Hay debates que trascienden generaciones, que aparecen en la cena de Navidad, en el descanso del trabajo o mientras se ve un partido de fútbol: uno de los más clásicos en España es la eterna discusión sobre la tortilla de patatas, y más concretamente, si debe llevar cebolla o no. Durante décadas, este dilema ha dividido a familias, bares y grupos de amigos, generando conversaciones apasionadas y, a veces, incluso ligeros conflictos.

Ahora, por primera vez, una encuesta nacional realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pone números a esta guerra gastronómica y ofrece datos contundentes que dejan pocas dudas: la tortilla con cebolla se lleva el gato al agua.

Cebolla, la vencedora indiscutible

Según el CIS, tres de cada cuatro españoles (un 75%) prefieren la tortilla de patatas con cebolla, un porcentaje que evidencia la fuerza de esta opción frente al bando que defiende la tortilla sin hortaliza, que se queda con solo una cuarta parte de los votos.

La encuesta demuestra que, aunque la discusión siga viva en bares y reuniones familiares, el consenso a nivel nacional se inclina claramente hacia la versión que incluye cebolla. Para muchos, es un ingrediente que potencia sabor y jugosidad, y que convierte cada bocado en una experiencia más completa.

El punto de cocción, el nuevo frente abierto

Si en el debate sobre la cebolla hay casi unanimidad, en lo que respecta al punto de cocción de la tortilla, los españoles se dividen más. El 53,3% de los encuestados admite que le gusta la tortilla “poco hecha”, jugosa y con el huevo ligeramente líquido, la versión que a menudo genera comentarios sobre si está cruda o no.

En el extremo opuesto, un 28,9% se decanta por la tortilla bien cuajada, firme y sin rastro de huevo líquido, más cómoda de cortar o preparar en sándwich. Entre ambos polos, un 15,5% busca un término medio, una textura equilibrada que combine jugosidad con consistencia.

Estos resultados revelan un cambio de sensibilidad: cada vez más personas se acercan a la tendencia de la alta cocina, donde la tortilla jugosa gana prestigio y rompe con la idea de que solo la versión sólida es la correcta.

Un plato que sigue generando pasión

Más allá del sabor, la tortilla de patatas es un símbolo cultural, un plato que despierta pasiones como si se hablara de fútbol o política. La encuesta del CIS simplemente traduce en números lo que durante años ha sido un debate de bar y de cocina doméstica.

El resultado es claro: la mayoría defiende la tortilla con cebolla, mientras que una minoría mantiene que la versión sin hortaliza es la auténtica. En cuanto al punto de cocción, el consenso aún está lejos, aunque la tendencia parece inclinarse hacia la tortilla jugosa.

Sea como sea, el conflicto español más delicioso sigue vivo, y probablemente seguirá generando conversaciones durante muchos años más. Porque en España, hablar de tortilla de patatas es mucho más que hablar de comida: es una tradición que une y divide a partes iguales.

Aunque el miércoles será el turno de los portavoces parlamentarios para responder a Gonzalo Capellán en el Debate del Estado de la Región, ya han reaccionado a la intervención del presidente en la primera sesión.

PSOE: “Capellán siguen en esa senda de tirar de chequera con los recursos públicos, sin ningún tipo de criterio de renta ni de progresividad”

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, ha considerado hoy que el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, “no ha identificado los retos y los desafíos reales de la comunidad autónoma” en el Debate sobre el Estado de la Región. García ha creído que La Rioja “tiene retos que el presidente no está afrontando”.

“Los jóvenes no tienen como prioridad ahora mismo comprarse un vehículo, lo que necesitan es un empleo mejor y un acceso a la vivienda mejor”, ha reprochado a Capellán el portavoz de los socialistas. “Hemos escuchado”, ha dicho, “ayudas directas universales, las ha llamado él; siguen en esa senda de tirar de chequera con los recursos públicos, sin ningún tipo de criterio de renta ni de progresividad”. Le ha “preocupado enormemente” que haya dedicado “más tiempo a hablar de política nacional que, por ejemplo, de los problemas del sector agroganadero”.

Ha apuntado el hecho de que haya anunciado, no ya una subida de impuestos, sino “la creación de un impuesto”, lo cual ha visto como una “falta de coherencia en su discurso con lo que tiene que ver con la fiscalidad”. Ha señalado que ya hay un impuesto que grava a las instalaciones de este tipo, pero ha preferido “ser prudente” hasta saber “si va a complementar ese tributo, si lo va a sustituir o en qué va a consistir” y, por tanto, ha esperado a conocerlo y “analizarlo a fondo”.

Con respecto al pacto de región, entre los partidos políticos, propuesto por el presidente Capellán para hacer frente a la financiación singular de Cataluña, ha creído que “no es positivo confrontar a La Rioja con la comunidad autónoma de Cataluña”. Ha reprochado a Capellán que “se ha atrevido a aseverar que va a haber menos recursos para La Rioja” creyendo que “es atreverse demasiado”. “Él, que siempre intenta dar un perfil moderado y prudente en este caso no lo ha sido”, ha señalado.

VOX: “Capellán sigue con la dinámica de las políticas socialistas”

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda, ha calificado de “decepcionante” el discurso del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, en el primer día del Debate sobre el Estado de la región. A pesar de ello ha asegurado tender la mano al Gobierno del PP en lo anunciado sobre el posible pacto de región con las diferentes formaciones políticas riojanas ante el concierto catalán.

Como ha manifestado “somos muy conscientes de lo que los riojanos nos pidieron el 28 de mayo en las urnas, La Rioja votó preferentemente derecha y el señor Capellán sigue aplicando desde un primer momento políticas socialistas en nuestra región”. “Ha hablado de que él es un presidente que lleva a cabo un gobierno moderado que intenta no levantar suspicacias, pero la realidad es que lo único que está haciendo es seguir con la dinámica de las políticas socialistas”.

Así -lamenta- “cuando vienen problemas como el concierto catalán y otras situaciones en las que los riojanos nos vemos gravemente perjudicados, parece que es entonces y solamente entonces cuando Gonzalo Capellán está dispuesto a poner pie en pared y a enfrentarse a Pedro Sánchez y, en cierta medida, a los líderes de su formación política”. “Se puede decir que en la Comunidad de Madrid, Ayuso es un verso libre, pero en el resto de regiones es más de lo mismo”.

Sobre el futuro curso político -explica- “no tenemos muchas esperanzas. Capellán ha dicho que el 2025 iba a ser un año espectacular, nosotros -desde Vox- rebajamos un poco las expectativas, nos conformamos con que sea un año mejor que el anterior y, evidentemente, mucho mejor que los cuatro años de gobierno de la socialista Concha Andreu, pero ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos”.

IU: “Lo que hace el Gobierno de La Rioja es beneficiar a las rentas más altas”

La portavoz del Grupo Parlamentario de IU-Podemos, Henar Moreno, tiende la mano al Gobierno de Gonzalo Capellán en contra de un posible cupo catalán pero pide que sea un pacto que “hable realmente de política, no para hacer titulares y no para seguir utilizando a nuestra comunidad autónoma para hacer oposición al Gobierno de España”. Le ha pedido -en definitiva- que hable de “política” que realmente “ayude a los riojanos”.

“Nosotros nos hemos posicionado claramente en contra de un supuesto pacto o cupo con Cataluña pero, en ese sentido, también entendemos que lo que toca es hablar de lo que ya es realidad. Tocará debatirlo más adelante” pero desde IU le “tendemos la mano a ese ofrecimiento para un acuerdo de comunidad autónoma pero que aborde, desde luego, la financiación de manera transversal”.

En este sentido, ha matizado, “no solo para la financiación autonómica sino que apostemos realmente por un sistema fiscal y un sistema de financiación que sea solidario, no solo entre territorios, sobre todo que no beneficie a los que más tienen”. Para Henar Moreno “no se puede abordar la financiación autonómica sin abordar de una vez por todas esa financiación municipal, que es la gran deudora de la financiación en nuestro país”.

Entrando en el fondo -prosigue- “todos los que estamos aquí sabemos de la situación de los riojanos y poco tiene que ver con lo que él define. Nos habla de muchas cifras, nos hace anuncios falsarios... porque la realidad es que habla de incrementos presupuestarios, por ejemplo, en educación, que luego no se concretan con la realidad”.

Desde IU critican que “a pesar de que hable de los riojanos, ”lo que hace el Gobierno de La Rioja es beneficiar a las rentas más altas“ como ”ha hecho“ con, por ejemplo, ”la recuperación de la bonificación sobre el impuesto del patrimonio“. También lamenta lo dicho ”sobre la situación de la sanidad o las listas de espera“, sobre todo, ”cuando muchos de nosotros tenemos que llamar a nuestro médico de Atención Primaria o acudir a urgencias y vemos las largas horas de espera“. Además ”hoy ha hablado de empresas, empresas y empresas“ pero ”la riqueza en nuestra comunidad autónoma la generan no solo las empresas sino también el esfuerzo de los trabajadores“ pero a ellos ”ni una sola mención“.

En este sentido, indica, “seguimos con el café para todos, con las paguitas, con esas ayudas a los autónomos con independencia de que ganen 60.000, 100.000 o 200.000 euros al año... nosotras creemos que tenemos que apostar por la redistribución de la riqueza y para eso hay que revertir toda la política fiscal que se ha hecho en este último tiempo”. Para IU de lo que hay que hablar es de “esas familias que no llegan a fin de mes, eso es lo que es el estado de la región”.

PP: “Una intervención muy pegada a los riojanos”

Sin embargo, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, ha valorado como “realista” y “muy pegado a los riojanos” la intervención de Gonzalo Capellán en el primer día del Debate sobre el Estado de la Región. Además ha pedido al resto de grupos políticos de la oposición que secunden el pacto de región que ha ofrecido sobre el cupo catalán y que “estén a la altura de esta alarma que estamos sufriendo los riojanos”.

Una intervención que, para su grupo parlamentario, ha estado “pegada al terreno, pegada a La Rioja”. Unas palabras que defiende porque “Gonzalo Capellán conoce el terreno que pisa”. “Estoy muy de acuerdo con muchas cuestiones que ha dicho el presidente pero la principal por la que estoy de acuerdo es porque lo que necesita nuestra tierra es un Gobierno que ofrezca soluciones a los problemas reales de la Rioja”.

“Que los ofrezca a través del diálogo y el trabajo constante. Para hacer mejor nuestra tierra y para hacer mejor el futuro de todos los riojanos”.

En este sentido -considera- “yo creo que ha habido un tema importante y crucial en este momento para La Rioja que es el tema de la financiación autonómica. Secundamos y apostamos por el pacto de región que ha ofrecido el presidente porque estamos ante una cuestión que puede tener consecuencias para el bienestar y para los servicios públicos de los riojanos”.

En definitiva -ha explicado- el líder del Ejecutivo regional ha ofrecido “un discurso realista, ambicioso y que ha desgranado muchísimos proyectos para poner en marcha a lo largo del 2025 y en los siguientes años”. Todo ello con los riojanos “como protagonistas” pero también “los jóvenes, que son el presente y el futuro de nuestra tierra y también en el medio rural”.

Gonzalo Capellán iniciaba este martes su primer Debate del Estado de la Región como presidente del Gobierno de La Rioja. A las 11.00 horas arrancaba en el Parlamento de La Rioja la primera sesión en la que el presidente puede intervenir por tiempo ilimitado. Así, a lo largo de casi tres horas, ha repasado algunos de las medidas puestas en marcha por su gobierno a lo largo del último año, ha lanzado críticas al Gobierno de España y al anterior Gobierno regional y ha presentado algunos anuncios de próximas políticas que pondrá en marcha.

Pacto de región sobre financiación autonómica

Tras asegurar que “el mayor riesgo que afronta nuestras región” es la financiación de Cataluña, ha planteado a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios un pacto de región soobre este asunto. “Les convocaré para concitar el mayor acuerdo social posible en defensa de una financiación justa para La Rioja y para los riojanos”, ha dicho.

Capellán ha reiterado “la más firme oposición a esta maniobra política” y ha señalado que “La Rioja, y los riojanos, no pueden perder ni un solo euro para el mantenimiento de sus políticas públicas. Y la defensa de este principio, juntos con los de igualdad, solidaridad y redistribución de la riqueza es el único mandato al que nosotros nos debemos”.

Ayudas a la compra de vehículos nuevos

Durante su intervención, Capellán ha anunciado que, a partir del próximo 1 de octubre, “el Gobierno de La Rioja activará, a través de la ADER, una nueva línea de ayudas directas por importe de 2.000 euros destinada a la compra de un vehículo nuevo por parte de particulares y empresas que permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre”.

El objetivo de este plan autonómico de compra bonificada, cuyos detalles se conocerán próximamente, es “contribuir a renovar el envejecido parque de vehículos de nuestra Comunidad, impulsar el sector de la automoción, mejorar las emisiones y ganar en seguridad. A esta medida dedicaremos 2 millones de euros de los Presupuestos Generales de la Comunidad hasta final de año”, ha apuntado.

Medidas para los pequeños municipios

Entre los anuncios que ha presentado hoy el presidente de La Rioja, varios han ido dirigidos al medio rural y sus pequeños municipios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y los servicios de los que disponen. En este sentido, ha avanzado un plan “contra la exclusión financiera en los pequeños municipios, con una partida específica en los próximos presupuestos para facilitar el acceso a los servicios bancarios a los riojanos que residen en el medio rural”.

A su vez, ha detallado una inédita partida presupuestaria “exclusiva para ayudar a los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes de nuestra región a tramitar expedientes de declaración de ruina de edificios, con el objetivo de poder hacer frente a este tipo de procesos y poder rentabilizar las opciones que ofrecen esas dependencias para el municipio”. 

Otra de las medidas en las que trabaja el Gobierno de La Rioja destinada a los vecinos de los pequeños municipios es la dirigida a disponer en estas localidades con un centro de ocio y sociabilidad intergeneracional “que constituya un punto de encuentro para vecinos de distintas edades, con la idea de que se conviertan en un recurso dinamizador de la vida social, favoreciendo el fortalecimiento de los nexos de unión de los vecinos”.

Nuevo impuesto a instalaciones de generación de energía

En materia medioambiental, Gonzalo Capellán ha anunciado la creación de un nuevo impuesto para las grandes infraestructuras de generación de energía eólica y fotovoltaica, “que revertirá en la mejora de la protección del paisaje, excluyendo del mismo a las instalaciones destinadas al autoconsumo y las de menor potencia, que no tienen efectos negativos sobre el paisaje o sobre los usos prioritarios del suelo”. En este ámbito, ha señalado que a principios de otoño comenzará su tramitación parlamentaria la nueva Ley del Paisaje, “para la que solicito su apoyo expreso en orden a proteger los valores de nuestro territorio”, ha señalado.

Posible comienzo de las clases del grado de Medicina

También se ha referido al avance de la implantación del Grado de Medicina en la Universidad de La Rioja. El Gobierno de La Rioja va a convocar el concurso de ideas para la construcción del edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud con previsión de que el edificio pueda estar construido a finales de 2027. No obstante, ha anunciado también que trabaja con la Universidad para que los estudios de Medicina en La Rioja puedan dar comienzo con anterioridad a esa fecha.

La Universidad de La Rioja ha protagonizado otro de los grandes anuncios de la jornada, ya que contará con la mayor inversión pública –complementaria a la financiación ordinaria- “nunca antes realizada con cargo a los presupuestos regionales para la mejora del equipamiento y material científico-tecnológico”.

En lo referido a Educación, ha asegurado que los Presupuestos de La Rioja para 2025 la partida “ volverá a marcar un máximo histórico, tanto en personal como en el conjunto del presupuesto educativo, que superará los 430 millones de euros”.

Plan de modernización de infraestructuras deportivas

Entre los últimos anuncios que contenía su discurso se incluía un Plan de ampliación y modernización de las infraestructuras deportivas de nuestra Comunidad en Logroño, cabeceras de comarca y principales núcleos de población de nuestra región con una dotación que superará los 12,85 millones de euros. Un plan que se extenderá por todo el territorio regional con otras dotaciones adicionales acordes a la dimensión y usuarios de los distintos municipios. 

En este momento se ha referido a los alcaldes que le acompañaban en el hemiciclo, como al también portavoz del PSOE, Javier García, con quien se ha comprometido a financiar un nuevo polideportivo para Arnedo y con especial énfasis al alcalde de Nájera, Jorge Salavarri, al que le ha confrmado que su ciudad tendrá nuevos campos de fútbol de hierba artificial. También ha anunciado que construirán una pista de pádel en Sotés.

Después de la intervención y los anuncios de Gonzalo Capellán, el Debate del Estado de la Región se retomará este miércoles a las 9.00 horas con las respuesta de todos los grupos parlamentarios.

Gracias al debate del Estado de la Nación ahora sabemos que aquello de que Madrid es España, ese delirio de Díaz Ayuso del que tanto nos reímos, lo comparte también el presidente del Gobierno. Cuarenta y cuatro millones de personas que en España no vivimos en Madrid capital nos pudimos enterar de que por allí tienen un problema con una promoción urbanística en una zona que llaman Campamento. Por muy calcado que ese problema sea a cualquier otro de cualquier otra ciudad, Pedro Sánchez consideró que ninguno más merecía el estatus de cuestión de estado, así que anunció en el debate de la nación que iba a desbloquear la operación urbanística.

A 44 millones de residentes en España se nos quedó la misma cara que si a los madrileños, y a casi todo el resto del país, les hubieran anunciado en el debate del Estado de la Nación que el consejo de ministros, por fin, paralizaba la tramitación para la torre del puerto, que ustedes no saben qué es. Para Pedro Sánchez, a todos nos tenían que resultar de vital interés los problemas de una barriada de Madrid, pero no, por ejemplo, que en un dique de Málaga se vaya a construir un rascacielos con gravísimos costes medioambientales para la bahía. Ese de la torre del puerto es un proyecto que ha despertado un enardecido rechazo popular en Málaga, y en última instancia su tramitación, como la de Campamento, depende del Gobierno central. Nadie en Málaga, ni en cualquier otra ciudad que no fuera Madrid, habría entendido que el debate de la nación se convirtiera en un pleno municipal.

Por si fuera poco, en su estrecha concepción de la nación, Sánchez también anunció la gratuidad para los trenes de cercanías y media distancia. ¿Saben qué provincia encabeza el ránking de ciudades con más de 50.000 habitantes sin tren? Málaga, sí, que por increíble que parezca no tiene conexión ferroviaria de su capital con ninguna de las otras tres ciudades más pobladas, Marbella, Mijas y Vélez-Málaga. De hecho, Andalucía, la Comunidad más poblada de todo el país, encabeza igualmente ese ránking autonómico, de modo que hubiera sido pertinente que el presidente explicara que igual esa medida de la gratuidad estaba principalmente destinada, otra vez, sí, a Madrid. De hecho, podría haber anunciado que por fin se cumplía la promesa de conectar esas ciudades por tren, algo que lleva décadas esperando un rimbombante desbloqueo como el de Campamento. Da igual; si se desbloqueara, nunca se anunciaría, con toda lógica, en un debate del Estado de la Nación.

De todas formas, lo más sonrojante fue que anunciara que iba a meter un impuesto especial a la banca y las eléctricas: especial porque solo va a durar dos años, como si el problema con sus beneficios indecentes fuera temporal

Se conoce que a Sánchez el problema con esa promoción urbanística le parece una cuestión de Estado más relevante que las vergonzosas muertes de Melilla, por las que su ministro Grande-Marlaska va a tener que dar explicaciones en Bruselas. Por supuesto, es mucho más relevante que su decisión de duplicar el presupuesto en armamento mientras España arde sin dotaciones suficientes de bomberos.

En el fondo, la batería de medidas que Sánchez anunció parecía más bien una pedrea con la que repartir miseria y recoger antes de que saliera el gordo. De lo contrario, en lugar de ese problema local de Madrid con algunas viviendas, nos habría explicado cómo iba a revertir el modelo especulativo que en España convierte la vivienda en un producto de mercado, y no en un bien social. También qué va a pasar con los inmuebles de la SAREB, con las subidas de las hipotecas, con la insuficiente ley de los alquileres, con la vivienda social, etc.

Del mismo modo, a la vez que anunciaba la gratuidad de los cercanías y medias distancias, hubiera estipulado el aumento de la frecuencia, como resultaba evidente. Además, por fin habría decretado que el AVE no puede tener precios para unos pocos, que se van a recuperar todas las líneas perdidas y a construir otras necesarias.

De todas formas, lo más sonrojante fue que anunciara que iba a meter un impuesto especial a la banca y las eléctricas: especial porque solo va a durar dos años, como si el problema con sus beneficios indecentes fuera temporal, y no estructural gracias a una legislación que sí supone, y de qué manera, una cuestión de Estado.

Al final, entre problemas que eran locales y otros estructurales que no abordaron, pareció que más que el debate del estado de la nación estábamos ante el debate del estado del gobierno. Y como sigan así va a ser igual que el impuesto especial: temporal.

Un 24,1% de los españoles que vieron el debate sobre el estado de la nación cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió vencedor de esa cita, que se celebró en el Congreso la semana pasada, según un informe especial del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este martes que revela, no obstante, que más de la mitad de los que vieron el debate consideraron que no abordó los problemas reales que afectan a los españoles. Un 54% ni siquiera lo siguió en algún momento.

El Congreso de los Diputados celebró entre el martes y el jueves de la semana pasada el primer debate sobre el estado de la nación en siete años. El presidente del Gobierno, que se enfrentaba a la primera cita de este tipo desde que llegó a la Moncloa, defendió su gestión y anunció una batería de medidas para enfrentar los efectos de la inflación, entre ellas, un impuesto extraordinario a las energéticas y las grandes entidades financieras.

Cerca de una mayoría de las personas que siguieron esta sesión o que tuvieron conocimiento de lo que allí se debatió quedaron satisfechas con la intervención del presidente, según este barómetro especial del CIS. Un 10%, sin embargo, prefirió los discursos de la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y un 6% considera que quien mejor se desenvolvió fue el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal.

Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, gustó a casi un 5% (4,9) de los encuestados y un 4,2% prefirió la tensa intervención de Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana, que aprovechó sus minutos en la tribuna para cargar contra el Gobierno por las muertes de inmigrantes en su intento de cruzar a España por la frontera de Melilla.

El CIS pregunta a los encuestados por las sensaciones que les transmitieron los diferentes líderes en sus discursos. Un 33,2% de los encuestados cree por ejemplo que Pedro Sánchez apenas transmitió confianza acerca del futuro económico del país y un 30% cree que lo hizo “poco”. Solo un 34,5% de ellos considera que el jefe del Ejecutivo consiguió trasladar a sus oyentes mucha o bastante confianza en el devenir de la economía española.

Tras el discurso del presidente, un 62,2% considera que demostró conocer los problemas del país, pero solo un 53,1% cree que demostró sensibilidad hacia esos problemas que afrontan los españoles. Además, casi seis de cada diez encuestados creen que el jefe del Ejecutivo no se mostró realista en sus diagnósticos y propuestas durante el debate.

En el caso de Cuca Gamarra, más de un 60% cree que de su discurso y las réplicas a Sánchez se puede inferir que no está preparada para asumir el Gobierno del país, si bien solo intervino como portavoz del PP y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se sentaba a su lado sin poder hablar, puesto que es senador y no tiene permitido hacer uso de la palabra en el Congreso en este tipo de debates.

Más de la mitad de la población no siguió el debate

Este barómetro especial revela sin embargo que más de la mitad de los españoles no siguieron el debate y que una amplia mayoría no considera útiles estas citas. Un 54% de los españoles no vio el debate en ningún momento de los tres días que se extendió. Por otro lado un 27,2% cree que no sirven para nada y un 36,9 piensa que son de poca utilidad. Apenas un 9,2% de los encuestados considera que estas sesiones parlamentarias son útiles.

En esta línea, algo más de la mitad de los encuestados cree que los discursos no se centran en las preocupaciones reales de los españoles. Un 15,8% cree que no tratan nada que realmente afecte a los ciudadanos, mientras que un 34,3% cree que son pocas las preocupaciones reales que se debaten en este tipo de citas. Un 30% considera que sí se tratan bastante problemas reales y un 14,8% cree que lo hacen “mucho”. De todos los encuestados, un 25% ni siquiera tuvieron conocimiento de que el debate se había producido.

De aquellos que vieron o tuvieron conocimiento del desarrollo del debate, un 42,5% afirma que el tema principal que se abordó en el Congreso la semana pasada fue la crisis económica o problemas de esta índole. El resto de personas se dividen entre la subida de las tarifas energéticas, las medidas económicas anunciadas por Sánchez, la Ley de Memoria Democrática o los impuestos a las eléctricas y la banca, a la hora de decidir qué asuntos priorizaron los diputados.

El CIS también pregunta en este barómetro sobre el nivel de crispación que se vivió en la cita parlamentaria. Una mayoría cree que el desarrollo del debate fue muy conflictivo (12,2%) o bastante conflictivo (40,6%) y solo un 4,9% cree que durante los discursos apenas hubo tensión.

Ha concluido el debate sobre el estado de la nación y ni siquiera me voy a referir a quién lo ha ganado, indiferentemente de que la demoscopia amiga, en aras de su reputación profesional para cuando llegue el momento, no haya tenido más remedio que reconocer la apabullante derrota dialéctica de la derecha, concediendo incluso que, en el campo semántico de la derecha, la mejor posicionada haya sido la extrema derecha. La oposición en el debate sobre España ha estado anclada ciertamente en los tiempos  del franquismo.

La actitud de la derecha en general y del nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo ha sido francamente lamentable, en el sentido de una de las acepciones del Diccionario de la Lengua Española: que infunde tristeza y terror.

Ayuno de discurso, de posibles soluciones para un momento crítico, el PP de Alberto Núñez Feijóo se ha refugiado en los viejos atavismos de la derecha ultramontana y montaraz, de mucho más acá de los Pirineos. Y eso que cabría una salida de derechas de la situación; cabe una posición contra el planteamiento de Pedro Sánchez, pero este PP, el mismo de siempre, por la boca de Cuca Gamarra y de la inspiración de Feijóo, no ha sido capaz de construir discurso alguno. Y bien que estaban a la espera sus terminales mediáticas.

Las medidas fiscales contras las grandes empresas energéticas y bancarias se han presentado como radicales de izquierda, en un alarde de catetismo mesetario, primer episodio

En la arena política del momento se han intentado introducir elementos que menguaran el revolcón político y parlamentario de la derecha. Las medidas fiscales contras las grandes empresas energéticas y bancarias se han presentado como radicales de izquierda, en un alarde de catetismo mesetario, primer episodio. Segundo: la Comisión Europea la emprende contra España por la no renovación del CGPJ. Mentira. En todo caso, se disponen a apretar contra el obstruccionismo anticonstitucional del PP, amparado por jueces indecentes y escasamente instruidos en las reglas de la democracia y la división de poderes que presuponen, entre otras cosas, el respeto al poder legislativo y ejecutivo por parte del judicial.

Mientras, Feijóo andaba respandingándose en su asiento, cada minuto más, una intervención tras otra en el debate. Se ahuecaba y, a veces, parecía como si fuera gallina clueca. Luego, le echaba arrestos fuera, incapaz de conducir un mejor debate de los suyos en la sede de la soberanía. En el último de los refugios de los canallas, la exacerbación de las pasiones patrias de antaño, el peligro de ETA, en una pirueta sonámbula, o el independentismo. Uno, difunto, y el otro, combatido, por fin, desde las filas del pensamiento democrático.

El culmen de lo lamentable ha sido la oposición, fuga y desviación del fracaso, teatralizando la oposición a la Ley de la Memoria Democrática. ¿Qué teme usted, señor Feijóo, y el partido que ahora preside?

Del juicio crítico que merece la actitud del PP, invocando esta ley como estrategia de distracción contra una derrota sin paliativos, no se escapa el colaboracionismo de la guardia azul del PSOE. Lo mejor que he escuchado estos días de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido recomendar a Felipe González que se lea la ley. No lo hará. Felipe González se ha definido en estos días como reformista; hace tiempo lo hizo como simpatizante más que militante; como Guerra, antaño, de oyente. Su grey le ha secundado, sin al menos reconocer que, en sus tiempos, difíciles pero con mayorías suficientes, no hicieron nada contra una anomalía (la justicia contra el franquismo) que no resiste el juicio democrático de cualquiera que se considere digno y ecuánime.

¿A qué se oponen PP y la guardia azul del PSOE? ¿Les molesta que después de tantos años aún tenga que decir una ley que repudia y condena el golpe militar del 1936? ¿Les molesta que se afirmen valores y principios democráticos de sus víctimas? ¿Es eso?

En estas extrañas amistades se cimienta la carcunda franquista de España. ¿A qué se oponen PP y la guardia azul del PSOE? Podríamos entender que el PP quiera desviar la atención de su fracaso parlamentario pero ¿le duele a la dicha guardia el indudable éxito de Pedro Sánchez?

¿Les molesta que después de tantos años aún tenga que decir una ley que repudia y condena el golpe militar del 18 de julio de 1936? ¿Les molesta que se afirmen los valores y principios democráticos de sus víctimas? ¿Les molesta que se declare ilegal el régimen surgido de aquel golpe militar? ¿Es eso? ¿Quieren aún en España rendir pleitesía a duques de Franco, Carrero Blanco, marqueses de Queipo de Llano, señores de Meirás…?

De Pedro Sánchez se dice que ha girado a la izquierda. Yo no lo creo, está ahora en su sitio. Sí creo que el PP de Feijóo ha girado bruscamente hacia sus orígenes fundacionales franquistas en competencia con su propia escisión, hoy constituida en partido distinto. Carne de su carne, no ha sido capaz de sumarse a esta ley, proponiendo incluso a los sectores más extremistas- incluido el paleofelipismo- derogar la ley.

El Gobierno de coalición, con el liderazgo de Pedro Sánchez, ha ganado el debate, pero no lo tiene fácil. A estas horas, Sánchez ya tendrá claro lo aturronado que está el pasado en España y que sus rancios compañeros no están dispuestos a reconocer, ni siquiera que en estos empeños deberían de haber ejercido el liderazgo desde hace décadas. Confesión de culpa o de complicidad palaciega.

Subirse al escenario para participar en el acto de un nuevo partido político puede ser muy ilusionante, pero también es arriesgado en tiempos de hostilidad y persecución en redes sociales. ¿Por qué dan el paso con Yolanda Díaz?

Escuchamos al actor Antonio de la Torre, a Fernando García, rider y sindicalista; a Carolina Elías, abogada salvadoreña y defensora de los derechos de las mujeres migrantes y de las empleadas del hogar y de los cuidados y a Irene Rubiera, activista por el clima; y hablamos con Iñigo Aduriz, periodista de elDiario.es que hace seguimiento de la actualidad informativa de Sumar.

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Nadie ha visto tantas veces tan de cerca su propia muerte (política) como Pedro Sánchez. Y nadie ha demostrado más capacidad para levantarse de sus cenizas y remontar el vuelo. Esta semana ha vuelto a hacerlo. Tras una derrota histórica en Andalucía, tradicional granero de votos del socialismo; una gestión más que cuestionable ante la muerte de una treintena de personas en la valla de Melilla; una inflación por encima de los dos dígitos; un desgaste notable en los sondeos y la enésima crisis con sus socios de coalición –esta vez a cuenta de un aumento del gasto en Defensa comprometido con la Alianza Atlántica–, el presidente del Gobierno pone rumbo a un otoño que se presenta negro, tras el espejismo del consumo en verano. La prolongación de la guerra en Ucrania puede agudizar el alza de precios y dañar todavía más el crecimiento previsto.

Pero si alguien cree en Pedro Sánchez ese es Pedro Sánchez. Y con la efervescencia que ha supuesto el éxito del debate sobre el estado de la nación, en La Moncloa no descartan contar incluso con los apoyos necesarios para aprobar los últimos Presupuestos del mandato, un escenario que hace unas semanas nadie se atrevía ni a plantear. “Al presidente se le ha puesto cara de cumbre de la OTAN”, ironizan en su equipo, en alusión al descollante papel que el jefe de Gobierno desempeñó en la escena internacional y que fue ampliamente elogiado por hasta por el mismísimo Joe Biden. 

El clima abúlico en el que estaban instalados los socialistas ha tornado de repente a la esperanza y, contra el mantra instalado por la derecha sobre un inminente cambio de ciclo, ellos creen que nada está perdido y que, pese a los sondeos, hay margen para ganar las elecciones. Sánchez sale a por todas y quiere al Gobierno y al PSOE a pleno pulmón. 

La próxima semana no habrá reunión de la dirección federal del partido por incompatibilidad de la agenda presidencial, pero en Ferraz están preparados para la convocatoria del Comité Federal en la primera semana de septiembre. Será allí donde el máximo órgano del partido entre congresos escuche del presidente las coordenadas con las que afrontar las elecciones municipales de mayo de 2023, que es la cita que históricamente anticipa el resultado de las generales que le suceden. Sánchez no quiere una organización apática ni deprimida al estilo de la que afrontó la campaña de las elecciones andaluzas. 

Fue después de aquella derrota sin paliativos cuando al presidente se le escuchó en Ferraz la amonestación más severa que se recuerda ante la dirección federal y también cuando se empezó a especular con la posibilidad de que hiciese algunos ajustes para acabar con las guerras internas que se libran en el partido y también entre la dirección y el Grupo Parlamentario, que tienen siempre como protagonista a la vicesecretaria general, Adriana Lastra. Esta es una batalla que quiere dejar resuelta cuanto antes y nadie descarta que lo pueda hacer antes de agosto, si bien el presidente mantiene el hermetismo.

El debate sobre el estado de la nación le ha servido, en todo caso, para rearmarse en un marco social complejo, en el que los ciudadanos demandan soluciones urgentes para contener el alza de los precios y, sobre todo, para reparar la pérdida del poder adquisitivo. Con los mensajes de empatía hacia la clase media trabajadora, la claridad del discurso, las medidas de protección social anunciadas en el Congreso y el nítido giro a la izquierda, el presidente busca que no haya la más mínima duda sobre la sensibilidad del Gobierno con los que más padecen los efectos de la crisis. Y, de paso, responder a su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que había declarado días antes de la cita parlamentaria por excelencia que el Ejecutivo carecía de alma.

“¿Alma? 'Alma, corazón y vida'”, como en la canción, es la respuesta que desde el entorno presidencial dan a la impulsora de la plataforma Sumar, que conoció las medidas anunciadas por el presidente a la vez que todos los españoles. “Alma porque hay capacidad para sentir y pensar, corazón porque las medidas aprobadas demuestran que nos hacemos cargo del estado de ánimo de la gente y mucha vida por delante”, asegura con sorna un ministro socialista. 

En La Moncloa se felicitan no solo por haber dado profundidad a la legislatura con el anuncio de los impuestos extraordinarios para 2023 y 2024 a las energéticas y los bancos, sino también por haber roto el marco del adelanto electoral con el que coqueteaba la derecha y replican machaconamente sus terminales mediáticas. 

Incluso en algunos sectores del PP, que ha desaprovechado esta semana la ocasión de consolidar la ventaja que le atribuyen las encuestas, admiten que Sánchez ha recuperado la iniciativa política e incluso que ha logrado cohesionar la coalición de gobierno, si bien se aferran a la gravedad de la crisis económica para que Sánchez salga de La Moncloa. 

La entusiasta respuesta de Unidas Podemos a las medidas anunciadas por el presidente han dado, sin duda, apariencia de estabilidad al Gobierno, más allá de la estéril reclamación sobre la paternidad de las mismas y de que los morados las puedan usar electoralmente para demostrar la utilidad de su presencia en el gabinete. 

Sánchez ha conseguido, además, amalgamar al bloque de la investidura, aunque con distintos grados de adhesión. Y la mejor prueba de ello fueron las votaciones sobre las propuestas de resolución que siguieron al debate sobre el estado de la nación y el apoyo con el que salieron las leyes de Memoria Democrática –siete partidos votaron a favor–, la reforma del Poder Judicial que busca acabar con el bloqueo del PP a la renovación de los órganos constitucionales y el segundo paquete de medidas anticrisis. Las alianzas pueden ser frágiles o inestables, pero hasta ahora el PSOE no ha perdido una sola votación en la Cámara Baja.

Una inflación que no da tregua

Lo que pase a partir de septiembre está por ver porque, pese a los buenos datos de empleo, la incertidumbre económica es un hecho y España, pero también toda Europa, se prepara para una contención del consumo, un drástico plan de ahorro energético en invierno y un dato de la inflación que no parece que vaya a dar tregua. Todo ello ya ha hecho que Bruselas reduzca las previsiones de crecimiento para el último tramo de la legislatura. Sánchez tendrá que lidiar con todo ello, pese a que en el PSOE sostienen que “hay tiempo” para remontar y que para las generales aún falta mucho. Tanto que el presidente se va a hartar de escuchar a sus aliados parlamentarios que no gobierne sin escucharles, que hacen falta cambios estructurales además de medidas coyunturales y que ni su paciencia ni su entente con el Gobierno son infinitas. “Si el giro a la izquierda no es una pose coyuntural, que lo demuestre, además de con reformas estructurales y con contenido netamente social en los Presupuestos Generales para 2023”, reclaman desde la izquierda parlamentaria. 

De momento, en el área económica del gobierno trabajan con que la inflación no dará tregua por la prolongación de la guerra en Ucrania, pero también con unas previsiones de la Comisión Europea que anuncian un crecimiento del 4%, por encima de la media europea, de la zona euro y de las grandes economías de nuestro entorno. Y será con este escenario con el que se diseñen las cuentas públicas para 2023 y para las que en el  PSOE hace unos días había dudas sobre si tendrían los apoyos parlamentarios necesarios para ser aprobadas. Ahora, no lo descartan en absoluto. “En plazas peores ha toreado Sánchez”, recuerdan quienes apelan a su inmensa capacidad de resiliencia y en advertencia a quienes le dan por muerto una vez más . 

P.D. El PSOE siempre fue un partido con una facilidad pasmosa para pasar de la depresión a la euforia. Y esta semana ha vuelto a pasar. Lo que les dure, ya se verá.

La Moncloa pasa al ataque. Tras el giro hacia la izquierda de Pedro Sánchez en el debate sobre el estado de la nación –que la ministra de Educación niega por considerar que el Gobierno siempre ha sido progresista–, Pilar Alegría explica en esta entrevista por qué ahora ha entrado a replicar a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP); defiende la ampliación de becas que ha anunciado el Gobierno y confronta su modelo con el del PP madrileño, donde se ha decidido “ayudar a quien no lo necesita”, dice.

La ministra de Educación se toma su tiempo para responder algunas preguntas, piensa cómo quiere expresar sus pensamientos con exactitud. Explica la decisión del Ministerio de no reducir las ratios en las aulas pese a que va a modificar un Real Decreto que lo permitiría y se muestra segura de que los centros y las administraciones encontrarán qué hacer con el alumnado que no curse la Religión tras las protestas de algunos directores porque no saben cómo ocuparlos al no haber asignatura alternativa.

Anunciaron el martes que darán cien euros extra al mes entre septiembre y diciembre a todos los becarios del Ministerio de Educación. ¿Por qué han decidido ampliar el programa ahora?

Hablar de becas es hablar de igualdad de oportunidades. La apuesta no es de ahora, del debate del estado de la nación, es de toda la legislatura. Desde el primer año de este Gobierno el presupuesto de becas ha aumentado un 45% y la partida es la mayor que ha habido en la historia, son más de 2.100 millones de euros. En un momento complicado como el que estamos viviendo, el Gobierno quiere seguir haciendo una apuesta por esas becas, por mejorar la cuantía que perciben los jóvenes, y por eso hemos previsto estos 400 millones de euros. El objetivo es que ningún joven tenga que abandonar los estudios por motivos económicos. Nosotros entendemos para qué y por qué se ponen en marcha las becas y se hace para dar esas ayudas a las personas que más lo necesitan. Hay otras administraciones, como la de Isabel Díaz Ayuso, que apuestan por becas para ricos.

Lo del aumento de las partidas es cierto, ahí están los números, pero igualmente puede dar la sensación de que el anuncio es una respuesta a las becas para rentas altas de la Comunidad de Madrid.

Si fuera de esta manera no habríamos impulsado las becas estos cuatro años. Este curso, antes incluso del anuncio de las becas para ricos de [la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz] Ayuso, teníamos aprobado un presupuesto con más de 2.100 millones de euros. Por primera vez en la historia casi un millón de jóvenes van a disfrutar de este derecho. Es verdad que durante este último mes Ayuso y el PP –la cúpula del partido ha respaldado esta medida– han anunciado esta beca para ricos, aunque su consejero se refería a clases medias para hablar de gente que está ingresando entre 6.000 y 7.000 euros al mes netos. Qué alejados de la realidad viven, si tomasen aunque fuera diez minutos en escuchar a su entorno más próximo...

¿Se ha planteado el Ministerio si esto es legal y puede ser denunciable? Son becas para centros privados, sin el carácter compensatorio o de excelencia que se le supone a estas ayudas.

Dentro de las competencias que tienen las comunidades pueden invertir sus recursos donde entienden que son más útiles. Hay comunidades que invierten en sanidad pública, en educación, en estado del bienestar. La señora Ayuso en vez de invertir en educación pública –Madrid es la que menos invierte en educación pública– o mejorar las urgencias prefiere dedicar los impuestos de todos en dárselos a quien no lo necesita.

Su extensión de las becas es limitada en el tiempo. ¿Se plantean darle continuidad al programa más allá de diciembre?

La idea es incrementar las becas. Cada año hemos ido aprobando presupuestos con ese incremento y en el próximo seguiremos apostando por las becas. Pero la medida anunciada por el presidente del Gobierno la tenemos que hacer con el presupuesto vigente, de este año, por eso recoge de septiembre a diciembre.

Hemos conseguido que las familias que van a recibir ayudas lo conozcan antes. La siguiente mejora que queremos hacer es adelantar el pago, pero es una cuestión más administrativa

Uno de los problemas habituales con las ayudas es que los beneficiarios tienen que adelantar el dinero. ¿Van a intentar pagar antes?

Lo que hemos conseguido en estos momentos es que las familias que van a recibirlas lo conozcan antes. La siguiente mejora que queremos hacer es adelantar el pago, pero es una cuestión más administrativa.

Hablemos de ratios, que vuelven a estar de actualidad. Están en el proceso de modificar el Real Decreto de requisitos mínimos de los centros, pero no han modificado las ratios, que sabe que es la principal reivindicación de al menos una buena parte del profesorado. ¿Por qué se ha decidido no tocarlas?

La modificación de las ratios ha sido un debate que ha ganado intensidad durante la pandemia, pero hay que negociarlo con las comunidades, que tienen las competencias educativas. Nosotros teníamos que hacer las modificaciones ahora en este Real Decreto pensando en el Bachillerato general y el primer ciclo de la Educación Infantil. La norma apunta un poco hacia dónde avanzamos con las ratios: la intención de seguir aumentando el profesorado, pero sobre todo hacerlo pensando en aquellos centros que tienen mayores dificultades, bien por su ubicación o por el alumnado que acogen, que pueda ser más vulnerable o tener mayores necesidades educativas especiales. Las comunidades autónomas también son sensibles a esta cuestión, lo hemos hablado en las conferencias sectoriales, pero conllevaría una importante inversión pública presupuestaria. Estamos dispuestos a hablarlo.

¿Pero entiende la frustración del profesorado con este tema? Porque la realidad es que llevan tres años en el Gobierno y las ratios siguen igual.

En el Real Decreto hay una nueva disposición adicional, la decimoprimera, que invita claramente a las comunidades a una reducción de las ratios...

“Invita”...

Creo que es un mensaje claro. Como administración central tenemos que respetar la autonomía de quien gestiona las competencias, pero se ve la línea en la que trabaja el Ministerio. Dejamos claro el mensaje a las comunidades para que empiecen por esos centros más complicados.

Currículos. Hemos hablado de contenidos en otras ocasiones, quería preguntarle por el retraso que lleva todo. Hay inquietud en los centros porque todavía no están los de las comunidades. También el Ministerio tiene su parte: tardó año y pico en sacar los currículos desde que aprobó la ley. ¿Por qué tanta tardanza?

[Se toma unos segundos para pensar la respuesta] El último decreto [de desarrollo curricular] lo aprobamos en abril. Desde que empezamos a tener los primeros borradores trabajamos con lealtad y discreción con las comunidades autónomas y los libreros, aunque es verdad que los decretos se aprueban cuando se aprueban. Pero desde el primer día todos conocían la dirección de los currículos para que las administraciones autonómicas pudieran ir elaborando la parte que les corresponde.

La intención es seguir aumentando el profesorado. Las comunidades autónomas también son sensibles, pero conllevaría una importante inversión pública presupuestaria

Respecto a los calendarios, a todos nos habría gustado tener más tiempo pero aprobamos la ley los primeros días de enero y a partir de ahí hemos trabajado lo más rápido posible para dar respuesta al calendario que marca la Lomloe. Quiero recordar, y puedo entender algunas críticas por el calendario, que nuestros decretos se aprobaron antes que los de la Lomce [la ley Wert del PP]. Prácticamente todas las comunidades tienen ya los decretos en exposición pública o aprobados. Entre esta semana que acaba y la que viene habrá un avance importante en la aprobación de los decretos.

¿Cómo va el programa de creación de plazas de Educación Infantil públicas y gratuitas? Algunas comunidades les pidieron que se pudieran utilizar los fondos para financiar plazas privadas.

Lo que plantean es la posibilidad de utilizar estos fondos, que tienen que ir destinados a la creación de plazas públicas, no solo para plazas nuevas sino también para las ya creadas por las administraciones autonómicas. Convertir plazas concertadas en plazas públicas con esos fondos. Nosotros dijimos que el compromiso es crear nuevas plazas públicas, pero nos comprometimos a preguntar a la Comisión Europea. No nos ha llegado la respuesta aún. En todas las etapas educativas el reparto entre pública, concertada y privada está más o menos en el 70-27-3, pero en el primer ciclo de Educación Infantil estamos casi en el 50-50. Hay mucho margen para que las administraciones públicas podamos seguir generando plazas públicas y gratuitas.

¿Están satisfechos con cómo ha quedado la alternativa a la Religión? Hay directores quejándose de que no pueden hacer nada en esa hora.

Qué pueden hacer los estudiantes durante esas horas está marcado en la ley y seguro que los centros y las administraciones encuentran la solución.

¿Pero no es una disfunción que para que se forme un grupo en algunas asignaturas optativas haga falta un mínimo de alumnado pero para que haya una clase de Religión basta con que lo pida un solo alumno?

[Se queda pensando] La asignatura de Religión es de oferta obligatoria en todos los centros, según la Ley Orgánica de Educación, y por lo tanto es indiferente el número de alumnos que la elijan. Las optativas son numerosísimas y se condiciona su impartición a la existencia de un mínimo de alumnos para facilitar la organización de los centros.

Desde hace unas semanas parece que han cambiado su manera de comunicar o relacionarse con ciertas administraciones. Antes no entraban en guerras dialécticas, pero con las becas de Ayuso han dado réplica. ¿A qué se debe el giro?

La posición que hemos mantenido en este Ministerio con todas las administraciones educativas ha sido de diálogo, sentarnos a trabajar y cooperar al máximo. El grado y número de acuerdos que hemos alcanzado en las conferencias sectoriales ha sido muy alto. Lógicamente, por ejemplo con los currículos ha habido debate porque otras administraciones lo veían de otra manera. Pero como ministra, cuando observo que por parte de alguna administración, en este caso Madrid, se rompe el significado fundamental de las becas, mi obligación es al menos dar mi opinión y explicar la realidad. Lo que yo he podido escuchar de las becas de la señora Ayuso, como todos los ciudadanos, creo que merece una respuesta, otra versión. Creo que la propuesta de la señora Ayuso de las becas no es espontánea. Está muy estudiada y esconde esquilmar o reducir o directamente eliminar los servicios públicos que son de todos: la educación pública, la sanidad pública... Y frente a ese ataque mi obligación es ponerme enfrente.

Casi unánimemente se ha considerado que el Gobierno ha girado a la izquierda en este debate sobre el estado de la nación. ¿A qué se debe? ¿Está el PSOE ya en modo preelectoral?

Creo que hay que revisar lo que este Gobierno viene haciendo desde el primer día. Este es un Gobierno progresista y adopta soluciones progresistas...

Uno diría que a veces más y a veces menos.

Depende de los ojos con que se mire. Respecto a esta cuestión, siempre digo que este Gobierno lo conformamos dos partidos políticos y somos un Gobierno progresista. Es importante echar la vista atrás y repasar las leyes que hemos ido aprobando. Todas tienen un perfil claramente progresista: subida del Salario Mínimo Interprofesional, la puesta en marcha de los ERTE en el momento más complicado del país, la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital o la reforma laboral.

Parece bastante satisfecha...

Si uno hace balance de esta legislatura, lo que nos correspondía en estos momentos es poner sobre la mesa un número importante de recursos para generar un escudo social que proteja a las clases trabajadoras de este país de una inflación muy alta y de las dificultades de personas para llegar a fin de mes. Se trata de defender a las familias y que no sean ellas quienes sufran en sus espaldas las consecuencias más difíciles que están viviendo ahora. Por eso hemos considerado oportuno poner estos impuestos a las eléctricas, gasísticas y entidades financieras. Es el momento de arrimar el hombro y que quien está recibiendo ahora un número importante de beneficios sea generoso también.

Pero hay otra lectura complementaria por la que hay partidos, desde Unidas Podemos como socio de coalición a los socios externos del Gobierno, que venían pidiendo estas medidas y el Ejecutivo estaba un poco reticente hasta ahora, pero las anuncia y mejora sus relaciones con todos estos partidos, básicos para el PSOE. ¿Cuánto tienen estas medidas de respuesta a estas presiones?

Yo creo que más allá de quedarnos con cuestiones menores hay que ir a lo importante. Y lo importante es que este es el primer Gobierno de coalición en la historia del país, que lo conforman dos partidos diferentes, con historias distintas. Cuando unes a dos personas, o dos partidos políticos, pueden y deben existir diferentes ópticas y opiniones. Lo importante es que siempre hemos llegado a acuerdos o, todavía más importante, gracias a este Gobierno progresista hemos aprobado más de 140 propuestas normativas dirigidas sobre todo a personas por las que estamos aquí y para las que gobernamos, que es esa mayoría social trabajadora. Por eso, independientemente de que haya habido diferentes opiniones, lo mollar es que hemos alcanzado importantes acuerdos en beneficio de la gente.

¿El PSOE había perdido un poco el pulso de la calle y lo está intentando recuperar?

Somos muy conscientes de la realidad actual, de lo que está sucediendo en nuestro país. El presidente lo explicó muy bien en el debate del estado de la nación. Llevamos unos años difíciles de legislatura entre pandemias, filomenas, el volcán, ahora la guerra... Todo esto ha provocado una situación complicada que se ve reflejada en la alta inflación que estamos viviendo nosotros y toda Europa y EEUU. Nos hacemos cargo de la situación que están viviendo las personas, somos conscientes de los problemas del ciudadano medio, y frente a eso queremos plantear soluciones para salir de esta, igual que hicimos para salir de la pandemia.

Durante el debate nos hemos encontrado un PP ausente de propuestas y ausente de presencia. De propuestas, porque la única que hizo fue volver a sacar el terrorismo y el segundo día la bancada del PP estaba prácticamente ausente

¿Les habría gustado tener el apoyo del PP en estas medidas?

Durante el debate nos hemos encontrado un PP ausente de propuestas y ausente de presencia. De propuestas, porque la única que hizo en el debate fue volver a sacar el terrorismo, además intentando hacer una utilización de una parte muy importante de las víctimas y olvidándose de lo más importante, que hace diez años la democracia de este país consiguió acabar con ETA. Y falta de presencia. El principal partido de la oposición, si es verdad que quiere gobernar mañana, lo primero que tiene que hacer es mostrar respeto al Congreso y a la pluralidad y diversidad de este país. El segundo día del debate la bancada del PP estaba prácticamente ausente. El PP se limitó a ir el martes, hacer su discurso, volver a intentar dividir a los ciudadanos con la política antiterrorista y al día siguiente volvió a mostrar la falta de sensibilidad que tiene.

¿Por qué rechazaron la petición de Yolanda Díaz de reunir la mesa de seguimiento de la coalición?

No ha habido ningún rechazo. Se han mantenido reuniones con la vicepresidenta y el resto de miembros del Gobierno para hablar de las propuestas del debate. Las conversaciones y el diálogo entre los partidos que formamos este Gobierno progresista son continuas y fluidas. Faltará concretar una fecha, pero hay un diálogo continuo.

¿Hay alguna opción de que los nuevos impuestos a empresas energéticas y financieras se queden como permanentes?

Como explicó el presidente en un principio están planteados como algo extraordinario. Lo que pasará el día de mañana está por escribir.

Con las negociaciones con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rotas, ¿cree que deberían dimitir sus miembros para forzar una solución?

Lo que creo es que el PP está permitiendo que el Consejo General del Poder Judicial lleve 1.300 días sin renovarse. El PP lo que tiene que hacer es ni más ni menos que lo que dice la Constitución y permitir que órganos tan importantes como el Consejo General o el Tribunal Constitucional sean renovados como corresponde, pero una vez más vemos que el PP plantea cuestiones de insumisión constitucional.

Siempre es más satisfactorio cuando son tus enemigos los que admiten que has ganado. Eso resta cualquier duda al desenlace. Hace una semana, los titulares escarbaban en las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos ante el debate del estado de la nación. Imaginaban a Pedro Sánchez entrando al Congreso subido a un tanque y prometiendo un gran aumento del gasto militar mientras los diputados de UP cantaban 'We shall overcome' y enarbolaban las banderas del pacifismo. Los del PP se estirarían en sus escaños contemplando una batalla cruenta. “A este Gobierno le falta alma”, había dicho Yolanda Díaz unos días antes. “Y a veces nos faltan medidas felices”.

Sánchez tenía preparadas altas dosis de felicidad para su discurso, que incluía impuestos especiales a eléctricas, petroleras y bancos. Los sacrificios ya no estarán reservados a los consumidores. Alberto Núñez Feijóo se quedó perplejo y esperó 48 horas para dar una respuesta por mucho que estuviera claro que iba a ser negativa. Ione Belarra e Irene Montero no necesitaron tanto tiempo. Se levantaron, como los demás miembros del Gobierno, para aplaudir las medidas anunciadas. Se las veía muy contentas.

“Hoy el Gobierno empieza a reorientar el rumbo, como habíamos pedido en las últimas semanas”, dijo después la secretaria general de Podemos. Los diputados socialistas estaban eufóricos con el discurso del presidente.

Feijóo se rindió el viernes a la evidencia. Reconoció que el debate “había reforzado la coalición de gobierno”. También dijo que las familias no iban a salir beneficiadas: “Ya se sabe que las empresas trasladan los impuestos a los clientes”. Si eso es todo lo que tiene contra el Gobierno, no es mucho. El Ministerio de Hacienda ha dicho que la ley pendiente de aprobar prohibirá que las compañías repercutan el aumento fiscal en sus precios.

La brigada mediática también concedió indirectamente a Sánchez el título de vencedor del debate. En primer lugar, no se atrevió a montar esas encuestas digitales de nulo valor sociológico para preguntar a sus lectores quién había ganado. Con el discurso de Cuca Gamarra, no tenía a un candidato potente en la lid. Después, intentó aparentar que el PP había dado muestras de moderación con su decisión de abstenerse en la ratificación del decreto anticrisis. Es más, algunos medios lo consideraron esencial cuando no lo había sido.

“El Gobierno logra un balón de oxígeno con la abstención gracias al apoyo del PP” (en la votación), destacó en portada La Razón con un titular de construcción un tanto confusa o sencillamente falsa, porque el PP no apoyó el decreto. “El PP facilita con su abstención la convalidación del segundo decreto anticrisis”, escribieron en El Mundo.

Las matemáticas no dicen eso. El decreto salió adelante con 186 votos a favor, 51 en contra y 108 abstenciones. La suma de los segundos da 159 votos. La abstención del PP no fue decisiva ni facilitó nada.

Fue más reveladora la encuesta ofrecida el viernes por El Mundo. Un 62,7% apoya los nuevos impuestos a las energéticas. Un porcentaje similar, el 61,7%, a los bancos. Los defensores de esas empresas lo van a tener complicado en el debate público sobre las medidas.

Siempre queda el recurso de la manipulación que ni siquiera se descarta cuando es grosera. En portada, el periódico tituló que “el 67% cree que los nuevos impuestos serán inútiles”, porcentaje sacado de un pregunta en la que no se pulsaba la opinión sobre los impuestos, sino sobre el debate en general. Y en la versión web, la noticia ofrece nueve gráficos, pero no el de la opinión de los encuestados a cuenta de los nuevos impuestos.

El nuevo director de El Mundo lleva menos de dos meses en el puesto y ya ha demostrado cómo cocina las encuestas. Le salen un poco quemadas.

Sánchez no se complicó la vida en el debate más de lo necesario. No quiso hacer una defensa clara y detallada del futuro aumento de gasto militar. Tendría que saber en qué se invertirá ese dinero y aún no es posible. La OTAN no ha decidido qué obligaciones militares concretas tendrá cada país miembro en el incremento de la presencia militar en Europa del Este, de 40.000 a 300.000 soldados.

Lo que sí hizo fue destacar la responsabilidad de España ante otros países de la Alianza: “Si no accediéramos a la petición de polacos, alemanes y letones cuando nos piden solidaridad ante el agresor, ¿qué legitimidad tendríamos para pedir solidaridad cuando la necesitemos?”. Es una defensa genérica de esos compromisos que nadie puede negar. Otra cosa será cuando se hable en detalle del presupuesto de Defensa.

En eso tan subjetivo que es la percepción de la estabilidad política de un Gobierno, Sánchez ha conseguido al menos enderezar el rumbo y despejar algunos nubarrones. Le sirve para llegar al otoño en una situación de cierta seguridad.

La reunión del viernes con Pere Aragonès no dio para mucho en público, aunque sirva para convocar otra mesa del diálogo a finales de mes. “Pueden imaginar que tenemos temas avanzados y por eso la oportunidad de concretarlos y avanzarlos”, dijo la portavoz del Gobierno.

No suena muy excitante, aunque tampoco hay mucho margen para llegar a grandes acuerdos. “Mientras la ciudadanía de Catalunya no pueda decidir su futuro político en libertad, estamos lejos de resolver el conflicto político”, dijo el president de la Generalitat. Las expectativas sobre un acuerdo completo siempre serán mínimas cuando las prioridades de cada lado de la mesa son irreconciliables.

El Gobierno puede apuntarse el tanto de haber conseguido que Esquerra votara a favor de tres normas fundamentales, entre las que estaba el decreto anticrisis. Desde el caso Pegasus, es dudoso considerar a ERC como socio del Gobierno. Gabriel Rufián ha elevado al máximo el tono de crítica. Por la tragedia de Melilla, hizo en el debate un discurso áspero y despectivo hacia Sánchez que molestó especialmente al presidente. Tanto es así que Rufián se acercó luego para intentar restañar las heridas.

Fue el único momento en que se vio enfurecido a Sánchez. Ahora ya puede relajarse un poco y empezar a pensar en las vacaciones. Sería bueno que las disfrutase, porque el panorama económico que viene en otoño e invierno no es de los que animan a ser optimistas. Las victorias en política nunca duran demasiado.

Hace siete años que no veíamos un debate del estado de la nación. Pedro Sánchez lo ha utilizado para marcar un nuevo rumbo. ¿Hacia dónde? ¿Cuánto durará?

Hablamos con José Precedo, director adjunto de elDiario.es, y con un grupo de socios de elDiario.es que vino a la redacción a seguir el debate.

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Hacía tiempo que las bancadas de los grupos que sustentan al Gobierno no destilaban euforia. Y menos desde la debacle en Andalucía, donde la mayoría absoluta del PP hizo saltar las alarmas en Moncloa, pero también ha desatado el pánico en las fuerzas de izquierdas. Pero el giro que Pedro Sánchez ha imprimido a su discurso y el anuncio de medidas progresistas como los impuestos a las energéticas y a los bancos, tal y como venía reclamando Unidas Podemos, insufla algo de esperanza al principal partido de la coalición. Unidas Podemos considera haber vencido la pugna para que la parte socialista diera un giro a la izquierda y dejara de mirar a la derecha. En Moncloa dan por vencedor del debate sobre el estado de la nación a Sánchez, ven al PP desnortado y confían en que esto marque un nuevo punto de inflexión que catapulte las expectativas electorales de la izquierda después de conseguir, además, restañar las heridas con ERC, un socio clave que llegó a votar en contra de la reforma laboral.

La fractura con los republicanos se ha ido restañando en las últimas semanas con sendas reuniones del ministro Félix Bolaños con la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, para retomar las relaciones que saltaron por los aires con el escándalo del espionaje a líderes independentistas. El siguiente paso será la reunión de Sánchez con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, este mismo viernes y la intención de convocar la mesa de diálogo próximamente. Por eso chocó a Moncloa el duro discurso del portavoz, Gabriel Rufián, contra el presidente sobre todo cuando sacó en la tribuna varias balas que según dijo habían sido utilizadas por la gendarmería marroquí en la valla de Melilla donde murieron 37 personas. “Un error imperdonable”, le reprochó después el socialista, con quien Rufián se disculpó al terminar su ‘cara a cara’. 

Pero el Gobierno le resta importancia a ese enfrentamiento y prefiere celebrar la “normalización” de las relaciones con ERC. “Ni siquiera mencionó la palabra Pegasus”, expresan en Moncloa. La recomposición de las relaciones se visualizó en la aprobación de leyes y decretos que produjeron el jueves como epílogo del ‘macropleno’ de la semana. El Ejecutivo ya respiraba con alivio los días previos al contar con margen para que salieran adelante en contraposición de las votaciones de infarto de las últimas semanas. “Sale holgado”, decían el miércoles.  

24 horas después, la coalición logró sacar adelante, a pesar de las críticas de sus socios habituales, el decreto anticrisis, el de estabilización del personal sanitario, la reforma del Poder Judicial para acelerar la renovación del Tribunal Constitucional –en este caso, con críticas de los aliados, que quieren cambios más profundos– y la Ley de Memoria, que también fue respaldada por la mayoría del bloque de la investidura, aunque con la abstención de ERC, que hace no tanto estaba en el no. Los republicanos votaron a favor de las otras tres iniciativas legislativas, algo que no sucedía desde abril.

Pacto de PSOE y PP para aumentar el gasto en Defensa

Distinto ha sido el juego de mayorías en el caso de las propuestas de resolución del debate sobre el estado de la nación, que conllevan un proceloso sistema de negociación de medidas que no tienen efectos jurídicos. Las sonrisas de la bancada socialista eran palpables tras la interminable votación al haber sacado adelante sus 15 propuestas de resolución, que recogían a grandes rasgos los anuncios que había hecho Sánchez durante su discurso. También ha aceptado una decena de enmiendas de distintos grupos parlamentarios (entre ellos Ciudadanos, ERC, Unidas Podemos o Más País) y ha pactado con el PP la apuesta por el incremento del gasto militar, que le enfrenta con Unidas Podemos y el resto de aliados de izquierdas. Los socialistas han perdido un puñado de las 138 votaciones: el PP ha conseguido el respaldo para exigir al Gobierno un incremento en las plazas MIR de médicos de familia; el Congreso ha pedido garantizar el acceso a medicamentos para enfermedades raras y el acceso precoz del ELA con el voto en contra del PSOE, que también ha visto cómo se aceptaban algunas enmiendas de grupos minoritarios como Foro.

En la cúpula socialista subrayan la importancia de aprobar leyes y decretos porque sus dirigentes ya contaban con tener divergencia de criterios en las propuestas de resolución. También el grupo confederal, que logró una transaccional con socios como ERC y EH Bildu para su resolución del debate del estado de la nación sobre Igualdad –que pide declarar los cuidados “derecho fundamental” y facilitar el aborto a mujeres que no pueden hacerlo en sus países–, resta importancia a las diferencias evidenciadas en el resto de las votaciones de las propuestas que, reconocen, son declaraciones de intenciones y no afectan a la coalición. 

También quitan importancia a las advertencias que han hecho los aliados parlamentarios, y que se suman a las que llevan haciendo toda la legislatura. Lo hizo el propio Sánchez desde la tribuna en su réplica a Aitor Esteban: “Vamos a tratar, sin duda alguna, de mejorar. Yo algunas veces hablo con el Partido Socialista de Euskadi y no sabe lo que me dicen de la información que tienen de la parte del Partido Nacionalista Vasco. No lo digo como reproche, se lo digo más que nada, porque en todos lados cuecen habas, también en el Gobierno de Euskadi. Es verdad que tenemos todos que mejorar nuestra interlocución”. El PNV dejó claro, no obstante, que reniega de un posible acuerdo de su partido con el PP.

“Tenemos la iniciativa, vamos a por todas”, resumía un ministro. En las filas socialistas se frotan las manos con la estrategia que ha seguido el PP de Alberto Núñez Feijóo de centrar el discurso en ETA. Y agregaba: “La izquierda se ha activado y el PP queda en el rincón defendiendo a los poderosos. El centro vota al que representa un proyecto y la derecha no lo tiene”.

Cohesión de la coalición

Pero no solo el PSOE se da por victorioso. El entorno de la vicepresidenta segunda y coordinadora de los ministros de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, señala que las medidas que anunció Sánchez el martes son las que le llevan pidiendo que pusiera en marcha desde el grupo confederal en los últimos meses. Díaz no había sido informada, no obstante, previamente de lo que iba a anunciar el presidente, que fue incluso más allá de lo que planteaba el socio minoritario sobre los abonos de transporte, al declarar su gratuidad en aquellos que dependen del Estado hasta final de año, mientras Unidas Podemos proponía abaratarlos a 10 euros al mes. 

Pero lo que más ha satisfecho las demandas del grupo confederal son las subidas de impuestos anunciadas por Sánchez, y que Podemos, IU o En Comú Podem llevan solicitando desde el inicio de la legislatura y, especialmente, a raíz de las crisis de la pandemia, primero, y de la guerra en Ucrania, después.

A pesar de haber reconducido las últimas votaciones antes del parón estival, tanto en el PSOE como en Unidas Podemos son conscientes de que los choques seguirán y de que las negociaciones no van a ser fáciles de cara principalmente a los Presupuestos. Mientras el socio mayoritario descarta una reforma fiscal integral, Díaz pide ya un nuevo impuesto a las grandes empresas que confía en poder consensuar con el PSOE en los próximos meses. 

La antesala de los Presupuestos

Por ahora la vicepresidenta segunda se confiesa satisfecha con los pasos dados esta semana a raíz del discurso de Sánchez. Fuentes de la dirección de Unidas Podemos señalan que esa intervención ha permitido mantener el bloque de la investidura, pese a las críticas de los socios por la forma de negociar del Gobierno y por no haber sido contactados previamente por el equipo del presidente para darles a conocer las medidas que se iban a anunciar en el debate sobre el estado de la nación. 

Aunque en Moncloa ocultaron expresamente los planes y evitaron conceder a Díaz una reunión de la mesa de seguimiento del acuerdo solicitada con urgencia en los días previos al debate, sostienen que ha servido para “cohesionar aún más al Gobierno progresista”. Lo que rechazan es haberse sentido arrastrados por la presión del socio minoritario: “Este es un Gobierno de coalición progresista. El presidente ha anunciado medidas progresistas dirigidas a proteger a las clases medias de este país”.

No es la visión que tienen en la cúpula de Unidas Podemos, donde sostienen que han sido sus propuestas las que han servido para atraer a los socios de la investidura, a pesar de que no se votarán hasta el próximo periodo de sesiones. “El bloque se reconstituye sobre todo con la decisión de Sánchez de llevar el discurso que llevó el martes”, explican fuentes de la máxima responsabilidad del grupo confederal. La única crítica que se hace desde Unidas Podemos tiene que ver con la reforma del Poder Judicial. El grupo confederal considera que debería elegirse a través de un sistema de mayorías parlamentarias similar al que se escoge al presidente del Gobierno, lo que, según explican, ayudaría a que los socios también tuvieran poder de decisión en la elección del máximo órgano de los jueces, fidelizando aún más la relación con el Ejecutivo.

El Partido Popular comienza a esbozar una respuesta a las medidas contra la inflación y sus consecuencias en la ciudadanía anunciadas el pasado martes por Pedro Sánchez. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se sumó al argumentario avanzado por Feijóo en los medios y cuestionó el núcleo de la política del Gobierno central. Sobre el impuesto temporal a banca y eléctricas a sus beneficios extra, se preguntó si lo que necesita España “son subidas fiscales o bajadas”. Y sobre la gratuidad de los trenes de cercanías y media distancia, aseguró que “el todo gratis genera ciertas dudas”.

Con el manual de su antecesor Alberto Núñez Feijóo siempre presente, Rueda comenzó explicando que debería esperar a conocer los detalles de las iniciativas de Sánchez. “No ha pasado de anuncios”, dijo, “y no tenemos otros datos que esos”. Al presidente gallego, que hablaba en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gabinete, le preguntaban en realidad por su opinión sobre la filosofía del asunto. Pero no entró directamente a responder. Los populares todavía no han perfilado su posición al respecto y Alfonso Rueda no suele salirse del guión. Insistió, entonces, en su retórica abitual, y nada concreta, sobre la necesidad de bajar impuestos. “Ha habido 25 subidas fiscales en cuatro años”, afirmó.

No es fácil, interpretan los analistas políticos, oponerse a que el Gobierno grave las ganancias extraordinarias de las compañías eléctricas en un momento en que el recibo de la luz se encuentra entre las principales preocupaciones de la población. Otros países europeos ya han aprobado tasas análogas. El titular de la Xunta usó en todo caso otra vía de crítica, también calcada de la que Feijóo comenzó a difundir este miércoles. “Esperemos que ese nuevo impuesto no repercuta en los ciudadanos y consumidores, porque sería trasladar una carga fiscal”. Ahí se quedó.

Su valoración sobre la gratuidad, igualmente temporal, en los ferrocarriles de media distancia y cercanías se basó en una argumentación similar. Pese a que el tren que une A Coruña con Vigo es uno de los más utilizados de la Península Ibérica y sus usuarios podrán beneficiarse del acuerdo del Gobierno central, Rueda explicó que “los anuncios del todo gratis generan ciertas dudas y deben ser muy bien explicados”. A continuación abogó por una “solución razonable y que pueda mantenerse en el tiempo”. Y en una pirueta, lo relacionó con el retraso de la entrega de los trenes Avril de alta velocidad, de la que el PP gallego está haciendo caballo de batalla política. “Galicia también tiene otras necesidades ferroviarias”, apuntó.

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha presentado dos propuestas de resolución en el Debate sobre el Estado de la Nación, centradas en que se salde la deuda pendiente del Hospital Valdecilla, de la que quedan 33 millones de euros por abonar, y en que se acometa “con carácter inmediato y urgente” un plan de mejora de los servicios ferroviarios de Cercanías de la Comunidad. El diputado nacional del partido, José María Mazón, ha defendido este jueves las dos iniciativas -las que le corresponden como máximo al PRC al tener un representante en el Grupo Mixto- en su última intervención en el Debate, que se celebra desde el martes en la Cámara Baja.

La propuesta de Mazón en torno al pago de la deuda de Valdecilla insta al Ejecutivo a iniciar una negociación con el Gobierno de Cantabria para incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) la cantidad pendiente de pago para saldar la deuda correspondiente a las inversiones realizadas en el hospital tras la catástrofe ocurrida el 2 de noviembre de 1999, cuando se desplomó una fachada del edificio.

En este sentido, ha recordado que el acuerdo suscrito por el PRC y el PSOE el 13 de junio de 2019 establece expresamente que los presupuestos contendrían partidas para, “en un máximo de cuatro años, hacer frente a la deuda adquirida por el Estado” con la Comunidad Autónoma. Este acuerdo se ha cumplido hasta el momento y ha permitido saldar “una cantidad importante” de la deuda, unos 66 millones, pero aún quedan pendientes de pago otros 33 millones, que Mazón pretende que se incluyan en los PGE de 2023.

Cercanías

La mejora de los servicios ferroviarios de cercanías y media distancia ha sido la segunda reivindicación, al considerar que este servicio se encuentra en una situación “insostenible” y “contradictoria” con la apuesta por este tipo de transporte realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso del martes, con el fin de impulsar el transporte público y promover el ahorro de combustible.

“La realidad de esta infraestructura en Cantabria ha estado sometida a un abandono tal por parte de los sucesivos Gobiernos que hoy se enfrenta a un panorama desolador, marcado por una maquinaria obsoleta y deteriorada, una red viaria en estado pésimo, una clara infradotación de personal y un conjunto de estaciones que no responden a las más elementales necesidades de accesibilidad y oferta de información práctica que requieren los viajeros”, recoge la resolución de los regionalistas.

Asimismo, recuerda las “averías y continuas supresiones de servicios sin notificación previa” que sufre este servicio, además del “incumplimiento de horarios y los accidentes que se suceden cada vez con mayor frecuencia, por no mencionar las más de tres horas necesarias para cubrir el trayecto de media distancia Santander-Bilbao”.

Pese a las reiteradas promesas del Gobierno sobre la renovación del servicio, Mazón ha constatado que en este momento apenas está dotado con 12 trenes “totalmente obsoletos” para cubrir más de 200 circulaciones, “sin el más elemental mantenimiento” y con “falta de personal e incumplimientos constantes de horarios”.

A su juicio, todas estas carencias se han visto agravadas con el incremento de los tiempos de viaje producido por la puesta en marcha de nuevas medidas de seguridad, “de manera precipitada y sin las modificaciones de infraestructuras necesarias para una auténtica mejora”.

Por todo ello, la propuesta de resolución del PRC insta al Gobierno a acometer un Plan de Mejora de los Servicios Ferroviarios de Cercanías de Cantabria, que contemple “todas las inversiones necesarias para mejorar el servicio y un calendario de ejecución que garantice a los cántabros, a la mayor brevedad, la comunicación ferroviaria con los estándares de calidad, seguridad y puntualidad exigibles para que este medio de comunicación pueda ser de verdad una alternativa al transporte privado y contribuya al ahorro de combustible, como propugna el presidente”.

Y es que si las mejoras ferroviarias son “un clamor nacional dado el estado de las Cercanías en España, en Cantabria es especialmente problemático” y “una de las cuestiones que más afectan a la población”, pues “continuamente hay averías y retrasos”, ha sostenido el diputado.

Quién iba a decir que Mario Draghi era un cachondo. Con esos trajes y esa mirada de zorro astuto. En la noche del martes, contó un chiste en la cena de la Asociación de Corresponsales Extranjeros. Un hombre necesita un trasplante de corazón y los médicos le dan a elegir entre el corazón de un joven de 25 años con buena salud y el de un alto cargo de un banco central de 86 años. El paciente no duda y escoge el segundo. ¿Por qué? Porque en realidad el banquero nunca ha usado su corazón. Está nuevo y para estrenar. Ja, ja, ja. A sus 74 años, el primer ministro italiano aún tiene tiempo para una (breve) carrera en la 'stand up comedy'.

Draghi sabe algo de banqueros centrales y de banqueros en general. Fue presidente del Banco Central Europeo, gobernador del Banco de Italia y vicepresidente de Goldman Sachs para Europa. En su época en Goldman, el cuarto banco del mundo, la entidad colaboró con el Gobierno conservador griego cuando este ocultó el verdadero estado de las finanzas públicas. Es posible que el corazón de Draghi esté en perfecto estado, quizá un poco gastado por la edad. A lo largo de su dilatada carrera, sólo lo ha usado cuando ha sido imprescindible.

No suele haber una gran competición para profesar amor eterno a los banqueros. Es posible que los narcotraficantes tengan peor imagen, pero en una encuesta sobre la reputación de las profesiones hay que ir a la parte baja del ranking para encontrarlos. Y esto es así más o menos desde la Edad Media.

Ahora no vivimos en una época en que las compañías eléctricas y petrolíferas cuenten con muchos fans. No desde luego cuando los ciudadanos ponen combustible en el coche o cuando les llega a casa la factura de la luz del último mes. Toda la inmensa creatividad del idioma castellano con los insultos se pone a prueba en esos momentos.

Veinticuatro horas después de que Pedro Sánchez anunciara un impuesto especial sobre los cuantiosos beneficios de eléctricas, petrolíferas y bancos, se pudo comprobar otra vez que políticamente se trata de una carta ganadora para el Gobierno. En términos fiscales, ya se verá, porque los gobiernos suelen ser demasiado optimistas en sus previsiones de ingresos con nuevos impuestos.

El Partido Popular continúa calibrando qué respuesta dar. Cuca Gamarra prefirió hablar el martes de ETA antes que mencionar las propuestas concretas que había hecho Sánchez. Alberto Núñez Feijóo tampoco es que se haya matado para dar su opinión.

En la escuela de verano del PP en El Escorial, Feijóo mantuvo el miércoles una cierta ambigüedad sobre el asunto fiscal. Lo que no quiso fue definirse, porque cree que eso sería como caer en la trampa que le ha tendido el presidente. “Es imposible estar en contra de algo que no se conoce”, dijo, dejando claro que se tomará su tiempo antes de que la propuesta llegue al Congreso en forma de proposición de ley.

Para no aparecer como defensor de banqueros y eléctricas, un título que no te va a hacer ganar un concurso de popularidad, se preocupó por el posible efecto de esos nuevos tributos en el bolsillo de los usuarios. “¿Tenemos la seguridad de que esto no va a repercutir en los recibos?”, se preguntó de forma nada inocente con una mención también a las comisiones que cobran los bancos.

Plantear que los bancos puedan subir las comisiones o incluso despedir gente requiere una amnesia muy oportuna si se pretende que parezca un argumento serio, como olvidar que las entidades financieras llevaron a cabo 19.000 despidos en 2021 o que han subido las comisiones un 10,6% en doce meses. Da la impresión de que los bancos no necesitan muchos incentivos externos para tomar esas decisiones.

Feijóo intenta no aparecer en esa mala compañía si se opone a la subida fiscal. El Gobierno se ocupará de colocarle en el mismo bando de esas grandes corporaciones cuando toque votar en el Congreso.

En la segunda jornada del debate del estado de la nación, Inés Arrimadas no hizo uso de la cautela con que ha reaccionado el PP. La presidenta de Ciudadanos es más de escandalizarse desde el primer minuto y luego ya se verá. Ella siempre está entre indignada y perpleja y no da crédito a tanta villanía. “Estas medidas generan inseguridad jurídica”, dijo. “Dan la imagen de que esto es un país bananero”. Países tan bananeros como Italia y Reino Unido tienen previsto aplicar impuestos similares a las empresas energéticas.

Sánchez le recordó que el Gobierno de coalición belga prepara una medida parecida, y está presidido por un político liberal. La presidenta de Ciudadanos respondió con la fotocopia de una noticia que cuenta que el Gobierno de Draghi ha aprobado reducciones fiscales. Para Arrimadas, estos impuestos extraordinarios sobre beneficios millonarios forman parte del “manual del buen populista”.

Algo de populismo había en su propuesta de que el Gobierno adelgace para combatir la inflación. El Gobierno de coalición cuenta con muchos ministerios y altos cargos, pero resulta difícil saber cómo afecta eso al precio de los combustibles y los alimentos. “Usted personalmente, ¿qué esfuerzo hace? ¿Qué asesor se ha quitado?”, preguntó a Sánchez. Lo mismo las empresas están más preocupadas por sus beneficios que por el número de asesores de Moncloa.

Según el baremo con que se mueve Arrimadas, el populismo se habría hecho también con el control de la Comisión Europea, que en marzo –mucho antes de que Sánchez se atreviera a dar este paso– recomendó a los gobiernos que contemplaran impuestos extraordinarios y temporales sobre los beneficios de las empresas energéticas para “capturar una parte de esos beneficios en orden a redistribuirlos a los consumidores”.

La mayoría de los comisarios del Ejecutivo europeo son conservadores o liberales. Hay días en que parece que toda Europa es populista, menos Arrimadas.

“Podía inspirarse en el Pablo Iglesias fundador del PSOE o en Pablo Iglesias fundador de Podemos. Ha optado claramente en parecerse al Pablo Iglesias fundador de Podemos”. Así ha resumido Alberto Núñez Feijóo este miércoles los anuncios realizados por Pedro Sánchez en el debate sobre el estado de la nación. La réplica del jefe de la oposición al presidente del Gobierno ha llegado casi 24 horas después, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Ante una treintena de alumnos matriculados en el curso organizado por su partido, el líder del PP se ha erigido en portavoz de un “progresismo” que, ha dicho, no acepta la “podemización” de los socialistas.

No tocaba hablar de ETA, que acaparó buena parte de la intervención de la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, el día anterior. Los dirigentes del PP que han acompañado a Feijóo en su primera visita a los cursos de verano de la UCM como presidente del partido se han esforzado en justificar la respuesta ofrecida el martes, y que estuvo dominada en buena parte por un terrorismo que depuso las armas hace ya cerca de 11 años.

Entre los presentes, el coordinador general, Elías Bendodo; el vicesecretario Institucional, Esteban González Pons; el de Economía, Juan Bravo; el de Organización, Miguel Tellado; la de Políticas Sociales, Carmen Navarro; o el portavoz en el Senado, Javier Maroto. Todos han defendido el discurso de su secretaria general en la coincidencia con la fecha del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Pero también han reconocido que la gente el día después “habla de otra cosa” y que era necesario “un cambio de foco”.

Feijóo comenzó el viraje a primera hora, en una entrevista en Onda Cero en la que rechazó de forma genérica los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas comprometidos por Sánchez. Después, se montó en el coche oficial y se fue a San Lorenzo de El Escorial, donde le esperaba parte de su Comité de Dirección, además de cuadros medios y cargos municipales para arroparle en el arranque de las jornadas “Fortalecer Europa con una alternativa para la mayoría”.

A unos metros de donde se casaron hace ahora dos décadas Ana Aznar y Alejandro Agag, Feijóo insistió en la misma línea que ya había marcado unos minutos antes y que enmendaba en parte el discurso de Gamarra del día previo: “En el debate del estado de la nación quedó de relieve que una mayoría de los españoles que confiaron en el Gobierno ya no confían en el Gobierno. No es portavoz de la realidad ni de la moderación a la que se suman la mayoría de los españoles”.

Esa “moderación” sí la representa él mismo. Y a esa supuesta “España moderada” se ha dirigido en primer lugar. “Hay una España moderada que se ha ido alejando del señor Sánchez a medida que él se ha alejado de la moderación. En su huida hacia adelante, el Gobierno está centrado en cambiar el relato, pero no la realidad”.

Y, nuevamente, ha recuperado una acusación que el PP, y una parte del PSOE, han lanzado sistemáticamente a Sánchez ya desde 2016, cuando viró a la izquierda en la pelea de las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz, Patxi López y el aparato del partido. “En su intento de parecerse cada vez más a Podemos acabará pareciéndose al expresidente Rodríguez Zapatero. Es doblemente preocupante”, ha expresado. ¿Y qué significa “podemizar el Gobierno”, según Feijóo?: “Activar el mayor populismo en política económica y fiscal de Europa” –pese a que hasta el BCE estudia limitar los beneficios extra de la banca– algo que “es un flaco favor al PSOE, a la moderación y al progresismo de nuestro país”, dice el líder del PP. Y sigue: “Esta España moderada en la que se incluye la mayoría de los españoles entienden que progresismo y moderación, progresismo y estabilidad, progresismo y política seria son compatibles y complementarias”. “Progresismo no es radicalismo, no es inestabilidad ni sobresalto permanente. Progresismo es trabajar por el bienestar y por el crecimiento frente a la miseria que vamos generando. Y progresismo es trabajar por el avance de la democracia frente al control de las instituciones que el Gobierno está practicando”.

Feijóo ha sostenido que el Gobierno está en una profunda “crisis”, lo que le impide “gobernar la crisis”, que “la división” en el seno del Ejecutivo “fue patente” en la primera jornada del estado de la nación. “Tenemos un conjunto de gobiernos de tres partidos que no son capaces de ponerse de acuerdo y compartir propuestas”, ha dicho, para arremeter contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien según el líder del PP “no disimuló que no conocía las propuestas”, lo que le lleva a sostener que “la situación interna es de descomposición”.

Pero, a la vez, Feijóo sostiene que las medidas anunciadas por Sánchez son las de Podemos, a quien el Gobierno “le ha copiado las propuestas económicas”, pese a que Podemos forma visiblemente parte del Ejecutivo. “Se da la paradoja de que no se las cuentan porque las quieren rentabilizar. Comprendo que Podemos esté enfadado de que le hayan plagiado sus propuestas”, ha zanjado.

Mapa y cantimplora para seguir al Gobierno

“Ayer esperaba algo más”, ha confesado Feijóo, quien asistió silente al duelo Sánchez-Gamarra, pese a poder utilizar las instalaciones del Congreso en tanto que senador. “Todavía me estoy preguntando cómo es posible que ante la mayor inflación en 40 años y el problema energético las propuestas estructurales fuesen ninguna. Y los planes y las reformas fueran ninguna”, ha añadido.

Tras sostener que el Gobierno no ofrece ninguna medida, Feijóo ha pasado a deslegitimar las planteadas por Sánchez al decir que va “de parche en parche”. Ha calificado el discurso del presidente de “rompecabezas” y ha reconocido que no sabe “muy bien cuáles son las medidas” porque “cada 15 días se traen medidas nuevas que enmiendan total o en parte las anteriores” con un objetivo: “Responder a los titulares de los medios o a los socios de Gobierno para mantener la coalición”.

Así, y pese a criticar de forma genérica el plan del Gobierno, ha evitado pronunciarse con precisión al no conocer los detalles. El PP lo hará cuando se sepa la letra pequeña “para no entrar en un juego que al Gobierno le interesa”, según ha apuntado Feijóo en una declaración posterior ante los periodistas. Eso sí, ha dejado una pista: “Ya anticipo que si la opinión es que los ciudadanos paguemos más a los bancos y las eléctricas, estaremos en contra”.

Ante los periodistas, en tono irónico, ha dicho necesitar “un mapa y una cantimplora” para seguir al Gobierno.

Y si quedaba alguna duda de cuáles son las intenciones de las grandes empresas del Ibex a las que van dirigidos los nuevos impuestos anunciados el martes por Sánchez, lo dejó claro la exministra de Trabajo Fátima Báñez, quien participó en el punto inmediatamente posterior al de Feijóo: “Retos del empleo y la fiscalidad en España”.

Las palabras de Báñez son interesantes no solo porque es una de las personas de referencia del PP de Feijóo, sino porque forma parte de la dirección de la CEOE y, además, cobra de Iberdrola, una de las empresas a las que afectará directamente el nuevo tributo a los beneficios extraordinarios de las eléctricas.

“Los impuestos a la carta desequilibran la salida de la crisis”, ha dicho Báñez, quien ha defendido el papel de las empresas como “solución” porque “generan riqueza y oportunidades”. En su opinión, “no hay que subir impuestos”, sino “apoyar que las empresas generen riqueza y empleo” para lo que ha reclamado “tomar medidas desde el consenso” y que incluyan “a todos los partidos”.

Báñez ha apostado por “el pacto de rentas” como “un pacto de país”. Y ha lanzado una advertencia, que entronca con lo dicho por su jefe, Antonio Garamendi: “Las medidas de ayer hacen perder a los ahorradores una parte muy sensible de los ahorros. Nos estamos jugando la creación de empleo de pasado mañana”. Dicho queda ante la plana mayor del PP.

Si la derecha sigue instalada en que la legislatura está acabada y que Pedro Sánchez está en tiempo de descuento, se equivocará. Esto va más allá de ganar por goleada un debate de la nación. Va de resistencia, que sobre eso el presidente tiene escrito todo un manual. Va de recuperar la iniciativa política con medidas que den profundidad al mandato hasta el final de sus días. Va de hacerse cargo del estado de ánimo de la ciudadanía, que es lo que pretende transmitir el actual inquilino de la Moncloa y todo su gobierno en el día después de una sesión que insufló una euforia que no se veía hace meses en las filas del socialismo. Va de mensajes rotundos que no necesitan aclaración a pie de página como es el de la creación de nuevos impuestos para gravar los beneficios de las energéticas y la banca. Y va de que esta fiesta –las consecuencias de la crisis– no la paguen los de siempre, sino los que disparan sus rendimientos a costa de quienes viven de una nómina y hacen cada mes malabarismos para cuadrar el pago de sus facturas.

Pedro Sánchez ha logrado, en definitiva, romper con el marco discursivo del PP de un posible adelanto electoral porque su nuevo plan de justicia fiscal y de protección social de las clases medias y trabajadoras se desplegará durante los próximos dos años y porque el giro a la izquierda del presidente ha logrado, tras meses de disonancias, cohesionar a los socios de la coalición de gobierno. La izquierda en todas sus versiones aplaude el giro a la izquierda del presidente, mientras que la derecha del PP calla sobre el impuesto a las grandes corporaciones, que el martes anunciaba Sánchez pero también el gobierno liberal belga y ya está vigente en al menos en diez países europeos de todo tipo de colores, y no precisamente socialdemócratas ni comunistas.

Lo que dure tanto la reestrenada unidad de la coalición, como la efervescencia en la izquierda, dependerá de que los ciudadanos perciban o no que el rearme ideológico del presidente no ha sido un ejercicio de travestismo fruto del desgaste que acusa en las encuestas y tampoco un relato construido 'ad hoc' para salir al paso de un decisivo debate parlamentario. “Esto es una estrategia de continuidad, una declaración de intenciones para un tiempo de incertidumbre económica y que el presidente no oculta ni pretende poner paños calientes, sino afrontarlo con determinación y empatía con las clases medias y trabajadoras”, defienden en la fontanería 'monclovita'.

Tras el duro revés de las elecciones andaluzas, el jefe de Gobierno ha pisado el acelerador y dado instrucciones para poner al PSOE ya en modo electoral de tal forma que el primer día de septiembre el partido trabaje a pleno pulmón con la vista puesta en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023. Es precisamente en este contexto, en el que tanto en el Gobierno como en la sede federal dan por hecho que Sánchez hará ajustes, no en el Consejo de Ministros, sino en el equipo de Ferraz.

“La obscenidad con que desde el partido se exhiben las diferencias entre la vicesecretaria general y el secretario de Organización es tan inaceptable como insostenible”, afirman fuentes socialistas, que recuerdan que el presidente ya se vió obligado a dar un toque de atención en la primera reunión de la dirección federal posterior al 19J, en la que también afeó la falta de implicación de una parte de la dirección federal representada por Adriana Lastra en la campaña andaluza. Lo único que falta por despejar, dado el hermetismo del presidente, es si la decisión que adopte para poner orden en la dirección y neutralizar a quienes están más ocupados en la desestabilización y el enredo que en el trabajo llegará o no en este mismo mes de julio o será en la primera semana de septiembre.

La derecha, noqueada y ausente

Hasta entonces, en la Moncloa, en el partido y en el Grupo Socialista disfrutan del resultado de un debate de la nación que aseguran ha dejado “noqueada a la derecha”, que 48 horas después de que Sánchez anunciase la creación de un impuesto para energéticas y bancos sigue sin pronunciarse al respecto. El hecho de que por primera vez los medios de comunicación afines al PP no hayan realizado encuestas sobre quién se impuso a quién en la jornada parlamentaria por excelencia no deja lugar a dudas sobre la posición en que quedó el partido de Alberto Núñez Feijóo. Y lo mismo se podría colegir de la ausencia de Cuca Gamarra durante casi toda la mañana del miércoles, tras el desafortunado papel que desempeñó el primer día. 

A la derecha le resultará complicado ponerse del lado de las grandes corporaciones, explicar a la ciudadanía su alineamiento con los que más tienen o desmarcarse de medidas en apoyo de las clases trabajadoras, como el aumento de las becas para estudiantes o la gratuidad del transporte de Cercanías y distancia media. Si algo han aprendido en La Moncloa, en el último año, es que para desmontar el modelo ideológico de la derecha no hace falta entrar en guerras culturales ni tampoco elevar a las alturas a líderes regionales como Isabel Díaz Ayuso, a quien en capítulos anteriores del ala oeste de La Moncloa se la llegó a tratar como si fuera una igual de la liga nacional. Para muestra, Sánchez no la mencionó expresamente ni una sola vez durante el debate para cuestionar sus políticas. Bastó con que reaccionara a las polémicas becas para ricos con una nueva ayuda a los estudiantes ya becados de acuerdo al baremo actual de rentas y con un apuesta decidida de la gratuidad en el transporte público que depende del estado, además de una rebaja en el precio del que está bajo la competencia de las comunidades autónomas. En adelante, por más que se empeñe la lideresa madrileña, el nombre de Ayuso no estará en el relato de los socialistas porque sus políticas son ya las de Feijóo, que las ha asumido como propias. 

La Moncloa cree que, tras el broche con el que Sánchez ha puesto a este curso político que acaba, la izquierda se ha activado y cohesionado mientras que la derecha del PP se ha quedado “en un rincón desde el que defender a los poderosos”, justo el mismo día en que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la apertura de juicio oral contra Iberdrola Generación y cuatro directivos al considerar que en 2013 la compañía “ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía” con la finalidad de “provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores”.

Malos tiempos para ponerse de perfil ante semejantes prácticas y una inflación desbocada.

Bajar impuestos. Es la solución para todo que el PP incluye en las resoluciones al debate del estado de la nación que han registrado este miércoles en el Congreso. ¿Hay un problema de inflación? Deflactar el IRPF. ¿Aumenta el riesgo de pobreza infantil? Reducir los tributos. ¿La crisis energética pone en duda el suministro, y el precio de este, ante el invierno? Bajar los impuestos. El partido de Alberto Núñez Feijóo plantea además prolongar la vida de las nucleares, aunque hasta 2027 no esté previsto el inicio del cierre de ninguna. La tercera pata de las propuestas que se votarán el jueves es también habitual en los sus programas: recentralizar, ya sea la educación o la sanidad. Eso sí, sin mencionar a la privada tras la polémica de las becas de Ayuso. Una de las pocas diferencias con el PP de Pablo Casado.

El PP no plantea novedades en las resoluciones, que podrán enmendarse a lo largo de esta tarde y que se votarán en el Pleno del jueves. Como otras iniciativas parlamentarias, las resoluciones del debate del estado de la nación no pasan de ser sugerencias o peticiones más o menos concretas al Gobierno. Su influencia en la acción del Ejecutivo suele ser menor ya que, por definición, las plantean los grupos que no integran el Gobierno.

Pero sí sirven para definir la política de cada partido. La última vez que se produjo un debate de política general, en 2015, gobernaba el PP. Las resoluciones planteadas por la izquierda o los grupos plurinacionales fueron rechazadas y no influyeron en la acción del Ejecutivo del PP. Fueron, eso sí, un preludio de lo que estaba por venir a partir de la moción de censura de 2018.

Es lo que ocurre en el caso de las resoluciones planteadas por el PP, que recogen sus planteamientos clásicos, así como algunos más coyunturales. En ambos casos, sin novedades sobre lo ya anunciado. Ni en el campo de la economía, donde intenta focalizar su oposición Feijóo, ni en el de las instituciones, la lucha contra la pobreza o la Política Exterior y de Defensa.

El PP ha presentado una decena de propuestas de resolución. Cada partido tiene la libertad de presentar los bloques que considere y el contenido tampoco está tasado, por lo que la mera selección de temas y el marco en los que se agrupan dicen mucho de las intenciones de los grupos.

La radiografía que hace el PP es la de un país abocado al desastre, con una situación comparable a la de la crisis financiera que se inició en 2008 y víctima de un “empobrecimiento general que provoca la desaparición de la clase media”. Para el PP, la principal causa del actual estado de la nación es la “destrucción de empleo”, pese a que España está precisamente en los mejores datos paro desde aquel 2008.

Más allá de las propuestas genéricas para paliar esta situación, como “atender situación de privación material” o un “plan de protección de las familias”, el PP apuesta por “bajadas de impuestos, deducciones fiscales” dirigidas “a los más vulnerables”. El PP plantea además la mejora burocrática del ingreso mínimo vital.

En materia de Sanidad, el PP señala al Gobierno como responsable único del déficit de profesionales en la atención primaria, que se resolvería con una ampliación de plazas en el MIR concreto y la creación de una especialidad en Urgencias. Según el documento, hacen falta 1.000 médicos de familia en los próximos años. 

Pero el PP no deja pasar la oportunidad de apostar por exprimir la recentralización como receta. Por ejemplo, con un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios o un “gran acuerdo nacional” de medidas de choque, otra vez centrado en la atención primaria.

Algo similar ocurre con la Educación. Además de reclamar una genérica “libertad de los padres” para elegir “la educación y el centro de preferencia”, el PP pide un “currículo para todo el sistema educativo no universitario” en “todo el territorio” con “enseñanzas comunes”. También plantean “establecer criterios objetivos para promocionar, evaluar y titular” iguales en toda España.

Como la prueba de acceso a la universidad, EBAU, que debería consistir en “una prueba única para todo el territorio español”. Las diferencias entre comunidades autónomas es utilizada habitualmente por la derecha para hacer política. Este mismo miércoles, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que existe discriminación para los estudiantes madrileños quienes, supuestamente, se quedan fuera de la universidades que quieren en detrimento de los de otras zonas del mismo país.

El reverso de estas medidas está en la defensa encendida del castellano, víctima de una supuesta persecución en aquellas comunidades con lengua cooficial. Pese a que Feijóo ha hecho bandera de esta riqueza cultural, su grupo parlamentario pide su “no discriminación” y llevar al Constitucional el nuevo marco regulatorio de la llamada “inmersión lingüística” en Catalunya.

Lo que no menciona el PP de Feijóo es a la educación privada. Ni una referencia después de la polémica por las becas de Ayuso a familias con rentas por encima de los 100.000 euros anuales para centros privados. Un debate que el presidente del PP resolvió con una frase en la que parecía estar, a la vez, a favor y en contra.

Otra de las resoluciones reclama al Gobieron que promueva la defensa de la Transición como “base fundamental de la concordia entre españoles y la superación de la dictadura franquista” así como “intensificar el reconocimiento de las víctimas del terrorismo como referente ético”.

El PP hace una mención expresa a ETA, desaparecida hace 11 años y después de que la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, dedicara el martes un tercio de su intervención inicial a hablar de la banda terrorista, que se rindió en 2011.

En cuanto a la grave crisis energética que vive Europa, y que se puede intensificar si Rusia mantiene la guerra en Ucrania cuando llegue el invierno, el PP insiste en la reducción de impuestos como la piedra angular de su solución. Además, reclama como “recurso autóctono” el “promover un nuevo calendario de cierre, alargando la vida útil” de las centrales nucleares actualmente operativas.

Para ello, cómo no, se debe “reducir el actual exceso de impuestos” e imponer un “precio estable”. Pero, además, la solución que plantea el PP se choca con una realidad: los cierres no están previstos que se inicien antes de 2027, por lo que difícilmente prolongar su vida podría ayudar en la actual crisis.

Aunque no son cuestiones que se hayan abordado esta semana en el Congreso de los Diputados, Unidas Podemos reclamará un proyecto de ley “sobre libertad de conciencia que garantice laicidad del Estado”. También suprimir la asignación tributaria a la Iglesia católica, así como eliminar del sistema educativo la enseñanza de la religión. Todas esas iniciativas se incluirán en las propuestas de resolución que presentará el grupo tras el debate sobre el estado de la nación que ha concluido este miércoles en la Cámara baja, y a las que ha tenido acceso elDiario.es.

Cada grupo registrará como máximo 15 ideas que se debatirán el jueves en el Pleno y que, después, se someterán a votación del mismo. Entre sus proposiciones, Unidas Podemos exige una condena explícita de la masacre de la valla de Melilla del pasado 24 de junio, una masacre sobre la que, a juicio del grupo confederal, el socio mayoritario del Gobierno, el PSOE, de quien dependen los ministerios del Interior y de Exteriores, no ha dado las explicaciones suficientes. Pero evita denunciar el incremento del gasto en Defensa que en las últimas semanas le ha hecho chocar también con los socialistas. Asimismo, pide “impulsar vías legales” para facilitar la llegada de migrantes y la “regulación” de las personas que se encuentran en situación de ilegalidad, en línea a lo que ha hecho el Gobierno alemán.

Las propuestas de resolución tienen un enfoque eminentemente económico. Así, para “blindar el poder adquisitivo” de la ciudadanía ante la escalada inflacionaria, Unidas Podemos plantea subir el salario mínimo hasta que alcance el 60% del salario medio, una subida de las retribuciones de los empleados públicos, incrementar el ingreso mínimo vital en un 15%, así como abordar la subida de las pensiones no contributivas en un 15% y garantizar que se actualicen en función del IPC.

El grupo en el que están integrados Podemos, IU y En Comú Podem reclama, asimismo, la creación de una empresa publica de energía y un “pacto de Estado por los servicios públicos” que “culmine en una financiación de la sanidad, educación, cuidados y servicios públicos y que aumente las ratios de profesionales por encima de la media europea en 10 años”. Unidas Podemos plantea ampliar los permisos de nacimiento o adopción a 24 semanas, y establecer una prestación por crianza y permiso de 7 días de cuidados.

Refuerzo de la educación y la sanidad

Las propuestas de resolución del grupo confederal incorporan algunas de las medidas anunciadas en las últimas semanas por Podemos, como el aumento de la inversión en dependencia en 600 millones de euros, la puesta en marcha de un fondo adicional de 10.000 millones anuales “para reforzar sanidad y educación”, introducir la salud bucodental en el sistema nacional de salud y la eliminación de los copagos sanitarios.

Unidas Podemos también plantea una bajada de impuestos para las pequeñas y medianas empresas “que facturen menos de un millón de euros al año” y que, según la propuesta de este grupo, pasaría de gravar del 25% al 23%. Además, propone bajar el IVA “menstrual”, el de los veterinarios y el de las peluquerías. Pero también exige aumentar el IRPF a los salarios mayores a 10.000 euros mensuales y la creación de un impuesto a las grandes fortunas.

El grupo que en el Congreso encabeza Pablo Echenique plantea la “limitación de apertura de casas de apuestas y salones de juego cerca de centros educativos y dedica un apartado específico a pedir un incremento de la inversión sanitaria, desbloquear Ley de Salud Mental, incrementar prestaciones de salud bucodental, la incorporación directa del funcionariado en el sistema público de salud o garantizar el derecho al aborto en cualquier hospital o centro público del país. Pero, además, el grupo confederal quiere que desde el Estado se promueva el uso de las lenguas cooficiales así como favorecer el reconocimiento del asturiano, el gallego-asturiano y el aragonés.

Propuesta de resolución “feminista”

En materia laboral, Unidas Podemos propone aprobar un nuevo Estatuto del Trabajo “que ahonde en el contenido de la reforma laboral”, aprobar “un nuevo contrato social incrementando la fiscalidad de las grandes empresas”, poner en marcha la nueva Agencia Española de Empleo, impulsar que las cooperativas “puedan constituirse como plataformas para garantizar los derechos laborales” o regular “la prestación por desempleo a las trabajadoras del hogar”.

Entre las planteadas, existe también una propuesta de resolución feminista que recoja la estrategia nacional de cuidados y declare los cuidados “como derecho fundamental”. También se plantea “trabajar en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres”, asegurar “el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”, ampliar “derechos sexuales y reproductivos” o garantizar la paridad en los organismos públicos y el uso del lenguaje inclusivo.

PNV, EH Bildu, Más País y Compromís, los principales socios parlamentarios del Gobierno que intervinieron este miércoles en la segunda jornada del debate sobre el estado de la nación, celebran las medidas anunciadas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en su discurso del martes. Pero todos reclaman, también, que Moncloa ponga en marcha nuevas dinámicas para mejorar la comunicación con los socios de la investidura para poder mantener la mayoría progresista en lo que queda de legislatura.

“Ha incumplido por enésima vez el punto primero de nuestro acuerdo de investidura, que le comprometía a 'mantener una comunicación fluida y constante con EAJ-PNV, dando a conocer con antelación suficiente los proyectos e iniciativas que el Gobierno desee impulsar'”, le reprochaba el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, al jefe del Ejecutivo.

“Probablemente ustedes piensan que la mejor reacción a una bajada en las encuestas es presentar a bombo y platillo una serie de medidas sin reparar en las consecuencias que podrían provocar en su estabilidad parlamentaria. Medidas que nos veremos abocados a tener que discutir bajo presión para no hacer descarrilar al Gobierno. Se lo diré una vez más. Solo miran ustedes a la próxima curva sin reparar en las siguientes que hay en la carretera”, le advirtió.

En la misma línea se mostró después la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. “Queda apenas un año de legislatura”, le dijo a Sánchez, y esperamos que sepa elegir bien qué camino tomar“. Durante su discurso en el Pleno de la Cámara Baja, Joan Baldoví, portavoz de Compromís ponía por su parte en valor los avances aplicados por el Gobierno en los últimos años pero le advirtió al Ejecutivo de que ”se pueden seguir haciendo“ más avances ”con una mayoría progresista que es la única que puede hacer avanzar a este país“. ”Queda un año, aprovéchenlo“, les dijo a PSOE y Unidas Podemos.

Lo que el Gobierno “necesita para finalizar el mandato”

Ella recordó al Ejecutivo la existencia de una “mayoría plurinacional y progresista”, en alusión al bloque de la investidura, que debe permitir que la legislatura aborde “una nueva realidad social y económica justa y equitativa, que respete y amplié los derechos de los y las trabajadoras y asegure unas condiciones de vida dignas para todas las personas”. Pero también “una nueva forma de entender y respetar la plurinacionalidad del Estado, reconociendo las diferentes realidades nacionales existentes y respetando su derecho a decidir libre y democráticamente su futuro”, así como “una aportación en clave constructiva hacia el proceso de convivencia y reconciliación” en Euskadi y Catalunya.

Minutos antes, Esteban había lanzado advertencias parecidas. Porque, a su juicio, “lo que tocaba” esta semana “era pararse a reflexionar y anunciar unos objetivos, previamente pactados con todos los grupos” que el Gobierno “necesita para finalizar el mandato”. “Ayer dio la sensación de que nos ofrecía un paquete de medidas desestructurado, como si hubiera hecho una recolección de ideas por ministerios, una suerte de improvisación a manera de aquel ‘no’ a la bajada del 5% del IVA de la electricidad que a las dos semanas era ‘sí’”, lamentó.

Es más. Esteban llegó a preguntar a Sánchez “cómo piensa llegar al Gobierno y mantener una mayoría en una próxima legislatura”. “¿O es que no le importa? Si no cuida sus relaciones parlamentarias, ¿con quién piensa alcanzar la Moncloa tras las siguientes elecciones? Porque, tal y como vaticinan las encuestas, tendrá que seguir apoyándose en las mismas formaciones que le dimos apoyo en la investidura. A no ser, claro, que lo que pretenda es acudir a una gran coalición con el PP. Si no es así, si va a tener que seguir con nosotros, ¿qué va a hacer usted para mantenernos como socios?”, se interrogó.

Si bien el portavoz del PNV ha renegado de un posible acuerdo de su partido con el PP porque “los mensajes que se envían” desde la dirección de Alberto Núñez Feijóo “son desoladores y no invitan al optimismo ni al acercamiento”, él ha querido ser claro con PSOE y Unidas Podemos. “El ‘no os lo podéis permitir, no tenéis alternativa a mí’ como argumento, insisto, es poco alentador e inteligente. Desde luego no genera ni ilusión, ni fuerza, ni adhesión. Porque, en realidad, el que ‘no puede permitírselo’ es usted. Usted no puede permitirse prescindir de los socios”, le espetó a Sánchez.

El Sánchez “de izquierdas”

Respecto a las medidas de Sánchez, ni PNV ni EH Bildu mostraron grandes reticencias, si bien fue la segunda formación la que las acogía con mayor optimismo. Aizpurua reconocía que el jefe del Ejecutivo “ha intentado imprimir un nuevo giro a la izquierda con el anuncio de sus medidas”. “Hoy podríamos pensar que tenemos aquí al Sánchez de izquierdas. Bien, ojalá sea así, porque nos alegraremos. Pero como casi siempre con este Gobierno, todo se queda a medio camino, todo es temporal y no estructural, son parches para un momento concreto sin cambios de raíz”, lamentó.

La portavoz de EH Bildu aseguró, asimismo, que “varias medidas” de las planteadas por Sánchez son las que llevan tiempo exigiendo socios de izquierdas del Gobierno, como un impuesto a la banca y a las eléctricas. “¿Es positivo que se vayan a tomar estas decisiones? Por supuesto. ¿Es suficiente? Obviamente no”, consideró, antes de reprochar a los miembros del Gobierno no haber dicho “nada de cómo controlarán que, como vienen haciendo con cada medida aprobada” que las subidas de impuestos a las eléctricas o las grandes empresas “no acaben repercutiendo en el consumidor”.

“Nos gustaría conocer los mecanismos que tiene planteados para que esto no ocurra”, insistió, antes de pedir a Sánchez que “anuncie la intervención pública de los precios para poner topes a la electricidad y los carburantes”, así como “impuestos extraordinarios permanentes sobre sus beneficios” y recuperar “la gestión pública de todas las centrales de generación privatizadas”.

El PNV se quejó de invasiones competenciales. Esteban no mostró en contra del impuesto a las grandes compañías energéticas pero consideró que “no puede hacerse de cualquier forma”, sino que “debe evitarse que no haya garantías de que de nuevo vuelva a repercutir en el usuario”. “En todo caso, deberá hacerse sobre la diferencia de beneficios pues no puede gravarse doblemente por el mismo hecho imponible. Y, sobre todo, cualquier gobernante debe saber que hay sectores del tejido económico e industrial que son muy delicados, el diálogo con los afectados es imprescindible si no quieren ponerse en riesgo inversiones público-privadas que hoy se tornan imprescindibles para transformar el modelo económico y están recogidas en el programa de recuperación y resiliencia, o para evitar tentaciones deslocalizadoras”, añadió.

Ante la inflación y la guerra de Ucrania, Esteban pedía al Gobierno más “medidas estructurales” y “medidas a medio plazo” que “deben ser no generalizadas sino selectivas, dirigidas a colectivos determinados y a término”.

El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, consideró, por su parte, este miércoles que “era necesario un golpe de timón firme y decidido” por parte del Gobierno y que “había que decidir a quién se protegía primero”. “Hacía falta un golpe de timón y ayer le escuché ese golpe de timón y me alegro”, le dijo al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. No obstante, Errejón consideraba que ese giro “tiene que llegar a la vida cotidiana y no puede ser a medias” porque “el ánimo no aguanta un golpe fallido más”.

El líder de Más País cree “necesaria” una “intervención decidida” del Estado “para que los de arriba no le trasladen los costes” de la crisis y la inflación “a los de abajo”. “Si el Estado ha estado para la pandemia, debe estar en primer lugar para lucha climática y para poder ayudar a vivir frente a la pobreza y la desigualdad. Ese es el rumbo, ese es el camino en el que nos va a encontrar”, le dijo a Sánchez. Errejón también pedía “aplicar un control de precios en sectores inflacionarios” como el energético o el de los precios del alquiler.

Duro enfrentamiento con Rufián

Sánchez, en sus turnos de réplica, ha evitado comprometerse a poner en marchas esas nuevas dinámicas que le piden los socios, y ha asegurado que en todas las relaciones políticas “cuecen habas”, para restar importancia al malestar de PNV y EH Bildu.

Los reproches llegaron, además, del agrio enfrentamiento que protagonizó el presidente del Gobierno con el portavoz de otro de sus socios parlamentarios, ERC. Gabriel Rufián cuestionó e incluso ironizó acerca del supuesto viraje a la izquierda de Sánchez. Pero lo que más enfadó al jefe del Ejecutivo fue que Rufián expusiera en la tribuna balas usadas por la gendarmería marroquí en la masacre de Melilla. “Se ha equivocado gravemente. La mera exhibición de balas en este hemiciclo es un error imperdonable”, le dijo al portavoz republicano.

“Hoy se ha levantado de izquierdas, enhorabuena”, le dijo Rufián a Sánchez nada más empezar su intervención, en referencia a las medidas que había anunciado por la mañana, como un impuesto a las energéticas y a los bancos. “Ha venido a darnos grandes titulares en pos de un futuro mejor. Yo vengo a darle datos de un presente que es mucho peor”, advirtió antes de enumerar algunas cifras, como que la gente es “3.000 euros más pobre”; que el 30% de la población ya no compra ropa; que el 96% de las limpiadoras tiene ansiedad y el 40%, depresión; o que la brecha de género es ya del 36%; hay 11 suicidios al día hoy o que 23.000 grandes multinacionales pagan menos impuestos que los autónomos, entre otras. “Este es el estado de su nación”, le dijo Rufián a Sánchez.