El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y las fiscales Anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá preguntaron a Arturo Fernández por su relación con Cristina Cifuentes y sobre si el grupo del que es dueño, Cantoblanco, fue favorecido en la adjudicación de la gestión del servicio de cafetería de la Asamblea durante los años 2009, 2010 y 2011. Fernández destacó en su respuesta, durante su declaración como imputado en la pieza separada de la trama Púnica sobre la financiación del PP de Madrid, su “prestigio” y “experiencia” en el sector. La respuesta de Velasco fue categórica: “Le puntuaron la experiencia y eso no se puede puntuar. Tan regular no fue”.

Este contrato, que está siendo investigado por la UCO, fue concedido al grupo de restauración cuando la actual presidenta de la Comunidad de Madrid presidía la Mesa de Contratación. Cifuentes siempre ha mantenido que el informe de esta unidad de la Guardia Civil está “equivocado” y que un juez no apreciaría delito en la gestión que hizo de aquella adjudicación.

“Mis concursos han sido todos más que transparentes y han estado todos dentro de la ley”, dijo el expresidente de los empresarios madrileño con firmeza, a la vez que presumió de su experiencia como restaurador en el Congreso de los Diputados, el Senado y la Moncloa.

Según Fernández, ese concurso le hacía perder 60.000 euros al año. Para defenderse ante la observación de la regularidad del contrato que hizo el juez, aseguró que mostró su intención de rescindir el contrato en varias ocasiones. “Yo no he amañado nada en mi vida”, insistió.

Las donaciones a Fundescam

Arturo Fernández mantuvo en su declaración que no sospechó que la donación de 60.000 euros que hizo en el año 2007 a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) era utilizado por el PP.

Según el audio de esta declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el que fuera presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) explicó que donó 60.000 euros a la fundación madrileña dos meses antes de las elecciones autonómicas de 2007 como “empresario” porque le pidió una “ayuda”.

“Alguien de la fundación me dijo 'vas a ayudar a la fundación a hacer una participación'” y entonces “la di”, apostilló quitándole hierro al asunto argumentado que este donativo se ha hecho en otras ocasiones a otras fundaciones. En esta línea, Fernández enfatizó, a preguntas de la Fiscalía, que hizo esta aportación a la fundación destinada “al desarrollo de la economía madrileña” haciendo honor a “una frase muy típica” que dicen los “empresarios” sobre que “hay que devolver a la sociedad parte de lo que se gana y me parece muy razonable”.

“No sabía para qué utilizaban el dinero”

Además, aseguró que hizo esta donación “a cambio de nada”. “Por lo que veo esta fundación es problemática”, añadió, al tiempo que recalcó que “no sabía para qué utilizaban el dinero (...) si por temas electorales u otras actividades que hiciera la fundación”.

Pero Velasco centró parte de su interrogatorio en el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González -en prisión incondicional por la 'Operación Lezo'-. El magistrado hizo hincapié en saber si Fernández no le dio “la sensación de que el dinero en vez de dárselo a una fundación se lo daba al partido”.

Tal y como recordó el juez de la Audiencia Nacional, en 2007 González era patrono de Fundescam a la vez que dirigía la campaña electoral de Esperanza Aguirre para continuar otros cuatro años más en la Presidencia de la Comunidad de Madrid. “¿Era consciente de que (González) es 'Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como'?”, ironizó Velasco.

Fernández negó saber que González era el director de campaña de Aguirre y continuó su defensa en que él daba dinero a una fundación sin saber que los del PP y los de Fundescam eran “los mismos”.

La cercanía de Fundescam y la sede del PP

El juez de la Audiencia Nacional también preguntó a Fernández sobre el ente dependiente de la Comunidad de Madrid cuando éste reveló que la sede del mismo está en las proximidades a la de los 'populares'. “Creo que está en (la calle) Génova”, contestó el empresario, a lo que a su vez Velasco se mostró sorprendido e insiste en que se supone que Fundescam es “algo autónomo” independiente del partido.

“Yo he visto la transferencia y veo que era Génova, 10. Sería ahí”, concluyó Fernández. Precisamente, la sede del PP nacional y madrileño se encuentra en el número 13 de la calle mencionada.

A raíz de estas afirmaciones, Velasco comenzó a interrogar sobre altos cargos del PP madrileño relacionadas con Fundescam como la expresidenta Esperanza Aguirre -que fue presidenta de este organismo-, sobre la que subrayó que tenía una relación buena, al igual que con sus sucesores Ignacio González o Cristina Cifuentes. También apuntó que no tuvo relación con el exgerente de los 'populares' de Madrid Beltrán Gutiérrez -“Le acabo de poner caras y ojos aquí”, indicó en su declaración- y señaló que cree que no fue la persona que le pidió la donación.

La vida política de Cristina Cifuentes es larga, muy larga. Han sido muchos años de trabajo y responsabilidades. De servicios a los ciudadanos y a su partido. De ir de lista o hacerse la rubia, según convenía en cada momento. Puede que al principio ni siquiera sus propios compañeros la tomasen en serio, como se afirma en algún perfil que hemos podido leer hace unas semanas. Pero su cabeza, sin duda, albergó siempre una ambición, un afán por llegar a lo más alto.

En ese camino, durante mucho tiempo no estuvo en primera línea. Fue construyendo su perfil y su poder en la sombra. Tapada, sí, pero siempre con responsabilidades. Como esos pura sangre con clase que para ganar carreras necesitan escoger una buena referencia para, en los últimos metros, arribar primeros a la meta y cobrar la victoria.

En sus seis legislaturas como parlamentaria, desempeñó más de una decena de cargos, entre ellos, los de vicepresidenta primera, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular y portavoz de comisiones como Presidencia, Justicia e Interior; Educación, Vigilancia de las Contrataciones, Cultura y Control del Ente Público Radio Televisión Madrid. Además de estar en el partido y en Fundescam y en el Canal y en Caja Madrid.

Como ven anduvo presente en todos los escenarios del crimen, en todos aquellos lugares en los que el PP madrileño, si nos fiamos de la Policía, la Guardia Civil, los jueces y los fiscales, iba vendiendo favores a cambio de millones de euros. Uno para el partido, dos para mí, otro para el partido, tres para mí...

Su momento llegó en 2015. Después de ser durante tres años delegada del Gobierno en Madrid, dejando no pocas polémicas por la brutalidad de varias intervenciones de la policía a sus órdenes, fue designada candidata a la presidencia de la Comunidad directamente por el Comité Electoral Nacional de su partido, es decir, por Mariano Rajoy. El presidente no quería ver ni en pintura a Ignacio González, en realidad tampoco se le veía muy hermanado con Esperanza Aguirre, pero al final aupó a Cifuentes y cedió ante las ambiciones de la lideresa por ser alcaldesa de la capital.

Con González en la cárcel y Aguirre en capilla, Cifuentes debió pensar que el momento de dar el último salto estaba cerca. Ya se prodigaba en los medios y aparecía en las quinielas para “heredar” a Rajoy, pero aceleró su presencia. Y en esto llegó el informe de la UCO para desbaratarlo todo.

Puede que Cristina Cifuentes no se haya enriquecido, tiendo a pensar que esa parte es verdad. Pero las dudas en realidad ya son otras. Si nunca se dio cuenta de todo lo que estaba pasando a su alrededor, malo. Si lo sabía y miró hacia otro lado, peor.

Y es que después de tantos años haciéndose “la rubia”, no debe extrañarle que ahora ya no nos creamos nada. Por eso la gran pregunta hoy es: ¿qué es verdad y qué es mentira en Cristina Cifuentes?

Tras haber barrido a sus enemigos internos con la dimisión de Esperanza Aguirre, conformar el partido a su medida y con la aprobación los presupuestos de 2017 pese a su debilidad parlamentaria, el pasado llama a la puerta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para llevarla a su momento político más complicado.

La investigación de la Guardia Civil que vincula a la presidenta de la Comunidad de Madrid con la financiación irregular del PP la coloca en una difícil situación política. Cifuentes esperó al final de la tarde del martes para dar explicaciones ante los medios. Para entonces un teletipo de EFE recogía que el juez Velasco había descartado actuar contra ella. “Confío en la justicia y más allá del documento de la Guardia Civil, el juez que conoce el informe no ha tomado ninguna decisión”, declaró con alivio la presidenta.

Con la Guardia Civil fue especialmente dura. “Es un relato con apariencia de veracidad, que recoge muchos juicios de valor pero no tiene ningún fundamento jurídico”, declaró Cifuentes. No es normal que un miembro del PP y exdelegada del Gobierno haga unos comentarios tan duros contra los agentes del instituto armado.

La debilidad parlamentaria de los populares en Madrid obligó a Cifuentes a salir en tromba para evitar que se ponga en peligro su futuro político. Por si acaso, lanzó la amenaza de emprender acciones legales contra todos aquellos que duden de su honorabilidad y honradez.

Génova no salió en su defensa hasta que la presidenta de la Comunidad de Madrid dio públicamente su versión. “Confiamos en las explicaciones de Cifuentes y expresamos nuestro apoyo a su labor como presidenta de la Comunidad de Madrid”, fue la escueta explicación que partió de la dirección nacional del partido. Para evitar dudas, antes de esta declaración la política madrileña aseguró: “La dirección tiene absoluta confianza en mí”.

Sin embargo, otras fuentes de la formación conservadora recordaron que fue la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid la que “ha puesto el listón muy alto” en la respuesta de frente a los casos de corrupción. Cifuentes es víctima de sus 20 años en el partido pero también de su deseo de romper con un pasado que ha marcado su devenir político en los últimos dos años.

Marcar diferencias con la etapa de Aguirre

La necesidad de marcar una clara diferencia con la etapa de Aguirre sumada a las obligaciones debidas por el acuerdo de investidura con Ciudadanos ha hecho que la formación conservadora aprobara un código ético del partido más exigente que el de PP nacional: Es motivo de renuncia “ser investigado formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social”.

También en la dirección del partido admitieron que la nota de prensa que lanzó el PP de Madrid con la dimisión de Aguirre era “peligrosa”, ya que colocaba en una complicada situación a sus dirigentes madrileños porque hacía suyo la obligatoriedad de dimitir en caso de fallar en la vigilancia de posibles casos de corrupción: “Nuestra organización comparte las razones expuestas por Aguirre para dejar el cargo, especialmente en lo que se refiere a que debía haber vigilado con mayor eficacia los posibles casos de corrupción, lo que ha causado daño a las instituciones y al propio partido”.

El protagonismo de Cifuentes como regeneradora de la vida política tras llevar a la fiscalía una documentación del Canal Isabel II que aceleró la operación Lezo de la policía ha puesto nerviosos a una parte de la dirección del partido, más aún cuando se le colocó entre la terna de sucesores de Mariano Rajoy.

Ahora está por ver cómo responde a los envites políticos de la oposición, cuando PSOE y Podemos han retomado con fuerza la corrupción como bandera para poner en duda la gestión del PP tras el ingreso en prisión de su antecesor en la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Cifuentes no ha dejado de tener sobresaltos desde que llegó a la presidencia de la Comunidad. Entre las salidas por las investigaciones policiales o las actuaciones judiciales relacionadas con la corrupción, las desavenencias ideológicas de los diputados más conservadores frente a la política madrileña, los saltos al Gobierno regional de parlamentarios autonómicos que dejaron el acta porque se les exigió dedicación exclusiva o el diputado que dimitió tras dar positivo por alcohol, el grupo parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Madrid ha tenido 19 bajas en dos años.

Moción de censura

Estos casos de corrupción del PP han llevado a Podemos a anunciar que presentarían una moción de censura a Cifuentes que, de momento, ni PSOE ni Ciudadanos apoyan. Albert Rivera, presidente de la formación naranja, recordó la dimisión del presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez para asegurar que “si luego en sede judicial hubiera imputación, Ciudadanos no tolera que haya imputados en el Gobierno, como hemos demostrado en Murcia. Eso sería inadmisible e insostenible”.

El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, emplazó “al PSOE y a Ciudadanos a reconsiderar su posición porque no hay miembro honrado de una mafia, porque Cristina Cifuentes no está al margen del PP sino que es una más en el engranaje de poder y modelo de gestión y de saqueo al servicio de unos pocos que el PP ha presentado”.

A dos años de las elecciones Cifuentes se enfrenta ahora a la ardua tarea de tener que responder en cada sesión parlamentaria de la Asamblea de Madrid a las acusaciones de la oposición por un informe de la Guardia Civil que le imputa los delitos de prevaricación y cohecho. Una traba que puede acabar con uno de sus deseos. En una entrevista para eldiario.es Cifuentes aseguraba: “Si tuviera que expresar algún deseo, me gustaría volver a presentarme a unas elecciones autonómicas en 2019”.

“Ahora no soy casta, ahora soy trama”, se quejaba Arturo Fernández hace unas semanas ante la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política de la Asamblea de Madrid, muy disgustado después de que Podemos estampara su rostro en el famoso Tramabús.

En teoría, el empresario había sido convocado por Podemos para hablar del fraude en los cursos de formación en la Comunidad de Madrid, pero acabó dedicando buena parte de su comparecencia a explicar su apoyo financiero a Fundescam, la fundación del PP vinculada a la presunta financiación irregular del PP de Madrid que ahora ha salpicado de lleno a la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

Un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica y conocido este martes ha puesto de relieve la relación entre las donaciones a Fundescam, la supuesta financiación irregular del PP y la posterior adjudicación a Fernández, entre otros empresarios, “de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes”.

En el caso de Fernández, el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cita los del servicio de Cafeterías, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid adjudicados entre 2009 y 2011 a su empresa de hostelería, Cantoblanco, con Cifuentes, entonces vicepresidenta de la Asamblea, como presidenta de la mesa de contratación.

La línea de puntos trazada por la UCO arranca con dos donaciones a Fundescam por importe de 160.000 euros de marzo de 2007, dos meses antes de las elecciones autonómicas de ese año, por parte de sendas entidades vinculadas al empresario hostelero: 60.000 euros desde la fundación Cantoblanco y otros 100.000 euros a través de la patronal madrileña CEIM, de la que entonces era vicepresidente.

Esas cantidades, según la Guardia Civil, “fueron empleadas para sufragar gastos electorales” del PP madrileño.

En horas bajas

Fernández no está, huelga decirlo, en su mejor momento. Mientras ve cómo a alguno de sus antiguos colaboradores, como Lourdes Cavero (a la que colocó en CEIM), se le complica su panorama judicial (la esposa de Ignacio González está doblemente imputada por el 'caso ático' y ahora, en la Operación Lezo), a él no le va mucho mejor.

Tras ser condenado a seis meses de cárcel por las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid, Fernández está a la espera de juicio por la salida a bolsa de Bankia, de la que fue consejero hasta su nacionalización, y está imputado por el presunto fraude en los cursos de formación en la Comunidad de Madrid. El empresario, al que un veterano político madrileño definía hace unos años como “el perejil de todas las salsas” en la región, ha visto como su grupo de empresas de hostelería se asoma a la liquidación mientras a él también se le amontonan los problemas judiciales, casi todos relacionados con escándalos del PP de Madrid.

El amigo de Aguirre

Amigo de la infancia de Esperanza Aguirre (fue alumno del Instituto Británico, como ella), Arturo Fernández (Madrid, 1945) fue durante años el rostro visible de los empresarios madrileños como presidente de CEIM, donde sustituyó a su concuñado, Gerardo Díaz Ferrán, hoy en prisión. El también exvicepresidente de la patronal CEOE heredó a los 17 años la empresa Cantoblanco, fundada por su abuelo en 1898. Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid y cursó un máster en Business Administration en Boston. 

El grupo de empresas Cantoblanco llegó a superar los 3.000 empleados y en sus buenos tiempos fue beneficiario de innumerables concesiones públicas, como las cafeterías del Congreso, el Senado, RTVE, numerosos ministerios, La Moncloa o la propia Asamblea de Madrid. Ahora, es un fijo de las listas de morosos de Hacienda, con una deuda que la última edición cifraba en más de 5,3 millones de euros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid alardeó en numerosas ocasiones que la corrupción pertenecía al pasado del PP

La Guardia Civil vincula a Cifuentes con la financiación irregular del PP de Madrid

La sucesión de casos de corrupción en la Comunidad de Madrid hizo posible que Cristina Cifuentes fuera candidata del PP a la presidencia regional, luego elegida con el apoyo de Ciudadanos, y más tarde presidenta del partido en Madrid. Eso le permitió anunciar lo que llamó una nueva etapa: “El tiempo de los corruptos se ha acabado en la Comunidad de Madrid. Absolutamente todos debemos ser implacables contra ella”.

Este martes, se ha sabido que informes de la Guardia Civil en el sumario del caso Púnica vinculan a Cifuentes con la financiación irregular del PP de Madrid.

En febrero de este año, fue muy clara sobre lo que pasaría si salieran casos de corrupción en su Gobierno o grupo parlamentario. “Yo lo que sí tengo muy claro es que si hay cualquier diputado o miembro del Gobierno que fuera investigado formalmente en un asunto de corrupción, esa persona renunciaría a su cargo, porque todos hemos asumido ese compromiso de hacerlo de esa manera”.

Dos meses después, tras la detención del expresidente Ignacio González, Cifuente dijo que el PP estaba viviendo “el fin de una época”: “Nuestro compromiso contra la corrupción ha sido, es y será inequívoco. Sin dilaciones, sin paños calientes, sin excusas ni maniobras de distracción”.

La investigación sobre la financiación irregular del Partido Popular en Madrid avanza en secreto bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Según han informado a eldiario.es fuentes próximas al caso, el magistrado ha tomado declaración este mismo mes de marzo en calidad de investigado a otro empresario, Marcelino Elosúa. Las pesquisas han incluido el registro de al menos una de las empresas de Elosúa, la editorial LID, especializada en publicaciones económicas.

El 8 de marzo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil impulsó una nueva fase de la investigación de la financiación irregular del PP, una pieza separada y por ahora secreta del caso Púnica. Ese día fueron registradas varias empresas, pero la atención informativa se centró en la solicitud de documentación a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, bajo la sospecha de que parte de los fondos del Plan de Estructuras Sanitarias 2004-2007 pudieron destinarse  a financiar el PP. Esa fase de la operación también incluyó el registro de LID Editorial Empresarial S.L., la empresa de Elosúa.

Durante el interrogatorio posterior, el juez Velasco se interesó por un episodio protagonizado por el empresario en agosto de 2011, cuando fue interceptado en la frontera entre Francia y Suiza con 200.000 euros en metálico. Los investigadores sospechaban que el dinero procedía de España y su destino era un banco suizo.

Elosúa declaró en la Audiencia Nacional que el dinero procedía del país helvético, concretamente del banco Julius Baer,  y que los agentes de aduanas franceses lo trataron como una simple infracción administrativa, a pesar de lo cual le incautaron el dinero. Posteriormente le devolvieron por transferencia bancaria 190.000 euros, una vez descontados 10.000 euros de multa. El empresario ha remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 diferentes documentos para avalar su versión.

En un escrito de su defensa remitida al Juzgado de Velasco, el abogado de Elosúa se queja de que los agentes de la UCO se llevaron del registro de LID información relativa a las cuentas en Suiza del empresario porque nada tienen que ver con el objeto de investigación de la pieza secreta de Púnica. Por este motivo, y porque contienen “datos de carácter personal e íntimo”, reclama su devolución.

“Las cuentas en bancos suizos de la familia Elosúa se remontan a hace varias décadas y no han tenido ingresos (ni efectivo ni de ninguna otra forma) desde hace más de diez años”, alega la defensa del empresario en su escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es. Esas cuentas, añade, “están totalmente regularizadas y declaradas a la Agencia Tributaria española” y los agentes de la UCO se llevaron de la empresa los modelos 720 que lo acreditan.

La fortuna Elosúa, en Suiza

Marcelino Elosúa de Juan pertenece a la familia que controló el mercado del aceite en España a través de una compañía fundada por su abuelo en 1927 y que no dudó en recurrir a los bancos suizos para guardar su fortuna, según revela el anterior escrito. Elosúa de Juan fue el último miembro de la familia en tener una presencia importante en el accionariado, llegando a poseer a principios de los noventa el 20% de los títulos y ocupar el cargo de consejero delegado. En 1994, vendió sus acciones al grupo italiano Ferruzzi, que ya tenía el control de la empresa desde hacía dos años.

En la actualidad, Elosúa de Juan aparece vinculado a la dirección de varias empresas y en LID figura como “editor” y “autor”. La editorial se vende como líder en el mercado de las publicaciones empresariales y está detrás de Ideas en LibertadIdeas en Libertad, el libro homenaje a Mario Vargas Llosa por su 80º cumpleaños en 2016, en el que participan 80 autores de diferentes ámbitos, entre ellos el político. Una de las colaboradoras del libro es la expresidenta del PP madrileño y de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

eldiario.es ha intentado recabar la versión de Elosúa sobre la acusación que pesa sobre él en la causa de financiación irregular del PP madrileño, pero una portavoz de la empresa ha declinado hacer cualquier comentario por indicación del aludido.

Marcelino Elosúa se une a la lista de imputados en esta pieza secreta, de la que han trascendido los nombres del exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados, el que fue gerente del partido Beltrán Gutiérrez, el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández y el empresario Javier López Madrid, yerno del dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir. 

Los investigadores rastrean al menos siete vías distintas de financiación irregular del PP de Madrid, entre ellas las donaciones ilegales de empresarios, también a través de Fundescam, fundación ligada al partido que ya fue investigada en el caso Gürtel. En aquella causa los hechos estaban prescritos, pero los investigadores de Púnica creen que la utilización de la fundación después del estallido de la trama Gürtel podría implicar la comisión de un delito continuado en el tiempo. 

Unas anotaciones halladas en el domicilio del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez llevan a pensar a los investigadores del caso Púnica que la campaña que sirvió en 2007 a Esperanza Aguirre para revalidar su victoria de cuatro años antes, fruto del 'tamayazo', se pagó de forma irregular con dinero procedente de la patronal madrileña.

En el sumario de la causa Púnica figuran unas anotaciones realizadas presuntamente por Gutiérrez en las que se refleja una cita con CEIM junto al nombre de tres empresas que fueron proveedores del PP en aquellos actos, Sintra, Over y Carat. Al frente de esta última estuvo el que fuera portavoz del Gobierno Miguel Ángel Rodríguez con José María Aznar.

Over hace referencia a la empresa del publicista Daniel Mercado. Imputado en varios casos de corrupción por amañar contratos de administraciones del PP, los investigadores de Púnica le señalan como uno de los empresarios que financió al partido en Madrid pagando actos de campaña con el dinero que distraía de las adjudicaciones.

Las flechas junto a las empresas hacen pensar que los pagos no solo fueron realizados también por el PP sino por la Comunidad de Madrid (“CAM”) o la patronal madrileña (“Diego de León”, en referencia posible a la calle donde tiene su sede).

La financiación irregular de la campaña de Esperanza Aguirre ya apareció en la investigación del caso Gürtel. Entonces quedó acreditado que Fundescam, una fundación del PP, sirvió para esconder el pago de los empresarios madrileños a la campaña, pero cuando se descubrió, los delitos habían prescrito.

Los investigadores de Púnica creen, sin embargo, que Fundescam siguió actuando de forma similar incluso después de que estallara el caso Gürtel y que podría haber un delito continuado en el tiempo, objeto del caso Púnica, que habría interrumpido esa posible prescripción. 

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha rechazado llamar a declarar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del partido en esta región Esperanza Aguirre, tal y como había solicitado la defensa del presunto 'cerebro' de la trama 'Púnica' y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.

En una providencia dada a conocer este martes, el magistrado justifica su decisión señalando que la declaración de Aguirre y de la otra veintena de personas que había reclamado el abogado de Granados “dada la gran cantidad de declaraciones solicitadas”, muchas de las cuales considera “innecesarias” en el actual momento del proceso. Añade que podrá hacer la petición durante la fase de juicio oral.

El antiguo hombre fuerte del PP madrileño, en prisión desde hace dos años y medio como presunto cabecilla de la trama Púnica, había solicitado la declaración de Aguirre dejando entrever que era la única persona capaz de ejercer la influencia e impartir las directrices a otros consejeros que la investigación le atribuye a él.

“Que indique (Aguirre) qué influencia pudo ejercer (Granados) sobre la gestión de otros consejeros; si tenía o no la supuesta superioridad jerárquica que se le atribuye en algunos informes de la UCO; que señale qué influencia tuvo el señor Granados en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdemoro, en los conciertos de colegios y cualesquiera otros asuntos urbanísticos, así como los altos cargos de su Consejería que lo fueron por decisión suya, en calidad de presidenta, por ser de su confianza”, decía el escrito.

En el mismo escrito, Granados pedía al juez que llame al exconsejero de Cultura Santiago Fisas, a la antigua responsable de Urbanismo Ana Isabel Mariño; y a la de Ordenación del Territorio Beatriz Elorriaga. También al consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, actual hombre fuerte del Gobierno de Cristina Cifuentes.

La petición de Granados se produjo una semana después de la tormenta desatada por las últimas actuaciones del juez, la Fiscalía y la Guardia Civil en la investigación de la financiación irregular del PP madrileño, también durante la presidencia de Aguirre, y que forma una pieza separada, y todavía secreta, de la causa Púnica.

El juez que instruye el caso Púnica, Eloy Velasco, investiga si una de las fuentes de la financiación ilegal del PP de Madrid fueron las adjudicaciones de carreteras a la empresa Dragados, del grupo ACS. Los agentes de la Guardia Civil han pedido documentación a la Consejería de Transportes para ver si, como en el caso de los hospitales privatizados, el 1% para publicidad se dedicó a pagar actos del partido.

Así lo publican hoy El Mundo y El Confidencial. La investigación sobre la financiación ilegal del PP madrileño, reactivada tras el análisis de la documentación encontrada en el domicilio de Beltrán Gutiérrez, el exgerente del partido. Los contratos bajo sospecha se refieren a las adjudicaciones concedidas a Dragados entre 2007 y 2011.

El consejero durante esa época era José Ignacio Echeverría, que declaró este miércoles como investigado por esta causa. Según las informaciones, los contratos bajo sospecha se refieren a la Red Sur de carreteras.

Los investigadores continúan así tratando de averiguar si algunos de los proyectos estrella durante la época de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid se usaron para financiar ilegalmente al PP. Durante la instrucción del caso Púnica se han descubiertos numerosas vías utilizadas presuntamente para nutrir la caja B.

Esas vías van desde Fundescam, la fundación opaca del PP madrileño, a los hospitales privatizados de Aguirre. También se investiga los contratos que la Asamblea de Madrid firmó con el empresario Arturo Fernández para la explotación de las cafeterías y restaurantes, o las donaciones ilegales anotadas en la agenda de Francisco Granados.

Velasco reactivó la investigación el pasado miércoles con la declaración de Fernández, Echeverria y Gutiérrez como investigados en esta pieza, que permanece secreta. Este jueves han declarado cuatro empresarios, cuya identidad se desconoce, y que se negaron a contestar sobre la presunta financiación ilegal. Mientras, los agentes de la Guardia Civil sigue requiriendo documentación a las distintas consejerías del gobierno regional.

Cuatro empresarios presuntamente vinculados con la financiación irregular del PP de Madrid han comparecido este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en la nueva fase abierta en esta pieza secreta que forma parte de la trama Púnica. Los nuevos imputados han comparecido en las dependencias judiciales y se han negado a prestar declaración, han precisado fuentes jurídicas.

El juez ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrear la presunta comisión de irregularidades en varios proyectos estrella de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, en el marco de la pieza secreta que investiga la supuesta financiación irregular del PP madrileño.

La nueva batería de diligencias ordenadas por el magistrado, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, ha incluido requerimientos de documentación a las Consejerías de Sanidad, Transportes y Urbanismo, la sociedad pública Áreas de Promoción Empresarial (Arpegio) y la Dirección de Justicia madrileña, concretan estas fuentes.

El objetivo, indagar en grandes iniciativas de la última etapa de Aguirre como el plan de infraestructuras sanitarias del periodo 2004 a 2007 -que incluía el desarrollo seis hospitales- o la Ciudad de la Justicia lanzada por Aguirre en el 2005 y que, tras quedar paralizada por la crisis, fue recuperada en 2014 por su sucesor en el cargo, Ignacio González.

Otro de los proyectos investigado es la ampliación de líneas de Metro y su inauguración en 2007, ante las sospechas de que una de las empresas de la trama Púnica, Waiter Music, se beneficiara de la adjudicación irregular de las fiestas de inauguración de estas extensiones. Los agentes han puesto el foco en las partidas de publicidad asignadas a estos proyectos.

En esta nueva fase en la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, pieza de la trama Púnica que mantiene bajo secreto, el juez Velasco ha iniciado una batería de interrogatorios que abrió este miércoles un nuevo imputado en esta pieza, el exconsejero de Transportes José Ignacio Echeverría. También han comparecido en la Audiencia Nacional el empresario Arturo Fernández y el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, que ya fueron investigados hace meses.

Pagos de empresarios en B, restaurantes de la Asamblea de Madrid, una fundación conectada con Gürtel y hasta parquímetros en el municipio de Valdemoro. La investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, que se desprendió del caso Púnica, ha ido destapando una serie de vías de ingresos opacos a las que ahora se suma la publicidad de los hospitales privatizados durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta regional.

Detrás de estas nuevas actuaciones están los documentos encontrados en Génova 13 y en la casa de Beltrán Gutiérrez, además de las claves extraídas de la agenda del exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Aguirre en el PP regional, Francisco Granados.

Decenas de registros en domicilios y oficinas y las declaraciones de medio centenar de imputados hacen sospechar a los investigadores que todos esos caminos conducen a la financiación irregular del Partido Popular en Madrid.  

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha reactivado la investigación de esta pieza secreta con nuevos registros e interrogatorios. Tras sus decisiones está la sospecha de que los populares madrileños nutrieron su propia caja B, separada de la que tenía el partido a nivel nacional, también con dinero del presupuesto destinado al plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007.

Se trata de uno de los proyectos estrella de Aguirre que contemplaba la construcción de una red de hospitales por toda la Comunidad de Madrid para que estos fuesen gestionados por empresas de la sanidad privada, según repetía, para mejorar su eficiencia.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron este martes en las oficinas de la Consejería de Sanidad para requerir información sobre las partidas destinadas a publicitar el proyecto de los hospitales privatizados. En concreto, el dinero destinado a campañas de buzoneo y vídeos, unos 23 de millones, el 1% del montante total del plan, 2.300 millones de euros. Es la séptima vía de supuesta financiación irregular del PP madrileño que están investigando distintos juzgados.

Además de recabar documentación, Velasco ha tomado declaración este miércoles a Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid y considerado como una de las piezas centrales de la presunta financiación ilegal, al empresario Arturo Fernández, cuyos contratos con la Asamblea de Madrid están bajo sospecha, y al exconsejero de Transportes de Aguirre, José Ignacio Echeverría, que ejerció también como tesorero regional.

Fundescam, la primera vía de financiación ilegal

Además del dinero del plan de los hospitales, los juzgados también investigan las subvenciones de la Comunidad de Madrid a Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid). Aunque esta fundación habría intentado justificar el destino de ese dinero, la Guardia Civil cree que en realidad fue a pagar gastos del PP e indaga si existe un delito continuado que evitaría la prescripción de las actuaciones.

Fundescam, el organismo dependiente del partido creado por Aguirre y que recolectaba fondos de multitud de empresarios, constituye la primera vía de la presunta financiación ilegal del PP.

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, detalló en la confesión publicada por eldiario.es que Fundescam había pagado los actos del PP durante la campaña electoral que siguió al Tamayazo. La fundación pagaba las facturas con el dinero que habían aportado empresarios que luego se llevaban adjudicaciones de la Comunidad de Madrid.

Durante la siguiente campaña electoral, la de 2007, el partido también recurrió a la red Gürtel a través de uno de los consejeros de Aguirre, Alberto López Viejo, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 46 años de cárcel por estos hechos. Cuando el PP se quedaba sin fondos para financiar mítines, intervenía el que fuera viceconsejero de Presidencia para facturar los eventos al gobierno regional. Actos de partido pagados con dinero público de la Comunidad de Madrid, según relato el delator de la Gürtel.

Para destapar la tercera rama de la financiación del PP madrileño hubo que esperar al estallido del caso Púnica. Al exsecretario general del partido Francisco Granados se le intervino una libreta con anotaciones que su socio, el empresario David Marjaliza, ayudó a descifrar a cambio de una reducción de condena. Decidió colaborar con la investigación y ayudó a los agentes a descubrir que las anotaciones manuscritas eran posibles entregas de dinero negro.

Ese hallazgo propició una operación policial en la primera planta de Génova 13, donde tiene su sede el PP de Madrid, además de registros en la casa de Beltrán Gutiérrez Moliner, exgerente regional del partido, y del empresario Javier López Madrid, yerno del dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir, quien entonces se sentaba en el consejo de administración de esa empresa.

Los investigadores de Púnica creen que López Madrid, actualmente imputado en la causa, está detrás de los pagos en metálico al PP de Madrid por valor de 1,8 millones de euros. Según las anotaciones de la libreta incautada, el partido habría recibido dos millones de euros de dinero negro a través de Granados. De los apuntes recogidos, el 90% correspondería a entregas del yerno de Villar Mir.

Granados, en prisión provisional desde 2014, pidió declarar ante Velasco a finales de 2016 con el fin de conseguir la puesta en libertad antes de las navidades. Pero no aportó nada que el juez pudiese interpretar como un atisbo de colaboración, es más, enfadó a los presentes en la vista cuando dijo que las anotaciones de su libreta no eran entregas de dinero, sino asistentes a actos. Volvió a su celda horas después y ahí sigue.

Los restaurantes de Arturo Fernández

Unos meses antes del amago de colaboración de Granados, el juez Velasco había comenzado la investigación de otra posible vía de financiación ilegal del PP de Madrid. El pasado 27 de septiembre, agentes de la Guardia Civil se presentaron en la Asamblea de Madrid para recabar los expedientes sobre los contratos que se habían firmado con las empresas de Arturo Fernández para los restaurantes de la Cámara autonómica.

En este caso, el juez Velasco puso el foco en los contratos que la Asamblea de Madrid selló con el expresidente de la patronal madrileña (CEIM) y de la Cámara de Comercio de la capital, para que explotase el restaurante de la institución a través de su grupo, Cantoblanco. Fernández siempre ha presumido de que sus amistades en el PP regional sirvieron para abrirle las puertas a sus negocios con distintas instituciones.

Un mes después de esa actuación, en octubre, se levantó el secreto de sumario sobre una parte del caso Púnica. Entre los miles de folios, un informe de la Guardia Civil en el que se hablaba de una posible nueva vía de financiación del PP de Madrid: los parquímetros de Valdemoro, el feudo de Granados.

Según ese documento, 100.000 euros de la campaña electoral en 2011 del PP de Valdemoro salieron de una mordida abonada por un empresario a cambio de que el servicio de parquímetros fuera adjudicado a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Seys Medioambiente S.L y Valoriza.

Las investigaciones en el marco de la trama Púnica también han apuntado a fondos desviados desde distintas administraciones para beneficiar electoralmente al PP, en la que sería la sexta vía. En este caso el protagonista es el supuesto conseguidor de la red, Alejandro de Pedro Llorca. Este empresario informático realizó, según la investigación que instruye Velasco, trabajos para distintas candidaturas municipales del PP en Madrid donde creó páginas webs en vísperas de las elecciones de 2011 para difundir la propaganda del partido.

Varios candidatos del PP han declarado que ellos no abonaron nada por esos trabajos a De Pedro, quien había llegado a los distintos ayuntamientos recomendado por la dirección regional. En aquel momento, De Pedro ya cobraba del Gobierno de Esperanza Aguirre por trabajos de reputación online para algunos de sus consejeros, que también están siendo investigados en este voluminoso sumario.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha abierto una línea de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular en la que sitúa la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, Fundescam, como el vehículo para recibir fondos opacos dentro de la Trama Púnica, según publica El Confidencial.   

Los agentes han centrado sus pesquisas en las cuentas presentadas por Fundescam entre 2010 y 2014 para seguir las supuestas comisiones ilegales, como publicó eldiario.es, que habría manejado el que fuera hombre fuerte del PP madrileño Francisco Granados. 

El Partido Popular de Esperanza Aguirre habría recibido 2 millones de euros de dinero negro a través de Granados y de los apuntes recogidos, el 90% corresponderían a entregas del empresario Javier López Madrid, miembro del Consejo de Administración de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir. Los hechos investigados apuntan a los delitos de cohecho y blanqueo de capitales, según fuentes jurídicas.

Los agentes han encontrado nuevas pruebas en el ordenador y en los documentos que se incautaron en el despacho y la vivienda del gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez,  que han conducido la investigación hasta la fundación, en la que Gutiérrez también fue apoderado.

Fundescam ya ha sido protagonista del caso Gürtel, otro de los casos de corrupción que protagoniza el PP. El principal líder de la trama Gürtel Francisco Correa declaró ante el juez que la fundación había pagado la campaña electoral del PP madrileño en 2003.   

Posiblemente Fundescam sea el ejemplo más claro de campañas electorales financiadas ilegalmente por prominentes empresarios y contratistas de la Administración pública

En la reciente comparecencia de Esperanza Aguirre ante la comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea de Madrid hemos vuelto a escuchar con estupor, “que no le consta” la financiación ilegal del PP. Tras las evidencias sobre el caso caso Fundescam que mostró Ramón Espinar en su intervención, siguió negando cualquier tipo de responsabilidad política. Más bien al contrario, ya que como veremos más adelante han proseguido una exitosa carrera política.

El caso Fundescam se encuentra integrado dentro del sumario de la Gürtel y como se dio a conocer es muy representativa de las formas que hemos visto en películas de mafiosos. Pablo Crespo, uno de los cabecillas de la Gürtel, harto de reclamar las deudas que el PP tenía pendientes, comenzó interponiendo una demanda judicial y posteriormente envió un documento muy esclarecedor que se encontró dentro del pendrive del contable de trama. A modo de chantaje, les recordaba el total de la deuda de facturas con un doble concepto, el facturado y el real, correspondiente este último a facturas de actos electorales no incluidos en la contabilidad electoral del PP.

Posiblemente Fundescam sea el ejemplo más claro de campañas electorales financiadas ilegalmente por prominentes empresarios y contratistas de la Administración pública. Estas donaciones estaban firmadas por Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente del PP de Madrid, que ha vuelto a saltar a la actualidad implicado también en la presunta financiación ilegal del PP de Madrid a través de aportaciones de 1,8 millones de euros de Javier López Madrid, yerno de Villar Mir y directivo de OHL. Gutiérrez Moliner acabó dimitiendo por estar implicado en las tarjetas black, aunque eso sí, fue reincorporado al día siguiente en el PP de Madrid de Esperanza Aguirre. También Cristina Cifuentes mantiene a Gutiérrez Moliner en su puesto, pese a las promesas de limpieza tras haber asumido la gestora del PP de Madrid.

Todos estos hechos y documentos han sido confirmados tanto por un informe de la Guardia Civil (UCO) y otro de Anticorrupción que probaban la financiación ilegal de las campañas autonómicas de 2003 (las dos: las autonómicas y la repetición que provocó el 'Tamayazo') y las elecciones europeas de 2004. ¿Cómo puede ser entonces que este caso haya pasado desapercibido, cuando supone una de las mayores irregularidades democráticas? En realidad, es fácil de entender por qué no se quiere hablar de este tema; entre las personas que firmaron las cuentas de 2003 y 2004 señaladas por Correa se encuentran:

Pio García- Escudero: presidente del Senado y a la sazón presidente del PP de Madrid

Esperanza Aguirre: expresidenta de la Comunidad de Madrid y actual concejala de Madrid

Ignacio González: expresidente de la Comunidad de Madrid

Francisco Granados: exvicepresidente de la Comunidad de Madrid en prisión preventiva por el 'caso Púnica'

Cristina Cifuentes: la actual presidenta de la Comunidad de Madrid

Beltrán Gutiérrez Moliner: el gerente del PP era apoderado de Fundescam y firmó los recibís de las donaciones. Tuvo que dimitir por el escándalo de las tarjetas black y que fue reincorporado en el PP de Madrid al día siguiente por Esperanza Aguirre e implicado por presunta financiación ilegal dentro del 'caso Púnica'

Juan José Güemes: exconsejero de Sanidad imputado por lucrarse en la privatización de la Sanidad madrileña

Ana Botella: exalcaldesa de Madrid y mujer de José María Aznar

Antonio Bateta: secretario de Estado de Administraciones Públicas

Ana Isabel Mariño: senadora por designación autonómica de Madrid y exconsejera de la Comunidad de Madrid

José María Cepeda: exalcalde de Aranjuez, condenado a 6 años de inhabilitación

Bartolomé González, Gádor Ongil: diputados de la Asamblea de Madrid

Fermín Santiago Lucas: director General de IFEMA

Miguel Ángel Villanueva: concejal que tuvo que dimitir por el Madrid Arena y fichó por Cofely

Parte del descrédito de las instituciones se debe a la percepción de impunidad de la corrupción política. A la vista de la lista de personalidades, parece que se promociona a aquellos que saben guardar silencio, antes que exigirles responsabilidades. Es precisamente por este motivo que, aunque el resto de grupos de la Asamblea de Madrid no nos estén apoyando, estamos luchando en la comisión de investigación de la corrupción por abordar la trama 'Gürtel', pues estas comisiones deben servir para depurar responsabilidades políticas y proponer mejoras legislativas que impidan que este tipo de hechos se repitan, acabando con la impunidad. De hecho, las propuestas legislativas que ha impulsado en la última legislatura han ido en la dirección contraria, implementado la prescripción por infracciones en la financiación y eliminando el límite de donaciones a fundaciones de partidos políticos.

Podemos entender que el PP obstaculice con todos sus medios la comisión de investigación, pero la ciudadanía no podría entender que Ciudadanos y PSOE no muestren interés en investigar este caso. Más grave es el caso de Ciudadanos, si con su única exigencia de dimisiones en caso de que haya imputados legitima la teoría popular de que son “casos aislados”, mientras sigue sosteniendo un gobierno corrupto que ha llegado al poder en Madrid con campañas financiadas ilegalmente, gobierno de un partido que está en sí mismo imputado.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este viernes que no le preocupan las declaraciones de Francisco Correa difundidas por eldiario.es en las que este asegura que la campaña del PP madrileño del 2003 la pagó Fundescam -fundación del PP que presidió Aguirre hasta 2010- puesto que “nunca” han tenido “una buena relación”.

Así lo ha afirmado Aguirre en la rueda de prensa tras la reunión del Comité regional de Dirección del PP, donde ha añadido que las grabaciones que se hicieron públicas en el sumario dejan constancia de que Francisco Correa, el mayor imputado por la trama Gürtel, la tildaba de “hija de puta”.

Además, Esperanza Aguirre ha afirmado no querer tratar el asunto, ya que se trata de un tema que está siendo juzgado, y Correa “tendrá que dar explicaciones al juez”. “Solo diré que fui presidenta de la Comunidad de Madrid en noviembre del 2004”, ha puntualizado Aguirre.

“La segunda campaña del PP, la del Tamayazo, la pagó en parte Fundescam, y no el PP de Madrid”. Así de tajante se muestra el máximo imputado de la trama Gürtel, Francisco Correa, en su confesión reproducida por eldiario.es.

La Gürtel organizó todos los actos de campaña de la lideresa en 2003, el año del Tamayazo, y su interlocutor directo era Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente del PP de Madrid en aquella época, tal y como publicaron en exclusiva Ignacio Escolar y Alicia Gutiérrez en noviembre de 2010.

Beltrán Gutiérrez pagó la campaña y se ocupó de cobrar. Su firma aparece en todos los recibos de Fundescam, esa opaca fundación del PP de Madrid que recaudó cerca de un millón de euros  entre empresarios amigos de Aguirre, como Arturo Fernández o Gerardo Díaz Ferrán. Gutiérrez era también el apoderado de la fundación: quien recogía el dinero y entregaba a cambio el recibí.

Esos fondos de Fundescam –que también se llevó sus buenas subvenciones de Caja Madrid– después se gastaron en pagar actos electorales del PP, una práctica completamente prohibida por la ley y que quedó impune porque el delito ya había prescrito cuando la justicia investigó. Fundescam no podía pagar actos de campaña y menos aún el PP podía recibir donativos de empresarios que contrataban con la Administración. Estos filántropos donaron cerca de un millón de euros; pero después se llevaron más de 300 millones de euros en adjudicaciones de la Comunidad de Madrid.

“No hay mucho sustancial que aportar” sobre la Comunidad de Madrid, sostiene Correa: “Se trata de las comisiones que le pagaba Easy Concept a Alberto López Viejo [exconsejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia de Esperanza Aguirre] por los actos diarios que se hacían para la Comunidad de Madrid”. López Viejo cobró de Gürtel 488.00 euros en comisiones, según Hacienda. “También algunos actos que nos dio Carlos Clemente [exviceconsejero de Inmigración y Cooperación], a quien se le pagó únicamente un evento familiar (la comunión o cumpleaños de su hijo)”.

Boadilla del Monte

“Lo que puedo aportar sustancial de este capítulo es que en una o dos ocasiones realicé labor de intermediación entre [la inmobiliaria] Teconsa (José Luis Martínez Núñez) y el alcalde [Arturo González Panero] y [Tomás] Martín Morales [ex cargo del Ayuntamiento] para que adjudicasen a Teconsa la construcción de obras públicas”.

“También hice labores de intermediación en agilizar el PAU municipal con Jesús Calvo [empresario relacionado con Gürtel], Pedro Pérez [expresidente de Via Digital], Ramón Blanco Balín [empresario] y Enrique Arnaiz porque estaba bloqueado por la Comunidad de Madrid”, relata Correa. “A cambio, en el plan se nos adjudicaron unas parcelas a través de una sociedad que creó Ramón Blanco Balín, que se iban a desarrollar entre todos los participantes junto con Arturo González Panero”.

“Todo lo demás que se dice en la instrucción sobre el apartado Boadilla es cierto”, reconoce Correa.

Pozuelo de Alarcón

“En contra de lo que se pueda creer”, sostiene Correa, “no tuve ninguna adjudicación en Pozuelo, dado que tuve una gran bronca con Jesús Sepúlveda [exalcalde la localidad y exmarido de Ana Mato] que me llevó a romper mi relación con él, como consecuencia de que le compré un Range Rover (15 millones de pesetas, 90.000 euros) y no me lo pagó, y además no quiso dar ninguna operación para poder recuperar el dinero que me costó el vehículo. En Pozuelo no intervine”, insiste Correa, “me quieran creer o no. Ahora bien, si quieren que lo asuma, pues lo asumo”.

Arganda del Rey

“Es una operación de intermediación”, relata Correa, “en la que entro porque Pedro Pérez, que es amigo de Fernando Martín [expresidente de Martinsa, inmobiliaria ahora en proceso de liquidación, y del Real Madrid], y conocía mi amistad con Ginés López, alcalde de Arganda, entiende que puedo favorecer que se adjudique a Martinsa el proyecto de desarrollo urbanístico, como así fue”.

Majadahonda

“Quiero contar que el origen de toda esta causa”, señala Correa, “está en Majadahonda, porque Ricardo Romero de Tejada [exsecretario general del PP de Madrid entre 1996 y 2004], anterior alcalde [entre 1989 y 2001], junto con Narciso de Foxá [alcalde desde 2005], querían ceder a Pammasa, empresa municipal de la vivienda, de la que era gerente Narciso de Foxá, dos parcelas, las dos mejores de Majadahonda, propiedad del Ayuntamiento, por la suma de 750 millones de pesetas [4,5 millones de euros]”.

Y prosigue: “Obviamente Guillero Ortega [alcalde de Majadahonda entre 2001 y 2005] se niega y se enfrenta a su amigo Romero de Tejada, a Narciso de Foxá y al arquitecto municipal (no me acuerdo de su nombre), porque era una aberración ya que esas parcelas saliendo a concurso tenían un valor de 16.000 millones de pesetas [96 millones de euros]”.

¿Por qué querían ceder esas parcelas a Pammasa? “Era un montaje, porque luego promovería vivienda pública a cambio de comisiones de los constructores adjudicatarios. No se llegó a realizar porque lo paró Guillermo Ortega. La mecánica habitual era ceder parcelas a Pammasa, porque se sacaban de la órbita municipal. A través de Pammasa se defraudaron miles de millones”.

“Después”, explica Correa, “Guillermo sacó el concurso público y, de acuerdo con Pepe Peñas (concejal de Urbanismo) se lo querían adjudicar a Martinsa. Yo intermedié en esto, pero no salió porque al parecer lo paró Francisco Granados [hoy en prisión por su implicación en la Púnica]. Como resultado de lo anterior resultan expulsados del PP Juan José Moreno [exedil de Majadahonda] y Pepe Peñas, y dimite Guillermo Ortega obligado. La consecuencia es que entra como alcalde Narciso de Foxá y después del escándalo ya no la pueden ceder a Pammasa y lo sacan a concurso, pero ya no para adjudicarlo a Martinsa, y se adjudica a Vallehermoso por 20.000 millones [120 millones de euros]”.

“Juan José Moreno y Pepe Peñas resultan expulsados, por lo que empiezo a pagarles 3.500 euros a cada uno todos los meses, incluyendo dos extras de julio y Navidad, y rompo mi amistad con Guillermo Ortega por haber dimitido”, detalla Correa. “Estuve pagando tres años a Pepe Peñas, le monté una oficina en Majadahonda (Corporación Majadahonda, ordenadores, secretaria, etc.) y mi compromiso con él era hasta las municipales siguientes, pero sólo obtuvieron 82 votos [en realidad fueron 183, un 0,58%]. Les cerré el grifo y entonces Pepe Peñas empezó a preparar su venganza contra mí, grabándome en mi casa. Comiendo y cenando en casa, mientras mi hija en mis rodillas le llamaba ”tío“ porque era tal la relación que teníamos”.

“Empezó a pedirme más dinero (10 millones de pesetas [60.000 euros] a través de Pablo Crespo) a lo que me negué porque era un chantaje”, asegura Correa: “Pepe Peñas le dijo a Isabel Jordán [una de las empleadas de Correa] y a Juan José Moreno que o vivía el resto de su vida a mi costa o me hundía”.

“Al margen de esto”, prosigue Correa, “con Guillermo Ortega me adjudicaron algunos pequeños trabajos legales (un vídeo y una pequeña exposición)”.

La dimisión simulada en régimen de tomadura de pelo a la población del gerente del PP de Madrid es otro ejemplo más de qué entiende Esperanza Aguirre por ser contundente contra la corrupción. La hipócrita lideresa que dio lecciones al PP nacional cuando no se atrevió a despedir a Luis Bárcenas ha hecho ahora exactamente lo mismo que entonces hizo Rajoy: proteger a su tesorero y mentir a la sociedad. Decir que Beltrán Gutiérrez Moliner dimitía por abusar de la tarjeta 'black' mientras, por la puerta de atrás, el PP de Madrid le volvía a contratar con el mismo sueldo y probablemente la misma responsabilidad.

La noticia que ayer destapó la SER desvela cuál es el protocolo cuando aparece un garbanzo negro entre las filas de este partido incompatible con la corrupción. Como los marines, el PP no deja nunca un hombre atrás; menos aún cuando se trata de uno de esos personajes siniestros que ha pasado por la cocina del infierno del partido: su tesorería. Sea Luis Bárcenas, sea Jesús Sepúlveda, sea Beltrán Gutiérrez Moliner, el protocolo habitual es siempre el mismo: proteger al tesorero como a la propia vida –probablemente, porque la vida depende de su silencio–. “Luis, sé fuerte”. Quien dice Luis, dice Beltrán.

Los gastos de la tarjeta 'black' de Beltrán en Caja Madrid están hoy bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción y de la Audiencia Nacional. Pero no es la primera vez que su nombre acaba atufado por el nada sutil aroma de la corrupción. En una de las grabaciones que provocaron la investigación judicial de la Gürtel, Francisco Correa aseguró que Gutiérrez Moliner le había pedido una comisión de diez o doce millones de euros. Y en uno de los ordenadores de las empresas de Correa, durante un registro policial, apareció un archivo en Excel: “Relación actos E.A.-Beltrán.xls”. Beltrán es nuestro hombre del día y “E. A.” es Esperanza Aguirre. La Gürtel organizó todos los actos de campaña de la lideresa en 2003, el año del 'tamayazo', y su interlocutor directo, cómo no, era Beltrán Gutiérrez Moliner.

Beltrán no sólo pagó la campaña, sino que también se ocupó de cobrar. Su firma aparece en absolutamente todos los recibos de Fundescam, esa opaca fundación del PP de Madrid que recaudó cerca de un millón de euros entre empresarios amigos de la ‘liberal’ Aguirre, como Arturo Fernández o Gerardo Díaz Ferrán.

Beltrán Gutiérrez era el apoderado de la fundación: quien recogía el dinero y entregaba a cambio el recibí. Esos fondos de Fundescam –que también se llevó sus buenas subvenciones de Caja Madrid– después se gastaron en pagar actos electorales del PP, una práctica completamente prohibida por la ley y que quedó impune porque el delito ya había prescrito cuando la justicia investigó. Fundescam no podía pagar actos de campaña y menos aún el PP podía recibir donativos de empresarios que contrataban con la Administración. Estos filántropos ‘donaron’ cerca de un millón de euros, pero después se llevaron más de 300 millones de euros en adjudicaciones de la Comunidad de Madrid.

Desde el PP de Madrid, ahora nos quieren vender que el pobre Beltrán es sólo un empleado más sin responsabilidad política alguna. Casi como cuando Carlos Floriano nos contó que Sepúlveda era “un funcionario del partido”. De ser así, hay que ver cómo prosperan los empleados de la gran casa popular. Además de su sueldo en el PP, Beltrán estuvo cobrando otro sueldo más como asesor del Ayuntamiento de Madrid –al parecer, hay trabajos en la Administración que no requieren dedicación exclusiva cuando el talento es tan notable–. Y también fue colocado por Esperanza Aguirre y el PP como consejero de Caja Madrid, donde se llevó sus buenas dietas. De propina, también cobró de su tarjeta 'black'.

Esperanza Aguirre quería dar ejemplo de cómo luchar contra la corrupción, y lo ha conseguido. Con la dimisión simulada de su tesorero Beltrán y también con ese ridículo examen de honestidad a los nuevos alcaldes, un gran ejemplo de qué entiende la lideresa por “regeneración democrática”. Pura propaganda. Puro teatro. Un paripé. Un espectáculo, donde los examinados conocían previamente las preguntas y ensayaron durante horas las respuestas. Un show donde, para mayor metáfora, los examinados eran asesorados por un experto en telegenia que también se benefició de la mamandurria de las tarjetas 'black'. Lo hacen a propósito, y no les sale igual.

Tres fundaciones de los principales partidos de la Comunidad de Madrid en 2009, PP, PSOE e IU, recibieron de la Fundación Caja Madrid donaciones que, según un informe del Tribunal de Cuentas, son irregulares. En total, las tres organizaciones obtuvieron, entre 2009 y 2011, 482.404 euros por encima de lo que establece la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Las tres fundaciones son Fundescam (PP), Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades (PSOE) y la Fundación de Estudios Municipales y Territoriales (Fundeste, de IU). El órgano fiscalizador, que no identifica en su estudio a la entidad donante, no abrió ningún proceso sancionador en ninguno de los casos.

La actividad de las tres fundaciones es invisible. Por ejemplo, según se puede comprobar en la base de datos del ISBN del Ministerio de Educación, la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades tan sólo ha editado un libro desde su creación, en 2003, pese a que es uno de los fines para los que fue creada, según su registro. El caso de Fundeste es más grave: su última publicación es de 1993. Ninguna de las dos aparece tampoco mencionada en notas de prensa, informaciones, otro tipo de publicaciones, cursos o seminarios en los que participaran de una forma activa o pasiva. El rastro en internet es nulo: ni siquiera tienen una página web propia.

En cuanto a Fundescam, tal y como publicaron Ignacio Escolar y Alicia Gutiérrez en 2009 en Público, estuvo relacionada con la financiación de actos del PP a través de la red Gürtel. Tampoco aparece rastro alguno en internet o en las bases de datos oficiales sobre su labor o sus publicaciones. Fundescam, además de dinero de Caja Madrid, recibía elevadas donaciones de empresarios como Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández que después consiguieron numerosas adjudicaciones con la Comunidad de Madrid. El PP gastó los donativos recibidos en Fundescam en la campaña electoral de Esperanza Aguirre. La Fiscalía Anticorrupción investigó un presunto delito de financiación ilegal que quedó en nada porque había prescrito el plazo para perseguirlo.

El caso de las fundaciones de PP y PSOE ya era conocido, como resultado de la guerra política que se desató tras la publicación de las relaciones de Fundescam con la Gürtel y con carácter previo a la publicación del informe del Tribunal de Cuentas. El caso de Fundeste, vinculada a IU de Madrid, pasó desapercibido.

La Fundación Caja Madrid donó 373.888 euros entre 2009 y 2011 a Fundeste. El método fue el mismo que en los dos anteriores casos: sellar un escueto acuerdo de colaboración en el que se indicaba, en este caso, que el dinero se cedía “para ayuda a la organización de jornadas y conferencias”. Sin más especificaciones, según el documento, al que ha tenido acceso eldiario.es.

El órgano fiscalizador asegura en su informe (aquí, en PDF) que “del análisis de la documentación contable y justificativa facilitada” por Fundeste “se ha observado la existencia de un convenio con una entidad jurídica” de la que no da el nombre. Dicha entidad es la Fundación Caja Madrid, según ha confirmado su gabinete de Comunicación a eldiario.es.

El documento del Tribunal de Cuentas es definitivo, es decir, una vez analizadas las alegaciones presentadas por Fundeste, cuyo patronato estaba entonces presidido por el actual portavoz municipal, Ángel Pérez. Desde finales de la primavera pasada, el patronato de Fundeste tiene otra composición.

El Tribunal de Cuentas señala en el informe que la aportación de la Fundación Caja Madrid “tiene la naturaleza de donación, dado el ánimo de liberalidad que preside la información” y por “la falta de equivalencia entre las contraprestaciones pactadas” entre ambas instituciones. Dado el “carácter meramente genérico” del convenio suscrito, continúa el órgano fiscalizador, “se deduce que su objeto tiene un carácter meramente genérico”, por lo que, y pese a las alegaciones presentadas por Fundeste, “se mantiene la consideración de estos ingresos como donación”.

Este sistema se repite en los otros dos casos. El Tribunal siempre señala la “liberalidad” con la que se signan los convenios. Es decir, que la Fundación Caja Madrid aportaba un dinero con el que, básicamente, las entidades receptoras podían hacer lo que quisieran. Por eso el organismo considera que son una donación. Eso sí, en todos los casos debían justificar con una memoria de actividades que lo empleaban en los cometidos que señalaba el convenio. La Fundación Caja Madrid ha asegurado a eldiario.es que dichas memorias eran presentadas siempre y en plazo.

El matiz entre donación y convenio de colaboración es importante. En el caso de Fundeste, al ser considerada una donación, la aportación de 2009 (213.650 euros) supera el máximo permitido por la Ley de Financiación de Partidos Políticos. En concreto, la Disposición adicional séptima.

Fundeste alegó, según señala el informe, que dicho tope ya no existe, a lo que el Tribunal responde que el cambio legislativo es de 2012 y el ejercicio fiscalizado es de 2009.

En total, las tres fundaciones recibieron entre 2009 y 2011 de sus convenios con la Fundación Caja Madrid 1.422.331 euros, 673.443 euros para la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades, 375.000 para Fundescam y 373.888 para Fundeste. De ellos, 482.404 excedieron el límite impuesto por la ley.

La expresidenta de Madrid está tan “encantada de colaborar con la justicia” que ha decidido huir del juez y testificar por escrito. Esperanza Aguirre se aprovecha de un privilegio injusto que protege a políticos y altos cargos. Es una lástima que se haya escapado del interrogatorio porque tenía mucho que contar sobre una trama de corrupción, la Gürtel, que creció entre sus faldas mientras ella, en el mejor de los casos, miraba hacia otro lado.

De entre todos los ejercicios de prestidigitación de la política reciente, hay pocos comparables al truco de magia que aplicó Esperanza Aguirre para escapar del caso Gürtel. La máxima responsable de la Comunidad de Madrid y del PP regional, la jefa directa de todos los políticos imputados en esta trama, se presentó ante los ciudadanos como el látigo implacable contra la corrupción. En un exceso de frenada, llegó a presumir, incluso, de ser la persona que destapó la trama. Los datos, sin embargo, demuestran justo lo contrario: ni movió un dedo para sacar las empresas de la Gürtel de Madrid ni fue implacable contra la corrupción hasta que la mierda desbordó esa cloaca.

1. La Comunidad de Madrid que presidía Esperanza Aguirre adjudicó 327 contratos públicos a la trama Gürtel entre 2004 y 2006. De ellos, solo tres fueron por concurso. Los demás se repartieron a dedo, fraccionando ilegalmente las adjudicaciones en varios contratos más pequeños para que no se pudiesen presentar otras empresas.

2. El Gobierno de Esperanza Aguirre pagó así a la Gürtel al menos 8,7 millones de euros de forma irregular. Casualmente, los chicos de la Gürtel también eran uno de los principales proveedores de sus campañas electorales. La cifra exacta no se sabe porque la Comunidad de Madrid colabora con la justicia a su manera, al estilo de Esperanza Aguirre.

3. La Audiencia Nacional hace ya varios años que reclama al Gobierno madrileño que entregue esos contratos amañados, que firmaron la práctica totalidad de las consejerías. Sin embargo, la Comunidad de Madrid sigue sin cumplir la orden del juzgado. Hay 71 de esos contratos que aún no han sido entregados: no aparecen, o se han perdido, o alguien los ha traspapelado.

4. Uno de los los máximos imputados en la Gürtel es Alberto López Viejo. No solo era consejero en el Gobierno de Aguirre –el equivalente a un ministro–, también fue el director adjunto de sus campañas electorales. López Viejo guardaba en Suiza 5,5 millones de euros. Gran parte de ese inmenso botín lo consiguió mientras trabajaba codo con codo con Esperanza Aguirre. La lideresa, al parecer, no vio nada.

5. Dos de las campañas que coordinó López Viejo para Aguirre fueron las autonómicas de 2003; las dos del año del tamayazo. En ellas, el PP financió parte de los gastos electorales de Esperanza Aguirre a través de Fundescam: una opaca fundación del PP que consiguió más de un millón de euros en “donativos” de empresarios amigos, como Gerardo Díaz Ferrán o Arturo Fernández.

6. Fundescam recibió el dinero de estos empresarios –que después se llevaron lucrativos contratos con el Gobierno madrileño– y desvió el dinero para pagar todo tipo de actos electorales. ¿Adivinan quién era su proveedor para organizar la campaña? Por supuesto: la trama Gürtel, a través de la empresa “Special events”. La investigación encontró serios indicios de un delito electoral. Aguirre tuvo suerte: el delito había prescrito.

7. Esperanza Aguirre presume de que destapó la Gürtel. La realidad es justo la contraria: que la trama siguió creciendo bajo su Gobierno, a pesar de que fue advertida en al menos dos ocasiones de lo que allí pasaba. El primero en avisar fue el extesorero del PP Álvaro Lapuerta. En noviembre de 2004, Lapuerta alertó a Esperanza Aguirre y a Mariano Rajoy de que varios constructores se habían quejado al partido porque les querían cobrar comisiones por una enorme operación inmobiliaria en Arganda del Rey; un pelotazo de 100 millones de euros. El presidente de Martinsa, la empresa que se llevó el negocio, está hoy imputado por aquel chanchullo, acusado de pagar una enorme mordida. Aguirre no hizo nada.

8. En septiembre de 2006, Esperanza Aguirre recibió un segundo aviso. Un concejal de Boadilla, Ángel Galindo, escribió una carta a la presidenta de Madrid denunciando las irregularidades en otra adjudicación a una empresa de la trama Gürtel. No tuvo respuesta.

¿Por qué no hizo nada Esperanza Aguirre contra la Gürtel hasta que el juez Baltasar Garzón imputó a una docena de alcaldes, diputados y altos cargos del PP de Madrid?

Al menos esta vez Aguirre contestará, aunque sea por carta. Pero si quería “colaborar con la justicia”, lo mínimo habría sido dar la cara.