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RADIOGRAFÍA DE UN FRACASO AMBIENTAL (III)

La Ley del Suelo del Gobierno de Canarias es incompatible con la lucha contra el cambio climático

El Ejecutivo de Fernando Clavijo la exhibe como bandera medioambiental, pero en esa norma estrella solo se aborda cómo trasladar edificaciones de la costa

El informe del excoordinador del Observatorio recomienda reconsiderar la Ley del Suelo desde la perspectiva climática para mitigar la emisión de gases

Pidió al Ejecutivo trabajar “de manera urgente y prioritaria” en la diagnosis de riesgos climáticos: tormentas tropicales, olas de calor extremo o sequías

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Fernando Clavijo, en su visita al primer aerogenerador marino de España

Fernando Clavijo en su visita al primer aerogenerador marino de España Presidencia del Gobierno / Manuel Lérida

Las evidencias de que Canarias no está preparada para combatir con criterios y rigor científicos los efectos del cambio climático, reflejados en el informe que el excoordinador del Observatorio Canario de Cambio Climático, Ezequiel Navío, remitió en diciembre de 2017 a la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, han llevado al Gobierno de Canarias a replicar que su principal baza contra el fenómeno natural es la polémica Ley del Suelo y de Espacios Naturales de Canarias

Como si de levantar molinos de viento –casi 15 años después de entramparse CC y PP en el primer concurso eólico que ahora se juzga en el Audiencia de Las Palmas- se tratara, la portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila, puso el lunes de ejemplo, a raíz de la publicación de la primera entrega del informe, los “muchísimos megavatios” implantados gracias a esa controvertida norma. 

Sin embargo, del estudio de esa ley se deriva que es incompatible ahora mismo con la lucha contra el cambio climático. Y el propio experto naturalista hace referencia a ello en su análisis a la hora de despedirse como coordinador del Observatorio. 

“En síntesis, las tres ocasiones en que la Ley del Suelo menciona el cambio climático es para resolver posibles futuros casos de traslados de edificaciones en el litoral costero, o para delegar acciones en administraciones locales, debiendo elaborar éstas la correspondiente planificación y diagnosticar potenciales impactos derivados del calentamiento global”, expone Navío a Blanca Pérez. 

Es decir, que la norma se preocupa expresamente de asuntos de calado urbanístico derivados de fenómenos naturales, como consecuencia de aplicar la Ley de Costas, de medidas para luchar contra el cambio climático, incendios forestales, etc., quién debe demoler edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre o en zonas de servidumbre de tránsito, y trasladar a usuarios y afectados. 

“Este hecho –continúa Navío- es, desde todo punto de vista, incorrecto, ya que como es obvio y como sucede en otras Comunidades Autónomas, la necesaria transversalidad de las acciones de adaptación y mitigación requiere ser tutelada por el Ejecutivo autonómico y el Estado apoyando, en este caso, a Cabildos y Ayuntamientos mediante una Estrategia de sostenibilidad y cambio climático adaptada a las especificidades del archipiélago en su conjunto, y a cada una de las Islas Canarias de forma individual”. 

Y se explica más detalladamente el científico: “Un ayuntamiento puede suscribir el Pacto de Los Alcaldes (instrumento de la Unión Europea para reducción de huella de carbono) e implementarlo en su municipio, pero los impactos derivados del fenómeno climático como olas de calor extremo, lluvias torrenciales, alteraciones del medio marino y terrestre en el medio físico y en su biodiversidad, incendios, así como acciones de mitigación sobre fuentes energéticas, deben ser auspiciadas e implementadas con la imprescindible cooperación del Gobierno Autónomo”. 

El excoordinador del Observatorio Canario de Cambio Climático [ ese que vuelve ahora anunciar el Gobierno canario, en un pleno para el 16 de julio, cuando hasta la fecha solo hablaba de un comité de expertos sustituto del fenecido Observatorio] apunta todos estos extremos de cambio climático en relación a la Ley del Suelo en un apartado de recomendaciones específicas al Ejecutivo de Clavijo, y en el que también hace referencia a las emisiones de gases de efecto invernadero. 

“Paralelamente, -apunta en ese sentido el informe- la citada Ley no contempla medidas específicas concretas de reducción de gases de efecto invernadero, pero numerosas actividades económicas o productivas vinculadas a los escenarios territoriales, representan hoy día fuentes de emisión de estos gases que deberían regularse para acometer su reducción progresiva hasta alcanzar la neutralidad cero en emisiones GEI en el menor tiempo posible”. 

Diagnosticar los riesgos climáticos de las Islas 

Las recomendaciones con que el coordinador del Observatorio Canario de Cambio Climático ponía fin a seis meses de inactividad, después de otros 27 de espera para su puesta en marcha, incluyen también la necesidad de diagnosticar los riesgos climáticos de las Islas en el menos tiempo posible. 

Ezequiel Navío apuntaba la urgencia de adaptar el reglamento del Observatorio a uno similar en capacidad de decisión técnica e independencia como la Agencia de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático que realizó sus trabajos entre 2009 y 2012, para así poder elaborar una Estrategia de Acción Climática adaptada a la realidad, con la participación de administraciones, universidades y colectivos. 

En este sentido, la urgencia se basaba en configurar una hoja de ruta “consensuada y medible en sus objetivos generales y específicos, incorporando responsables, calendarios, indicadores y compromisos”. Y así, recomendaba, que debe forma paralela a esa hoja de ruta, se trabajara “de manera urgente y prioritaria” en la diagnosis de riesgos climáticos para las Islas. 

“Fenómenos meteorológicos adversos como tormentas tropicales y huracanes, olas de calor extremo y largos periodos de sequía, calimas más extensas, lluvias torrenciales y aguas de escorrentía, o fenómenos marinos como acidifcación y calentamiento del medio acuático –cianobacterias, entre otros-, incremento del nivel mar, cambios en los modelos y dinámicas de corrientes y temperaturas, son factores que deben abordarse con urgencia”, señala Ezequiel Navío. 

De ahí que, en este apartado, recomendara “encarecidamente” al Ejecutivo regional que se trabajara con entidades científicas, sociales y empresariales sin demora en un Plan de Acción frente a fenómenos meteorológicos adversos (FMA). 

El lunes, en su defensa de la Ley del Suelo como ejemplo de lucha contra este fenómeno, Rosa Dávila también mencionó la futura Ley de Cambio Climático de Canarias, cuyo primer borrador acaba de salir a exposición pública este viernes. Y que dará respuesta al informe de Ezequiel Navío el 16 de julio en el anunciado pleno del Observatorio.

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