Este martes ha comenzado oficialmente la temporada de riesgo máximo de incendios forestales en España, que se extiende hasta el 15 de octubre. Y las condiciones climatológicas no son halagüeñas: temperaturas mas elevadas de lo normal y precipitaciones habituales, es decir, escasas, según ha previsto la Agencia Estatal de Meteorología.

Hasta ahora, se han abrasado 18.200 hectáreas (ha) en 2.800 incendios por toda el país, según la estadística del Ministerio de Transición Ecológica. Ambos datos están por debajo de la media de la década a estas alturas, aunque faltan los datos del Principado de Asturias, cuya época más incendiaria es, precisamente, el invierno. Sin embargo, los seis grandes incendios de más de 500 hectáreas entre enero y mayo doblan la media decenal.

“Nos preocupa especialmente el aumento de estos grandes incendios en los que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo, ya que son los que más afectan al entorno y, siendo una proporción muy pequeña de los siniestros, suponen el 40% de todo lo quemado”, reflexiona la coordinadora de restauración de WWF, Diana Colomina.

Uno de esos grandes incendios en esta primera mitad del año destruyó más de 2.800 hectáreas en la isla de Tenerife, donde alcanzó terrenos del Parque Nacional del Teide. La cuestión es que, a pesar de que se registran menos incendios –la media de esta década ha caído un 37% respecto de la anterior– los grandes fuegos han multiplicado su devastación: son apenas el 0,18% y queman muy poco menos que todos los demás juntos.

La realidad que muestran estos datos se alinea con los estudios de impactos atribuibles al calentamiento global tanto planetarios como los previstos para España. El estudio de impactos y riesgos derivados del cambio climático 2021 del Ministerio de Transición Ecológica explica que “facilitará la predisposición del combustible a arder”, lo que deriva en “un mayor riesgo de ignición a igualdad de negligencias y accidentes provocados por la mano del ser humano”. Y concluye que, a pesar de las incertidumbres, “está claro que el peligro de incendios forestales provocados por el clima aumenta con el cambio climático en todo el Mediterráneo”.

Los montes españoles son más vulnerables ante estos incendios de grandes dimensiones. Las condiciones meteorológicas derivadas de la crisis climática, el abandono rural y la proliferación de viviendas en las zonas de transición entre el bosque y los núcleos urbanos favorecen la propagación de llamas casi incontrolables.

Para junio, julio y agosto de 2021, la Agencia Estatal de Meteorología ha calculado que “lo más probable” es que las temperaturas estén por encima de la media de referencia (el promedio del periodo 1980-2010) y que esta situación se produzca en toda la península y los archipiélagos excepto la esquina noroccidental. En cuanto a las lluvias, la mayor probabilidad es que sean unos meses normales y, por lo tanto, secos.

“El estado de vulnerabilidad del campo y las condiciones meteorológicas pueden crear un cóctel muy peligroso”, remata Colomina. Esta ingeniera de montes añade el previsible boom de actividades al aire libre que se espera este verano: “Después de la parada por la COVID-19 se prevé una vuelta fuerte de actividades humanas en el campo que también van a multiplicar el peligro. Hay que insistir en que no se realicen actividades de riesgo como son barbacoas, usar maquinaria, tirar colillas…”. Esta recomendación puede parecer una obviedad, pero hay normativa que admite barbacoas en áreas recreativas a la puerta de un parque nacional en época de máximo riesgo.

En este sentido, Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, considera que las administraciones responsables de los espacios naturales deberían llevar a cabo estudios de capacidad de cada entorno: “Hay que saber cuánta gente puede soportar un espacio concreto, porque se está viendo ya que hay muchas ganas de volver al campo y eso supone cierto riesgo. En el caso de los incendios puede ser un agravante, desde luego”.

Al fin y al cabo, más del 90% de todos los incendios forestales en España son causados por las actividades humanas. “En la mayoría de los casos son negligentes”, explica la última Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente. Aunque también añade que en “el norte de España se hace referencia a un aumento de los incendios, generalmente provocados”. Y menciona, como hace recurrentemente desde hace años, las comunidades autónomas de Cantabria y Asturias debido a la quema de monte intencionada para generar pastos.

El Ministerio de Transición Ecológica ha presentado este martes su dispositivo contra el fuego, que “complementa la acción que corresponde a las Comunidades Autónomas en virtud de sus competencias en Protección Civil y gestión forestal”. El plan incluye medios aéreos, unidades móviles y miles de efectivos, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias. Oberhuber pone el acento, precisamente, en este aspecto: “Echamos en falta más coordinación en medidas que vayan a la causa del fuego como ofrecer alternativas –y ayudas– para las prácticas de riesgo de determinados colectivos que luego derivan en un accidente y de ahí un incendio”. Se refiere al uso de máquinas, la quema de rastrojos, la basura… “Pero, al final, parece que cada administración hace un poco la guerra por su cuenta y se acaba dependiendo mucho de los medios de extinción”, remata el ecologista.

Canarias Ahora ofrece a todos sus lectores en formato PDF el informe completo del excoordinador del Observatorio Canario del Cambio Climático, Ezequiel Navío, que en diciembre pasado remitió a la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, al cerrar su breve etapa al frente de la política climática del Gobierno de Canarias.

Es el informe que desde hace meses han reclamado sin éxito al Gobierno canario grupos políticos con representación en el Parlamento de Canarias, que la próxima semana abordará el asunto en el pleno, con una pregunta de Podemos. Y que a lo largo de los últimos días, este periódico ha ido publicando en varias entregas.

Dado el interés que ha despertado –incluidas las reacciones del Gobierno canario para intentar contrarrestar las críticas a su política climática-, ofrecemos a todos nuestros lectores el informe completo, en el que el excoordinador también explica por qué decidió acabar su relación con el Gobierno de Canarias.

“En octubre de 2017, ante mis reiteraciones para desbloquear el Observatorio Canario de Cambio Climático y llegando a la finalización del contrato menor vigente (noviembre 2017), el Gobierno de Canarias me propone una contratación como personal eventual vinculado a la Consejería de Política Territorial, para lo cual se aprueba el cargo en sesión del 2 de octubre de 2017 (ver Anexo VIII)”, indica Ezequiel Navío.

“Tras analizar el contexto de este cargo, declino la oferta porque no se garantiza la imprescindible independencia y margen de acción para trabajar de forma comprometida en la materia”, sentencia. Desde entonces, el Gobierno canario hace referencias indistintamente a un “comité de expertos” o “comité de científicos” en sustitución del Observatorio, pero al que también se remite al convocar a su plenario, en teoría para el próximo 16 de julio, ya sin la presidencia de la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, que no acudirá a la cita anunciada.

Del dicho al hecho hay un buen trecho. Las contradicciones del Gobierno canario en sus políticas medioambientales, energéticas y contra el cambio climático han quedado también reflejadas en el informe Navío, el análisis que el excoordinador del Observatorio Canario del Cambio Climático trasladó al Ejecutivo de Fernando Clavijo en diciembre pasado, después de seis meses de inoperatividad del órgano.

El Gobierno de Canarias incurre en contradicciones tales como sostener grandes declaraciones de intenciones y trabajar justo en el sentido contrario. Lo explica de esta manera Ezequiel Navío: “En mayo de 2015, el presidente Clavijo firmó una propuesta de la ONG Greenpeace para que Canarias fuera 100% renovable en 2050, hecho absolutamente imposible de alcanzar si mantiene su denotado apoyo a la industria gasística y a sus programadas inversiones en Canarias”.

Las evidencias de ese respaldo del Ejecutivo de Coalición Canaria (y de buena parte del empresariado y otros partidos, como el PP o sectores del PSOE) son obvias, ya sea con el proyecto de puerto industrial y regasificadora en Granadilla, en el sur de Tenerife, o el intento de emular el mismo en el puerto de Arinaga, en el sureste de Gran Canaria, aunque este cuenta con el rechazo frontal del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), y los municipios de la Mancomunidad.

Y ante esta postura del Gobierno de Canarias, que aplica en la práctica lo contrario de lo que dice en teoría, el excoordinador del Observatorio de Cambio Climático incluye entre sus recomendaciones que el Ejecutivo “se implique en el desarrollo de una política energética que priorice sin fisuras en la reducción y eliminación progresiva de combustibles hidrocarburos, potenciando con todos los recursos a su alcance y con urgencia las fuentes renovables y limpias en las Islas”.

Así, Ezequiel Navío incide en la principal contradicción gubernamental: “La política energética anunciada por el Gobierno de Canarias para promover extensas y numerosas redes de suministro de hidrocarburos (gas), constituye un grave error en la acción energética del Ejecutivo desde la perspectiva climática y social, ya que, mientras en otras regiones de Europa se reduce y elimina este hidrocarburo para disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, en Canarias se fomenta con la terminología de energía de transición, cuando la energía de transición debe ser aquella sustentada en generaciones sostenibles, limpias y renovables”.

El enfoque del excoordinador con respecto al gas es claro en este aspecto de lucha contra el cambio climático: “Al margen del debate si el gas contamina más o menos que otros hidrocarburos en su proceso de combustión, es necesario indicar que el gas genera importantes emisiones de Gases de Efecto Invernadero a la atmósfera si se computan las cuantías procedentes desde su extracción en origen, transporte y distribución, hasta su combustión en destino”.

Inversiones perdurables en infraestructuras

La recomendación al Ejecutivo va a más allá de si “el gas contribuye en mayor, igual o menos medida que el fuel o petróleo a calentar el planeta”, sino en qué va a destinar el dinero público en materia de infraestructuras, ya que “se trata de que todas las nuevas inversiones e infraestructuras energéticas que se implementen en Canarias sean dirigidas a potenciar las renovables por ser limpias y por contribuir a reducir la elevada huella de carbono que se emite desde el archipiélago”, apunta el excoordinador en su informe a la viceconsejera Blanca Pérez.

Los datos que aporta el experto naturalista para sostener su recomendación contra el gas al Ejecutivo canario son varios: las fuentes renovables, que son múltiples en las Islas, incrementan el grado de soberanía energética que requieren las islas (si esa fuera la intención final del Gobierno de Fernando Clavijo), “ya que con el gas se seguiría dependiendo de intereses exteriores, de otros países, de multinacionales y de mercados que no priorizan en el interés general de Canarias sino en su propio beneficio”, como es el caso de la venta de la gasística ganadora del concurso para implantar el aire propanado en áreas metropolitanas canarias, Redexis.

El informe resalta los acuerdos adoptados en la Cumbre del Clima de París de 2015 para el que Canarias debe implicarse con el fin de evitar que se incremente en 1,5 o 2 grados la temperatura media del planeta antes de 2100. Y sentencia: “Este compromiso no podrá lograrse en ningún caso si, en 2017 y en años posteriores, el Gobierno continúa autorizando y ampliando nuevas infraestructuras en las Islas para almacenar, transportar y quemar más hidrocarburos”. Como el gas.

Las evidencias de que Canarias no está preparada para combatir con criterios y rigor científicos los efectos del cambio climático, reflejados en el informe que el excoordinador del Observatorio Canario de Cambio Climático, Ezequiel Navío, remitió en diciembre de 2017 a la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, han llevado al Gobierno de Canarias a replicar que su principal baza contra el fenómeno natural es la polémica Ley del Suelo y de Espacios Naturales de Canarias. 

Como si de levantar molinos de viento –casi 15 años después de entramparse CC y PP en el primer concurso eólico que ahora se juzga en el Audiencia de Las Palmas- se tratara, la portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila, puso el lunes de ejemplo, a raíz de la publicación de la primera entrega del informe, los “muchísimos megavatios” implantados gracias a esa controvertida norma. 

Sin embargo, del estudio de esa ley se deriva que es incompatible ahora mismo con la lucha contra el cambio climático. Y el propio experto naturalista hace referencia a ello en su análisis a la hora de despedirse como coordinador del Observatorio. 

“En síntesis, las tres ocasiones en que la Ley del Suelo menciona el cambio climático es para resolver posibles futuros casos de traslados de edificaciones en el litoral costero, o para delegar acciones en administraciones locales, debiendo elaborar éstas la correspondiente planificación y diagnosticar potenciales impactos derivados del calentamiento global”, expone Navío a Blanca Pérez. 

Es decir, que la norma se preocupa expresamente de asuntos de calado urbanístico derivados de fenómenos naturales, como consecuencia de aplicar la Ley de Costas, de medidas para luchar contra el cambio climático, incendios forestales, etc., quién debe demoler edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre o en zonas de servidumbre de tránsito, y trasladar a usuarios y afectados. 

“Este hecho –continúa Navío- es, desde todo punto de vista, incorrecto, ya que como es obvio y como sucede en otras Comunidades Autónomas, la necesaria transversalidad de las acciones de adaptación y mitigación requiere ser tutelada por el Ejecutivo autonómico y el Estado apoyando, en este caso, a Cabildos y Ayuntamientos mediante una Estrategia de sostenibilidad y cambio climático adaptada a las especificidades del archipiélago en su conjunto, y a cada una de las Islas Canarias de forma individual”. 

Y se explica más detalladamente el científico: “Un ayuntamiento puede suscribir el Pacto de Los Alcaldes (instrumento de la Unión Europea para reducción de huella de carbono) e implementarlo en su municipio, pero los impactos derivados del fenómeno climático como olas de calor extremo, lluvias torrenciales, alteraciones del medio marino y terrestre en el medio físico y en su biodiversidad, incendios, así como acciones de mitigación sobre fuentes energéticas, deben ser auspiciadas e implementadas con la imprescindible cooperación del Gobierno Autónomo”. 

El excoordinador del Observatorio Canario de Cambio Climático [ese que vuelve ahora anunciar el Gobierno canario, en un pleno para el 16 de julio, cuando hasta la fecha solo hablaba de un comité de expertos sustituto del fenecido Observatorio] apunta todos estos extremos de cambio climático en relación a la Ley del Suelo en un apartado de recomendaciones específicas al Ejecutivo de Clavijo, y en el que también hace referencia a las emisiones de gases de efecto invernadero. 

“Paralelamente, -apunta en ese sentido el informe- la citada Ley no contempla medidas específicas concretas de reducción de gases de efecto invernadero, pero numerosas actividades económicas o productivas vinculadas a los escenarios territoriales, representan hoy día fuentes de emisión de estos gases que deberían regularse para acometer su reducción progresiva hasta alcanzar la neutralidad cero en emisiones GEI en el menor tiempo posible”. 

Diagnosticar los riesgos climáticos de las Islas 

Diagnosticar los riesgos climáticos de las IslasLas recomendaciones con que el coordinador del Observatorio Canario de Cambio Climático ponía fin a seis meses de inactividad, después de otros 27 de espera para su puesta en marcha, incluyen también la necesidad de diagnosticar los riesgos climáticos de las Islas en el menos tiempo posible. 

Ezequiel Navío apuntaba la urgencia de adaptar el reglamento del Observatorio a uno similar en capacidad de decisión técnica e independencia como la Agencia de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático que realizó sus trabajos entre 2009 y 2012, para así poder elaborar una Estrategia de Acción Climática adaptada a la realidad, con la participación de administraciones, universidades y colectivos. 

En este sentido, la urgencia se basaba en configurar una hoja de ruta “consensuada y medible en sus objetivos generales y específicos, incorporando responsables, calendarios, indicadores y compromisos”. Y así, recomendaba, que debe forma paralela a esa hoja de ruta, se trabajara “de manera urgente y prioritaria” en la diagnosis de riesgos climáticos para las Islas. 

“Fenómenos meteorológicos adversos como tormentas tropicales y huracanes, olas de calor extremo y largos periodos de sequía, calimas más extensas, lluvias torrenciales y aguas de escorrentía, o fenómenos marinos como acidifcación y calentamiento del medio acuático –cianobacterias, entre otros-, incremento del nivel mar, cambios en los modelos y dinámicas de corrientes y temperaturas, son factores que deben abordarse con urgencia”, señala Ezequiel Navío. 

De ahí que, en este apartado, recomendara “encarecidamente” al Ejecutivo regional que se trabajara con entidades científicas, sociales y empresariales sin demora en un Plan de Acción frente a fenómenos meteorológicos adversos (FMA). 

El lunes, en su defensa de la Ley del Suelo como ejemplo de lucha contra este fenómeno, Rosa Dávila también mencionó la futura Ley de Cambio Climático de Canarias, cuyo primer borrador acaba de salir a exposición pública este viernes. Y que dará respuesta al informe de Ezequiel Navío el 16 de julio en el anunciado pleno del Observatorio.

El desprecio y el ninguneo al que fue sometido por el Gobierno canario el impulsor y coordinador del ya desaparecido Observatorio Canario del Cambio Climático, Ezequiel Navío, entre 2015 y 2017, son una muestra del desinterés del Ejecutivo de Fernando Clavijo (CC) por profundizar en políticas globales medioambientales.

El informe de despedida remitido por Navío en diciembre de 2017 a la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, está jalonado de una serie de hitos en los seis meses de vida del Observatorio, entre abril y noviembre de ese año, que dejan a Pérez y a su superior, la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, en mal lugar.

El experto ambientalista ofrece en su informe, con documentos, una relación de hechos relevantes que harían dimitir a cualquier cargo público. Y entre la decena larga de desplantes y desprecios del Ejecutivo al Observatorio en solo seis meses, destaca especialmente que nunca se llegaran a constituir las comisiones técnicas.

1. Comisiones técnicas: “El compromiso público del Gobierno para constituir las comisiones técnicas antes del 15 de mayo [de 2017] primero, y 15 de junio después, no se ha materializado a 15 de diciembre, ya que no ha sido constituida ni una sola Comisión a pesar de haber reiterado al Gobierno esta necesidad en múltiples ocasiones”, recoge el informe.

El excoordinador del Observatorio se detiene en este asunto crucial para poner en marcha el encargo gubernamental. Remitió a la viceconsejera Pérez borradores de convocatorias “(con fecha, hora y lugar) para activar inicialmente las comisiones de Energía y de Medio Marino”. Y ninguna de esas convocatorias fue cursada por el Ejecutivo, de ahí que no se celebrara ninguna de las comisiones “que representan el punto de partida del trabajo”.

Navío explica que dinamizó y trasladó las propuestas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para las comisiones, así como las suyas propias, y añade que la relación propuesta por la Universidad de La Laguna (ULL) “obra en poder de la Viceconsejería, que no me fue remitida a pesar de haberlo solicitado”.

Es más, días después de su nombramiento como coordinador, en abril de 2017, el naturalista solicitó el día 17 por escrito a la Viceconsejería la relación de correos electrónicos de los miembros del Pleno del Observatorio [ese que anuncia ahora el Ejecutivo que va a reunirse el 16 de julio próximo] para poder informarles de los pasos dados para impulsar y convocar las comisiones técnicas.

“A día de hoy [15 de diciembre de 2017], a pesar de reiterar esta solicitud en posteriores ocasiones tanto por correo electrónico como verbalmente, no se me ha remitido esta relación y no pude remitir ningún correo a la totalidad de los miembros del Pleno del Observatorio, si bien remití varios correos informativos a direcciones de los miembros del Ger.

El bloqueo del Gobierno a la formación de las comisiones técnicas incluye otros detalles como correos electrónicos a la viceconsejera, sin respuestas, para saber al menos qué otras funciones podía desempeñar el coordinador en el trabajo, dado la ausencia de avances con las comisiones. O el silencio administrativo a su propuesta de estrategia, dinámicas, metodologías y planes de acción, pero las evidencias del boicot del Ejecutivo se detallan en otros seis hitos, entre prohibiciones y plantes.

2. Congreso de los Diputados: “La Consejería de Política Territorial me denegó expresamente asistir como oyente a una reunión de la Comisión de Cambio Climático del Congreso de los Diputados en Madrid (21 de junio de 2017), a la que había sido invitado por uno de los ponentes. Tras recibir esta negativa vía telefónica de la Viceconsejera de M.A. [Medio Ambiente, Blanca Pérez] en el momento en que iba a embarcar a Madrid desde Gran Canaria, trasladé por correo electrónico a la Consejera [de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad] Nieves Lady Barreto  mi sorpresa y desacuerdo. No entendí los motivos de esta decisión porque, además de no argumentar las causas, Canarias perdía una vez más una oportunidad relevante de recabar información y criterios actualizados en materia de cambio climático”.

3. Macaronesia: “La Viceconsejera de Medio Ambiente me trasladó la negativa a cooperar con el Cabildo de Gran Canaria en un proyecto de cambio climático para la Macaronesia que este Cabildo promueve desde 2016 y 2017 y que el Gobierno pretende impulsar ahora de forma unilateral. La negativa del Ejecutivo a colaborar efectivamente con este Cabildo en este proyecto –que el Gobierno de Canarias no promovió cuando lo propuse en 2015 y 2016-, recaba mi más absoluto desacuerdo y así lo transmití en dos ocasiones a la Viceconsejera de Medio Ambiente”.

4. Cancún: “Un mes y medio después de la constitución del Observatorio Canario de Cambio Climático (26 de mayo de 2017) me entero –por la prensa- que una delegación del Gobierno de Canarias asiste en Cancún a un congreso internacional sobre desastres climáticos (Marco de Sendai) sin haber recibido posteriormente conclusiones o acuerdos adoptados por dicha delegación en este evento”.

A Cancún, ¿cómo a Marrakech?

Al respecto, y ante una situación cuando menos sospechosamente similar al viaje de vacaciones de la viceconsejera Blanca Pérez a la Cumbre del Clima de Marrakech 2016, destapado también por este diario, Ezequiel Navío apunta en su informe a ella misma que no hay duda de la conveniencia de que Canarias esté presente en este tipo de foros como el de la Riviera Maya, pero cuestiona que se haya acometido “de forma improvisada sin responder a ninguna hoja de ruta, sin poseer una mínima estructura que permita implementar con eficacia las acciones o conclusiones de estos relevantes foros”.

Es más, sobre ese viaje no se informó “ni con antelación ni con posterioridad a los miembros del Pleno, al coordinador del Observatorio Canario de Cambio Climático, o al representante de la Universidad de La Laguna en el Observatorio, ya que la noticia indicaba que en la delegación enviada por el Gobierno de Canarias a México había un representante de dicha Universidad, cuando éste último no sabía nada porque tampoco fue informado”, apunta el informe en referencia al catedrático de la ULL José María Fernández Palacios.

5. Consulta del Gobierno de España: “El Gobierno de España, a través del Ministerio de Medio Ambiente, cursa en julio de 2017 una notificación a todos los gobiernos autonómicos de España, así como a otros organismos públicos y privados vinculados al cambio climático, informando de la puesta en marcha de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y solicitando cumplimentar un cuestionario adjunto sobre la visión que cada institución recaba ante este relevante Proyecto de Ley. Tras informar por escrito a la Viceconsejería sobre este hecho (26 de julio de 2017) y proponer la redacción de una respuesta del Ejecutivo, no me dan respuesta y desconozco si finalmente Canarias remitió sus consideraciones desde el Gobierno de la Comunidad”.

6. SAO Y JRC: “El 6 de septiembre de 2017 asistí como ponente al Foro Océanos, un evento sobre cambio climático y océanos organizado por la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos (SAO) de la ULPGC y en el que fui conminado por sus organizadores a que el Gobierno suscriba compromisos efectivos en materia de clima en Canarias, hecho muy lógico y loable y que, a día de hoy, no se ha suscrito por falta absoluta de definición en la política climática del Ejecutivo. Esta misma situación se ha registrado en un seminario sobre resiliencia en Tenerife, promovido por el Joint Research Centre de la Comisión Europea, a cuyos dos encuentros asistí sin poder ofrecer compromiso alguno en representación del Ejecutivo”.

7. AEMET: “La presidencia de AEMET [Agencia Estatal de Meteorología] cursa una invitación en fecha de 3 de noviembre a representantes de diversas administraciones españolas para asistir a una jornada sobre Polvo Atmosférico e Impactos en diferentes sectores, y la Agencia Estatal me traslada la posibilidad de que un representante del Gobierno de Canarias asista como ponente en esta importante jornada que, sin duda, interesa de forma muy relevante en Canarias”.

Al respecto, la calima debió coger a la viceconsejera de Medio Ambiente en un mal trance, ya que Navío notificó la invitación telefónicamente a Blanca Pérez y al técnico Rogelio Herrera, sin que nadie de la Consejería acudiera finalmente. “Observando que Canarias podría quedarse ausente en esta conferencia, traslado la comunicación por escrito al diputado David de la Hoz [CC], quien cursa la petición a la Consejería de Sanidad”, informa el excoordinador.

El informe Navío contiene unas cuantas perlas más que desnudan al Gobierno presidido por Fernando Clavijo en materia de políticas del territorio, climáticas y medioambientales, detallando aún más la absoluta inacción del Ejecutivo.

La Comunidad Autónoma de Canarias no hace nada en la lucha contra el cambio climático ni cosa que se le parezca. La desidia e inacción del Gobierno que preside el nacionalista Fernando Clavijo (CC) es total y absoluta. De manera consciente o por la ignorancia de sus responsables en Política Territorial y Medio Ambiente. Así de crudo lo expone el excoordinador del ya desaparecido Observatorio Canario de Cambio Climático, Ezequiel Navío Vasseur, en un informe dirigido a quien fuera su superior política directa, la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez.

“Canarias está desprotegida frente a la emergencia social del cambio climático por la inacción del Gobierno Autónomo de Canarias”, alerta el experto naturalista en ese informe final sobre su frustrante paso por el Observatorio. Navío, impulsor de este organismo autónomo desde el Cabildo de Lanzarote en junio de 2015, a raíz de su activa participación contra las prospecciones petrolíferas al frente de la Oficina de Acción Global de la isla de los volcanes, no pudo llevar a cabo casi nada de lo previsto, después de 27 meses de espera y otros seis de inoperatividad.

Y los culpables, como se desprende a lo largo de las 18 páginas de su contundente análisis remitido al Gobierno al final de su mandato, en diciembre de 2017, y al que ha tenido acceso este diario a través del portal de transparencia, tienen nombres, apellidos y cargos: desde el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, hasta su viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, pasando por la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto.

“Como coordinador del Observatorio desde abril hasta septiembre de 2017, y como impulsor de la propuesta de creación del Observatorio desde junio de 2015, se me ha apartado inexplicable y deliberadamente de cuestiones fundamentales y no he recibido respuesta alguna a las diversas acciones que he propuesto para activar el organismo en todos los frentes posibles y necesarios”, denuncia Navío en su dossier a la viceconsejera Blanca Pérez, que nunca respondió a sus propuestas.

“Tras dos años y medio involucrado en tratar de impulsar políticas climáticas con el Gobierno de Canarias, puedo afirmar sin ningún género de duda que no existe voluntad política alguna para trabajar sobre este asunto”, sostiene el naturalista radicado en Lanzarote desde que en 1997 abriera la delegación de WWF/Adena.

“Lejos de progresar en una evolución positiva tras constituir el Observatorio (abril de 2017) y a pesar de la reiterada y comprometida implicación del diputado David de la Hoz y del presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés [de CC] –a los que extiendo mi reconocimiento y gratitud por su esfuerzo- para que el Ejecutivo diera pasos efectivos a fin de activar el Observatorio, éste se encuentra aún en peor escenario que en su punto de partida (julio de 2015)”, indica.

Incumplimiento de los acuerdos generales

“Ninguno de los acuerdos comprometidos en el marco general del Observatorio, bien sobre las Comisiones técnicas, bien con el Cabildo de Lanzarote o con el Gobierno de España, se han valorado positivamente o cumplido eficazmente hasta la fecha de hoy” [15 de diciembre de 2017, fecha del informe], incide el que iba a coordinar una política global canaria contra el cambio climático.

“Si el Ejecutivo no tiene la convicción de que este asunto es de la máxima importancia para la sociedad canaria y sus intereses estratégicos presentes y futuros, y si no facilita en la práctica una mínima estructura que pueda operar con agilidad e independencia, el proyecto del Observatorio o de un Comisionado no tiene ningún sentido como es notorio hasta hoy en la práctica”, denuncia Navío.

El científico expone en su informe al Ejecutivo de Fernando Clavijo que “Canarias debe velar por los intereses de su población y, paralelamente, ubicarse en un punto de referencia internacional en la lucha contra el cambio climático por tratarse de un archipiélago de gran relevancia geoestratégica”.

Y aclara: “Pero para alcanzar esos retos decisivos, el Ejecutivo debe acometer con urgencia un giro radical de 180 grados en su concepción de la sostenibilidad ambiental y trabajar de forma independiente y comprometida en la defensa de los intereses canarios amenazados por el fenómeno climático (adaptación), promoviendo al tiempo acciones para reducir sin paliativos las ingentes emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que las islas generan por la combustión de hidrocarburos (mitigación)”.

Una cuestión que nunca se ha abordado por parte de las autoridades canarias, ya que “en contraposición a los esfuerzos que otras comunidades autónomas efectúan para tratar de proteger su territorio frente a los efectos climáticos, diseñando y activando estrategias de adaptación y de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), Canarias promueve un contraproducente inmovilismo que refleja en primer lugar el no reconocimiento tácito de la amenaza y, en segundo término, el absoluto desinterés para trabajar de manera independiente y cohesionada con la sociedad, la comunidad científica, la industria y las administraciones locales a fin de hacer frente a las importantes, múltiples y potenciales vulnerabilidades que el archipiélago experimenta y experimentará por el fenómeno climático”.

El Gobierno de Canarias ha reaccionado a las críticas por no poner en marcha el Observatorio Canario del Cambio Climático ni nombrar comisionado que lo coordine, anunciado hace más de dos años, y ha celebrado este martes la primera reunión de la Comisión del Medio Marino que ha sido presidida por la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez.

Esta reunión llega justo una semana después del revuelo que generaron las declaraciones de la consejera del área, Nieves Lady Barreto, que sostuvo en el Parlamento de Canarias que el Ejecutivo autonómico no se toma en serio el cambio climático porque “es un tema que no nos hemos querido tomar en serio en realidad ningún cargo y ninguna administración, no la canaria, en el mundo”.

Estas palabras tan solo fueron matizadas por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, quien el pasado lunes corrigió a su compañera y sostuvo que “no quería decir” eso, sino que pretendía expresar que “el cambio climático nos implica a todos”.

Según ha explicado la Consejería de Política Territorial y Sostenibilidad del Ejecutivo autonómico la comisión busca “velar por el ecosistema marino y la sostenibilidad de sus recursos”.

La comisión está integrada por representantes de los servicios de Biodiversidad y de Impacto Ambiental de la Consejería de Política Territorial; de las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria; del Instituto Español de Oceanografía; de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) y de la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias.

En el encuentro, en el que también participó la directora general de Protección de la Naturaleza, Susa Armas, se debatió sobre la metodología de trabajo que se va a implantar y la periodicidad de las reuniones.

Asimismo, siempre según la versión gubernamental, se determinaron las herramientas necesarias para llevar a cabo proyectos comunes y los requisitos y medios necesarios para coordinar acciones con el fin de optimizar recursos, detectar necesidades de los equipos y buscar nuevas vías de investigación y cofinanciación.

También se destacó como prioritario crear un repositorio de información sobre el trabajo que se está realizando en cuanto al diagnóstico de la situación actual y las medidas de adaptación y mitigación en la afección al medio marino en torno a los cinco ejes temáticos en los que se vertebrará esta Comisión: protección civil y salud pública, pérdida de biodiversidad y contaminación marina y pesca; así como sus afecciones a las actividades económicas, en general, y principalmente al turismo.

El Gobierno recuerda que el Observatorio Canario del Cambio Climático es un organismo autonómico que tiene como objetivo diagnosticar las causas y los impactos del calentamiento global en el Archipiélago y determinar la respuesta más adecuada a los mismos. Pero hasta la fecha no ha publicado ningún documento de trabajo ni se ha pronunciado sobre las grandes amenazas del cambio climático sobre Canarias ni ha enunciado cuál es la huella de carbono del archipiélago.

A través de este ente, Canarias está representada en la Red Mundial de Observatorios y en los organismos públicos y privados, sociales y científicos dedicados a luchar contra el cambio climático, insiste en Ejecutivo.

La Consejería sostiene que, tras la presentación del Observatorio el pasado mes de abril, se acordó también la constitución de cuatro comisiones sectoriales, que, además de la del medio marino, incluye una sobre el clima, otra sobre la calidad del aire y una última sobre energía y transporte. Ninguna de las tres restantes se ha constituido aún ocho meses después.

El Observatorio Canario del Cambio Climático es un mandato del Parlamento de Canarias y la administración pública canaria se comprometió a crearlo. En abril de este año Barreto difundió que iba a tener su sede en Lanzarote y que su puesta en marcha iba a ser “inminente” con 20.000 euros de presupuesto y con una inversión prevista de hasta cinco millones de euros.

A pesar de esta aparente puesta en funcionamiento del Observatorio, el compromiso público del Gobierno canario contra el cambio climático también recogía el de un comisionado para el cambio climático y la sostenibilidad, cargo que el presidente Fernando Clavijo comunicó en septiembre que se iba a crear y para el que todavía no ha encontrado una persona adecuada.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha asegurado que Nieves Lady Barreto “no quería decir” que el Ejecutivo regional no se toma en serio el cambio climático, palabras que pronunció la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad en el Parlamento el pasado jueves, sino que “quiso abogar porque el cambio climático nos implica a todos”.

Quintero ha matizado las declaraciones de Barreto en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, donde acudió para inaugurar un foro sobre el impacto del cambio climático en la agricultura, organizado por Efeagro con la colaboración de Plátanos de Canarias y la empresa DISA, en el que ha participado COAG.

Durante su breve presencia, pues se tuvo que marchar prácticamente al inicio del acto por su agenda, el responsable del sector primario en el Archipiélago explicó que “el cambio climático es una realidad” y para mitigar sus efectos hay que “tomar medidas” desde todos los sectores de la sociedad.

“Por mucho que hagamos las administraciones públicas, si la parte social, cultural y educativa no nos comprometemos con el cambio climático vamos a seguir acelerando sus efectos”, aseveró.

Sin embargo, la administración pública canaria se comprometió a crear, por mandato del Parlamento autonómico, un Observatorio Canario del Cambio Climático en 2015 y, dos años después, en marzo de 2017, la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad difundió que iba a tener su sede en Lanzarote y que su puesta en marcha iba a ser “inminente” con 20.000 euros de presupuesto y con una inversión prevista de hasta cinco millones de euros. Aún no han celebrado ninguna reunión en este sentido ni se conoce resolución de cualquier tipo.

El agua, el mayor reto del cambio climático en Canarias

“Si hay un reto del sector primario es el impacto del cambio climático” ha reconocido Quintero: “Hemos vivido el impacto de la sequía en toda Europa, en España y también en Canarias”.

Para el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas el mayor reto en este ámbito en el Archipiélago es “cómo garantizar el abasto de agua en la agricultura en unas islas ultraperiféricas”. Para ello, ha incidido en que “se ha hecho una planificación de doce años” y ya han concretado una de sus primeras medidas con el Estado en esta materia.

“Esto se complementará con fondos destinados a las Regiones Ultra Periféricas, lo que permitirá una inversión de 900 millones en esos 12 años con 189 obras”, ha asegurado.

Quintero ha hecho hincapié en la importancia de este acuerdo para islas como Fuerteventura y Lanzarote, que dependen exclusivamente del agua de las desaladoras y las depuradores e incluso para otras como La Palma, cuyo abastecimiento procede de pozos y galerías, y, sin embargo, ya empieza a tener problemas de escasez por la sequía.

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), ha admitido en el Parlamento de Canarias que el Ejecutivo autonómico no se toma en serio el cambio climático porque “es un tema que no nos hemos querido tomar en serio en realidad ningún cargo y ninguna administración, no la canaria, en el mundo”.

“Cuando nos lo empecemos a tomar en serio y en países como Estados Unidos decidan implicarse en esto, cuando nos tomemos en serio que las medidas que hay que adoptar hay que aplicarlas y son transversales de todos los gobiernos, estaremos de verdad trabajando en la lucha contra el cambio climático. El resto es lo que hacemos en proyectos concretos desde el Gobierno y esta consejería, que por otra parte son transversales al resto del Gobierno”, indicó la consejera en la cámara autonómica en respuesta al diputado de Podemos Manuel Marrero, que le cuestionó sobre las propuestas que la delegación canaria había trasladado a la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP23), celebrada el pasado mes de noviembre en la ciudad alemana de Bonn, aunque bajo la presidencia de Fiyi. Una cita en la que sí estuvo el Cabildo de Gran Canaria y en la que avanzó un proyecto de cohesión de los archipiélagos del mundo contra el calentamiento global.

“No hay delegación de Canarias, es del Gobierno del Estado y por lo tanto cualquier propuesta que se quiera hacer es a través de ellos”, respondió Barreto. Marrero lamentó en su turno de réplica que el Archipiélago no se interesara por esta cumbre a pesar de que la ONU “invitó a las grandes ciudades y a los gobiernos regionales”, por lo que “consideraba que el Gobierno de Canarias había delegado en el Estado” y quería conocer “qué propuestas ha llevado Canarias” a una cita en la que los archipiélagos tuvieron un papel relevante como espacios del planeta amenazados por las subidas del nivel del mar. Así mismo, el diputado de Podemos quiso conocer los informes de las anteriores cumbres climáticas en las que sí estuvieron presentes representantes del Ejecutivo de Fernando Clavijo, la de 2015 en París y la de 2016 en Marrakech, que Barreto le aseguró que se las iba a hacer llegar. Son los mismos informes que este periódico ha reclamado sin éxito a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

Marrero también hizo referencia a un artículo de opinión del diputado de CC David de la Hoz, que asistió a título personal a la COP23, en el que expresaba el papel de liderazgo en la diplomacia del clima que debería de ejercer Canarias. “Yo en este caso no tendría dudas de que tendría que ejercer un liderazgo en la diplomacia del clima y en la lucha contra el cambio climático, el problema no está en eso si no en qué se está haciendo, no creo que este Gobierno sea el que lo vaya a liderar”, apuntó el diputado de Podemos, y recordó que desde el año 2008, cuando dimitió Faustino García Márquez al frente de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y de Lucha contra el Cambio Climático, las Islas no han contado con ningún organismo similar. “Se creó el Observatorio Canario del Cambio Climático y no hemos sabido nada más”, en alusión a que a pesar de que el Ejecutivo anunció su puesta en marcha hace ya dos años, este aún no está en funcionamiento.

“¿Dónde tiene físicamente sede el Observatorio?, ¿con qué personal contratado cuenta en la actualidad?, ¿cuál es su presupuesto?, ¿cuál es la hoja de ruta que se ha marcado ese órgano?, ¿cuál es el calendario de actuaciones?, ¿cuántas veces se ha reunido?, ¿hay actualmente alguna Estrategia Canaria de lucha contra el cambio climático?, ¿cuál es el inventario de las acciones adoptadas desde 2008 en materia de mitigación y de adaptación y de los resultados esperados de las mismas?”, ha requerido al Gobierno el diputado morado, que además reprochó a la consejera que la lucha contra el cambio climático “no les importa mucho” ya que “siguen apostando por la contaminación, aunque digan lo contrario, al negarse a reconsiderar la introducción del gas como energía de transición” en el modelo a implantar en Canarias y porque siguen “empeñados en el negocio del piche y del cemento, dispuestos a levantar todas nuestras calles para colocar una energía sucia y contaminante en nuestras casas. ¿Cuáles son las razones últimas para que sigan apostando por otro hidrocarburo, otra energía fósil, como el gas?” se ha preguntado Marrero.

Barreto contestó que la lucha contra el cambio climático debe ser “transversal” y que “no es una cuestión de Canarias, ni es cuestión de una consejería, ni es una cuestión ni tan siquiera de España, es una cuestión de todo el mundo y cuando nos empecemos a creer eso de verdad todos, no solo quien lleva un área en concreto, si no en general todos, los que tienen una responsabilidad y aquellos que tienen que aplicar las medidas que se adopten, podremos decir que estamos adoptando medidas concretas, reales, para mitigar el cambio climático”.

Sobre el Observatorio Canario del Cambio Climático, compromiso incumplido desde 2015 por su Consejería, la consejera palmera sostuvo que “se ha puesto en marcha” porque en mayo se contrató una asistencia técnica “que finalizó el 15 de noviembre para coordinar comisiones” y que además el Gobierno está “trabajando con el mundo científico de Canarias en este sentido; no nos estamos ciñendo solo al ámbito de la consejería, pero desde la consejería se llevan proyectos con fondos europeos para en determinados ámbitos no solo hacer estudios, sino mitigar”.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, desde que Barreto anunciara hace poco más de dos años la creación de este organismo la única novedad que se ha conocido del mismo se produjo en marzo de este año, cuando la Consejería difundió que iba a tener su sede en Lanzarote y que su puesta en marcha iba a ser “inminente”. Ninguna de las comisiones que teóricamente la componen se ha reunido y, por lo tanto, no se conoce ninguna resolución de cualquier tipo.

A esta iniciativa contra el calentamiento global incumplida hay que añadir la del comisionado para el cambio climático y la sostenibilidad, cargo que el presidente Fernando Clavijo comunicó en septiembre que se iba a crear y para el que todavía no ha encontrado una persona adecuada.

Dos años después de que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, anunciara la creación del Observatorio Canario del Cambio Climático, del que formarían parte las dos universidades canarias y los agentes sociales del Archipiélago, ese organismo sigue sin entrar en funcionamiento, a pesar de que fue un mandato del Parlamento regional.

En todo este tiempo la única novedad que se ha conocido se produjo en marzo de 2017, dieciséis meses después del primer anuncio, en el que la consejera Nieves Lady Barreto comunicaba que la puesta en marcha iba a ser inminente y que la sede se ubicaría en Lanzarote, de manera temporal en el edificio del Cabildo insular, aunque estaba previsto trasladarla en el futuro a las nuevas instalaciones que la corporación insular está preparando para acoger a la Reserva de la Biosfera.

En esa rueda de prensa celebrada en Arrecife, Barreto sostenía que este proyecto es “largamente acariciado por este Gobierno” y que para ello se iba a destinar una partida presupuestaria de 200.000 euros, pero con una inversión prevista de hasta cinco millones de euros.

La realidad muestra que la palabrería del Ejecutivo está muy lejana de la realidad y de los actos. De hecho, es “tan acariciado” el proyecto por parte del Gobierno dirigido por Fernando Clavijo que en todo este tiempo no se ha celebrado ni una sola comisión técnica, ello a pesar de que Barreto sostenía que existía “un intenso proceso de trabajo previo”.

Hace ya ocho meses se daba a entender a la opinión pública que el arranque era inminente y se explicaba que su creación permitiría integrar a Canarias en la Red Mundial de Observatorios y en los organismos públicos y privados, sociales y científicos, dedicados a la lucha contra el cambio climático, además de incentivar la puesta en marcha de este tipo de órganos en el área de la Macaronesia.

A preguntas de este periódico sobre los motivos de estos continuos incumplimientos y anuncios en falso, desde la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad contestan que para esta última semana de noviembre se anunciarán novedades para la Oficina del Clima, pero no para el Observatorio

Mientras el Gobierno de Canarias incumple con sus compromisos, otras instituciones como el Cabildo de Gran Canaria avanzan con oficinas contra el cambio climático a velocidad de crucero. La Corporación que preside Antonio Morales firma incluso convenios internacionales para convertirse en líder institucional en esta materia en esta zona del Atlántico, una de las mayores productoras de gases con efecto invernadero por la presión que ejercen las actividades relacionadas con el turismo, particularmente la aviación civil.