Cuando un femicidio conmueve a toda una sociedad, como sucede con el de Agostina Vega por estos días en Argentina, la indignación encuentra eco en las calles. Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas”, cientos de miles de personas se concentraron en la Plaza del Congreso e inmediaciones, para repudiar el retroceso en políticas de prevención y erradicación de la violencia machista desde que gobierna Javier Milei.

La joven Clara Sanabria lleva por lo alto la foto de su hermana asesinada en septiembre pasado y señala a elDiario.es: “Esta es Solange Sanabria, tenía 25 años cuando Óscar Benítez la mató, la descuartizó y la metió en una bolsa de basura y la envolvió en una frazada; intentó esconder el cuerpo. Oscar Benítez ya tenía denuncias por golpear a su expareja y hacía un mes que se estaban conociendo con mi hermana”.

La historia de Solange se sumó a la lista de femicidios que exponen la urgencia de políticas públicas eficaces, ya que en al menos el 44% de los asesinatos de mujeres (del año pasado) había antecedentes de violencia. Un dato que desnuda la falacia sobre la que reposan iniciativas oficiales como el proyecto de ley contra las falsas denuncias. El Consejo Federal de Política Criminal emitió un informe que dice que las falsas denuncias son apenas un 0,09%.

En la inmensa mayoría de las desapariciones de mujeres, la justicia deja pasar semanas antes de accionar, si es que acciona. La mamá de Agostina, la niña de 14 años asesinada en la última semana, hizo la denuncia a pocas horas de la desaparición, el 24 de mayo. Pero la fiscalía priorizó la hipótesis de que Agostina podría estar con un novio. Recién tres días después, el 27 de mayo, se activó la Alerta Sofía, lo que demoró los allanamientos y las medidas de prueba.

“Che peluca, che peluca, no te lo decimos más, justicia por Agostina, femicidas nunca más”, canta un grupo de chicas en el escenario montado frente al Congreso, interpelando al mandatario conocido por su peinado característico y su verborragia ofensiva.

“Denunciamos el antifeminismo de Milei”

Luci Cavallero, del colectivo Ni Una Menos, señala a este medio que “Nosotras estamos exigiendo justicia por Agostina, pero además, estamos denunciando un antifeminismo de Estado. El Gobierno de Milei atenta contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ, en muchas dimensiones: promueve el odio desde el propio Estado, estigmatiza; lleva adelante una política de desmantelamiento generalizado de las políticas de prevención de las violencias que deriva en precariedad extrema. Mujeres que están endeudadas, pluriempleadas, con largas jornadas de trabajo”.

Es que se vuelve a poner la vista en el fondo de la cuestión, que es el derecho a estar vivas y a tener una vida digna.

Florencia Villagra, abogada de familia, dice que cada 3 de junio trata de participar. “Me convoca tener una hija de ocho años, tener una historia familiar de violencia doméstica y la crudeza del caso Agostina. Esta movilización marca un punto de inflexión en este Gobierno; tenemos que estar presentes”.

Hace 11 años, el asesinato de Chiara Páez, que tenía 14 años como Agostina, fue el femicidio que encendió la chispa para la organización del primer Ni Una Menos. Entre 2015 y la actualidad se registran 3205 muertes.

El Gobierno de Milei eliminó el Ministerio de las Mujeres, recortó recursos clave como la Línea 144 y programas de asistencia a la víctima.

“Quieren sacar la figura de femicidio”

Estela Díaz, ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, señala a elDiario.es que el Ejecutivo es negacionista de la perspectiva de género. “No existe más un mecanismo nacional que aborde la violencia por razones de género. Eliminó un 90 % de los presupuestos que abordaban dichas violencias. No solo eliminó el Ministerio de la Mujer que se creó en 2019, también el consejo de las mujeres y el consejo federal que funcionaban desde 1991. Quieren sacar la figura de femicidio del Código Penal e impulsan un proyecto sobre falsas denuncias”.

Según señaló Amnistía Internacional, durante la actual gestión se registraron recortes de recursos destinados a la Línea 144, modificaciones en los requisitos de acceso al Programa Acompañar y limitaciones en distintos mecanismos de asistencia para niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos como consecuencia de femicidios.

La senadora oficialista Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de mano dura, dijo que “Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25 por ciento los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para violadores”, escribió en una publicación en X que luego fue compartida por el presidente Milei, quien calificó el mensaje como una “Masterclass”.

Según los datos oficiales, una mujer es asesinada en Argentina cada 44 horas en cifras de 2025, lo que representa una caída del 12% respecto al año anterior. El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia contabilizó 200 víctimas de femicidio en 2025 frente a las 224 de 2024. Estas cifras son cuestionadas por los colectivos feministas, ya que en muchos casos no se están categorizando como femicidios.

Para la ministra Díaz, su interpretación está en las antípodas de Bullrich. “Son las provincias las que intervienen en la prevención, en la asistencia y en el abordaje de los delitos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, hay una baja significativa; tenemos 20 menos del 2024 al 2025. Pero estos temas hay que analizarlos en series más largas. ”En el primer trimestre, se han duplicado los intentos de femicidio“.

“No quiero aprender a defenderme, quiero estar segura”, lleva el cartel una niña, y su madre al lado, de nombre Majo Gali, profesora de inglés, dice que viene todos los años, desde la primera marcha de 2015. “Cuando yo tenía 11 años, en 1974, ocurrió un femicidio en mi familia. Una tía mía, Ana Gali, murió tras ser quemada por su pareja. En ese momento se hizo una denuncia y en la comisaría no la tomaron. De hecho, en ese momento no existía la figura de femicida”.

La marea de banderas con consignas feministas y pañuelos verdes y violetas inundó las calles del centro de Buenos Aires y otras ciudades de Argentina, exigiéndole al Ejecutivo que las vidas le importen. Así lo expresaron en el documento que leyeron las artistas Thelma Fardin y Cazzu: “Hoy frente al Gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal decimos: ”Nuestras vidas no son desechables!“.

En 1996, el multimillonario inglés Joe Lewis compró 13 mil hectáreas que rodeaban Lago Escondido, en Río Negro, ubicado al pie de la Cordillera y a solo 6 km de Chile. Lo hizo a través de una empresa nacional con accionistas argentinos, ya que la ley 15.385 impide la propiedad extranjera a menos de 50 km de distancia de la frontera. Cercó las tierras, construyó una mansión y un aeropuerto privado y, durante casi 20 años, batalló judicialmente para evitar que le abrieran un acceso público al lago. El Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, tres años atrás, le dio la razón: el camino Tacuifi debía cerrarse y quienes quisieran acceder al lago tendrían que hacerlo por la montaña. 

El caso de Lago Escondido es uno de los más famosos ejemplos de extranjerización de las tierras en la Patagonia, pero no el único. A nivel nacional, según un informe del Observatorio de Tierras, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. En superficie, esto supera los 13 millones de hectáreas: el equivalente a la extensión del país de origen de Lewis, Inglaterra.

El proceso de extranjerización comenzó en los 2000 con el 'boom' internacional de los precios de los alimentos, cuando el valor de la tierra se disparó y la devaluación facilitó la compra por parte de extranjeros. Fue en ese contexto que, en 2011, el Congreso sancionó la ley 26.737 para poner un límite del 15% a la compra de tierras por empresas o personas extranjeras. Un límite que el Gobierno quiere eliminar y que, la semana que viene, buscará derogar en el Senado con el apoyo de los gobernadores. 

La Ley de Tierras Rurales de Sturzenegger

El proyecto lleva el nombre grandilocuente de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y, como muchas de las iniciativas desreguladoras de la gestión libertaria, es impulsado por Federico Sturzenegger. Incluye varias modificaciones a la legislación vigente –como la flexibilización de las restricciones sobre el uso de terrenos incendiados, en la Ley de Manejo del Fuego, o trámites sumarísimos para desalojos, en el Código Civil–, pero uno de los puntos clave los introduce en la ley de Tierras Rurales. 

“La Ley de Tierras es a las economías regionales lo que la Ley de Glaciares fue a la minería”, aseguró Sturzenegger, durante una jornada organizada por las Confederaciones Rurales Argentinas, en donde prometió que, de eliminarse los límites a la propiedad extranjera, ingresarían capitales por más de 15.000 millones de dólares estadounidenses. El argumento del ministro de Desregulación era que, si se eliminaban todas las restricciones a la propiedad extranjera se desbloquearían inversiones en todas las zonas productivas del país. 

No es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar contra la Ley de Tierras Rurales. Apenas asumió la presidencia, Javier Milei publicó el DNU 70/2023 que incluyó, entre decenas de derogaciones, la eliminación de la ley 26.737. La Justicia, sin embargo, aceptó una medida cautelar presentada por el Centro de excombatientes Islas Malvinas La Plata que advertía que eliminar la ley “libera el mercado de tierras, habilitando la extranjerización de aquellas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional”. 

El problema no era sólo la eliminación del tope del 15% para personas o empresas extranjeras, sino que barría con todas las restricciones existentes, incluso para los estados nacionales extranjeros. La ley de Tierras Rurales prohíbe también la adquisición de tierras ubicadas en zonas estratégicas, como las que contienen cuerpos de agua permanentes o están ubicadas en zonas de seguridad de frontera. Y mantiene un control sobre la extranjerización de la tierra, ya que crea el Registro Nacional de Tierras Rurales, que debe dar cuenta de la titularidad de todas las tierras provinciales. Milei buscaba eliminar todo. 

Suspendido el DNU por la Justicia, el Gobierno decidió avanzar con una ley que, según advierten diversas organizaciones ambientales, científicas y de las comunidades originarias, podría poner en peligro la soberanía nacional y el acceso de las poblaciones locales a sus propios territorios. 

“Ya hay una presión muy fuerte por parte de empresas extranjeras por quedarse con espacios valiosos de nuestro territorio. Si la ley de Tierras Rurales se modifica, el valor de la tierra se dispararía y haría muy difícil el acceso para productores que hacen circular el desarrollo local. Porque lo que hacen estas economías cuando llegan en forma de enclave extractivo es impedir que la población local haga uso de esos espacios”, explica Julieta Caggiano, socióloga, becaria del Conicet e integrante del Observatorio de Tierras, a elDiarioAR. 

El rol de los gobernadores

Al Gobierno no le fue fácil conseguir los votos para avanzar con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Luego de la explosión del escándalo patrimonial de Manuel Adorni, los senadores del radicalismo y de las fuerzas provinciales aliadas endurecieron su postura y comenzaron a exigir cambios. La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, tuvo que negociar varias modificaciones, llegando incluso a eliminar algunos artículos de la ley (como el que desmantelaba el régimen de integración socio urbana de barrios populares).

Luego de un mes de negociaciones, Bullrich llegó a un acuerdo con los senadores que terminó siendo clave para destrabar las resistencias: como con la Ley de Glaciares, serán los gobernadores quienes tendrán la última palabra para habilitar la compra de la tierra por parte de empresas extranjeras. Fue solo cuestión de agregar, a último momento, un artículo al dictamen de mayoría: “Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional”. 

“Si quiere la provincia poner límite o no poner límite a la venta de tierras lo decide la provincia. Federalismo puro y duro”, explicó Bullrich, durante el debate en comisiones, dando un giro argumental de 180 grados. Ya no era una defensa a la llegada de capitales extranjeros, era una defensa al federalismo. Y, como sucedió con la modificación de la Ley de Glaciares, que dejó en manos de las provincias la decisión de explotar productivamente una zona glaciar, el Gobierno consiguió las firmas que le faltaban. 

La sesión para aprobar el proyecto de ley será el próximo jueves y en el peronismo advierten que, gracias al apoyo de los gobernadores, Bullrich podrá conseguir su media sanción. “Quieren habilitar la compra de tierras estratégicas a empresas como Palantir. Para ellos el mundo no tiene alambrados, es todo de ellos. Y con esta ley es lo que van a conseguir”, señaló una de las autoridades del bloque peronista.

Vamos a empezar con un golpe bajo. Hace apenas un par de días, el gobierno del presidente Javier Milei derogó el fondo que financia los billetes gratuitos en empresas de transporte de pasajeros para personas con discapacidad y niños con cáncer. ¿Cómo se metaboliza esta información? 

Esta es una de las decisiones cotidianas de la administración argentina y la primera pregunta que surge es en qué medida se naturaliza este estado de las cosas. Dos periodistas argentinos, veteranos, Martín Caparrós y Ernesto Tenembaum intentaban en vano dilucidar la cuestión conversando el miércoles en un programa de la radio porteña y no lo consiguieron. 

Se sabe que en cualquier pieza periodística tiene que haber una sucesión de respuestas en torno a cinco interrogantes clásicos que van desde el qué y el porqué del objeto a tratar cuestiones temporales y geográficas. En el caso de Javier Milei la fórmula zozobra: cuesta describir el qué y el porqué guarda la misma oscuridad de algunos incendios. No se sabe bien qué los origina, si son espontáneos o no. Hay algo peor aún y tiene que ver con aquella frase de Jean Genet a quién se le preguntó qué obra salvaría en el incendio de un museo. El fuego, respondió. 

Hay momentos en los que se puede llegar a pensar que en Argentina seduce el carácter ígneo de Milei. Su desborde incontinente a partir de una chispa inesperada y que en segundos arrasa el bosque de todo lo establecido. Milei es un espectáculo para la masa, como los fuegos artificiales de fin de año pero, en su caso, se trata de quema diaria; no celebra, sepulta. Ante este fenómeno todo se complica porque el objeto a observar ya no es Milei sino el país que lo contiene.

La pregunta que giraba históricamente en torno a la Argentina era sobre el fenómeno del peronismo, una fuerza que se puede situar a la derecha y al mismo tiempo a la izquierda o todo lo contrario. Esta confusión ya no interesa. Ahora el interrogante cae sobre el país.   

Alguna vez le escuché decir a Enric González que si alguien puede llegar a explicar Argentina es porque no lo ha entendido bien. Con esta lúcida sentencia habría que abandonar la empresa pero, al menos, hay que intentar algún esfuerzo para llegar a Milei y una vez allí, sí, tomar la distancia necesaria. Para observar pero también haciéndolo a cierto recaudo. 

Para los peronistas todo comenzó en 1945, la génesis de su movimiento. Para los antiperonistas, todo empieza con la restauración, diez años después, cuando se derroca a Perón con un golpe de Estado sangriento. No es un dato menor que la izquierda acompañó esta interrupción democrática pero tampoco lo es que, durante esa década, fue perseguida sistemáticamente y no solo corriendo delante de los policías. La cosa se complica después, porque en 1973, año del regreso definitivo de Perón del exilio español, hubo una izquierda peronista. Como hasta entonces en Argentina, todas las contradicciones se superaban con un golpe, en 1976 los militares y el poder económico detonaron la mayor tragedia que soportó el país.

Hay una pregunta que circula entre nostálgicos y es por qué Argentina no sumó su destino al de Australia. Para asombro de muchos, el historiador económico Pablo Gerchunoff expone en ¿Por qué Argentina no fue Australia?, un estudio pormenorizado donde compara los dos países y señala que, hasta 1975, precisamente, la antesala del golpe, las dos naciones crecían, entre caídas y ascensos, con un ritmo sostenido. El golpe de 1976 no solo arrasó la vida, también cambió aquel modelo económico. Argentina dejó de ser un país industrial en pleno desarrollo para convertirse en una economía primaria, productora de materias primas y con un circuito financiero llamado popularmente “patria financiera”.

La “patria financiera”, de algún modo, es otro aspecto de la tragedia, porque a medida que se cerraban fábricas y comenzaba a crecer la pobreza y a pauperizarse los servicios públicos, la clase media, también menguante, especulaba con la moneda nacional y los dólares. El presidente Alfonsín devolvió, con la nueva democracia, la vida a los argentinos pero no el dinero. Una nueva modalidad destituyente, el golpe económico, acortó su mandato y llegó Carlos Menem para consolidar el proyecto neoliberal que los militares dejaron inconcluso: terminó de desmontar el Estado. Menem ahonda el misterio ideológico del peronismo: fue un recuerdo del futuro que acontece hoy con su máximo fulgor. Esa aventura acabó en un gobierno de coalición cívica que naufragó en 2001 con el corralito financiero. Argentina como proveedora de significados al mundo: los desaparecidos con la dictadura, el corralito con la democracia. 

En ese momento, en las calles se hacen asambleas populares y la consigna es: “que se vayan todos”. La movilización, poco a poco, se va metabolizando y después de una leve estabilización llega el kirchnerismo. Nestor y Cristina Kirchner, en las antípodas de Menem, rescatan el aura combativa de 1973 y alumbran un peronismo de izquierda que se vigoriza más por el alto consumo en una economía que crecía con tasas chinas que por las banderas ideológicas. En eso se pareció al ciclo de Menem. En el final también, ya que después de administrar el país durante dieciséis años durante varios gobiernos terminaron con una hiperinflación cercana a la que venció a Alfonsín.

Cristina Kirchner dijo que su único error fue no haber cambiado la matriz económica del país. Es el modelo que impusieron los militares, profundizó Menem y confirmó el conservador Mauricio Macri. Esa es la madre de todas las batallas económicas del país. Los militares fueron juzgados en un proceso ejemplar; el poder económico que alentó el golpe sigue inmóvil y a salvo con un modelo devastador que ha excluido a la mitad del país y solo produce pobres desde 1976. 

El kirchnerismo y el macrismo dieron origen a “la grieta”, un enfrentamiento neurótico en el que se señalaba al contrario con gestos fratricidas, culpándolo del destino nacional. Era neurótico en el sentido de no estar ninguno dispuesto a hacer los esfuerzos necesarios para consumar un deseo: transformar el dislate.

Con Javier Milei se pasa de la fase neurótica a la psicótica. Si en 2001 se pedía a todos los políticos que se fueran, ahora la consigna es exterminarlos, acabar con todo. El odio al poder. Esa pulsión de destrucción incontrolable es la que mueve a Milei y hay una mayoría que lo sigue. 

Los insultos del presidente son cotidianos y de una carga que hacen amable el campo semántico de Donald Trump. Desde “no odiamos lo suficiente a los periodistas” a “mi misión es cagar a patadas en el culo a keynesianos y colectivistas hijos de puta”. No tiene contención ni límite alguno, sea cual sea la audiencia de turno: el balcón de la Casa Rosada o el foro de Davos. 

Milei creció víctima de malos tratos y de un bullying cotidiano, tanto en los colegios como en su propia casa, según cuenta el periodista y escritor Juan Luis González en las dos biografías que publicó del presidente, El loco y Las fuerzas del cielo.

Su hermana Karina, a todos los efectos el número dos del gobierno argentino, es la persona que no se separa de él y que lo contiene desde niño cuando es víctima de una crisis nerviosa. Son inseparables. Milei le llama, indistintamente, “ángel” y “jefe”. El otro soporte emocional del presidente son sus cuatro mastines ingleses a los que dedica una hora diaria. El sostiene que son cinco, como le dijo al periodista Andrés Oppenheimer en una entrevista para CNN. Cuando Oppenheimer le corrigió, Milei insistió “mis cinco hijos de cuatro patas”. Ocurre que uno de ellos murió pero Milei no asume ese hecho. Cada perro tiene el nombre de pila de un economista (Milton por Friedman, Murray por Rothbard, Robert y Lucas por Robert Lucas) y el presidente sostiene que toma decisiones consultándolos. Sobre todo a Conan, el difunto, al igual que hace con el Uno, como llama a Dios, con quien asegura tener contacto directo.

Las últimas elecciones, las de medio término, en octubre pasado las remontó –venía de perder en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país– por un crédito directo in extremis de la administración Trump de 20 mil millones de dólares evitando la quiebra del país, en un gesto único e inédito de los Estados Unidos. De más está decir que el gobierno de Milei está entregado de pies y manos a la administración Trump. El canciller de Menem, con respecto a los Estados Unidos, decía que ambos países mantenían relaciones carnales (literal). En esa línea, Trump y Milei son los hermanos que nacieron de aquella relación.

Mientras tanto, en medio de este relato gótico sudamericano, la corrupción corroe al gobierno implicando a la hermana Karina, el jefe de gabinete y el presidente de la cámara alta, para hacer una lista corta. El gobierno milita en las redes y no pisa la calle. La revista Noticias llegó a registrar más de mil tuits subidos por el presidente en un fin de semana. Los recortes y el índice de pobreza compiten por alcanzar la cima estadística.

¿Hasta dónde puede llegar la larga noche de Milei que no da descanso? Toda su estrategia es emocional y solo se basa en ofrecer venganza. El país que más lejos llevó el psicoanálisis ha caído en la psicosis, una patología que excede los límites del diván. 

La pregunta es hasta cuando se podrá mantener en pie el cuerpo social antes de sucumbir y caer en el hoyo. 

A la motosierra, más motosierra. El nuevo recorte del Gobierno de Javier Milei deja a la salud pública en estado crítico. Frente al ataque contra un derecho esencial y bajo el lema “la salud no puede esperar”, miles de trabajadores sanitarios han marchado este miércoles desde el Ministerio de Salud argentino hasta la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, después de que el Ejecutivo ultraderechista anunciara la reducción de 63.000 millones de pesos (más de 38 millones de euros) en las partidas destinadas a este sector para este año.

Se trata de un recorte de los fondos dirigidos al fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud y afecta a la distribución de medicamentos, insumos y tecnología médica. Y se suma al desmantelamiento de programas esenciales que ha habido durante los dos años y medio de gestión de La Libertad Avanza –el partido ultra de Milei–, cuyo impacto afecta principalmente a los sectores más vulnerables: personas mayores, con discapacidad, en situación de pobreza y con enfermedades graves o crónicas. Además, el ajuste resta dinero a la lucha contra el cáncer, al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (encargado de los trasplantes), a la distribución de vacunas y la prevención de enfermedades de transmisión sexual –que están creciendo, como la sífilis–.

Norma Chiacho, enfermera de un hospital público, lo resume así a elDiario.es: “La situación es crítica desde que asumió Milei: recortes de insumos, salarios bajísimos, el mío no llega a un millón de pesos (600 euros) y sobrecarga de trabajo, porque la clase media ya no puede pagar privados y viene al hospital público y estamos colapsados. Este Gobierno nos está matando”.

El Ejecutivo también anunció que reemplazará el programa 'Remediar' por un esquema enfocado solo en patologías cardiovasculares. Remediar está vigente desde el año 2002 y distribuye alrededor de 70 medicamentos en 8.000 centros de salud de todo el país, con unos 19 millones de beneficiarios con enfermedades crónicas.

Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de Salud y vida independiente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señala a elDiario.es que la disolución de áreas clave como la Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) provocó muertes por falta de acceso a medicamentos oncológicos. “Durante los primeros meses de 2024, el Gobierno decidió desmantelar el Instituto Nacional del Cáncer y disolver la DADSE, que era un área específica para brindar tratamientos, medicamentos oncológicos y de altísimo costo, y se murieron 60 personas con cáncer esperando recibir sus medicamentos”.

En esa línea Cristina Ceruli, directora del Hospital Piñeiro de Junín, en la provincia de Buenos Aries, señala el efecto del recorte de planes por parte del Estado nacional. “El programa de salud sexual está casi desierto, no nos mandan preservativos, ni anticonceptivos. El programa de salud perinatal se ha desmantelado, ha aumentado la mortalidad infantil del 6% y también creció la mortalidad materna. El ajuste que hace en salud se traduce en muerte”.

El último dato oficial revelado es de 2024, el primer año del Gobierno ultra, y como informó este medio, indica que la tasa de mortalidad infantil llegó a 8,5 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos. Ello se traduce en un aumento del 6,25% en comparación con el registro de 2023, cuando el indicador era de 8 muertes por cada 1.000.

Es por eso que la experta Sabin Paz agrega otro dato preocupante, para un Ejecutivo que no duda en aplicar la motosierra, que es la baja en los índices de vacunación. “La mitad de los niños de menos de 5 años no tienen el esquema de vacunación completo, que evita enfermedades graves como la tos convulsa, que ya tiene 14 bebés fallecidos. Hubo rebrotes de sarampión, enfermedades que no eran un problema epidemiológico para Argentina”.

Una semana después de la multitudinaria protesta de los universitarios, los trabajadores sanitarios se han concentrado frente a la Casa Rosada en Buenos Aires y también ha habido marchas en otras ciudades de Argentina, en provincias como Chaco, Jujuy y Entre Ríos. Es que la salud y la educación públicas van de la mano. Los hospitales que dependen de las universidades públicas ya han advertido que, si el Ejecutivo no envía los recursos previstos en la Ley de financiamiento universitario, los centros médicos “en un mes y medio ya no podrán funcionar”.

Se trata de un claro mensaje en las calles contra el ajuste de un Gobierno que sigue los pasos de la Administración de Donald Trump y ha retirado a Argentina de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de los nuevos problemas a nivel internacional, como el brote de hantavirus.

Escribe el argentino Luis Ignacio García que «si el fascismo era sinónimo de rigidez y estereotipia, al punto que implicaba formas de parodia involuntaria, ahora la parodia deja de ser involuntaria y pasa a ser deliberada: hoy Hitler es Charlot, lo que le otorga la fuerza estratégica adicional de hacerse pasar por una imitación de Hitler». Es gracias a su escudo autoparódico que puede instalarse con eficacia el fascismo del siglo XXI: porque deviene cosplay, se viste de sí mismo como si no lo fuera, se enmascara y se coloca detrás de algo mientras señala su máscara. Aplica en el caso de Milei, que encima tiene como diputada, entre sus filas, a una cosplayer profesional, Lilia Lemoine. Nada en contra del cosplay ni de disfrazarse; cierto es que ser cosplayer no es el currículo esperado para una diputada. Tampoco lo sería para una presidenta ser Community Manager de la cuenta de un perro. Esos tiempos vivimos y esa hoja de servicio nos presentan.

Pensaba, al leer su libro, en cuán aplicable era lo que estaba leyendo a la realidad española. Abascal tiene un tono grave y una seriedad que no encajan tanto con el subrayado paródico del tono cosplay, es un fascismo que se cree mucho a sí mismo, es pomposo pero no burlesco, su falta de flexibilidad rebaja su techo. Ayuso, en cambio, es una política más laxa, más socarrona, va por el mundo con una chulería muy madrileña que explica parte de su construcción de personaje y su arrastre electoral. Pero tiene al menos una diferencia grande con el fascismo cosplay argentino.

Isabel Díaz Ayuso es fascismo cáscara. Debajo del fascismo cosplay de Milei, para entenderlo, hay que bucear en su biografía, su psicología, su obsesión por clonar a sus perros, sus dificultades en las relaciones humanas, su historia familiar, su ruptura del tabú del incesto con su hermana todopoderosa en el gabinete. Quizá su crueldad siga resultando incomprensible, sus gestos imposibles de aceptar, su pantomima demasiado exagerada; nadie podrá decir, sin embargo, que no cuenta con explicaciones. Ayuso, en cambio, es el vacío. No tiene casi historia más allá de lo que superficialmente conocemos sobre su novio. Ahora ha salido una biografía, publicada por David Fernández en Libros del K.O., pero incluso con todo lo que ahí se cuenta, comparado a las historias de Milei, a la de Trump (a propósito del cual se hizo una película hace muy poco), a la de Musk, la historia de Ayuso es una historia de nada. Fue presidenta precisamente por no ser nada, por haber sido amiga de Casado, presidenta como advenediza, por azar.

En esta imagen, pues, Ayuso es un disfraz sin nadie debajo. Pero este vacío no es una cualidad debilitante, no la hace de menos: quizá sea una clave de su éxito. Al no haber nada, más fácil es llevar el disfraz o ser sólo máscara, rapsoda que recite lo que MAR le dice, bien ejemplificado en que resultara verosímil la acusación de que iba por la vida con pinganillo. Los exponentes del fascismo cosplay se disfrazan por algo, tienen motivos para ponerse esa careta; en el caso de Ayuso, sólo existe el disfraz, sin motivos, voluntad de poder sin atributos. 

Si es más cáscara que cosplay, ¿es realmente fascismo? El momento que mejor lo ejemplifica es aquella ocurrencia de Almeida en un mitin, burlándose del calificativo: “Seremos fascistas, pero sabemos gobernar”. Quizá no partieran de ahí ni lo sean siempre, aunque sí originara del franquismo su partido; puede que no sea esa su tradición política, pero comparten sus elementos culturales, cierto aire de época. El desprecio por parte de lo humano y por el pensamiento. La crueldad en el gobierno, la brutalidad, la justificación de la destrucción. La censura, como en este San Isidro, a quienes los critican desde un escenario. La construcción de un sistema, en Madrid, atado y bien atado. El PP de Madrid es toda una institución de la cual Ayuso sólo es su versión más afinada, su evolución final: política sin atributos.

La cuarta marcha universitaria desbordó las calles en la emblemática Plaza de Mayo y las avenidas aledañas de Buenos Aires y se replicó en otras ciudades de Argentina, como Córdoba, La Plata, Rosario, Mendoza y Tucumán, entre otras. Docentes, estudiantes, científicos, sindicatos, políticos de la izquierda y el peronismo reclamaron al Gobierno de Javier Milei que cumpla con la ley de financiación para las universidades públicas.

Una multitud salió a recordarle al poder que la dignidad no entra en un ajuste de caja. La Universidad de Buenos Aires (UBA) cuantificó en 600.000 manifestantes la convocatoria en la capital y más de un millón en todo el país. En medio de la columna por avenida de Mayo, Karina Panelo sostenía un cartel que es, en rigor, un certificado de libertad. “Gracias a la educación pública, a la cárcel nunca más”, se leía sobre el cartón. Karina estudia Derecho en la UBA y habló con la urgencia de quien sabe que la universidad fue una bisagra. “La educación pública me salvó la vida y me dio dignidad”, dijo a elDiario.es, mientras la marea humana la empujaba suavemente hacia adelante.

Para ella, el intento del Gobierno por desfinanciar las aulas es un ataque personal a su derecho a existir de otra manera: “Quiero morir siendo estudiante universitaria”, dijo con una contundencia que conmovía.

Con el argumento de achicar el déficit fiscal, la administración de La Libertad Avanza viene desfinanciando al conjunto de casas de estudio. El Ejecutivo ultraderechista tildó de “acto opositor ” a la movilización de los cientos de miles e insistió en que no enviará los fondos reclamados.

Según el informe del Instituto Argentina Grande, en abril de 2026 los docentes cobraron un 34,5% menos en términos reales en comparación con noviembre de 2023. Como más del 80% del gasto del Estado en las universidades se destina al pago de salarios, el recorte presupuestario golpea directo a los docentes.

El aire de la movilización era reclamar por un derecho adquirido y emblema del país: la universidad pública gratuita. Abril Ras, a sus 27 años, caminaba con la mirada de quien ya vio los efectos del bisturí. En su Instituto de Formación Técnica Superior, la pedagogía social —esa rama que incomoda porque enseña derechos— ya sufrió el cierre de comisiones. “Creo que el desmantelamiento es intencional”, afirma con lucidez. Abril entiende que no faltan fondos, sino voluntad de sostener lo que forma conciencia crítica.

Mientras tanto, los rectores de las distintas facultades caminaban codo a codo, unificando un reclamo que ya es existencial. El documento leído por la Federación Universitaria Argentina (FUA) fue un mazazo de realidad: el presupuesto de funcionamiento hoy es apenas un fantasma de lo que era en enero de 2023. Son partidas que no alcanzan para la luz, para los insumos, para los salarios que ya perdieron el equivalente a nueve meses de poder adquisitivo.Desde las universidades dieron datos certeros del desfinanciamiento: las transferencias registraron una caída real acumulada del 45,6 por ciento entre 2023 y 2026.

Mercedes Luder, nieta de ítalo Luder, principal rival peronista de Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983 que marcaron el retorno a la democracia, dijo que su abuelo era un defensor de la educación pública. Mercedes, estudiante de Veterinaria señaló que en la UBA “la falta de presupuesto se evidencia en que hay menos docentes y ayudantes, lo que afecta la calidad de la enseñanza”.

Pero la crisis no es solo en pesos. Lo que se denunció desde el escenario montado en Plaza de Mayo, frente la Casa Rosada es una ruptura del contrato democrático. Cuando el Ejecutivo ignora la Ley de Financiamiento 27.795 y desoye a la Justicia, lo que está en juego es la división de poderes. El Gobierno ultraderechista redobló la apuesta: respondió al pedido de fondos para los hospitales universitarios acusando a las autoridades de la UBA de impulsar “una extorsión política”. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo que la marcha era una cuestión política basada en “una mentira emocional”.

El Ejecutivo no cumple con una ley de financiamiento universitario que fue aprobada por el Congreso el año pasado , que Milei vetó y luego los legisladores rechazaron el veto presidencial. Las universidades acudieron a la Justicia, y Gobierno entonces apeló ante la Corte Suprema.

Fernando Delfín Iglesias aportó una mirada sobre la soberanía. Investigador en energía y minería, dijo que representa ese legado de los abuelos que vinieron de España buscando paz y ascenso social. Hoy, ve cómo las áreas estratégicas de la industria nacional se quedan sin oxígeno. Para él, “defender la universidad es defender la posibilidad de que Argentina compita en el mundo con ciencia propia y no solo con materias primas”. .

Debajo del escenario, referentes de la oposición como el gobernador bonaerense Axel Kicillof y las columnas de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) intentaban leer el clima de una sociedad que, aun en la angustia económica, se aferra a la universidad como al último bastión. Cuando la marcha se desconcentró, quedó en el aire el eco de una advertencia: si los docentes e investigadores son expulsados del sistema, el país se queda sin futuro.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afrontado la crisis del buque del hantavirus recién diezmada por el abandono de la institución de EEUU y Argentina. Precisamente Argentina es uno de los probables focos del contagio inicial de este caso. Y EEUU se ha visto obligado repatriar a 17 ciudadanos desde Tenerife, a uno de ellos con medidas especiales por haber dado un positivo leve, aunque finalmente ha acabado dando negativo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha considerado que la crisis del hantavirus demuestra la necesidad de un dispositivo internacional de salud como es la organización que dirige: “A los virus no les importan nuestras políticas, ni nuestras fronteras ni las excusas que podamos tener”, ha recordado estos días. “La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”, ha subrayado también.

Por eso Adhanom ha creído que este brote podría amortiguar los ataques frontales que la internacional ultraderechista encabeza por Donald Trump y Javier Milei dirigen a la OMS. E incluso, reconsiderar su salida. Ambos gobiernos ya se han apresurado a volver a despreciar a la OMS.

El exfuncionario de la organización y exdirector general de la Agencia de Calidad y de Ordenación Profesional, Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud, Alberto Infante, cuenta a elDiario.es que “estas dos administraciones han decidido colocar sus prejuicios por encima de la evidencia de la ciencia y la sensatez. Son poco permeables a lo racional por lo que no cabe esperar a corto plazo que cambien de criterio”.

Este caso demuestra que si no hubiera una OMS, habría que inventarla. La situación de cambio climático, de patrones de distribución de enfermedades y una población que viaja más y a hábitats donde antes no se llegaba, hace más necesario un mecanismo de gobernanza y afrontamiento de los riesgos a escala global

Alberto Infante — Exdirector general la Agencia de Calidad y de Ordenación Profesional, Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud,

Con todo, la realidad es que la organización trabaja este 2026 con un presupuesto un 20% menor: ha pasado de 5.300 a 4.200 millones de dólares. La caída ha sido provocada por los 600 millones que EEUU ha dejado de aportar y agravada por los recortes derivados del viraje de muchos estados miembro hacia el gasto en armamento. “A pesar de nuestros esfuerzos, hemos llegado a un punto en el que no tenemos otra opción que reducir nuestros programas y empleados”, llegó a admitir por escrito Adhanom.

Alberto Infante sostiene que “este caso demuestra que si no hubiera una OMS, habría que inventarla”. El médico argumenta que “la situación de cambio climático, de patrones de distribución de enfermedades y una población que viaja más, más veces y a hábitats donde antes no se llegaba, hace más necesario un mecanismo de gobernanza y afrontamiento de los riesgos a escala global”.

En este sentido, el epidemiólogo del Fisabio, Salvador Peiró, explica que “aunque países con buenos sistemas de salud pública, como la Unión Europea, Gran Bretaña, Australia o Nueva Zelanda, no necesiten a la OMS directamente en sus territorios, si la necesitan para reducir los riesgos procedentes de otros países con sistemas más deficitarios”.

El Reglamento Sanitario Internacional

La operación del MV Hondius ha implicado la llegada de un experto de la OMS al buque “para colaborar en la evaluación médica”, la coordinación del “envío de 2.500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios de cinco países para reforzar la capacidad de realización de pruebas” además de elaborar “las orientaciones operacionales” para el desembarco en Tenerife.

“Este suceso pone de manifiesto la razón de ser del Reglamento Sanitario Internacional” al que están suscritos los países de la OMS como España, subraya el organismo de la ONU. Este reglamento es “el conjunto de normas que definen los derechos y obligaciones de los países a la hora de responder a situaciones de salud pública con capacidad para cruzar fronteras”. Se trata de un “instrumento de derecho internacional legalmente vinculante”, aclara la OMS.

En el mundo actual, con extraordinaria movilidad, la función de escudo de la OMS es muy importante. Y por el otro lado, cuanto peor sea el sistema de salud pública de un país, más papel interno les hace la organización

Salvador Peiró — Epidemiólogo del Fisabio

“El reglamento es una de las fortalezas de la OMS y ha permitido tener unas estipulaciones convenidas gracias a las que se ha podido afrontar esta crisis del hantavirus de manera relativamente rápida y con un mecanismo estipulado y previsible”, aclara Alberto Infante. Así se estableció cuál debía ser el primer puerto de arribada, cómo accedían los expertos y los pasos que había que seguir después. “Ha dado mucha seguridad a las autoridades y al público en un caso con tanta exposición mediática”.

Salvador Peiró resume que la función de escudo exterior de la OMS “en el mundo actual, con extraordinaria movilidad, es muy importante. Y por el otro lado, cuanto peor sea el sistema de salud pública de un país, más papel interno les hace la OMS”. Además, la OMS “realiza toda una serie de trámites necesarios como la clasificación de causas de muerte, la definición de algunas enfermedades o la homogeneización de estadísticas entre países que, si no, no podrían ni mirarse”.

Sin arrepentimiento de los ultras

Así que el mismo director general de la OMS, a la luz de los hechos, vio en esta crisis sanitaria internacional una oportunidad para convencer a EEUU y Argentina de volver al organismo del que, al fin y al cabo, se están beneficiando sin aportar. “Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria”, ha expresado en público.

No hay caso: el presidente de EEUU, Donald Trump, ha insistido en que, lejos de arrepentirse de decretar el día de su toma de posesión la salida de su país de la OMS, está satisfecho: “Me alegro”, ha dicho desde el despacho oval. “Le estábamos dando 500 millones de dólares al año y no nos estaban tratando muy bien. Estaban haciendo diagnósticos equivocados”.

En Argentina —aparte de negar que el contagio del Hondius surgiera en su territorio— el Gobierno de Javier Milei ha arremetido contra la organización: “La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina”.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha logrado identificar a 17 desaparecidos de la dictadura (1976-1983) tras el hallazgo de restos óseos el año pasado en una zona cercana al centro clandestino de detención La Perla, provincia de Córdoba. Las familias han esperado décadas para conocer la verdad sobre sus seres queridos, como Marta Taborda, hija de Silvia del Valle Taborda, quien ha dicho en una conferencia de prensa: “Pasó medio siglo y este huesito me dijo: ‘Hija, acá estoy’”.

En marzo, los antropólogos dieron a conocer los nombres de otras 12 personas desaparecidas, con lo que ya son 29 los identificados. “Es probable que haya más identificaciones”, ha afirmado el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo de la investigación, aunque ha dicho que no podía dar más precisiones.

A ambos lados del magistrado, se han colocado los familiares. “Soy Luis Navarro, hermano de Juan Carlos Navarro, que desde hace 49 años estaba desaparecido. Durante años nos decían: 'Si no hay cuerpo, no hay delito'. Hoy he recuperado a mi hermano y mi deseo es que se encuentren más personas, porque son más de 30.000 desaparecidos, y que se haga justicia”, ha afirmado.

Precisamente, el Ejecutivo ultra de Javier Milei niega esa cifra de desaparecidos y ha desmantelado sitios de memoria. Este nuevo hallazgo es un revés para el discurso negacionista del Gobierno, así como se vio reflejado el último 24 de marzo, en el 50 aniversario del golpe de Estado, cuando una enorme multitud tomó las calles en defensa de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia.

En septiembre del año pasado, el EAAF, junto al Servicio de Antropología Forense del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Córdoba, comenzó a trabajar en una zona conocida como La Loma del Torito, cercana al casco donde funcionaba La Perla. Durante las tareas, los antropólogos encontraron unos 1.200 restos óseos pequeños y fragmentados y piezas dentales en dos áreas de esa zona, separadas entre sí por unos 30 metros.

Paula Mónaco Felipe es hija de Ester Felipe y Luis Mónaco, quienes fueron secuestrados el 11 de enero de 1978. Los restos de ambos fueron hallados juntos e identificados. “Hoy empiezo a entender el término ‘encontrar’ tras años de búsqueda. Encontrar es recuperar a Ester y Luis, cortar con el hilo de la crueldad. Se mantuvieron juntos en la oscuridad; la tierra los cobijó. Encontrar es la posibilidad de traerlos con nosotros y descubrir un mundo con sol”, ha relatado.

La cantante Liliana Felipe es su tía y hermana de Ester. La intérprete que vive en México escribió la canción Otro adiós sin Dios en homenaje a Ester, cuya primera estrofa dice: “¿Cómo fue la bala? ¿Dónde estaba el cielo? ¿Qué montaña ya no pudo más besar tu pelo?¿Dónde estaba Dios?”.

La Perla funcionó entre 1976 y 1978. Se calcula que por ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio pasaron entre 2.200 y 2.500 personas, según investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria (APM) de Córdoba. Solo unos pocos sobrevivieron. La mayoría de las veces, los secuestrados eran trasladados en camiones del Ejército para su fusilamiento en zonas aledañas. Los fusilamientos y los enterramientos clandestinos fueron el principal método de acabar con los presos políticos.

“La intención fue el exterminio de una generación y crear una generación temerosa. A mi papá se lo llevaron a sus 25 años y yo lo recuerdo porque tenía 5 años, estábamos con mi mamá embarazada y mi hermana de tres años. Somos tres mujeres a las que nos faltó un papá”, ha dicho entre lágrimas la hija de Dalmiro Cruz Bustos. Y ha agregado: “Yo no iba a las marchas. Cuando al fin fui, vi que otras personas enarbolaban la foto de mi padre; fueron personas que mantuvieron viva su memoria”.

En 1979, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Ejército de la dictadura dispuso de una maquinaria pesada para remover los cadáveres de quienes habían sido enterrados en La Perla. Sin embargo, quedaron pequeños restos óseos que los antropólogos encontrarían cinco décadas después.

Si hay un libro que ayuda a entender la importancia de los evangélicos blancos ya en la primera victoria de Trump es Jesús y John Wayne. Cómo los evangélicos blancos corrompieron una fe y fracturaron una nación (Capitán Swing). Su autora, Kristin Kobes Du Mez, analiza un movimiento religioso y político que es “patriarcal, jerárquico y, en el fondo, antidemocrático”. Lo único que hizo Trump en 2016 fue asumir como propio ese estilo de vida que los cristianos evangélicos llevan décadas promoviendo. El verbo “vender”, en este caso, es literal, puesto que se trata de un mercado que se promociona a través de televisiones, radios y, por supuesto, redes sociales.

Son votantes que están dispuestos a pasar por alto que Trump y los valores cristianos son conceptos antagónicos, porque lo que les interesa es la “autoridad patriarcal” y el afán de poder que representa el presidente estadounidense.

“Los evangélicos blancos tienen más probabilidades que los miembros de otros grupos religiosos de apoyar la guerra preventiva, justificar la tortura, oponerse a la reforma de la inmigración, apoyar la construcción de un muro en la frontera y estar a favor de la pena de muerte; tienden más que otros estadounidenses a poseer armas de fuego, negar la relación entre el racismo y la violencia policial, rechazar los pactos políticos, preferir a gobernantes fuertes y solitarios y aprobar que se infrinjan las normas cuando lo consideran necesario”, resume esta profesora de Historia y Estudios de Género en la Universidad Calvin de Grand Rapids, en Michigan.

En diciembre de 2018, la revista Anfibia publicó un extenso reportaje que arrancaba con la siguiente pregunta: ¿Puede ser que los evangélicos argentinos se transformen en el ariete de una fuerza política de ultraderecha? Se había demostrado que ya había sido así en Brasil y, aunque con Milei no se produjo un apoyo comparable al que ofrecieron a Bolsonaro, el presidente argentino ha multiplicado los gestos hacia esta comunidad. Uno de los más destacados fue su presencia en la inauguración del “Portal del Cielo”, un templo con capacidad para más de 10.000 personas. Sí, lo han leído bien: 10.000 personas.

Con estos precedentes llegamos a Madrid DF, epicentro del evangelismo patrio, como se pudo comprobar el pasado fin de semana. 35.000 personas participaron en The Change 2026, un evento celebrado en el Metropolitano en el que actuaron predicadores de diferentes países, cantantes y, como cabeza de cartel, el exjugador del Barça y de la selección brasileña Dani Alves. El futbolista explica que la fe le salvó cuando fue condenado por agresión sexual a cuatro años y seis meses de prisión. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya revocó la condena y lo absolvió en marzo de 2025. La Fiscalía ha presentado recurso y ahora falta que el Supremo lo resuelva.

Alves, en su faceta de predicador, se llevó los titulares, pero lo más reseñable es el mensaje que la organización difundió en redes sociales con su propósito de ganar influencia aquí, al igual que ya la tienen en otros países: “Oraciones respondidas en una noche que transforma almas. España, tu tiempo ha llegado. Los cielos están abiertos”.

Tanto el PP como Vox saben que ese es un electorado a tener en cuenta y ya hace tiempo que trabajan en ello. En la última campaña de las autonómicas, Isabel Díaz Ayuso ofreció el micrófono en un mitin a una pastora ultraconservadora, Yadira Maestre, para que bendijera a los dirigentes del PP. En esta crónica se explicaba que candidatos del partido estuvieron visitando iglesias evangelistas para atraer el voto latino. Ya saben que Ayuso diferencia entre los ciudadanos llegados de Hispanoamérica, a los que denomina “nuevos madrileños”, y los migrantes de otras zonas, hasta el extremo de referirse a la “islamización de Europa”, un concepto que antes de ella solo utilizaba Vox.

Junto a Madrid, el otro laboratorio político del voto evangélico es Murcia. Un dato: en solo una década, el municipio de Lorca ha pasado de albergar tres iglesias evangélicas a once. En poblaciones como Alcantarilla, Torre Pacheco o Los Alcázares, los templos pentecostales se multiplican en antiguas naves industriales o bajos comerciales. El presidente murciano, Fernando López Miras, ha llegado a decir que “si hubiera más evangélicos, Murcia sería mejor”.

Se calcula que en España existen 4.762 lugares de culto evangélicos y que se abren cinco nuevos cada semana. Es la religión minoritaria con más espacios de culto. “Los discursos evangelistas actuales son populismo puro y duro. Esta doctrina se nutre de los valores religiosos para apelar a la población que lo pasa mal y necesita respuestas que no llegan, muchas veces políticas. El problema es precisamente ese: la utilización de los espacios de culto para dar forma a un nuevo cuerpo de pensamiento e influencia política”, explica María José Vicente, profesora de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Castilla-La Mancha, en este reportaje.

La fe tal vez no mueve montañas, pero sí votos. El cortejo de los partidos de derecha y extrema derecha a estos electores no ha hecho más que empezar.

Un mes y medio después de las primeras revelaciones que pusieron en el ojo de la tormenta al jefe de gabinete de Javier Milei por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni se ha presentado ante el Congreso de Argentina para presentar su informe de gestión. El avance de las investigaciones judiciales contra el alto funcionario hizo que esta sesión se convirtiera en un acto político y, que de forma inédita, asistiera el propio presidente argentino y todo su gabinete. “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, sostuvo Adorni.

El funcionario llegó a la Cámara de Diputados en medio del escrutinio público por la adquisición de propiedades y por viajes de lujo al extranjero. Su presentación ocurre en un contexto más amplio, en el que el mismo Gobierno ultraderechista está siendo investigado por presuntas estafas, como el caso de las criptomonedas 'Libragate' y el de los sobreprecios en medicamentos en el área de discapacidad.

“Vamos, Manuel”, gritó desde el palco central el presidente ultra. El Gobierno montó una tribuna para apoyar a Adorni con la presencia de la hermana del mandatario, Karina Milei (secretaria de la Presidencia) y ministros y legisladores del oficialismo, entre más de 150 invitados. Algo muy inusual para un informe de gestión de un ministro y más parecido a la apertura del año legislativo.

Defensa de la motosierra

Adorni ha dado en la primera hora y media un discurso institucional con foco en los logros económicos, como la bajada de la inflación –que en los últimos diez meses ha subido–: “Pasamos del 200% que heredamos al 31% anual”, dijo, aunque admitió que el dato de marzo de 2026 “es malo” (3,4%). Sostuvo que, al igual que la inflación, la pobreza está en su índice más bajo en los últimos siete años. Sin embargo, los expertos ponen en duda los datos oficiales.

El funcionario defendió los recortes de los pasados dos años y cuatro meses del Gobierno de Milei: “Hay 65.000 empleados menos en el Estado”, celebró el paso de la motosierra. “Se cortaron las asignaciones de privilegio para el presidente y la vicepresidente. Se cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo”. Y anticipó que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tiene previsto más ajuste.

Se trata de un Gobierno que aprobó una reforma laboral regresiva, que bajó impuestos a los ricos y actualmente no cumple con el presupuesto para las universidades ni personas con discapacidades. Desde que comenzó su andadura, se perdieron 264 puestos de trabajo por día en el sector privado registrado. También el consumo acumula dos años consecutivos en retroceso.

El jefe de ministros se preparó durante semanas para defender su informe técnico y blindarse ante las preguntas de la oposición sobre su patrimonio. Antes de responder, Adorni sostuvo: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”. Y volvió a prometer que todo quedará aclarado en su próxima declaración jurada.

El foco del conflicto radica en propiedades y viajes ostentosos que no se condicen con su declaración jurada. El escándalo escaló luego de que trascendiera que su esposa, Betina Angeletti, utilizó el avión presidencial para viajar a Estados Unidos en marzo; poco después, elDiarioAR reveló un vuelo privado de la familia Adorni a Uruguay por 10.000 dólares.

El exvocero presidencial y hombre de confianza de Milei sostuvo que todos los viajes personales los pagó el mismo, que fueron vacaciones privadas, pero evitó arrojar precisiones respecto del viaje a Punta del Este supuestamente financiado por el empresario Marcelo Grandio, su amigo y dueño de una productora que tenía negocios con la Televisión Pública. Adorni negó haber favorecido un contrato entre Grandio y el canal público. Adorni respondió que el Estado no registra ningún pago de viajes personales del jefe de Gabinete y que la Oficina Anticorrupción informó “inexistencia de conflictos de interés”.

Se investiga cómo un funcionario que cobra un sueldo de 2.500 dólares mensuales (poco más de 2.100 euros) haya pagado en efectivo pasajes de avión y alojamiento por 15.000 dólares en unas vacaciones en Aruba, en el Caribe. También es llamativo que haya comprado dos propiedades: un apartamento en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio acomodado de Caballito, y una casa en un country con préstamos otorgados por jubiladas.

La diputada de izquierda Myriam Bregman le preguntó a Adorni por qué “Milei se tira sobre la granada” al darle su respaldo y le pidió que dé explicaciones sobre las propiedades que adquirió.

Adorni se defendió: “Como saben, las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público, se encuentran los detalles de todos mis bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna. Como dije, aún no venció el plazo para la presentación de mi última declaración jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral”.

Esta semana se conoció que la Justicia recibió informes sobre los gastos exuberantes que realizó la esposa de Adorni en un viaje a España. Angeletti gastó 6.000 dólares en efectivo (más de 5.000 euros) en septiembre del año pasado, según la información que se sumó al expediente en el que se analiza el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni.

En una de las respuestas acerca de la evolución patrimonial, cantidad de propiedades y dinero, Adorni dio una curiosa explicación por escrito: aseguró que ya presentó su declaración jurada patrimonial y que “los bienes que componen el patrimonio de la cónyuge o del grupo familiar se incluyen en el Anexo Reservado” enviado a la Oficina Anticorrupción, que contiene “información confidencial”.

Adorni debía contestar 4.800 consultas que le hicieron por escrito los diputados, aunque seleccionó solo 2.100 para responder en el recinto. Sobre la megaestafa tras el lanzamiento de la criptomoneda LIBRA, que involucra a los hermanos Milei, Adorni respondió que “hay una investigación en curso, lo que implica que una porción significativa de la información requerida se encuentra bajo la órbita exclusiva del Poder Judicial y que su divulgación por parte del Poder Ejecutivo podría comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas”.

En medio de los escándalos de corrupción revelados por los medios de comunicación, la Casa Rosada decidió desde el pasado jueves impedir el acceso a los periodistas acreditados a la sala de prensa por “motivos de seguridad nacional”, tras denunciar a dos reporteros de TV que grabaron sin permiso el interior del edificio. Otra manera de blindar a un funcionario al que el mandatario ha decidido mantener en el cargo pese a la tormenta y el coste político.

Los cambios en el clima y la presión sobre los recursos han colocado a ciertos ecosistemas en una posición delicada que obliga a revisar cómo se gestionan. Los glaciares forman parte de la naturaleza desde hace miles de años y cumplen una función que no se puede sustituir, ya que almacenan agua dulce y regulan su liberación hacia ríos y acuíferos que dependen de ese equilibrio.

La necesidad de protegerlos surge cuando su degradación empieza a afectar al abastecimiento de agua y al funcionamiento de territorios enteros que dependen del deshielo para mantener su actividad diaria. En ese punto, cualquier alteración en su entorno genera efectos que no se quedan en la montaña y terminan afectando a poblaciones, cultivos y sistemas económicos que dependen de ese flujo.

El Congreso argentino aprobó una norma que cambió la protección ambiental

La reforma de la Ley de Glaciares en Argentina ha sido aprobada por el Congreso y ha provocado una demanda colectiva por el peligro para el suministro de agua, según informa Tiempo Argentino. La norma, promovida por el gobierno de Javier Milei y que salió adelante con 137 votos en la Cámara de Diputados tras el respaldo previo del Senado, introduce cambios en la gestión de estas áreas y abre un escenario de conflicto legal y social.

El texto aprobado modifica el sistema de protección vigente desde 2010, que había sido considerado un referente regional, y ahora coloca el debate en torno a los límites entre explotación económica y preservación ambiental. Esta decisión ha activado una reacción organizada de entidades sociales y jurídicas que buscan frenar su aplicación.

El principal punto de alarma se centra en el agua. Los glaciares actúan como reservas que regulan el caudal de ríos y garantizan suministro a comunidades y actividades económicas, sobre todo en zonas áridas donde el deshielo marca el ritmo del año.

Cuando se altera ese sistema, la calidad del agua puede verse afectada y su disponibilidad disminuye, lo que repercute en el consumo humano y en la producción agrícola. La posible expansión de actividades extractivas cerca de estos entornos introduce un factor de riesgo adicional, ya que puede modificar el equilibrio natural que permite mantener ese flujo.

Las provincias pasaron a decidir qué zonas quedan protegidas

Uno de los cambios más relevantes de la reforma es el traslado de competencias hacia las provincias. A partir de ahora, cada territorio puede definir qué zonas del entorno glaciar se consideran protegidas y cuáles pueden abrirse a proyectos productivos, lo que introduce diferencias en la aplicación de la norma según el lugar.

Este ajuste rompe con el modelo anterior, que establecía una protección más uniforme y limitaba de forma clara las actividades en esas áreas. Con esta nueva capacidad de decisión, se abre la posibilidad de que se autoricen explotaciones en espacios que antes quedaban fuera de cualquier intervención.

Argentina dispone de una de las mayores reservas de glaciares de América Latina, y su función va más allá de almacenar agua. Estos sistemas regulan el equilibrio hídrico a lo largo del año, especialmente en momentos de sequía, y permiten sostener el funcionamiento de ecosistemas y economías regionales.

Según Ladera Sur, solo el 3% del agua del planeta es dulce y más del 70% de esa cantidad permanece congelada en glaciares, lo que sitúa a estos entornos como un recurso limitado que requiere una gestión cuidadosa. La pérdida de masa detectada en muchos de estos sistemas refuerza la preocupación sobre su conservación.

Las organizaciones denunciaron falta de participación en el proceso

Las críticas no se limitan al contenido de la ley, también alcanzan al proceso de aprobación. Organizaciones como FARN, Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas denuncian que no hubo una participación ciudadana efectiva, a pesar de que más de 100.000 personas se inscribieron en audiencias públicas donde solo unas 300 pudieron intervenir. También cuestionan la presencia de cargos con intereses vinculados al sector minero en el debate parlamentario.

Tiempo Argentino recoge que la senadora Flavia Royón participó en la votación sin apartarse pese a su relación profesional con empresas del sector, y que el diputado Nicolás Massot tampoco se abstuvo a pesar de sus lazos empresariales. Estos dos son los más mediáticos, pero habría más según los medios argentinos.

El trasfondo económico aparece con fuerza en este conflicto. El impulso de la minería, especialmente de cobre, se presenta como una vía para atraer inversión y reforzar el papel de Argentina en el mercado internacional, pero esa apuesta implica intervenir en zonas que hasta ahora estaban protegidas.

Los defensores de la reforma consideran que no todas las áreas periglaciales cumplen funciones hídricas relevantes y que una evaluación caso por caso permitiría desarrollar proyectos sin afectar a todo el sistema. Sin embargo, científicos y organizaciones ambientales advierten que esa diferenciación puede generar efectos acumulativos difíciles de revertir.

La respuesta judicial busca frenar la aplicación de la norma

La respuesta a la reforma ya se ha trasladado a los tribunales. Las organizaciones impulsoras han iniciado una demanda colectiva que busca declarar la inconstitucionalidad de la norma por vulnerar derechos relacionados con el acceso al agua y la protección ambiental.

Diego Salas, director de programas de Greenpeace, afirmó que “esta reforma es regresiva e inconstitucional y compromete el acceso al agua de millones de personas”. Más de 750.000 personas han respaldado la iniciativa, que sigue sumando apoyos mientras se preparan las primeras resoluciones judiciales sobre su aplicación.

El Gobierno de Javier Milei ha vuelto a meterse con los más vulnerables: las personas con discapacidad. El Ejecutivo argentino incumple con la normativa actual, demorando el pago de prestaciones, e impulsa un proyecto de ley titulado 'Contra el fraude de pensiones por invalidez', que es rechazado por organizaciones sociales y asociaciones civiles. Resulta paradójico tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su absorción por parte del Ministerio de Salud por un escándalo de corrupción.

“No soy un gasto, soy una persona con discapacidad”, dice un cartel en una protesta frente al Ministerio de Salud en la ciudad de Buenos Aires. Los manifestantes tienen un claro reclamo: que el Ejecutivo ultraderechista cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada el año pasado y respaldada por la Justicia, y que el Congreso desestime el proyecto en ciernes que endurece el acceso a las pensiones. Motosierra tras motosierra.

Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de Discapacidad (que reúne a varios colectivos de personas con alguna limitación), señala a elDiario.es un “maltrato sistemático” hacia este grupo, con atrasos en los pagos; ahora se suma el intento de eliminar la pensión por protección social, que ayuda a quienes están en situación de pobreza. “La situación es grave y se requiere atención urgente, ya que este Ministerio está atrasado con el pago de prestaciones. Hay instituciones que aún no cobraron desde octubre y tienen que hacerse cargo de la compra de medicamentos y pañales”.

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada en julio de 2025 por el Congreso y vetada en agosto a través de un decreto firmado por Milei, que luego fue rechazado por el Parlamento en septiembre, ratificando así la ley y obligando al Ejecutivo a promulgarla. No obstante, el Gobierno se resiste a aplicarla con el argumento de que el proyecto no enunciaba de forma expresa de dónde se obtendrían los fondos para financiar tal mejora para el sector. La Justicia rechazó ese argumento en diciembre pasado y ordenó aplicar la ley de manera inmediata, en un fallo que fue apelado por el oficialismo.

El Ejecutivo alega que entre 2003 y 2023 la cantidad de pensiones por invalidez tuvo un “crecimiento exponencial”, pasando de 76.000 a 1.200.000 en ese período de 20 años y generando una “inevitable sospecha” sobre las condiciones en que esos beneficios fueron otorgados.

Al respecto, Molero responde: “En 1999 había 33 millones de personas en nuestro país, de ese total, 3,3 millones tenían alguna discapacidad, mientras la pobreza ascendía al 30%. Alrededor de 990.000 personas con discapacidad estaban en ese momento en situación de pobreza y con el Gobierno de Néstor Kirchner fueron reconocidas con una pensión social, no sólo por incapacidad laboral. Hoy la población es de 46 millones y el Gobierno celebra que hay un 28% de pobreza, aunque muchos expertos cuestionan el número, pero aun así es enorme, brutal”.

En medio de una investigación judicial

Estela Maris Calandra, fonoaudióloga que trabaja en el área de discapacidad desde hace 30 años, se muestra indignada ante el nuevo proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Senado, cuyo texto estipula que el Estado debe establecer mecanismos para “prevenir, detectar y sancionar el fraude en las pensiones”. “Yo trabajo con niños con autismo y trastorno del lenguaje que necesitan el certificado de discapacidad para poder recibir el tratamiento y, más en este momento, donde está aumentando el desempleo. ¿Cómo hablan de fraude cuando los que hicieron fraude fueron ellos en la Agencia de Discapacidad?”.

La investigación apunta al manejo irregular de fondos para la compra de medicamentos de coste elevado, destinados a personas con discapacidad, realizadas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

La causa se inició en agosto de 2025 a partir de la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, que mencionan a la hermana del presidente, Karina Milei, en los que se hablaba de supuestos pedidos de dinero a proveedores. Según la Fiscalía argentina, el esquema implicó más de 75.000 millones de pesos, con adjudicaciones direccionadas, sobreprecios y acuerdos previos entre proveedores. El fiscal Franco Picardi sostuvo que la ANDIS funcionó como “una verdadera ventanilla administrada discrecionalmente”.

Hasta el momento, hay 19 personas procesadas. Entre ellos, Spagnuolo, procesado por cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Es en este contexto, con una agencia cerrada en enero y degradada a Secretaría dentro del Ministerio de Salud, el Ejecutivo vuelve con una iniciativa en un área tan sensible. El nuevo proyecto empeora la situación ya delicada: elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad siga cobrando la pensión por invalidez, si logra acceder a un trabajo registrado. Además, desregula los pagos mínimos a las organizaciones que prestan servicios a personas con discapacidad.

“No aplicar la ley es abandonar a las personas con discapacidad”, dice el cartel que lleva Ana Luppi. La mujer señala a este periódico: “Tengo una hermana con discapacidad que está en el Hogar Los Jazmines, donde ha progresado muchísimo. Hace 22 años que está allí y realmente es vergonzoso que el Gobierno no esté pagando lo que tiene que pagar, incumple la ley. Es un lugar de excelencia, pero no puede seguir funcionando normalmente si hace meses, desde octubre, que el Estado demora las prestaciones y los profesionales tienen que cobrar por sus servicios”.

Las personas con discapacidad, sus familiares y las instituciones que les brindan asistencia exigen al Ejecutivo que no les siga dando la espalda y ponga un freno a sus intentos por desmantelar la protección social. El debate en la Cámara Alta promete ser intenso, ya que la iniciativa legislativa pone en cuestión la discapacidad como un derecho humano frente a una mirada que busca restringirla a una lógica mercantilista.

El gobernador de Buenos Aires llega a la cumbre progresista de Barcelona convencido de que “existe una internacional ultra” y de que la izquierda no puede limitarse a resistir: “Hay que plantear una propuesta para el mundo que viene”. Axel Kicillof (Buenos Aires, 1971), economista y una de las principales figuras del peronismo, habla sin ambages sobre el fracaso del plan económico de Milei, la interferencia de Trump en las elecciones argentinas y su propia candidatura presidencial para 2027: “La tarea es mucho más grande que buscar el candidato”.

¿Cómo describiría la situación económica y social de Argentina en este momento?

El modelo de Milei está fracasando, se mire por donde se mire. La enorme mayoría de los argentinos lo está pasando muy mal desde hace dos años. Y la novedad no es ni la guerra, ni Trump, ni los conflictos. Es la política económica que está aplicando Milei. Hay 270.000 nuevos desempleados formales y cerraron 22.000 empresas. Son números parecidos a los que hubo en los peores momentos económicos. Y junto con esa pérdida de empleo está habiendo una precarización muy rápida de trabajos que no tienen protección ni derechos.

El gobierno de Milei presume de que ha logrado el nivel más bajo en pobreza de los últimos siete años. ¿Es así?

No es lo que se ve en ningún lado. Ha sido muy polémico porque han echado a las autoridades del instituto estadístico. Tiene que ver con el modo de medición, está basado en estadísticas de ingresos y salarios que no se corresponden con ninguna otra fuente. No tiene ningún rigor y no es lo que se vive en Argentina. 

¿Qué hicieron mal los gobiernos de la izquierda argentina para que alguien como Milei pudiera alcanzar la presidencia?

Hay un fenómeno mundial. Más allá de la experiencia nacional, hay cuestiones de época. El gobierno previo al de Milei en Argentina fue un gobierno de unidad de todos los sectores del peronismo que habíamos estado enfrentados. Hubo muchas dificultades y, sin duda, fue un gobierno que terminó decepcionando bastante por los resultados económicos. Uno le puede dar una explicación más general sobre la etapa de la economía mundial, pero también hubo disputas internas. Así que hay muchos elementos para la autocrítica. 

Milei dijo que venía a destruir el Estado desde adentro, como si fuera un topo, una persona absurda. Se presentó para manejar un Estado al que viene a destruir

Como gobernador de Buenos Aires, que es la provincia donde reside el 40% de la población argentina, ¿qué margen de maniobra tiene frente a los recortes del Gobierno de Milei?

Está siendo muy difícil. Hemos cumplido seis años y medio de gobierno. En la primera etapa construimos el equivalente a mil escuelas, centros de atención primaria de la salud y reequipamos muchísimos de nuestros hospitales. Pusimos centros universitarios en 80 localidades pequeñas. Hicimos muchísimo en todas las áreas, lo que explicó en parte la reelección. Luego vinieron los primeros dos años de Milei y empezó a notarse muy fuerte la ausencia de un gobierno nacional. Milei dijo que venía a destruir el Estado desde adentro, como si fuera un topo, una persona absurda. Se presentó para manejar un Estado al que viene a destruir.

El propio Milei está reconociendo que el dato de la inflación, que ha vuelto a repuntar, es malo. 

No está funcionando. Aplicó un plan antiinflacionario que consiste en dejar fijo el tipo de cambio. Es un tipo de cambio atrasado, que hace que sea más barato ir de vacaciones fuera que dentro del país, o que sea más barato comprar alimentos de afuera. El otro elemento es una enorme recesión: limitar los ingresos. Desde que Milei asumió el poder planteó aumentos salariales de cero con una inflación que el año pasado fue del 31%. El último número es un 3,4% de inflación mensual. 

Como economista, ¿cuál sería su plan para la inflación? 

A mí me tocó ser ministro de Economía en los años 2014 y 2015, durante la época de Cristina Kirchner. Y el último indicador de inflación que tuvimos en el último año fue del 23% sin una recesión. Aún es alto, pero sin una recesión profunda, sin destruir los puestos de trabajo, sin destruir salarios, salud, educación y la vida de las personas. 

La tarea es mucho más grande que buscar el candidato. Esa sería más bien la culminación de un proceso, no su inicio

En las elecciones de septiembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires obtuvo una victoria muy contundente que lo proyectó como líder de la oposición y como una alternativa electoral frente a Milei. Pero después llegaron los comicios legislativos nacionales de octubre y en ellos Javier Milei ganó con relativa holgura. ¿Qué lectura hace ahora de estas dos elecciones?

En la provincia de Buenos Aires pasamos de una victoria contundente a una elección muy polarizada, con listas nacionales, no provinciales. Se perdió, pero fue prácticamente un empate. Nosotros sacamos la misma cantidad de votos y todo el que había votado a diferentes expresiones regionales o locales se acumuló en Milei. En la provincia de Buenos Aires logró aproximadamente 20.000 votos de diferencia para un padrón de más de 10 millones. Fue una diferencia muy pequeña. Pero sí, Milei a nivel nacional sacó 40 puntos. Él lo presentó como una enorme victoria y dice: ‘Ahora voy a ir a fondo’, ‘ahora me voy a llevar el mundo por delante’. Y la verdad es que con 40 puntos nacionales tampoco estaba para tal prepotencia. 

Muchos en su espacio político le sitúan como candidato en las próximas elecciones argentinas frente a Milei. ¿Se lo está planteando?

La provincia de Buenos Aires es la más grande y muchas veces ha tenido candidatos a presidente después de que se cumplan los dos períodos como gobernador. No es raro que vean en mí una posibilidad de candidatura presidencial. 

Hay una tarea previa a una campaña y una candidatura: la reconstrucción del campo popular, de la fuerza política. Estamos en una situación muy excepcional, en un mundo que está reconfigurando sus esquemas de poder. Cada país tiene la obligación de enfrentar ese mundo planteando cosas nuevas ante fenómenos nuevos. La tarea es mucho más grande que buscar el candidato. Esa sería más bien la culminación de un proceso, no su inicio.

Cristina Kirchner, hoy presidenta del Partido Peronista a nivel nacional, está presa injustamente cumpliendo una condena

¿Hace falta primero una mayor unidad interna?

Sí. Eso también tiene que ver con algo que es habitual en fuerzas políticas como la nuestra, que tienen una historia tan larga. Hemos tenido discusiones, tenemos todavía disputas y hemos hecho un gobierno con el que no hemos tenido los resultados esperados. Además, Cristina Kirchner, hoy presidenta del Partido Peronista a nivel nacional, está presa injustamente cumpliendo una condena. 

Hablemos de la cumbre progresista que se celebra este fin de semana en Barcelona, en la que usted participa junto con muchísimos otros dirigentes y líderes de todo el mundo. ¿Qué espera de este encuentro?

Es una agenda muy, muy interesante, pero creo que es una reacción también. Y una apuesta ante una ultraderecha que, si bien es un fenómeno nuevo, ha mostrado que conforma una red internacional coordinada, que comparte un discurso.

¿Existe una internacional ultra?

Sí, existe.

Y no existe una internacional progresista.

La ultraderecha nos pone un desafío a todos. Lo importante de estos días es no discutirlo solo como una cuestión defensiva. También qué proponemos para el mundo que viene. Lo tenemos que pensar desde Latinoamérica, y desde Europa. Y si lo podemos pensar juntos es original, novedoso y potente.

¿Cuál es su posición frente a la guerra desatada por EEUU e Israel frente a Irán?

Quieren resolver con guerras problemas que la guerra solo viene a agravar. Es una aberración y tiene nuestra condena, con la particularidad de que el presidente argentino por el seguidismo, por la subordinación, por ideas tontas —casi diría pereza intelectual y deseo de agradar—, nos está metiendo como país en esos conflictos. Irán ha declarado a Argentina prácticamente enemigo. Estamos en la peor de las situaciones. Hay que dar una respuesta que sea a favor de los pueblos y claramente no la guerra.

Uno de los planes de Trump es precisamente reconstruir la hegemonía de EEUU en América Latina y ha encontrado en Milei uno de sus principales aliados. ¿Está subordinándose Argentina a Washington bajo ese eje Milei-Trump?

Argentina ha tenido otros episodios de subordinación de gobiernos de derecha y uno clásico ha sido el de Menem durante la década de los 90, que se autodenominaron “relaciones carnales” con Estados Unidos. Esto es peor. En Naciones Unidas, por ejemplo, solo tres países hemos votado en contra de determinar a la esclavitud como la aberración más grande en términos de delitos: Israel, Estados Unidos y Argentina. Es absurdo. Quiero pedir perdón por esos votos en nombre de una mayoría de argentinos. Estamos dándole la espalda a aliados históricos con cuestiones que tienen que ver con una agenda norteamericana. Me parece aberrante y vergonzoso para la Argentina.

En las elecciones de octubre ocurrió algo que tiene que ver con Estados Unidos: intercedió con una ayuda directa cuando el Gobierno estaba zozobrando y además intervino Trump pidiendo que se votara a Milei. Es una interferencia en política interna que pocas veces se había visto. 

Vemos a Trump peleándose con el Papa. Ha traspasado ya las últimas barreras.

Acaba de reeditar su libro ‘De Smith a Keynes siete lecciones de historia del pensamiento económico’. Milei se reivindica liberal. ¿Qué diría Adam Smith si pudiera ver las políticas de Milei?

Prácticamente todas las escuelas de pensamiento económico le dan un papel protagónico a Adam Smith como padre de la economía moderna, menos una, que es la escuela a la que pertenece Milei: la austriaca. Los autores de la escuela austríaca no ahorran en reproches, críticas y hasta prácticamente insultos a Adam Smith. Ser austriaco es ser antiliberal en el sentido del liberalismo de Smith. Smith reconoce que hay funciones que tiene que desempeñar el Estado y que son indelegables, como la educación. O que hay un peligro en los monopolios. Adam Smith critica los monopolios y Milei los reivindica. 

¿Qué opina de la posición y de la imagen internacional de Pedro Sánchez? En los últimos meses ha tenido bastante repercusión su oposición a Trump. 

Por eso estoy aquí también: porque en toda Europa y en todo el planeta las posiciones a favor de la guerra y de la ultraderecha son criticadas, resistidas y combatidas. Pedro Sánchez, también por decisiones que ha tomado y posiciones que ha adoptado contra la evolución más reciente de estas políticas, creo que se ha convertido en un referente internacional. 

Por supuesto que se pueden discutir muchas cosas, pero hoy vemos a Trump peleándose con el Papa León. Ha traspasado ya las últimas barreras. Y a mí me parece muy importante que, a pesar de las amenazas y los insultos, se pongan de pie diferentes referentes internacionales a defender sus posiciones. Yo estoy acá no para tomar partido en cada una de las decisiones, sino básicamente para decir que a esta ultraderecha hay que ponerle un límite y un dique. Y no solo eso. Hay que presentarle una alternativa.

Hemos visto este fin de semana la derrota de Orbán en Hungría, que es también la derrota de JD Vance, que lo fue a apoyar. Meloni ha perdido recientemente un referéndum muy importante en Italia, que es también su primera derrota en las urnas, en Chile ha ganado Kast... ¿En qué momento está el ciclo en el mundo, en América Latina y en Argentina?

Históricamente había algo pendular en América Latina que hacía que en los países ganaban posturas de base popular, progresistas o de izquierda. Y luego venía la derecha. Pero ahora está la ultraderecha y las grandes transformaciones que están ocurriendo creo que hacen la cuestión bastante más compleja. Estamos en un mundo en transición de un centro hegemónico muy fuerte después de la segunda posguerra, pero particularmente desde la caída del Muro. Era una hegemonía norteamericana que tenía que ver con cuestiones de reglas del juego internacional, pero también ideológicas, que en América Latina se le conoció como el neoliberalismo o el Consenso de Washington. Hoy vemos que ese pensamiento canónico está en discusión por la propia ultraderecha. Y la ultraderecha no es globalista.

Los expertos de tres instituciones diferentes cuestionan como exagerado el dato oficial de caída de la pobreza en Argentina. Según el Instituto Nacional de Estadísticias y Censos (INDEC), la pobreza alcanzó al 28,2% de la población en el segundo semestre de 2025, una bajada respecto del 31,6 del primer semestre y de casi diez puntos respecto de un año atrás, tras el pico generado por la megadevaluación del Gobierno ultraderechista, que ha celebrado la cifra. Sin embargo, el indicador más bajo de los últimos siete años convive en un contexto económico volátil, con un deterioro de los salarios y del mercado laboral.

En términos absolutos, más de 8,5 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza. La estadística oficial se basa en un criterio unidimensional: los ingresos. El umbral lo define la Canasta Básica Total (CBT), que establece el ingreso mínimo necesario para no ser considerado pobre. Actualmente, para una familia tipo de cuatro integrantes, ese valor se ubica en torno a 1.400.000 pesos mensuales (871 euros), sin incluir el alquiler.

La canasta se diseña con base en una encuesta de consumos de 2004/2005, lo que deja fuera cambios profundos en la estructura de gastos de los hogares. El peso creciente de servicios como internet, telefonía móvil o tarifas de luz, agua y gas no está plenamente reflejado, en un contexto donde esos precios aumentaron por encima del de los alimentos. Es decir, la canasta está desactualizada y subestima el coste real de la vida.

“Hay una ficción estadística en valores”

Agustín Salvia, jefe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Cátolica Argentina) señala a elDiario.es que la pobreza en Argentina ha disminuido, pero la medición es problemática debido a cambios en la metodología y en la composición del gasto de los hogares. “Hay una ficción estadística en los valores. Los números que se generan en términos de la estadística de pobreza tienen problemas de medición, es decir, cambiaron las condiciones de la medición y arrastra un vicio metodológico de los últimos dos años que hace que no sean comparables los valores de hoy con los valores anteriores al 2024”.

Salvia recuerda que a fines de 2023 y principios de 2024 hubo importantes recortes de parte del Gobierno ultraderechista. “Hubo ajuste, liberalización de precios, reducción del gasto público. ¿Cayó la pobreza con respecto al año donde hubo ajuste libertario? Sí. La caída de la inflación post ajuste que generó el gobierno libertario hasta donde hemos llegado, ha producido que el valor de la canasta básica alimentaria esté por debajo del resto de los precios. Si se actualizara la canasta con datos más recientes, el umbral de pobreza para una familia tipo se ubicaría cerca de los 2 millones de pesos (1250 euros). No son comparables con un mismo patrón los consumos que tenés ahora en un hogar con respecto a antes de la política de liberalización de precios”.

Desde comienzos de 2024, el relevamiento oficial incorpora ingresos no laborales como son los programas sociales Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar. Esa modificación, técnicamente válida, introduce un quiebre en la comparabilidad histórica: si esos ingresos hubieran sido considerados en períodos anteriores, los niveles de pobreza también habrían resultado más bajos, advierten los investigadores. Al mismo tiempo, esas transferencias explican en buena medida la reducción de la pobreza extrema de 6,9% del primer semestre de 2025 a 6,3% en el segundo semestre, aun en un escenario de caída del empleo y deterioro salarial.

Según el dato oficial, entre el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, la pobreza pasó de 41,7% a 52%, y luego cayó al 31,6% en el primer semestre de 2025 y a 28,2% en el segundo semestre. El indicador baja casi 25 puntos desde el gran pico generado por la megadevaluación al inicio del Gobierno de Milei. El Gobierno ultra suele afirmar que la pobreza bajó desde el 52,9%, pero ese valor corresponde al primer semestre de 2024 de su administración.

El informe del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) destaca tres mecanismos que distorsionan la medición del INDEC: desfasaje entre ingresos y valorización de las canastas, cambios en el subreporte de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares y patrones de consumo desactualizados“. Señala que con ajustes a la metodología, ”entre el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2025 la pobreza no habría caído 10 puntos porcentuales como indican las estadísticas oficiales, sino apenas 1,7 puntos porcentuales“.

Juan Graña, economista e investigador del Conicet, acuerda con el informe de CEDLAS y afirma que La Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que es con la que se mide los ingresos para las estimaciones de pobreza, está mostrando una evolución de los ingresos distinta, mucho más acelerada y positiva que otros indicadores del sistema estadístico nacional. “El ingreso que figura en la EPH es lo que contestan las personas; cuando hay mucha inflación, ese dato puede perder precisión. Se olvidan de cuánto cobraron el mes pasado, sobre todo en ingresos que no son asalariados estables, y, entonces, eso pierde calidad. Aparece una mejora de los ingresos más rápida de la que es realmente y, por ende, una baja de la de la pobreza más rápida. Hay un ruido estadístico”.

Los ingresos reportados en la EPH se confrontan con los registros administrativos disponibles (salarios públicos, formales privados, beneficios sociales, jubilaciones y pensiones). El informe del CEDLAS explica que “la comparación de los ingresos de distintas fuentes que se capturan en la EPH con los que capturan los registros administrativos correspondientes parece indicar un patrón general: entre 2017 y comienzos de 2024 la tendencia de la serie era hacia un crecimiento en el subreporte, los individuos y hogares reportaban cada vez una menor proporción de sus ingresos reales”.

“No refleja la realidad económica de la población”

En esa línea, Graña afirma a elDiario.es que el sistema estadístico está desactualizado en un contexto de devaluaciones, cambios del precio del dólar e inflación alta, que el dato oficial ubica en 3% mensual. “La metodología del INDEC para medir la pobreza presenta problemas significativos, especialmente en un contexto económico volátil como el argentino. Aunque no hay manipulación de datos, la calidad de las encuestas y la desactualización de indicadores generan distorsiones en los resultados. La pobreza podría haber disminuido, pero no de la magnitud que se reporta oficialmente; la mejora es marginal y no refleja la realidad económica de la población”.

De su lado, Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), señala a este medio que desde hace un año y medio que vienen sosteniendo que la pobreza está mal medida y coincide con sus colegas de la UCA y CEDLAS. “Hay una especie de abuso metodológico. ¿Por qué? Porque, a sabiendas de que distorsiona la realidad, se continúa utilizando patrones de consumo desactualizados para valorizar la línea de pobreza. Hay tres aspectos clave que afectan la medición: que se subestime el gasto en servicios en la canasta de consumos; la modificación en las preguntas sobre ingresos no laborales (antes no se preguntaba si se cobraba un programa social) y el tratamiento de ingresos laborales de los trabajadores no registrados, que según el INDEC le ganaron a la inflación por 30 puntos, lo que no tiene ningún sentido.”

La inflación sube por décimo mes consecutivo

Letcher agrega otro elemento estadístico: la inflación. “La medición de la pobreza en Argentina es cuestionable, somos muchos los que discutimos cuál es efectivamente la evolución de la pobreza. La inflación también se calcula con la Encuesta Nacional de los Hogares (Engho). Ahí hay un problema de fondo que explotó cuando el Gobierno de Milei decidió no actualizar el IPC (Índice de Precios al Consumidor) que estaba listo desde hacía dos años”.

El IPC se calcula en función a una canasta de bienes y servicios relevada en la encuesta Engho 2004-2005. Los patrones de consumo tuvieron fuertes modificaciones desde entonces. En febrero renunció Marco Lavagna, el jefe de estadísticas del INDEC, ante las trabas que puso el Ejecutivo ultra para actualizar la metodología.

El FMI siempre está

Este martes el INDEC dio a conocer que la inflación de marzo fue de 3,4 %, la más alta del año. De esta manera, el IPC aumentó 32,6% interanual y hace 10 meses consecutivos que no baja, lo que resulta en un mal dato para un gobierno cuyo único logro palpable había sido frenar la inflación. El dato confirma el escenario de pérdida del poder adquisitivo y que los salarios no le ganaron en marzo a la inflación, advierten voces expertas. El Fondo Monetario Internacional esta semana aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina y habilitó un desembolso de 1.000 millones de dólares como un gesto en medio de la fragilidad económica. El Fondo debió reformular su pronóstico: en enero había proyectado una inflación anual del 16% y ahora la ubica por encima del 30%.

Argentina registra un deterioro en otros indicadores socio-económcos: crece el desempleo y los salarios no logran ganar a la inflación. La desocupación alcanzó el 7,5 % hacia fines de 2025; desde fines de 2023 se perdieron alrededor de 200.000 puestos de trabajo registrados y cerraron 22.000 empresas con impacto fuerte en el sector industrial y la construcción.

Los sistemas económicos de esta época masificada, además de los sistemas políticos y de los muchísimos medios de comunicación donde los poderosos nos largan diariamente sus constantes proclamas, son enemigos de la libertad de pensamiento y hacen todo lo posible, mediante la civilización tecnificada, para mantener a las masas humanas en un estado anímico infantil: niños, todos, en busca siempre de unos padres que nos cuenten cuentos, que nos acunen, que nos tranquilicen el ánimo...

No es de extrañar, por tanto, que estas masas humanas decidamos que nuestros dirigentes tengan la misma mentalidad que nosotros: la mentalidad de unos niños que se han hecho grandes sin haber aprendido a comportarse como personas compasivas, solidarias, más generosas que caprichosas y con una cierta capacidad, tan escasa en nuestra sociedad, de situarse, de cuando en cuando, en el pellejo de los demás. No es solo Trump. Ni Milei.

En nuestras poblaciones las masas humanas inmersas en un estado anímico infantil también colocamos a niños grandes en puestos dirigentes de la administración pública ya sea como alcaldes, consejeros, diputados o presidentas de comunidades autónomas. El infantilismo de estos políticos mesiánicos, más reaccionarios que los locutores de radio con la voz engolada, ha introducido en la conciencia colectiva los temores de siempre: el miedo a la diferencia, a los migrantes, a la libertad sexual, a la pérdida del trabajo, de los valores, de las tradiciones, de la identidad nacional, etcétera...

La extrema derecha avanza así. No como una ideología en sí misma sino como la respuesta radical de las masas ignorantes, desatentas e infantiles, mencionadas por Juan de Mairena, que buscamos soluciones milagreras para remediar nuestros temores. Soluciones propuestas por unos líderes políticos que, aprovechando que ya nadie cree en la felicidad del futuro, han convertido el pasado en un mito de familias dichosas, trabajadores satisfechos, párrocos bonachones, nada pedófilos, autoridades magnánimas y maná cayendo del cielo sobre las cabezas inocentes de unos niños que en la fotografías se muestran bien peinados, bien vestidos, bien meados y tan angelicales como el Caudillo bajo palio.

Los niños creen en los Reyes Magos. Las masas humanas inmersas en un estado anímico infantil, en nuestros santos patrones: los multimillonarios líderes cavernícolas que, desde los muchísimos medios de comunicación que controlan, nos están perpetuando esta infancia tan distraída, tan móvil, tan tecnológica...

La protección estratégica del agua se encuentra, a partir de ahora, en entredicho en Argentina, bajo un Gobierno que ha cedido a las demandas de las grandes mineras. La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei, y sus aliados aprobaron en la madrugada del jueves en el Congreso la modificación de la Ley de Glaciares, la cual redefine el alcance de las zonas periglaciares con el fin de permitir el avance de proyectos extractivistas.

La reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010, establece un cambio clave: deja de proteger a todos los glaciares y zonas periglaciares como “reservas estratégicas” para amparar únicamente a aquellos que acrediten un “aporte hídrico relevante y comprobable” a las cuencas.

Con el acompañamiento de sus principales aliados y de los gobernadores de las provincias mineras (Salta, Jujuy, Catamarca, Mendoza y San Juan), La Libertad Avanza cedió al lobby de las corporaciones mineras, según denunciaron la oposición de izquierda y el peronismo. La iniciativa avanzó a pesar del fuerte rechazo de agrupaciones ambientalistas y especialistas, que durante los últimos días se han movilizado a través de protestas por todo el país. “El agua no se vende” o “El agua vale más que el oro” eran algunas de las proclamas que se podían leer en los carteles de los manifestantes.

La medida flexibiliza las condiciones para el desarrollo de explotaciones de recursos: muchas formaciones de hielo menores quedarían fuera de la tutela legal. Asimismo, quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, vitales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático.

“Se busca avanzar con la megaminería”

Lihuen Antonelli, socióloga especializada en temas ambientales señala a elDiario.es que la Ley de Glaciares de 2010 establecía la responsabilidad de la Nación de estipular reglas generales en todo el territorio para garantizar el derecho a un ambiente sano. “Eso ahora cambia y es regresivo: será la autoridad competente de cada provincia la que decida si un glaciar tiene relevancia hídrica o no y, por lo tanto, si debe protegerse, más allá de lo que dicte el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), dependiente del Conicet. En realidad, se busca avanzar con la megaminería del cobre y del litio sobre territorio periglaciar”.

En concreto, la experta señala que, aunque solemos pensar en glaciares descubiertos como el Perito Moreno -el más famoso ubicado en el sur del país-, el conflicto reside en los glaciares rocosos (hielo mezclado con roca) distribuidos en la Cordillera de los Andes. “El glaciar de escombros es el que buscan, porque allí existen minerales y proyectos concretos para avanzar. Uno es Pascua Lama en San Juan, además de la ampliación de la mina Veladero, donde opera Barrick Gold, que ya se encuentra en territorio periglaciar. Los ríos reciben buena parte de su caudal de estos glaciares sobre todo en épocas de sequía; si se afecta la zona, se impactará el agua de las provincias vecinas”.

El debate trascendió el hemiciclo y estuvo marcado por la polémica en torno a la audiencia pública. En lo que se denunció como una violación al espíritu del Acuerdo de Escazú y a la Ley General del Ambiente —que exigen participación ciudadana y debates transparentes—, de las 106.000 personas inscriptas, solo 113 pudieron exponer de manera presencial y 98 de forma virtual.

El presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, el oficialista José Peluc, calificó la audiencia de “histórica”. Por el contrario, la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva, la definió como una “farsa” y denunció el lobby minero al resaltar que la modificación “no es aclaratoria, porque la ley actual no tiene vacíos legales”. En este sentido, recordó que la norma fue ratificada en su constitucionalidad por la Corte Suprema.

“El objetivo es controlar el agua”

Desde la izquierda, la diputada por la provincia de Jujuy, Natalia Morales, sostiene a elDiario.es que esta reforma representa un desembarco de las transnacionales en el control del agua. “Esta iniciativa da luz verde a corporaciones como Barrick Gold, Glencore o Rio Tinto. Son cambios a pedido de las corporaciones y del propio imperialismo estadounidense. El objetivo es controlar el agua en Latinoamérica y quitar obstáculos legales para agilizar el saqueo. Jujuy ha sido un laboratorio con la reforma constitucional provincial que entregó el recurso a las mineras”.

Esta iniciativa es un capítulo de una secuencia más amplia: el Gobierno ultraderechista aprobó en 2024 el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales y aduaneros excepcionales a las grandes corporaciones, y por el contrario, perjudica a las empresas nacionales -continúa vigente a través de un decreto presidencial-.

Desde la oposición y las organizaciones ambientales anticipan presentaciones judiciales para frenar este retroceso. Ya se ha denunciado al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, por conflicto de intereses, dado que anteriormente asesoraba a las mismas empresas beneficiadas.

Mientras un grupo de docentes y estudiantes convocados por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires asiste a una clase pública en la calle, a poca distancia del apartamento de la calle Miró donde vive Manuel Adorni, el jefe de Gabinete del presidente Javier Milei no puede justificar su cambio notorio de nivel de vida lujoso y enfrenta una investigación judicial por enriquecimiento ilícito.

Paradójicamente, el alto funcionario es quien debe aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición del Salario Docente. Más aún, la Justicia federal ha retificado este martes el fallo que obliga al Ejecutivo a cumplir con dicha normativa.

De un lado de la calle están los docentes y alumnos de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires participando en la clase abierta; del otro, una hilera de policías que impiden a cualquier transeúnte poder acercarse al edificio donde vive Adorni y del que se marchó a las 09.00 de la mañana sin hacer declaraciones. El funcionario vive a tan solo 100 metros de la Facultad de Filosofía y Letras en el barrio Caballito de la capital.

Adorni adquirió el apartamento de la calle Miró en noviembre de 2025, apenas dos semanas después de ascender de portavoz presidencial a la Jefatura de Gabinete. Ese inmueble más otras viviendas están en la mira judicial, así como el viaje en vuelo privado que hiciera Adorni con su familia en el feriado de carnaval y los excesivos gastos de tarjetas de crédito. La esposa de Adorni, Bettina Angeletti, fue incluida en el avión presidencial cuando la comitiva viajó a Nueva York recientemente.

El fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez federal Ariel Lijo que disponga una serie de medidas probatorias sobre las propiedades y también los viajes, y el magistrado resolvió el lunes delegarle la causa al fiscal, que puso en marcha las medidas.

Sentado en uno de los pupitres al aire libre, Axel Piñeiro, estudiante de Filosofía, señala a elDiario.es que cada vez más profesores están teniendo que dejar la universidad pública por su situación salarial. “Hay docentes que se van porque no llegan a fin de mes. Esta ley se votó varias veces en el Congreso y el Gobierno no la aplica. Después nos venimos a enterar de que Adorni vive a la vuelta de nuestra facultad, que gasta para ir a Punta del Este el equivalente a 18 salarios docentes. Es una barbaridad”.

Los salarios cayeron un 43% desde que Milei llegó a la presidencia a fines de 2023 y un docente del sector púbico que imparte 10 horas de clase semanales gana unos 188 euros. Un profesor titular de cátedra con varios cursos y antigüedad cobra menos de 2.000 euros.

El apartamento en el que vive Adorni, de 200 metros cuadrados, con cochera, fue escriturado por el funcionario en 230.000 dólares (200.000 euros). De por sí, una propiedad en esta zona de Caballito ronda los 2.000 euros el metro cuadrado, no 1.000, según expertos inmobiliarios. La forma en que se financió la adquisición del inmueble es aún más llamativa: el 87% del dinero fue prestado por dos mujeres que, según dijeron al periódico La Nación, parecen desconocer quién es Adorni o que le hayan prestado dinero con una hipoteca.

Lucas Falcón, estudiante de Psicología, señala sobre esta clase abierta de protesta: “Esto es una toma de conciencia de lo que está pasando, un golpe para Adorni. Seguramente él no esté acá. Muestra lo que es Argentina ahora: no hay plata para los estudiantes y los jubilados ni para los discapacitados, según el presidente, pero sus ministros la despilfarran”.

Antes de asumir el cargo de vocero, Adorni y su esposa, Bettina, vivían en un apartamento en Parque Chacabuco (de 115 metros cuadrados). Él declaró otro a nombre suyo en La Plata (de 107 metros cuadrados), que tenía desde 2016. En los registros figura otra propiedad a nombre de su esposa en Parque Avellaneda. En su declaración jurada incluyó un Renault Captur de 2019 y un Jeep Compass Sport de 2021 que compró en 2024; depósitos en el país por 180.000 pesos (112 euros) y en el exterior por 9 millones de pesos (5.600 euros). Fondos de inversión: 10.000.000 de pesos (6.200 euros). Y ahorros cerca de 43.000 euros.

Las dos propiedades que Adorni no incluyó en su declaración patrimonial de 2025 son el apartamento de Miró y una casa en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, de al menos 260.000 euros.

A esto se suman el pago de pasajes, como el de su esposa de regreso desde Nueva York, por unos 5.000 dólares, y los 9.000 dólares de vuelo privado a Punta del Este, Uruguay. Sobre el asunto, el funcionario declaró: “Con mi plata hago lo que quiero”. Sin embargo, un broker de vuelos, el piloto Agustín Issin Hansen y su secretaria, Vanesa Tossi, afirmaron que los viajes a Uruguay los pagó el presentador de la TV Pública Marcelo Grandio, amigo de Adorni que tiene contratos con el Estado.

Según distintas informaciones, habría que agregar gastos siderales en tarjetas de crédito suyas y de su esposa, que la diputada Marcela Pagano calculó en unos 10.000 euros mensuales. Pagano, quien se escindió del oficialismo, ya presentó varias denuncias sobre los bienes de Adorni. En la última, pidió que se investigue si le pertenece una casa residencial en San Isidro, provincia de Buenos Aires.

El docente Guido Clape, que imparte Macroeconomía en la Facultad de Economía, participa de la clase abierta. “La voy a hacer fácil para que Adorni entienda”, dice y agrega: “Es muy fuerte el contraste entre un tipo que lleva una vida como la que lleva este funcionario y la situación calamitosa a la que estamos sujetos los docentes. Un salario con 10 horas semanales es de 300.000 pesos (188 euros). Hay muchos compañeros que están trabajando en aplicaciones como Rappi o Uber”.

En medio de las medidas de fuerza en las facultades por reclamos de aumentos salariales y de presupuesto, la Justicia ha fallado este martes a favor de las universidades públicas que pidieron la implementación de la ley que fue aprobada por el Congreso en septiembre del año pasado. Así, la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal le asesta un duro revés al Ejecutivo de Milei al rechazar la apelación que había presentado para frenar la normativa.

La versión de Manuel Adorni y Marcelo Grandio sobre el vuelo en un avión privado Hondajet a Punta del Este se transformó en un callejón sin salida para ambos.

Las declaraciones de testigos de ese periplo de carnaval y los documentos incautados no hicieron más que acumular dudas sobre el vuelo, el patrimonio y la vida dispendiosa del funcionario enaltecido por los Hermanos Milei. Con diez días en el candelero por malas razones, Adorni enfrenta una imputación judicial, en principio, por enriquecimiento ilícito.

Tras algunos titubeos iniciales, Adorni y su amigo sostuvieron que cada uno pagó su parte, y redujeron el monto abonado lo máximo posible, hasta un precio inverosímil para el mercado: 3.120-3.294 dólares estadounidenses el funcionario y 693 $ el periodista acomodado en la televisión pública. En condiciones normales, un vuelo ida y vuelta a Punta del Este cotiza entre 866 y 10.400 dólares estadounidenses.

Con el corset de su propia declaración y la necesidad de achicar el monto pagado, Grandio acosó a Vanesa Tossi, la empleada de la firma Jag Executive Aviation, cuando la mujer se comunicó para emitir la factura con tres semanas de retraso, tal como declaró el viernes en la causa radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Tossi, con más precisión que su jefe, Agustín Issin, el piloto y broker que revendió el vuelo de regreso, narró el presunto amedrentamiento de Grandio para que no emitiera el comprobante una vez que el viaje se transformó en un problema para Adorni, según una fuente con acceso al expediente.

La secuencia explica el nerviosismo de Grandio descripto por Tossi.

El 9 de marzo pasado, en el editorial del programa “Odisea Argentina” en La Nación +, el periodista Carlos Pagni se preguntó si Adorni había viajado en vuelo privado a Punta del Este. La mención de Pagni se dio tras un fin de semana en que el jefe de Gabinete ocupó el centro de la escena por la inclusión su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que viajó a Nueva York por la Argentina Week ante inversores.

En su primera defensa fallida, cuando se dijo “deslomado” en Nueva York, Adorni explicó en el canal A24 que Angeletti había comprado su pasaje a la ciudad estadounidense por 4.633 $, se supone que en primera clase en un vuelo de línea, sin dejar claro si el monto había sido devuelto tras el traslado de su esposa en el avión oficial ARG-01. En esa entrevista, el jefe de Gabinete se negó a dar cuentas de su escapada a Punta del Este porque —dijo— se trataba de su “vida privada”.

A partir de la difusión del vuelo a Punta del Este, Issin, dueño de la comercializadora de vuelos privados Jag Executive Aviation y empleado de la firma Consultatio, se inquietó por emitir la factura del regreso del 17 de febrero por la tarde. En su declaración, el broker negó que hubiera buscado emitir la factura a raíz del revuelo generado, sino que atribuyó la demora a que estuvo de vacaciones. La factura a nombre de Grandio fue confeccionada unos días después y predatada al 9 de marzo.

El tramo de ida, del 12 de febrero, había sido facturado directamente por la operadora del vuelo, Alpha Centauri, a la productora televisiva de Grandio, Imhouse, según reconstruyó el fiscal federal Franco Picardi. 

Hasta allí, el monto de la factura por la ida, 4.187 dólares estadounidenses, era cercano a la versión de Adorni y su amigo, entre los 3.294 $ abonados por el jefe de Gabinete y los 693 de su exsocio y amigo.

Este diario informó el 11 de marzo la declaración jurada de salida de los Adorni y Grandio, desde San Fernando a Punta del Este, y todos los detalles del vuelo con matrícula LVHWA, así como el regreso con la familia del jefe de Gabinete, sin el amigo, en el cierre del Carnaval.

La presión de Grandio sobre Tossi para que no emitiera la factura se incrementó. “¿Viste lo que está pasando, vos lo filtraste?”, acusó el amigo de Adorni a la empleada del broker de vuelos. Uno de los mensajes de Grandio al celular de Tossi atacó a Pagni. Lo trató de “pseudoperiodista al que se le cayó la pauta”, un argumento similar la que utilizan Adorni y Milei para defenestrar a sus críticos.

En un raid de entrevistas disparadas por la nota de elDiarioAR, Grandio —un hombre adinerado, yerno del exdirectivo de Torneos y Competencias Luis Nofal y beneficiado por múltiples contratos con la TV Pública y Radio Nacional desde la asunción de Milei— arremetió con contradicciones sobre el precio y el pagador del vuelo.

Para Adorni y Grandio resultaba imperioso que no apareciera otra factura más allá de los US$4.830 emitida por Alpha Centauri, porque ello daría cuenta de más fondos que el jefe de Gabinete no puede explicar

Cuando el amigo de Adorni se volvió demasiado insistente y envió una carta documento desconociendo la factura del regreso, Tossi dejó de contestarle, declaró en el juzgado de Lijo. El dato de la carta documento fue aportado por la empleada y omitido el jueves por su jefe, el piloto Issin, por lo que deberá ampliar su testimonial.

Para Adorni y Grandio resultaba imperioso que no apareciera otra factura más allá de los 4.187 dólares estadounidenses registrados por Alpha Centauri, porque ello daría cuenta de más fondos que el jefe de Gabinete no puede explicar, o de un favor tampoco justificable por parte del amigo beneficiado con contratos en la TV Pública, además de contradecir la versión inicial.

Sobre el precio del viaje de regreso desde el aeropuerto de Laguna del Sauce, en Punta del Este, a San Fernando, norte del Gran Buenos Aires, hay varias lagunas. La primera factura hallada por Picardi fue emitida por Alpha Centauri a nombre de Issin por un paquete de diez vuelos con un valor de 36.626 dólares estadounidenses, uno de los cuales utilizó Adorni a su regreso. Issin, en tanto broker, trataría de revender cada tramo a un precio cercano a 4.161 $.

Según declararon Tossi y su jefe, el precio acordado con Grandio para el regreso fue de 2.600 dólares estadounidenses, en virtud de un descuento por asientos comercializados en el Hondajet en el tramo de regreso de la ida a Punta del Este, y en el de ida para buscar a los Adorni, cinco días más tarde. Ese tipo de descuentos es inusual y en cambio pudo haberse tratado de una subfacturación, bastante frecuente en el mercado de la aviación privada, dedujo una fuente del sector.

En sendas exposiciones, Issin y Tossi sostuvieron que tanto el pasaje de ida como el de regreso habían sido abonados por Grandio, lo que va en sentido contrario a lo afirmado por Adorni y su amigo en varias entrevistas.

De los 4.187 $ de la ida hay registro tanto por la factura como por la transferencia bancaria, pero en cuanto a los presuntos 2.600, el comprobante está en disputa porque Grandio lo desconoce, y además fue saldado en efectivo, según la empleada Tossi.

En la hipótesis más beneficiosa para Adorni, debería explicar cómo hizo para pagar 3.294 $ por un vuelo ocasional en febrero, monto no acorde a sus ingresos ni su patrimonio declarado. Si a eso se suma el monto de regreso, la complicación es mayor, tanto si abonó el jefe de Gabinete, como si fue un favor de alguien acomodado junto a sus hijos en la TV Pública.

El descontrol que transita Grandio se vio corroborado cuando envió mensajes a Tossi en el medio de su declaración en el edificio de Comodoro Py en la mañana del viernes, para sorpresa del juez y el fiscal.

Por ahora, Grandio y Adorni mantienen versiones unificadas, aunque tanto en Comodoro Py como en el Gobierno, fuentes estiman que podrían tomar caminos separados si sus intereses comienzan a distanciarse. Una persona con peso en el Gobierno sugiere que Adorni podría declararse desconocedor del precio de los vuelos privados y admitir que su amigo le ocultó detalles.

En la imputación por enriquecimiento ilícito, Pollicita solicitó una docena de medidas de prueba, que incluyen informes de dominio pedidos a los registros de propiedad de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, secuencia de viajes, el anexo reservado de la declaración jurada de Angeletti ante la Oficina Anticorrupción y datos del country Indio Cuá.

A los pasajes por más de 8.669 $ a Nueva York y Punta del Este abonados sólo en febrero, se suman elevadísimos gastos con tarjetas de crédito varios meses seguidos, al menos dos propiedades —una casa en el country Indio Cuá y un departamento en Caballito— que no figuran en la declaración jurada y otras excentricidades.

El departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, tuvo un costo en el orden de los 225.400 $, pagados en 2025. Se agregan refacciones profundas antes de la mudanza, reveladas por el periodista Fabián Waldman en el sitio La Patriada.

Entre expensas de 780.200 $ y la cuota del colegio de 693.500 $ por cada uno de sus hijos, más las expensas en Indio Cuá y los gastos asociados a la camioneta de alta gama que adquirió, por citar los bienes que salieron a la luz en los últimos días, la sospecha generalizada que se constata en encuestas de opinión y entre sus acusadores es que el ascenso económico de Adorni en apenas dos años parece no tener fin.

Luciana Peker llega a la entrevista con prisas, culpa de una agenda cargada de compromisos en plena presentación de su último libro, La odiocracia. Al fondo a la derecha (Libros del KO), un ensayo que en sus páginas propone justo lo contrario a esa velocidad: “leer con profundidad, con tiempo, porque se necesitan diagnósticos certeros para lo que estamos viendo”. La periodista y escritora feminista vive desde hace un tiempo en Madrid, y reconoce que el libro es una forma de contar sin autocensura Argentina, ese país del que se siente “expulsada”, un país “contradictorio, bipolar y muy extremo” que se ha convertido en “el gran laboratorio de la extrema derecha”.

A través de las páginas de La odiocracia, y casi en cada respuesta, Peker advierte de que España no está viendo con suficiente claridad el peligro de ese “gobierno del odio” que la ultraderecha busca instalar como sistema: “La gente cree que camina segura sobre un suelo de derechos, que pueden cambiar las baldosas, pero el suelo permanece. Y no es así. Claro que se perfora ese suelo”. 

La conversación va y viene uniendo líneas de puntos entre la construcción de la masculinidad y las motosierras o los pañuelos verdes y el falso espejo del regreso a un pasado de hombres proveedores y mujeres deseosas de protección, sin olvidar la lógica extractivista que alimenta las relaciones de Estados Unidos y Europa con Latinoamérica. Peker sostiene que todavía hay tiempo para entender y actuar contra el “patriarcado recargado” que sostiene esta ola reaccionaria, y apuesta por el periodismo, aunque no le ahorra críticas: “Con la extrema derecha, está mirando la selfie y no la foto panorámica”.

¿Qué es la odiocracia, en pocas palabras? 

Es un sistema en el que se llega al gobierno con odio, se gobierna con odio y se genera una sociedad que reproduce ese odio, tanto en quienes están de acuerdo como en quienes no lo están. Así, el sistema de relaciones acaba hegemonizado por el odio hacia los demás.

La portada del libro muestra una gran motosierra. La motosierra es un símbolo, pero ¿de qué? 

La motosierra emula una masculinidad productiva que es leñadora, que puede usarse para hacer una casa, pero en la mano de varones inútiles que nunca sabrían hacer una casa y que, en cambio, usan la motosierra desde un lugar de terror. De hecho, la motosierra de Javier Milei está inspirada en una película de terror sobre un feminicida real norteamericano. Es el símbolo mundial más grande de amenaza hacia una sociedad con derechos y protección social. Y que en el caso de Argentina se concreta con el ajuste más grande de la historia. 

Argentina es un país contradictorio, bipolar y muy extremo, muy apasionado. Es un país con enormes avances en derechos humanos, el que llegó más lejos en el enjuiciamiento de delitos de lesa humanidad. Y ahora es el gran laboratorio de la extrema derecha

El libro habla mucho de Argentina, un país que ha vivido una especie de renacer feminista en las calles y que ahora tiene como presidente a uno de los mayores representantes del mundo de la ultraderecha y el “patriarcado recargado”, como lo describe. ¿Qué pasó? 

Argentina es un país contradictorio, bipolar y muy extremo, muy apasionado. Es un país con enormes avances en derechos humanos, el que llegó más lejos en el enjuiciamiento de delitos de lesa humanidad. Y ahora es el gran laboratorio de la extrema derecha. Es el país del movimiento que organizó la huelga feminista que se replicó en España, que fue el germen de lo que se conoce como MeToo, que en realidad empezó el 3 de junio del 2015, que vio nacer el pañuelo verde y generó una ola feminista en toda América Latina. Y por eso para la extrema derecha es tan importante que sea el lugar de su normalización: es como un disciplinamiento a un país que tenía una tradición de derechos humanos, de feminismo, de protesta social muy importante.

¿Cómo funciona esa normalización?

Paso a paso. José Antonio Kast no podría haber ganado en Chile si Europa no normalizaba a Milei en América Latina. No es casualidad que Milei haya venido ya seis veces a España. Creo que había –y todavía hay– un concepto erróneo de que existe un suelo de derechos que no se puede perforar. La gente cree que camina segura, que pueden cambiar las baldosas pero el suelo permanece. Pero esta extrema derecha es otra cosa y claro que perfora ese suelo. 

En el caso de Argentina, una inflación del 260% resulta enloquecedora, claro. En El Salvador podemos ver también una inseguridad que era real. Pero ni la inflación ni la inseguridad pueden justificar el autoritarismo. 

La sensación de frustración y la pérdida de un horizonte es algo que la ultraderecha explota especialmente bien. 

La indignación o el odio con el que hablan personajes como Milei podría funcionar bien en una campaña electoral, pero ellos no lo usan solo para que los voten. Lo usan como un mecanismo permanente. Las extremas derechas no vienen a proporcionar soluciones a esos problemas. Lo que proponen es castigar a otros. Entonces necesitan un electorado y una opinión pública que se conforme con la venganza hacia los demás, en lugar de exigir soluciones.

Hoy no hay libertad de expresión plena en Argentina

¿Este libro es una forma de contar esa Argentina que te expulsó, de alguna manera? 

Me siento expulsada. No es casualidad que la extrema derecha buscara en las periodistas feministas a sus primeras enemigas. Hoy no hay libertad de expresión plena en Argentina. Lo dicen Reporteros sin Fronteras, Fopea o Amnistía Internacional, que fue quien llevó mi querella por la violencia explícita, la censura, la autocensura y el acorralamiento. Para mí es importante contar cómo Argentina es un laboratorio de la extrema derecha y los lazos con España y con Estados Unidos, que parece que no se están mostrando lo suficiente. 

¿Por qué? 

El periodismo está mirando demasiado la letra chica y poco los titulares. Está mirando la selfie y no la foto panorámica. Y la extrema derecha tiene muy clara la panorámica. Las explicaciones locales tienen sentido y hay que hacerlas. Pero estamos perdiendo de vista una estrategia que va más allá de las realidades locales, una unidad que la ultraderecha tiene completamente aceitada.

En un momento del libro afirma que Milei es más un símbolo de la ultraderecha que un jefe de Estado. ¿A qué se refiere?

De hecho, es un embajador. Cuando Milei dice 'yo tengo incidencia en el mundo', tiene razón. De hecho creo que en Argentina se lo subestima. Te subís a un taxi en Panamá, en El Salvador, Guatemala, Honduras, y no saben quién es el presidente de España pero sí el de Argentina.

¿También un agitador? 

El agite es parte del vocabulario popular argentino, del fútbol, de la cumbia… Él toma eso para decir y hacer lo que Santiago Abascal no puede. Y luego está la red trasnacional de la que participan, y que hace que Javier Negre esté acreditado como periodista en la Casa Rosada, y que su socio en Argentina, Fernando Cerimedo, que estuvo imputado por el intento de golpe de Estado en Brasil, ahora sea asesor del presidente de Honduras, Nasri 'Tito' Asfura, que fue el elegido de Trump. 

El afán aprovechador de Trump no es único: Europa no frena a Milei porque también tiene intereses extractivistas y neocolonialistas

¿La influencia de Donald Trump resucita el fantasma de las “relaciones carnales” de Argentina con Estados Unidos? 

La expresión “relaciones carnales”, que usó en los años 90 el ministro de Exteriores menemista Guido Di Tella, forma parte de una violencia sexual explícita en el lenguaje que no es casual. No se habla de tener relaciones cercanas, sino que implica una posición de abuso y sometimiento. Milei usó la metáfora de un pedófilo frente a “niños vaselinados”. De hecho mi editora me pidió que comprobara varias veces ese dato. ¡No lo podía creer! 

Detrás de esa ayuda que EEUU ofrece a su socio Milei y a otros presidentes latinoamericanos hay unos intereses económicos que en esta ocasión ni siquiera se ocultan. 

Trump se pone públicamente la medalla de haberle hecho ganar a Milei las elecciones legislativas, porque ambos son hombres que humillan y que se dejan humillar por otro más poderoso. De hecho, las bases militares ya se están cediendo, los cambios en el puerto de Ushuaia están sucediendo. Milei va a regalar los recursos naturales: litio, oro, cobre, tierras raras, agua. Lo más grave es que quiere derogar la Ley de Glaciares para dejar de protegerlos: es la última riqueza de agua antes de la Antártida. 

¿Y esto no genera sospechas o resistencia en la población? 

Argentina sabe que su posición es de endeudamiento. Y el afán aprovechador de Trump no es único: Europa no frena a Milei porque también tiene intereses extractivistas y neocolonialistas con esos recursos. En cuanto a la gente, sí destaco que hay un fenómeno ciudadano muy importante: más de 60.000 personas inscritas en las audiencias públicas para defender los glaciares. Eso muestra que hay una democracia participativa que va más allá de las elecciones y que están queriendo callar. 

Ellos simulan ser los varones de antes. Hablan de tradición, familia y propiedad, pero no son varones clásicos. Ni siquiera Abascal, que está más cerca de un hombre tradicional, fue capaz de resignarse, por ejemplo, a vivir con una mujer para toda la vida

En el libro destaca que Milei y Elon Musk reconocen tener resentimiento hacia sus padres. ¿Cree que eso tiene que ver con la construcción de una cierta masculinidad?

Para mí es central. Porque además fueron víctimas de violencia. Milei fue un niño golpeado, lo contó él mismo en televisión, y el padre de Musk fue señalado como abusador de menores de su familia. Son varones víctimas de la violencia patriarcal. La diferencia es que las feministas denunciamos para que no siga pasando. En cambio, la posición de ellos es: como yo fui víctima, ahora voy a ser más malo que los que me hicieron mal. Por eso es un patriarcado recargado, opuesto al feminismo de la reparación, de la sanación y de que otros vivan mejor. 

¿Son víctimas de un modelo de hombre al que defienden volver? 

Ellos simulan ser los varones de antes. Hablan de tradición, familia y propiedad, pero no son varones clásicos, no son ni fuertes ni productivos. Y el problema es que muchos jóvenes se miran en un espejo que en realidad no es lo que les están vendiendo. Y también muchas mujeres, cansadas de cargar con toda la mochila solas, pueden pensar que necesitan ese varón proveedor y protector que venga a cuidarlas. Más allá de poder pensar ‘qué horror que las mujeres vuelvan a la casa’, lo importante es que es mentira. Porque hay muchos chicos queriendo emular ese modelo cuando ni van a tener dinero para ser proveedores ni van a estar dispuestos a las obligaciones que tenían esos varones de antes. Ni siquiera Abascal, que está más cerca de un hombre tradicional, fue capaz de resignarse, por ejemplo, a vivir con una mujer para toda la vida.

Hay una parte de los cambios que impulsó el feminismo que sí les interesan. 

Los varones toman los beneficios del fin de los estereotipos. Un hombre como Milei, sin hijos, que se considera ‘invicto’ por no haberse casado y vive con sus perros, nunca hubiera llegado a presidente en Argentina. Un hombre que puede ser emocional y contar sus problemas públicamente. Las mujeres deconstruimos qué era el amor, qué era la familia, y ellos toman esas construcciones para castigarnos.

Los que se querían hacer los progres, los feministos, los aliados, demonizaron y echaron la culpa al feminismo. Y otros se pasaron a la posición de ‘no te conozco’

¿Cree que hubo una tentación de cierta parte del progresismo de despegarse del feminismo frente a la ola reaccionaria? 

El feminismo tenía capacidad para rearmar una oposición, una resistencia a esta extrema derecha a través de sus redes, su masividad y sus alianzas trasnacionales. Pero eso quedó desmantelado cuando el progresismo le soltó la mano. 

Desde lo partidario y lo político hasta los medios de comunicación, los que se querían hacer los progres, los feministos, los aliados, demonizaron y echaron la culpa al feminismo. Y otros se pasaron a la posición de ‘no te conozco’. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, la cooperación internacional se desligaron completamente del feminismo.

¿Cómo convive eso con la militancia de jóvenes mujeres que se ven a sí mismas como feministas pero apoyan a partidos de ultraderecha? 

Disputo que sean feministas, pero sí creo que instrumentalizan al feminismo. En Argentina peleamos por el cupo femenino, y es cierto que ayudó a que llegaran a puestos de poder mujeres que ahora intentan sacar adelante una ley para criminalizar a quienes denuncian violencia machista.

Esta extrema derecha no es alternancia electoral. Está a la derecha de la corona española y a la derecha del Vaticano, de Francisco y del actual Papa

Hablaba de las mujeres que llegan a los lugares de poder. ¿Cuál es el papel de políticas como Giorgia Meloni, Alice Weidel o Isabel Díaz Ayuso en esta odiocracia?

Meloni, Ayuso o Weidel serían lo que Laura Bates describe como mujeres que odian a las mujeres. Son también una estrategia de la extrema derecha. Weidel es lesbiana, está casada con una inmigrante y lidera un partido [Alternativa para Alemania (AfD)] que defiende deportaciones masivas. En una sociedad a la que le cuesta mucho leer las cosas de manera compleja y que se queda con las fotos de Instagram, diluyen de manera simbólica y efectiva la idea de que las mujeres vamos a hacer la oposición a este neofascismo.

Alvise Pérez, emulando a Milei, prometió que sortearía su sueldo de eurodiputado, pero diversas informaciones indican que en realidad el dinero iba a parar a campañas de agitación de personajes como Vito Quiles, con quien el presidente argentino compartió evento hace pocos días en Madrid. ¿Milei es un modelo a seguir? 

Más allá de que haya o no un efecto imitación, es un modelo de representación social y por eso es tan peligroso. Generan un odio que queda legitimado, que lleva a personas a creer que pueden tener impunidad con el racismo, con la violencia sexual… La excentricidad de Milei es funcional, pero la extrema derecha es muy inteligente y no ha replicado tantos modelos similares: en Chile, Kast tiene mejores modales; en Honduras, Afura hace un discurso más moderado. Distintos modelos que en el fondo generan lo mismo: la impunidad social de la violencia.

¿La ultraderecha juega al despiste? 

Creo que España no llega a tener un diagnóstico certero de lo que pasa y de lo que le puede pasar. La directora argentina Dolores Fonzi lo dijo hace poco en la gala de los Goya: “Yo vengo del futuro. No caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo”. Ese futuro es que no solo pueden ganar unas elecciones. Esta extrema derecha no es alternancia electoral. Está a la derecha de la corona española y a la derecha del Vaticano, de Francisco y del actual Papa.

 ¿Y frente a la odiocracia, qué? 

Periodismo. Creo que la odiocracia no hubiera podido llegar a tener el poder político y social que tiene hoy si no fuera por la degradación del periodismo que produjeron las redes sociales, con Elon Musk y Mark Zuckerberg a la cabeza. La gente se tiene que volver a informar a través de medios y no solo por lo que las redes le muestran. Creo que hay que volver a los libros, a leer con profundidad, con tiempo, porque se necesitan diagnósticos certeros para lo que estamos viendo. Hay que impulsar más leyes mientras se pueda, apelar a la unidad social y política con un proyecto a largo plazo. Apoyar a los varones jóvenes, y confiar en esas mujeres que dieron la mayor parte de su vida para generar transformaciones sociales. Ahí hay fortaleza.

No os lo vais a creer, pero hoy queremos felicitar a la extrema derecha por sus éxitos en las últimas elecciones. En serio, van lanzados. Están hechos unos machotes. Y, aunque no seamos más que chusma roja, queremos reconocer sus innumerables talentos.

Por ejemplo, han conseguido que les vote un montón de chavales, cuando, si tocan poder, lo primero que harán será desmantelar los servicios públicos y privatizar la educación, que pasará a ser un lujo asiático para unos cuantos privilegiados.

Según los últimos sondeos, avanzan también entre la población femenina, que hasta ahora había supuesto un muro frente a la barbarie, pese a que, como es bien sabido, los posfranquistas niegan la violencia de género y, donde gobiernan, se apresuran a suprimir los recursos destinados a la protección de las mujeres. Incluso nos han dicho que hay personas LGTBIQ+ que les votan. A ellos, que quieren llevar las manifestaciones del Orgullo a los polígonos industriales para que los homosexuales y las lesbianas no “contaminen” nuestras calles ni “perviertan” a nuestros hijos e hijas. No nos digáis que no es un puntazo...

Lo mismo ocurre con un sector importante de la clase obrera. En efecto, muchos trabajadores y trabajadoras, quizá decepcionados por la tibieza del gobierno en algunas cuestiones tan fundamentales como la vivienda, apoyan ahora a estos hombretones de gesto estreñido... que aspiran a replicar aquí el modelo de relaciones laborales de Milei. O sea, que dicen claramente que quieren restablecer una especie de 'esclavitud del siglo XXI' para mayor gloria y lucro de las grandes corporaciones que constituyen su verdadera patria, y los futuros hipotéticos 'esclavos' les votan. O sea, o sea, es alucinante. Y, en cierto modo, admirable.

Y así con todo. Lo petan en las zonas rurales, pese a que niegan el cambio climático y aplauden hasta dolerles las manos la perniciosísima política arancelaria de Trump, de quien, con permiso de Ayuso, son los mamporreros oficiales en nuestro país. Y pese a que su jefazo se pasea a caballo disfrazado de señorito como queriendo revivir la España de Los santos inocentes. Les vota mucha gente que va a misa, aunque serían capaces de crucificar al mismo Jesucristo o de dejarlo ahogarse en el mar impidiendo que el barco de Open Arms lo rescatase. Cuentan con la simpatía de muchas personas que se autodefinen como patriotas, aunque serían capaces de trocear la patria y venderla a fondos buitre...

De verdad que tienen mucho mérito estos señoros. Porque todo lo han conseguido sin dar un palo al agua. O, podríamos decir, tocándose los yugos y las flechas. Literalmente. En Albacete, nuestra ciudad, el número 1 de la lista de extrema derecha pasea los símbolos falangistas por el Ayuntamiento sin ningún pudor. Y la actividad legislativa más notable de los ultras, que, como a escala estatal, viven en una Noche de los Cuchillos Largos permanente, ha consistido en presentar dos mociones: una para declarar “persona non grata” a Pedro Sánchez y otra para prohibir el burka en dependencias municipales, que es algo así como prohibir los unicornios o los platillos volantes porque hasta ahora los funcionarios locales no han tenido que atender a ninguna mujer vestida con la execrable prenda afgana. Seguro que han tenido que comprarse un braguero después de haber realizado el ímprobo esfuerzo de copiar y pegar un texto suministrado por la dirección del partido.

Así que, nada, enhorabuena, torquemadas nacionales. Como si tal cosa, habéis conseguido colocar en el mercado electoral un producto podrido por el odio y el miedo, y una parte de la sociedad española os lo ha comprado alegremente. Pero no celebréis todavía vuestro Día de la Victoria. Existe el hilo rojo de la historia que, cuando se teje adecuadamente, se convierte en trinchera inexpugnable.

*El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Vanessa Pérez, Elías Rovira y Javier Sánchez.