El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado a la dirección del Partido Popular, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, de estar detrás de un “ataque brutal, calumnioso y miserable” contra la formación, según recoge una carta remitida a afiliados y simpatizantes en la que sostiene que existe una “maquinaria mediática” impulsada desde el entorno del líder 'popular'.

En la misiva, el partido de Santiago Abascal ha defendido que las informaciones publicadas recientemente sobre las “supuestas irregularidades” de la formación, responden a una estrategia para frenar su crecimiento político tras los resultados obtenidos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Asimismo, Vox asegura que está preparando “las correspondientes demandas y querellas” frente a lo que considera “insidias repetidas y aumentadas por algunos medios”, especialmente --según señala-- los “más vinculados a Ferraz y Génova”, y sostiene que sus cuentas son “tan cristalinas” que no se ha podido “montar ningún caso” contra el partido.

La carta subraya además que el origen del “ataque” procede de la actual dirección del PP y señala expresamente, junto a Feijóo, a su asesora Mar Sánchez y al secretario general del partido, Miguel Tellado, a quienes atribuye haber “puesto en marcha la maquinaria mediática contra el tercer partido de España”.

No obstante, Vox afirma que “la mayoría de los 'barones' del PP no han participado en esa estrategia” y defiende que con algunos dirigentes territoriales sigue siendo posible alcanzar acuerdos sobre medidas concretas.

Según expone el partido en la carta, uno de los objetivos de ese supuesto ataque sería impedir que la formación pueda centrar su discurso en cuestiones como “los olivos arrancados, la vivienda inaccesible, la sanidad colapsada, los impuestos abusivos y la corrupción”, así como en la inmigración, asunto que considera prioritario en su agenda política.

Además, Vox sostiene que esta situación está beneficiando políticamente al presidente del Gobierno y advierte de que España “no puede permitirse otra legislatura” encabezada por Sánchez.

Por último, la formación llama a sus afiliados y simpatizantes a “salir a la calle y a las redes” para alentar a la convocatoria de elecciones “lo antes posible”.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha cargado este jueves contra la dirección nacional del partido tras su expulsión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), una salida que ve “injustificada” con un expediente rodeado de “filtraciones interesadas, mentiras y manipulaciones”. En una publicación en la red social 'X', Ortega Smith ha afirmado que no puede aceptar que “los cuatro que han secuestrado un proyecto político al servicio de los españoles, convirtiéndolo en su gallina de los huevos de oro, vayan dando lecciones”.

El aún portavoz de Voz en Cibeles ha difundido en la misma red social la carta remitida a los miembros del CEN, una misiva que, según ha apuntado, “nunca tuvo respuesta”. “Aquellos que siempre hemos sumado nunca vamos a bajar la cabeza”, ha añadido en su mensaje. Asimismo, ha lanzado un mensaje directo al secretario general del partido, Ignacio Garriga, al que ha instado a que su “próxima filtración” sea el “modelo 347”, en referencia a la necesidad de transparencia en las cuentas, una reivindicación que ya planteó anteriormente Macarena Olona.

En la carta, Ortega sostiene que su expulsión se produjo tras la remisión de un informe basado en correos enviados a una cuenta que asegura no utilizar desde que fue cesado como secretario general. Critica además que la decisión se adoptara “en tromba en menos de dos minutos” sin que, a su juicio, los miembros del órgano hubieran analizado la documentación. El portavoz municipal denuncia en su escrito que el CEN ha dejado de ser un espacio de “debate y reflexión” para convertirse en un órgano “meramente decorativo” que ratifica decisiones “que otros han tomado previamente”, y atribuye su situación a una estrategia para apartar a quienes tienen “notoriedad pública” y cuestionan “las incoherencias actuales”.

Entre los motivos recogidos en el expediente, Ortega Smith menciona reproches por su actividad política. También alude a críticas por declaraciones sobre su cese como portavoz adjunto en el Congreso. El dirigente de Vox asegura que estas actuaciones forman parte de su labor política y denuncia haber sufrido un “boicot” interno y falta de apoyo por parte de la organización, además de acusaciones que considera “delirantes”, como una supuesta colaboración con el Partido Popular, que niega tajantemente.

Amenaza de ir a los tribunales

Ortega Smith presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el CEN y el Comité de Garantías por una presunta filtración de su expediente disciplinario, que considera que vulnera la confidencialidad del procedimiento. En una entrevista en 'Onda Madrid', afirmó que desde la dirección del partido se le pidió que dimitiera como portavoz municipal “como si hubiese hecho algo malo” y ha advertido de que, si no prosperan los recursos internos, acudirá a los tribunales para defender sus derechos.

El edil sostiene que el procedimiento seguido en su contra es “absolutamente arbitrario” y carece de garantías, al tiempo que cuestiona la independencia del Comité de Garantías por estar, según denuncia, integrado por personas designadas por la dirección nacional. En la carta difundida este jueves, Ortega Smith ha asegurado que continuará como afiliado y como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, defendiendo sus posiciones “en la calle, en los medios, en los tribunales y en las instituciones”.

“Deseo de que los miembros del Comité Ejecutivo Nacional defiendan, con valentía y verdad, los principios por los que se fundó este partido, sin dejarse condicionar por los intereses personales de nadie ni mucho menos por aquellos que son ajenos al partido. Por mi parte, seguiré como afiliado, concejal Portavoz del Ayuntamiento de Madrid y diputado nacional, defendiendo a esa España silenciada por los partidos políticos que viven del sistema; y lo seguiré haciendo en la calle, en los medios, en los tribunales y en las instituciones, como siempre”, concluye el escrito.

Vox y el PP comienzan esta semana un nuevo formato para negociar la conformación de gobiernos de coalición en Extremadura y Aragón consistente en primero acordar medidas “concretas, claras y conocidas”, un programa de gobierno, y después ocuparse de puestos. El objetivo es vencer “el clima de desconfianza” entre ambos partidos que se ha instalado en las conversaciones.

“En los próximos días se va a hablar en Aragón y Extremadura”, ha explicado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en rueda de prensa, donde ha detallado que las conversaciones que tendrán lugar esta semana en Extremadura y Aragón ya se producirán bajo este nuevo marco negociador. Fuentes de Vox citadas por Europa Press matizan que han determinado la nueva estrategia para conversar con la dirección nacional del PP.

Garriga ha detallado que las conversaciones se pilotarán ahora en dos fases. “La primera, que llevará el tiempo que sea necesario y es primordial, llegar a un acuerdo detallado. E insisto en detallado, no valen las grandes proclamas”, ha dicho, antes de concretar que en esa fase deberán pactarse “medidas concretas, ideas y plan de gobierno”. Según ha explicado, esa primera fase “va a comportar cesiones de ambos lados con el objetivo común de que lo acordado sea claro y conocido”.

“La siguiente fase será la que por desgracia se lee demasiado en los medios: que si esta consejería y quién lo va a ejercer”, ha añadido Garriga, que pese a sus palabras ha dejado claro que Vox no va a renunciar a puestos en los gobiernos. “No queremos hablar de ningún nombre, ninguna consejería, todo lo que van a leer serán mentiras. Ahora estamos en plasmar las ideas que queremos impulsar desde esos gobiernos que tienen que salir tras un pleno de investidura. Estamos centrados en el programa de gobierno. No vamos a hablar ni de puestos ni responsabilidades. Primero el qué y luego veremos quién va a hacer ese qué y con qué garantías vamos a corroborar que eso se va a llevar a cabo”, ha zanjado.

“Nuestro deber es recoger esa voluntad de los españoles y trabajar sin descanso para determinar un acuerdo de gobierno que cambie el rumbo de los extremeños en este caso y de los aragoneses”, ha concluido.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha avisado hoy al PP de que, en el próximo ciclo electoral autonómico, su partido tensará al máximo las negociaciones para imponer su programa sin miedo a que se tengan que repetir las elecciones si los candidatos populares no lo asumen.

“A nuestros votantes les decimos que no les vamos a traicionar, vamos a tensar todo lo que haga falta las negociaciones para defender sus intereses y no nos va a temblar el pulso”, ha dicho en declaraciones a periodistas en Villamayor (Salamanca) preguntado por los eventuales pactos poselectorales.

Y ha agregado: “Si (los candidatos del PP) no están dispuestos a defender los intereses por los cuales nos han votado los castellano y leoneses, los extremeños, los aragoneses o quienes en el momento determinado nos voten, pues se tendrán que repetir las elecciones”.

Garriga ha subrayado que a su partido no le van a temblar las piernas y que a partir de ahí cada candidato del PP “ya sabe a lo que se enfrentará el día 2 de las elecciones”.

Preguntado por si el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, puede contemplar que Vox vuelva a apoyarle si lo necesita tras las próximas elecciones previstas para marzo, Garriga ha evitado concretar y ha dicho que Vox “no ha venido a ser el coche escoba de unos” y quiere ser alternativa para “cambiarlo todo”.

“Quien quiera aspirar a la presidencia de la Junta de Castilla León, pues tendrá que reducir subvenciones a los sindicatos, garantizar la seguridad, combatir la inmigración ilegal, poner la prioridad nacional como eje de la política regional, defender a la familia, bajar impuestos”, ha ennumerado.

Garriga ha señalado que Mañueco no tiene presupuestos “porque no ha querido negociar con Vox” y, por ejemplo, reducir las subvenciones a los sindicatos y recortar los fondos para la cooperación internacional.

Pocos avances de momento en los primeros contactos que ha habido entre Vox y el PP para llegar a un acuerdo que posibilite que el partido de extrema derecha vote a un diputado de los populares para suceder a Carlos Mazón tras el anuncio de su dimisión por su gestión de la dana.

Así lo ha dejado entrever este domingo el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, una de las personas designadas por el líder de la formación, Santiago Abascal, para negociar el acuerdo, junto a la vicesecretaria nacional de acción de gobierno, Montserrat Lluis. Por su parte, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado en Sevilla durante la calusura del congreso del PP andaluz que “todo saldrá bien”.

Tras la primera toma de contacto telefónica que mantuvieron el pasado martes 4 de noviembre Feijóo y Abascal, tan solo ha trascendido una única reunión entre ambas partes, avanzada por elDiario.es, que se produjo el viernes 7 de noviembre en València.

Pese a que diferentes fuentes y medios hablan de un acuerdo cercano a falta de concretar las medidas referidas a los menores migrantes no acompañados a los que Vox quiere deportar, lo cierto es que Garriga ha asegurado que el PP aún no les ha comunicado quién es su candidato a suceder de Mazón, un aspecto que consideran clave para avanzar en las conversaciones. Con todo, en política muchas veces lo que se afirma públicamente no tiene mucho que ver con lo que sucede realmente tras los focos y en este sentido ambos partidos quieren discreción.

Garriga, ha asegurado que su formación no quiere participar en un “circo mediático” y que, por ello, negociará “con discreción” con el PP en la Comunitat Valenciana, tras presentar Carlos Mazón su dimisión como presidente de esta autonomía.

En declaraciones a los periodistas antes del acto 'Primero nuestros vecinos' organizado por esta formación en Mataró (Barcelona), Garriga ha reclamado al PP que elija quién será su candidato a sustituir a Mazón para que Vox pueda hablar con este sobre “las estrategias políticas que permitan avanzar en la recuperación de Valencia”.

Ha dicho entender la “inquietud” y el “interés mediático” sobre esta cuestión, pero ha añadido que Vox se guiará por el principio de “prudencia” y no por la “presión mediática”.

El secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha asegurado en un acto en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que la formación está sufriendo “una persecución sin precedentes por parte de los que quieren que desaparezca”. Se refiere a la polémica y las dudas entre críticos y algunos militantes sobre los traspasos millonarios tras la publicación en elDiario.es del global de las sumas que se estaban transfiriendo de sus cuentas a Disenso, el lobby que preside Santiago Abascal para financiar publicaciones, charlas y encuentros con otros líderes de extrema derecha. Esta misma semana más exdirigentes han acusado a la cúpula de exigirles desviar dinero a la fundación.

“Los ataques seguirán e incluso los que quieren que Vox desaparezcan utilizarán a compañeros nuestros, como ya hemos sufrido, para mentir, para manipular y para intoxicar”, ha asegurado Garriga. Según el líder de la formación de ultraderecha en Catalunya, “muchos se creían, incluso algunos se creen, que iban a controlar este partido, que iban a decidir quién tenía que ser el presidente, que iban a decir dónde íbamos a gobernar, que iban a decidir con qué medias íbamos a gobernar”.

“Se han equivocado”, ha dicho, porque, ha seguido, Vox no es “como el resto de partidos”. “Nosotros no hemos venido a la lucha sucia para conquistar el poder por el poder, por eso no entendían que saliéramos de los gobiernos autonómicos porque a nosotros nos mueven las convicciones, no nos mueven los sillones”, ha sostenido.

Garriga también ha explicado que muchos tampoco entienden “la honestidad de nuestras convicciones”. “Por eso seguro que algunos habréis oído: deberíais moderar el tono, a veces sois muy radicales, que esto la gente no lo entenderá. ¿Pero de qué sirve ganar votos si traicionamos a nuestros principios y a nuestros votantes? Vox no utiliza a los españoles como mercancía electoral. Venimos a defender principios, a reconquistarlo todo y a mejorar absolutamente todo”, ha afirmado.

Hace solo dos días, tres excargos del partido de extrema derecha acusaron a la cúpula de exigirles desviar “ingentes cantidades” de dinero público a la fundación privada Disenso. Fueron la exportavoz de Vox de Balears y otros dos diputados los que denunciaron públicamente las presiones a las que aseguran haber sido sometidos.

Según publicó elDiario.es, Vox no ha cerrado el grifo a Disenso a pesar de los problemas de liquidez derivados de la caída de cuotas y de la subvención pública que recibe, que es proporcional al número de escaños que obtiene. En 2023, recibió un total de 2,5 millones, dinero que proviene en su origen tanto del Estado, como de los cargos de la formación, así como de empresas, simpatizantes y militantes que pagan cuotas.

Al año siguiente, en 2024, la fundación recibió algo menos de dinero desde Vox, según sus cuentas: dos millones. Desde enero de este 2025 le ha adelantado un millón de euros, una cantidad que podría aumentar en los próximos meses, si sigue la dinámica de los últimos años, y cuya cifra final se conocerá al cierre del ejercicio. A finales de 2024, el PSOE denunció a Vox por financiación ilegal por un préstamo de un banco húngaro y la venta de merchandising. Anticorrupción decidió abrir una investigación al partido, que finalmente decidió archivar el pasado mes de junio debido a que el Tribunal de Cuentas ya sancionó al partido por las donaciones irregulares con 862.000 euros en abril.

Disenso es una fundación creada en 2020 por Abascal y con el liderazgo en la sombra de su gurú Kiko Méndez Monasterio. A efectos prácticos, el dinero que entra desde Vox se utiliza para publicar artículos en La Gaceta y hacer promoción de las ideas de ultraderecha en España pero también fuera. De hecho, es el instrumento que ha servido al líder del partido para organizar eventos, charlas y compartir proyectos con líderes de ultraderecha como Milei o Bolsonaro, a través del llamado Foro Madrid.

Los críticos con estas prácticas de traspasos, como en su día Macarena Olona, que fue quien puso el foco en Disenso, alertaban incluso de movimientos opacos. Por ejemplo, gran parte de ese dinero transferido del partido a la fundación va a salarios de Disenso y a pagar a proveedores, empresas que les prestan servicio y de las que no hay información pública. Aunque cuelga todas las cuentas en su web como es preceptivo para las fundaciones, aún no ha hecho públicas las de 2024.

La Fiscalía Superior de Catalunya ha archivado la denuncia por malversación contra el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, al no ver indicios de que los pagos personales que efectuó con la tarjeta de crédito del Parlament fueran irregulares.

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha archivado la denuncia que presentó la exdiputada de Vox en el Parlament Isabel Lázaro contra el también líder del partido en Catalunya, al que acusaba de pagar con las tarjetas de la institución sus gastos personales, informa Europa Press.

Un informe del Parlament acreditó que Garriga pasó gastos personales por un valor de más de 39.000 euros a la cuenta de del partido ultra en la cámara entre 2021 y 2022, si bien el fiscal concluye que la normativa de esos años de la Cámara no los prohibía, por lo que no pueden suponer un delito de malversación.

Los fondos provenían de la asignación anual que, sumada a las nóminas, el Parlament otorga a los grupos parlamentarios para cubrir gastos de funcionamiento (material o actividades políticas). Entre los gastos figuraron la cuota de la AMPA de sus hijos, servicios de peluquería o tickets de comida a domicilio de la aplicación Glovo.

Sin embargo, la Fiscalía descarta que esos gastos supongan un delito malversación ya que la normativa de aquel momento del Parlament los permitía. Además, el Ministerio Público subraya que los pagos fueron “puestos en debido conocimiento de los órganos de fiscalización” de la Cámara catalana.

Recuerda el fiscal que la Oïdora de Comptes del Parlament, encargada de fiscalizar los gastos de la Cámara, recomendó el año pasado cambiar la normativa de subvenciones de los grupos tras analizar los gastos de Vox para que el dinero de la subvención no se destinara a “remuneraciones o servicios profesionales” de los diputados del mismo grupo. Pero como hasta entonces se permitía, agrega el fiscal, los gastos de Garriga no pueden suponer un delito de malversación.

Para la Fiscalía, la denuncia de la exdiputada se queda en “meras sospechas”, ya que no detalla “indicio alguno” de que los gastos “pudieran ser ajenos a los fines propios del grupo parlamentario y, en consecuencia, irregulares”.

En un apunte en X, Garriga ha celebrado la decisión del fiscal: “Muchos meses de calumnias y de ataque a mi honorabilidad con la finalidad de dañar a Vox, pero la verdad acaba triunfando. Este es uno de los muchos ataques sufridos y parte de los que vendrán ¡No daremos ni un paso atrás!”.

El PP ha pasado en menos de 24 horas de asegurar que el preacuerdo presupuestario con Vox anunciado el lunes por Carlos Mazón “abre la puerta” a extender el pacto a otras autonomías que todavía no han aprobado sus cuentas para 2025, a circunscribirlo únicamente a la Comunitat Valenciana por la “excepcionalidad” que supone la DANA del 29 de octubre. Un frenazo provocado por el ímpetu de Vox tras ver cómo el PP ha asumido algunas de sus posiciones políticas más radicales. Este martes, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, consideraba “evidente” la compra de su discurso por parte del PP, y daba casi por hecho pactos similares, ya que “el trabajo interno” de los proyectos presupuestarios “está hecho”.

El acuerdo presupuestario para la Comunitat Valenciana está sustentado no solo en los números pactados entre Mazón y la dirección estatal de Vox, sino también, y quizá más importante para el partido ultra, en la declaración institucional que leyó el presidente valenciano este mismo lunes. En su discurso, el 'president' abrazó los argumentos de Abascal contra la inmigración y contra el “dogmatismo climático”.

Mazón hizo un llamamiento expreso a combatir el Pacto Verde Europeo, promovido por Ursula von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea y miembro del PP Europeo) y asumido por los populares españoles, que votaron a favor. Además, Mazón vinculó algunos actos delictivos cometidos tras la DANA con la inmigración ilegal.

“Esa es la dirección correcta: enfrentarse sin complejos al Pacto Verde y a las políticas que favorecen la inmigración ilegal. Las dos cuestiones tuvieron que ver con la tragedia de la DANA en sus causas y en la amplificación de las consecuencias por el pillaje”, dijo Mazón. El presidente valenciano prometió publicar “la nacionalidad” de “los detenidos” en esos supuestos actos de pillaje posteriores a las riadas.

En la dirección del PP no dieron muestra el lunes de estar preocupados por el discurso de Mazón. De hecho, el portavoz nacional, Borja Sémper, intentó defender ante los periodistas que lo dicho por el presidente valenciano tras pactarlo con Vox ya lo había dicho anteriormente su líder, Alberto Núñez Feijóo, quien había hecho algunas apelaciones a reducir la burocracia y a no poner en riesgo la “competitividad” por anteponer el ecologismo.

Sémper incluso trató de sostener que Von der Leyen también ha renunciado a dicho Pacto Verde. Pero este mismo lunes una portavoz de la Comisión Europea ya dijo que la presidenta apoya el pacto que ella misma promovió. “La presidenta ha sido muy clara: mantenemos el rumbo del Pacto Verde Europeo”, respondió en una rueda de prensa a preguntas de elDiario.es.

Desde de la dirección del PP aseguraron el mismo lunes expresamente que el acuerdo valenciano “abre la puerta a otros pactos en otras comunidades”. Sobre la declaración leída por Mazón, las mismas fuentes zanjaron: “Si esto es lo que van a plantear en otros territorios, esto nos vale”.

Vox aprieta

Por la tarde, Santiago Abascal salió a su tribuna habitual, su cuenta de Twitter, para cosechar lo sembrado. “Qué alegría me das, Alberto”, ironizó sobre el respaldo de la dirección del PP al acuerdo en la Comunidad Valenciana. Y siguió: “Entiendo entonces que ahora renunciaréis al Pacto Verde y al Pacto Migratorio que habéis votado y defendido todo este tiempo. (...) A no ser que pretendáis sorber y soplar al mismo tiempo… porque los votantes se acabarán dando cuenta de que los tomáis por idiotas”.

Los dirigentes de Vox usaron el acuerdo valenciano y la reacción de Génova para apretar aún más con sus reclamaciones. El eurodiputado Jorge Buxadé recordó, también en la red social de Elon Musk, el “voto de la ignominia” del PP a favor del Pacto Verde. “Rectificad. Pedid perdón”, zanjó.

En la mañana del martes la presión se mantuvo. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, aseguró en una entrevista en RNE que le pidieron “a Mazón el compromiso de acabar con políticas como el Pacto Verde Europeo o las que fomentaban la inmigración ilegal”. “Y así lo hizo”, añadió.

El también líder de Vox en Catalunya dijo que es “evidente” que Mazón ha comprado su discurso, y presumió de que el PP asuma ahora lo que Vox “lleva diciendo desde su fundación”. “Si el PP está dispuesto” a asumirlo en otras comunidades, zanjó, Vox estará “en la mesa de negociación” donde sean necesarios “para sacar presupuestos”.

El remate lo puso después la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, quien aseguró en una rueda de prensa en el Congreso que su partido mantiene contactos con los dirigentes del PP regionales porque están “muy interesados en que las cuentas salgan adelante por el bien de la ciudadanía”. Millán rebajó un poco las prisas mostradas el lunes por la dirección nacional del PP y aseguró que el acuerdo del País Valencià implica un pacto “a nivel nacional”. Después lamentó que “haya un PP diferente en cada sitio”.

Azcón quiere marcar los tiempos

“El PP se tiene que aclarar, pero no sabemos hasta qué punto habrá un cambio. Hasta ahora solo sorben y soplan la paja a la vez”, concluyó Millán. Las comunidades del PP pendiente de presupuestos, solventada ya la cuestión valenciana, son cinco: Aragón, Murcia, Baleares, Extremadura y Castilla y León. Pero en Génova reconocen que solo las dos primeras están en disposición de cerrar un acuerdo.

Y este martes visitó Zaragoza la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien recogió hilo sobre lo dicho el día anterior. Gamarra dijo que los presupuestos de Mazón son “los presupuestos de la reconstrucción”, una palabra que había desaparecido del discurso del PP cuando Feijóo decidió soltar lastre con Mazón.

Gamarra justificó el acuerdo en que “la Comunidad Valenciana está afrontando una situación excepcional”, en referencia a la DANA. Y sostuvo que “la situación del resto de las comunidades es distinta”. La 'número dos' orgánica de Feijóo insistió en que “la necesidad de un presupuesto para la reconstrucción y para agilizar las inversiones y recuperar la normalidad material y humana de todos los valencianos hace que los presupuestos de esa comunidad tengan que ser vistos desde una situación excepcional”.

Ante la aparente contradicción, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, optó en su propia rueda de prensa este martes por no entrar al fondo y secundar a Gamarra. “Comprenderá que yo ratifico todas las palabras que han dicho la secretaria general de mi partido. Así que coincidencia absoluta”, zanjó.

Fuentes de la dirección del PP consultadas por elDiario.es aseguran que “no hay contradicción alguna” y que “la situación diferente en la Comunidad Valenciana” para nada “implica que en el resto de autonomías cerremos la puerta algún acuerdo de presupuestos”. “No hay ninguna incompatibilidad”, zanjan las mismas fuentes.

Pero junto a Gamarra compareció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien reclamó tiempo para su propia negociación y trató de separarse de la euforia valenciana. “En Aragón la situación es distinta”, dijo, porque en la Comunitat Valenciana “necesitan un presupuesto de reconstrucción”. “Tenemos nuestros tiempos y nuestros criterios”, aseguró el presidente, que quiso desligar su negociación de lo firmado, y declamado, por Mazón.

Fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas por elDiario.es reconocen que “las declaraciones de Garriga” sobre las intenciones de Vox son “muy elocuentes”. “Lo importante es tener un buen presupuesto. No hay que correr”, concluyen las mismas fuentes, que no descartan un futuro entendimiento con Vox, tal y como el lunes apuntaron desde la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo.

Vox ha despejado el camino para apoyar en Valencia los presupuestos regionales de Carlos Mazón, pese a que el partido reconoce que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha gestionado pésimamente la DANA. “Vamos a desbloquear la mesa de negociación de los presupuestos y vamos a ir al rescate de los valencianos, que es lo que más nos importa”, ha afirmado este lunes en rueda de prensa el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que ha sido el encargado de desvelar las duras exigencias que va a poner la formación de extrema derecha encima de la mesa para apoyar las cuentas regionales y salvar a Mazón del complicado momento por el que atraviesa.

Y una de esas exigencias va a estar centrada en la inmigración y en no aceptar en la Comunidad Valenciana el reparto de menores no acompañados. También en la “eliminación de cualquier tipo de subvención a cualquier organización no gubernamental que destina el dinero de los valencianos a inmigrantes ilegales” y en buscar “una fórmula para incorporar una serie de pruebas científicas para demostrar que aquellos que dicen que son menores, no lo son ” y, por lo tanto, “deben retornar con sus padres y con sus familias a sus lugares de origen”. Junto a esto Garriga ha adelantado que no consentirán que se destine “ni un solo euro a chorradas ideológicas” por lo que se tendrán que eliminar también todas las partidas que tenga que ver con la Agenda 2030 y el Pacto Verde cerrado en Bruselas. Además, ha anunciado que se impulsará la Ley de Concordia y “se suprimirá el dinero para las mamarrachadas de la ley de memoria histórica”. Igualmente se tendrán que “revisar todas las ayudas y subvenciones a sindicatos y a todos los chiringuitos ideológicos” así como “el gasto público en organismo de la administración” porque es “un dinero mal destinado” que tiene que ir a ayudar a la reconstrucción de Valencia. Otra de las medidas que plantearán al PP se centra en “recortar” las partidas para el fomento de la lengua valenciana. “Vamos a lanzar a la papelera de la historia la basura ideológica que han propiciado PP y PSOE”, ha resumido Garriga.

El desbloqueo de las negociaciones con el PP ha sido posible después de que presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, haya reconocido públicamente que se entrega por completo al discurso de Vox para salvarse. El jefe del Consell, asediado política y judicialmente por su gestión de la DANA, para poder seguir en el cargo, no ha tenido reparos en asumir los postulados de la ultraderecha tanto en la política migratoria como contra las medidas climáticas que contiene el llamado Pacto Verde.

“Nos alegramos mucho de que Mazón reconozca que Vox tenía razón. Sus declaraciones van en la dirección correcta”, ha señalado Garriga en consonancia con lo expresado pocas horas antes en su perfil de X por Santiago Abascal.  “Vamos a actuar con responsabilidad en la mesa [de negociación] para reconstruir Valencia juntos y demostrar que cuando hay voluntad se puede cambiar el rumbo de las tonterías de las políticas del PP y PSOE”, ha sentenciado el secretario general de Vox, que ha vuelto a vincular la inmigración con la inseguridad en las calles, alertando de las consecuencias. “Hay que dejar de fomentan la inmigración ilegal masiva y descontrolada que genera el incremento de la inseguridad en muchísimos de nuestros barrios y de nuestras ciudades, algo que Vox lleva mucho tiempo denunciando”, ha señalado, recordando los recientes acontecimiento en Salt.

Con un megáfono en la mano, el neonazi Jordi de la Fuente daba instrucciones a un grupo de xenófobos que se habían concentrado frente a un centro de menores en Masnou (Barcelona). “Hoy los echamos, vamos al centro, a por ellos” arengaba al grupo mientras los dirigía hacia el lugar, según el relato de Fiscalía. Era julio de 2019 y algunos de los manifestantes acabaron tirando piedras y agrediendo a un trabajador social al grito de “moro de mierda” y “vete tu país”.

De la Fuente (38 años) será a partir del sábado el nuevo secretario general de Solidaridad, el sindicato de Vox, tras obtener el aval del aparato del partido y consolidar un ascenso que durante años se ha hecho entre bambalinas por su pasado neonazi y por sus problemas judiciales: el Ministerio Público pide para él dos años y dos meses de cárcel por el asalto en Masnou en un juicio que está pendiente de señalarse.

Su llegada al liderazgo de Solidaridad supone un paso más en la toma de control de la estructura del partido por parte de un núcleo radical de dirigentes fogueados en Catalunya (como Ignacio y Juan Garriga o Jorge Buxadé) que ya no esconden sus simpatías por el régimen de Vladímir Putin. 

Su ascenso coincide, además, con el acercamiento del partido ultra a posturas cada vez más prorrusas después de haber obtenido financiación de la órbita de Viktor Orbán, el primer ministro húngaro y principal valedor de las posturas de Moscú en la Unión Europea. 

Este mismo lunes, la mayoría de dirigentes han salido en tromba a criticar el veto la Oficina Electoral Central de Rumanía a la candidatura del líder prorruso Călin Georgescu.

Exdirigente del partido neonazi MSR y exsecretario de organización de la formación xenófoba PxC (uno de los principales viveros de las listas de Vox en Catalunya, según documentó elDiario.es), De la Fuente se afilió al partido de Abascal en 2019 y desde entonces se convirtió en uno de los escuderos más leales de Ignacio Garriga, líder en Catalunya y actual ‘número dos’ a nivel nacional. 

Debido a su imputación por el asalto al centro de menores y su pasado neonazi, Vox se cuidó durante los primeros años de mostrar a De la Fuente o de otorgarle un cargo oficial en la formación. Su hemeroteca incluye actos con el librero ultra Pedro Varela, comentarios antisemitas y negacionistas del Holocausto e incluso un vídeo haciendo el saludo fascista y gritando proclamas a Mussolini durante un concierto de un grupo nacionalsocialista.

De la Fuente no tenía cargo, pero siempre estaba ahí. Participó activamente en el diseño de la campaña de las generales de noviembre de 2019 junto a Garriga, al que incluso acompañó como principal asesor al plató de TV3 durante el debate con los candidatos catalanes al Congreso. Cuando venía Abascal a Barcelona, ahí estaba también De la Fuente.

“Él era el hombre para todo”, sostiene un excargo de Vox en Catalunya. “Hacía calle en las carpas el fin de semana, acompañaba a todos lados a los Garriga [Ignacio y su primo Juan, diputado en el Parlament] o hacía la fontanería interna que necesitan todos los partidos”.

De la Fuente ejercía de vicesecretario de organización de Vox en la provincia de Barcelona, un cargo orgánico con mucho poder que sin embargo no aparecía en ningún organigrama oficial. Desde ahí, sostiene el excargo consultado, De la Fuente lideró la “purga” de todo el sector crítico con la manera en que Garriga y el eurodiputado Jorge Buxadé gestionaban el partido en Catalunya. 

“Forma parte del equipo”, se limitaban a responder desde Vox cuando se preguntaba qué cargo tenía exactamente el neonazi, hijo de padre andaluz y madre catalana y licenciado en Ciencias Políticas. El partido tampoco ha querido hacer ningún comentario este lunes.

El antiguo miembro de Vox también sostiene que De la Fuente y sus acólitos han tenido un papel relevante en la difusión de mensajes ultras en redes a través de perfiles anónimos de Twitter y de canales de Telegram en los que se han publicado habitualmente mensajes xenófobos o incluso a favor del nazismo.

A pesar de que De la Fuente cuenta desde hace más de un lustro con la máxima confianza —y amistad— de los principales líderes de Vox en Catalunya, su proceso de validación dentro de la estructura del partido se coció a fuego lento para evitar polémicas en un momento en que la formación ultra trataba de asentarse en todo el territorio. 

En las elecciones municipales de 2023 se le incluyó por primera vez en unas listas, como número dos del partido en Sant Adrià del Besòs (Barcelona). Obtuvo un puesto como concejal en el pleno y en el partido vieron el nombramiento como la oportunidad esperada para oficializar el poder que De la Fuente ya tenía: presidente de Vox en la Diputación de Barcelona, vocal del partido en la Xarxa Audiovisual Local y, desde 2023, responsable intermunicipal en la provincia de la capital catalana.

Un “caballo de Troya” del putinismo

Desde hace más de una década, incluso antes de que Vox tuviera representación parlamentaria, De la Fuente ya era considerado uno de los máximos representantes en España de la ultraderecha prorrusa, también conocida como nacional bolchevismo.

Fue el prologuista de la edición en castellano de dos de los libros del filósofo ultra ruso Alexander Duguin, bien conectado con el Kremlin y uno de los principales precursores del concepto de Eurasia, que defiende la reunificación de todas las repúblicas de la Unión Soviética bajo el paraguas ruso. 

De la Fuente ha definido a Duguin como “uno de sus maestros”, ha difundido sus mensajes durante años y él mismo ha formado parte del llamado Movimiento Internacional Euroasiático.

Durante la presentación en 2016 de uno de los libros de Duguin en la Casa de Rusia en Barcelona, De la Fuente defendió su papel como “caballo de Troya” del conservadurismo de Putin en los países europeos. 

“La única forma que tenemos [de expandir la visión de Rusia] es como caballos de Troya”, aseguró De la Fuente. “Espero y deseo que esta espiritualidad y visión multipolar de Rusia se contagie, pero a través de partidos, en Europa funcionamos a través de partidos políticos y es complicado hacerlo de otra forma, sería reordenar toda la democracia y sería ideal, pero es muy complicado por el momento”, añadió.

En la misma charla, De la Fuente habló también de la necesidad de romper el estereotipo de “Rusia mala” como país que va “librando guerras por el mundo”. “Putin es un estadista, todo el mundo que le tose a él o al proyecto que él encabeza está en el blanco”, dijo del presidente ruso.

Su ascenso hasta la máxima cúpula del partido implica lo que algunos críticos o excargos de Vox llevan tiempo advirtiendo: tras la purga del sector más liberalconservador (Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, Macarena Olona…) Vox ya es abiertamente un partido alineado con Vladímir Putin y los intereses de Rusia en el continente. 

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y exlíder de Vox en esta Comunidad, Juan García-Gallardo, ha reprochado este miércoles el “chantaje”, la “guerra sucia” y las “zancadillas” de la dirección de su partido y ha detallado que sus “discrepancias” con la dirección nacional “vienen de mucho más lejos”. En concreto, según ha detallado, comenzaron cuando le apartaron de las negociaciones directas con Alfonso Fernández Mañueco (PP) tras la crisis por el protocolo antiaborto.

En una entrevista en la Cadena Cope, preguntado por los motivos de su salida de los cargos de Vox, ha acusado a la dirección nacional de su partido de manipular con “información sesgada” y “medias verdades”, con críticas concretas hacia el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, a quien ha responsabilizado de un “chantaje” relacionado con la firma de la expulsión de los dos procuradores autonómicos —la burgalesa Ana Rosa Hernando y el salmantino Javier Bernardo Teira— tras haber pedido a la dirección nacional que se celebren primarias y “volver a los principios fundacionales y raíces” del partido.

García-Gallardo, en declaraciones recogidas por EFE, se ha desvinculado de las demandas de primarias y las críticas a Vox por integrarse en el grupo europeo 'Patriotas', formuladas por los procuradores expulsados, ya que asegura que no las comparte.

Sin embargo, ha reconocido que la “indicación agresiva” de Garriga para que firmara la expulsión fue “la guinda del pastel” de una serie de desencuentros con la dirección de su partido cuyo origen ha situado en enero de 2023, cuando presentó el protocolo antiaborto que finalmente no entró en vigor tras frenarlo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP).

“A partir de ese momento el partido, que luego ha ido a la guerra con el PP por otras razones que yo a nivel político comparto, decidió apartarme de las negociaciones directas para las cuestiones más relevantes de mi Gobierno”, ha resumido García-Gallardo, quien ha criticado que Vox no hiciera valer el acuerdo al que habían llegado.

En este sentido, ha criticado que se les “llena la boca de los principios”, pero en ese momento a la dirección del partido “no le importaron mucho los principios” en que basaron su acuerdo de legislatura con el PP.

“No tenía ningún sentido que personas que no habían sido las elegidas fueran las que tuvieran interlocución, en este caso con el señor Mañueco para las cuestiones de más alto nivel”, ha apostillado.

Este escenario causó un “deterioro progresivo de la relación con el entorno del presidente” (Santiago Abascal), por lo que ha dicho que elaboró sendos informes a finales de 2023 y 2024 en los que pedía “cambios relevantes” en la forma de coordinación entre la dirección nacional y los territorios.

Ha negado que él se opusiera a la decisión de abandonar los gobiernos autonómicos en julio de 2024, sino que se limitó a analizar “los riesgos y oportunidades” de esa iniciativa, porque no se ve como “un robot ni un palmero” ante la dirección y porque era consciente de que “implicaba un camino difícil”.

También ha negado que su dimisión de los cargos orgánicos en Vox, ya que ha reiterado que seguirá como afiliado de base, tenga que ver con una posible marcha al PP, a la vez que ha pedido una reflexión a la dirección del partido sobre lo que está pasando para que se vayan sumando dimisiones: “Yo entiendo que el secretario general está acostumbrado a tratar de esa manera a otras personas, pero eso es porque no me conoce a mí y yo nunca actúo bajo chantaje”, ha insistido.

No obstante, ha detallado que su salida “es personal” y “no está coordinada ni consensuada con la de nadie más”, en referencia a Iván Espinosa de los Monteros o Macarena Olona.

“Es algo que tendrán que analizar, y yo creo que es una pena, porque Vox debería tener una gran ambición, no debería conformarse con ser el partido refugio del Partido Popular y de los votantes cabreados”, ha zanjado.

Vox responde: “No hay cabida” para “querer ser un barón autonómico”

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha defendido este miércoles que la formación de Santiago Abascal es un partido “nacional” donde “no hay cabida” para “querer ser un barón autonómico”, tras la dimisión de Juan García-Gallardo como portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes y del resto de sus cargos.

“Hay gente en determinadas condiciones que de repente, entre comillas, se cae del guindo y ve que en el fondo, y no hablo por Juan (García-Gallardo), hablo un poco en abstracto, quería ser una especie de barón autonómico pero de Vox, y de repente se da cuenta de que eso no tiene cabida en Vox”, ha declarado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Figaredo ha señalado que Vox es un partido “nacional” que “no cree” en el reparto autonómico del Estado, y cuyas “estrategias políticas” son “absolutamente nacionales” puesto que “no hay baronías”, si bien “entiende” que “hay gente que tiene opiniones diferentes de la línea que ”realmente“ tiene la formación.

“El sistema de Vox es que se vota a la Presidencia y esa cabeza es la que marca la estrategia nacional. No sucede como en otros partidos que hay una dirección nacional, luego hay una dirección autonómica y esta de repente lleva una línea contraria a la nacional. No, eso en Vox no se hace. En Vox se vota a la dirección nacional”, ha remarcado.

Con ello, el dirigente de Vox ha asegurado que “no ve” ni crisis ni discrepancias internas dentro del partido. “El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) es el que debate y vota las decisiones, y marca al final una línea, que es la que se sigue en todas las regiones y en todos los ayuntamientos”, ha concluido.

Vox ha reanudado el curso político después del paréntesis navideño viendo con satisfacción cómo la última encuesta del CIS vuelve a favorecerle después haber superado una dura travesía en el desierto. Y en la madrileña calle Bambú, sede del partido de extrema derecha, quieren aprovechar esta circunstancia para coger impulso de cara al largo ciclo político que se avecina, convencidos de que el PP les va a necesitar para poder gobernar tras las próximas elecciones generales para las que faltan aún al menos dos años y medio, siempre que Pedro Sánchez no se vea obligado a adelantarlas.

Ante esa posibilidad, que no descartan, en Vox apuestan por estar más fuertes que nunca para poder exigir al partido conservador un buen reparto de sillones en un hipotético Gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo. El auge de la extrema derecha en gran parte de Europa y el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos les ha insuflado ánimos. Según proclaman “es cuestión de tiempo que el sentido común se abra paso” y saquen “al autócrata de los gobiernos”, en alusión a Pedro Sánchez.

Abascal no quiere perder el tiempo. Además de la gira por varias provincias españolas que él mismo decidió emprender a finales de septiembre para alentar a la militancia, el máximo dirigente de Vox ha encargado a su secretario general, el catalán Ignacio Garriga, que estimule al partido para estar preparado para cualquier eventualidad, una vez que ha dejado atrás la crisis abierta tras la ruptura de los gobiernos del PP y ha dado por finalizada la renovación interna en todos los territorios.

Nada más concluir las vacaciones navideñas, Garriga convocó en la sede de Vox una reunión con los vicesecretarios nacionales en la que participaron telemáticamente los presidentes provinciales, los portavoces parlamentarios y municipales y los concejales de los ayuntamientos en los que gobiernan. En el mensaje que acompañó a la foto que Garriga subió a Instagram y X, el secretario general del partido proclamó: “Preparados para reconstruir todo lo que han derribado el PSOE y sus socios separatistas. El 2025 es de los patriotas”.

El 'número dos' de Abascal exhortó a todos los cargos de Vox a que se centren en impulsar y explicar las políticas que defiende la formación en los ámbitos que representen, tanto en los parlamentos regionales como en los ayuntamientos, mediante iniciativas y mociones. Uno de los temas prioritarios para la extrema derecha es lo que llaman “invasión migratoria”, que en opinión de la ultraderecha propicia “inseguridad” y un “aumento brutal del vandalismo y la delincuencia”.

Garriga, además, pidió a sus cargos que no pierdan “el pulso de la calle”, donde creen que pueden dar la batalla contra el Gobierno de Sánchez convocando movilizaciones o uniéndose a las que promuevan las llamadas entidades cívicas y sociales de ideologías afines.

Al día siguiente, en una visita a Sevilla, el secretario general recalcó que Vox “siempre va a estar para conformar la alternativa de esperanza y para no contribuir y derogar a las políticas que llevan a la ruina y a la miseria a los españoles”, destacando que frente a todo eso hay “un mensaje esperanzador de Vox”, un partido basado “en principios sólidos” bajo un liderazgo “claro y al alza del presidente nacional, Santiago Abascal”.

Vox seguirá ejerciendo en este nuevo año “una oposición total y absoluta al Gobierno central para denunciar sus corruptelas con el claro objetivo de sacar a Sánchez de la Moncloa para que acabe la ruina de todos los españoles y sentarlo, de una vez por todas, en el banquillo, para que responda y pague por todo lo que ha ocasionado” al conjunto de los ciudadanos. El portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, sentenció esta semana por enésima vez que “el objetivo” de la formación para 2025 es “sentar a Pedro Sánchez en el banquillo de los acusados”, motivo por el que redoblará la ofensiva judicial por los casos que afectan a su esposa y a su hermano, así como al 'exnúmero dos' del PSOE, José Luis Ábalos.

Dado que ya no gobiernan en ninguna de las autonomías en las que cerraron pactos con el PP, en Vox quieren reforzar el papel que juegan en los ayuntamientos presentando iniciativas encaminadas a, entre otros asuntos, “acabar con los empadronamientos ilegales”. En grandes capitales como Barcelona o Madrid una de sus obsesiones ha sido reducir al máximo las Zonas de Bajas Emisiones y paralizar las multas. En la capital han conseguido que el Tribunal Superior de Justicia les dé la razón dictando una sentencia que las anulaba y que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha recurrido.

La formación de Abascal, no obstante, sabe que su única manera de crecer es a base del desgaste del PP. Por eso no va a dejar de lado ese flanco denunciando que en Génova están “más pendientes de pactar cuando les conviene con el PSOE” que en hacer un “frente común” con Vox para “desmontar y acabar con Sánchez”.

“El PP tendrá que elegir si quiere estar al lado de Vox para construir esa alternativa y devolver la esperanza a los españoles o seguir abrazándose a la primera que puede al PSOE”, señaló Garriga desde Sevilla, donde su partido ha limado asperezas y ha cerrado con los populares un principio de acuerdo para apoyar los presupuestos municipales. El pacto pasa por subvencionar asociaciones antiabortistas, crear una Oficina de Atención a la Mujer Embarazada o eliminar más de 300.000 euros en ayudas a colectivos que apoyan a inmigrantes. Son políticas que recortan derechos sociales y ante las que el PP lleva meses cediendo para poder mantenerse en el poder en distintas instituciones en las que depende de la extrema derecha.

La crisis interna de Vox en Cantabria ha llegado a tal nivel que la dirección nacional se ha visto obligada a tomar cartas en el asunto de nuevo e intervenir el grupo parlamentario días después de que estallara públicamente el conflicto del espionaje entre diputados. Así pues, el propio secretario general de la formación de extrema derecha, Ignacio Garriga, ha anunciado que “en los próximos días” nombrará lo que ha calificado como un “consejo de dirección” para “coordinar la labor de oposición del grupo parlamentario”.

A su vez, el también diputado autonómico por Catalunya contratará nuevos asesores seleccionados por Madrid, todo ello como una forma de tutelar al grupo parlamentario en Cantabria, que se encuentra sumido en un grave conflicto interno desde el inicio de la legislatura. “Se ha decidido reforzar el equipo de asesores para crear un equipo multidisciplinar que trabajará bajo la dirección conjunta del consejo de dirección”, ha señalado el partido en nota de prensa.

Asimismo, la formación ultra ha asegurado que los cuatro diputados cántabros enfrentados en dos bandos desde hace meses han acordado en una reunión “abordar los cambios necesarios” y que sea la dirección nacional, mediante ese consejo de dirección y los nuevos asesores, la que lleve las riendas de un grupo parlamentario abocado a la ruptura.

Han sido varios los episodios que han evidenciado el enfrentamiento entre la portavoz, Leticia Díaz, y el exportavoz, Cristóbal Palacio. El último, la denuncia por parte de Palacio y Armando Blanco (diputado cercano al exportavoz) de escuchas ilegales por parte de su formación en los propios despachos que Vox tiene asignados en el Parlamento de Cantabria.

Ambos denunciaron ante la Policía grabaciones sin su consentimiento por parte de un asesor que trabaja para la portavoz mediante un aparato con forma de bolígrafo que supuestamente el denunciado utilizaba para sus mensajes personales.

Esta situación ha sido la gota que ha colmado el vaso y que ha llevado a la dirección del partido a mediar para evitar un desenlace fatal para el grupo parlamentario, que ha vivido situaciones anómalas, como la votación para retirar la dedicación exclusiva a Palacio en la que dos de los cuatro representantes (Leticia Díaz y Natividad Pérez) se posicionaron a favor.

Además, el clima entre los trabajadores del grupo también ha experimentado situaciones de tensión, con episodios como la denuncia interna por acoso de una asesora que se encuentra de baja médica por problemas derivados de su relación laboral con la portavoz; una denuncia que el partido aún no ha resuelto.

Así todo, no es la primera vez que la dirección de Vox interviene en Cantabria. Hace dos meses lo hizo para nombrar una gestora y evitar la descomposición del partido, poniendo a Laura Velasco, portavoz municipal en el Ayuntamiento de Santander, como la cabeza visible de la formación en la comunidad.

Un informe del Parlament catalán ha acreditado que Ignacio Garriga, presidente del grupo parlamentario de Vox, pasó gastos personales por un valor de más de 39.000 euros a la cuenta de del partido ultra en la cámara entre 2021 y 2022.

Según el documento publicado por El Confidencial y que ha podido comprobar la agencia ACN, Garriga habría cargado gastos como la cuota de la AMPA de sus hijos, servicios de peluquería o tickets de comida a domicilio de la aplicación Glovo. La Mesa de la Diputación Permanente pidió el pasado 28 de mayo al líder del grupo de ultraderecha aclaraciones por esta cuestión y es uno de los temas que tendrá que hacer frente el nuevo presidente del Parlamento, Josep Rull.

Los gastos personales son de 50 euros del AMPA del colegio, 53,89 euros de un supermercado o de 603,35 de Glovo. Además, hay 38.496,59 euros sin justificar correspondientes a varias facturas a nombre de Ignacio Garriga. Ahora la Mesa podría pedir estas facturas, pero según el reglamento, el grupo parlamentario no está obligado a facilitarlas.

Desde Vox se limitan a decir que “en ningún caso” el informe apunta que haya hecho “nada ilegal o irregular”. También señalan que ante la petición de información, la semana pasada se registró la declaración de bienes de Garriga y afirman que los próximos días se publicará en la página web del Parlamento a qué corresponden los importes todavía por justificar.

En el informe, elaborado por la Oidora de Cuentas (una especie de auditora interna de la cámara catalana), se recomienda modificar la actual normativa para que haya un mayor control financiero sobre estos fondos, que son públicos.

Este informe llega después de que la anterior diputada de Vox por Tarragona, Isabel Lázaro, denunciara a la Oficina de Antifraude a la formación por un presunto caso de irregularidad financiera ligada a las cuentas del grupo del Parlament. Antifraude trasladó la carpeta a la Oidora de Cuentas al ser quien tiene la competencia dentro de la cámara.

El candidato del PSC, Salvador Illa, ha hecho este martes en el debate de TV3 uno de los principales anuncios de su campaña. Cuando los aspirantes debatían sobre la seguridad, Illa ha anunciado que la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, será su consellera de Interior y que el major Josep Lluís Trapero será director general de los Mossos d'Esquadra (un cargo de designación política) si llega a la presidencia. El candidato socialista había hecho de la seguridad una de sus prioridades en campaña aunque no ha sido hasta ahora que ha desvelado el equipo que que la dirigiría.

El electorado catalán lleva casi dos semanas inmerso en una campaña electoral, pero en todo este tiempo ha tenido difícil hacer una idea de los acuerdos que pueden forjarse tras el 12 de mayo. El debate que han celebrado este martes los ocho principales candidatos en TV3 y Catalunya Ràdio tampoco ha aclarado qué política de alianzas priorizarán los aspirantes que están en cabeza, que según los sondeos son Salvador Illa y Carles Puigdemont, seguidos por Pere Aragonès. Los reproches y vetos cruzados amenazan con hacer imposible sumar la mayoría suficiente para que alguno de los presidenciables logren la investidura.

El debate de de TV3 ha sido el último de los tres televisados que se han celebrado y que deja la carrera hacia el 12M en su recta final, con solo tres días más de campaña y la jornada de reflexión del sábado. La ley electoral impide desde este martes publicar nuevas encuestas en España, aunque algunos sondeos sortean la prohibición publicándose desde otros países. En los últimos días todos los estudios demoscópicos publicados sitúan al PSC en cabeza, seguido de Junts, que se sitúa en segundo lugar y con ERC en el tercero.

El resto de partidos, representados por Ignacio Garriga (Vox), Laia Estrada (CUP), Jéssica Albiach (Comuns), Carlos Carrizosa (Ciudadanos) y Alejandro Fernández (PP), tampoco han mostrado adhesiones incondicionales, aunque algunos de ellos han mostrado sus preferencias. Albiach ha tendido la mano a todas las formaciones de izquierdas, mientras Estrada ha puesto condiciones para sumar en un bloque soberanista. Desde Junts, por su parte, han prometido que de ninguna forma pactarán con la ultraderecha independentista de Aliança Catalana. “Ni por activa ni por pasiva”, ha dicho Rull

Rull y Aragonès, aliados en el pasado, han chocado en diversas ocasiones. En una de ellas, el candidato de Junts ha invitado a ERC a “rehacer la unidad”, porque a su entender solo con el independentismo unido podrá retomarse el hilo del 1-O. Aragonès le ha respondido recordando que fue Junts quien abandonó el Govern y celebrando que la formación de Carles Puigdemont haya pasado “a practicar la negociación [con el PSOE] tras equipararla a una traición”.

Illa también se ha encarado con Fernández, a quien ha reclamado que deje de referirse a él como “mentiroso”. Pero que el candidato del PP se ha reafirmado, asegurando que Illa “juró y perjuró que no daría apoyo a los independentistas y a la amnistía”. “El PP ha instrumentalizado Catalunya para ganar votos en España y ha practicado la guerra sucia”, ha reprochado Illa, que ha contrastado la gestión del procés de Mariano Rajoy con la actual. “Gobernando el PP en Madrid, aquí se vulneró la ley; gobernando los socialistas no se ha vulnerado”, ha apostillado.

En el lado de la derecha, en un contexto en el que las encuestas dibujan un empate entre PP y Vox, Fernández ha cargado contra la “mentira” de Garriga sobre la regularización de migrantes que se está debatiendo en el Congreso, pero que el candidato de la extrema derecha ha dado falsamente por hecha por el apoyo del PP. “La demagogia y el populismo no se pueden aceptar, ya está bien de tanta mentira”, ha zanjado Fernández.

En el debate celebrado un día antes en La Sexta los candidatos ya habían dejado ver que la política de pactos sería uno de los temas más importantes tras el 12 de mayo, debido a los vetos cruzados. Además, como ha ocurrido en TV3, los partidos de izquierdas se intercambiaron en debates anteriores reproches, al tiempo que mostraban las distancias entre sus programas, lo que avanza que tampoco una alianza entre PSC, ERC y Comuns tampoco sería sencilla.

Aragonès, criticado por la sequía

La crisis climática y la sequía han centrado otro de los bloques, uno en el que los candidatos se han enzarzado com más vehemencia. CUP y Comuns han coincidido en acusar a Aragonès de favorecer al sector turístico durante los tres meses en los que ha estado decretado el estado de emergencia. “Ha habido restricciones para el campo, pero no para el turismo”, ha protestado Albiach.

Por su parte, Estrada ha definido la gestión del Govern como “cortoplacista” y ha considerado que se han “precipitado” al levantar este martes las restricciones de consumo de agua, sin haber impuesto freno al consumo de agua del turismo.

“No tienen ni idea de gestionar el agua. Yo tampoco, pero al menos lo reconozco”, ha apuntado con socarronería el candidato del PP, que ha cargado también contra Illa al considerar que los gobiernos del PSC, que acabaron en 2010, tampoco fueron eficaces para prevenir la falta de agua.

Illa ha considerado “arrogante” el comentario de Fernández, y ha lamentado los “bandazos” que, a su juicio, ha dado el Govern de Aragonès por apostar primero por el traslado de agua en barcos desde València para después decidirse por las desaladoras.

Por su parte, Rull se ha posicionado con claridad a favor del proyecto del Hard Rock, en la localidad de Vila-Seca (Tarragona) y ha defendido que el complejo Hard Rock es “un proyecto que pretende reforzar el sector turístico” y que será “un gran centro de convenciones y de turismo familiar” en el sur de Europa. 

Una decena de simpatizantes de Vox han boicoteado este jueves un debate electoral organizado por estudiantes en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Con gritos como “fuera, guarros, de la universidad” o “sin Garriga no hay debate” han protestado por la ausencia del candidato del partido ultra en el debate. Los gritos y abucheos se han alargado durante cuarenta minutos y han impedido que, siquiera, iniciara la conversación, con lo que la organización ha decidido cancelar el debate.

Los simpatizantes que han acudido a boicotear el acto interpusieron hace días una queja ante la Junta Electoral Central (JEC) cuando supieron que Garriga no iba a ser invitado. Hace tres días, la JEC resolvió que los estudiantes debían incluir a Vox en el debate porque, a pesar de que la entidad organizadora, Deba-t.org, es una asociación privada, la universidad en la que se celebra el debate es pública y, por tanto, debía invitar a candidatos de todos los partidos con representación parlamentaria.

Así, la organización ha desobedecido a la JEC y la moderadora ha insistido en que, como entidad privada, tienen libertad. “Invitamos a quien nos apetece invitar”, ha apuntado. Esta respuesta ha sido recibida con aplausos por la gran mayoría del auditorio, que ha empezado a corear “fuera fascistas de la universidad”.

“Alejandro, no mires a otro lado”, ha sido otro de los cánticos de los jóvenes que han boicoteado el acto, que han buscado el apoyo del candidato del PP, Alejandro Fernández Díaz, que no ha respondido a los protestantes. Quien sí lo ha hecho ha sido el alcalde de El Prat de Llobregat y número dos de los Comuns, Lluís Mijoler.

Después de que la organización anunciara que, ante el boicot, se cancelaba el debate, Mijoler se ha negado a abandonar el escenario y se ha encaramado al atril para intentar acallar a los simpatizantes del partido ultra. “Habéis interpuesto las correspondientes acciones allá donde tocaba y se resolverá”. Al ser interrumpido con gritos y abucheos, Mijoler ha estallado: “No me callaréis. No conseguiréis lo que queréis”. “Sois unos fascistas que quieren acabar con la democracia. Pero aquí decimos basta. Fuera, marcháos”, ha espetado.

Quien también se ha dirigido a los simpatizantes de Vox antes de abandonar el escenario ha sido la número dos de la CUP, Laure Vega. “Me voy de este debate, pero me parece una falta de respeto que Vox hable de libertad”. “Venís a ensuciar una palabra preciosa. No deberíais hablar de libertad cuando se la negáis al pueblo”, ha reachazado Vega, que ha acabado acusando a los manifestantes de “cobardes”.

La organización ha explicado que no tienen previsto proponer una nueva fecha para el debate de cara a las elecciones catalanas, cuya campaña electoral empieza este jueves. La próxima convocatoria será para las próximas elecciones europeas del 9 de junio.

Ciudadanos se prepara para desaparecer del mapa y el PP y Vox lo saben. Ambas fuerzas pelearán en las próximas citas con las urnas por quedarse con los escasos votantes que le queden al partido que fundó en Catalunya Albert Rivera, y que después de renegar de sus siglas para hacerse llamar “liberal”, acaba de recuperarlas en un último intentó de reivindicar su pasado. En esa autonomía el líder de la formación, Carlos Carrizosa, ha decidido volver a presentarse como candidato a la Generalitat después del fracaso de las negociaciones con los de Feijóo para ir juntos en una sola candidatura. En Euskadi, aunque las tres derechas siguen siendo irrelevantes, la decisión de la desmembrada dirección de Ciudadanos de no concurrir a la cita del 21 de abril abre también posibilidades a PP y Vox para repartirse el minúsculo hueco que hipotéticamente deja allí la formación, que jamás logró representación yendo en solitario.

No obstante, el principal foco de la disputa va a estar en las elecciones catalanas del 12 de mayo que es donde Ciudadanos nació en 2006 y creció bajo el liderazgo de Rivera hasta lograr en 2017 toda una gesta: ser la primera fuerza política. Lo consiguieron con Inés Arrimadas como candidata, que obtuvo 36 escaños, 11 más que en las anteriores elecciones celebradas en 2015, en las que la jerezana ya había alcanzado otra cifra mágica, 25 diputados frente a los 9 dejados por el líder de la formación antes de dar el salto a la política nacional.

Han pasado ocho años y de aquella herencia de 2017 ya no queda nada o casi nada. En la actualidad Ciudadanos conserva seis actas en el Parlament -cinco por Barcelona y una por Tarragona– logradas en 2021 por Carrizosa, que retuvo tan solo 155.687 votos (5,56%) del 1.109.732 (25,35%) conseguido en aquellas históricas elecciones. Ahora, en la nueva cita autonómica, todas las encuestas les dejan fuera del Parlament.

Ante este panorama y tras el fracaso de las negociaciones para ir juntos en la misma papeleta, en el PP creen que ese legado puede terminar yéndose a la candidatura que lidera Alejando Fernández, un dirigente con un discurso muy radical y beligerante con los nacionalistas. Es precisamente lo que no querían en Génova, ya que Feijóo no tiene intención de dinamitar puentes con el independentismo por si los necesita en el futuro.

Aunque tanto en Génova como en Bambú, sedes del PP y Vox respectivamente, consideran amortizado y en tiempo de descuento a Ciudadanos –que renunció a presentarse a las generales de 23J–, les contraría el hecho de que Carrizosa haya decidido volver a intentarlo dado que los votos que coseche no servirán para nada. “Dice que tiene encuestas internas que le dan representación, pero no es verdad. Además, se ha encontrado con serias dificultades para completar su candidatura. Lo único que va a conseguir es hacer el ridículo”, vaticinan fuentes críticas de su partido. Carrizosa, pese a todo, ha decidido dar la batalla.

Carrizosa y Fernández ganan el pulso en Catalunya

En el PP tampoco querían un incendio interno y tras muchas dudas, tiras y aflojas, Feijóo cedió y ha dejado que Alejandro Fernández también repita como candidato. Para controlarle ha colocado como número dos de la lista a uno de sus hombres de confianza, Manuel Reyes, y como directora de campaña a la exministra de Sanidad y eurodiputada Dolors Monserrat, que era su preferida para liderar la lista a la Generalitat. El pasado martes Monserrat presentaba el lema de precampaña, 'Queremos una Cataluña de Primera', en un acto al que no pudo asistir el Fernández al estar en Madrid. Según adelantó los mensajes que quieren trasmitir están centrados en los “problemas reales de la gente”, como “la economía, la sequía, la seguridad y los servicios sociales”. Eso, sin dejar a un lado las criticas a nacionalista e independentistas y sin olvidar a Sánchez y al candidato del PSC, Salvador Illa, del que se encargará Fernández, que ya está alertando de que si lograra gobernar abría la puerta a un “referéndum de autodeterminación”.

Pese a todas esas vicisitudes, en el PP desbordan optimismo y aspiran a superar el 12M la quincena de escaños, lo que supondría un subidón electoral importante ya que ahora solo cuentan con tres asientos en el Parlament. Y ese ascenso están convencidos de que será gracias al antiguo votante de Ciudadanos y a muchos abstencionistas a los que esperan movilizar. Fuentes de Ciudadanos críticas con Carrizosa ven muy factible que los de Feijóo crezcan a su costa: “En 2017 conseguimos aglutinar los votos descontentos del PSC y de un PP en decadencia, en unas circunstancias políticas muy concretas pero nuestro electorado no nos ha perdonado la espantada que dio Inés [Arrimadas] para irse a Madrid. Se sintió defraudado por un partido que les dejó abandonados. Esos votos fueron prestados y ya no van a volver”, opinan.

Vox, campaña contra el separatismo y la inmigración

En Vox también creen posible atraer a esos votantes “huérfanos” de Ciudadanos. Pero las encuestas apuntan a que la candidatura que lidera de nuevo Ignacio Garriga, que ha dejado la portavocía del partido para dedicarse de lleno a la campaña electoral, retrocederá en apoyos el 12M en Catalunya.

En 2021 la extrema derecha irrumpió por primera vez en el Parlament, desbancando a Ciudadanos y PP con 11 diputados –siete por Barcelona, dos por Tarragona, uno por Girona y otro por Lleida–. Fue la cuarta fuerza política logrando 214.735 votos (7,67%) y superando incluso los nueve escaños de la CUP.

El partido de Abascal no se andará con medias tintas, como reprochan al PP, y centrará buena parte de sus mensajes en atacar con fiereza al PSC y a sus “socios” de Junts y a ERC, alertando de un nuevo procés y de la celebración de un referéndum de autodeterminación tras la concesión de la amnistía. Uno de los fichajes que ha hecho Garriga con la idea de captar el voto joven del “constitucionalismo catalán” es el de Julia Calvet, expresidenta del movimiento ¡S’ha Acabat!, que va como número seis por Barcelona. Este colectivo juvenil liderado por Andrea Llopart, que dice combartir “las imposiciónes nacionalistas” y quiere “defender la libertad”, está estos días haciendo una ronda de entrevistas con los partidos de la derecha y ultraderecha para mostrarles su apoyo en las próximas elecciones catalanas y vascas. La semana pasada se reunieron con Miguel Tellado y otros dirigentes del PP, y la anterior con Pepa Millán y Jose María Figaredo, de Vox. Los tres partidos -PP, CS y Vox- han acudido a la presentación de su documental “El precio de la libertad”.

Pero, como es habitual, en lo que más está incidiendo Vox es en el discurso xenófobo de alertar sobre los supuestos peligros de la inmigración, que vincula al aumento de la delincuencia en los barrios y a potenciales actos terroristas por parte de células yihadistas asentadas en Catalunya. Garriga presentó la semana pasada su campaña basada en el eslogan “'Billete de vuelta’ para los ilegales”, mientras Abascal cargaba en el Congreso contra Feijóo por el apoyo del PP a la tramitación de la ILP en la que se pide regularizar la situación a medio millón de migrantes de nuestro país.

Los de Abascal han distribuido carteles advirtiendo a sus potenciales votantes de que si hay “delincuentes en su barrio” ellos les enviarán de inmediato a sus países de origen para que cumplan allí sus condenas, prometiéndoles reformar las leyes penales para “castigar más la reincidencia”. “Nuestra casa común es España y, como nuestra casa particular, la queremos unida, fuerte, próspera y limpia”, señaló Garriga, un mensaje del miedo a la inmigración que ya utilizó con éxito en Badalona Xavier García-Albiol, el dirigente del PP que ocupó el bastón de mando de ese municipio barcelonés entre 2011 y 2015 y entre 2020 y 2021 y ahora lo vuelve a ostentar.

El PP busca arrebatar a Vox su escaño por Álava

De momento, y dada la cercanía de los comicios vascos, Abascal se está volcando en ayudar a su candidata Amaia Martínez, la única diputada autonómica que tiene Vox por Álava. El mantenimiento de ese escaño, muy disputado por todos los partidos, podría depender de un puñado de votos. El líder de la extrema derecha no lo quieren perder y cerrará el próximo viernes 19 la campaña en Vitoria.

El PP tampoco tiene mucho predicamento en Euskadi pero lleva ventaja a Vox. Allí los de Feijóo se estrenan con Javier de Andrés como candidato a lehendakari, que busca revertir la tendencia a la baja que el partido ha ido sufriendo en las sucesivas elecciones: en 2001, llegó a tener un apoyo del 23,93% que paulatinamente fue perdiendo hasta situarse en el 10,11% en 2016. En las últimas elecciones de 2020 se presentó junto con Ciudadanos, que nunca había logrado representación en Euskadi.

La fórmula no funcionó pero benefició a los de Arrimadas. De los seis escaños que obtuvo la coalición, cuatro fueron al PP y dos Ciudadanos, consiguiendo un 6,77% de apoyo en total. Tres de aquellas seis actas las lograron por Álava a pesar de que Pablo Casado decidió cargarse entonces a Alfonso Alonso, exalcalde de Vitoria –que dimitió como presidente del partido en Euskadi– y colocó a Carlos Iturgáiz como aspirante a lehendakari. Aquel pacto con Ciudadanos duró poco ya que a mitad de legislatura Luis Gordillo, uno de los diputados electos de esa formación, anunció que se marchaba al PP, mientras su compañero Jose Manuel Gil acabó en el Grupo Mixto junto a Vox,

Una diputada de Vox en el Parlament de Catalunya ha denunciado ante la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) los gastos personales que el secretario general del partido y candidato a la Generalitat, Ignacio Garriga, cargó presuntamente a la cámara catalana a pesar de no tener nada que ver con su actividad política.

Según la denuncia, avanzada por El Confidencial, Garriga pagó con la tarjeta del grupo parlamentario gastos que van desde la cuota de la AFA del colegio de sus hijos, desembolsos en una conocida librería del Opus Dei e incluso consumiciones en un restaurante de la Costa Brava.

Siempre según el documento remitido a Antifrau, en los gastos también aparecen registradas compras de fruta y verdura, supermercados, comida rápida, tintorería y cientos de pedidos a través de la aplicación Glovo. La denuncia también señala que en agosto de 2022, un periodo sin actividad parlamentaria, el gasto de las tarjetas de Dirección del Grupo parlamentario superó los 7.300 euros.

Más allá de los gastos con tarjeta, la diputada denunciante, que ha quedado fuera de las listas para el 12 de mayo, señala que Garriga también emitió facturas a su propio grupo parlamentario. Según El Confidencial, Garriga facturó a su grupo parlamentario más de 52.000 euros en 2021 y 2022, a la espera de conocer las cuentas de 2023.

El partido ultra considera estos dispendios “gastos ordinarios de funcionamiento” del grupo parlamentario, tilda la denuncia de “pataleo” y recuerda que las cuentas de la formación fueron auditadas por el Parlament sin que nadie presentara objeción alguna.

Santiago Abascal se vio cerca de la vicepresidencia del Gobierno con Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa. Nada se cumplió. El PP ganó pero no le dio para gobernar y Vox perdió 19 escaños. Desde entonces, hay mucho ruido en Vox. Abascal ha adelantado la asamblea general para darse un baño de autoridad. Ha sido reelegido como presidente hasta 2028, sin candidato alternativo. No han tenido ni que votar. ¿Qué pasa en Vox? ¿Está en cuestión el liderazgo de Santiago Abascal? 

Lo analizamos con los periodistas Antonio Maestre y Carmen Moraga.  

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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha remarcado este lunes en rueda de prensa su distanciamiento con el Partido Popular tras los acuerdos conocidos para las comisiones en el Congreso con el Partido Socialista y Sumar, que son, a su juicio, los que “perpetraron el golpe de Estado” y acusa a los populares de “no estar dispuestos a protagonizar lo que el pueblo español merece”. Sin embargo, el partido de Abascal no romperá los acuerdos autonómicos porque “una parte de la defensa de España” la harán desde las instituciones donde gobiernan, además de las manifestaciones y procesos judiciales.

Garriga también ha señalado que “es imposible avanzar en lo que los españoles demandan” mientras el Partido Popular siga distanciándose de Vox y tampoco descarta que puedan llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para renovar el Consejo General del Poder Judicial. “No nos sorprendería en absoluto viendo la nueva etapa que ha adoptado Feijóo”, ha remarcado.

En un nuevo episodio de la guerra interna dentro de la derecha, Vox mantiene sus amenazas para desmarcarse del PP, aunque nunca se lleven a cabo, y lograr una voz propia dentro de la oposición a nivel nacional mientras conserva los gobiernos autonómicos, únicos lugares donde ambos partidos mantienen acuerdos firmes.

El secretario general de Vox también ha destacado el “gasto político” al que están sujetos tanto el PP como el PSOE y asegura que en los lugares donde ellos gobiernan “el gasto político se ha reducido considerablemente” y propone reducir el número de comisiones del Congreso de 31 a 16 para “ahorrarles a los españoles 24 millones de euros”.

Antes de la rueda de Vox, el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, había declarado que “las condiciones internas del partido de Abascal no van a condicionar la postura del PP” en ningún aspecto.