Los Ministerios de Cultura y Trabajo dieron la semana pasada un paso importante en la elaboración del esperado Estatuto del Artista, a través del Real Decreto que regulará la relación laboral especial de los trabajadores del sector. Entre las principales novedades del texto está la contemplación del trabajo de los menores, la participación obligatoria de la figura del coordinador intimidad y la Inteligencia Artificial.

Si bien en el primero de sus artículos, que aborda el ámbito de actuación, sí se menciona a los actores de figuración, estos no han sido incluidos en el 13, relativo al uso de la IA Generativa en el contrato para generar contenidos. La Asociación Profesional de Actores de Figuración ha reclamado a través de un comunicado su incorporación en este apartado.

El Real Decreto fue publicado el pasado 22 de enero y el plazo de presentación de aportaciones termina el 2 de febrero. Fuentes ministeriales de Trabajo y Cultura recuerdan a elDiario.es que el documento está “en audiencia pública” y que, una vez concluya el citado periodo, estudiarán “todas” las propuestas.

En lo relativo al uso de la IA Generativa, la nueva norma establecerá que esta no pueda sustituir ni eliminar la participación de la persona artista. Del mismo modo, tendrá que incluirse dentro del contrato de trabajo artístico y solo podrá usarse en el estricto ámbito de la obra para la que fue realizado el contrato. De esta forma, se abre al uso de la IA, pero siempre y cuando sea para generar contenidos que estén reglados en el contrato. Es decir, que la réplica de un actor realizada para la escena de una serie, por citar un ejemplo, solo pueda ser usada para esta y no para futuras temporadas, incluso otras producciones.

El artículo citado, número 13, hace referencia los casos en los que el resultado de la actividad contratada esté relacionada con la imagen y voz de “actores, actrices, músicos y músicas, cantantes, bailarines y bailarinas, artistas de circo, de magia, de variedades, ilusionistas, marionetistas, manipuladores de teatro de objetos, narradores orales”, o relacionada con la “interpretación, ejecución o composición de la obra musical o coreográfica, la creación circense o con la creación de la obra escrita o el guion”. Lo que solicitan desde la APAF es que sea en este listado en el que aparezcan igualmente a los actores de figuración, junto al resto de oficios.

En su comunicado recuerdan que ya han tenido conflictos en “varias ocasiones” por querer escanear a figurantes para rellenar digitalmente grandes espacios, y muchas veces “sin ser comunicados con anterioridad para poder decidir si prestarse o no”, o simplemente siendo “coaccionados con la amenaza de no volver a trabajar con una agencia de selección o productora”. Desde la APAF, opinan que el motivo por el que se ha dejado esta inconcreción tiene que ver con que “pueda ser interpretable”. De ahí a que piden que se especifique “claramente” que el colectivo de actores y actrices de figuración estén incluidos en el artículo donde se especifica el uso de la IA Generativa en el contrato artístico para generar contenidos.

Los Ministerios de Trabajo y Cultura continúan trabajando para sacar adelante el esperado Estatuto del Artista, que ampliará su margen de actuación a través del Real Decreto que regulará la relación laboral especial de las personas artistas. Un texto que, además de contemplar el trabajo de los menores, la participación obligatoria de la figura del coordinador de intimidad y la Inteligencia Artificial; incorporará a la jornada laboral las actividades previas como ensayos o la promoción para no limitar la actividad solo a la actuación final y reforzará la representatividad sindical, para que los trabajadores del sector tengan los mismos derechos a nivel colectivo que el resto de los trabajadores.

En lo que respecta al uso de la IA Generativa, la nueva norma establecerá que esta no pueda sustituir ni eliminar la participación de la persona artista. Del mismo modo, tendrá que incluirse dentro del contrato de trabajo artístico y solo podrá usarse en el estricto ámbito de la obra para la que fue realizado el contrato. Por lo tanto, se abre la puerta al uso de la IA, pero siempre y cuando sea para generar contenidos que estén reglados en el contrato. Es decir, que la réplica de un autor llevada a cabo para la escena de una serie, por citar un ejemplo, solo pueda ser usada para esta y no para futuras temporadas o incluso otras producciones. Esto afecta a todos los ámbitos, incluidas las bandas sonoras o los guiones.

Esta regulación será llevada a cabo a través de un Real Decreto que, según fuentes ministeriales, está previsto que se apruebe antes de este verano.

Otro de los pilares del texto es el establecimiento de normas comunes y protección del trabajo infantil, que deberá realizarse por cuenta ajena y con una única autorización para todo el Estado. Al obligar a que sea siempre en el marco de una relación laboral, prácticas como el auge de los niños youtubers, se verán a partir de ahora limitadas. Asimismo, se establecerán límites horarios para trabajar y la garantía de escolarización.

El documento contará con tres disposiciones adicionales, a través de las cuales se crearán tres comisiones específicas. La primera de ellas, para desarrollar las transiciones artísticas. El objetivo es actualizar el servicio público de empleo e incorporar nuevas profesiones, de tal forma que empleados como tramoyistas, bailarines o artistas de circo, no se queden en el paro cuando acabe su actividad laboral, sino ofrecerles una pasarela de formación en la que aseguran que empezarán a trabajar ya mismo. También habrá un organismo para la evaluación del uso de la IA en las relaciones laborales en la cultura u otro que regule la representatividad en el mundo de la Cultura.

Entre el resto de temas que se incorporarán está intensificar las obligaciones de claridad salarial, en la nómina, que quede patente la informacion sobre qué se paga por cada uno de los puntos incluidos en los contratos.

Protección en materia de igualdad

Entre los protocolos que afectarán al sector cultural en materia de Igualdad están que, más allá de los planes obligatorios para las empresas que reúnan los requisitos estipulados; tanto estos como las actuaciones tendrán que adaptarse al principio de celeridad propio del sector, con el que garantizar una protección efectiva. Si un trabajo, como el rodaje de una película, dura diez semanas, los protocolos tendrán que responder a su intermitencia y duración breve. De tal forma que si una mujer denuncia que ha sido objeto de acoso, no se le pueda responder que la otra parte tiene seis meses para contestar. Si en ese plazo ya se ha terminado la grabación, no tendría efectividad.

Además, será obligatoria la figura del coordinador de intimidad. Sus función es garantizar que las escenas sexuales e íntimas se realicen conforme a lo convenido y vigilar que no se puedan producir situaciones de abuso o acoso.

Ni una sola palabra dedicó Pedro Sánchez al mundo de la Cultura en su balance del curso político emitido la semana pasada. Ni una sola mención a la labor realizada por el Ministerio que lidera Ernest Urtasun, y que en la misma mañana en la que el presidente del Gobierno compareció ante los medios presentó uno de los grandes avances sobre el que lleva siendo una de las grandes reclamaciones desde el sector: el Estatuto del Artista. En concreto, el Real Decreto que regulará la relación laboral de personas artistas, técnicas y auxiliares en el ámbito de las artes escénicas, audiovisuales y musicales. Aun así, habrá que esperar a la vuelta de las vacaciones para que pase por el Consejo de Ministros y finalmente entre en vigor.

Otros dos de los grandes hitos llevados a cabo en los últimos meses es la elaboración del Plan de Derechos Culturales –compuesto por 146 medidas que incluyen llevar el cine a las zonas rurales, las cárceles y entornos sanitarios– y el Plan de Igualdad, así como el inicio de la reforma del INAEM y de la devolución de los bienes incautados durante el franquismo. Menos avances ha habido en una de las leyes que se esperaba que fuera a aprobarse este año, la relativa al cine, que seguirá haciéndose esperar. Así como saber en qué se materializará la prometida descolonización de los museos estatales –de momento se está trabajando sobre dos de ellos–.

Desde el Ministerio afirman a elDiario.es que su balance es “claramente positivo”, siendo los avances realizados sobre el Estatuto del Artista los que más valoran, gracias a la reforma realizada sobre el IRPF que incorpora por primera vez mecanismos fiscales adaptados a la intermitencia laboral del sector laboral, la modificación del Real Decreto que mejorará las condiciones del personal artístico y reforzará los derechos de los menores, incorporará medidas frente al acoso y reconocerá la figura del coordinador de intimidad; y la creación de nuevas líneas de ayudas estructurales al asociacionismo y los sindicatos culturales.

Igualmente, destacan las obras de la Biblioteca Pública del Estado de Málaga y Vigo, la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla y los pasos dados en cuanto al Centro Nacional de Fotografía en Soria, destinando 500.000 euros para su primera colección. Del mismo modo, continúan ofreciendo el Bono Cultural Joven y han abierto una nueva sede para el Centro Nacional de Danza, aunque lo hizo sin dar explicaciones sobre su presupuesto, el sueldo de su directora ni la adjudicación.

La restitución de bienes incautados, “insuficiente”

Cultura publicó en junio de 2024 un listado de 5.000 obras incautadas por el franquismo y abrió el camino para reclamarlas. Este inventario incluía objetos como vajillas, cuadros, vasijas, mantones, abanicos, joyas y ornamentos litúrgicos, hallados en los nueve museos estatales, incluyendo el Museo Arqueológico, el del Romanticismo, el de Artes Decorativas y el del Traje. Hubo que esperar hasta diciembre para que se llevara a cabo la primera devolución, un retrato de Francisco Giner de los Ríos perteneciente a la Institución de Libre Enseñanza y que había permanecido en la Biblioteca Nacional.

El pasado mayo se produjo otra importante devolución: siete cuadros a la familia de Pedro Rico, el que fuera el primer alcalde republicano de Madrid. Estos se sumaron a los cinco que Gran Canaria había devuelto a sus herederos. Hay otros dos depositados en el Museo de Bellas Artes de Asturias que serán entregados “próximamente” y diez aún en paradero desconocido.

Arturo Colorado, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, experto en patrimonio y Guerra Civil, y que lideró la investigación realizada en el Museo del Prado que concluyó que la pinacoteca cuenta con 70 obras procedentes de incautaciones, celebra que el Ministerio haya “asumido” las indagaciones llevadas a cabo sobre el expolio franquista, pero considera que es “parcial”. Cultura ha sido el primer ministerio en cumplir con el cumplimiento del mandato marcado por la Ley de Memoria Democrática pero, como apunta este experto, “no dice que haya que limitar la investigación a los nueve museos estatales” sobre los que la ha realizado: “El expolio es mucho más amplio”.

El catedrático, autor del libro Arte, botín de guerra. Expolio y diáspora en la posguerra franquista, recuerda que hay más obras incautadas en distintos ministerios, ayuntamientos, gobiernos militares, universidades y la Iglesia. “Me pregunto si para los exiliados y represaliados del franquismo esta investigación no es una decepción. La mayoría de estas obras están en otros lugares”, insiste. El experto critica también que la investigación haya sido interna. “Se ha realizado a través de funcionarios, choca por la falta de objetividad que supone. No ha habido un grupo de expertos como sí ocurrió en el Prado o recientemente en la Universidad de Barcelona”, comenta. Para Colorado es igualmente importante saber si el ministerio considera que “ha cubierto el expediente” o si “va a asumir la totalidad de la investigación”, ampliándola más allá de los museos estatales.

Desde el Ministerio avanzan que “hay otros procesos en marcha que verán la luz próximamente”, sin ofrecer, de momento, más detalles.

Ley del Cine, pendiente

La Ley del Cine era una de las apuestas que más se confiaba que se desarrollaría durante este curso político, pero finalmente se ha quedado pendiente. Desde Cultura indican que su prioridad es “lograr un amplio consenso parlamentario” para sacar adelante una norma “muy ambiciosa, necesaria y ampliamente demandada por el sector”, que avanzan que apuesta por la internacionalización, la protección del patrimonio, el apoyo a nuevas tecnologías y formatos, la accesibilidad universal y el impulso a la producción en todas las lenguas del Estado.

Entre sus principales novedades está uno de los puntos que más discordancia generó en su elaboración: la producción independiente, empezando por la definición en sí del concepto. De ahí a que desde la cartera liderada por Urtasun su refuerzo sea una de las prioridades para la nueva norma. También contemplará cuotas de pantalla que incluirán el cine latinoamericano y dirigido por mujeres, así como medidas de igualdad y visibilización de las mujeres en el audiovisual y la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual como órgano permanente de diálogo. Todavía no hay fecha prevista para su materialización.

Desde el sindicato de guionistas ALMA indican a este periódico que contaban con un calendario “más corto” para su aprobación. Eso sí, celebran que se haya producido la recuperación de ayudas a los trabajadores de su sector, que habían dejado de darse durante diez años. “Ha sido una lucha de mucho tiempo”, reivindican para explicar que, por fin, se han establecido unas bases que responden a sus necesidades.

A su vez, ponen el foco sobre otro de los huesos duros de roer a los que se está enfrentando: la regulación de la IA, que definen como “una urgencia para todo el mundo en direcciones muy distintas”. Según avanzaron el ministro de Cultura y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la semana pasada en la presentación del texto que lo regulará, los derechos de propiedad intelectual frente a la IA serán incorporados por primera vez a la legislación.

La imagen y/o voz de las personas artistas, así como el resto de los resultados de la actividad contratada, tales como la obra musical o escrita, las interpretaciones o ejecuciones artísticas no formarán parte de los contratos; ni tampoco su uso por parte de las empresas o su cesión a terceros para replicarlas o generarlas mediante sistemas de IA generativa. Solo podrá producirse cuando exista acuerdo expreso formalizado por escrito.

Desde ALMA inciden en que los guionistas necesitan “claramente una alta protección” y que, una vez vean el texto, tendrán que analizarlo y valorarlo, así como plantear alternativas en caso de ser necesario. “Hay empresas que no han pedido permiso para usar materiales, los han sacado de sitios donde no estaban para ser escaneados. Una película es para el público, no para que lo analice una empresa tecnológica. Las herramientas que han usado un material que no estaba previsto han hecho un uso legítimo, que no debe ser permitido”, sostienen.

Otras medidas tomadas en el sector han sido la puesta en marcha del proyecto Cine Escuela, que pretende incorporar en el programa educativo la asistencia del alumnado a las salas, y el programa Los martes sénior, que permite a los mayores de 65 ir al cine por dos euros, y que está siendo un éxito indiscutible.

Cómo se van a descolonizar los museos

En la lista de deberes para el próximo curso político está saber en qué se materializará la descolonización de los museos que Urtasun lleva prometiendo desde el inicio de su mandato. Inscrito dentro del Plan de Derechos Culturales, el Ministerio anunció hace ya un año los primeros pasos para llevarla a cabo.

Creó dos comités asesores para que elaboraran el informe técnico que servirá de guía para la renovación de únicamente dos pinacotecas públicas: el Museo de América –que continúa albergando el Tesoro de los Quimbayas reclamado por el Gobierno de Colombia, sin que se haya llevado ninguna comunicación al respecto– y el Nacional de Antropología. Desde Cultura se limitan a asegurar que quieren que los discursos museográficos “respondan a los debates internacionales y a los valores democráticos”, sin concretar el punto en el que se encuentra su estudio ni cuándo tienen previsto presentar los resultados de la investigación que se está llevando a cabo.

Más allá de los asuntos pendientes, Cultura empezará el curso con la celebración de Mondiacult 2025, la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, que se celebrará en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre. El evento traerá a España a todos los ministros de Cultura del mundo y a expertos en los asuntos a tratar.

La ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz ha presentado este lunes el Real Decreto que regulará la relación laboral de personas artistas, técnicas y auxiliares en el ámbito de las artes escénicas, audiovisuales y musicales. Una relación laboral que bebe de una norma de 1985 y que ya fue modificada en 2022 para incorporar a los técnicos del sector cultural. Ahora suma el trabajo de los menores, la Inteligencia Artificial y la participación obligatoria de la figura del coordinador de intimidad. La norma entrará, según fuentes ministeriales, “pronto” a consulta pública, antes de pasar por el Consejo de Ministros.

Estos tres puntos se añadieron al desarrollo del Estatuto del Artista el pasado mes de febrero, después de que el Ministerio de Cultura y de Trabajo y Economía Social se reunieran con representantes de las artes escénicas, audiovisuales y musicales para avanzar en el desarrollo del texto; que sigue siendo una de las grandes demandas del sector cultural desde que en 2018 fuera aprobado por unanimidad en el Congreso. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha defendido que se trata de una reforma laboral para el mundo de la Cultura, una “herramienta jurídica para actualizar los derechos” de los creadores y técnicos del país, cuya cifra supera las 720.000 personas.

Será la primera vez que se regule legalmente la participación de menores en actividades artísticas y su autorización, estableciendo reglas claras y únicas para todo el territorio, evitando abusos y competencia desleal entre empresas. “Hoy no vemos a niños y niñas en las fábricas, pero a los que lo hacen desde sus habitaciones, en Instagram, en publicidad”, ha señalado sobre los menores que “participan en la industria cultural sin los derechos que el resto de trabajadores de España”.

Para paliar este contexto, se excluye el fenómeno del trabajo en casa o autónomo. Es decir, solo se va a permitir el trabajo por cuenta ajena. A partir de ahora, tendrá que haber siempre una empresa que permita y sirva de vehículo que se responsabilice y que permita que los menores puedan ser formados en las escuelas, tengan tiempo de ocio y que se respeten los horarios. “Se acabó el trabajo infantil disfrazado de libertad”, ha asegurado Díaz.

La “selva” de la IA

“La regulación de la IA ha sido hasta ahora como una especie de ave rapiña, la 'Ley de la selva', un mundo sin normas”, ha lamentado Díaz sobre el “vacío que muchos han aprovechado para hacer negocio” y que esperan cubrir con el Real Decreto. “Vuestro talento se ha convertido en un archivo que se puede copiar y pegar, y esto se tiene que acabar”, ha sostenido, “la IA no puede suplantar a las personas. No podemos convertir la creación en una mercancía sin derechos”. Los derechos de propiedad intelectual frente a la IA se incorporan así a la legislación, reconociendo el derecho a una contraprestación expresa y diferenciada de otras remuneraciones en este concepto.

La imagen y/o voz de las personas artistas, así como el resto de los resultados de la actividad contratada, tales como la obra musical o escrita, las interpretaciones o ejecuciones artísticas no formarán parte de los contratos; ni tampoco su uso por parte de las empresas o su cesión a terceros para replicarlas o generarlas mediante sistemas de IA generativa. De ahí a que solo podrá producirse cuando exista acuerdo expreso formalizado por escrito. “No podemos permitir que la Cultura se reduzca a algoritmos o a un dato”, ha concluido en torno a este punto la ministra de Trabajo y Economía Social.

La coordinación de intimidad, obligatoria

La figura del coordinador de intimidad tendrá que estar presente tanto en la preparación como en los rodajes de cualquier escena íntima, que “va a proteger límites y consentimiento, así como velar por la actividad física y emocional de la persona que actúa”. “No va a depender de la buena voluntad de nadie”, ha asegurado Díaz.

“Sé que este Estatuto llega muy tarde, pero llega por fin”, ha reconocido sobre la norma que entrará próximamente en consulta pública. Treinta días después de que se abra este plazo, pasará por el Consejo de Ministros.

Cuando se estrena una película las imágenes suelen ser las de una premiere, con su correspondiente alfombra roja y los actores y cineastas posando ante los fotógrafos. Quienes no suelen pasar por ella son los guionistas. Aunque no haya película sin ellos, aunque sin sus ideas, sin su trabajo y su talento no hubiera sido posible nada de eso suelen ser los eternos olvidados.

Desde hace años hay una reivindicación constante de la importancia del guionista gracias a instituciones como DAMA (entidad gestión de Derechos de Medios Audiovisuales) o el sindicato de guionistas ALMA. Ambas, junto al Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales (FAGA) y Fundación SGAE han realizado el estudio ‘La profesión de guionista en España’, elaborado por el Instituto Universitario del Cine Español de la Universidad Carlos III de Madrid bajo la dirección de la profesora Concepción Cascajosa y que ofrece una radiografía del guionista español.

Los datos resultantes de más de 500 encuestas a guionistas y 40 entrevistas en profundidad a profesionales en activo dejan datos sobre una profesión que sufre la itinerancia propia del sector y una brecha de género muy acuciada. El estudio concluye que en el colectivo de guionistas un 67,1% son hombres frente a un 32,1% de mujeres. El único ámbito de trabajo que se acerca a la paridad es la de las series, con un 41% de mujeres. Además, un 40% de las mujeres guionistas denuncian en el informe haber sufrido situaciones de acoso, tanto por razón de sexo como laboral.

Este estudio ha analizado también la retribución de los guionistas encuestados, y el resultado es que la mayor parte de ellos, seis de cada diez, solo ingresan un máximo de 30.000 € anuales, mientras que únicamente el 18% supera los 60.000. Al comparar esas cifras con las de estudios pasados se observa que los guionistas españoles no han visto mejorada su situación económica.

También se ha medido por primera vez la fluctuación irregular de los ingresos en la profesión de guionista, detectando que entre 2019 y 2023 un 82% experimentaron variaciones significativas entre los diferentes años, sufriendo penalizaciones fiscales por ello. Los datos reflejan también un claro desequilibrio territorial, puesto que un 54,7% de los guionistas residen en Madrid, mientras que un 19% en Barcelona y el resto se reparten por las demás provincias del territorio español.

Una de las características de los trabajos artísticos, y una de las demandas más repetidas del sector es la itinerancia, lo que provoca unos ingresos irregulares e intermitentes. Esto hace que los guionistas se vean obligados a compatibilizar su labor con otras actividades. Más de la mitad (56%) realiza además otras labores profesionales dentro y fuera del sector audiovisual. Por ello consideran urgente la entrada en vigor de las medidas del Estatuto del Artista que garanticen que la fiscalidad se ajuste a su ritmo irregular de ingresos.

Los guionistas encuestados también han dejado sus preocupaciones del contexto actual de la profesión. Una de sus principales reivindicaciones sigue siendo la visibilización de su trabajo y de su labor. De hecho, solo un tercio se consideran bien reconocidos por sus empleadores. Un desdén que se traduce en situaciones como no figurar en el material promocional o no ser invitados a ruedas de prensa, festivales o ceremonias de entrega de premios.

La llegada de las plataformas de streaming ha supuesto un empujón para todo el sector, incluidos los guionistas, que desde entonces tienen más trabajo. Así lo expresan cuando se les pregunta por su percepción de las mismas. Valoran positivamente su efecto positivo en el empleo y la calidad de la producción española, pero también los servicios de vídeo bajo demanda son percibidos como responsables del menor atractivo de las salas de cine y de pérdida de derechos, sobre todo por su falta de transparencia en lo que se refiere a datos de visionado.

Otra de las preocupaciones que se destilan del informe tiene que ver con la inteligencia artificial generativa. Los guionistas españoles se muestran muy favorables a la regulación de su uso, algo que va en línea con las reivindicaciones de sus colegas en EEUU y que creen que protegería, de alguna forma, el trabajo de los guionistas, uno de los que puede estar más en riesgo si el uso de la IA se extiende.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lleva en el cargo un año y tres meses, compaginando esta cartera con la portavocía de Sumar. Su etapa se está caracterizando por un avance político a dos velocidades: reformas profundas que remueven los cimientos de la política cultural por un lado y golpes de efecto por otro. Entre estos últimos, hacer valer su firme posición contra el maltrato animal y eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia. Entre los primeros, reorientar décadas de una política cultural que ha priorizado las industrias para crear un nuevo foco en los derechos culturales.

Urtasun ha empujado la devolución de bienes incautados por el franquismo, ha abierto una oficina de prevención atención a las violencias machistas que ha recibido “bastantes denuncias”, según revela en esta entrevista, y ha apoyado la industria del cine —mientras brega en el Congreso la negociación parlamentaria para publicar la nueva ley sectorial—, con medidas pequeñas pero efectivas, como llevar a los escolares a las salas de cine por las mañanas. Entre estos apoyos inmediatos, la recuperación de las ayudas a los guionistas, que habían dejado de darse durante diez años.

En proceso, una museización más respetuosa con la diversidad —que incluye la descolonización y la retirada de restos humanos de la exposición pública—, una reforma del INAEM que permita, entre otras cosas, que el dinero público que se invierte en montajes escénicos salga de Madrid, y una regulación que proteja y remunere a los creadores por el uso de sus obras para entrenar inteligencia artificial. En un futuro indeterminado, se espera la apertura del Centro Nacional de Fotografía en Soria y una sede para el Centro Nacional de Danza.

En su ministerio ha creado una nueva Dirección General para abordar la regeneración del Instituto Nacional de Artes Escénicas. ¿Qué problemas tiene el INAEM?

El INAEM no se ha reformado en los últimos 40 años, desde que fue creado. Hace dos funciones: la promoción cultural de todo el ecosistema de la música y de las artes escénicas en forma de ayudas y promoción, y la gestión de todas nuestras unidades públicas de producción cultural. Esas dos funciones juntas adolecen de problemas de funcionamiento que tenemos que resolver. Entre otras cosas, necesitamos mayor especialización de funcionarios y mayor agilidad. La primera fase de la reforma ha sido separar las funciones con la creación de esta Dirección General que ahora se va a dedicar exclusivamente a la promoción y al apoyo cultural, igual que hace nuestra Dirección General del Cine o la del Libro. Y, por otro lado, el organismo autónomo resultante de esta separación, el INAEM, será reformado para agilizar los procedimientos que permitan a nuestras unidades hacer más giras por España o que puedan coproducir más a nivel internacional. Esta reforma la han anunciado muchos ministros a lo largo de los últimos años pero nunca se ha hecho y estoy muy satisfecho de haber dado ya el primer paso.

¿Se puede alcanzar esa eficiencia y esa agilidad sin un mayor incremento presupuestario?

En el marco de los presupuestos que ya estamos trabajando en el seno del Gobierno, vamos a tratar de dotar de mayor capacidad financiera y presupuestaria al INAEM y al conjunto del Ministerio. Tenemos esa ambición, pero también está la vía de mayor especialización y la de ganar mayor musculatura administrativa. Una de mis prioridades es que el INAEM cuente con más recursos. 

¿Tendrá una sede propia la Compañía Nacional de Danza?

Es verdad que el sector de la danza no ha recibido la atención por parte de los poderes públicos que merecía en los últimos años. Soy perfectamente consciente y el primer paso que vamos a dar es crear un centro de difusión de la danza, muy esperado para promocionar mucho más todo lo que hacemos en materia de danza. Somos un país que hace muchísima danza y muy buena. En Europa somos de los países que mejor producimos danza con artistas que son referencia mundial. Una sede física siempre será una ambición que tiene que estar en el horizonte, pero vamos a ir paso a paso. 

Un trabajador cultural en España es una persona que puede ser que un mes gane 250 euros y tenga que pagar 200 de autónomos. Puede que un mes cobre 3.000 euros y luego esté otros meses sin cobrar nada. O puede ser que trabaje el verano y se pase el invierno en casa. Tiene unas circunstancias laborales duras, difíciles y muy inestables. ¿Qué puede hacer un ministro de Cultura para mejorar las condiciones de un trabajador cultural?

Uno de mis grandes objetivos es que la cultura deje de estar asociada a la precariedad laboral. Y eso significa seguir desplegando con toda la fuerza el marco del Estatuto del Artista para mejorar las condiciones de trabajo de nuestros artistas. El empleo cultural en España ha evolucionado mucho y muy bien en los últimos años. De hecho, este año 2024 hemos hecho récord y estamos en 773.000 personas que trabajan en el sector de la cultura en nuestro país, que es un aumento de más del 6% en relación al año anterior. Ahora bien, el reto es que esa actividad económica se haga y esos puestos de trabajo sean lo más dignos posibles. Ya hemos adoptado una primera gran medida que ha sido la aprobación del IRPF para las rentas irregulares porque muchos trabajadores tienen sus ingresos concentrados en dos meses al año, después están varios meses sin trabajar y luego tienen ingresos dos meses más. La estructura que nosotros teníamos del IRPF no tenía en cuenta esta intermitencia y la verdad es que fue uno de los grandes éxitos de la reforma fiscal anterior. Con ella, los trabajadores de la cultura tendrán que afrontar un menor volumen de IRPF porque se tendrá en cuenta su intermitencia.

Ahora estamos trabajando en una cuota específica para los autónomos culturales. Esto lo tenemos con algunas enmiendas introducidas en la Ley de Derechos de la creación de la Oficina de Derechos de Autor que tenemos ya metida en el Congreso y queremos trabajar para una cuota para los autónomos culturales específica y reducida, que también ayudaría porque hay muchos autónomos culturales que ganan pocos recursos y que tienen que afrontar una cuota a la Seguridad Social que es excesivamente elevada. El Ministerio de Trabajo está en estos momentos ultimando un Real Decreto que también va a ser una pequeña reforma laboral específica para el sector de la cultura, por ejemplo para la regulación del trabajo para menores de 16 años, que es una cuestión que está pendiente en nuestro país. O también toda la cuestión de los protocolos de acoso dentro del mundo de la cultura, que es una cosa que en las relaciones laborales es muy importante resolver. 

Acaba de mencionar el tema los posibles abusos sexuales o acoso en el entorno de trabajo. Además de los protocolos, ¿qué más puede hacer un Ministerio de Cultura?

Hay que hacer muchas cosas. Esta fue una prioridad para mí desde el primer minuto. El que las mujeres del sector de la cultura tuvieran un ambiente laboral seguro. Una de las primeras cosas que pusimos en marcha, fue la creación de una oficina específica para el mundo de la cultura de atención a mujeres que sufrieran acoso o abusos sexuales. Esta oficina la hemos constituido con la Academia del Cine, con la Academia de las Artes Escénicas y de Bellas Artes. Y ya es una realidad. Ese teléfono de asistencia y ese correo electrónico ya están a disposición y lo gestiona un despacho especializado en esta materia. Hace un tratamiento de los datos anónimos y es un primer paso donde pueden dirigirse las mujeres que hayan sufrido algún tipo de acoso o de abuso. No puedo desvelar datos porque son confidenciales pero esta unidad ya ha recibido bastantes denuncias. Básicamente asesoramos a las mujeres en los pasos que ellas quieran dar: si es denunciar o si es un asesoramiento psicológico lo que necesitan.

Además, hemos puesto en marcha el primer plan de igualdad específico para el mundo de la cultura, en el cual también estamos abordando otras cuestiones importantes como son la brecha salarial y las discriminaciones.

Un tema clave dentro de su ministerio es la descolonización de los museos españoles, que es un tema que en la primera etapa como ministro le costó abordar. Parecía un tema incluso radioactivo. ¿Ha sido difícil poder explicar qué quiere decir descolonizar un museo en el siglo XXI?

Es un debate que está abierto en todos los países de la Unión Europea y del mundo en general. Asistí hace poco a la Bienal de Arte en Venecia y la mayoría de pabellones de los distintos países trataban la cuestión decolonial. De hecho, el pabellón ganador, el australiano, iba específicamente sobre la cuestión colonial. También el español y no fue un encargo mío, venía de antes. Más que un debate difícil, me parece que hubo una reacción muy virulenta por parte de la derecha a no querer asumir determinados debates. La derecha española, si algo le caracteriza, es por tener siempre un atraso histórico en todos los debates fundamentales que hay en Europa. Y una vez más, no podía faltar a la cita y llega tarde a este debate. Pero este es un debate que está ampliamente desarrollado en la Unión Europea. Se trata de que la museografía muchas veces ha quedado anticuada y no ha incorporado determinadas miradas que hoy en día son perfectamente normales: sobre la igualdad, sobre la historia y sobre cómo debe interpretarse una determinada exposición. Estamos actualizando las museografías de algunos museos nacionales que hacía más de 40 años que no se actualizaban, como es el caso del Museo de América. Es evidente que deben incorporarse nuevas miradas sobre el arte y también la mirada decolonial. Fue un debate que la derecha nos atacó mucho por abrirlo, pero creo que es un debate que a lo largo de estos meses hemos ido ganando y se ha ido normalizando como una cuestión obvia que hay que afrontar, igual que hacen el resto de países.

Precisamente esta semana se ha dado un paso más en el abordaje de esas nuevas miradas con un acuerdo para retirar de la exposición pública los restos humanos que incluye la retirada de la momia guanche depositada en el Museo Arqueológico Nacional pero que Canarias reclama desde hace al menos cinco décadas. ¿Se va a atender a la reclamación canaria?

Esta cuestión entra en el marco del trabajo que estamos realizando junto con los directores de nuestros grandes museos, que son excelentes profesionales y lideran todas estas cuestiones de las nuevas museografías. Nuestros grandes museos no cumplían las directrices que marca el ICOM en materia de exposición de restos humanos. Es una directriz que dice que los restos humanos solo deben exponerse en caso de que sea imprescindible para una colección y para que el público pueda entenderla. Y, si se hace, debe hacerse con determinados criterios éticos y de respeto, porque estamos hablando de los restos de un ser humano. Por eso hemos retirado los restos humanos de nuestros grandes museos. Son miles de elementos, un volumen muy importante. Y ahora vamos a ver, caso por caso, si alguno de ellos puede volverse a musealizar en el caso de que cumpla estos dos criterios que nos marca el ICOM. Y en relación con la momia guanche, hay una reclamación histórica por parte de Canarias que conozco perfectamente y sobre la que he podido discutir con el Gobierno canario y de momento no tenemos ninguna decisión tomada.

Hay otra reclamación en curso. Mencionaba el Museo de América que, según cuentan los expertos, necesita una nueva mirada muy en profundidad, porque es un museo muy eurocéntrico, con una mirada blanca y colonial muy fuerte. Además, contiene el tesoro de los Quimbayas, un conjunto de piezas de oro que reclama Colombia. El Gobierno colombiano ha criticado al español por no haber dado una respuesta. ¿Ha respondido ya a las sucesivas cartas enviadas por Colombia pidiendo la devolución?

Sobre el Museo de América, una de las primeras medidas que tomé en su día, que hizo el director actual, que hace una grandísima labor, fue cambiar toda una serie de cartelas que contenían descripciones abiertamente despectivas y racistas, con lo que se estaba allí mostrando. No eran aceptables en ese museo en el año 2025. Eso fue una primera intervención de emergencia y puntual que había que hacer. Y ahora estamos trabajando en una nueva museografía.

En relación al Tesoro Quimbaya, conozco perfectamente la reclamación colombiana. De hecho, con el ministro Correa tuve la ocasión de discutirlo muchas veces. Más allá de la cuestión de las cartas, yo me he reunido con el ministro Correa. Hemos podido discutir esta cuestión. Ahora lo que le puedo decir es que hay una nueva ministra de Cultura en Colombia que acaba de ser nombrada por el presidente Petro. Y cuando tenga ocasión de verme con ella, pues seguramente querrá que mencionemos este tema y veremos exactamente cuál es ahora la posición colombiana y lo que ellos desean. Nosotros queremos mantener las mejores relaciones con Colombia y tenemos grandes proyectos culturales compartidos. Sin ir más lejos, España va a ser país invitado en la grandísima Feria del Libro de Bogotá y yo estaré allí. Más allá de la cuestión del Tesoro Quimbaya y de la reclamación colombiana, nuestras relaciones de cooperación cultural son excelentes.

España, entonces, puede cambiar su posición con respecto a qué hacer con este tesoro. ¿Es decir, sigue abierto el debate dentro del Gobierno español para aceptar la reclamación de Colombia sobre esto?

De momento no tenemos ninguna noticia que avanzar. El día que la hubiera, lo comentaremos.

Otro frente abierto, en este caso legislativo, es la ley del cine, que también viene de lejos. ¿Va a utilizar la futura ley del cine para proteger a los productores independientes y que no tengan que compartir las ayudas a la producción con las cadenas de televisión, que es algo que originó la Ley Audiovisual de 2021?

Siento un gran orgullo por el cine español y por lo que representa hoy en el mundo. Incluso, más allá del cine, creo que estamos en un momento de internacionalización de la cultura española muy importante. Y en este mundo de Trump, en estos momentos, creo que la cultura española se ha convertido en una bandera extraordinaria de la libertad y de los derechos en el mundo. Tenemos grandísimos proyectos de cine que están triunfando en los grandes festivales y que nosotros tratamos de apoyar. En materia de cine, es verdad que tenemos la ley que estamos tratando de desbloquear con los grupos parlamentarios. Tenemos un Congreso complejo en esta Legislatura, pero para nosotros es una prioridad.

Pero estamos haciendo mucho en cine, más allá de la ley. Por ejemplo, hemos lanzado el programa Cine Escuela para acercar a los más pequeños a las salas de cine y crear nuevos públicos del futuro. Hemos lanzado la renovación del programa Cine Senior, que ha llevado más de 1,7 millones de espectadores a las salas de cine este año, un crecimiento de más del 80% que ha sido todo un éxito. Y estamos trabajando en la internacionalización de nuestra industria. Nos hemos volcado con el cine español desde el primer minuto y ahora esperamos poder desbloquear la ley. Creo que hay un consenso mayoritario que yo defiendo, y es que tenemos que blindar al productor independiente en las ayudas que da el ICAA. La definición que tenemos en estos momentos en el borrador de ley que está en el Congreso, creo que satisface al conjunto del sector, pero evidentemente, cuando lleguemos a la fase de enmiendas, siempre se puede hacer algún ajuste si alguien lo desea. 

Y no sé si otra de las prioridades será también proteger a los productores de series, unos de los damnificados por el retraso en la tramitación de la ley del cine.

Es verdad. Una de las cosas que tenemos que actualizar con la ley del cine es que las series estén incluidas. Nuestra Ley del cine es del año 2007, cuando el tipo de producción audiovisual que se hacía o el consumo de productos audiovisuales no tenía nada que ver con el de hoy. Y desde luego, las series hoy juegan un papel fundamental. Estoy trabajando intensamente con el conjunto de grupos para desbloquearla. Y luego hay otro elemento que no quiero dejar de citar, que es importante en materia de cine y que me gustaría anunciar. Después de diez años vamos a lanzar las primeras ayudas a la creación de guiones en nuestro país y este es un anuncio que estoy muy contento de poderlo hacer, porque para tener una buena película lo más importante es tener un buen guion. Con esto queremos ayudar a un sector que está muy precarizado, y ayudar a la mejora de la calidad de los guiones y que vean la luz proyectos que quizá sin ese apoyo no los verían. No queremos que aquellos que redacten guiones sean solo aquellos que se lo pueden permitir, sino también que haya ayudas para que personas que no se pueden permitir estarse unos meses redactando un guion de cine o televisión lo puedan hacer.

¿Qué opinión le merece que el Senado apoye a nueve comunidades autónomas para la creación de un premio que han llamado Premio Nacional de Tauromaquia, como el que usted ha eliminado?

Cada uno, en el marco de sus competencias, puede decidir otorgar los premios que considere. Cada uno es libre de hacerlo. Los Premios Nacionales los ordena el Ministerio de Cultura y nosotros hemos tomado la decisión de que ya no va a haber un Premio Nacional de Tauromaquia. Lo hemos hecho porque creemos que la sociedad española ha evolucionado y que cada vez hay una opinión más mayoritaria que no tolera espectáculos con tortura animal y menos que se premie con dinero público y con Premios Nacionales. Es una actividad que genera tortura animal y, por lo tanto, tuve claro desde el primer momento que mientras yo fuera ministro de Cultura, no habría subvenciones a la tortura animal desde mi ministerio y no se premiaría a este tipo de actividades. Y es lo que he hecho en base a mis convicciones y en base a lo que creo que es un sentimiento mayoritario de la sociedad española. Esto me ha generado muchas críticas por determinados sectores, pero lo hago desde el profundo convencimiento de que la España de 2025 es una España que cree en el bienestar animal.

Hace un mes retiró el real decreto ley que otorgaba una compensación a los creadores por el uso de sus obras para entrenar a modelos de inteligencia artificial. ¿Qué había mal en ese decreto?

Mi preocupación con esta cuestión de la inteligencia artificial y la cultura es ver de qué manera lo podemos abordar en las mejores condiciones. En estos momentos tenemos grandes corporaciones tecnológicas que desarrollan modelos de lenguaje privados, modelos de inteligencia artificial, que están siendo entrenados con obras que están protegidas por derechos de autor. Mi obsesión y mi voluntad política es tratar de encontrar una solución a que no se usen sin su permiso y que en el caso de que se hagan se tengan que remunerar. Es verdad que lanzamos una primera propuesta de decreto y vimos en las reacciones que tuvimos que ese decreto todavía no estaba suficientemente maduro para salir adelante y dimos un pequeño paso atrás: retirarlo y seguir dialogando para generar un consenso.

En materia de regulación de la inteligencia artificial estamos en terreno desconocido. Es decir, ningún país de la Unión Europea tiene todavía la varita mágica para saber cómo afrontar esta cuestión. Estamos todavía en el campo de prueba y error y de buscar los consensos suficientes porque es una tecnología que avanza y produce cambios muy rápidos.

Una última pregunta, yo sé que a usted le gusta mucho la música y hay un dicho que dice “música negra, negocio blanco”. La Academia Catalana de la Música creó hace ya cierto tiempo una mesa de trabajo integrada por personas racializadas para visibilizar la diversidad cultural. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Cultura para que la industria cultural en general pueda incorporar a las personas racializadas en sus estructuras?

Es cierto lo de la música negra y el negocio blanco. Durante un tiempo fui articulista de la revista Rockdelux y escribí sobre el colonialismo y la música. Y hay una historia que es tremenda, que la gente conoce poco, que es que todos los grandes éxitos de los años 70 y 80, del reggae, del ska y de otro tipo de músicas que se hicieron muy populares en el Reino Unido, básicamente fueron artistas de colonias británicas que después las grandes industrias británicas explotaron. Y sin pagarles ni un duro a los creadores originales que eran de la de colonias británicas. Fue un caso de explotación colonial en materia de música tremendo. Dicho lo cual, en materia de igualdad y de lucha contra la discriminación, tenemos en marcha el Plan de Derechos Culturales, que es otro de nuestros grandes objetivos en este mandato. Hemos creado una Dirección de Derechos Culturales y tenemos en marcha el despliegue de un plan para garantizar los derechos culturales para el conjunto de la ciudadanía y en el marco de eso, no puedo avanzar todavía las medidas porque estamos terminando de perfilar el plan. Pero habrá sin duda acciones contra la discriminación.

Vídeo de la entrevista completa

Vídeo: Javier Cáceres y Lourdes Jiménez

Acoso laboral y sexual, regulación del trabajo de los menores en el ámbito cultural y de la Inteligencia Artificial. Estas son los tres puntos que se han incorporado al desarrollo del Estatuto del Artista, sigue siendo una de las grandes demandas del sector cultural, desde que en 2018 fuera aprobado por unanimidad en el Congreso. El ministro de Cultura Ernest Urtasun y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se han reunido este miércoles con representantes de las artes escénicas, audiovisuales y musicales para avanzar en el texto que, según han confirmado fuentes ministeriales a este periódico tras el encuentro, esperan que esté listo “para verano, si va muy rápido. Otoño ya sería un logro”.

El pasado mes de noviembre se dio un importante paso, con la aprobación del IRPF que contempla la intermitencia de los artistas. Tras la sesión celebrada esta semana, Yolanda Díaz ha recordado que la norma que se va a modificar para llevar a cabo el Estatuto del Artista bebe de 1985: “Vamos a modernizar la relación laboral que nutre a las personas del trabajo en la cultura”. Para ello se van a tener en cuenta cómo afecta en el presente “la digitalización y el uso de la IA”, así como “definir bien lo que es tiempo de trabajo efectivo”.

Fuentes ministeriales han aclarado que el Real Decreto que regula la relación laboral de los artistas ya fue modificada en 2022 para “incorporar a los técnicos, ampliando el colectivo y las actividades artísticas. Ya no se refiere a artistas en espectáculos públicos, sino a personas trabajadoras de las artes escénicas, audiovisuales y musicales”. “Ha habido una modernización de quien se considera y en qué actividades se incluye”, han añadido, mencionando la labor de “youtubers e instagramers”. Desde el Ministerio de Trabajo han presentado este miércoles un borrador a los representantes del sector cultural, que cuenta con quince días para revisarlo y continuar avanzando en los grupos de trabajo creados para el desarrollo del Artista desde el pasado verano.

La “jungla” del trabajo de los menores

Una de las novedades de la jornada ha sido la inclusión de los protocolos de acoso, que en materia cultural va a incorporar la figura de “mediador o mediadora de intimidad”; que no afectará únicamente a los rodajes audiovisuales. El otro gran punto será la regulación del trabajo de los menores, que han definido como “una jungla”.

“El ámbito artístico es uno de los pocos en los que se puede desarrollar”, han explicado. Para paliar esta situación, fuentes ministeriales han afirmado que van a “evitar las situaciones de niños autónomos explotados, como el fenómeno del unboxing. No cosen botas, pero están trabajando desde el sótano de casa con una cámara que está haciendo publicidad indirecta, y que son una fuente de ingresos muy importante para algunas familiares”. También van a contemplar la fijación de horarios, que tengan que estar acompañados de familiares y la garantía de la escolarización.

El “reto mayúsculo” de regular la IA

En lo que respecta a la IA, la ministra de Trabajo ha advertido de que “la inteligencia no es tan artificial, es humana, se nutre de las voces de los artistas, de lo que escriben, de las imágenes que proyectan, de la música que crean”. Por ello, al no ser “tan artificial” considera que “tiene que ser contemplado. Es un reto mayúsculo”. Fuentes ministeriales han concretado que “será la primera vez que se regulan los derechos de propiedad intelectual y de propia imagen en una norma laboral”, tras la publicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial el pasado mes de julio.

Para ello, van a incluir la “prohibición de que las empresas usen el trabajo del contrato artístico para entrar IA”. No obstante, se contemplará la opción de “acordar” y que, “pagándose, se pueda ceder la imagen, la voz, etc.”; pero que para ello se “requerirá” del consentimiento expreso de las personas trabajadoras.

Programas de transición profesional

Otro de los compromisos acordados por el ministerio de Trabajo y de Cultura es establecer programas de transición profesional, para ayudar a “encontrar acomodo” a los profesionales que no puedan mantener su actividad al mismo ritmo, citando como ejemplo a “bailarines y bailarinas que a los 35 estén rotos y no todos pueden acabar siendo directores de compañías”. Asimismo, quieren estudiar el sistema de representatividad, al estar debilitada por el hecho de que la mayoría de los contratos son temporales.

Ernest Urtasun ha valorado la reunión como “muy fructífera” y ha asegurado que España necesita un sector cultural “que trabaje en buenas condiciones laborales”. “La cultura es el nutriente fundamental de las democracias del mundo”, ha sumado Yolanda Díaz.

Ni siquiera una pandemia, que levantó la tapa de las cloacas del sector artístico, ha servido para corregir las deficiencias de la situación laboral de los músicos que en gran medida hacen equilibrios sobre un trabajo precario, intermitente, proclive al fraude y exento de protección. Muchos se quedaron sin acceso a ayudas durante aquel aciago 2020.

Quien dice muchos, dice muchísimos. La Coordinadora Sindical de Trabajadoras/es Músicos (CST-Músicos) cifró en un 90% el número de “invisibles administrativos” que antes de la COVID-19 “actuaban irregularmente sin contrato, sin alta y que, para cobrar, facturaban como falsos autónomos”, apunta Juan José Castillo, director ejecutivo de este sindicato sectorial. Aquellas marchas, manifestaciones, apagones culturales y otras acciones tenían unas ambiciones que no se han completado, aunque el Estatuto del Artista, pausado por el adelanto electoral, ha hecho avances en materia de protección social.

Basta con preguntar por la profesión para percatarse del gran agujero negro que opera desde ni se sabe. El cantautor Nacho Vegas la define con tres palabras “búscate la vida”, y aunque puntualiza que ese no es su caso “ni el de otros que han conseguido labrarse una carrera o al menos subsistir”, sí es el de la gran mayoría: “Las bandas y artistas que empiezan”. José Sánchez, de la Unión de Músicas de CNT, es tajante al respecto y describe la situación como “precaria, sin discusión ninguna” y matiza que “lleva mucho tiempo así y cada vez va a más”.

Un problema que para Elío Ferrán de la banda La Jetée, no es ajeno a “la lógica más turbocapitalista y neoliberal que pretende imponerse en las últimas décadas y que hace desaparecer a la clase media”. Es esta percepción coyuntural la que explicaría que haya “un pequeño circuito de músicos y empresas que copan el mercado y se ganan muy bien la vida” y, en un plano inferior, “una masa enorme en la que se mezclan aspirantes a profesionales y profesionales que aun trabajando en ello, no pueden vivir exclusivamente de su trabajo”, describe Ferrán.

Guillermo McGuill, secretario de Unión de Músicos, dibuja el escenario real aportando cifras que ilustran la precariedad: solo la mitad de los músicos superan en sus ingresos anuales brutos los 14.000 euros, el Salario Mínimo Interprofesional, según una encuesta a medio millar de artistas que encargó esta entidad, con financiación de la SGAE, y que se publicó en mayo de 2022 [PDF]. Pero eso es gracias a que reciben ingresos tanto dentro como fuera de la música. Si nos fijamos únicamente en la retribución de su trabajo como músicos, vemos que la gran mayoría (69%) ingresa por debajo de los 7.000 euros anuales. Solo el 10% supera los 14.000.

Al principio todo era 'en negro', solo cuando la cosa se ponía seria te planteabas ser autónomo, aunque antes de llegar a eso alguien facturaba por ti o te buscabas una cooperativa

Nacho Vegas — Músico

Cuando el estudio se fija en los artistas dados de alta como autónomos en la Seguridad Social, encuentra que más de la mitad de ellos (58%) genera menos de 700 euros al mes. Los mileuristas son apenas un 12%. “Al principio todo era 'en negro' ―recuerda Nacho Vegas―, solo cuando la cosa se ponía algo seria te planteabas ser autónomo, aunque antes de llegar a eso se pasaba por un limbo en el que alguien facturaba por ti o te buscabas una figura jurídica con algún vacío legal que te permitiese hacerlo”, dice en referencia a fórmulas como las cooperativas de artistas, a las que recurren un 23% de los músicos, según el citado estudio.

“Era un fraude, sí, pero no había otra manera de hacer música que fuera sostenible”, explica Vegas. “Muchas veces el trapicheo se hacía con la connivencia de la administración”, añade, y aporta como ejemplo “un ciclo municipal en los 90 para artistas emergentes en Xixón en el que a los músicos se les pagaba una cantidad irrisoria mediante un pagaré que tenía tanto valor legal como una servilleta”.

¿Relación laboral o mercantil?

Esta dicotomía entre relación laboral y mercantil entorpece cualquier acuerdo entre sus partes. Se trata de un modelo enquistado, inamovible desde que, en los años 80, se extendieran las actuaciones en bares y plazas. A partir de entonces los empresarios, ya sean gestores de salas, o promotores de ciclos y festivales de ámbito privado o actuando para la administración pública, rara vez contratan a los músicos, por no decir nunca, según indican desde los sindicatos. “La norma es que les exijan factura sin interesarles si están o no dados de alta en autónomos. Y también, casi siempre, les pagan en B”, indica Juan José Castillo, cuyo sindicato lleva años solicitando que se contrate a los músicos para tocar durante las horas en las que se produce la actividad.

Si los músicos fueran mis trabajadores, podría exigirles que vistieran un uniforme o incluso el repertorio, pero esto no es así, no lo son

Alberto Grandío — Presidente de la asociación de salas privadas ACCES

Alberto Grandío, presidente de ACCES, asociación que reúne a más de 175 salas de conciertos, defiende el modelo mercantil apelando a una supuesta ausencia de dependencia de la actividad artística: “Si fuera yo quien los asegurara, serían mis trabajadores y podría exigirles que vistieran un uniforme o incluso el repertorio, pero esto no es así: no son mis trabajadores” y traslada dicha responsabilidad a los músicos o a sus agencias de contratación. José Sánchez, tiene una visión opuesta sobre la laboralidad y argumenta recurriendo al Estatuto de los Trabajadores que “en su artículo 2, sección 1 y letra e indica que las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales son personal laboral que tiene una relación especial con su contratador”, un debate que considera muerto pero “es encendido constantemente por una industria interesada en beneficiarse de no cumplir las leyes”.

A los noveles, sí

La sempiterna polémica propició, hace unas semanas, que UGT, CCOO, CNT y CST-Músicos emitiesen un comunicado conjunto para aplaudir “el giro laboral que supone el Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou” al incluir en las bases del concurso el alta en la Seguridad Social para sus ganadores, y animaban al festival a “extender el contrato laboral a todos los artistas participantes”.

Javier Arnaiz, director de Mad Cool Festival, asegura que la medida fue implantada “no solo con la primera edición de Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou, sino con todas las ediciones del consolidado talent de bandas”. El motivo por el que a estos artistas noveles sí se les contrata es porque se trata de “artistas que no tenían representantes ni agencias detrás”, a lo que añade que es su “labor darles de alta para ofrecerles las condiciones laborales que cumplan la legislación vigente”. Juan José Castillo cree más bien que ha sido “la actuación de la Inspección de Trabajo, consecuencia de distintas denuncias sufridas por el festival” la que ha propiciado, de manera reciente, la contratación.

Al respecto de la contratación del resto de artistas del cartel, el director de Mad Cool aclara que se realiza “a través de las agencias, management o las empresas de los propios artistas” que entiende tienen “cerrados sus acuerdos laborales con sus representados y/o trabajadores” y son con las que se establecen “acuerdos contractuales”.

El artista autónomo

En el caso de que un músico entienda que debe cotizar bajo el régimen de autónomos, surge esta pregunta: ¿se gana lo suficiente para asumir su cuota de autónomos? (Pasados los dos primeros años con una tarifa plana de 70 euros, la cuota mínima está en menos de 200). Solo un 19% de los compositores y un 30% de los intérpretes emite facturas como autónomo, según el estudio de Unión de Músicos.

Elío Ferrán no cree que el debate deba enfocarse en esta cuestión sino en “si es justo que esa sea la relación laboral y recaiga todo el riesgo y obligaciones sobre los músicos”. En el caso de su banda, desvinculada de agencias, sí reconoce emplear la fórmula mercantil: “Lo hacemos todo nosotros, facturamos a las salas y no nos vuelven a ver”, pero sí entiende que “unos músicos que tengan una relación más continuada con una empresa que les lleve el booking [contratación], deberían ser empleados de esa empresa, porque si no estaríamos ante la figura del falso autónomo”.

Solo un 19% de los compositores y un 30% de los intérpretes emite facturas como autónomo, según el estudio de Unión de Músicos

Nacho Vegas, por su parte, lo tiene muy claro: “Los músicos somos trabajadores y trabajadoras, eso es inobjetable”, definición en la que incluye “al personal técnico y a toda la gente que trabaja en escenarios u oficinas y que hacen posible que sigan existiendo conciertos”, para terminar dándose contra un muro, “lo que ocurre es que en nuestro sector la patronal está desdibujada o atomizada”, se lamenta.

A la búsqueda de la patronal

Y aquí surge una segunda pregunta: ¿Quién es la patronal? Promotores, salas, agencias, sus distintas asociaciones... nadie asume ese papel. Es más, huyen de la terminología propia del lenguaje sindical, extremo que dificulta e incluso impide cualquier negociación laboral para el sector. Un problema evidenciado en el Convenio Colectivo de aplicación para personal de salas de fiesta, baile, discotecas, locales de ocio y espectáculos, firmado el pasado mes de marzo, 11 años después de su antecesor y con la ratificación única del lado de los empresarios, de España de Noche, una federación de discotecas y salas de fiesta.

“La mayoría de ellas no programa música en vivo ―objeta Guillermo McGuill, el portavoz de Unión de Músicos― y este es uno de los principales problemas: los que nos pagan no están constituidos como patronal, no hay interlocutor”. El presidente de la asociación de salas, por su parte, asegura no conocer el citado convenio ni guardar relación con España de Noche, “ellos son locales nocturnos, nosotros somos salas de música en vivo, aunque en algunos casos, pocos, coincida la licencia de discoteca”, motivo por el cual afirma no sentirse representados en él. Un argumento que, como proclama McGuill, serviría a las empresas para eludir su cumplimiento: “Se lo presentarás a una sala o a un festival y te dirán ‘esto a mi qué me importa, no te contrato y ya está’”.

Casi nunca contratan y para cobrar suelen pedir factura a pesar del nuevo convenio. Además, en muchos sitios no tienen ni equipo para pinchar y te exigen que te lleves el tuyo

Eme DJ — Pinchadiscos

Quien sí se congratula de la firma del convenio es la artista Marta Fierro (Eme DJ), que agradece a CST-Músicos el haberles “hecho ganar las categorías profesionales de DJ Selector, DJ Live y DJ de Música Electrónica” aunque reconoce que de poco sirve, dado que “casi nadie lo cumple, a no ser que lo exijas y entonces empiezan a ponerte problemas o te dejan de llamar”. Considerados artistas, la actividad de los disc-jockeys tampoco está exenta de prácticas abusivas y así lo constata Fierro: “Casi nunca contratan y para cobrar suelen pedir factura a pesar del nuevo convenio” y añade que “en muchos sitios no tienen ni equipo para pinchar y te exigen que te lleves el tuyo”. Conviene recordar, además, que es práctica habitual para el conjunto del colectivo, sean músicos o dj, el hacerse cargo de sus gastos de desplazamiento y de alojamiento al no estar incluidos en las condiciones que firman para sus bolos. Otro detalle más para su lista de agravios.

Medidas en marcha

Las escasas medidas adoptadas por la administración para atajar estas reclamaciones históricas no parecen satisfacer a nadie. Tanto Grandío de ACCES como McGuill de Unión de Músicos coinciden, por ejemplo, en la necesidad de reducir todavía más la cuota de autónomos fijada en 161 euros al mes para aquellos que no sobrepasen 3.000 euros al año en ingresos. Esta nueva cotización es una de las medidas estrella del RDL 1/2023, que parte del esperadísimo Estatuto del Artista y que ha levantado suspicacias entre los sindicatos. Juan José Castillo lo ve demasiado “orientado al trabajo autónomo” y pronostica que “se incrementarán los falsos autónomos y los impagos a la Seguridad Social”. José Sánchez también advierte de este cariz al señalar que “las agrupaciones que participan en las comisiones del Estatuto del Artista tienen cierta relación con la industria musical o bien compran los marcos que esta plantea” pero celebra, al mismo tiempo, avances como “la compatibilidad de la recepción de remuneraciones por derechos de propiedad intelectual con las jubilaciones, algo que resuelve situaciones auténticamente dramáticas”.

Los músicos, por su parte, añaden otros antídotos a la situación. Elío Ferrán apuesta firmemente por el proteccionismo, pues considera que “la cultura en general y la música en particular no debería ser un sector sujeto a las reglas de mercado”. Nacho Vegas incide en la propia responsabilidad de su colectivo al que “le falta conciencia de clase” y él se decanta por “el asociacionismo, el sindicalismo y la solidaridad entre el sector”, aunque es consciente de que “mayormente brilla por su ausencia” por lo que interpela al gremio para “dialogar con los diferentes agentes de la industria musical y no cortarnos a la hora de denunciar los abusos de ciertas partes”.

Para Marta Fierro la única medida necesaria es “que la patronal cumpla con la ley”, extremo que también defiende Castillo al subrayar la ya existencia de un marco jurídico, el que aporta “el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo, el Régimen General Especial de Artistas y todos los ajustes del RDL 5/2022” y emplaza a las empresas públicas y privadas a cumplirlo.

La situación de las salas

Pero el asunto no es tan sencillo. Al otro lado se otea un grave problema que afecta a las salas. El paulatino desmantelamiento del tradicional circuito de conciertos en favor del modelo de macrofestival ha traído como consecuencia la tendencia a requerir el pago de un alquiler a aquellas bandas que quieran tocar en sus espacios. Alberto Grandio defiende que “el colectivo de salas hace muchos más conciertos al año que el mejor festival” y, sin embargo, “estos pueden recibir entre seis y ocho millones de euros” de dinero público, lo que estima injusto por tratarse de negocios “ya de por sí rentables, estando en manos de grandes empresas”. Grandio apela a la concesión de subvenciones con la rotundidad de que “si no hay salas, no hay bandas”.

Salvando las distancias, las salas sí cuentan con iniciativas financiadas con dinero público como son Cultura de Sala o Girando Por Salas (GPS). Esta última, activa desde 2010, ha sido objeto de no pocas críticas. Castillo no pestañea al afirmar que GPS “ha sido desde su origen un fraude en toda regla y en todos los aspectos” y asegura que “ninguna de las marcas vinculadas a la del GPS reconoce su participación como organizadora, ni el propio INAEM”, ambigüedad con la que se esquivaría formalmente el artículo 1 del RDL 5/2022 para no dar de alta a los artistas en la Seguridad Social. Añade, además, que “artistas y grupos aspirantes no participan hasta presentar su correspondiente alta en la Seguridad Social”, por lo que considera que su implantación tiene graves efectos sobre los derechos laborales de los músicos, auspiciados desde la misma administración. En la misma línea se pronuncia Sánchez al considerar que “lo que debería ser un trampolín para artistas emergentes acaba siendo un chiringuito para diversas salas de conciertos, asociaciones de músicos, entidades de gestión y promotoras”.

Lo realmente grave es que este desolador e irresuelto panorama, complejísimo, de infinitas aristas que se desbordan en el tintero, tiene consecuencias para la profesión y, por extensión, en el tejido cultural del país. Por ejemplo, la amateurización, y el enquistamiento de unas condiciones precarias debido a la pasión que sustenta esta profesión, así como el estancamiento de las reclamaciones, ante la que los músicos reclaman que hay una falta de “escucha”.

“Llevaba tiempo sin que me llamara nadie. Vivía con mi madre y, un día, al llegar a casa y ver que no tenía ni un duro ni comida, le dije: 'Me voy al metro a leer poemas a ver si me dan algo'”. El intérprete Carlos Olalla tenía 59 años cuando tomó esta dura decisión en 2016. Su madre, también actriz, no solo apoyó su postura, sino que quiso acompañarle. “La gente respondió de maravilla, incluso dentro de la profesión al ver que estábamos visibilizando una situación que afecta a más del 90% de la gente que nos dedicamos a esto, nos echaron una mano”, recuerda ahora a este periódico.

Olalla comenzó su carrera como actor a los 45 años y, desde entonces, ha participado en más de 100 series y 30 películas. Cifras que, pese a sonar altas y solventes, no palian el principal problema con el que se enfrentan sus compañeros de profesión: la intermitencia. Mitigarla es uno de los principales objetivos del Estatuto del Artista, una de las reclamaciones históricas del sector cultural que pretende dotar a sus empleados de un marco jurídico adaptado a sus particularidades.

El Ministerio de Cultura y Deporte liderado por Miquel Iceta puso en marcha en julio de 2021 una comisión interministerial para aprobar este Estatuto, propuesto por la Unión de Actores. En dos años ha habido avances significativos como la primera prestación especial por desempleo para el sector, que podría ayudar hasta 70.000 trabajadores autónomos; y la compatibilidad de la pensión de jubilación con la actividad artística. Pero todavía queda mucho camino por delante. Las medidas de reconocimiento de la intermitencia laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos de la cultura se han quedado en el aire, a expensas de lo que ocurra en las elecciones generales que se celebrarán este domingo.

“El Estatuto es un punto de partida maravilloso para la protección de un sector vulnerable. Cuando salió hace unos años, a todo el mundo le parecía un planazo... Por eso es fascinante que se vaya quedando en nada. Se debería estar hablando de esto en campaña, pero parece que se va diluyendo”, lamenta a este periódico la actriz Natalia Mateo (Cuenca, 1975).

El último Informe Sociolaboral de los Actores y Bailarines Españoles elaborado por la Fundación AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión) –que tiene previsto la publicación de uno nuevo este año– expuso que solamente el 8,17% de los actores ingresa al año más de 12.000 euros por ejercer su profesión. Y entre estos, únicamente el 2,15% superan los 30.000 euros.

“Incluso en un buen momento estamos siempre en un estado de vulnerabilidad”, lamenta la intérprete de títulos como AzulOscuroCasiNegro y Siete mesas de billar francés. “Ni en una buena racha me alquilarían un piso, porque fiscalmente a lo mejor mi año pasado fue un desastre”, expone. “En el que estoy ahora solamente pude decirle a la casera que era buena persona, porque no cumplía los requisitos. Pedí que nos viéramos para poder explicárselo”, añade.

Natalia Mateo valora que el hecho de que ella aceptara fue una cuestión de empatía. La misma que tienen quienes contratan a actores y actrices en otros oficios que la amplia mayoría necesita compatibilizar para llegar a fin de mes: “Saben que son trabajadores que no quieren estar ahí y que si les sale una prueba, se van a ir”. “Parece que tiramos muy bien las cañas”, comenta con ironía. La actriz reivindica que no hay que dejarse engañar por el glamour que rodea al sector cultural que desfila por entregas de premios y estrenos con sus mejores galas: “El 90% de los que están en las alfombras rojas están en paro. Puede ser que estén promocionando una película que hicieron el año pasado y que no hayan trabajado desde entonces”.

Fernando Ramallo (Madrid, 1980) entró en el mundo del cine por casualidad, colándose en el casting que David Trueba hizo en un instituto de la capital que le valió para participar con quince años en el filme La buena vida (1996). “Tuve suerte porque me dieron de alta tanto ahí como en todas las producciones en las que he trabajado. Pero últimamente con lo que más cotizo son otros trabajos”, comenta sobre su trayectoria. Trabajos que, como apunta, “tienen que ser un poco denostados porque no pueden ser de ocho horas y que si te llaman para un casting no puedas dejarlo”. “Son duros y poco agradecidos, como teleoperador, repartidor, seguridad privada, de auxiliar administrativo en la empresa de un familiar si tienes suerte... Trabajamos de muchas cosas, que la gente no se piense que somos unos subvencionados”. “Muchas veces se roza la mendicidad”, llega a concluir.

El actor declara que tiene amigos que han tardado “entre cinco y ocho meses en cobrar el paro. Si ya es difícil tenerlo, imagina cobrarlo esperarlo tanto. Hay gente que tiene que dejar sus casas por no poder pagarlas. Solo hay cuatro o cinco actores que ganan bien de dinero, mientras que casi el 90% vive de otras cosas”. El Estatuto del Artista, como explica Olalla, contempla que “no te exijan haber cotizado tantos días para tener derecho a la prestación de desempleo”. Esa exigencia de un determinado número de días cotizados afecta igualmente a las jubilaciones a las que aspiran acceder.

La lotería de un buen asesoramiento

Ramallo lamenta que exista un “gran desconocimiento” de la cultura y de cómo funciona su profesión a “nivel legal”: “Hasta los propios trabajadores del SEPE (Servicio Público de Empleo y Economía Social) te dicen cuando vas a pedir el paro 'prepárate porque esto es un lío'”. “Depende de la persona con la que te encuentres, te pueden llegar a soltar aberraciones. Si te toca alguien que sabe de artistas es como si te tocara la lotería”, añade Olalla.

Y es que como Ramallo argumenta, “para un actor o una actriz es muy difícil cobrar el paro como estaba estipulado como un trabajo normal, por no haber cotizado lo suficiente”. “Haces de protagonista en una película, la gente lo ve y piensa que te has forrado. Pero eso son dos meses de trabajo. Si tienes suerte, lo habitual es trabajar 60 días al año”, subraya. Incluso si es una serie en la que pueden participar durante años, se da la tesitura de que al llegar el verano, se rescinden contratos y posteriormente se les vuelve a contratar.

“Cuando los viernes te llegan los capítulos de la serie que se van a rodar en la siguiente semana, lo primero que haces es ver si hay alguna escena que sea 'Exterior Cementerio - Noche', para ver si han matado a tu personaje, ya que implica que te vas a la calle”, expone Carlos Olalla (Barcelona, 1957) sobre cómo experimentan los periodos en los que forman parte de elencos de ficciones televisivas.

La intermitencia, el gran yugo

El actor de títulos como El tiempo entre costuras ensalza como uno de los puntos claves del Estatuto reconocer la intermitencia. “En Francia se lleva haciendo desde 1920. Nos llevan 100 años de ventaja”, advierte. “Todas las regulaciones fiscales, laborales y muchas veces las sociales están pensadas para un tipo de actividad que no contiene esta característica. No podemos equipararnos a ningún otro colectivo”, asegura.

Entre los hándicaps que implica, está no poder tener un comité de empresa, ya que para poder acceder harían falta seis meses trabajando en la misma compañía. “¿Cómo vas a estar tanto tiempo si puedes estar cuatro días en una serie, dos en otra, etc.?”, plantea Olalla, “es imposible tener continuidad. No hay ninguna estructura fiscal o social donde se reconozca lo que deberían ser nuestros derechos para estar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. No pedimos cobrar más o pagar menos, queremos estar igual que los demás, pero no tenemos ninguna estructura jurídica que defina lo que es la intermitencia. Por eso el gran logro del Estatuto es que por fin la reconoce”.

No pedimos cobrar más o pagar menos, queremos estar igual que los demás, pero no tenemos ninguna estructura jurídica que defina lo que es la intermitencia

Carlos Olalla — Actor

Al fantasear con haber desarrollado su carrera en una coyuntura con las condiciones que plantea el Estatuto del Artista, Natalia Mateos es clara: “Mi salud habría sido mejor porque he tenido periodos de estrés grave, directamente relacionados con no cobrar cuando corresponde. Eso me ha llevado a tener tres trabajos al día, a no comer bien, a no dormir. En mi caso, esto se tradujo en cuadro de estrés grave que conllevó patologías ya crónicas”. La actriz sostiene que la mejor definición de felicidad es “la ausencia de miedo”: “Parte de la intermitencia económica que tenemos va directamente al saco del terror, sobre todo si tienes una familia a tu cargo”. “Mi miedo ha sido siempre que si mis padres necesitaran algo, me pillara en un buen momento”, confiesa.

La intermitencia e inestabilidad de la profesión afectan igualmente a las jubilaciones. “Pocos actores llegan con una jubilación digna”, lamenta la intérprete. “No te jubilas”, afirma Ramallo, “por eso es interesante que se pueda compatibilizar con algún otro trabajo que puedas hacer puntualmente, como un capítulo de una serie”.

Pocos actores han llegado con una jubilación digna

Natalia Mateo — Actriz

“No vivo del arte, vivo de mi trabajo”

Natalia Mateo insiste en que, desde fuera de la profesión, “se venden una serie de mitos, se romantiza la pobreza y al final es una cuestión de dignidad”. Entre ellos, la expresión “vivir del arte”, ante lo que expone: “Yo no vivo del arte, vivo de mi trabajo. Nadie vive del arte, igual que la gente no vive del hierro, vivirá de trabajar del hierro. Por amor al arte yo no hago nada, me siento a ver Succession, pero no la escribiría”.

También condena la frase “los artistas somos dueños de nuestra hambre”, ya que sostiene: “Somos padres, comemos, pagamos viviendas sin ingresos fijos. Imagina que en un mes gano 4.000 euros, a lo mejor tienen que servirme para ocho meses”. Y destaca: “No tenemos que proteger a una estrella de cine que hace seis películas al año, se trata de proteger a un sector”.

Ahora bien, ¿son optimistas de cara a las elecciones? “El problema es que todo lo que se ha hablado puede caer en saco roto, pero confiamos en que salvo que gane Vox, salga adelante”, comparte Ramallo. El partido de ultraderecha no lo contempla en su programa electoral, pero tanto PSOE como Sumar y PP sí. “Necesitamos protección”, reclama Natalia Mateo, que aprovecha para responder a la censura de obras que se han ido sucediendo en las últimas semanas tras los pactos de PP y Vox en ayuntamientos: “A un artista no le puedes callar por mucho que lo intentes”.

Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado que si en las Elecciones Generales del 23 de julio es elegido presidente, eliminará el Ministerio de Cultura, como hizo Mariano Rajoy durante las dos legislaturas con las que gobernó entre 2011 y 2018. Miquel Iceta trató de reparar aquel “adelgazamiento” con la contratación de 600 funcionarios para ejecutar los presupuestos “más ambiciosos de la historia”. El adelanto de los comicios anunciado hace una semana por el presidente Pedro Sánchez también ha sacudido el presente y futuro de las industrias culturales. Los planes legislativos que el Ministerio de Miquel Iceta había previsto aprobar en algún momento de los próximos seis meses han quedado paralizados. Y en función de los resultados del 23J podrían ser, incluso, abandonados. No es lo que necesita el sector, que en los últimos datos de empleo cultural comprueba cómo desde el final del último verano ha perdido 20.000 puestos de trabajo (de 710.000 a 690.000).

Iceta dejó claro cuál era su gran apuesta para la cartera que recogía de manos de José Manuel Rodríguez Uribes. Nada más tomar el relevo, puso en marcha en julio de 2021 la comisión interministerial para aprobar el Estatuto del Artista. Han pasado dos años y los avances han sido significativos, como la primera prestación especial por desempleo para el sector, que podría ayudar hasta 70.000 trabajadores autónomos, o la compatibilidad de la pensión de jubilación con la actividad artística.

“Se han hecho muchos avances y el Ministerio de Cultura ha trabajado, pero lo más importante se ha quedado pendiente”, explica a este periódico Alberto González Pulido, abogado y gestor cultural que ha representado en las mesas sectoriales a la Unión de Artistas Contemporáneos. Muestra su enfado por la tarea que no se realizará, las medidas de reconocimiento de la intermitencia laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos de la cultura. “Estamos muy decepcionados, porque los autónomos somos la grandísima mayoría del sector. No podemos saber el número exacto porque no se dan de alta porque no pueden hacer frente al pago mensual. Hay un gran número en la economía sumergida. Necesitábamos que flexibilizaran la prestación porque de nada nos sirve que haya prestación por cese de actividad si no estamos dados de alta”, cuenta Alberto González, que adelanta que el sector de las artes visuales tiene previsto iniciar movilizaciones.

Falta de sensibilidad

Este lunes la comisión de seguimiento ha realizado la última reunión antes del cese de las actividades por el adelanto electoral. Tratará sobre prestación por cese de actividad pero, como dice González: “Es una decepción tremenda”. El abogado insiste en señalar el compromiso de Cultura y la “falta de sensibilidad y desconocimiento del sector de Seguridad Social”.

“Pero lo que ha sido realmente indignante, y una de las mayores lacras en todo este proceso de dos años, ha sido el Ministerio de Hacienda. No se ha sentado con nosotros ni un solo día. El verdadero problema es Hacienda”, asegura el representante de los artistas. Es el Ministerio de María Jesús Montero quien tiene la última palabra para resolver el último paso del Estatuto del Artista: la intermitencia.

Con unas medidas ajustadas a sus necesidades, permitiría a los trabajadores culturales cotizar y no morir en el intento. La realidad de los artistas es que deben pagar 161 euros al mes por el régimen de autónomos. “Es demasiado alto para nosotros. Y Seguridad Social nos proponía una rebaja a 125 euros mensuales. Ridículo. Y todo esto para quien no supere los 6.000 euros anuales de rendimiento. ¿En serio? ¿Cómo vas a ganar menos de esa cantidad y vivir? Proponen esto para trabajadores culturales con otro trabajo, no para los profesionales o para los que quieran serlo. Pero no hemos podido plantearles ni la cantidad mensual más oportuna”, comenta decepcionado Alberto González, muy satisfecho con el nombramiento de Manuel Segade como director del Museo Reina Sofía. Para evitar que todo este camino caiga en el olvido con la posible desaparición del Ministerio de Cultura si hay cambio de Gobierno, cree que el Estatuto del Artista debería ser asumido como un asunto de Estado.

Leyes en vía muerta

No es la única pieza que queda neutralizada ante el panorama electoral. La que más ha dolido ha sido la esperada reforma de la Ley del Cine y que ahora deberá esperar a la formación de un nuevo Gobierno. Entonces se decidirá si continúa su tramitación o empieza la ley desde cero, dejando en la cuneta meses de negociaciones y trabajo, como ha indicado Javier Zurro. Era una de las promesas legislativas del Ministerio de Cultura, a la que Vox presentó una enmienda a su totalidad y que acabó con la dirección de Beatriz Navas al frente del ICAA.

En agosto de 2021 el Ministerio de Cultura inició la consulta previa para montar el anteproyecto de la creación de la Oficina Española de derechos de Autor y Conexos. La intención del nuevo organismo era “agilizar y mejorar” las labores vinculadas a este área, con un presupuesto y equipo propio, para hacer frente a una realidad que ha desbordado a la estructura administrativa. Sin embargo, ahora la tramitación, cuyo anteproyecto se aprobó en el Consejo de Ministros en diciembre, queda en vía muerta a la espera de la noche electoral.

En enero de 2023 la cartera de Miquel Iceta ultimaba una ley para darle autonomía al Teatro Real, como adelantó este periódico. La norma pretendía “mayor eficacia en la gestión de los recursos” de la institución. Aunque jurídicamente es una institución de carácter público, la creación de la norma otorgaría mayor independencia de la que ya disfruta. Fue aprobada por el Consejo de Ministros y en mayo acordaron, en segunda vuelta, enviarla al Congreso de los Diputados para continuar la tramitación administrativa urgente. El adelanto frena, de momento, la posibilidad de que el Teatro Real tenga su ley como el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y la Biblioteca Nacional de España.

En octubre de 2022 Miquel Iceta reactivaba la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, que frenó la salida del exministro José Guirao y que su sustituto, José Manuel Rodríguez Uribes, no sacó adelante. Iceta al sustituir a este la desestimó porque la redacción de la reforma enfrentaba al Ministerio con las comunidades autónomas. Así metió en un cajón la necesaria actualización de una norma que sigue aplicando la redacción de 1985. A pesar de todo, el ministro rescató el enrevesado anteproyecto y mandó revisar “el robo de las competencias” del que se quejaron las comunidades. Meses después, a principios de 2023, el equipo del Ministro la volvió a aparcar “por falta de tiempo”, indicaban desde el Ministerio a este periódico.

También en abril de 2023 el Gobierno dio luz verde al Proyecto de Ley de Enseñanzas Artísticas, con la intención de regular por primera vez en más de 30 años estos estudios. Era una demanda histórica reclamada por el sector (asociaciones de artistas y de estudiantes, docentes), que se involucró en la elaboración del texto de una norma que afectaría a 140.000 estudiantes y 14.000 docentes. Entre ellos figuraba el reconocimiento al audiovisual como enseñanza superior. En estos momentos, como indica una de las fuentes consultadas del Ministerio de Cultura, “solo puedes estudiar cine en escuelas privadas, no hay una escuela pública de cine y esto lo solventaba la Ley al reconocerlo como enseñanza superior”. El 23J también mete en un cajón esta relación productiva entre el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Estado de Educación.

Crisis en el Ministerio

La recta final de la legislatura se ha recortado medio año y en el Ministerio de Cultura se había acelerado el ritmo preelectoral con una campaña de ceses y dimisiones inédito hasta el momento, en el edificio de la Plaza del Rey. Los problemas de personal estallaron con la dimisión de la directora general de Bellas Artes, Dolores Jiménez-Blanco. Las verdaderas razones no han trascendido, aunque la decisión vino provocada por el conflicto con el traslado de la Dama de Elche. En su lugar entró Isaac Sastre de Diego, que ha preferido mantener un perfil bajo en la investigación e inventario de las miles de obras de arte expoliadas por el franquismo, depositadas en los museos públicos.

La crisis de confianza que desestabiliza el Ministerio de Cultura arrancó con la contratación de María Navarro, hija del alto cargo del PSC y compañero de Miquel Iceta, Pere Navarro. La aspirante quedó séptima en las pruebas de méritos, pero logró la máxima puntuación en la entrevista personal de 15 minutos y se convirtió en la coordinadora de Comunicación para el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

A mediados de febrero fue destituido por sorpresa Eduardo Fernández Palomares como Subsecretario de Cultura y Deporte. En su lugar colocaron a María Pérez Sánchez-Lauhlé, que hasta el momento había jugado el papel de segunda de Víctor Francos, secretario general de Cultura y Deporte, a su vez mano derecha de Iceta y sin experiencia en el ámbito cultural. Tampoco Patricia Rafael como responsable del Gabinete del ministro llegó al Ministerio avalada por un currículo vinculado a los asuntos culturales. Francos es el muñidor que engrasa las políticas del Ministerio y de él dependen la dirección General del Libro, la de Industrias Culturales y la de Patrimonio Cultura.

La cadena de dimisiones continuó en marzo con la marcha de Amaya de Miguel como directora del INAEM. Después llegó el turno de Adriana Moscoso, que abandonó en abril la dirección de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, cargo al que llegó en julio de 2018. Moscoso es una de las profesionales con más conocimiento del sector y abandonó el Ministerio para incorporarse en sexto lugar en la lista de Reyes Maroto, en la carrera política por la alcaldía de Madrid. No se ha justificado el repentino cese hace unas semanas de Severiano Hernández, subdirector General de Archivos Estatales desde hace 15 años. La responsable del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), Marta Hernández Azcutia, también fue destituida en junio sin argumento público. La marcha de Beatriz Navas, como directora general del ICAA, ya ha sido referida.

José Manuel Franco ha dimitido también como Secretario de Estado para el Deporte y como presidente del Consejo Superior de Deportes para liderar la lista del PSOE en el Senado en las próximas elecciones del 23 de julio. Víctor Francos, secretario general de Cultura y Deporte, le sustituye. Las funciones de secretario general de Cultura y Deporte las asume Isaac Sastre, actual director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.

La cascada de despidos ejecutados y huidas de los últimos meses no ha gustado en el propio Ministerio de Cultura, tal y como ha podido comprobar este periódico con una de las personas vinculadas a la cúpula del equipo de Iceta. “Es una situación que tiene mala lectura, no compensa a estas alturas. Y, además, crea una muy mala imagen”, explican las fuentes.

Ha sido una historia “aterradora”. Así calificaba la situación que atravesaba el novelista Manuel Longares (Madrid, 1943) cada vez que se sentaba en el escritorio a continuar con su carrera. Temía publicar y perder su jubilación. No podían seguir creando patrimonio artístico, debían abandonar toda actividad artística, la que fuera, si deseaban cobrar los beneficios acumulados a lo largo de su vida laboral. Estaban amenazados por Hacienda y la Seguridad Social, era incompatible dejar de producir y cobrar sus derechos de autor. La jubilación no era el paraíso, sino el infierno. Hoy hablamos de aquella amenaza en pasado, después de una lucha de más de una década y desenlaces trágicos por conseguir el reconocimiento de una compatibilidad excepcional.

Si publicaban les quitaban la pensión. Hace casi nueve años la barcaza de Salvamento Marítimo irrumpió en el luminoso paseo marítimo de San Pedro de Llanes (Asturias) para rescatar el cuerpo de una mujer. Unas semanas antes de ese terrible día de diciembre de 2015, un escritor que quiso permanecer en el anonimato había recibido una notificación de la Seguridad Social. Le reclamaban una multa de más de 70.000 euros por haber defraudado al Estado. Había cometido la falta de seguir escribiendo a pesar de cobrar la pensión, que debía devolver. Rozaba los 80 años y se había empeñado en el error de seguir activo. Seis meses más tarde de la muerte de su mujer, reaccionó ante lo que consideró “una canallada” y escribió una carta a la entonces ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez (PP), en la que evitó pronunciar la palabra prohibida: “suicidio”.

“Por medio del presente escrito y sus anexos, quiero poner en su conocimiento un abuso del que he sido objeto, un atropello que una disposición injusta y su interpretación literal por parte de su mesnada de funcionarios ha originado en mi entorno íntimo y que ha tenido como consecuencia el fallecimiento de mi esposa de forma dolorosa y traumática, el drama de mis tres hijos, que han pasado de ser familias felices a ser tratados por psicólogos y psiquiatras, y mi destrucción absoluta como individuo y escritor”, escribió el autor a la ministra.

Una injusticia dolorosa

Este párrafo entrecomillado fue el arranque de las casi 50 páginas que recibió en junio de 2016 Fátima Báñez, en las que hizo hincapié en la “injusticia” de su caso, que dio a conocer la cruda realidad de muchos como él. El autor en la sombra quiso que se supiera lo que ocurría, pero no quería publicidad. Su carrera “sin éxito pero con satisfacción”, con una veintena de libros publicados y columnista habitual en los periódicos locales, había llegado a su final. La escritura fue su perdición.

“Ha sido el Gobierno del que usted forma parte, una vez más fuerte con el débil y débil con el fuerte, el que ha arruinado mi vida. De todo lo que me ha ocurrido y de sus dolorosas secuelas le hago responsable a usted, doña Fátima, y al ministro de Cultura, al ínclito señor Wert, por no haberse opuesto al feroz ataque que perpetró el Gobierno que preside el señor Rajoy para arrebatarle las pensiones a un grupo de ancianos escritores. Ustedes dos son los verdugos”, acababa aquella misiva que fue un misil y que ha formado parte del cambio de criterio. Si este pasado martes el Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación de la compatibilidad a los pocos creadores jubilados que superan el Salario Mínimo Interprofesional, ha sido gracias, entre otras cosas, a aquella carta.

Seguí trabajando como autor. No estaba muerto como pretendía aquella norma arbitraria y abusiva que desanimaba a seguir creando. El PP puso en práctica la medida con argumentos estúpidos

Antonio Altarriba — Guionista de cómic y profesor jubilado

La reforma de las pensiones fue planteada por el PSOE y el PP la ejecutó en 2014: los autores debían elegir entre el rendimiento derivado de la actividad creativa o sus pensiones. “Cristóbal Montoro y Fátima Báñez se convirtieron en los enemigos de la cultura. Les escribimos varias cartas explicándoles la situación, pero nunca contestaron. Yo salía al extranjero, de promoción de mis cómics, y no podían creerse que existiera una medida con tan mala hostia”, cuenta por teléfono el escritor Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952), galardonado con el Premio Nacional de Cómic en 2010 por El arte de volar.

Arbitraria y abusiva

Altarriba trabajó en la Universidad del País Vasco entre 1975 y 2012, año en el que se jubiló como catedrático de literatura francesa. Había cumplido 60 años, cotizado casi 40 años y estaba en la cresta de su carrera como guionista de novelas gráficas. “Era un momento muy bueno para mí y seguí trabajando como autor. No estaba muerto como pretendía aquella norma, que fue arbitraria y abusiva y que desanimaba a seguir creando. El PP puso en práctica la medida con argumentos estúpidos. Iban contra nosotros porque no éramos la voz que ellos querían, favorable a su ideología. Quisieron callarnos”, sostiene Altarriba, que ultima en estos momentos su nuevo cómic, una historia sobre la migración, que dibujará Sergio García, Premio Nacional de Ilustración 2022. Se publicará el próximo otoño.

Cuenta Altarriba que durante años tuvo “miedo” a superar el Salario Mínimo Interprofesional, unos 10.000 euros anuales, que era el límite permitido de ingresos por derechos de autor. Indica que es un complemento a las pensiones que tienen, unos más justas que otros. “Yo tenía 60 años y no estaba muerto. Salía al extranjero a difundir una obra de lo que el PP llamaba 'Marca España', pero una medida como esa solo puede entenderse como odio a la cultura, una medida para abortar la creatividad”, añade.

En la foto histórica que recuerda este arduo trayecto ya no están Javier Reverte (1944-2020) ni Antonio Fraguas 'Forges' (1942-2018), dos de los principales activos de la causa de los creadores jubilados por mantener sus derechos sin amenazas. A Reverte la Seguridad Social le llevó a los tribunales por percibir una cantidad anual superior al salario mínimo interprofesional, entonces en 12.600 euros anuales. El escritor se había jubilado en 2009 con una pensión de 2.008 euros y durante los tres años por los que fue sancionado (2011, 2012 y 2013) ingresó 369.892 euros. La multa ascendía a 150.000 euros, que peleó en todas las instancias judiciales. El juzgado de lo Social número 14 de Madrid determinó que no existía incompatibilidad entre estar jubilado y beneficiarse de su actividad creativa. La Seguridad Social recurrió la sentencia.

Una “crueldad total”

El otro pilar de la plataforma Seguir Creando es el escritor Manuel Rico (Madrid, 1952), que recuerda esa foto histórica y lo que ha costado. “Ahora hay que estar atentos a ver cómo se ajusta la medida, porque desde 2019 no había formulario y el sistema informático no contemplaba la compatibilidad”, explica. Hay poetas, indica a este periódico, que han renunciado a actuaciones y conferencias por miedo a cobrar por su trabajo. Tampoco olvida el miedo con el que los autores han vivido estos años. “Hay un traductor de alemán que se pasó 3.000 euros del SMI y le penalizaron con 70.000 euros, toda la pensión de tres años. Montoro lo hizo con una crueldad total”, sostiene Manuel Rico. También asegura que el 90% de los autores no supera el SMI, cerca de 14.000 euros anuales, con los beneficios que generan sus derechos de autor.

Es el caso de Manuel Longares. Con diez novelas, seis libros de relatos y cuatro ensayos, los derechos de autor generados por una de las carreras literarias más brillantes no superan en ningún caso el SMI. Esa es la realidad del creador literario. Siempre asfixiados por la precariedad: primero buscan un trabajo para pagarse su creación y, luego, son perseguidos por querer recibir lo que les corresponde por haber escrito toda su vida.

No es ninguna broma lo que ha ocurrido, es una conquista

Alberto González — Abogado y tesorero de la Unión de Artistas Contemporáneos de España

“Por eso es tan importante lo que hemos conseguido”, dice el abogado y tesorero de la Unión de Artistas Contemporáneos de España, Alberto González, que ha estado implicado en la tramitación de esta medida. A partir de ahora, los ingresos serán entendidos como rendimientos de actividades económicas y no del trabajo. Esa es la clave. ¿Cómo ha sido posible esa modificación? “Ha costado convencer a los técnicos de Seguridad Social y Hacienda, que no conocían la realidad cultural. Pero creo que ahora han visto la industria creativa como una fuente de riqueza sostenible, que no genera residuos. Hay una nueva conciencia que proviene de Europa, porque antes creían que no generaba riqueza y ahora entienden lo contrario”, apunta Alberto González. “No es ninguna broma lo que ha ocurrido, es una conquista”, remata.

Patrimonio cultural de España

La escritora Clara Sánchez (Guadalajara, 1955), autora de 14 novelas, todavía no se lo cree. No se atreve a dar el paso y perder la pensión que le corresponde después de haber trabajado a lo largo de su vida como profesora, entre otras cosas. “Todos hemos trabajado en otras cosas, porque no podíamos vivir de nuestra escritura. Y luego, no puedes escribir... Ha sido una persecución constante. Por eso es tan importante lo aprobado: es un logro que acaba con una injusticia”, opina.

Todos hemos trabajado en otras cosas, porque no podíamos vivir de nuestra escritura. Y luego, no puedes escribir... Ha sido una persecución constante

Clara Sánchez — Escritora

Hasta esta semana, muchos de estos autores y autoras nos han contado cómo se retiraban por miedo a tener éxito. Ha calado esta persecución y costará convencer a los creadores de que ya no corren peligro, que la maquinaria del Estado no va a caer sobre ellos ni sobre su familia. Ya nadie será privado de sus derechos ni maltratado por crear. Ahora, el Estado los reconoce y cuida por su aportación a la comunidad para la que crean. Son parte del patrimonio y han decidido protegerles.

A lo largo de estos años, según la Asociación Colegial de Escritores, fueron multados autores como José Manuel Caballero Bonald, Antonio Gamoneda, Eduardo Mendoza o Antonio Colinas, cuya situación ha sido una de las más extremas. A Colinas (La Bañeza, León, 1946) la Seguridad Social le amputaba mensualmente 80 euros de su pensión. Y su condena se repetiría durante 85 meses. En 2016 vivía con 600 euros al mes. Uno de los poetas y traductores más reconocidos, reclamado para dar conferencias y recitales, se vio en la obligación de rechazar aparecer en público y cobrar por miedo a nuevas sanciones. No podía renunciar a su pensión por muy pequeña que fuera, debió de renunciar a su trabajo. Durante ocho años la Marca España fue perseguir y abatir a octogenarios intelectuales. Eso terminó.

“El Ministerio de Cultura está más contento que los artistas”. Es el resumen de Eva Moraga, abogada especialista en el sector de las artes visuales, sobre los nuevos apartados del Estatuto del Artista que acaban de aprobarse el Consejo de Ministros. Y es un análisis compartido por la mayoría de los participantes en el dilatado proceso de construcción de una norma llamada a acabar con la precariedad del trabajador cultural, cuyas especificidades y privilegios pivotan sobre un lema sagrado: la creación cultural es un patrimonio de todos que la comunidad debe proteger. Así lo recomienda la Unesco desde 1980 y así fue aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados, en 2018.

Miquel Iceta lidera un grupo interministerial cuya misión es aprobar las 58 medidas acordadas en el Congreso de los Diputados y que se había comprometido a tenerlo todo cerrado a 31 de diciembre de 2022. Cuando se publiquen en el BOE, las nuevas medidas ampliarán la compatibilidad de los derechos de autor con sus pensiones de jubilación y, sobre todo, entrará en vigor la prestación por desempleo para los trabajadores por cuenta ajena.

En 2019 se reconoció a una parte de los creadores jubilados la posibilidad de seguir creando y que no sintieran la amenaza de ver desaparecer sus pensiones en el momento en que se les ocurriera escribir y publicar. Fue una compatibilidad muy limitada y en algunos casos “claramente insatisfactorias”, denunciaron las asociaciones de escritores en un comunicado de hace unas semanas. También exigían una categoría propia en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y ya lo tienen: tendrán la de “escritores” y no figurarán junto con los pintores, escultores, ceramistas, artesanos, grabadores y artistas similares. Los compositores también tendrán su propia casilla.

Aplausos agridulces

“Aplaudimos también la aprobación de la prestación por desempleo específica para los trabajadores de la cultura por cuenta ajena, pero hay cosas que mejorar. Todavía falta mucho, por ejemplo, el desempleo para los trabajadores por cuentapropia”, aclara Moraga. Para Guillem Arnedo, presidente de la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Catalunya (AMJM) y de la Unión de Músicos (UDM), la valoración es “muy positiva”. Pero avisa de que lo más importante está pendiente de aprobar.

En la letra pequeña del Real Decreto aprobado este martes está la clave: hay una disposición adicional en la que se informa de que se constituye un grupo de trabajo que empezará a trabajar en la definición de “trabajador cultural autónomo”. Desde el Ministerio de Cultura informan a este periódico que esta definición es capital para que la Seguridad Social garantice los derechos específicos de los trabajadores culturales. Es decir, su intermitencia. No es una intermitencia de actividad, sino de ingresos: un pintor puede trabajar durante tres años para su nueva exposición y vender entonces, al cuarto año.

Los ingresos del trabajador cultural no son homogéneos. “Las condiciones ventajosas de los trabajadores culturales deben tenerse en cuenta porque son esenciales para la comunidad en la que actúan y por eso la sociedad se lo reconoce a la cultura. Contribuyen al patrimonio nacional y eso les hace especiales”, explican fuentes desde el Ministerio de Cultura. La alternancia de momentos de producción con los de creación deben quedar reflejados en sus declaraciones de la renta y en sus cotizaciones de su vida laboral, y esto es lo que más resistencia encuentra el sector cultural en Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda.

Una definición esencial

El grupo de trabajo encargado de definir qué es un trabajador cultural se formará a lo largo del próximo mes, pero no hay fecha límite para la finalización de sus labores. Aunque el compromiso era tenerlo aprobado antes de que acabara el año pasado, desde el sector cultural reclaman que no se retrase más allá de esta legislatura. “El reconocimiento de esta intermitencia, de la especificidad de las labores culturales, es necesario para romper con la rueda de la precariedad del trabajador cultural”, indican desde Cultura, que creen en la metodología de trabajo “engrasada” para sacar adelante el escollo más complicado de la tramitación de las 58 medidas.

En el sector, el 30% del total de los trabajadores son autónomos y sobre ellos no hay nada aprobado. Desde Hacienda “temen” que otros sectores laborales quieran sumarse a las especificidades extraordinarias que reclaman los artistas. Por eso es tan importante rematar la definición que no existe, para aclarar la manera de cotización a pesar de sus rendimientos irregulares. No existe en este momento ningún sistema que atienda ni entienda estas cuestiones propias de los creadores.

Más voluntad que valentía

“El Ministerio de Hacienda se resiste a incluir el capítulo específico de los trabajadores autónomos culturales, pero para la cotización es esencial”, aclaran las fuentes culturales implicadas en las negociaciones. En la prestación por desempleo para trabajadores por cuenta ajena que se acaba de aprobar con menos días cotizados tienen derecho a paro: no necesitan acumular 360, sino 180 días cotizados. Esto debería repercutir también en los trabajadores culturales autónomos. También que Hacienda aclare los gastos deducibles, que es de las primeras cuestiones que se indica en el informe de la subcomisión del Estatuto del Artista. ¿Podrán desgravar la compra de un instrumento musical? Todavía no hay respuesta. Los gastos deducibles son una parte muy importante para aclarar el rendimiento neto del trabajador cultural autónomo.

Los representantes de los trabajadores culturales en las reuniones interministeriales echan en falta más generosidad y compromiso del Ministerio de Hacienda en el proceso: “Apenas ha aprobado los nuevos epígrafes del IAE. Sin embargo, queda pendiente ”la fiscalidad“, indica Moraga. ”En las negociaciones ha existido más voluntad política que técnica. Aunque no te lo creas, lostécnicos de la Administración han puesto de manifiesto las dificultades informáticas para hacer cambios y crear nuevos programas para incluir estas categorías“, explican fuentes que han trabajado en estos grupos interministeriales. Llama la atención que el Estatuto del Artista sea un problema de índole informático.

El desarrollo del Estatuto del Artista, una de las insignias de la cartera de Miquel Iceta, consta de 75 puntos y uno más de ellos ha sido aprobado este martes en el Consejo de Ministro: la prestación por desempleo para esta profesión tan definida por la intermitencia y la precariedad.

La medida la ha anunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha detallado que los trabajadores culturales —artistas pero también auxiliares o técnicos— podrán solicitar la prestación por desempleo en dos casos: si pueden acreditar 60 días de cotización en actividades artísticas, en los 18 meses anteriores, o si pueden acreditar 180 días cotizados en actividades artísticas en los seis años anteriores si no han sido tenidos en cuenta para el reconocimiento de prestaciones previas.

Los trabajadores podrán elegir solicitar esta nueva prestación pero, si así lo desean, pueden continuar acogiéndose al régimen general.

La duración de la prestación por desempleo será de cuatro meses y está dotada con una cuantía de hasta el 100% del IPREM (Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples) que es de 600 euros al mes en 2023, para las cotizaciones que superen el umbral de 61 euros. Por debajo de ese nivel corresponderá una prestación del 80% del IPREM.

Compatibilizar jubilación con actividad artística

La prestación es compatible con la percepción de derechos de la propiedad intelectual y de imagen. Lo que enlaza con otra medida anunciada por Yolanda Díaz que supone la resolución de una medida que desde el sector se viene reclamando desde hace años, como es la total compatibilidad de la prestación por jubilación con la actividad artística. Hasta ahora, solo se podía compatibilizar con la recepción de los derechos de autor. A partir de la entrada en vigor de estas medidas, en forma de Real Decreto-ley, se podrán percibir remuneraciones por trabajos artísticos o culturales como conferencias, presentaciones y otras actividades similares con el objetivo de que los artistas puedan seguir “contribuuyendo al país aunque estén jubilados”, ha dicho Díaz.

Los beneficiarios de una pensión no contributiva podrán también compatibilizarla con rendimientos de su actividad artística, siempre que no superen el umbral del Salario Mínimo Interprofesional. Además, se regula la cotización de los pensionistas cuando realicen actividades artísticas, que será únicamente por contingencias profesionales, con una cotización especial de solidaridad del 9% de contingencias comunes.

Cuota de autónomos reducida para ingresos bajos

Los artistas autónomos que ingresen hasta 3.000 euros anuales tendrán una cuota de autónomos reducida, de 161 euros la mes (la base de cotización será para ellos de 526,14 euros, que se irá actualizando en los años siguientes). Teniendo en cuenta sus circunstancias de intermitencia, podrán solicitar el abonarla de manera trimestral, en lugar de mensual. Este es un régimen que la ministra ha calificado de “dúctil y flexible”.

El Gobierno ha cometido el “ensanchamiento de una de las grandes reivindicaciones” del sector, ha indicado la ministra de Trabajo, pues estas medidas modifican otras en vigor desde 1985. “Hay muy pocos países que cuenten con esta protección [a los artistas] y España da un paso adelante en ello”, ha incidido Díaz, a la vez que ha recalcado que se ha tratado de “una negociación muy compleja” debido a la “versatilidad de las profesiones” dentro del ámbito cultural, pues sus características son diferentes en las artes escénicas, el cine, la música, la literatura o la gestión cultural.

Además, el Consejo de Ministros ha acordado la creación de dos grupos de trabajo. Uno de ellos servirá para estudiar el impacto de las medidas en los trabajadores de la cultura. El primero, estudiará e impulsará medidas de reconocimiento de la intermitencia en el ámbito laboral y de la Seguridad Social de los artistas y trabajadores autónomos de la cultura. El segundo, impulsar la evaluación y el reconocimiento de determinadas enfermedades profesionales derivadas de las actividades específicas en el sector cultural.

El impacto de la COVID-19 en el empleo cultural parece haberse superado, según los datos del segundo trimestre de 2022 publicados por la Encuesta de Población Activa (EPA). Los resultados indican que en la primera mitad del año el empleo cultural se situó en 724.600 personas. El dato se acerca a los 726.600 empleados del segundo trimestre de 2019, cuando la cultura marcó el récord de empleo generado. De momento está a 0,3% de igualar la cifra histórica.

El resultado supone un incremento interanual del 5,6% respecto al año 2021, y un ascenso del 9,1% a 2002. El gráfico que retrata los últimos tres años del sector descubre una recuperación constante desde que tocó fondo, en tercer trimestre de 2020, cuando cayó hasta los 647.400 empleos. A lo largo de la pandemia, la cultura ha perdido 79.200 trabajadores. Nunca antes había ocurrido de forma tan dramática en tan poco tiempo. Con el nuevo dato publicado, la cultura recupera 77.200 empleos desde el peor momento de la serie.

Las mujeres han salido reforzadas de la crisis sanitaria en el sector cultural al sumar 300.000 empleos en el segundo trimestre de 2022. Es una cifra inédita para ellas: un incremento del 8,6% respecto a 2021, del 5,3% respecto a 2020 y del 5,4% a 2019. Este dato histórico no esconde la desigualdad que todavía mantiene el empleo de la cultura: en el mismo trimestre ellos sumaron 424.700 personas, el 58,6% del total.

Otro de los aspectos significativos que desvela la EPA del sector cultural es el crecimiento del empleo más joven. El mayor crecimiento respecto a 2019 es el experimentado por el grupo de edad de 16 a 24 años, con un aumento del 42,1% respecto a las cifras de 2019, de un 44,7% a las de 2020 y del 46,9% de las de 2021. Aunque apenas representan un 5,5% de los trabajadores culturales, los más jóvenes encuentran más trabajo en el sector. La mayor pérdida laboral respecto a 2021 la padecen los trabajadores con más de 55 años. Curiosamente, el tramo más adulto fue el único que creó empleo en plena pandemia. El grupo de edad más numeroso sigue siendo el de 35 a 44 años, con 194.200 empleados. Después, el de 45 a 55 años, con 187.500 trabajadores.

Menos temporalidad

El empleo cultural se caracteriza por una formación académica alta (la educación superior llega al 71,9%, y en el conjunto nacional esta es del 45,5%), sin embargo tradicionalmente ha sido un empleo precario. En los nuevos datos se descubre un descenso de la temporalidad: ahora sabemos que 111.900 trabajadores tienen contrato temporal frente a los 126.300 de 2019. Además, se alcanza un número de contratos indefinidos de 365.100 empleados. Es mayor, incluso, que en 2019, cuando se firmaron 362.200, y muy por encima de los 350.800 de 2020. Es decir, ahora casi ocho de cada diez trabajadores asalariados firma un contrato indefinido.

Durante la crisis sanitaria los contratos temporales se desplomaron hasta casi el 25%, mientras que los trabajadores con indefinido fueron el 3% los que perdieron su puesto de trabajo. A pesar de todo es importante no olvidar que el 67,6% del empleo cultural es asalariado. Es una cifra que ha crecido, pero que es muy inferior a la del total de España, que se sitúa casi en el 85%. De hecho, el empleo no asalariado en cultura (el 32,4%) es el doble que en el resto de España (15,7%).

El Estatuto del Artista es necesario precisamente para garantizar los derechos de este amplio número de trabajadores culturales, abocados a la intermitencia de los encargos ocasionales. A pesar de los pasos dados en el último año, la política fiscal sigue sin reconocerlos como empleos excepcionales ni adaptarse a la intermitencia de sus ingresos. No reclaman declarar menos ante Hacienda, sino que Hacienda se adapte a la falta de continuidad en sus ingresos.

El Gobierno ha anunciado este martes tras el Consejo de Ministros la aprobación del Estatuto del Artista y del bono cultural para jóvenes de 18 años. Dos esperadas novedades en las que Cultura ha estado trabajando junto a otros ministerios, como Trabajo o Seguridad Social, y que han recibido luz verde del Ejecutivo. “Era una reivindicación histórica”, ha dicho sobre la primera noticia la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

El Real Decreto-ley del Estatuto del Artista, encabezado por el Ministerio de Trabajo, adapta la relación laboral de carácter especial de los artistas, así como de los técnicos y auxiliares necesarios para el desarrollo de esta actividad. El Gobierno espera que esta norma mejore y modernice las condiciones de uno de los sectores más castigados durante la pandemia: los puestos de trabajo relacionados con la cultura descendieron un 4,7% en el primer trimestre de 2021 respecto a las mismas fechas en 2020.

Por eso, el Estatuto del Artista incluye varias claves que se adaptan a la intermitencia y la precariedad del sector. La primera es la creación de un nuevo contrato laboral artístico de duración determinada. Es decir, temporal. Sin embargo, con la nueva norma también se quiere combatir la concatenación de contratos de temporada e impulsar su transformación en indefinidos o de tipo fijo discontinuo. Además, los empresarios deberán acreditar una justificación para la duración temporal del contrato y, si no lo hacen, deberán considerar el contrato indefinido.

Por otro lado, se incorporan al Estatuto del Artista las actividades técnicas y auxiliares, lo que reconoce los derechos de un colectivo afectado especialmente por la contratación fraudulenta como falsos autónomos.

También se contemplan nuevas indemnizaciones asociadas a estos contratos. Se unifica a 12 días para todos los colectivos y se incrementa a 20 días cuando la duración del contrato exceda los 18 meses. En el ámbito de la Seguridad Social, la norma establece que los profesionales de la cultura quedarán exentos del desincentivo contemplado en la reforma laboral para los contratos que duran menos de 30 días.

La reforma también aborda la ampliación del concepto “artistas en espectáculos públicos”, que había quedado obsoleta. Ahora se tendrán en cuenta nuevas formas de realización, producción y presentación del trabajo artístico que se muestran en redes sociales, canales de streaming, podcasts, plataformas de vídeo u otros contenidos online.

Bono joven: claves

El Gobierno ha anunciado este martes también que el bono de inversión en cultura para los jóvenes que cumplan 18 años en 2022 estará completamente operativo en junio. El llamado Bono Cultural Joven está dotado con un presupuesto de 210 millones de euros y calculan que va a beneficiar a unas 500.000 personas.

Este cheque cultural tendrá un importe de 400 euros y se podrá gastar en entradas para espectáculos o productos culturales. No se incluyen productos de papelería, libros de texto, equipos informáticos, material artístico, espectáculos deportivos y taurinos, moda o gastronomía. Cada joven dispondrá de 365 días a partir del día de activación de su tarjeta monedero, para ir gastando el saldo de su bono.

No se incluyen productos de papelería, libros de texto, equipos informáticos, material artístico, espectáculos deportivos y taurinos, moda o gastronomía.

“El bono lo hemos dividido en tres bloques: 200 euros para actividades en vivo (museos, espectáculos, cine, bibliotecas...), 100 para productos físicos o de tipo digital y 100 para suscripciones en el mundo digital (audiolibros, plataformas musicales o de lectura...) Luego cada joven ha de decidir en qué se gastará cada parte”, adelanto el ministro de Cultura, Miquel Iceta, en una entrevista con elDiario.es el pasado febrero.

El Gobierno ha estado meses trabajando en la operativa. Pedro Sánchez anunció este bono el pasado 6 de octubre, inspirándose en iniciativas similares que ya existen en Europa. En Francia funciona un muy popular Pass Culture desde 2019, con el que el 78% de los jóvenes franceses lo invirtieron en libros y la mayor parte de ellos, en cómics manga.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, han comparecido este miércoles en rueda de prensa para hacer balance de los trabajos que está desarrollando la Comisión Interministerial para el Estatuto del Artista. “Nuestras leyes están pensadas con un carácter generalista y es el momento de introducir esa especificidad en nuestra legislación”, ha indicado el encargado de la cartera de cultura antes de dar paso a Díaz para recopilar algunos de los elementos tratados en esa reunión.

Entre otros aspectos, la ministra de Trabajo ha apuntado que la primera medida será la de modificar el Real Decreto 1435/1985 que regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos para adaptarlo a las nuevas formas de fijación del trabajo en el entorno digital, combatir los abusos de la contratación temporal y los falsos autónomos. El compromiso es que en enero de 2022 exista un texto borrador cuyo contenido sea debatido con todo el sector.

El plan establece que las medidas del Estatuto del artista estén aprobadas antes del 31 de diciembre de 2022, pero mientras tanto, según señaló Iceta, se iban a aprobar ciertas medidas de carácter urgente. Preguntado al respecto por este periódico, para conocer qué normas serán las siguientes en ser aprobadas, el ministro de Cultura ha incidido en que “la revisión de un real decreto del año 1985 es lo más relevante” y que hay un correlato de esta medida que son las consecuencias que tienen a nivel de seguridad social para los artistas. “Me cuesta decir qué se va a priorizar porque parece que se van a olvidar otras cuestiones, pero los aspectos laborales y de seguridad social probablemente son los más urgentes”, ha añadido Iceta.

Díaz ha señalado otros de los elementos abordados en esa Comisión. Por ejemplo, adaptar los conceptos de espectáculos públicos a las nuevas formas de realización y al mercado digital, dotar de mayor seguridad a los trabajadores de espectáculos públicos, delimitar la legislación para evitar la proliferación de falsos autónomos (haciendo especial mención a las administraciones públicas) o la ampliación del catálogo formativo del SEPE en relación a las demandas del sector cultural. Son solo algunos de los 75 puntos del Estatuto que en su mayoría esperan a ser validados. La siguiente Comisión Interministerial tendrá lugar en febrero y se espera que detalle el avance en estos temas.

La Comisión Interministerial a la que se refiere el ministro está dividida en cuatro grupos de trabajo: fiscal, laboral, seguridad social y educación, cada uno de ellos coordinados entre el Ministerio de Cultura y con los ministerios a los que compete la materia. Es decir: Hacienda, Seguridad Social, Trabajo, Universidades y Educación.

La formalización del Estatuto del Artista lleva sufriendo retrasos desde 2018, tras su aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados, tal y como ha recordado la propia Yolanda Díaz al comienzo de la rueda de prensa. Todo ello a pesar de que, según Rodriguez Uribes, anterior ministro de Cultura, era “un compromiso” de su legislatura.

La llegada del Miquel Iceta al ministerio devolvió la esperanza a un sector, el de los artistas, que ha visto cómo sus demandas se han visto agravadas con la crisis del coronavirus. Si ya era urgente abordar aspectos como la compatibilidad de los derechos de autor con la pensión de jubilación, la temporalidad o la crisis económica, tras la pandemia estos se han convertido en materia de primera necesidad.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha presidido este miércoles la primera reunión de la Comisión Interministerial para abordar una de las grandes cuentas pendientes del sector: el Estatuto del Artista, retrasado desde 2018 tras la aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados. “El plan establece que las medidas estén aprobadas el 31 de diciembre de 2022, lo cual requiere un esfuerzo importante”, ha señalado el político sobre los 75 puntos del proyecto que en su mayoría esperan a ser validados.

Aún así, aunque haya una fecha límite para la aprobación de la totalidad de las medidas, Iceta ha aclarado tras ser preguntado en rueda de prensa por elDiario.es que no van “a esperar un Estatuto del Artista que lo contemple todo hasta el último detalle”, sino que van “a ir operando en función de la urgencia y de la gravedad de los problemas”.

El ministro ha señalado que esta Comisión Interministerial estará dividida en cuatro grupos de trabajo: fiscal, laboral, seguridad social y educación, cada uno de ellos coordinados entre el Ministerio de Cultura y con los ministerios a los que compete la materia. Es decir: Hacienda, Seguridad Social, Trabajo, Universidades y Educación, con quienes comenzarán a reunirse la primera semana de octubre.

Una de las primeras medidas que tomarán, según han recalcado, será modificar el Real Decreto 1435/1985 que regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos. La intención, señalan, es adaptarlo a las nuevas formas de fijación del trabajo en el entorno digital, combatir los abusos de la contratación temporal y los falsos autónomos.

Otra de las grandes demandas de la industria cultural es la protección de colectivos vulnerables y con paro estacional, como pueden ser los técnicos de sonido en los festivales de músicales de verano. Al ser preguntado por este periódico si se ha estudiado alguna medida concreta para solucionar el problema, el ministro de Cultura ha señalado que será ha sido una de las cuestiones señaladas por el representante del ministerio de Trabajo y que se acometerá en el grupo de trabajo de legislativa laboral. “A lo que no me puedo comprometer es a una fecha”, ha concluido.

Con todo ello, Iceta apunta que desde el ministerio quieren “atender a las necesidades que nos han transmitido y que puedan ser satisfechas a través de unas industrias culturales con fuerza y adecuadamente protegidas”.

La comisión tiene por objetivo abordar las diferentes peculiaridades creativas y productivas de los trabajadores del sector, como la compatibilidad de los derechos de autor con la pensión de jubilación, la temporalidad o la crisis económica del sector derivada de la sanitaria. “Son 700.000 puestos de trabajo”, ha incidido el político. “El año de 2022 será el año del renacimiento cultural. Ha habido una pandemia que nos ha debilitado precisamente cuando muchos han encontrado el refugio en la cultura”, concluye el ministro.

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la creación y puesta en marcha de la comisión interministerial cuya finalidad es la aprobación del Estatuto del Artista. Este órgano estará compuesto por los ministerios de Hacienda, Trabajo, Educación y, por supuesto, Cultura entre otros. Tres años después de la aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados, Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deportes, culminará la norma que regulará los derechos del trabajador cultural, desasistido hasta el momento y en situación agravada por la crisis económica causada por la pandemia del Coronavirus.

De esta manera se pone en marcha el cronómetro contra la desprotección de los trabajadores del sector. La comisión tiene por objetivo convencer de las peculiaridades creativas y productivas de los trabajadores culturales a los responsables del ámbito de la seguridad social, la legislación laboral y el mercado. Iceta y su equipo han dado un paso que se demandaba a su antecesor desde hace un año y que, incluso llegó a ser motivo de reclamación parlamentaria.

En esta comisión Cultura debe hacer entender al resto de ministerios que la creación artística es un proceso, no sólo un producto. En este momento cualquier persona que se dedique a la creación artística no esta reconocida en ninguno de los modelos para amortizar la inversión que supone el proceso creativo.

Tal y como ha podido saber este periódico, Cultura quiere poner en marcha la primera reunión de la Comisión a la vuelta del verano, el próximo septiembre. En las sucesivas citas se desarrollarán los marcos legales de regulación laboral y de los mercados digitales. Se resolverán todos los matices Que deben comprender la realidad laboral de los profesionales que hacen posible la creación de contenidos. De esta manera se aprobarán los 75 puntos del proyecto que los grupos parlamentarios validaron por unanimidad en 2018 y siguen pendientes en su mayoría.