La defensa de Jorge Bellver, director general de Transparència del Govern de Juan Francisco Pérez Llorca, ha recorregut contra la seua condició d’investigat en la causa del cas Azud, per pretesos fets relatius a la seua etapa de regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de València durant l’etapa de Rita Barberá. El recurs, a què ha tingut accés aquest diari, esgrimeix la prescripció dels pretesos delictes que s’atribueixen a Bellver, així com la seua condició d’aforat el 2019, any en què la jutgessa instructora de la causa va dictar la primera interlocutòria en què se’l considerava investigat, sense que tinguera prou indicis per a elevar una exposició raonada a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

L’escrit de la defensa de Bellver considera que la interlocutòria “és nul·la de ple dret” pel fet d’imputar al diputat autonòmic del PP llavors, a pesar que “en aquell moment únicament podia” fer-ho el TSJCV.

També recorda que aquella resolució “va arribar a dirigir el procediment contra l’aforat”. Bellver “expressament se’l declarava un investigat més de la causa”. La defensa de l’alt càrrec de Pérez Llorca també retrau que el seu client va conéixer aquella interlocutòria inicial el 2025, quan es va personar en la causa i va tindre accés a les actuacions.

“Quina indefensió més gran es pot causar a un investigat, a qui es pretén considerar com a tal des del mes d’octubre de 2019, i no té coneixement de la resolució que ho acorda, ni se li notifica aquesta condició, fins al mes d’octubre de 2025?”, es pregunta l’escrit.

“Tres legislatures consecutives” aforat

El recurs aporta la certificació, per part del secretari general de les Corts Valencianes, de la condició de diputat autonòmic de Bellver entre el 2011 i el 2023, en “tres legislatures consecutives”. També demana la nul·litat de la provisió que va acordar citar-lo a declarar en condició d’investigat.

Per contra, el fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, atribueix a Jorge Bellver “greus fets delictius”, tal com indicava un escrit recent de què va informar elDiario.es. El representant del ministeri públic descartava la nul·litat que propugna la defensa i que l’investigat haja patit cap indefensió.

Bellver, durant la seua etapa de regidor, va rebre regals de la presumpta trama investigada i va mantindre, segons les perquisicions de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, reunions en locals d’oci i seus d’empreses amb un dels principals imputats en el cas Azud, l’empresari Jaime Febrer.

La defensa de Jorge Bellver, director general de Transparencia del Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca, ha recurrido su condición de investigado en la causa del 'caso Azud', por supuestos hechos relativos a su etapa de concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València durante la etapa de Rita Barberá. El recurso, al que ha tenido acceso este diario, esgrime la prescripción de los supuestos delitos que se le atribuyen a Bellver así como su condición de aforado en 2019, año en que la jueza instructora de la causa dictó el primer auto en el que se le consideraba como investigado, sin que contara con suficientes indicios para elevar una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

El escrito de la defensa de Bellver considera que el auto “es nulo de pleno derecho” al imputar al entonces diputado autonómico del PP a pesar de que “en aquel momento únicamente podía” hacerlo el TSJ-CV.

También recuerda que aquella resolución “llegó a dirigir el procedimiento contra el aforado”. A Bellver “expresamente se le declaraba como un investigado más de la causa”. La defensa del alto cargo de Pérez Llorca también reprocha que su cliente conoció aquel auto inicial en 2025, cuando se personó en la causa y tuvo acceso a las actuaciones.

“¿Qué mayor indefensión se le puede ocasionar a un investigado, al que se le pretende considerar como tal desde el mes de octubre de 2019, y no tiene conocimiento de la resolución que lo acuerda, ni se le notifica tal condición, hasta el mes de octubre de 2025?”, se pregunta el escrito.

“Tres legislaturas consecutivas” aforado

El recurso aporta la certificación, por parte del secretario general de las Corts Valencianes, de la condición de diputado autonómico de Bellver entre 2011 y 2023, en “tres legislaturas consecutivas”. También pide la nulidad de la providencia que acordó citarlo a declarar en condición de investigado.

Por el contrario, el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, atribuye a Jorge Bellver “graves hechos delictivos”, tal como indicaba un escrito reciente del que informó elDiario.es. El representante del Ministerio Público descartaba la nulidad que propugna la defensa y que el investigado haya sufrido indefensión alguna.

Bellver, durante su etapa de concejal, recibió regalos de la presunta trama investigada y mantuvo, según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, reuniones en locales de ocio y sedes de empresas con uno de los principales imputados en el 'caso Azud', el empresario Jaime Febrer.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula a Jorge Bellver, actual director general de Transparencia del Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca, con el proyecto urbanístico en el Grau en 2008 de la presunta trama del 'caso Azud' en la etapa de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de València. Bellver, que figura como investigado en la causa y recibió regalos de la presunta trama, era el concejal de Urbanismo de Barberá. La UCO repasa en un nuevo informe incorporado a la causa del 'caso Azud, al que ha tenido acceso elDiario.es, las reuniones de Jorge Bellver con el empresario Jaime Febrer, considerado el presunto corruptor de políticos tanto del PP como del PSPV-PSOE.

El informe reseña varias reuniones durante la tramitación del expediente y distingue entre los encuentros “formales” con Bellver como concejal y otros “al margen” de esa condición. Entre las reuniones formales, destacan tres reuniones con el edil en las que participaba, entre otros, Jaime Febrer o Javier Timoner, éste último en representación de la constructora Lubasa, según los correos electrónicos intervenidos en el marco de la causa. Timoner está casado con la actual diputada del PP en el Congreso, Alma Alfonso.

Por otro lado, los investigadores del Instituto Armado anotan una serie de encuentros “al margen de la formalidad” de las reuniones oficiales que se produjeron en “locales de ocio” o “sedes de empresas”, que “se corresponden con comidas o con llamadas de teléfono”. “Sin embargo, en algunas de estas reuniones también se abordan asuntos relativos al desempeño profesional de Bellver”.

La dirección de “su suegra para regalos”

Algunas de las anotaciones de la agenda del empresario Jaime Febrer aluden a reuniones con Jorge Bellver relativas a circuito de Fórmula 1 en la zona del Grau de València. La UCO desglosa una comida entre Febrer y Bellver en 2007, anotada en las agendas del primero con el tema a tratar de “circuito”; otras dos “en similar sentido” celebradas en 2009 sobre el proyecto urbanístico del Grau, además de reuniones en 2010 y 2011.

La UCO ha analizado también una “serie de reuniones en las que se localizan menciones a Jorge Bellver, en cuanto a solicitudes que realizar o comentarios procedentes del mismo, todas ellas relacionadas con la operación urbanística que se investiga”. Uno de los documentos hace referencia, supuestamente, a la petición a Bellver de un “pliego del concurso” de la dársena del Puerto.

El informe también destaca la ficha de Jorge Bellver que mantenía Jaime Febrer, en la que, además de sus datos de contacto, figuraba la dirección postal de “su suegra para regalos”.

Reuniones en el Ministerio de Defensa con una directora general

Por otro lado, el informe también destaca los contactos de Jaime Febrer con una alto cargo del Ministerio de Defensa, la exdirectora general de Infraestructuras, Mónica Melle, relativos al mismo proyecto urbanístico. Así, alude a dos reuniones organizadas en la sede del Ministerio de Defensa por José Luis Vera, un abogado históricamente vinculado al PSPV-PSOE e investigado en la causa.

El proyecto urbanístico del Grau, según explica el informe de la UCO, “afectaba negativamente” a una propiedad de Defensa (la Comandancia Militar de Marina).

Los agentes de la Guardia Civil hallaron en el registro del domicilio de José Luis Vera una tarjeta de visita a nombre de Mónica Melle. La UCO también destaca que en el registro de la vivienda de José María Cataluña, extesorero del PSPV-PSOE, apareció una papeleta electoral a las elecciones europeas de 2004 en las que Melle figuraba como candidata.

El juez instructor del 'caso Azud' ha vuelto a tumbar un intento de Jorge Bellver, director general de Relaciones con las Corts de Presidencia de la Generalitat, de escaquearse de declarar como investigado en la causa.

El alto cargo del Ejecutivo de Carlos Mazón solicitó el pasado 17 de octubre la suspensión de su declaración alegando que su defensa no había dispuesto de “suficiente tiempo para el estudio de la causa”. La defensa de Bellver consideraba que se le había causado un “agravio comparativo” con el resto de investigados.

El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, se opuso al recurso de reforma del investigado, recordando que su declaración se efectuó el pasado 17 de noviembre, “acogiéndose a su derecho a no declarar”. El recurso, concluye el representante de Anticorrupción, “carece de practicidad al haberse practicado la diligencia de declaración como investigado”.

El juez sustituto de la instructora del procedimiento, en un auto del pasado 26 de noviembre al que ha tenido acceso este diario, recuerda que al director general le fue “concedido el derecho a personarse y tomar conocimiento ya en la notificación personal de 2022”.

“Voluntariamente” al margen de la instrucción

“A diferencia de lo que expone el recurrente, este instructor entiende que sí se le concedió formal y válidamente el derecho pleno de defensa mediante la notificación del 11 de mayo de 2022, en la que se ponía en su conocimiento que de la instrucción podrían derivarse indicios de criminalidad y se le concedía la facultad de personarse y tomar voluntario e íntegro conocimiento”, afirma la resolución del juez.

“Sin embargo”, abunda el auto, Jorge Bellver “voluntariamente ha permanecido desde tal fecha, hace más de tres años y medio, al margen de la instrucción, lo que solo le puede ser imputado al mismo recurrente”.

El juez recuerda que Bellver perdió el aforamiento al dejar de ser diputado autonómico. La exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) “no se ha dado hasta el momento en que el recurrente ya ha perdido el aforamiento, por lo que debe ser llamado a declarar en esta sede y no en aquella”.

Los indicios de criminalidad

“No puede de ello deducirse ni que antes no pudiera ejercer su derecho de defensa (de lo que fue debidamente informado) ni que por ello no debieran continuarse las investigaciones hasta el momento en que el fundamento criminal suficiente hubiera motivado la remisión al correspondiente Tribunal”, agrega el auto.

El juez concluye que “se han respetado así debidamente tanto su derecho de defensa como la integridad de la instrucción que ha continuado hasta la obtención de los fundados indicios de criminalidad que ahora obran”.

Los regalos de la trama a Bellver

El empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados en el seno de la causa, regaló a Bellver un reloj Omega Seamaster en las navidades de 2003; un reloj Brentley en 2005; y una 'trolley' de Loewe, valorada en 970 euros, en el año 2006, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los investigadores también detectaron mensajes SMS del abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá y también investigado en el procedimiento, enviados a varios concejales del PP en el Ayuntamiento de València, entre ellos Bellver.

En uno de los mensajes, enviado el 3 de febrero de 2009, Corbín escribió: “Acuérdate de hablar con la jefa”. Jorge Bellver era entonces el concejal de Urbanismo y un cargo muy cercano a Rita Barberá.

El jutge instructor del cas Azud ha tornat a tombar un intent de Jorge Bellver, director general de Relacions amb les Corts de Presidència de la Generalitat, d’escapolir-se de declarar com a investigat en la causa.

L’alt càrrec de l’executiu de Carlos Mazón va sol·licitar el 17 d’octubre passat la suspensió de la seua declaració al·legant que la seua defensa no havia disposat de “prou de temps per a l’estudi de la causa”. La defensa de Bellver considerava que se li havia causat un “greuge comparatiu” amb la resta dels investigats.

El fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, es va oposar al recurs de reforma de l’investigat, recordant que la seua declaració es va efectuar el 17 de novembre passat, “acollint-se al seu dret a no declarar”. El recurs, conclou el representant d’Anticorrupció, “manca de practicitat per haver-se practicat la diligència de declaració com a investigat”.

El jutge substitut de la instructora del procediment, en una interlocutòria del 26 de novembre passat a què ha tingut accés aquest diari, recorda que al director general se li va “concedir el dret a personar-se i prendre coneixement ja en la notificació personal del 2022”.

“Voluntàriament” al marge de la instrucció

“A diferència del que exposa el recurrent, aquest instructor entén que sí que se li va concedir formalment i vàlidament el dret ple de defensa mitjançant la notificació de l’11 de maig de 2022, en què es posava en coneixement seu que de la instrucció podrien derivar-se indicis de criminalitat i se li concedia la facultat de personar-se i prendre’n voluntari i íntegre coneixement”, afirma la resolució del jutge.

“No obstant això”, abunda la interlocutòria, Jorge Bellver “voluntàriament ha romàs des d’aquesta data, fa més de tres anys i mig, al marge de la instrucció, cosa que només es pot imputar al recurrent mateix”.

El jutge recorda que Bellver va perdre l’aforament quan va deixar de ser diputat autonòmic. L’exposició raonada a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) “no s’ha donat fins al moment en què el recurrent ja ha perdut l’aforament, per la qual cosa ha de ser cridat a declarar en aquesta seu i no en aquella”.

Els indicis de criminalitat

“No pot deduir-se d’això ni que abans no poguera exercir el seu dret de defensa (de què va ser informat degudament) ni que per això no hagueren de continuar-se les investigacions fins al moment en què el fonament criminal suficient haguera motivat la remissió al tribunal corresponent”, afig la interlocutòria.

El jutge conclou que “s’han respectat així degudament tant el seu dret de defensa com la integritat de la instrucció, que ha continuat fins a l’obtenció dels indicis fundats de criminalitat que ara hi ha”.

Els regals de la trama a Bellver

L’empresari Jaime Febrer, un dels principals investigats en el si de la causa, va regalar a Bellver un rellotge Omega Seamaster el Nadal del 2003; un rellotge Brentley el 2005; i una maleta amb rodes de Loewe, valorada en 970 euros, l’any 2006, segons els informes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil.

Els investigadors també van detectar missatges SMS de l’advocat José María Corbín, cunyat de Rita Barberá i també investigat en el procediment, enviats a diversos regidors del PP en l’Ajuntament de València, entre ells Bellver.

En un dels missatges, enviat el 3 de febrer de 2009, Corbín va escriure: “Recorda’t de parlar amb la cap”. Jorge Bellver era llavors el regidor d’Urbanisme i un càrrec molt pròxim a Rita Barberá.

El vicepresidente de las Corts Valencianes, el popular Jorge Bellver, fue el delfín de la alcaldesa Rita Barberá entre 1995 y 2012, cuando pasó a ser parlamentario autonómico. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó que el presunto corruptor del 'caso Azud', el empresario Jaime Febrer, regaló a Bellver un reloj Omega Seamaster en las navidades de 2003; un reloj Brentley en 2005; y una 'trolley' de Loewe, valorada en 970 euros, en el año 2006. El parlamentario es el único aforado salpicado por la causa que investiga la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, la magistrada Pepa Tarodo, y el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce. Además, se trata de uno de los cargos institucionales con más galones que conserva el PP valenciano: vicepresidente segundo de las Corts Valencianes.

La instructora, en un auto del 29 de enero del 2021, reseñaba “hallazgos” de la UCO sobre la supuesta participación de Bellver en procedimientos administrativos que habrían beneficiado las adjudicaciones del consistorio al empresario. Sin embargo, la jueza consideraba que en aquel momento procesal “no hay indicios suficientes o indicio de prueba” contra Bellver que le permitiera elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada para la imputación del aforado.

Las agendas de la fallecida alcaldesa, a las que ha tenido acceso elDiario.es, revelan que Jorge Bellver, entonces edil de Urbanismo, se reunió el 2 de febrero del 2012 con el presunto corruptor del 'caso Azud' y con Rita Barberá. La primera edil se reunió hasta en 21 ocasiones con Jaime Febrer, según las agendas intervenidas por la UCO en el registro del domicilio de su hermana y jefa de gabinete, Asunción Barberá.

La presunta red corrupta llevaba entre manos por aquellas fechas el proyecto de la construcción de un hospital universitario privado con la Universidad Católica de Valencia. El empresario, según el sumario del 'caso Azud' contaba con un acceso privilegiado a la documentación del Ayuntamiento de Valencia sobre el proyecto, por el que el cuñado de la alcaldesa popular, el abogado José María Corbín, también investigado en la causa, cobró una comisión de 63.720 euros.

Jorge Bellver, que aparecía en su condición de concejal de Urbanismo en la lista de objetivos prioritarios de la red del empresario Jaime Febrer, ya había sido relacionado por varios testigos como un político cercano a la presunta trama. Carmen Elisabeth C. R., secretaria de Febrer, declaró ante la UCO en condición de testigo que su jefe mantenía reuniones con el presunto corruptor del 'caso Azud'. También aseguró que había entregado “de forma personal” a la secretaria de Bellver regalos para el político del PP. Carmen C. D., la secretaria de Jorge Bellver, confirmó ante los investigadores que el edil recibía regalos de la supuesta trama.

La “buena relación” con el empresario

El investigado Alberto Sánchez Pérez, de la mercantil de Febrer, también declaró ante la instructora que el empresario quedaba a comer con Jorge Bellver. En su declaración ante los agentes de la UCO, el imputado aseguró que el presunto corruptor de la trama mantenía una “buena relación” con Bellver, aunque también puntualizó que “no al mismo nivel que con Alfonso Grau”, el entonces número dos de Rita Barberá investigado en la causa por haber cobrado dos millones de euros en mordidas.

El entonces asesor de Bellver en la concejalía, Carlos Mundina, actualmente edil popular en el Ayuntamiento de Valencia, pidió explicaciones a un funcionario por su negativa. avalar el proyecto de la supuesta trama del 'caso Azud' de construir un aparcamiento subterráneo en el elitista Club de Tenis de la calle del Botánico Cavanilles, según declaró el testigo José Luis Camarero Gómez ante la jueza instructora.

El vicepresidente primero de las Corts Valencianes defendía su “correcta actuación: ”Jamás he actuado en contra de los intereses y del bien público, y estoy seguro de que así se demostrará finalmente“, dijo Bellver.

El caso Azud, que lleva el juzgado de Instrucción número 13 de València y en el que se investiga a 58 personas por corrupción urbanística en el Ayuntamiento de València en la etapa de Rita Barberá como alcaldesa de la ciudad, ha salpicado al actual grupo popular en las Corts Valencianes, y más concretamente a uno de sus diputados, Jorge Bellver.

Tal y como ha adelantado el diario Las Provincias, el promotor urbanístico Jaime Febrer -también investigado en la causa- regaló un reloj de lujo a Bellver, entonces concejal del equipo de Barberá. Se trata de un objeto de lujo cuyo valor estaría entre los 2.000 y los 3.000 euros, según la documentación intervenida. Y no habría sido el único obsequio que recibió el diputado autonómico, quien también habría sido obsequiado con una maleta valorada en alrededor de 1.000 euros.

La investigación debe dilucidar si ese regalo sirvió para comprar la voluntad del concejal del PP, aunque el auto, siempre según la información publicada por Las Provincias, apunta a que Bellver favoreció al constructor en una operación en la que se compensó una deuda económica del Ayuntamiento a diez centros educativos a cambio de parcelas en la ciudad.

Según ha confirmado el Parlamento autonómico, a las Corts Valencianes todavía no ha llegado ninguna petición por parte del juzgado. Bellver, por su condición de diputado es aforado y, además, vicepresidente segundo de la Mesa de la Cámara autonómica.

“L'adoctrinament a la societat valenciana està present en les escoles públiques com venim denunciant i ara també va a estar en els mitjans de comunicació públics que també volen dominar des del seu naixement”. Aquesta és la valoració que s'ha fet des del PP de l'inici de les emissions de Punt ràdio, un mitjà que el diputat Jorge Bellver “lamenta el rumb” amb el qual ha començat perquè és una “imitació del model català”.

El primer programa, 'Al ras', conduït per Jéssica Crespo, va tenir com a primera oferta música en valencià, un debat sobre els ventres de lloguer i una entrevista al xef valencià Ricard Camarena. Aquests continguts van valdre perquè Bellver afirmara que “À Punt ràdio naix com un mitjà de comunicació públic fet a la mesura de Compromís i el disseny de la qual ve marcant Rafa Xambó des del consell d'Administració”.

Bellver ha lamentat que la programació “haja començat sense esports, sense notícies i cobrint els buits amb música però solament amb grups afins”. El dirigent popular recorda que “l'objectiu és que determinats grups i músics d'ideologia afí a Compromís, fins i tot algun d'ells diputat autonòmic (en referència a Josep Nadal, exmembre del grup La gossa sorda), puguen guanyar diners amb drets d'autor per l'emissió de les seues obres, però el que és clar és que no estan pensant en cap moment a emetre la música del Maestro Palau ni el cant d’estil”.

'Catalanisme'

El PP insisteix a afirmar que amb els nous mitjans públics, els membres del govern “estan obsessionats amb imitar el model català”. Així Bellver afirma que el Mandat Marc d'À Punt redactat fa una mica més d'un any “és una còpia literal, amb punts i comes, del de TV3” i assegura que l'única aportació diferent, després de crear un consell d'experts, “va ser arreplegar en aqueix mandat que calia potenciar l'àmbit lingüístic comú i que una esmena del PP va aconseguir eliminar posteriorment”.

D'altra banda subratllen que “fins i tot amb el nom de À Punt que va ser un lema de l'independentisme català, i després ha seguit amb la contractació de directius que són pròxims a Compromís, Esquerra Republicana o Escola Valenciana”, segons Bellver.

Finalment, el president del grup parlamentari popular ha denunciat que el tripartit “ha deixat tirats als extreballadors de RTVV. Els van utilitzar contra el PP i a l'hora de la veritat solament s'han preocupat dels seus, els afins, la resta ja no els preocupa i culminen així la seua traïció a aqueix col·lectiu”.

“El adoctrinamiento a la sociedad valenciana está presente en las escuelas públicas como venimos denunciando y ahora también lo va a estar en los medios de comunicación públicos que también quieren dominar desde su nacimiento”. Esta es la valoración que se ha hecho desde el PP del inicio de las emisiones de A Punt ràdio, un medio que el diputado Jorge Bellver “lamenta el rumbo” con el que ha comenzado porque es una “imitación del modelo catalán”.

El primer programa, 'Al ras', conducido por Jéssica Crespo, tuvo como primera oferta música en valenciano, un debate sobre los vientres de alquiler y una entrevista al chef valenciano Ricard Camarena. Estos contenidos valieron para que Bellver afirmara que “À Punt ràdio nace como un medio de comunicación público hecho a la medida de Compromís y cuyo diseño viene marcando Rafa Xambó desde el consejo de Administración”.

Bellver ha lamentado que la programación “haya comenzado sin deportes, sin noticias y cubriendo los huecos con música pero solo con grupos afines”. El dirigente popular recuerda que “el objetivo es que determinados grupos y músicos de ideología afín a Compromís, incluso alguno de ellos diputado autonómico (en referencia a Josep Nadal, ex miembro del grupo La gossa sorda), puedan ganar dinero con derechos de autor por la emisión de sus obras, pero lo que está claro es que no están pensando en ningún momento en emitir la música del Maestro Palau ni el cant d’estil”.

'Catalanismo'

El PP insiste en afirmar que con los nuevos medios públicos, los miembros del gobierno “están obsesionados con imitar el modelo catalán”. Así Bellver afirma que el Mandato Marco de À Punt redactado hace algo más de un año “es una copia literal, con puntos y comas, del de TV3” y asegura que la única aportación diferente, después de crear un consejo de expertos, “fue recoger en ese mandato que había que potenciar el ámbito lingüístico común y que una enmienda del PP consiguió eliminar posteriormente”.

Por otro lado subrayan que “incluso con el nombre de À Punt que fue un lema del independentismo catalán, y luego ha seguido con la contratación de directivos que son próximos a Compromís, Esquerra Republicana o Escola Valenciana”, según Bellver.

Por último, el presidente del grupo parlamentario popular ha denunciado que el tripartito “ha dejado tirados a los ex trabajadores de RTVV. Los utilizaron contra el PP y a la hora de la verdad solo se han preocupado de los suyos, los afines, el resto ya no les preocupa y culminan así su traición a ese colectivo”.

La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha pedido “el cese inmediato” de la directora de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Empar Marco, por, a su juicio, “apoyar abiertamente la ilegalidad del proceso secesionista” en varios mensajes de una red social.

El rifirrafe se originó cuando Marco escribió en su cuenta un mensaje en el que tildaba de “Lamentable y absolutamente injustificable la violencia que está provocando las fuerzas de orden público del Estado en Catalunya #1OTV3” y el parlamentario popular le contestó: “Lo que es lamentable y absolutamente injustificable es que usted como directora general de la RTVV apoye la ilegalidad del proceso secesionista. Se debe usted a todo el pueblo valenciano, a todo. Recuerde que ya no es la delegada de TV3 en nuestra tierra, o sí?”. A esto, Marco respondió con otro tuit: “Lo que es indignante es que usted avale la violencia, que es lo que yo condeno y condenaré siempre”.

Este lunes, desde el PP, Eva Ortiz ha considerado que “el presidente Puig debería tomar cartas en el asunto porque es lamentable y absolutamente injustificable que la directora general de la tele que pretende ser de todos y no un órgano de propaganda de Compromís, secunde públicamente las posiciones de los secesionistas y ponga en duda el estado de derecho”.

“¿À Punt para el catalanismo?”

La secretaria general del PPCV ha recordado que “Marco se debe a todo el pueblo valenciano y debe dejar de ejercer de delegada de TV3 en la Comunitat Valenciana”. “Quien quiere separar España y romper el orden constitucional no puede estar al frente de una televisión pública. ¿Es esa la tele que queremos los valencianos, una tele À Punt para el catalanismo?”, se ha preguntado.

“Es indignante -ha proseguido- ver a la responsable de la Radiotelevisión pública valenciana posicionarse a favor del secesionismo. Si tuviera dignidad debería presentar su dimisión porque la directora de un medio público que se supone está al servicio de todos los valencianos, no solo una parte, no puede trabajar al servicio del nacionalismo valenciano-catalán como viene haciendo Marco de manera indisimulada desde el primer día que accedió al puesto”.

Por último ha indicado que “los nacionalistas ya se han quitado la careta y no ocultan sus intenciones anexionistas de esta tierra al independentismo catalán”. “Lo lamentable y preocupante es que sigan al frente de organismos públicos que ya sabemos cuál es su objetivo y finalidad”, ha finalizado.

En un moment en el qual el valencià cada vegada es coneix cada vegada més però es parla cada vegada menys, el PP manté la seua guerra contra les polítiques del Consell de fomentar l'ús de la llengua, al que han acusat de “seguir al joc de l'independentisme” per açò. Així, després de les seues campanyes contra el decret de plurilingüisme en l'educació i de l'ús del valencià en l'Ajuntament de València, ara presenta davant el TSJCV un recurs contenciós-administratiu contra el decret que regula els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l'administració de la Generalitat perquè “margina i exclou” al castellà.

El president del Grup Popular en Els Corts, Jorge Bellver, i la portaveu de Justícia del grup, María José Ferrer San-Segundo han explicat que el novembre passat ja van presentar davant la Direcció general de Política Lingüística una sèrie d'observacions, “però el Consell no va fer ni cas i açò ens obliga a interposar un recurs contenciós-administratiu i demanar la suspensió cautelar d'aquest decret”. El recurs es va registrar el passat 12 juliol; no obstant açò cal destacar que el mateix tribunal ja va desestimar la suspensió cautelar del decret sol·licitada pel sindicat CSIF.

Bellver ha afirmat que des del GPP “pensem que el valencià, una dels senyals més importants d'identitat del nostre territori, es defensa amb la formació, no amb la imposició”. El diputat popular ha explicat que el Consell “diu que aquest decret es redacta per l'interès ciutadà, però la veritat és que en tot 2016 solament va haver-hi 82 queixes en aquest apartat (86 segons el Síndic de Greuges). En canvi, de les 1.120 queixes de dependència, que suposen el 13% de les presentades, no diuen ni paraula. Oltra està desapareguda, fuig dels Corts i no vol donar explicacions. És inacceptable”.

Jorge Bellver ha assenyalat que la marginació del castellà “és un dels principis fonamentals en els quals es basa el recurs”. “Entenem que per a defensar el valencià no cal marginar el castellà, i és el que es produeix ací, amb un atac innecessari. En 13 dels 17 articles el valencià no solament es qualifica de preferent, sinó com a excloent. En notificacions, procediments administratius i comunicacions de l'administració el valencià ha de ser preferent. Quan algú demane que estiga en castellà es paralitza el procés?”, s'ha preguntat.

Segons el parer de Bellver, “el Consell i especialment Compromís cerca, i així apareix constantment en tot el decret, posar al mateix nivell la cooficialitat de les llengües i l'àmbit lingüístic comú, i no té res que veure la cooficialitat d'una llengua amb l'àmbit lingüístic, que és un concepte extrajudicial”.

La abstención de Ciudadanos en el Congreso para la reforma del Estatut de la Comunitat Valenciana, que tiene como principal referencia la mejora de la financiación autonómica, ha sido leído por el PP como un voto para defender “los intereses de Ciutadans en Catalunya”.

Así se ha manifestado el presidente del Grupo Popular en les Corts, Jorge Bellver, quien recriminaba al partido de Albert Ribera que “parece mentira que sea el único grupo parlamentario que no defienda los intereses de los valencianos, pero ya no nos resulta extraño porque lo mismo que han hecho con las inversiones ya lo hicieron en su momento con la deuda histórica que para ellos al parecer los valencianos no tenemos derecho a reclamar”.

Pero las críticas del PP también han salpicado al anterior ejecutivo del PSOE afirmando que el gobierno de Zapatero “se escudó precisamente en la existencia de esta cláusula para priorizar inversiones en aquellas Comunidades en cuyos estatutos se recogía. Aunque no tenga una vinculación directa hacia los presupuestos generales del Estado puede evitar, como ocurrió con los gobiernos socialistas, discriminaciones por el hecho de no tenerla”.

Jorge Bellver concluye mostrándose convencido de que “la postura que mantiene Ciudadanos respecto a nuestras inversiones variaría si se tratara de Catalunya. No se atreverían a decir lo que dicen si se refiriesen a Catalunya”.

En los tiempos en que el cúmulo de casos de corrupción se sucedían, los diputados del PP representaron durante varios meses el tercer grupo parlamentario más numeroso en el hemiciclo valenciano. Una presencia de parlamentarios investigados que, pese a no alcanzar las cifras de entonces, puede retornar a las Corts Valencianas con la eclosión de la operación 'Taula'. Todo queda a expensas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Debido a las pesquisas sobre la supuesta financiación ilegal, la Guardia Civil ha citado como imputado al exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, miembro del sector cristiano del partido y actual diputado autonómico, Miquel Domínguez. Una calificación que tendrá que confirmar el TSJCV por ser aforado. La situación no es la primera vez que se produce durante esta legislatura. Hay dos casos más.

El primer que fue citado con esa consideración fue Víctor Soler, diputado autonómico y concejal en el Ayuntamiento de Gandia. Considerado como el sucesor del exalcalde de la capital de La Safor, Arturo Torró, la citación la realizó la Audiencia Nacional por su relación con la trama 'Púnica'. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Soler actuaba presuntamente de intermediario con el objetivo de que la contratista Gomez Muñoz sufragara supuestamente los servicios de las empresas de la red.

Lo mismo le ha sucedido al exportavoz del grupo parlamentario, Jorge Bellver. Su citación como imputado se produjo por autorizar el cobro de sobresueldos a directivos de la mercantil Valencia Plataforma Intermodal (VPI), mecantil pública dependiente del Puerto de Valencia, cuando formaba parte del consejo de administración de la empresa portuaria. Al ser aforado, es el TSJCV quien debe ratificarla.

Pese a esta acumulación de integrantes del PP investigados, si el TSJCV confirmara la imputación de los tres la cifra aún quedaría lejos de la alcanzada en antaño. Entonces había nueve imputados. Por el caso 'Gürtel' estaban imputados los diputados autonómicos Ricardo Costa, Angélica Such, David Serra, Yolanda García, Milagrosa Martínez y Vicente Rambla. A ellos, se sumaba la presencia de los exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi -ambos investigados en la trama de 'Brugal'- y del exconseller Rafael Blasco, imputado por el caso Cooperación y ahora cumpliendo condena en la cárcel por esos hechos.

El cerco judicial se estrecha para el expresidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar. La Fiscalía de Valencia solicita para el exdirectivo portuario una pena de cinco años de prisión y 19 de inhabilitación por el cobro de sobresueldos en la sociedad Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI) hasta 2011. Hecho que estaba prohibido por ley. Por ello, le atribuye a Aznar los delitos de prevaricación administrativa y malversación continuada de caudales públicos, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso. 

La Fiscalía también reclama la misma pena -cinco años- para los otros tres acusados en esta causa: dos exdirectivos del Puerto y el abogado del Estado Fernando Llopis. Les atribuye los mismos delitos pero en calidad de cooperadores necesarios. A todos ellos solicita, además, que paguen las costas y devuelvan las cantidades cobradas de forma irregular por estos sobresueldos. El fiscal ha entregado su escrito de acusación después de que el pasado mes de noviembre el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia diera por finalizada la instrucción de esta pieza -en total, hay dos- y dictase un auto de procedimiento abreviado.

En él, establece que Aznar se valió de VPI para enriquecerse supuestamente de forma irregular. El exdirectivo del Puerto, antes de que la justicia pusiera su ojo sobre estos cobros irregulares, devolvió 70.000 euros de los que había percibido desde 2008. Ahora, la Fiscalía le reclama que retorne los otros 90.000 que se embolsó. A los otros implicados, les pide que abonen los 120.000 euros que cobraron de la mercantil pública. 

Aznar que fue substituido por el socialista Aurelio Martínez tras el cambio de gobierno en la Generalitat Valencia -aunque Martínez lo ha mantenido en el Puerto- también está salpicado por otros asuntos. El juez investiga varias contrataciones irregulares que se hicieron desde la entidad portuaria así como contratos relacionados con la construcción de los accesos para el Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia. Bajo su mandato el Puerto de Valencia se ha convertido en el muelle donde atracan las sospechas. Por aprobar estos sobresueldos al margen de la ley, fueron imputados el diputado en las Cortes Valencianas Jorge Bellver y el exvicealcalde de Valencia y también imputado en el caso Nóos, Alfonso Grau. 

La sociedad de la que supuestamente percibió el dinero ha estado sin actividad, ya que era la encargada de comercializar el suelo de la Zona de Actividades Logísiticas (ZAL). La construcción de esa zona significó la expropiación forzosa de casas de gente de la pedanía de La Punta. La justicia acabó dando la razón a los vecinos y consideró ilegales los planes urbanísticos cuando ya estaban ejecutados. El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), batalla con el nuevo presidente del Puerto, Aurelio Martínez, para convertir la ZAL en huerta. Martínez se niega. 

Si el Puerto de Valencia cuenta con numerosas instalaciones para la carga y la descarga, no lo es menos el contenedor de irregularidades que planean sobre la gestión del ya ex presidente, Rafael Aznar. Tantas, que superan la cantidad de muelles y dársenas con las que cuenta el Puerto. Y la mayoría, investigadas por los juzgados en tres piezas distintas. No en vano, el supuesto fraude derivado de las irregularidades en la entidad podría alcanzar los 40 millones de euros.

La imputación durante la pasada semana del ex portavoz del PP en Las Cortes, Jorge Bellver, y del ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, entre otros, por aprobar unos sobresueldos supuestamente ilegales para los directivos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), volvió a colocar en el disparadero al Puerto. Y también a Aznar, quien percibió 90.090 euros de sueldo entre 2004 y 2008. Los 77.000 que cobró en los tres años posteriores los devolvió. Pese a todo, los tribunales investigan unos emolumentos de los que no podía disfrutar. La razón: la ley prohíbe recibir dos retribuciones procedentes de fondos públicos.

Unos sobresueldos dudosos para la justicia que son la punta del iceberg de todas las sospechas que hay entorno a la APV. Adjudicaciones con ex directivos de por medio, caseros condescendientes con inquilinos que después reciben contratas de las instituciones que estos presiden, gastos suntuosos y bondad con contratistas que no “cumplen”, son algunas de las manchas, que como si fuera chapapote, habitan las aguas que bañan el Puerto de Valencia. De hecho, el nuevo Consell ha nombrado al economista Aurelio Martínez para intentar lavar la imagen del Puerto.

Contratas polémicas

Las últimas adjudicaciones otorgadas por la APV para ampliar sus instalaciones o remodelar elementos aledaños a la zona han generado bastante controversia. ¿El motivo? Que una de las empresas solía ganar muchas de las adjudicaciones licitadas. Ya fuera presentándose a través de Unión Temporal de Empresas (UTE) o mediante otro mecanismo empresarial. Dicha mercantil es la constructora Cyes, que estuvo salpicada por la financiación irregular del PPCV.

Una sociedad que tiene una relación “curiosa” con el ex presidente del Puerto. Tal y como publicaron Levante-EMV y El Mundo, Aznar habita en una vivienda con opción a compra situada en una de las zonas más demandadas de la ciudad de Valencia. La casa fue construida por una filial de Cyes. Y la única que acabó quedándose en propiedad la promotora.

Pero, además, Aznar consiguió que su alquiler fuera rebajado, según El Mundo. Disminuyó en 800 euros, pasando de abonar alrededor de 2.500 euros al mes a pagar unos 1.700. Una disminución que sorprendió a los investigadores y debido a eso pidieron varios informes para saber con exactitud el valor real de la vivienda. Ante estos hechos, el ex presidente de la APV presentó a través de su abogado toda la información que justificaría esa reducción.

Unos hechos que coinciden con los cerca de 300 millones que ha recibido en adjudicaciones Cyes del Puerto de Valencia durante los últimos años. Y que los juzgados investigan si guardan relación. A parte de participar en licitaciones como la remodelación de la dársena interior para la Copa América del 2007 o la Fórmula 1, el grupo promotor se ha llevado grandes adjudicaciones. De entre estas, destaca la construcción de un nuevo muelle para cruceros –valorada en 20 millones de euros- o el contrato de la primera fase de ampliación del Puerto de Valencia a través de una UTE.

Esta última contrata ya estuvo envuelta entonces de controversia. Cifrada en 217 millones, fue otorgada en 2008. En la UTE participaban Dragados, Sedesa –la empresa creada e impulsada por la familia Cotino-, Somange, Sacyr junto a Cyes. Mercantil que en su división inmobiliaria albergó como alto directivo al ex presidente del Puerto, Fernando Huet.

Las eventualidades no terminan ahí. Hay más. En la sociedad citada, también trabaja uno de los hijos de Aznar. En concreto, como ingeniero adjunto al jefe de obras. Tanto su padre como la empresa han defendido los méritos profesionales para que ocupe ese puesto. Y la constructora siempre ha remarcado que el hijo del ex presidente nunca ha participado en obras adjudicadas por la entidad que dirigía su progenitor.

Gastos bajo sospecha

Los tribunales no solo investigan la gestión de la otra junta directiva de la APV por las vinculaciones casuales entre Cyes y el anterior presidente. Sino, que a raíz de un informe demoledor de la Intervención General del Estado (IGE) y de las advertencias lanzadas por el Tribunal de Cuentas, la justica ha puesto su ojo en multitud de actuaciones con visos de ser irregulares. Un conjunto de gastos e inversiones puestos en tela de juicio que derivaron en la imputación de Aznar –entre otros miembros de la APV- por los presuntos delitos de malversación y prevaricación.

El desembolsar tres millones de euros para la ampliación del muelle de MSC se encuentra entre ellos. Un abono que se hizo para demoler parte del muelle y así permitir el atraque de los barcos. La inversión que defendió Aznar como “buena” para la entidad ante las preguntas del fiscal realizadas a finales del año pasado, fue cuestionada por los dos organismos citados.

Como hicieron con el puente que utilizó Valmor –empresa organizadora del espectáculo, que también está en el ojo del huracán de la corrupción- para la Fórmula 1. El no respetar las normas de contratación, el adelantar el dinero para la pasarela que precisaba Valmor y el perdonar los tres millones que costó el puente son los elementos que levantaron las sospechas de ambos entes fiscalizadores.

Gastos asociados al evento deportivo como la compra de las entradas para disfrutar de la carrera, la instalación de gradas y pantallas y la provisión de catering que costaron a la APV 570.000 euros en sus cinco ediciones, según reveló el diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados Joan Baldoví.

Las cuentas de la Fundación Valenciaport, dependiente de la APV, también resultaron polémicas. La IGE encontró 200.000 euros de facturas sin justificar. Y, además, advertía de que los ingresos de la fundación no se hacían de forma correcta. Según el ente fiscalizador, no deberían de haberse realizado los pagos desde APV de forma directa, sino a través de subvenciones. El Puerto aportó a la Fundación Valenciaport poco más de 5 millones de euros entre 2011 y 2013. El resto del dinero percibido proviene de convenios universitarios y fondos residuales.

La IGE no fue la única en cuestionar los pagos de APV. El Tribunal de Cuentas censuró los 8,9 millones de euros abonados entre 2008 y 2009 por la Autoridad Portuaria para patrocinios. Según su auditoría, detectó 478.000 euros que no tenían relación con la actividad del Puerto. Patrocinios como el del Palau de les Arts fueron cuestionados por el fiscal ante Aznar durante el interrogatorio al que se sometió.

A todo eso, se suma la controversia que despertó los gastos suntuosos de los que hacía gala la Autoridad Portuaria. Desembolsar 90.000 euros en un palco VIP en el Palau de les Arts o adquirir un yate por más de 4 millones con coste de mantenimiento de 200.000 euros, son algunos de los más destacados.

Más anomalías

Al rastro de irregularidades, Compromís aportó más en los juzgados. En su denuncia, alertaba de “anomalías” en las obras de adaptación de los accesos del puerto para la Fórmula 1. En la comparecencia para hacer público el escrito, criticaron que quién se llevó la contrata fue la tercera oferta más económica, cuando la APV dijo que era la mejor. Las obras terminaron con un sobrecoste del 20%, según la coalición.

Un coste que tenía que ser amortizado al 50 por ciento por Valmor. “Ésta solo pagó las anualidades de 2008 y 2009. De las de 2010 a 2012 se ocupó la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Generalitat”, censuraron. Con ello, a la APV le faltaría recuperar más de un millón, tras recibir solo 530.176 euros del montante final que costó la obra.

La coalición valencianista también denunció el incremento de los gastos de personal de la Fundación Valenciaport. Un ente que fue criticado por convertirse en una agencia de colocación de ex cargos del PP, y que aumentó entre 2005 y 2009 el alquiler a pagar por su sede un 640%.

Para los hoy miembros del gobierno de la Generalitat Valenciana, también había elementos sospechosos dentro de la extinción en 2011 de la concesión del Sagunto Bulk Terminal (SBT), participada al 50% por Cyes y Tarragona Port Services. Según denunció la edil saguntina de Compromís, Teresa García, la APV habría perdonado a SBT 1,5 millones de euros en concepto de garantía, debido a la renuncia de ésta de la construcción y explotación de una terminal de graneles durante un periodo de 30 años.

Desde Compromís cifraron el perjuicio para el Puerto de Valencia en 83 millones de euros. ¿Las causas? Que la concesionaria no ejecutó los más de 60 millones de inversión ni abonó la totalidad del canon por ocupar la superficie de dicho muelle a la APV. Un embarcadero, que como parte de la gestión de la Autoridad Portuaria de Valencia, parece manchado por la sospecha y las irregularidades.

Una nueva decisión judicial ha puesto el foco en tres destacados miembros del PP, entre ellos un diputado autonómico, el exsíndic popular en Les Corts Jorge Bellver. Junto a él, el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia ha citado a declarar como imputados por las presuntas irregularidades en la gestión del Puerto de Valencia a Bellver, el exvicealcalde de Valencia con Rita Barberá Alfonso Grau y el exsecretario autonómico de Turismo Luis Lobón, que eran miembros del consejo de administración de Valencia Plataforma Intermodal (VPI) en 2004.

Según ha publicado el diario Las Provincias, los tres deberán presentarse a declarar el próximo 28 de octubre desde las 9.30 horas por autorizar presuntamente el cobro de sobresueldos por parte del expresidente de la institución, Rafael Aznar -cesado a finales de julio y sustituido por Aurelio Martínez-, y otros directivos de la entidad.

No obstante, en el caso de Bellver, el juzgado no podrá tomarle declaración al ser aforado al ocupar actualmente un escaño en Les Corts, por lo que deberá inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) o suspender esa comparecencia de proseguir con la investigación, según informa Europa Press.

Dos investigaciones

El juzgado de Instrucción número 14 de Valencia investiga presuntos delitos de malversación y prevaricación en una causa en la que están imputados el expresidente de la APV Rafael Aznar y otros dos directivos -uno se mantiene en el Puerto-, así como un trabajador técnico contable y un abogado del Estado.

Después la Fiscalía abrió una nueva investigación sobre gastos de personal de la institución, adaptación de los accesos para la Fórmula 1, alquiler de la Fundación Valenciaport y la rescisión de Sagunt Bulk Terminal tras la denuncia de Compromís, que dio lugar a otra investigación por el acceso alternativo al Puerto que debía sufragar Valmor pero que fue financiado principalmente por la APV.

Segunda imputación en una semana en Les Corts

Precisamente esta semana se conocía la imputación del exalcalde de Gandia, Arturo Torró, y el exconcejal en esta localidad Víctor Soler, actualmente diputado autonómico del Partido Popular, en el contexto de las investigaciones de la conocida trama Púnica. Esta imputación provocó la apertura de un expediente informativo por parte del PP que, sin embargo, no ha aplicado la 'línea roja' de Alberto Fabra, que abogaba porque no hubiera imputados en las instituciones valencianas.

El vicesíndic del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, Jorge Bellver, ha anunciado este miércoles que su grupo ha presentado dos iniciativas para solicitar la comparecencia en el Parlamento valenciano del President del Consell, Ximo Puig, y de la consellera de Vivienda y Obras Públicas, Mª José Salvador.

Los populares han solicitado la comparecencia de Salvador para que explique su versión de los hechos que este martes relató la vicepresidenta Mónica Oltra tras el pleno del Consell en relación a la visita a Ferrocarrils de la Generalitat (FGV). Bellver ha acusado a Oltra de “actuar como la portavoz de un grupo minoritario radical en lugar de como portavoz de un Gobierno de todos” y ha señalado que la versión que ofreció de la visita “no solo nos genera dudas, sino que estamos convencidos de que no es cierta”. El GPP ha solicitado a FGV copia de las imágenes de las cámaras de seguridad para contrastar los hechos.

Nueva estructura del Consell

Además, Bellver ha explicado que la comparecencia de Puig se solicita para que explique la nueva estructura del Gobierno valenciano, “más costosa que la que tenía el Gobierno del PPCV”.

El vicesíndic ha acusado a Puig de “romper todos los anuncios del Pacto del Cromo y del Tebeo”, y en ese sentido ha recordado que el pasado 30 de abril el líder socialista anunció que si era President del Gobierno valenciano eliminaría las secretarías autonómicas, “no sabemos qué ha pasado para incumplir esa palabra, ya que la final ha hecho todo lo contrario. No solo no las ha eliminado, tampoco las ha reducido”. Asimismo, Bellver ha pedido que Puig explique “dónde están los 2,5 millones de euros que dijo que se iba a ahorrar el nuevo Consell, ya que no nos salen las cuentas por ningún sitio”.

Bellver ha criticado que dos meses después de las elecciones el nuevo Gobierno tenga aún un tercio de los nombramientos pendientes, y ha acusado al tripartito de “tener parada durante dos meses la Comunitat Valenciana”.

“Los valencianos se merecen un Gobierno que tome decisiones pensando en el interés general y no en el reparto de poltronas. Queremos que los valencianos conozcan la realidad y tengan un Gobierno que no engañe, que dé la cara, que gobierne y dé soluciones a los problemas, y no que ejerza de oposición a la oposición”, ha señalado.

Por último, Bellver ha señalado que el GPP realizará una oposición “seria, responsable y contundente”, y dentro de esa línea de seriedad y rigor “pedimos a la vicepresidenta que deje de usar las formas que ha empleado en los últimos años, porque un portavoz del Consell no puede recurrir al insulto. Los valencianos no se merecen un Gobierno que falte a la verdad”.

Compromís ha felicitado al pueblo griego por el “no” manifestado mayoritariamente contra el acuerdo propuesto desde la Unión Europea para el pago de su deuda.

Desde la cuenta de twitter de la coalición se manifestaban afirmando que “La democracia y la dignidad por encima del miedo y la imposición. Enhorabuena al pueblo griego. Por una #EuropaDeLasPersonas!”. Por su parte la líder de compromís y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, también a través de su cuenta en esta red social, se ha expresado diciendo que “Un día podremos contar a nuestros nietos que el pueblo griego con su #OXI no solo defendió su dignidad y su democracia sino tb las nuestras”.

Por otro lado desde el PP el que hasta la semana pasada fue su portavoz en las Corts, Jorge Bellver, ha recordado que la opción del “no” era la apuesta de los “partidos radicales”, y para ello mostraba una cita de Marine Le Pen en la que afirmaba que el resultado es una “bella lección de democracia”. Así en sendos tuits Bellver afirmaba “Los partidos radicales y el NO en el referéndum griego. Enfrente los grandes partidos que construyeron Europa En fin!”, y “Desgraciadamente, el ”NO“ no va a cambiar la terrible realidad griega, ni su PIB.”

El PP valenciano quiere digerir sus malos resultados electorales del 24 de mayo que le ha supuesto perder más de la mitad de las alcaldías que tenía en la Comunitat Valenciana. Pero la autocrítica que de momento se destila es muy limitada, como demuestra el vicesíndic del PP en las Corts, Jorge Bellver, quien ha afirmado que los ciudadanos “nos dieron un mensaje en las urnas el pasado 24-M y asumimos nuestra responsabilidad”, pero no obstante añade que “incluso con ese toque de atención el PPCV ha sido la lista más votada”, señalando que de los 542 municipios valencianos han sido los más votados en 282 (el 51,8%), lo que entienden significa “los ciudadanos eligieron al PP para gobernar”.

Es más, Bellver ha vuelto a cargar contra los socialistas afirmando que el PSPV “se erige en el cambio” pero “ha obtenido sus peores resultados en décadas”. Además el dirigente 'popular' añade que socialistas y “partidos radicales anteponen sus intereses al preferir instituciones inestables a base de pactos, ignorando el voto mayoritario de los ciudadanos”.

Vaticina que los nuevos ayuntamientos progresistas son“el resultado de pactos frágiles, que dificilmente podrán llegar a final de legislatura y que ponen en serio peligro todas las reformas realizadas en los ultimos años”. Especialmente señala Jorge Bellver que el hecho de que se cuente incluso con votos de Ciudadanos “demuestra que estamos ante alianzas tambaleantes. Bipartitos, tripartitos, cuatripartitos y hasta la unión de seis partidos... todo parece valerles para no dejar gobernar a la lista más votada, que ha sido la del PPCV”.

Concluye el dirigente del PP que ahora tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera “deben explicar a los valencianos dónde están ahora sus promesas, aquellas en las que decían que no pactarían con radicales, extremistas, nacionalistas o populistas, y se ha evidenciado su falsedad. En el caso de Rivera, además, su mensaje y sus hechos son absolutamente contradictorios a aquello que predica en Catalunya”.

El Síndic del Grupo Parlamentario Popular, Jorge Bellver, ha asegurado este miércoles, tras la celebración de la última Junta de Portavoces de esta legislatura, que Compromís “sigue marcando los pasos al Grupo Parlamentario socialista, como ha hecho durante los últimos cuatro años, y eso es una muy mala noticia para la Comunitat Valenciana”, ya que, a su juicio, los valencianos “se merecen un PSPV con personalidad y con capacidad para marcar su criterio, como partido mayoritario de la izquierda”.

Sin embargo, ha insistido Bellver en que “se ha vuelto a evidenciar el entreguismo de un PSPV que está secuestrado por los criterios de Compromís”, al tiempo que se mostraba muy crítico con la actitud y las formas de nacionalistas y socialistas en la Junta de Portavoces de este miércoles, “hasta en la última Junta de Portavoces hemos vivido lo que ha sido habitual a lo largo de toda la legislatura, la alarma social utilizando la falsedad y la mentira, y lo que es peor, ver a un partido socialista entregado a quien ha dirigido la oposición estos años y a quien parece que ahora dirige las negociaciones para un nuevo gobierno”.

En este sentido, ha explicado que “para no sorprender a nadie, Compromís ha vuelto a hacer uso de la alarma social, utilizando la mentira y la falsedad”. La Conselleria de Gobernación y el Gobierno valenciano, ha insistido el portavoz popular, “ya explicaron los procedimientos establecidos por ley que garantizan la seguridad de los documentos en soporte papel e informáticos. Afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho, y la Ley 3/2005 de Archivos contempla que cualquier documentación que vaya a ser destruida tiene que pasar por una Junta Qualificadora de documentación administrativa”.

Por eso, ha añadido, “es irresponsable poner en duda el funcionamiento del Estado de Derecho, porque la seguridad de la documentación está garantizada por ley y por los funcionarios públicos, salvo que también se esté cuestionando el trabajo de los empleados públicos”. Ha defendido además “la máxima transparencia del Consell, reconocida por organismos independientes como Transparencia Internacional”.

Inicio del curso escolar

Sobre el inicio del curso escolar, el Sindic ha explicado que la propuesta de la Conselleria de Educación sigue en la línea de la del curso pasado “y nosotros la respaldamos porque está pensada en función de los intereses de los alumnos y de la regulación de la organización del sistema educativo valenciano con el europeo”.

Constitución de Les Corts y debate de investidura

Preguntado sobre si el Grupo Popular presentará candidato en el debate de investidura, Bellver ha asegurado que esa decisión, como la de la organización del Grupo Parlamentario, depende del Comité Ejecutivo del Partido Popular de la Comunitat, “la decisión que tome se basará en el interés general de los valencianos y la defensa de un proyecto de presente y de futuro que representa el PPCV y los cientos de miles de valencianos que nos dieron su confianza en las urnas”.

En relación a las críticas de los grupos de la izquierda con respecto a la financiación que ha facilitado el Gobierno central a la Generalitat, Bellver ha explicado que “el dinero que procedente del Fondo de Liquidez Autonómico se ha destinado a pagar servicios públicos”. Estos recursos financieros “no han sido sólo para la Comunitat Valenciana sino para todas las regiones que lo han pedido, porque desgraciadamente, hasta que no llegó Mariano Rajoy las comunidades autónomas no tuvieron acceso a ninguna ayuda para hacer frente a sus obligaciones de pago”.

Para Bellver, la izquierda “ya ha empezado con las excusas antes siquiera de formar gobierno” y “se están poniendo la venda antes de la herida, ”el grupo popular va a vigilar muy de cerca la defensa de los intereses de los valencianos y seremos muy exigentes en nuestro trabajo como oposición, porque somos el grupo mayoritario en Les Corts, que ha recibido la confianza de más de 650.000 valencianos“.