La investigación del presunto soborno cometido por Alberto González Amador a un directivo del Grupo Quirón permanece detenida antes de arrancar. Los requerimientos de la Unidad Central Operativa (UCO) al juez Antonio Viejo para que le autorice a acceder a las cuentas bancarias y a la información societaria de la pareja de Isabel Díaz Ayuso cumplen seis meses sin que el magistrado instructor se haya prestado a autorizarlos, informan a elDiario.es fuentes próximas al caso. 

Las últimas semanas de retraso son especialmente llamativas. A instancia de los investigadores, el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid albergó una reunión el pasado 30 de abril entre el magistrado Viejo, una representación de los agentes de la UCO y el fiscal del caso. En ese encuentro, Viejo se comprometió a librar los oficios en el plazo de una semana. Un mes y una semana después sigue sin hacerlo. 

La operación ha sido bautizada ya por los agentes de la UCO como ‘Cirbelia’, en alusión a Círculo de Belleza S.L, la empresa cuya compra por González Amador supondría en realidad el pago encubierto de una comisión a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. 

Cuando se cumplieron tres meses sin que el juez Antonio Viejo contestara al requerimiento de la UCO para empezar a investigar, un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) trasladó a elDiario.es que el magistrado no había tomado posesión de su nuevo cargo hasta octubre de 2025 y que tuvo que “empezar de cero” revisando todas las causas. 

Según la citada explicación, el juez Viejo habría dado prioridad a las causas con preso o a otras de especial complejidad que afectaban al día a día de las víctimas, como las grandes estafas o las que tienen que ver con herencias. La entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en los juzgados, que ha cambiado el modelo que regía los juzgados, habría redundado en ese retraso, alegaba el mismo portavoz. 

La primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias, se jubiló el verano pasado. A finales de junio dictó un auto en el que ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil actuar como policía judicial del caso debido a la complejidad que había adquirido el mismo. El cambio de titular en el juzgado, que instruye en estos momentos varias causas complejas, retrasó la investigación a Alberto González Amador. El nuevo juez, Antonio Viejo, se incorporó durante el mes de octubre. Hasta el 31 de ese mes no llegó a la UCO la primera parte de la información de la causa por corrupción en los negocios y administración desleal contra la pareja de Ayuso. Una semana después, el 6 de noviembre, el juzgado completó la remisión de documentos a la Guardia Civil, según los datos recabados por elDiario.es.

Ocultar un “soborno”

El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”. 

Dos son las líneas de investigación que se siguen en este sentido. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, ostentaba otro cargo además del que tiene en la empresa sanitaria. Camino era consejero de una empresa gallega llamada Mape y habría intercedido para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera. 

La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 

La segunda tesis que estableció la primera jueza del caso pasa porque ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.

González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

Pese a los indicios recabados en la instrucción, a fecha de hoy solo han declarado en el juzgado por el presunto soborno Alberto González Amador y la antigua dueña de la empresa, Gloria Carrasco, la mujer del directivo de Quirón. Sus comparecencias presentaron serias contradicciones entre ellas, principalmente cuando intentaron dar cada uno su versión de por qué Círculo de Belleza, con tan poco valor, costó medio millón de euros. Esas discrepancias fueron el desencadenante para que la Fiscalía solicitara a la jueza dar un salto en la investigación en implicar a la UCO.

Instrucciones precisas de la primera jueza del caso

Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias concretó a la UCO dónde quería que escarbara. La magistrada pidió en julio aclarar el “incremento patrimonial” de González Amador, un empresario con discretos resultados hasta que la comisión en 2020 disparó su carrera. Los agentes, detalló la jueza, deberían centrarse en analizar la obtención de esa comisión y el resto de ingresos de Alberto González Amador.

Inmaculada Iglesias es la jueza que instruyó la pieza principal, por el fraude fiscal de 350.951 euros de González Amador, y que abrió una pieza separada a petición de las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos. Al poder acceder a todo el expediente tributario, los abogados de los partidos encontraron indicios de otros delitos que trascendían el fraude fiscal. 

Poco antes de abandonar el juzgado por su jubilación, la jueza Iglesias dio una instrucción precisa para que la UCO escudriñara la operación de compra de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador a Gloria Carrasco. Con posterioridad a la compra, la pareja de Ayuso rebautizó la empresa con el rimbombante nombre de Masterman & Whitaker. La Agencia Tributaria y la Fiscalía creen que utilizó la sociedad para facturar encargos de Quirón que en realidad realizaba su empresa principal, Maxwell Cremona SL, y obtener así ventajas fiscales de forma irregular. La jueza pedía a la UCO que le informara sobre el posible “uso instrumental” de sociedades de González Amador. 

Asimismo, la jueza Iglesias solicitó a la UCO el análisis de todos los flujos financieros relacionados con González Amador y su empresa así como un posible delito de blanqueo de capitales, precisan las fuentes consultadas. Esta última instrucción de la jueza ofrecía una pista de por dónde puede crecer el caso, ya que esa dinámica delictiva no había sido contemplada hasta ese momento por la jueza. Ocurre igual con la mención a la trama compleja en la que participó presuntamente González Amador y que podría derivar en una nueva imputación por integración en grupo criminal.

La jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos ha llamado a declarar en calidad de testigo a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La magistrada entiende, a petición del PSOE, que es una diligencia necesaria para averiguar la “fuente” que proporcionó al jefe de gabinete los datos y la foto de los periodistas de El País que después difundió entre dos decenas de medios de comunicación. La magistrada también rechaza la petición del jefe de gabinete de Ayuso de archivar el caso, precisamente por tener pendientes estas diligencias. “Sin haber finalizado la práctica de estas es improcedente resolver sobre su resultado aún no conocido”.

La citación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como testigo ha sido establecida para el próximo 30 de junio, según ha podido comprobar este periódico.

El juzgado investiga de dónde sacó Miguel Ángel Rodríguez los datos y la foto de los dos reporteros del periódico del grupo PRISA que posteriormente difundió entre medios que publicaron la imagen. Una foto de los dos periodistas en las inmediaciones del domicilio de Isabel Díaz Ayuso acompañada de la acusación falsa de haber acosado a vecinos para conseguir información de la pareja.

El propio jefe de gabinete de Ayuso compareció como imputado hace unos días y dio dos versiones diferentes. Antes de entrar al juzgado afirmó ante los periodistas que la foto se la facilitó un vecino de la urbanización. Ante la instructora, reconoció que la imagen se la había proporcionado el propio Alberto González Amador. Los reporteros fueron identificados por la Policía y la jueza indaga en si Rodríguez obtuvo sus datos de los agentes, algo que negó Rodríguez. La magistrada no cree que la Policía hiciera llegar la foto a Rodríguez porque fue “claramente realizada desde una posición de altura”, no desde la calle.

La magistrada también rechaza otras diligencias solicitadas por el PSOE. Por ejemplo, llamar a declarar a un comisario de Policía Nacional o que se investigue el teléfono de Miguel Ángel Rodríguez. “Ningún dato aporta la acusación para entender que la fuente de información de don Miguel Ángel sea ajena y distinta a la por él afirmada”.

En una segunda resolución la magistrada también rechaza la petición de Miguel Ángel Rodríguez de archivar el caso contra él. “Procede desestimar la solicitud de sobreseimiento interesada, por no ser el momento procesal adecuado”, explica la jueza.

Aviso: el boletín de este sábado es más largo de lo habitual. Hay que hablar de muchos temas: Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez, Alberto González Amador, Cristóbal Montoro… 

Porque todo pasa por los juzgados, en la acelerada política española. Pero no todo pasa bajo el mismo criterio ni con la misma velocidad.

Esta semana, arrancó el juicio por el presunto enchufe a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. También esta semana, el juez Peinado citó a Begoña Gómez para el último trámite antes de sentarla en el banquillo; amenazó incluso con detenerla si no acudía en persona, algo de dudoso encaje legal. 

Ambas denuncias tienen muchísimo en común, no solo la relación con Pedro Sánchez. Ambas llegaron casi a la vez, en la primavera de 2024. Ambas están presentadas por Manos Limpias, el pseudosindicato de ultraderecha. Y ambas incluían noticias falsas: el bulo de que Begoña Gómez había recibido una subvención –era una hostelera cántabra del mismo nombre–, o los supuestos 1,4 millones de euros en acciones del BBVA de David Sánchez que en realidad eran solo 71.000 euros.

Ambas denuncias tampoco se explican sin otra noticia, que publicamos pocas semanas antes.

El 12 de marzo de 2024, elDiario.es destapó el fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. 

Al día siguiente, el 13 de marzo, Isabel Díaz Ayuso defendió con mentiras que era justo al revés: que era Hacienda quien debía dinero a su pareja. Ese mismo día acusó al Gobierno de Sánchez de una “operación para destruirla”: para tapar la corrupción de Pedro Sánchez con referencias veladas a su mujer.

A lo largo del mes de marzo, el argumento de que la “persecución contra González Amador” era para proteger a la familia de Pedro Sánchez fue creciendo en los altavoces de la derecha. Es completamente falso: la inspección fiscal contra la pareja de Ayuso arrancó en 2022, dos años antes de las primeras informaciones contra Begoña Gómez o el hermano de Pedro Sánchez. Pero la verdad nunca ha frenado a Ayuso. Ni tampoco a Miguel Ángel Rodríguez.

El 16 de abril, el juez Peinado arrancó bajo secreto de sumario la investigación contra Begoña Gómez.

Justo al día siguiente, el 17 de abril, el jefe de gabinete de Ayuso ponía este tuit. 

El 24 de abril, la investigación de Peinado contra Begoña Gómez salía a la luz. Y apenas un mes más tarde, el 29 de mayo, llegó la denuncia de Manos Limpias contra David Sánchez. 

Han pasado justo dos años desde esa denuncia contra David Sánchez hasta el inicio de su juicio. Begoña Gómez, por su parte, está al borde del banquillo. Pero, ¿qué ha sido de González Amador?

La pareja de Ayuso tiene dos causas judiciales en marcha. Una es por el fraude fiscal y las facturas falsas que presentó ante Hacienda. Esa parte de la instrucción ya está terminada –no tenía gran complejidad–, pero el inicio del juicio no se espera hasta 2027, como pronto. 

Alberto González Amador también está imputado por corrupción en los negocios y administración desleal. La justicia investiga si pagó una mordida de 500.000 euros a un directivo de Quirón que previamente le facilitó una comisión de dos millones de euros por la venta de mascarillas. No parece llevar mucha prisa.

El 25 de julio de 2025, la jueza que instruía el caso contra González Amador pidió a la UCO –la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– un primer informe sobre este presunto soborno. Para entonces, Peinado no solo había pedido varios informes a la UCO sobre Begoña Gómez: ya había recibido dos. 

Poco después de pedir ese informe sobre González Amador, la jueza se jubiló. El nuevo titular del juzgado, Antonio Viejo, se incorporó en otoño de 2025. El 31 de octubre de 2025, la UCO recibió al fin formalmente la primera petición para investigar la presunta mordida de González Amador.

El 19 de diciembre de 2025, la UCO pidió a este juez una autorización para poder entrar en las cuentas bancarias de González Amador y sus empresas. Es apenas un trámite, para poder cumplir con la orden anterior y poder presentar ese informe.

Ha pasado medio año y ese trámite sigue pendiente. Desde el TSJ de Madrid aseguran que Antonio Viejo ha tenido que “empezar de cero” en su juzgado para ponerse al día con todos los asuntos pendientes, y que ha priorizado aquellas causas con preso, donde hay alguien en prisión preventiva.

Han pasado dos años desde aquella primavera en la que todas estas causas judiciales arrancaron. Tiempo suficiente para investigar, juzgar y condenar al mismísimo fiscal general. 

El caso Montoro

Hay ocasiones en las que la justicia es rápida. En otras es lenta. Unas veces extrema las garantías. En otras, parece olvidarlas.

En otro juzgado, en Tarragona, hay una causa judicial que avanza a trompicones, al ritmo del caracol: el caso de Cristóbal Montoro y su “Equipo Económico”: una empresa que presuntamente cobraba fortunas a cambio de leyes a medida y otros favores del Gobierno de Rajoy. 

La primera pista apareció en otra causa judicial: un correo electrónico de los directivos de una empresa de gas, donde hablaban de cómo lograr una rebaja fiscal para su sector. “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda”, se leía literalmente en uno de esos correos. 

Aquella investigación llegó al juzgado en 2018 y siguió viva en gran medida por el tesón de una fiscal de Anticorrupción, Carmen García Cerdá. En diciembre de 2021, esta fiscal pidió permiso para investigar los correos electrónicos del Ministerio de Hacienda, incluido un buzón atribuido al propio Montoro donde presuntamente recibía también filtraciones de datos reservados de contribuyentes con los que él o su gobierno tenían enemistad.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, se negó. Argumentó que era “desproporcionado”, que no había indicios suficientes.

“Somos fiscales, me cuesta que tengamos dudas de investigar”, defendió la fiscal García Cerdá. Incluso forzó una votación en la Fiscalía Anticorrupción –es una posibilidad que tienen en caso de discrepar de una orden–, pero ganó la posición del jefe, Alejandro Luzón.

La fiscal García Cerdá recurrió entonces a una vía irregular. Habló con los Mossos para intentar que fueran ellos los que pidieran al juez acceso a ese mail. No lo logró: nadie ha mirado aún en ese correo. Y aquella gestión con los Mossos le acabó costando una sanción, por desobedecer la orden de su superior. Mil euros de multa, que fueron impuestos por la Fiscalía durante la etapa de Álvaro García Ortiz. Todo esto, en más detalle, está explicado en este artículo de Pedro Águeda en elDiario.es. Hace ya un año.

La investigación lleva en marcha desde 2018: ocho años. Montoro fue imputado en 2021: hace cinco años. Por ahora, aún no ha sido llamado siquiera a declarar. Tampoco se ha registrado su despacho. No se sabe si este caso algún día llegará a juicio, o si se archivará. Lo que sí es seguro es que cualquier posible condena al exministro de Hacienda vendría con un atenuante: por el enorme retraso de la instrucción.

El caso Zapatero

Al igual que con Montoro, la investigación se inicia con unos mensajes de unos empresarios que dicen haber pagado a una empresa vinculada con Zapatero para lograr un trato de favor de la administración. El inicio de esta historia es prácticamente el mismo. El proceso que ha seguido no.

Esas conversaciones de WhatsApp que apuntan a Zapatero principalmente salen del teléfono móvil de Rodolfo Reyes: un empresario venezolano que fue propietario del 40% de Plus Ultra. El 9 de mayo de 2021, en el aeropuerto de Miami, las autoridades estadounidenses clonaron su teléfono móvil antes de deportarle a Panamá. En aquel momento, el presidente de EEUU era Joe Biden. Pero la gran duda es otra. ¿Cuándo se mandaron esos mensajes desde Estados Unidos hasta la Audiencia Nacional? ¿Bajo qué administración?

En el sumario del caso Zapatero no aparece la fecha exacta –y es raro, siendo como es una de las pruebas decisivas–. La primera mención figura en un informe de la UDEF del 22 de abril de 2026. Y según ha publicado Miguel Ángel Campos en la Cadena SER, esta colaboración con la Policía del Homeland Security estadounidense se produjo entre febrero y marzo de 2026. Cinco años después de que Estados Unidos tuviera esos mensajes en su poder.

Son las mismas fechas en las que arreciaron las críticas de Donald Trump contra Pedro Sánchez por la posición de España contra la Guerra de Irán.

El caso Leire

Hay asuntos que jamás prosperan en los juzgados. La Operación Catalunya, por ejemplo, que nunca se ha querido investigar. O buena parte de las grabaciones de Villarejo, que duermen el sueño de los justos en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

Otros asuntos son tan golosos que hasta se implican dos juzgados a la vez.

Las maniobras de la fontanera del PSOE Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset ya estaban bajo la lupa de la justicia desde hace casi un año. El juez Arturo Zamarriego, del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, empezó a investigar en julio de 2025 el presunto intento de soborno a un fiscal de este grupo. También las pesquisas de Leire Díez para lograr información comprometida contra los mandos de la UCO o de la Fiscalía Anticorrupción para así descarrilar las investigaciones judiciales abiertas contra el PSOE. Son reuniones donde Leire Díez prometía tratos de favor del Gobierno o de la Fiscalía que no consta que se cumplieran.

En la Audiencia Nacional, desde finales del año pasado, el juez Santiago Pedraz también investiga a Leire Díez, pero por otra cuestión: el presunto cobro de comisiones ilegales. Una trama donde Díez trabajaba junto a Antxon Alonso –supuesto socio de Santos Cerdán en la constructora Servinabar– y el exdirector de la SEPI Vicente Fernández. Ese juzgado fue el que ordenó la detención de los tres, en diciembre de 2025.

Esta semana, la Audiencia Nacional mandó a la UCO a la sede del PSOE de Ferraz, a reclamar documentos ante los indicios que apuntan a que el partido pagaba a Leire Díez a través de empresas interpuestas. Según la UCO, estos pagos llegaban por medio de la consultora del histórico dirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías. O a través de dos despachos de abogados: el de Ismael Oliver –que fue abogado de Ábalos– y el de Jacobo Teijelo –que es abogado de Santos Cerdán–.

Es extraño que esta decisión la firme la Audiencia Nacional. Porque se suponía que el juez que llevaba esta parte de las acusaciones contra Leire Díez era Arturo Zamarriego, no Santiago Pedraz. Y Zamarriego nunca ordenó en esa causa operativos como el que vimos esta semana en la sede del PSOE en la calle Ferraz. De hecho, se opuso a muchas de las peticiones de las acusaciones populares, como imputar a Santos Cerdán.

¿Con qué argumento se cuela la Audiencia Nacional en un asunto que ya está bajo investigación en otro juzgado? ¿Por qué se aprueba allí un operativo de la UCO que debería haber decidido otro juez? Al parecer, en la detención a Leire Díez –en su teléfono y su ordenador– la UCO encontró pruebas sobre las maniobras de esta fontanera del PSOE. Pero lo lógico habría sido enviar ese informe al otro juzgado, al de Zamarriego. No es lo que pasó.

El argumento de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción para tramitar este informe ante la Audiencia Nacional es que Leire Díez y los demás imputados habrían cometido un presunto “delito contra las instituciones del Estado”. Suena feo pero no es un delito muy penado. Según el auto de Pedraz, hablamos del artículo 504.2 del Código Penal, que castiga con “multa de doce a dieciocho meses” a los que “injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”. 

De todas las acusaciones contra Leire Díez, “injuriar” o “amenazar gravemente” a la UCO parece uno de los delitos menos probados. Buscar material comprometido contra sus mandos –aún ofreciendo sobornos por el camino–, no es lo mismo que amenazarlos o que injuriarlos. Pero da la casualidad de que los delitos contra las instituciones del Estado son competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, por lo que ese presunto delito ha servido para llevar el caso hasta el juzgado de Santiago Pedraz. Y así sacarlo del de Arturo Zamarriego.

Queda la sospecha de si esta extraña maniobra se produjo ante la negativa de Zamarriego a ordenar la entrada de la UCO en la sede del PSOE.

Sí hay una certeza: ni Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, ni Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, cumplen en este asunto con la apariencia de imparcialidad. Tienen en este tema un interés personal, no son neutrales: lo que buscaba Leire Díez era basura contra los dos. Si hay un delito contra “las instituciones del Estado”, ellos son las víctimas. No deberían ser al mismo tiempo los responsables de la investigación. 

También hay corrupción

Desde el PSOE reducen todo esto a una campaña de los jueces, a un “golpe de Estado”. Es una reducción al absurdo. No es tan simple. Hay movimientos judiciales en la oscuridad, pero también hay indicios muy graves de corrupción. 

Los presuntos pagos encubiertos que ordenó Santos Cerdán desde el PSOE para Leire Díez apestan. En aquel momento Cerdán era el secretario de Organización y la duda legítima es si puso en marcha esta operación para protegerse él mismo –por miedo a lo que le pasó después, cuando fue imputado–, o por órdenes de su secretario general, Pedro Sánchez. 

Santos Cerdán era consciente de que no podía contratar a Leire Díez abiertamente: estaba haciendo algo que podía comprometer al partido. Cuando en el PSOE decían que era una espontánea, que era una militante de base, que Leire Díez iba por libre… no decían la verdad.

En el caso de Zapatero, algunas de las acusaciones hoy parecen poco sólidas. Te recomiendo este artículo de José Manuel Romero, donde explica cómo fue realmente el rescate a Plus Ultra y por qué los indicios de tráfico de influencias son dudosos. Empezando por esta idea de que los directivos de Plus Ultra tenían “información privilegiada” de cuándo se aprobaría el rescate. Falso: lo sabían por el propio cauce legal, igual que todas las demás empresas que recibieron estos préstamos públicos.

Sin embargo, Zapatero aún tiene muchas cosas que explicar: entre otras, el medio millón que cobraron sus hijas de una empresa propiedad de venezolanos sin actividad conocida. Tampoco cuadran los datos que ha encontrado la investigación con las explicaciones que el expresidente dio en el Senado sobre su papel en Análisis Relevante. Zapatero dijo no conocer a los clientes, o que no hizo ninguna gestión con Plus Ultra, y parece que no era verdad.

En muchas de las causas judiciales que atenazan al Gobierno hay indicios muy serios de corrupción. Los presuntos delitos de Ábalos, Koldo o Santos Cerdán no son un invento de los jueces ni de los policías o guardias civiles. Las evidencias son enormes. Y hablamos de dos exsecretarios de Organización del PSOE, uno de ellos también exministro.

Al mismo tiempo, es muy difícil confiar en que esta justicia española sea igual para todos. También para ese M. Rajoy que, en la investigación de la Kitchen, no fue llamado a declarar ni siquiera como testigo.

Hay ocasiones en las que la justicia es rápida. En otras es lenta. Unas veces extrema las garantías. Otras, parece olvidarlas.

Lo que casi nunca parece la justicia española es ciega. 

A menos que no crean sus ilustres magistrados que los ciegos somos los demás.

P.D. Ya queda menos de un mes para nuestro Festival de las Ideas y la Cultura. Será el 26 y 27 de junio en Rivas-Vacíamadrid. Si vienes desde fuera de Madrid, tenemos para ti descuentos en hoteles. También hemos preparado una guía práctica con toda la información sobre cómo llegar al festival.

Para algunas de las actividades, que serán en el Auditorio Pilar Bardem, hay limitación de aforo. Puedes reservar tus entradas desde aquí. 

Ojalá nos veamos en nuestro festival.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha abierto una amplia inspección fiscal a Quirón Prevención, principal pagador de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La inspección comprende hasta cuatro ejercicios y abarca otros tantos impuestos diferentes, incluyendo los de Sociedades e IRPF. El procedimiento inspector se ha iniciado tras salir a la luz en 2024 el escándalo fiscal de González Amador por defraudar presuntamente al Fisco en los ejercicios 2020 y 2021. Estos dos ejercicios están incluidos en esta inspección a Quirón Prevención, que comprende un periodo en el que el grupo sanitario tenía, además, litigios multimillonarios con la Comunidad de Madrid por los pagos derivados de sus conciertos con la sanidad pública regional.

En sus últimas cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2025 y que la empresa acaba de remitir al Registro Mercantil, la filial de prevención de riesgos laborales del gigante de la sanidad privada, perteneciente al grupo alemán Fresenius, explica que “en el ejercicio 2025, la Administración Tributaria comunicó a la Sociedad la apertura de inspección de los ejercicios 2020 a 2023 del Impuesto sobre Sociedades y del 2021 al 2023 del Impuesto sobre el Valor añadido [IVA] y de las obligaciones de retenciones en IRPF e Impuesto sobre la Renta de No Residentes”.

“Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación de la normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas”, dice el documento, en una fórmula habitual en estos casos. elDiario.es contactó con Quirón para preguntar sobre este asunto, sin obtener respuesta.

Las cuentas anuales de Quirón Prevención reflejan que en 2024 la filial logró un nuevo récord de facturación, al incrementar su cifra de negocios un 9%, hasta 471 millones de euros.

El beneficio de la empresa alcanzó los 56,5 millones, con un ligero descenso respecto al resultado récord de 58 millones alcanzado en 2024. La filial es líder en prevención de riesgos laborales. Con más de 7.000 profesionales, Quirón Prevención da servicio a más de 4 millones de trabajadores y más de 179.000 empresas, según su web.

La filial es desde hace años el principal pagador de la pareja de Díaz Ayuso. González Amador, colaborador externo del grupo para auditorías de calidad, multiplicó sus ingresos de Quirón tras iniciar su relación con la presidenta madrileña. Su consultora Maxwell Cremona declaró en el ejercicio 2024 la mitad de facturación y contrató personal por primera vez tras estallar el escándalo de fraude fiscal que reveló elDiario.es en marzo de ese año.

El empresario y comisionista está pendiente de juicio en el juzgado de lo Penal 19 de Madrid por cometer presuntamente sendos delitos fiscales y de falsificación de documentos en los ejercicios fiscales 2020 y 2021 mediante una trama de facturas falsas para defraudar a Hacienda después de disparar sus ingresos, en parte, gracias a la propia Quirón.

La instrucción de este procedimiento concluyó el pasado septiembre y el juicio todavía no tiene fecha. La pareja de Ayuso llegó a reconocer por escrito esos delitos antes de estallar el escándalo. Luego intentó esgrimir la condena del Tribunal Supremo contra el anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para librarse de ser condenado por este procedimiento.

González Amador también está siendo investigado por un delito de presunta corrupción en los negocios derivado del pago, a finales de 2020, de medio millón de euros a una empresa de tratamientos de belleza sin aparente valor que estaba a nombre de la farmacéutica Gloria Carrasco, la esposa del principal ejecutivo de Quirón Prevención, Fernando Camino.

Este último, que es una figura clave en el ascenso profesional de González Amador, era entonces consejero de una empresa de material sanitario ajena a Quirón, la gallega MAPE, que propició una comisión de casi 2 millones de euros para González Amador por intermediar en la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.

Gloria Carrasco figura como investigada junto a González Amador en este procedimiento, que ha revelado la existencia de una inspección de la Agencia Tributaria contra la esposa del principal ejecutivo de Quirón Prevención.

Esas pesquisas del Fisco sobre Carrasco han quedado paralizadas al existir una investigación judicial, que está pendiente de un informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil empezó a trabajar el pasado noviembre.

Pese a la imputación de la pareja de Ayuso por esa presunta corrupción en los negocios y las exigencias de su código ético, Quirón mantiene su relación con González Amador, que como reveló elDiario.es en diciembre, ha continuado operando en el grupo sanitario con una identidad falsa [Alberto Burnet González] a pesar del mandamiento del manual de buenas prácticas.

Ese código ético asegura: “Solo trabajamos con socios cuyos valores coincidan con nuestros principios corporativos y cuya cooperación no se haya visto influida por la corrupción”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue esperando desde el pasado 19 de diciembre a que el juez Antonio Viejo autorice acceder a la información de las cuentas bancarias de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ahora, meses después, Más Madrid ha solicitado al juzgado que se dé acceso a esta información para continuar con la investigación.

La anterior titular del Juzgado, Inmaculada Iglesias, trasladó el 25 de julio de 2025 la orden a la unidad de la Guardia Civil para que elaborase un informe sobre el presunto soborno de González Amador al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, para obtener una comisión de 2 millones de euros en mascarillas que luego se habrían repartido ambos. Ahora, el actual magistrado alega una enorme carga de trabajo y una prioridad en casos más graves aun sin relevancia mediática.

“La investigación debe realizarse con todas las garantías y con acceso a toda la información relevante porque es la única forma de conocer toda la verdad en el juicio sobre los sobornos entre privados que rodearon el pelotazo de Alberto González Amador con la colaboración de un alto directivo de Quirón”, ha criticado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Bergerot ha denunciado que “toda España sabe que hay algo muy turbio en los negocios de Ayuso” y ha pedido, “como en todos los entramados mafiosos”, seguir “la pista del dinero”.

Fue en diciembre del año pasado cuando la UCO solicitó al magistrado que comenzara los trámites para poder acceder a las cuentas bancarias y las sociedades del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, sin la autorización del magistrado, el trabajo de los agentes no puede continuar, informa Pedro Águeda.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado al Ayuntamiento de Madrid por la “revelación, transmisión y difusión” en medios de comunicación de los datos personales de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Esos datos que saltaron a la opinión pública estaban incluidos en los expedientes que se le abrieron en 2022 para analizar la posible ilegalidad de las obras que llevó a cabo en el domicilio de Chamberí en el que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Este es el segundo litigio que el comisionista y empresario gana al consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida en relación a esa vivienda. En abril de 2025 trascendió que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid falló a favor de González Amador al entender que la reforma integral que realizó sí se encontraba amparada por una declaración responsable que fue debidamente presentada.

La batalla administrativa entre el novio de Ayuso y el Ayuntamiento tiene su origen en julio de 2022, cuando el empresario adquirió la vivienda por 850.000 euros. La entrada fue de 350.000 euros (cantidad cercana a la que presuntamente esquilmó al erario público), y el resto del dinero, 500.000 euros, lo aportó mediante una hipoteca. Ya con las llaves en la mano, arrancaron las reformas que derivaron en la apertura de esos expedientes municipales. Y es que esas obras fueron de todo menos pacíficas para los vecinos: al restaurante ubicado en el bajo llegaron aguas fecales, las empresas de cristalería ocuparon la vía pública y hubo derribo de tabiques.

En mayo de 2024 trascendió a la prensa que el Ayuntamiento estudiaba la legalidad de esas obras, y fue justo un mes después cuando González Amador decidió poner una reclamación ante la AEPD contra el consistorio madrileño. Una acción que apoyó su pareja, Díaz Ayuso: “Un ciudadano tiene derecho a defenderse si una institución revela datos personales ante la administración que sea”.

Tras meses de diligencias y de alegaciones por parte del equipo de Almeida, el asunto se ha resuelto con una sanción para el Ayuntamiento de Madrid por la vulneración de hasta tres artículos del Reglamento General de Protección de Datos. Pero esa sanción, al ir contra una administración pública, se queda solo en una suerte de apercibimiento para que se subsanen los agujeros de su sistema de protección de datos. Y eso que la norma recoge que las multas —que van dirigidas fundamentalmente a empresas— pueden ascender a 20 millones de euros.

Se da la coincidencia de que la AEPD dictó esta sanción un día antes (19 de noviembre de 2025) de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Esa causa del Alto Tribunal nacía también en González Amador y su fraude a las arcas públicas. La Fiscalía le pide tres años y 9 meses de cárcel por dos delitos de fraude fiscal, equivalentes a 350.951 euros, y otro de falsificación de documentos.

La resolución de la AEPD, que ha podido consultar en fuentes abiertas elDiario.es a través del portal de la agencia, explica que el novio de Ayuso denunció que entre los datos que acabaron en poder de los medios estaba su nombre completo, su DNI, su dirección postal, su número de teléfono, la dirección de correo personal, y el contenido íntegro de los expedientes urbanísticos vinculados a su vivienda habitual. También lamentaba que terceros pudieron ver datos de la vivienda, como su distribución, la superficie, la ubicación de las entradas y salidas al exterior o datos como el presupuesto y coste de la obra. Explicaba en su denuncia que los datos difundidos en los medios “únicamente eran conocidos por el Ayuntamiento como organismo responsable de la tramitación del expediente urbanístico”.

Las dos aplicaciones

La Agencia, siguiendo el protocolo administrativo por el que se rige, trasladó la denuncia al Ayuntamiento, que respondió un mes después indicando que, tras estudiar el asunto, detectaban doce noticias que hacían mención o incluían literales de dos expedientes administrativos relativos a la vivienda en cuestión. Y que esa información había sido obtenida a través de dos aplicaciones distintas del consistorio.

La primera de esas aplicaciones, que en la resolución anonimizada aparece como 'Aplicación 1', es una herramienta de acceso público que sirve para consultar licencias y expedientes urbanísticos y que depende de la Agencia de Actividades. Y la segunda de ellas, la 'Aplicación 2', es de uso exclusivo del personal municipal autorizado. Con estas primeras pesquisas, el Ayuntamiento bloqueó la aplicación de acceso telemático público.

Tras esto, y a requerimiento de la Agencia, el consistorio indicó que no se podía calificar el incidente como “brecha de seguridad” porque no tenían constancia de la existencia de una violación de seguridad de los datos personales o accesos ilegítimos en relación con los sistemas de información gestionados por la IAM, Informática del Ayuntamiento de Madrid. Y sobre las medidas que se iban a adoptar, el Ayuntamiento explicó que ya había llevado a cabo una “desconexión temporal” de la aplicación pública para trabajar en la anonimización de datos sensibles y que se capó el acceso a la persona que había consultado en decenas de ocasiones la aplicación interna.

Con todos los datos sobre la mesa, los inspectores asignados por la Agencia iniciaron un largo procedimiento de meses que cristalizó en diciembre de 2024 con el arranque del procedimiento sancionador. Tras diversas alegaciones de los organismos municipales afectados, en agosto de 2025 la AEPD entendió que el Ayuntamiento había infringido el reglamento europeo de protección de datos y conminaba a Martínez Almeida a anonimizar todos los datos de carácter personal contenidos en la aplicación pública; a documentar las altas y las bajas de los usuarios que tenían acceso a bases de datos sensibles; y a la revisión periódica de los permisos de acceso a las bases internas.

En la resolución, la AEPD explica que si bien el derecho de acceso a la información urbanística “debe interpretarse conforme al principio de transparencia máxima”, esta “no es ilimitada y debe armonizarse con el derecho fundamental a la protección de datos personales”. Por eso, recuerda que no es permisible “la publicación indiscriminada de cualquier dato personal, sino únicamente aquellos realmente necesarios para la finalidad de (…) fiscalización”.

La Agencia concluye su resolución dándole seis meses al Ayuntamiento para que implemente todas las medidas que le exige, incluida la anonimización de datos personales en la aplicación que es de acceso público. El Ayuntamiento, en diciembre de 2025, recurrió la decisión de la AEPD, pero solo para matizar que la aplicación de acceso público no debía ser anonimizada totalmente porque esto sería contrario “al marco normativo aplicable en materia de transparencia y urbanismo”. Y la Agencia aclaró que se debían disociar solo los datos personales no pertinentes.

Mientras, la pareja Ayuso-Amador continúa disfrutando no solo del piso reformado sino también del ático de lujo del mismo edificio, adquirido por 950.000 euros por una sociedad denominada Babia Capital SL, que es administrada por el fiscalista de González Amador, Javier Gómez Fidalgo. El propio empresario declaró en una comparecencia judicial que Fidalgo se lo alquilaba por 5.000 euros al mes con derecho a compra, que finalmente ejecutó en noviembre del año pasado.

La Fiscalía ha remitido este viernes al Tribunal Supremo un informe en el que se muestra a favor de conceder un indulto parcial a Álvaro García Ortiz tras su condena a dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. En concreto, solicita que se le perdone el tiempo que le resta por cumplir de la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado.

“La condena ha generado consecuencias extrapenales desproporcionadas”, recoge el informe elaborado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que reconoce que el indulto parcial que le puede ser otorgado tiene efectos “limitados”, ya que García Ortiz ya abandonó el puesto cuando se conoció la sentencia, se ha nombrado a una nueva fiscal general para un mandato de cuatro años y, por ley, él no podría volver a ser elegido para ese cargo.

Así, defiende que la minoración de la duración de la pena de inhabilitación comporta exclusivamente el acortamiento de los plazos para la cancelación de los antecedentes penales, algo que sí tiene consecuencias “en la vida civil y desarrollo profesional”.

El informe destaca que García Ortiz asumió en todo momento la responsabilidad por la nota de prensa que hizo pública la Fiscalía para desmentir un bulo propagado horas antes por el entorno de la presidenta Ayuso, dimitió de su cargo nada más conocer el fallo y ya ha abonado tanto la indemnización de 10.000 euros para el empresario y comisionista que recoge la sentencia, así como la pena de multa de 7.200 euros.

El informe valora que García Ortiz actuó con “total ausencia de beneficio personal patrimonial”. Y defiende que su finalidad fue “preservar la reputación” de la institución frente a “los ataques que cuestionaban el quehacer profesional de los fiscales en un asunto de enorme interés mediático” e incluso su propia actuación al imputársele “falsamente” un comportamiento ilegal.

Informe del Tribunal Supremo

Tras recabar la posición de la Fiscalía, el Tribunal Supremo hará un informe en el que determinará si hay elementos que justifiquen la concesión de esta medida de gracia, regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución. Este informe, no obstante, no es vinculante porque la decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En caso de que el informe del Supremo fuera desfavorable eso sí cerraría la puerta a un indulto total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas—, pues la ley establece que el indulto total sólo se otorgará en caso de existir un informe favorable del tribunal sentenciador. 

Sí existiría la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

En el caso de que el indulto sea favorable, deberá tramitarse a través de un real decreto —firmado por el rey Felipe VI— y publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Aunque la ley de 1870 establecía que el indulto debía plasmarse en un decreto “motivado”, la reforma de 1988 eliminó esa exigencia expresa de motivar la medida de gracia.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido este miércoles, en menos de una hora, dos versiones distintas sobre cómo obtuvo una fotografía de dos periodistas de El País que trabajaban en la calle y que luego utilizaría para señalarlos en un chat. Al entrar a los juzgados de Plaza de Castilla, donde estaba citado como investigado por un delito de revelación de secretos, Rodríguez ha dicho que la instantánea se la facilitó “un vecino enfadado” porque los profesionales habían molestado previamente a su hija. Al salir de la declaración ha vuelto a hacer declaraciones y ha afirmado que la fotografía se la envió Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, a quien se la había pasado previamente un vecino.

“Me he expresado mal”, se ha disculpado Rodríguez cuando una periodista le ha apuntado la contradicción. “Lo más importante es que la Policía no me pasó nada. La Policía no entra en casa de los vecinos para hacer fotos”, ha añadido. Fuentes presentes en la declaración confirman que Rodríguez ha mantenido la segunda versión ante la jueza y ha declarado que la fotografía se la entregó González Amador.

Ante los medios, el jefe de gabinete de Ayuso ha incidido en varias ocasiones en que él no obtiene ninguna información de los agentes que integran el servicio de seguridad de la presidenta y, por tanto, no se da la revelación de secretos obtenido en el ejercicio del cargo.

Al describir sus funciones, Rodríguez ha dicho que se encarga de todo lo relacionado con Presidencia de la Comunidad de Madrid y su titular, Isabel Díaz Ayuso. En el esfuerzo de las partes por determinar hasta donde llegan sus competencias profesionales sobre Ayuso, Rodríguez ha llegado a decir que la presidenta “no tiene vida personal”.

Sobre la identidad de los periodistas, que él hizo acompañar en sus mensajes del chat a la foto, Rodríguez ha dicho que nadie se la facilitó porque él ya conocía a los profesionales y los identificó al ver la instantánea. La fotografía está tomada desde arriba, de lejos, y a uno de los informadores está de espaldas y no se le ve el rostro.

Ambos periodistas habían sido identificados previamente por dos policías del dispositivo de la presidenta. Los agentes les requirieron la documentación y tras una breve explicación de lo que hacían les dejaron continuar con su trabajo. Los dos profesionales estaban en las inmediaciones del domicilio de Ayuso y González Amador trabajando en una información sobre unas obras irregulares en la casa de la pareja.

Las citadas fuentes jurídicas han explicado a elDiario.es que uno de los profesionales ha podido explicar este miércoles en el juzgado que los agentes se acercaron a ellos esgrimiendo supuestas quejas de los vecinos y que cuando se identificaron, uno de los policías se acercó a un vehículo policial y dijo por la radio: “Tenemos a dos periodistas”.

Los periodistas, según han declarado, repartieron una sola tarjeta de visita y no se la entregaron a ningún menor. Los policías que los identificaron tenían esa tarjeta de visita, pero nadie había denunciado los hechos, por lo que no está claro cómo la consiguieron o quién se la entregó.

MAR ha borrado los mensajes

Rodríguez envió varios mensajes por Whatsapp a 18 periodistas, según él mismo explicó en una entrevista con El Mundo. Este miércoles no ha quedado claro si uno a uno, a través de una lista de difusión o en un chat. Solo ha sido taxativo en este apartado en la confirmación de que los ha borrado alegando que no eran importantes.

“Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, decía en los mensajes que envió. En ellos incluyó una fotografía de ambos mientras se encontraban cerca del domicilio y sus nombres. El jefe de gabinete de Ayuso ha declarado ante la jueza que no conserva los mensajes que envió y que los ha borrado.

Rodríguez ha declarado que él envía mensajes a los periodistas para “informar” o para “crear opinión”. Los periódicos digitales El Debate, Vozpopuli, The Objective o Libertad Digital se hicieron eco de los comentarios de Rodríguez atribuyendo los comentarios a “fuentes de Sol”, en alusión a la sede de la Presidencia del Gobierno madrileño. Al tiempo, agitadores ultras como Vito Quiles en sus redes sociales, o la web en la que trabaja, EDATV, comenzaron a señalar a los periodistas. La citada web tituló: “Estos son los dos periodistas de El País que 'acosan' a los vecinos de Ayuso”.

La querella del PSOE apunta a que Rodríguez obtuvo la información a través del director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Luis González Morato, a quien se la habrían hecho llegar los policías nacionales adscritos a la escolta de la presidenta.

González Morato ha declarado que no le facilitó ninguna información a Rodríguez y que él no se encarga de cuestiones operativas de la seguridad de Ayuso, si bien ha reconocido que el mando de la Policía Nacional que dirige el dispositivo le informó de la identificación de dos periodistas.

La jueza Raquel Robles González ha dirigido el interrogatorio a los perjudicados, realizándoles la mayor parte de las preguntas. Les ha requerido por si han sufrido perjuicio económico como consecuencia de la filtración de Rodríguez y ellos han contestado que siguen trabajando en El País. A la pregunta de si les ha afectado personalmente la difusión de la foto, al menos uno de ellos ha precisado que el perjuicio personal lo provocó la difusión de la foto acompañada de “un bulo” sobre lo que estaban haciendo allí.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, comparece este miércoles en calidad de investigado ante un juzgado de Madrid como autor de un presunto delito de revelación de secretos. Rodríguez difundió en un chat de WhatsApp, por el que se comunica con un grupo de periodistas, la identidad y las fotografías de dos profesionales de El País que trabajaban en las inmediaciones del domicilio de la presidenta madrileña. Rodríguez acompañó los datos de los periodistas con falsedades sobre el trabajo que realizaban en la zona. 

Los hechos se produjeron en plena tormenta política y mediática por la revelación que había hecho elDiario.es de los problemas con la justicia del hasta entonces casi desconocido Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña. El 11 de marzo, este periódico desveló que la Fiscalía había presentado una querella contra el empresario y comisionista por dos delitos fiscales y uno de falsificación de documentos. Ocho días después, el 19 de marzo, dos periodistas de El País se encontraban en las inmediaciones del domicilio de la presidenta elaborando una información sobre unas presuntas obras ilegales en su domicilio. 

Mientras trabajaban, un policía nacional, destinado en la escolta de la presidenta, pidió a los informadores que se identificaran. Tras hacerlo pudieron seguir haciendo su trabajo. Sin embargo, ese mismo día, Rodríguez envió varios mensajes a un grupo de WhatsApp que mantiene con 18 periodistas. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, decía sobre los informadores. En los mensajes incluyó una fotografía de ambos mientras se encontraban cerca del domicilio y sus nombres. 

Los periódicos digitales El Debate, Vozpopuli y Libertad Digital se hicieron eco de los comentarios de Rodríguez atribuyendo los comentarios a “fuentes de Sol”, en alusión a la sede de la Presidencia del Gobierno madrileño. A día de hoy es imposible consultar esas informaciones porque han sido retiradas por los medios. Al tiempo, agitadores ultras como Vito Quiles en sus redes sociales, o la web en la que trabaja, EDATV, comenzaron a señalar a los periodistas. La citada web tituló: “Estos son los dos periodistas de El País que 'acosan' a los vecinos de Ayuso”.

La querella del PSOE apunta a que Rodríguez obtuvo la información a través del director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Luis González Morato, a quien se la habrían hecho llegar los policías nacionales adscritos a la escolta de la presidenta. “Don Miguel Ángel Rodríguez reveló y difundió estos datos reservados y la fotografía que habría obtenido en su condición de jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que debían tener origen en documentos o informaciones policiales”, recoge la querella. 

El escrito incluye las declaraciones que el propio Rodríguez hizo a El Mundo el 30 de marzo en el que reconocía ser autor de la difusión de los datos. “Estaban acosando a menores, entregándoles su tarjeta de visita para que les llamaran. Eso no se hace. Eso no es periodismo. Ojo: la identidad la desvelé a 18 personas. Nada más”, declaró el jefe de gabinete al citado diario. 

La querella de El País y los dos periodistas explica que los informadores se desplazaron a las inmediaciones del domicilio de Ayuso y González Amador “con la exclusiva finalidad de recabar de primera mano información contrastada sobre la presunta ejecución de una obra ilegal en vivienda, en aquel momento noticia de actualidad”.

Esta misma mañana, antes de entrar en el juzgado, Miguel Ángel Rodríguez ha asegurado que la foto de los periodistas le fue facilitada por “un vecino enfadado porque habían molestado a su hija. Rodríguez ha negado que exista delito de revelación de secretos en los hechos que se le atribuyen porque los dos periodistas ”firman todos los días“ en su periódico y eran personas conocidas anteriormente por él.

También declaran los profesionales afectados

El escrito la querella añade: “Ambos periodistas permanecieron en la calle y se limitaron a consultar con vecinos y comerciantes, siempre en la vía pública y debidamente identificados como periodistas de El País, la posible realización de las referidas obras. A pesar de ello, un agente de paisano les pidió que se identificaran y los dos reporteros tuvieron que mostrar sus documentos de identidad y sus acreditaciones periodísticas”.

El Juzgado de Instrucción número 25 inadmitió la querella del PSOE y El País. Las dos acusaciones recurrieron con el apoyo de la Fiscalía y la Audiencia de Madrid obligó a la magistrada Raquel Robles González a practicar diligencias. Rodríguez está citado este miércoles a las 9.00 horas. A continuación declararán como testigos el director de seguridad de la Comunidad de Madrid y el periodista de El País que informó de la actuación del jefe de gabinete de Ayuso. A las 11.30 horas están citados los dos periodistas señalados por Miguel Ángel Rodríguez. El 19 de mayo prestarán declaración los dos policías nacionales que identificaron a los profesionales de la información.

Tanto la querella de El País como la del PSOE citan los informes publicados por organizaciones internacionales como Commitee to Proyecto Journalist y el Reuters Institute calificando los comentarios de Rodríguez como “amenazas” y describiendo su actitud como “doxing”, en alusión a la difusión no autorizada ni legítima de datos personales buscando el linchamiento digital de los aludidos.  

La filtración de Rodríguez fue parte de la estrategia emprendida por el jefe de gabinete de Ayuso en cuanto supo de la información que iba a publicar elDiario.es sobre la pareja de la presidenta. Incluyó intentos por desacreditar a este medio y a cualquier otro que informara sobre el asunto que, según Díaz Ayuso, afectaba a “un particular”. Miguel Ángel Rodríguez escribió a una periodista de elDiario.es amenazando con “cerrar” el periódico.

La jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos ha citado como testigos a los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que identificaron a los periodistas de El País mientras elaboraban una información relacionada con Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Con posterioridad, Rodríguez difundió los datos de los periodistas en un chat de WhatsApp, donde vertió falsedades sobre los profesionales. Los dos policías tendrán que comparecer el próximo 19 de mayo ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, según la providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. 

La magistrada Raquel Robles rechazó en un primer momento la querella presentada por el PSOE, a la que luego siguió otra querella presentada por El País. La Fiscalía había apoyado la apertura de una investigación, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 25 descartó la existencia de delito de revelación de secretos porque, según concluyó, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso solo había difundido la identidad y las fotos de los dos periodistas de El País.

El recurso de los querellantes contra la decisión de la jueza fue admitido por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial. Los magistrados de la instancia superior corrigieron a la magistrada y le ordenaron practicar diligencias. Consideraron “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos trabajadores. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado buscando piso para comprar en Chamberí, el mismo barrio en el que reside en un dúplex de 1,8 millones que adquirieron entre su pareja, Alberto González Amador (compró el último piso), y una empresa (el ático), que luego le revendió a Amador. Para las gestiones de búsqueda de esta nueva adquisición inmobiliaria ha estado utilizando a un cargo público de la Presidencia de la Comunidad de Madrid que le ha hecho los contactos y concertado la agenda de visitas, además de participar en la negociación del precio para la compra, según ha podido constatar elDiario.es.

La persona que ha llevado a cabo esta labor es el jefe de despacho de la Secretaría de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Álvaro Sanz. Diplomado en Informática de Gestión, cobra 93.317,08 euros anuales, según el Portal de Transparencia madrileño, y antes fue secretario del Partido Popular en Madrid. Sus funciones actuales son el “control y coordinación de la agenda de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Coordinación y organización de viajes. Recepción de visitas y atención al público, tanto telefónica como presencial. Despacho y gestión de correspondencia y correos electrónicos. Y en general, labores propias de jefatura de secretaría de presidencia”, dice la descripción de su puesto laboral, que no incluye obviamente gestiones personales.

Álvaro Sanz fue quien contactó con la propiedad de un piso de unos 100 metros cuadrados –cuatro habitaciones, patio, garaje y un balcón con vistas a un jardín que se anunciaba hasta hace poco en Idealista–. También concertó dos citas para visitarlo. La persona que lo enseñó ha corroborado a elDiario.es esta información y, aunque confirma que la presidenta finalmente no lo compró, no ha dado detalle de quién se quedó finalmente la vivienda.

Según ha podido saber elDiario.es, el 1 de diciembre de 2025 acudió a ver el piso Isabel Díaz Ayuso en persona, con su equipo de escoltas. Hubo una segunda visita, también concertada y gestionada por este mismo secretario de Presidencia, a la que Ayuso acudió con su pareja, Alberto González Amador. El piso, para reformar y que tenía un precio de salida de 850.000 euros en la plataforma, tenía otros compradores interesados. Preguntado el intermediario de la venta, confirma a elDiario.es que en esas gestiones su interlocutor fue también Álvaro Sanz y que siempre fue la persona con la que trató e intercambió numerosas llamadas y mensajes. Preguntado por estas gestiones, Álvaro Sanz ha remitido a elDiario.es al gabinete de prensa de la presidenta, que no ha negado los hechos.

Sanz es secretario de Ayuso desde 2019, cuando esta ganó sus primeras elecciones. Está contratado en la administración pública como personal eventual, es decir, un cargo de confianza, de nombramiento discrecional, que no es funcionario, pero tiene el estatus de empleado público mientras desempeña su función. Es la misma modalidad de empleo público que tiene Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa e imputada por el juez Peinado por hacer gestiones profesionales a la mujer del presidente del Gobierno conducentes a gestionar su cátedra en la Complutense de Madrid o canalizar patrocinios para este proyecto universitario.

El juez Peinado propone procesar a la asistente y a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, dado que entiende que ayudó con sus gestiones a cometer los presuntos delitos.

La labor del jefe de despacho “puede incluir gestiones particulares sin hacer negocios, de lo que se acusa a la colaboradora de Begoña Gómez”, puntualizan fuentes oficiales de la Puerta del Sol preguntadas por la confusión entre el perfil institucional y personal en las labores de este puesto.

El nombre de Álvaro Sanz ya saltó a los medios en la pandemia, cuando se hospedó en el Slow Suites de Chueca, uno de los 22 hoteles privados cedidos a la Consejería de Sanidad para albergar exclusivamente a personal sanitario, como publicó Infolibre. En aquel momento, desde Presidencia se explicó que Miguel Ángel Rodríguez había ordenado que se alojara en este hotel porque “era obligatoria su presencia” en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, y porque Sanz vivía con sus padres y era una forma de protegerlos. En esos mismos días, en lo peor de la Covid, la presidenta de la Comunidad de Madrid se alojaba en dos apartamentos por 80 euros la noche de la cadena hotelera, Room Mate, propiedad del empresario Kike Sarasola.

El patrimonio y actividad inmobiliaria de Díaz Ayuso ha estado bajo el foco desde el inicio de su mandato. La ruina de la empresa de su padre, que dejó sin devolver un préstamo público de 400.000 euros de Avalmadrid en 2011, operación en la que ella intercedió, llevó a este a donar sus bienes a sus hijos.

La propia Ayuso admitió haber recibido un piso que podía ser embargado en una entrevista en Telecinco en 2019: “Mi padre ya estaba de baja médica, sabía que estaba enfermo, que no iba a durar mucho, y le preocupaba que el poco patrimonio que tenía, lo heredáramos. ”Es la casa en la que se crio mi madre, mi hermano y yo... No sé qué pretenden que hagamos mi madre y yo, no nos podemos ir debajo de un puente...“. El salario anual bruto de la presidenta de la Comunidad de Madrid es actualmente 103.090 euros (8.590 euros mensuales).

“Estoy harta de pagar alquiler y tengo ilusión por comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda”, dijo en 2022 en una entrevista con El Mundo. Un mes después, su pareja, Alberto González Amador, compraba un piso en Chamberí por 850.000 euros, para el que entregó 350.000 euros de entrada, una cantidad casi idéntica a la que habría defraudado a Hacienda y por lo que está procesado. Un año después, una sociedad llamada Babia Capital SL compró el ático que está en la planta superior donde vive la pareja. Babia Capital pagó por el piso 950.000 euros y, según declaró González Amador a la jueza, él se lo alquilaba por 5.000 euros al mes con derecho a compra. El año pasado, González Amador formalizó la compra también de este piso.

En julio de 2025, El País reveló que Ayuso había utilizado un chalé de patrimonio público en Rascafría para pasar un fin de semana con su familia, sin que constara este edificio como residencia ni se hubiera informado sobre su uso particular a la opinión pública. El complejo había sido comprado por el Gobierno de Ayuso en 2023 por 4,3 millones de euros. Cuando salieron a la luz estas vacaciones privadas en una casa de lujo pública, la presidenta justificó que su fin de semana de ocio no había costado ni un euro a los madrileños, puesto que habían llevado el “tupper de casa” y habían comprado en Covirán.

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso presentado por la defensa de Alberto González Amador y sus empresas contra el auto de junio de 2025 en el que la anterior jueza del caso ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar la pieza separada dedicada al presunto soborno de un directivo de Quirón por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial advierten que, pese a recurrir el auto en el que la jueza Inmaculada Iglesias se ceñía a exponer los motivos que hacían necesaria la implicación de la unidad especializada de la Guardia Civil, la defensa de González Amador, dirigida por el letrado Gabriel Rodríguez-Ramos solicitaba el archivo de las actuaciones. Los tres magistrados se pronuncian en contra de tales pretensiones.

En la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Le explican que la decisión del juzgado de solicitar auxilio de la UCO para la investigación de los hechos es una diligencia de investigación que, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) no es recurrible.

Por otro lado, los magistrados recuerdan al letrado que, dado que la finalidad de su recurso es que se acuerde el sobreseimiento de las actuaciones, este paso se ha de efectuar antes ante el juzgado de instrucción. Esto es así porque la Audiencia Provincial tiene “funciones revisorias” y por tanto “no puede pronunciarse al no existir resolución previa dictada por el instructor”.

Cabe recordar que la UCO solicitó el pasado 19 de diciembre al juez Antonio Viejo autorización para acceder a la información de las empresas y las cuentas bancarias de Alberto González Amador, sin que los agentes hubieran recibido respuesta, al menos hasta el mes pasado. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid alegan la enorme carga de trabajo para el magistrado, una vez se hizo cargo del juzgado en octubre por jubilación de su antecesora.

En esta causa se investiga a González Amador por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal en relación a un supuesto soborno que habría abonado a un directivo de Quirón. En una resolución de junio de 2025 se detallaba que la pareja de Ayuso adquirió la sociedad Círculo de Belleza SL en diciembre de 2020 por medio millón de euros, y añadía que esa mercantil pudo ser el vehículo para el pago de una comisión encubierta dado que «según los informes de la Agencia Tributaria carecía de actividad y patrimonio».

La Fiscalía indicó por su parte en un informe que esa operación parecía más bien “un soborno”, algo que negó en abril de 2025 González Amador cuando en sede judicial defendió la legalidad de sus negocios con Quirón Prevención y negó haber pagado esa supuesta comisión encubierta de 499.836 euros.

En fecha por concretar, probablemente en 2027, el empresario y comisionista Alberto González Amador se sentará en el banquillo por otra investigación, ya concluida. La Fiscalía le pide 3 años y 9 meses de cárcel dos delitos de fraude fiscal, equivalentes a 350.951 euros, y otro de falsificación de documentos. 

En la España de hoy, es un escándalo mayúsculo que el hermano del presidente del Gobierno viviera unas semanas en la residencia habitual de Pedro Sánchez, pero no lo es que, con cargo al erario público, Mariano Rajoy contratase a dos personas durante cuatro años para atender a su padre enfermo en La Moncloa. 

En la España de hoy, se puede investigar judicialmente a Begoña Gómez porque su asistente personal -cargo al que tienen derecho todas las esposas de los presidentes del Gobierno- escribiera varios correos electrónicos en nombre de la esposa del presidente y, sin embargo, nada hay que decir sobre los 60.000 euros anuales que cobró durante dos años y medio un tal Jaime de los Santos por acompañar a Elvira Rodríguez en sus compras habituales y sujetarle el bolso a la mujer de Rajoy.

En la España de hoy, que Begoña Gómez dirigiera una cátedra extraordinaria de la Complutense -que es una colaboración entre la universidad y entidades externas- es una impudicia, pero que Ana Botella dispusiera de una planta entera de la residencia presidencial para diseñar con un nutrido grupo de colaboradores su campaña electoral al Ayuntamiento de Madrid es un servicio a la democracia.

En la España de hoy, podemos saber todos los viajes privados en vuelos regulares que ha hecho Begoña Gómez desde que Sánchez es presidente del Gobierno, pero nada sabemos de los traslados de otras esposas y los hijos de distintos jefes de Gobierno en los Falcon de los que dispone el Estado.

En la España de hoy, una fotografía del presidente del Gobierno tomada a la salida de un mitin junto al empresario Víctor de Aldama -hoy investigado por los tribunales- es una prueba inequívoca de la corrupción que rodea a Pedro Sánchez, pero una imagen del líder de la oposición navegando con un narcotraficante forma parte de un pasado que no tiene la menor importancia.

En la España de hoy, que Sánchez tuviera un asesor que presuntamente acosaba sexualmente a sus colaboradoras, le convierte inmediatamente en cómplice, pero que Ayuso silenciara la denuncia de una concejal de Móstoles por el mismo delito contra el alcalde del municipio, hoy en los tribunales, es un ejercicio de responsabilidad frente a las cuitas internas de los partidos.

En la España de hoy, una fotografía improvisada del presidente del Gobierno con el multi imputado Aldama es la demostración empírica de que Sánchez era uno más de la trama Koldo, pero una imagen de Isabel Díaz Ayuso junto a Fernando Camino, alto cargo del grupo Quirón -gracias a quien su pareja, Alberto González Amador, se embolsó una comisión de casi dos millones de euros por la venta de mascarillas- no merece ni unas colas de telediario. Y eso que la Fiscalía entiende que, para devolver el favor a Camino por sus suculentos ingresos, Amador le pagó una comisión encubierta de 500.000 euros, que camufló con la compra de una empresa de estética ruinosa, propiedad de la esposa del directivo de Quirón.

En la España de hoy, que Sánchez disfrute de un fin de semana en familia en el Valle de Arán y se hospede en el Parador de Vielha es motivo de lo que algunos otorgan categoría de “exclusiva”, pero que el directivo de Quirón cerrase un local de León para cenar con Ayuso seis meses antes de la destitución de la interventora de la Comunidad de Madrid que puso trabas al pago de 1.390 millones de deuda al grupo hospitalario no merece un breve.

En la España de hoy, esa fotografía de Ayuso en la puerta del local que el directivo de Quirón cerró para cenar con ella y ha publicado El país no ha abierto informativos, ni portadas de diarios, ni ocupado horas de tertulias televisivas. Y eso que, en este caso, lo que parece es: una relación indisociable entre Ayuso y Quirón. 

La España de hoy, en definitiva, está enferma de odio. De una inquina que envenena la razón, corrompe el pensamiento y fomenta una hostilidad persistente en un determinado periodismo que ya no se molesta en ocultar su lado más tenebroso.

Isabel Díaz Ayuso cenó en enero de 2022 con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención y quien, según un informe de la La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se habría favorecido a través de la empresa de su mujer del pelotazo de casi dos millones de euros que logró el empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso, como comisionista en una operación de compraventa de mascarillas en los inicios de la pandemia.

El encuentro entre Ayuso y Camino, que publica este lunes El País, nunca fue informado en la agenda de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La reunión se dio en un bar del centro de León y fue el ejecutivo del grupo sanitario quien pidió al dueño que cerraran el local para garantizar la privacidad, según el diario de Prisa. Además de la presidenta y el alto cargo de Quirón se sentaron en la mesa la esposa del directivo, otros amigos de ambos y varios miembros del equipo de la presidenta. En la cita no se encontraba la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, quien mantenía con Camino una intensa relación laboral.

Esta cena se dio seis meses después de que la Comunidad de Madrid destituyera a su interventora general. Durante los meses siguientes a esa destitución, la Comunidad de Madrid desbloqueó el pago de al menos 1.390 millones de euros a los hospitales públicos de gestión privada de la región, fundamentalmente para acabar con una deuda que el Ejecutivo empezó a arrastrar en 2015. Una fuente de “máxima confianza de la presidenta madrileña” consultada por El País, niega que esta cita haya existido: “Ni estuvo cenando con ellos, ni nada de nada”, respondió. Sin embargo, el diario afirma haber acreditado los hechos por medio de cuatro fuentes y una foto tomada en la puerta del bar.

Desde el pasado noviembre, la UCO trabaja en la elaboración de un informe sobre el presunto encubrimiento del reparto ilícito de una comisión entre Alberto González Amador y Fernando Camino. Unos meses después de que González Amador cobrase casi dos millones de euros por su intermediación en una compraventa de mascarillas, la pareja de Ayuso pagó 500.000 euros por una empresa de escaso valor propiedad de la esposa de Camino, el directivo de Quirón. A su vez, Camino había vendido a su propia esposa el 20% de esa empresa de su propiedad por 8.000 euros.

La UCO investiga esta operación que mantiene imputado a González Amador por corrupción en los negocios y administración desleal. La Fiscalía y la acusación popular, que ejercen el PSOE y Más Madrid, consideran acreditado de forma indiciaria que Alberto González Amador pagó ese medio millón de euros por una sociedad de la esposa de Camino que apenas facturaba 30.000 al año y que el desorbitado precio fue la forma de encubrir el reparto de la comisión de las mascarillas y el resto del material de protección. 

El novio de Ayuso ha sido procesado en el mismo juzgado por fraude fiscal y falsificación de documentos. El informe de la UCO resultará clave para la acusación que pesa sobre la pareja de Ayuso, que puede desembocar en un segundo procesamiento y juicio por los delitos mencionados.

El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado el próximo 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para que declare como investigado por haber difundido los datos personales de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre el fraude fiscal por el que está procesado Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

La magistrada Raquel Robles González acata de esta forma “lo ordenado por la superioridad”, según ella misma escribe en una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Robles archivó la querella presentada por el PSOE, en primer lugar, a la que se sumaron El País y los periodistas de ese medio señalados por Rodríguez, pero la Audiencia Provincial corrigió su decisión y obligando a investigar.

Además de a Miguel Ángel Rodríguez, la jueza ha citado a un testigo y a los dos periodistas perjudicados en esa misma jornada del 6 de mayo. Asimismo ha ordenado que la Unidad adscrita de la Policía Nacional que presta servicio de escolta a la presidenta madrileña identifique a los agentes que ese día estaban de servicio. Los policías de la escolta de Ayuso identificaron en la calle a los periodistas señalados después por Miguel Ángel Rodríguez, que difundió sus datos pesonales e incluyó la fotografía de ambos.

En un primer momento, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid rechazó investigar a Rodríguez, en contra del criterio de la Fiscalía, y archivó la causa sin practicar diligencias. Pero la Sección Quinta de la Audiencia Provincial consideró “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos periodistas. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó el pasado 19 de diciembre al juez Antonio Viejo autorización para acceder a la información de las empresas y las cuentas bancarias de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, sin que los agentes hayan recibido respuesta hasta el momento, revelan a elDiario.es fuentes del caso. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid alegan la enorme carga de trabajo para el magistrado, una vez se hizo cargo del juzgado en octubre por jubilación de su antecesora.

La anterior titular del Juzgado encargado de las diligencias, Inmaculada Iglesias, trasladó el 25 de julio de 2025 a la UCO de la Guardia Civil la orden para que elaborase un informe sobre el presunto soborno de González Amador al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, para obtener una comisión de 2 millones de euros en mascarillas que luego se habrían repartido ambos. 

La jueza Iglesias había dictado un mes antes el auto en el que adoptaba la decisión de involucrar a la UCO en las pesquisas. La Fiscalía y la acusación popular le habían solicitado la incorporación al caso de la unidad especializada de la Guardia Civil y la jueza lo acordó “atendiendo a la complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva”.

Inmaculada Iglesias se jubiló en verano y el cambio de titular en el juzgado, que instruye en estos momentos varias causas complejas, retrasó la investigación a Alberto González Amador. El nuevo juez, Antonio Viejo, se incorporó durante el mes de octubre. Hasta el 31 de ese mes no llegó a la UCO la primera parte de la información de la causa por corrupción en los negocios y administración desleal contra la pareja de Ayuso. Una semana después, el 6 de noviembre, el juzgado completó la remisión de documentos a la Guardia Civil.

La UCO comenzó a analizar la información que consta en la causa y en diciembre solicitó al magistrado que librara los correspondientes mandamientos judiciales para acceder a cuentas bancarias y sociedades de González Amador. Pero sin la autorización del juez, el trabajo de los agentes no ha podido completarse.

Las fuentes del TSJ consultadas por elDiario.es explican que Antonio Viejo ha tenido que “empezar de cero” en el Juzgado de Instrucción número 19. El motivo de la marcha de su antecesora, por jubilación, no obligaba a esta a redactar un inventario de causas para su sucesor, como ocurre cuando se dan otro tipo de ceses del titular de un juzgado. Esto ha provocado, añaden, que Viejo haya tenido que catalogar las causas una a una y haya priorizado las que tienen a investigados en situación de prisión provisional (“causas con preso”) u otras que considera afectan de lleno a la vida de los perjudicados, como las grandes estafas o las que tienen que ver con herencias, aunque no tengan relevancia mediática.

A los motivos del retraso en la firma del juez, las fuentes del TSJ suman la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la Ley de Eficiencia en los juzgados, que incluye una reestructuración del trabajo de los funcionarios para la que —según denuncian los sindicatos— no se han proveído medios ni planificación, y que tampoco ha contado con la colaboración en este caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid, una de las que tiene transferida las competencias de Justicia, suman otras fuentes jurídicas.

González Amador no se sentará en el banquillo hasta 2027

En fecha por concretar, probablemente en 2027, el empresario y comisionista Alberto González Amador se sentará en el banquillo por otra investigación, ya concluida. La Fiscalía le pide 3 años y 9 meses de cárcel dos delitos de fraude fiscal, equivalentes a 350.951 euros, y otro de falsificación de documentos. 

El informe pendiente de la UCO no tiene que ver con estos delitos sino con otros dos que se investigan en una pieza separada, de corrupción en los negocios y administración desleal. El atestado de la UCO podría complicar aún más el horizonte judicial de González Amador y abocarle a un segundo juicio, donde los delitos que se le atribuyen acarrearían una petición de pena de cárcel aún más alta que la que ha motivado el doble fraude fiscal. 

El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”. 

Dos son las líneas de investigación que se siguen en este sentido. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino utilizó otro cargo que tenía distinto del que mantiene en Quirón, concretamente en una empresa gallega llamada Mape, para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera. 

La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 

La segunda tesis apunta a que ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.

González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

Órdenes precisas de la anterior jueza a la UCO

Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la jueza Iglesias concretó a la UCO dónde quería que escarbara. La magistrada pidió en julio aclarar el “incremento patrimonial” de González Amador, un empresario con discretos resultados hasta que la comisión en 2020 disparó su carrera. Los agentes, detalló la jueza, deberían centrarse en analizar la obtención de esa comisión y el resto de ingresos de Alberto González Amador. 

En este sentido, daba una instrucción precisa para que la UCO escudriñara la operación de compra de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador a Gloria Carrasco. Con posterioridad, la pareja de Ayuso rebautizó la empresa con el rimbombante nombre de Masterman & Whitaker. La Agencia Tributaria y la Fiscalía creen que utilizó la sociedad para facturar encargos de Quirón que en realidad realizaba su empresa principal, Maxwell Cremona SL, y obtener así ventajas fiscales de forma irregular. La jueza pedía a la UCO que le informara sobre el posible “uso instrumental” de sociedades de González Amador. 

Asimismo, la jueza Iglesias solicitó a la UCO el análisis de todos los flujos financieros relacionados con González Amador y su empresa así como un posible delito de blanqueo de capitales, precisan las fuentes consultadas. Esta última instrucción de la jueza ofrecía una pista de por dónde puede crecer el caso, ya que esa dinámica delictiva no había sido contemplada hasta ese momento por la jueza. Ocurre igual con la mención a la trama compleja en la que participó presuntamente González Amador y que podría derivar en una nueva imputación por integración en grupo criminal.

La Audiencia de Madrid ha aceptado el recurso presentado por el PSOE contra el archivo de las diligencias abiertas en un juzgado ordinario contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, por haber difundido datos de dos periodistas de El País que elaboraban una información relacionada con Isabel Díaz Ayuso.

La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid rechazó investigar a Rodríguez, en contra del criterio de la Fiscalía, y archivó la causa sin practicar diligencias. Ahora, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial considera “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Madrid ordena a la jueza que practique “las diligencias que estime pertinentes” ante la posible comisión de un delito de revelación de secretos por parte de Miguel Ángel Rodríguez.

La magistrada entendió en su auto de archivo que los mensajes enviados por Rodríguez a grupos de periodistas acusando falsamente a los profesionales de El País de acosar a vecinos de Ayuso no incurrieron en un delito de revelación de secretos al plasmar solo sus nombres y fotografía.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos periodistas. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

Exponer a los dos reporteros ante otros periodistas acusándoles de acosar a niñas pequeñas, añadía la magistrada, tuvo “escasa o nula relevancia” en cuanto a su intimidad. Fue “su sola identificación, sin referencias añadidas a ámbitos íntimos, personales o confidenciales, al tratarse de un dato intrascendente”. El señalamiento de Rodríguez culminó con una foto de ambos periodistas, algo que tampoco es punible según esta magistrada al ser tomada “en la vía pública y en una actitud nada comprometedora ni para su esfera privada ni para el desarrollo de su intimidad”.

El Tribunal Supremo rechaza anular la sentencia que condenó a dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. En un auto, la Sala de lo Penal desestima los incidentes de nulidad promovidos por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, esta última en representación de Álvaro García Ortiz y, por tanto, confirma la condena. El auto incluye el voto particular suscrito por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que discrepan con la decisión mayoritaria.

En su recurso, la defensa de García Ortiz argumentó que se habían vulnerado múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva y denunció siete motivos de nulidad. La presentación de un incidente de nulidad es un trámite previo y obligado para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La sentencia del Supremo es firme y no se puede impugnar, por lo que sólo cabía solicitar su nulidad para, después, poder acudir al tribunal de garantías, que es el paso que dará ahora García Ortiz.

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sostenía en su escrito que los jueces de la Sala de lo Penal habían ignorado “sin explicación alguna” las pruebas que exoneraban a García Ortiz y que lo condenaron por una “filtración inexistente”. Afirmó que los jueces realizaron una “incompleta selección de los hechos” al omitir los testimonios clave de periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024.

La mayoría del tribunal responde que sí valoró esa prueba de descargo, pero consideró que los testimonios debían ser “tamizados” por el derecho al secreto profesional de los periodistas y que existía un conjunto de “indicios” suficientemente sólidos como para sustentar la condena.

La Fiscalía también acusó a la Sala de lo Penal de introducir un “hecho novedoso que trastoca de modo radical el objeto del proceso” al considerar delictivo el citado comunicado de la Fiscalía sobre el caso, algo que no se debatió ni imputó durante la instrucción y que se introdujo en la sentencia “de un modo deliberadamente ambiguo”. Frente a esa queja, la Sala subraya que tanto la filtración del correo como la publicación de la nota informativa formaron parte del objeto del proceso penal desde el principio, por lo que el acusado pudo defenderse plenamente de ambos hechos.

En sus escritos, ambos recurrentes sostenían también que no se puede “revelar” un secreto que ya era público en los medios de comunicación. Su tesis era que como los datos habían sido difundidos previamente por radio, televisión y en prensa escrita habían dejado de ser secretos, por lo que no pueden integrar el delito de revelación de secretos conforme al tenor literal de la norma.

El Supremo rebate, sin embargo, que el deber de “confidencialidad” del fiscal general exigía no divulgar esos datos reservados obtenidos por razón de su cargo, y que hacerlo produjo una “lesión” a la presunción de inocencia del empresario, independientemente de las filtraciones previas.

El voto particular da credibilidad a los periodistas

El voto particular firmado por las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer expresa su discrepancia con la decisión de la mayoría y afirma que los incidentes de nulidad presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado deberían haber sido estimados. En esencia, las magistradas se reafirman en los argumentos que ya expusieron en la sentencia condenatoria, en la que consideraron que no había quedado probado que García Ortiz “o su entorno” filtraran el correo en el que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía el fraude fiscal. Tampoco veían delito en la difusión de una nota de prensa para desmentir informaciones sobre el caso “no ajustadas a la verdad”.

Ambas magistradas denuncian que la mayoría no ha tenido en cuenta las pruebas de descargo. En concreto los testimonios bajo juramento de los periodistas. Subrayan que estos testigos afirmaron tener el correo antes de que se publicara la nota de la Fiscalía y que varios de ellos negaron de forma expresa que García Ortiz fuera su fuente. A juicio de las magistradas, los testimonios de estos informadores fueron “creíbles” por su contundencia, por no incurrir en contradicciones con sus declaraciones anteriores y, en especial, porque contaban con corroboraciones periféricas. 

El empresario mexciano Maximiliano Niederer, quien se sentará en el banquillo junto a Alberto González Amador, acusado de colaborar con él en el fraude fiscal, niega los hechos y solicita su libre absolución. En el escrito de defensa presentado por su abogado, al que ha tenido acceso elDiario.es, se afirma: “No existe prueba ojbetiva, directa y matrial que demuestre que mi mandante es responsable como cooperador necesario de los hechos que se le imputan”.

Niederer habría participado en la elaboración de las dos facturas de importe más elevado por trabajos presuntamente no realizados y con las que González Amador pretendía no pagar a Hacienda lo que realmente le correspondía. Una de esas facturas ascendía a 922.000 euros, por un negocio en Costa de Marfil, y otra de 670.000, por un acuerdo comercial en México. La Agencia Tributaria considera que esos trabajos nunca llegaron a realizarse.

“En el acto de juicio oral demostraremos que [Niederer] no es penalmente responsable directo o indirecto en la comisión de ningún ilícito penal”, añade el abogado. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden un año de cárcel para Niederer.

González Amador presentó, en total, 15 facturas por un valor cercano a los 1,7 millones de euros por unos servicios inexistentes. Muchas de ellas fueron presentadas con la ayuda de tres vecinos de Arahal (Sevilla) que también se sentarán en el banquillo. Las empresas de González Amador pasaron de tener una cifra de negocio de 357.000 euros en 2019 a uno de 2,3 millones en 2020. El dinero que pagó por el Impuesto de Sociedades a través de su empresa Maxwell Cremona, sin embargo, no solo no subió sino que disminuyó: de una cuota tributaria de 6.800 euros en 2019 a una de 2.800 euros en 2020, a pesar de que su cifra de negocio se había multiplicado por seis. 

La fórmula que usó fue presentar facturas falsas y hacer creer a Hacienda que sus empresas habían tenido muchos más gastos que permitían rebajar el Impuesto de Sociedades. La factura más voluminosa, de 922.000 euros, fue emitida por una sociedad de Costa de Marfil llamada Gayani en junio de 2021. País en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había intentado vender vacunas contra el coronavirus sin que el acuerdo con el Ministerio de ese país fructificase. La segunda factura, de 630.000 euros, fue emitida por MKE Manufacturing. En estas dos facturas participó presuntamente Niederer.

El empresario y comisionista Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostiene ahora que no cometió los delitos fiscales por los que será enjuiciado. Antes había admitido de manera oficial todo lo contrario: confesó a través de su abogado el doble fraude fiscal ante los inspectores de Hacienda en octubre de 2023 cuando descubrieron múltiples engaños en sus declaraciones tributarias, intentó devolver lo defraudado cuando ya no podía, y acordó con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en junio de 2024 un relato de hechos donde admitía dos delitos a cambio de ver rebajada la petición de cárcel a sólo ocho meses.

Entre la admisión de su culpa y la defensa de su inocencia ha pasado más de un año y un juicio en el Supremo donde cinco de los siete magistrados del Tribunal condenaron sin pruebas al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar datos reservados sobre Alberto González Amador. El fiscal general del Estado difundió una nota en la que informaba que el comisionista había propuesto un acuerdo de conformidad en el que admitía los delitos cometidos. De esa manera, el fiscal general desmentía el bulo lanzado por el entorno del novio de Ayuso y publicado por determinados medios de comunicación para denunciar en falso una cacería política de los poderes del Estado contra González Amador.

La defensa del novio de Ayuso dedica la mitad del escrito presentado el jueves en el juzgado a detallar la sentencia del Supremo que inhabilita al fiscal general del Estado por revelar el dato reservado de la confesión de culpa del empresario. Los abogados plantean esta circunstancia para denunciar que se ha vulnerado la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de su cliente ante el juicio que tiene pendiente por dos delitos fiscales.

El Tribunal Supremo dedicó dos páginas de su sentencia a argumentar por qué la condena al fiscal general no podía utilizarse para pedir la anulación del juicio a González Amador por el doble fraude: “Es precipitado e infundado alimentar la impresión de que los jueces llamados a resolver esa causa penal no podrán resolver con profesionalidad y en derecho sobre las pretensiones acusatorias, en su caso, articuladas. Hay que presumir que serán plenamente conscientes de la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente difundido. Y que, en consecuencia, saldrán al paso de cualquier intento de introducirlo, de forma directa o indirecta, como elemento probatorio”, señala el fallo.

El origen de la causa penal abierta a González Amador es la declaración defraudatoria que presentó ante Hacienda en mayo de 2021, cuando ya mantenía una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. La declaración del Impuesto de Sociedades de Maswell Cremona, la empresa propiedad de González Amador, incluyó unos gastos de 620.000 euros en 2020 por el pago de una supuesta comisión a una empresa mexicana, MKE. El contrato de colaboración con MKE que González Amador aportó a Hacienda establecía que eran necesarios nuevos contratos para abonar comisiones por cada negocio logrado en México. Pero nunca hubo nuevos contratos, ni tampoco negocios por los que pagar comisiones. Cuando la Inspección pidió explicaciones sobre esa factura, González Amador decidió anularla. Entonces, la Agencia Tributaria concluyó: “Se hizo para eludir parte de la tributación”.

El empresario había logrado como comisionista en 2020 el negocio de su vida en los peores meses de la pandemia. Ganó casi dos millones de euros como consecuencia de intermediar en una compraventa de mascarillas por la que facturó el 4,5% del monto de la operación. González Amador puso en contacto a una empresa gallega, MAPE, con la firma catalana FCS, que adquiría el material en China. Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, la firma a la que facturaba sus servicios González Amador antes del pelotazo de las mascarillas, era a su vez consejero de MAPE, la sociedad que adquirió el material a FCS en una operación que enriqueció al novio de Ayuso.

Cuando González Amador ya sabía que Hacienda le había abierto una inspección por las facturas falsas de MKE, presentó la declaración del impuesto de Sociedades del año siguiente y perpetró un engaño parecido. En este caso, presentó una factura por 922.585 euros a nombre de Gayani, una firma de Costa de Marfil que supuestamente había intermediado para conseguir que el novio de Ayuso vendiera vacunas al Gobierno de aquel país. González Amador nunca hizo ese pago a favor de Gayani; el Gobierno de Costa de Marfil nunca aceptó comprarle vacunas. Pero el novio de Ayuso se desgravó ese gasto inexistente, y otros menores de varias empresas andaluzas que también resultaron falsos. Todo para ahorrarse 155.000 euros y 195.000 euros en las declaraciones del impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 respectivamente.

Hacienda acreditó estos engaños tras una inspección exhaustiva que duró casi dos años: “Esta reiteración de situaciones similares acontecidas en 2020 y 2021 lleva a la Inspección a considerar que no nos encontramos ante meros errores de registros contables y deducciones fiscales de facturas recibidas de gran importe en los ejercicios en los que la mercantil incrementa de forma significativa su facturación. Sino que este actuar puede responder a un patrón organizado tendente a evitar la tributación que hubiera acontecido a la mercantil ante el incremento de la facturación, eludida mediante la búsqueda, registro y deducción de facturas relativas a servicios no acometidos, no relacionados con la actividad y no pagados que se han deducido indebidamente y justificado como errores corregidos en ejercicios fiscales en curso y en el momento en el que la Inspección requiere su acreditación, conseguidos mediante la utilización de facturas que se acreditan falsas o falseadas”.

Cuando González Amador se dio cuenta de que Hacienda descubrió sus reiterados fraudes, intentó evitar el juicio por los dos delitos fiscales devolviendo las cantidades que había defraudado a través de la declaración del Impuesto de Sociedades que presentó en 2023. Pero ya era tarde porque la Ley establece con detalle que ningún contribuyente puede regularizar su situación una vez que tiene abierta una inspección fiscal.

Octubre 2023. González Amador, ante Hacienda: “No intenté cometer un fraude delictivo, cuando entendí la gravedad de los hechos ingresé esas cantidades en Hacienda”

Los inspectores fiscales que analizaron las declaraciones de González Amador concluyeron que “con la finalidad de eludir el incremento del pago de impuestos por su empresa decidió deducir fiscalmente gastos que no respondían a prestaciones reales”, para lo que el novio de Ayuso había utilizado “facturas falsas y falseadas emitidas por mercantiles carentes de medios humanos y materiales para la prestación de los servicios facturados”.

González Amador respondió a través de sus abogados:  “Fue un error. No intenté cometer un fraude delictivo pero cuando entendía la gravedad de los hechos procedí a ingresar esas cantidades en Hacienda”.

Junio 2024. Ante la Fiscalía y Abogacía del Estado: “Declaré gastos en los que no incurrí para reducir el beneficio sujeto a tributación”

El novio de Ayuso pactó un escrito de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la víspera de su declaración ante el juez, prevista para el 24 de junio de 2024. En ese texto, González Amador asumía que debido al aumento de beneficios derivados del incremento del volumen de negocios que había experimentado en los ejercicios 2020 y 2021, había hecho constar en sus declaraciones “gastos en los que en realidad no había incurrido para reducir el beneficio sujeto a tributación”. Además, reconocía que  “había obtenido de los acusados Maximiliano Eduardo Niederer González y David Herrera Lobato facturas que no reflejaban servicios reales para documentar así gastos que fueran deducible para el obligado tributario”.

Ese acuerdo nunca se llegó a aplicar porque el juzgado decidió abrir una nueva investigación por corrupción en los negocios tras la reclamación que hicieron las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid. González Amador compró por 500.000 euros una empresa sin apenas valor a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Esa operación, según las acusaciones populares, podría camuflar el pago de una comisión ilegal a Camino por haber facilitado al novio de Ayuso el negocio de dos millones de euros por la intermediación en la venta de mascarillas.

Febrero 2026. Ante el juez: “La deducción anticipada de un gasto real no merece reproche penal”

La mitad del escrito de defensa presentado por González Amador, procesado por un doble delito fiscal, defiende que no merece reproche penal el hecho de que el empresario comisionista incluyera en sus declaraciones gastos previstos pero que finalmente no tuvo pero que sirvieron para desgravárselos y pagar menos impuestos: “La Agencia Tributaria no considera que en estos casos de incorrecta contabilización temporal, el ingreso anticipado o la deducción anticipada de un gasto real merezca ningún reproche penal, como revelan las regularizaciones en vía administrativa de la activación de los gastos anticipadamente deducidos por BAYESIAN y por APA, lo que nos conduce a qué tratamiento tributario prevé el ordenamiento jurídico para estos supuestos. Respondiendo las facturas a servicios reales, esos gastos se habrían contabilizado (excepto en las cuantías abonadas) de forma incorrecta y anticipada por estar vinculados, al menos en parte, a la generación de ingresos que no se produjeron, debiendo haberse contabilizado cuando dichos ingresos se hubieran producido sin que lo anterior constituya actividad delictiva alguna”.

Para apuntalar su defensa, González Amador contrató los servicios de un perito, ex inspector de Hacienda, cuyos cálculos sitúan el fraude cometido por debajo de los 120.000 euros en cada ejercicio, lo que descarta el delito. Y concluye: “Los hechos realmente acaecidos no son constitutivos de delito alguno, ni de delito contra la Hacienda Pública tipificado en el artículo 305 del Código Penal, ni de falsedad documental, ni delito contable, ni de un delito de pertenencia a grupo criminal”.

Posdata: Los abogados de Alberto González Amador señalan en la cuestión previa del escrito de defensa que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reveló “a la Cadena Ser, al diario El País y a la opinión pública los correos electrónicos en los que se plasmaba la posición de conformidad de la defensa del ahora acusado D. Alberto González Amador y, específicamente, del email de 2 de febrero de 2024 en el que la defensa señalaba que ciertamente se han cometido dos delitos contra la hacienda pública”. Los periodistas de El País declararon en el juicio del Supremo que la información sobre el ofrecimiento de una conformidad por parte de González a cambio del pago de una multa y del reconocimiento de los delitos fue facilitada por personal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, sin relación alguna con el fiscal general del Estado. Sobre esa circunstancia aportaron pruebas durante el procedimiento que acreditaban que El País conoció esa información mucho antes de que García Ortiz comenzara a recabarla. La sentencia no desmintió estos hechos.