Esta semana pondrá de manifiesto las paradojas de la arquitectura institucional vasca. El Parlamento vasco, donde se decide un gasto anual de 11.000 millones de euros para Educación, Sanidad, Seguridad o Servicios Sociales, celebrará el miércoles una sesión en torno a la política fiscal cuyos resultados no serán vinculantes. Más decisoria será la reunión a puerta cerrada de este martes del Consejo Vasco de Finanzas, que sienta en una larga mesa de la primera planta de Lakua al Gobierno autonómico, a las tres Diputaciones y a Eudel, la principal asociación municipalista. Este foro se reúne de manera ordinaria dos veces al año. En octubre fija el techo de gasto para el siguiente ejercicio y en febrero cierra las cifras de recaudación fiscal del año anterior. Ahora toca lo segundo y, además, de buena gana: con plusmarca histórica. Los ingresos fueron de 14.473,9 millones, lo que supone 107 millones más de la estimación realizada y un 11,8% más que la recaudación de 2016 (12.950,7 millones).

Dos son los factores determinantes de esta cifra que pone fin a años de zozobras y calamitosos errores de previsión que acabaron por descuadrar los presupuestos de los años de la crisis. El primero y fundamental es la recuperación económica. Décima a décima, como les gusta repetir al lehendakari, Iñigo Urkullu, y al consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, el PIB crece y con él la actividad y los impuestos. El segundo es la inyección que supuso el acuerdo con el Estado en torno a las discrepancias en las liquidaciones del Cupo desde hace una década. El matiz es que no se puede computar como ordinario un ingreso totalmente excepcional.

El desglose en cifras es el siguiente, a falta del visto bueno oficial. En el IRPF se han recaudado 5.132,1 millones, un 6% más. Son 1.111,6 millones en Impuesto de Sociedades, lo que supone un incremento del 10,9%. La recaudación por impuestos indirectos se ha elevado a 7.751,2 millones. El más importante de todos ellos, el IVA, ha tenido un comportamiento excepcional: 6.036,3 millones, un 20,4% más.

El sistema interno de reparto de la recaudación concede el 70% de los ingresos al Gobierno vasco. De esta manera, el Ejecutivo de Urkullu contará con 729 millones adicionales con cargo a 2017. Sostiene el consejero Azpiazu que ese dinero no da para “reformar la casa”, pero sí para tener “holgura” en la “economía doméstica”.

El principal destino de ese 'extra' está destinado a reducir el endeudamiento. Son 434 millones de golpe para contener una partida que se incrementó durante la crisis y cuyos intereses empezaban a condicionar las cuentas, sometidas a un cada vez mayor control del déficit en busca del equilibrio presupuestario de cara a 2020.

El resto sí ha tenido un destino más visible para la ciudadanía. Son gastos ya previstos que se han podido atender en 2017 de modo que quedan liberadas partidas por un valor equivalente en 2018 para otros gastos. Así ha ocurrido con los 44 millones destinados a funcionarios, a los que se adeudaba aún un 25% de la paga extraordinaria retirada en 2012. Y también con 106 millones en inversiones y equipamientos, como la compra de unidades para Euskotren, material para varios hospitales públicos y un adelanto para las obras del nuevo autobús eléctrico de Vitoria. Finalmente, ayuntamientos y diputaciones también han recibido inyecciones extraordinarias. En concreto, el fondo foral de ajuste se ha dotado con 10 millones más y los municipios disponen de 91 millones adicionales.

Si el sábado el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, apeló a la “decencia democrática” para no pactar con el Gobierno del PP en el Congreso de los Diputados los presupuestos generales de 2018, en Euskadi el Ejecutivo de Iñigo Urkullu no tiene “ningún problema” en reeditar su alianza con los 'populares' para las cuentas del año que viene. “No tiene por qué no haber un acuerdo que funcione igual de bien. Yo, en este sentido, no tengo ningún problema”, ha señalado el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, que ha iniciado en el Parlamento la ronda de comparecencias de todos los miembros del equipo de Urkullu para presentar el detalle de los presupuestos ya aprobados hace dos semanas y enviados a la Cámara la pasada semana.

Azpiazu ha respondido así al portavoz económico del PP, Antón Damborenea, que ha recordado el acuerdo firmado en 2017 y ha criticado que “son otros los que ponen vetos” al entendimiento, en referencia a las reticencias que el PNV está mostrando en las Cortes Generales a continuar acordando con el Ejecutivo de Mariano Rajoy en plena tormenta política por la crisis catalana. El consejero de Hacienda ha insistido en que, aunque la prórroga presupuestaria “no sería una catástrofe”, el Gobierno “quiere sacar adelante estos presupuestos”, sin que el Ejecutivo de PNV y PSE-EE ponga líneas rojas entre las opciones que tiene en la oposición -PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos- para lograr el escaño necesario para sortear la minoría parlamentaria.

En realidad, la negociación política para el Ejecutivo será más sencilla en 2018 que en 2017. Y es que la baja médica de la que fuera candidata a lehendakari de la coalición Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, que no acude a la Cámara desde junio, impide 'de facto' que pueda prosperar una enmienda de totalidad de la oposición, que ahora tiene tantos escaños como los del Gobierno y no uno más. El tercer socio, en todo caso, sí sería necesario para la votación definitiva, prevista para el 22 de diciembre, donde se exigen más 'síes' que 'noes'.

El poco valor del adjetivo “histórico”

El PP, en todo caso, ha afeado algunos puntos de partida de las cuentas. Damborenea ha explicado que el gasto corriente crece en 220 millones y que la inversión cae en 120 millones en los presupuestos más altos de la historia, 11.486 millones. El propio Azpiazu ha querido rebajar esa etiqueta de “históricos” de los presupuestos ya que, según ha bromeado, es algo que se publicita todos los años al igual que cada FC Barcelona-Real Madrid es “el partido del siglo”.

Desde la bancada de EH Bildu, Leire Pinedo también ha mostrado una visión negativa de estas cuentas aparentemente expansivas. Ha señalado que “siete de cada diez euros de la deuda nueva son para pagar deuda vieja”, por lo que “poca inversión se puede hacer”. También ha criticado que haya más recursos pero se incida en el recorte del 7% en las ayudas sociales introducido en 2011 por la entonces consejera socialista Gemma Zabaleta y que Urkullu ha ido manteniendo desde 2012.

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Julen Bollain, por su parte, ha incidido en la reforma fiscal presentada la pasada semana por PNV y PSE-EE, que según Bollain dista mucho de equiparar Euskadi a la presión fiscal media de Europa. Por el contrario, el PP se ha hecho eco de las protestas de la patronal Confebask y ha criticado que la propuesta tributaria lastrará a las empresas. Azpiazu no ha dado muchos detalles, pero ha recordado que algunos de los cambios “los exige Europa” y ha indicado que, en general, los ajustes “no van contra la competitividad de las empresas” sino “contra la competitividad de aquéllas que no quieren operar en un sistema moderno”.

Unos 150 millones de remanentes en 2017

La comisión parlamentaria estaba destinada a que el consejero presentara las cuentas de 2018, pero desde el punto de vista presupuestario la gran cifra afecta al ejercicio 2017. El Consejo Vasco de Finanzas Públicas de octubre ya marcó una recaudación fiscal más elevada que la prevista por dos motivos, el acuerdo en torno al Cupo con el Estado y el mejor comportamiento de la economía, y ello permitirá al Gobierno vasco cerrar el año sin apretarse el cinturón.

Así las cosas, Azpiazu ha explicado que Euskadi tendrá que recurrir menos a la deuda para financiar determinados gastos y que, además, tendrá unos 150 millones en remanentes para abordar de aquí al 31 de diciembre determinados “gastos no recurrentes”, inversiones que, además, ayudarán igualmente a liberar compromisos de cara al año próximo.

Finalmente, el consejero de Hacienda ya señalado también que la ley de presupuestos incorpora una disposición de manera que la subida salarial prevista para los funcionarios, del 1,5%, se pueda aplicar aun cuando no haya presupuestos generales en 2018. Por el momento, el Gobierno de Rajoy no ha enviado a las Cortes Generales las cuentas del próximo ejercicio ante la falta de apoyos parlamentarios.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el límite de gasto no financiero para el ejercicio de 2018, según lo establecido por la ley, un “paso más” en la elaboración de los presupuestos para el 2018. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que esto es un paso “más” para la aprobación de las cuentas de 2018, todavía a la espera de aprobar las de este año, que pretende presentar ya en el próximo mes de octubre.

El techo de gasto deberá ser todavía remitido a las Cortes regionales y el Gobierno espera poder incluirlo en la sesión plenaria del 31 de agosto, para así poder aprobar tanto la ley de Presupuestos de 2017 como el límite de gasto no financiero para el próximo ejercicio. Éste último ascenderá a un total de 6.159,8 millones de euros, una variación del 3,15% en relación al anterior y con una disponibilidad de 188 millones de euros más. Ruiz Molina señaló que se “espera” que los ingresos asciendan a 5.849 millones de euros en la región. 

La cifra está marcada, entre otros conceptos, por la liquidación del año 2016, y el consejero recordó que gran parte de los ingresos de las Comunidades Autónomas están marcadas por el Gobierno estatal, lo que deja “con poca capacidad de actuación” a los Ejecutivos regionales. Por otro lado, ha señalado que el Gobierno ha autorizado a la región a pasar de un déficit del 0,6% del PIB a un 0,4%, que implicaría cerca de 310 millones de euros. “Estamos dando pasos para que el presupuesto entre en vigor el 1 de enero, que es lo normal”, señaló.

Rechazo a enmiendas del PP

 El Consejo de Gobierno ha rechazado también la tramitación parlamentaria de 16 enmiendas parciales presentadas por el PP al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017 por suponer unos recortes estimados por los técnicos en unos 160 millones de euros. “No es el momento oportuno”, declaró Ruiz Molina.

El consejero señaló que se ponía en “grave peligro” el cumplimiento del objetivo de déficit para el ejercicio 2018, por lo que no podían seguir tramitándose. El mayor volumen de rebajas fiscales propuestas por el Grupo Parlamentario Popular afectaba al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que “precisamente es un impuesto que pagan aquellos que no son mileuristas, que están trabajando y que no son pensionistas”, ha precisado la Junta.

Se acerca la segunda tanda de Presupuestos castellano-manchegos para 2017. El Gobierno regional presentará en breve su nuevo proyecto de Ley, después de que el primero fuera tumbado en las Cortes con los votos en contra de Podemos y PP. Pero en esta ocasión, y pese a que algunos de los partidos implicados habían apuntado a “conversaciones” a tres bandas,  no habrá reuniones previas como en la anterior negociación de la Junta con la formación morada. Ahora, ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando, no quieren “tropezar con la misma piedra” puesto que ese modelo “ha llevado a no cumplir con la palabra dada”, en referencia a Podemos.

Según ha remarcado, los nuevos presupuestos serían los “mejores de los últimos diez años” en su contenido social, y por lo tanto ha insistido en que “impedir estos avances es también una forma de recortar”. “En época de dificultades económicas, quizás se pueda entender o alguien pueda explicarlo, pero lo que nadie se puede explicar es que habiendo 400 millones de euros que ya han sido recaudados y que están cogiendo polvo en un banco, no se utilicen para revertirlo en la sociedad, y que simplemente se destinen a cumplir con el déficit”.

Por eso, aunque el calendario de tramitación aun no está definido -“lo estará en próximos días”- es en el nuevo proyecto de ley de presupuestos donde la Junta ha incorporado “más carriles” para que puedan aprobarse conjuntamente.

“No hay nada más importante que afrontar las dificultades de los castellano-manchegos, por encima de cualquier otra cuestión. Esta senda de recuperación debe  prevalecer;  por eso nos conjuramos para sacar de la cuneta social al 30% de las personas que peor lo están pasando, porque sin cohesión social no hay estabilidad”, ha subrayado.

Las enmiendas incorporadas

Y dicho esto, ha dejado claro que no se llevará a cabo ninguna negociación previa, y que, tal y como ya adelantó el Gobierno regional, el nuevo proyecto de ley incorporará el lote de enmiendas que se aprobó en el dictamen de las Cortes, y donde se recogían propuestas, que con el voto en contra del PSOE, aprobaron conjuntamente PP y Podemos. “Las vamos a asumir como propias”, destaca el portavoz, incluyendo además una mayor progresividad fiscal, “un reto que queremos asumir a largo plazo”.

Nacho Hernando ha realizado estas declaraciones con motivo del balance que previamente ha pormenorizado sobre los dos años de Gobierno de Emiliano García-Page, y que los miembros del Consejo de Gobierno analizarán los próximos días para “coger un impulso renovado y cumplir con los compromisos, siempre y cuando tengamos presupuestos”.

En cuanto al resumen realizado previamente, ha remarcado en primer lugar que el gran objetivo del Gobierno ha sido la “reconstrucción” de la región, con la prioridad puesta en la recuperación social de las familias a través del empleo digno, mediante el Plan Extraordinario de Empleo y con 50.000 nuevos puestos de trabajo desde el inicio de la legislatura.

Avances sociales y económicos

Asimismo, el portavoz ha referido que los avances sociales han ido acompañados de una mayor inversión para mejorar la economía, creciendo en todos los ámbitos como las exportaciones, el turismo y la creación de empresas. “Nuestra recuperación no obliga a elegir entre iniciativa pública y privada, se ayudan mutuamente”, ha añadido, señalando la recuperación de derechos de los empleados públicos en paralelo al estímulo a las empresas con medidas como el Plan Adelante.

Otro proyecto destacado ha sido la “recuperación intergeneracional”, con la equiparación de tasas de máster a las de grado para los jóvenes, por un lado, y las mejoras para las pensionistas, por otro lado, al no tener que adelantar el copago sanitario. Igualmente, ha precisado que la Junta dedica más de un millón de euros al día para las personas dependientes, que las ayudas contra la pobreza energética han llegado a 32.000 personas en situación vulnerable, y que “ninguna familia que se haya acercado a una Oficina Antidesahucio ha perdido su hogar”.

Finalmente, Nacho Hernando ha querido celebrar la reversión de las privatizaciones sanitarias, la reducción de las listas de espera en 72.000 personas, las más de 10.000 ayudas para comedores escolares, la inversión en nuevas infraestructuras educativas, los avances en igualdad de género como “eje central” de las políticas del Gobierno, las ayudas al relevo generacional en la agricultura, los nuevos premios culturales y las grandes exposiciones como ‘A Témpora’ y ‘La Poética de la Libertad’, a las que se unirán el año que viene las programadas en Toledo y Cuenca con obras del filántropo y mecenas Roberto Polo.

Podemos ha constituido su nuevo Consejo Ciudadano Autonómico en una jornada en Mota del Cuervo. Con más personas, ahora unas cuarenta, se preparan para iniciar una etapa “marcada” por un nuevo tiempo para la formación que quiere consolidarse de cara a las elecciones autonómicas de 2019. Así lo explicó el reelecto secretario general, José García Molina, quien anunció que los 40 consejeros se dividirán en 11 secretarías que trabajarán aspectos internos y sectoriales en la política regional.

“Es un equipo muy competente y comprometido, con muchísimas ganas de trabajar juntos para estar en condiciones en las próximas elecciones de disputarlas al PP y al PSOE”, señaló. El carácter definitivo de cada uno de los órganos dentro del Consejo, que incluye una Coordinadora territorial de los Círculos y una secretaría de Feminismo e Igualdad lo darán a conocer en las próximas semanas.

El Consejo (CCA) también hizo un “análisis de la coyuntura” de la región, partiendo del acuerdo de investidura que concluyeron fue “necesario”. “Era necesario poner algún tipo de dique, porque no podíamos continuar como estábamos. Creemos que hay una visión unánime de que no había que aprobar los presupuestos sobre todo porque no acababan de dar el giro político prometido en el acuerdo”, afirmó el también diputado regional.

Molina ha reprochado al PSOE y la Junta de Castilla-La Mancha que, desde el rechazo a los presupuestos, no se haya hecho “nada”. “O sólo una cosa: criticar a las demás fuerzas políticas”, ironizó. Además, afirmó que si hay que esperar a que Page “encuadre y enfoque” se va a “desesperar”. De este modo, conminó al presidente regional a acordar con las fuerzas políticas de la oposición una hoja de ruta que no sea impuesta. “Estamos dispuestos a negociar unos presupuestos pero que den cuenta de las necesidades y las aspiraciones reales de la gente”, afirmó.

Para Molina no se pueden negociar los presupuestos sin tener a los interinos de la región, “los más maltratados”, o sin solucionar las soluciones de las listas de espera. En definitiva, si no son capaces de “dignificar la política en un sentido amplio”, que incluye también conocer los sueldos de los cargos y qué es lo que deciden.

Por eso, instó a abrir el diálogo pero a iniciativa del PSOE: “si quieren negociar que nos llamen”. “No podemos estar esperando a ver qué le pasa al PSOE, a ver qué pasa en las primarias de Podemos. García-Page se ha quedado mirando fotos que, de momento, están borrosas”, explicó. Señaló que existe una forma de negociación muy sencilla: llamar a los grupos parlamentarios.

En cuanto a los mensajes que envió Jesús Fernández Vaquero en el Día de la Región, Molina instó a usar a un verdadero interlocutor “si lo que quieren es conversar”. “A lo mejor lo han hecho con el PP, desde luego con nosotros no”, sentenció. Además, ironizó que si Vaquero decía que hay que “cumplir la palabra dada, pues eso hay que cumplirla y sobre todo la firmada, que parece más sólida en su materialidad”, concluyó.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha equivocado este miércoles a la hora de votar una de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 que el Ejecutivo había negociado con Nueva Canarias.

La formación insular había pactado con el Gobierno dar el apoyo a las cuentas de 2017 a cambio de más de 200 millones de euros que se han negociado en enmiendas a los Presupuestos. 

La enmienda, que contempla inversiones para vivienda pública en Canarias, ha salido adelante con 328 votos a favor, 19 abstenciones, y un único voto en contra, el de Rajoy. El presidente ha encajado entre risas su equivocación, que no tiene consecuencias.

Con cierta sorna han aplaudido el error de Rajoy desde la bancada de la oposición, aunque la alegría les ha durado poco, al menos a los socialistas, que han probado la misma medicina en la votación inmediatamente posterior.

Se votaba la enmienda de Nueva Canarias con número 5901 y ahí han sido los diputados del PSOE los que se han hecho un lío y unos han votado en contra y otros se han abstenido.

Ahí las risas y las chanzas han llegado desde los escaños del PP que aplaudían el error de los socialistas. Tampoco el error del PSOE ha tenido ninguna consecuencia, porque la enmienda iba a ser rechazada de todas formas.

“Esto no es un circo”

Sin embargo, el momento de mayor alborozo en el Pleno ha tenido lugar cuando se han roto hasta dos sillones de diputados, en ambos casos por las patas. Primero ha sido el del diputado del PP Jesús Postigo, y a los pocos minutos le ha tocado el turno al portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán.

La inicial confusión por el fuerte ruido de la rotura del escaño de Roldán, que se ha partido en dos, ha precedido a varias risas, sobre todo cuando uno de sus compañeros, Félix Álvarez, levantaba las patas de la silla como si de un trofeo se tratase.

Los errores en la votación de las cuentas ha conducido a los diputados a las risas y comentarios. Tanto alboroto ha provocado que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, pida orden y diga: “Esto no es un circo”. 

Por la tarde, Iglesias

La anécdota de la tarde la ha protagonizado Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos ha votado también por error a favor de los presupuestos de dos Ministerios del Gobierno de Mariano Rajoy, los de Educación y de Exteriores.

Iglesias, que tiene presentada una moción de censura para tratar de deponer a Rajoy, se ha equivocado la primera vez en la votación de la sección 18 de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que es la relativa a Educación, Cultura y Deportes, lo que ha suscitado risas en el PP y aplausos al ministro Iñigo Méndez de Vigo.

Pero ha repetido el error minutos después al votar también a favor del dictamen de la sección 12, que es la referida al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, lo que ha extendido las risas a las filas de Unidos Podemos.

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha expresado este martes su deseo de que el apoyo de Coalición Canaria y de Nueva Canarias “no quede” en los Presupuestos de 2017, sino que “se traslade en el tiempo” y se extienda a las cuentas de los próximos años.

Antona se ha reunido con el portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, prácticamente a la misma hora en la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de Nueva Canarias, Román Rodríguez, firmaban el acuerdo que asegura el respaldo de los nacionalistas canarios a los Presupuestos de este año.

Nueva Canarias tiene un diputado, Pedro Quevedo, y su voto a favor resultaba esencial para aprobar los Presupuestos dada la aritmética parlamentaria y el posicionamiento político de los grupos.

Pero el objetivo del Gobierno es garantizar el respaldo de la formación insular a más allá de estos Presupuestos.

Antona ha confiado en que ese voto a favor “no se quede aquí”, sino que refleje “una actitud de responsabilidad” con los próximos proyectos presupuestarios, empezando por los del año que viene, que empezarán a negociarse a finales del próximo mes de septiembre.

Para el presidente de los populares canarios, “hay una voluntad clara en el Gobierno” para que dicho apoyo se estabilice.

Según sus palabras, ésa es la disposición de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, y del propio Quevedo.

De hecho, “muchos de los compromisos recogidos” en los Presupuestos de 2017 “van a más allá” de este año.

En el Día de Canarias, que es este martes, el líder del PP de las Islas ha calificado como “magnífica noticia” un acuerdo del que ha destacado la mejora del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, la recuperación de convenios y las ayudas al transporte de viajeros y de mercancías.

Pero, esencialmente, se ha detenido en la desvinculación del REF del modelo de financiación autonómica por cuanto ello propiciará que Canarias tenga acceso “por primera vez” al fondo de competitividad, que es de 220 millones de euros este año y será de 360 en 2018 y de 590 en 2019.

En efecto, en materia de transporte, el acuerdo recoge un aumento al 75% de la bonificación del precio de los billetes de los ciudadanos canarios que viajen entre islas, la ampliación al 50% de los ciudadanos de las islas que vayan y vuelvan de la Península por vía marítima (también si viajan entre islas) y el incremento al 100% de la subvención para transporte de mercancías por mar y aire.

Antona ha recordado que la negociación ha abarcado cuestiones de otra índole, como la reforma del Estatuto, ahora en trámite en el Congreso, o la reforma del sistema electoral de las Islas, que estaría en vigor para los próximos comicios autonómicos de 2019.

Por todo ello, ha manifestado que tanto CC como NC “han actuado con responsabilidad”, principalmente porque no haber contado con unos Presupuestos este año hubiera resultado “una catástrofe” para Canarias.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de Nueva Canarias, Román Rodríguez, han firmado este martes el acuerdo que garantiza el voto a favor del diputado Pedro Quevedo a los PGE de 2017 y, a cambio, se inyectarán “no menos” de 750 millones en la “sociedad canaria” directa o indirectamente.

Ha sido precisamente en el Día de Canarias y cuando el pleno del Congreso celebra la segunda jornada de debate y aprobación de enmiendas, antes de que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) pase al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

En rueda de prensa en el Congreso, Rodríguez ha defendido el acuerdo alcanzado con el PP y ha argumentado que ha sido por “patriotismo canario”, parafraseando a su compañero de filas, el diputado Pedro Quevedo, clave en la aprobación de los PGE.

“Nosotros interpretamos la voluntad de la gente porque trabajamos para la gente. No he recibido en mis años en política tantas felicitaciones como en las últimas horas por lo que la gente considera conquistas de derechos, casi de justicia”, ha asegurado.

Pese a que comprende que haya gente que piense de otra forma, “porque las cosas no se ven igual desde la meseta”, Rodríguez ha justificado este acuerdo y ha dicho que su partido sólo consigue influir en la política estatal cuando es imprescindible, como ahora.

A cambio del voto favorable de Quevedo a los PGE, el Gobierno se compromete a apoyar la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF), desvinculando sus recursos del sistema de financiación autonómica, para que Canarias pueda acogerse a los fondos de competitividad, lo que supondrá unos 220 millones.

De hecho, según ha enfatizado Rodríguez, el acuerdo “inyectará a la sociedad canaria, bien directamente a los ciudadanos, o bien a través de las administraciones locales, insulares o autonómica, bien por los convenios de obras y servicios y, sobre todo, por vía de la financiación, no menos de 750 millones de euros”.

Quevedo, por su parte, se ha mostrado satisfecho por un acuerdo que, aunque es siempre mejorable y “nadie gana por diez a cero en una negociación”, sí tiene un “sentido histórico” para las Islas.

También ha negado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le haya llamado para pedirle que no diera su voto a los Presupuestos del PP al haber concurrido en listas conjuntas en las elecciones generales.

“No hay en ningún lugar un acuerdo o una obligación en ese sentido”, ha remarcado.

A su vez, el presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha expresado su deseo de que el apoyo de Coalición Canaria y de Nueva Canarias “no quede” en los PGE de 2017, sino que “se traslade en el tiempo” y se extienda a las cuentas de los próximos años.

Junto al acuerdo, NC y PP han suscrito una declaración conjunta sobre los principales asuntos de relevancia política para Canarias, como la culminación en esta legislatura de la reforma del Estatuto de Autonomía; el cambio del sistema electoral canario, y la desvinculación del REF del sistema de financiación autonómica.

El pacto incluye bonificaciones al transporte aéreo y marítimo, así como el fomento de actuaciones inversoras en materia de carreteras, obras hidráulicas, vivienda, costas e infraestructuras turísticas.

También se refleja el compromiso de impulsar la conectividad aérea de Canarias con el resto del territorio español, de manera que se puedan fijar precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público, cuando haya razones “imperiosas” de interés general.

Con el fin de responder a la situación estructural del paro en Canarias como región ultraperiférica, se destinarán recursos específicos para la mejora de la empleabilidad, a través de políticas de formación y activas de empleo en el marco del recuperado Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC).

La mejora de la calidad del empleo en el sector de la hostelería, sobre todo de las camareras de piso, y el refuerzo de la cohesión social del archipiélago a través de políticas sociales específicas, especialmente la mejora del plan concertado de servicios sociales con las corporaciones locales, el impulso de un programa contra la pobreza y el incremento de las dotaciones para la lucha contra la violencia de género, son otros puntos del pacto.

Hay igualmente un compromiso con la agricultura de Canarias y un apoyo al tomate canario de exportación, con mención específica al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) y a la petición a la UE de un incremento de la ayuda a la producción a 15.000 euros por hectárea cultivada, sujeto a la consecución de objetivos concretos de mejora de competitividad e incremento de rendimientos.

En cuanto a política de energías renovables para Canarias, se fija que los PGE establezcan, de forma permanente, la exención del cargo transitorio por la energía autoconsumida para los autoconsumidores que se pongan en funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2022.

Para las instalaciones existentes se eliminará en la misma Ley el requisito de que la suma de las potencias instaladas de las instalaciones de producción de un autoconsumidor deba ser igual o inferior a la potencia contratada.

Y con el objetivo de fomentar la implantación de energías renovables en Canarias, se celebrará una próxima subasta de renovables con la máxima potencia posible, con un suelo y un techo en las ofertas y cupos separados por tecnologías (fotovoltaica y eólica).

Además, el Gobierno promete mejorar la extensión de la cobertura de las redes públicas de comunicaciones electrónicas capaces de proporcionar servicios de banda ancha de muy alta velocidad y mejorar los porcentajes de deducción y límites del incentivo fiscal para las producciones de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental.

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha justificado ante el Congreso su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado por ser una “obligación” con su comunidad autónoma, dada la situación de minoría del Gobierno de Mariano Rajoy: “Creo que hemos hecho lo que era nuestra obligación con nuestra tierra”, ha dicho durante su intervención en el debate de las cuentas para 2017.

Quevedo ha reconocido las “significativas diferencias” que mantiene con el Ejecutivo, pero también que su situación de minoría parlamentaria supuso “una oportunidad” para negociar un acuerdo que ha calificado como “muy satisfactorio”.

“Si no se llegan haber dado estas circunstancias que se han dado con la configuración actual de la Cámara, probablemente no lo hubiésemos podido haber defendido con éxito nunca”, ha sentenciado Quevedo, antes de aseverar que la “dimensión” de su formación les “impide” ir “más allá”.

El representante de Nueva Canarias ha destacado que el acuerdo “tiene más de cualitativo que cuantitativo porque es un acuerdo permanente” y que mejora la conectividad en las Islas. “Los que no tenemos ni carreteras ni trenes, ni de mercancías ni aves, tenemos un problema serio de conectividad que es necesario desbloquear”, ha manifestado.

Quevedo, “el octavo pasajero”

El apoyo de Quevedo a las cuentas permite al PP contar con 176 diputados, una mayoría suficiente para sacar adelante las cuentas, al tener además el respaldo de Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria.

Desde el inicio de las negociaciones con el Gobierno, la postura abierta de Nueva Canarias a permitir la aprobación de las cuentas, siendo socio electoral del PSOE, despertó las críticas de la oposición, especialmente por parte de Unidos Podemos, que ha llegado a acusar a los socialistas de “prestar un diputado al PP” para aprobar sus Presupuestos.

Inmediatamente después a la intervención de Quevedo en el Pleno, el portavoz económico de Unidos Podemos, Alberto Montero, se ha dirigido a la bancada socialista para preguntar si el apoyo de Quevedo a las cuentas afectará a su alianza en el futuro. “¿Va a volver a incluir al octavo pasajero que le va a votar los Presupuestos al PP?”, ha preguntado.

La Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados ha acordado por unanimidad incluir en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 una disposición por la que se modifica el Impuesto de Sociedades con el fin de conceder a productores de cine y series españoles ayudas fiscales de hasta tres millones de euros.

El texto votado, una iniciativa de Ciudadanos, plantea que aquellas producciones de largometrajes cinematográficos y series audiovisuales de ficción, animación o documental, que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada, darán derecho a su productor a una deducción del 25% con respecto del primer millón de base de la deducción, o del 20% sobre el exceso de dicho importe.

En cuanto a la base de la deducción, pide que esté constituida por el coste total de la producción, así como por los gastos para la obtención de copias y los gastos de publicidad y promoción a cargo del productor hasta el límite, para ambos, del 40% del coste de producción. Igualmente, señala que, al menos, el 50% de la base de la deducción deberá corresponderse con gastos realizados en territorio español. Eso sí, la enmienda, remarca que el importe de esta deducción no podrá ser superior a los tres millones de euros.

Certificado de nacionalidad

La producción tiene que tener el correspondiente certificado de nacionalidad y el certificado que acredite el carácter cultural en relación con su contenido o su vinculación con la realidad cultural española, así como su contribución al enriquecimiento de la diversidad cultural de las obras cinematográficas que se exhiben en España.

El texto registrado también propone que el importe de la deducción, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas por el contribuyente, no podrá superar ordinariamente el 50% del coste de producción, excepto que se trate de una producción transfronteriza financiada por más de un Estado miembro de la Unión Europea y en la que participen productores de más de un país de la UE, en cuyo caso no podrán superar el 60% del coste de producción.

Este porcentaje se podrá elevar hasta el 70% en el caso de las producciones dirigidas por un nuevo realizador cuyo presupuesto de producción no supere el millón de euros.

La aritmética parlamentaria que le ha servido a Mariano Rajoy para seguir adelante con los Presupuestos se ha convertido en el antídoto elegido por el Gobierno del Partido Popular para combatir el efecto Pedro Sánchez tras las primarias del PSOE. A pesar de la actitud dialogante del presidente del Ejecutivo con el nuevo secretario general de los socialistas es patente cierta preocupación entre dirigentes y barones del PP.  

En la formación conservadora asumen que tienen más difícil contar con “esa fuerza socialista, moderada y centrista que ha representado el PSOE en las épocas en las que ha tenido responsabilidades de gobierno” como comentaba el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, que se esperaba que volviese con el triunfo de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

En Moncloa saben la importancia que es dar una imagen de solidez y estabilidad por lo que han salido a reducir la capacidad de Pedro Sánchez para debilitar al Gobierno. Los avances para la aprobación de las cuentas con una mayoría alternativa apoyada en Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria es el ejemplo que utiliza el Gobierno para rebajar la amenaza del nuevo secretario general del PSOE. 

El Ejecutivo de Rajoy asume que “los más importante ahora es sacar finalmente los Presupuestos de 2017. Ya teníamos el no del PSOE que se posicionó en contra sin haber leído ni una línea. Los hemos sacado y estamos avanzando con otros apoyos”.

El PSOE de Pedro Sánchez se puede dedicar a “torpedear por torpedear” pero “el Gobierno va a ir tema a tema conformando las mayorías que se puedan. Se ha hecho con los Presupuestos y se puede hacer con otras medidas”, aseguran en Moncloa.

En el relato político del Gobierno se ha pasado de colocar a Pedro Sánchez como uno de los problemas de España a digerirlo como nuevo líder del PSOE con el que se pueden llegar a acuerdos en asuntos importantes como “la política europea o la unidad de España”.

“Está por ver si es el Pedro Sánchez del 'no es no' de hace unos meses o a ver cómo es el de ahora. Algo habrá aprendido de todo este proceso. También hay que ver qué hace en el Congreso y cómo organiza el partido. De todas maneras no esperamos nada de aquí a un año por lo menos que puede afectar al Gobierno”, asegura una fuente del Ejecutivo.   

A pesar de que algunos socialistas como la coordinadora de los diputados del PSC en el Congreso, Meritxell Batet, avisaba en la emisora RAC1 que “Rajoy no tiene por qué acabar la legislatura”, la realidad es que la moción de censura de Pablo Iglesias no inquieta al Gobierno. “Pedro Sáchez ya ha avisado que no la iba a apoyar. No hay razón para pensar que vayan a cambiar de opinión pero incluso aunque así ocurra, esta por ver que se alcance una mayoría suficiente para tirar a un Gobierno, una vez que los presupuestos van adelante”, explica una fuente del equipo de Rajoy.     

A pesar de este cambio de opinión en el Gobierno, entre los barones regionales y algunos dirigentes populares cundía el desánimo ante la victoria de Pedro Sánchez. Fuentes del partido asumían que ya no tendrán enfrente a los socialistas de la abstención en la investidura de Mariano Rajoy o al PSOE que apoyó medidas como la fijación del techo de gasto y el objetivo de déficit.

Entre los barones regionales las opiniones variaban de calificar a Sánchez como “una desgracia para España”, como hizo el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, o “un representante de la izquierda más radical” a los que admitían que “la legislatura podría ser más corta” si el nuevo secretario general del PSOE se echaba en brazos de Unidos Podemos.

Ante esta situación se repitieron las llamadas al PSOE por parte de dirigentes del PP “por el interés de España, ya que es un partido de gobierno, que ha gobernado durante muchos años este país que está en un momento crítico por la salida definitiva de la crisis y en la negociación del Brexit”.

El Parlamento Vasco ha vivido este jueves una efímera representación de la mayoría de izquierdas que alumbraron las elecciones autonómicas de 2016 pero que quedó desactivada por la coalición de Gobierno entre PNV y PSE-EE con apoyo externo del PP en materia presupuestaria. En el pleno de esta semana y por vez primera en la legislatura, el PSE-EE ha votado en el mismo sentido que las coaliciones EH Bildu y Elkarrekin Podemos para rechazar los presupuestos generales del Estado presentados por el PP y pactados con el PNV. El representante del PP, Antón Damborenea, ha interpretado desde la tribuna de oradores que la oposición de izquierdas ha buscado “meter el dedo en el ojo” a los nacionalistas y ha criticado que el PSE-EE “ha picado como un panchito, que, por si no lo saben, es el alevín del besugo”. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ya había apuntado que la Cámara autonómica no era el mejor foro para discutir sobre las cuentas del Estado.

El debate lo habían planteado con sendas iniciativas EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Inicialmente, el representante de IU y de Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha dado a entender que no iba a prosperar ninguna resolución crítica con los presupuestos de Mariano Rajoy por las reticencias de los socialistas a estampar su firma en una enmienda conjunta con ellos y con EH Bildu. “Entendíamos que el PSE-EE debería estar de acuerdo con esto, pero parece ser que les ha pesado más sus pactos de Gobierno con el PNV”, ha enfatizado Hernández.

En efecto, los socialistas no sólo no han firmado ningún texto conjunto, sino que tampoco han apoyado ni la iniciativa de Elkarrekin Podemos ni la de la izquierda abertzale, que han decaído. Pero estas dos formaciones sí han dado su voto al primer punto de un texto alternativo presentado por los socialistas (sólo el primero, no al segundo, que aludía a la solidaridad entre las regiones de España) y han logrado de esta manera la fotografía deseada, la ruptura la unidad de acción de los partidos del Gobierno vasco y un puntapié político a PNV y PP.

La resolución aprobada por PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos ha sido la siguiente: “El Parlamento Vasco rechaza el proyecto de Presupuestos Generales del Estado porque consolidan la desigualdad acentuada durante los años de crisis y porque renuncian a revertir las reformas que han provocado un empobrecimiento de gran parte de la población y a impulsar medidas que garanticen la calidad en el empleo, el blindaje de los servicios públicos y derechos sociales, y un nuevo modelo económico”. Esas cuentas serán aprobadas de manera definitiva próximamente con los votos de PP y PNV.

Fuego cruzado entre PNV y EH Bildu

El debate, en todo caso, ha quedado monopolizado por el fuego cruzado entre el PNV y EH Bildu, una segunda parte del 'cara a cara' de hace un par de semanas en el que la abertzale Larraitz Ugarte llegó a acusar a los 'jeltzales' de dar cobertura a los “fachas” y los “amigos” de los golpistas de 1936. Ha sido el propio portavoz peneuvista, Joseba Egibar, el que ha salido a la arena política a responder a Ugarte. 

Egibar ha remarcado que “al PP y a Rajoy lo han elegido los españoles” y que, por lo tanto, no está “inhabilitado” para alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas. Y ha lamentado que EH Bildu cuestione estos pactos cuando varios de sus dirigentes “llegan a un acuerdo con el fiscal de la Audiencia Nacional del Reino de España” para evitar la cárcel y una condena por pertenencia a ETA.

El veterano dirigente del PNV ha continuado con su cuerpo a cuerpo con la bancada abertzale y ha lamentado también el “delirio” de EH Bildu por vincular a su partido con la corrupción desvelando que la coalición ha pedido “auxilio a la UCO”, a la unidad especializada en delitos económicos de la Guardia Civil, para sacar adelante el denominado 'caso Bidegi'. “Bua, chavala”, ha ironizado Egibar, parafraseando a la propia Ugarte, que usó esa expresión juvenil para mostrar su enfado por el pacto del PNV con el PP.

Este nuevo encontronazo llega tras unas semanas en las que EH Bildu y especialmente Sortu han elevado el tono contra los 'jeltzales'. Además, se han registrado pintadas en batzokis e incluso la organización juvenil Ernai atacó la sede del Gipuzkoa Buru Batzar. 

El presidente del Gobierno de España y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha tendido el brazo este viernes al diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, para llegar a un acuerdo que permita aprobar los presupuestos 2017 con su voto.

Rajoy, que ha clausurado el Congreso del PP de Gran Canaria, ha destacado que los presupuestos constituyen la ley “más importante” que se aprueba en los parlamentos y por ello su partido negociará “con todo aquel que quiera hablar”, en clara alusión a Nueva Canarias, partido que ha dejado claro que está dispuesto a reunirse con el Gobierno de España y que le reclama en las enmiendas 330 millones de euros para las Islas.

“Esta semana hemos dado el primer paso”, ha continuado el presidente, quien ha recordado que la ley no se ha podido aprobar debido al empate a 175 que tuvo lugar en el Congreso. “Ahora tenemos que dar un segundo paso, para que se aprueben necesitamos un voto más a favor que un voto en contra. Hablaremos con todo aquel que quiera hablar, sabemos que hay algunos que ni saludaron, pero con los que estén dispuestos a hablar, hablaremos”, apuntó, al tiempo que recalcó que el hecho de no aprobar los presupuestos solo beneficiaría a aquellos que “han hecho de las malas noticias su forma de hacer política, porque son incapaces de acordar nada”.

Mariano Rajoy ha mandado otro mensaje a Pedro Quevedo, al que no ha mencionado en ningún momento por su nombre pero al que le ha recordado que en Canarias, a su entender, “ha habido políticos en la historia reciente con mucha finura y capacidad para hacer las cosas bien en circunstancias complejas y difíciles, y ahora es el tiempo de hacer cosas con finura de Canarias, de Galicia y de todo aquel que se apunte”. Rajoy tampoco identificó a qué político de tanta finura se refería.

El presidente ha querido agradecer durante su acto en Las Palmas de Gran Canaria la presencia del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, de Coalición Canaria, y la del diputado de Ciudadanos por la provincia de Las Palmas, Saúl Ramírez, formaciones con las que sí ha llegado a acuerdos para aprobar los presupuestos.

El líder popular ha advertido que “si no se aprueban [los presupuestos] estaremos en una circunstancia muy negativa para Canarias, el conjunto de España y cualquier persona”. Así, ha defendido que “cualquier persona que esté en sus cabales” sabe la importancia del mensaje estabilidad que puede transmitir España si aprueba sus presupuestos y sabe los riesgos a los que se expone si no lo hace, por lo que ha apelado a la responsabilidad.

Rajoy se suma al 'cholismo'

Durante su intervención el presidente de los populares ha repasado las decisiones que su Ejecutivo ha tomado en los últimos tiempos y que a su parecer han beneficiado a Canarias, entre ellas la actualización del Régimen Económico y Fiscal, la extinción del IGTE o el hecho de transferir al Gobierno de Clavijo 124 millones de euros para políticas de empleo, un 10% más que en el año 2016.

El presidente ha aprovechado su intervención para pedirle a sus compañeros de partido que no caigan en la “autocomplacencia” a pesar de los datos que ha presentado como buenos, es decir, el crecimiento de la economía al 0,8% “por encima de la media de la Unión Europea”, y el descenso del paro en el último mes. Y para ello también se ha sumado a las motivaciones utilizadas por el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone.

“Esta mañana he leído en un periódico una frase que me ha gustado: ”El éxito solo está por delante del trabajo en el diccionario“. La frase es de un entrenador de fútbol, El Cholo Simeone, y tiene toda la razón”, expresó.

Así mismo, Rajoy repasó algunos datos económicos negativos que ha sufrido España como los “cinco años de crecimiento negativo” o la pérdida de “70.000 millones de recaudación”, algo que “ha sido durísimo”, y ha valorado la capacidad de aguante de la sociedad durante los años de crisis, resaltando que el pueblo español puede decir que ha sido capaz de superar “una crisis demoledora”.

El político gallego ha subrayado que quiere que el PP sea una fuerza política “constructiva” que dé estabilidad en las instituciones ya que “esa es la política de la buena, no la de poner palos en las ruedas que practican otros”, ha añadido, y puso como ejemplo el papel que su partido ha jugado en el Parlamento de Canarias, donde tras la ruptura del pacto entre Coalición Canaria y el PSOE, la formación de derechas ha optado por no entrar a gobernar y sí por “construir y no deteriorar”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha superado con la ayuda de Ciudadanos la debilidad parlamentaria del Grupo Popular en la Asamblea madrileña para aprobar los presupuestos de la Comunidad para 2017. Durante las dos jornadas de debates de enmiendas parciales a las cuentas autonómicas la corrupción estuvo presente en agrias disputas, con el protagonismo de la operación Lezo y el encarcelamiento del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

El PP contó con 47 diputados que sumados a los 17 de Ciudadanos permitió la aprobación definitiva de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid. Las cuentas de la Comunidad contarán con 18.538 millones de euros, 627 millones más, que el año anterior con una previsión de crecimiento del 2,6% para la Comunidad de Madrid y la creación de 90.000 puestos de trabajo

Cifuentes ha conseguido sacar adelante las cuentas de este años con varios meses de retraso tras una ardua negociación con Ciudadanos y el problema que provocó la baja por depresión de la diputada Elena González-Moñux. La parlamentaria del PP no asistió a la sesión pero la correlación de fuerzas se mantuvo en la Cámara madrileña por la baja por enfermedad de la diputada socialista Isaura Leal. la oposición solo pudo sumar los 36 votos socialistas con los 27 de Podemos, uno menos que los parlamentarios del PP y Ciudadanos.

El Gobierno de Cifuentes estaba también pendiente del posible cese de la diputada María José Aguado, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decida imputarla en el caso Gürtel, y al futuro incierto de la parlamentaria Isabel González, hermana del expresidente Ignacio González por sus vinculaciones familiares en la operación Lezo.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, le mandó un claro mensaje en este sentido al inicio del debate presupuestario cuando señaló sobre Isabel González que “es importante que Cifuentes valore de qué personas se rodea y en qué entorno quiere trabajar, si es el más propicio para trabajar y desarrollar su función rodearse de personas que han podido estar vinculadas de alguna forma con esta trama de corrupción”.

Aguado insistió en que gracias a su formación las cuentas de este año tienen “627 millones de euros más que en 2016, con lo que se ha conseguido aumentar el presupuesto en sanidad, en educación y en políticas sociales”.

Estas declaraciones no evitaron que los grupos de la oposición atacaran a Ciudadanos por otorgarle su apoyo a Cifuentes. Eduardo Gutiérrez, parlamentario de Podemos, ha acusado al partido de Albert Rivera de “mantener en el Gobierno al partido más corrupto de Europa con su apoyo”, además de señalar a la formación naranja por poner trabas en la investigación de casos de corrupción. La portavoz de Presupuestos del PSOE, Reyes Maroto, también apuntó contra Ciudadanos a los que ha achacado que “sigan avalando una forma de trabajar en la que el dinero se queda en Génova y en los bolsillos de los dirigentes del partido Popular”.

Tanto los parlamentarios del PSOE como los de Podemos remarcaron que el “pacto de hierro” entre PP y Ciudadanos ha favorecido que no se aprueben muchas enmiendas en el trámite parlamentario. Durante dos días de pleno en la Asamblea se han debatido las 813 enmiendas que la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea no ha admitido.

El PSOE presentó 712 enmiendas, de las que han salido adelante 95; Podemos 192, de las que han salido adelante una docena; Ciudadanos propuso 10, de las que han salido adelante 7, y el PP 18, todas ellas aprobadas. Estas enmiendas han movido 16,2 millones, una cifra muy lejana a lo aprobado definitivamente en el trámite presupuestario anterior, cuando pasaron 250 enmiendas que movieron cien millones de euros.

Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria suman 175 votos con el Partido Popular para tumbar las siete enmiendas a la totalidad presentadas por el resto de partidos

Rajoy: "Superar el primer trámite de los Presupuestos ayuda, porque da estabilidad y confianza y si hacemos las cosas bien va a seguir el crecimiento económico y va a seguir la creación de empleo, que es lo que quiere la gente"

El PSOE recuerda que si hubieran pactado con el PNV desde el PP les hubieran lanzado acusaciones como "se vende España o se rompe España"

Unidos Podemos señala que "la única alternativa a estos presupuestos es la moción de censura"

No hubo despistes ni bajas. El Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria consiguió tumbar este jueves en el Congreso las siete enmiendas a la totalidad que había planteado la oposición al proyecto de Presupuesto Generales del Estado para 2017.

El empate a 175 votos durante las tres votaciones en la Cámara Baja ha escenificado la división de un hemiciclo entre los partidos que buscan en la aprobación de las cuentas dar la imagen de estabilidad como el PP y Ciudadanos o las ventajas prácticas de más inversiones en su región como el PNV o Coalición Canaria frente a los que han antepuesto los casos de corrupción de los populares y las criticas a un modelo económico que, a su juicio, favorece a las rentas más altas y no permite que la recuperación llegue a los más débiles.

Con los buenos datos de caída del paro, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha salido del Congreso “satisfecho” tras haber superado el primer obstáculo para sacar adelante los Presupuestos. “Superar el primer trámite de los Presupuestos ayuda, porque da estabilidad y confianza y si hacemos las cosas bien va a seguir el crecimiento económico y va a seguir la creación de empleo, que es lo que quiere la gente”, ha comentado el presidente.

Todas las miradas se han posado ahora en el diputado de Nueva Canarias para aprobar definitivamente las cuentas. Rajoy ha señalado que “hablarán con todos para tener el mayor número de votos. El diputado por el que usted se interesa y el resto de los diputados. Hay distintas secciones y pueden estar de acuerdo con una parte (de los PGE), pueden no estar de acuerdo con otra”.

“Lo que agradecen los ciudadanos es que un Gobierno de minoría llegue a acuerdos. ¿Cuánto vale la estabilidad política y económica de España?”, se preguntaba el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro para justificar la necesidad de poner en valor los acuerdos alcanzados con otras fuerzas políticas. Montoro celebró el “apoyo explicito de Ciudadanos poniendo en valor la estabilidad política y económica” y también agradeció el apoyo de Coalición Canaria y, especialmente, del PNV “que obedece a no generar incertidumbre políticas y prevalecer en el sostenimiento del Estado del Bienestar”.

La portavoz de Economía del PSOE, Sara Hernández, además de criticar el fondo de las cuentas aprobadas ha anunciado que estudiarán el acuerdo alcanzado con el PNV. En este sentido, la socialista ha asegurado que no caerán en las acusaciones del PP como “se vende España o se rompe España” cuando su formación pactó con los nacionalistas. “Lo que tiene que hacer el Gobierno es negociar la financiación autonómica con todas las comunidades autónomas”, ha añadido Hernández, ya que de esta manera no se solucionan los problemas de todo el país.

El diputado de EnComúPodem (ECP) en el Congreso Joan Mena ha asegurado que “estos presupuestos maltratan a las clases populares y ha asegurado que ”la única alternativa a estos presupuestos es la moción de censura que va a presentar Unidos Podemos“.

Por parte de Ciudadanos, Francisco de la Torre ha señalado que su apoyo quería evitar seguir con “la situación en la que estamos de unas cuentas prorrogadas, que son una tremenda chapuza prorrogada”. De la Torre ha subrayado que “si no tenemos presupuestos la seguridad social no podrá pagar las pensiones, y eso no es una opción”.

Un punto de conflicto es el cupo vasco. El portavoz de Ciudadanos ha avisado que “votará en contra de la reforma del cupo vasco; no estamos a favor de los privilegios por territorios”. De la Torre ha asegurado que su formación “no ha aprobado los Presupuestos por un precio, como han hecho otras formaciones”, en clara referencia al PNV.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha subido al estrado del hemiciclo para volver a justificar su apoyo a las cuentas de 2017 del Gobierno del PP: “Las circunstancias de corrupción que afectan a numerosos cargos del Partido Popular hacen que algunas voces planteen rechazar los presupuestos sin entrar siquiera a debatir su contenido. Quienes así se manifiestan, lo hacen sin explicar qué sucedería al día siguiente”.

“Las responsabilidades derivadas de la corrupción política deben depurarse, tanto en los tribunales como en las Cámaras si estas lo desean. Así lo manifestaremos y así actuaremos siempre. Pero no parece que una votación de presupuestos en medio de una difícil coyuntura económica sea ni el mejor escenario ni el más práctico para depurar responsabilidades”, ha explicado Esteban.

El político nacionalista ha insistido en que “hemos presentado la misma agenda que hubiéramos presentado a cualquier otro hipotético Gobierno que se hubiera podido constituir, fuera del color que fuera”.

El apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) junto al acuerdo con Ciudadanos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado han reforzado el relato del Partido Popular, que se presenta como única fuerza política para dar estabilidad. El Gobierno asume que con este paso fundamental se consolida para seguir adelante con la legislatura en un ambiente poco favorable por la corrupción.

Pese a la gravedad de las actuaciones judiciales y operaciones policiales contra dirigentes del PP que en su último episodio ha llevado a la cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, recordaba que tanto el partido como el Ejecutivo de Rajoy “ya han vivido situaciones similares en otras ocasiones. En el Gobierno trabajamos con la misma actividad que siempre. No vamos a entrar en una depresión absoluta que tenga efectos en la gobernabilidad del país”.

Mariano Rajoy entraba este miércoles en el hemiciclo del Congreso acompañando al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. Pese a que ha sido uno de los ministros que más ha sido vapuleado desde la anterior legislatura, incluso por dirigentes del PP, Rajoy quiso mostrar su apoyo explícito a un miembro de su Gobierno que ha conseguido superar una prueba que podría haber puesto en difícil equilibrio la legislatura.

Sacar adelante el debate de totalidad de las cuentas de 2017 da oxigeno al PP. La formación conservadora utilizará este hito para intensificar su discurso de “la buena marcha de la economía” para contrarrestar la pésima imagen de los dirigentes del partido detenidos y condenados por casos de corrupción.

Tras la consecución de este paso, fuentes del Gobierno insistieron en que “no hay ninguna preocupación” por la moción de censura de Unidos Podemos, que entienden “que no está dirigida contra el presidente, sino contra el PSOE”. En este sentido, aseguraron que el Ejecutivo de Rajoy “está más preocupado por la debilidad de los socialistas y su futuro incierto que por el follón que va a montar Podemos, que como hemos visto se vuelve contra del que lo monta”.

En el debate han sido patentes los llamamientos de Montoro al PSOE para conseguir un acuerdo presupuestario y las contradicciones de los socialistas para mostrar su posición contraria a las cuentas cuando habían apoyado el techo de gasto y el objetivo de déficit.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, deslizaba en su argumentación para explicar su apoyo a las cuentas del Ejecutivo de Rajoy la falta de alternativas. El político nacionalista volvía a poner en duda el movimiento de Unidos Podemos con la moción de censura asegurando que “igual lo que se quiere es colocar a Rajoy como única figura de estabilidad”.

El protagonismo de Unidos Podemos tras el anuncio de la moción los ha colocado en la diana del resto de los partido políticos. En este sentido, el portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, declaró que “hay que tener muy claras las prioridades y era mejor negociar que no hacer nada. La opción no es ponerse a llorar, subirse a un autobús, sino negociar y conseguir mejoras concretas. Los españoles no pueden esperar, necesitamos soluciones y la manera es negociar y arrancar medidas”.

Con esta perspectiva el Partido Popular ya tiene la mirada puesta en septiembre, cuando hay que negociar los presupuestos de 2018. El Ejecutivo confía en seguir dando buenas noticias económicas, especialmente en el ámbito del empleo con el inicio de la temporada turística, y tratará de solventar lo mejor posible la declaración de Mariano Rajoy ante los tribunales por el caso Gürtel .

“El clima de confianza entre PNV y PP es un clima que debería permitirnos que en el futuro siguiéramos dialogando y poder alcanzar nuevos acuerdos. Lo que ocurre es que cada momento tiene su afán y el afán del 2018 se iniciará a partir de que se apruebe este Presupuesto”, declaró el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.

La corrupción se ha convertido en el arma arrojadiza contra el Gobierno en todos los ámbitos. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha iniciado su discurso en el debate a la totalidad del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado recordando que “la política económica de un Gobierno se basa en la confianza y credibilidad del mismo” y “el pantano de corrupción ha dejado la confianza bajo mínimos” tras la condena de Rodrigo Rato y el caso del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

“Ténganlo claro: No cuente con nosotros para esa escabechina social y para formar parte del pelotón de países con menos gasto social”, ha asegurado el portavoz del PSOE para recordar que no apoyaran las cuentas del Gobierno de Mariano Rajoy.

A pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha ridiculizado en varios momentos de su respuesta al portavoz socialista, también ha apelado a la responsabilidad del PSOE, como hizo cuando se acordó el objetivo del déficit y el techo de gasto, para que apoyen las cuentas del Estado por el bien de los españoles y “para no dar alas al populismo”.

“Ha quedado claro que usted no ha venido a hablar de los presupuestos. Me da esperanza, igual es una clave del futuro. Vamos a trabajar para que haya recuperación inclusiva, ¿cuáles son sus propuestas? No hace una enmienda a la totalidad, utiliza otros argumentos políticos. La responsabilidad debe ser compartida, debemos buscarla entre todos los grupos políticos, allá ustedes”, le ha respondido Montoro.

Hernando le ha contestado que ya hicieron un ejercicio de responsabilidad cuando se abstuvieron para evitar unas terceras elecciones y cuando aprobaron conjuntamente el objetivo de déficit y el techo de gasto.

“Nos dijeron que habíamos dejado atrás la crisis. Nada se salvó de aquellos bárbaros recortes de presupuestos, de las subidas del IRPF acompañadas de mejoras tributarias a las rentas más altas. Estos presupuestos ponen de manifiesto que no era la crisis, las políticas persisten. No es la crisis es su ideología, es el PP. Nosotros vamos a votar en contra de los presupuestos por la ideología aunque perdamos el debate”, ha comentado Hernando.

El político socialista ha vinculado los casos de corrupción con la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno del PP en la pasada legislatura. “Este debate está vinculado a lo que está pasando en España con la corrupción, que afecta a su partido y destruye la confianza para que crezca la economía. Su amnistía fiscal está en el centro del escenario político. ¿Hizo algo por averiguar algo?¿Por impedir el delito? No, no hizo nada. Esto produce indignación y repugnancia en la ciudadanía. No volveré sobre este tema porque el presidente del Gobierno tendrá que venir a la comisión de investigación de financiación de su partido”, ha señalado Hernando.

En su discurso, Rafael Hernando ha comparado las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “venimos de una crisis por una borrachera de gasto público y algunos ya quieren irse de copas”, con las del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, que afirmó que los países del sur de Europa no pueden gastarse el dinero en “licor y mujeres” y luego pedir ayudas.

“Es una vergüenza lo que ha dicho, es un insulto. ¿Es gastarse el dinero en copas reabrir servicios públicos? ¿Reabrir escuelas rurales? Ha insultado a millones de personas que lo han pasado mal acusándoles de gastar el dinero en copas cuando lo que han hecho es rehacer lo que ustedes han hecho mal” ha espetado el portavoz socialista.

Montoro ha rememorado que el presidente del Eurogrupo es ministro socialista de Holanda. “Se lo pueden reprochar ustedes desde su grupo en la eurocámara”, ha puntualizado el ministro de Hacienda.

Hernando ha insistido en que las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para conseguir la recuperación solo han beneficiado a unos pocos: “¿Qué piensan de la recuperación los 4,2 millones de parados?¿Qué piensan de la recuperación los 1,8 millones de parados de larga duración?¿Qué piensan de la recuperación los 600.000 jóvenes desempleados?¿Y los 340.000 dependientes que esperan una ayuda? Y nos piden que apoyemos estos presupuestos consolidan la desigualdad y la precariedad.

Respecto al déficit, Hernando ha destacado que no están de acuerdo “en cómo rebajar el objetivo de déficit” porque, según el PSOE, los presupuestos del PP hacen recaer en los hombros de los más desfavorecidos y sobre el Estado del bienestar. “Han decidido que hay un Estado social cada vez más disminuido. Ahora que ha llegado la recuperación la política económica debería servir para cohesionar pero les han regalado 18.000 millones a las rentas más altas”, ha explicado.

También ha recalcado la falta de políticas que impulsen la productividad. El portavoz socialista ha argumentado que “la economía española lleva 13 meses consecutivos creciendo, y que este año crecerá un 2,7%, todos los análisis coinciden en que los vientos de cola nos seguirán ayudando pero también dicen que desaparecerán”. Sin embargo este avance no llega a la sociedad, según el PSOE, por “la reforma laboral, que no permite una relación equilibrada entre trabajadores y empresarios, y su política fiscal y presupuestarias, que perjudica a los trabajadores y beneficia a las rentas más altas”.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha destacado que se ha cerrado un acuerdo de apoyo al proyecto de Presupuestos General del Estado que el Gobierno defiende desde este miércoles en la Cámara Baja. Esteban se ha esforzado en remarcar que el acuerdo “no va contra nadie” y que “beneficia a todo el Estado”.

El político nacionalista ha lanzado una pregunta retórica para defender su pacto con el Gobierno de Mariano Rajoy pese a los casos de corrupción: “No es agradable negociar en estas condiciones pero nos gustaría saber cuál es la alternativa. Hay que distinguir los momentos. Cuál es la situación del país en términos de estabilidad: primero se intentó un Gobierno multipartidista. Luego se ha presentado una moción de censura poco seria. ¿Cuál es la alternativa? Ir a otras elecciones, tampoco se dice”.

La vigencia del acuerdo se circunscribe a 2017, aunque su cumplimiento será fundamental para “negociar los presupuestos de 2018” el próximo septiembre. Sobre el periodo que se abre ahora con las emiendas, Esteban ha admitido que “la oposición nos va a colocar alguna sorpresita como enmienda para que se rompa el acuerdo, pero no vamos a caer. Somos gente seria”. 

Los gobiernos central y vasco han cerrado un acuerdo que resuelve sus discrepancias en torno al cálculo del Cupo entre los años 2007-2016, de forma que el Ejecutivo español devolverá al vasco 1.400 millones de euros. Además, se ha establecido un Cupo provisional para 2017 de 956 millones, que será la base del próximo quinquenio. 

Esteban ha insistido en que aunque en el acuerdo “ha estado siempre presente la agenda vasca”, ha tenido como prioridad “el ámbito económico y buscar la estabilidad que todavía no existe”.  

Entre lo pactado el portavoz del PNV, aunque no ha detallado cuantías, ha destacado la rebaja de la tarifa eléctrica para la industria, “un aspecto que beneficia a todas las empresas”; el acuerdo del cronograma completo de la Y vasca (unión ferroviaria de las tres capitales vascas), que “forma parte del eje atlántico y es fundamental para unir con Francia al occidente ibérico”; conexiones ferroviarias con algunos aeropuertos vascos,  y el “entendimiento y coordinación en política de seguridad”, mediante el intercambio de información y el “desbloqueo” de las convocatorias para mantener las plantillas de la policía autónoma vasca.

El portavoz del PNV ha asegurado que no hay en el acuerdo nada relacionado con “la política penitenciaria”, como se había publicado en algún medio.

“Ningún escenario es descartable” para negociar los presupuestos de 2017 para la Comunidad Autónoma afirmó el portavoz Nacho Hernando, tras ser preguntado si “baraja” la posibilidad de llegar a algún acuerdo con el Partido Popular para los presupuestos de la región. Las cuentas regionales, apuntó el portavoz, son una decisión que “más vale” sea buena y rápida y que debe ser tomada cuando se consensúe la hoja de ruta “desde el primero hasta el último” de los colectivos que han solicitado hablar con el Gobierno.

Son más de 200 los agentes sociales que han pedido sentarse con la Junta de Comunidades y hasta que estas reuniones no acaben, no se seguirá negociando, a pesar de que estos mismos colectivos, como CCOO y UGT, han pedido al Gobierno que se sienten “ya” a negociar. “Es una cuestión de respeto, porque algunos quieren una respuesta pero todos son igual de importantes. No vamos a hacer un ranking de importancia”, señaló. La Junta ya ha mantenido reuniones con la ONGD, que criticaron que la falta de presupuestos ralentizaría las ayudas al desarrollo, el Consejo Regional de Cámaras, o los orientadores laborales, entre otros.

Independiente de la asamblea ciudadana de Podemos

Hernando también ha querido dejar claro que el proceso puede extenderse más allá de mayo, ya que no quieren que “ningún proceso interno pueda intoxicar” la situación de la región. “El calendario de cualquier formación no puede afectar a la Comunidad Autónoma, lo que decidan los pocos inscritos no pueden estar por encima de los miles de votos de Castilla-La Mancha”, afirmó.

En este sentido, calificó de “insulto a la democracia” que unas primarias puedan condicionar los presupuestos, y ha señalado que es “antidemocrático” que se tome “como rehén” al conjunto de la sociedad regional. Por eso, ha afirmado que “no hay fijación” por parte del Gobierno en el mes de mayo, porque el calendario de Podemos “no condiciona” el suyo y la hoja de ruta del Gobierno es “independiente”.

IU teme que la Junta se apoye en el PP

Desde Izquierda Unida han señalado que unos presupuestos apoyados por el PP serían “más regresivos, más austeros, que ahondarían en la miseria de los castellano-manchegos”. El coordinador regional de la formación, Juan Ramón Crespo, ha advertido de que “temen” que el Gobierno regional busque apoyarse en el Partido Popular para sacar adelante las cuentas.

Crespo ha denunciado que “tan solo han visto a los miembros del Gobierno regional quejarse de lo perjudicial que resulta esta parálisis, pero sin embargo no han visto ningún gesto dirigido a consensuar esos presupuestos”. En este sentido, ha señalado que “todo el esfuerzo” del PSOE ha ido dirigido a desprestigiar a Podemos, “pero no hemos visto ningún gesto de hacer una propuesta que tengan el apoyo de la mayoría de las Cortes regionales”.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha explicado este miércoles a la hora de defender el proyecto de Presupuestos General del Estado de 2017 que la “prioridad a la reducción del déficit público y reducir la deuda pública” a la vez que “incrementar el gasto social”. “Venimos de una crisis por una borrachera de gasto público y algunos ya quieren irse de copas”, ha remachado. Montoro ha asumido que no es fácil aunar ambas cuestiones pero se ha refugiado en el incremento de los ingresos tributarios.

Como unos “presupuestos de transición”, con “una vida útil de seis meses”, pero también “importantes porque permitirán alcanzar objetivos de déficit que permitirán a España salir del proceso de déficit excesivo de la UE” y como una herramienta para mantener la política económica seguida por el PP desde la pasada legislatura. “Mantener el rumbo, no significa dar bandazos en la política económica. El Norte es el empleo, ese es el gran objetivo que nos marcamos hace cinco años, es el objetivo prioritario, estamos avanzando con firmeza en este objetivo”, ha comentado el ministro.

“No me importaría perder este debate si estuviera seguro de que lo que domina en esta Cámara es la filosofía económica que inspira este proyecto de ley de Presupuestos”, ha añadido el ministro.

Montoro ha señalado desde el principio que “el Gobierno no se la juega con estos presupuestos”, del que “buena parte del rechazo está relacionado con cuestiones políticas ajenas al proyecto”. Sin embargo, ha hecho un llamamiento específico al PSOE, que tras el acuerdo del techo de gasto junto al PP y Ciudadanos, conforma una “mayoría más amplia como para representar a 17 millones de votantes, una mayoría con intereses políticos diferentes pero que cree en Europa y en el euro, que cree en la estabilidad presupuestaria, una mayoría que suman 17 millones de ciudadanos. Quiero apelar a esa mayoría, es responsabilidad de los grupos políticos atender a las necesidades de los ciudadanos, dar prioridad a los objetivos comunes. La negociación tiene que continuar a partir de la votación de mañana, hay que darle continuidad, insistiendo en lo que nos une”.

Previamente, el titular de la cartera de Hacienda ha celebrado los acuerdos ya cerrados con Ciudadanos, ha agradecido “la disposición del PNV, con el que hemos llevado a delante negociaciones, y atendido materias pendientes como las liquidaciones del cupo vasco, que no se había renovado desde hace seis años”. También ha alabado el “diálogo franco y sincero con Coalición Canaria”, que permitirá “desarrollar las Islas Canarias, una de las zonas más golpeadas por la crisis” y los acuerdos con Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias.

Con su habitual sorna ha atacado a los Ejecutivos autonómicos que han manifestado que se sienten maltratados por las inversiones del Estado. “¿Ha llegado el momento de quitarse el corsé de la austeridad? A la posibilidad de gastar más hay que gastar mejor, con claras prioridades. Cuando nos reclaman desde algunos Gobiernos autonómicos más inversiones habría que explicar donde quieren reducir en gasto social”

Según el ministro las inversiones del Estado están “en protección social, en las pensiones, en la dependencia, en la Sanidad y en la Educación. ¿Quién puede decir que unos presupuestos con este componente social que maltrata a un territorio?”.

De todas maneras, Montoro ha recordado que el Ejecutivo “está diseñando un nuevo modelo de financiación autonómica” como fórmula para compensar la inversión en las autonomías: Los presupuestos de 2017 programan un incremento de la financiación de 5.400 millones de euros, el 0,5 % del PIB.

Aunque el ministro ha asegurado que “la inversión pública está volviendo pero tiene que ir por fases, hay que rebajar el déficit público. Los ingresos dan para lo que dan”, ha lanzado una retahila de cifras en política social comparándolas con los datos de 2011, con el último Gobierno del PSOE.

Montoro ha destacado que “el gasto público ha bajado en 18.000 millones” desde 2011 pero el gasto social ha pasado de 296.000 millones a 300.000 millones en estos presupuestos, “el más alto de la historia de España y la previsión es que sigamos subiendo”. Del montante de gasto público, el 64% es social, según Montoro, que ha recalcado que “cuando el PP llegó al poder en 2011 era del 60%”. También ha reseñado que el gasto en pensiones “ha subido en 30.000 millones de euros, de 110.000 millones a 140.000 millones”.

Con el objetivo de cerrar este año superando “la creación de 500.000 puestos de trabajo”, Montoro ha sacado pecho con las cifras de empleo: “En 2015 creábamos 31.000 afiliados cada mes” frente a los 45.800 afiliados que se crean ahora cada mes, hasta los 17,8 millones que hay en la actualidad“, según Montoro. El ministro ha destacado que de los 870.000 afiliados más que hay en nuestro país desde el último debate de presupuestos hace 20 meses, ”el 58% son mujeres“.

“Nuestro crecimiento económico es compatible con una capacidad de financiación del 2% frente al resto del mundo, lo que supone un superávit de balanza por cuenta corriente que nos señala que es un crecimiento económico muy competitivo. Las crisis económica que ha vivido siempre España son de sector exterior, de balanza de pagos”, ha comentado.

El ministro ha reiterado que hay que “reducir el nivel de la deuda publica ya que el sector privado ha hecho ese gran esfuerzo. Bienvenidos a los nuevos partidos si este es el objetivo”, ha remarcado el ministro concierta socarronería. “Reducir el déficit de las Administraciones Públicas al 3,1% en el presente ejercicio. No es una obligación es lo que nos conviene hacer. Cuando más reduzcamos nuestro endeudamiento más proyección daremos a nuestro crecimiento económico. Nuestro compromiso no es solo con la Unión Europea, sino con los españoles”.

Empate a 175

El Gobierno se enfrenta a la mitad exacta del Congreso, pues el número de diputados que respaldan el veto a sus Presupuestos es 175, a un sólo voto de la mayoría absoluta que supondría el fin de su tramitación parlamentaria.

Siete grupos han registrado enmiendas a la totalidad: PSOE, Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Esquerra Republicana, el PDeCAT, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias. Todas ellas se votarán conjuntamente, ya que todas piden lo mismo: devolver los Presupuestos al Gobierno.

Para superar el primer examen, el Gobierno necesitará al menos el respaldo de la otra mitad de la Cámara, los otros 175 diputados, pues en caso de empate volvería a celebrarse una segunda votación y, de repetirse, quedarían rechazadas las enmiendas a la totalidad y el proyecto podría seguir su curso.