La Associació de Víctimes de la dana 29 de Octubre de 2024 ha lanzado una campaña a través de redes sociales (Instagram y Facebook) que busca promover una movilización ciudadana masiva bajo el lema 'Cartas al Tribunal Constitucional: suma tu voz por la verdad, la justicia y la reparación'. La iniciativa pretende la implicación de la sociedad civil para apelar directamente a los magistrados del alto tribunal español a través del envío de masivo de escritos a su sede en Madrid. El colectivo persigue que se prioricen los derechos de los afectados frente a los privilegios de aforamiento de los que goza el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de modo que pueda ser imputado en la causa que investiga la gestión de la tragedia que sacudió gran parte de la provincia de Valencia en otoño de 2024 y que provocó la muerte de 230 personas solo en territorio valenciano.

Toñi García, quien perdió a su marido y a su única hija en la catástrofe, explica en el vídeo diifundido en redes sociales. “No escribimos para pedir un favor, escribimos porque creemos en la justicia”, asevera la portavoz de la asociación, al tiempo que enfatiza el carácter cívico de la protesta: “Sólo pedimos una cosa muy sencilla, que todas las personas seamos iguales ante la ley; que nuestros derechos a saber la verdad y a la justicia estén por encima de los privilegios de aforamiento de Carlos Mazón”.

El trasfondo jurídico de la campaña radica en el recurso de amparo que la asociación ha presentado ante el Tribunal Constitucional, con el que denuncian la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva. El colectivo sostiene que el blindaje político obstaculiza el acceso a un “juez natural e imparcial” y bloquea un proceso de investigación “equitativo, garantista e igualitario”.

De este modo, los impulsores de esta campaña defienden que la Constitución “no se escribió para proteger privilegios; se escribió para proteger derechos” y recuerdan que, detrás de los debates técnicos, subsisten centenares de familias que exigen una fiscalización judicial plena de las responsabilidades penales, tal y como explican en la web del colectivo.

La campaña facilita a los ciudadanos un modelo de carta descargable que puede ser personalizado y enviado por correo postal a la sede del tribunal en la calle Domenico Scarlatti de Madrid. La plantilla de reclamación califica la situación actual de “aforamiento espurio y fraudulento” y exige a los magistrados que eviten que la igualdad ante la ley quede reducida a “papel mojado”.

Con esta movilización, los damnificados pretenden visibilizar que el reclamo de rendición de cuentas trasciende el dolor individual de las familias directamente afectadas. “La justicia también necesita saber que detrás de una víctima hay toda una sociedad que no quiere olvidar: verdad, justicia y reparación”, concluye García, quien insta a la ciudadanía a compartir sus fotografías con las cartas impresas para amplificar la presión social.

“Se nos ha acabado la paciencia. Si no lo juzgan los tribunales, lo juzgaremos nosotros. Con nuestras herramientas. Haremos la obra de teatro sobre el juicio a Mazón que consideramos justo. Si no ocurre en la realidad, lo haremos desde la ficción, el arte y el teatro”.

Así presenta la compañía de teatro político Atirohecho su nueva obra, junto con la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa y la cooperativa audiovisual Barret Films. No se trata únicamente de una obra de teatro, sino de un acto de “reparación colectiva” tal como señala en conversación con elDiario.es Rafa Segura, dramaturgo y actor en la obra. A partir de testimonios reales, investigación periodística y archivo de memoria viva, la compañía construye un juicio escénico que interpela directamente a las responsabilidades políticas que nunca se han depurado. El juicio a Carlos Mazón que nunca verás, una herramienta de exigencia política que trasciende los escenarios para generar debate, reparación y memoria.

Según los detalles a los que ha tenido acceso elDiario.es, la pieza teatral se desarrolla durante un juicio ficticio al expresident de la Generalitat, entrelazando el presente en el tribunal con flashbacks e incorporación de grabaciones reales de llamadas vinculadas a la catástrofe, que se integran directamente en el montaje. La puesta en escena estará compuesta por seis o siete intérpretes, entre ellos el personaje de Carlos Mazón, que asume el papel principal bajo su propio nombre. Sin rodeos. De esta forma, tal y como se describe en el proyecto, “el montaje traslada al escenario una pregunta que sigue sin cerrarse: ¿puede hablarse de justicia cuando el máximo responsable continúa amparado por sus amigos del Tribunal Superior de Justicia?”.

Desde la compañía reivindican que, tras casi dos años exigiendo justicia, continuamos sin ver al responsable político sentado en el banquillo del tribunal, por lo que consideran la dimisión del expresidente de la Generalitat una respuesta insuficiente: “La rendición de cuentas no acaba con una dimisión”, subraya la compañía en la descripción del proyecto. La obra nace así de la necesidad de poner en escena lo que se ha estado gritando en las calles, al servicio de una demanda colectiva que continúa viva.

La pieza teatral se dirige, en primer lugar, al pueblo valenciano y a los territorios directamente afectados por la dana, especialmente a quienes vivieron la catástrofe y sus consecuencias de forma directa. También interpela a todas aquellas personas que han seguido el desarrollo político y judicial posterior y consideran que todavía quedan cuestiones sin resolver. En un sentido más amplio, el proyecto busca llegar a quienes entienden la cultura como un espacio de reflexión, memoria y debate, capaz de ampliar la conversación pública allí donde las instituciones o los procesos judiciales no alcanzan. “Hay otras formas de justicia comunitaria que reconfortan”, subraya Rafa.

El proyecto se encuentra actualmente en pleno desarrollo y en fase de financiación mediante una campaña de crowdfunding. Se prevé la realización de una lectura del guion ante la asociación de víctimas de la dana una vez finalizado el texto. El estreno está previsto para octubre de 2026, coincidiendo con el segundo aniversario de la dana, en un espacio escénico de l'Horta Sur, una de las principales comarcas afectadas por las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

La iniciativa surge de la unión de tres agentes con un extenso recorrido y arraigo en el territorio valenciano. La compañía de teatro Atirohecho tiene una larga trayectoria marcada por un profundo carácter político, situando en el eje central los conflictos sociales contemporáneos. En este recorrido resalta Ingovernables, estrenada en 2019 en La Rambleta de València. La obra se presenta como una de sus piezas más representativas, al poner el foco en las consecuencias de la crisis inmobiliaria, la turistificación y la expulsión de vecinos de sus barrios, a través de un lenguaje escénico híbrido y de fuerte carga crítica. La Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa lleva más de 40 años de trabajo comunitario y organización vecinal en el barrio de Orba. Barret Films es una cooperativa audiovisual con experiencia en documental e investigación periodística centrada en relatos sociales y memoria. La combinación de sus trayectorias es lo que da forma a un proyecto que aspira a ser a la vez testimonio, denuncia y herramienta comunitaria.

Las autoridades de Estados Unidos han informado al juzgado de Catarroja que instruye la causa de la dana de que la empresa WhatsApp no conserva los mensajes que José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón y actual asesor del expresident, borró de su móvil corporativo al entregar formateado el terminal telefónico a la Generalitat.

Una respuesta que “excluye la posibilidad de recuperación del contenido de los mensajes borrados” por Cuenca, según indica la jueza en un auto dictado este jueves.

Sin embargo, la instructora mantiene la remisión de la comisión rogatoria a Estados Unidos para acceder, al menos, los datos sobre los intervinientes y la fecha y hora de los mensajes intercambiados por Mazón y Cuenca el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

“La obtención de dichos datos, intervinientes y fecha y hora de los mensajes, o de las comunicaciones, aunque el contenido fue eliminado, continúa siendo pertinente, cuanto menos para fijar el hecho básico: la existencia de la comunicación, la remisión y recepción de mensajes o comunicaciones”, afirma el auto, que reconoce que el “alcance probatorio” resulta así “sustancialmente inferior, dado que no se proporciona su contenido”. Aun así, los fines y la utilidad “de la obtención de dichos datos persisten”.

La resolución recuerda que, en el marco de la causa, el “hecho mismo de la comunicación”, en ocasiones, ha sido “puesto en cuestión por los testigos”, se ha rechazado u olvidado “o simplemente no se aporta por éstos el contenido de los mensajes, en uso, en este último caso, de la libertad que poseen de su aportación en todo caso voluntaria, atendiendo al tipo de delitos que son objeto de investigación en el presente procedimiento”.

La negativa de Mazón a entregar sus whatsapps

Es el caso precisamente del expresident Mazón, que figura en la causa como una suerte de 'preinvestigado' y cuya defensa ha declinado, por el momento, aportar los mensajes de WhatsApp del aforado intercambiados durante la catástrofe de la dana, en la que el exjefe del Consell permaneció encerrado con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro.

La vicepresidenta Susana Camarero ('número dos' tanto de Mazón como del actual president Juan Francisco Pérez Llorca) aportó recientemente a la causa los mensajes que figuraban en un chat de WhatsApp del Consell. Los whatsapps acreditaron que Mazón pasó aquella jornada de dar numerosas órdenes a sus consellers sobre la gestión de la emergencia a primera hora de la mañana a desconectarse completamente del chat durante el resto del día.

El 3 de juliol de 2013, la plaça de la Mare de Déu de València es va omplir de milers de persones que clamaven per la reobertura de la investigació judicial i política de l'accident del metro ocorregut set anys abans. Les revelacions periodístiques publicades mesos abans, plasmades en l'històric programa Salvados, però també en desenes d'informacions de Levante-EMV, l'edició valenciana d'El Mundo i el documental 0 responsables, de Barret Films, van traure la gent al carrer i van propiciar la reobertura de la causa gràcies a l'impuls de la Fiscalia Anticorrupció. Dos anys després, el canvi de govern a la Generalitat arran de les eleccions de 2015 també es va traduir en una nova comissió d'investigació a les Corts Valencianes.

Però, fins a arribar a aquest suport social, mediàtic i polític, l'Associació de Víctimes de l'Accident del Metro 3J va recórrer una llarga travessia pel desert del silenci institucional i judicial. No hi va haver ni una sola dimissió al Govern de Francisco Camps —d'ací el lema «43 morts, 0 responsables»— ni grans manifestacions que ompliren els carrers de València exigint respostes. En algunes de les concentracions que l'associació convocava cada dia 3 de mes a la plaça de la Mare de Déu a penes s'hi reunia una vintena de persones. I, quasi sempre, eren únicament membres del col·lectiu que lluitava perquè la mort i les ferides dels seus familiars no caigueren en l'oblit.

Precisament per aquesta experiència d'oblit institucional i social, quan es va produir la dana del 29 d'octubre de 2024, en què van morir 230 persones, l'Associació de Víctimes de l'Accident del Metro 3J va alertar del perill que suposava l'estratègia seguida per Carlos Mazón i el seu equip per enfangar la veritat sobre el que havia passat i evitar que hi haguera responsables. «Manca de previsió, no reconèixer els errors per no assumir la seua responsabilitat en la mort de tantes persones, ocultar, manipular, crear relats falsos... Quins mals records!... La mateixa manera de gestionar les tragèdies», van escriure en el seu compte d'X.

No havien passat ni quinze dies de la tragèdia quan, des d'aquell mateix perfil, van recordar un altre episodi fosc de la gestió del Govern de Camps. “Només falta que contracten HM & Sanchis perquè els prepare el guió de la versió que tots han de repetir”, van denunciar. El 2006, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) va contractar aquesta consultora per a alliçonar els tècnics que havien de comparèixer a les Corts després de l'accident.

L'objectiu era que tots defensaren sense fissures que el que havia passat a la Línia 1 de Metrovalencia, on van morir 43 persones, havia sigut “un accident inevitable”. La consultora HM & Sanchis va ser contractada per un import no inferior a 621.000 euros, amb càrrec al pressupost públic i sense concurs. L'existència d'aquest contracte no va transcendir fins set anys després, quan diversos mitjans de comunicació la van destapar.

Però, per què el PP de Mazón no va poder silenciar les víctimes de la dana i el de Camps sí que va aconseguir enterrar durant set anys l'accident del metro?

Investigació judicial tancada en set mesos

Un factor fonamental va ser el ràpid tancament de la instrucció judicial. A diferència del que ha ocorregut al Jutjat d'Instrucció número 3 de Catarroja, que després de més de 18 mesos d'investigació ha imputat dos alts càrrecs del Govern valencià i té previst interrogar centenars de persones per aclarir 230 presumptes homicidis imprudents, la jutgessa que va investigar l'accident del metro va arxivar la causa per primera vegada tot just set mesos després. Va considerar que la causa principal havia sigut l'excés de velocitat i, el març de 2007, va donar per tancada la investigació sense cap responsable viu. La causa no es va reobrir fins al 2013.

En canvi, la investigació de la dana ha permés reconstruir, pràcticament al segon, què va fer i què va deixar de fer cada conseller i el mateix president de la Generalitat durant la jornada del 29 d'octubre. També ha desmuntat bona part dels rumors i ha descartat responsabilitats atribuïdes a organismes estatals independents. Tot plegat, unit a nombroses revelacions periodístiques, ha evidenciat davant de l'opinió pública la deficient gestió del Govern de Carlos Mazón i les falsedats que va difondre, obligant-lo a rectificar en nombroses ocasions i erosionant greument la seua credibilitat.

Paradoxalment, aquestes mentides i les campanyes de desinformació van contribuir a mantindre viva la mobilització social en demanda de justícia, veritat i reparació. Fins ara ja s'han celebrat vint manifestacions multitudinàries.

Una televisió pública al servei de la gent o al servei del poder

La televisió pública valenciana va tindre papers diametralment oposats en totes dues tragèdies. El 2006 va ser Canal 9; el 2024, À Punt. Segons va concloure un informe de la Unió de Periodistes Valencians, Canal 9 es va convertir en “un altaveu per a difondre la versió oficial”. No era un detall menor: al voltant del 20% de la ciutadania valenciana s'informava aleshores a través dels seus espais informatius.

Tot i que les televisions d'àmbit estatal van fer una cobertura rigorosa durant els primers dies, l'interés va anar decaient amb el pas de les setmanes. Amb la dana va ocórrer el contrari. L'atenció mediàtica es va mantindre durant més d'un any i mig, fins que altres grans esdeveniments —com la guerra entre l'Iran i Israel o els casos de corrupció que afectaven el Govern i el PSOE— l'han desplaçada de l'agenda televisiva.

Tan qüestionada va ser l'actuació de Canal 9 que els mateixos treballadors van voler reparar el greuge causat a l'Associació de Víctimes de l'Accident del Metro 3J quan el PP va decidir tancar la cadena el 2013. Beatriz Garrote, presidenta de l'associació, va ser entrevistada al plató tot just uns minuts abans del fos a negre com a gest simbòlic per a corregir anys de silenci informatiu.

Amb la dana va ocórrer justament el contrari. À Punt va ser una de les principals referències informatives tant durant la jornada del 29 d'octubre com en els mesos posteriors, gràcies al desplegament de desenes de periodistes, sense censura i amb criteris professionals.

Un ecosistema mediàtic diferent

La pluralitat de l'ecosistema mediàtic també va resultar determinant. Amb escasses excepcions, els mitjans van assenyalar les contradiccions de Carlos Mazón i la negligent gestió de la Generalitat. El cas va ocupar durant mesos les portades dels principals diaris d'àmbit estatal i va obrir informatius i tertúlies televisives de manera continuada.

Eixa pressió informativa va contribuir decisivament a mantindre viva la indignació ciutadana fins a la dimissió del president de la Generalitat el 3 de novembre de 2025, a penes un any després de la tragèdia. Francisco Camps, per contra, no només no va dimitir després de l'accident del metro, sinó que va tornar a guanyar les eleccions autonòmiques de 2007 i 2011, mentre cap dels consellers amb responsabilitats va assumir conseqüències polítiques.

Una comissió d'investigació de set dies

El 2006 el PP gaudia d'una majoria absoluta incontestable i va aconseguir limitar l'impacte polític de l'accident. El 21 de juliol d'aquell any va tancar, en a penes cinc dies, la comissió d'investigació constituïda a les Corts Valencianes el 17 de juliol. El dictamen, aprovat únicament amb els vots del PP després d'una trentena de compareixences i de l'anàlisi de mig centenar de documents, va concloure que l'única causa del sinistre havia sigut l'excés de velocitat i que la línia era segura. No va ser fins al canvi polític del 2015 quan les Corts van impulsar una nova comissió que, el 2016, va atribuir a la Generalitat responsabilitats per les retallades en matèria de seguretat.

Amb la dana, encara que la comissió d'investigació de les Corts també es va tancar en fals, deixant sense comparèixer el 70% de les persones inicialment previstes i intentant diluir el protagonisme de les associacions de víctimes, tant el Congrés dels Diputats com el Senat van mantindre obertes les seues investigacions. Les seues conclusions probablement seran antagòniques, però vint mesos després la investigació política continua oberta en totes dues cambres.

Tant l'Associació de Víctimes de l'Accident del Metro 3J, presidida en diferents moments per Beatriz i Rosa Garrote, com les associacions de víctimes de la dana, encapçalades per Rosa Álvarez i Mariló Gradolí, coincideixen en un diagnòstic: el 2006 va triomfar l'estratègia del silenci; el 2024, no. Hi haguera o no una sentència condemnatòria, les mobilitzacions socials van contribuir decisivament a la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón. La societat valenciana, vint anys després, ha canviat profundament.

El 3 de julio de 2013, la plaza de la Mare de Déu de València se llenó de miles de personas que clamaban por la reapertura de la investigación judicial y política del accidente del metro ocurrido siete años antes. Las revelaciones periodísticas publicadas meses atrás, plasmadas en el histórico programa Salvados, pero también en decenas de informaciones de Levante-EMV, la edición valenciana de El Mundo y el documental 0 responsables, de Barret Films, sacaron a la gente a la calle y propiciaron la reapertura de la causa gracias al impulso de la Fiscalía Anticorrupción. Dos años después, el cambio de gobierno en la Generalitat tras las elecciones de 2015 se tradujo también en una nueva comisión de investigación en Les Corts Valencianes.

Pero hasta llegar a ese respaldo social, mediático y político, la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro 3J recorrió una larga travesía por el desierto del silenciamiento institucional y judicial. No hubo ni una sola dimisión en el Gobierno de Francisco Camps —de ahí el lema “43 muertos, 0 responsables”— ni grandes manifestaciones que llenaran las calles de València exigiendo respuestas. En algunas de las concentraciones que la asociación convocaba cada día 3 de mes en la plaza de la Mare de Déu apenas se reunía una veintena de personas. Y, casi siempre, eran únicamente miembros del colectivo que luchaba para que la muerte y las heridas de sus familiares no cayeran en el olvido.

Precisamente por esa experiencia de olvido institucional y social, cuando ocurrió la dana del 29 de octubre de 2024, en la que fallecieron 230 personas, la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro 3J alertó del peligro que suponía la estrategia seguida por Carlos Mazón y su equipo para embarrar la verdad de lo sucedido y evitar que hubiera responsables. “Falta de previsión, no reconocer los fallos para no asumir su responsabilidad en la muerte de tantas personas, ocultar, manipular, crear relatos falsos... ¡Qué malos recuerdos!... La misma forma de gestionar las tragedias”, escribieron en su cuenta de X.

No habían pasado ni quince días de la tragedia cuando, desde ese mismo perfil, recordaron otro oscuro episodio de la gestión del Gobierno de Camps. “Solo falta que contraten a HM Sanchis para que les prepare el guion de la versión que todos deben repetir”, denunciaron. En 2006, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) contrató a una consultora para aleccionar a los técnicos que debían comparecer en Les Corts tras el accidente.

El objetivo era que todos defendieran sin fisuras que lo ocurrido en la Línea 1 de Metrovalencia, donde murieron 43 personas, había sido “un accidente inevitable”. La consultora HM & Sanchis fue contratada por un importe no inferior a 621.000 euros, con cargo al presupuesto público y sin concurso. La existencia de ese contrato no trascendió hasta siete años después, cuando fue destapada por varios medios de comunicación.

Pero ¿por qué el PP de Mazón no pudo silenciar a las víctimas de la dana y el de Camps sí consiguió enterrar durante siete años el accidente del metro?

Investigación judicial cerrada en siete meses

Un factor fundamental fue el rápido cierre de la instrucción judicial. A diferencia de lo ocurrido en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que tras más de 18 meses de investigación ha imputado a dos altos cargos del Gobierno valenciano y tiene previsto interrogar a centenares de personas para esclarecer 230 presuntos homicidios imprudentes, la jueza que investigó el accidente del metro archivó la causa por primera vez apenas siete meses después. Consideró que la causa principal había sido el exceso de velocidad y, en marzo de 2007, dio por cerrada la investigación sin ningún responsable vivo. No se reabrió hasta 2013.

En cambio, la investigación de la dana ha permitido reconstruir prácticamente al segundo qué hizo y qué dejó de hacer cada conseller y el propio presidente de la Generalitat durante la jornada del 29 de octubre. También ha desmontado buena parte de los bulos y ha descartado responsabilidades atribuidas a organismos estatales independientes. Todo ello, unido a numerosas revelaciones periodísticas, ha evidenciado ante la opinión pública la deficiente gestión del Gobierno de Carlos Mazón y las falsedades que difundió, obligándolo a rectificar en numerosas ocasiones y erosionando gravemente su credibilidad. Paradójicamente, esas mentiras y campañas de desinformación contribuyeron a mantener viva la movilización social en demanda de justicia, verdad y reparación. Hasta el momento se han celebrado ya veinte manifestaciones multitudinarias.

Una televisión pública al servicio de la gente o al servicio del poder

La televisión pública valenciana desempeñó papeles diametralmente opuestos en ambas tragedias. En 2006 fue Canal 9; en 2024, À Punt. Según concluyó un informe de la Unió de Periodistes Valencians, Canal 9 se convirtió en “un altavoz para difundir la versión oficial”. No era un detalle menor: alrededor del 20 % de la ciudadanía valenciana se informaba entonces a través de sus espacios informativos. Aunque las televisiones nacionales realizaron una cobertura rigurosa durante los primeros días, el interés fue decayendo con el paso de las semanas. Con la dana ocurrió lo contrario. La atención mediática se mantuvo durante más de un año y medio, hasta que otros grandes acontecimientos —como la guerra entre Irán e Israel o los casos de corrupción que afectaban al Gobierno y al PSOE— la han desplazado de la agenda televisiva.

Tan cuestionada fue la actuación de Canal 9 que los propios trabajadores quisieron reparar el agravio causado a la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro 3J cuando el PP decidió cerrar la cadena en 2013. Beatriz Garrote, presidenta de la asociación, fue entrevistada en el plató apenas unos minutos antes del fundido a negro como gesto simbólico para corregir años de silencio informativo.

En la dana ocurrió justamente lo contrario. À Punt fue una de las principales referencias informativas tanto durante la jornada del 29 de octubre como en los meses posteriores gracias al despliegue de decenas de periodistas, sin censura y con criterios profesionales.

Un ecosistema mediático distinto

La pluralidad del ecosistema mediático también resultó determinante. Con escasas excepciones, los medios señalaron las contradicciones de Carlos Mazón y la negligente gestión de la Generalitat. El caso ocupó durante meses las portadas de los principales periódicos nacionales y abrió informativos y tertulias televisivas de forma continuada. Esa presión informativa contribuyó decisivamente a mantener viva la indignación ciudadana hasta la dimisión del presidente de la Generalitat el 3 de noviembre de 2025, apenas un año después de la tragedia. Francisco Camps, por el contrario, no solo no dimitió tras el accidente del metro, sino que volvió a ganar las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, mientras ninguno de los consellers con responsabilidades asumió consecuencias políticas.

Una comisión de investigación de siete días

En 2006 el PP disfrutaba de una mayoría absoluta incontestable y logró limitar el impacto político del accidente. El 21 de julio de ese año cerró, en apenas cuatro días, la comisión de investigación constituida en Les Corts Valencianes el 17 de julio. El dictamen, aprobado únicamente con los votos populares tras una treintena de comparecencias y el análisis de medio centenar de documentos, concluyó que la única causa del siniestro había sido el exceso de velocidad y que la línea era segura. No fue hasta el cambio político de 2015 cuando Les Corts impulsaron una nueva comisión que, en 2016, atribuyó a la Generalitat responsabilidades por los recortes en materia de seguridad.

En la dana, aunque la comisión de investigación de Les Corts también se cerró en falso, dejando sin comparecer al 70 % de las personas inicialmente previstas e intentando diluir el protagonismo de las asociaciones de víctimas, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado mantuvieron abiertas sus investigaciones. Sus conclusiones probablemente serán antagónicas, pero veinte meses después la investigación política sigue abierta en ambas cámaras.

Tanto la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro 3J, presidida en distintos momentos por Beatriz y Rosa Garrote, como las asociaciones de víctimas de la dana, encabezadas por Rosa Álvarez y Mariló Gradolí, coinciden en un diagnóstico: en 2006 triunfó la estrategia del silencio; en 2024, no. Hubiera o no una sentencia condenatoria, las movilizaciones sociales contribuyeron decisivamente a la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La sociedad valenciana, veinte años después, ha cambiado profundamente.

El PSPV ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el expresident de la Generalitat Carlos Mazón por falso testimonio ante la Comisión de investigación de la dana del Congreso de los Diputados, tipificado en el artículo 502.3 del Código Penal.

Según han informado a EFE fuentes de los socialistas valencianos, la querella se basa en las contradicciones entre la declaración de Mazón en el Congreso el pasado mes de noviembre y la investigación del juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana, así como el contenido de los mensajes del grupo de WhatsApp del Gobierno valenciano en octubre de 2024.

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, fundamenta la acusación en que el exjefe del Consell, a pesar de haber recibido la advertencia legal de no faltar a la verdad, “mintió deliberadamente” en su comparecencia del 17 de noviembre de 2025 sobre la gestión de la catástrofe. Según el documento, Mazón alteró u ocultó información clave con el claro objetivo de construir una “versión con clara finalidad exculpatoria”.

Entre las acusaciones más destacadas, la querella señala que el expresidente mintió al afirmar que existió un “apagón informativo” y que carecía de datos. Los mensajes del grupo de WhatsApp del Consell “demuestran” que desde las 8:15 horas “conocía la gravedad” y ordenó “inundar de datos a los medios” para dar una “sensación de estar alerta que te cagas”. Asimismo, el texto denuncia que Mazón faltó a la verdad al sostener que “había hecho públicas todas sus llamadas” mediante un listado “hecho a mano” que omitió contactos reales e incluyó “conversaciones falsas”, como dos llamadas telefónicas “inexistentes” con Alberto Núñez Feijóo.

Por último, el documento rebate de forma contundente la versión de Mazón sobre su itinerario y el conocimiento de las víctimas. La querella expone que ocultó que tras salir del restaurante El Ventorro acompañó a una periodista al aparcamiento y permaneció allí mientras la consellera Pradas intentaba contactar con él sin éxito. De igual modo, califica de “objetivamente falsas” sus afirmaciones de que no supo de los fallecimientos hasta las 5:00 horas del día siguiente, pues consta que a las 23:25 horas remitió un mensaje a Feijóo donde admitía que ya aparecían muertos y que la situación iba a ser “un puto desastre”.

Contradicciones en la comparecencia

El expresidente valenciano, durante su comparecencia, eludió responder a numerosas preguntas, incurrió en contradicciones y restó trascendencia a su tardía incorporación al centro de mando (Cecopi), al afirmar que “nada hubiera cambiado” si hubiera llegado antes. También defendió su polémica comida con la periodista Maribel Vilaplana y aseguró que en ese momento “nadie sabía que la gente se estaba ahogando”.

La comparecencia estuvo marcada por la extrema tensión y los duros reproches de varios grupos parlamentarios. Portavoces como Gabriel Rufián (ERC) e Ione Belarra (Podemos) calificaron su gestión de “homicida” y le atribuyeron la responsabilidad directa por las muertes, mientras que Yolanda Díaz le exigió que renunciara a su acta de diputado. Por el contrario, formaciones como el PP y Vox evitaron interrogarle directamente sobre sus decisiones y optaron por desviar el foco de las críticas hacia la actuación del Gobierno central.

En el exterior del Congreso, grupos de víctimas de la catástrofe se concentraron para protestar y rebatieron públicamente las declaraciones del exmandatario. Paralelamente, la jornada sumó reacciones políticas inmediatas, destacando que Compromís anunció que estudia emprender acciones legales contra Mazón por mentir en sede parlamentaria respecto a las alertas, llamadas telefónicas y el conocimiento cronológico de los fallecimientos.

La manifestación de homenaje a las víctimas y a los afectados de la dana, que causó 230 muertos, recorre este último domingo de junio las calles de Paiporta (Valencia), zona cero de las inundaciones del 29 de octubre de 2024, en la vigésima marcha mensual convocada para pedir la supresión del aforamiento del expresident de la Generalitat Carlos Mazón.

Es la primera vez que la marcha recorre las calles de Paiporta, zona cero de la catástrofe y donde se produjo el mayor número de víctimas mortales por las inundaciones, tras haberlo hecho en otros municipios como Catarroja.

La manifestación ha partido a las siete de la tarde de la plaza de la Iglesia de San Jorge de Paiporta y finaliza en la plaza Mayor tras realizar un recorrido circular, donde tiene lugar la lectura de los manifiestos de las entidades convocantes y la interpretación de la canción “El río no tiene culpa” de Alejandro y Maria Laura.

Las manifestaciones están convocadas por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción y el Acord Social Valencià.

Trascurridos 20 meses desde la dana, víctimas y sociedad civil mantienen la imagen de Mazón boca abajo, ataviado con el chaleco rojo de emergencias, y la exigencia de deje su acta de diputado para que deje de estar aforado y se presente en el juzgado de Catarroja que investiga la causa penal de la dana.

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales 29-O, Rosa Álvarez, ha recordado momentos antes del inicio de la marcha que este lunes, día 29, se cumplen 20 meses de la dana y la manifestación pide que Mazón deje de estar aforado y que se ponga en manos de la justicia ordinaria.

“Para nosotros fue una gestión catastrófica lo que provocó la muerte de nuestros familiares. Hay detrás un problema climático innegable pero, si no hubiera habido una gestión nefasta, no se hubiera producido la muerte de nuestros familiares”, ha manifestado a los medios de comunicación.

Álvarez ha afirmado que si en los días previos se hubiera hecho “anticipación y prevención” no se hubieran producido las muertes, como se hizo en la dana de 2019, y ha indicado que tienen “clarísimo” que “o estás con las víctimas o estás enfrente”, y saben “quién está enfrente de nosotros”.

La presidenta de la asociación, que lleva una camiseta con la imagen de su padre fallecido en la dana, ha asegurado que la relación con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca es “no es ni buena ni mala, es nula”.

Ha recordado que el pasado 17 de junio en Les Corts, cuando asistieron como invitadas para presenciar la aprobación definitiva del dictamen de conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria de la dana presentado por el PP y por Vox, los síndics de estos partidos “no fueron capaces de mirarnos a la cara ni una sola vez”, tampoco cuando se produjo una ovación por parte del PSPV y Compromís.

Entre las pancartas, se podía leer 'Ara totes alcem la veu per qui ja no pot alçar-la', 'Llorca Mazón, la misma mierda son' acompañada de un muñeco de Mazón vestido con traje de preso y las manos manchadas de sangre, 'Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia. Asesinos', y carteles de 'Asesino=Mazón. 230 razones para ir a la cárcel'.

La vicepresidenta Susana Camarero va plantejar serioses reticències a entregar a la jutgessa de la dana els missatges de WhatsApp del 29 d'octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts, emmagatzemats al xat del Govern autonòmic de Carlos Mazón, un grup format pel president, els seus consellers i tres alts càrrecs de Presidència (que van ocultar davant la magistrada l'existència de la prova). Així consta en l'acta de la declaració de Camarero del passat 10 de juny, a la qual ha tingut accés elDiario.es. “Hi ha molts altres consellers involucrats i crec que no sóc jo qui ho ha d'aportar”, va esgrimir la vicepresidenta quan l'advocat Manolo Mata, que representa l'acusació popular exercida en la causa per Acció Cultural del País Valencià, va exposar l'existència del grup de WhatsApp intern del Consell.

“Em consta que té bastant rellevància”, li va reballar el lletrat a la testimoni, que es va quedar molt descol·locada davant la jugada de Mata, segons confirmen diverses fonts presents en la testifical. “Però, en tot cas, també té el xat la senyora Pradas”, va adduir la vicepresidenta en referència a la principal investigada en la causa, l'exconsellera Salomé Pradas.

Manolo Mata, un experimentat penalista que, a més, va ser portaveu del PSPV-PSOE a les Corts Valencianes durant l'etapa del Pacte del Botànic i coneix les interioritats del poder autonòmic, havia llançat la xarxa a la testimoni abans d'entrar en matèria. Prèviament a traure a la palestra l'existència del xat, va preguntar a Camarero si conservava el mateix telèfon mòbil sense desconfigurar. “Sí”, va contestar la testimoni.

Immediatament, l'advocat va llançar el dard: “És que és la primera membre del Govern valencià que acudeix [a declarar]. Hi ha un WhatsApp grupal de tots els consellers i vosté conserva [els missatges] d'aquell dia; ho podria aportar perquè vegem quina valoració es va fer sobre l'emergència?”, li va preguntar.

Camarero, després de l'ensurt inicial, es va oposar a aportar els missatges. “No tindria cap problema, però no crec que siga jo qui haja d'aportar un xat on estem els membres del Consell, que tenim secretes les nostres deliberacions”, va manifestar la vicepresidenta tant de l'Executiu anterior de Carlos Mazón com de l'actual de Juan Francisco Pérez Llorca.

El lletrat va recollir el guant i va argumentar que un grup de WhatsApp no era precisament un òrgan deliberatiu del Consell. “Eixe WhatsApp és determinant”, va argumentar Mata.

“Hi ha molta gent que ha canviat el telèfon; han canviat fins i tot els consellers. En aquest cas, la senyora Camarero és vicepresidenta del Govern actualment, i ni se li ha perdut ni se li ha destruït ni se li ha desconfigurat ni actualitzat negativament el telèfon, amb la qual cosa és probablement l'única oportunitat que puguem tindre'l”, va insistir l'advocat.

La jutgessa instructora, Nuria Ruiz Tobarra, va intervindre en l'interrogatori per a aclarir a la testimoni que, en qualsevol cas, l'aportació dels missatges de WhatsApp seria “voluntària”. “Jo li ho puc demanar, però després, si no ho vol aportar, no ho aporta”, va dir la magistrada.

Davant tal dilema, Camarero es va plantar en un primer moment:

—Doncs, si em permet, ho pensaré, ho consultaré; no només depén de mi. El que té a veure amb mi jo ho aporte com a testimoni.

L'interrogatori va seguir per altres derroters fins que, una estona després, la jutgessa va anunciar una breu pausa. La vicepresidenta va aprofitar el recés per a consultar fora de la sala de vistes amb el subsecretari Carlos Lirio, que, juntament amb la cap de premsa, acompanyava la testimoni en aquella visita al Palau de Justícia. Quan es va reprendre la testifical, Susana Camarero va canviar la seua postura inicial, de la qual ja s'havien fet ressò els mitjans de comunicació.

—En aquest recés (...) he preguntat, perquè vinc acompanyada per algú que pertany al meu equip, que sap aquestes coses, si entregar el [xat de] WhatsApp que m'ha sol·licitat el senyor Mata anteriorment de l'equip del Consell, dels consellers, estava dins de la legalitat; perquè li he comentat quan m'ho ha demanat: he de fer la consulta, perquè jo no sé si estic fent alguna cosa incorrecta o alguna cosa que em vaja a generar un problema. I m'han dit que el puc entregar i, per tant, la seua senyoria m'indicarà com (...).

La vicepresidenta, que (en una polèmica decisió revelada per aquest diari) es va absentar de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) de la dana per a acudir a un acte de lliurament de premis de la patronal, va defensar davant la jutgessa l'actuació del seu departament, del qual depenien les residències de persones grans i el servei de teleassistència. No obstant això, Camarero no s'esperava la jugada de l'advocat de l'acusació popular. La testimoni va reconéixer: “Jo, sincerament, per a preparar aquesta compareixença, no me n'he anat a aquest [xat de] WhatsApp”.

A més, els missatges de WhatsApp amb l'alt càrrec que va deixar connectat al Cecopi, incorporats a la causa, van confirmar que la vicepresidenta va abandonar la reunió tot i témer per la integritat de 80 xiquets d'un centre sota la seua protecció.

Un comprometedor xat amb un Mazón en to indecorós

La incorporació al procediment del xat del Consell de Carlos Mazón va suposar un cert punt d'inflexió en la instrucció de la causa. A més de revelar el to indecorós de l'aleshores president, va confirmar que Mazón, després de donar ordres a tort i a dret a primera hora del dia dels fets, es va desconnectar totalment del xat durant la resta de la jornada, en què va participar en un llarg dinar i sobretaula amb Maribel Vilaplana en un reservat del restaurant El Ventorro, malgrat que els seus consellers van alertar quasi en directe de l'empitjorament de la catàstrofe sobre el terreny.

Per la seua banda, la defensa de l'excap del Consell es resisteix, de moment, a entregar la resta de missatges de WhatsApp d'aquella jornada (escudant-se en un “elemental criteri de prudència”).

El xat també ha propiciat que la jutgessa es plantege citar com a testimonis altres consellers, una via inicialment descartada per la instructora. Es tracta del vicepresident Vicente Martínez Mus; de José Antonio Rovira (titular d'Educació durant la dana i actual conseller d'Economia i Hisenda); Miguel Barrachina (Agricultura), i Marciano Gómez (Sanitat).

Un incòmode escenari que obri la porta que, al retorn de la pausa en la instrucció per les vacances del mes inhàbil d'agost, desfile mig Consell de Pérez Llorca pel Palau de Justícia de Catarroja.

La vicepresidenta Susana Camarero planteó serias reticencias a entregar a la jueza de la dana los mensajes de WhatsApp del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, almacenados en el chat del Gobierno autonómico de Carlos Mazón, un grupo formado por el president, sus consellers y tres altos cargos de Presidencia (que ocultaron ante la magistrada la existencia de la prueba). Así consta en el acta de la declaración de Camarero del pasado 10 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es. “Hay muchos otros consellers involucrados y creo que no soy yo la que lo tiene que aportar”, esgrimió la vicepresidenta cuando el abogado Manolo Mata, que representa a la acusación popular ejercida en la causa por Acció Cultural del País Valencià, expuso la existencia del grupo de WhatsApp interno del Consell.

“Me consta que tiene bastante relevancia”, le espetó el letrado a la testigo, que se quedó muy descolocada ante la jugada de Mata, según confirman varias fuentes presentes en la testifical. “Pero en todo caso también tiene el chat la señora Pradas”, adujo la vicepresidenta en referencia a la principal investigada en la causa, la exconsellera Salomé Pradas.

Manolo Mata, un experimentado penalista que además fue portavoz del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes durante la etapa del Pacte del Botànic y conoce las interioridades del poder autonómico, había lanzado la red a la testigo antes de entrar en materia. Previamente a sacar a la palestra la existencia del chat, preguntó a Camarero si conservaba el mismo teléfono móvil sin desconfigurar. “Sí”, contestó la testigo.

Inmediatamente, el abogado lanzó el dardo: “Es que es la primera miembro del Gobierno valenciano que acude [a declarar]. Hay un whatsapp grupal de todos los consellers y usted conserva [los mensajes] de ese día, ¿lo podría aportar para que veamos qué valoración se hizo sobre la emergencia?”, le preguntó.

Camarero, tras el susto inicial, se opuso a aportar los mensajes. “No tendría ningún problema pero no creo que sea yo quien tenga que aportar un chat donde estamos los miembros del Consell que tenemos secretas nuestras deliberaciones”, manifestó la vicepresidenta tanto del Ejecutivo anterior de Carlos Mazón como del actual de Juan Francisco Pérez Llorca.

El letrado recogió el guante y arguyó que un grupo de WhatsApp no era precisamente un órgano deliberativo del Consell. “Ese whatsapp es determinante”, argumentó Mata.

“Hay mucha gente que ha cambiado el teléfono, han cambiado incluso los consellers. En este caso la señora Camarero es vicepresidenta del Gobierno actualmente, y ni se le ha perdido ni se le ha destruido ni se le ha desconfigurado ni actualizado negativamente el teléfono, con lo cual es probablemente la única oportunidad de que podamos tenerlo”, insistió el abogado.

La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, terció en el interrogatorio para aclarar a la testigo que, en cualquier caso, la aportación de los mensajes de WhatsApp sería “voluntaria”. “Yo se lo puedo pedir, pero luego si no lo quiere aportar, no lo aporta”, dijo la magistrada.

Ante tal dilema, Camarero se plantó en un primer momento:

—Pues si me permite yo lo pensaré, lo consultaré, no solo depende de mí. Lo que tiene que ver conmigo yo lo aporto como testigo.

El interrogatorio siguió por otros derroteros hasta que, un rato después, la jueza anunció una breve pausa. La vicepresidenta aprovechó el receso para consultar fuera de la sala de vistas con el subsecretario Carlos Lirio, que junto a la jefa de prensa acompañaba a la testigo en aquella visita al Palacio de Justicia. Al reanudarse la testifical, Susana Camarero cambió su postura inicial, de la que ya se habían hecho eco los medios de comunicación.

—En este receso (...) he preguntado, porque vengo acompañada por alguien que pertenece a mi equipo, que sabe estas cosas, si entregar el [chat de] WhatsApp que me ha solicitado el señor Mata anteriormente del equipo del Consell, de los consellers, estaba dentro de la legalidad; porque se lo he comentado cuando me lo ha pedido: tengo que hacer la consulta, porque yo no sé si estoy haciendo algo incorrecto o algo que me vaya a generar un problema. Y me han dicho que lo puedo entregar y, por lo tanto, su señoría me indicará el cómo (...).

La vicepresidenta, que (en una polémica decisión revelada por este diario) se ausentó de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la dana para acudir a un acto de entrega de premios de la patronal, defendió ante la jueza la actuación de su departamento, del que dependían las residencias de personas mayores y el servicio de teleasistencia. Sin embargo, Camarero no se esperaba la jugada del abogado de la acusación popular. La testigo reconoció: “Yo sinceramente, para preparar esta comparecencia, no me he ido a ese [chat de] WhatsApp”.

Además, los mensajes de whatsapp con el alto cargo que dejó conectado al Cecopi, incorporados a la causa, confirmaron que la vicepresidenta abandonó la reunión a pesar de temer por la integridad de 80 niños de un centro bajo su protección.

Un comprometedor chat con un Mazón en tono indecoroso

La incorporación al procedimiento del chat del Consell de Carlos Mazón supuso un cierto vuelco para la instrucción de la causa. Además de desvelar el tono indecoroso del entonces president, confirmó que Mazón, tras dar órdenes a diestro y siniestro a primera hora del día de autos, se desconectó totalmente del chat durante el resto de la jornada, en la que participó en una larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro, pese a que sus consellers alertaron casi en directo del empeoramiento de la catástrofe sobre el terreno.

Por su parte, la defensa del exjefe del Consell se resiste, de momento, a entregar el resto de mensajes de WhatsApp de aquella jornada (escudándose en un “elemental criterio de prudencia”).

El chat también ha propiciado que la jueza se plantee citar como testigos a otros consellers, una vía inicialmente descartada por la instructora. Se trata del vicepresidente Vicente Martínez Mus; de José Antonio Rovira (titular de Educación durante la dana y actual conseller de Economía y Hacienda); Miguel Barrachina (Agricultura), y Marciano Gómez (Sanidad).

Un incómodo escenario que abre la puerta a que, al regreso de la pausa en la instrucción por las vacaciones del mes inhábil de agosto, desfile medio Consell de Pérez Llorca por el Palacio de Justicia de Catarroja.  

“Era com si a un extraterrestre l'hagueren posat allí. No sabia com anaven les coses. Calia explicar-li-ho tot de bell nou, anava perdut”. Així va descriure el passat 4 de juny davant la jutgessa de la dana l'aterratge de Carlos Mazón a la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) del 29 d'octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts, el testimoni Ignacio Valero, cap del Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica (SAIH) de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX). Valero, segons l'acta de la seua declaració, a la qual ha tingut accés elDiario.es, va presenciar l'arribada nocturna al Cecopi de Mazón després del seu llarg dinar i sobretaula amb Maribel Vilaplana en un reservat del restaurant El Ventorro i va explicar que, a partir de la seua tardana incorporació, el president “dirigeix” la reunió i la consellera Salomé Pradas, principal investigada en la causa, “comença a no dirigir” i “pràcticament no torna a parlar en dies”. L'excap del Consell, que figura en la causa com una mena de preinvestigat, va donar per acabada aquella reunió cap a la una de la matinada. “Les seues paraules exactes van ser: 'És molt tard ja, estem cansats tots, ens tornarem [a veure] ací a les 6.00'. I ens vam mirar tots i vam dir: 'Bé, nosaltres ens quedem treballant'”.

La declaració del cap del SAIH de la CHX apunta un fet confirmat per altres testimonis de la causa, com el subdirector general d'Emergències, Jorge Suárez, o la cap de gabinet de l'exconsellera investigada: Carlos Mazón va assumir el comandament del Cecopi amb la seua arribada a l'Eliana. “És un poc qui dirigeix i parla”, va assegurar Ignacio Valero. Això sí, en arribar tan tard el cap del Consell, calia “explicar-li-ho tot de bell nou (...). Un munt de coses, era una mica un déjà-vu, es tornava a parlar del que havíem parlat dues hores abans. (...) Aleshores es torna a perdre temps”, va rememorar el testimoni.

Després d'haver actualitzat el president de la Generalitat sobre la situació sobre el terreny, “el senyor Mazón donava i llevava la paraula i, com li dic, ens va manar a la una a casa tots a dormir”, va manifestar Ignacio Valero davant la magistrada instructora, Nuria Ruiz Tobarra.

D'altra banda, el cap del SAIH de la CHX va afirmar que la reunió “ni era tècnica ni era ordenada”.

—A veure, aquesta reunió s'hauria d'haver fet 24 hores abans, o 12 hores abans, perquè és quan es fan les coses. Quan tens la fi del món damunt no pots fer una reunió per preparar-te per a la fi del món, no sé si m'explique. (...) Si amb una alerta roja meteorològica i amb centenars d'avisos no es convoca el Cecopi, doncs bé, ja no sé quan cal convocar-lo.

Les pauses del Cecopi: “Apagaven la càmera i el micro”

El testimoni també va relatar la fase prèvia a l'arribada de Carlos Mazón al Cecopi. Valero recordava que Pradas entrava i eixia “constantment” i que, a més de la consellera, “sobretot parlaven” Jorge Suárez, subdirector general d'Emergències, i José Miguel Basset, inspector cap del Consorci Provincial de Bombers de València. “Eren els qui entre ells parlaven, contrastaven opinions: això sí, això no. I nosaltres de vegades érem observadors i de vegades no, perquè ens apagaven [la connexió telemàtica]”, va indicar Ignacio Valero.

El responsable de la CHX, enginyer d'obres públiques i també de camins, va detallar les pauses en la reunió del Cecopi: “Ens apagaven la càmera i el micròfon”. Els responsables de la reunió deien als participants telemàtics: “Farem un recés”. Amb alguna intervenció de la delegada del Govern, Pilar Bernabé, o d'algun altre participant en línia, “es van molestar i tot”. “És que parlaven ells; realment nosaltres participàvem molt poc. (...) Quan anaven a prendre decisions ens deien que farien un recés i ens apagaven [la connexió]”, va apostil·lar el testimoni.

Valero va explicar davant la jutgessa el desenvolupament de la reunió del Cecopi des del seu inici, poc després de les 17.00, fins que aproximadament mitja hora més tard el president de la CHX, Miguel Polo, va alertar sobre la situació a la presa de Forata. “Em va al·lucinar que no saberen quins municipis hi havia aigües avall”, va dir el cap del SAIH.

El testimoni va confirmar que Miguel Polo va demanar en aquella primera fase de la reunió, en relació amb els municipis situats aigües avall de la presa de Forata, que s'avisara la població i que es recomanara pujar “a zones altes”.

El llarg “debat entre ells” sobre l'Es-Alert

Ignacio Valero també va declarar que, davant la proposta d'avisar la població, es va produir un “debat entre ells” sobre “si cal aïllar la gent” i sobre “la covid” (la consellera temia que l'enviament d'un missatge que demanava evitar els desplaçaments s'interpretara com una suposada restricció susceptible de ser inconstitucional, semblant a les de la pandèmia).

Després del segon recés —“de sis a set, pràcticament d'una hora”—, els responsables de la CHX van tornar a connectar-se i es van quedar “una miqueta sorpresos” que encara no s'haguera enviat el missatge Es-Alert a la població.

Salomé Pradas va llegir “literalment” els textos dels dos missatges previstos: un per a tota la província de València, que demanava evitar els desplaçaments, i un altre destinat a algunes zones específiques per demanar a la població que buscara refugi en zones altes.

La consellera va dir que aquell segon missatge s'anava a remetre a les comarques de la Foia de Bunyol i la Ribera Baixa. I el testimoni —“una mica impulsiu” i excedint les seues competències, segons va reconéixer— va intervenir i va dir: “A més, que s'envie a l'Horta Sud i la Ribera Baixa”.

“Era como si a un extraterrestre lo hubieran puesto ahí. No sabía cómo iban las cosas. Hay que explicarle todo de nuevo, iba perdido”. Así describió el pasado 4 de junio ante la jueza de la dana el aterrizaje de Carlos Mazón en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, el testigo Ignacio Valero, jefe del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Valero, según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es, presenció la llegada nocturna al Cecopi de Mazón tras su larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro y explicó que, a partir de su tardía incorporación, el president “dirige” la reunión y la consellera Salomé Pradas, principal investigada en la causa, “empieza a no dirigir” y “no vuelve a hablar prácticamente en días”. El exjefe del Consell, que figura en la causa como una suerte de preinvestigado, dio por acabada aquella reunión sobre la una de la madrugada. “Sus palabras exactas fueron: 'Es muy tarde ya, estamos cansados todos, nos volveremos [a ver] aquí a las 6.00'. Y nos miramos todos y dijimos, bueno nosotros nos quedamos trabajando”.

La testifical del jefe del SAIH de la CHJ apuntala un hecho confirmado por otros testigos de la causa, como el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, o la jefa de gabinete de la exconsellera investigada: Carlos Mazón asumió el mando del Cecopi con su llegada a l'Eliana. “Es un poco el que dirige y habla”, aseguró Ignacio Valero. Eso sí, al llegar tan tarde el jefe del Consell, hubo que “explicarle todo de nuevo (...). Un montón de cosas, era un poco un déjà vu, se volvía a hablar de lo que habíamos hablado dos horas antes. (...) Entonces, pues se vuelve a perder tiempo”, rememoró el testigo.

Tras haber actualizado al president de la Generalitat sobre la situación sobre el terreno, “el señor Mazón daba y quitaba la palabra, y como le digo, nos mandó a la una a casa todos a dormir”, manifestó Ignacio Valero ante la magistrada instructora, Nuria Ruiz Tobarra.

Por otro lado, el jefe del SAIH de la CHJ dijo que la reunión “ni era técnica ni era ordenada”.

—A ver, esa reunión se tenía que haber tenido 24 horas antes, o 12 horas antes, porque es cuando se hacen las cosas. Cuando tienes el fin del mundo encima no puedes hacer una reunión para prepararte para el fin del mundo, no sé si me explico. (...) Si con una alerta roja meteorológica y con cientos de avisos no se convoca el Cecopi, pues bueno, ya no sé cuándo hay que convocarlo.

Las pausas del Cecopi: “Apagaban la cámara y el micro”

El testigo también relató la fase previa a la llegada de Carlos Mazón al Cecopi. Valero recordaba que Pradas entraba y salía “constantemente” y que, además de la consellera, “sobre todo hablaban” Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, y José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. “Eran los que entre ellos se hablaban, se cruzaban, esto sí, esto no. Y nosotros a veces éramos observadores y a veces no, porque nos apagaban [la conexión telemática]”, indicó Ignacio Valero.

El responsable de la CHJ, ingeniero de obras públicas y también de caminos, detalló las pausas en la reunión del Cecopi: “Nos apagaban la cámara y el micro”. Los responsables de la reunión decían a los participantes telemáticos: “Vamos a hacer un receso”. Con alguna intervención de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o de algún otro participante online, “se molestaron y todo”. “Es que hablaban ellos, realmente nosotros participábamos muy poco. (...) Cuando se iban a tomar decisiones nos decían un receso y nos apagaban [la conexión]”, apostilló el testigo.

Valero contó ante la jueza el desarrollo de la reunión del Cecopi desde su inicio, algo más tarde de las 17.00, hasta que aproximadamente media hora después el presidente de la CHJ, Miguel Polo, alertó sobre la situación en la presa de Forata. “Me alucinó que no supieran los municipios que había aguas abajo”, dijo el jefe del SAIH.

El testigo confirmó que Miguel Polo pidió, en aquella primera fase de la reunión en relación con los municipios situados aguas abajo de la presa de Forata, que se avisara a la población y que se recomendara subir “a zonas altas”.

El largo “debate entre ellos” sobre el Es-Alert

Ignacio Valero también declaró que, ante la propuesta de avisar a la población, se produjo un “debate entre ellos” sobre “si hay que aislar a la gente” y sobre “el Covid” (la consellera temía que el envío de un mensaje que pedía evitar los desplazamientos se interpretara como una supuesta restricción susceptible de ser inconstitucional, parecida a la de la pandemia).

Tras el segundo receso —“de seis a siete, prácticamente una hora”— los responsables de la CHJ volvieron a conectarse y se quedaron “un poco ya sorprendidos” de que aún no se hubiera enviado el mensaje Es-Alert a la población.

Salomé Pradas leyó “literal” los textos de los dos mensajes previstos: uno para toda la provincia de Valencia, que pedía evitar los desplazamientos, y otro a algunas zonas específicas para pedir a la población que buscara refugio en altura.

La consellera dijo que aquel segundo mensaje se iba a remitir a las comarcas de la Hoya de Buñol y la Ribera Baja. Y el testigo —“un poco impulsivo” y excediendo sus competencias, según reconoció— intervino y dijo: “Además, que se mande a l'Horta Sud y la Ribera Baja”.

“S'han produït rescats a la zona de la Ribera Alta, majoritàriament per cotxes encallats o persones que sol·licitaven ajuda per eixir dels seus domicilis. BCV [Bombers del Consorci de València] informa que s'ha mobilitzat l'helicòpter de rescat per assistir un camió a la població d'Alzira. Es produeix un buidatge, per part de BCV, en una residència de Carlet. No hi ha evacuació”.

Aquest és només un dels apartats de l'“Informe núm. 01 Episodi Meteo Dana Comunitat Valenciana” (complet al final de la informació) que l'exconsellera investigada en la causa de la dana, Salomé Pradas, va adjuntar el dia de la riuada a les 10.40 hores al grup de WhatsApp del Consell, en el qual estaven l'expresident Carlos Mazón, els seus alts càrrecs i tots els consellers i conselleres del Govern valencià.

Es tracta del primer d'una sèrie de documents que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana elabora i actualitza periòdicament i que, ja en les primeres hores del 29 d'octubre de 2024, dibuixa una situació extraordinària. Un informe que tots els responsables de la Generalitat tenien al seu abast i al qual, a la vista dels esdeveniments posteriors, no van prestar la deguda atenció.

Pradas va adjuntar l'informe al grup després de les instruccions que Mazón va donar en el xat a primera hora del matí: “Inundar de dades els mitjans hui, val? Dóna sensació d'estar alerta que et cagues”, va dir l'expresident a les 8.17 hores. A les 8.53 hores va fer l'última anotació al grup i ja no hi va tornar a intervenir en tota la jornada.

L'informe compartit per Pradas conté informació fins a les 10.15 hores. Fins a aquell moment, a més dels rescats esmentats, ja reflectia la suspensió de les classes en centres educatius de tres municipis de la província d'Alacant i de 51 de la de València. A més, recollia afectacions per inundacions en trams d'onze carreteres, nou de les quals van haver de ser tallades.

El document reflecteix també que, un dia abans, el 28 d'octubre, “Iberdrola estableix la situació d'alerta segons el seu protocol intern a les províncies de València i Castelló”, mentre el Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) de la Generalitat continuava sense convocar-se.

En el mateix grup de WhatsApp, Pradas va comunicar també a les 13.09 hores les alertes hidrològiques al riu Magre i al barranc del Poio. En concret, va escriure: “⚠️ Acabem de decretar alerta hidrològica en riu Magre i barranc del Poio, en coordinació amb la CHX [Confederació Hidrogràfica del Xúquer]”.

Consellers com José Antonio Rovira, aleshores titular d'Educació, i Vicente Martínez Mus, d'Infraestructures, també van compartir informació sobre la suspensió de les classes en centres educatius i les carreteres tallades, respectivament. No obstant això, el primer se'n va anar al seu domicili d'Alacant al migdia i el segon va assistir a un lliurament de premis de la patronal a les 18.00 hores, quan Metrovalència ja registrava incidències.

A les 18.03 hores va comunicar: “En FGV tenim incidències variades que es van resolent. La més important és el tancament del tram entre Picassent i Castelló per desperfectes greus a la via que impediran circular no sols hui, sinó també durant els pròxims dies. En aquests moments, a més, al baixador de l'Omet (Picassent) ha quedat atrapat un tren amb 10 passatgers. Estan treballant per traure'ls amb la policia local”.

Recentment, la jutgessa de la dana va demanar a la vicepresidenta Susana Camarero els arxius adjunts del grup de WhatsApp dels consellers i de Carlos Mazón que havia aportat al procediment. Així ho va acordar la magistrada instructora en una providència dictada aquest dimarts, amb caràcter previ a la resolució sobre la procedència de la declaració com a testimoni del conseller Vicente Martínez Mus, sol·licitada per l'advocada de l'acusació popular que exerceix en la causa el PSPV-PSOE.

“A l'objecte de resoldre sobre la sol·licitud formulada”, explica la jutgessa Núria Ruiz Tobarra, la providència comunica a Camarero la “possibilitat d'aportació voluntària” dels arxius adjunts del xat denominat Consell PP, en el qual Mazón va donar instruccions als seus consellers a primera hora del matí del 29 d'octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts, per a desaparèixer després completament de la conversa mentre estava en un llarg dinar i una sobretaula amb Maribel Vilaplana en un reservat del restaurant El Ventorro.

“Se han producido rescates en la zona de la Ribera Alta, mayoritariamente por coches varados o personas que solicitaban ayuda para salir de sus domicilios. BCV [Bomberos del Consorcio de Valencia] informa que se ha movilizado el helicóptero de rescate para asistir a un camionero en el municipio de Alzira. Se produce un achique, por parte de BCV en una residencia de Carlet. No hay evacuación”.

Este es solo uno de los apartados del “Informe nº 01 Episodio Meteo dana Comunitat Valenciana” (completo al final de la información) que la exconsellera investigada en la causa de la dana, Salomé Pradas, adjuntó el día de la riada a las 10.40 horas al grupo de Whatsapp del Consell en el que estaban el expresidente, Carlos Mazón, sus altos cargos y todos los consejeros y consejeros del Gobierno valenciano.

Se trata del primero una serie de documentos que va elaborando y actualizando cada cierto tiempo el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana y que ya en esos primeros compases del 29 de octubre de 2024 dibuja una situación extraordinaria, un informe que tuvieron a su alcance todos los responsables de la Generalitat y a la vista de los acontecimientos no prestaron la debida atención.

Pradas adjuntó el informe al grupo tras las instrucciones que dio Mazón en el chat a primera hora de la mañana: “Inundar de datos a los medios hoy, ¿vale? Desprende sensación de estar alerta que te cagas”, dijo el expresidente a las 8.17 horas. A las 8.53 horas hizo el último apunte en el grupo y ya no volvió a intervenir en toda la jornada.

El informe compartido por Pradas contiene información hasta las 10.15 horas. Hasta ese momento, además de los mencionados rescates, ya refleja clases suspendidas en colegios de tres municipios de la provincia de Alicante y de 51 de la de Valencia. Además, recoge también afecciones por inundaciones en tramos de 11 carreteras, nueve de las cuales se tuvieron que cortar.

Además, se refleja el “cierre total del Puerto Valencia y de Sagunto” y en cuanto a afecciones en Metrovalencia se informa del “corte total” del tramo “Alginet- Castelló”, de “vía inundada” en Carlet y de circulación lenta “con algún retraso” en el tramo entre Godella y Rocafort.

El documento refleja que un día antes, el 28 de octubre, “Iberdrola establece la situación de alerta según su protocolo interno en las provincias de Valencia y Castellón”, mientras el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) de la Generalitat seguía sin convocarse.

En el mismo grupo de Whatsapp, Pradas comunicó también a las 13.09 horas las alertas hidrológicas en el Magro y en el Pollo. En concreto escribió: “⚠️ Acabamos de decretar alerta hidrológica en Río Magro y barranco Pollo, en coordinación con la CHJ [Confederación Hidrográfica del Júcar]”.

Consellers como José Antonio Rovira, entonces de Educación, y Vicente Martínez Mus, de Infraestructuras, también compartieron información sobre clases suspendidas en colegios y carreteras cortadas respectivamente. Sin embargo, el primero se fue a su domicilio en Alicante a mediodía y el segundo acudió a una entrega de premios de la patronal a las 18.00 horas, cuando el metro ya registraba incidencias. A las 18.03 comunicó: “En FGV tenemos incidencias variadas que se van solventando. La más importante el cierre del tramo entre Picassent i Castellò por desperfectos graves en la vía que impedirán circular no solo hoy sino en los próximos días. En estos momentos además, en el Apeadero de Omet (Picassent) ha quedado atrapado un tren con 10 pasajeros. Están en la operación de sacarlos con la policía local”.

Recientemente, la jueza de la dana pidió la vicepresidenta Susana Camarero los archivos adjuntos del grupo de WhatsApp de los consellers y de Carlos Mazón que entregó al procedimiento. Así lo acordó la magistrada instructora en una providencia dictada este martes, “con carácter previo” a la resolución sobre la procedencia de la declaración testifical del conseller Vicenet Martínez Mus efectuada por la abogada de la acusación popular que ejerce en la causa el PSPV-PSOE.

“Al objeto de resolver sobre la solicitud formulada”, explica la jueza Nuria Ruiz Tobarra, la providencia comunica a Camarero la “posibilidad de aportación voluntaria” de los archivos adjuntos del chat denominado “Consell PP”, en el que Mazón dio instrucciones a sus consellers a primera hora de la mañana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, para desaparecer después completamente de la conversación mientras permanecía en una larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro.

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales dana del 29 de octubre, Rosa Álvarez, ha considerado “una vergüenza” el cierre de la comisión de investigación de Les Corts sobre la gestión de la dana, y ha criticado que Carlos Mazón siga ocupando un escaño en Les Corts y siga “riéndose de las víctimas”.

Las tres asociaciones mayoritarias de víctimas han sido invitadas por el PSPV y Compromís al pleno de las Corts Valencianes para presenciar la aprobación definitiva del dictamen de conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria de la dana presentado por el PP y por Vox.

“Queremos presenciar la vergüenza de que cierren una comisión de investigación que desde el primer momento dijimos que era una investigación 'fake'” porque no se ha llamado a declarar a las dos personas investigadas en la causa judicial: la exconsellera Salomé Pradas y el secretario autonómico Emilio Argüeso, ha dicho Álvarez en declaraciones a los periodistas.

También ha reprochado que durante la sesión de control al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, celebrada esta mañana, tanto él como su Consell se hayan dedicado a “lanzar la pelota a nivel nacional” hablando de José Luis Rodríguez Zapatero y “de las joyas de la abuela”.

Y ha apuntado que desde la asociación a la que representa lanzan también la pelota a nivel nacional, destacando que el presidente el PP, Alberto Núñez Feijóo, es responsable de que el expresident de la Generalitat Carlos Mazón siga en el escaño y lo haga en las filas del PP.

Álvarez ha denunciado las sonrisas lanzadas por Mazón durante la sesión de control cada vez que los síndics de la oposición hacían referencia a los mensajes que trasladó en el grupo de whastapp del Consell el 29 de octubre de 2024, y que han molestado especialmente al síndic Compromís, Joan Baldoví, quien le ha instado a reírse así ante las víctimas.

“Es lo que está haciendo todos los días, es lo que está haciendo desde el primer día”, ha asegurado Álvarez, quien ha dicho que están “indignadas” y ha instado a Feijóo a que “se deje de las joyas de la abuela y se centre en que aquí hay 230 víctimas que necesitan respuesta” y que Mazón “esté fuera de la política”.

Según Álvarez, Carlos Mazón mantiene “un aforamiento totalmente fraudulento porque no está haciendo nada”, acude a Les Corts a votar y “se ríe de las familias y de los muertos, de sus muertos”.

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales dana del 29 de octubre ha lamentado que se haya permitido a Mazón personarse en la causa judicial de la dana, el “único espacio mínimamente seguro” que, a su juicio, tenían las víctimas, y que ahora quedará dinamitado con la entrada del expresident.

Ha indicado que se le deja personase por garantizar su protección, y se ha preguntado “a las familias, quién las protege” y quien protege su “integridad física y mental”, y ha asegurado que las víctimas sus familiares lo están pasando muy mal y cada día les “flaquean más las fuerzas”.

Álvarez también ha advertido, en tono de “humor”, a Carlos Mazón que tenga cuidado con su cada vez más marcado moreno de piel “porque con la prioridad nacional, igual Vox lo expulsa porque ya se está convirtiendo casi en negro”.

Asimismo, ha instado a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la dana, a que “no se victimice” y “no vaya vestida de negro y de duelo” a una comisión de investigación, pues el duelo es de las víctimas. “Basta ya de victimizarse las personas que no son víctimas”, ha pedido.

“¡Y encima se ríe, encima se ríe! ¿Se reiría delante de las víctimas? ¿No les da vergüenza mantener a una persona así, subirle el sueldo, darle coche oficial, enchufar a todos sus asesores?. Cómplices de Vox, ¿no les da vergüenza mantener a este tipo aquí?”.

El portavoz de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, se ha mostrado así de indignado en la sesión plenaria que se celebra este miércoles tras observar las carcajadas del expresidente, Carlos Mazón, cuando le ha recordado los mensajes que mandó al grupo de Whatsapp del Consell el día de la dana a primera hora (ver vídeo).

“Mire si son peligrosos que a las 8.00 de la mañana del 29 de octubre de 2024 Carlos Mazón dijo vamos a inundar a los medios de datos, desprende sensación de estar alerta que te cagas, después desapareció y se encerró en un reservado mientras morían 230 personas”, ha comentado Baldoví.

Justo en ese momento, las cámaras de las Corts han enfocado a Mazón quien ha soltado una carcajada mientras manipulaba su teléfono móvil.

Rechazas las enmiendas al presupuesto

La situación se ha dado en un momento del debate por el que el PP y Vox han rechazado las enmiendas de totalidad del PSPV-PSOE y de Compromís contra los presupuestos autonómicos, que pedían su devolución al Consell.

El proyecto de ley presupuestario asciende a 33.305 millones de euros, un 3,1 % más que el año anterior, y fue aprobado por el pleno del Consell el pasado 29 de mayo, tras al acuerdo alcanzado entre el PP y Vox para sacar adelante las que serán las terceras cuentas de esta legislatura y las primeras de Juanfran Pérez Llorca como president.

Durante el debate, Compromís y el PSPV han afirmado que los presupuestos son “una farsa”, están hechos “a medida de Vox” y debilitan los servicios públicos, mientras que el PP ha defendido que responden al compromiso del Consell con la ciudadanía y Vox ha acusado a la oposición de querer “generar inestabilidad” con estas enmiendas“.

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha abierto su intervención defendiendo que estos presupuestos son “útiles y justos”, pensados para el bienestar de los ciudadanos y el fortalecimiento de la Comunitat Valenciana, elaborados “en un contexto de deuda y liquidez muy adverso marcado por la injusta infrafinanciación”, y ha agradecido el apoyo de Vox para sacarlos adelante.

La jutgessa de la dana, la magistrada Núria Ruiz Tobarra, estudia obrir un altre focus en la instrucció de la causa que podria suposar la declaració com a testimoni de més consellers de l'Executiu autonòmic de Carlos Mazón, després que la vicepresidenta Susana Camarero lliurara els missatges del 29 d'octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts, compartits al xat de WhatsApp denominat “Consell PP” (reproduït íntegre al final d'aquesta informació). Així es desprèn d'una providència dictada aquest dimarts en la qual s'ofereix a Camarero la possibilitat que aporte voluntàriament els documents en PDF que va compartir el conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, sobre l'estat de les carreteres al llarg del dia dels fets. L'oferiment de la instructora s'emmarca en el pas previ a decidir sobre la citació com a testimoni de Martínez Mus, sol·licitada per l'acusació popular que exerceix en la causa el PSPV-PSOE.

La magistrada s'havia negat prèviament a citar com a testimonis els consellers José Antonio Rovira (titular d'Educació durant l'etapa de Mazón) i Miguel Barrachina (Agricultura), tal com sol·licitava l'acusació popular de Compromís, que va recórrer en apel·lació contra les negatives de la jutgessa a les diligències proposades, de manera que la decisió final haurà de prendre-la la secció segona de l'Audiència Provincial de València.

La instructora es va escudar en el caràcter secret de les deliberacions del Ple del Consell per a rebutjar les declaracions testificals, mentre que el fiscal de la causa va argumentar, per contra, que la resposta a l'emergència no ocupava cap dels punts de la reunió de l'Executiu d'aquella jornada i va concloure que les declaracions de Rovira i Barrachina serien “útils i pertinents”, tal com va informar aquest diari. Per la seua banda, l'aleshores portaveu del Consell, Ruth Merino, està citada a declarar com a testimoni el pròxim 22 de juliol.

Ordres de Mazón als consellers Rovira, Barrachina i Gómez

Tanmateix, el xat “Consell PP” obri un nou escenari. La prova documental incorporada al procediment confirma que Mazón va donar ordres —abans del Ple del Consell d'aquell infaust matí amb alerta roja— a diversos dels seus consellers (entre ells, Rovira i Barrachina, a més del titular de Sanitat, Marciano Gómez) sobre la gestió de l'emergència.

L'aleshores president va aportar la seua visió de la gestió de l'emergència i va demanar als seus consellers “inundar de dades els mitjans”, una tècnica que, segons el seu parer, “desprén sensació d'estar alerta que et cagues”. Malgrat aquestes instruccions, Mazón —que figura personat en la causa com una mena de “preinvestigat”— ja no va intervindre la resta de la jornada, durant la qual va assistir a un llarg dinar i una llarga sobretaula amb Maribel Vilaplana en un reservat del restaurant El Ventorro.

Mentre el recurs de Compromís sobre les declaracions com a testimonis de Rovira i Barrachina continua pendent de resolució per part de l'Audiència de València, l'acusació del PSPV-PSOE va aprofitar la conjuntura propiciada pel xat aportat per Susana Camarero per a sol·licitar la declaració com a testimoni de Martínez Mus, qui va alertar al grup de WhatsApp sobre “situacions crítiques” en infraestructures autonòmiques pròximes al barranc del Poio, com ara el Lloc de Comandament de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), tal com afirma l'escrit del passat 12 de juny de l'advocada Nuria de Antonio.

El “col·lapse progressiu” de la xarxa de Metrovalència

L'acusació popular pretén que Martínez Mus, actualment vicepresident tercer del Govern de Juan Francisco Pérez Llorca, aclarisca el “coneixement precís” de què disposava sobre el “col·lapse progressiu” de la xarxa de Metrovalència al seu pas per les zones afectades per la dana i quan es va comunicar a Emergències.

Abans de decidir sobre la petició, la jutgessa ha oferit a Camarero la possibilitat que aporte voluntàriament els arxius adjunts intercanviats al grup de WhatsApp: els PDF amb els informes sobre carreteres aportats per Martínez Mus i les actualitzacions sobre l'emergència de Salomé Pradas, a més d'un vídeo de les inundacions compartit per l'aleshores portaveu del Consell, Ruth Merino. Tant els informes sobre carreteres com els informes d'Emergències ja consten en el sumari.

La jutgessa pretén així comptar amb tots els elements previs per a decidir sobre l'eventual citació de Martínez Mus, una decisió que podria obrir la porta fins i tot a la compareixença d'altres consellers davant del Palau de Justícia de Catarroja. Un escenari potencialment inquietant per a l'actual Govern de Pérez Llorca, atesa la possibilitat que cada testimoni aporte —sempre voluntàriament— els seus propis missatges de WhatsApp del dia de la catàstrofe.

El llenguatge indecorós de Carlos Mazón

El xat del “Consell PP” ja retratava el llenguatge indecorós de Mazón, a més de la seua completa desaparició durant pràcticament tota la jornada, i les prioritats expressades pel conseller José Antonio Rovira, qui en plena tragèdia al·ludia al fet que “l'esquerra ha començat la seua campanyeta”, en relació amb una publicació a X d'un compte paròdic.

Unes eventuals declaracions com a testimonis de consellers com José Antonio Rovira, Miguel Barrachina, Marciano Gómez o Vicente Martínez Mus podrien suposar la incorporació a la causa de nous missatges de WhatsApp relatius a la gestió de l'emergència, sempre que els testimonis els aportaren voluntàriament —eixa ha sigut la tònica, fins i tot en el cas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo— i que no hagen sigut esborrats dels seus respectius terminals telefònics.

La jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, estudia abrir otro foco en la instrucción de la causa que podría suponer la declaración testifical de más consellers del Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón, después de que la vicepresidenta Susana Camarero entregara los mensajes del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, compartidos en el chat de WhatsApp denominado “Consell PP” (reproducido íntegro al final de esta información). Así se desprende de una providencia dictada este martes en la que se ofrece a Camarero la posibilidad de que aporte voluntariamente los documentos en pdf que compartió el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, sobre el estado de las carreteras a lo largo del día de autos. El ofrecimiento de la instructora se enmarca en el paso previo para decidir sobre la citación como testigo de Martínez Mus, solicitada por la acusación popular que ejerce en la causa el PSPV-PSOE.

La magistrada se había negado previamente a citar como testigos a los consellers José Antonio Rovira (titular de Educación durante la etapa de Mazón) y Miguel Barrachina (Agricultura), tal como solicitaba la acusación popular de Compromís, que recurrió en apelación las negativas de la jueza a sus diligencias propuestas, abocando así a que la decisión final la tomara la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

La instructora se escudó en el carácter secreto de las deliberaciones del Pleno del Consell para rechazar las testificales mientras que el fiscal de la causa arguyó, por el contrario, que la respuesta a la emergencia no ocupaba ninguno de los puntos de la reunión del Ejecutivo de aquella jornada y concluyó que las testificales de Rovira y Barrachina serían “útiles y pertinentes”, tal como informó este diario. Por su parte, la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino, está citada a declarar como testigo el próximo 22 de julio.

Órdenes de Mazón a los consellers Rovira, Barachina y Gómez

Sin embargo, el chat “Consell PP” abre un nuevo escenario. La prueba documental incorporada al procedimiento confirma que Mazón dio órdenes —antes del Pleno del Consell de aquella aciaga mañana con alerta roja— a varios de sus consellers (entre ellos, Rovira y Barachina, además del titular de Sanidad, Marciano Gómez) sobre la gestión de la emergencia.

El entonces president aportó su visión de la gestión de la emergencia y pidió a sus consellers “inundar de datos a los medios”, una técnica que, a su juicio, “desprende sensación de estar alerta que te cagas”. A pesar de las instrucciones, Mazón (que figura personado en la causa como una suerte de 'preinvestigado') ya no intervino el resto de la jornada, en la que se fue a una larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro.

Estando el recurso de Compromís sobre las testificales de Rovira y Barrachina pendiente de resolución por parte de la Audiencia de Valencia, la acusación del PSPV-PSOE aprovechó la coyuntura propiciada por el chat aportado por Susana Camarero para pedir la declaración como testigo de Martínez Mus, quien alertó en el grupo de WhatsApp sobre “situaciones críticas” en infraestructuras autonómicas cercanas al barranco del Poyo como el Puesto de Mando de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), tal como afirma el escrito del pasado 12 de junio de la abogada Nuria de Antonio.

El “colapso progresivo” de la red de Metrovalencia

La acusación popular pretende que Martínez Mus, actualmente vicepresidente tercero del Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca, aclare el “conocimiento preciso” de que disponía sobre el “colapso progresivo” de la red de Metrovalencia a su paso por las zonas afectadas por la dana y cuando se comunicó a Emergencias.

Antes de decidir sobre la petición, la jueza ha ofrecido a Camarero la posibilidad de que aporte voluntariamente los archivos adjuntos intercambiados en el grupo de WhatsApp: los pdf con los informes sobre carreteras aportados por Martínez Mus y las actualizaciones sobre la emergencia de Salomé Pradas, además de un vídeo de las inundaciones compartido por la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino. Tanto los informes de carreteras como los informes de Emergencias ya constan en el sumario.

La jueza pretende así contar con todos los elementos previos para decidir sobre la hipotética citación a Martínez Mus, una decisión que podría abrir la puerta incluso al desfile de otros consellers ante el Palacio de Justicia de Catarroja. Un escenario potencialmente inquietante para el actual Gobierno de Pérez Llorca, al caber la posibilidad de que cada testigo aporte —siempre voluntariamente— sus propios mensajes de WhatsApps del día de la catástrofe.

El lenguaje indecoroso de Carlos Mazón

El chat del “Consell PP” ya retrataban el lenguaje indecoroso de Mazón, además de su completa desaparición durante prácticamente toda la jornada, y las prioridades expresadas por el conseller José Antonio Rovira, quien en plena tragedia aludía a que “la izquierda ha empezado su campañita”, en relación con un post de X de una cuenta paródica.

Unas eventuales testificales de consellers como José Antonio Rovira, Miguel Barrachina, Marciano Gómez o Vicente Martínez Mus podrían suponer la incorporación a la causa de nuevos mensajes de WhatsApp, relativos a la gestión de la emergencia, siempre que los testigos los aportaran voluntariamente —esa ha sido la tónica, incluso en el caso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo— y que no hayan sido borrados de sus respectivos terminales telefónicos.

Cap dels tres alts càrrecs que formaven part del xat de WhatsApp del Consell de Carlos Mazón va dir res sobre la seua existència en les seues respectives declaracions testificals davant la jutgessa de Catarroja que instrueix la causa de la dana. El 'politburó' de Mazón (dos dels quals continuen en actiu a l'Executiu de Juan Francisco Pérez Llorca) va guardar silenci sobre el grup de WhatsApp

El xat va eixir a la palestra quasi per casualitat, quan el passat 10 de juny, l'advocat Manolo Mata, que representa l'acusació popular que exerceix Acció Cultural del País Valencià i que va ser portaveu socialista a les Corts durant l'etapa del Pacte del Botànic i coneixia al detall les interioritats del poder autonòmic, va interrogar la vicepresidenta Susana Camarero sobre si els consellers de Mazón formaven part d'algun tipus de grup de WhatsApp de l'Executiu (fins i tot la premsa conservadora reconeix que el lletrat —“gos vell”— va estar “hàbil” en la declaració testifical). La maniobra de Mata (o, segons apunten diverses fonts, la informació precisa que manejava prèviament) va encertar de ple i va fer aflorar que l'aforat Mazón, que figura personat en la causa com una mena de “preinvestigat” o potencial imputat, va transmetre nombroses ordres als seus consellers a primera hora del matí del 29 d'octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts, per a desconnectar-se del xat durant la resta de la jornada, mentre romania en el llarg dinar i la posterior sobretaula amb Maribel Vilaplana en un reservat del restaurant El Ventorro i diversos membres del Consell alertaven pràcticament en directe de l'empitjorament de la catàstrofe.

Després de mostrar-se inicialment reticent davant la proposta de la seua aportació voluntària, Susana Camarero va accedir finalmenta la confrontació els missatges (no debades, fins i tot el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va accedir que un notari plasmara els seus missatges amb Mazón del 29 d'octubre de 2024, que desmentien la versió inicial que havia donat).

Malgrat que es tractava d'un grup de WhatsApp del president i dels seus consellers, també formaven part del xat tres alts càrrecs del nucli dur de Mazón al Palau de la Generalitat, de menor rang orgànic, però amb galons com a guàrdia pretoriana de Presidència: el cap de gabinet, José Manuel Cuenca; el secretari autonòmic Cayetano García Ramírez, i el director general de Comunicació, Francisco González.

L'acta notarial de Cayetano García Ramírez

García Ramírez va aportar a la jutgessa una acta notarial amb els seus missatges de WhatsApp del dia dels fets. El notari va donar fe que l'alt càrrec (actualment secretari autonòmic en la Conselleria d'Economia i Hisenda) incloïa l'intercanvi de missatges específicament relatius a “converses individuals amb diverses persones”, entre elles Carlos Mazón, José Manuel Cuenca i Emilio Argüeso, secretari autonòmic d'Emergències investigat en la causa juntament amb l'exconsellera Salomé Pradas.

En la declaració testifical del passat 22 de gener,, segons consta en l'acta de la seua declaració, la lletrada Carmen Peris va preguntar a García Ramírez si havia “triat” i portat al notari unes “captures de pantalla concretes” dels seus missatges de WhatsApp. El testimoni va contestar: “A mi se'm va fer un requeriment judicial on se'm demanaven tots els WhatsApps vinculats amb el dia 29, vaig anar amb el meu terminal, vaig anar traient les captures de pantalla i les va confrontar [la lletrada de l'Administració de Justícia, LAJ]”. També va confirmar que no havia esborrat cap dels missatges.

L'aportació de qualsevol tipus de comunicació del dia de la dana, en relació amb la gestió de l'emergència, és de caràcter voluntari (atés que no és dolós el presumpte delicte d'homicidi imprudent que investiga la jutgessa Nuria Ruiz Tobarra). D'aquesta voluntarietat també gaudeix la defensa de la investigada Salomé Pradas, que formava part del xat del Consell i que sí que va aportar, en una primera fase, acta notarial amb totes les seues telefonades del dia de la dana i, quasi huit mesos després, missatges de WhatsApp que va intercanviar amb Mazón i amb el cap de gabinet, José Manuel Cuenca.

Els “cents i centenars” de whatsapps de Francisco González

L'acta de confrontació de la LAJ sobre els missatges de WhatsApp de Cuenca certifica que només conservava uns pocs missatges amb Mazón molt posteriors a la catàstrofe, després d'haver esborrat els anteriors una vegada va retornar a la Generalitat el seu terminal telefònic formatejat. La jutgessa, de fet, està pendent de la resposta a la comissió rogatòria a l'empresa WhatsApp als Estats Units per a intentar recuperar els missatges. La defensa de Mazón, per la seua banda, rebutja de moment l'entrega voluntària dels seus missatges de WhatsApp.

José Manuel Cuenca va declarar com a testimoni dues vegades en el marc de la causa, en interrogatoris molt centrats en les ordres a Pradas la vesprada de la dana. En l'acarament amb l'exconsellera investigada tampoc es va fer al·lusió a l'existència d'un grup de WhatsApp del Consell amb informació rellevant per a la instrucció del procediment.

Per la seua banda, del mòbil de Francisco González, director general en Presidència tant amb Mazón com amb Pérez Llorca, a penes es van confrontar dues telefonades sobre la gestió de l'emergència. En la seua declaració testifical del passat 25 de febrer, segons indica l'acta de la seua declaració, el testimoni va explicar genèricament que rebia “centenars i centenars de missatges de WhatsApp cada dia” com a director general de Comunicació.

Ninguno de los tres altos cargos que formaban parte del chat de WhatsApp del Consell de Carlos Mazón dijeron nada sobre su existencia en sus respectivas declaraciones testificales ante la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana. El 'politburó' de Mazón (dos de cuyos miembros siguen en activo en el Ejecutivo de Juan Francisco Pérez Llorca) guardó silencio sobre el grupo de WhatsApp

El chat salió a la palestra casi por casualidad, cuando el pasado 10 de junio, el abogado Manolo Mata, quien representa a la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià y que fue portavoz socialista en las Corts durante la etapa del Pacte del Botànic y conoce al dedillo las interioridades del poder autonómico, interrogó a la vicepresidenta Susana Camarero sobre si los consellers de Mazón formaban parte de algún tipo de grupo de WhatsApp del Ejecutivo (incluso la prensa conservadora reconoce que el letrado —“perro viejo”— estuvo “hábil” en la testifical). El disparo al aire de Mata (o, según apuntan varias fuentes, la certera información que manejaba de antemano) dio en la diana y afloró que el aforado Mazón, que figura personado en la causa como una suerte de 'preinvestigado' o potencial imputado, transmitió numerosas órdenes a sus consellers a primera hora de la mañana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, para desconectarse del chat el resto de la jornada, mientras permanecía en la larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro y varios miembros del Consell alertaban prácticamente en directo del empeoramiento de la catástrofe.

Tras remolonear inicialmente ante la propuesta de su aportación voluntaria, Susana Camarero accedió finalmente a que se cotejaran los mensajes (no en vano, incluso el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, accedió a que un notario plasmara sus mensajes con Mazón del 29 de octubre de 2024, que desmentían la versión inicial que había dado).

A pesar de que se trataba de un grupo de WhatsApp del president y de sus consellers, también formaban parte del chat tres altos cargos del núcleo duro de Mazón en el Palau de la Generalitat, de menor rango orgánico, pero con galones como guardia pretoriana de Presidencia: el jefe de gabinete, José Manuel Cuenca; el secretario autonómico Cayetano García Ramírez, y el director general de Comunicación, Francisco González.

El acta notarial de Cayetano García Ramírez

García Ramírez aportó a la jueza un acta notarial con sus mensajes de WhatsApp del día de autos. El notario dio fe de que el alto cargo (actualmente secretario autonómico en la Conselleria de Economía y Hacienda) incluía el intercambio de mensajes específicamente relativos a “conversaciones individuales con diversas personas”, entre ellas Carlos Mazón, José Manuel Cuenca y Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias investigado en la causa junto con la exconsellera Salomé Pradas.

En la testifical del pasado 22 de enero, según consta en el acta de su declaración, la letrada Carmen Peris preguntó a García Ramírez sobre si “eligió” y llevó al notario unos “pantallazos concretos” de sus mensajes de WhatsApp. El testigo contestó: “A mí se me hizo un requerimiento judicial donde se me ponía todos los whatsapps vinculados con el día 29, fui con mi terminal, fui sacando los pantallazos y los cotejó [la Letrada de la Administración de Justicia, LAJ]”. También confirmó que no había borrado ninguno de los mensajes.

La aportación de cualquier tipo de comunicación del día de la dana, en relación con la gestión de la emergencia, es de carácter voluntario (al no ser doloso el presunto delito de homicidio imprudente que investiga la jueza Nuria Ruiz Tobarra). Una voluntariedad de la que también goza la defensa de la investigada Salomé Pradas, que formaba parte del chat del Consell y que sí que aportó, en una primera fase, un acta notarial con todas sus llamadas del día de la dana y, casi ocho meses después, los mensajes de WhatsApp que intercambió con Mazón y con el jefe de gabinete, José Manuel Cuenca.

Los “cientos y cientos” de whatsapps de Francisco González

El acta de cotejo de la LAJ sobre los whatsapps de Cuenca certifica que solo conservaba unos pocos mensajes con Mazón muy posteriores a la catástrofe, al haber borrado los anteriores una vez devolvió a la Generalitat formateado su terminal telefónico. La jueza, de hecho, está pendiente de la respuesta a la comisión rogatoria a la empresa WhatsApp en Estados Unidos para tratar de recuperar los mensajes. La defensa de Mazón, por su parte, declina por el momento la entrega voluntaria de sus whatsapps.

José Manuel Cuenca declaró como testigo dos veces en el marco de la causa, en interrogatorios muy centrados en sus órdenes a Pradas de la tarde de la dana. En el careo con la exconsellera investigada tampoco se hizo alusión a la existencia de un grupo de WhatsApp del Consell con información relevante para la instrucción del procedimiento.

Por su parte, del móvil de Francisco González, director general en Presidencia tanto con Mazón como con Pérez Llorca, apenas se cotejaron dos llamadas telefónicas sobre la gestión de la emergencia. En su testifical del pasado 25 de febrero, según indica el acta de su declaración, el testigo explicó genéricamente que recibía “cientos y cientos de whatsapps cada día” como director general de Comunicación.

La Associació Víctimes de la dana 29 octubre 2024, que ejerce una de las acusaciones particulares en la causa que instruye la magistrada de Catarroja, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) el aforamiento del expresident Carlos Mazón.

Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en la dana, ha criticado este viernes ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) el aforamiento de Mazón, así como el hecho de que continúe como diputado autonómico del PP. “Es inaguantable ya no solo él, sino todo el Consell”, ha afirmado.

“No solo hace mal su faena, sino que encima se le premia con una subida de sueldo”, ha dicho Toñi García en referencia a la comisión parlamentaria sin prácticamente actividad en la que el PP colocó a Carlos Mazón. “Todos sabemos que está más tiempo en la playa que ocupando su escaño”, ha apostillado.

Por su parte, Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes de la dana 29 octubre 2024, ha tildado de “ofensivos” los mensajes del grupo de WhatsApp del Consell durante la catástrofe entregados por la vicepresidenta primera, Susana Camarero: “Nos están gobernando unos incompetentes”.

“Vamos a llegar donde haga falta para obtener verdad, justicia y reparación”, ha advertido Gradolí sobre el recurso ante el TC.

La abogada Míriam Salmerón, que ejerce la representación jurídica de la asociación, ha explicado que Mazón conserva su acta de diputado en las Corts “de manera espuria”, algo que, a su juicio, está teniendo “consecuencias muy negativas para la causa judicial” que se instruye en Catarroja, y ha advertido de que la personación del expresident es “una situación rocambolesca, alegal y que no está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

El “absentismo sistemático” de Mazón en las Corts

El recurso de amparo de la asociación considera que Mazón mantiene “de forma puramente artificial” el acta de diputado autonómico del PP valenciano de Juan Francisco Pérez Llorca, tras su dimisión como president el pasado 3 de noviembre.

El escrito recuerda el “absentismo sistemático” por parte de Mazón en la cámara autonómica, su “renuncia material al derecho al voto” y la “inactividad absoluta” de la Comisión de Reglamento, de la que el expresident forma parte. También alude a sus “estancias en la playa en horas y días laborables”, tal como desveló este diario.

La misma acusación ya solicitó ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) la “inaplicación” del aforamiento por la “absoluta falta de vínculo funcional con el delito y el uso abusivo del acta parlamentaria”. Tras la decisión del alto tribunal autonómico de descartar la imputación de Mazón, la acusación planteó un recurso de súplica, iniciando así la vía del amparo constitucional.

El recurso recuerda, de entrada, que el aforamiento, lejos de erigirse en un “privilegio de carácter personal” o en un “derecho subjetivo de los ciudadanos que ejercen la política”, supone una “prerrogativa excepcional de carácter estatutario orientada de forma exclusiva a salvaguardar la independencia e inmunidad de las cámaras legislativas”.

Aplicación “formalista y ciega” del aforamiento

Así, la “aplicación automática, formalista y ciega” del aforamiento por parte del TSJ-CV “pulveriza” la “interpretación restrictiva” de esa figura en la jurisprudencia del TC y del Tribunal de Estrasburgo.

Los hechos del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos “fueron ejecutados en el exclusivo ejercicio de las funciones” como jefe del Consell, afirma el recurso de la asociación.

El escrito recuerda que Mazón, tras su dimisión como jefe del Consell a consecuencia de la “negligente” gestión de la emergencia “retuvo de forma nominal e ininterrumpida su escaño y acta de diputado autonómico por la circunscripción de Alicante”.

“Extender el fuero derivado de su escaño legislativo actual por la circunscripción de Alicante para archivar delitos ejecutivos pretéritos supone una analogía extensiva expresamente prohibida por la ley”, apostilla el escrito.

El antecedente de Miguel Ángel Gallardo

El recurso considera que “permitir” que el estatuto de diputado autonómico “opere como una inmunidad absoluta para delitos cometidos en el ámbito estrictamente ejecutivo y ajeno a la Cámara” vulnera la Constitución Española.

El escrito pide al TC que avale la no aplicación del aforamiento de Carlos Mazón al igual que se acordó por parte del TSJ de Extremadura con el líder socialista y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

“No existe una justificación objetiva ni razonable para que las víctimas de la dana vean restringido su acceso a una instrucción penal ordinaria frente a un gestor público que ya no ostenta responsabilidades de gobierno”, concluye.