad público-privada que sostendrá la infraestructura.

Las gigafactorías de IA forman parte de un de la UE para impulsar tanto la uso comercial como la investigación en esta tecnología en el continente. Bruselas ha puesto encima de la mesa 20.000 millones de euros que se adjudicarán repartirán entre tres y cinco gigafactorías distribuidas por los países miembros. El proyecto español presentará una candidatura multisede repartida entre Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid.

La inversión aprobada hoy por el Gobierno es una “aportación voluntaria” a la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (EuroHPC), ha explicado el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López. La misión de esta empresa comunitaria es coordinar los esfuerzos gubernamentales y privados para crear la infraestructura que permita que “Europa llegue a ser líder en supercomputación”.

“La Unión Europea tenía que reducir su dependencia exterior para la supercomputación. Estas gigafactorías son mucho más que centros de datos. Serán grandes polos de investigación, polos generadores de riqueza en torno a la IA”, ha manifestado López en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El objetivo, ha continuado, es que no solo las grandes empresas puedan acceder a la IA avanzada y la computación cuántica, sino “democratizar el acceso” para que estas estén disponibles también para las pymes.

Se espera que la Comisión Europea lance la convocatoria oficial de las gigafactorías en las próximas semanas. El Gobierno lleva meses preparando el terreno y en las últimas semanas ha acelerado la confirmación de fondos públicos al proyecto. “La candidatura española está lista y seremos una de las primeras gigafactorías”, confía López.

Consorcio público-privado

La inversión de 719 millones de euros aprobados la semana pasada constituyen la aportación del Gobierno para la creación del consorcio público-privado que conforma la candidatura española. Representan el 48% del capital de la sociedad y se articularán a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

Según avanzó la semana pasada la Generalitat de Catalunya (que pondrá el 1%), las empresas privadas participantes principales serán Telefónica, ACS, el Banco Santander, con una participación individual del 15,67% cada una, llegando al 47% del capital.

El 4% restante corresponderá a Multiverse Computing, una startup con sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA, reduciendo los costes y su consumo energético sin perder rendimiento. El núcleo privado llegará así al 51% del capital y tendrá el control efectivo del consorcio.

El Gobierno ha aprobado también en este Consejo de Ministros aumentar su participación en Multiverse Computing con otros 107 millones de euros. Se trata de la segunda inversión pública en esta empresa tras una primera participación de unos 52 millones de euros. También se articulará a través de la SETT, conocida como la SEPI digital, la empresa pública que está agrupando las diferentes inversiones estatales en compañías tecnológicas de última generación con el objetivo de anclarlas al territorio y evitar la fuga de talento.

Por último, López ha anunciado una tercera inversión de la SETT, de 24,5 millones de euros, en la empresa valenciana Attypics Photonics, diseñadora de chips fotónicos. Esta compañía, surgida de la Universidad Politécnica de Valencia, está desarrollando un método para aplicar fotones (luz) en lugar de electrones (electricidad) para transmitir y procesar datos en los chips, aumentando la velocidad y reduciendo el consumo energético.

Hay cosas que no se discuten. O sí. Depende, en estos tiempos locos ya hay quien discute hasta que la tierra sea redonda, que la luna sea blanca y que haya jueces que prevarican. ¡Cáspita! El cinismo de algunos llega al extremo del capitán Renault en la mítica Casablanca. ¿Recuerdan? Un café, un amor imposible, una canción y el silbato de aquel sarcástico policía con el que llama a sus guardias a cerrar el local de Rick. ¡Qué escándalo, aquí se juega!, responde cuando le preguntan por la razón de la clausura mientras un empleado del local le entrega un sobre con sus ganancias de la noche.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha desatado la ira de las derechas al decir en un acto público que hay jueces que prevarican. Pues claro. ¿Acaso vestir toga les convierte automáticamente en seres de luz? Pues habrá de todo, como en botica, en periodismo, en medicina, en arquitectura y en todos los ámbitos profesionales. El caso es que el ministro se ha convertido este jueves en personaje del día por decir lo que ni es una locura, ni una boutade, sino simplemente una obviedad. Son pocos, en efecto, pero ha habido jueces sancionados e incluso apartados de la carrera por el órgano de gobierno por beneficiar a delincuentes, por mantener en prisión a inocentes, por quebrar su imparcialidad al no abstenerse en asuntos de interés directo de familiares o por acumular retrasos en dictar sentencias. 

En España hay más de 5.000 togados, solo unos pocos trabajan en casos que afectan a miembros del poder legislativo o ejecutivo, pero todos son juzgados por jueces. Están aforados y, por tanto, son los Tribunales Superiores de Justicia o el Supremo quienes los juzgan por posibles delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, que solo actúa cuando recibe una queja, pero no fiscaliza su labor ni actúa de oficio. 

Aquí el literal de Óscar López: “Voy a decirlo para que me entienda el Supremo. Hay jueces que prevarican. No he dicho que todos los jueces prevarican. He dicho que hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno”. Que pusiera el foco sobre el Supremo no era casualidad, sino un paso más en la estrategia de un Gobierno dispuesto a abandonar el concepto “teoría de la conspiración”, pero no a dejar de cuestionar las decisiones de algunos jueces.

Fue Óscar Puente el primero en hablar de “métodos antidemocráticos” para derrocar a Pedro Sánchez y ahora es su tocayo quien da un paso más al apuntar directamente sobre la Sala Segunda del Supremo -la que el PP dijo que controlaría por la puerta de atrás- por la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La Sala entendió que él “o alguien de su entorno” filtraron la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Así que, ojo con los entornos porque, en adelante, cualquiera puede ser condenado porque “alguien de su entorno” haya robado, matado, violado o atracado un banco.

López reivindicó la separación de poderes para recordar que “el Gobierno gobierna, el Parlamento legisla, la justicia hace justicia, pero no gobierna”. Una forma elegante de denunciar que algunos magistrados hayan renunciado a ser solo poder judicial para convertirse en tertulianos, cooperadores necesarios de cierto periodismo e incluso actores políticos. Y esto es algo que, a tenor de la demoscopia, comparte una mayoría de ciudadanos que desconfía del actual sistema judicial, ya que el 78 % cree que no es imparcial en los procesos que afectan a los partidos políticos.

Sin embargo, hoy escandaliza lo que antes a los que ahora censuran y piden dimisiones les parecía razonable y nada dijeron cuando era el PP y el mismísimo Mariano Rajoy, quien criticaba la labor de jueces, fiscales y policías. “Nunca en España, ni con Adolfo Suárez de presidente, ni con Leopoldo Calvo Sotelo, ni con Felipe González, ni con José María Aznar se había hecho un uso tan partidista de la Fiscalía como ahora”, declaró durante una solemne comparecencia en la que se declaró víctima de una persecución, tras las primeras detenciones en el marco de la investigación de la trama Gürtel. Y añadía: “Es un atentado frontal al Estado de Derecho”.

El Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida ha aplicado uno de los principales mandamientos que el alcalde ha solicitado a la ciudad ante la llegada del papa León XIV. Los empleados públicos del Consistorio teletrabajan desde el pasado miércoles 3 de junio y hasta el martes 9.

Solo quedan eximidos de ello los puestos que por sus condiciones no pueden acogerse a la norma, como seguridad, emergencias, mantenimiento o limpieza. También oficinas de atención ciudadana o al contribuyente, donde en algunos casos la actividad telemática sí se ejecutará el lunes 8 (previsiblemente la jornada más intensa y la más complicada a nivel logístico) y el martes 9 de junio.

Ya en mayo, el regidor pidió a las empresas adoptar esta medida durante al menos cuatro días laborables ante un “acontecimiento histórico” de una magnitud “prácticamente sin precedentes”. Como finalmente ha ocurrido, avisaba Almeida que ya en los días previos a una visita que tendrá lugar del 6 al 9 de junio habría “afecciones importantes” al tráfico en zonas clave, como el entorno de Cibeles o la plaza de Lima.

“Solicito que por parte de las empresas y de los centros de trabajo se faciliten las condiciones de teletrabajo. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido que del 3 al 9 de junio habrá teletrabajo para los empleados del Ayuntamiento”, avanzó desde el Palacio de Cibeles. Incluso pidió a la ciudadanía que “evite desplazamientos que no sean estrictamente necesarios a lo largo de todos esos días”. Su llamamiento parece haber tenido calado, ya que este jueves el tráfico se redujo un 32% con respecto a un día normal en el interior de la M-30, comunicó en X el delegado de Movilidad, Borja Carabante.

El Gobierno de Almeida ha puesto a disposición de los peregrinos hasta 33 edificios públicos (principalmente polideportivos) en los que podrán pasar la noche de forma gratuita. El Consistorio también pone autobuses gratis de la EMT o vehículos de Bicimad entre el 3 y el 9 de junio. Asimismo se han autorizado más licencias de taxi , incluyendo a las que tenían libranza.

El sábado 23 de mayo quedó ocupado de forma permanente el carril derecho del paseo de Recoletos sentido norte. El 25 se ocuparon las dársenas de autobuses nocturnos de la plaza, además de tres carriles del paseo de la Castellana para instalar una plataforma, reservada al coro del domingo. Ese mismo día de mayo comenzó el montaje del altar, aunque estos trabajos no suponen una ocupación de calzada. El 3 de junio se procedió al corte prácticamente total del tráfico en los carriles centrales de la Castellana. Y, a partir del 4 de junio, a todo el tráfico rodado en torno a la plaza de Cibeles.

El Gobierno central también muestra su fe en que el teletrabajo reduzca el colapso

El Ejecutivo municipal no es el único que aplica medidas en este sentido. Por parte del Gobierno central, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que lidera Óscar Lóprez ha aprobado el teletrabajo los días 5, 8 y 9 de junio, según fuentes consultadas por Somos Madrid.

La responsable de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz, ya emplazó a las empresas a favorecer el trabajo a distancia para “reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo” de los servicios. Para la plantilla de este Ministerio está en vigor desde el 4 de junio y hasta el 9, ambos incluidos. La Delegación del Gobierno en Madrid se ha sumado al requerimiento, respaldado igualmente por los sindicatos.

Este periódico ha contactado a la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación (de la que depende la Dirección autonómica de Función Pública) para conocer el alcance de la implantación del teletrabajo en los funcionarios de la Comunidad de Madrid ante el multitudinario evento, sin que lo concreten en su contestación: “Desde 2020 la Administración de la Comunidad ya cuenta con una regulación del teletrabajo en situaciones ordinarias como en situaciones de especial relevancia y corta duración, como es el caso”.

El Ministerio de Función Pública ha convocado este jueves a las comunidades autónomas para abordar el problema de la elevada temporalidad en la Administración Pública, concentrada sobre todo en las administraciones regionales y locales y que puede suponer a España una multa de la Comisión Europea. El departamento de Óscar López ha planteado al resto de Administraciones la urgencia de tomar medidas, según fuentes de la reunión, que ha concluido con un acuerdo para formar dos grupos de trabajo que aborden este tema y en las que se evaluarán “posibles cambios normativos”.

La reunión de este jueves tiene lugar tras la sentencia del pasado 14 de abril de la justicia europea, que volvió a considerar que España no sanciona adecuadamente la temporalidad abusiva de los empleados públicos, así como del nuevo apremio de la Comisión Europea a España a que cumpla con la reducción de temporales en la Administración Pública y con una protección adecuada de estos trabajadores ante los abusos en la temporalidad, dentro de los expedientes sancionadores iniciados contra nuestro país en 2014 y 2015.

Bruselas ha dado dos meses a España para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE, tercer y último paso del procedimiento de infracción, que puede desembocar en una multa económica para España.

Tras el pronunciamiento de Bruselas, el 29 de abril, el Ministerio de Óscar López subrayó que el problema de la temporalidad pública está concentrado principalmente en las CCAA, “con una tasa del 40% frente al 4,7% en la Administración General del Estado”. Especialmente, en los sectores de Educación y Sanidad, con tasas de temporalidad del 40% y 43%, respectivamente.

Posibles “cambios normativos”

Por ello, Función Pública convocó a las comunidades a una reunión, que ha tenido lugar este jueves por la mañana, presidida por la directora general de Función Pública, Hilda Jiménez.

El encuentro –en un clima “constructuvo”– ha tenido lugar en el marco de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, un órgano de carácter técnico y de trabajo dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública. Este aborda problemas comunes en materia de Función Pública entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En la reunión, el Ministerio ha acordado con las comunidades autónomas dos grupos de trabajo. Por un lado, convocar nuevamente el Grupo Técnico de Selección, que ya ha existido con anterioridad para reducir la temporalidad pública, y, por otro, crear un nuevo grupo que estudie “posibles cambios de normativa”, explican fuentes de la negociación.

419.000 plazas estabilizadas

Función Pública ha facilitado los últimos datos de los procesos de estabilización, que superan las “419.000 plazas” y ha pedido a las comunidades que actualicen y hagan llegar al Ministerio sus cifras para tener una fotografía completa de los puestos temporales que se han convertido en fijos.

En todo caso, en el Gobierno consideran que España ha cumplido con el objetivo comprometido con la Comisión Europea, de cubrir al menos con trabajadores fijos 300.000 plazas en los tres niveles de la Administración que antes estaban ocupadas por trabajadores temporales.

En 2021, España aprobó una ley para reducir la temporalidad en la Administraciones Públicas, pactada con Bruselas, que el Ejecutivo considera que está funcionando ante la reducción de la tasa de temporales públicos de los últimos años.

Esta tasa –que mide los empleados temporales sobre el total– se ha reducido en los últimos años del 32,7% en 2022 al 26,8%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

No obstante, hay muchas diferencias según el tipo de Administración. El peso de los temproales es muy inferior en la Administración Central, del 5%, mientras que en las comunidades escala al 34% y en la adminsitración local al 36%, según los datos del INE analizados por El País.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración General del Estado (AGE), correspondiente a 2026, con algo más de 37.000 plazas. La cifra supone un ligero aumento respecto a la aprobada el año pasado, con 400 plazas más, y se desglosa en 27.232 plazas ofertadas para la Administración General del Estado (AGE) y 9.785 para los Cuerpos de Seguridad del Estado. La oferta no cuenta con el respaldo sindical, al igual que sucedió el año pasado, porque el Ministerio no ha negociado las cifras con los representantes de los empleados públicos.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha informado de los números globales de la oferta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aunque el detalle de los puestos se conocerá mañana, con la publicación de las plazas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De las 27.232 plazas ofertadas para la AGE, 20.541 corresponden al acceso por turno libre y 6.345 para promoción interna.

En los últimos años, el Gobierno ha destacado la creación de “empleo neto” en la Administración Central tras años de recortes, fruto de las restricciones a la entrada de trabajadores públicos durante la pasada crisis financiera y ante el gran número de jubilaciones que se están produciendo en los últimos años. La convocatoria récord fue la de 2024, con unos históricos 40.000 puestos.

Con esta nueva Oferta de Empleo Público, López ha cifrado en “6.200” los empleos netos creados, fruto de las salidas en 2025 y las nuevas incorporaciones previstas. El ministro de Función Pública ha subrayado que en los últimos años se está rebajando la edad media de la plantilla en la Administración General del Estado, hasta los 49 años desde el máximo de 51 años en 2020.

CCOO ha considerado “insuficientes las veintisiete mil plazas anunciadas, que no responden a las necesidades del servicio público ni en la cobertura de vacantes ni en la promoción interna”, ha criticado el sindicato. También CSIF ha tachado de escasas las plazas, con la creación de apenas 217 de nuevo ingreso respecto al año pasado y por segundo año consecutivo con una reducción de la promoción interna, concretamente en 220 plazas.

Empleos tecnológicos y para emergencias climáticas

El ministro ha destacado una apuesta de esta Oferta de Empleo Público por reforzar las plazas tecnológicas y también puestos para enfrentar las consecuencias de emergencias climáticas. “Es una oferta diferente a otras en el pasado. Tiene sobre todo una gran prioridad: la digitalización y el uso de la IA en la Administración Pública. Obviamente con un objetivo: mejorar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos”, ha afirmado Óscar López. 

En concreto, el ministro ha informado de que se convocarán 1.700 plazas en cuerpos TIC, “un 42% más que en la anterior oferta”, y que incluirán por primera vez pruebas selectivas por especialidades en “ciberseguridad, inteligencia artificial y ciencia del dato”. Además, López ha explicado que se va a incorporar la formación obligatoria en digitalización e inteligencia artificial (IA) en todos los procesos selectivos de la Administración del Estado.

“Vamos a digitalizar la Administración Pública, a transformar el empleo público, pero vamos a seguir creando empleos. Vamos a transformar empleos, no a destruir empleos”, ha insistido el ministro, lo que considera que manda “un mensaje muy importante para el sector público” en estos momentos sobre la posible repercusión de la IA en el mercado laboral. El objetivo además es “aumentar un 25% los procedimientos administrativos digitales”, ha añadido.

Respecto a las emergencias climáticas, la Oferta de Empleo Público incluye “346 plazas” de una oferta extraordinaria para reforzar los servicios públicos en este campo, ha añadido el responsable de Función Pública, sobre todo en el Ministerio de Transición Ecológica.

Refuerzo de “áreas estratégicas”

López ha mencionado que otra de las novedades de esta OEP es que se ha diseñado no desde un enfoque de “cubrir las bajas con altas”, sino priorizando la dotación de recursos humanos “en áreas estratégicas”, según un análisis prospectivo de las necesidades de país y del estado de las distintas administraciones y servicios públicos.

Entre estas áreas estratégicas, el Ministerio de Función Pública ha destacado un listado: la transformación digital e inteligencia artificial, el impulso y liderazgo de la transición energética, la prevención de las emergencias climáticas y lucha contra el cambio climático, el refuerzo de las capacidades de ciberseguridad del Estados, la mejora de las infraestructuras y el transporte, la estrategia comercial: digitalización, expansión y refuerzo del tejido productivo, la seguridad pública, la protección de la ciudadanía y el refuerzo de las capacidades de defensa, así como la nacionalidad y migraciones (fruto de la regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular), y la mejora de la atención a la ciudadanía.

Los sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos, CCOO, UGT y CSIF, han denunciado la falta de negociación de la oferta de empleo público, como sucedió en años precedentes. CCOO ha expresado sus recelos por los anuncios de transformar el empleo público a través de la digitalización y la IA, al considerar que “crean incertidumbre al ocultar las cifras, abren la puerta a las empresas tecnológicas muy interesadas en lo público para realizar negocios y amplían la externalización de servicios públicos en la Administración General del Estado”.

En UGT, han subrayado también sus quejas por la falta de convocatoria de unas 9.000 plazas laborales de anteriores Ofertas de Empleo Público, de 2023 a 2025, algunas a punto de caducar (ya que tienen que convocarse en el plazo de tres años). El Ministerio se comprometió con los sindicatos que aprobaría las plazas en unos dos meses, según fuentes sindicales, que apremian a Función Pública a cumplir con su palabra y no demorar tanto las convocatorias de empleo.

Por su parte, CSIF denunció la “opacidad” del Ministerio y subrayó que “el proceso de regulación masiva de migrantes está poniendo al descubierto las ‘costuras’ y necesidades de una Administración General del Estado, ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como Extranjería, Seguridad Social e Interior”.

Las imágenes han sido más que comentadas y criticadas en los últimos días. Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, ya ha anunciado que denunciará al agitador ultra Vito Quiles por agresión después de que le impidiera salir de un bar. Una tensa situación que fuentes cercanas a Gómez califican de “acoso”. El ministro de Transformación Digital y líder del PSOE madrileño, Óscar López (Madrid, 1973), tiene clara su descripción para Quiles: “Basura fascista financiada por el PP”, asegura en conversación con elDiario.es.

López llega al Dos de Mayo como líder de los socialistas madrileños con críticas a Ayuso y su “sectarismo” después de que, una vez más, la presidenta no haya invitado a ningún miembro del Gobierno a las fiestas autonómicas. “Es la principal apóstol en España de esa ola trumpista que siembra el caos y acusa a los demás de sembrar el caos”, dice. Sobre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, López cree que su objetivo es “deteriorar el servicio público para que la gente se pase a la privada” y, todo ello, mientras se expulsa a la gente de la capital.

Este sábado es Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid. La presidenta, de nuevo, no ha invitado a ningún miembro del Gobierno. ¿A qué cree que se debe esto?

Es sectarismo puro. De hecho, por eso es tan importante cambiar Madrid, porque Ayuso gobierna para unos pocos y es muy sectaria con todos los demás. 

¿Tienen pensado ir igualmente, como por ejemplo fue el ministro Bolaños en 2023?

El PSOE es un partido serio, así que mantendrá la representación institucional que le corresponde a través de la Asamblea de Madrid. Pero vamos a hacer una fiesta alternativa. Desde que soy secretario general nos dedicamos a celebrar el Dos de Mayo en un ambiente de ilusión. 

Falta un año para las elecciones autonómicas y parece que ya empieza a haber movimiento en los partidos. De ser usted candidato del PSOE madrileño, es posible que fuesen dos ministros los que se disputaran los votos de la izquierda. ¿Cree que eso podría beneficiarles electoralmente?

A mí me parece que el Gobierno de España hace una gran gestión. Ahí están los datos económicos, los avances en derechos, la voz en el mundo en defensa de la paz, del multilateralismo. Si el Gobierno de España lo hubiera hecho mal, podría ser un freno, pero hoy es un aval y demuestra que quienes hemos tenido el honor de poder gobernar, lo hemos hecho bien.

Hablando de las autonómicas, ahora mismo Más Madrid está atravesando una crisis interna de cara a las primarias del partido. ¿Piensan que esto es una mala noticia para el bloque de izquierdas o que puede reforzar de alguna manera al PSOE?

Nunca lo vi en esos términos, porque nuestro objetivo es gobernar Madrid y para gobernar Madrid yo quiero que toda la izquierda sea fuerte. Por lo tanto, todo el respeto a los procesos internos de otra formación política y mis mejores deseos. Hay una relación extraordinaria a día de hoy del PSOE de Madrid con Más Madrid. A la mínima oportunidad que haya un cambio, lo va a haber. Va a haber un cambio en Madrid. 

Es muy grave el nivel de podredumbre del Partido Popular cuando ha llegado al Gobierno. Pone los pelos de punta porque no es propio de una democracia occidental

Parece que el PP de Ayuso ya ha empezado también a prepararse de cara a las autonómicas. Este jueves el partido firmaba una carta en la que de nuevo alimentaban la idea de fraude electoral de cara a 2027. Decían que en el PSOE “son capaces de todo”. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones?

Ayuso es la principal apóstol en España, yo diría que en Europa, de esa ola trumpista que hace esa política, que siembra el caos y acusa a los demás de sembrar el caos, pero lo siembran ellos con ese tipo de discursos que son verdaderamente intolerables y mucho más de alguien que gobierna. Si hay un genocidio en Gaza, vamos a ver a la embajadora de Israel. Si hay familiares de víctimas de residencias, acusamos a las familias de las víctimas. Si un periodista se atreve a denunciar, perseguimos al periodista o al fiscal general si hace falta. Va contra todo el mundo, contra el sentido común. Si hay una ley de memoria, la denunciamos y no la aplicamos. Si hay una ley de vivienda no la aplicamos, nos declaramos en rebeldía. Si hay una ley del aborto, hacemos que en Madrid no se pueda aplicar. 

Por eso no tengo ninguna duda de que esta vez va a haber un cambio en Madrid, porque no se puede gobernar para unos pocos. En las próximas autonómicas, la realidad va a ser muy sencilla: o es Madrid para quien vive Madrid o es Madrid para quien especula con Madrid. A los millones de personas que viven Madrid y que se ven perjudicados por ese modelo especulativo, extractivo, corrupto y que alimenta el caos y la frustración, les pido que defiendan sus intereses. 

Sin embargo, según las últimas encuestas, parece que Ayuso podría revalidar su mayoría absoluta de cara a 2027. ¿Cómo lo explica? ¿Cree que la oposición debería cambiar su estrategia?

Muchas encuestas están pagadas. Llevo muchos años en política, he visto muchas encuestas fracasar. La derecha tiene un método habitual que es bombardear la zona antes de que lleguen las elecciones y lanzar el mensaje de que no hay esperanza. Hay un millón y medio de madrileños que no votaron en las últimas elecciones. Me quiero dirigir a todos ellos para que piensen que si la vivienda es imposible en Madrid, si les cierran un centro médico para que se tenga que hacer un seguro privado, si su hijo no puede ir a una universidad pública, que piensen que eso se puede cambiar, pero eso se cambia participando en las elecciones. Los madrileños estamos muy orgullosos de Madrid. Nos encanta Madrid, también la ciudad. Pero el PP ha puesto en marcha un modelo que expulsa a la gente de aquí. 

Hay una larga historia y tradición de la justicia en amparar las prácticas o las malas prácticas en la Comunidad de Madrid. También casos de corrupción. Durante tres décadas podríamos ver una historia de sentencias que han protegido, amparado al PP de Madrid

Hablaba de las residencias. La Audiencia de Madrid ha rechazado ahora crear una macrocausa para este caso, como se venía reclamando. Han pasado seis años y la presidenta de la comunidad llama “plataforma de frustrados” a las familias que han denunciado. ¿Cómo se podría reparar a estas familias?

Hay una larga historia y tradición de la justicia en amparar las prácticas o las malas prácticas en la Comunidad de Madrid. También casos de corrupción. Durante tres décadas podríamos ver una historia de sentencias que han protegido, amparado al PP de Madrid. ¿Tiene sentido agrupar todas las causas en una sola? Hay un argumento que no se puede rebatir: todo tiene origen en una sola instrucción, en un documento real que existe, que son los protocolos de la vergüenza. Si no se hubieran redactado, firmado y enviado a las residencias, no se hubieran aplicado. Estamos hablando de un punto central del que se emite una orden y todos hemos podido ver en la comisión de investigación cómo responsables de las residencias que habían recibido ese correo lo aplicaron. Hiela la sangre cuando se le pregunta qué pasaba con una persona que estuviera en la residencia que tuviera seguro privado.

Los responsables de la patronal decían: “Llamamos al hospital privado y venían a recogerle en ambulancia”. Hubo una orden firmada por los responsables de la Comunidad para que las personas que no tenían un seguro privado, que necesitaban un hospital público, se quedaran en las residencias. Eso pasó en Madrid.

Hace unos días, la Comunidad de Madrid anunció un nuevo plan de residencias. ¿Qué opina de este plan?

El modelo del Partido Popular es hacer negocio. Con las plazas de la universidad, con la vivienda. Es todo especulativo. Nosotros estamos trabajando para elaborar una propuesta que no vaya solo de residencias, porque creo que muchos mayores lo que necesitan es una buena atención a domicilio. 

Ayuso es la principal apóstol en España, yo diría que en Europa, de esa ola trumpista que hace esa política, que siembra el caos y acusa a los demás de sembrar el caos, pero lo siembran ellos con ese tipo de discursos que son verdaderamente intolerables y mucho más de alguien que gobierna

Hoy en día había dos comunidades que tienen mucho retraso por los recortes del PP en las listas de la Ley de la Dependencia, pero le voy a dar dos ejemplos de cómo se hace bien y cómo se hace mal. En Catalunya, la semana pasada, el presidente Salvador Illa hizo un plan especial para revertir esa situación. ¿Qué hace Madrid? Nada, por eso las listas no paran de crecer, también las listas de espera en sanidad. En Madrid, se han recortado los servicios públicos, pero no porque no haya habido recursos: en los últimos siete años, ha recibido más de 40.000 millones de euros extra. Teniendo más recursos, no se hace porque el truco consiste en deteriorar el servicio público para que la gente se pase a la privada, sea en educación, sanidad o dependencia. No se puede explicar mejor que como lo hizo el gerente del Hospital de Torrejón, cuando decía que había que alargar las listas para que aumenten los resultados. 

Expliquemos a la gente lo que es la libertad de la señora Ayuso, lo que ellos llaman libertad de elección, que consiste en: ¿qué prefiere, esperar tres meses a que le atiendan en un hospital público o que le atienda uno de Quirón la semana que viene? Y en el de Quirón, financiado con dinero público, por lo tanto, pagamos dos veces. No puede ser que mucha gente no vea que está yendo directamente contra sus intereses para favorecer el privilegio de unos pocos. 

Además de la sanidad, una de las principales preocupaciones de los madrileños es la vivienda. Ustedes han criticado que Madrid expulsa ahora mismo a la gente. Mientras, Ayuso ha cargado contra el Plan Estatal de Vivienda. ¿Qué proponen ustedes para intentar solucionar este problema aquí en Madrid? 

Lo más importante es lo que dijo el presidente del Gobierno: el mercado de la vivienda es imperfecto y hay que intervenirlo. Compiten jóvenes o personas que necesitan alquilar un piso con grandes fondos de inversión o grandes fortunas que compran manzanas enteras. No pueden competir en plano de igualdad. Desde el Gobierno, eliminamos las Golden Visa, hemos puesto en marcha la Ley de Vivienda que se niega a aplicar la señora Ayuso. Con su aplicación, hoy, en Madrid, habría un millón de personas pagando menos de alquiler y medio millón de pequeños propietarios que tendrían un beneficio fiscal.

Hay un Plan Estatal de Vivienda que duplica los recursos para construir vivienda pública en Madrid. La Comunidad salió primero muy chula diciendo que no a ese plan y, ahora, ya está un poquito menos chula. Ese plan tiene una clave, que es la que no le gusta a Ayuso: establece que todo lo que se construya como vivienda pública se va a quedar como pública. El problema es que la vivienda pública que había construida en España ha pasado a manos de especuladores. Todo tiene que ver con medidas que regulen otra de las cosas que dan alergia al PP: los pisos turísticos.

Cuando se disparó el precio de la electricidad, Sánchez dijo que había que intervenir el mercado eléctrico y se nos dijo que era imposible y comunista. Lo hicimos con la solución ibérica, además de apostar por las renovables. Hoy, España tiene una de las energías más baratas. Por tanto, de vez en cuando hay que actuar, hay que intervenir y eso no significa ser un gobierno bolivariano comunista, sino defender el interés general, la justicia y las mayorías. Es lo que yo voy a hacer en la Comunidad de Madrid.  No es verdad que la ley ampare la ocupación. Y no es verdad que haya un problema masivo de ocupación. Lo que hay es un problema masivo de gente que no puede pagar un alquiler o que no puede comprarse una vivienda porque cualquier familia, cualquier joven, no puede competir con un fondo de inversión. Esa es la verdad.

El alcalde de Móstoles avanzó la semana pasada que se iba a querellar contra el delegado del Gobierno después de que este se refiriera al presunto caso de acoso sexual durante una reunión de la Junta Local de Seguridad. El PP sigue mostrando su apoyo a Manuel Bautista. ¿Cómo cree que debería haber actuado el Gobierno de la comunidad?

Espero que tomen nota las mujeres de la Comunidad de Madrid y, no solo las mujeres, todos aquellos que rechazamos cualquier práctica de acoso sexual y laboral, como dice la denuncia. La presidenta tuvo conocimiento al menos durante dos años del asunto y lo que hizo no fue citar a la denunciante, sino al denunciado para darle su amparo y mandar a dos sicarios, en este caso la señora Millán y el señor Serrano, a reunirse con la denunciante para que desistiera con expresiones tan graves como: “No le des un disgusto a tu padre”. Hay una mayoría en Madrid que rechaza esas cosas que está haciendo la Comunidad. Por muchos medios que compre la señora Ayuso, por muchos agitadores pagados que compre, por mucho colaborador también, que lo hay, dentro de la justicia, la verdad es evidente. 

Hace unas semanas, el periodista David Fernández contaba en un libro que acaba de publicar sobre la señora Ayuso que una diputada de Vox denunció ante ella que un exconcejal intentó besarla. Ella le había dicho que ‘no hay tema’. El portavoz del Gobierno de la Comunidad asegura que no les consta este hecho. ¿Qué opina sobre esto? 

Todos hemos visto al señor Serrano en una rueda de prensa preguntar a los periodistas: “Y tú, ¿cómo ligas?”. Pues esa es la pregunta, eso es lo que pone los pelos de punta, cómo consideran estos señores que hay que ligar. 

El empresario Víctor Aldama ha dicho esta semana en el Supremo que llevaba maletines de billetes para financiar ilegalmente al PSOE, aunque no aporta pruebas. ¿Cómo asiste a una acusación tan grave?

El Partido Socialista ha demostrado con auditorías internas y externas que no ha habido financiación irregular. Respeto el derecho de todo el mundo a defenderse, pero quien sí ha aportado pruebas de que no ha habido financiación irregular es el Partido Socialista.

Este lunes declara su excompañero de partido y exsecretario de organización, José Luis Ábalos. El retrato de estos personajes y de su modus operandi que está dejando el juicio es algo que a los socialistas debe provocar una sensación muy parecida a la vergüenza. 

No es agradable, pero cualquier formación política del tamaño del Partido Socialista puede tener casos de esta índole. Lo más importante es que la gente entienda quién actúa y quién no, quién ampara y quién no. Puedo decir con orgullo que mi partido y el Gobierno del que formo parte actuaron con contundencia, con rapidez, sin que hubiera ninguna condena. Y todos hemos visto casos donde se ha alargado la defensa de los acusados, se han destruido pruebas o se han montado policías patrióticas. No es el caso del Partido Socialista. 

Ha mencionado la trama policial del PP en el ‘caso Kitchen’. El inspector Morocho ha detallado una auténtica persecución del gobierno de Mariano Rajoy para dificultarle la investigación. ¿Qué conclusión saca de lo que arroja ese otro gran juicio de corrupción? 

Nadie ha acosado tanto a los jueces, a los periodistas y a los policías como el PP. Nadie, nunca. El PP montó una trama corrupta desde el aparato del Estado, una corrupción sistemática en el caso Gürtel para repartir sobres, sobresueldos y comisiones que llegaron a lo más alto de la cúpula del Partido Popular. Y también un ‘caso Kitchen’ para fabricar pruebas falsas contra rivales políticos y para destruir las pruebas que inculpaban a su partido. Es muy grave el nivel de podredumbre del Partido Popular cuando ha llegado al Gobierno. Pone los pelos de punta porque no es propio de una democracia occidental. 

Desde el Gobierno y el PSOE dan a entender todo el rato que el juez Peinado prevarica en el caso de Begoña Gómez, pero no recuerdo que lo hayan verbalizado expresamente. Como a usted ya le ha puesto una querella y le pide 70.000 euros no sé si querría aclarar aquí por el mismo precio si considera que prevarica o no. 

Yo describo hechos. Se ha hecho una investigación general y prospectiva, se han desatendido en todo momento los derechos de la persona que ha sido denunciada, se han ido contraviniendo decisiones de otras instancias jurídicas y ha llegado a montar dos interrogatorios en La Moncloa, contraviniendo el sentido común y la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. No creo que sea una instrucción ejemplar para explicar a los estudiantes de Derecho. 

Le decía que a usted le pide 70.000 euros en una querella, pero también lo hace con periodistas. Reporteros sin Fronteras acaba de censurar ese ataque a la libertad de expresión. ¿Qué le parece?

No puedo dejar de pensar todo el rato en el señor Aznar y en aquel silbido para perros de: “El que pueda hacer que haga”. No puedo evitar pensar en eso. Lamento que haya personas en la justicia, en el periodismo o en la política que crean de verdad que todo vale con tal de derrocar a este Gobierno. Todo, incluso saltarse el Estado de derecho.

Begoña Gómez se ha convertido esta semana en una más de las personas que componen la larga lista de víctimas de acoso por parte del hostigador ultraderechista Vito Quiles. ¿Qué falla en un país como el nuestro para que este tipo campe a sus anchas por las instituciones como si fuese periodista y con tal sentimiento de impunidad como para acosar a la pareja del presidente del Gobierno?

Eso es basura fascista financiada por el PP. ¿Qué falla en el país? Un PP que no es normal. Un PP que ampara, financia y protege comportamientos ultras antidemocráticos que no eran conocidos en las últimas décadas y que hoy forman parte del paisaje. Lo qué está fallando es un PP que no es capaz de plantarse de una vez por todas y decir: “Nosotros no somos esto. Nosotros no somos esta basura”. Si esa derecha, que debería ser democrática y europea, no amparara esos comportamientos, las cosas serían diferentes. Pero todos hemos visto cómo las comunidades del PP los financian y les invitan a cerrar campañas en mítines.

A este señor se le otorgó una acreditación para trabajar en el Congreso como periodista bajo una presidencia socialista. 

Muy mal hecho, lo he dicho en varias ocasiones. 

Por eso le planteaba la autocrítica de no haber actuado a tiempo o de que el PSOE no ha sido consciente hasta que no ha afectado al Partido Socialista. 

No estoy de acuerdo. Esto no es un problema español, está pasando en el resto de Europa, está pasando en América. Nosotros tenemos una ley en el Parlamento que aplica dos reglamentos europeos: la libertad de medios de comunicación y la de servicios digitales. Y son fundamentales para lo que estamos hablando porque ayuda a saber cómo se financia un supuesto medio de comunicación. Porque hoy hay medios donde hay periodistas que hacen periodismo y compiten con algunos camuflados como medios y periodistas que no lo son. Son agitadores, son máquinas de sembrar odio, son máquinas de sembrar bulos. Y están financiados por alguien. Sepamos quién los financia. Sigamos la pista del dinero y entonces, a lo mejor, lo entenderemos. 

[Vito Quiles] es basura fascista financiada por el PP. ¿Qué falla en el país? Un PP que no es normal, un PP que ampara, financia y protege comportamientos ultras antidemocráticos que no eran conocidos en las últimas décadas y que hoy forman parte del paisaje. Lo qué está fallando es un PP que no es capaz de plantarse de una vez por todas y decir: nosotros no somos esto, nosotros no somos esta basura

Acaba de arrancar la campaña en Andalucía y tienen previsto volcarse en arropar a María Jesús Montero para una cita muy complicada. ¿Por qué la izquierda no tiene expectativa alguna de tocar poder en un territorio que ha gobernado 37 años?

Los análisis, para después de los resultados. Ahora vamos a intentar ganar las elecciones en Andalucía. Hoy España es uno de los mejores países del mundo, de los más avanzados, de los que tiene un mejor sistema social, de los que más crece de los países grandes. Y todo eso es en gran parte gracias a millones de hombres y mujeres que han votado al PSOE en Andalucía durante años. Si no hubiera sido por esos millones de votantes en Andalucía, este país no sería lo que hoy es. Y apelo a todos ellos para que lo vuelvan a hacer. El segundo mensaje es más personal. He trabajado durante cuatro años con María Jesús Montero. Si de verdad estamos hablando de quién va a gobernar mejor, de quién va a administrar mejor los recursos públicos, ya se lo digo yo porque lo he vivido desde dentro: esa es María Jesús Montero. 

No puedo dejar de pensar todo el rato en el señor Aznar y en aquel silbido para perros de ‘el que pueda hacer que haga’. Lamento que haya personas en la justicia, en el periodismo o en la política que crean de verdad que todo vale con tal de derrocar a este Gobierno. Todo, incluso saltarse el Estado de derecho

Le pregunto por otro compañero, no sé si tan querido. Dice el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page que en el Comité Federal de 2016 se intentó un pucherazo. 

No entiendo lo que está haciendo García-Page. De verdad que no lo entiendo. Yo le conozco desde hace muchos años, he tenido la oportunidad de trabajar muchas veces con él y no entiendo lo que está haciendo. Me resulta increíble cuando acabamos de ver en Barcelona cómo todos los gobiernos y todos los partidos progresistas del mundo reconocen al de Pedro Sánchez como estandarte de la socialdemocracia del siglo XXI. Cada vez que salgo fuera de España nos ponen como ejemplo en materia de energía, en materia de paz, de defensa de un sistema multilateral justo, en defensa de un sistema social justo, en defensa del crecimiento económico. Que todo eso se ponga en cuestión no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo.

Euskadi ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez modificaciones en la tasa de reposición del funcionariado y agilizar los procedimientos de las OPE para bajar la interinidad actual de los empleados públicos vascos. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha mantenido este miércoles un encuentro con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, al que ha trasladado, además, la conveniencia de mantener una relación bilateral entre ambas administraciones para abordar cuestiones concretas relativas a los trabajadores públicos, entre ellas, las negociaciones relativas a la jornada laboral o las novedades normativas sobre la jubilación parcial y contratos de relevo del personal laboral.

Ubarretxena ha trasladado que la tasa de interinidad en la Administración general de Euskadi tras los procesos de estabilización “ha pasado de niveles cercanos al 50% a situarse en torno al 14%”, y que se mantiene el compromiso de seguir reduciéndola hasta aproximarse al 8% al final de la legislatura. Pero ha señalado que “para avanzar en ese objetivo” es necesario “adecuar o sustituir el modelo actual en lo relativo a la tasa de reposición del funcionariado, con el fin de facilitar una planificación de efectivos más ajustada a las necesidades reales de la administración, ya que el volumen actual de plantilla de funcionarios se queda corta para las necesidades de plantilla en la administración vasca”.

“De esta forma, el compromiso de reducir la tasa de interinos al 8% parece quedar en manos ahora de los acuerdos que se cierren con el Gobierno de Madrid. Ya en enero de 2025 con la tasa de interinidad en el 14% la propia Ubarretxena reconocía que el objetivo del 8% estaba todavía muy lejos. Para facilitar también la reducción del número de interinos ha planteado la conveniencia de agilizar los procesos selectivos de OPE mediante la reducción de plazos y la simplificación de procedimientos. Ha habido sintonía y se han comprometido a darle una vuelta y mirar cómo se puede hacer, a estudiar estos dos temas”, ha señalado la consejera tras la reunión.

En cuanto al tema de la jubilación parcial, Ubarretxena ha señalado que los cambios introducidos por el ministerio se había “dificultado mucho” acogerse al retiro parcial, aunque parece que “se abre un hilo de esperanza” y habrá modificaciones. La consejera ha señalado que se trata de una cuestión que preocupa a los sindicatos vascos. “El martes tenemos reunión de la Mesa General de la Función Pública y queríamos tratarlo con el ministro”, ha señalado la consejera.

También ha abordado con el ministro el futuro sistema europeo de identidad digital, y ha trasladado la petición de que se canalice en Euskadi a través de Izepe, que ya ha posibilitado que más del 60% de la población vasca disponga ya de sistemas de identificación digital, con más de un millón de usuarios reconocidos. Es decir, que sea una entidad reconocida de cara a “emitir la identidad digital y que Euskadi pueda tener su propio wallet digital”. Este planteamiento permitiría que cada ciudadano disponga, de forma segura, de su identidad y de otros acreditativos oficiales en la cartera digital de su dispositivo móvil, favoreciendo una gestión más ágil, accesible y centrada en la persona.

El Ministerio para la Transformación Digital ha aprobado una orden ministerial que impide realizar cualquier comunicación comercial telefónica a través de números que no comiencen por el prefijo 400. La medida, que forma parte del Plan Antiestafas, fija octubre como fecha límite para que las operadoras bloqueen cualquier intento de contacto publicitario que no utilice esta nueva numeración.

“En el día de hoy hemos publicado en el BOE una instrucción que va a obligar a que todas las operadoras telefónicas obliguen a todas las empresas a hacer las llamadas comerciales, siempre con un número 400”, ha detallado el ministro Óscar López este martes en un evento de AMETIC, la patronal tecnológica. “Esta medida entrará en vigor a partir de octubre y por lo tanto, todos los ciudadanos que sepan que a partir de octubre solo podrán recibir llamadas comerciales que entren de un número 400 y el resto serán bloqueadas”.

Los nuevos números 400 serán unidireccionales. Esto significa que los ciudadanos podrán recibir la comunicación, pero el sistema les impedirá devolver la llamada a ese mismo número. Con esta restricción, el Gobierno busca neutralizar las estafas de rellamada, en las que los ciberdelincuentes intentan que la víctima contacte con números de tarificación especial dejándole un gancho en un primer contacto.

Además de la imposición del nuevo prefijo, las operadoras de telecomunicaciones también deberán permitir que sus clientes restrinjan totalmente cualquier contacto comercial vinculado a los números 400.

Registro de nombres contra el fraude por SMS

El paquete de medidas también incluye la mensajería móvil. Con el objetivo de frenar las suplantaciones de identidad de empresas e instituciones a través de SMS, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) creará un registro oficial donde todos los organismos deberán inscribir los códigos alfanuméricos que utilizan como remitentes.

“A partir de junio, se acabaron los SMS suplantando la personalidad de compañías”, ha afirmado López, señalando que el objetivo es conseguir que “solamente las empresas y las entidades que estén en ese registro de la CNMC podrán hacer esos envíos masivos”. A partir del 7 de junio, las operadoras tienen la orden de bloquear cualquier mensaje cuyo remitente no figure en esta base de datos verificada.

Estas medidas se suman a un protocolo previo que, desde marzo de 2025, prohíbe el uso de numeración móvil para servicios de atención al cliente, obligando al uso de números cortos, fijos locales o rangos gratuitos (800 y 900).

El ministro ha defendido que esas primeras medidas han servico para frenar millones de contactos publicitarios y estafas. “Con las medidas que hemos puesto hasta ahora, hemos conseguido bloquear ya 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS”. Según datos del sector, compañías como Telefónica interceptan actualmente cerca de 500.000 llamadas fraudulentas cada día antes de que lleguen al terminal del usuario final.

La nueva normativa se aplicará a todas las compañías, con la única excepción de las pequeñas operadoras de luz, gas y teléfono que posean menos de un 5% de cuota de mercado, cuenten con menos de 250 trabajadores o facturen menos de 50 millones de euros anuales. En caso de incumplimiento tras la entrada en vigor, los ciudadanos podrán denunciar directamente ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o la CNMC.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que la jornada de 35 horas semanales a los funcionarios del Estado se empezará a aplicar a partir de mediados de abril, tras Semana Santa, en una entrevista durante la tercera y última jornada del IV Foro Económico de elDiario.es. “En acuerdo con los sindicatos y hay que desarrollarlo con todos los ministerios, pero la Administración General del Estado aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril”, ha explicado y ha recordado que “hay comunidades autónomas que ya lo aplican y otras que no”.

La jornada laboral de 35 horas semanales, pactada en el penúltimo Acuerdo Marco con los sindicatos, firmado en 2022, estaba pendiente de aprobación, que se había anunciado para este mes de marzo. El Ministerio de Función Pública celebra este viernes una reunión con los sindicatos de empleados públicos en la Mesa General de negociación de la Administración General del Estado con la intención de cerrar oficialmente el pacto. 

El miércoles, el Ministerio de Óscar López ya trasladó una última propuesta a los sindicatos sobre esta reducción horaria para los empleados públicos del Estado, que UGT apuntó que podía recibir su respaldo y los órganos internos de CCOO también decidieron apoyarlo este jueves. CSIF ha afirmado este viernes que también respalda la propuesta del Ministerio y, por el momento, se desconoce la postura de ELA y CIG, también con representación en la Administración General del Estado.

Durante la entrevista con elDiario.es, el ministro también se ha centrado en la otra parte de su cartera: la Transformación Digital. López ha defendido que España es el país que más crece porque “el Gobierno tenía claro que había que transformar el país en una clave digital y en una energética y ecológica”.

Aunque ha reconocido que Europa tiene que “reforzar su soberanía tecnológica y digital” y “desarrollar un modelo propio de inteligencia artificial”, el ministro ha explicado que España cuenta ya con “una hoja de ruta clara” que empieza, por ejemplo, en las materias primas. “La tecnología es poder y, en el contexto geopolítico actual, la red de satélites o la fabricación de chips son fundamentales para Europa y para España”, ha destacado.

“No podemos permitir que las redes eliminen la moderación de contenido o la verificación de edad”

“El problema de la competitividad europea se llama inversión privada, hablemos claro. En EEUU, se basa en las inversiones en riesgo. En Europa son los poderes públicos los que están invirtiendo y arriesgando para que estas tecnologías se desarrollen”, ha explicado el ministro. Aunque, más allá de la propia capacidad tecnológica europea, López ha reconocido que una de las partes más importantes es la apuesta de Bruselas por un marco legislativo fuerte. 

“Tenemos que regular las redes sociales. No podemos permitir que eliminen la moderación de contenido o la verificación de edad”, ha defendido el ministro, que ha recordado que las redes sociales nacieron en 2009 y “lo hicieron sin normas”. “Ahora han pasado casi veinte años y estamos viendo cómo están creciendo los problemas de salud mental, los delitos de acoso o se han repetido elecciones, como en Rumanía. La amenaza es muy grave”, ha sostenido durante su intervención en el IV Foro Económico de elDiario.es. 

López también ha aprovechado para sacar pecho de las aportaciones que ha hecho España en este campo: “El Gobierno promovió la norma europea de inteligencia artificial durante su presidencia y ahora ha conseguido que Chipre (que ostenta la presidencia este semestre) introduzca la prohibición de los deepfakes sexuales dentro de este reglamento”. “Cualquiera de las tecnológicas tiene que saber que en Europa, un mercado con 500 millones de usuarios, tienen que cumplir unas normas”, ha apostillado.

Sobre la prohibición de menores de 16 en redes: “Espero que ningún grupo se atreva a votar en contra”

Unas normas que previsiblemente también lleguen pronto a la regulación de los jóvenes en redes sociales. En el caso de España, el Gobierno plantea la prohibición del acceso a los menores de 16 años. “Yo no voy a quitar la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores porque alguien se la ha saltado. La ley y los controles hay que tenerlos”, ha defendido López que también ha apuntado que España está trabajando con otros países europeos para buscar un estándar europeo. 

Con respecto a la herramienta que efectuará esta verificación de edad, el ministro ha destacado que España cuenta con “la mejor”, ya que es un mecanismo “real de verificación de edad”. “Vamos a hacer la ley y espero que ningún grupo se atreva a votar en contra, espero que nadie sea tan insensato”, ha adelantado el ministro. 

Sobre la existencia de una red social pública, López ha defendido que “si tenemos una radio y televisión pública es porque hay leyes que establecen que es un derecho ese servicio público” pero ahora hay que definir si “una red social es un derecho de los ciudadanos”. “Es un debate que me parece emocionante, pero para el que no tengo una respuesta hoy”, ha matizado el ministro. 

Ya en su faceta como secretario del PSOE madrileño, López ha defendido durante este entrevista con elDiario.es que si llega al Gobierno de la Comunidad de Madrid va a buscar “verdad, justicia y reparación” en el caso de las muertes en residencias de la región durante la pandemia de covid-19. “Espero que la justicia actúe y que se depuren responsabilidades”, ha dicho, preguntado sobre los protocolos de la vergüenza. 

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado la celebración del primer “Encuentro Internacional de Derechos Digitales”, que tendrá lugar los próximos 13 y 14 de mayo en la ciudad de Barcelona. En el evento, organizado por el Observatorio de Derechos Digitales y la fundación Mobile World Capital (vinculada a la feria Mobile World Congress), reunirá a “expertos, instituciones y representantes de la sociedad civil” para tratar impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial, ha declarado López.

El ministro ha vuelto a incidir el debate que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto en las últimas semanas al señalar la responsabilidad de las grandes plataformas en los daños que causan a las personas y las sociedades. “Los algoritmos priorizan mensajes de odio o muy polarizadores”, ha destacado, enumerando sus “efectos perversos” y “penosos”, como el “retorno de discursos ultras”. También en la salud mental, provocando “suicidios”, especialmente en los más jóvenes, con “muchos niños y niñas con ansiedad que están teniendo tratamientos psicológicos”.

Barcelona, la sede elegida por el Ejecutivo, se ha convertido en una de las capitales tecnológicas de Europa impulsada por su entorno emprendedor y por el Mobile World Congress. Además de esta cita, centrada en la industria digital, la ciudad ha acogido eventos dirigidos a tratar su impacto social, como el Mozilla Festival, centrado en derechos digitales, privacidad y tecnologías abiertas. Este llegó a la capital catalana por primera vez en 2025 y se quedará al menos hasta 2027.

Para López, este tipo de debates que pongan encima de la mesa “la ley de la selva” que se impone en el terreno digital se han convertido en fundamentales. “Nos prometieron una Arcadia feliz, donde la democracia se iba a multiplicar porque iba a haber muchas más opiniones” pero “años después hemos descubierto que no es oro todo lo que reluce y que el 30 o el 40% de las opiniones en redes son bots, o compradas o creadas artificialmente”, ha manifestado.

Frente a esto, el ministro ha reivindicado medidas como la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial o el impulso de la Carta de Derechos Digitales, que han llevado a España al 7º lugar del Índice de desarrollo de la IA que elabora la Universidad de Stanford, en Silicon Valley. Un informe que analiza más de 40 indicadores, desde la investigación y la inversión hasta la regulación, y que ha colocado al país en el segundo puesto del ranking europeo por detrás del Reino Unido.

Tirón de orejas a empresas y fondos: “En Europa falta inversión privada”

López también ha aprovechado para señalar lo que, a su juicio, está ralentizando a Europa respecto a EEUU o China en materia tecnológica: “Lo que ha faltado ha sido inversión privada, riesgo privado que sí ha habido en Estados Unidos”. Señala que el problema “no es la regulación”, sino la fragmentación del mercado, que impide a las empresas nacer con el tamaño de consumidores suficiente para competir globalmente.

Por ello, el titular de Transformación Digital también ha tirado de las orejas a empresas y fondos por no asumir los “riesgos” que tiene la inversión en nuevas tecnologías hasta no ver un rendimiento económico claro. “Está pasando ahora con la cuántica. Hay mucha gente que todavía no invierte en cuántica porque todavía no ve el uso comercial”, ha enfatizado.

“No hay un problema de inversión pública en Europa, no hay un problema de apuesta ni de voluntad política, hay un problema de inversión privada”, ha recalcado.

Confianza en la “responsabilidad” de la oposición para prohibir el acceso de los menores a redes

Una de las medidas estrella sobre el ámbito digital que el Gobierno quiere sacar adelante este 2026 es la prohibición del acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. “Me dirijo a todos los grupos del Congreso [...] Espero que nadie sea tan irresponsable como para paralizar esta ley”, ha dicho López sobre la norma en la que va incluido el veto.

El ministro ha criticado a quienes “en el espacio público se llenan la boca diciendo que hay que hacer esto”, para después poner palos en las ruedas a su aprobación legislativa. “Al margen de jugadas parlamentarias y disputas políticas diarias, espero que no se les ocurra a nadie paralizar una ley tan importante para nuestros niños y niñas”, ha enfatizado.

Una vez más, es el PSOE de Madrid. El de las cuitas internas, las luchas intestinas por las migajas del poder y el juego sucio. El escenario en esta ocasión es Alcalá de Henares, la tercera ciudad más grande de la Comunidad de Madrid. Los socialistas perdieron la alcaldía en 2023 tras ocho años de gobierno en la localidad gobernada mayoritariamente por la derecha en las últimas décadas. Y ahí se abrió la guerra interna, cuando el exalcalde Javier Rodríguez logró un escaño en el Congreso de los Diputados, pero mantuvo el liderazgo del PSOE local y la portavocia en el Ayuntamiento.

Esa situación, sumada a las aspiraciones del secretario de Organización, Enrique Nogués, han sumido al PSOE de Alcalá de Henares en una batalla en la que se han producido acusaciones cruzadas. Por un lado, la publicación de una foto de hace años de Nogués en una fiesta con una stripper, que Rodríguez ha usado contra el secretario de Organización por vulnerar las reglas éticas del partido. Por otro lado, se ha acusado a Rodríguez de estar detrás de esa filtración.

Igualmente, el diputado y todavía secretario general denunció la afiliación masiva de militantes por parte de su número dos ante la dirección regional que pilota Óscar López así como su participación en la fiesta con una stripper. Fuentes de la cúpula del PSOE de Madrid explican que se abrió un expediente por la violación de las reglas éticas (Rodríguez forma parte de la Comisión de Ética y Garantías federal) y que la investigación por las afiliaciones se “resolverá con rigor”.

Fuentes del partido a nivel local aseguran que en la batalla por engrosar el censo se han producido unas 200 altas de militantes, que supone un aumento del 40%. La importancia radica en los procesos de primarias que se celebrarán en los próximos meses para la elección del candidato a la alcaldía, al que Rodríguez tenía previsto presentarse y también Nogués ha manifestado su intención.

Ante la tardanza que supone la resolución del expediente, Rodríguez ha decidido dimitir como secretario general, de manera que la ejecutiva local se disuelve de forma automática y se constituirá una gestora pilotada por la dirección regional antes de la reelección de un nuevo líder local y el candidato. Ha sido la fórmula escogida por Rodríguez para solventar la crisis y quitarse de encima al secretario de Organización, cuyos partidarios sostienen, sin embargo, que han recogido unas 300 firmas contra el exalcalde.

“En la pasada reunión de la Comisión Ejecutiva Municipal (CEM), el lunes 16 de febrero, una amplia mayoría de miembros de la CEM, se manifestó en contra de las actuaciones realizadas por Enrique Nogués Julián en materia de afiliación, también se transmitió la preocupación que generaba su negativa a asumir que la existencia de una foto publicada en prensa, retirando con la boca el tanga a una mujer en un espectáculo stripper, imagen que nos dañó en el año 2023 y que nos podría volver a dañar en el futuro y, por último, algunos miembros de la CEM le mostraron su indignación ante haber objetado algunas de las últimas afiliaciones realizadas, y sin embargo, no haber actuado de igual manera frente a otras presentadas en las mismas condiciones”, denuncia Rodríguez en su escrito de renuncia, con fecha sábado 21 de febrero.

“La reunión de la CEM, finalizó con mi petición, como Secretario General, de la dimisión del Secretario de Organización debido a las cuestiones antes descritas y a corroborar la existencia de un expediente disciplinario abierto contra su persona. Han pasado cinco días desde la celebración de la CEM y Enrique Nogues Julián continúa sin dimitir, y la ausencia de ninguna medida cautelar adicional mientras se tramita su expediente disciplinario hace imposible, a mi parecer, continuar con el funcionamiento normal de la CEM”, agrega.

“No estoy dispuesto a que se pueda continuar dañando la imagen del Partido con un Secretario de Organización del PSOE, en activo, con una fotografía pública y publicada mordiendo el tanga de una stripper. Es una imagen del pasado, pero ha vuelto a dañar la imagen presente del Partido en Alcalá de Henares en los últimos días y no estoy dispuesto a que nos vuelva a dañar la imagen del Partido ante las elecciones del año 2027”, dice Rodríguez, que “reafirma” su “compromiso” con la localidad dando a entender que optará a la reelección, pese a la dimisión.

El secretario de Organización ha emitido un comunicado en el que justifica que se está evaluando con “criteriosa actuales” su participación en las “actividades festivas” de su peña cuando tenía 23 años y no era ni “cargo orgánico en el PSOE ni concejal”. “Es la denuncia de un compañero relacionada con una foto de 2014, conocida ya en la pasada campaña electoral y que en su momento, fue utilizada por el Partido Popular de Alcalá de Henares en un intento de desprestigio al partido y a mi persona”, dice sobre el expediente que están instruyendo los organismos internos del PSOE.

“Entonces, y de común acuerdo con las personas que conformábamos la candidatura socialista, ofrecí una rueda de prensa, que es de acceso público, el 23 de mayo de 2023 en la que expliqué que esa foto se realizó en un concurso celebrado en la Peña El Juglar durante las fiestas de Alcalá, en el que participaron un hombre y una mujer. Posteriormente, en 2015, la peña decidió eliminar este tipo de actividades, del todo inapropiadas, que siempre tuvieron respaldo del Ayuntamiento entonces gobernado por el Partido Popular”, agrega el texto.

La guerra en el PSOE de Alcalá, tras unos años de paz interna, se produce un año antes de que el partido se ponga formalmente en modo campaña electoral en una localidad en la que PP y Vox tienen mucha fuerza, pero los socialistas veían factible obtener un buen resultado ante los problemas de gestión de la actual alcaldesa, Judith Piquet, que está imputada y que ha decidido mantener en su cargo al comisario municipal, investigado por violencia de género.

Los funcionarios de la Administración General del Estado verán cubierta en el próximo mes una de las reivindicaciones que los sindicatos del sector han puesto sobre la mesa una y otra vez en los últimos años. La jornada laboral de 35 horas, pactada en el penúltimo acuerdo marco, firmado en 2022, entrará en vigor previsiblemente en marzo, después de que el Gobierno iniciase los trámites a finales de enero. En la práctica, será una reducción de jornada para cerca de medio millón de empleados públicos.

En los últimos meses, los funcionarios han ido viendo resueltas algunas de las tensiones con el Ejecutivo, que elevaron la conflictividad en 2025. Ese año comenzó con la crisis de Muface abierta, una negociación salarial pendiente que afectaba a más de tres millones de empleados públicos y el objetivo de rejuvenecer las plantillas de la Administración General del Estado (AGE) ante el reto de una cascada de jubilaciones, que culminarán con el retiro de la mitad del personal en la próxima década.

Ahora la lista de tareas pendientes tiene que ver, sobre todo, con lo relativo al cumplimiento del acuerdo marco rubricado con los sindicatos a finales de noviembre, pero con los grandes temas que mantuvieron en vilo a miles de funcionarios resueltos, al menos de momento: la mutualidad garantizada y una subida de sueldo del 11% hasta 2028.

Uno de los grandes retos que afronta el Estado es la edad de las plantillas que trabajan para él. El Ejecutivo ha logrado revertir la tendencia de envejecimiento de su personal. La edad media de los trabajadores de la Administración General del Estado en el Gobierno Central ha descendido en los últimos seis años y se sitúa ya en los 49,9 años, frente a los 51,6 que registró en 2019 y 2020, según los datos del último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, publicado en diciembre.

Este descenso en la edad media de las plantillas de los empleados públicos del Estado viene acompañada de varias ofertas públicas de empleo cuantiosas en cuanto a incorporación de efectivos, después de los años de austeridad y recortes tras la crisis financiera. En total, desde 2023 se han convocado más de 100.000 plazas de nuevo ingreso, con un llamamiento récord en 2024, con 40.000 posiciones.

Estas ofertas de empleo no se traducen en incorporaciones inmediatas, que tienen cierto decalaje, en función de las administraciones y la organización y desarrollo de las oposiciones. De hecho, uno de los compromisos que el Ministerio adquirió con los sindicatos durante las negociaciones para el acuerdo fue la “agilización y mejora de los procesos selectivos”, que las organizaciones sindicales quieren limitar a un año de duración.

Con todo, como muestra el siguiente gráfico, el número de trabajadores públicos en España en el conjunto de las administraciones —Estado central, comunidades autónomas y entidades locales— ha aumentado notablemente en los últimos años. Según los últimos datos disponibles, hay 3,1 millones de empleados públicos, 136.632 más que en 2023, el año más antiguo con el que se pueden comparar. Entonces, el Ministerio realizó modificaciones metodológicas, con la inclusión de todos los contratos temporales, y no solo los que tengan una duración superior a seis meses; personal en formación o prácticas; se simplifican fuentes administrativas en lo relativo al personal de las universidades públicas; y se deja de publicar información desagregada del personal del Poder Judicial.

Pese a ese salto en el gráfico, por el cambio metodológico, la curva permite apreciar un cambio de tendencia claro, tras la caída en el número de trabajadores públicos desde la primera década de los 2000 y la estabilización entre 2013 y 2020, cuando se eliminó la tasa de reposición. El Gobierno se comprometió hace un par de años a eliminar para 2025 este mecanismo, que limita el lanzamiento de plazas en las ofertas de empleo público en función del número de bajas que se van a producir y que se actualiza en cada ley de Presupuestos Generales del Estado, pero que la debilidad parlamentaria del Ejecutivo ha dejado en pausa.

La eliminación de la tasa de reposición es una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales y una de las anotaciones en la lista de 'pendientes' del Ministerio de Función Pública, que hace unas semanas se comprometió a crear un mecanismo alternativo que sustituya de manera progresiva a esta herramienta.

Un análisis exhaustivo del Boletín Estadístico permite desgranar dónde trabajan los funcionarios. Al margen del detalle de los centros, instituciones, ministerios, provincias o administraciones, la mayor parte del personal que se dedica al sector público trabaja para las comunidades autónomas. No es casualidad que estas tengan transferidas las competencias en sanidad y en educación, dos partidas que agrupan a casi uno de cada dos trabajadores, con más de 1,4 millones de efectivos, según los últimos datos estadísticos del ministerio, de julio de 2025. De hecho, hace unos días, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) destacaba la contratación de 19.400 personas más para reforzar la sanidad en diciembre.

Los ayuntamientos contratan al 18% de los empleados públicos del Estado, más de medio millón, y las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil al 9%, unos 280.000 efectivos, a los que habría que sumar los 28.700 miembros de las policías autonómicas.

Al margen del personal funcionario de las corporaciones y entidades locales y las comunidades autónomas, la Administración General del Estado —a grandes rasgos, los trabajadores públicos que dependen de los ministerios— ha conseguido frenar la sangría de personal, que venía produciéndose desde hacía años, en una tendencia que se revirtió a partir de 2021, cuando el número de altas superó al de bajas. Si aquel año esta diferencia fue de apenas unos cientos, en 2024, los últimos datos disponibles, se incorporaron más de 18.000 nuevos empleados, frente a los 9.800 que se jubilaron o causaron baja.

Entre 2021 y 2024 hubo un total 36.423 salidas y 48.304 entradas, con un saldo positivo de 11.881 trabajadores en la Administración General del Estado. Unos datos que no incluyen al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia, las entidades públicas empresariales y las universidades públicas no transferidas.

Según el Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado 2025 y proyección futura a 2035, en la próxima década se jubilarán la mitad de los funcionarios de carrera, un 49,53%. Son 67.488 efectivos, a los que habría que sumar otros 22.242 de personal laboral fijo. En total, 89.730. “Los colectivos que se verán más influenciados, con una estimación de que más del 50% de su plantilla actual estará jubilada en 10 años, son los subgrupos E, C2, B y C1. El más significativo por porcentaje y número de bajas el subgrupo C2, con un 74,92% y 15.979 bajas. Para los subgrupos superiores se estiman porcentajes de baja inferiores al 50%: el A2, con 12.439 bajas y un 36,51%; y el A1, con 9.574 que corresponden a un 33,57%”, indica el trabajo.

El proyecto de ley de Función Pública, que se cursa en el Congreso, contempla dos medidas relativas a la jubilación. Por un lado, recuperar la parcial anticipada que Rajoy eliminó en 2012 y, por otro, alargar la forzosa, que permite a los funcionarios que lo deseen seguir trabajando más allá de la edad ordinaria, hasta los 72 años. La primera, tras un pacto con los sindicatos y la segunda sin el apoyo de estos, pero ambas atascadas en el trámite parlamentario.

A julio de 2025, el porcentaje de trabajadores de la AGE que llegarán a la edad de jubilación en cinco años o menos había descendido. Fueron tan solo cuatro décimas, hasta el 18,6%, pero rompe una racha ascendente. Crecen, no obstante, quienes deciden alargar su vida laboral, hasta el 4,2%. Al otro lado de la tabla, aumentan los trabajadores jóvenes. Actualmente, el 21,7% tienen menos de 40 años, frente al 11,6% de hace cinco años.

Pese a la reducción de la edad media y la entrada de personal joven, en una comparativa con otros sectores o grupos de trabajadores, el personal de la AGE continúa siendo el más envejecido, con el 57% de las plantillas por encima de los 50 años. La mayor diferencia se da con los asalariados del sector privado, donde solo el 30,8% superan esa edad, seguido del 35,1% de la población activa en España o el 45% de los asalariados del sector público.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha salido este viernes en defensa del fallecido expresidente de Aragón, Javier Lambán, después de que el ministro y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, le haya señalado como culpable del mal resultado de su partido en las recientes elecciones autonómicas en dicha región. “Óscar López jamás le llegará a la suela de los zapatos a Javier Lambán”, ha dicho en un acto de partido en Salamanca.“Y Sánchez, tampoco”, ha zanjado.

El ministro de Transición Energética aseguró ayer en una entrevista en Radio Nacional que el PSOE de Aragón encabezado por Javier Lambán no se dedicó a hacer “oposición” al presidente de Aragón, el barón del PP Jorge Azcón, después de que el PSOE apostara por la que fuera portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, como candidata en los pasados comicios del 8 de febrero.

“En lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa”, acusó. “Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha. Por lo tanto, el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido”, aseguró López. Todo, después de asegurar que había tenido una “excelente relación” con Lambán y que hacía sus declaraciones “desde el respeto”.

Pero sus palabras provocaron la reacción del PSOE aragonés en apoyo de quien fue su líder durante 13 años y presidente de la comunidad dos legislaturas consecutivas. Sus palabras fueron contestadas en primer lugar por Mayte Pérez, actual senadora autonómica y exconsejera de Presidencia aragonesa en el Gobierno de Lambán. “Creo que estas declaraciones son absolutamente desafortunadas además de impropias”, apuntó.

No fue la única defensa de Lambán, quien falleció el pasado mes de agosto por un cáncer. También salió al paso el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien dijo esperar que López pediría “disculpas” y “perdón”, convencido de que “lo malo” no es solo decirlo “es incluso pensarlo”, sobre todo “porque no es cierto”.

Pero López se ha mantenido firme y ha asegurado este viernes que sus acusaciones al expresidente de Aragón las hizo desde la “discrepancia política”, pero con el “máximo respeto personal”.

Feijóo: En el PSOE cabe López, no Lambán

“Yo he tenido el honor de ser presidente autonómico durante muchos años y he conocido, por tanto, a muchos presidentes autonómicos”, ha asegurado Feijóo durante el acto de lanzamiento de la precampaña en Castilla y León ante las elecciones del próximo 15 de marzo. “He conocido a grandes presidentes autonómicos, líderes que servían a su tierra y a su partido y que eran fieles a sí mismos”, ha añadido.

“Pero he conocido otros presidentes que no son de mi partido. Y voy a mencionar solo a los que están retirados, no vaya a ser que les crea un problema”, ha ironizado. “He conocido y aprecio a Javier Fernández, expresidente del Principado de Asturias. He conocido y aprecio a Iñigo Urkullu, expresidente del País Vasco. Y uno de los mejores que conocí fue, sin duda Javier Lambán, que era una persona honesta con la que se podía hablar, con la que se podía acordar y con la que se podía discutir”, ha dicho.

Ha sido cuando Feijóo ha pasado al ataque contra López, futuro candidato del PSOE contra Isabel Díaz Ayuso en Madrid. “Yo no voy a descubrir aquí en Castilla y León quién es Óscar López, porque los castellanos y leoneses lo conocéis mejor que nadie y por eso no le votáis ni de broma”, ha arrancado, recordando el fiasco electoral de López en 2011.

Y ha proseguido: “Me ha parecido muy grave lo que ha pasado ayer y me vuelvo a parecer muy grave que se ratifique hoy. Óscar López jamás le llegará a la suela de los zapatos a Javier Lambán. Y Sánchez, tampoco”. Feijóo ha añadido: “Un tipo como Óscar López solo puede ser ministro de un presidente como Pedro Sánchez”. Y ha concluido: “El drama del PSOE actual es que en él cabe gente como Óscar López y ya no cabe gente como Javier Lambán”.