La jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos ha citado como testigos a los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que identificaron a los periodistas de El País mientras elaboraban una información relacionada con Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Con posterioridad, Rodríguez difundió los datos de los periodistas en un chat de WhatsApp, donde vertió falsedades sobre los profesionales. Los dos policías tendrán que comparecer el próximo 19 de mayo ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, según la providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. 

La magistrada Raquel Robles rechazó en un primer momento la querella presentada por el PSOE, a la que luego siguió otra querella presentada por El País. La Fiscalía había apoyado la apertura de una investigación, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 25 descartó la existencia de delito de revelación de secretos porque, según concluyó, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso solo había difundido la identidad y las fotos de los dos periodistas de El País.

El recurso de los querellantes contra la decisión de la jueza fue admitido por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial. Los magistrados de la instancia superior corrigieron a la magistrada y le ordenaron practicar diligencias. Consideraron “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos trabajadores. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado buscando piso para comprar en Chamberí, el mismo barrio en el que reside en un dúplex de 1,8 millones que adquirieron entre su pareja, Alberto González Amador (compró el último piso), y una empresa (el ático), que luego le revendió a Amador. Para las gestiones de búsqueda de esta nueva adquisición inmobiliaria ha estado utilizando a un cargo público de la Presidencia de la Comunidad de Madrid que le ha hecho los contactos y concertado la agenda de visitas, además de participar en la negociación del precio para la compra, según ha podido constatar elDiario.es.

La persona que ha llevado a cabo esta labor es el jefe de despacho de la Secretaría de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Álvaro Sanz. Diplomado en Informática de Gestión, cobra 93.317,08 euros anuales, según el Portal de Transparencia madrileño, y antes fue secretario del Partido Popular en Madrid. Sus funciones actuales son el “control y coordinación de la agenda de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Coordinación y organización de viajes. Recepción de visitas y atención al público, tanto telefónica como presencial. Despacho y gestión de correspondencia y correos electrónicos. Y en general, labores propias de jefatura de secretaría de presidencia”, dice la descripción de su puesto laboral, que no incluye obviamente gestiones personales.

Álvaro Sanz fue quien contactó con la propiedad de un piso de unos 100 metros cuadrados –cuatro habitaciones, patio, garaje y un balcón con vistas a un jardín que se anunciaba hasta hace poco en Idealista–. También concertó dos citas para visitarlo. La persona que lo enseñó ha corroborado a elDiario.es esta información y, aunque confirma que la presidenta finalmente no lo compró, no ha dado detalle de quién se quedó finalmente la vivienda.

Según ha podido saber elDiario.es, el 1 de diciembre de 2025 acudió a ver el piso Isabel Díaz Ayuso en persona, con su equipo de escoltas. Hubo una segunda visita, también concertada y gestionada por este mismo secretario de Presidencia, a la que Ayuso acudió con su pareja, Alberto González Amador. El piso, para reformar y que tenía un precio de salida de 850.000 euros en la plataforma, tenía otros compradores interesados. Preguntado el intermediario de la venta, confirma a elDiario.es que en esas gestiones su interlocutor fue también Álvaro Sanz y que siempre fue la persona con la que trató e intercambió numerosas llamadas y mensajes. Preguntado por estas gestiones, Álvaro Sanz ha remitido a elDiario.es al gabinete de prensa de la presidenta, que no ha negado los hechos.

Sanz es secretario de Ayuso desde 2019, cuando esta ganó sus primeras elecciones. Está contratado en la administración pública como personal eventual, es decir, un cargo de confianza, de nombramiento discrecional, que no es funcionario, pero tiene el estatus de empleado público mientras desempeña su función. Es la misma modalidad de empleo público que tiene Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa e imputada por el juez Peinado por hacer gestiones profesionales a la mujer del presidente del Gobierno conducentes a gestionar su cátedra en la Complutense de Madrid o canalizar patrocinios para este proyecto universitario.

El juez Peinado propone procesar a la asistente y a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, dado que entiende que ayudó con sus gestiones a cometer los presuntos delitos.

La labor del jefe de despacho “puede incluir gestiones particulares sin hacer negocios, de lo que se acusa a la colaboradora de Begoña Gómez”, puntualizan fuentes oficiales de la Puerta del Sol preguntadas por la confusión entre el perfil institucional y personal en las labores de este puesto.

El nombre de Álvaro Sanz ya saltó a los medios en la pandemia, cuando se hospedó en el Slow Suites de Chueca, uno de los 22 hoteles privados cedidos a la Consejería de Sanidad para albergar exclusivamente a personal sanitario, como publicó Infolibre. En aquel momento, desde Presidencia se explicó que Miguel Ángel Rodríguez había ordenado que se alojara en este hotel porque “era obligatoria su presencia” en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, y porque Sanz vivía con sus padres y era una forma de protegerlos. En esos mismos días, en lo peor de la Covid, la presidenta de la Comunidad de Madrid se alojaba en dos apartamentos por 80 euros la noche de la cadena hotelera, Room Mate, propiedad del empresario Kike Sarasola.

El patrimonio y actividad inmobiliaria de Díaz Ayuso ha estado bajo el foco desde el inicio de su mandato. La ruina de la empresa de su padre, que dejó sin devolver un préstamo público de 400.000 euros de Avalmadrid en 2011, operación en la que ella intercedió, llevó a este a donar sus bienes a sus hijos.

La propia Ayuso admitió haber recibido un piso que podía ser embargado en una entrevista en Telecinco en 2019: “Mi padre ya estaba de baja médica, sabía que estaba enfermo, que no iba a durar mucho, y le preocupaba que el poco patrimonio que tenía, lo heredáramos. ”Es la casa en la que se crio mi madre, mi hermano y yo... No sé qué pretenden que hagamos mi madre y yo, no nos podemos ir debajo de un puente...“. El salario anual bruto de la presidenta de la Comunidad de Madrid es actualmente 103.090 euros (8.590 euros mensuales).

“Estoy harta de pagar alquiler y tengo ilusión por comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda”, dijo en 2022 en una entrevista con El Mundo. Un mes después, su pareja, Alberto González Amador, compraba un piso en Chamberí por 850.000 euros, para el que entregó 350.000 euros de entrada, una cantidad casi idéntica a la que habría defraudado a Hacienda y por lo que está procesado. Un año después, una sociedad llamada Babia Capital SL compró el ático que está en la planta superior donde vive la pareja. Babia Capital pagó por el piso 950.000 euros y, según declaró González Amador a la jueza, él se lo alquilaba por 5.000 euros al mes con derecho a compra. El año pasado, González Amador formalizó la compra también de este piso.

En julio de 2025, El País reveló que Ayuso había utilizado un chalé de patrimonio público en Rascafría para pasar un fin de semana con su familia, sin que constara este edificio como residencia ni se hubiera informado sobre su uso particular a la opinión pública. El complejo había sido comprado por el Gobierno de Ayuso en 2023 por 4,3 millones de euros. Cuando salieron a la luz estas vacaciones privadas en una casa de lujo pública, la presidenta justificó que su fin de semana de ocio no había costado ni un euro a los madrileños, puesto que habían llevado el “tupper de casa” y habían comprado en Covirán.

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso presentado por la defensa de Alberto González Amador y sus empresas contra el auto de junio de 2025 en el que la anterior jueza del caso ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar la pieza separada dedicada al presunto soborno de un directivo de Quirón por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial advierten que, pese a recurrir el auto en el que la jueza Inmaculada Iglesias se ceñía a exponer los motivos que hacían necesaria la implicación de la unidad especializada de la Guardia Civil, la defensa de González Amador, dirigida por el letrado Gabriel Rodríguez-Ramos solicitaba el archivo de las actuaciones. Los tres magistrados se pronuncian en contra de tales pretensiones.

En la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Le explican que la decisión del juzgado de solicitar auxilio de la UCO para la investigación de los hechos es una diligencia de investigación que, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) no es recurrible.

Por otro lado, los magistrados recuerdan al letrado que, dado que la finalidad de su recurso es que se acuerde el sobreseimiento de las actuaciones, este paso se ha de efectuar antes ante el juzgado de instrucción. Esto es así porque la Audiencia Provincial tiene “funciones revisorias” y por tanto “no puede pronunciarse al no existir resolución previa dictada por el instructor”.

Cabe recordar que la UCO solicitó el pasado 19 de diciembre al juez Antonio Viejo autorización para acceder a la información de las empresas y las cuentas bancarias de Alberto González Amador, sin que los agentes hubieran recibido respuesta, al menos hasta el mes pasado. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid alegan la enorme carga de trabajo para el magistrado, una vez se hizo cargo del juzgado en octubre por jubilación de su antecesora.

En esta causa se investiga a González Amador por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal en relación a un supuesto soborno que habría abonado a un directivo de Quirón. En una resolución de junio de 2025 se detallaba que la pareja de Ayuso adquirió la sociedad Círculo de Belleza SL en diciembre de 2020 por medio millón de euros, y añadía que esa mercantil pudo ser el vehículo para el pago de una comisión encubierta dado que «según los informes de la Agencia Tributaria carecía de actividad y patrimonio».

La Fiscalía indicó por su parte en un informe que esa operación parecía más bien “un soborno”, algo que negó en abril de 2025 González Amador cuando en sede judicial defendió la legalidad de sus negocios con Quirón Prevención y negó haber pagado esa supuesta comisión encubierta de 499.836 euros.

En fecha por concretar, probablemente en 2027, el empresario y comisionista Alberto González Amador se sentará en el banquillo por otra investigación, ya concluida. La Fiscalía le pide 3 años y 9 meses de cárcel dos delitos de fraude fiscal, equivalentes a 350.951 euros, y otro de falsificación de documentos. 

En la España de hoy, es un escándalo mayúsculo que el hermano del presidente del Gobierno viviera unas semanas en la residencia habitual de Pedro Sánchez, pero no lo es que, con cargo al erario público, Mariano Rajoy contratase a dos personas durante cuatro años para atender a su padre enfermo en La Moncloa. 

En la España de hoy, se puede investigar judicialmente a Begoña Gómez porque su asistente personal -cargo al que tienen derecho todas las esposas de los presidentes del Gobierno- escribiera varios correos electrónicos en nombre de la esposa del presidente y, sin embargo, nada hay que decir sobre los 60.000 euros anuales que cobró durante dos años y medio un tal Jaime de los Santos por acompañar a Elvira Rodríguez en sus compras habituales y sujetarle el bolso a la mujer de Rajoy.

En la España de hoy, que Begoña Gómez dirigiera una cátedra extraordinaria de la Complutense -que es una colaboración entre la universidad y entidades externas- es una impudicia, pero que Ana Botella dispusiera de una planta entera de la residencia presidencial para diseñar con un nutrido grupo de colaboradores su campaña electoral al Ayuntamiento de Madrid es un servicio a la democracia.

En la España de hoy, podemos saber todos los viajes privados en vuelos regulares que ha hecho Begoña Gómez desde que Sánchez es presidente del Gobierno, pero nada sabemos de los traslados de otras esposas y los hijos de distintos jefes de Gobierno en los Falcon de los que dispone el Estado.

En la España de hoy, una fotografía del presidente del Gobierno tomada a la salida de un mitin junto al empresario Víctor de Aldama -hoy investigado por los tribunales- es una prueba inequívoca de la corrupción que rodea a Pedro Sánchez, pero una imagen del líder de la oposición navegando con un narcotraficante forma parte de un pasado que no tiene la menor importancia.

En la España de hoy, que Sánchez tuviera un asesor que presuntamente acosaba sexualmente a sus colaboradoras, le convierte inmediatamente en cómplice, pero que Ayuso silenciara la denuncia de una concejal de Móstoles por el mismo delito contra el alcalde del municipio, hoy en los tribunales, es un ejercicio de responsabilidad frente a las cuitas internas de los partidos.

En la España de hoy, una fotografía improvisada del presidente del Gobierno con el multi imputado Aldama es la demostración empírica de que Sánchez era uno más de la trama Koldo, pero una imagen de Isabel Díaz Ayuso junto a Fernando Camino, alto cargo del grupo Quirón -gracias a quien su pareja, Alberto González Amador, se embolsó una comisión de casi dos millones de euros por la venta de mascarillas- no merece ni unas colas de telediario. Y eso que la Fiscalía entiende que, para devolver el favor a Camino por sus suculentos ingresos, Amador le pagó una comisión encubierta de 500.000 euros, que camufló con la compra de una empresa de estética ruinosa, propiedad de la esposa del directivo de Quirón.

En la España de hoy, que Sánchez disfrute de un fin de semana en familia en el Valle de Arán y se hospede en el Parador de Vielha es motivo de lo que algunos otorgan categoría de “exclusiva”, pero que el directivo de Quirón cerrase un local de León para cenar con Ayuso seis meses antes de la destitución de la interventora de la Comunidad de Madrid que puso trabas al pago de 1.390 millones de deuda al grupo hospitalario no merece un breve.

En la España de hoy, esa fotografía de Ayuso en la puerta del local que el directivo de Quirón cerró para cenar con ella y ha publicado El país no ha abierto informativos, ni portadas de diarios, ni ocupado horas de tertulias televisivas. Y eso que, en este caso, lo que parece es: una relación indisociable entre Ayuso y Quirón. 

La España de hoy, en definitiva, está enferma de odio. De una inquina que envenena la razón, corrompe el pensamiento y fomenta una hostilidad persistente en un determinado periodismo que ya no se molesta en ocultar su lado más tenebroso.

Isabel Díaz Ayuso cenó en enero de 2022 con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención y quien, según un informe de la La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se habría favorecido a través de la empresa de su mujer del pelotazo de casi dos millones de euros que logró el empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso, como comisionista en una operación de compraventa de mascarillas en los inicios de la pandemia.

El encuentro entre Ayuso y Camino, que publica este lunes El País, nunca fue informado en la agenda de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La reunión se dio en un bar del centro de León y fue el ejecutivo del grupo sanitario quien pidió al dueño que cerraran el local para garantizar la privacidad, según el diario de Prisa. Además de la presidenta y el alto cargo de Quirón se sentaron en la mesa la esposa del directivo, otros amigos de ambos y varios miembros del equipo de la presidenta. En la cita no se encontraba la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, quien mantenía con Camino una intensa relación laboral.

Esta cena se dio seis meses después de que la Comunidad de Madrid destituyera a su interventora general. Durante los meses siguientes a esa destitución, la Comunidad de Madrid desbloqueó el pago de al menos 1.390 millones de euros a los hospitales públicos de gestión privada de la región, fundamentalmente para acabar con una deuda que el Ejecutivo empezó a arrastrar en 2015. Una fuente de “máxima confianza de la presidenta madrileña” consultada por El País, niega que esta cita haya existido: “Ni estuvo cenando con ellos, ni nada de nada”, respondió. Sin embargo, el diario afirma haber acreditado los hechos por medio de cuatro fuentes y una foto tomada en la puerta del bar.

Desde el pasado noviembre, la UCO trabaja en la elaboración de un informe sobre el presunto encubrimiento del reparto ilícito de una comisión entre Alberto González Amador y Fernando Camino. Unos meses después de que González Amador cobrase casi dos millones de euros por su intermediación en una compraventa de mascarillas, la pareja de Ayuso pagó 500.000 euros por una empresa de escaso valor propiedad de la esposa de Camino, el directivo de Quirón. A su vez, Camino había vendido a su propia esposa el 20% de esa empresa de su propiedad por 8.000 euros.

La UCO investiga esta operación que mantiene imputado a González Amador por corrupción en los negocios y administración desleal. La Fiscalía y la acusación popular, que ejercen el PSOE y Más Madrid, consideran acreditado de forma indiciaria que Alberto González Amador pagó ese medio millón de euros por una sociedad de la esposa de Camino que apenas facturaba 30.000 al año y que el desorbitado precio fue la forma de encubrir el reparto de la comisión de las mascarillas y el resto del material de protección. 

El novio de Ayuso ha sido procesado en el mismo juzgado por fraude fiscal y falsificación de documentos. El informe de la UCO resultará clave para la acusación que pesa sobre la pareja de Ayuso, que puede desembocar en un segundo procesamiento y juicio por los delitos mencionados.

El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado el próximo 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para que declare como investigado por haber difundido los datos personales de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre el fraude fiscal por el que está procesado Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

La magistrada Raquel Robles González acata de esta forma “lo ordenado por la superioridad”, según ella misma escribe en una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Robles archivó la querella presentada por el PSOE, en primer lugar, a la que se sumaron El País y los periodistas de ese medio señalados por Rodríguez, pero la Audiencia Provincial corrigió su decisión y obligando a investigar.

Además de a Miguel Ángel Rodríguez, la jueza ha citado a un testigo y a los dos periodistas perjudicados en esa misma jornada del 6 de mayo. Asimismo ha ordenado que la Unidad adscrita de la Policía Nacional que presta servicio de escolta a la presidenta madrileña identifique a los agentes que ese día estaban de servicio. Los policías de la escolta de Ayuso identificaron en la calle a los periodistas señalados después por Miguel Ángel Rodríguez, que difundió sus datos pesonales e incluyó la fotografía de ambos.

En un primer momento, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid rechazó investigar a Rodríguez, en contra del criterio de la Fiscalía, y archivó la causa sin practicar diligencias. Pero la Sección Quinta de la Audiencia Provincial consideró “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos periodistas. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó el pasado 19 de diciembre al juez Antonio Viejo autorización para acceder a la información de las empresas y las cuentas bancarias de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, sin que los agentes hayan recibido respuesta hasta el momento, revelan a elDiario.es fuentes del caso. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid alegan la enorme carga de trabajo para el magistrado, una vez se hizo cargo del juzgado en octubre por jubilación de su antecesora.

La anterior titular del Juzgado encargado de las diligencias, Inmaculada Iglesias, trasladó el 25 de julio de 2025 a la UCO de la Guardia Civil la orden para que elaborase un informe sobre el presunto soborno de González Amador al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, para obtener una comisión de 2 millones de euros en mascarillas que luego se habrían repartido ambos. 

La jueza Iglesias había dictado un mes antes el auto en el que adoptaba la decisión de involucrar a la UCO en las pesquisas. La Fiscalía y la acusación popular le habían solicitado la incorporación al caso de la unidad especializada de la Guardia Civil y la jueza lo acordó “atendiendo a la complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva”.

Inmaculada Iglesias se jubiló en verano y el cambio de titular en el juzgado, que instruye en estos momentos varias causas complejas, retrasó la investigación a Alberto González Amador. El nuevo juez, Antonio Viejo, se incorporó durante el mes de octubre. Hasta el 31 de ese mes no llegó a la UCO la primera parte de la información de la causa por corrupción en los negocios y administración desleal contra la pareja de Ayuso. Una semana después, el 6 de noviembre, el juzgado completó la remisión de documentos a la Guardia Civil.

La UCO comenzó a analizar la información que consta en la causa y en diciembre solicitó al magistrado que librara los correspondientes mandamientos judiciales para acceder a cuentas bancarias y sociedades de González Amador. Pero sin la autorización del juez, el trabajo de los agentes no ha podido completarse.

Las fuentes del TSJ consultadas por elDiario.es explican que Antonio Viejo ha tenido que “empezar de cero” en el Juzgado de Instrucción número 19. El motivo de la marcha de su antecesora, por jubilación, no obligaba a esta a redactar un inventario de causas para su sucesor, como ocurre cuando se dan otro tipo de ceses del titular de un juzgado. Esto ha provocado, añaden, que Viejo haya tenido que catalogar las causas una a una y haya priorizado las que tienen a investigados en situación de prisión provisional (“causas con preso”) u otras que considera afectan de lleno a la vida de los perjudicados, como las grandes estafas o las que tienen que ver con herencias, aunque no tengan relevancia mediática.

A los motivos del retraso en la firma del juez, las fuentes del TSJ suman la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la Ley de Eficiencia en los juzgados, que incluye una reestructuración del trabajo de los funcionarios para la que —según denuncian los sindicatos— no se han proveído medios ni planificación, y que tampoco ha contado con la colaboración en este caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid, una de las que tiene transferida las competencias de Justicia, suman otras fuentes jurídicas.

González Amador no se sentará en el banquillo hasta 2027

En fecha por concretar, probablemente en 2027, el empresario y comisionista Alberto González Amador se sentará en el banquillo por otra investigación, ya concluida. La Fiscalía le pide 3 años y 9 meses de cárcel dos delitos de fraude fiscal, equivalentes a 350.951 euros, y otro de falsificación de documentos. 

El informe pendiente de la UCO no tiene que ver con estos delitos sino con otros dos que se investigan en una pieza separada, de corrupción en los negocios y administración desleal. El atestado de la UCO podría complicar aún más el horizonte judicial de González Amador y abocarle a un segundo juicio, donde los delitos que se le atribuyen acarrearían una petición de pena de cárcel aún más alta que la que ha motivado el doble fraude fiscal. 

El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”. 

Dos son las líneas de investigación que se siguen en este sentido. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino utilizó otro cargo que tenía distinto del que mantiene en Quirón, concretamente en una empresa gallega llamada Mape, para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera. 

La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 

La segunda tesis apunta a que ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.

González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

Órdenes precisas de la anterior jueza a la UCO

Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la jueza Iglesias concretó a la UCO dónde quería que escarbara. La magistrada pidió en julio aclarar el “incremento patrimonial” de González Amador, un empresario con discretos resultados hasta que la comisión en 2020 disparó su carrera. Los agentes, detalló la jueza, deberían centrarse en analizar la obtención de esa comisión y el resto de ingresos de Alberto González Amador. 

En este sentido, daba una instrucción precisa para que la UCO escudriñara la operación de compra de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador a Gloria Carrasco. Con posterioridad, la pareja de Ayuso rebautizó la empresa con el rimbombante nombre de Masterman & Whitaker. La Agencia Tributaria y la Fiscalía creen que utilizó la sociedad para facturar encargos de Quirón que en realidad realizaba su empresa principal, Maxwell Cremona SL, y obtener así ventajas fiscales de forma irregular. La jueza pedía a la UCO que le informara sobre el posible “uso instrumental” de sociedades de González Amador. 

Asimismo, la jueza Iglesias solicitó a la UCO el análisis de todos los flujos financieros relacionados con González Amador y su empresa así como un posible delito de blanqueo de capitales, precisan las fuentes consultadas. Esta última instrucción de la jueza ofrecía una pista de por dónde puede crecer el caso, ya que esa dinámica delictiva no había sido contemplada hasta ese momento por la jueza. Ocurre igual con la mención a la trama compleja en la que participó presuntamente González Amador y que podría derivar en una nueva imputación por integración en grupo criminal.

La Audiencia de Madrid ha aceptado el recurso presentado por el PSOE contra el archivo de las diligencias abiertas en un juzgado ordinario contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, por haber difundido datos de dos periodistas de El País que elaboraban una información relacionada con Isabel Díaz Ayuso.

La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid rechazó investigar a Rodríguez, en contra del criterio de la Fiscalía, y archivó la causa sin practicar diligencias. Ahora, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial considera “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Madrid ordena a la jueza que practique “las diligencias que estime pertinentes” ante la posible comisión de un delito de revelación de secretos por parte de Miguel Ángel Rodríguez.

La magistrada entendió en su auto de archivo que los mensajes enviados por Rodríguez a grupos de periodistas acusando falsamente a los profesionales de El País de acosar a vecinos de Ayuso no incurrieron en un delito de revelación de secretos al plasmar solo sus nombres y fotografía.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos periodistas. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

Exponer a los dos reporteros ante otros periodistas acusándoles de acosar a niñas pequeñas, añadía la magistrada, tuvo “escasa o nula relevancia” en cuanto a su intimidad. Fue “su sola identificación, sin referencias añadidas a ámbitos íntimos, personales o confidenciales, al tratarse de un dato intrascendente”. El señalamiento de Rodríguez culminó con una foto de ambos periodistas, algo que tampoco es punible según esta magistrada al ser tomada “en la vía pública y en una actitud nada comprometedora ni para su esfera privada ni para el desarrollo de su intimidad”.

El Tribunal Supremo rechaza anular la sentencia que condenó a dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. En un auto, la Sala de lo Penal desestima los incidentes de nulidad promovidos por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, esta última en representación de Álvaro García Ortiz y, por tanto, confirma la condena. El auto incluye el voto particular suscrito por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que discrepan con la decisión mayoritaria.

En su recurso, la defensa de García Ortiz argumentó que se habían vulnerado múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva y denunció siete motivos de nulidad. La presentación de un incidente de nulidad es un trámite previo y obligado para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La sentencia del Supremo es firme y no se puede impugnar, por lo que sólo cabía solicitar su nulidad para, después, poder acudir al tribunal de garantías, que es el paso que dará ahora García Ortiz.

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sostenía en su escrito que los jueces de la Sala de lo Penal habían ignorado “sin explicación alguna” las pruebas que exoneraban a García Ortiz y que lo condenaron por una “filtración inexistente”. Afirmó que los jueces realizaron una “incompleta selección de los hechos” al omitir los testimonios clave de periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024.

La mayoría del tribunal responde que sí valoró esa prueba de descargo, pero consideró que los testimonios debían ser “tamizados” por el derecho al secreto profesional de los periodistas y que existía un conjunto de “indicios” suficientemente sólidos como para sustentar la condena.

La Fiscalía también acusó a la Sala de lo Penal de introducir un “hecho novedoso que trastoca de modo radical el objeto del proceso” al considerar delictivo el citado comunicado de la Fiscalía sobre el caso, algo que no se debatió ni imputó durante la instrucción y que se introdujo en la sentencia “de un modo deliberadamente ambiguo”. Frente a esa queja, la Sala subraya que tanto la filtración del correo como la publicación de la nota informativa formaron parte del objeto del proceso penal desde el principio, por lo que el acusado pudo defenderse plenamente de ambos hechos.

En sus escritos, ambos recurrentes sostenían también que no se puede “revelar” un secreto que ya era público en los medios de comunicación. Su tesis era que como los datos habían sido difundidos previamente por radio, televisión y en prensa escrita habían dejado de ser secretos, por lo que no pueden integrar el delito de revelación de secretos conforme al tenor literal de la norma.

El Supremo rebate, sin embargo, que el deber de “confidencialidad” del fiscal general exigía no divulgar esos datos reservados obtenidos por razón de su cargo, y que hacerlo produjo una “lesión” a la presunción de inocencia del empresario, independientemente de las filtraciones previas.

El voto particular da credibilidad a los periodistas

El voto particular firmado por las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer expresa su discrepancia con la decisión de la mayoría y afirma que los incidentes de nulidad presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado deberían haber sido estimados. En esencia, las magistradas se reafirman en los argumentos que ya expusieron en la sentencia condenatoria, en la que consideraron que no había quedado probado que García Ortiz “o su entorno” filtraran el correo en el que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía el fraude fiscal. Tampoco veían delito en la difusión de una nota de prensa para desmentir informaciones sobre el caso “no ajustadas a la verdad”.

Ambas magistradas denuncian que la mayoría no ha tenido en cuenta las pruebas de descargo. En concreto los testimonios bajo juramento de los periodistas. Subrayan que estos testigos afirmaron tener el correo antes de que se publicara la nota de la Fiscalía y que varios de ellos negaron de forma expresa que García Ortiz fuera su fuente. A juicio de las magistradas, los testimonios de estos informadores fueron “creíbles” por su contundencia, por no incurrir en contradicciones con sus declaraciones anteriores y, en especial, porque contaban con corroboraciones periféricas. 

El empresario mexciano Maximiliano Niederer, quien se sentará en el banquillo junto a Alberto González Amador, acusado de colaborar con él en el fraude fiscal, niega los hechos y solicita su libre absolución. En el escrito de defensa presentado por su abogado, al que ha tenido acceso elDiario.es, se afirma: “No existe prueba ojbetiva, directa y matrial que demuestre que mi mandante es responsable como cooperador necesario de los hechos que se le imputan”.

Niederer habría participado en la elaboración de las dos facturas de importe más elevado por trabajos presuntamente no realizados y con las que González Amador pretendía no pagar a Hacienda lo que realmente le correspondía. Una de esas facturas ascendía a 922.000 euros, por un negocio en Costa de Marfil, y otra de 670.000, por un acuerdo comercial en México. La Agencia Tributaria considera que esos trabajos nunca llegaron a realizarse.

“En el acto de juicio oral demostraremos que [Niederer] no es penalmente responsable directo o indirecto en la comisión de ningún ilícito penal”, añade el abogado. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden un año de cárcel para Niederer.

González Amador presentó, en total, 15 facturas por un valor cercano a los 1,7 millones de euros por unos servicios inexistentes. Muchas de ellas fueron presentadas con la ayuda de tres vecinos de Arahal (Sevilla) que también se sentarán en el banquillo. Las empresas de González Amador pasaron de tener una cifra de negocio de 357.000 euros en 2019 a uno de 2,3 millones en 2020. El dinero que pagó por el Impuesto de Sociedades a través de su empresa Maxwell Cremona, sin embargo, no solo no subió sino que disminuyó: de una cuota tributaria de 6.800 euros en 2019 a una de 2.800 euros en 2020, a pesar de que su cifra de negocio se había multiplicado por seis. 

La fórmula que usó fue presentar facturas falsas y hacer creer a Hacienda que sus empresas habían tenido muchos más gastos que permitían rebajar el Impuesto de Sociedades. La factura más voluminosa, de 922.000 euros, fue emitida por una sociedad de Costa de Marfil llamada Gayani en junio de 2021. País en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había intentado vender vacunas contra el coronavirus sin que el acuerdo con el Ministerio de ese país fructificase. La segunda factura, de 630.000 euros, fue emitida por MKE Manufacturing. En estas dos facturas participó presuntamente Niederer.

El empresario y comisionista Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostiene ahora que no cometió los delitos fiscales por los que será enjuiciado. Antes había admitido de manera oficial todo lo contrario: confesó a través de su abogado el doble fraude fiscal ante los inspectores de Hacienda en octubre de 2023 cuando descubrieron múltiples engaños en sus declaraciones tributarias, intentó devolver lo defraudado cuando ya no podía, y acordó con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en junio de 2024 un relato de hechos donde admitía dos delitos a cambio de ver rebajada la petición de cárcel a sólo ocho meses.

Entre la admisión de su culpa y la defensa de su inocencia ha pasado más de un año y un juicio en el Supremo donde cinco de los siete magistrados del Tribunal condenaron sin pruebas al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar datos reservados sobre Alberto González Amador. El fiscal general del Estado difundió una nota en la que informaba que el comisionista había propuesto un acuerdo de conformidad en el que admitía los delitos cometidos. De esa manera, el fiscal general desmentía el bulo lanzado por el entorno del novio de Ayuso y publicado por determinados medios de comunicación para denunciar en falso una cacería política de los poderes del Estado contra González Amador.

La defensa del novio de Ayuso dedica la mitad del escrito presentado el jueves en el juzgado a detallar la sentencia del Supremo que inhabilita al fiscal general del Estado por revelar el dato reservado de la confesión de culpa del empresario. Los abogados plantean esta circunstancia para denunciar que se ha vulnerado la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de su cliente ante el juicio que tiene pendiente por dos delitos fiscales.

El Tribunal Supremo dedicó dos páginas de su sentencia a argumentar por qué la condena al fiscal general no podía utilizarse para pedir la anulación del juicio a González Amador por el doble fraude: “Es precipitado e infundado alimentar la impresión de que los jueces llamados a resolver esa causa penal no podrán resolver con profesionalidad y en derecho sobre las pretensiones acusatorias, en su caso, articuladas. Hay que presumir que serán plenamente conscientes de la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente difundido. Y que, en consecuencia, saldrán al paso de cualquier intento de introducirlo, de forma directa o indirecta, como elemento probatorio”, señala el fallo.

El origen de la causa penal abierta a González Amador es la declaración defraudatoria que presentó ante Hacienda en mayo de 2021, cuando ya mantenía una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. La declaración del Impuesto de Sociedades de Maswell Cremona, la empresa propiedad de González Amador, incluyó unos gastos de 620.000 euros en 2020 por el pago de una supuesta comisión a una empresa mexicana, MKE. El contrato de colaboración con MKE que González Amador aportó a Hacienda establecía que eran necesarios nuevos contratos para abonar comisiones por cada negocio logrado en México. Pero nunca hubo nuevos contratos, ni tampoco negocios por los que pagar comisiones. Cuando la Inspección pidió explicaciones sobre esa factura, González Amador decidió anularla. Entonces, la Agencia Tributaria concluyó: “Se hizo para eludir parte de la tributación”.

El empresario había logrado como comisionista en 2020 el negocio de su vida en los peores meses de la pandemia. Ganó casi dos millones de euros como consecuencia de intermediar en una compraventa de mascarillas por la que facturó el 4,5% del monto de la operación. González Amador puso en contacto a una empresa gallega, MAPE, con la firma catalana FCS, que adquiría el material en China. Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, la firma a la que facturaba sus servicios González Amador antes del pelotazo de las mascarillas, era a su vez consejero de MAPE, la sociedad que adquirió el material a FCS en una operación que enriqueció al novio de Ayuso.

Cuando González Amador ya sabía que Hacienda le había abierto una inspección por las facturas falsas de MKE, presentó la declaración del impuesto de Sociedades del año siguiente y perpetró un engaño parecido. En este caso, presentó una factura por 922.585 euros a nombre de Gayani, una firma de Costa de Marfil que supuestamente había intermediado para conseguir que el novio de Ayuso vendiera vacunas al Gobierno de aquel país. González Amador nunca hizo ese pago a favor de Gayani; el Gobierno de Costa de Marfil nunca aceptó comprarle vacunas. Pero el novio de Ayuso se desgravó ese gasto inexistente, y otros menores de varias empresas andaluzas que también resultaron falsos. Todo para ahorrarse 155.000 euros y 195.000 euros en las declaraciones del impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 respectivamente.

Hacienda acreditó estos engaños tras una inspección exhaustiva que duró casi dos años: “Esta reiteración de situaciones similares acontecidas en 2020 y 2021 lleva a la Inspección a considerar que no nos encontramos ante meros errores de registros contables y deducciones fiscales de facturas recibidas de gran importe en los ejercicios en los que la mercantil incrementa de forma significativa su facturación. Sino que este actuar puede responder a un patrón organizado tendente a evitar la tributación que hubiera acontecido a la mercantil ante el incremento de la facturación, eludida mediante la búsqueda, registro y deducción de facturas relativas a servicios no acometidos, no relacionados con la actividad y no pagados que se han deducido indebidamente y justificado como errores corregidos en ejercicios fiscales en curso y en el momento en el que la Inspección requiere su acreditación, conseguidos mediante la utilización de facturas que se acreditan falsas o falseadas”.

Cuando González Amador se dio cuenta de que Hacienda descubrió sus reiterados fraudes, intentó evitar el juicio por los dos delitos fiscales devolviendo las cantidades que había defraudado a través de la declaración del Impuesto de Sociedades que presentó en 2023. Pero ya era tarde porque la Ley establece con detalle que ningún contribuyente puede regularizar su situación una vez que tiene abierta una inspección fiscal.

Octubre 2023. González Amador, ante Hacienda: “No intenté cometer un fraude delictivo, cuando entendí la gravedad de los hechos ingresé esas cantidades en Hacienda”

Los inspectores fiscales que analizaron las declaraciones de González Amador concluyeron que “con la finalidad de eludir el incremento del pago de impuestos por su empresa decidió deducir fiscalmente gastos que no respondían a prestaciones reales”, para lo que el novio de Ayuso había utilizado “facturas falsas y falseadas emitidas por mercantiles carentes de medios humanos y materiales para la prestación de los servicios facturados”.

González Amador respondió a través de sus abogados:  “Fue un error. No intenté cometer un fraude delictivo pero cuando entendía la gravedad de los hechos procedí a ingresar esas cantidades en Hacienda”.

Junio 2024. Ante la Fiscalía y Abogacía del Estado: “Declaré gastos en los que no incurrí para reducir el beneficio sujeto a tributación”

El novio de Ayuso pactó un escrito de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la víspera de su declaración ante el juez, prevista para el 24 de junio de 2024. En ese texto, González Amador asumía que debido al aumento de beneficios derivados del incremento del volumen de negocios que había experimentado en los ejercicios 2020 y 2021, había hecho constar en sus declaraciones “gastos en los que en realidad no había incurrido para reducir el beneficio sujeto a tributación”. Además, reconocía que  “había obtenido de los acusados Maximiliano Eduardo Niederer González y David Herrera Lobato facturas que no reflejaban servicios reales para documentar así gastos que fueran deducible para el obligado tributario”.

Ese acuerdo nunca se llegó a aplicar porque el juzgado decidió abrir una nueva investigación por corrupción en los negocios tras la reclamación que hicieron las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid. González Amador compró por 500.000 euros una empresa sin apenas valor a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Esa operación, según las acusaciones populares, podría camuflar el pago de una comisión ilegal a Camino por haber facilitado al novio de Ayuso el negocio de dos millones de euros por la intermediación en la venta de mascarillas.

Febrero 2026. Ante el juez: “La deducción anticipada de un gasto real no merece reproche penal”

La mitad del escrito de defensa presentado por González Amador, procesado por un doble delito fiscal, defiende que no merece reproche penal el hecho de que el empresario comisionista incluyera en sus declaraciones gastos previstos pero que finalmente no tuvo pero que sirvieron para desgravárselos y pagar menos impuestos: “La Agencia Tributaria no considera que en estos casos de incorrecta contabilización temporal, el ingreso anticipado o la deducción anticipada de un gasto real merezca ningún reproche penal, como revelan las regularizaciones en vía administrativa de la activación de los gastos anticipadamente deducidos por BAYESIAN y por APA, lo que nos conduce a qué tratamiento tributario prevé el ordenamiento jurídico para estos supuestos. Respondiendo las facturas a servicios reales, esos gastos se habrían contabilizado (excepto en las cuantías abonadas) de forma incorrecta y anticipada por estar vinculados, al menos en parte, a la generación de ingresos que no se produjeron, debiendo haberse contabilizado cuando dichos ingresos se hubieran producido sin que lo anterior constituya actividad delictiva alguna”.

Para apuntalar su defensa, González Amador contrató los servicios de un perito, ex inspector de Hacienda, cuyos cálculos sitúan el fraude cometido por debajo de los 120.000 euros en cada ejercicio, lo que descarta el delito. Y concluye: “Los hechos realmente acaecidos no son constitutivos de delito alguno, ni de delito contra la Hacienda Pública tipificado en el artículo 305 del Código Penal, ni de falsedad documental, ni delito contable, ni de un delito de pertenencia a grupo criminal”.

Posdata: Los abogados de Alberto González Amador señalan en la cuestión previa del escrito de defensa que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reveló “a la Cadena Ser, al diario El País y a la opinión pública los correos electrónicos en los que se plasmaba la posición de conformidad de la defensa del ahora acusado D. Alberto González Amador y, específicamente, del email de 2 de febrero de 2024 en el que la defensa señalaba que ciertamente se han cometido dos delitos contra la hacienda pública”. Los periodistas de El País declararon en el juicio del Supremo que la información sobre el ofrecimiento de una conformidad por parte de González a cambio del pago de una multa y del reconocimiento de los delitos fue facilitada por personal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, sin relación alguna con el fiscal general del Estado. Sobre esa circunstancia aportaron pruebas durante el procedimiento que acreditaban que El País conoció esa información mucho antes de que García Ortiz comenzara a recabarla. La sentencia no desmintió estos hechos.

El empresario y comisionista Alberto González Amador esgrime la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado para solicitar ser absuelto de los dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos a los que se enfrentará en el juicio. Según el escrito de defensa presentado por su abogado, al que ha tenido acceso elDiario.es, Álvaro García Ortiz actuó con “intensidad delincuencial” contra González Amador desde incluso antes de que se abriera el procedimiento que le ha llevado al banquillo, vulnerando su presunción de inocencia y su derecho a la defensa, por lo que debe ser absuelto.

La defensa de González Amador incorpora la condena del Supremo a García Ortiz a los argumentos esgrimidos hasta ahora, consistentes en la legalidad de las facturas, para defender la legalidad de sus actuaciones y que no le habían servido para evitar el avance del procedimiento hasta ser enviado al banquillo. Según la pareja de Ayuso, el fiscal general participó “directamente en la función jurisdiccional del Ministerio Fiscal desde antes de que existiera ningún procedimiento penal” y eso debería anular las acusaciones contra él. Sin embargo, la sentencia del Supremo cerraba la puerta a esta estrategia. En ella, el tribunal concluía que los jueces serán “plenamente conscientes” de que no se puede usar como prueba que hubiera mensajes “indebidamente difundidos”.

Alberto González Amador dejó de pagar a la Hacienda pública un total de 350.951 euros en el concepto de Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021. Para ello elaboró una trama de facturas falsas con las que aminorar la carga impositivo y engañar a Hacienda, según acredita un prolijo informe de la Agencia Tributaria cuyas conclusiones han avalado tres jueces de instrucción, los fiscales y la Audiencia Provincial. La defraudación se produjo después de que González Amador obtuviera casi 2 millones de euros por una comisión de material sanitario en el principio de la pandemia con la ayuda del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino.

Entre los argumentos presentados en su escrito por el abogado Gabrierl Rodríguez Ramos figura que el segundo fiscal del caso, Diego Lucas, fue designado por Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid. Rodríguez estuvo imputada en el mismo procedimiento que García Ortiz –primer la nota de prensa que desmentía un bulo de El Mundo y después la publicación de un correo que acreditaba esa mentira– pero la causa contra ella resultó archivada. Según la defensa del comisionista, Rodríguez nombró a Lucas después de haberse abstenido fruto de su imputación.

Otro de sus argumentos es que a Pilar Rodríguez la represesntó la Abogacía del Estado, al igual que a García Ortiz, y que ese organismo representa a la acusación particular en la causa por el fraude fiscal, que es la Agencia Tributaria.

El abogado de González Amador incluye en su escrito declaraciones públicas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y de Óscar López, ministro de Transformación Digital, para defender que el Poder Ejecutivo también ha interferido en el procedimiento contra su cliente.

La causa, dice el escrito de defensa, es “la antítesis del procedimiento penal justo en un Estado Constitucional, democrático y de derecho y, en concreto, la perversión de cuantos mecanismos garantes de legalidad (como expresión inversa de la arbitrariedad) existen, hasta ser sustituidos por el delito, lo que hamás ha sido conocido ni en España ni en ningún Estado democrático de derecho que se considere como tal, siendo la víctima de los anteriores don Alberto González, y en relación a este procedimiento sus derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia”.

De otro lado, la defensa de González Amador reitera los argumentos esgrimidos hasta ahora acerca de la “realidad de la operación” de una de las facturas más abultadas, firmada en México, y de la que la investigación ha acreditado indiciariamente su falsedad, así como de la venta de vacunas en Costa de Marfil, igualmente cuestionada por la Agencia Tributaria.

“Respondiendo las facturas a servicios reales, esos gastos se habrían contabilizado (excepto en las cuantías abonadas) de forma incorrecta y anticipada por estar vinculados, al menos en parte, a la generación de ingresos que no se produjeron, debiendo haberse contabilizado cuando dichos ingresos se hubieran producido sin que lo anterior constituya actividad delictiva alguna”, recoge el escrito.

Para el juicio, la defensa de González Amador solo propone la declaración de su defendido y de los otros cuatro investigados por las facturas falsas, así como de dos peritos de parte que defenderán su tesis de la legalidad de las declaraciones tributarias.

González Amador se enfrenta a una petición de 3 años y 9 meses de cárcel por parte de la Fiscalía y otra idéntica que presenta la Abogacía del Estado.

Los tres investigados por fabricar facturas falsas para el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, tratan de utilizar la condena al ex fiscal general para intentar anular la causa contra ellos. En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso elDiario.es, su letrado afirma que, a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre Álvaro García Ortiz, la información que motivó la apertura del procedimiento de fraude fiscal contra el empresario y comisionista fue “obtenida de forma delictiva” y añade que, por tanto, toda la causa es “nula de pleno derecho”. 

González Amador y el resto de investigados por fabricar facturas falsas para él están procesados por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos. Según la investigación tributaria que dio origen a esta causa, la pareja de Ayuso utilizó un total de 17 facturas falsas para aumentar su facturación y hacer creer a Hacienda que sus empresas habían tenido muchos más gastos, lo que le permitía rebajar el Impuesto de Sociedades. Así, evitó pagar a Hacienda 350.951 euros en dos ejercicios fiscales.

Las facturas falsas más abultadas corresponden a supuestos trabajos ficticios en Costa de Marfil y México, pero también hay otras facturas más pequeñas que condujeron a los inspectores de Hacienda a un pueblo de la Sevilla rural, Arahal. Allí encontraron un fraude de libro. Las empresas que le facturaron al comisionista González Amador estaban domiciliadas en casa de un camarero y el empleado de una panadería, ambos hermanos, o del presunto cerebro de esta subtrama, un pequeño empresario sin apenas actividad y vecino de los anteriores. Todos ellos acabaron investigados por los mismos delitos.

D.H.L, el pequeño empresario, se enfrenta a dos años de cárcel por emitir facturas con empresas pantallas. El abogado de los tres alega en su escrito de defensa su disconformidad con los hechos que se le imputan, que considera que no están “probados”.

El Supremo declaró probado el pasado diciembre que García Ortiz o alguien de “su entorno” filtraron a la prensa un correo con la confesión de fraude fiscal del comisionista. En su escrito de acusación en esa causa, González Amador defendió que su derecho a la defensa se había visto perjudicado de forma “irremediable e irreversible”, en una estrategia ahora seguida por otros de los investigados.

En otra parte del escrito, la defensa de los tres ciudadanos sevillanos alega que uno de ellos “estaba sometido a los efectos de sustancias psicotrópicas en el momento de los hechos”. Aporta un “informe de desintoxicación” y solicita un informe del médico forense.

Álvaro García Ortiz ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo de fijar en 79.942,70 euros los honorarios del abogado del empresario Alberto González Amador que debe abonar en virtud de su condena. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa del ex fiscal general del Estado argumenta que la cifra es “manifiestamente desproporcionada” y propone reducirla a 4.240 euros. 

Alega, entre otras cuestiones, que incluye costas de la fase en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde no estaba imputado o actuaciones referidas a la fiscal Pilar Rodríguez, que no se llegó siquiera a sentar en el banquillo. A su juicio, la cifra es “absolutamente incompatible con los reiterados criterios de proporcionalidad, moderación y razonabilidad exigidos de forma constante por el Tribunal Supremo para la inclusión de honorarios en una tasación de costas”. 

El Supremo asumió íntegramente los 64.778,78 euros en costas que habían sido reclamados por el letrado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a los que añadió el IVA. Además, García Ortiz tendrá que pagar 1.560,38 euros a la procuradora. La cifra finalmente acordada cuadruplica la condena que impuso el Supremo a García Ortiz entre la multa y la indemnización después de declarar probado que él o alguien de “su entorno” filtraron a la prensa un correo con la confesión de fraude fiscal del comisionista.

La Sala de lo Penal, con dos magistradas en contra, condenó al ex fiscal general del Estado al responsabilizarle de la filtración. La condena fue a dos años de inhabilitación para ejercer como líder de la Fiscalía, a los que se sumaron dos sanciones económicas: una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar con 10.000 euros a González Amador por las consecuencias de la filtración. Son cifras que están por debajo de los 300.000 euros de resarcimiento que había pedido la pareja de Ayuso y también de la multa de 108.000 euros solicitada.

Respecto a las costas, el Alto Tribunal sí acogió los argumentos del letrado de González Amador, que alegó el “innegable” esfuerzo realizado debido a la complejidad de un caso que, además, fue muy mediático. Así, argumentó que el procedimiento fue difícil porque tuvo que enfrentarse no solo a la defensa del acusado, sino a la maquinaria del Estado, dado que la Fiscalía, al no acusar a García Ortiz, no adoptó una posición “neutral” y, además, fue defendido por la Abogacía del Estado. 

La defensa de García Ortiz considera que la cifra de 79.942,70 euros es incompatible con la complejidad real del procedimiento y con la cuantía de la responsabilidad civil, fijada en 10.000 euros. Afirma, además, que la mayoría de las diligencias solicitadas por la acusación particular fueron rechazadas, carecieron de utilidad real o se refieren a actuaciones ajenas a la defensa del ex fiscal general. Y recuerda que el “contexto institucional” y la presencia en medios son elementos extrajurídicos que no aumentan la carga de trabajo legal y no pueden usarse para inflar la factura. 

Por otro lado, el ex fiscal general reclama que el Ilustre Colegio Abogados de Madrid no pueda realizar un informe sobre las costas. Argumenta su “falta de idoneidad” para pronunciarse sobre ello. La entidad profesional fue la primera en presentar una querella contra la Fiscalía por este asunto y, después, ejerció la acusación popular. Llegó a pedir una condena de cuatro años de cárcel para García Ortiz.

La Audiencia Nacional ha condenado en otro caso a uno de los tres investigados por fabricar facturas falsas para Alberto González Amador. El tribunal ha resuelto que el empresario D.H.L se hizo pasar por un proveedor de servicios de la misión de la Unión Europea en Somalia para obtener 70.000 euros de subvención de manera fraudulenta, en un caso distinto al que le ha valido una imputación junto a González Amador.

D.H.L fue detenido el pasado enero en Sevilla para que acudiera al juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional después de haberlo citado en cuatro ocasiones. Los fondos perjudicados estaban asignados a la Misión de la UE de desarrollo de capacidades en Somalia (EUCAP Somalia), dedicada a ayudar a la Policía Federal Somalí y a las autoridades del país africano a mejorar sus capacidades en la aplicación de la ley y reforzar la seguridad marítima.

Fue el 27 de diciembre de 2022 cuando el condenado se hizo pasar por un proveedor de servicios de equipos médicos y de laboratorio de la misión de la UE y envió un correo electrónico solicitando que la siguiente transferencia de fondos se realizara a una cuenta bancaria diferente, que él controlaba, ha detallado.

El acusado consiguió la información que le permitió cometer el fraude de un tercero desconocido, obteniendo fraudulentamente hasta 69.751,40 euros, que fueron transferidos el 9 de enero de 2023 a una cuenta bancaria que controlaba.

Aparte de la pena de prisión, que era la que pedía la Fiscalía Europea, la Sala de lo Penal de la AN también le ha impuesto que pague 3.000 euros de multa y, como responsable civil, reembolsar la cantidad de fondos que había obtenido ilegalmente.

Por otra parte, D.H.L se enfrenta a dos años de cárcel por emitir facturas con empresas pantallas de las que se benefició González Amador para evitar pagar a Hacienda 350.951 euros en dos ejercicios fiscales. D.H.L es uno de los tres vecinos de Arahal (Sevilla) que serán juzgado, probablemente en 2027, junto a la pareja de Ayuso y el mexicano Maximiliano Niederer.

El círculo político y personal más cercano a Isabel Díaz Ayuso tiene problemas con la Justicia sin que las causas que afectan a sus miembros tengan continuo reflejo en las informaciones periodísticas. Desinterés aparte de la mayoría de los medios de comunicación radicados en la capital por informar de esos casos, la líder política de la derecha se beneficia del colapso de los tribunales en la Comunidad de Madrid y de las maniobras de los abogados de la defensa, que dilatan los procedimientos en el año que precede al de los próximos comicios en la región. 

La pareja de la presidenta, el empresario y comisionista Alberto González Amador, va a cumplir próximamente dos años imputado por fraude fiscal y falsificación de documentos y el juicio apunta a 2027, mientras, de forma paralela, avanza lentamente otra investigación contra él por corrupción en los negocios y administración desleal. 

En el plano político, la número tres en el PP de Madrid, Ana Millán, lleva acusada de cuatro delitos de corrupción desde 2022 y el próximo hito de la causa está fijado para dentro de cinco meses. La mano derecha de Ayuso, el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, figura de momento como testigo en una causa donde los indicios se acumulan contra él desde hace 17 meses y cuya declaración se ha aplazado ya en tres ocasiones. 

La pareja de la presidenta: una agenda copada por Quirón, un cambio en el juzgado y una UCO saturada

El horizonte judicial de Alberto González Amador es sombrío. Contra él pesan las evidencias de un extenso informe de la Agencia Tributaria: 19 meses de inspección que ponen negro sobre blanco dos fraudes a Hacienda en dos ejercicios distintos y una trama de facturas falsas para llevarlos a cabo. La Audiencia Provincial ha avalado la decisión del juzgado de enviarlo al banquillo y solo un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, podría evitar la celebración del juicio, que no una condena con pena de cárcel. 

González Amador ha defraudado una cantidad inferior a los 600.000 euros por lo que la ley establece que debe ser un Juzgado de lo Penal –con un tribunal formado por un solo juez– y no la Audiencia Provincial –tribunal de tres– quien celebre la vista. La carga de trabajo de los juzgados de lo penal de Madrid es sensiblemente superior a la Audiencia Provincial, por lo que es posible que el juicio se celebre en 2027 y que sea, incluso, después de los comicios autonómicos previstos para ese año.

La defensa de Alberto González Amador no tiene prisa. Los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden 3 años y 9 meses de cárcel para el empresario y comisionista, y el de la acusación popular, que solicita 5 años, se presentaron en junio. El actual juez del caso impuso el 26 de enero a la defensa de González Amador, y del resto de acusados, que remitieran su escrito de defensa en el plazo de diez días. González Amador tardó un año en declarar como investigado y en varias ocasiones recurrió a compromisos laborales con Quirón como argumento para retrasar su comparecencia.

En cuanto a la investigación por el presunto “soborno” a un directivo de Quirón, una pieza separada del fraude fiscal, la causa avanza con lentitud. La jueza que ha impulsado todo, Inmaculada Iglesias, se jubiló el pasado verano y el veterano Antonio Viejo se ha hecho cargo del Juzgado de Instrucción número 19, cargado de causas complejas en estos momentos. 

Antes de marcharse, la jueza Iglesias encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) que entrara en el asunto del reparto de la comisión de las mascarillas entre la pareja de Ayuso y el presidente de Quirón Prevención por la complejidad del caso. Sin embargo, como informó elDiario.es, los agentes especializados no pudieron ponerse a trabajar hasta el pasado noviembre, cuando recibieron la documentación del juzgado, en un retraso motivado por el cambio de titular. 

La número tres de Ayuso: un marido en paradero desconocido, un aforamiento y la tercera jueza en cuatro años

Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, está imputada desde 2022 por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y administración desleal en un juzgado de Navalcarnero. La investigación es tan antigua que procede del caso Púnica y los primeros indicios contra ella se remontan a 2016. 

En 2020, la Audiencia Nacional derivó a un juzgado local los indicios que habían aparecido en la macrocausa de corrupción del PP y dos años más tarde pasó a tener la condición de investigada. Ella, su hermana y su marido se habrían beneficiado con más de 200.000 euros de un empresario que había sido adjudicatario de contratos públicos correspondientes a la Concejalía de Juventud, que dirigió Millán antes de ser alcaldesa de Arroyomolinos. Durante la instrucción la jueza intentó tomar declaración como testigo al marido de Millán, pero fue imposible localizarle tras varios requerimientos. 

Pese a la imputación de Millán, su amiga Isabel Díaz Ayuso la ascendió en el partido y la situó en un puesto de la lista del PP en las elecciones de 2023 que la asegurase resultar elegida diputada autonómica y, en consecuencia, aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La decisión resultó vital para ralentizar la causa hasta casi detenerla por completo. 

La segunda jueza tuvo que desprenderse del caso en favor de un instructor del TSJ que ya ha advertido que no comparte el criterio de la jueza de Navalcarnero, de la Fiscalía ni de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y que, por tanto, no ve indicios de ninguno de los cuatro delitos.

Ese juez es Juan José Goyena, el mismo que envió al Tribunal Supremo al fiscal general del Estado por una nota de prensa sobre el novio de Ayuso que luego el Alto Tribunal consideró que no revestía delito. La decisión de Goyena de elevar exposición razonada fue aprovechada por Manuel Marchena y sus compañeros para imputar por la filtración de un correo a Álvaro García Ortiz, pese a que el caso había llegado hasta a ellos por la nota de prensa de la Fiscalía General. Al final sí se consideró que ese comunicado también fue una revelación indebida de datos.

Goyena devolvió la causa a Navalcarnero, tal y como le pedía la Fiscalía, porque la jueza local se había inhibido simplemente sin dictar una exposición razonada solicitando la imputación de la aforada Ana Millán. El Ministerio Público también consideraba que había que tomar declaración al marido desaparecido antes de dar por concluida la instrucción. 

La actual jueza, tercera del caso, ha advertido que su juzgado es de instrucción y primera instancia y que eso le provoca una cargo de trabajo que aboca a un caso así a una dilación incalculable, antes de que pueda dictar un escrito tan exigente como es la exposición razonada contra un aforado. La pasada semana citó al marido de Millán y a otra testigo que también estaba pendiente. Fijó la fecha de su declaración lo antes posible, en junio de 2026. 

Alfonso Serrano: el abogado de la alcaldesa imputada no puede acudir al juzgado ni por las tardes

El PP de Madrid suma una nueva imputación con la acusación contra la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por la filtración de una nota interna de la Policía Municipal con la que intentar sostener la afirmación sin pruebas que hizo la presidenta madrileña, en enero de 2024, acerca de que los migrantes internos en un centro de la localidad estaban cometiendo “agresiones sexuales”. 

La Fiscalía ha reconstruido la revelación de secretos y la Audiencia Provincial de Madrid ya ha dado por acreditada la participación de Piquet. En este contexto debe producirse la declaración como testigo del número dos del partido, Alfonso Serrano, quien publicó en X el pantallazo de la minuta policial.

El abogado de la alcaldesa ha logrado ya aplazar la declaración en tres ocasiones por citaciones que tienen fijadas otros de sus clientes. La magistrada de Alcalá puso la declaración de Piquet y Serrano el 9 de marzo a las 17:00 horas. Las tomas de declaración fuera del horario de mañana son algo inusual en los juzgados. El letrado tampoco podía porque tenía una cita en Pontevedra. Esta semana, la jueza volvió a establecer otra fecha para la declaración de Serrano, el 15 de abril por la tarde. De terminar celebrándose habrán pasado seis meses desde que la jueza acordó tomarle declaración.

Tampoco se ha celebrado un cotejo de las pruebas de la revelación de secretos que resulta meridiana en los wasaps aportados por el jefe de la Policía Municipal. Las diligencias pendientes podrían conllevar la imputación de Alfonso Serrano, foco de los medios de comunicación estos días por su actuación, junto a Ana Millán, en la denuncia interna por acoso sexual y laboral de una concejala del partido en Móstoles contra el alcalde de la localidad. De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Serrano habría cometido también el delito de revelación de secretos.

La Fiscal Jefa Inspectora, María Antonia Sanz Gaite, ha dirigido un escrito a todos los miembros de la carrera en el que justifica la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de no expulsar a Álvaro García Ortiz tras su condena por revelación de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, argumenta que, al no haber sido condenado a prisión, debe aplicársele el mismo criterio que rige para los jueces, que sólo pierden su condición si hay prisión.

El Tribunal Supremo consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de la una multa y una indemnización.

Según una interpretación literal del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), un fiscal perdería su condición por cualquier condena por delito doloso [intencionado] superior a “seis meses”, incluso si la pena es solo una multa. En cambio, los jueces solo pierden su condición si la condena implica cárcel, de acuerdo a la ley del Poder Judicial. A juicio de la Fiscalía resulta “desigual e injustificadamente más gravoso el tratamiento dispensado a los miembros del Ministerio Fiscal”. 

El escrito explica que esta “sensible diferencia” entre las normas reguladoras de los estatutos de fiscales y jueces fue analizada por la Inspección Fiscal en el año 2019, que determinó que el “rigor” del Estatuto “podía salvarse con una interpretación integradora de su redacción para incorporar la referencia a las penas privativas de libertad”, tal y como establece la ley del Poder Judicial. Asegura que ese el criterio que se ha seguido desde entonces y que existe “al menos un precedente más referido a un fiscal condenado por delito doloso”.

Sanz Gaite recuerda que esa “interpretación” coincide con la realizada por la Sala de lo Contencioso-Administrativos, que determinó en una sentencia de 2017 que “si la condena por delito doloso no conlleva privación de libertad, entonces no habrá pérdida de la condición judicial o fiscal”.

La comunicación afirma, en este sentido, que la jurisprudencia constitucional y la doctrina científica administrativista ha establecido también que la Administración no puede imponer un “plus aflictivo”, esto es, un castigo adicional que vaya más allá de la sentencia penal, ya que esto vulneraría derechos constitucionales y la tutela judicial efectiva. 

El decreto por el que la actual fiscal general permitió el regreso a la carrera de García Ortiz ha sido recurrido por el empresario y comisionista González Amador. En su escrito defendió que la condena conlleva la pérdida de la condición de fiscal y no una mera suspensión o sustitución por una sanción menor. Los abogados de González Amador insisten en que García Ortiz ha “quebrado dolosamente el deber de secreto” y sostienen que eso es incompatible con mantener su plaza en la carrera fiscal.

La Agencia Tributaria ha detenido la inspección que seguía contra Gloria Carrasco, mujer del directivo de Quirón imputada junto a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en la causa por corrupción en los negocios que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. El organismo dependiente de Hacienda alega que los hechos objetos de investigación por su parte pueden coincidir con la investigación del juzgado y que esta prevalece siempre.

El juez del caso contra González Amador ha dictado un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que accede a la solicitud de la Agencia Tributaria, que le había advertido de que las “conductas investigadas” por el magistrado “pudieran ser las mismas que las que están siendo comprobadas en vía administrativa”.

Carrasco está imputada por la venta de una empresa a Alberto González Amador por medio millón de euros cuando la sociedad no facturaba ni 30.000 euros al año, contaba con escaso material y ningún empleado. El juez, la Fiscalía y la acusación popular creen que la operación escondía el pago a Fernando Camino, esposo de Carrasco, de su parte de la comisión de casi 2 millones de euros que ganó González Amador por una compraventa de material sanitario en el inicio de la pandemia. Camino es el presidente de Quirón Prevención, principal cliente de González Amador y división del gigante sanitario que ingresa casi mil millones de euros al año de la Comunidad de Madrid.

El auto dictado por el magistrado Viejo ha permitido conocer la existencia de una inspección tributaria a Gloria Carrasco, que se desconocía hasta ahora. Carrasco declaró como investigada en junio de 2025, pero sus explicaciones no convencieron a la anterior jueza del caso y continúa con la condición de imputada.

El caso en el que se investiga a Gloria Carrasco es una pieza separada de la causa por fraude fiscal y falsificación de documentos contra Alberto González Amador. En esta pieza separada también está investigado el novio de Ayuso, al que se le atribuyen indiciariamente corrupción en los negocios y administración desleal. Esta investigación está pendiente de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre la venta de la sociedad de Gloria Carrasco a Alberto González Amador.

El juez que investiga al empresario y comisionista Alberto González Amador ha concedido un plazo de diez días para que su defensa rebata los escritos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular presentados hace seis meses y que piden para la pareja de Isabel Díaz Ayuso diferentes penas de prisión por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos, entre otros. Con esta medida, el magistrado Antonio Viejo avanza en la tramitación de la causa que sentará en el banquillo a González Amador en una vista aún sin fecha de celebración.

La diligencia de ordenación del Juzgado de Instrucción número 19, a la que ha tenido acceso elDiario.es, tiene fecha de 26 de enero y en ella se advierte de que si González Amador y los otros cuatro acusados en el procedimiento no presentan sus escritos de defensa en el plazo indicado “se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuidico de la responsabilidad en la que puedan incurrir de acuerdo con lo previsto” en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden cada una de ellas 3 años de cárcel y 9 meses de cárcel, además de multa, para Alberto González Amador por haber defraudado 350.951 euros a la Agencia Tributaria en los impuestos de socidedades correspondientes a 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas. La acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, elevan la petición a los cinco años de cárcel sin poder pronunciarse sobre los delitos fiscales, en los que no pueden ejercer acusación porque están cometidos contra la Hacienda Pública, representada por la Abogacía del Estado.

Contra González Amador y el resto de acusados dictó el juzgado auto de apertura de juicio oral, que no se puede recurrir, lo que les aboca irremediablemente al banquillo. La fecha del juicio no está fijada y apunta a que se retrasará varios meses, pudiendo alcanzar incluso a 2027. La cuota defraudada señala que debe ser un Juzgado de lo Penal y no la Audiencia Provincial quien juzgue a la pareja de Ayuso y a sus presuntos colaboradores y estos tribunales destacan por su acumulación de vistas y retrasos.

Una investigación pendiente

Mientras, el mismo juzgado mantiene abierta una pieza separada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, por el presunto pago encubierto de una comisión por parte de González Amador a un directivo de Quirón, Fernando Camino. El presidente de Quirón Prevención habría facilitado, desde otra empresa a cuyo consejo de administración pertenecía, la compra de un material sanitario al principio de la pandemia a una sociedad que había acordado previamente con González Amador que se llevaría una abultada comisión. Para repartirse las ganancias en secreto, González Amador habría comprado por un precio desorbitado –medio millón de euros– una sociedad sin apenas valor a la mujer del directivo de Quirón.

González Amador ganó casi 2 millones de euros con la operación, consistente en poner en contacto a dos empresas españolas. La comisión supuso un salto exponencial en su carrera empresarial, pero la pareja de Ayuso no quiso pagar los impuestos que le correspondían y una inspección fiscal dio origen al caso.

Se da la circunstancia de que un día después de que Antonio Viejo concediera el plazo a la defensa de González Amador para presentar escrito de defensa en la primera de las causas, la de fraude fiscal, la acusación popular había presentado dos peticiones para agilizar los dos procedimientos frente al retraso que sufrían. Cuando PSOE y Más Madrid presentaron sus escritos aún no se les había notificado la decisión del juez Viejo.

La anterior magistrada del caso, Inmaculada Iglesias, implicó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la investigación más compleja, la del pago encubierto de la comisión al directivo de Quirón, pero los agentes no se pusieron a trabajar hasta noviembre porque la documentación del juzgado no llegó hasta entonces. Aún hoy siguen elaborando su atestado. La jueza Iglesias se jubiló en verano y eso provocó un retraso en la instrucción.

La causa contra Álvaro García Ortiz ha llegado a un nuevo punto de conflicto después de ser condenado: las costas judiciales. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, según ha adelantado esta mañana el periódico El Mundo, ha solicitado que el ex fiscal general del Estado pague casi 65.000 en costas por los honorarios generados por su abogado durante la tramitación de la causa. Una petición que cuadruplica la condena que impuso el Tribunal Supremo a García Ortiz entre la multa y la indemnización después de declarar probado que él o alguien de “su entorno” filtraron a la prensa un correo con la confesión de fraude fiscal del comisionista.

La Sala de lo Penal, con dos magistradas en contra, decidió condenar al ex fiscal general del Estado al responsabilizarle de la filtración. Una condena de dos años de inhabilitación para ejercer como líder de la Fiscalía añadida a dos sanciones económicas: una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador por las consecuencias de la filtración. Muy por debajo de los 300.000 euros de resarcimiento que había pedido la pareja de Ayuso y también de la multa de 108.000 euros que había pedido.

El Supremo condenó a García Ortiz a pagar las costas de la acusación particular y la mitad de “las restantes” y ahora la defensa del empresario, ejercida por el letrado Gabriel Rodríguez-Ramos, ha presentado al Tribunal Supremo sus honorarios: 64.778 euros según sus propios cálculos. La cantidad final, en cualquier caso, será establecida por la Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y su decisión podrá ser recurrida tanto por González Amador como por García Ortiz.

Fuentes cercanas al ex fiscal general entienden que se trata de una cantidad desmesurada, sobre todo teniendo en cuenta que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estableció unas responsabilidades económicas más de diez veces inferiores a las solicitadas por González Amador. Los propios jueces consideraron desproporcionadas sus solicitudes de condena, también la de cuatro años de prisión, dejando el castigo en dos de inhabilitación. Ahora el Supremo tendrá que examinar el detalle de los gastos remitido por el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El caso contra Álvaro García Ortiz, después de haber sido condenado en firme, está a la espera de los últimos trámites antes de poder presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han presentado incidentes de nulidad contra la condena y la Sala de lo Penal tiene pendiente su resolución en las próximas semanas. Cuando ese incidente de nulidad quede previsiblemente rechazado por la misma mayoría que firmó su condena, García Ortiz podrá acudir al Tribunal Constitucional.

Mientras tanto el Ministerio de Justicia ya tramita varias peticiones de indulto presentadas por terceras personas para que la condena de García Ortiz sea perdonada. Por el momento, el departamento que dirige Félix Bolaños se ha limitado a pedir un informe al Ministerio Público en un proceso en el que también tendrá que dar su opinión el Tribunal Supremo. Un posible indulto, tal y como ha explicado elDiario.es, no le permitirá recuperar el dinero que ya ha pagado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Unión Progresista de Fiscales, asociación que presidió García Ortiz y que ha sido crítica tanto con la condena como con la instrucción del caso, hizo una colecta para conseguir todo el dinero que el ex fiscal general había sido condenado a pagar.