El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) ha presentado un calendario de movilizaciones en el marco de una nueva etapa de la campaña, bajo el lema ‘La Sagra Existe, no nos abandonen’, con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesan numerosos centros educativos “tensionados” de esta comarca.

La organización sindical ha iniciado así una nueva fase de esta campaña con la que pretende mantener el foco sobre la realidad educativa de estos centros y reclamar avances efectivos en las medidas planteadas a la Administración educativa.

Esta nueva etapa llega tras la reunión mantenida hace más de un año, el 5 de marzo de 2025, con la viceconsejera de Educación, Mar Torrecilla, en la que STE-CLM hizo entrega de 1.132 firmas recogidas entre docentes en el marco de la campaña anterior ‘La Sagra Existe’.

Durante este encuentro, el sindicato comunicó una serie de propuestas orientadas a favorecer un reparto más equilibrado de los recursos, así como a impulsar un análisis cualitativo de las necesidades específicas de los centros educativos.

“Trasladamos a la Administración la necesidad de avanzar hacia un reparto más equilibrado de los recursos y de analizar de forma cualitativa la realidad de los centros, para poder dar una respuesta ajustada a sus necesidades”, han señalado desde STE-CLM.

Asimismo, se ha planteado la conveniencia de extender este tipo de medidas a otros centros tensionados de la región, en zonas como Ocaña, Torrijos o el Corredor del Henares. “Estas situaciones no son exclusivas de La Sagra. Existen otros centros en la región con problemáticas similares que también requieren una atención específica”, han apuntado desde la organización sindical.

Medidas planteadas y falta de avances

Entre los pasos contemplados figuraba la creación de una mesa técnica, integrada por directores y directoras, con el fin de establecer criterios en la denominación de centro tensionado y facilitar la aplicación de las primeras medidas compensatorias.

Sin embargo, STE-CLM considera que estos avances siguen sin materializarse. “A día de hoy no se ha puesto en marcha la mesa técnica ni se han desarrollado medidas que den respuesta a las necesidades trasladadas por los centros”. En este sentido, la organización ha insistido en la necesidad de que se produzcan avances efectivos que permitan atender la situación de estos entornos educativos.

Nueva fase de la campaña y movilizaciones

Ante esta situación, el sindicato ha anunciado un calendario de concentraciones en las puertas de los centros educativos durante los meses de marzo, abril y mayo. Además, se recogerán testimonios que se irán haciendo públicos para dar a conocer la realidad que se vive en estos centros.

Estos testimonios se entregarán al consejero de Educación, Amador Pastor, el próximo 28 de mayo, fecha en la que se celebrará, como “colofón final”, una gran concentración educativa en la Sagra, a la que se convocará a toda la comunidad educativa de la zona. “Con esta nueva fase queremos implicar al conjunto de la comunidad educativa y seguir visibilizando la situación que viven estos centros”, han explicado desde el sindicato.

STE-CLM ha subrayado que esta nueva fase tiene como objetivo mantener la atención sobre la realidad que viven los centros tensionados y reforzar la necesidad de adoptar medidas concretas.

“Es necesario que se adopten medidas que garanticen una educación de calidad en aquellos entornos que requieren una atención específica”, han concluido desde la organización. La campaña, han señalado, seguirá activa mientras no se produzcan avances efectivos en las medidas planteadas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla-La Mancha ha presentado la campaña “Y el interino, ¿pa' cuándo?”, un plan con cinco ejes prioritarios destinado a poner fin a la precariedad que sufren más de 10.000 docentes interinos en la región y avanzar hacia unas condiciones laborales más justas.

El presidente del sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, ha afirmado que durante demasiado tiempo“, los docentes interinos han sido tratados como profesionales ”de segunda categoría“, a pesar de realizar exactamente el mismo trabajo que sus compañeros funcionarios de carrera. ”Es momento de que la Administración reconozca esta realidad y ponga fin a la precariedad estructural que afecta a este colectivo“.

En primer lugar, entre los cinco ejes de actuación que presenta CSIF, se sitúa el cobro del verano a partir de 5,5 meses de trabajo, siguiendo el modelo implantado en Andalucía, que permite percibir la retribución estival completa (julio y agosto) a partir de 165 días trabajados, con cobro proporcional desde el primer día de servicio, según ha informado el propio sindicato por nota de prensa.

En Castilla-La Mancha, actualmente es necesario trabajar al menos ocho meses -desde antes del 31 de octubre hasta el 30 de junio- de manera ininterrumpida para poder cobrar el verano, sin que exista un sistema proporcional.

Descentralización de oposiciones para poder conciliar

En segundo lugar, CSIF reclama la descentralización de los tribunales de oposiciones en todas las provincias de Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo), evitando así que “miles de aspirantes tengan que desplazarse a una única provincia con el consiguiente coste económico y dificultades de conciliación2.

La tercera propuesta es la exención de tasas de oposición para aquellos aspirantes que se hayan presentado a las tres últimas convocatorias o durante los últimos seis años. El sindicato plantea un sistema pionero que reconozca el esfuerzo continuado de los opositores y reduzca la carga económica que supone participar en sucesivos procesos selectivos.

CSIF ya ha logrado la no presentación obligatoria al examen de oposición como requisito para permanecer en la bolsa ordinaria de trabajo, tal y como sucederá en las oposiciones de Maestros de este verano, pero los interinos se verán obligados a pagar las tasas.

“Verdaderas peticiones a la carta”

El cuarto eje de la campaña se centra en establecer “verdaderas peticiones a la carta”. Actualmente, cuando un interino no solicita determinadas plazas, la Administración puede asignarle destinos de forma forzosa según criterios generales. CSIF propone que los docentes tengan libertad total para elegir las plazas a las que desean optar, “sin riesgo de exclusión de la bolsa por rechazar adjudicaciones no solicitadas”.

Por último, el sindicato plantea garantizar la continuidad en las sustituciones durante los periodos vacacionales (Navidad, Semana Santa y verano), de manera que se prorrogue automáticamente el nombramiento en casos de sustituciones que finalicen en los últimos días lectivos antes de vacaciones. Actualmente, cuando un interino está cubriendo una sustitución y llega un periodo vacacional, frecuentemente se produce el cese del nombramiento, generando pérdida de continuidad en el cómputo de servicios, falta de ingresos durante las vacaciones e incertidumbre sobre si volverá a ser llamado.

Según han apuntado desde CSIF, laq temporalidad en Castilla-La Mancha supone el 32%, lo que significa que prácticamente uno de cada tres docentes es interino. “Son un pilar fundamental del sistema educativo de Castilla-La Mancha. Sin ellos sería imposible cubrir ausencias, bajas y sustituciones que garantizan el funcionamiento diario de los centros escolares. Las medidas que planteamos no son utópicas. Existen modelos que funcionan, especialmente en comunidades como Andalucía, que ha avanzado en el pago del verano, la descentralización de tribunales o la continuidad de sustituciones en periodos vacacionales. Lo único que pedimos es que Castilla-La Mancha se sitúe al nivel de las regiones más avanzadas en derechos laborales”, ha explicado Martínez.

El sindicato también ha registrado ante la Consejería de Educación la petición de reconocimiento del sexto sexenio para el profesorado de Castilla-La Mancha, la regulación inmediata de los días adicionales de libre disposición por antigüedad (conocidos como 'canosos') y el establecimiento de compensaciones lectivas y complementarias específicas para el profesorado de mayor edad.

Subraya que la educación pública de la región “mantiene recortes” desde 2012 que son “blanqueados2 por otras organizaciones sindicales situando a la región como una de las comunidades autónomas con peores condiciones.

La huelga docente más multitudinaria de los últimos años en Catalunya ha vaciado las aulas de profesionales y ha colapsado las calles de las principales ciudades. La exigencia de más recursos en las escuelas públicas y de mejores salarios ha centrado las proclamas este miércoles de un paro laboral que llevaba semanas gestándose y que ha superado en seguimiento a las anteriores movilizaciones. 

Según datos del Departamento de Educación, el 40,9% de los docentes han secundado el paro –contando la concertada, donde la convocatoria era minoritaria–, con lo que la movilización supera el 31% de la última gran huelga del sector 2022 –con cifras solo de la pública–.

La jornada ha empezado con piquetes desde primera hora y protestas en los centros y en la calle: los docentes han cortado en hora punta en Barcelona la Ronda Litoral, la Gran Via o la Meridiana, que están entre los principales accesos a la capital catalana. En el resto de Catalunya han bloqueado también carreteras y autovías como la C-32 en Mataró (Barcelona), donde ha habido tensión con los Mossos d'Esquadra, que trataban impedirlo.

A partir del mediodía, la huelga ha sacado a la calle a decenas de miles de profesores en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. En la capital catalana han sido 25.000 según la Guardia Urbana (75.000 según los sindicatos), de nuevo una cifra sin precedentes en los últimos años para el profesorado.

La multitudinaria manifestación ha tomado la Avenida Diagonal tras la pancarta Ya basta, mejoras laborales ya. Con sus camisetas amarillas y pancartas contra la falta de recursos en las aulas, los docentes se han dirigido hacia el departamento de Educación, donde se han concentrado durante más de una hora con cánticos como “más recursos y menos discursos” o peticiones de dimisión de la consellera Esther Niubó.

A nivel sindical, la huelga era unitaria: la han convocado USTEC, Professors de Secundària, CCOO, Intersindical, CGT y UGT. De ahí que sus convocantes adviertiesen desde hace días que el apoyo iba a ser al menos tan destacado como en el último gran ciclo de protestas docentes en Catalunya: las que se oponían a las políticas del conseller de ERC Josep Gonzàlez Cambray en 2022, con el adelantamiento del calendario escolar como detonante.

Esta vez, la movilización ha respondido a otros motivos. Y ha supuesto un desafío para el Govern del PSC, que asumió la gestión educativa con la intención de calmar los ánimos del profesorado pero no ha logrado frenar su creciente malestar. Los sindicatos y la consellera de Educación, Esther Niubó, pactaron recientemente un calendario de negociaciones que incluía revisar los salarios, pero los primeros consideran que no se ha avanzado.

“La situación de la docencia ha cambiado totalmente en los últimos años, no tiene nada que ver con antes, necesitamos atender mejor la diversidad, la escuela inclusiva, las nuevas metodologías… Con 34 alumnos en clase no llegas”, denunciaba Judith, profesora de Secundaria en el Instituto Escuela Arts de Barcelona. Junto a sus compañeros de claustro, como Jordi, lamentaba la “frustración” que sufren la mayoría de docentes por la falta de recursos para atender la complejidad de las aulas actuales. 

En una marcha previa a la manifestación en Barcelona, convocada en Jardinets de Gràcia a las 12:30 h, los docentes ocupaban la calle de Sants. “La sensación es de saturación a todos los niveles, y mientras las familias te exigen que el nivel de catalán o de matemáticas ha bajado, tu ves que no tienes manos suficientes para atender a las necesidades de clase”, comentaban Gina y Claudia, maestras de Primaria en la escuela Bernat Desclot de L'Hospitalet de Llobregat.

De la misma forma se expresaba Víctor Hueso, del Instituto Ferran Casablancas de Sabadell. “Con una reducción de ratios para empezar ya se notaría una gran mejora”, advertía, y cargaba de nuevo contra una “inclusión que no es real, que es obligada”, y que sin personal de apoyo suficiente dificulta demasiado la docencia. “Por la tipología de alumnado que tengo, he llegado a hacer seis modelos distintos para un solo examen en Segundo de la ESO”, ponía como ejemplo, para luego puntualizar que estas medidas pueden ser necesarias, pero requieren de más tiempo o manos para afrontarlas.

Salarios, ratios y burocracia, entre las demandas

En el plano sindical, la retributiva era la primera de las distintas reivindicaciones que marcaban la jornada de huelga. La demanda de los docentes en Catalunya es aumentar el complemento específico de las comunidades autónomas para que dejen de estar a la cola en España en cuanto a retribuciones, solo por delante de Asturias y Aragón. “Ves el ránking y te sientes humillado. No pedimos ser los que más cobran, sino lo que nos toca, porque además el coste de la vida en Catalunya es superior”, declara Iolanda Segura, del sindicato USTEC. 

Algunas de estas peticiones atañen también al personal laboral, un colectivo de unos 6.000 profesionales para los que piden aumento del complemento de 473 euros. En cuanto a la escuela concertada, con un peso importante en Catalunya, solo están llamados a la huelga por CCOO, y no por el sindicato mayoritario en este ámbito, USOC.

Por parte del Departamento de Educación, en las últimas horas han hecho saber que están abiertos a estudiarlo, pero que parte de la respuesta dependerá de que se aprueben los presupuestos de 2026. Durante la jornada, la Generalitat ha decretado unos servicios mínimos de un docente por cada tres grupos-clase en Infantil, Primaria y Secundaria. En educación especial debe haber la mitad de la plantilla y en escuelas infantiles, el 33%. 

Ignasi Giménez, secretario de Mejora Educativa del Departamento –sustituye a Niubó, que está de baja por razones de salud–, ha asegurado que ya tienen una propuesta para mejorar el complemento específico salarial, que no se incrementa desde 2001, y que lo trasladarán a una mesa sectorial el próximo 19 de marzo. Pero ha insistido: “Estas medidas solo las lograremos si aprobamos los Presupuestos en el Parlament”.

Más allá del salario, los profesores incluyen en sus demandas para esta movilización una mayor reducción de las ratios, aumentar los apoyos profesionales para hacer posible la escuela inclusiva, reducir la carga burocrática del profesorado y revisar los currículums contando con los claustros. Por ejemplo, desde CCOO plantean que los alumnos con necesidades educativas específicas deberían contar el doble en cuanto a las ratios. “Esto tendría un impacto directo en la mejora de la escuela inclusiva”, señala su secretario general Edu Núñez.

Aulas vacías en un centro educativo de Toledo por un problema de convivencia, noticias de agresiones en colegios o institutos, de todo tipo. O intentos de suicidio. En los últimos días se ha conocido también una sentencia judicial que reconoce que no hay protocolos relacionados con las agresiones a los docentes.

En definitiva, es lo que parece ser una “epidemia silenciosa”, que apela a poner el foco en la salud mental dentro del ámbito educativo, según Ascensión Palomares Ruiz, doctora en Ciencias de la Educación y catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha.

No es algo nuevo. En el año 2021 ANPE Castilla-La Mancha ya alertaba de que el Defensor del Profesor, un servicio que ofrece este sindicato, había detectado 81 casos de conflictividad y violencia hacia los docentes, sobre todo a través de las redes sociales. El curso pasado, según los datos recopilados por este mismo servicio sindical, los casos atendidos se incrementaron en un 20%.

Martín Navarro, maestro albaceteño, acaba de ser reelegido como presidente de este sindicato para los próximos cuatro años. Durante una entrevista, le preguntamos por estas cuestiones. “Estamos detectando a través del servicio del Defensor del Profesor que falta acompañamiento al docente cuando surgen situaciones de conflictividad en las aulas.”, reconoce y lamenta que haya “bajas por ansiedad y depresión derivadas de la práctica educativa o el hecho de que los docentes se sientan solos”.

También habla de las situaciones autolíticas entre el alumnado. “Tiene que haber un psicólogo clínico especializado para atender estas circunstancias. Lo hemos pedido en todas las mesas de negociación donde se abordan estos temas”.

Esta semana el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, se ha pronunciado sobre los casos de conflictividad que pueden generar los alumnos en los centros, como el ya citado y denunciado por padres y madres en un colegio de Primaria de Toledo que optaron por no llevar a sus hijos a clase como protesta. Son, en definitiva niños y niñas. Menores que “no pueden ser expulsados del sistema educativo”, dice el responsable de la Educacion en Castilla-La Mancha que cree que hay que “trabajar para corregir y reconducir determinadas conductas”.

La pregunta es cómo hacerlo. El propio consejero reconoce que “algunas veces los planteamientos de solución no son compartidos por la comunidad educativa”. Los padres y madres han venido reclamando más medios y medidas organizativas, además de canales de comunicación más accesibles y predispuestos a la escucha, por parte del Gobierno autonómico. El compromiso de momento está sobre la mesa.

Un decreto de convivencia escolar del año 2008

El trabajo con las asociaciones de padres, con los docentes y los equipos directivos de los centros es la opción que se apunta desde quienes tienen la responsabilidas de gestión de la Educación para reconstruir la convivencia.

Sin embargo, el presidente de ANPE recuerda que el decreto de convivencia escolar de Castilla-La Mancha data del año 2008. “Está totalmente desfasado porque han surgido redes sociales y una serie de circunstancias que la agravan”, lamenta Martín Navarro. Existe un borrador para actualizar el decreto y que vio la luz en 2025, pero no se ha avanzado.

“Hemos pedido protocolos claros y el refuerzo de la unidad de atención temprana al profesor que está recogida en la Ley de Autoridad del Profesorado. También hay que acompañar a docentes y alumnos que pasan por situaciones muy graves de salud mental. Por eso la figura del psicólogo clínico es fundamental”.

Desde su punto de vista, “es obligación de las administraciones públicas prestar este servicio: seamos claros, el bienestar emocional es clave para una práctica educativa en las mejores condiciones. Lo es para profesores y alumnos”.

En este ámbito cree también que “falta coordinación” entre los departamentos de Educación, Bienestar Social y Sanidad y “articular mecanismos”. Reconoce que no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana, pero incide en que “no se puede mirar a otro lado”.

Seamos claros, el bienestar emocional es clave para una práctica educativa en las mejores condiciones. Lo es para profesores y alumnos

El acoso y agresión a docentes -a veces entre docentes- o el bullying entre alumnos son términos o situaciones que parecen haberse normalizado. Martín Navarro lo relaciona también con la “falta de recursos” para propiciar una inclusión “real” en el ámbito educativo. “Es una pata muy importante y hemos pedido un plan”.

Pone varios ejemplos y ofrece algunas cifras. “No puede ser que tengamos orientadores que atienden a más de 1.000 alumnos”. Alude también a “situaciones en las que los profesores de pedagogía terapéutica (PPT) o los de Audición y Lenguaje llegan a atender a 27 clases. Algunos llegan a tener que atender a 50 o 60 alumnos cada semana. ¿Quién no va a estar a favor de la inclusión como concepto? Pero claro, la inclusión real no lo es sin recursos”, insiste.

El presidente de ANPE explica que el sindicato reclama a la Consejería de Educación que se aborde “de manera seria” porque aunque reconoce que las ratios por aula ahora son menores, “las clases son cada vez más heterogéneas”.

No puede ser que tengamos orientadores que atienden a más de 1.000 alumnos

En su opinión, hace falta que el plan integral de iclusión vaya acompañado de recursos porque, dice, “faltan profesionales de Orientación, de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, de Servicios a la Comunidad y apoyos en Educación Infantil”.

Una sentencia judicial que reconoce que no hay protocolos

Este mismo mes de enero el Juzgado de lo Social número 3 de Albacete ha estimado parte de la denuncia de una docente que fue agredida por la “inexistencia de protocolo de actuación” en Castilla-La Mancha ante las agresiones al profesorado. 

Martín Navarro comenta que es necesario un desarrollo de la Ley de Autoridad del Profesorado. “Ahora somos autoridad, agredir a un docente ha pasado a ser falta a delito con un incremento de las penas, pero con eso no es suficiente”. Desde su punto de vista hay que establecer protocolos de actuación “que sean claros”.

Por otro lado reclama la creación de un seguro de responsabilidad civil que asuma la Administración pública porque, subraya, “el profesorado sufre daños materiales y personales que siempre se remiten a seguros particulares. Creo que tendría que ser la Consejería de Educación la que se haga cargo de los problemas derivados de nuestra práctica docente”.

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) ha denunciado el “enfoque desviado” de un acto organizado por el Ayuntamiento de Toledo, gobernado por PP y Vox, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Al evento fueron invitados diversos institutos de la ciudad y contó con la presencia de multitud de estudiantes de Bachillerato.

El acto, celebrado en el auditorio de Unicaja, generó “una profunda sorpresa e indignación” entre las docentes que acompañaban a su alumnado, ya que el contenido del acto “se alejó por completo del objetivo de la jornada”. “Lejos de conmemorar el 25N y su significado, de lo que menos se habló fue de violencia de género”.

Tras la proyección de la película ‘La infiltrada’ y unas breves palabras de su productora, el grueso de la actividad fue ocupado por la intervención de un agente de la Guardia Civil retirado, cuyo discurso, según el sindicato, estuvo “totalmente alejado de lo esperado en un acto del 25N”. Desde STE-CLM consideran especialmente grave que “se haya pretendido no hablar de la violencia de género”.

“Subestima la violencia que afecta cada día a las mujeres”

El sindicato ha subrayado que no se puede convocar a los centros educativos a participar en un acto institucional para abordar una cuestión “tan grave y vigente” como la violencia machista y, una vez allí, abordarla de manera meramente tangencial.

“Actuar así transmite un mensaje peligroso al alumnado, porque subestima la importancia de una violencia que afecta cada día a mujeres y niñas en nuestro país”, han afirmado desde la organización.

El sindicato reclama que las instituciones públicas asuman con responsabilidad su papel en la educación y sensibilización del alumnado, y exige que los actos del 25N se diseñen para visibilizar, denunciar y combatir la violencia machista, sin desviar el foco ni minimizar la gravedad de esta realidad.

Tino Brugos era un activista de las causas sociales, siempre implicado en unirse a todos los movimientos que luchan contra la violación de derechos humanos y las injusticias en cualquier parte del mundo. De ahí que su muerte, inesperada, este lunes, ha dejado “en shock” no solo a su propio entorno familiar, sino que se ha extendido a los numerosos colectivos con los que se ha comprometido a lo largo de su trayectoria vital.

Recientemente jubilado como profesor de Historia, a sus 67 años, continuaba plenamente comprometido con la militancia tanto en Cantabria, su tierra natal, como en Asturias, su tierra de adopción.

Fundador de movimientos sociales

Tino Brugos también fue cofundador a principios de los años 80 del siglo pasado del Comité de Solidaridad con América Latina (COSAL) y uno de los fundadores en los años 90 del siglo XX de Xente Gai Astur (Xega), el actual movimiento LGTBI+ de Asturias, además de un miembro activo del Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza (Suatea).

Profundamente afectados por su muerte se mostraban desde esta organización sindical de enseñanza que dedicaban ayer un emotivo homenaje a su compañero en su página web. En un artículo reconocían ese estado de sorpresa y conmoción que su muerte ha causado entre las decenas de integrantes de movimientos sociales y de asociaciones en las que Tino Brugos participaba activamente.

Defensor de las libertades colectivas

El compromiso internacionalista también le llevó a participar como observador en territorio kurdo, donde fue retenido y posteriormente expulsado de Turquía. Él mismo explicaba desde Estambul, el 15 de mayo de 2023, a elDiario.es Asturias cómo había sido acusado injustamente de haber violado la ley electoral turca y, tras ser retenido, había sido obligado a abandonar el país.

Más recientemente, se había implicado de manera activa en las movilizaciones en apoyo al pueblo palestino, denunciando el genocidio que sufre esa población.

Apasionado estudioso de la Guerra Civil española y la Revolución del 34, unía su rigor histórico con una práctica militante en defensa de la escuela pública, los servicios públicos y las libertades colectivas

Estudioso de la Guerra Civil

Apasionado estudioso de la Guerra Civil española, la Revolución del 34 o el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), Tino Brugos unía su rigor histórico con una práctica militante en defensa de la escuela pública, los servicios públicos y las libertades colectivas.

Apasionado de la Historia, empezó a guardar recortes de prensa a raíz del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el presidente chileno Salvador Allende en 1973. Se trasladó a Asturias a estudiar la carrera y empezó muy joven a militar en la Liga Comunista Revolucionaria.

Su perspectiva sindical

Ocupó un papel destacado en la fundación de COSAL, a raíz de la revolución sandinista que derrocó la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua en 1979.

En septiembre de 2023, Tino Brugos se implicaba en una nueva organización sindical: Izquierda Sindical Asturiana (ISA) Unas siglas que representaban bien su filosofía, al abordar la defensa de los derechos de los trabajadores desde una perspectiva sociolaboral, feminista, inclusiva, de clase e independiente.

Su espíritu solidario

Uno de sus últimos actos púbicos en los que participó fue en una conferencia sobre la situación en Rojava (Kurdistán) organizada por la asociación cultural La Ciudadana.

Entre los innumerables amigos y compañeros que ayer glosaron la figura de este activista de izquierdas infatigable, destacamos como cierre una de las frases de despedida que le dedicó La Ciudadana y donde se resume perfectamente quién era Tino Brugos: “Descansa en paz, Tino, compañero. Hiciste de la solidaridad bandera de vida”.

Los sindicatos han convocado a los docentes extremeños a una nueva jornada de huelga el 7 de noviembre ante “la falta de avances significativos” con la Consejería de Educación para la homologación salarial de estos profesionales con los del resto del país.

Se trata de la segunda jornada de huelga de profesores y maestros tras el éxito de la celebrada el pasado 7 de octubre, que tuvo un seguimiento superior al 80%, con la que volverán a mostrar su disconformidad con la subida salarial de 80 euros mensuales para 2026 planteada por la Administración regional, y que se recoge en la propuesta de presupuestos para 2026. A este aumento salarial de 1.120 euros anuales a partir del próximo mes de enero, se sumarían otros 280 euros en 2027 con el compromiso de revisar las cantidades en función de la media nacional, según informó Educación.

Al paro, que este martes han dado a conocer los cinco sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Personal Docente -PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT- están llamados más de 16.000 docentes de la educación pública e irá acompañado de una manifestación en Mérida, cuyo recorrido está por definir.

En representación de los sindicatos, el presidente de PIDE, José Manuel Chapado, ha asegurado que están intentando hacer “el menor daño posible”, pero que las protestas irán “in crescendo” por la falta de voluntad negociadora de Educación.

A su juicio, la Junta de Extremadura sigue sin poner encima de la mesa una cantidad que homologue los salarios de los docentes extremeños, ya que su propuesta va con “trampa” y seguirán siendo “los últimos de la cola”.

Chapado, que ha reclamado una vez más la dimisión o el la destitución de la consejera del ramo, Mercedes Vaquera, ha precisado que la propuesta anunciada por Educación será una “subida” pero no una “homologación”.

Los sindicatos, que ha acusado a Educación de “manipular” los datos salariales y las propuestas sindicales, han reclamado una subida lineal real que garantice la equiparación efectiva y un pago retroactivo desde enero de 2025. Chapado ha subrayado que las numerosas tareas que los docentes asumen de manera voluntaria pueden dejar de realizarse, como tutorizar a alumnos de prácticas universitarias, trabajar fuera del horario legal y participar en excursiones, entre otras.

Por su parte, la consejera ha reiterado que la subida salarial planteada por la Junta es “razonable” y, sobre la posibilidad de que no haya presupuestos autonómicos para 2026, ha asegurado que eso no sería “impedimento” para que la cobren los docentes.

Los sindicatos no han acudido este martes a la Mesa Sectorial de Personal Docente, que ha abordado la convocatoria de oposiciones para 2026. En este sentido, el presidente de PIDE ha denunciado que Educación no les ha mandado previamente la documentación necesaria para poder hacer propuestas. 

Alrededor del 80 por ciento de los 16.000 maestros y profesores extremeños llamados este martes a la huelga la han secundado, según datos aportados por los sindicatos convocantes, un porcentaje que sitúa a la mitad, un 42,61 %, la Consejería de Educación.

Además, los docentes han celebrado una manifestación en Mérida en la que se han coreado consignas como “homologación salarial, promesa electoral” y “Mercedes Vaquera, afloja la cartera”.

La jornada de huelga y la manifestación, a las que están llamados los maestros y profesores de todas las enseñanzas y etapas educativas no universitarias, está convocada por los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT dentro del calendario de movilización para exigir la homologación salarial de los docentes extremeños.

Los docentes extremeños reivindican de este modo que “no son menos que el resto de España” y lamentan que para todo son “son los últimos” pues, al parecer y con la respuesta que les da el Gobierno autonómico, “en Extremadura educar es más barato”.

La Consejería de Educación cifra en un 42,6% el apoyo de los maestros y profesores extremeños a la jornada de huelga, la cual se desarrolla con “normalidad y sin incidencias destacadas”. Con datos a las 14,00 horas, y según la Consejería de Educación, en los centros de educación de Infantil y Primaria (CEIP) la huelga está secundada por el 38,2 y 48,4% de los maestros en las provincias de Cáceres y Badajoz, respectivamente.

En los Institutos de Educación Secundaria, la jornada de huelga tiene un respaldo del 44,18 y 48,8 % en Cáceres y Badajoz, respectivamente, mientras que los centros de Educación Secundaria Obligatoria alcanza el 44,4 y 52,2% en las citadas provincias.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de Economía y Empresas de Extremadura de UGT, Tomás Rodríguez, en representación de todos los sindicatos, ha remarcado que lo que han pedido “no es una mejora salarial, es una negociación de homologación con los docentes del resto del territorio nacional”.

Ha recordado que en enero del 2026, tras las modificaciones e incrementos en el resto de comunidades, los docentes de la enseñanza pública de la región “serán los peor pagados de todo el Estado” y ha añadido que esta es la primera manifestación que han convocado después de un año “de intentos, de negociar, de bajar las pretensiones y de ser absolutamente razonables”.

Según Rodríguez, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, en febrero, aseguró que con 30 euros obtenían esa homologación, lo que “evidentemente” no era así, y en mayo les propuso subir a 80 euros, “pero con trampa, porque les pagaban a partir de septiembre de este curso” y suponía perder ocho meses de negociación a los que no se les iba a aplicar la retroactividad en las medidas aprobadas y tampoco alcanzaban esa homologación.

Los sindicatos han planteado una subida a dos años de mínimo 150 euros o a tres años de 200 euros puesto que, según sus datos, los maestros de Primaria están por debajo de la media de retribuciones del resto del Estado en torno a 137 euros y los docentes de secundaria y de formación profesional están por debajo de la media de alrededor de 175 euros.

Para lo docentes “la homologación significa dignificar”, según el representante sindical, pues, para “el mismo esfuerzo” es necesario “el mismo sueldo” y ha destacado que en esta jornada “la clase ha sido la calle”.

Rodríguez ha remarcado que han esperado 18 años a que se reinicie una negociación “de este calibre” y no se pueden permitir “el lujo” de cerrar una negociación “en falso” sin llegar a una cifra de homologación salarial real.

En su opinión, esta jornada pone de manifiesto el respaldo de los docentes extremeños, cuestionada por el director general de Personal Docente, David Moreno Rego, y la secretaria general de Educación, Pilar Pérez.

En este sentido, ha destacado el “éxito palpable” de la manifestación, aunque no todos los que han ejercido su derecho a esta huelga por han asistido al encontrarse lejos de Mérida, lo que demuestra que no eran verdad las afirmaciones de que a las protestas “solo venían cinco o seis personas”.

Los convocantes han apelado a la Junta a que “piense de verdad si esta es la actitud, si este es el planteamiento que debe hacer ante 17.000 trabajadores que sostienen el sistema de educación pública de Extremadura”.

Para ellos, “no es tiempo de rectificar, es tiempo de que la consejera se plantee seriamente cambiar el tono de esta negociación ya que, lo que estamos pidiendo es absolutamente asumible y razonable”, ha concluido Rodríguez. 

“El primer curso del segundo cuarto del siglo XXI”, como le gusta decir al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, arranca especialmente caliente, con la convocatoria de una jornada de huelga y otra de manifestación este mismo septiembre. La Xunta se afana en presumir de un récord de profesores pese a la caída de alumnos, pero la realidad de los claustros es muy diferente: muchas de las plazas de refuerzo se ofrecen sólo a media jornada, lo que aumentó el rechazo de los docentes, y provocó que a primera hora de este lunes más de 800 siguiesen todavía sin adjudicar. Será, además, el curso en el que Educación haga bandera de esa “neutralidad ideológica” que, para muchos, sólo intenta evitar actos que denuncien el genocidio de Palestina o critiquen el proyecto de macrocelulosa de Altri. Y es el año de la “reformulación” de e-dixgal: el proyecto estrella de libro digital que Rodríguez ha convertido en híbrido para tratar de evitar el cada vez mayor rechazo de las familias.

Este lunes son casi 302.843 los estudiantes que inician el curso 2025/2026. Son 4.255 menos que hace un año y prácticamente 20.000 por debajo de hace una década. Sin embargo, el conselleiro anunció un “récord de profesorado” del que, el pasado 25 de agosto —día de la presentación oficial— él mismo todavía desconocía la cifra definitiva. La ofreció este domingo, en la Radio Galega: 31.756 profesores, 153 más respecto al curso anterior. Sin embargo, a última hora del viernes, quedaban todavía 673 de esas plazas sin cubrir entre primaria, secundaria y FP. El lunes ya eran 130 más.

Muchos de esos puestos —273 según la CIG, el sindicato mayoritario en la educación gallega— eran medias jornadas, lo que ayuda a inflar el número total de profesorado sin mejorar la oferta educativa. Y como no son ofertas a jornada completa, los interinos y sustitutos no están obligados a aceptarlas. Muchos las rechazan por pura supervivencia: si el destino asignado les obliga a desplazarse a otra localidad, sólo el alquiler y el transporte se comerá la práctica totalidad de los 1.000 euros netos de sueldo.

La natalidad colabora en la caída de ratios de la que saca pecho la Xunta —9,9 alumnos por docente frente al 11,3 del conjunto del Estado—, amparada en el acuerdo de mejoras firmado con UGT, CCOO y ANPE dos meses antes de la convocatoria de elecciones autonómicas, una foto que tanto Rodríguez como el propio Alfonso Rueda han esgrimido ante cualquier crítica recibida. Sin embargo, en abril, las tres centrales iniciaron un procedimiento contencioso con el Gobierno gallego al considerar que estaba incumpliendo su parte en los puntos más importantes: las ratios y el profesorado de apoyo. “No puede firmar un acuerdo y, a mitad del partido, cambiar las reglas”, se quejaban entonces.

Los sindicatos críticos se han referido siempre a este acuerdo como “de la vergüenza” o “de la miseria”, que saludaron con una huelga. La oposición la encabeza la CIG, con el 46% de los delegados —cinco puntos por encima de la suma de los tres firmantes—, y la secundan CSIF y STEG, con lo que el rechazo al pacto asciende al 60% de los representantes del profesorado.

La CIG-Ensino —que eligió nueva secretaria xeral este verano, Laura Arroxo— ha convocado una manifestación en Santiago para el día 13 de este mes y una huelga general para el 25. Avanzan un curso de movilizaciones antes una “situación insostenible” de los centros de enseñanza y una “flagrante” pérdida de derechos en los últimos 16 años.

“Tenemos un profesorado literalmente quemado, con ratios que en muchos casos suponen atender a alrededor de 200 estudiantes”, Una de las pruebas, para Arroxo, es el incremento de la jubilación anticipada de profesores. “Hace 15 años, se premiaba al profesor que se mantenía dando clases y se jubilaba anticipadamente, y entonces el profesorado no lo hacía. Ahora, el premio es al revés: nos apremian para continuar más allá de la jubilación ordinaria”. Sin embargo, 9 de cada diez optan por no esperar y hacerlo tan pronto como cumplen los requisitos.

La CIG pone también en cuarentena ese “récord de profesorado” del que habla Rodríguez. Sobre todo, porque, según denuncian, una de cada tres plazas convocadas en las últimas oposiciones quedaron desiertas. Han pedido a la Consellería un estudio sobre la causa de esa falta de interés, pero ya aportan sus hipótesis. Entre ellas, la pérdida de un 20% de poder adquisitivo en tres lustros o que los docentes de secundaria gallegos sean los que más horas lectivas imparten de todo el Estado.

La “censura” enmascarada como “neutralidad ideológica”

Con sólo cinco días hábiles de septiembre para organizar el curso, habrá centros que este lunes no tengan cerrada la matrícula, el cuadro de personal o, incluso, el horario de clases. Pero este mes tendrán que dejar por escrito, en la Programación Xeral Anual, la lista completa de actividades previstas hasta junio. Frente a la laxitud anterior, que permitía improvisar charlas o excursiones sobre la marcha, a menudo, espoleadas por la actualidad, la Xunta ha hecho hincapié en este plazo. Su objetivo, garantizar la “neutralidad ideológica” de cualquier iniciativa complementaria. ANPAs, sindicatos, ONGs y fuerzas de la oposición creen que lo que realmente se busca es “censurar”.

Con esta instrucción, Rodríguez creó un problema donde no lo había —o no se había denunciado— y Rueda no sólo lo respaldaba sino que sacaba a la enseñanza religiosa fuera del saco de esa supuesta neutralidad: “Neutralidad ideológica es neutralidad ideológica. Estamos hablando de otra cosa”. “No quiere decir que no se ponga una bandera, pero hay que hacerlo con respeto”, explicaba el conselleiro a los directores de los centros.

Pero es precisamente en la urticaria que determinadas banderas provocan en San Caetano —la sede del Gobierno gallego— donde muchos ven la raíz de esta instrucción. Una de esas banderas es la de Palestina, víctima del genocidio de Israel. El escritor Lois Pérez, delegado sindical de STEG, contaba en elDiario.es un caso vivido el curso pasado en un conocido centro de la capital gallega:

“Hace casi un año acompañamos personalmente a Khaldun Almassri, Primer Secretario del Embajador Palestino en España, para una serie de intervenciones organizada por el STEG en la Universidade de Santiago y en centros educativos gallegos. La charla prevista en un instituto de Compostela fue suspendida finalmente tras las presiones que la dirección del centro recibió por parte de la Xunta de Galicia —hasta cinco llamadas distintas de la Consellería de Educación, la Jefatura Territorial y la Consellería de Presidencia— y que terminaron con la persona titular de la dirección acudiendo a urgencias por un episodio de ansiedad”.

La denuncia de una política lingüística que ha permitido, por primera vez en la historia, que el número de hablantes de castellano supere al de gallego, es otra de las bestias negras de la administración popular, como lo es el proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo). Esto lo comprobaron en abril los centros que, como cada curso, participaban en el certamen ArteLixo de Redondela (Pontevedra). En su política de centrarse cada año en un aspecto de la lucha medioambiental, el evento optó por el asunto que había marcado la agenda ecologista gallega durante los meses anteriores y cambió su nombre a AltriLixo —lixo es basura en gallego—. Por primera vez, la Xunta pidió explicaciones a las direcciones de los colegios y los institutos por implicarse en su desarrollo.

Más papel y menos pantallas

“Para nada es una rectificación”. Román Rodríguez negaba a la mayor en su comparecencia tras el Consello de la Xunta de hace siete días cuando le preguntaban por los cambios del programa e-dixgal, el criticadísmo libro digital que el gobierno gallego se había comprometido a “repensar”. Desde este curso, la gran apuesta por las pantallas ya no lo es tanto y se pone en marcha un sistema “híbrido” que permitirá aumentar su compatibilización con los libros de texto. Una forma de intentar frenar el abandono por parte de los centros decepcionados por el sistema.

El descontento, recogido por la Federación ANPAS GALEGAS en un amplio estudio, recogía múltiples causas: desde la escasa calidad de los materiales —que reducían el ordenador a poco más que un lector de archivos pdf— hasta la sobreexposición a las pantallas o la falta de formación de docentes y familias para utilizar los artefactos.

La primera de las novedades que se ponen en marcha a partir de este lunes es la posibilidad de combinar e-dixgal con hasta tres libros de texto por curso. Como consecuencia, las familias que lo empleen podrán acceder, por primera vez, a las ayudas para la adquisición de libros de texto, un proceso a menudo farragoso debido a los sucesivos parches implementados por el PP, incapaz de recuperar la gratuidad total, ya que fue medida la estrella en el ámbito de educación del bipartito de izquierdas.

Según las cifras oficiales, el 84% de los colegios e institutos gallegos adheridos a e-dixgal —eran 630 en el curso 23/24— se ha sumado a este modelo híbrido, que ya era posible en secundaria, donde la cifra sube hasta el 87%, con 7 de cada 10 utilizando dos libros en papel. En las escuelas, donde la compatibilidad llega como novedad, la ha elegido el 82%. Dos de cada tres usarán el máximo de libros posible, tres.

La consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, ha convencido lo suficiente a los representantes sindicales de la enseñanza concertada con su propuesta de mejora de la calidad educativa para que este lunes decidieran desconvocar la huelga que habían programado para los días 9 y 15 de este mes, coincidiendo con el inicio del curso.

El acercamiento de posturas, que supone la aceptación de la propuesta, se ha anunciado hoy, coincidiendo con la fecha tope que había sido establecida el pasado viernes por la consejería como límite para que los sindicatos la trasladaran a sus bases. A última hora de la mañana ya había resultado.

A favor: dos patronales y en contra: CCOO y UGT

OTECAS, USO y FSIE daban el sí a la propuesta. Un respaldo sindical que se sumaba al visto bueno que habían dado, el pasado viernes, las dos patronales de la enseñanza: la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y Gestión y Escuelas Católicas.

Por el contrario, CCOO y UGT han votado en contra del acuerdo, según ha confirmado el Principado.

Estoy satisfecha por este respaldo que hace posible el mejor acuerdo posible. Les pedí un voto de confianza, me lo han dado, y desde este momento comenzaremos a trabajar para poner en marcha todas las medidas comprometidas

Eva Ledo — Consejera de Educación del Principado de Asturias

Un voto de confianza

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha agradecido públicamente el apoyo recibido, que permitirá la firma de un pacto para toda la red concertada asturiana.

“Estoy satisfecha por este respaldo que hace posible el mejor acuerdo posible. Les pedí un voto de confianza, me lo han dado, y desde este momento comenzaremos a trabajar para poner en marcha todas las medidas comprometidas”, ha declarado la titular de Educación.

El Principado iniciará de inmediato la redacción del documento definitivo, con el objetivo de firmarlo durante este mes de septiembre.

Aumenta la ratio de profesorado por unidad en la etapa de Infantil, en materia de atención a la diversidad, Educación elaborará un estudio para establecer una dotación básica de profesorado especializado en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) en los centros concertados y se reducirá la carga burocrática

Las principales medidas

La consejería ha destacado especialmente que el texto priorizará la mejora de la calidad educativa del alumnado y atenderá también reivindicaciones relacionadas con las condiciones laborales y salariales del profesorado.

Entre las principales medidas acordadas destaca el incremento de la ratio de profesorado por unidad en la etapa de Infantil, lo que permitirá mejorar la atención al alumnado, contribuir al mantenimiento del empleo y reforzar las plantillas docentes.

Menos carga burocrática

En materia de atención a la diversidad, Educación elaborará un estudio para establecer una dotación básica de profesorado especializado en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) en los centros concertados, con el objetivo de garantizar una respuesta adecuada a las necesidades del alumnado.

Otro avance importante será la reducción de la carga burocrática, de forma que la Administración se ha comprometido a digitalizar el Documento de Organización de Centro (DOC), que recoge la planificación anual de los colegios y debe ser remitido a la Consejería de Educación.

El acuerdo contempla un incremento progresivo del complemento autonómico que percibe el profesorado: 50 euros mensuales en 2026 y 30 euros adicionales en 2027, hasta alcanzar un aumento total de 80 euros mensuales. Además, se agilizará el sistema de habilitaciones del profesorado

Las mejoras económicas

En el ámbito salarial, el acuerdo contempla un incremento progresivo del complemento autonómico que percibe el profesorado: 50 euros mensuales en 2026 y 30 euros adicionales en 2027, hasta alcanzar un aumento total de 80 euros mensuales.

Asimismo, se agilizará el sistema de habilitaciones del profesorado, que requiere una acreditación específica para poder impartir distintas materias, facilitando así la gestión y el desarrollo profesional del personal docente.

El pacto Asturias Educa

Este acuerdo con la red concertada se produce apenas dos meses después de la firma del pacto Asturias Educa, suscrito entre el Gobierno del Principado y las principales organizaciones sindicales, que establece la hoja de ruta para fortalecer la enseñanza pública en lo que resta de legislatura.

Este pacto recoge el acuerdo alcanzado el pasado 9 de junio para poner fin a la huelga indefinida educativa a cambio de mejoras retributivas, de personal y reducción de burocracia, y se compromete a realizar una inversión de 45 millones de euros anuales una vez que esté totalmente desplegado de aquí a 2028.

En un fin de semana, en plena operación retorno de las vacaciones de agosto, los representantes sindicales de la educación concertada en Asturias -OTECAS, USO y FSIE- tienen que lograr contactar con el mayor número posible de docentes para llevar el lunes, a las 14 horas, una respuesta al Gobierno asturiano sobre la última oferta que les acaban de poner sobre la mesa.

Es el plazo que les ha concedido la consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, y con el que han salido de la reunión mantenida este viernes para tratar de llegar a un acuerdo que permita desconvocar las movilizaciones previstas a las puertas del inicio del curso. Actualmente, la huelga indefinida sigue en pie.

La decepción sindical

Los sindicatos convocaron manifestaciones, concentraciones y una huelga para exigir unas condiciones laborales similares a los docentes de la educación pública. Dieron un margen de confianza a Eva Ledo, ante su reciente incorporación al cargo tras la dimisión de su antecesora, Lydia Espina. Y esta mañana se reunieron con ella para entablar una negociación y tratar de acercar posturas.

Al término de la reunión, las reacciones de las dos partes fueron bien diferentes: los representantes sindicales salieron “decepcionados”, mientras que desde el Principado se destacaba el voto favorable que había logrado por parte de las dos patronales de la enseñanza concertada a su última propuesta para mejorar la calidad educativa de esta red.

Dos patronales apoyan a Educación

Eva Ledo encabezaba la cuarta reunión de la mesa de negociación en la que se alcanzó el apoyo previo de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y Gestión y Escuelas Católicas.

“Supone un avance y adelanta que es posible alcanzar ese acuerdo”, ha señalado la consejera.

El Gobierno regional sostiene que la propuesta definitiva que han presentado esta mañana a los representantes sindicales prioriza la calidad educativa del alumnado y atiende también reivindicaciones relacionadas con las condiciones laborales del profesorado.

La propuesta definitiva del Principado

El Principado propone un incremento de la ratio de profesorado por unidad a toda la etapa de Infantil, lo que a su juicio contribuiría a mantener el empleo en la red, a mejorar la dotación de plantillas, aumentaría la calidad del sistema y la atención del alumnado.

La reducción de la carga burocrática es otro de los puntos a los que el Principado se muestra favorable y que se llevaría a cabo mediante la digitalización del denominado Documento de Organización de Centro (DOC), que es el compendio de información que los colegios de la red concertada deben remitir a la Consejería de Educación y que contiene toda su planificación.

Los salarios

En el apartado salarial, el Ejecutivo regional plantea incrementar el complemento autonómico que percibe el profesorado, con un aumento de 80 euros en dos años: 50 euros en 2026 y 30 euros más en 2027.

En la atención a la diversidad, la Consejería de Educación se compromete a elaborar un estudio para establecer una dotación básica de profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) en los centros concertados.

Las habilitaciones

También se agilizaría el sistema de habilitaciones del profesorado de esta red educativa, que requiere de una acreditación para poder impartir cualquier materia.

El Principado ha trasladado a las organizaciones sindicales que tienen de plazo hasta el lunes, a las 14:00 horas, para pronunciarse por correo electrónico si respaldan la firma de un acuerdo. El tiempo ha empezado ya a correr.

El Gobierno del Principado y los sindicatos docentes han firmado este miércoles el Pacto Asturias Educa, que recoge el acuerdo alcanzado el pasado 9 de junio para poner fin a la huelga indefinida educativa a cambio de mejoras retributivas, de personal y reducción de burocracia, y que compromete una inversión de 45 millones de euros anuales una vez que esté totalmente desplegado de aquí a 2028.

El pacto supone “un punto de partida” y una “hoja de ruta inclusiva” para la mejora del sistema educativo asturiano, tal y como lo han definido el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la consejera de Educación, Eva Ledo, durante la firma del documento que ha tenido lugar esta mañana en el Palacio de los Condes de Toreno, en Oviedo, entre la titular de Educación y los responsables de los sindicatos ANPE, CCOO, UGT y Suatea. CSIF se ha desmarcado del acuerdo.

Educación de calidad

Ledo ha afirmado que el de hoy es un día “muy importante” porque se reconoce la labor “esencial” de la comunidad docente, porque las familias “renuevan su confianza” en un sistema educativo que ofrece a sus hijos una “educación de calidad” y porque se garantiza al alumnado los recursos necesarios para desarrollar su potencial.

La consejera ha celebrado que sindicatos y Principado hayan sido capaces de entenderse para llegar a un acuerdo que “fortalece el estado de bienestar” y “va a mejorar la vida de las personas”.

Asimismo, ha reconocido el papel que han jugado en el mismo personas como la anterior consejera de Educación, Lydia Espina; la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo y el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez.

Un punto de partida

Los sindicatos se han mostrado satisfechos con el acuerdo, si bien todos han coincidido con el presidente del Principado en que el mismo es un “punto de partida” para mejorar el sistema educativo asturiano y han manifestado que van a estar vigilantes para que se cumpla.

El presidente de ANPE, Gumersindo Rodríguez, ha considerado que el Pacto Asturias Educa no es “un simple acuerdo”, sino que se trata de “un compromiso por la mejora de la educación pública en Astuiras” que pone fin a “25 años de déficits en materia educativa en el Principado”.

Para el secretario general del sindicato de Enseñanza de CCOO, Borja Llorente, el acuerdo es “un punto de partida, no un punto final”, si bien sí que pone un “punto y aparte” con los recortes y la austeridad que venía sufriendo la educación pública asturiana.

“No es el final de nada”

Es “un buen acuerdo”, según lo ha definido el secretario general de UGT, Cristóbal Puente, que no obstante ha suscrito las palabras del presidente al afirmar que esto “no es el final de nada, sino que es un punto de partida” y ha mostrado la disposición del sindicato a trabajar para que se despliegue “lo antes posible” y también para seguir reivindicando “todas las cosas que quedaron pendientes”.

En similares términos se ha expresado el representante de Suatea, Miguel Laria, que se ha mostrado “moderadamente satisfecho” y ha recordado que todavía quedan asuntos pendientes por resolver, como la reducción de la burocracia.

El compromiso

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha subrayado el compromiso de la Administración autonómica con el cumplimiento del acuerdo, al tiempo que ha reconocido el “error” que cometió el Principado por no escuchar las reivindicaciones de los docentes y ha afirmado que rectificar no es un signo de debilidad, sino un “acierto”.

Barbón, que ha definido el pacto como “el más ambicioso de cuantos se firmaron en la historia democrática de Asturias”, ha querido también mostrar su agradecimiento a la exconsejera de Educación, Lydia Espina, especialmente por la generosidad que mostró al ser capaz de “dar un paso a un lado” para favorecer las negociaciones.

Las medidas

El acuerdo alcanzado el pasado 9 de junio contempla una mejora retributiva de 210 euros para el profesorado con menos de seis años de experiencia laboral, lo que supone un incremento de 2.940 euros al año, mientras que el resto del personal obtiene un incremento salarial de 140 euros mensuales.

Con respecto a la contratación de personal, destacan la incorporación de 300 especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) y la contratación de 30 auxiliares educativos, así como la implementación de un decreto específico para regular los centros de educación especial.

Además, se adelanta la aplicación de la ratio máxima de 23 alumnos por aula en primaria y ESO, lo que incluye el conteo doble del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) y la eliminación del incremento del 10 por ciento en la ratio en infantil y primaria, salvo en casos de imposibilidad física de desdoble, donde se incorporará apoyo especializado.

Reducción de jornada

Por otro lado, se adelanta a febrero de 2026 la aprobación del modelo de reducción de jornada para el profesorado mayor de 55 años, que se aplicará en 2027.

El pacto también comprende la agilización de las sustituciones y una nueva regulación de las bajas médicas, que garantizará el cobro del cien por cien del sueldo al personal docente.

Menos burocracia

En cuanto a la reducción de burocracia, en el marco del Plan Simplifica Educación, se contratarán 30 administrativos entre los cursos 2026-2027 y 2027-2028, se reforzará la atención a direcciones unipersonales y se destinarán 3 millones de euros a mejorar la estrategia digital en la gestión educativa.

Muchas de estas medidas y otras de las contempladas en el acuerdo se implantarán con carácter progresivo y estarán totalmente implementadas en el año 2028.

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha afirmado que si la huelga docente por la homologación salarial se lleva finalmente a efecto y le cuesta el puesto, se irá “con la dignidad” de haber defendido los intereses de todos los extremeños.

“Me iré con la dignidad de haber defendido los intereses de todos los extremeños, no los de mi gremio”, ha afirmado Vaquera -docente de profesión- en el pleno de la Asamblea de Extremadura después de que el diputado de Vox Juan José García le haya advertido de esa posibilidad.

En el turno de control al Gobierno, el diputado ha recriminado al Ejecutivo que haya amortizado deuda con 370 millones de euros del superávit en lugar de homologar el sueldo de los docentes no universitarios a los del resto del país.

“Aquí no estamos para defender intereses individuales, ni de gremios ni personales, venimos a gestionar los recursos de todos los extremeños”, le ha manifestado la consejera tras recordarle que la Junta de Extremadura ha realizado una propuesta “firme” de subida salarial de 80 euros mensuales, 1.120 anuales. Con esta cifra, más otros compromisos adquiridos, se les equipararía a los docentes del resto del país y, si se tuvieran en cuenta otras magnitudes económicas, estarían “por encima”, ha señalado.

García le ha respondido que la la homologación salarial con la media de España no es de 80 euros mensuales, sino de 300 euros, y ha acusado al Ejecutivo de “mentir” al apuntar que esa cifra era inasumible dada la amortización de deuda efectuada.

Infraestructuras educativas en Plasencia

La consejera de Educación ha respondido además a otra pregunta de Vox, del diputado Álvaro Sánchez Ocaña, sobre el deterioro que, a juicio de este, sufren las infraestructuras educativas de Plasencia.

El parlamentario se ha preguntado si ello obedece a que el alcalde, Fernando Pizarro, “era el principal candidato de la militancia y del pueblo -para presidir el PP de Extremadura- frente a la candidata impuesta a dedo por Madrid”, en alusión a María Guardiola.

Vaquera ha aseverado que para el Gobierno “todas las poblaciones son iguales”, que no se le puede achacar el deterioro “histórico” que sufren los centros educativos desde más de veinte años, y que el Ejecutivo lo que está haciendo es dar soluciones, en el caso de Plasencia con 16 actuaciones en los últimos dos años.

Reabrir la escuela infantil de Escurial

Por otra parte, en respuesta al diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías sobre la escolarización en el primer ciclo de educación infantil en Miajadas y localidades cercanas, ha informado de que se está trabajando en reabrir la escuela infantil del municipio cacereño de Escurial, “cuyas instalaciones ya se están a día de hoy adecuando”.

El parlamentario ha lamentado que una veintena de familias se han quedado sin plaza para sus hijos en el centro de educación infantil Arcoiris de Miajadas “y la solución que se ha puesto encima de la mesa -ha manifestado a la consejera- ha sido ninguna”.

Vaquera ha defendido el compromiso del Gobierno con la escolarización de los menores de 0 a 3 años y ha apuntado que, con la puesta en marcha del cheque guardería, se ha pasado de una escolarización infantil del 30 al 42 % en 2024, que en el caso de los niños de 2-3 años se eleva al 70 %, por lo que “las cosas se estarán haciendo bien”.

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han decidido mantener la convocatoria de huelga en las escuelas infantiles para el próximo viernes al constatar falta de avances en las negociaciones en torno a las negociaciones sobre sus condiciones laborales y la próxima integración de la red autonómica.

Las tres organizaciones sindicales han confirmado que la nueva consejera de Educación, Eva Ledo, les ha emplazado a negociar el próximo martes.

No obstante, han decidido mantener la convocatoria de huelga y manifestación para el próximo viernes “ante la falta de un documento de trabajo concreto”.

Huelga y concentración

Las educadoras de las escuelas infantiles ya secundaron una primera jornada de huelga el pasado 11 de junio, que estuvo acompañada por una concentración en Oviedo en la que participaron cientos de trabajadoras.

Los sindicatos han iniciado movilizaciones para exigir al Principado que se siente a negociar las condiciones de integración de las escuelas municipales en la red autonómica de las escuelas infantiles.

200 empleos “en el aire”

Entre otras cuestiones, denuncian que existen alrededor de 200 educadoras infantiles cuyos puestos de trabajo “están en el aire” ya que no han sido estabilizadas por sus respectivos ayuntamientos.

Asimismo reclaman una “dignificación” de su profesión en la línea de que se reconozca el carácter educativo de la misma, ya que no son personal docente ante la ley pero, según señalan, sí que prestan un servicio educativo.

Los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT SP han anunciado una huelga de profesorado durante el inicio del curso 2025-2026, junto a una manifestación en Mérida a la que están llamados casi 17.000 docentes con el objetivo de defender una educación pública de calidad, conseguir la homologación salarial del sector y devolverles su “dignidad”.

La portavoz intersindical, Mercedes Barrado, ha asegurado que se trata de “medidas contundentes” debido a que sus acciones reivindicativas y su último requerimiento, del 4 de junio, a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para atender las peticiones de los portavoces sindicales, “no ha sido escuchado”.

Barrado ha incidido en que en los centros educativos de la comunidad el profesorado realiza “de manera habitual” una gran cantidad de tareas que exceden “las estrictamente obligatorias”: coordinación de prácticas de estudiantes universitarios, elaboración de proyectos, colaboración en programas institucionales, o atención fuera del horario laboral, entre otras.

Todo esto, ha dicho, sin un reconocimiento económico acorde, ni un marco normativo que regule estas funciones de manera equitativa, una situación de la que el profesorado extremeño debe ser consciente.

La portavoz sindical ha recalcado que siguen abiertos al diálogo y han solicitado la pronta celebración de una Mesa Sectorial extraordinaria con el único punto del orden del día de homologación salarial, “para conseguir unas condiciones salariales dignas y dejar de ser el personal docente peor pagado de España”.

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, y el consejero de Educación, Sergio Silva, se han reunido con la Federación de Madres y Padres de Alumnos (FAPA) para informar a las familias de que el próximo curso bajará la ratio en tercero de Primaria, que pasará de 25 a 20 alumnos por clase.

Un encuentro hecho al margen de los representantes de los profesionales de la educación y que resulta significativa despúes de que, en pleno conflicto laboral, la presidenta no haya atendido a la petición de reunión que solicitaron hace unos días los sindicatos.

Silva ha informado a las familias que esta medida implicará crear entre 25 y 35 nuevas unidades educativas y supondrá un coste de aproximado de 1,5 millones de euros. “Es una decisión que teníamos pendiente y que hoy en el Consejo de Gobierno ha sido definitivamente aprobada después de la propuesta que traía la Consejería”, ha señalado en declaraciones a los medios tras la reunión.

Con esta medida se da continuidad a la bajada de ratio aplicada este curso en segundo de Primaria, que también quedó fijada en 20 alumnos. “Vamos cumpliendo esa hoja de ruta que nos habíamos marcado”, ha valorado.

La decisión de bajar la ratio en tercero de Primaria se ha adoptado después de que Silva dijera el 3 de junio que, en ese momento, no podía confirmar si se iba a adoptar finalmente esa medida, “con la cantidad de asuntos” que su departamento tiene encima de la mesa y las “implicaciones presupuestarias” que éstos conllevan, incluida la negociación sobre la adecuación salarial de los docentes.

Ese día el consejero señaló que tenía que hablar con la presidenta, con el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, y, en general, con el Consejo de Gobierno, para ver si sería “viable” y se podría implementar el curso que viene, algo que finalmente se va a materializar.

En otro orden de cosas, y a petición de la FAMPA, la Consejería se ha comprometido a estudiar la posibilidad de incrementar las becas de comedor para las familias con rentas más bajas.

La FAMPA ha pedido que la cuantía de la beca para estas familias --unos 1.700 alumnos en el curso 2023-2024-- pase de cubrir el 75 por ciento actual al 100%, una medida que, según sus estimaciones, tendría un coste de unos 400.000 euros, una cantidad “pequeña” que entiende el Gobierno podría asumir.

Actualmente reciben el servicio de comedor unos 11.000 alumnos, de los cuales un 62 por ciento -6.300- tienen beca en este concepto, cuyas cuantías varían, ha detallado el consejero.

El Gobierno se ha comprometido a realizar un estudio para analizar hasta dónde se podría llegar en este incremento del porcentaje de beca para estas familias y qué impacto presupuestario tendría, que Silva cree que “no tendría que ser muy grande”.

También en la reunión Gobierno y FAMPA han hablado de los bancos de recursos (bancos de libros y otro tipo de material escolar) en las etapas obligatorias y de cómo se aplican en cada centro.

Y es que la FAMPA se ha quejado de las diferencias en las aportaciones que tienen que hacer las familias para acceder a este banco de recursos dependiendo de cada centro educativo.

Silva ha indicado es algo en lo que su departamento ya está trabajando para que “haya la mayor homogeneidad” en las aportaciones de las familias y que esa cantidad sea la menor posible y “al ser posible cero”. “Vamos a seguir trabajando en ese sentido”, ha dicho el consejero, que ha subrayado que la aportación que el Gobierno realiza para estos bancos de recursos ha crecido casi 20 por ciento en los dos últimos ejercicios, al pasar de 2,1 a 2,5 millones.

Según la FAMPA, en algunos centros, la aportación de las familias puede ser de 10 euros al curso y en otros de hasta 160. Además, hay centros en los que no se paga nada, pero obligan a comprar algunos libros.

Cientos de educadoras de 0 a 3 años se han concentrado este miércoles frente a la Consejería de Educación en Oviedo para exigir al Principado que se siente a negociar las condiciones de integración de las escuelas municipales en la red autonómica de las escuelas infantiles. Hoy, miércoles, celebran su primera jornada de huelga.

Los manifestantes han coreado consignas como “Barbon, escucha, el 0 a 3 en lucha”, “0 a 3 educativo es” o “Educamos, no guardamos” y han exhibido pancartas en las que se podían leer lemas como “Educadoras en lucha” o “Lo pedimos todos porque no tenemos nada”.

Un panorama de incertidumbre

La responsable de Escuelas Infantiles de CSIF, Laura González, ha denunciado la “total incertidumbre” con la que afrontan las educadoras el proceso de integración, que comienza a partir del próximo mes de septiembre.

Según ha lamentado, aún no tienen “ningún dato” sobre las circunstancias laborales bajo las que van a trabajar, ya que no se han negociado los convenios colectivos que van a amparar su actividad, ni tampoco se ha impulsado un decreto de funcionamiento, entre otras cuestiones.

Piden “un paso adelante”

La delegada de UGT Laura Pérez ha reclamado a la Administración “un paso adelante” para que se siente con los sindicatos para abordar “un calendario de negociación serio y unas propuestas claras”.

Según ha afirmado, aún no hay ninguna propuesta de reunión más allá de “un pequeño contacto” el pasado domingo, en el que la documentación que aportó el Principado es solo un “acta” de las dos reuniones mantenidas anteriormente y en la que no hubo “propuestas serias ni nada en firme”.

“Llegaremos hasta donde haga falta”

La representante de las trabajadoras de CCOO, Tania Alonso, ha afirmado que llegaran “hasta donde haga falta” y que van a conseguir que el Principado se siente a negociar con los sindicatos y formen una mesa de trabajo, al tiempo que ha denunciado que en las escuelas pertenecientes a Consejería se han impuesto unos servicios mínimo “abusivos” del 50 por ciento.

Se trata de la primera jornada de huelga convocada por los sindicatos en las escuelas infantiles del Principado, que denuncian que el Ejecutivo autonómico está incumpliendo los plazos de la ley para la creación de la red pública, puesto que aún no ha negociado las disposiciones adicionales incluidas en la misma para determinar las condiciones laborales de la integración.

Empleos “en el aire”

Entre otras cuestiones, los sindicatos denuncian que existen alrededor de 200 educadoras infantiles cuyos puestos de trabajo “están en el aire” ya que no han sido estabilizadas por sus respectivos Ayuntamientos.

Asimismo reclaman una “dignificación” de su profesión en la línea de que se reconozca el carácter educativo de la misma, ya que no son personal docente ante la ley pero, según señalan, sí que prestan un servicio educativo.

Los próximos 19 y 20 de junio los sindicatos han convocado otras dos jornadas de huelga, que se repetirá también el día 4 de septiembre si el Principado no atiende a sus demandas.

Protestas de la educación concertada

Por otra parte, una decena de sindicalistas de la educación concertada asturiana se ha encadenado este miércoles ante la sede de la presidencia del Principado para exigir al Ejecutivo autonómico que se siente a negociar las mejoras laborales y salariales que demandan como ha hecho con los sindicatos de la educación pública, que el pasado lunes firmaron un preacuerdo para poner fin a su huelga.

Los representantes de los sindicatos FEUSO Asturias, Otecas y FSIE han explicado en declaraciones a los medios que la acción es un “acto simbólico” previo a la huelga y concentración que mañana van a realizar en la Plaza de España de Oviedo y han adelantado que si no les recibe nadie van a acampar toda la noche frente a sede del Ejecutivo autonómico.

Denuncian discriminación

Todos ellos han denunciado la “discriminación” que llevan sufriendo “desde hace décadas”, con problemas como precariedad laboral, sobrecarga de trabajo no reconocida, discriminación salarial respecto al profesorado de la enseñanza pública, jubilaciones parciales, falta de apoyo en la atención a la diversidad o la congelación del complemento autonómico.

“Si hay dinero para la enseñanza pública tiene que haber para la educación concertada, Barbón es el presidente de todos los asturianos”, han denunciado en referencia al pacto alcanzado el pasado viernes con los sindicatos, cuyo despliegue completo a lo largo de los próximos tres cursos supondrá un impacto económico de 45 millones de euros.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha descolgado de la firma del preacuerdo que, el pasado día 9, alcanzaron en Asturias los sindicatos de Enseñanza con el Gobierno regional y con su decisión se rompe la unidad sindical.

Con el avance del contenido del preacuerdo se desconvocó la huelga indefinida que mantenía el profesorado en los centros de educación pública del Principado, aunque un sector de los docentes criticó duramente a los sindicatos por ceder ante el Principado sin que el Ejecutivo regional llegara a comprometerse a cumplir todas y cada una de sus reivindicaciones ya que en las distintas movilizaciones habían pedido que lucharan hasta el final: “O todo o nada”.

Los representantes sindicales consideraron, sin embargo, que el preacuerdo era un paso importante para conseguir mejoras.

Así lo han corroborado al mostrarse partidarios de suscribir el preacuerdo ANPE, CCOO, UGT y SUATEA.

Manifestaciones y dimisiones

Por primera vez en Asturias, los cinco sindicatos de Enseñanza -ANPE, CCOO, UGT, SUATEA y CSIF- habían actuado en unidad de acción convocando una huelga indefinida en los centros de educación pública para reivindicar mejoras sociolaborales y económicas para el colectivo de docentes.

Manifestaciones, concentraciones y ruedas de prensa conjuntas que mostraban la fuerza sindical; una imagen que volvió a repetirse con el anuncio de un preacuerdo con el Gobierno de Asturias que ponía fin a la huelga el pasado lunes, día 9.

Un centenar de directores y directoras de centros educativos presentaron su dimisión en plena huelga en una carta remitida al presidente del Principado, Adrián Barbón y más de 70, entre equipos directivos unipersonales y colectivos, comunicaron que lo hacían efectivo pocas horas después.

El 68% de afiliación de CSIF lo rechaza

CSIF, que fue el primer sindicato en convocar la huelga indefinida y a la que se sumaron posteriormente el resto de las organizaciones sindicales, ahora se ha descolgado con el rechazo de la asamblea a suscribir el preacuerdo después de que el 68 por ciento de sus afiliados y afiliadas votaran en contra de la firma.

El presidente del sector de Enseñanza de CSIF, Jorge Caro, ha estado al pie del cañón desde que se inició el conflicto educativo tanto en las manifestaciones y concentraciones como en las largas negociaciones que se han llevado a cabo con el Principado.

Una sugerencia desestimada

En declaraciones a elDiario.es Asturias ha defendido al profesorado en huelga y se ha mostrado partidario de que antes de ratificar o no la firma del preacuerdo era necesario someterlo a la opinión tanto de sus afiliados y afiliadas como del colectivo docente que no pertenece a organización sindical alguna.

Sin embargo, esta última sugerencia de que todo el colectivo lo sometiera a votación no prosperó, por lo que la decisión última quedaba en manos de la asamblea de afiliados y afiliadas a CSIF.

Si bien la huelga ha sido ya desconvocada y no puede reanudarse en el marco actual, CSIF mantiene intacto su compromiso de seguir trabajando por la mejora real de las condiciones laborales del colectivo

Jorge Caro — Presidente del sector de Enseñanza de CSIF

La asamblea se pronunció en contra de su ratificación por un 68% de los votos de los asistentes a la asamblea. Al término del recuento, celebrado ayer martes, el sindicato emitió un comunicado donde incidía en que “si bien la huelga ha sido ya desconvocada y no puede reanudarse en el marco actual, CSIF mantiene intacto su compromiso de seguir trabajando por la mejora real de las condiciones laborales del colectivo”.

La precariedad

“La voluntad expresada por nuestra afiliación nos refuerza en nuestra posición -añadía- y orienta nuestra acción sindical hacia una negociación que dé respuesta a la precariedad laboral y retributiva del colectivo docente del Principado de Asturias durante décadas”.

En este escrito, recalcaba la importancia de someter a la opinión del profesorado el preacuerdo: “Insistimos al resto de organizaciones sindicales que, con carácter previo a su posicionamiento ante la posible firma del acuedo, se eleve una consulta al conjunto del colectivo docente. CSIF se compromete a aceptar el resultado mayoritario de dicha consulta”, resaltaba.

Disposición al diálogo

Para el sindicato, solo una decisión colectiva, amplia y vinculante podría cerrar este proceso con plena legitimidad.

“Invitamos al Gobierno del Principado de Asturias a continuar negociando de manera abierta y constructiva, con el objetivo de alcanzar unas condiciones laborales que resulten satisfactorias para todas las partes implicadas”, manifestaba.

Dignidad profesional

El sindicato reiteraba además su disposición al diálogo y recalcaba que lo hacía siempre desde el respeto a los principios de justicia, equidad y dignidad profesional.

Por el contrario, la afiliación del resto de sindicatos -ANPE, UGT, CCOO y SUATEA sí han respaldado el preacuerdo alcanzado con el Ejecutivo asturiano en las consultas que han realizado en las últimas horas entre sus bases.

El conflicto de los docentes asturianos con el Gobierno de Asturias ha explotado en la educación pública, la concertada y las escuelas de 0 a 3 años. La unión sindical y el hartazgo del profesorado han sido el detonante de la huelga general indefinida convocada, en unidad de acción, por los cinco sindicatos de Enseñanza -ANPE, CCOO, UGT, SUATEA y CSIF- en los colegios e institutos públicos. Esta mañana, la situación se ha complicado aún más con la dimisión en bloque de 70 directores y directoras de centros, en algunos casos como equipos directivos unipersonales y en otros el equipo completo.

Una decisión que no es precipitada, sino que había sido ya previamente meditada cuando más de un centenar de directores y directoras de Asturias anunciaron en una carta remitida al presidente del Principado, Adrián Barbón su intención de dimitir si no se desbloqueaban las negociaciones.

Tras la ruptura, escenificada ayer por los sindicatos, tras más de cinco horas de reuniones, la amenaza se ha consumado con las primeras dimisiones.

Barbón: “Los directores y directoras tienen todo mi respeto”

El presidente asturiano, que este viernes se encuentra en Barcelona participando en la Conferencia de Presidentes, ha aludido en una comparecencia pública al conflicto en la enseñanza y ha asegurado que es muy respetuoso con las movilizaciones y, en este contexto, ha expresado: “los directores y directoras de los centros tienen todo mi respeto”.

Asimismo, ha enumerando las mejoras que desde el Ejecutivo regional se ha ofertado a los representantes sindicales dentro de su interés por llegar a acuerdos y desbloquear el conflicto y ha confiado en que “pronto podamos tener buenas noticias”.

Las advertencias al presidente Barbón

En esta carta, que fue suscrita por más de 130 directores y directoras, los firmantes exponían las complicadas condiciones en las que trabajaban diariamente, con aulas masificadas, compañeros y compañeras agotadas, “mendigando apoyos” para poder atender “como se merecen” al alumnado y sin una respuesta satisfactoria de la Consejería de Educación.

Los equipos directivos se quejaban también de la falta de personal especializado, como los recursos de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Auxiliares Educativos, Orientadores/as y Personal de Servicios a la Comunidad, que, según exponían, “está dejando a mucho alumnado sin la atención que necesitan”, y lamentaban que “lo peor es que ya ni siquiera se promete”.

Las contestaciones que recibían a sus reivindicaciones lejos de animarles, les desmotivaba aún más con frases del tipo “no hay dinero” o “ya tenéis lo que os corresponde”, como recogía Eldiario.es Asturias en la edición del pasado miércoles.

El bloqueo de las negociaciones

Estas advertencias sobre una posible dimisión en bloque se han formalizado y, según ha confirmado Jorge Caro, portavoz del sindicato de enseñanza CSIF, a última hora de la mañana el número de equipos directivos unipersonales o completos ascendía ya a 70.

La mayoría de los directores y directoras que han dimitido ejercen en educación primaria y basan su renuncia a continuar en el cargo en el bloqueo de las negociaciones y en la falta de expectativas de que el conflicto se vaya a resolver a corto plazo.

Radicalización del conflicto

Los sindicatos de enseñanza anunciaron la radicalización del conflicto, tras la ruptura de negociaciones con el Principado, que se escenificó ayer por la noche, tras más de cinco horas de reunión con los consejeros Gimena Llamedo y Guillermo Peláez, interlocutores del Gobierno asturiano tras la dimisión de la hasta ahora consejera de Educación, Lydia Espina.

Adrián Barbón nombró de forma transitoria para cubrir la vacante que ha dejado Lydia Espina a la actual consejera de Cultura y Política Llingüística, Vanessa Gutiérrez.

Un nombramiento transitorio

Su nombramiento es provisional, a la que espera de que se designe a un/a nuevo/a titular de esta cartera que se ha justificado, desde el Ejecutivo regional, “exclusivamente” por razones administrativas, de forma que será “temporal y no afecta al desarrollo de las negociaciones con los sindicatos educativos, que continuarán lideradas por la vicepresidenta del Principado y el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos”.

Por su parte, el presidente de ANPE, sindicato mayoritario en el sector de Enseñanza, Gumersindo Rodríguez, ha asegurado que con estas dimisiones se encuentran ante un problema “de primer orden, porque supone la parálisis del sistema educativo”, ya que los directores de colegios públicos se ocupan de multitud de cuestiones imprescindibles para el funcionamiento de estos centros.

Negociaciones rotas

La tercera reunión de los sindicatos con el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez; y la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, terminó ayer sin acuerdo después de que los sindicatos dieran por rotas las negociaciones por la negativa del Gobierno autonómico a mejorar su primera propuesta salarial, que contempla una subida de 105 euros mensuales para todos los docentes y de 170 para aquellos con menos de seis años de servicio.

Según los sindicatos, la oferta de la administración asturiana está “muy lejos” de lograr la equiparación salarial con la media de las comunidades autónomas, al contrario de lo que interpreta el Principado, que defendió ayer tras la reunión que la propuesta del Ejecutivo asturiano ya equipara a los docentes a “la media” española y, en algunos casos, los sitúa “por encima de la misma” e incluso “liderando las retribuciones del país en algunos tramos”.

Concentraciones y manifestaciones

Entre tanto, continúan las movilizaciones. Los sindicatos han convocado una concentración para el próximo domingo, día 8, a las 12 del mediodía, en la Plaza de España de Oviedo, donde se encuentra la sede de la Consejería de Educación, y han anunciado que, a partir del lunes, día 9, se va a producir una “radicalización de las movilizaciones” ante el “bloqueo” en las negociaciones para la subida salarial que demanda el profesorado.

La unión que se está constatando en los cinco sindicatos de Enseñanza también se está trasladando al profesorado que está demostrando su fuerza con la asistencia masiva a las concentraciones y manifestaciones convocadas. Ayer, jueves, más de 2.000 docentes se manifestaron por las calles de Oviedo y desde las organizaciones sindicales confían en que las próximas movilizaciones seguirán siendo multitudinarias.

La respuesta del presidente Barbón

Por otro lado, el presidente Adrián Barbón no ha eludido la polémica de las dimisiones de los 70 directores y directoras que han comenzado hoy y que, si no hay un cambio de rumbo, podrían ampliarse con más bajas de equipos directivos en las próximas horas.

Durante su comparecencia en Barcelona, ha dicho que su discurso no va a cambiar: “No voy a radicalizar mi discurso contra nadie. Soy muy respetuoso con las movilizaciones y los directores y directoras tienen todo mi respeto”.

Pacto de mejora por la educación pública

Ha recordado que desde el Ejecutivo regional han ofertado a los docentes un pacto de mejora por la educación pública con 300 especialistas más, disminución de la ratio a 23 alumnos en el año 2027, cambio de modelo de asignación de especialistas de orientación, los alumnos de necesidades especiales computarán por dos, desdoble de FP y la creación del departamento de economía.

También ha asegurado que se le ha trasladado el compromiso de reducir la burocracia en las escuelas al mínimo posible, así como para favorecer a los directores unipersonales y el refuerzo de personal administrativo.

El incremento salarial

“En el ámbito de la demanda salarial -ha añadido- como Gobierno tenemos que tener una visión de conjunto y planteamos reflexionar sobre el pacto de evaluación docente. El incremento del salario se puede mejorar con la idea de llegar a la media nacional. Eso es un incremento al mes de 105 euros para los que tienen menos de seis años y para los demás un incremento de 170 euros al mes. Siempre que podamos encajarlo dentro de nuestro estado de bienestar asturiano, que no es solo la educación”.

“Máximo respeto y espero que pronto podamos tener buenas noticias”, ha asegurado el presidente.

Al Gobierno asturiano le 'llueven' huelgas en Educación por todos lados. Los últimos en sumarse a los docentes de la educación pública y la educación concertada se ha sumado ahora el colectivo de profesores y profesoras de la red de escuelas infantiles de cero a tres años que este viernes han anunciado que se sumarán la próxima semana a las protestas educativas que, desde principios de mes, vienen protagonizado el resto de etapas educativas no universitarias, y lo harán con concentraciones y una huelga que tendrá lugar el miércoles, 11 de junio.

“Por la dignidad del ciclo 0-3. Integración SÍ, pero NO así” llevarán a cabo concentraciones a las 12 del mediodía y a las seis de la tarde frente a la sede la Consejería de Educación, en la plaza de España de Oviedo, coincidiendo con la jornada de huelga.

Las razones de la huelga

El paro ha sido convocado por CCOO, UGT y CSIF para protestar, principalmente, por la forma en la que se está llevando a cabo el proceso de integración de las escuelas 0-3 de titularidad municipal en la red autonómica dependiente de la Consejería de Educación.

El colectivo pide también que se rebajen los actuales ratios de ocho bebés de hasta un año por aula, de 13 para los que tienen entre uno y dos y de 18 para los niños de dos a tres años, así como las mismas condiciones que tienen en el segundo ciclo de infantil (3-6 años) a la hora de llevar a cabo el trabajo burocrático, que ahora llevan a cabo fuera de la jornada laboral.

Integración en la red autonómica

Las primeras 22 escuelas de titularidad municipal que se integrarán en la red autonómica lo harán el 1 de septiembre, pese a que, según estos sindicatos, no hay concreción aún sobre las condiciones económicas, laborales y educativas, ni está resuelto el problema del centenar de trabajadoras que están sin estabilizar y cuyos puestos de trabajo están en el aire.

“No saben qué jornada van a tener, qué van a cobrar o cómo se van a organizar porque la administración aún no ha concretado nada y solo ofrece buena voluntad”, ha señalado la responsable de esta estas escuelas en CSIF, Laura González Menéndez.

Las diferencias salariales

Una segunda tanda se unirá a la red en enero del próximo año y en septiembre de 2024, las dependientes de los ayuntamientos más grandes, como Oviedo y Gijón, que son también los que cuentan con las trabajadoras mejor remuneradas.

Las diferencias pueden alcanzar los 7.000 euros entre las empleadas de estas escuelas municipales, un colectivo de 600 trabajadoras que se incorporarán “con sus mochilas particulares” a la red autonómica por lo que poder homogeneizar los salarios se prolongará en el tiempo.

Estabilidad laboral

De ellas, un centenar, entre las que se encuentran las de Noreña, Mieres, Gozón, Grado, Avilés y Siero, no tienen sus puestos de trabajo estabilizados y no se sabe qué va a pasar con ellas en un proceso de integración que los sindicatos consideran que se está llevando a cabo de forma apresurada.

Según la responsable de las Escuelas Infantiles de CCOO Asturias, Tania Alonso Fernández, llevan un año pidiendo a la administración que se siente a negociar, pero hasta el momento solo han obtenido “buenas palabras, pero no concreciones”.

Un colectivo “fuerte y unido”

“Esta etapa necesita dignificarse”, ha señalado Laura Pérez, de UGT Servicios Públicos Asturias, para quien este colectivo se encuentra por primera vez “fuerte y unido” porque va a formar parte de una misma red

Para estos sindicatos, aunque el Gobierno venda la red autonómica 0-3 como un proyecto estrella, quizás se esté precipitando y debería retrasar la incorporación prevista para septiembre, mes en el que no descartan llevar a cabo más movilizaciones si no se avanza en la negociación que reclaman.