Cuando la lava se lleva tu casa, muchos vecinos, paradójicamente, respiraron más tranquilos. Saber que tu casa ya no está te permite comenzar un duelo y, con menor o mayor esfuerzo, salir adelante. Pero para muchos vecinos, la erupción trajo consigo una odisea: intentar salvar su vivienda de una incesante lluvia de ceniza.

Con los sumideros tapados, las casas se inundaban. Grietas, ventanas rotas, tejados partidos… tres meses lloviendo ceniza generan un daño a veces irreparable. Muchos vecinos tardaron meses o años en volver a habitar sus casas. Vicente todavía no puede hacerlo porque no cuenta con los suministros básicos.

Para muchos vecinos, se abría un dilema: luchar o soltar. Dejar que la ceniza se engullera tu casa suponía el punto y final a años de esfuerzo, pero también permitía comenzar de nuevo. No se puede construir un hogar sin esfuerzo, pero el premio de ese esfuerzo es, precisamente, tener un lugar donde descansar. 

Nos hemos acostumbrado a pensar que el problema de la vivienda empieza cuando no tienes un techo, pero quizá empieza mucho antes. Empieza cuando tienes una casa, pero no puedes descansar en ella. Cuando no puedes elegir con quién vivir, o cómo vivir. Cuando puedes pagar el alquiler, pero no puedes ahorrar para marcharte. Cuando un hogar deja de ser el sitio donde curarse.

Los testimonios y los sentimientos cinco años después del volcán, en Hogar de Cenizas, un podcast de Canarias Ahora y elDiario.es.

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La estrategia política diseñada por CC y AHI desde el Gobierno de Canarias, en las consejerías de Agricultura (Narvay Quintero, de AHI) y de Presidencia (Nieves Lady Barreto, palmera y secretaria general de CC en La Palma), para regalar hasta 3,5 millones de euros a plataneros de esa isla (son unos 1.300 agricultores privilegiados, aunque unos más que a otros) sigue su curso sin grandes sobresaltos y con terminación segura antes de las elecciones de mayo próximo.

Se trata de la operación político-administrativa para proceder al perdón de esos 3,5 millones de euros totales cobrados de más por plataneros de La Palma. Esos excesos de apoyos directos fueron ingresados a través de pagos por adelantado cuya suma final luego sobrepasó el cómputo definitivo o legal de la ayuda (aquí está el origen de los reintegros) como compensación especial por la pérdida de renta en ese cultivo debido a las consecuencias del volcán en la campaña agrícola 2021-22. Las prisas y la mala gestión del proceso dieron esos malos resultados, entonces con el PSOE a cargo de la Consejería de Agricultura. Pero ahora a todo eso se le pone una venda, con CC y AHI en las riendas.

Otra prueba de que prosiguen los trámites administrativos para cerrar ese perdón de 3,5 millones de euros aparece ahora y tiene que ver con la reciente comunicación de una resolución de la Secretaría General Técnica (con firma de Ana Isabel Barrera Cabrera como secretaria el 10 de septiembre pasado) de la primera de esas dos consejerías, la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. En ella se notifica a los plataneros que cobraron de más y con las mayores cuantías excedidas (solo un listado de 50 personas físicas y jurídicas, por ahora) que los expedientes de reintegro abiertos en su día por las cantidades superadas, planteados con el propósito de recuperar el dinero pagado de más por la Administración autonómica (lo que se debe hacer), ya han caducado (declaración de caducidad del proceso de lesividad). Por lo tanto, nada se debe temer.

De todo lo previamente regalado a casi 1.300 plataneros, ya se ha decidido compensar hasta un máximo de 50.000 euros por beneficiario o titular gracias al abono de una ayuda de minimis. Esta medida se introdujo en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, aprobada en diciembre pasado, a través de una disposición adicional.

La opción más gravosa para lo público

Así las cosas, la Consejería de Agricultura no solo deja de recuperar lo que abonó de más a través de un sistema de adelanto de cantidades que resultó fallido, los 3,5 millones de euros (el activado por Alicia Vanoostende como consejera de Agricultura ‑PSOE‑), sino que para evitar esos reintegros formales además se ideó un modelo de compensación de las cantidades superadas a través del pago de ayudas de minimis, hasta un máximo, como se ha dicho, de 50.000 euros por titular.

Esto quiere decir que la Administración autonómica pasa de poder haber recuperado 3,5 millones de euros a tener que pagar esa misma cantidad con cargo al erario autonómico. La cifra es algo inferior a la suma de los reintegros porque solo se compensa hasta los 50.000 euros por beneficiario y hubo algunos que estuvieron por encima de ese umbral, solo cuatro. Son los únicos que sí tendrán que devolver la diferencia. Y toda esta complejidad administrativa (queda por ver si legal) por una decisión política de CC y AHI.

Los que tendrán que devolver fondos recibidos a pesar del perdón máximo de 50.000 euros son solo cuatro, y muy especiales, todos ellos beneficiarios que cobraron excesos de más de 141.000 euros (uno), de más de 56.000 (otro) y luego dos con más de 52.000. A todos estos no se les compensará el total que se les había regalado, sino hasta la ayuda máxima de minimis: los 50.000 euros.

Esas personas jurídicas son, según la resolución reseñada, a la que ha tenido acceso este periódico digital: Luis Brito Sociedad Cooperativa de Explotación Comunitaria de la Tierra; El Despertar Agrario, SLU; Dominicas Misioneras, y Musa Acuminata, SL. Todas estas entidades pertenecen a la organización de productores de plátanos (OPP) Europlátano, salvo la congregación religiosa, que estaba integrada en la antigua OPP Cupalma, hoy Unión Platanera Canaria. A la CB Amparo Dorado, la quinta más beneficiada, se le perdonará algo más de 49.000 euros. Solo los primeros 23 excedidos de casi 1.300, los que recibieron las mayores cantidades de más, superaron lo que debieron ingresar hasta un total de 0,85 millones de euros (se pagaron 3,5 millones de más). El listado de los 50 conocidos ahora suma reintegros por valor de 1,3 millones de euros, un tercio del global, los 3,5 millones.

Todo este proceso político-administrativo, muy cuestionado desde varios frentes agrícolas (algunos lo consideran ilegal) y planteado para evitar los reintegros totales de ayudas al plátano en La Palma que fueron pagadas de más por compensaciones vinculadas a daños debidos al volcán en la campaña 2021-22, se inició gracias al respaldo parlamentario que el diseño de tal medida, promocionada por Nieves Lady Barreto (CC La Palma), tuvo en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) para 2026, a través de la inclusión de una disposición adicional aprobada en comisión parlamentaria con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención del PSOE y la única oposición de Nueva Canarias (NC) a la enmienda final in voce.

NC incluso llevó al pleno un voto particular, no apoyado. La solución ideada por CC en La Palma y ejecutada desde la Consejería de Agricultura por Narvay Quintero supone tener que afrontar un gasto extra en torno a 3,5 millones de euros, solo en la primera fase del que será un doble regalo: no terminan devolviéndolo porque se compensa el reintegro (en todos los casos menos cuatro), o si se prefiere, lo devuelven con el dinero que antes la Administración les ha otorgado con las ayudas de minimis.

Hay que señalar que la cifra de 3,5 millones de euros, que es la suma total de los reintegros afectados (ayuda compensatoria por el volcán de La Palma de la campaña 2021-22, la primera de tres concedidas con el mismo objetivo: dos de la CAC ‑2021-22 y 2022-23, y pendiente la de 2023-24‑ y una más de refuerzo del Cabildo insular ‑2022-23‑), se verá reducida un poco, algo más de 100.000 euros, debido a que hay cantidades cobradas de más por beneficiarios plataneros de La Palma que llegan a superar el límite del perdón: los 50.000 euros por titular, el máximo que se puede dar como ayuda de minimis.

Los titulares de las explotaciones plataneras de La Palma con mayores cifras de reintegro, que están entre a los que ahora, por lo pronto un lote de 50, la Consejería ha notificado que sus expedientes de reintegro previos a la solución aprobada por la Ley de Presupuestos para 2026 ya han caducado (se han dejado caducar), sí son identificables, al menos hasta esa cantidad de 50. Se enumeran del 1 al 50 según cifras mayores de superación de la ayuda compensatoria cobrada a las menores, hasta la 50.

De esos 50 perdonados, los de la resolución reseñada, 26 forman parte de la OPP Europlátano (más de la mitad), 13 de Cupalma, ahora Unión Platanera Canaria, y 11 de Coplaca.

El camino que aún queda por recorrer

Tras las compensaciones de los reintegros, la Consejería de Agricultura deberá culminar una segunda fase (también desarrollada en la citada disposición adicional de la Ley de Presupuestos en vigor), que es la que implica tener que conceder el mismo regalo o muy parecido a los demás plataneros de la isla, los que no tuvieron el problema del reintegro, este concentrado en los 1.296 titulares con explotaciones plataneras en los cinco municipios con más afección por el volcán: Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte, Fuencaliente y Tijarafe.

La segunda fase beneficiará, según las previsiones, a algo más de 2.000 titulares de explotaciones localizadas en los otros nueve municipios de la isla, a los que se prevé que lleguen algo más de dos millones de euros, según las primeras estimaciones. Serán todos menos los previamente beneficiados por la compensación extra de renta en la campaña 2021-22, que fueron los radicados en aquellos cinco municipios: los que suman 1.296 titulares de fincas, los que debían reintegrar 3,5 millones de euros y los primeros en recibir el perdón. Para los otros 2.000 también habrá regalo.

Disposición adicional en la Ley de Presupuestos

Aquí está el origen de todo, y con esta redacción: “Como aclaración y para poder ayudarles a entender esta ayuda, la disposición adicional quincuagésima de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, dice: Ayudas de minimis al sector platanero afectado por la erupción volcánica de la isla de La Palma del año 2021.

1) La persona titular de la consejería competente en materia de agricultura concederá en el primer trimestre del año 2026 [va a ser en el tercero], previa modificación presupuestaria que resulte necesaria, una ayuda de minimis a quienes hubiesen sido beneficiarios de las ayudas por pérdida de renta como consecuencia de la erupción volcánica de la isla de La Palma del año 2021, correspondiente a la campaña 2021-2022, que obtuvieron un pago a cuenta en exceso una vez aplicada la fórmula del artículo 30.7 del Reglamento 702/2014, de la Comisión y de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas en los sectores agrícolas y forestales y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

La cuantía de tales ayudas se corresponderá con el mismo importe del exceso resultante del pago a cuenta de las ayudas por pérdida de renta y hasta el límite [máximo de la ayuda de minimis de 50.000 euros] establecido en el Reglamento (UE) 2024/3118, de la Comisión, de 10 de diciembre de 2024 y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE a las ayudas de minimis en el sector agrícola.

Aquellos beneficiarios de las ayudas en los que el importe de exceso del pago a cuenta por pérdida de renta supere el importe máximo de la ayuda de minimis [50.000 euros] concedida deberán reintegrar la diferencia previa tramitación del correspondiente expediente [esto explica que la cifra total compensada a través de las minimis sea algo menor ‑en algo más de 100.000 euros‑ a la suma de los reintegros: 3,5 millones de euros].

2) La concesión de la ayuda prevista en el apartado anterior no requerirá de aprobación del gasto, toda vez que tales importes se encuentran en poder de la beneficiaria.

3) Asimismo, se habilita a la persona titular de la consejería competente en materia de agricultura, previa tramitación de las modificaciones de crédito que resulten precisas, a conceder ayudas de minimis por la pérdida de producción producida en la campaña 2021-2022 al resto del sector platanero de la isla de La Palma [a unos 2.000 agricultores y en torno a dos millones de euros más, según las primeras estimaciones], como consecuencia de la erupción volcánica sufrida en esta isla en el año 2021 [al final se amplió a todos los productores palmeros, para evitar reclamaciones y denuncias y para buscar amplios consensos sociales y políticos en la isla].

4) La tramitación de estas ayudas no requerirá de la emisión del informe de la Dirección General de Asuntos Europeos“ [algo en lo que ha centrado su rechazo, entre otros asuntos, el grupo parlamentario NC].

Un calentón previo puede dejar al magma sin unas estructuras microscópicas que, bastante después, terminan influyendo en su comportamiento camino de la superficie. Cuando la temperatura supera el nivel en que los cristales permanecen estables, esas diminutas semillas pueden disolverse y la formación posterior de nuevos cristales pierde sus puntos iniciales de crecimiento. El magma conserva entonces durante más tiempo una estructura favorable al flujo, una herencia térmica que puede seguir actuando aunque las condiciones vuelvan a permitir la cristalización.

Un estudio dirigido desde la Universidad de Mánchester y publicado en Nature Communications sitúa precisamente esa historia térmica entre los factores capaces de modificar el desarrollo de una erupción. Por ello Barbara Bonechi, investigadora asociada del Departamento de Ciencias de la Tierra y Medioambiente de esa universidad y autora principal del trabajo, estudió con su equipo cómo el calentamiento extremo altera la nucleación, nombre que recibe el inicio de la formación de nuevos cristales. Los resultados conectan ese proceso microscópico con cambios posteriores en el ascenso del magma.

Los experimentos reproducen solo una parte del fenómeno volcánico

Los experimentos permiten observar la cristalización bajo condiciones controladas, aunque sus resultados no equivalen a seguir todo el proceso bajo un volcán activo. Los investigadores midieron primero el retraso en la aparición de cristales y trasladaron después esos valores a modelos informáticos del ascenso por la corteza.

El trabajo plantea así un mecanismo compatible con el comportamiento del magma de Tajogaite - popularmente conocido como Cumbre Vieja, pese a que este nombre corresponde al complejo volcánico y parque natural que cubre todo el tercio sur de la isla - pero no establece que el calentamiento excesivo explique por sí solo todo cuanto ocurrió en la erupción de 2021.

La diferencia registrada entre los dos estados térmicos alcanzó varias horas y mostró hasta qué punto una etapa anterior puede condicionar procesos posteriores. El magma que no había sufrido sobrecalentamiento comenzó a formar cristales aproximadamente 20 minutos después, mientras que el sometido a temperaturas extremas necesitó más de ocho horas. Ese retraso introduce una escala temporal que puede alterar cuánto material sólido llega a acumularse mientras el magma continúa desplazándose hacia zonas menos profundas.

Tajogaite proporcionó para estos ensayos magma natural procedente de la erupción iniciada en septiembre de 2021, cuyos conductos permanecieron activos durante 85 días. Las muestras recogidas tras aquel episodio permitieron trabajar con material volcánico intacto en laboratorio, en lugar de recurrir únicamente a sustancias sintéticas preparadas para reproducir sus propiedades. Esa procedencia permitió estudiar cómo respondía un magma generado por un sistema volcánico que había estado activo pocos años antes.

Los modelos podrían incorporar el calentamiento anterior del magma

La posible aplicación futura afecta a la información utilizada para anticipar cómo puede desarrollarse una erupción, aunque todavía exige nuevos trabajos y métodos de observación. Margherita Polacci, volcanóloga de la Universidad de Mánchester y coautora del estudio, señala que los modelos de peligrosidad suelen atender a factores como la química del magma, el contenido gaseoso y los cambios de presión. La investigación propone incorporar también el calentamiento previo y los tiempos de cristalización, siempre que llegue a ser posible reconocer esas señales antes de una erupción.

Los investigadores observaron el interior del material en Diamond Light Source mediante un recipiente presurizado atravesable por rayos X y microtomografía de sincrotrón. Esta técnica permitió reconstruir y seguir tridimensionalmente la aparición de cristales mientras se reproducían condiciones volcánicas de temperatura y presión. Otros ensayos realizados en Praga ampliaron los periodos de observación, aportando al equipo una ventana temporal mayor para estudiar cómo evolucionaba la cristalización después de distintos historiales de calentamiento.

La cantidad de cristales que aparece durante el ascenso modifica la viscosidad del magma y, con ella, la velocidad a la que puede desplazarse hacia la superficie. Una cristalización temprana aumenta la resistencia al flujo, ralentiza el ascenso y concede más tiempo a los gases para liberarse gradualmente, favoreciendo una actividad efusiva. Si la nucleación tarda horas, las simulaciones indican que el magma puede conservar mayor fluidez, subir con rapidez y facilitar fuentes de lava más altas cuando alcanza el exterior.

Un barrio vive. Es un espacio vivo, fruto del esfuerzo de generaciones. El volcán se lleva las casas, pero no se puede llevar la memoria. Y mientras se salve la memoria, recordaremos el esfuerzo de quienes construyeron hogar por nosotros. 

Los vecinos de La Palma están construyendo sus viviendas encima de la colada de lava. ¿Qué les lleva a construir donde solo hay un páramo negro, el rastro de destrucción?

Para Esther, construir encima de un páramo negro no es problema si sus seres queridos siguen viviendo cerca. Para Alfredo, el lugar en el que ha elegido vivir forma parte de su identidad. Y para cada uno de nosotros, el arraigo a donde hemos crecido y nacido será quizás siempre más importante que los cambios que ese lugar sufra con el tiempo. ¿O no?

En un momento de turistificación masiva, muchos barrios están renaciendo de nuevo. La identidad de sus gentes se pierde entre tiendas de souvenirs y negocios para quien viene de fuera. Los alquileres cada vez más altos obligan a las nuevas generaciones a alejarse de sus barrios de origen y alejarse de las personas que quieren.

¿Seremos capaces de recordar con el paso de los años, quién vivió primero en cada pequeño Todoque?

El capítulo 3 del podcast Hogar de Cenizas aborda estas sensaciones en un momento crucial para nuestro país sobre el arraigo. ¿Somos capaces de sentir arraigo por un lugar que ya no existe? En eldiario.es y Canarias Ahora.

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La Palma se recompone a paso lento de los estragos que provocó en la isla la erupción volcánica de 2021. Muchos hogares y barrios enteros fueron arrasados por las coladas, entre ellos el de La Laguna. Esta localidad del municipio de Los Llanos de Aridane fue incluida en la ley para la recuperación económica y social de la isla, permitiendo así que los vecinos pudieran pedir licencias y restablecer las edificaciones destruidas. Sin embargo, al manto de lava que cubre su vecindario se sumó hace dos años un obstáculo más: la ocupación sin permiso por parte de un empresario de doce parcelas para extraer y comerciar con los áridos del volcán. 

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) ha abierto un expediente contra el empresario Manuel Rodríguez González por desarrollar esta actividad en suelo rústico común y sin autorización. Según el expediente, de más de 800 páginas y al que ha tenido acceso este periódico, el hombre lleva extrayendo áridos de 12.000 metros cuadrados de las coladas del Tajogaite al menos desde 2024, tal y como adelantó la Cadena SER.

Una de las vecinas afectadas, titular de una de las parcelas y que prefiere mantener el anonimato, añade que, a pesar de las advertencias y de los requerimientos de la ACPMN, el denunciado continúa hasta el momento con su negocio y denuncia que el Ayuntamiento no ha precintado las obras en ningún momento. 

El denunciado es titular de al menos una de las parcelas que explota. Aun así, la ACPMN subraya que la superficie que ha ocupado “excede ampliamente los límites” de su parcela catastral y afecta a otras once de diez titulares distintos. Una de ellas, según recoge el expediente, pertenece al propio Cabildo insular.

Somos afectados del volcán y ninguno de nosotros se ha dedicado a invadir parcelas ajenas y a cometer un delito medioambiental, enriqueciéndose de por medio

De acuerdo con las resoluciones de la Agencia, el empresario no puede desarrollar esta actividad ni siquiera en su propia parcela. Los terrenos afectados, de acuerdo con la Ley de recuperación económica y social de La Palma, están en una Zona de Recuperación Residencial, de menos de 10 metros de espesor de colada. En esta zona, las personas afectadas pueden pedir licencia para restablecer edificaciones destruidas. También se contempla el uso industrial, pero solo en la categoría de taller artesanal, compatible con el residencial. 

Camiones y hasta una planta de machaqueo

El expediente fue abierto el 15 de enero de 2025, después de una denuncia, interpuesta por el Cabildo de La Palma, que alertaba de la extracción no autorizada de áridos y roca volcánica en este pueblo de Los Llanos de Aridane mediante maquinaria pesada para su posterior procesamiento en una planta de machaqueo instalada en la misma zona. 

Entonces, un agente de Medio Ambiente adscrito al Cabildo se desplazó al lugar, donde comprobó que se había instalado una planta de tratamiento de áridos, con la maquinaria asociada, afectando a una superficie de 12.000 metros cuadrados. En uno de sus informes, la agencia aclara que esta planta de tratamiento no está vinculada a ninguna de las obras que se están ejecutando por parte de las administraciones públicas para la recuperación de infraestructuras afectadas por la erupción. 

Ya en mayo de 2025 la agencia concluyó que el uso era incompatible con la ley, y en junio notificó al empresario la orden de restaurar la zona. Este se limitó a alegar que había presentado dos solicitudes de licencia ante el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y en noviembre la agencia concluyó que las obras no eran legalizables y ordenó a Rodríguez demoler la obra y restablecer la legalidad urbanística en la zona. 

La resolución, tal y como han confirmado a esta redacción desde la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, no fue recurrida y es firme. Aun así, hasta ahora no se ha ejecutado. En diferentes fotografías tomadas en enero de 2026, casi un año después de la visita del agente medioambiental, pueden observarse varios camiones trabajando en la zona, neumáticos amontonados y maquinaria para el machaqueo de rocas.

La Consejería ha afirmado que este 18 de septiembre la agencia dio un nuevo movimiento y requirió otra vez al denunciado para que en el plazo de un mes presente un proyecto de restablecimiento como primer trámite para el cumplimiento “voluntario” de lo ordenado en la resolución previa. “El plazo para presentar el proyecto finaliza el próximo 19 de octubre”, explican. 

“Dada la gravedad de las actuaciones”, continúan desde Política Territorial, la ACPMN está tramitando el expediente sancionador y prevé poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía por si pudieran ser constitutivos de delito.

En una entrevista concedida a Televisión Canaria, el empresario niega los datos de superficie recogidos por la agencia y asegura que ocupa 10.000 metros cuadrados de su propiedad. Además, dice que ha pedido permiso “seis o siete veces” al Ayuntamiento porque quiere construir en la parcela donde tenía su propiedad. Por otra parte, afirma que solo tiene “problemas” con las vecinas de la parcela que colinda con la suya por el sur.

La condición de afectado “como excusa” 

Las titulares de una de las parcelas afectadas afirman que tuvieron constancia de los hechos en septiembre de 2025 a través de una carta postal de la ACPMN, que les notifica que el empresario está extrayendo áridos del terreno de ellas. “Él llega a presentar ante la administración tener el consentimiento verbal de todos los vecinos para realizar esta extracción, con lo cual inicialmente, a ojos del Gobierno de Canarias, somos cómplices del delito”, dicen. 

En esta línea, niegan “categóricamente” haber consentido cualquiera de las actuaciones que ha realizado en su parcela y sostienen que se han producido sin su consentimiento ni aprobación. “Estamos hablando de una persona que, de forma impune, y con pleno conocimiento, invade nuestra propiedad y se dedica a extraer áridos con maquinaria pesada”, defienden. 

Las instalaciones son perfectamente visibles y es de sobra conocido que allí se comercializa arena

Así, dicen que esta actividad les ha ocasionado un perjuicio evidente porque su terreno se encuentra con “desniveles, socavones y hoyos” que les dificultará la tarea de reconstrucción en un futuro. “Nuestra madre y nuestra abuela nacieron en la casa que perdimos con el volcán. A lo largo de las décadas y las generaciones, ha sido un reflejo del esfuerzo y la ilusión de nuestro bisabuelo, que construyó su vida y su familia en La Laguna, y nos duele ver cómo la actuación de este hombre violenta el recuerdo de nuestra familia”, apuntan.

Por otra parte, critican que el empresario use su condición de afectado por el volcán como excusa para presentarse como una víctima y tapar así “los delitos que ha estado cometiendo”. “Todos los vecinos que aparecemos en el expediente somos afectados del volcán por igual, y ninguno de nosotros, salvo el susodicho, se ha dedicado a invadir parcelas ajenas y a cometer un delito medioambiental, enriqueciéndose de por medio”. 

“Pasividad” de las administraciones

La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción afea a las administraciones su “total pasividad” ante esta “actividad ilegal”. En un comunicado, Ben Magec cuenta que en octubre de 2025 solicitaron ante la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias la copia íntegra de los expedientes de autorización de las instalaciones de tratamiento de áridos identificadas en la zona y saber si la actividad había pasado por una evaluación de impacto ambiental. En paralelo, aseguran haber dirigido una solicitud similar al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

“Casi un año después, la federación no ha recibido respuesta alguna y el expediente nunca ha sido aportado”, indican. La vecina con la que ha hablado este periódico también denuncia la opacidad del consistorio. “Nos preguntamos por qué no se nos ha dado respuesta a todas las solicitudes de información, documentación y acción que le hemos hecho al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, un derecho que, tras más de tres meses de silencio, consideramos vulnerado”, lamentan.

Las vecinas aseguran haber solicitado la personación en la zona de la Policía Local en junio y la paralización de las obras, pero siguen sin saber si se ha producido esta personación y qué actuaciones se han llevado a cabo. “Nos sentimos impotentes y abandonadas por las administraciones, que lejos de hacer valer la resolución administrativa [...] han hecho gala de inacción a lo largo de este año”, declaran.

“Se trata de suelo de familias que ya lo perdieron todo como consecuencia de la erupción y que ahora ven cómo sus parcelas se explotan sin su consentimiento. Las instalaciones son perfectamente visibles y es de sobra conocido que allí se comercializa arena”, reiteran desde Ben Magec. Por ello, insisten en que es “imposible sostener” que las administraciones desconocían lo que estaba ocurriendo. “Siguen ocultando la información solicitada mientras hacen la vista gorda ante semejante atentado ambiental”, asevera el portavoz de la Federación en La Palma, Pablo Díaz. 

Ben Magec apunta que estos hechos son “consecuencia directa” de la falta de planeamiento y de ordenación del territorio afectado por la erupción y exigen al Ayuntamiento que precinte la planta ilegal. Asimismo, advierten de que es “muy probable” que el beneficio económico que el empresario ha obtenido durante estos años de actividad fuera del ordenamiento jurídico “supere con creces” las sanciones que pudieran llegar a imponerse. “Si eso ocurre, la sanción deja de ser disuasoria y se convierte en un simple pago por el expolio”, concluyen.

Ya hay noticias, son fresquitas y resultan muy positivas para los plataneros radicados en la isla de La Palma, para todos los identificados como afectados en sus costes agrícolas de producción por la presencia en sus fincas de la ceniza expulsado durante la erupción del Tajogaite, muchos días de los últimos cuatro meses de 2021 y también en meses de 2022, en la campaña agrícola 2021-22.

Así lo vienen avanzando algunos altos cargos palmeros de CC en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, que hablan con total claridad, nitidez y desparpajo de que esa ayuda aprobada en su día para compensar los mayores costes en la producción del plátano debido a la lluvia de ceniza volcánica en La Palma será completada en su 81% restante gracias a la búsqueda y el hallazgo en el presupuesto del citado departamento autonómico de los nueve millones de euros necesarios.

Conseguido el objetivo, los nuevos pagos se pretenden hacer antes de que termine este año, o sea, a cinco meses de las nuevas elecciones locales, insulares y autonómicas, las del 23 de mayo próximo.

Ya lo había asegurado, por cierto, el propio presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, también de CC, que no fue tan preciso en las fechas como el alto cargo de Agricultura, pero que sí garantizó que esos ingresos se terminarían de completar en esta legislatura o mandato.

Como se ha dicho, para dejar saldado ese subsidio entre todos los plataneros de La Palma que están en el censo de afectados, unos con valores más elevados que otros y que llegan a 4.000 titulares de fincas, hacen falta nueve millones de euros (el 81% restante), cantidad que, según las fuentes citadas, ya se han concretado dentro del presupuesto de la citada Consejería.

El pago de este subsidio fue un compromiso político adquirido en su día en La Palma con el apoyo de los tres partidos principales (CC, PSOE y PP), e incluso calculado en euros por kilo, con vistas a compensar el sobrecoste en el cultivo del plátano por el impacto de la ceniza volcánica de la erupción del Tajogaite, con inicio en septiembre de 2021 y cese de la actividad en diciembre del mismo año.

Hay que señalar que ese mismo departamento autonómico, allá por abril de 2024, publicó (junto al reparto de la compensación por pérdida de renta correspondiente a la campaña 2022-23, vinculada esta a los efectos más directos del volcán en el cultivo del plátano en la comarca de Aridane) una resolución de ayudas directas para aligerar, las que por ahora son las primeras y únicas, los daños ocasionados a esa producción agrícola subtropical por la ceniza del Tajogaite, entonces con el abono total de unos dos millones de euros, lo que solo permitió cubrir el 19% del daño que se había calculado con cargo a la campaña agrícola 2021-22.

Esos primeros pagos, realizados a unos 3.000 plataneros de toda La Palma (se descartaron por normativa las cantidades inferiores a 100 euros, que si no hubieran sido unos 4.000 beneficiarios con ingresos, lo que sí ocurrirá con este segundo y final abono) con distintas intensidades según los índices de compensación previamente fijados (los concretó la Consejería canaria con el apoyo de la organización platanera regional Asprocan) por municipios de la isla (14 territorios) se realizaron en 2024 (el daño fue en la campaña agrícola 2021-22).

Desde entonces, que es lo que organizaciones profesionales agrarias como Palca-Unión de Uniones han criticado con dureza, no había noticias acerca de cuándo se iba a completar el pago del 81% pendiente, algo que ahora ya está previsto a poco tiempo de los comicios de mayo de 2027.

El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el decreto ley que incluye medidas fiscales y financieras para la isla de La Palma, a consecuencia de los daños provocados por la erupción del volcán en 2021, con los únicos votos en contra de Vox y Junts.

Como todo decreto ley, el texto estaba en vigor después de su aprobación en Consejo de Ministros, esto es el 8 de septiembre. Sin embargo, el Congreso tenía que decidir en un plazo de 30 días, tal como dicta la Constitución, si lo convalidaba o lo derogaba.

Finalmente, la Cámara Baja ha aprobado la convalidación del texto, con el único rechazo de los de Santiago Abascal y Carles Puigdemont. De su lado, Esquerra Republicana, los diputados de Compromís Alberto Ibáñez y Águeda Micó (Sumar y Grupo Mixto, respectivamente) y el exdiputado de Vox ahora adscrito en el Grupo Mixto, se han abstenido.

El resto del hemiciclo ha votado a favor del texto, que incluye una habilitación específica a la Comunidad autónoma de Canarias para que pueda destinar 100 millones del superávit de 2025 a financiar ayudas destinadas a las personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica en la citada isla.

Asimismo, entre las medidas fiscales destinadas a paliar los daños registrados en La Palma, se ampliará al período impositivo 2026 la deducción del 60% en el IRPF a los contribuyentes residentes en dicha isla.

Inversiones en vivienda

A su vez, el decreto habilita a las comunidades autónomas para poder utilizar el superávit presupuestario del 2025 que tengan para financiar inversiones sostenibles en 2026 y 2027 y dedicar esos recursos a políticas como las relacionadas con la vivienda.

En segundo lugar, se permitirá a las comunidades autónomas con una deuda sobre PIB inferior al 12,4% -a cierre de 2025- destinar esos superávit presupuestarios de ejercicios anteriores, a inversiones que se ejecutarían en los años 2026, 2027 y 2028 y que no computarán a efectos del cumplimiento de la regla de gasto -en lugar de destinar esos recursos a reducir deuda, como marca ahora la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria-.

Según los cálculos de Hacienda, ocho comunidades se van a beneficiar de estas medidas que supone movilizar casi 4.000 millones de euros para inversiones en sus territorios: Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia.

Las inversiones financieramente sostenibles (IFS) son aquellas inversiones que en el largo plazo tengan un impacto positivo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de las Comunidades Autónomas que permiten, durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

Estas inversiones deben ser económicamente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión y no computan en el gasto del ejercicio en que se ejecutan a efectos de la aplicación de la regla de gasto, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Puerto Naos y La Bombilla no son dos lugares normales. Quien se acerque hoy a estos dos pueblos costeros de La Palma pensará que son lugares ordinarios. Pero cuando los turistas que se quedan en Puerto Naos ven que en su habitación hay un medidor de CO2 y se preguntan… ¿qué hace esto aquí? Y es que la historia de estos enclaves ha quedado marcada para siempre por los gases.

Dada su cercanía con la colada de lava, el dióxido de carbono se filtra por el alcantarillado y asciende, aún a día de hoy, a los garajes y las calles. Con un sistema de ventilación han conseguido expulsar una gran parte, aunque sigue estando prohibido el acceso a ciertos garajes y a 17 viviendas del municipio.

Durante tres años, lo que hoy son agradables lugares costeros fueron pueblos fantasma. Y mientras tanto, sus vecinos se buscaban la vida e iban de un lado para otro para alojarse, desde un hotel, a los contenedores, a una vivienda en alquiler o a casas de amigos y familiares. Tres años esperando que te dejasen volver a casa, con la duda permanente de si podrías nunca regresar. Tres años de habitar espacios que no puedes hacer tuyos ni proyectarte en ellos porque son temporales.

La falta de seguridad y estabilidad impide formar un hogar. Una casa es el inicio de nuestro proyecto de vida, ese lugar donde construimos una familia, desarrollamos un proyecto, cultivamos una pasión, descansamos para poder crecer ahí fuera. Vivir con la eterna sensación de que cualquier día te tendrás que marchar no permite ninguna de estas cosas.

Quizás te suene ajeno esto de tener gases en el balcón, pero la temporalidad seguramente la sufras. Tener miedo a recibir ese mensaje del casero pidiéndote el piso o una subida del alquiler que no puedes asumir se ha asentado ya como un miedo colectivo, una espada de Damocles.

En el segundo episodio del podcast documental Hogar de Cenizas nos cuestionamos: ¿somos capaces de construir un hogar si nuestra casa hace tic-tac?

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“El volcán era como un enemigo que no podíamos vencer. Un enemigo que se iba a parar o se iba a retirar cuando él quisiera, no cuando nosotros quisiéramos, entonces era una guerra que íbamos a perder”. Era el pensamiento que le recorría a Marcelino Rodríguez aquellos angustiosos tres meses en los que el volcán de Tajogaite no dejó de escupir lava sepultando todos los recuerdos de su vida y la de sus amigos, familiares y otras personas del Valle de Aridane, en La Palma. Su barrio (La Laguna) quedó dividido en dos y asegura que en esos días no daba tiempo de pensar mucho. Este sábado 19 de septiembre se cumplen cinco años de la catástrofe natural. “Solo pensabas que el siguiente ibas a ser tú”. 

La lava finalmente se quedó a un metro de la casa de Marcelino, pero más de una vez pensó que “hubiera sido mejor que se la llevara” porque el calvario vino después cuando se tuvo que enfrentar al paisaje desolador, a un barrio que no era el mismo con un volcán que les acechaba, a volver a una casa pero no poder entrar por la puerta principal, “aguantar meses y meses con la maquinaria abriendo”. “Porque cuando se paró el volcán, nosotros tuvimos otro volcán por aquí que fueron las maquinarias constantes, que era normal y no protestamos porque había que abrir, pero todo eso te afloja un poquito”. 

El volcán dejó multitud de historias. Marcelino es el presidente de la asociación de vecinos de La Laguna y señala que hay personas que no han vuelto al barrio y hay vecinos que ya no quieren volver. Cree que uno de los retos es impulsar que al que quiera volver se le facilite, aunque psicológicamente ha sido un golpe muy fuerte. Hay personas que no han podido a día de hoy “enfrentarse al volcán” porque es muy duro. 

Dónde viven ahora las personas afectadas por el volcán

Sobre la reconstrucción señala que va despacio, pero “no se puede construir en un día”. “Tenemos que convivir con lo que hay, tú ves que se mueve y el que diga que no se mueve miente, los que estamos aquí nos gustaría que fuera más rápido, pero es lo que hay”, subraya. 

Cuando estalló el volcán, la prioridad se centró en que no hubiera pérdida de vidas humanas. Pero los palmeros y palmeras se iban a dormir cada día con la incertidumbre de no saber qué pasaría con todo aquello por lo que llevaban luchando: viviendas, fincas, negocios… “Yo perdí todo el esfuerzo de 25 años”, asegura Fátima Ramos, de la plataforma de afectados por el volcán. Vivía en el barrio de Todoque, muy cerca del colegio y perdió lo que tenía: su vivienda. Ella se fue a casa de sus suegros y ahí sigue, pero cree que uno de los retos más importantes que sigue teniendo la administración es la vivienda. 

El Gobierno estatal concedió una serie de ayudas por los daños en las viviendas, con importes de hasta 60.480 euros según un decreto de 2021, aunque luego el Ejecutivo central y el Cabildo acordaron ampliar hasta 100.000 euros, con aportaciones adicionales de 30.000. A ello se suma la nueva figura creada por el Gobierno canario de compensación por el valor patrimonial, para lo que también se emplean partidas del Gobierno estatal. 

“La vivienda es el principal reto sobre todo porque hay mucha gente que aunque han recibido una compensación económica por el valor de lo perdido, aparte de las ayudas que se han recibido del Gobierno del Estado y de Canarias, pues a muchos no les llega para poderse comprar un piso, para comprar un terreno y hacerse una casa”, asegura Fátima Ramos. Los precios se han encarecido en los últimos años tanto de suelo como de vivienda lo que complica aún más la reconstrucción de la vida de los habitantes del Valle de Aridane. 

“Todavía sigue habiendo casas contenedor, todavía sigue habiendo casas de madera y la gente sigue viviendo en situación de provisionalidad”, lamenta Fátima, que añade que aunque “se va abriendo camino” aún queda por hacer. 

En La Palma hay quien ha comprado terrenos y casas modulares, hay quien aún se está construyendo su casa y ha tenido que ir al banco, hay quien espera por una vivienda de protección oficial, quien vive en alquileres que se han desorbitado… Hay muchos casos. Fátima señala que cuando se flexibilizó poder construir en suelo rústico ante la catástrofe que había sufrido La Palma, el precio de ese suelo se disparó. Aunque agrega que hay quien ha empezado a construir sus casas y se ha ido adaptando. “Nos hemos visto abocados a vivir de otra forma”, apunta Fátima, que recuerda que hay personas que vivían con una casa y una “huertita”, “tus flores”, “tus mascotas”... y ahora viven en un piso o en lugares provisionales. 

Los afectados también añaden que hay quien espera por una vivienda de protección oficial como alternativa y aguardan por las viviendas que están a punto de terminar en Los Llanos de Aridane (55 que esperan ser entregadas a final de año) pero también se están realizando en El Paso y en Tazacorte. 

“Aquí la cuestión es no quedarnos parados y que la Administración siga ayudándonos en ese sentido”, insiste Fátima Ramos. 

La lucha y las secuelas psicológicas

Los afectados insisten en que quedan muchas secuelas psicológicas y que ahora es cuando está aflorando todo. “La secuelas psicológicas la llevaremos con nosotras, yo creo que siempre, aunque nos vean sonreír, aunque nos vean ir a una fiesta…”, dice Fátima. Coinciden además en que para un niño no es lo mismo que para quienes son más mayores y han perdido sus barrios de toda la vida, los lugares donde se reunía. “¿Te acuerdas de esto y de lo otro?”, recuerdan cuando se ven por la calle, ya que es otra de las consecuencias, vecindarios que han quedado esparcidos. 

Una de las cuestiones de las que más orgullosa se siente Fátima es de la Ley de volcanes, que cree que ayudará a generaciones venideras, ya que los volcanes seguirán afectando a Canarias. 

Francisco Pulido, presidente de la asociación Tierra Bonita, se muestra crítico con el hecho de que cinco años después de la erupción no haya un acto institucional este sábado. También señala que “nunca ha habido una catástrofe de la magnitud del volcán, no en vidas humanas, pero que alteró la vida de muchas personas en La Palma. Es el que más ha impactado en la vida de la gente de la isla”. 

Pulido considera que el Estado ha sido el más transparente a la hora de reflejar las ayudas que se están otorgando y discrepa con el criterio del Gobierno canario de no publicar los beneficiarios de las ayudas por la compensación de daños. Una cuestión que no comparten desde la plataforma de afectados, que considera que son datos privados. 

Retos pendientes

Tierra Bonita también señala que al principio de la erupción había un concepto más “comunitario” de crear bolsas de suelo, de buscar un sistema más corresponsable. Con el Gobierno canario actual se cambió el criterio y ha echado en falta más participación. 

Otro de los retos que quedan pendientes es saber cuántas hectáreas se van a proteger del volcán y qué es lo que se pretende realizar con fines turísticos. Recuerda que el terreno por el que pasa las coladas sigue siendo de los afectados y que tendrán que expropiarles por las acciones que se realicen. “Ahora mismo el volcán para ir a verlo hay que pagar, cualquiera tiene que pagar. Incluso no puede ir solo, hay que pagar un guía”, subraya. 

Pulido también coincide en que aún hay que lidiar con el shock que supuso aquella incertidumbre en los primeros días de la erupción cuando a los afectados les daban apenas unos minutos para sacar sus recuerdos y algunos enseres de sus casas. “Hay una anécdota de una mujer que solo sacó dos garrafas de agua porque estaba aturdida”, explica.

En su caso temió por el cementerio de su pueblo, al que quedó la lava a la altura de los nichos, pero “se ha podido ir recuperando”. 

Marcelino Rodríguez, por su parte, lucha en La Laguna por intentar mantener cohesionado el barrio y vivo el recuerdo, también el de otros barrios hermanos como Todoque y Las Manchas. Recientemente, se inauguró una exposición fotográfica con el objetivo de que quienes les visiten sepan que “debajo de las coladas había vida y había color” y “no nos olviden”. 

Para seguir en este camino de reconstrucción el Gobierno nombró un comisionado especial, Héctor Izquierdo. Según los últimos datos del Ejecutivo, entre las ayudas para la recuperación del Valle se encuentran medidas de protección económica y compensaciones por pérdida, ERTES, exenciones del IRPF, ayudas a la agricultura… 

Los afectados y afectadas inciden en que siguen adelante con sus vidas adaptadas y con la resignación de que nada volverá a ser igual. Esperan que paso a paso puedan ir reconstruyendo sus vidas, sus barrios, sus carreteras y sus hogares, pero “no nos pidan que seamos fuertes. En ese momento creo que teníamos que ser fuertes y aguantar. Pero ya no tenemos motivos para ser fuertes ni motivos para decir qué contento estamos”. 

El 19 de septiembre de 2021 Eva tuvo que marcharse de su casa porque a pocos kilómetros montaña arriba había erupcionado un volcán. Cinco años después, aunque su casa finalmente se librase de la lava, sigue viviendo en un contenedor. ¿Qué ha fallado en La Palma para que 110 familias no hayan podido reconstruir su vida?

Rayco, que vivía en el centro de Todoque, ha comprado una finca con un pajero para reformar en Mazo, a 50 minutos de su antigua casa. “Cada vez que quiero socializar tengo que atravesar media isla. Si viviese en el oeste me sentiría más acogido, allí es donde me crié, pero está todo carísimo”.

Vicente entraba en su casa cada semana para barrer ceniza. No barría el suelo, barría el tejado: su vivienda había quedado totalmente sepultada por la lluvia de piroclastos. Limpiaba la ceniza, sabiendo que tras marcharse, su casa volvería a quedar tapada. “Llegué un día y me di cuenta de que ya no había casa. Tenía que descubrirla yo. Tenía que desenterrarla”. Vicente dejaba unos palos sobresaliendo de la chimenea para saber, al regresar, dónde comenzar a excavar de nuevo y no perder de vista la casa bajo un manto de ceniza.

El volcán Tajogaite cumple este 19 de septiembre cinco años, pero no todas las familias de la isla han podido recuperar su hogar. En total, la lava se llevó 1.600 casas y dos barrios enteros –El Paraíso y Todoque– que han quedado bajo un manto de roca negra. 

Por vivienda afectada, el Gobierno central ha concedido una ayuda de 60.000 euros, el Gobierno canario, 30.000 más, y el Cabildo, otros 10.000. Quien tuviera la vivienda asegurada ha podido recibir del Consorcio el valor de su casa. Pero para recibir todo esto, lo esencial es tener una casa. Y sobre el papel, muchos afectados no la tenían. ¿Cómo es posible?

En La Palma, donde el salario mínimo es regla y la mayor parte del territorio no es urbanizable –por lo tanto, el que hay es caro– muchos vecinos levantan sus casas poco a poco, a lo largo de los años, partiendo de pequeños cuartos de aperos en una finca o en un terreno rústico. Y nunca llegan a regularizar esa vivienda. Hay quien diría que es picardía. Para muchos es necesidad.

En este contexto, mucha gente no ha podido siquiera demostrar que han sido afectados por un volcán porque no vivían oficialmente en la zona. 

En La Palma, el volcán no solo se lleva cuatro paredes. Se lleva el esfuerzo de años de levantar una casa, piedra a piedra, y se lleva a los vecinos que han ayudado a levantarla. Porque cuando la mano de obra es cara, en La Palma las “gallofas” ganan terreno y es la comunidad quien ayuda en la obra. Hace cinco años, el volcán se llevó las paredes, pero también separó a los vecinos.

Los contenedores

No son casos puntuales, sino que se trata de uno de los principales problemas de esta erupción, y da respuesta a por qué, cinco años después, 110 familias siguen viviendo en los “barracones” que se construyeron como medidas supuestamente temporales.

La vida en estos contenedores no es sencilla: quien vive ahí ahora antes del volcán solía vivir en una casa terrera, con su huerta y animales. Los contenedores tienen unos 50 metros cuadrados y están situados en un parking. En la localidad de Los Llanos, los vecinos aquejan falta de insonorización y de aislamiento tanto del frío como del calor. Eva cuenta que no es capaz de sentir el contenedor un hogar porque “no estoy en mi ambiente, porque no puedo moverme. De aquí al sofá, del sofá a la cama, de la cama al sofá. Salir no salgo, porque todo el mundo ahí afuera está con la oreja pegada”.

Otra dificultad por la que están pasando los afectados es la adaptación a un formato de vida no acorde con sus costumbres. “Vivíamos entre familias y nos llevábamos muy bien con todos los vecinos”, cuentan dos hermanas de La Laguna, barrio que se perdió parcialmente. En los lugares afectados, lo más habitual era vivir en lugares con huerto o jardín, lo que contrasta con el reducido espacio del contenedor. “Árboles frutales, naranjos, orquídeas. Teníamos de todo. Nosotras estábamos acostumbradas a vivir en casas terreras. Y eso está debajo del volcán”. 

Eva concluye: “El container no está para vivir personas. Esto es de chapa. La chapa está pensada para meter muebles y animales, y nosotros no somos eso”.

El estatus de damnificado

Los vecinos damnificados han podido construir de manera legal en terreno rústico. Pero, ¿quién se considera damnificado del volcán? Ahí radica otro de los grandes problemas.

Rayco no se considera damnificado a efectos legales, ya que su casa estaba a nombre de sus padres. Por tanto, no ha podido acogerse a las ayudas y facilidades para construir que ofrecen las Administraciones. Lo mismo le sucede a aquellos que, tras el fallecimiento del propietario original, no actualizaron el registro de la propiedad. Si el propietario de la vivienda está muerto, sus herederos –hijos, sobre todo– no han podido recibir las ayudas por la pérdida de la casa, aun estando empadronados en ella.

Vicente ha tardado tres años en recibir la consideración de afectado. Su casa sigue en pie, aunque quedase sepultada bajo la ceniza. “Se ha pagado el valor de lo perdido bajo la lava. Pero ¿qué ocurre con estas viviendas que están deterioradas, con grietas, no hay paredes, no hay servicios...? Para esto no ha habido ninguna dotación”. Vicente no puede habitar su casa, porque hasta su barrio en Las Manchas todavía no llega ninguna carretera, ni agua o luz. Es un barrio todavía sepultado por la ceniza. Tan solo algunas viviendas como la suya sobresalen de entre el desierto negro.

Muchos vecinos denuncian violencia burocrática. “ Vas al Ayuntamiento y todo son problemas. Como si no fueras afectada, ¿sabes?”, cuenta Esther, que perdió la casa el último día de erupción y quiso reconstruir sobre la lava, en su propiedad. “ Para construir tuve que pedir que me quitaran de la zona de exclusión. Me quitaron, después me volvieron a poner, sin dar explicaciones. Pedíamos permiso para aplanar, para quitar la lava. Te cobran hasta por los permisos para aplanar el terreno. Encima que pagas al palista, te cobra el Ayuntamiento. Todo son problemas”.

La pérdida del hogar

Es difícil sentir un hogar allí donde es difícil construir un proyecto de vida. La incertidumbre ha inundado las vidas de sus vecinos, y preguntas como “¿hasta cuando podré quedarme en el contenedor?”, o “¿cuándo podré empezar reconstruir mi casa?” se arremolinan en la mente de los vecinos.

“Vecinos que nacieron ahí, se criaron ahí, y de pronto toda tu raíz… ¿Qué pasa con toda esa parte que desaparece y no queda rastro?”, relata Belqui, cuya casa en el barrio de Tajuya se salvó por muy poco.

El volcán se ha llevado, en tan solo 85 días, lo que para muchos vecinos es el esfuerzo de 30 años de trabajo. Y les ha quitado, además del esfuerzo, y en contraposición, el descanso. Porque un hogar también es poder llegar a casa y tumbarse en el sofá, sabiendo que nadie ni nada interrumpirá ese momento.

Durante cinco años, los vecinos damnificados han pasado por muchas ubicaciones, pero ninguna a largo plazo, y ninguna donde poder descansar plenamente. Habitaciones en albergues, contenedores, casas de familiares o alquileres temporales han compuesto algunas de las soluciones aportadas a los vecinos. Pero llevando siempre una maleta a cuestas, es difícil construir un hogar. 

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La erupción del volcán Tajogaite, en la isla de La Palma, cumple cinco años. Y en elDiario.es hemos querido acercarnos a la realidad que viven las miles de personas que se han visto directamente afectadas por ella. Lo hemos hecho de la mano de nuestra edición local, Canarias Ahora, y de una periodista experta en podcast, Aldara Diéguez, que vive en La Palma. Ella ha dirigido un extraordinario trabajo de cinco capítulos que se emiten desde este miércoles, 16 de septiembre.

A través del testimonio de los vecinos afectados, Hogar de cenizas plantea cuestiones como estas: ¿Es posible sentir hogar en una vivienda de la que tarde o temprano te tendrás que marchar? ¿Seguirías sintiendo arraigo por un lugar que ya no existe?

Aldara ha sabido conjugar muchos sentimientos latentes y otros que se han acrecentado por el volcán y ha conseguido un relato coral sobre arraigo, pertenencia, familia, comunidad y vulnerabilidad. En un contexto de crisis de vivienda que preocupa a todos, la historia de los afectados del volcán de La Palma se vuelve universal. ¿Cuántos de nosotros hemos normalizado ya el vivir en “contenedores”? ¿Cuántos nos tenemos que alejar de nuestra familia y amigos por la subida de precios?

Una serie documental de cinco capítulos de 20 minutos, que se publicarán simultáneamente en todas las plataformas de audio este 16 de septiembre. Allí podremos escuchar la historia de Vicente, que se colaba cada semana en una zona restringida para limpiar de ceniza el tejado de su casa, y evitar perderla de vista bajo un manto negro. La de Martina, que vivió en una caseta de cuatro metros cuadrados en medio de una platanera. O la de Esther, que ha decidido reconstruir su casa encima de la lava. ¿Qué nos lleva a querer volver a donde ya solo queda un páramo negro?

Aldara Diéguez es una veterana de este género. Y es la segunda vez que construye una historia de calado en Canarias. La primera fue en La Gomera, donde recaló para explorar la vida del padre narcotraficante de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Con Meloni: un marqués en La Gomera, fue nominada a un Premio Ondas del podcast, entró en la lista Forbes Best of Podcasting y se situó entre los mejores 10 podcast del año según El País.

Hogar de Cenizas es un proyecto de Canarias Ahora y eldiario.es con el apoyo de la Diputación del Común de Canarias, que tiene su sede en la isla de La Palma.

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Aunque el camino de Ángel Víctor Torres (Arucas, Gran Canaria, 1966) se vio frustrado por un acuerdo alcanzado entre Coalición Canaria y el Partido Popular tras las elecciones del 28 de mayo de 2023, no impidió que su trayectoria política tomara un nuevo rumbo poco después. Pedro Sánchez le llamó para incorporarse al Gobierno como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y desde entonces ha desempeñado con solvencia grandes responsabilidades que le han llevado a día de hoy a asumir el mando único para gestionar la actual crisis migratoria de Ceuta.

Durante estos últimos años, Torres se ha ganado la reputación de ser un experto en crisis. Y es que, si de algo puede presumir el ministro, tras sus cuatro años al frente del Gobierno de Canarias (2019-2023) y su etapa en el Gobierno de España (2023-actualidad), es de ser un buen gestor de las adversidades y de saber afrontar situaciones de crisis extremas.

A lo largo de su mandato tuvo que hacer frente al incendio forestal de Gran Canaria, la quiebra de Thomas Cook, a la pandemia de la Covid-19, que en la primera ola se cebó con especial virulencia en el Archipiélago, a la ruta canaria de 2021 y posteriormente al volcán de La Palma y los episodios extremos de calima, a lo que se suma su gestión de un Gobierno autonómico sustentado en un cuatripartito que logró mantener unido durante toda la legislatura y dirigir sin grandes conflictos públicos.

El primer gran reto de Torres: los incendios forestales de Gran Canaria

El líder del PSOE en Canarias, que formalizará su candidatura a la Presidencia de Canarias el próximo 31 de agosto, subsistió durante 2019 y 2023 a diferentes situaciones de complejidad. Puede que la pandemia de la Covid-19 fuese su mayor desafío pero entre esos años, acumuló otras grandes crisis.

La primera fue a tan solo tres meses después de los comicios. El 10 de agosto de 2019 se originó, de forma intencionada, un incendio forestal en Artenara, extendiéndose hacia Tejeda y Gáldar. El fuego fue declarado estabilizado el 13 de agosto, después de varios días de intenso trabajo de extinción en el que participaron 13 aeronaves. Lo que no sabían es que ese mismo día otro incendio arrasaría el barrio de Cazadores, en Telde. De menor magnitud, aunque no por ello menos preocupante, terminó afectando a unas 160 hectáreas.

En todo ese periodo, el entonces recién investido presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, lideró la gestión de la emergencia priorizando la seguridad de las personas y la comunicación transparente. Su estrategia pasó por evitar a toda costa víctimas mortales, lo que obligó a evacuar a más de 10.000 personas de alrededor de 50 núcleos de población. Un operativo que concluyó con cero pérdidas humanas.

Torres coordinó además junto al Gobierno central el mayor despliegue técnico visto hasta entonces en las islas, con 16 medios aéreos y más de un millar de efectivos terrestres en los momentos más críticos. A este dispositivo se sumó una comunicación constante. El presidente comparecía diariamente ante los medios para ofrecer partes técnicos junto a los expertos de extinción, trasladando la evolución de los incendios y las decisiones que se iban tomando. Una forma de gestionar la comunicación en plena crisis que, posteriormente, fue calificada como ejemplar por profesionales del sector.

El golpe de Thomas Cook

Y cuando apenas había comenzado a coger las riendas del Ejecutivo, Torres tuvo que enfrentarse a otra crisis, esta vez lejos de los montes y con el turismo como protagonista. El 23 de septiembre de 2019, la quiebra del gigante británico Thomas Cook dejó a unos 30.000 turistas afectados en Canarias y puso en jaque a un sector del que depende buena parte de la economía de las islas. La caída del turoperador, que movía alrededor de 3,5 millones de visitantes al año hacia el Archipiélago, amenazaba con convertirse en un golpe de hasta 3.000 millones de euros y ponía en riesgo miles de empleos.

Torres volvió a situarse al frente de la respuesta, esta vez coordinando con el Gobierno central y con el sector turístico un plan de choque para contener las consecuencias. La prioridad pasó por recuperar cuanto antes la conectividad aérea, dar liquidez a las empresas afectadas y proteger el empleo. Canarias consiguió además un fondo específico de 15 millones de euros para recuperar rutas y reforzar la promoción turística, mientras desde el Estado se pusieron en marcha nuevas medidas para facilitar financiación y abaratar las tasas aeroportuarias.

La crisis de Thomas Cook llegó en plena extinción de los incendios forestales y volvió a poner a prueba su capacidad para reaccionar ante situaciones inesperadas. Si en los incendios había tenido que gestionar una emergencia sobre el terreno, ahora debía hacerlo frente a un golpe económico que amenazaba directamente al principal motor de las islas. Dos escenarios muy distintos para un mismo reto: contener la crisis y evitar que sus efectos fueran a más.

La pandemia: el gran examen

El 31 de enero de 2020, otra crisis pondría a prueba su capacidad de respuesta. Canarias no solo registró el primer caso de SARS-CoV-2, sino que fue el primero detectado en España, concretamente en La Gomera. Apenas unas semanas después, el estado de alarma y el confinamiento paralizaron el país y golpearon especialmente a un Archipiélago dependiente del turismo. Torres volvió a asumir una premisa clara: salvar vidas y evitar el colapso sanitario, aunque el coste económico fuera enorme.

Con la llegada del verano, el reto pasó a ser otro. Para recuperar el turismo sin poner en riesgo los avances sanitarios, Torres apostó por convertir Canarias en un destino seguro, reforzando los controles en las fronteras y exigiendo pruebas a los turistas, mientras las nuevas olas obligaron a endurecer de nuevo las restricciones. Al mismo tiempo, su Gobierno regional puso en marcha ayudas para empresas y autónomos y medidas para sostener el empleo.

La pandemia se convirtió así en el mayor desafío de su primera etapa al frente del Gobierno de Canarias. Torres tuvo que tomar decisiones prácticamente inéditas, muchas de ellas bajo una enorme presión y con un escenario que cambiaba cada semana. Fue, también, la crisis que terminó de consolidar esa imagen de presidente acostumbrado a gestionar emergencias y que, con el paso del tiempo, acabaría valiéndole el calificativo de 'experto en crisis'.

El gran pulso migratorio

Pero si algo ha marcado la trayectoria profesional del ministro ha sido su gestión de la crisis migratoria. Una experiencia que, entre otros motivos, le ha llevado a asumir la nueva responsabilidad que acaba de afrontar en Ceuta, adonde se desplazará este mismo martes, tras el Consejo de Ministros, para trabajar codo con codo con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, previsiblemente hasta el 31 de diciembre de 2026.

En 2020, Canarias vivió una crisis migratoria que devolvió a las islas a las cifras de la llamada crisis de los cayucos de 2006. Más de 23.000 personas llegaron al Archipiélago en apenas un año, en plena pandemia y con una red de acogida que no estaba preparada para asumir semejante presión. Los hoteles que habían quedado vacíos por el desplome del turismo se convirtieron en alojamientos de emergencia y el muelle de Arguineguín terminó convirtiéndose en el símbolo de una crisis que desbordó a las administraciones.

Torres convirtió entonces la gestión migratoria en uno de los principales pulsos con el Gobierno central. Aunque el control de fronteras y la acogida de adultos correspondían al Estado, el Ejecutivo canario tuvo que asumir la tutela de los menores no acompañados mientras su red de protección se acercaba al límite. El presidente reclamó de forma reiterada el traslado de migrantes a la Península y una mayor implicación del resto de comunidades autónomas, advirtiendo de que Canarias no podía convertirse en un “muro” ni en una “cárcel a cielo abierto”. Su presión política coincidió con el colapso de Arguineguín, donde llegaron a concentrarse miles de personas, y con la posterior puesta en marcha del llamado Plan Canarias para descongestionar la acogida en las islas.

Fue una crisis que obligó a Torres a moverse entre la gestión sobre el terreno y el pulso político con Madrid, una experiencia que acabaría marcando buena parte de su etapa posterior.

Cuando la crisis se convirtió en rutina

Ángel Víctor Torres también tuvo que hacer frente a otras emergencias extraordinarias. En septiembre de 2021, la erupción del volcán Tajogaite volvió a situar al Archipiélago ante una situación inédita. Durante 85 días, la lava avanzó por el Valle de Aridane, arrasando viviendas, cultivos e infraestructuras. La prioridad fue, como siempre, proteger a la población y, gracias a la evacuación preventiva de unas 7.000 personas y al seguimiento constante de los equipos científicos y de emergencias, la erupción no dejó ninguna víctima mortal directa.

Torres volvió a funcionar como ejemplo de comunicación y gestión de emergencia, compareciendo prácticamente a diario junto a los expertos para informar sobre la evolución del volcán, aunque en esta ocasión se dio una diferencia sustancial al estar marcada por la unidad entre las distintas administraciones y por una respuesta coordinada que permitió afrontar la emergencia sin grandes disputas políticas. Pero cuando el volcán se apagó comenzó otra batalla, mucho más lenta: la reconstrucción. Las ayudas y la entrega de viviendas se demoraron más de lo esperado y la burocracia terminó generando frustración entre unos afectados que habían perdido sus casas, sus tierras y, en muchos casos, su forma de vida.

La erupción terminó así convirtiéndose en una de las grandes paradojas del mandato de Torres. La emergencia se gestionó con el precedente de salvar vidas, pero la reconstrucción quedó pendiente y el tiempo ha demostrado que no era un problema que pudiera resolverse en una legislatura. Casi cinco años después, el Valle de Aridane sigue reconstruyéndose a un ritmo más lento del que desearían los afectados. Solo alrededor del 32% de las fincas agrícolas sepultadas han vuelto a recuperarse y todavía hay familias que dependen de ayudas al alquiler o de viviendas provisionales. La inflación, el encarecimiento de las obras y la propia complejidad de recuperar un territorio sepultado por la lava se han sumado a una burocracia que ha ralentizado el proceso.

Torres no pudo cerrar esa herida durante su etapa al frente del Gobierno de Canarias, pero tampoco lo han conseguido los ejecutivos que le sucedieron. El actual Gobierno de Canarias continúa afrontando problemas que arrastra la reconstrucción desde 2021, desde la recuperación de las fincas y las viviendas hasta infraestructuras como la LP-2, cuyas obras no comenzaron hasta finales de 2025 y tienen prevista su finalización para 2027. Al mismo tiempo, Puerto Naos y La Bombilla avanzan poco a poco hacia la normalidad, aunque todavía bajo vigilancia por la presencia de gases volcánicos. La lava se apagó hace casi cinco años, pero para muchos palmeros la crisis todavía no ha terminado.

Y, entre tanta emergencia, tampoco puede olvidarse otro episodio que coincidió con el arranque de la ruta migratoria que marcaría buena parte de su mandato. En febrero de 2020, Canarias vivió uno de los fines de semana más complicados de aquellos años, cuando una calima de una intensidad que no se recordaba en cuatro décadas se sumó a fuertes vientos, mala mar e incendios forestales. Torres llegó a calificarlo como un “fin de semana de pesadilla”. Más de 800 vuelos fueron cancelados o desviados en un solo día, miles de pasajeros quedaron afectados y más de un millar de personas tuvieron que ser evacuadas por los incendios.

De Canarias al Gobierno de España

El episodio resumía, de alguna manera, lo que acabaría siendo su paso por la Presidencia de Canarias. Emergencias que se sucedían, problemas que se solapaban y un Gobierno obligado a reaccionar prácticamente sobre la marcha. Una experiencia acumulada durante cuatro años que, lejos de quedarse en las islas, terminaría abriéndole las puertas del Gobierno de España. En julio de 2023, Pedro Sánchez le llamó para incorporarse al Ejecutivo como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Su siguiente escenario ya no sería Canarias, sino el conjunto del territorio nacional, donde en 2024 tendría que afrontar las consecuencias de la DANA que golpeó con especial dureza la provincia de Valencia.

La formación política Contigo La Palma, que preside Javier Gutiérrez Taño, ha considerado este martes “muy peligrosa, clientelar y poco ética” la fórmula aplicada por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, para compensar el exceso de ayudas cobrado, debido a un error administrativo, por los plataneros de la isla que fueron beneficiarios de estps apoyos por pérdida de renta como consecuencia de la erupción volcánica en 2021. Se trató de una acción pública correspondiente a la campaña 2021-2022, en la que se pagaron adelantos del subsidio según una previsión de abono, que luego resultó inexacta.

La medida adoptada ahora y aprobada en diciembre pasado con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, recuerda Contigo La Palma, compensa a 1.296 titulares de explotaciones plataneras en la isla, a los que evita el reintegro de las cantidades superadas en aquellos pagos (solo cuatro no podrán recibir la compensación del 100% pues sus reintegros se hallan por encima de los 50.000 euros) gracias a la concesión de ayudas de minimis equivalentes a las deudas pendientes. Ello supone atender un importe total, para evitar esos reintegros, de casi 3,5 millones de euros, tal y como adelantó Canarias Ahora este fin de semana.

Cuestionada legalidad de la disposición adicional

La disposición adicional diseñada por Coalición Canaria en La Palma e introducida en los Presupuestos canarios para 2026 contraviene, tal y como observa Contigo La Palma, el derecho de la Unión Europea (UE) y los reglamentos reguladores de las ayudas de Estado, de obligado cumplimiento para la legislación española y autonómica.

Según la misma organización, todo permite pensar que “se están aplicando irregularmente las ayudas de minimis debido a que, en el caso señalado, no se compensa ninguna pérdida real, pues se conceden sobre los mismos hechos y costes ya compensados” por una ayuda amparada en el Reglamento (UE) 702/2014. El único fin, por lo tanto, es “neutralizar una obligación de reintegro de fondos públicos”.

Ello vulnera ‑se añade‑ las reglas de acumulación del Reglamento (UE) 1408/2013, que impiden sumar ayudas de minimis a ayudas exentas por categorías cuando se superan los límites fijados para los mismos costes subvencionables. La propia disposición adicional, señala Contigo La Palma, reconoce la anomalía del procedimiento al establecer que la concesión “no requerirá de aprobación del gasto”; es decir, se otorga una ayuda pública sin el expediente ordinario de gasto.

Además, prosigue el mismo partido, en la tramitación parlamentaria “se eliminaron deliberadamente los controles de legalidad, al exceptuarse la obligación de emitir el informe preceptivo de la Dirección General de Asuntos Europeos sobre la compatibilidad de la medida con las normas europeas de la competencia”.

Con esa decisión, expone Contigo La Palma, está claro que “se corre el riesgo de que la Comisión Europea entienda que se están aplicando irregularmente las ayudas de minimis en el sector platanero. La Comisión puede examinar estas ayudas por propia iniciativa o a raíz de la denuncia de cualquier persona, agricultor, organización agraria o entidad que se considere afectada”, se recuerda.

Sin transparencia en las ayudas

Contigo La Palma, además, indica que la Consejería de Agricultura acaba de solicitar a las organizaciones de productores de plátanos (OPP) su colaboración para notificar a los beneficiarios que son personas físicas esas ayudas de minimis, de manera individual y presencial en la oficina de Gesplan en Los Llanos de Aridane, “la omnipresente empresa pública en la vida de los afectados por el volcán Tajogaite”. En esa cita, los agricultores firmarán el documento individualizado de aceptación de la ayuda de minimis.

Además, todo apunta, añade Contigo La Palma, a que la Consejería “no hará público el listado de beneficiarios ni la resolución de concesión, sumándose así a la práctica habitual de hermetismo en la gestión de la reconstrucción de la isla tras el volcán, una opacidad que ya ha sido reprochada por el propio Comisionado de Transparencia de Canarias”. Con esta acción, “se vulnera de nuevo el derecho de la ciudadanía a saber cómo se gestiona el dinero de todos: firma presencial, sin publicación de la orden de concesión y sin acceso universal a la información sobre quiénes reciben estos fondos y en qué cuantía”.

Las consecuencias, si se considera ayuda de Estado ilegal

Si esto ocurriera, avanza Contigo La Palma, la Comisión Europea podría exigir la recuperación de la ayuda por ilegalidad o incompatibilidad, pues “es ilegal toda ayuda concedida al amparo de un reglamento de exención que no reúna las condiciones establecidas en dicho reglamento, como parece que es el caso”.

Contigo La Palma considera que “la condonación del exceso cobrado puede generar a los supuestos beneficiarios más daño a medio plazo que la aparente mejora inmediata, porque es probable que las cantidades recibidas terminen teniendo que ser reintegradas con los correspondientes intereses de demora”. También conviene recordar que cuatro de los expedientes ni siquiera quedan cubiertos por el límite de 50.000 euros de la ayuda de minimis, pues “hay excesos abonados, como ocurre en un caso, que superan hasta los 140.000 euros”.

A su vez, no debe olvidarse que en estos momentos se negocia ante instancias de la UE el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, y que desde Canarias “se defiende la continuidad o incluso el incremento de las ayudas del Posei para el plátano”, ahora en 141,1 millones de euros por año. Por lo tanto, “un mal uso de las ayudas de Estado de minimis en este mismo sector bien podría resultar perjudicial para las propuestas que debe adoptar la UE con vistas a ese periodo, el nuevo septenio presupuestario”, plantea la misma formación política.

Expuesto lo anterior, “la solución más razonable, ética y legal debió ser haber continuado con el expediente abierto en la Consejería y reintegrar los excesos de ayuda, pagos que no correspondían”. En política, remata Contigo La Palma, “la ética es la frontera entre gobernar para todos o repartir favores. Si una ayuda se ha cobrado indebidamente, se devuelve. Seguiremos defendiendo que el dinero público se gestione con transparencia, igualdad y respeto a la ley”, subraya Javier Gutiérrez Taño.

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Se ha tardado casi cuatro meses más de lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) para 2026, pero la solución ya está canalizada, aunque solo en su primera fase, pero también es verdad que esta es la que ahora más importa, un compromiso principal que además se atiende a menos de un año de las próximas elecciones locales y autonómicas (mayo de 2027).

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, que dirige el herreño de AHI Narvay Quintero, ya lo tiene todo preparado, y así se lo ha hecho saber a las entidades plataneras de La Palma que le servirán de apoyo o respaldo para lograr que los reintegros de ayudas que afectan a titulares de explotaciones en esa isla, los vinculados al apoyo compensatorio de renta de los plataneros por las consecuencias del volcán Tajogaite en la campaña 2021-22, al final no sean devueltos al erario de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), sino que sean compensados, perdonados o regalados, la elección de palabra que se prefiera. En resumen: el erario autonómico debía recibir 3,5 millones de euros por pagos en exceso de apoyo público y ahora esa cantidad, o mejor, un poquito menos, se convierte en una especie de premio gordo, para unos más que para otros.

Eso es lo que se empezará a hacer estos días, gracias al respaldo parlamentario que el diseño de esa medida, muy cuestionada legalmente, tuvo en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2026 (a través de la inclusión de una disposición adicional aprobada en comisión parlamentaria con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención del PSOE y la única oposición de Nueva Canarias -NC- a la enmienda final in voce; NC incluso llevó al pleno un voto particular). La solución ideada por CC en La Palma y ejecutada desde la Consejería de Agricultura supone tener que afrontar un gasto extra en torno a 3,5 millones de euros, solo en la primera fase del que será un doble regalo.

Hay que señalar que la cifra de 3,5 millones de euros, que es la suma total de los reintegros afectados (ayuda compensatoria por el volcán de La Palma de la campaña 2021-22, la primera de tres concedidas con el mismo objeto: dos de la CAC -2021-22 y 2022-23, y está pendiente la 2023-24- y una más de refuerzo del Cabildo insular -2022-23-), se verá reducida, pero no en una cuantía relevante (poco más de 100.000 euros), debido a que hay cantidades cobradas de más por beneficiarios plataneros que superan el límite del perdón: los 50.000 euros por titular que permite la ayuda de minimis. Exactamente son cuatro, y muy especiales, todos ellos beneficiarios que cobraron excesos de más de 141.000 euros, más de 56.000 y dos con más de 52.000. A todos estos no se les compensará el total que se les había regalado, sino solo la ayuda máxima de minimis: 50.000 euros.

Estos titulares de explotaciones, los que mayores cifras de reintegro tienen, y otros, hasta una suma de 1.296 deudores, es imposible conocerlos por la vía pública y de forma directa, al menos por ahora, debido a la falta de transparencia que se ha impuesto en la tramitación de esos fondos públicos, algo habitual e incluso recriminado por el Comisionado de Transparencia. Así es prácticamente en todo lo que hace referencia a las ayudas y subvenciones aprobadas para la reconstrucción de la isla de La Palma tras el volcán.

Aquellos casos, los de los cuatro expedientes que no cubren sus reintegros con la ayuda de minimis, son pocos pero bien conocidos en la isla (también otros con las cifras más abultadas del perdón), pues se trata de personas jurídicas con representantes muy presentes en actividades de organizaciones agrarias y patronales del sector platanero. La parte que esté por encima de los 50.000 euros de la cifra final del reintegro sí deberá ser reembolsada a la Consejería de Agricultura, acto administrativo que se resolverá a la vez que se acepte la ayuda de minimis. Habrá firma presencial en el caso de las personas físicas y tramitación por sede electrónica para las personas jurídicas, como se verá más adelante.

También ya se conoce que algún potencial beneficiario presentará su renuncia a participar en ese proceso, lo que significa que no aceptará la compensación y sí optará por formalizar el reintegro, algo que ha propuesto como solución más razonable, ética y legal la organización profesional agraria Palca-Unión de Uniones, la única que ha realizado esta apuesta.

Agricultura ahora se da mucha prisa

Tras estas primeras compensaciones, que se pretenden formalizar a partir de estos días, la Consejería de Agricultura deberá culminar una segunda fase (también en la citada disposición adicional), que es la que implica tener que compensar con el mismo regalo o muy parecido a los demás plataneros de la isla, los que no tuvieron el problema del reintegro, este concentrado en los 1.296 titulares con explotaciones plataneras en los cinco municipios con más afección del volcán: Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte, Fuencaliente y Tijarafe.

La segunda fase beneficiará a algo más de 2.000 titulares de explotaciones localizadas en los otros nueve municipios de la isla (a los que se prevé que lleguen algo más de dos millones de euros, según primeras estimaciones), todos menos los previamente beneficiados por la compensación extra de renta de la campaña 2021-22, que fueron los radicados en aquellos cinco municipios. Estos suman casi 1.300 titulares de fincas, son los que debían reintegrar 3,5 millones de euros y serán los primeros en recibir el perdón.

Narvay Quintero avisa a los ‘premiados’

La Consejería de Agricultura ya ha informado a las entidades plataneras con agricultores en La Palma sobre “cómo va a ser la notificación individual de la orden de concesión de las ayudas de minimis previstas en la disposición adicional quincuagésima de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre y de Presupuestos Generales de la CAC para 2026”.

Estas, como se ha indicado, son las ayudas perdón o los regalos dirigidos solo a aquellos titulares de explotaciones plataneras que percibieron un pago a cuenta (adelantado) en exceso, superior al real o al finalmente aprobado, dentro de los beneficiarios de los apoyos directos por pérdida de renta correspondientes a la campaña platanera 2021-2022 en La Palma (las fincas localizadas en cinco municipios de la isla, los más perjudicados por el volcán). Fue una medida arbitrada por los efectos negativos en ese cultivo de la erupción del Tajogaite (de septiembre de 2021), entonces desarrollada desde la Consejería de Agricultura con la socialista palmera Alicia Vanoostende al frente, la que fuera consejera en el periodo 2019-23. El problema se produjo al pagar adelantos según unas previsiones de compensación con diseño público que más tarde no se cumplieron (al cierre de la campaña), según la valoración final de pérdida de renta aplicada, que fue la realizada por el consorcio Agroseguro.

Ahora, tras CC forzar la inclusión de la citada disposición adicional en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2026 (solo con la oposición frontal de NC), con esta muy discutida base legal, se ha procedido a la consumación de esos regalos, cuestión impulsada por CC en La Palma y solución administrativa gestionada desde la Consejería de Agricultura, ahora con Narvay Quintero de titular (AHI). Y esto se hace a través de la aprobación de ayudas de minimis a los plataneros amenazados con reintegros parciales de esa ayuda directa y especial por el volcán, la de la campaña 2021-22.

El citado perdón suma una cantidad global de 3,5 millones de euros (el valor total de los reintegros), fondos que, en menor cuantía general (porque hay reintegros de titulares, los menos -cuatro-, que son superiores al máximo de la ayuda de minimis, de 50.000 euros, y los que estén por encima de este umbral sí tendrán que devolver el resto no cubierto con esta compensación ad hoc), no tendrán que devolver los 1.300 beneficiarios (1.296, para ser exactos) de esta fórmula, solo en esta primera fase o parte inicial de la medida adoptada según la disposición adicional. El dinero público utilizado pertenece a fondos propios de la CAC.

Según la comunicación oficial ya remitida (esta semana) desde la Consejería de Agricultura a entidades plataneras de La Palma y a las organizaciones de productores de plátanos (OPP), información a la que ha tenido acceso este periódico digital, “la notificación de esas ayudas se va a realizar en la oficina de la empresa pública Gesplan en La Palma, la ubicada en la avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, número 57, bajo [Los Llanos de Aridane], para así poder disponer de más personal ubicado en La Palma. Habrá personal de la Dirección General de Agricultura, de la Viceconsejería de Sector Primario y de Gesplan”.

En el contenido de ese correo electrónico, se indica que “el horario de atención al público será desde las 9.00 hasta las 13.30, y citaremos a la gente por días, sin horas concretas, para que se pasen en el horario mencionado a firmar la documentación, entre otra la aceptación de la ayuda de minimis. Dicha citación será por llamada telefónica. Esta notificación solo se va a realizar a las personas físicas. Las personas jurídicas serán notificadas por sede electrónica y deberán aportar la declaración responsable firmada por registro general mediante sede electrónica (…)”. Se trata de un diseño de entrega o aceptación de estas nuevas ayudas que se convierte en un alarde para evitar la transparencia.

La misma comunicación hace una serie de advertencias al beneficiario: “Cabe recordar que los interesados de la ayuda deben acudir con su DNI para poder ser identificados. Se les entregará la notificación de la orden [resolución de concesión individual, que no se ha publicado con acceso universal] acompañada del anexo individualizado. Asimismo, tendrán que firmar la declaración responsable que acompaña a la orden y un recibí de la notificación. Ambos documentos son necesarios para la efectividad de la ayuda”.

Luego, en su parte final, el texto trasladado por la Consejería recuerda a los receptores de las ayudas de minimis cómo se ha desarrollado todo este proceso para el perdón de los reintegros de subsidios cobrados de más por plataneros de La Palma con cargo a la campaña 2021-22 y anclados en las consecuencias del volcán.

Disposición adicional metida en la Ley de Presupuestos

Luego, ya se termina con esta redacción: “Como aclaración y para poder ayudarles a entender esta ayuda, la disposición adicional quincuagésima de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, dice: Ayudas de minimis al sector platanero afectado por la erupción volcánica de la isla de La Palma del año 2021.

1) La persona titular de la consejería competente en materia de agricultura concederá en el primer trimestre del año 2026 [va a ser en el tercero], previa modificación presupuestaria que resulte necesaria, una ayuda de minimis a quienes hubiesen sido beneficiarios de las ayudas por pérdida de renta como consecuencia de la erupción volcánica de la isla de La Palma del año 2021, correspondiente a la campaña 2021-2022, que obtuvieron un pago a cuenta en exceso una vez aplicada la fórmula del artículo 30.7 del Reglamento 702/2014, de la Comisión y de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas en los sectores agrícolas y forestales y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

La cuantía de tales ayudas se corresponderá con el mismo importe del exceso resultante del pago a cuenta de las ayudas por pérdida de renta y hasta el límite [máximo de la ayuda de minimis de 50.000 euros] establecido en el Reglamento (UE) 2024/3118, de la Comisión, de 10 de diciembre de 2024 y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE a las ayudas de minimis en el sector agrícola.

Aquellos beneficiarios de las ayudas en los que el importe de exceso del pago a cuenta por pérdida de renta supere el importe máximo de la ayuda de minimis [50.000 euros] concedida deberán reintegrar la diferencia previa tramitación del correspondiente expediente [esto explica que la cifra total compensada a través de las minimis sea algo menor -en algo más de 100.000 euros- a la suma de los reintegros: 3,5 millones de euros].

2) La concesión de la ayuda prevista en el apartado anterior no requerirá de aprobación del gasto, toda vez que tales importes se encuentran en poder de la beneficiaria.

3) Asimismo, se habilita a la persona titular de la consejería competente en materia de agricultura, previa tramitación de las modificaciones de crédito que resulten precisas, a conceder ayudas de minimis por la pérdida de producción producida en la campaña 2021-2022 al resto del sector platanero de la isla de La Palma [a unos 2.000 agricultores y en torno a dos millones de euros más, según las primeras estimaciones], como consecuencia de la erupción volcánica sufrida en esta isla en el año 2021 [al final se amplió a todos los productores palmeros, para evitar reclamaciones y denuncias y para buscar amplios consensos sociales y políticos en la isla].

4) La tramitación de estas ayudas no requerirá de la emisión del informe de la Dirección General de Asuntos Europeos“ [algo en lo que ha centrado su rechazo, entre otros asuntos, el grupo parlamentario NC].

La formación política Contigo La Palma ha considerado este miércoles muy grave el rechazo de este martes por parte del Parlamento de Canarias, en sintonía con el Gobierno de Canarias y gracias al apoyo prestado por los partidos que sostienen al Ejecutivo de Fernando Clavijo (CC, PP, ASG y AHI), a que se publiquen, con identificación de todas las personas beneficiarias y las cantidades recibidas, las ayudas destinadas a compensar los perjuicios económicos producidos por la erupción volcánica del volcán Tajogaite en la isla de La Palma. 

Contigo La Palma lamenta que “se oculte quién recibió las ayudas y cómo estas se calcularon”, y sostiene que esta “es una pregunta muy sencilla que debe ser respondida con transparencia y acceso público ilimitado a los datos”. Este partido, añade su presidente, Javier Gutiérrez Taño, subraya que “no hablamos de dinero privado; hablamos de fondos públicos que pertenecen a todos, y hay que saber cómo se reparten. Esto no es entrometerse en la vida de nadie”. 

Para Contigo La Palma, el derecho de acceso a la información pública “no es una concesión graciosa de los poderes públicos, sino una exigencia democrática que no puede depender de la voluntad política de quien ocupe el cargo”, afirma la misma fuente, porque, “quien se opone a la transparencia, se opone al control ciudadano de la gestión pública” y esto es “hacer un daño a la democracia”. 

Sobre esta cuestión, la normativa es muy clara, señala la formación. La Ley 38/2003, la general de subvenciones, y los reglamentos europeos 2021/241 y 651/2014 obligan a publicar quiénes son los beneficiarios de los apoyos públicos. “No se trata de algo opcional, sino que es un mandato vinculante cuando las ayudas se financian total o parcialmente con fondos públicos europeos o nacionales”, que es el caso, remarca Gutiérrez Taño. Además, y aquí hay otro argumento clave, se añade desde Contigo La Palma, “la protección de la intimidad del polémico artículo 10.6 de la Ley de Volcanes, introducido por el Gobierno de Canarias con posterioridad al informe del Consejo Consultivo sobre el texto aportado por los promotores de la iniciativa legislativa popular, no puede oponerse a normas estatales o europeas de rango igual o superior”. 

“Lo más preocupante de todo lo ocurrido con este proceso es, sin duda, la deriva del Ejecutivo canario”, considera Gutiérrez Taño, pues, “antes de lo decidido este martes en el Parlamento regional con la mayoría de los partidos que apoyan al Gobierno, el Comisionado de Transparencia de Canarias, mediante la Resolución D2025000082, ordenó a la Consejería de Presidencia publicar esas ayudas. ¿Y cuál fue la respuesta del Gobierno de Canarias? Demandar al propio Comisionado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Que un Gobierno lleve a los tribunales a un órgano del Parlamento que lo controla es un hecho inaudito en Canarias y dibuja una línea muy fina entre la legalidad y el abuso institucional”, lamentó el presidente de Contigo La Palma. 

Este martes, también en el Parlamento de Canarias, los servicios jurídicos de la Cámara dejaron por escrito que la negativa del Gobierno autonómico a publicar los beneficiarios de las ayudas carece de fundamento jurídico. Aun así, Coalición Canaria, Partido Popular, ASG y AHI, con la abstención de VOX, tumbaron la solicitud de acceso a la información de esas ayudas concedidas por los efectos destructivos del volcán palmero. Esta vez, “frente a la ley, ganó el silencio”, dijo Javier Gutiérrez Taño. 

Para la formación Contigo La Palma, lo ocurrido es “un atropello en toda regla. Aquí no se discute una interpretación técnica, sino que se pisotea un derecho constitucional (artículo 105.b de la Constitución Española): el derecho de cada persona a saber cómo se gestiona su dinero. Está en juego la calidad de nuestra democracia y la obligación de cualquier gobierno de rendir cuentas a sus ciudadanos. La transparencia no es un favor, es una obligación. Y los palmeros y palmeras tienen derecho a saber, siempre”.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, el herreño de AHI Narvay Quintero, lo tiene muy claro y lo ha explicado de forma sencilla en el Parlamento de Canarias. Así se pudo ver.

Quintero formuló este miércoles lo que su Consejería cree que se debe hacer con el problema enquistado, pues ya son más de dos años sin soluciones palpables, de la compensación pública pendiente (el 81% de 11 millones de euros) por los costes extras asumidos por los plataneros de La Palma como consecuencia de la afección ocasionada por la ceniza del volcán Tajogaite en todas las explotaciones de la Isla Bonita, aunque con diferentes intensidades según zonas.

Esa ayuda directa se ha pagado de forma parcial, hasta ahora solo el 19% (dos millones de euros) del total definido (que son 11 millones), con cargo a la campaña 2021-22 y con reparto realizado de esa fracción del apoyo global según una resolución publicada en abril de 2024.

Sobre esta cuestión, en la sesión más reciente de la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias (la de este miércoles) y a preguntas del portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Luis Campos, el titular canario de Agricultura respondió de manera tajante y afirmó que al sector platanero de La Palma afectado por la ceniza emitida por el Tajogaite en el último cuatrimestre de 2021 se le “deben nueve millones de euros” en apoyo público directo.

Además, se reconoció que todos esos cosecheros de la fruta más importante en Canarias debían haber recibido una compensación global por el impacto de la ceniza en sus costes de producción de la campaña 2021-22 de 11 millones de euros y, hasta hoy, solo se han pagado algo más de dos millones, esto es, el 19% del cálculo real establecido para cumplir con esa medida de respaldo.

Quintero reconoció en su intervención tras la primera exposición de Luis Campos esa “deuda de nueve millones de euros” con los plataneros de La Palma por la ceniza del volcán y además sostuvo que “tenemos que buscar ese dinero” que falta; si no viene del Estado, “seremos nosotros”, o sea, el Gobierno de Canarias“. El consejero puso el énfasis en que ese 19%, la parte que ya se ha pagado, fue el compromiso entonces asumido por Canarias, ese y solo ese, y dejó caer que el resto, el 81%, no se había abonado a los plataneros palmeros porque esos fondos no fueron puestos ni han sido aportados por el Estado.

Merecidas pero sin completarse

Luego, subrayó: “El pago de esa deuda el sector se la merece”. Ahora bien, lo cierto es que desde que se abonó el 19% indicado (abril de 2024), que fueron pagos a titulares de explotaciones plataneras con distintas intensidades según los 14 municipios de La Palma, ya han pasado más de dos años y del 81% restante nada se sabe.

Este asunto, muy caliente en La Palma, ha vuelto estos días a convertirse en noticia de actualidad gracias a la denuncia de lo que está ocurriendo formulada inicialmente por la organización profesional agraria Palca-Unión de Uniones.

Hay que indicar que la Consejería de Agricultura, en abril de 2024, publicó (junto al reparto de la compensación por pérdida de renta correspondiente a la campaña 2022-23 -otra medida diferente-, vinculada esta a los efectos más directos del volcán en el cultivo del plátano solo en la comarca de Aridane) una resolución de ayudas directas para aligerar, las que por ahora son las primeras y únicas (ahí estaba el 19% pagado), los efectos negativos ocasionados a esa producción agrícola subtropical por la ceniza del Tajogaite, entonces con el abono total de unos dos millones de euros, lo que solo permitió cubrir el 19% del daño total, como ya se ha dicho. Esta medida se había calculado con cargo a la campaña 2021-22, en la que más afectó la actividad eruptiva del último volcán canario.

Esos primeros pagos, realizados a unos 3.000 plataneros de toda La Palma (se descartaron por normativa las cantidades inferiores a 100 euros, que si no hubieran sido unos 4.000 beneficiarios con ingresos) con distintas intensidades según los índices de compensación previamente fijados (los concretó la Consejería canaria con el apoyo de la organización platanera regional Asprocan) por municipios de la isla (14 territorios), se realizaron en 2024 (el daño fue en la campaña agrícola 2021-22), pero desde entonces, y es lo que organizaciones profesionales agrarias como Palca-Unión de Uniones han criticado con dureza, solo ha existido el silencio de las administraciones públicas involucradas, de unas más que otras.

Ese silencio es el que el miércoles rompió Narvay Quintero en sede parlamentaria forzado por la pregunta de Nueva Canarias. Ahí, el consejero de Agricultura ha dejado claro que la deuda de nueve millones de euros con el sector platanero de La Palma existe, el 81% de la ayuda por la ceniza que aún no ha sido abonado, y que, si ese pago no se hace con fondos del Estado, será la propia Consejería, el Ejecutivo autonómico, el que asuma lo que falta para llegar a la compensación total.

Quintero planteó con claridad que se pagarán esos nueve millones, aunque sobre las fechas acerca de cuándo estará el dinero restante en las cuentas de los afectados nada habló. La ejecución del compromiso sigue en el limbo.

El Gobierno de Canarias continúa con su huida hacia adelante para ocultar los nombres de los beneficiarios de las ayudas por el volcán de La Palma. Después de mandar a los tribunales a la Comisionada de Transparencia, que ha pedido hacer público los listados, el Ejecutivo regional ha aumentado el presupuesto de la partida, alcanzando la cifra de 340 millones de euros, y ha difundido en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) una nueva relación de subvenciones sin detallar las identidades de quienes las reciben.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, liderada por la palmera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), ha cerrado la puerta a indicar quiénes perciben esas ayudas (exceptuando a las empresas, que sí figuran) mediante una orden que busca “evitar la divulgación de la condición de persona afectada por la erupción volcánica” y el “conocimiento público de la situación económica y patrimonial preexistente de cada una de ellas”.

Las subvenciones pretenden “compensar los perjuicios económicos” de la erupción de 2021 para reparar “el valor total del daño producido” (aunque no se detalla cómo se calcula eso). Por lo que divulgar cuánto dinero reciben los afectados revelaría cuánto tenían el día antes del desastre, según la tesis del Gobierno, algo que “no debe ser objeto de publicación ni difusión”. El Ejecutivo autonómico se apoya en un informe jurídico interno que recoge el “soporte legal” de esa limitación: el artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones.

“No serán publicadas las subvenciones concedidas cuando la publicación de los datos del beneficiario (…) pueda ser contraria al respeto y la salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas físicas (…) y a la propia imagen”, recoge esa disposición. La Intervención General de la Comunidad Autónoma se ha limitado a señalar que mientras la orden no sea anulada “resulta imperativo su cumplimiento”. Y la Intervención General del Estado también la ha avalado sin entrar en el fondo del asunto.

Pero la decisión no ha estado exenta de polémica. La Comisionada de Transparencia, la también palmera Noelia García (Partido Popular), alcaldesa de Los Llanos de Aridane cuando estalló el volcán, ha defendido que sí deben hacerse público los nombres a raíz de un recurso del presidente de una asociación de damnificados por la erupción, Tierra Bonita, porque ser afectado por una catástrofe natural es un acontecimiento fortuito y “no es un hecho negativo que menoscabe la consideración social de la persona”.

La Comisionada defiende que la única excepción válida para no publicar esa información es cuando se trata de datos “especialmente protegidos”, estos son, el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, los datos genéticos, biométricos o relativos a la salud, los relativos a la vida sexual o a las orientaciones sexuales, y los referidos a condenas e infracciones penales, según viene en el artículo 7 del reglamento de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que hace referencia a una regulación europea aprobada en 2016.

García sostiene que “es evidente” que ninguno de estos datos sería revelado como consecuencia de la publicación de estas ayudas. “A mayor abundamiento”, agrega, ser una víctima de una erupción volcánica “no es una circunstancia que lesione el derecho al honor y la intimidad de la persona”, puesto que, en su opinión, no se genera “ningún perjuicio añadido” a los ya padecidos por la propia catástrofe.

Con respecto al conocimiento de la situación patrimonial previa de los afectados, la Comisionada es igual de tajante. “Es evidente que la misma no está compuesta únicamente por el patrimonio inmobiliario afectado, sino por otros posibles elementos patrimoniales y fuentes de ingreso que no se revelan con la publicación de las ayudas”.

La resolución resalta que estos argumentos “no deben empañar las sólidas razones de interés público” para la publicación de todas las cifras que la ley exige en materia de subvenciones y ayudas, “teniendo en cuenta que se trata de distribuir el dinero procedente del pago de los impuestos por los ciudadanos: conocer quiénes son las personas que reciben dinero público, detectar posibles irregularidades o errores, evitar duplicidades, casos de fraude o cobro indebido, etc.”.

La Comisionada requirió al Ejecutivo que publicase los datos en junio del año pasado. Le recordó también que la orden que regula y establece el carácter anónimo de las ayudas es un acto administrativo de rango inferior a la ley y “no puede determinar la inaplicación de la normativa”. Pero el Gobierno presentó un recurso contencioso-administrativo como respuesta, algo inédito hasta ahora en el Archipiélago.

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma han vuelto a sostener que ocultar los datos personales de los beneficiarios “es el resultado del juicio de ponderación entre transparencia y protección de la intimidad de los afectados”, añadiendo además que divulgarlos “requeriría el consentimiento expreso de cada uno” de ellos.

Pero el punto más relevante del recurso es la aplicación de la ley canaria de volcanes, de iniciativa popular y reciente aprobación, para elevar la prohibición de la difusión de la información a rango de ley. Después del requerimiento de la Comisionada (y después también de que pasara por el Consejo Consultivo), el Gobierno regional enmendó esa norma para incorporar un artículo, el 10.6, que convierte en ley la ocultación de los nombres de los beneficiarios de las ayudas con efectos retroactivos desde 19 de septiembre de 2021, fecha de la erupción.

“¿Cómo se han repartido los fondos? ¿Quién cobró primero? ¿Quién cobró después? ¿Y quién se quedó fuera? ¿Por qué no se publican los listados de ayudas? ¿Qué tienen que ocultar? Algunos dirán que hoy no es el día para hablar de esto, pero yo digo que sí, porque a esta isla no solo la cubrió el volcán con ceniza, después de las elecciones también las ha cubierto el silencio”, expresó en sede parlamentaria la diputada socialista Alicia Vanooestende, de La Palma, cuando se dio a conocer el dictamen sobre la ley de volcanes, con la enmienda ya incluida.

El Ejecutivo autonómico defiende que “este argumento es por sí solo suficiente para la estimación del recurso”. Pero alega igualmente que la orden que regula las subvenciones tiene “naturaleza normativa” al ser de “vigencia indefinida”, pues en su opinión “innova el ordenamiento jurídico con vocación de permanencia”. El Gobierno cita jurisprudencia del Supremo para defender que su orden no se trata de “unas bases exclusivas para una sola convocatoria y solo válidas para su aplicación única”, sino que “tiene validez para sucesivas convocatorias y se incorpora al ordenamiento jurídico”.

Expertos en transparencia y protección de datos consultados por Canarias Ahora se muestran divididos en esta cuestión. Carles San José Amat, licenciado en Derecho y jefe de Inspección de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) durante casi doce de años, cree que revelar los nombres de los afectados no afecta a su intimidad, sino que es un dato personal, sin más.

“Conocer el valor de una vivienda o de un vehículo o de los bienes que has perdido son datos personales, pero no íntimos”, expone. Para él, la “intimidad” está reservada legalmente para categorías especiales de datos, como la ideología, la salud o la religión. Pero en este caso “no entra el límite porque, claro, aplicando esta regla de tres que hace el Gobierno de Canarias, cualquier dato personal económico es íntimo”.

José Amat utiliza como ejemplo las expropiaciones forzosas. Si un particular quisiera conocer cuánto le ha costado al Gobierno de Canarias expropiar una finca de la que se conoce su titular (nombre que sí se hace público), la administración estaría “obligada” a dar esa cifra “y con eso estaría revelando que esa persona ha cobrado un millón de euros”, por ejemplo, “pero no entra en el límite de la intimidad”.

“Es que estamos hablando de dinero público. La gente tiene derecho a saber qué hace la administración y cómo lo hace cuando se trata de ello. A ver si resulta que las ayudas se están dando solo a familias con determinado apellido, o si están beneficiando, no sé, a personas de determinadas poblaciones porque tienen un color político concreto”, cuestiona el experto.

La jurista especializada en protección de datos Jeimy Poveda, no obstante, advierte que las autoridades de protección de datos han sido “categóricas” a la hora de indicar a las administraciones que identificar a los beneficiarios de ayudas “cuando esto pudiera suponer un perjuicio a su derecho a la protección de datos” podría constituir un incumplimiento de la normativa.

Poveda sí considera que el hecho de haber sido víctima de una catástrofe natural sitúa en una “posición de vulnerabilidad” a los afectados y que ello “requiere de mayor protección”. Aunque propone una solución para “cumplir de manera proporcionada y, a partir de un balance de derechos, con el derecho a la transparencia”: la seudonimización de los datos y otras técnicas que eviten su publicación en abierto, “de tal manera que solo quienes estén inmersos en el proceso puedan conocer la información de los demás”.

“Eso no supone una limitación al derecho de transparencia: los interesados pueden conocer los criterios utilizados para decidir, el baremo y las puntuaciones; y la ciudadanía puede acceder a información agregada sin que la lista publicada permita, por criterios de individualización, localización u otros, identificar fácilmente al beneficiario por terceros ajenos al proceso”, razona la también directora de la consultoría Dataseg, en Tenerife.

Manuela Battaglini, abogada y directora ejecutiva de la consultora de ética digital Transparent Internet, también aboga por la seudonimización y el “acceso limitado” a quien acredite interés y capacidad de acceso a los datos “bajo absoluta confidencialidad”. A ella le parece que la eliminación total de los nombres “parece una medida exagerada”.

“Está claro que es necesario proteger a los interesados, en particular porque muchos de ellos están en situaciones de vulnerabilidad que de ser más conocida sufrirían un mayor grado de estigmatizacion social. Pero a su vez es legítimo pensar en la transparencia”, resume.

Por último, Noel Armas, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla, cree que “es discutible” acceder a este tipo de información porque la legislación de protección de datos “es muy celosa” al respecto, por lo que cualquier petición tendría que “estar muy bien justificada”. Como “solución de compromiso”, sí ve viable la entrega de listados “debidamente anonimizados” en los que pueda verse cuántas personas están recibiendo las subvenciones, cuánto dinero recibe cada una, si hay quienes han recibido ayudas y por qué o si existe alguna supervisión ‘a posteriori’ de los requisitos.

Todo comenzó con la visita a un vecino de El Paso meses después de la erupción de La Palma de 2021. Su casa se agrietaba y el propietario confesó a los geólogos que llevaba reparando esas mismas grietas desde los años 80. Este testimonio fue una de las piezas clave que permitió a un equipo de científicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), liderados por Miguel Ángel Rodríguez-Pascua, confirmar que las fracturas que guiaron la salida del magma hasta formar el volcán de Tajogaite llevan moviéndose desde mucho tiempo antes y continúan haciéndolo en la actualidad.

Aunque la existencia de las fallas ya se publicó en un trabajo anterior, los científicos han identificado ahora un fenómeno llamado “creep” asísmico, un deslizamiento “lento pero continuo” que no genera terremotos perceptibles pero que tiene la fuerza suficiente para deformar el terreno y las infraestructuras. Según los resultados publicados en la revista Natural Hazards, las fallas de Tazacorte y Mazo registran velocidades de desplazamiento de hasta 2,80 milímetros al año. Aunque estas cifras puedan parecer minúsculas, son geológicamente muy relevantes: estas fallas se mueven casi tres veces más rápido que la falla de Carboneras, considerada hasta ahora la más activa de la península ibérica.

Además, la huella geológica va más allá del cráter. El equipo decidió extender la vigilancia hasta la costa, concretamente a Puerto Naos, una zona turística que quedó al margen de las coladas de lava. Allí, los instrumentos han confirmado por primera vez que la falla local también “respira”: registra su propio movimiento de apertura y cierre constante, demostrando que el movimiento lento de “creep” de las fallas no se limita exclusivamente a las fallas activas que condicionaron la erupción del volcán Tajogaite.

Medir las fisuras

Para llegar a estas conclusiones en un contexto de emergencia habitacional, el equipo científico desplegó una red de fisurómetros de precisión, una metodología rápida y económica ideada para dar respuestas urgentes a los ayuntamientos afectados. Sin embargo, esta técnica tiene sus límites: mide cuánto se abre una grieta, pero no la dirección exacta del movimiento complejo del terreno. Por ello, los investigadores advierten que es imprescindible instalar una red de GPS de alta precisión para monitorizar el desplazamiento a largo plazo, algo que ya no depende de un proyecto científico puntual, sino que debería ser una política de Estado gestionada por las administraciones locales.

La buena noticia para los residentes es que este movimiento es tan paulatino que no implica un riesgo de colapso repentino. “A la gente no se le van a caer las casas encima”, asegura Rodríguez-Pascua a elDiario.es, ya que el deterioro es progresivo y permite detectar si una vivienda deja de ser habitable con mucha antelación. Además, el fenómeno es muy selectivo y afecta solo a las construcciones situadas justo encima de la línea de fractura, pudiendo dejar intacta una casa situada a escasos 30 metros.

Esta vigilancia tiene que ser ya de por vida. Es como un enfermo crónico al que tienes que seguir durante años

Miguel Ángel Rodríguez-Pascua — Investigador del IGME-CSIC y líder del estudio  

Raúl Pérez, geólogo del IGME-CSIC y coautor del trabajo, resalta el valor de haber hallado que esas fallas eran preexistentes y que fueron las responsables de que la subida del magma fuera muy rápida durante la erupción de 2021. “Si no hubiesen estado estas fallas, hubiese tardado algo más en ascender el magma porque tendría que haber ido rompiendo”, asegura. Por otro lado, apunta, el “creep” asociado a las fallas post-eruptivas también es un fenómeno de emergencia porque afecta a las viviendas. “Este tipo de erupción urbana se ve en otras partes del mundo”, señala. “En el Etna esto ocurre constantemente. Y hay multitud de casas, incluso que tienen un cartel que pone: atención, esta casa está afectada por una falla activa”.

Según los autores, este hallazgo cambia el paradigma de la seguridad en Canarias. Hasta ahora nunca se habían definido fallas activas de este tipo en el archipiélago. El estudio subraya que la monitorización de estas “cicatrices” geológicas debe ser ya una tarea de por vida, esencial no solo para gestionar las indemnizaciones y reparaciones actuales, sino para una correcta ordenación del territorio que evite construir sobre un suelo que sabemos que se seguirá moviendo. “Esta vigilancia no debe aplicarse solamente a las casas que se puedan estar deformando en la actualidad, esto tiene que ser ya de por vida”, asegura Rodríguez-Pascua. “Es como un enfermo crónico al que tienes que seguir durante años”.

“El estudio es muy interesante porque, a menudo, pensamos que los riesgos ocasionados por las erupciones volcánicas acaban cuando el volcán se apaga”, comenta el geólogo y divulgador Nahúm Méndez Chazarra. “Los autores han tenido la suerte de contar con testimonios de los vecinos que ya habían observado grietas en sus casas hace casi cuatro décadas, poniendo en valor la importancia de rescatar datos históricos”. En su opinión, fenómenos como el observado en la isla de La Palma pueden ayudarnos a comprender cómo se deforma el terreno antes y después de la erupción. Y sobre todo a cómo tener en cuenta estos procesos para construir infraestructuras y viviendas que sean mucho más resilientes a los cambios que se producen“, subraya.

“Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema”. En la mente de todos quedó este comentario viral de un residente de La Palma el domingo 19 de septiembre de 2021, mientras veía desde su casa el primer cañonazo de una erupción que duró 85 días y formó el volcán de Tajogaite. 

En aquellas primeras horas, especialistas y legos se preguntaban qué había sucedido exactamente en las entrañas de la isla para que no dejaran de abrirse nuevas bocas de lava. Cuatro años después, un equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), encabezados por María Romero Toribio, acaba de encontrar una de las últimas piezas del puzzle que explica lo que pasó en las últimas horas y en los últimos metros de la erupción.  

Tal y como revelan en la revista Remote sensing, mediante el uso de varios drones equipados con magnetómetros de alta precisión, los científicos han obtenido un mapa de las anomalías magnéticas de la zona. Este mapa proporciona información clave sobre la estructura interna del cono del volcán y revela la posible localización de un conducto aún caliente bajo el Tajogaite por el que el magma migró justo antes de emerger.  

Un camino de magma

“La principal incógnita era qué había sucedido en los primeros metros de corteza, muy cerca de la estructura del volcán” relata Romero Toribio a elDiario.es. “Todos los investigadores nos empezamos a preguntar cómo la sismicidad se acumulaba en una zona y el magma salió de repente por otra dos kilómetros y medio más al noreste. Teníamos que ver qué está pasando en los metros más superficiales”. 

Lo novedoso del enfoque ha sido el uso de una tecnología que permite adquirir datos en zonas que están todavía demasiado calientes o protegidas como para acceder con los equipos. En una campaña realizada entre 2024 y 2025 sobre un área de aproximadamente 7 km2, los drones dotados de magnetómetros midieron cómo las rocas han quedado magnetizadas a medida que enfriaba el volcán. Y esto ha permitido detectar una región con menor “susceptibilidad magnética” que indica por dónde pudo emerger el magma desde el interior hacia el volcán.

“Encontramos una señal de que por ahí pudo haber un camino de magma caliente”, explica la investigadora principal. “Es probable que haya seguido unas debilidades que vienen dadas por el sistema de fallas de Mazo, que está más al sur. Sabíamos, por otros estudios, que esas fallas estaban ahí y que podían haber tenido un papel. Esto ocurrió en pocas horas y tuvo que ser una migración muy rápida, probablemente asociada a fracturas que ya estaban presentes”. 

En otras palabras, las zonas de baja susceptibilidad magnética reveladas por los drones indican la presencia de un dique o camino aún muy caliente vinculado al sistema de fallas de Mazo y constituyen la primera evidencia directa de cómo el magma, que produjo la actividad sísmica previa a la erupción, se trasladó en cuestión de horas hacia el punto exacto donde se abrió la fisura, 2'5 kilómetros al noroeste.  

El papel de la falla

Raúl Pérez, geólogo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), cree que es un trabajo muy sólido e inteligente, que complementa los trabajos anteriores sobre la falla de Mazo y la de Tazacorte. “Demuestran la existencia de una zona de diferente susceptibilidad magnética compatible con la existencia de la falla de Mazo, la cual explicaría el rápido ascenso del magma entre el 11 y el 19 de septiembre que acabó en la erupción del Tajogaite”, explica. En su opinión, el resultado refuerza su hipótesis de que una fractura previa aceleró el ascenso de magma y puso en contacto la boca con la zona profunda, haciendo que durase 85 días. “Aparentemente, al presurizarse el magma, se movió hacia zonas de menor presión y subió como un cañón por un camino previo”.

El geólogo y divulgador Nahúm Méndez Chazarra cree que el estudio permite conocer cuáles fueron las estructuras y mecanismos que facilitaron el ascenso del magma hacia la superficie y nos puede ayudar a hacer mejores modelos de las erupciones volcánicas. En cuanto a la parte tecnológica, cree que la aplicación de enjambres de drones podría acelerar muchísimo el análisis de las erupciones volcánicas, algo que podría ser “fundamental para anticipar la dinámica de las propias erupciones”.

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad la Ley de Volcanes, una norma que emana de una iniciativa popular surgida en La Palma tras la erupción del otoño de 2021 que reunió más de 19.000 firmas y que ha sido tramitada en la cámara legislativa hasta convertirse en la primera ley de volcanes de España. En los 85 días que estuvo activo el volcán, nombrado después Tajogaite, la lava afectó a unas 1.200 hectáreas de terreno en las que destruyó 2.988 edificaciones, de las que más de la mitad eran domicilios residenciales (1.345) y obligó a la evacuación de más de 7.000 personas.

La nueva ley pretende introducir más agilidad en la capacidad de respuesta a los afectados, que se pueda volver a construir la vivienda perdida en la misma zona de la erupción o la que esté más cerca e introduce el efecto retroactivo, de tal manera que se blindan derechos económicos y sociales, se garantiza la compensación a precio de los bienes perdidos y viviendas dignas para los que las hayan perdido.

Los portavoces de los grupos parlamentarios coincidieron en elogiar el origen popular de la norma y el consenso político para su aprobación, si bien la diputada del PSOE Alicia Vanoostende fue muy crítica con la respuesta del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Palma en los últimos dos años, que no ha estado “a la altura del pueblo palmero”.

“No hay peor engaño que el que se hace a las personas vulnerables”, denunció Vanoostede, cuyo grupo mantuvo sin éxito una enmienda para que haya transparencia y se sepa qué personas reciben las ayudas públicas.

La gente “sigue esperando una respuesta”, el Gobierno central “tiene un compromiso firme con la recuperación”, pero los agricultores, los vecinos de la zona de exclusión siguen teniendo dudas sobre cómo se han repartido los fondos, y se oculta a quién han ido las ayudas, queremos luz y taquígrafos“, manifestó la representante del PSOE, quien exigió que el ejecutivo canario ”no siga usando el dolor de un pueblo para hacer política“.

El resto de los portavoces centraron sus intervenciones en el elogio de la Ley de Volcanes, y así Jonathan de Felipe, de CC, recordó que los afectados se encontraron ante una erupción sin una norma jurídica que permitiera hacerle frente y son ellos mismos “quienes regalan a Canarias una norma como esta”, para afrontar nuevas erupciones y para aplicarla en el caso del Tajogaite en todo aquello que sea compatible.

La diputada del PP Raquel Díaz comentó que nunca se olvidará que el Tajogaite “arrasó con historias y recuerdos” frente al que aunque “no teníamos un manual, la reacción se convirtió en un ejemplo de gestión pública y solidaridad institucional”.

“No podemos detener la lava ni aliviar el dolor, pero sí aprovechar esa experiencia para dotarnos de un marco legal que ampare a todos y ayude en el futuro a la recuperación de los proyectos de vida”, explicó.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, destacó que esta iniciativa popular demuestra que la sociedad siempre va por delante.

No obstante, subrayó que frente a la erupción del Tajogaite “se hizo mucho, aunque de forma insuficiente y más lenta de lo adecuado, de ahí la necesidad de esta norma: para aprender de los errores y consolidar lo que se hizo bien”.

Javier Nieto, de Vox, recordó que los ciudadanos de La Palma siguen con problemas sin resolver y con heridas que aún no están cicatrizadas y defendió que aunque esta ley no resuelve todo ni es una panacea sí demuestra la importancia del consenso para buscar soluciones y acercarse a los problemas de los ciudadanos.

Jesús Ramos Chinea, de ASG, destacó que esta norma es un ejemplo de que entre el pueblo y el Parlamento se pueden crear sinergias en beneficio de todos.

El diputado de AHI Raúl Acosta Raúl Acosta (AHÍ) subrayó que la ley emana del pueblo y entronca con la participación ciudadana en la política, a la vez que se ha enriquecido en la tramitación parlamentaria mediante la aportación de todos los grupos.

La nueva normativa aprobada definitivamente este miércoles busca dotar a la comunidad autónoma de una respuesta integral, ágil y coordinada que mejore los procesos de recuperación en caso de nuevas erupciones volcánicas y garantice los derechos y compensaciones a los afectados.

La suficiencia de las ayudas a los damnificados, la recuperación de viviendas y actividades económicas, la coordinación de las administraciones en sus respuestas y la eliminación de burocracia son aspectos en los que incide la Ley para agilizar la reconstrucción en caso de catástrofe volcánica.

La reconstrucción incluye la recuperación social, económica y ambiental del espacio territorial afectado por la erupción y las coladas de lava, pero también de la isla en su conjunto.

En particular, se pretende que los afectados puedan volver a instalarse en el mismo lugar en el que se encontraban sus propiedades, o lo más cerca posible, pero también que recobren su vida y actividades o sus explotaciones agrícolas o ganaderas.