Aunque el camino de Ángel Víctor Torres (Arucas, Gran Canaria, 1966) se vio frustrado por un acuerdo alcanzado entre Coalición Canaria y el Partido Popular tras las elecciones del 28 de mayo de 2023, no impidió que su trayectoria política tomara un nuevo rumbo poco después. Pedro Sánchez le llamó para incorporarse al Gobierno como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y desde entonces ha desempeñado con solvencia grandes responsabilidades que le han llevado a día de hoy a asumir el mando único para gestionar la actual crisis migratoria de Ceuta.

Durante estos últimos años, Torres se ha ganado la reputación de ser un experto en crisis. Y es que, si de algo puede presumir el ministro, tras sus cuatro años al frente del Gobierno de Canarias (2019-2023) y su etapa en el Gobierno de España (2023-actualidad), es de ser un buen gestor de las adversidades y de saber afrontar situaciones de crisis extremas.

A lo largo de su mandato tuvo que hacer frente al incendio forestal de Gran Canaria, la quiebra de Thomas Cook, a la pandemia de la Covid-19, que en la primera ola se cebó con especial virulencia en el Archipiélago, a la ruta canaria de 2021 y posteriormente al volcán de La Palma y los episodios extremos de calima, a lo que se suma su gestión de un Gobierno autonómico sustentado en un cuatripartito que logró mantener unido durante toda la legislatura y dirigir sin grandes conflictos públicos.

El primer gran reto de Torres: los incendios forestales de Gran Canaria

El líder del PSOE en Canarias, que formalizará su candidatura a la Presidencia de Canarias el próximo 31 de agosto, subsistió durante 2019 y 2023 a diferentes situaciones de complejidad. Puede que la pandemia de la Covid-19 fuese su mayor desafío pero entre esos años, acumuló otras grandes crisis.

La primera fue a tan solo tres meses después de los comicios. El 10 de agosto de 2019 se originó, de forma intencionada, un incendio forestal en Artenara, extendiéndose hacia Tejeda y Gáldar. El fuego fue declarado estabilizado el 13 de agosto, después de varios días de intenso trabajo de extinción en el que participaron 13 aeronaves. Lo que no sabían es que ese mismo día otro incendio arrasaría el barrio de Cazadores, en Telde. De menor magnitud, aunque no por ello menos preocupante, terminó afectando a unas 160 hectáreas.

En todo ese periodo, el entonces recién investido presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, lideró la gestión de la emergencia priorizando la seguridad de las personas y la comunicación transparente. Su estrategia pasó por evitar a toda costa víctimas mortales, lo que obligó a evacuar a más de 10.000 personas de alrededor de 50 núcleos de población. Un operativo que concluyó con cero pérdidas humanas.

Torres coordinó además junto al Gobierno central el mayor despliegue técnico visto hasta entonces en las islas, con 16 medios aéreos y más de un millar de efectivos terrestres en los momentos más críticos. A este dispositivo se sumó una comunicación constante. El presidente comparecía diariamente ante los medios para ofrecer partes técnicos junto a los expertos de extinción, trasladando la evolución de los incendios y las decisiones que se iban tomando. Una forma de gestionar la comunicación en plena crisis que, posteriormente, fue calificada como ejemplar por profesionales del sector.

El golpe de Thomas Cook

Y cuando apenas había comenzado a coger las riendas del Ejecutivo, Torres tuvo que enfrentarse a otra crisis, esta vez lejos de los montes y con el turismo como protagonista. El 23 de septiembre de 2019, la quiebra del gigante británico Thomas Cook dejó a unos 30.000 turistas afectados en Canarias y puso en jaque a un sector del que depende buena parte de la economía de las islas. La caída del turoperador, que movía alrededor de 3,5 millones de visitantes al año hacia el Archipiélago, amenazaba con convertirse en un golpe de hasta 3.000 millones de euros y ponía en riesgo miles de empleos.

Torres volvió a situarse al frente de la respuesta, esta vez coordinando con el Gobierno central y con el sector turístico un plan de choque para contener las consecuencias. La prioridad pasó por recuperar cuanto antes la conectividad aérea, dar liquidez a las empresas afectadas y proteger el empleo. Canarias consiguió además un fondo específico de 15 millones de euros para recuperar rutas y reforzar la promoción turística, mientras desde el Estado se pusieron en marcha nuevas medidas para facilitar financiación y abaratar las tasas aeroportuarias.

La crisis de Thomas Cook llegó en plena extinción de los incendios forestales y volvió a poner a prueba su capacidad para reaccionar ante situaciones inesperadas. Si en los incendios había tenido que gestionar una emergencia sobre el terreno, ahora debía hacerlo frente a un golpe económico que amenazaba directamente al principal motor de las islas. Dos escenarios muy distintos para un mismo reto: contener la crisis y evitar que sus efectos fueran a más.

La pandemia: el gran examen

El 31 de enero de 2020, otra crisis pondría a prueba su capacidad de respuesta. Canarias no solo registró el primer caso de SARS-CoV-2, sino que fue el primero detectado en España, concretamente en La Gomera. Apenas unas semanas después, el estado de alarma y el confinamiento paralizaron el país y golpearon especialmente a un Archipiélago dependiente del turismo. Torres volvió a asumir una premisa clara: salvar vidas y evitar el colapso sanitario, aunque el coste económico fuera enorme.

Con la llegada del verano, el reto pasó a ser otro. Para recuperar el turismo sin poner en riesgo los avances sanitarios, Torres apostó por convertir Canarias en un destino seguro, reforzando los controles en las fronteras y exigiendo pruebas a los turistas, mientras las nuevas olas obligaron a endurecer de nuevo las restricciones. Al mismo tiempo, su Gobierno regional puso en marcha ayudas para empresas y autónomos y medidas para sostener el empleo.

La pandemia se convirtió así en el mayor desafío de su primera etapa al frente del Gobierno de Canarias. Torres tuvo que tomar decisiones prácticamente inéditas, muchas de ellas bajo una enorme presión y con un escenario que cambiaba cada semana. Fue, también, la crisis que terminó de consolidar esa imagen de presidente acostumbrado a gestionar emergencias y que, con el paso del tiempo, acabaría valiéndole el calificativo de 'experto en crisis'.

El gran pulso migratorio

Pero si algo ha marcado la trayectoria profesional del ministro ha sido su gestión de la crisis migratoria. Una experiencia que, entre otros motivos, le ha llevado a asumir la nueva responsabilidad que acaba de afrontar en Ceuta, adonde se desplazará este mismo martes, tras el Consejo de Ministros, para trabajar codo con codo con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, previsiblemente hasta el 31 de diciembre de 2026.

En 2020, Canarias vivió una crisis migratoria que devolvió a las islas a las cifras de la llamada crisis de los cayucos de 2006. Más de 23.000 personas llegaron al Archipiélago en apenas un año, en plena pandemia y con una red de acogida que no estaba preparada para asumir semejante presión. Los hoteles que habían quedado vacíos por el desplome del turismo se convirtieron en alojamientos de emergencia y el muelle de Arguineguín terminó convirtiéndose en el símbolo de una crisis que desbordó a las administraciones.

Torres convirtió entonces la gestión migratoria en uno de los principales pulsos con el Gobierno central. Aunque el control de fronteras y la acogida de adultos correspondían al Estado, el Ejecutivo canario tuvo que asumir la tutela de los menores no acompañados mientras su red de protección se acercaba al límite. El presidente reclamó de forma reiterada el traslado de migrantes a la Península y una mayor implicación del resto de comunidades autónomas, advirtiendo de que Canarias no podía convertirse en un “muro” ni en una “cárcel a cielo abierto”. Su presión política coincidió con el colapso de Arguineguín, donde llegaron a concentrarse miles de personas, y con la posterior puesta en marcha del llamado Plan Canarias para descongestionar la acogida en las islas.

Fue una crisis que obligó a Torres a moverse entre la gestión sobre el terreno y el pulso político con Madrid, una experiencia que acabaría marcando buena parte de su etapa posterior.

Cuando la crisis se convirtió en rutina

Ángel Víctor Torres también tuvo que hacer frente a otras emergencias extraordinarias. En septiembre de 2021, la erupción del volcán Tajogaite volvió a situar al Archipiélago ante una situación inédita. Durante 85 días, la lava avanzó por el Valle de Aridane, arrasando viviendas, cultivos e infraestructuras. La prioridad fue, como siempre, proteger a la población y, gracias a la evacuación preventiva de unas 7.000 personas y al seguimiento constante de los equipos científicos y de emergencias, la erupción no dejó ninguna víctima mortal directa.

Torres volvió a funcionar como ejemplo de comunicación y gestión de emergencia, compareciendo prácticamente a diario junto a los expertos para informar sobre la evolución del volcán, aunque en esta ocasión se dio una diferencia sustancial al estar marcada por la unidad entre las distintas administraciones y por una respuesta coordinada que permitió afrontar la emergencia sin grandes disputas políticas. Pero cuando el volcán se apagó comenzó otra batalla, mucho más lenta: la reconstrucción. Las ayudas y la entrega de viviendas se demoraron más de lo esperado y la burocracia terminó generando frustración entre unos afectados que habían perdido sus casas, sus tierras y, en muchos casos, su forma de vida.

La erupción terminó así convirtiéndose en una de las grandes paradojas del mandato de Torres. La emergencia se gestionó con el precedente de salvar vidas, pero la reconstrucción quedó pendiente y el tiempo ha demostrado que no era un problema que pudiera resolverse en una legislatura. Casi cinco años después, el Valle de Aridane sigue reconstruyéndose a un ritmo más lento del que desearían los afectados. Solo alrededor del 32% de las fincas agrícolas sepultadas han vuelto a recuperarse y todavía hay familias que dependen de ayudas al alquiler o de viviendas provisionales. La inflación, el encarecimiento de las obras y la propia complejidad de recuperar un territorio sepultado por la lava se han sumado a una burocracia que ha ralentizado el proceso.

Torres no pudo cerrar esa herida durante su etapa al frente del Gobierno de Canarias, pero tampoco lo han conseguido los ejecutivos que le sucedieron. El actual Gobierno de Canarias continúa afrontando problemas que arrastra la reconstrucción desde 2021, desde la recuperación de las fincas y las viviendas hasta infraestructuras como la LP-2, cuyas obras no comenzaron hasta finales de 2025 y tienen prevista su finalización para 2027. Al mismo tiempo, Puerto Naos y La Bombilla avanzan poco a poco hacia la normalidad, aunque todavía bajo vigilancia por la presencia de gases volcánicos. La lava se apagó hace casi cinco años, pero para muchos palmeros la crisis todavía no ha terminado.

Y, entre tanta emergencia, tampoco puede olvidarse otro episodio que coincidió con el arranque de la ruta migratoria que marcaría buena parte de su mandato. En febrero de 2020, Canarias vivió uno de los fines de semana más complicados de aquellos años, cuando una calima de una intensidad que no se recordaba en cuatro décadas se sumó a fuertes vientos, mala mar e incendios forestales. Torres llegó a calificarlo como un “fin de semana de pesadilla”. Más de 800 vuelos fueron cancelados o desviados en un solo día, miles de pasajeros quedaron afectados y más de un millar de personas tuvieron que ser evacuadas por los incendios.

De Canarias al Gobierno de España

El episodio resumía, de alguna manera, lo que acabaría siendo su paso por la Presidencia de Canarias. Emergencias que se sucedían, problemas que se solapaban y un Gobierno obligado a reaccionar prácticamente sobre la marcha. Una experiencia acumulada durante cuatro años que, lejos de quedarse en las islas, terminaría abriéndole las puertas del Gobierno de España. En julio de 2023, Pedro Sánchez le llamó para incorporarse al Ejecutivo como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Su siguiente escenario ya no sería Canarias, sino el conjunto del territorio nacional, donde en 2024 tendría que afrontar las consecuencias de la DANA que golpeó con especial dureza la provincia de Valencia.

La formación política Contigo La Palma, que preside Javier Gutiérrez Taño, ha considerado este martes “muy peligrosa, clientelar y poco ética” la fórmula aplicada por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, para compensar el exceso de ayudas cobrado, debido a un error administrativo, por los plataneros de la isla que fueron beneficiarios de estps apoyos por pérdida de renta como consecuencia de la erupción volcánica en 2021. Se trató de una acción pública correspondiente a la campaña 2021-2022, en la que se pagaron adelantos del subsidio según una previsión de abono, que luego resultó inexacta.

La medida adoptada ahora y aprobada en diciembre pasado con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, recuerda Contigo La Palma, compensa a 1.296 titulares de explotaciones plataneras en la isla, a los que evita el reintegro de las cantidades superadas en aquellos pagos (solo cuatro no podrán recibir la compensación del 100% pues sus reintegros se hallan por encima de los 50.000 euros) gracias a la concesión de ayudas de minimis equivalentes a las deudas pendientes. Ello supone atender un importe total, para evitar esos reintegros, de casi 3,5 millones de euros, tal y como adelantó Canarias Ahora este fin de semana.

Cuestionada legalidad de la disposición adicional

La disposición adicional diseñada por Coalición Canaria en La Palma e introducida en los Presupuestos canarios para 2026 contraviene, tal y como observa Contigo La Palma, el derecho de la Unión Europea (UE) y los reglamentos reguladores de las ayudas de Estado, de obligado cumplimiento para la legislación española y autonómica.

Según la misma organización, todo permite pensar que “se están aplicando irregularmente las ayudas de minimis debido a que, en el caso señalado, no se compensa ninguna pérdida real, pues se conceden sobre los mismos hechos y costes ya compensados” por una ayuda amparada en el Reglamento (UE) 702/2014. El único fin, por lo tanto, es “neutralizar una obligación de reintegro de fondos públicos”.

Ello vulnera ‑se añade‑ las reglas de acumulación del Reglamento (UE) 1408/2013, que impiden sumar ayudas de minimis a ayudas exentas por categorías cuando se superan los límites fijados para los mismos costes subvencionables. La propia disposición adicional, señala Contigo La Palma, reconoce la anomalía del procedimiento al establecer que la concesión “no requerirá de aprobación del gasto”; es decir, se otorga una ayuda pública sin el expediente ordinario de gasto.

Además, prosigue el mismo partido, en la tramitación parlamentaria “se eliminaron deliberadamente los controles de legalidad, al exceptuarse la obligación de emitir el informe preceptivo de la Dirección General de Asuntos Europeos sobre la compatibilidad de la medida con las normas europeas de la competencia”.

Con esa decisión, expone Contigo La Palma, está claro que “se corre el riesgo de que la Comisión Europea entienda que se están aplicando irregularmente las ayudas de minimis en el sector platanero. La Comisión puede examinar estas ayudas por propia iniciativa o a raíz de la denuncia de cualquier persona, agricultor, organización agraria o entidad que se considere afectada”, se recuerda.

Sin transparencia en las ayudas

Contigo La Palma, además, indica que la Consejería de Agricultura acaba de solicitar a las organizaciones de productores de plátanos (OPP) su colaboración para notificar a los beneficiarios que son personas físicas esas ayudas de minimis, de manera individual y presencial en la oficina de Gesplan en Los Llanos de Aridane, “la omnipresente empresa pública en la vida de los afectados por el volcán Tajogaite”. En esa cita, los agricultores firmarán el documento individualizado de aceptación de la ayuda de minimis.

Además, todo apunta, añade Contigo La Palma, a que la Consejería “no hará público el listado de beneficiarios ni la resolución de concesión, sumándose así a la práctica habitual de hermetismo en la gestión de la reconstrucción de la isla tras el volcán, una opacidad que ya ha sido reprochada por el propio Comisionado de Transparencia de Canarias”. Con esta acción, “se vulnera de nuevo el derecho de la ciudadanía a saber cómo se gestiona el dinero de todos: firma presencial, sin publicación de la orden de concesión y sin acceso universal a la información sobre quiénes reciben estos fondos y en qué cuantía”.

Las consecuencias, si se considera ayuda de Estado ilegal

Si esto ocurriera, avanza Contigo La Palma, la Comisión Europea podría exigir la recuperación de la ayuda por ilegalidad o incompatibilidad, pues “es ilegal toda ayuda concedida al amparo de un reglamento de exención que no reúna las condiciones establecidas en dicho reglamento, como parece que es el caso”.

Contigo La Palma considera que “la condonación del exceso cobrado puede generar a los supuestos beneficiarios más daño a medio plazo que la aparente mejora inmediata, porque es probable que las cantidades recibidas terminen teniendo que ser reintegradas con los correspondientes intereses de demora”. También conviene recordar que cuatro de los expedientes ni siquiera quedan cubiertos por el límite de 50.000 euros de la ayuda de minimis, pues “hay excesos abonados, como ocurre en un caso, que superan hasta los 140.000 euros”.

A su vez, no debe olvidarse que en estos momentos se negocia ante instancias de la UE el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, y que desde Canarias “se defiende la continuidad o incluso el incremento de las ayudas del Posei para el plátano”, ahora en 141,1 millones de euros por año. Por lo tanto, “un mal uso de las ayudas de Estado de minimis en este mismo sector bien podría resultar perjudicial para las propuestas que debe adoptar la UE con vistas a ese periodo, el nuevo septenio presupuestario”, plantea la misma formación política.

Expuesto lo anterior, “la solución más razonable, ética y legal debió ser haber continuado con el expediente abierto en la Consejería y reintegrar los excesos de ayuda, pagos que no correspondían”. En política, remata Contigo La Palma, “la ética es la frontera entre gobernar para todos o repartir favores. Si una ayuda se ha cobrado indebidamente, se devuelve. Seguiremos defendiendo que el dinero público se gestione con transparencia, igualdad y respeto a la ley”, subraya Javier Gutiérrez Taño.

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Se ha tardado casi cuatro meses más de lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) para 2026, pero la solución ya está canalizada, aunque solo en su primera fase, pero también es verdad que esta es la que ahora más importa, un compromiso principal que además se atiende a menos de un año de las próximas elecciones locales y autonómicas (mayo de 2027).

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, que dirige el herreño de AHI Narvay Quintero, ya lo tiene todo preparado, y así se lo ha hecho saber a las entidades plataneras de La Palma que le servirán de apoyo o respaldo para lograr que los reintegros de ayudas que afectan a titulares de explotaciones en esa isla, los vinculados al apoyo compensatorio de renta de los plataneros por las consecuencias del volcán Tajogaite en la campaña 2021-22, al final no sean devueltos al erario de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), sino que sean compensados, perdonados o regalados, la elección de palabra que se prefiera. En resumen: el erario autonómico debía recibir 3,5 millones de euros por pagos en exceso de apoyo público y ahora esa cantidad, o mejor, un poquito menos, se convierte en una especie de premio gordo, para unos más que para otros.

Eso es lo que se empezará a hacer estos días, gracias al respaldo parlamentario que el diseño de esa medida, muy cuestionada legalmente, tuvo en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2026 (a través de la inclusión de una disposición adicional aprobada en comisión parlamentaria con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención del PSOE y la única oposición de Nueva Canarias -NC- a la enmienda final in voce; NC incluso llevó al pleno un voto particular). La solución ideada por CC en La Palma y ejecutada desde la Consejería de Agricultura supone tener que afrontar un gasto extra en torno a 3,5 millones de euros, solo en la primera fase del que será un doble regalo.

Hay que señalar que la cifra de 3,5 millones de euros, que es la suma total de los reintegros afectados (ayuda compensatoria por el volcán de La Palma de la campaña 2021-22, la primera de tres concedidas con el mismo objeto: dos de la CAC -2021-22 y 2022-23, y está pendiente la 2023-24- y una más de refuerzo del Cabildo insular -2022-23-), se verá reducida, pero no en una cuantía relevante (poco más de 100.000 euros), debido a que hay cantidades cobradas de más por beneficiarios plataneros que superan el límite del perdón: los 50.000 euros por titular que permite la ayuda de minimis. Exactamente son cuatro, y muy especiales, todos ellos beneficiarios que cobraron excesos de más de 141.000 euros, más de 56.000 y dos con más de 52.000. A todos estos no se les compensará el total que se les había regalado, sino solo la ayuda máxima de minimis: 50.000 euros.

Estos titulares de explotaciones, los que mayores cifras de reintegro tienen, y otros, hasta una suma de 1.296 deudores, es imposible conocerlos por la vía pública y de forma directa, al menos por ahora, debido a la falta de transparencia que se ha impuesto en la tramitación de esos fondos públicos, algo habitual e incluso recriminado por el Comisionado de Transparencia. Así es prácticamente en todo lo que hace referencia a las ayudas y subvenciones aprobadas para la reconstrucción de la isla de La Palma tras el volcán.

Aquellos casos, los de los cuatro expedientes que no cubren sus reintegros con la ayuda de minimis, son pocos pero bien conocidos en la isla (también otros con las cifras más abultadas del perdón), pues se trata de personas jurídicas con representantes muy presentes en actividades de organizaciones agrarias y patronales del sector platanero. La parte que esté por encima de los 50.000 euros de la cifra final del reintegro sí deberá ser reembolsada a la Consejería de Agricultura, acto administrativo que se resolverá a la vez que se acepte la ayuda de minimis. Habrá firma presencial en el caso de las personas físicas y tramitación por sede electrónica para las personas jurídicas, como se verá más adelante.

También ya se conoce que algún potencial beneficiario presentará su renuncia a participar en ese proceso, lo que significa que no aceptará la compensación y sí optará por formalizar el reintegro, algo que ha propuesto como solución más razonable, ética y legal la organización profesional agraria Palca-Unión de Uniones, la única que ha realizado esta apuesta.

Agricultura ahora se da mucha prisa

Tras estas primeras compensaciones, que se pretenden formalizar a partir de estos días, la Consejería de Agricultura deberá culminar una segunda fase (también en la citada disposición adicional), que es la que implica tener que compensar con el mismo regalo o muy parecido a los demás plataneros de la isla, los que no tuvieron el problema del reintegro, este concentrado en los 1.296 titulares con explotaciones plataneras en los cinco municipios con más afección del volcán: Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte, Fuencaliente y Tijarafe.

La segunda fase beneficiará a algo más de 2.000 titulares de explotaciones localizadas en los otros nueve municipios de la isla (a los que se prevé que lleguen algo más de dos millones de euros, según primeras estimaciones), todos menos los previamente beneficiados por la compensación extra de renta de la campaña 2021-22, que fueron los radicados en aquellos cinco municipios. Estos suman casi 1.300 titulares de fincas, son los que debían reintegrar 3,5 millones de euros y serán los primeros en recibir el perdón.

Narvay Quintero avisa a los ‘premiados’

La Consejería de Agricultura ya ha informado a las entidades plataneras con agricultores en La Palma sobre “cómo va a ser la notificación individual de la orden de concesión de las ayudas de minimis previstas en la disposición adicional quincuagésima de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre y de Presupuestos Generales de la CAC para 2026”.

Estas, como se ha indicado, son las ayudas perdón o los regalos dirigidos solo a aquellos titulares de explotaciones plataneras que percibieron un pago a cuenta (adelantado) en exceso, superior al real o al finalmente aprobado, dentro de los beneficiarios de los apoyos directos por pérdida de renta correspondientes a la campaña platanera 2021-2022 en La Palma (las fincas localizadas en cinco municipios de la isla, los más perjudicados por el volcán). Fue una medida arbitrada por los efectos negativos en ese cultivo de la erupción del Tajogaite (de septiembre de 2021), entonces desarrollada desde la Consejería de Agricultura con la socialista palmera Alicia Vanoostende al frente, la que fuera consejera en el periodo 2019-23. El problema se produjo al pagar adelantos según unas previsiones de compensación con diseño público que más tarde no se cumplieron (al cierre de la campaña), según la valoración final de pérdida de renta aplicada, que fue la realizada por el consorcio Agroseguro.

Ahora, tras CC forzar la inclusión de la citada disposición adicional en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2026 (solo con la oposición frontal de NC), con esta muy discutida base legal, se ha procedido a la consumación de esos regalos, cuestión impulsada por CC en La Palma y solución administrativa gestionada desde la Consejería de Agricultura, ahora con Narvay Quintero de titular (AHI). Y esto se hace a través de la aprobación de ayudas de minimis a los plataneros amenazados con reintegros parciales de esa ayuda directa y especial por el volcán, la de la campaña 2021-22.

El citado perdón suma una cantidad global de 3,5 millones de euros (el valor total de los reintegros), fondos que, en menor cuantía general (porque hay reintegros de titulares, los menos -cuatro-, que son superiores al máximo de la ayuda de minimis, de 50.000 euros, y los que estén por encima de este umbral sí tendrán que devolver el resto no cubierto con esta compensación ad hoc), no tendrán que devolver los 1.300 beneficiarios (1.296, para ser exactos) de esta fórmula, solo en esta primera fase o parte inicial de la medida adoptada según la disposición adicional. El dinero público utilizado pertenece a fondos propios de la CAC.

Según la comunicación oficial ya remitida (esta semana) desde la Consejería de Agricultura a entidades plataneras de La Palma y a las organizaciones de productores de plátanos (OPP), información a la que ha tenido acceso este periódico digital, “la notificación de esas ayudas se va a realizar en la oficina de la empresa pública Gesplan en La Palma, la ubicada en la avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, número 57, bajo [Los Llanos de Aridane], para así poder disponer de más personal ubicado en La Palma. Habrá personal de la Dirección General de Agricultura, de la Viceconsejería de Sector Primario y de Gesplan”.

En el contenido de ese correo electrónico, se indica que “el horario de atención al público será desde las 9.00 hasta las 13.30, y citaremos a la gente por días, sin horas concretas, para que se pasen en el horario mencionado a firmar la documentación, entre otra la aceptación de la ayuda de minimis. Dicha citación será por llamada telefónica. Esta notificación solo se va a realizar a las personas físicas. Las personas jurídicas serán notificadas por sede electrónica y deberán aportar la declaración responsable firmada por registro general mediante sede electrónica (…)”. Se trata de un diseño de entrega o aceptación de estas nuevas ayudas que se convierte en un alarde para evitar la transparencia.

La misma comunicación hace una serie de advertencias al beneficiario: “Cabe recordar que los interesados de la ayuda deben acudir con su DNI para poder ser identificados. Se les entregará la notificación de la orden [resolución de concesión individual, que no se ha publicado con acceso universal] acompañada del anexo individualizado. Asimismo, tendrán que firmar la declaración responsable que acompaña a la orden y un recibí de la notificación. Ambos documentos son necesarios para la efectividad de la ayuda”.

Luego, en su parte final, el texto trasladado por la Consejería recuerda a los receptores de las ayudas de minimis cómo se ha desarrollado todo este proceso para el perdón de los reintegros de subsidios cobrados de más por plataneros de La Palma con cargo a la campaña 2021-22 y anclados en las consecuencias del volcán.

Disposición adicional metida en la Ley de Presupuestos

Luego, ya se termina con esta redacción: “Como aclaración y para poder ayudarles a entender esta ayuda, la disposición adicional quincuagésima de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, dice: Ayudas de minimis al sector platanero afectado por la erupción volcánica de la isla de La Palma del año 2021.

1) La persona titular de la consejería competente en materia de agricultura concederá en el primer trimestre del año 2026 [va a ser en el tercero], previa modificación presupuestaria que resulte necesaria, una ayuda de minimis a quienes hubiesen sido beneficiarios de las ayudas por pérdida de renta como consecuencia de la erupción volcánica de la isla de La Palma del año 2021, correspondiente a la campaña 2021-2022, que obtuvieron un pago a cuenta en exceso una vez aplicada la fórmula del artículo 30.7 del Reglamento 702/2014, de la Comisión y de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas en los sectores agrícolas y forestales y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

La cuantía de tales ayudas se corresponderá con el mismo importe del exceso resultante del pago a cuenta de las ayudas por pérdida de renta y hasta el límite [máximo de la ayuda de minimis de 50.000 euros] establecido en el Reglamento (UE) 2024/3118, de la Comisión, de 10 de diciembre de 2024 y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE a las ayudas de minimis en el sector agrícola.

Aquellos beneficiarios de las ayudas en los que el importe de exceso del pago a cuenta por pérdida de renta supere el importe máximo de la ayuda de minimis [50.000 euros] concedida deberán reintegrar la diferencia previa tramitación del correspondiente expediente [esto explica que la cifra total compensada a través de las minimis sea algo menor -en algo más de 100.000 euros- a la suma de los reintegros: 3,5 millones de euros].

2) La concesión de la ayuda prevista en el apartado anterior no requerirá de aprobación del gasto, toda vez que tales importes se encuentran en poder de la beneficiaria.

3) Asimismo, se habilita a la persona titular de la consejería competente en materia de agricultura, previa tramitación de las modificaciones de crédito que resulten precisas, a conceder ayudas de minimis por la pérdida de producción producida en la campaña 2021-2022 al resto del sector platanero de la isla de La Palma [a unos 2.000 agricultores y en torno a dos millones de euros más, según las primeras estimaciones], como consecuencia de la erupción volcánica sufrida en esta isla en el año 2021 [al final se amplió a todos los productores palmeros, para evitar reclamaciones y denuncias y para buscar amplios consensos sociales y políticos en la isla].

4) La tramitación de estas ayudas no requerirá de la emisión del informe de la Dirección General de Asuntos Europeos“ [algo en lo que ha centrado su rechazo, entre otros asuntos, el grupo parlamentario NC].

La formación política Contigo La Palma ha considerado este miércoles muy grave el rechazo de este martes por parte del Parlamento de Canarias, en sintonía con el Gobierno de Canarias y gracias al apoyo prestado por los partidos que sostienen al Ejecutivo de Fernando Clavijo (CC, PP, ASG y AHI), a que se publiquen, con identificación de todas las personas beneficiarias y las cantidades recibidas, las ayudas destinadas a compensar los perjuicios económicos producidos por la erupción volcánica del volcán Tajogaite en la isla de La Palma. 

Contigo La Palma lamenta que “se oculte quién recibió las ayudas y cómo estas se calcularon”, y sostiene que esta “es una pregunta muy sencilla que debe ser respondida con transparencia y acceso público ilimitado a los datos”. Este partido, añade su presidente, Javier Gutiérrez Taño, subraya que “no hablamos de dinero privado; hablamos de fondos públicos que pertenecen a todos, y hay que saber cómo se reparten. Esto no es entrometerse en la vida de nadie”. 

Para Contigo La Palma, el derecho de acceso a la información pública “no es una concesión graciosa de los poderes públicos, sino una exigencia democrática que no puede depender de la voluntad política de quien ocupe el cargo”, afirma la misma fuente, porque, “quien se opone a la transparencia, se opone al control ciudadano de la gestión pública” y esto es “hacer un daño a la democracia”. 

Sobre esta cuestión, la normativa es muy clara, señala la formación. La Ley 38/2003, la general de subvenciones, y los reglamentos europeos 2021/241 y 651/2014 obligan a publicar quiénes son los beneficiarios de los apoyos públicos. “No se trata de algo opcional, sino que es un mandato vinculante cuando las ayudas se financian total o parcialmente con fondos públicos europeos o nacionales”, que es el caso, remarca Gutiérrez Taño. Además, y aquí hay otro argumento clave, se añade desde Contigo La Palma, “la protección de la intimidad del polémico artículo 10.6 de la Ley de Volcanes, introducido por el Gobierno de Canarias con posterioridad al informe del Consejo Consultivo sobre el texto aportado por los promotores de la iniciativa legislativa popular, no puede oponerse a normas estatales o europeas de rango igual o superior”. 

“Lo más preocupante de todo lo ocurrido con este proceso es, sin duda, la deriva del Ejecutivo canario”, considera Gutiérrez Taño, pues, “antes de lo decidido este martes en el Parlamento regional con la mayoría de los partidos que apoyan al Gobierno, el Comisionado de Transparencia de Canarias, mediante la Resolución D2025000082, ordenó a la Consejería de Presidencia publicar esas ayudas. ¿Y cuál fue la respuesta del Gobierno de Canarias? Demandar al propio Comisionado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Que un Gobierno lleve a los tribunales a un órgano del Parlamento que lo controla es un hecho inaudito en Canarias y dibuja una línea muy fina entre la legalidad y el abuso institucional”, lamentó el presidente de Contigo La Palma. 

Este martes, también en el Parlamento de Canarias, los servicios jurídicos de la Cámara dejaron por escrito que la negativa del Gobierno autonómico a publicar los beneficiarios de las ayudas carece de fundamento jurídico. Aun así, Coalición Canaria, Partido Popular, ASG y AHI, con la abstención de VOX, tumbaron la solicitud de acceso a la información de esas ayudas concedidas por los efectos destructivos del volcán palmero. Esta vez, “frente a la ley, ganó el silencio”, dijo Javier Gutiérrez Taño. 

Para la formación Contigo La Palma, lo ocurrido es “un atropello en toda regla. Aquí no se discute una interpretación técnica, sino que se pisotea un derecho constitucional (artículo 105.b de la Constitución Española): el derecho de cada persona a saber cómo se gestiona su dinero. Está en juego la calidad de nuestra democracia y la obligación de cualquier gobierno de rendir cuentas a sus ciudadanos. La transparencia no es un favor, es una obligación. Y los palmeros y palmeras tienen derecho a saber, siempre”.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, el herreño de AHI Narvay Quintero, lo tiene muy claro y lo ha explicado de forma sencilla en el Parlamento de Canarias. Así se pudo ver.

Quintero formuló este miércoles lo que su Consejería cree que se debe hacer con el problema enquistado, pues ya son más de dos años sin soluciones palpables, de la compensación pública pendiente (el 81% de 11 millones de euros) por los costes extras asumidos por los plataneros de La Palma como consecuencia de la afección ocasionada por la ceniza del volcán Tajogaite en todas las explotaciones de la Isla Bonita, aunque con diferentes intensidades según zonas.

Esa ayuda directa se ha pagado de forma parcial, hasta ahora solo el 19% (dos millones de euros) del total definido (que son 11 millones), con cargo a la campaña 2021-22 y con reparto realizado de esa fracción del apoyo global según una resolución publicada en abril de 2024.

Sobre esta cuestión, en la sesión más reciente de la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias (la de este miércoles) y a preguntas del portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Luis Campos, el titular canario de Agricultura respondió de manera tajante y afirmó que al sector platanero de La Palma afectado por la ceniza emitida por el Tajogaite en el último cuatrimestre de 2021 se le “deben nueve millones de euros” en apoyo público directo.

Además, se reconoció que todos esos cosecheros de la fruta más importante en Canarias debían haber recibido una compensación global por el impacto de la ceniza en sus costes de producción de la campaña 2021-22 de 11 millones de euros y, hasta hoy, solo se han pagado algo más de dos millones, esto es, el 19% del cálculo real establecido para cumplir con esa medida de respaldo.

Quintero reconoció en su intervención tras la primera exposición de Luis Campos esa “deuda de nueve millones de euros” con los plataneros de La Palma por la ceniza del volcán y además sostuvo que “tenemos que buscar ese dinero” que falta; si no viene del Estado, “seremos nosotros”, o sea, el Gobierno de Canarias“. El consejero puso el énfasis en que ese 19%, la parte que ya se ha pagado, fue el compromiso entonces asumido por Canarias, ese y solo ese, y dejó caer que el resto, el 81%, no se había abonado a los plataneros palmeros porque esos fondos no fueron puestos ni han sido aportados por el Estado.

Merecidas pero sin completarse

Luego, subrayó: “El pago de esa deuda el sector se la merece”. Ahora bien, lo cierto es que desde que se abonó el 19% indicado (abril de 2024), que fueron pagos a titulares de explotaciones plataneras con distintas intensidades según los 14 municipios de La Palma, ya han pasado más de dos años y del 81% restante nada se sabe.

Este asunto, muy caliente en La Palma, ha vuelto estos días a convertirse en noticia de actualidad gracias a la denuncia de lo que está ocurriendo formulada inicialmente por la organización profesional agraria Palca-Unión de Uniones.

Hay que indicar que la Consejería de Agricultura, en abril de 2024, publicó (junto al reparto de la compensación por pérdida de renta correspondiente a la campaña 2022-23 -otra medida diferente-, vinculada esta a los efectos más directos del volcán en el cultivo del plátano solo en la comarca de Aridane) una resolución de ayudas directas para aligerar, las que por ahora son las primeras y únicas (ahí estaba el 19% pagado), los efectos negativos ocasionados a esa producción agrícola subtropical por la ceniza del Tajogaite, entonces con el abono total de unos dos millones de euros, lo que solo permitió cubrir el 19% del daño total, como ya se ha dicho. Esta medida se había calculado con cargo a la campaña 2021-22, en la que más afectó la actividad eruptiva del último volcán canario.

Esos primeros pagos, realizados a unos 3.000 plataneros de toda La Palma (se descartaron por normativa las cantidades inferiores a 100 euros, que si no hubieran sido unos 4.000 beneficiarios con ingresos) con distintas intensidades según los índices de compensación previamente fijados (los concretó la Consejería canaria con el apoyo de la organización platanera regional Asprocan) por municipios de la isla (14 territorios), se realizaron en 2024 (el daño fue en la campaña agrícola 2021-22), pero desde entonces, y es lo que organizaciones profesionales agrarias como Palca-Unión de Uniones han criticado con dureza, solo ha existido el silencio de las administraciones públicas involucradas, de unas más que otras.

Ese silencio es el que el miércoles rompió Narvay Quintero en sede parlamentaria forzado por la pregunta de Nueva Canarias. Ahí, el consejero de Agricultura ha dejado claro que la deuda de nueve millones de euros con el sector platanero de La Palma existe, el 81% de la ayuda por la ceniza que aún no ha sido abonado, y que, si ese pago no se hace con fondos del Estado, será la propia Consejería, el Ejecutivo autonómico, el que asuma lo que falta para llegar a la compensación total.

Quintero planteó con claridad que se pagarán esos nueve millones, aunque sobre las fechas acerca de cuándo estará el dinero restante en las cuentas de los afectados nada habló. La ejecución del compromiso sigue en el limbo.

El Gobierno de Canarias continúa con su huida hacia adelante para ocultar los nombres de los beneficiarios de las ayudas por el volcán de La Palma. Después de mandar a los tribunales a la Comisionada de Transparencia, que ha pedido hacer público los listados, el Ejecutivo regional ha aumentado el presupuesto de la partida, alcanzando la cifra de 340 millones de euros, y ha difundido en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) una nueva relación de subvenciones sin detallar las identidades de quienes las reciben.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, liderada por la palmera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), ha cerrado la puerta a indicar quiénes perciben esas ayudas (exceptuando a las empresas, que sí figuran) mediante una orden que busca “evitar la divulgación de la condición de persona afectada por la erupción volcánica” y el “conocimiento público de la situación económica y patrimonial preexistente de cada una de ellas”.

Las subvenciones pretenden “compensar los perjuicios económicos” de la erupción de 2021 para reparar “el valor total del daño producido” (aunque no se detalla cómo se calcula eso). Por lo que divulgar cuánto dinero reciben los afectados revelaría cuánto tenían el día antes del desastre, según la tesis del Gobierno, algo que “no debe ser objeto de publicación ni difusión”. El Ejecutivo autonómico se apoya en un informe jurídico interno que recoge el “soporte legal” de esa limitación: el artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones.

“No serán publicadas las subvenciones concedidas cuando la publicación de los datos del beneficiario (…) pueda ser contraria al respeto y la salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas físicas (…) y a la propia imagen”, recoge esa disposición. La Intervención General de la Comunidad Autónoma se ha limitado a señalar que mientras la orden no sea anulada “resulta imperativo su cumplimiento”. Y la Intervención General del Estado también la ha avalado sin entrar en el fondo del asunto.

Pero la decisión no ha estado exenta de polémica. La Comisionada de Transparencia, la también palmera Noelia García (Partido Popular), alcaldesa de Los Llanos de Aridane cuando estalló el volcán, ha defendido que sí deben hacerse público los nombres a raíz de un recurso del presidente de una asociación de damnificados por la erupción, Tierra Bonita, porque ser afectado por una catástrofe natural es un acontecimiento fortuito y “no es un hecho negativo que menoscabe la consideración social de la persona”.

La Comisionada defiende que la única excepción válida para no publicar esa información es cuando se trata de datos “especialmente protegidos”, estos son, el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, los datos genéticos, biométricos o relativos a la salud, los relativos a la vida sexual o a las orientaciones sexuales, y los referidos a condenas e infracciones penales, según viene en el artículo 7 del reglamento de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que hace referencia a una regulación europea aprobada en 2016.

García sostiene que “es evidente” que ninguno de estos datos sería revelado como consecuencia de la publicación de estas ayudas. “A mayor abundamiento”, agrega, ser una víctima de una erupción volcánica “no es una circunstancia que lesione el derecho al honor y la intimidad de la persona”, puesto que, en su opinión, no se genera “ningún perjuicio añadido” a los ya padecidos por la propia catástrofe.

Con respecto al conocimiento de la situación patrimonial previa de los afectados, la Comisionada es igual de tajante. “Es evidente que la misma no está compuesta únicamente por el patrimonio inmobiliario afectado, sino por otros posibles elementos patrimoniales y fuentes de ingreso que no se revelan con la publicación de las ayudas”.

La resolución resalta que estos argumentos “no deben empañar las sólidas razones de interés público” para la publicación de todas las cifras que la ley exige en materia de subvenciones y ayudas, “teniendo en cuenta que se trata de distribuir el dinero procedente del pago de los impuestos por los ciudadanos: conocer quiénes son las personas que reciben dinero público, detectar posibles irregularidades o errores, evitar duplicidades, casos de fraude o cobro indebido, etc.”.

La Comisionada requirió al Ejecutivo que publicase los datos en junio del año pasado. Le recordó también que la orden que regula y establece el carácter anónimo de las ayudas es un acto administrativo de rango inferior a la ley y “no puede determinar la inaplicación de la normativa”. Pero el Gobierno presentó un recurso contencioso-administrativo como respuesta, algo inédito hasta ahora en el Archipiélago.

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma han vuelto a sostener que ocultar los datos personales de los beneficiarios “es el resultado del juicio de ponderación entre transparencia y protección de la intimidad de los afectados”, añadiendo además que divulgarlos “requeriría el consentimiento expreso de cada uno” de ellos.

Pero el punto más relevante del recurso es la aplicación de la ley canaria de volcanes, de iniciativa popular y reciente aprobación, para elevar la prohibición de la difusión de la información a rango de ley. Después del requerimiento de la Comisionada (y después también de que pasara por el Consejo Consultivo), el Gobierno regional enmendó esa norma para incorporar un artículo, el 10.6, que convierte en ley la ocultación de los nombres de los beneficiarios de las ayudas con efectos retroactivos desde 19 de septiembre de 2021, fecha de la erupción.

“¿Cómo se han repartido los fondos? ¿Quién cobró primero? ¿Quién cobró después? ¿Y quién se quedó fuera? ¿Por qué no se publican los listados de ayudas? ¿Qué tienen que ocultar? Algunos dirán que hoy no es el día para hablar de esto, pero yo digo que sí, porque a esta isla no solo la cubrió el volcán con ceniza, después de las elecciones también las ha cubierto el silencio”, expresó en sede parlamentaria la diputada socialista Alicia Vanooestende, de La Palma, cuando se dio a conocer el dictamen sobre la ley de volcanes, con la enmienda ya incluida.

El Ejecutivo autonómico defiende que “este argumento es por sí solo suficiente para la estimación del recurso”. Pero alega igualmente que la orden que regula las subvenciones tiene “naturaleza normativa” al ser de “vigencia indefinida”, pues en su opinión “innova el ordenamiento jurídico con vocación de permanencia”. El Gobierno cita jurisprudencia del Supremo para defender que su orden no se trata de “unas bases exclusivas para una sola convocatoria y solo válidas para su aplicación única”, sino que “tiene validez para sucesivas convocatorias y se incorpora al ordenamiento jurídico”.

Expertos en transparencia y protección de datos consultados por Canarias Ahora se muestran divididos en esta cuestión. Carles San José Amat, licenciado en Derecho y jefe de Inspección de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) durante casi doce de años, cree que revelar los nombres de los afectados no afecta a su intimidad, sino que es un dato personal, sin más.

“Conocer el valor de una vivienda o de un vehículo o de los bienes que has perdido son datos personales, pero no íntimos”, expone. Para él, la “intimidad” está reservada legalmente para categorías especiales de datos, como la ideología, la salud o la religión. Pero en este caso “no entra el límite porque, claro, aplicando esta regla de tres que hace el Gobierno de Canarias, cualquier dato personal económico es íntimo”.

José Amat utiliza como ejemplo las expropiaciones forzosas. Si un particular quisiera conocer cuánto le ha costado al Gobierno de Canarias expropiar una finca de la que se conoce su titular (nombre que sí se hace público), la administración estaría “obligada” a dar esa cifra “y con eso estaría revelando que esa persona ha cobrado un millón de euros”, por ejemplo, “pero no entra en el límite de la intimidad”.

“Es que estamos hablando de dinero público. La gente tiene derecho a saber qué hace la administración y cómo lo hace cuando se trata de ello. A ver si resulta que las ayudas se están dando solo a familias con determinado apellido, o si están beneficiando, no sé, a personas de determinadas poblaciones porque tienen un color político concreto”, cuestiona el experto.

La jurista especializada en protección de datos Jeimy Poveda, no obstante, advierte que las autoridades de protección de datos han sido “categóricas” a la hora de indicar a las administraciones que identificar a los beneficiarios de ayudas “cuando esto pudiera suponer un perjuicio a su derecho a la protección de datos” podría constituir un incumplimiento de la normativa.

Poveda sí considera que el hecho de haber sido víctima de una catástrofe natural sitúa en una “posición de vulnerabilidad” a los afectados y que ello “requiere de mayor protección”. Aunque propone una solución para “cumplir de manera proporcionada y, a partir de un balance de derechos, con el derecho a la transparencia”: la seudonimización de los datos y otras técnicas que eviten su publicación en abierto, “de tal manera que solo quienes estén inmersos en el proceso puedan conocer la información de los demás”.

“Eso no supone una limitación al derecho de transparencia: los interesados pueden conocer los criterios utilizados para decidir, el baremo y las puntuaciones; y la ciudadanía puede acceder a información agregada sin que la lista publicada permita, por criterios de individualización, localización u otros, identificar fácilmente al beneficiario por terceros ajenos al proceso”, razona la también directora de la consultoría Dataseg, en Tenerife.

Manuela Battaglini, abogada y directora ejecutiva de la consultora de ética digital Transparent Internet, también aboga por la seudonimización y el “acceso limitado” a quien acredite interés y capacidad de acceso a los datos “bajo absoluta confidencialidad”. A ella le parece que la eliminación total de los nombres “parece una medida exagerada”.

“Está claro que es necesario proteger a los interesados, en particular porque muchos de ellos están en situaciones de vulnerabilidad que de ser más conocida sufrirían un mayor grado de estigmatizacion social. Pero a su vez es legítimo pensar en la transparencia”, resume.

Por último, Noel Armas, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla, cree que “es discutible” acceder a este tipo de información porque la legislación de protección de datos “es muy celosa” al respecto, por lo que cualquier petición tendría que “estar muy bien justificada”. Como “solución de compromiso”, sí ve viable la entrega de listados “debidamente anonimizados” en los que pueda verse cuántas personas están recibiendo las subvenciones, cuánto dinero recibe cada una, si hay quienes han recibido ayudas y por qué o si existe alguna supervisión ‘a posteriori’ de los requisitos.

Todo comenzó con la visita a un vecino de El Paso meses después de la erupción de La Palma de 2021. Su casa se agrietaba y el propietario confesó a los geólogos que llevaba reparando esas mismas grietas desde los años 80. Este testimonio fue una de las piezas clave que permitió a un equipo de científicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), liderados por Miguel Ángel Rodríguez-Pascua, confirmar que las fracturas que guiaron la salida del magma hasta formar el volcán de Tajogaite llevan moviéndose desde mucho tiempo antes y continúan haciéndolo en la actualidad.

Aunque la existencia de las fallas ya se publicó en un trabajo anterior, los científicos han identificado ahora un fenómeno llamado “creep” asísmico, un deslizamiento “lento pero continuo” que no genera terremotos perceptibles pero que tiene la fuerza suficiente para deformar el terreno y las infraestructuras. Según los resultados publicados en la revista Natural Hazards, las fallas de Tazacorte y Mazo registran velocidades de desplazamiento de hasta 2,80 milímetros al año. Aunque estas cifras puedan parecer minúsculas, son geológicamente muy relevantes: estas fallas se mueven casi tres veces más rápido que la falla de Carboneras, considerada hasta ahora la más activa de la península ibérica.

Además, la huella geológica va más allá del cráter. El equipo decidió extender la vigilancia hasta la costa, concretamente a Puerto Naos, una zona turística que quedó al margen de las coladas de lava. Allí, los instrumentos han confirmado por primera vez que la falla local también “respira”: registra su propio movimiento de apertura y cierre constante, demostrando que el movimiento lento de “creep” de las fallas no se limita exclusivamente a las fallas activas que condicionaron la erupción del volcán Tajogaite.

Medir las fisuras

Para llegar a estas conclusiones en un contexto de emergencia habitacional, el equipo científico desplegó una red de fisurómetros de precisión, una metodología rápida y económica ideada para dar respuestas urgentes a los ayuntamientos afectados. Sin embargo, esta técnica tiene sus límites: mide cuánto se abre una grieta, pero no la dirección exacta del movimiento complejo del terreno. Por ello, los investigadores advierten que es imprescindible instalar una red de GPS de alta precisión para monitorizar el desplazamiento a largo plazo, algo que ya no depende de un proyecto científico puntual, sino que debería ser una política de Estado gestionada por las administraciones locales.

La buena noticia para los residentes es que este movimiento es tan paulatino que no implica un riesgo de colapso repentino. “A la gente no se le van a caer las casas encima”, asegura Rodríguez-Pascua a elDiario.es, ya que el deterioro es progresivo y permite detectar si una vivienda deja de ser habitable con mucha antelación. Además, el fenómeno es muy selectivo y afecta solo a las construcciones situadas justo encima de la línea de fractura, pudiendo dejar intacta una casa situada a escasos 30 metros.

Esta vigilancia tiene que ser ya de por vida. Es como un enfermo crónico al que tienes que seguir durante años

Miguel Ángel Rodríguez-Pascua — Investigador del IGME-CSIC y líder del estudio  

Raúl Pérez, geólogo del IGME-CSIC y coautor del trabajo, resalta el valor de haber hallado que esas fallas eran preexistentes y que fueron las responsables de que la subida del magma fuera muy rápida durante la erupción de 2021. “Si no hubiesen estado estas fallas, hubiese tardado algo más en ascender el magma porque tendría que haber ido rompiendo”, asegura. Por otro lado, apunta, el “creep” asociado a las fallas post-eruptivas también es un fenómeno de emergencia porque afecta a las viviendas. “Este tipo de erupción urbana se ve en otras partes del mundo”, señala. “En el Etna esto ocurre constantemente. Y hay multitud de casas, incluso que tienen un cartel que pone: atención, esta casa está afectada por una falla activa”.

Según los autores, este hallazgo cambia el paradigma de la seguridad en Canarias. Hasta ahora nunca se habían definido fallas activas de este tipo en el archipiélago. El estudio subraya que la monitorización de estas “cicatrices” geológicas debe ser ya una tarea de por vida, esencial no solo para gestionar las indemnizaciones y reparaciones actuales, sino para una correcta ordenación del territorio que evite construir sobre un suelo que sabemos que se seguirá moviendo. “Esta vigilancia no debe aplicarse solamente a las casas que se puedan estar deformando en la actualidad, esto tiene que ser ya de por vida”, asegura Rodríguez-Pascua. “Es como un enfermo crónico al que tienes que seguir durante años”.

“El estudio es muy interesante porque, a menudo, pensamos que los riesgos ocasionados por las erupciones volcánicas acaban cuando el volcán se apaga”, comenta el geólogo y divulgador Nahúm Méndez Chazarra. “Los autores han tenido la suerte de contar con testimonios de los vecinos que ya habían observado grietas en sus casas hace casi cuatro décadas, poniendo en valor la importancia de rescatar datos históricos”. En su opinión, fenómenos como el observado en la isla de La Palma pueden ayudarnos a comprender cómo se deforma el terreno antes y después de la erupción. Y sobre todo a cómo tener en cuenta estos procesos para construir infraestructuras y viviendas que sean mucho más resilientes a los cambios que se producen“, subraya.

“Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema”. En la mente de todos quedó este comentario viral de un residente de La Palma el domingo 19 de septiembre de 2021, mientras veía desde su casa el primer cañonazo de una erupción que duró 85 días y formó el volcán de Tajogaite. 

En aquellas primeras horas, especialistas y legos se preguntaban qué había sucedido exactamente en las entrañas de la isla para que no dejaran de abrirse nuevas bocas de lava. Cuatro años después, un equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), encabezados por María Romero Toribio, acaba de encontrar una de las últimas piezas del puzzle que explica lo que pasó en las últimas horas y en los últimos metros de la erupción.  

Tal y como revelan en la revista Remote sensing, mediante el uso de varios drones equipados con magnetómetros de alta precisión, los científicos han obtenido un mapa de las anomalías magnéticas de la zona. Este mapa proporciona información clave sobre la estructura interna del cono del volcán y revela la posible localización de un conducto aún caliente bajo el Tajogaite por el que el magma migró justo antes de emerger.  

Un camino de magma

“La principal incógnita era qué había sucedido en los primeros metros de corteza, muy cerca de la estructura del volcán” relata Romero Toribio a elDiario.es. “Todos los investigadores nos empezamos a preguntar cómo la sismicidad se acumulaba en una zona y el magma salió de repente por otra dos kilómetros y medio más al noreste. Teníamos que ver qué está pasando en los metros más superficiales”. 

Lo novedoso del enfoque ha sido el uso de una tecnología que permite adquirir datos en zonas que están todavía demasiado calientes o protegidas como para acceder con los equipos. En una campaña realizada entre 2024 y 2025 sobre un área de aproximadamente 7 km2, los drones dotados de magnetómetros midieron cómo las rocas han quedado magnetizadas a medida que enfriaba el volcán. Y esto ha permitido detectar una región con menor “susceptibilidad magnética” que indica por dónde pudo emerger el magma desde el interior hacia el volcán.

“Encontramos una señal de que por ahí pudo haber un camino de magma caliente”, explica la investigadora principal. “Es probable que haya seguido unas debilidades que vienen dadas por el sistema de fallas de Mazo, que está más al sur. Sabíamos, por otros estudios, que esas fallas estaban ahí y que podían haber tenido un papel. Esto ocurrió en pocas horas y tuvo que ser una migración muy rápida, probablemente asociada a fracturas que ya estaban presentes”. 

En otras palabras, las zonas de baja susceptibilidad magnética reveladas por los drones indican la presencia de un dique o camino aún muy caliente vinculado al sistema de fallas de Mazo y constituyen la primera evidencia directa de cómo el magma, que produjo la actividad sísmica previa a la erupción, se trasladó en cuestión de horas hacia el punto exacto donde se abrió la fisura, 2'5 kilómetros al noroeste.  

El papel de la falla

Raúl Pérez, geólogo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), cree que es un trabajo muy sólido e inteligente, que complementa los trabajos anteriores sobre la falla de Mazo y la de Tazacorte. “Demuestran la existencia de una zona de diferente susceptibilidad magnética compatible con la existencia de la falla de Mazo, la cual explicaría el rápido ascenso del magma entre el 11 y el 19 de septiembre que acabó en la erupción del Tajogaite”, explica. En su opinión, el resultado refuerza su hipótesis de que una fractura previa aceleró el ascenso de magma y puso en contacto la boca con la zona profunda, haciendo que durase 85 días. “Aparentemente, al presurizarse el magma, se movió hacia zonas de menor presión y subió como un cañón por un camino previo”.

El geólogo y divulgador Nahúm Méndez Chazarra cree que el estudio permite conocer cuáles fueron las estructuras y mecanismos que facilitaron el ascenso del magma hacia la superficie y nos puede ayudar a hacer mejores modelos de las erupciones volcánicas. En cuanto a la parte tecnológica, cree que la aplicación de enjambres de drones podría acelerar muchísimo el análisis de las erupciones volcánicas, algo que podría ser “fundamental para anticipar la dinámica de las propias erupciones”.

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad la Ley de Volcanes, una norma que emana de una iniciativa popular surgida en La Palma tras la erupción del otoño de 2021 que reunió más de 19.000 firmas y que ha sido tramitada en la cámara legislativa hasta convertirse en la primera ley de volcanes de España. En los 85 días que estuvo activo el volcán, nombrado después Tajogaite, la lava afectó a unas 1.200 hectáreas de terreno en las que destruyó 2.988 edificaciones, de las que más de la mitad eran domicilios residenciales (1.345) y obligó a la evacuación de más de 7.000 personas.

La nueva ley pretende introducir más agilidad en la capacidad de respuesta a los afectados, que se pueda volver a construir la vivienda perdida en la misma zona de la erupción o la que esté más cerca e introduce el efecto retroactivo, de tal manera que se blindan derechos económicos y sociales, se garantiza la compensación a precio de los bienes perdidos y viviendas dignas para los que las hayan perdido.

Los portavoces de los grupos parlamentarios coincidieron en elogiar el origen popular de la norma y el consenso político para su aprobación, si bien la diputada del PSOE Alicia Vanoostende fue muy crítica con la respuesta del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Palma en los últimos dos años, que no ha estado “a la altura del pueblo palmero”.

“No hay peor engaño que el que se hace a las personas vulnerables”, denunció Vanoostede, cuyo grupo mantuvo sin éxito una enmienda para que haya transparencia y se sepa qué personas reciben las ayudas públicas.

La gente “sigue esperando una respuesta”, el Gobierno central “tiene un compromiso firme con la recuperación”, pero los agricultores, los vecinos de la zona de exclusión siguen teniendo dudas sobre cómo se han repartido los fondos, y se oculta a quién han ido las ayudas, queremos luz y taquígrafos“, manifestó la representante del PSOE, quien exigió que el ejecutivo canario ”no siga usando el dolor de un pueblo para hacer política“.

El resto de los portavoces centraron sus intervenciones en el elogio de la Ley de Volcanes, y así Jonathan de Felipe, de CC, recordó que los afectados se encontraron ante una erupción sin una norma jurídica que permitiera hacerle frente y son ellos mismos “quienes regalan a Canarias una norma como esta”, para afrontar nuevas erupciones y para aplicarla en el caso del Tajogaite en todo aquello que sea compatible.

La diputada del PP Raquel Díaz comentó que nunca se olvidará que el Tajogaite “arrasó con historias y recuerdos” frente al que aunque “no teníamos un manual, la reacción se convirtió en un ejemplo de gestión pública y solidaridad institucional”.

“No podemos detener la lava ni aliviar el dolor, pero sí aprovechar esa experiencia para dotarnos de un marco legal que ampare a todos y ayude en el futuro a la recuperación de los proyectos de vida”, explicó.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, destacó que esta iniciativa popular demuestra que la sociedad siempre va por delante.

No obstante, subrayó que frente a la erupción del Tajogaite “se hizo mucho, aunque de forma insuficiente y más lenta de lo adecuado, de ahí la necesidad de esta norma: para aprender de los errores y consolidar lo que se hizo bien”.

Javier Nieto, de Vox, recordó que los ciudadanos de La Palma siguen con problemas sin resolver y con heridas que aún no están cicatrizadas y defendió que aunque esta ley no resuelve todo ni es una panacea sí demuestra la importancia del consenso para buscar soluciones y acercarse a los problemas de los ciudadanos.

Jesús Ramos Chinea, de ASG, destacó que esta norma es un ejemplo de que entre el pueblo y el Parlamento se pueden crear sinergias en beneficio de todos.

El diputado de AHI Raúl Acosta Raúl Acosta (AHÍ) subrayó que la ley emana del pueblo y entronca con la participación ciudadana en la política, a la vez que se ha enriquecido en la tramitación parlamentaria mediante la aportación de todos los grupos.

La nueva normativa aprobada definitivamente este miércoles busca dotar a la comunidad autónoma de una respuesta integral, ágil y coordinada que mejore los procesos de recuperación en caso de nuevas erupciones volcánicas y garantice los derechos y compensaciones a los afectados.

La suficiencia de las ayudas a los damnificados, la recuperación de viviendas y actividades económicas, la coordinación de las administraciones en sus respuestas y la eliminación de burocracia son aspectos en los que incide la Ley para agilizar la reconstrucción en caso de catástrofe volcánica.

La reconstrucción incluye la recuperación social, económica y ambiental del espacio territorial afectado por la erupción y las coladas de lava, pero también de la isla en su conjunto.

En particular, se pretende que los afectados puedan volver a instalarse en el mismo lugar en el que se encontraban sus propiedades, o lo más cerca posible, pero también que recobren su vida y actividades o sus explotaciones agrícolas o ganaderas.

Los siete grupos políticos del Parlamento de Canarias han consensuado la primera Ley de Volcanes aprobada en España, cuyo dictamen ha salido adelante en comisión este 19 de septiembre, justo en el cuarto aniversario de la erupción del volcán de La Palma, el Tajogaite, que devastó poblaciones y cultivos en el Valle de Aridane.

La Ley de Volcanes, una iniciativa legislativa popular surgida en La Palma tras la erupción y que llegó al Parlamento con el respaldo de más de 18.000 firmas, ha sido tramitada y enmendada por la Cámara, que la aprobará definitivamente por unanimidad en el pleno de la próxima semana.

La normativa busca dotar a la comunidad autónoma de una respuesta integral, ágil y coordinada que mejore los procesos de recuperación en caso de nuevas erupciones volcánicas y garantice los derechos y compensaciones a los afectados.

La suficiencia de las ayudas a los damnificados, la recuperación de viviendas y actividades económicas, la coordinación de las administraciones en sus respuestas y la eliminación de burocracia son aspectos en los que incide la Ley para agilizar la reconstrucción en caso de catástrofe volcánica.

La reconstrucción incluye la recuperación social, económica y ambiental del espacio territorial afectado por la erupción y las coladas de lava, pero también de la isla en su conjunto.

En particular, se pretende que los afectados puedan volver a instalarse en el mismo lugar en el que se encontraban sus propiedades, o lo más cerca posible, pero también que recobren su vida y actividades o sus explotaciones agrícolas o ganaderas.

La sesión de la comisión parlamentaria que ha debatido el informe de la ponencia y votado el dictamen definitivo ha concluido entre aplausos y no ha se ha producido ni un solo reproche, sino agradecimientos mutuos, entre las siete fuerzas políticas, algo inusual en los debates políticos.

Ha sido un ejercicio de “política útil” impulsada por la ciudadanía, justo lo contrario de lo que ocurre en los últimos tiempos tanto en la política internacional como en la estatal, según ha subrayado el representante de Coalición Canaria, Jonathan de Felipe.

Alicia Vanoostende, del PSOE, ha destacado que en este cuarto aniversario del Tajogaite todos rememoran “la zozobra y la angustia” vivida en la erupción, pero la melancolía y la nostalgia por lo perdido se compensa en parte por las ganas de seguir adelante y de buscar un futuro, algo que representa esta Ley de Volcanes.

La Ley de Volcanes nace del aprendizaje sobre la experiencia de una catástrofe volcánica “a la que nos enfrentamos sin manual”, y permitirá que en otras erupciones pueda haber una respuesta más ágil, eficaz y con seguridad jurídica, para recuperar los proyectos de vida lo antes posible, planteó Raquel Díaz, del PP.

“Todos sabemos que volveremos a asistir a erupciones volcánicas”, apuntó Luis Campos, de Nueva Canarias, pero gracias al impulso de la ciudadanía y al apoyo unánime del Parlamento la reacción frente a los efectos en la vivienda, el territorio, la economía, la biodiversidad, los servicios públicos o la cultura será más ágil y más eficaz.

El diputado de Vox Javier Nieto coincidió en que esta ley corrige los errores que se han podido cometer en la respuesta a un acontecimiento tan singular como una erupción volcánica, si bien matizó que la norma puede quedarse en el “buenismo” si no se ve respaldada por las correspondientes partidas presupuestarias para emergencias.

Jesús Ramos Chinea, de ASG, recordó que esta norma nace del impacto emocional, social y económico que sufrió la ciudadanía de La Palma, cuyo ejemplo servirá para que en futuras erupciones en cualquiera de las islas haya una respuesta rápida garantizada por la coordinación institucional y la cohesión social. 

Hoy te invitamos a escuchar cómo es por dentro un volcán. Tres años y medio después de la erupción del volcán de la Palma, Antonio Martínez Ron, compañero de elDiario.es especializado en Ciencia, visitó esta montaña de fuego y nos describió la vida que se abre paso en su interior.

*** Este episodio se emitió por primera vez el 6 de marzo de 2025***

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El magma que dio lugar a la erupción de La Palma en 2021 habría comenzado a reactivarse al menos 10-15 años antes y se habría movido de manera silenciosa, sin provocar sismos, según un estudio científico que ha analizado las rocas y hecho experimentos de cristalización, y que aporta claves que podrían anticipar futuras erupciones.

El equipo de científicos que ha logrado reconstruir la historia del magma que dio lugar a la erupción de Cumbre Vieja en 2021 ha estado liderado por el Institut des Sciences de la Terre d’Orléans en colaboración con investigadores de la Universidad de La Laguna, Instituto Geográfico Nacional y CSIC.

El estudio “Evolución del yacimiento cortical que alimenta la erupción de La Palma de 2021. Perspectivas derivadas de experimentos de equilibrio de fases y escalas de tiempo derivadas petrológicamente” ha sido publicado este mes en la Revista de Vulcanología e Investigación Geotérmica.

Gracias al análisis de rocas y experimentos de cristalización de alta presión y alta temperatura que simulan las condiciones de la cámara magmática, los investigadores han descubierto que el magma comenzó a reactivarse al menos 10-15 años antes de la erupción debido a la llegada de material más caliente desde las profundidades.

Los resultados muestran que el reservorio magmático tenía diferentes temperaturas: en la parte superior, el magma era más frío (1.065ºC) y con más agua, mientras que en la parte inferior era más caliente y seco (hasta 1.135ºC).

Esta diferencia de temperatura de los magmas explicaría por qué la lava en la segunda mitad de la erupción era más caliente y fluida, generando diversos flujos de lava de baja viscosidad con un avance más rápido y un alcance mayor, según el estudio.

Uno de los hallazgos más interesantes de este trabajo científico indica que, aunque hubo varios episodios de recarga de magma durante años, la química de los minerales claramente muestra que antes de la erupción no se detectó una gran inyección de material nuevo.

Esto hace pensar que el desencadenante pudo haber sido la acumulación de gases o factores externos.

Otra gran sorpresa del estudio es que, antes de la erupción, no se detectaron terremotos en la zona donde se encontraba el magma acumulado, lo que sugiere que el magma podría haberse movido de manera silenciosa, sin provocar sismos.

Por ello los investigadores resaltan la importancia de mejorar los sistemas de monitoreo para detectar estos movimientos ocultos.

Además, el estudio destaca que las herramientas actuales para analizar la profundidad del magma usando solamente la composición de algunos minerales no son lo suficientemente precisas en este tipo de volcanes.

Así, proponen estudiar todas las señales químicas y minerales de las rocas para obtener una imagen más clara de cómo se comporta el magma antes de una erupción y subrayan que este trabajo ofrece una valiosa información sobre la evolución del volcán de La Palma y podría ayudar a mejorar la predicción de futuras erupciones en otros sistemas volcánicos similares.

Los experimentos de cristalización se realizaron en tres composiciones magmáticas representativas que abarcan el primer mes de la erupción y que permitieron establecer restricciones estrictas sobre las condiciones preeruptivas, así como sobre la evolución temporal del reservorio cortical que alimentó la erupción de La Palma en 2021. 

Han pasado tres años y medio desde que el volcán de La Palma entró en erupción. También, del primer episodio de este podcast. El periodista de elDiario.es especializado en ciencia Antonio Martínez Ron ha estado dentro del volcán de La Palma. Ha conseguido acceder con un grupo de científicos al sistema de cuevas, al sistema de tuberías, ahora vacías, por las que la lava salía a borbotones. 

Los científicos están encontrando microorganismos en los tubos aún calientes por los que en 2021 emergieron grandes masas de lava: entramos en las cuevas y caminamos por la zona de exclusión en busca de vida. En este capítulo, Antonio Martínez Ron nos lleva hasta la ladera del volcán, en busca del tubo rojo.   

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En la ladera del volcán de Tajogaite hay un conducto de unos 80 metros de longitud al que los científicos han bautizado como el “tubo rojo” por el llamativo color de sus paredes. Es una de las muchas tuberías por las que el volcán desalojó millones de metros cúbicos de lava durante la erupción de septiembre de 2021, pero tiene especial interés porque la ventilación ha bajado un poco la temperatura interior y ha permitido a los científicos asomarse por primera vez a la “boca del infierno”.

“Aquí vemos el rojo vibrante que tiene la pared del tubo; está compuesta por una capa muy superficial y forma estalactitas que parecen de chocolate derretido”, explica Octavio Fernández, coordinador del equipo de espeleología volcánica que está cartografiando estos nuevos caños de fuego. Nos encontramos a unos 30 metros de la entrada secreta de la cueva con el biólogo y espeleólogo Francisco Govantes y el fotógrafo Saúl Santos, además de nuestro guía. Sobre las paredes y el techo de la cueva cuelgan cientos de goterones de lava que quedaron paralizados al vaciarse el conducto, como el interior de una tarta derretida.

A esta zona llega un chorro de aire del exterior que contrarresta el calor de las paredes, pero el siguiente paso es avanzar otros 50 metros a temperaturas por encima de los 50ºC. El objetivo es llegar hasta un lugar donde una pequeña apertura en el techo, o jameo, vuelve a ventilar la galería y ver si podemos continuar la exploración. 

No enfría. No enfría mucho”, advierte Octavio Fernández. El calor es sofocante y el aire quema la garganta. “Señores, nos damos la vuelta porque no se puede estar aquí”

Avanzamos agachados y con paso firme sobre la escoria del suelo de la cueva, pero al llegar a la zona del jameo algo no va como esperaba nuestro guía. “No enfría. No enfría mucho”, advierte Octavio Fernández al alcanzar el lugar donde debíamos tomar un descanso. El calor es sofocante y el aire quema la garganta. “Señores, nos damos la vuelta porque no se puede estar aquí. ¡Despacio, no se caigan!”.

A continuación transcurren 60 segundos de descenso a la carrera, tratando de no tocar las paredes, que pueden estar a 100 grados, y conteniendo la respiración para no aspirar el aire ardiente. 

“Estaba malo. Es una de las peores condiciones que nos hemos encontrado últimamente”, reconoce el espeleólogo al llegar al punto de partida, donde el fresco de la entrada es como un soplo de vida. Las condiciones de ventilación han hecho que el aire estuviera muy por encima de los 50ºC en la zona donde debía bajar, como si el corazón del volcán estuviera exhalando su aliento hacia la galería. Como prueba de la temperatura extrema, al fotógrafo se le ha derretido la goma de los guantes y al biólogo se le han chamuscado algunos pelos de la barba. “Esto sí que ha sido una escape room”, bromea Govantes, ya a salvo.

Vida en el inframundo

En este lugar donde los humanos apenas aguantamos unos segundos, el equipo de Ana Miller, del IRNAS-CSIC, ha recogido muestras y ha encontrado nuevas especies de microorganismos extremófilos. Desde que accedieron a la cueva en febrero de 2023 con la ayuda de Octavio Fernández, ella y su equipo han hallado varias bacterias termófilas desconocidas hasta ahora para la ciencia. “Estábamos estudiando los restos de vida que tienen 300 años en los tubos del Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote, cuando se produjo la erupción del Tajogaite y nos dio una oportunidad única de documentar el proceso de sucesión ecológica desde el principio”, explica Miller por teléfono.  

Entrar en el tubo rojo es lo más parecido a estar en otro planeta

Ana Miller — Investigadora del del IRNAS-CSIC

Los científicos ya han conseguido cultivar algunas de estas bacterias en el laboratorio y están a la espera de describir su fisiología y metabolismo para poder ponerles nombre. Según Miller, el interés de estos microorganismos extremófilos es doble: por un lado, para la biomedicina, pues sus metabolitos podrían tener propiedades antimicrobianas y ser utilizados para antibióticos contra cepas resistentes; y por otro, desde la perspectiva de la astrobiología, porque los tubos de lava son análogos de los tubos detectados en Marte. “Entrar en el tubo rojo es lo más parecido a estar en otro planeta”, asegura la experta.

“La vida se abre camino siempre, da igual lo que le pongas”, asegura Raúl Pérez, geólogo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) y otro de los científicos que ha explorado estas cuevas. El sistema que se formó durante la erupción de La Palma es bastante singular porque fue una erupción larga y continuada que duró 85 días. Y, además, porque el tipo de erupción por la temperatura y la viscosidad de la lava favorecían la formación de los tubos. “Se hicieron a varios niveles, con lo cual hay una red tridimensional y laberíntica”, asegura. “Cada uno de estos tubos era un grifo que expulsaba un caudal de lava fundida impresionante”.

Las islas de la vida

Lo que hace especial al tubo rojo, además de su color, es que es el único al que ya se puede entrar, aunque se enfría mucho más despacio de lo que esperaban. “Los demás están a más de 200 grados”, apunta Octavio Fernández. El espeleólogo recuerda la primera incursión en el tubo rojo en el que recogió una muestra en la que se encontró vida, a pesar de que la temperatura es extrema. “Un poco más arriba recogí una estalactita con una bolsa estéril, para no contaminarla”, explica. “Y ahí ya aparecieron bacterias que no se conocían”.

No es el único lugar donde la vida se abre paso en el terreno arrasado por la erupción. Durante los dos días en que acompañamos a Octavio Fernández a través de la zona de exclusión del volcán, bajando con él a las cuevas que está cartografiando en 3D, nos topamos con pequeñas criaturas que están colonizando el terreno estéril aquí y allá.

En la zona perimetral del volcán hay árboles enterrados con algunos brotes verdes, e incluso pasamos junto a una higuera sepultada en cenizas que está dando higos. Más arriba, en el borde de uno de los cráteres principales nos encontramos un par de grillos que caminan por la ceniza y en muchas de las grietas anidan las arañas. Una mariquita se posa en nuestros equipos en la parte donde el volcán aún rezuma azufre y gases venenosos, cerca de la llamada “grieta de los 700ºC”, y al aproximarnos a la entrada del “tubo de la cascada de lava” nos sorprende el vuelo de dos palomas, cuyo nido encontramos más tarde en el interior de la cueva.  

El terreno se hace más inhóspito cerca de los cráteres, en una de cuyas crestas divisamos a un turista en pantalones cortos que ha emprendido una incursión suicida por una zona con emisiones de gases. “You cannot be there. You must leave!” (No puede estar ahí. ¡Debe marcharse!), le grita nuestro guía en inglés, antes de perderle de vista y dar parte por teléfono a las autoridades de su presencia.

Más abajo nos adentramos en las zonas de las coladas, por donde las lenguas de fuego iluminaban de rojo el cielo nocturno de La Palma. Dejamos atrás un bosque de árboles muertos que sobresalen como estacas en la ceniza negra y caminamos por el llamado malpaís, las rocas sueltas que crujen a nuestro paso como cristales. En los canales lávicos sobresalen pegotes que se solidificaron cuando el flujo se detuvo, congelados en el tiempo por el enfriamiento. En algunos puntos la lava es tan fina que se parte como una galleta, con el peligro de meter el pie en un agujero que todavía esté muy caliente.

Entramos con Octavio Fernández en la galería bajo el “hornito feo” y el “hornito bonito”, dos borbotones de material magmático formados por el empuje de los gases. Las cúpulas presentan algunos agujeros, fruto del bombardeo de la última noche en la que el volcán se dedicó a destruir parte de su obra, con una traca final. El inquieto espeleólogo se separa de nosotros y desaparece por una tubería con la cámara LiDAR con la que escanea los túneles. Al rato reaparece en otro agujero a unas decenas de metros, como una marmota que se desplaza de un lado a otro por su reino subterráneo. 

En la ladera del cráter de Tajuya, el calor interno del volcán se manifiesta con fuerza y enrojece las mejillas. Del suelo emanan gases tóxicos que nos obligan a llevar mascarilla y el mundo se vuelve vaporoso y extraño. Mientras el espeleólogo está cambiando la sonda que mide la temperatura de una de las grietas, divisamos una figura humana a la que nuestro guía grita para que se detenga, porque se va a adentrar sin protección en una zona donde puede morir asfixiado. “¡Quieto ahí! ¡No avance más!”. Es un guardia civil que viene buscando al turista que hemos visto cuatro horas antes y, como él, no parece ser consciente del peligro. 

El último “kipuka”

Justo debajo de la fachada principal del volcán se encuentra la “montaña Rajada”, una elevación que se puede considerar el último kipuka intacto tras la erupción, un término hawaiano para denominar a las islas de vegetación que quedan rodeadas por la lava y aisladas del resto del ecosistema. “En Canarias a estos promontorios que han sobrevivido al paso de las coladas los llamamos islotes, lo cual no es un mal nombre, puesto que al fin y al cabo están rodeados de un mar de lava”, apunta Francisco Govantes desde la cima. 

En las primeras semanas, tras la erupción había otros kipukas, algunos con casas aisladas por la colada, pero poco a poco las máquinas han ido abriendo los accesos y dejando este lugar como el último reducto. Dentro de la montaña Rajada crecen algunos pinos y vinagreras que, según Govantes, actuarán como puente y facilitarán la colonización del terreno estéril por hongos y líquenes. “Si te fijas, en este punto la colada es muy ancha”, asegura. “Si no tuviéramos el islote tendría que colonizar desde los bordes y salvar distancias muy grandes”. Lo mismo sucede con las decenas de ramas de pinos que, arrastradas por el viento, servirán de alimento a los insectos xilófagos, como balsas portadoras de vida.  

Una frontera divisoria

Al darnos la vuelta y tornar la vista hacia la cumbre del volcán, emergido durante los 85 días que sacudieron la vida de los habitantes de La Palma, se aprecia perfectamente la línea divisoria entre la vida y la muerte. El contraste entre las cumbres verdes y llenas de vida y los conos negros del volcán. “Con el tiempo, este cono se va a convertir en aquel cono”, augura el biólogo. Aquí el paisaje evoluciona a una velocidad extraordinaria y acontecimientos naturales que en otros lugares llevan miles de años pueden tener lugar en unas horas. 

Abajo asoman algunas casas que la erupción dejó a medio enterrar, de entre las 3.000 construcciones y 74 kilómetros de carreteras que la lava se llevó por delante. El sonido de fondo de las máquinas revela la actividad frenética y las prisas para volver a la vida normal, también de los humanos. Los científicos lamentan que el deseo de volver a construir sobre los mismos lugares se ha llevado por delante algunas formaciones geológicas únicas que se podrían conservar y explotar económicamente para compensar a quienes lo han perdido todo, siguiendo el modelo del Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote. 

“Algunos están empeñados en poner cada camino donde estaba y eso es un disparate”, asegura Octavio Fernández, que además de espeleólogo es arquitecto y advierte de que construir sobre una zona que se está asentando y que está atravesada por una red de túneles puede sumar una nueva desgracia. “A la gente se le han dado falsas esperanzas y algunos piensan que las casas están debajo de la lava”, asegura Govantes. “Pero todo lo que había ha sido demolido por un bloque de lava a 1.200ºC que en algunos lugares tenía 60 metros de altura”, concluye. “Esto no es Pompeya, aquí no queda nada debajo”.

El alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, ha denunciado este lunes que han detectado subarriendos en los contenedores habilitados para las víctimas de la erupción del volcán de La Palma y ha dicho que van a trabajar en identificarlos y solucionar la situación.

En declaraciones a los medios, Llamas ha explicado que el Ayuntamiento se personó en algunos de los contenedores y observaron que el titular del contenedor no era el que vivía allí.

“A los que lo hacen mal hay que señalarlos y hay que identificarlos porque no puede ser. Igual que los contenedores están todos adjudicados, los 85, ha habido contenedores que han estado vacíos desde el minuto uno hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Que tendrás otra vivienda y no cedes el paso para que lo coja otra familia”, se ha quejado el regidor municipal.

Ha insistido en que quien alquile su contenedor “lo hace mal y hay que decirlo”, de igual modo que quien lo tiene para utilizarlo como “segunda residencia o para que vaya a estudiar su hijo”.

“También hay casos de gente que no vive en la isla o que los tienen vacíos porque esperan algo... Yo supongo que la gente lo que pensará es que, bueno, me quedo y no lo doy por si a lo mejor viene una vivienda definitiva seguir teniendo el acceso”, ha reflexionado Javier Llamas, que ha subrayado en que van a investigar todo y a iniciar expedientes de expulsión del contenedor.

En ese sentido, ha dicho que no habrá “medias tintas”: “Si no estás haciendo las cosas bien, no eres digno de tener un contenedor y te vas fuera, así de claro”.

Será al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) a quien le corresponderá preparar esos expedientes de expulsión.

“Las personas que viven los contenedores hoy viven de una manera quizá mejor que en otros sitios porque nos hemos esforzado en darles calidad. Y desde luego lo que también vamos a hacer es sacarlas de allí cuanto antes porque son viviendas temporales (...). Por eso estamos trabajando en hacer viviendas sociales para alquiler asequible y que puedan salir de allí cuanto antes”, ha concluido Javier Llamas.

Fátima apenas ha podido encender la televisión estos días. La DANA de Valencia, que ha dejado hasta ahora 219 fallecidos, ha devuelto a los vecinos de La Palma al 19 septiembre de 2021, cuando la lava del volcán de Cumbre Vieja arrasó casas, cultivos y animales. “He sentido tristeza, desesperanza y, a veces, rabia, porque algunas vidas podrían haberse salvado”, afirma la portavoz de la plataforma de afectados por la erupción. Las preguntas de los valencianos les resultan familiares. El miedo al olvido y las dudas sobre cómo reconstruir sus vidas también asaltaron a los palmeros durante la emergencia. En La Palma, algunos damnificados han podido dar pequeños pasos hacia una nueva vida. Para otros, como quienes siguen viviendo en las casas contenedor, la respuesta es insuficiente. “Si no estamos al pie del cañón, nos pueden olvidar”, asegura Fátima.

La palmera vivía en Todoque, un pueblo que desapareció bajo las coladas. “Mi casa, la de mi hermano y la de mi madre se perdieron, porque eran tres casas pegadas”, recuerda. Fátima tuvo que renunciar a las viviendas de emergencia que le ofrecieron, ya que no podía vivir en ellas con sus perros y, además, tenía una alternativa en la casa de unos familiares en Tazacorte. Sí recibió los 60.000 euros que transfirió el Estado a quienes habían visto destruida su residencia habitual y la ayuda para enseres. Para la portavoz de la plataforma de afectados, la vivienda es el reto principal al que aún se enfrenta la isla. “Hay mucha gente que todavía no puede comprar ni hacerse una”, insiste. A esto se suma la falta de viviendas de protección oficial.

Los números de la catástrofe palmera cifran en 2.329 las personas afectadas. En concreto, residentes en Los Llanos de Aridane (75,65%), El Paso (16,79%) y Tazacorte (7,56%), según las cifras del Instituto Canario de Estadística. La lava afectó a 1.676 edificaciones: 1.345 viviendas, 180 cuartos de aperos, 75 edificaciones industriales, 44 edificaciones de ocio y hostelería, 16 instalaciones de uso público como colegios y 16 establecimientos de otro tipo. Las coladas también destrozaron las comunicaciones, afectando a 73,8 kilómetros de carreteras. 

Muchas personas del barrio de Todoque llevan cerca de tres años viviendo en los 80 contenedores localizados en Los Llanos de Aridane. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha reconocido que estos módulos presentan condiciones “indignas” y aseguró que el Ejecutivo autonómico pretende trasladar a los inquilinos a 42 viviendas rehabilitadas en Breña Baja. Estas casas fueron entregadas por la empresa pública canaria Visocan al Cabildo de La Palma el pasado 17 de octubre.

Yomaira también perdió su hogar en 2021. Después de varios años de alquiler, ha conseguido volver a empezar y está construyendo una casa en el municipio de El Paso. “Con un niño pequeño no me veo viviendo siempre de alquiler”, cuenta. Con la cabeza en Valencia, considera que La Palma ha tenido suerte. “Aquí estamos vivos. Han pasado tres años y algunos tenemos oportunidades para salir adelante. El que perdió personas, ya no las puede recuperar”, asevera. Para ayudar a las víctimas de la DANA, Yomaira participará en un proyecto para ofrecerles atención psicológica. “Creo que puedo empatizar con lo que les está pasando”, dice. Por el contrario, en la isla, se ha topado con la falta de comprensión por parte de algunas personas que no sufrieron los estragos del volcán. “Me han llegado a decir: ”¿pero ustedes todavía están con eso? Pero es que esta es nuestra realidad ahora“, insiste.

Puerto Naos vuelve a la vida 

Con el paso de los años, la sismicidad ha ido descendiendo en la isla. El sismólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) Itahiza Domínguez explica que tuvo un aumento en el año 2022 y ha ido descendiendo paulatinamente. “Tenemos muy pocos terremotos a la semana”, apunta. Poco a poco, las coladas se van enfriando, a pesar de que las temperaturas se mantienen elevadas en la zona del cono volcánico. En las localidades de Puerto Naos y La Bombilla, la presencia de gases es aún un lastre que impide recuperar del todo la normalidad. 

Lali es vecina de Puerto Naos y ha tenido que reformar su casa. “Tuve que hacerlo todo de nuevo porque la cocina se deshacía por los gases”, detalla. Aunque está autorizada para entrar a la vivienda, sus problemas cardiovasculares hacen que su médico no le deje vivir allí aún. Mientras tanto, arrastra ya 14 mudanzas y ahora reside en la casa de unos amigos alemanes que van puntualmente a la isla. En el momento de la entrevista, Lali está en su casa arreglando algunas cosas. “Estoy viendo a gente bañándose en la playa y la verdad es que no me están dando ganas de irme”, ríe.

Su hija pudo volver a su vivienda hace apenas una semana, después de años de casa en casa. Su última residencia era un garaje que le alquilaron por 350 euros al mes. Para Lali, Puerto Naos está renaciendo poco a poco gracias a la reciente apertura del supermercado y de varios bares y negocios. Estos años, según cuenta la palmera, los trabajadores han podido subsistir gracias a los ERTE. Esta herramienta, según ha explicado a este periódico el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, se mantiene hasta diciembre. “Hay unas 70 personas en ERTE, sobre todo de la zona de Puerto Naos. El resto se ha ido reincorporando al mercado laboral. Al principio fueron unas 2.500 personas. Esto nos da una idea también de la evolución positiva en la reconstrucción de la isla”, valora.

El local de Lali aún no puede abrir. “Todos los que tenemos sótano tenemos bastante CO2 ahí acumulado. Están haciendo estudios para ver de dónde sale y cómo canalizarlo. Estas cosas no son tan rápidas como uno quiere”, reconoce. Sin embargo, le alegra poder revivir episodios de su rutina antes del volcán. “El otro día fui con mi hijo a cenar a un sitio de aquí y estás con el ambiente, con los vecinos… Parecía que nada había pasado”, cuenta. 

En cuanto a las inundaciones de Valencia, asegura que las siente como suyas. “Nosotros gracias a dios tuvimos suerte y no murió nadie, sino un señor por los gases”, recuerda. Lali se refiere al hombre de 72 años que fue hallado sin vida en el garaje de su casa, al que acudió como parte de un convoy que accedió a la zona de exclusión para la limpieza de tejados. 

Según Lali, la reconstrucción ha avanzado con rapidez en la recuperación de caminos y accesos, aunque aún “queda mucho por hacer”. Varios vecinos afirman que aún queda pendiente la recuperación de la LP-2. “La gente no tendría que dar una vuelta tan grande por ejemplo para llegar hasta Fuencaliente”, apunta. 

Un colegio congelado en 2021 

Otra de las tareas pendientes para el Gobierno de Canarias es la recuperación del colegio público de La Laguna, que fue destrozado por una de las coladas. Desde hace años, el alumnado recibe sus clases en un centro sociocultural cedido cuyo alquiler cuesta al Ejecutivo regional cerca de 14.000 euros al mes. Este viernes, una asociación de padres y madres ha acudido al Parlamento autonómico para exigir que tramite por la vía de emergencia la reconstrucción del centro. 

El consejero de Educación, Poli Suárez, ha respondido que de optar por esta vía, estaría prevaricando. Según el responsable del área, los informes técnicos y jurídicos de la obra concluyen que sería ilegal declarar esta obra por emergencia. 

“Estamos hablando de niños y niñas que han sido afectadas por el volcán. Han perdido sus casas, han perdido sus parques, han perdido sus calles”, ha dicho la portavoz del grupo, Nohely Fernández. El conocido “colegio azul” sigue en el mismo sitio. “Los vecinos pasan por allí y ven que mientras todo se va reconstruyendo, el centro sigue igual”, explica la directora del colegio Mónica Viña. Algo que les impide avanzar. “No hay ni colegio, ni farmacia, ni supermercado. Los tres elementos que debe tener un barrio”, añade. 

Carreteras 

La planificación de las carreteras ha provocado crispación entre los damnificados. Una de las obras más polémicas fue la conocida como carretera de la costa. Aunque ahora se ha logrado frenar, el trazado afectaba al menos a 70 familias de los barrios de La Marina, San Borondón y Las Cabezadas, en Tazacorte. Todas ellas se levantaron contra la administración para exigir que no les arrebataran “lo poco que dejó el volcán”. 

Elías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Carretera de la Costa, fue uno de los rostros visibles de esta lucha, que consiguió evitar que la infraestructura atravesara la finca de su familia. Como muchos otros palmeros, sus padres han vivido siempre de la agricultura y, en concreto, del plátano. La siguiente batalla está relacionada con el precio que el Gobierno estatal pagará a los expropiados por la obra pública. Los afectados exigen que el Gobierno estatal indemnice con al menos 44 euros por metro cuadrado de superficie agrícola y respete la propiedad de la parcela. En este sentido, Elías teme que se creen afectados “de primera y de segunda”.

El delegado del Gobierno en Canarias explica que el precio de expropiación por metro cuadrado oscila entre los 10 o 20 euros hasta los 70, según las circunstancias. La cifra más alta se pagará a las fincas que estaban en explotación y que no se vieron afectadas por el volcán. Además, según asegura Pestana, los 100 millones de euros que transfiere cada año el Estado al Gobierno de Canarias podrán utilizarse también para compensar la pérdida de valor de esas infraestructuras. 

Estos 100 millones de euros, añade el delegado, pueden utilizarse en cualquier ámbito relacionado con la reconstrucción, como las compensaciones al sector agrario o el pago del valor real de la primera vivienda perdida. Según los datos consultados por este periódico, el Gobierno de España ha destinado a la isla hasta la fecha 1.040 millones de euros. Solo restan por transferir 100 millones de los Presupuestos Generales del Estado, que deben llegar antes del 31 de diciembre de este año. Para Elías, el gasto es insuficiente. “El dinero real que necesitamos nosotros significaría para el Estado los céntimos que están en el suelo del coche”, ejemplifica.

Una semana después de que la DANA haya devastado la Comunitat Valenciana y haya afectado también a otras provincias de Castilla La Mancha y Catalunya, el Gobierno central ya ha aprobado un decreto ley de acción inmediata para desbloquear ayudas directas a la población por valor de 10.600 millones de euros. Estas ayudas no están ligadas a la aprobación de los Presupuestos Generales, sino que, como ha explicado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, comenzarán a darse incluso este mes. Sin embargo, el PP ha señalado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utiliza las necesidades de las víctimas para “garantizarse los Presupuestos”. Y no es la única imprecisión del PP en estos días: líderes del partido han deslizado al hablar de las ayudas a València que las de La Palma aún no han llegado a los afectados por el volcán. Esteban González Pons, vicesecretario general del PP, dijo: “Espero que, siendo urgente, llegue la ayuda porque tenemos la experiencia de La Palma, donde las ayudas no están llegando. De 400 millones prometidos para vivienda, solo han llegado 100”. Horas después, Cuca Gamarra, secretaria genreal del PP, pidió “más agilidad que en la Palma donde están esperando las ayudas a la vivienda”. Estos son los datos de las ayudas a La Palma hasta este mes de noviembre.

La erupción del volcán Tajogaite en septiembre de 2021, la más larga y dañina de las registradas en La Palma, obligó a movilizar un volumen de recursos públicos y “con una rapidez sin precedentes en la historia de los dasastres naturales en España”, según se expuso durante la emergencia. El Estado ha destinado a la Isla, hasta la fecha, una cifra global de 1.040 millones de euros y está “al corriente de sus pagos”, afirman fuentes oficiales consultadas por este periódico. “Solo restan por transferir 100 millones de los Presupuestos Generales del Estado, pero aún estamos en plazo porque la fecha límite para su abono es el 31 de diciembre de este año”, han subrayado.

El Consejo de Ministros aprobó en junio de 2022 la creación de un Comisionado especial para la reconstrucción de la isla de La Palma, al frente del cual se encuentra el palmero Héctor Izquierdo Triana, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, quien, hasta su nombramiento, era secretario de Estado de Hacienda.

Las ayudas que han llegado del Gobierno central han beneficiado a unas 33.000 familias, empresas y agricultores de La Palma.

El Consorcio de Seguros ha abonado ya el 99% de las ayudas, lo que supone 238 millones, y el 1% restante corresponde a propietarios que han presentado recursos por disparidad de criterio con la valoración de su propiedad.

En el caso de las primeras viviendas, las fuentes aludidas han afirmado que “todos los afectados han cobrado ya el 100%, con ayudas que llegaban hasta un tope de 60.000 euros”. Además, añaden, el “Estado transfirió al Gobierno de Canarias en diciembre de 2023 una cuantía de 100 millones para el complemento de las primeras viviendas”.

La Palma también se ha visto beneficiada, por tercer año, con una bonificación del 60% en el IRPF que es de cobro inmediato y que supone un gasto de 70 millones anuales.

Por otro lado, los trabajadores acogidos a ERTE, que han disminuido considerablemente, están cobrando mensualmente su prestación.

Los autónomos que se vieron afectados por la erupción y tuvieron que cesar en su actividad también reciben mensualmente una ayuda, al igual que las empresas, aunque en este caso su abono es trimestral, como las ayudas para los alquileres, que en alguna ocasión “pueden sufrir ligeros retrasos de un mes”.

En cuanto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), los habitantes de La Palma estaban exentos de este gravamen hasta el pasado mes de junio, y desde entonces la medida solo beneficia a los residentes en los tres municipios del Valle de Aridane, los afectados directamente por la erupción.

Asimismo, el Estado ha concedido una moratoria para el pago de las hipotecas y se ha hecho cargo del 50% de las infraestructuras de la reconstrucción, que, según las fuentes aludidas, igualmente ha sido abonado.

La partida pendiente del Gobierno de España con La Palma es en estos momentos de 100 millones. “Estamos en plazo, porque expira el 31 de diciembre”, han insistido.

La cifra total de inversiones del Estado en La Palma, con 1.040 millones, se acerca a la valoración inicial de las pérdidas y daños por la erupción.

El volcán Tajogaite cubrió de lava 11,8 kilómetros cuadrados, el 1,69% de la superficie de la Isla, y obligó a evacuar a más de 7.000 personas, buena parte de ellas durante los 85 días que duró la erupción, lo que representa el 8,2% de la población de La Palma.

Este desastre natural dañó 1.676 edificaciones, entre las que se encuentran 1.345 viviendas, 180 cuartos de apero, 75 edificios industriales, 44 instalaciones de ocio y hostelería y 16 inmuebles de uso público.

La lava sepultó 73,8 kilómetros de carreteras y vías urbanas, un 65% de ellas ubicadas en el municipio de Los Llanos de Aridane.

En cuanto a los daños en la agricultura, 370 hectáreas de cultivo se vieron afectadas por las coladas, de ellas 228 de plátanos, 68 de viña y 27 de aguacate.

Más de tres años después de la erupción del volcán de La Palma, decenas familias siguen alojadas en unas viviendas modulares que se instalaron en la isla para acoger de forma temporal a aquellos que lo habían perdido todo. El tiempo pasa, la lava se enfría, los gases se dispersan y la normalidad gana terreno poco a poco en la isla, que aún se recupera de las secuelas del Tajogaite. Sin embargo, las condiciones de vida de esas familias, más de 80, lejos de mejorar, ha empeorado con el tiempo, ya que las viviendas modulares han sufrido un desgaste importante en este tiempo y la mayoría de ellas presentan ahora condiciones “indignas”.

Así lo ha reconocido este mismo martes el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), quien ha añadido que la “prioridad” del Ejecutivo es acometer el traslado de sus inquilinos a otras viviendas en cuanto sea posible (principalmente los de las 42 viviendas rehabilitadas en Breña Baja).

En respuesta a una pregunta de Vox en la sesión de control del pleno del Parlamento ha precisado que “ningún canario, ningún ser humano merece estar en una infravivienda”, que además, con las últimas lluvias sufrieron filtraciones de agua dado que aunque el Instituto Canario de Vivienda contrató a una empresa el servicio de mejora de la impermeabilización, hasta ahora solo se ha producido en 42 viviendas, menos de la mitad.

Rodríguez ha dicho que también que se va a analizar si hay “vicios ocultos” durante la instalación de las viviendas porque es “evidente” que el diseño “no era el adecuado” para la zona en la que están instaladas, de tal manera que se evalúa el contrato con el contratista para ver si cabe “exigir algún tipo de responsabilidad”.

Paula Jover (Vox) ha comentado que las viviendas contenedor de Los Llanos de Aridane “son un sinvivir” y ha afeado al anterior Gobierno canario que escogiera este modelo para los afectados por la erupción y que costó más de cinco millones cuando, según ella, hay otros proyectos constructivos “que hubiesen permitido poner en funcionamiento viviendas con mucho mejores calidades en el plazo de 4 o 6 meses”.

La diputada afirmó hay margen para pedir responsabilidades al contratista porque no se ha cumplido con el código técnico de edificación ni las condiciones de habitabilidad y espera que las soluciones lleguen “pronto”, tal y como ocurre con los menores migrantes (cabe señalar que la respuesta del Gobierno canario a la saturación de los centros de acogida de menores migrantes, que son de su competencia, ha sido instalar carpas en los muelles de Lanzarote y El Hierro).

“Todos tienen un techo muy digno donde vivir y todos los recursos que no se ejecutan en el presupuesto autonómico están destinándose a esos menores no acompañados”, ha señalado.

“Problemas evidentes de diseño”

La situación de estas viviendas modulares ha llegado al debate parlamentario después de que la semana pasada el director del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Antonio Ortega, afirmase que las casas modulares de tipo contenedor instaladas en Los Llanos de Aridane para los afectados por la erupción del volcán Tajogaite presentaban “problemas evidentes de diseño”.

Ortega explicó que estos defectos han salido a la luz a lo largo del último año, especialmente tras las lluvias que han afectado a la comarca oeste de La Palma, lo que ha obligado al Icavi a llevar a cabo numerosas intervenciones para corregirlos.

Entre las actuaciones realizadas, se han tenido que alicatar los 85 aseos de las viviendas, ya que los paneles originales, garantizados para evitar humedades, no cumplieron su función.

Además, se han detectado filtraciones en las juntas de las estructuras, por lo que se han impermeabilizado 47 de las 85 viviendas para solucionar las goteras, detalló Ortega.

Otro problema identificado, prosiguió, es la filtración de agua por debajo de las puertas debido a la inadecuada calidad de los pavimentos, lo que ha requerido su sustitución en varios de los pisos.

Ortega señaló que estos trabajos representan un coste añadido considerable, añadiendo que, aunque no conoce el coste total porque se están ejecutando los arreglos, “estos no son contratos menores”.

El director también comparó el rendimiento de las casas contenedor con el otro tipo de vivienda modular instalada en La Palma tras la erupción del volcán, las casas de madera, que “han funcionado mucho mejor” aunque tampoco están exentas de problemas.

Ortega ha explicado que debido a que las viviendas se construyeron bajo un contrato de emergencia, sin requisitos ni garantías claras, el Icavi se ha visto obligado a gestionar y costear directamente el mantenimiento y las reparaciones de las viviendas.

Según el director del Icavi, a pesar de las reclamaciones realizadas a la empresa constructora, la compañía ha indicado que los periodos de reclamación finalizaron tras el primer año, y ha rechazado asumir responsabilidades.

La Palma sigue detectando picos puntuales de gases en los barrios de Puerto Naos y La Bombilla, los últimos a los que los vecinos pudieron regresar tras la erupción. No obstante, el Cabildo, a través de la Consejería de Emergencias, ha garantizado este martes “la seguridad de aquellos espacios que cuentan con sensores de medición y en los que se ha permitido el acceso de vecinos”.

El consejero Darwin Rodríguez señala que en “las últimas fechas se ha activado el protocolo del Plan de Emergencias Insular de La Palma (Peinpal) en algunos lugares de Puerto Naos como consecuencia de picos puntuales en la medición de gases. En todos los casos se han activado los servicios de emergencias presentes permanentemente en la zona”.

En un comunicado, apunta que “en ningún caso ha sido necesaria la evacuación de persona, solucionándose con la ventilación de los espacios afectados. Además, las cifras registradas no suponen riesgo para las personas, al constatarse cifras que incluso podrían darse como normales en lugares sin ventilación en cualquier otro punto fuera de los afectados por la erupción volcánica”. 

Darwin Rodríguez destaca que “se trata de procesos normales y naturales, que cuentan con el seguimiento del Comité Científico, y están avalados por el constante seguimiento y el cumplimiento de los protocolos establecidos por los equipos de emergencias para salvaguardar la seguridad de los vecinos en el lugar más monitorizado del mundo”

Más de 1.000 medidores instalados

Para ello, recuerda el consejero, actualmente están instalados un total de 1.156 medidores en zonas interiores y otros 194 en lugares públicos, lo que permite “seguir dando pasos para lograr tener el mayor número de datos posibles que faciliten los accesos a las viviendas que sigan registrando 700 ppm (partes por millón) o menos. Ello hace que estos sean los puntos más monitorizados del mundo”.

Darwin Rodríguez resalta que el hecho de que “se active el protocolo denota el correcto funcionamiento de los sistemas instalados en las zonas afectadas, permitiendo un correcto funcionamiento del seguimiento y actuación de los servicios de emergencia en caso de ser necesarios”.

El 19 de septiembre de 2021, el volcán de La Palma entraba en erupción. Las imágenes parecían sacadas de una historia de terror. Las colinas bajaban llenas de lava, arrasando todo lo que encontraban a su paso. Múltiples localidades tuvieron que evacuar a sus habitantes y, cómo no, los medios encontraron en aquel suceso material para llenar horas y horas de contenido. Aquella explosión imprevista pilló a la cineasta canaria Macu Machín en pleno rodaje de su debut en el largometraje, La hojarasca, una historia que colocaba a su propia familia en el centro de un relato donde el paisaje canario era un personaje más.

Se encontraba en Puntagorda, y las imágenes de aquel volcán vomitando humo y lava acabaron entrando de lleno en su película, que se ha presentado en la sección Fórum de la Berlinale. Aunque el volcán no estuviera tan presente en el guion, aquel suceso se convirtió en metáfora perfecta de la historia de su madre y sus tías. Tres hermanas en las que el silencio se instauró. Una forma de aceptar, de no hablar y de no solucionar las cosas con la palabra hasta que todo estalla… como el volcán. Carmen, Maura y Elsa, tres mujeres resilientes que pertenecen a una generación que nunca está en el centro de los relatos. Mujeres que, además, viven en lugares que tampoco salen en las historias que se cuentan.

Algo tan sencillo y tan universal como el reparto de una herencia es el motor que desencadena las imágenes hermosas y con un aura fantasmal que construye Macu Machín, que con esta película quiso “desenredar un nudo, un tema tabú” en su familia. Propuso a su familia “poner en escena” el conflicto. De alguna forma “jugar” a interpretarlo. “Más allá de que haya momentos más de ficción o más documentales, me parece que son todos momentos verdaderos, porque todas las escenas tienen cosas que son de ellas. Sus miradas, sus gestos, sus respuestas. A mí lo que me interesaba era verlas a ellas, que estuviese su energía, su intensidad, sus palabras, sus respuestas, sus gestos. Ver cómo están afectadas por el volcán, por las relaciones entre hermanas… y eso es verdadero”, dice la directora desde Berlín.

Cuando el primer día de rodaje apareció el equipo, reducido, de unas diez personas, aquellas hermanas “se pusieron medio a llorar antes de la primera toma”. “Decían, ‘qué hemos hecho para que haya más gente, además de nuestra sobrina o nuestra hija, que esté interesadas en nosotras’”, recuerda Machín sobre cómo se sintieron estas actrices improvisadas al descubrir que sus historias importaban. En ella siempre ha habido un “deseo de trabajar lo periférico”. “Soy de una isla, entonces la mirada periférica es natural. Pero viví en ciudades grandes durante mucho tiempo y tenía muchas ganas de regresar a las islas y contar cosas desde ahí. Mostrar que en este lugar tan pequeñito pueden suceder cosas universales, que nos toquen, y poder contar historias de mujeres de campo, que es lo que más conozco, las mujeres de mi familia”.

A través de esas mujeres, la directora va abriendo un abanico de temas entre los que encuentra el de los cuidados, y cómo estos recaen siempre en las mujeres de la familia. “Siempre están a cargo de las mujeres. Son mujeres que llevan las tierras, se encargan de la herencia y hablan sobre quién cuida a quién. Lo que están diciendo es que no están solas, que se podrían acompañar. Es un tema complejo que no quería abordar desde el juicio, sino acompañando con mi cámara a las mujeres de mi familia”, explica. 

Los cineastas canarios tenemos una sensibilidad y un deseo de descolonizar esa mirada sobre nosotros mismos y sobre el territorio

Macu Machín — Cineasta

La herencia sirve como metáfora para hablar de aquello que heredamos, tanto físico como en forma de conflictos “enquistados que no entendemos y que surgen cuando ponemos en orden las cosas”. Lo que aquí se reparten es algo anecdótico, una huerta abandonada que no van a seguir cuidando, pero en ella hay una carga simbólica, “una resistencia”, una idea “de defender algo”. “Me gusta trabajar con palabras polisémicas, con conceptos polisémicos, como la idea de herencia o la idea de hojarasca”, aclara la realizadora. Entre esos conceptos polisémicos también está el de frontera, o dónde termina la linde. Un término ficticio que provoca tantos problemas en las familias y en las sociedades. “Es otro término abstracto. Es que depende de donde se pone una piedra y todo cambia. Quería poner en escena esa idea tan absurda de las lindes, de lugares que no tienen marcas, o que se han movido con el paso de los años, como si fuera un territorio móvil y vivo”, opina.

Ya en el guion estaba presente “la importancia de la naturaleza y que esta iba a aparecer y despertar cosas”. Una idea que había que construir para integrarla y que apareció sola en forma de volcán en erupción para convertir a la naturaleza en “la cuarta protagonista”. La hojarasca también deja claro que donde naces “marca muchísimo”. “El hecho de ser isleño marca, porque estas en un lugar aislado, como soñando con tener un horizonte de tierra, pero luego estás anhelando siempre el mar. A mí me ha pasado que cuando voy de viaje a algún sitio digo, ‘qué bonito, se parece a Lanzarote’, como si siempre, de alguna forma estuviéramos buscando nuestro lugar de origen, y eso es algo que creo que a los insulares nos pasa mucho”.

La hojarasca también rompe con la imagen turística y de postal que el cine suele dar de las Islas Canarias, y enseña el cine hecho por gente de allí, contando historias de allí. “Tenemos una sensibilidad y un deseo de de descolonizar esa mirada sobre nosotros mismos y sobre el territorio, porque muchas veces hay una mirada colonial de interpretar el papel que se nos ha dado desde la metrópoli. Esa idea de que vivimos en un paraíso, que es un paraíso inventado. Sí, es un lugar fantástico, pero no es solo un decorado. Si rascas hay tensiones entre los habitantes y en el territorio. Hay problemas ecológicos, medioambientales y sociales”, apunta Macu Machín que también aboga por una coexistencia entre los grandes rodajes que van a rodar a Canarias aprovechando los incentivos fiscales y la creación de un ecosistema sano para los realizadores de la zona.