La acusación popular que ejerce el PSOE ha solicitado la reapertura de la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez. La jueza Raquel Robles archivó la investigación sin ni siquiera tomar declaración a los policías sospechosos de entregar al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso los datos de dos periodistas de El País a los que previamente habían identificado en la calle. Los socialistas apelan a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al fiscal general del Estado en la que se le reprochaba no haber conservado los correos electrónicos que habrían probado su versión de los hechos. Lo hacen después de que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, y Rodríguez declararan en el juzgado que habían borrado la conversación de whatsapp en la que el primero entregaba al segundo la foto de los periodistas, difundida después junto a sus nombres por el jefe de gabinete de Ayuso.

Esa versión de Rodríguez y González Amador en el Supremo descartaría un delito de revelación de secretos porque, según ellos, la foto fue tomada por un vecino que se la entregó a la pareja de Ayuso y este a su jefe de gabinete. Por contra, si la información procediera de la actuación policial implicaría la comisión de un presunto delito. La jueza llamó a declarar a los policías como testigos, luego suspendió su comparecencia por si debían acudir como investigados, asistidos de un abogado, y antes de resolver esa cuestión se apresuró a cerrar el caso sin tomar declaración a los agentes ni al supuesto vecino que hizo la foto.

El escrito del PSOE, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge: “No será baladí recordar que el investigado [Miguel Ángel Rodríguez], así como el señor González Amador, insistieron en la acusación contra el fiscal general del Estado, que borrar conversaciones era sospechoso en un imputado, ya que un inocente no borra mensajes cuando se ve apuntado por la Justicia. Quien así opinaba ha borrado mensajes cuando se ha visto apuntado por la Justicia”. Los socialistas recurren directamente en apelación ante la Audiencia Provincial, que ya obligó a la jueza Robles a abrir la causa después de que la magistrada rechazara su admisión a trámite.

Miguel Ángel Rodríguez declaró ante la jueza que había sido González Amador quien le pasó la foto de los dos periodistas mientras hacían su trabajo en las inmediaciones del domicilio que comparte el empresario y comisionista con la presidenta madrileña. Justo antes le había dicho a los periodistas que la foto se la envió un vecino. Ante la magistrada rectificó y aseguró que el vecino hizo la foto y se la entregó al novio de Ayuso y este se la dio a él. Luego, González Amador ratificó esta versión ante la jueza.

Para el PSOE, “el señor González Amador aportó tras su declaración una documentación confusa e inconsistente, con pantallazos de unas supuestas conversaciones en fecha ignorada, con imágenes que no se ven y entre interlocutores desconocidos (...)”. “Ninguno de estos mensajes ha sido cotejado ni se ha verificado su realidad, las personas intervinientes o sus fechas”, añade el escrito de la acusación popular.

Los socialistas recuerdan a la Audiencia Provincial que los dos periodistas perjudicados por la difusión de sus datos y otro compañero corroboraron “explícitamente” la versión de que los datos procedían de los policías que les habían requerido la documentación e identificado en plena calle. Un documento policial incorporado a la causa reconociendo la identificación se sumaría a la tesis de la acusación, recoge el propio escrito.

El escrito del PSOE asegura que la jueza Robles “ha anticipado el cierre de la instrucción” antes de aclarar nada y que lo ha hecho a través de “una práctica sesgada de diligencias, donde se descartan aquellas dirigidas a la averiguación del delito en favor de otras dirigidas a exculpar al imputado”, Miguel Ángel Rodríguez.

El Juzgado de lo Penal número 19 de Madrid, al que le ha correspondido juzgar a Alberto González Amador por dos delitos fiscales y falsificación de documentos, advierte en un escrito que el señalamiento de la vista se realizará “considerando la sobrecarga y circunstancias que pesan sobre el Juzgado y cuando razones de agenda lo permitan”. La situación de los juzgados de lo penal de Madrid ya apuntaba a que el juicio contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso no se celebraría nunca antes de 2027, siete años después del presunto delito fiscal y las facturas falsificadas.

La providencia del juzgado, a la que ha tenido acceso elDiario.es, llega como consecuencia de otro escrito en el que su titular fija la prueba que se verá en el juicio, una suerte de guion de la vista por el que acepta o rechaza las declaraciones de testigos e informes que solicitaron las distintas partes.

En el caso de la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, la magistrada ha rechazado todas las testificales propuestas, lo que supone que no declarará como testigo Fernando Camino, directivo de Quirón. Ya solo resta que la agenda del juzgado permita señalar la vista del juicio y que este se celebre.

El horizonte judicial de Alberto González Amador es sombrío. Contra él pesan las evidencias de un extenso informe de la Agencia Tributaria: 19 meses de inspección que ponen negro sobre blanco dos fraudes a Hacienda en dos ejercicios distintos y una trama de facturas falsas para llevarlos a cabo.

La Audiencia Provincial avaló en noviembre de 2025 la decisión del juzgado de enviarlo al banquillo y solo un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, podría evitar la celebración del juicio, que no una condena con pena de cárcel que se conocería en la fecha señalada para la vista.

González Amador ha defraudado una cantidad inferior a los 600.000 euros por lo que la ley establece que debe ser un Juzgado de lo Penal –con un tribunal formado por un solo juez– y no la Audiencia Provincial –tribunal de tres– quien celebre la vista. La carga de trabajo de los juzgados de lo penal de Madrid es sensiblemente superior a la Audiencia Provincial.

Los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden 3 años y 9 meses de cárcel para el empresario y comisionista, y el de la acusación popular, que solicita 5 años, se presentaron en junio. González Amador nunca ha declarado por el doble fraude fiscal y la falsificación de documentos, alegando en varias ocasiones compromisos laborales con Quirón.

Y mientras el supuesto fraude fiscal y la falsificación de documentos están abocados al juicio continúa la instrucción de la pieza separada por el presunto soborno de la pareja de Ayuso al directivo de Quirón Fernándo Camino. Ambos habrían acordado en secreto repartirse una comisión de 2 millones de euros en mascarillas y encubrir dicho reparto con la compra fraudulenta de una empresa de la mujer de Camino por medio millón de euros pese a no tener apenas valor.

Quirón aumentó exponencialmente su negocio con la Comunidad de Madrid en los hospitales que gestiona a partir de 2021, según las Cuentas Generales de la Comunidad, el documento oficial que recoge los pagos e ingresos reales en la región año a año. Justo ese año la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comenzó a gobernar en solitario tras romper la coalición con Ciudadanos e inició su relación con Alberto González Amador, que trabaja para la compañia sanitaria y que está procesado por intentar escamotear impuestos.

La empresa se ocupa –entre otros servicios y conciertos– de la cobertura sanitaria de los madrileños en cuatro hospitales de la región: Fundación Jiménez Díaz, Hospital de Villaba, el Infanta Elena de Valdemoro y el Rey Juan Carlos de Móstoles. Es decir, los tratamientos y decisiones médicas relativas a toda la población asignada allí está prestada por una empresa privada que recibe un dinero público a cambio.

Desde 2021 y hasta 2024, el dinero público que han recibido estos cuatro centros ha aumentado un 91%, es decir, prácticamente se ha duplicado. También de han multiplicado en ese periodo los ingresos de González Amador. En 2020, estos cuatro hospitales ingresaron 504 millones por prestar servicios, por deudas de otros años y otros pagos. En 2024, últimas cuentas disponibles, recibieron 1.611 millones.

No es la única empresa que opera en la sanidad pública madrileña. La otra es Ribera Salud, al cargo de la población del Hospital de Torrejón, conocido por la publicación de unos audios en los que su director ejecutivo instaba a priorizar el beneficio económico sobre las listas de espera.

Desde 2021 la Comunidad también ha aumentado el dinero que destina a este hospital: un 82%, por debajo de la media de Quirón. La situación en los hospitales de gestión pública no fue para nada tan expansiva. Como muestra, dos ejemplos: La Paz recibió un 35% más de ingresos en ese mismo periodo, mientras que la Jiménez Díaz –equiparable en presupuesto– lo hizo en un 45% más. Lo mismo sucedió en el hospital de Móstoles público (+19%) frente al hospital de gestión privada de Quirón en la misma localidad (+182%). Parte de la explicación puede estar en que se trate de pagos de deuda, pero desde Sanidad no dan explicación.

Este dinero destinado año a año a empresas concesionarias de la sanidad madrileña no aparece desglosado por concepto en la Cuenta General, pero incluye todo lo que se haya pagado: atención y tratamientos médicos a su población asignada, farmacia, el dinero por tratar pacientes de la libre elección, el desembolso de facturas atrasadas de otros años o importes satisfechos cuando hay sentencia firme en alguna de las reclamaciones que ha puesto Quirón con la Comunidad de Madrid.

A esto hay que sumar los intereses de demora por esa deuda que se arrastra de años anteriores y de la que el gobierno autonómico nunca ha dado un cifra concreta, de manera que no es fácil conocer cuánto del dinero del que se paga anualmente corresponde verdaderamente a servicios prestados ese año.

Otro dato que revela la Cuenta General es que es raro el año en que lo presupuestado para estos hospitales se respeta. Todos los ejercicios hay desviaciones, con un importante incremento del dinero que reciben estas empresas privadas respecto a lo que se previó en los presupuestos, un diferencial especialmente relevante en el caso de los hospitales del grupo Quirón.

En el ejercicio de 2021, estas empresas privadas empezaron a reclamar más dinero por los gastos extra en material y atención que les supuso la Covid. Algunos de ellos fueron satisfechos en 2022, como los seis millones de “compensación” que se aprobaron en Consejo de Gobierno para el Hospital de Torrejón. También fue 2021 el año en el que Isabel Díaz Ayuso empezó a gobernar en solitario, tras haber pasado una legislatura (2019-2021) en coalición con Ciudadanos, de manera que tuvo menos ataduras para desarrollar sus políticas sanitarias, que defienden los conciertos sanitarios y la privatización como un modelo “eficiente”.

En las cuentas de 2022 se observa un repunte de ingresos para estos hospitales privatizados. Ese año, el Consejo de Gobierno de Ayuso autorizó pagos millonarios pendientes por litigios con Quirón, un dinero que la Comunidad había estado peleando en los tribunales. En solo dos meses, su gobierno autorizó el pago de 400 millones de euros para ponerse al día y deshacerse de parte de la deuda que arrastraba. Unos meses antes se había producido una de las pocas destituciones fulminantes que ha hecho Ayuso desde que es presidenta: la de la interventora general, es decir, la máxima responsable de las cuentas de la Comunidad de Madrid.

La Cámara de Cuentas hizo un informe sobre 2024 e hizo hincapié en esos cambios de velocidad en los pagos, señalando que “en 2023 y 2024 se observa una mayor actividad en la aprobación, imputación a presupuesto y pago de las liquidaciones atrasadas provisionadas”.

Pero aún queda mucho por pagar, dinero que según se vaya desembolsando irá apareciendo en las futuras cuentas públicas anuales y cuyo montante total y pormenorizado no está publicado, lo que hace difícil calcular si la privatización es o no eficaz, como defiende Ayuso.

Respecto a los pagos por la libre elección, es decir, lo que Madrid paga extra a estos hospitales por pacientes captados de la pública, “durante 2023 se liquidaron 283 millones, fundamentalmente referidos a los ejercicios 2019 y 2020”. La Cámara de Cuentas avisa de que “la complejidad de las comprobaciones dificulta las liquidaciones. No obstante, en 2023 y 2024 se observa una mayor actividad en la aprobación. Pero hay más deuda pendiente y arrastrada, ”estando pendientes las liquidaciones del propio ejercicio 2024 así como otras de 2023 y de 2022“ que aflorarán en próximos ejercicios.

La Consejería de Sanidad no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre los conceptos de los pagos anuales. Tampoco ha respondido el grupo Quirón.

La acusación popular en el caso de la pareja de Ayuso, que ejercen PSOE y Más Madrid, ha presentado un escrito en el que pide al juez Antonio Viejo que agilice de una vez la pieza separada contra Alberto González Amador. En este caso, las formaciones parten de los recientes informes de la UCO y la Agencia Tributaria para solicitar una batería de medidas entre las que figura la imputación de Quirón Prevención, como persona jurídica, por haber participado presuntamente de los delitos fiscales que se exponen.

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, la acusación popular vuelve a pedir la imputación de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, y que todavía no ha sido llamado a declarar pese a estar en el centro de la comisión de las mascarillas con la que González Amador ganó cerca de 2 millones de euros. Luego, González Amador habría comprado una empresa sin apenas valor a Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, para pagar a este una comisión de medio millón de euros por haber impulsado la compraventa que generó la comisión a partir de su silla en el consejo de administración de una empresa llamada Mape.

PSOE y Más Madrid quieren que, además de a Camino, se impute por delito fiscal y falsificación de documentos a Gloria Carrasco y a Quirón Prevención. En el caso de esta última, el escrito alude a que, como exponía la Agencia Tributaria*, González Amador estuvo ingresando de la empresa sanitaria por unos servicios que no podía prestar la empresa con los que los facturaba por carecer de medios.

La pareja de Ayuso ya está imputada por dos delitos fiscales en concurso con falsificación de documentos en la pieza principal, que aguarda se fije la fecha del juicio. “Todo está unido y conectado de manera indiscutible y por ello en el marco de esta pieza [separada] debe investigarse también los delitos fiscales en concurso con otros en que se hubiera podido incurrir”, reza el escrito de la acusación popular en alusión a Gloria Carrasco, Fernando Camino y Quirón Prevención.

Para todo ello, la acusación popular pide al juez que encargue un informe a la Agencia Tributaria que determine la posible existencia de los delitos fiscales. Hacienda comunicó al juez que realiza inspecciones a Quirón, Camino y Gloria Carrasco y que las detenía toda vez que el juzgado realizaba una investigación por los mismos hechos. PSOE y Más Madrid creen que eso no es obstáculo para que ahora Antonio Viejo ordene a la Agencia Tributaria trabajar a sus órdenes y que profundice en su afirmación de que las relaciones económicas entre las empresas de González Amador y Qurión Prevención son “indiciariamente ficticias”.

PSOE y Más Madrid llevan desde 2025 solicitando una serie de diligencias que nunca se han llegado a acordar. Lo hicieron a partir del único avance que ha tenido esta pieza separada, la declaración como investigados de Gloria Carrasco y Alberto González Amador, las cuales presentaron importantes contradicciones entre ellas sobre la compraventa de Círculo de Belleza, origen del presunto pago de la comisión.

A partir de ahí, la acusación popular vuelve a solicitar que declare Camino como investigado y se cite al director de grandes cuentas de Quirón como testigo. En el mismo sentido insisten en su petición al juez de que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía emita un informe de las relaciones societarias y económicas de González Amador y la pareja Camino-Carrasco.

Entre la documentación a la que aspiran PSOE y Más Madrid figura la política y composición del Comité de Riesgos de Quirón, las relaciones con los proveedores, la investigación interna a González Amador a raíz de las revelaciones de elDiario.es y la querella de la Fiscalía y el Código de Conducta de la empresa. Tal y como publicó elDiario.es, el informe de la UCO apunta a un posible incumplimiento de este Código de Conducta por parte de Quirón, algo sobre lo que la empresa no se ha pronunciado desde que estallara el caso en marzo de 2024.

Investigar a Alberto 'Burnet' González

La acusación popular pide que se aporten las comunicaciones entre el matrimonio y González Amador previas a los hechos investigados, tanto correos electrónicos como los metadatos de las llamadas o el contenido de los chats de mensajería instantánea. Igualmente solicitan que se de traslado a la UCO de la información publicada por elDiario.es en diciembre de 2025 según la cual Alberto González Amador seguía operando en Quirón con una identidad falsa que figura en la intranet del gigante sanitario y también en su correo corporativo, Alberto Burnet González.

La acusación popular aprovecha su escrito para recordar que ha presentado cinco escritos desde el 5 de mayo de 2018 solicitando diligencias que no han sido siquiera contestados. “El proceso está estancado”, llega a decir el último presentado.

“Esta falta de actividad procesal y de diligencias solicitadas es perjudicial también para la elaboración del informe de la UCO (...) ya que dicha unidad podría contar con más declaraciones y documental para la elaboración de estos y no lo va a poder hacer si no se remedia debido a la paralización de la instrucción”, alegan PSOE y Más Madrid.

Entre esa documentación que debe tener la UCO es la que resulte de un requerimiento judicial para conocer el patrimonio de González Amador, dice el escrito, que se queja de que recientemente el juez haya negado a la propia Guardia Civil su intención de acceder a la información societaria y tributaria de Gloria Carrasco y González Amador, como le había solicitado, y permitir únicamente un análisis de sus cuentas bancarias desde 2014.

*FE DE ERRORES: En el texto inicial se decía que era la UCO quien sostenía que González Amador estuvo ingresando de Quirón por unos servicios que no podía prestar la empresa con los que los facturaba por carecer de medios, cuando quien lo sostenía era la Agencia Tributaria, según detallaba el propio informe de la UCO.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido durante un cuarto de hora ante la jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por señalar a dos periodistas. En su comparecencia, según fuentes del caso, el comisionista ha reconocido que él hizo llegar la foto de los reporteros de El País al jefe de gabinete de su pareja, aunque ha justificado que a él a su vez se la pasó un vecino. Según su versión, le hizo llegar la foto a Rodríguez porque es su amigo y porque es el encargado de la “seguridad” y la comunicación de Isabel Díaz Ayuso.

El empresario fue llamado a declarar por la magistrada que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, acusado de difundir a los medios de comunicación la foto y la identidad de dos periodistas de El País que en marzo de 2024 acudieron a las inmediaciones del domicilio de la presidenta madrileña. Los dos se encontraban investigando el caso de fraude fiscal de González Amador y la compra de ese piso y Rodríguez difundió la información falsa de que estaban acosando a vecinos del edificio para obtener información.

González Amador ha explicado que ni él ni Ayuso estaban en casa en ese momento y que la foto de los periodistas se la envió un vecino de la quinta planta a quien no ha identificado. El empresario ha reconocido ante la jueza que no conserva su conversación de WhatsApp con Rodríguez, alegando que lo borró todo tras sufrir un hackeo. Sí conserva, sin embargo, las conversaciones de esos días con sus vecinos, también en un grupo de esta aplicación donde se comentó la presencia de los periodistas en las inmediaciones de la casa.

El empresario ha confirmado en algunos puntos la declaración que hizo hace unas semanas el propio jefe de gabinete de Ayuso. Que él fue quien remitió a Rodríguez la foto de los periodistas. Ha rechazado, sin embargo, que fuera él quien le hiciera llegar una tarjeta de visita de esos dos reporteros, tal y como también dijo el jefe de gabinete de Ayuso. Tampoco es cierto que Miguel Ángel Rodríguez, tal y como ha afirmado hoy ante la magistrada, sea el responsable de la seguridad de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El caso ahora se encuentra a la espera de que la magistrada instructora decida si pone nuevas diligencias en marcha, algunas ya aceptadas y otras planteadas por la acusación que ejerce el PSOE. Una parte del caso se centra en dilucidar si Miguel Ángel Rodríguez difundió información que le llegó a través de los policías que ejercen la escolta de la presidenta madrileña. La jueza debe anunciar si cita a los agentes como testigos o como investigados y si llama a declarar a más policías tal y como han solicitado las acusaciones.

La difusión de la foto y los datos de los dos reporteros de El País acabaron publicados por diversos medios de comunicación junto con las afirmaciones falsas aportadas por Miguel Ángel Rodríguez. Fue en un momento en que la Comunidad de Madrid, tras las primeras exclusivas de elDiario.es sobre el caso, se lanzó a desacreditar tanto a Hacienda como a la Fiscalía y también a los medios de comunicación que informaban sobre el caso. Al bulo y el señalamiento contra los periodistas de El País se sumó a más bulos difundidos sobre elDiario.es y las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a una periodista de este medio: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”.

El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, volverá este martes a testificar ante un juez. En este caso el comisionista sanitario lo hará para explicar si fue él quien mandó a Miguel Ángel Rodríguez la fotografía de dos periodistas de El País que habían acudido a las inmediaciones de su domicilio para investigar su caso de fraude fiscal y la compra del piso que comparte con la presidenta madrileña. El juzgado investiga al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso por difundir su imagen y sus identidades entre medios de comunicación que, junto con varios agitadores ultras, acabaron divulgando esos datos.

Los hechos por los que tiene que declarar el comisionista sanitario se remontan a marzo de 2024. elDiario.es había desvelado que la Fiscalía acusaba a González Amador de defraudar más de 350.000 euros usando un entramado de facturas falsas. También poco después de que este periódico revelara que la presidenta madrileña y su pareja vivían en un piso comprado por el empresario tras perpetrar el fraude fiscal denunciado por la Fiscalía.

En esas primeras semanas la estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno fue salir a defender al empresario, cuestionar tanto a Hacienda como a la Fiscalía y atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso. Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso, asumió la defensa de González Amador, tanto de forma institucional como en su papel de enlace con los medios de comunicación, y entre otras acciones amenazó por escrito a una periodista de elDiario.es con el cierre del periódico. “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Ayuso redujo estas amenazas a conversaciones con “gente de confianza”.

El jefe de gabinete de la presidenta desarrolló también la estrategia de usar su contacto preferente con decenas de medios de comunicación que siguen la actualidad institucional de Ayuso para atacar a los medios que investigaban el caso. Fue pocos días después de esas amenazas cuando difundió el bulo de que unos periodistas de elDiario.es habían intentado asaltar violentamente su domicilio. También cuando distribuyó entre los medios la foto de dos reporteros de El País que habían acudido a las inmediaciones del inmueble bajo la acusación falsa de haber acosado a los vecinos de la presidenta, incluso a menores de edad.

La información falsa fue publicada en varios medios de comunicación —algunos de los cuales han borrado ese contenido en estos dos años— y algunos agitadores de extrema derecha usaron las fotos que Miguel Ángel Rodríguez puso en circulación para señalar a los dos informadores de El País. Los juzgados, tras una denuncia del PSOE y de los propios periodistas del grupo Prisa, rechazaron en un primer momento abrir una investigación penal por revelación de secretos, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la puesta en marcha de diligencias penales contra el jefe de gabinete de la presidenta madrileña.

“La Policía no me pasó nada”

Miguel Ángel Rodríguez compareció finalmente como imputado en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid el pasado mes de mayo. Ante los medios, a las puertas de su declaración, dijo que las fotos de los periodistas le habían sido remitidas por “un vecino enfadado” de Ayuso y su pareja. Una vez sentado ante la jueza, el jefe de gabinete reconoció que no fue un “vecino” sino el propio Alberto González Amador el que le remitió la imagen de los dos periodistas que posteriormente difundió acompañada de un bulo para su publicación. Ahora será el comisionista el que explique, como testigo y obligado a decir la verdad, si fue él quien sacó y envió esas fotos al jefe de gabinete de su pareja.

En esa comparecencia pública ante los medios tras declarar en el juzgado Rodríguez reconoció que su primera versión no era cierta y que su fuente era González Amador: “Me he expresado mal”. También añadió que no conservaba los mensajes con los que difundió el bulo y la imagen de los periodistas. E hizo una última precisión: “Lo más importante es que la Policía no me pasó nada. La Policía no entra en casa de los vecinos para hacer fotos”.

Los dos reporteros de El País habían sido previamente identificados por los escoltas de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el juzgado también quiere saber si Miguel Ángel Rodríguez pudo obtener esos datos de los agentes, y no solo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La magistrada que investigó el caso citó a declarar a los dos policías para averiguar si Rodríguez había usado su contacto con los escoltas para obtener datos de los periodistas y difundirlos, aunque suspendió su comparecencia para decidir si debían ser llamados como testigos o como imputados.

La contratación pública de mascarillas en España se guio por la ley de la selva durante los meses más mortales de la pandemia. Las administraciones públicas gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario cuando los controles habían saltado por los aires. El decreto que impuso el Estado de Alarma en el país permitió comprar de emergencia a cualquiera y sin concurso cuando fallecían cientos de personas al día. No había concurrencia de ofertas, se contrataba a dedo, sin límite de precios ni acreditación de solvencia o experiencia en el sector. Todo valía en pandemia para sobrevivir a un virus que mató en España a más de 150.000 personas entre 2020 y 2023. Decenas de empresarios, algunos ni eso, se enriquecieron como nunca a cuenta de la compra de mascarillas en China y su venta a administraciones públicas españolas que buscaban a ciegas un material vital en esos momentos.

La Fiscalía Anticorrupción alertó por escrito sobre este 'antisistema', perfecto para alimentar la corrupción: “La Administración Pública puede adjudicar un contrato directamente a una empresa preseleccionada, en lugar de utilizar un procedimiento competitivo normal. Esta excepción [de la contratación de emergencia] tiene como fin que los compradores públicos adquieran suministros y servicios de primera necesidad en el plazo más breve posible (…) Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas”.

La pandemia dejó en España cientos de casos de empresarios o comisionistas que lograron, por la emergencia, un enriquecimiento obsceno pero legal. Como Víctor de Aldama, el nexo corruptor del Ministerio de Transportes que tras sobornar con dinero y regalos al ministro José Luis Ábalos y a su principal asesor, Koldo García, logró el primer gran negocio millonario de su vida con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.  

Soluciones de Gestión fue la empresa recomendada por Aldama, que para entonces ya pagaba el apartamento donde vivía la pareja sentimental del ministro Ábalos. Logró vender 20 millones de mascarillas por más de 50 millones de euros al Ministerio de Transportes, al Ministerio del Interior y a las comunidades de Canarias y Baleares. De ese dinero público, 15 millones de euros se quedaron en los bolsillos del dueño de Soluciones de Gestión (nueve millones) y de Víctor de Aldama (seis).

Antes del juicio en el Supremo del caso mascarillas, la Fiscalía Anticorrupción avisó de que no había nada anómalo en ese procedimiento: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

Durante el juicio, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidió que Aldama devolviera al menos los 3,7 millones de euros que había ganado por el material vendido al Ministerio de Transportes previo soborno a sus dirigentes. “Por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, multa de 3.713.981 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de dos meses en caso de impago, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de un año”, escribió.

Los siete magistrados del Supremo que juzgaron el caso decidieron por unanimidad que Aldama no cumpliera los 4,5 años de cárcel de la condena y, además, le perdonaron la multa de los 3,7 millones de euros ganados. La sentencia considera poco relevante la información privilegiada con la que Aldama hizo negocio en el Ministerio donde tenía comprado a su principal responsable. “La relevancia de la información sobre la futura licitación, además de ser de muy escasa entidad dada la situación de la pandemia, el Estado de Alarma y normativa circundante, sucede que resultaba accesoria para la obtención del beneficio económico, que, como finalidad, establece el artículo 442 del Código Penal; pues la existencia de otros licitadores, como hemos descrito, en virtud de las influencias descritas, no eran ponderadas”, señala la sentencia.

Los magistrados creen y así lo defienden en el fallo que “no ha mediado prueba sobre que el suministro de mascarillas se haya pactado en condiciones perjudiciales para la Administración, ni que el precio fuera excesivo”. El empresario corrupto Víctor de Aldama vendió las mascarillas a 2,5 euros por unidad, lo que según el Supremo es prueba de que no se puso un precio excesivo y el suministro no se pactó en condiciones perjudiciales para la Administración.

El hermano de Isabel Díaz Ayuso, de nombre Tomás, se alió con un amigo de su pueblo que tenía una empresa de ropa infantil, Priviet, para suministrar a la Comunidad de Madrid hasta 250.000 mascarillas a seis euros la unidad, casi el triple que los precios ofrecidos por Aldama. El material era muy parecido, comprado en China a dos euros en las mismas primeras semanas de la pandemia en España.

La importancia que los magistrados del Supremo dieron al precio fijado por Aldama fue, sin embargo, irrelevante para la Fiscalía Anticorrupción cuando decidió archivar la investigación al hermano de Díaz Ayuso porque, según dijo un alto cargo de esa institución, “la avaricia no es delito”. Aquel expediente se cerró con una excusa administrativa: “Aunque Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido una relación comercial con Priviet por la que ha percibido una comisión, para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

Los correos electrónicos de la oferta de Tomás Díaz Ayuso iban a nombre del dueño de la empresa de ropa infantil, Priviet, y, por tanto, los funcionarios de la Comunidad de Madrid no podían saber que detrás de esa propuesta estaba el hermano de la presidenta, argumentaron los fiscales.

El Supremo destacó en su sentencia que 2,5 euros por unidad era un precio que se situaba por debajo de la media del precio medio pagado en España en marzo de 2020 (3,38 euros) y en abril (3,65 euros). De los 37 contratos que formalizó la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, el de las mascarillas del hermano de Ayuso fue el cuarto más caro. 

El delito fiscal después del beneficio empresarial

La rapiña en la pandemia añadió una variante derivada de la avaricia. Algunos de los que se enriquecieron a cuenta de la compraventa de mascarillas durante la emergencia intentaron después engañar a Hacienda para que su beneficio fuera aún mayor. Es el caso de Alberto Luceño, quien junto a Luis Medina logró a dedo un contrato millonario para vender material sanitario chino al Ayuntamiento de Madrid a uno de los precios más caros en aquel momento (seis euros por mascarilla).

La Audiencia Provincial absolvió a ambos del delito de estafa agravada al considerar que no había quedado probado que engañaran a los responsables municipales ocultando que iban a cobrar una comisión de seis millones por la operación. Sin embargo, Luceño fue condenado por fraude a Hacienda a casi tres años de cárcel y 3,5 millones de multa.

Algo parecido le ocurrió al novio de Isabel Díaz Ayuso, comisionista en una compraventa de mascarillas entre dos empresas privadas. Ganó dos millones de euros (el 4,5% de la operación) pero engañó a Hacienda con facturas falsas para ahorrarse el pago de 155.000 euros en impuestos, según determinó la Agencia Tributaria. Ahora se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y nueve meses de cárcel por dos delitos fiscales.

“Personaje”, “desquiciado”, “sinvergüenza” y, de nuevo, el “hijo de puta” que nunca falta y siempre camufla tras el cansino “me gusta la fruta”. Era jueves y Ayuso actuaba en Tele 5. Siempre elegante, siempre institucional, siempre exquisita y siempre educada, con un fondo intelectual al nivel de Séneca. El mismo espectáculo y el mismo bochorno. Cada vez que Isabel Díaz Ayuso pisa un plató de televisión no defrauda entre ese público cuñado que disfruta con el insulto y la procacidad. Donde esté la insolencia que se quite la educación. Ya saben. Marca de la duquesa de Quirón. 

Tiene la responsabilidad de un gobierno autonómico que representa a 8 millones de madrileños, pero ha convertido al presidente del Gobierno de España en el centro gravitacional de su existencia. Política y personal. Sin Pedro Sánchez, Ayuso no es nadie. Lo sabe ella y lo sabe España entera. Ha construido su marca sobre un principio tan básico y tan viejo como la misma política: si tienes un enemigo al que odiar, no hay necesidad de tener programa. Funciona a corto plazo. Pero envenena en el medio. Y puede matar en el largo. Y ocho años con la misma fijación son ya demasiados. 

Si hiciéramos inventario del catálogo de los improperios que ha dedicado al presidente del Gobierno desde que habita en la Puerta del Sol, sería inabarcable y también digno de estudio clínico: que si “okupa”, que si “dictador”, que si “mentiroso compulsivo”, que si “amenaza para la democracia”, que si “peligro para España”, que si “destructor de la nación”...

Da igual lo que se le pregunte que la respuesta es siempre la misma. Por eso lo revelador en ella ya no es la virulencia, sino la repetición obsesiva de ofensas mezcladas con mentiras que extrae de digitales para los que la verdad habita en un planeta demasiado lejano como para ir a buscarla.  

Ayuso, siempre con la mirada perdida, carga contra Sánchez con la misma frecuencia que cualquier humano respira. Sin pensar y sin poder evitarlo mientras el Madrid real, no el de los posados ni el de los medios que le bailan el agua, tiene las listas de espera sanitarias más largas de la historia reciente, los colegios con aulas prefabricadas y una crisis de vivienda que ella ni siente ni padece porque habita en un piso y un ático pagados por su pareja. Esto último gracias a la millonaria facturación que el novio gira cada año a Quirón, el gigante de la sanidad privada con el que casualmente multiplicó por ocho sus ingresos cuando empezó su relación. 4,4 millones de euros entre 2021 y 2023 para ser exactos, según un informe de Hacienda remitido al juzgado.

Pero la baronesa de Madrid de esto apenas habla. Y cuando lo hace es para denunciar “una operación de Estado” contra su novio, ese ciudadano particular que salió del anonimato por un fraude fiscal de 350.951 euros entre 2020 y 2021 y cuyo abogado propuso llegar a un acuerdo con la Fiscalía, tras admitir la comisión de dos delitos, para evitar la cárcel. En su desvarío habitual, denuncia ahora un presunto espionaje, con micrófonos ocultos incluidos, al directivo de Quirón para el que trabaja su pareja y hasta una conspiración para acabar con su figura política, como si ella no hiciera suficiente para arrastrar su crédito cada día. Claro que de espionajes y “quirones” podría preguntar a su colega Cristina Cifuentes, que algo sabe sobre quiénes y por qué participaron de su caída del olimpo.

Hasta entonces, debería abstenerse de igualar España con una dictadura porque la que hubo en este país durante 40 años dejó víctimas que aún esperan la reparación que les niega el partido en el que milita y en el que, dicho sea de paso, orbitan algunos de los herederos de aquel abominable franquismo. 

Isabel Díaz Ayuso ha dado este jueves su primera entrevista después de que Hacienda revelase en un informe que su pareja, Alberto González Amador, facturó 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023, cuando comenzaron su relación. Durante la misma, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha estallado contra Pedro Sánchez por mencionar el caso de su pareja en el Congreso y ha vuelto a asegurar que todo se trata de una “operación de Estado” cuyo fin último es ella misma. 

Sin embargo, algunas de las afirmaciones que ha lanzado la presidenta en Telecinco en su defensa a Alberto González Amador son falsedades. Otras no son correctas o, al menos, no del todo. 

“Lo que han hecho es coger a un señor para intentar hacerme daño a mí”

Es una de las teorías que Ayuso difunde desde hace más de dos años: que toda la causa contra su pareja es una operación de Estado. Durante el juicio contra el fiscal general del Estado, el fiscal Julián Salto, encargado de la causa por fraude fiscal, ya explicó que no tuvo conocimiento sobre que era pareja de Ayuso hasta el ocho de marzo de 2024, tres días después de presentar la denuncia.

Alberto González Amador defraudó a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021 valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. Hacienda detectó desgravaciones de gastos sospechosos en la declaración del impuesto de sociedades presentadas en 2021 y de 2022 de la empresa propiedad de la pareja de Ayuso. Fue su abogado quien propuso llegar a un acuerdo con la Fiscalía, admitiendo la comisión de dos delitos, antes incluso de que esta presentase la denuncia para intentar evitar el juicio.

“No tenemos nada a medias”

elDiario.es publicó el 12 de marzo de 2024 que Ayuso y su pareja vivían en un piso de un millón de euros y 208 metros que González Amador compró después del fraude fiscal. La vivienda está ubicada en el distrito de Chamberí de Madrid y fue adquirida en julio de 2022. Sin embargo, Ayuso y su novio no viven en un solo piso, sino en dos: el domicilio ocupa dos plantas, con 387 metros cuadrados entre ambos. Se trata del sexto y el séptimo piso, uno está encima del otro. En noviembre de 2025, González Amador compró el ático de lujo por el que pagaba 5.000 euros de alquiler. Los pisos han sido adquiridos por él, pero ambos viven allí.

“Cuando él tiene como todos los empresarios de este país en un momento una disputa con Hacienda, decide que, sin estar de acuerdo, con tal de no perjudicarme a mí, quiere pagar. Cuando Hacienda se entera de que es quien es, algo con lo que atacar a Ayuso, decide que este señor ya no puede pactar con Hacienda, deciden filtrarlo ilegalmente”

Hay varias falsedades en esta argumentación de la presidenta madrileña. El caso de González Amador no le ocurre a “todos los empresarios”, sino que es poco frecuente. Menos del 1% de contribuyentes investigados acaban denunciados como él.

El comienzo de la inspección de la Agencia Tributaria se dio porque detectó que una empresa había disparado sus ingresos sin aumentar los beneficios por los que tributa. Maxwell Cremona, una de las empresas de la pareja de Ayuso, multiplicó sus ingresos por seis aunque había reducido sus beneficios declarados a menos de un tercio. Ahí saltaron las alarmas.

Hacienda no podía llegar a un acuerdo con él porque la pareja de Ayuso superó en dos ejercicios el límite del delito fiscal, más de 120.000 euros anuales. Cuando se supera ese límite, la Agencia Tributaria tiene que denunciar y el caso ya pasa de Hacienda a la Justicia. Es decir, la “disputa con Hacienda” de Alberto González Amador, como reconoció su abogado, es en realidad un fraude a Hacienda.

Antes de que se condenara al ex fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la filtración de la confesión de la pareja de Ayuso, cuatro periodistas llegaron a ratificar ante notario que conocieron dicha confesión 31 horas antes que el fiscal.

“Desde Hacienda se ha ido troceando el expediente, se han ido troceando sus cuentas”

Ayuso no aclara a qué se refiere, pero es frecuente que a lo largo de los procedimientos judiciales el magistrado solicite diferentes informes sobre los hechos investigados. En este caso, además, hay dos causas penales distintas en torno a González Amador. Por un lado, se le ha procesado y está pendiente de juicio por dos delitos contra la Hacienda Pública, es decir, fraude fiscal y un delito de falsedad en Documento Mercantil. Y hay una segunda causa, todavía en fase de instrucción, que tiene que ver con su relación con Quirón Prevención y con uno de sus directivos: Fernando Camino. El juez acaba de encargar a la UCO, después de varios meses con la causa paralizada, un informe sobre las cuentas bancarias del empresario. Esta segunda ramificación del caso investiga la compra por parte del empresario por medio millón de euros de una sociedad sin apenas valor propiedad de la mujer de Camino. Y si aquella operación no fue, en realidad una compra, sino el pago encubierto de una comisión.

En diversos escritos e informes presentados en los últimos días, la Agencia Tributaria ha pedido autorización al juez para suspender sus inspecciones mientras siga la investigación penal. Es algo frecuente para evitar duplicidades y descoordinación. En uno de esos informes, la Agencia Tributaria revela que González Amador facturó un total de 4,4 millones de euros a través de sus dos empresas a Quirón Prevención entre 2021 y 2023.

“Ahora le abren de 2014”

Según Ayuso, ahora a su pareja le están buscando informaciones “de 2014”, cuando todavía quedaban años para que se conocieran. No es que rebusquen en fechas atrás sin motivo, sino que la “relación comercial” entre la pareja de Ayuso y la mujer de Fernando Camino “se remonta al menos al año 2014”.

Según otro informe de Hacienda de 2024, Amador pagó medio millón por una empresa de un alto cargo de Quirón, Fernando Camino, constituida junto a su esposa y su cuñado, Antonio Carrasco. El informe policial indica que la empresa de la pareja de Camino facturaba menos de 30.000 euros, no tenía empleados ni apenas actividad. Precisamente esta compra es la que está siendo investigada ahora por la Guardia Civil en la pieza separada. 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha salido en defensa de la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, después de que un informe de Hacienda revelara que facturó 4,4 millones a Quirón Prevención entre 2021 y 2023. El portavoz del Ejecutivo autonómico ha asegurado que la oposición acusa “de algo a una presidenta que ha ganado por mayoría absoluta” no está “ni condenada ni investigada, ni hay nada al respecto”. Miguel Ángel García Martín ha asegurado que la pareja de Isabel Díaz Ayuso “nunca jamás ha contratado con la administración regional” y que se trata de “una relación entre proveedores que además es muy antigua”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno de Ayuso ha asegurado que “el Gobierno necesita una cortina de humo para tratar de tapar los escándalos de corrupción” como el caso del exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión. Este mismo miércoles Pedro Sánchez ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo su apoyo a Alberto González Amador tras la publicación de las informaciones sobre su enriquecimiento: “Ustedes hostigan a mi mujer y protegen a un tipo que se está haciendo millonario con la privatización de la salud”.

Miguel Ángel García Martín ha asegurado que “a diferencia de Begoña”, en referencia a la mujer del presidente, citada por el juez Peinado para retirarle el pasaporte, la pareja de Ayuso “se está defendiendo con sus propios medios”. Además, siguiendo los argumentos del Gobierno autonómico, el portavoz ha asegurado que se trata de una “operación de Estado desde Moncloa” y que “No hay novedad, nada afecta a la Comunidad de Madrid ni a Ayuso”, así como que “se utilizaron medios públicos para atacar a un particular”.

A la pregunta de si puede afectar a la imagen de la presidenta, García Martín ha insistido en que tanto el PSOE como sus socios “necesitan cortinas de humo para tapar tanta corrupción” y que “tratan de equiparar cualquier tipo de cuestión para que no se hable de la trama de la corrupción del sanchismo”. “No hay mayor novedad por mucho que Óscar López o Pedro Sánchez traten de buscar el empate”.

Durante la rueda de prensa, el consejero de Cultura y Deporte, Mariano de Paco, ha presentado el proyecto para ampliar el estadio del Rayo en Vallecas, que contará con más aforo y zonas VIP.

“Siempre hemos defendido esa relación correcta entre la Agencia Tributaria y todos los contribuyentes”

Sobre las palabras del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que dijo en declaraciones a El País que la Agencia Tributaria “debería ser dinamitada”, el portavoz del Gobierno autonómico ha asegurado que ellos siempre han “defendido esa relación correcta entre la Agencia Tributaria y todos los contribuyentes” y ha puesto como ejemplo un “proyecto de ley de defensa de los contribuyentes” que presentaron hace unas semanas.

A preguntas de elDiario.es, el consejero portavoz ha respondido que puede “entender que algunos medios” o polítocos “quieran tratar de echar tinta de calamar de lo que está ocurriendo en nuestro país”. “Hacemos mal en taparlo, tenemos a un exministro condenado a 24 años de cárcel”, ha añadido sobre la condena a José Luis Ábalos.

Casarse hacia arriba es una expresión que existía antes para definir el salto económico que daba un cónyuge cuando contraía matrimonio con una persona de estatus económico o social superior. Creo que ya se utiliza menos. Antes, lo más habitual es que quien se casara hacia arriba fuera una mujer. Había muchos más hombres con dinero. Mucho antes, existía la dote, un dinero, en efectivo o en especie, que la familia de la novia abonaba a la nueva pareja o a la familia del novio. Se supone que servía para compensar a la novia por la pérdida de los derechos económicos que hubiera podido tener en su familia. En muchos casos, era un ingreso que se quedaba la familia del novio por dar luz verde al casamiento.

Cuánto hemos avanzado desde entonces. Con el caso de Alberto González Amador, el salto hacia arriba gracias a su relación de pareja con Isabel Díaz Ayuso es espectacular. Una de las grandes decisiones de su trayectoria profesional. Esto no se estudia en las escuelas de negocios, pero lo mismo deberían dedicarle un apartado en el programa docente. Alguna asignatura que se llamara: “Emprendimiento y amor: ganancias patrimoniales tras la decadencia del concepto de amor romántico”. 

En su declaración como testigo en el juicio del fiscal general, Amador ofreció una actuación dramática y hasta lacrimógena —pensemos en Meryl Streep en 'La mujer del teniente francés'— con la intención de presentarse como víctima de una abyecta conspiración. Afirmó que le habían presentado como “el delincuente confeso del Reino de España”. Acabó en lo más alto y dijo que solo le quedaban dos alternativas: “O me voy de España o me suicido”. 

Más allá del hecho de que los usuarios de un Maserati raramente optan por la segunda opción, el dilema carecía de sentido. Cómo iba a elegir salidas tan trágicas si se había hecho millonario, si estaba facturando casi al nivel de Shakira (y con la misma mentalidad sobre la necesidad de cumplir con las obligaciones fiscales). 

Gracias a este diario, esta semana hemos sabido que las dos empresas de Amador facturaron 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023 (la primera noticia de su relación con Ayuso es de mayo de 2021). Aparece en un informe de la Agencia Tributaria incorporado a un procedimiento judicial. La agencia estaba obligada a enviar al juez estos datos junto a la petición de que certifique que no puede seguir investigando a Amador, porque ya existe una investigación en su juzgado. La ley le impide hacerlo por su cuenta sin el permiso del juez. 

Hemos contado también que el novio de Ayuso multiplicó por siete sus ingresos procedentes de Quirón tras iniciar su relación con la presidenta. El Grupo Quirón es el principal beneficiario de la política de privatización sanitaria puesta en marcha por el Gobierno de Ayuso. En los negocios de Amador con esa empresa es clave su relación con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, incluido el negocio que le permitió al novio de Ayuso ingresar 1,9 millones por la venta de mascarillas en 2020.

Después, Amador compró a la esposa de Camino una sociedad llamada Círculo Belleza de muy escasa actividad con una facturación anual anterior de unos 30.000 euros. Le cambió de nombre en uno de los grandes saltos del 'branding' en el campo del marketing. Pasó a ser Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering. Mucho mejor, sin duda. Qué empresa de cualquier lugar del mundo se negaría a extender una factura improbable a una compañía con un nombre tan fantástico.

Precio de compra: 500.000 euros. Si el precio te parece excesivo, no es que seas un tacaño. Esa compra se está investigando ahora en los tribunales por las sospechas de que se tratara de un soborno o el pago por los servicios prestados.

Preguntaron a Miguel Tellado el viernes qué le parecían estos números. Son cifras muy superiores a las que se manejan en la investigación que afecta a Zapatero. Ya sabíamos que el número dos del PP no se iba a atrever a criticar a Ayuso. Nadie quiere en el PP acabar como Pablo Casado. Tellado prefirió negar la evidencia: “Es una cuestión personal que en nada afecta a Isabel Díaz Ayuso porque no afecta a la Administración que dirige”. Eso supone ignorar la relación económica que existe entre el Gobierno madrileño y el Grupo Quirón. Y, lo que es más sugerente, exige olvidarse que ella misma, en su calidad de presidenta de Madrid, asumió personalmente la defensa de los intereses económicos y judiciales de su novio al afirmar que todo era una conspiración de “los poderes del Estado” y que incluso Hacienda le debía dinero a él (morro nivel XXL).

A eso se dedicó Miguel Ángel Rodríguez desde el primer momento. El jefe de gabinete de la presidenta es el arquitecto de sus estrategias y quien se ocupa de plasmarlas en la realidad. Como vimos en el asunto del fiscal general, filtrando información falsa a los medios de su cuerda. O lanzándose como una hidra contra los medios que critican a la jefa. Cuando supo de ese informe que revelaba los inmensos beneficios obtenidos por Amador, dio a El País su opinión sobre los responsables: “De la Agencia Tributaria, que debería ser dinamitada”.

Tranquilos, no pasará nada. Ningún comando yihadista de Nuevas Generaciones pondrá explosivos en la Agencia Tributaria ni Nacho Cano dará un concierto frente a la sede para exigir su eliminación. El PP no denunciará a Rodríguez ni considerará que sus amenazas son un peligro para el Estado de Derecho o las instituciones democráticas. Tampoco la prensa de derechas que afirma que el Gobierno ataca a la Constitución y la independencia judicial afirmará que la dinamita que Rodríguez quiere utilizar interfiere en la labor de los funcionarios que se ocupan de combatir el fraude fiscal. Se juegan mucho dinero público procedente de la Comunidad de Madrid como para atreverse a tanto. Ellos dicen que hacen su trabajo para fiscalizar al poder y ya sabemos que Díaz Ayuso no tiene más poder que el del presidente de una comunidad de vecinos.

Peinado, una mancha para la justicia

Era previsible que el juez Juan Carlos Peinado finalizara su instrucción del caso de Begoña Gómez con un fin de fiesta espectacular. Uno de esos en los que los protagonistas están muy pasados de rosca después de consumir grandes cantidades de alcohol. El lunes, comunicó a Gómez que va a juicio con una solicitud de penas superior a la de homicidio. El viernes, abrió una pieza separada en la que le imputó más delitos por un caso que no tiene nada que ver con ella. Horas después, tuvo que rectificar.

El sábado, fue la traca final. Ordenó que la esposa del presidente del Gobierno entregue su pasaporte y le obligó a pasar por su juzgado cada quince días. Lo justificó por el riesgo de fuga, pero resultó que tardó cinco días en tomar la decisión. Nunca se ha visto algo parecido en un juzgado. Cuando existe tal riesgo, un juez no permite que el acusado salga del juzgado para decretar la medida. No sea que se fugue.

Como siempre con Peinado, son sus autos los que delatan sus prejuicios y sus delirios. Gómez cuenta con escolta policial, como todas las esposas de los presidentes. En el texto, afirma que “lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”. 

No es frecuente que un juez diga por escrito que es probable que unos policías cometan un delito antes de haberlo cometido. Pero Peinado tiene respuestas para todo. En otro pasaje, sostiene que “la condición de actual Presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga”. Las comas están aquí donde aparecen en el auto.

Peinado no sabe escribir y sus escasos conocimientos jurídicos a la hora de redactar un auto le llevan a delatarse. Begoña Gómez se fugaría si contara con escoltas y también si no los tuviera, se supone que dejando a su marido en Moncloa y escondiéndose en algún lugar ignoto del planeta sin tratado de extradición con España. Es todo tan estúpido que es inaudito que esa instrucción haya llegado a este punto. O quizá no es inaudito, sino el colofón que se merece.

Todo en este caso es lamentable, sin pruebas que sustenten la catarata de delitos que penden sobre Gómez, y es una mancha que no se borrará fácilmente de la imagen de la Justicia en España. 

La conexión saudí de Zapatero

Después de conocer que había sido imputado, Zapatero anunció en un vídeo que iba a ejercer su “derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción”, y que además respondería a las preguntas de los medios de comunicación. Lo segundo tendrá que esperar y de lo primero ya hemos tenido esta semana el primer capítulo con su comparecencia ante el juez Calama. No era realista pensar que podía responder en poco más de dos horas a todas las cuestiones planteadas por el magistrado en su auto. La impresión general es que se limitó a negar las acusaciones sin aportar información nueva que pueda desmentirlas. Desde luego, no convenció a Calama, que es a fin de cuentas la persona más importante en estos momentos para Zapatero. 

No habló de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. Dijo que necesita más tiempo para certificar su origen y los documentos que lo prueben. Lo que se sabe por lo que ha contado su entorno a TVE es que que el collar más caro fue un regalo del rey saudí Abdalá en 2007. Eso abre la vía a que la defensa alegue que los hechos están prescritos, pero no va a eliminar la mancha que supone para su reputación. 

Todos los presidentes reciben regalos, dijo el viernes Pedro Sánchez. No es una defensa muy convincente. No todos los presidentes se los llevan a casa después de abandonar Moncloa y los guardan en una caja fuerte. Recibir un regalo carísimo del rey saudí, el jefe de Estado de un régimen que es la antítesis de los valores que Zapatero ha defendido en su carrera política, y ocultarlo al fisco es sencillamente imperdonable y sus antiguos votantes deberían considerarlo una afrenta. No es muy distinto a lo que hizo Juan Carlos de Borbón. Lo único que cambia es el valor económico del presente. Con independencia del resultado final de la investigación judicial, Zapatero ya ha perdido.

Todo está en The Wire, se decía por parte de los fanáticos de la serie de David Simon sobre la corrupción sistémica en Baltimore, que no era más que un trasunto de la corrupción en cualquier lugar del denominado mundo libre. La obra maestra del periodista trasciende a la ciudad portuaria norteamericana porque tiene el valor de hacerse universalizable y explicar el mundo entero. Es sencillo escudriñar en sus capítulos y encontrar alguna secuencia que enseñe cómo funciona nuestra sociedad y la representación corrupta que tiene en la política. 

Sigue el dinero, decía Lester Freamon, el policía que estudiaba desde una oficina cochambrosa y con pocos recursos la criminalidad de la ciudad estadounidense. Porque seguir el dinero enseña con claridad diáfana los casos de corrupción que tenemos estos días copando la agenda pública y que quedan enmarañados entre mil noticias inconexas, el ruido político, la falta de contextualización mediática y la ceguera sectaria de quien es minucioso con la corrupción ajena y encuentra cualquier justificación con la propia en aras de un bien mayor que puede ser derrocar al Gobierno o impedir la llegada de la reacción al poder. Para los que no justifican ninguna y entienden que la moral pública recta es un bien superior encontraran algo de luz siguiendo el dinero. 

Es imperativo acudir a la doctrina Freamon para entender los casos de los familiares y la corrupción con los que tenemos que lidiar estos días. Todos aquellos españoles que tienen problemas para llegar a final de mes, aquellos que saben lo que cuesta llenar la cesta de la compra, los que entienden que no pueden pagar 1000 euros al mes por un alquiler porque ganar eso cuesta sangre, sudor y lágrimas, saben, conocen, entienden con claridad, que nadie cobra 250.000 euros por maquetar unos informes que han gastado 18.000 euros hacer, y que nadie paga 500.000 euros por una empresa que tiene dos máquinas de depilar. Saben lo que cuesta cada cosa, y sobre todo saben lo que se sufre para ganarlo, pero sobre todo comprenden que nadie regala nada y menos esas fortunas que para una familia de clase trabajadora son toda una vida.

El noviete de la lideresa tenía una vida normal, no demasiado ostentosa, viviendo bien pero sin lujos, en un piso normal y corriente de un pueblo de la periferia de Madrid, hasta que conoció a Isabel Díaz Ayuso y su nivel de vida se disparó al calor de las concesiones y comisiones vinculadas a la presidencia de su novia. Ni más ni menos que 4,4 millones de euros se llevó Alberto González Amador desde que es novio de Isabel Díaz Ayuso por chanchullos con Quirón, que es la joya de la corona de la privatización de la sanidad que la lideresa favorece regando de dinero público a la empresa que le paga el ático al novio y que ella disfruta como partícipe a título lucrativo. Para lograr ese suntuoso negocio pagó medio millón de euros para comprar una empresa a la mujer del directivo de Quirón con el que hacía negocios. Una empresa de belleza que solo tenía un ordenador viejo y dos máquinas de depilar. Hacienda, que no es tonta, y cualquiera de nosotros, que tampoco lo somos, sospechamos que esa compra no era más que una simulación para pagarle una comisión al directivo del que dependían esos millones de euros que el consorte de la quironesa se agendó en solo tres años de noviazgo. 

Lester Freamon en The Wire pedía que siguiéramos el dinero porque siempre tiene línea ascendente y llegaría un momento en el que las instituciones querrían intervenir para cortocircuitar ese rastro según iba subiendo, en la serie, el policía tenía como intención llegar al senador Clay Davis, que era el destinatario final de más alto nivel y en el que se truncó la investigación. El caso del novio de Ayuso se puede considerar fiel descriptor de la doctrina Freamon porque cuando el caso empezó a escalar hacia la frutera mayor de la comunidad se inició una campaña que acabó con el Fiscal General del Estado lapidado con la colaboración del colegio de abogados de Madrid, que logró de manera sorpresiva la concesión de una universidad privada por parte de Ayuso, y un Tribunal Supremo echado al monte que aseguró sin disimulo que condenaba a alguien por un hecho que habría podido cometer él u otra persona de “su entorno”. 

Seguir el dinero es una buena manera de no perderse y no dejarse llevar por el relativismo moral de aceptar para los propios aquello que no toleramos para los otros. Cuando tengas dudas sobre los casos de corrupción y sientas que el ruido es tan ensordecedor que impide comprender nada simplemente sigue el dinero y verás lo fácil que es hallar todo lo podrido siguiendo su olor. La gente honrada vive de su trabajo y no puede aceptar que quienes buscan su favor con promesas para lograr su voto le pastoree intentando explicar que es normal enriquecerse de imaginativas formas fraudulentas solo porque aquel que odias tiene otras formas igual de imaginativas de enriquecerse. Seguid el dinero, el rastro no engaña.

Las críticas de la oposición a Isabel Díaz Ayuso tras las investigaciones de los últimos años que rodean a su pareja, Alberto González Amador, y el grupo sanitario Quirón, que ingresa mil millones al año de la Comunidad de Madrid, se repiten pleno tras pleno en la Asamblea. Ahora, tras un escrito de la Agencia Tributaria, se ha conocido que González Amador —a quien Ayuso se refiere como un “ciudadano particular”— llegó a multiplicar por siete sus ingresos de la empresa después de iniciar su relación con presidenta autonómica, en 2021. A lo largo de estos años, tanto la propia Ayuso como su equipo han salido a defender no solo a González Amador, también al grupo empresarial.

Hacienda ha cifrado en 4,43 millones de euros las cantidades cobradas por González Amador del grupo sanitario entre 2021 y 2023. De 2020 hasta 2023, la cifra asciende a 4.711.768,83 euros. Un dinero facturado a través de sus dos empresas, Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker por unos servicios de consultoría en los que la Agencia Tributaria ha hallado “indicios de simulación”, tal y como publicó elDiario.es. Este jueves, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, intentó desacreditar estas informaciones con ataques a la Agencia Tributaria, de quien dijo en declaraciones a El País que “debería ser dinamitada”.

Desde 2024, la presidenta del Gobierno madrileño ha salido en defensa de Quirón en múltiples ocasiones sin explicar por qué la compañía disparó sus ingresos tras empezar su relación y utilizando diferentes argumentos, como que es “el mejor grupo sanitario de España”.

Mayo de 2024: “¿Van a desguazar la colaboración público privada que funciona?”

En mayo de 2024, la presidenta de la Comunidad se enzarzaba con la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, por el grupo Quirón. Bergerot acusó a Ayuso de que “lo suyo es abrir oportunidades de negocio para sus favoritos y sus familiares a costa de los pacientes” y aseguró que a Quirón se le iba a “acabar el chollo” tras la ley para frenar la privatización en los hospitales impulsada por Mónica García.

Durante el pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso respondía: “La Fundación Jiménez Díaz es la mejor valorada por sus pacientes. ¿La van a desguazar? ¿Van a desguazar toda la colaboración público privada que está funcionando?”. La presidenta autonómica acusaba a Bergerot de querer “reventar las listas de espera en Madrid. Quieren reventar el sistema sanitario, cuando es el mismo en Asturias o en Catalunya, que es mucho más privatizado. El 70% de los hospitales en Catalunya son privados y también opera Quirón, ¿los va a cerrar?”, preguntaba.

Durante su intervención, Ayuso apuntaba hacia la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid: “Quieren reventar toda la Comunidad de Madrid por envidia, sectarismo y política. Reconózcanlo”.

Marzo de 2025: “Es uno de los mejores grupos sanitarios en Madrid”

Ya en 2025, después de que la jueza recibiera luz verde de la Audiencia de Madrid para investigar si la pareja de Ayuso sobornó a un directivo de Quirón en una pieza separada, el grupo empresarial volvió a salpicar el pleno de la Asamblea de Vallecas. En esta ocasión, también la diputada Bergerot criticó los “chanchullos” del novio de Ayuso.

Ante las acusaciones, la líder del PP madrileño defendió a Quirón, evitando hablar de Alberto González Amador: “El grupo Quirón es el principal grupo sanitario de Europa, con algunos de los mejores hospitales públicos de España, también en Catalunya”. “Es uno de los mejores grupos sanitarios en Madrid, lleva la Fundación Jiménez Díaz, que es uno de los hospitales más reconocidos por todos sus pacientes y que además contrata decenas de miles de médicos” y de otros sanitarios.

La presidenta de la Comunidad también aprovechó su intervención para afear a la oposición que “siempre” se “atreven” a “desprestigiar a la gente e intentar de manera prospectiva hablar de negocios privados que nada tienen que ver con el dinero público ni la gestión de la Comunidad de Madrid”.

La diputada de Más Madrid respondió a sus declaraciones: “Se emociona hablando de Quirón, no me extraña, porque bueno, son de la familia. Y a una siempre le conmueven esas cosas”.

Septiembre de 2025: “Le voy a pedir permiso a la oposición para que me digan con quién salir”

Unos meses más tarde, en septiembre de 2025 y en el debate sobre el estado de la región en la Asamblea, volvió a salir el mismo tema, a la luz de las últimas informaciones relacionadas con el juicio al ex fiscal general, Álvaro García Ortiz.

En este caso, la presidenta estalló contra la oposición. “Le voy a pedir permiso a la oposición para que me digan con quién tengo que salir”, dijo, teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid “se relaciona cada año con 13.000 empresas. Muchas de ellas a su vez tienen ayudas, subvenciones de la Administración”. “Yo no puedo salir con nadie que se relacione con la empresa en la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿con quién puedo salir? ¿Con el hermano de Pedro Sánchez?”, se preguntó irónicamente Ayuso.

Más adelante, volvió a su defensa del grupo Quirón tras los reproches de Más Madrid y PSOE, “un grupo sanitario que lleva décadas trabajando en la Comunidad, yo hace décadas no salía con nadie”, apuntó la presidenta autonómica.

De nuevo, hizo uso de sus argumentos sobre los sanitarios que trabajan en los hospitales privados de la empresa, así como a los pacientes que acuden a ellos: “Es uno de los grupos sanitarios por no decir el grupo sanitario más importante de Europa”. Y volvió a hablar de los profesionales y los pacientes relacionados con los hospitales privados: “Están faltando el respeto a miles de profesionales sanitarios, enfermeras, médicos, pacientes. ¿Por qué no se meten con los hospitales de Quirón en otras zonas de España?”.

“Vaya a la puerta de la Fundación y pregúntele a los pacientes cómo les han tratado... el índice de satisfacción es altísimo”, añadió.

Noviembre de 2025: “Voy a tener que hablar del mejor grupo sanitario de España”

Un mes antes de la condena al ex fiscal general del Estado en la que los jueces le atribuyeron —a él o alguien de su “entorno”— la filtración del correo del abogado de la pareja de Ayuso, la presidenta autonómica volvió a protagonizar un tenso rifirrafe por la empresa sanitaria.

En esta ocasión fue Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea, quien lanzó a Ayuso que “Quirón se lleva su parte”: “No están derivando pacientes, derivan clientes”, le dijo durante su turno de palabra a la presidenta madrileña. Ante las acusaciones, Ayuso consideró que tenía que defender a Quirón de nuevo. “Le voy a tener que hablar del mejor grupo sanitario de España que tiene que soportar las iras de este gobierno y de todos los caniches que tiene por debajo”, comenzó.

Ayuso acusó a la oposición de “insultar, como en las dictaduras, a las empresas”, y de nuevo esbozó su argumento de que faltan el respeto tanto a pacientes como a sanitarios, argumentando una vez más que la Fundación Jiménez Díaz es “uno de los hospitales más valorados del mundo” o que Quirón está en otras comunidades e instituciones. “Tienen ustedes tanta caradura que lo único que hacen es insultar”, concluyó.

Diciembre de 2025: “Como dice la canción, se llama obsesión”

Una de sus últimas defensas viene de hace unos meses, en diciembre de 2025, de nuevo en otro pleno bronco frente a Mar Espinar. “Las listas de espera matan, pero a usted eso le importa una higa, porque usted no está aquí para hacer política, sino para hacer negocio, ¿verdad? Como hicieron su hermano y su pareja durante la pandemia”, le lanzó la socialista.

Frente a las palabras de Espinar, Ayuso respondió con la huelga de médicos y volvió a sacar el argumento de que otras administraciones también contratan con Quirón. “Doce hospitales de Quirón son los mejores del mundo, son de los mejores. ¿Dónde están cinco de ellos? ¡En Catalunya! ¿Y qué dice a su presidente, Salvador Illa? Nada, porque es su compañero. El 58% de los hospitales de Catalunya dependen de la sanidad privada y ustedes fueron los primeros que lo defendían. Por ejemplo, en el mismo Gobierno de Andalucía, el señor Griñán, el 47% de los centros hospitalarios funcionaban así. Y, si no, ¿dónde va a ir el señor Puente, ¡por favor!, a ser atendido? No empiecen entre ustedes”.

Pero la presidenta autonómica también añadió que lo que le sucedía a la oposición para lanzar esas críticas responde a otra motivación: “Como dice la canción, se llama obsesión, obsesión con Ayuso y corrupción con Sánchez”.

Antes de empezar, quiero contarte una buena noticia. El Instituto Reuters, de la Universidad de Oxford, acaba de publicar la última edición de su ‘Digital News Report’: un prestigioso informe anual sobre la audiencia y la credibilidad de la prensa. Sus datos salen de una enorme encuesta mundial con 97.000 entrevistas (2.000 de ellas en España). Según este estudio, elDiario.es ya es el segundo periódico digital con más alcance en España: cada semana, se informa con nosotros un 14% de la población.

Gracias por la confianza, y por la parte que te toca de este éxito. Llegamos a tanta gente por el apoyo económico de personas como tú.

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La vida da muchas vueltas. Que le pregunten a Alberto González Amador.

En 2019, vivía con su mujer y sus tres hijos en un piso de 90 metros cuadrados en Barajas, cerca del aeropuerto de Madrid, en el barrio de la Alameda de Osuna. Su trabajo como técnico en prevención de riesgos laborales no daba para coches deportivos. Ni para dos pisos de 180 metros cuadrados cada uno en el barrio de Chamberí.

Llegó después la pandemia; una catástrofe para la mayoría de los españoles. Para otros no. 

Entre 2020 y 2023, las empresas de Alberto González Amador ingresaron 8,1 millones de euros. Repito: 8,1 millones de euros en solo cuatro años. 

De esa cantidad, 4,7 millones de euros los pagó Quirón Prevención, una filial del grupo sanitario Quirón. Son unos ingresos que se disparan a partir de 2021: el año en que se conoce –no consta fecha de cuándo empezó– su noviazgo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Otros dos millones más también tienen relación con un importante ejecutivo de Quirón. Es esa comisión por la compraventa de mascarillas en 2020. En el consejo de administración de la empresa compradora, MAPE, se sentaba entonces Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención.

La Justicia hoy investiga si este alto ejecutivo de Quirón fue cómplice de aquel pelotazo; si se llevó su parte de esa comisión de dos millones por mascarillas. Los últimos datos que ha desvelado la UCO –aún está pendiente el informe que se encargó hace un año, esto es solo una pequeña previa– respaldan esa sospecha.

Se explica muy fácil. Basta revisar la cronología.

Alberto González Amador cobró los dos millones de la comisión por las mascarillas en dos pagos: el 5 de mayo y el 5 de agosto de 2020.

Apenas un mes después, el 11 de septiembre de 2020, la mujer de Fernando Camino, Gloria Carrasco, compró a su marido y a su hermano sus participaciones en una pequeña empresa que tenían entre los tres: Círculo de Belleza SL. En ese momento, valoraron esa empresa en solo 20.000 euros. Gloria Carrasco se convirtió así en su única propietaria, tras pagar 8.000 euros por el 40% que aún no tenía.

El 4 de diciembre, Alberto González Amador compró Círculo de Belleza a la mujer de Fernando Camino por 499.836 euros. Cerró la operación a través de otra empresa de su propiedad, Maxwell Cremona, no a título particular.

Y al año siguiente, el 16 de diciembre, Maxwell Cremona vendió Círculo de Belleza al propio González Amador por solo 3.300 euros.

¿Cómo puede ser que una misma empresa valga primero 20.000 euros, tres meses más tarde medio millón y al año siguiente 3.300 euros? Como en todo truco de trilero, para encontrar la bolita hay que fijarse bien.

Círculo de Belleza nunca valió medio millón. Ni por asomo. No hay cómo justificar un precio así. Era una empresa minúscula: ni en el mejor de los cinco ejercicios previos había superado los 60.000 euros brutos anuales de facturación. Sus únicos activos eran un viejo ordenador portátil y dos máquinas usadas de depilación. Gestionaba un pequeño centro de estética en León, cerca de la farmacia de la mujer de Fernando Camino. Era tan irrelevante su cartera de clientes que lo primero que hizo González Amador una semana después de comprarla fue cambiar su nombre. Y nunca la volvió a dedicar a la depilación. Tras la compra, casi toda su facturación llegó en exclusiva de Quirón Prevención: la empresa presidida por Fernando Camino.

Cuando Camino vende su participación en Círculo de Belleza a su mujer lo que hace es quitarse de en medio. El código ético de Quirón prohíbe este tipo de negocios entre sus ejecutivos y sus proveedores. Así no es él quien cobra de González Amador.

¿Y por qué González Amador paga medio millón por esta empresita de depilación láser? La sospecha de la Justicia –está imputado por esa razón– es que este pago pudo ser un presunto soborno a Fernando Camino: para lograr más contratos de Quirón Prevención o a cambio del pelotazo de los dos millones. Camino estaba en el consejo de la empresa que compró esas mascarillas.

¿Y por qué un año más tarde González Amador se revende esa empresa a sí mismo por solo 3.300 euros? Pues tiene también su posible explicación: así pudo apuntarse en el balance de Maxwell Cremona unas minusvalías de 496.536 euros, que le permitirían un beneficio fiscal.

Todo huele fatal en los negocios del poliimputado Alberto González Amador (está procesado o investigado en dos causas por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, administración desleal, organización criminal, delito contable y fraude fiscal). Pero lo que más inquieta es el mínimo común denominador. La mayor parte de los millones del novio de Ayuso pasan, directa o indirectamente, por Fernando Camino y Quirón Prevención.

Esta semana, un reciente informe de Hacienda ha cifrado en 4,4 millones la fortuna que González Amador recibió de Quirón solo en tres años, entre 2021 y 2023. Hacienda dice también que las empresas del novio de Ayuso no contaban con los medios para realizar los servicios de consultoría por los que recibieron estos millones. Allí no había ni un solo empleado (no sabemos si seguían las dos máquinas de depilación).

4,4 millones de euros es una cifra tan inmensa que ni siquiera Ayuso la puede esconder, por mucha propaganda que le pongan alrededor. ¿Qué pasaría si Begoña Gómez –es un suponer– hubiera cobrado algo lejanamente similar de una empresa regada de millones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez?

Buena parte de los medios, por lo que sea, han escondido en sus portadas esta información. 

Ante este nuevo escándalo, la respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido la de siempre: mentir, insultar y manipular. La Agencia Tributaria “debería ser dinamitada”, dice Miguel Ángel Rodríguez. “Quede claro: el último contrato con Quirón fue el año 2010. La presidenta no estaba ni pensada”, asegura también el jefe de gabinete de Ayuso.

Es falso, como de costumbre. Solo el año pasado, el Gobierno de Ayuso adjudicó a Quirón un nuevo contrato público de 120 millones de euros por gestionar el Laboratorio Clínico Central. Quirón Prevención –la filial de la que cobra sus millones González Amador– ha recibido decenas de adjudicaciones y más de 250 contratos menores de la Comunidad de Madrid desde 2019. 

Durante la presidencia de Ayuso, los hospitales de Quirón han cobrado de la Comunidad de Madrid alrededor de mil millones anuales. No es un proveedor cualquiera: se lleva más del 3% de todo el presupuesto de este gobierno autonómico, casi el 10% de todo el gasto sanitario de la administración madrileña. Es difícil encontrar una empresa con mayores intereses económicos con el Gobierno de Ayuso que Quirón.

Es cierto que los convenios del Servicio Madrileño de Salud con los hospitales que gestiona Quirón vienen de la etapa de Esperanza Aguirre. Pero bajo la presidencia de Ayuso esos pagos han crecido, y su Gobierno ha facilitado en los tribunales el cobro de cantidades que antes la Comunidad discutía.

Durante la presidencia de Cristina Cifuentes, Quirón mantenía un fuerte conflicto con la Comunidad de Madrid por cuáles debían ser las cantidades a cobrar. La intervención ponía peros a una parte de las facturas de los hospitales Quirón, que consideraba que no estaban justificadas.

Quirón llevó el asunto a los tribunales. ¿La respuesta del Gobierno de Ayuso? Ceder y pagar. A partir de 2022, sus servicios jurídicos dejaron de oponerse a buena parte de esas reclamaciones y se allanaron, total o parcialmente, en los tribunales. Las sentencias por esos juicios –hay ya una decena entre 2023 y 2025– han supuesto para la Comunidad de Madrid un pago extra de 86 millones de euros a Quirón. 

En el verano de 2022, el Gobierno de Ayuso también destituyó a la interventora de la Comunidad de Madrid, Marta García Miranda. Era la responsable de fiscalizar los contratos y pagos de la Comunidad de Madrid y, según distintas fuentes, quien ponía peros a algunas de estas facturas. Tras su salida, los pagos a Quirón aumentaron. 

Y mientras tanto, los millones de la pareja de Ayuso no paran de crecer. El informe de Hacienda solo detalla las cifras hasta 2023, pero en los años siguientes hubo más. 

En 2024, la empresa de González Amador Maxwell Cremona cobró casi un millón: 944.836 euros. En el Registro Mercantil no aparece el detalle sobre el origen de este dinero. Tal vez dentro de otro año, en el siguiente informe de la UCO, lo logremos averiguar. 

P.D. Falta solo una semana para nuestro Festival de las Ideas y la Cultura. Este año, ya sabes, es en Rivas Vaciamadrid. Estás invitadísimo, puedes traerte a quien quieras. Pero recuerda que algunas de las actividades son en el Auditorio Pilar Bardem y el aforo allí es limitado. Puedes reservar gratuitamente esas entradas desde aquí. Ojalá nos veamos allí. 

La marejada de la actualidad hace que hoy resuene poco ese “memos” que lanzó, el martes, el presidente de la patronal en Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, contra los jóvenes trabajadores de este país que necesitan una baja médica por salud mental.

Tras el bofetón de esa ola nos revolcó otra mayor: escuchar los audios del expresidente Zapatero ante el juez Calama y constatar que no ve el menor problema en dedicar su vida a cobrar altísimas cantidades por ofrecer su sapiencia a los clientes de Julio Martínez, sin escribir una palabra, en meros informes verbales. De viva voz, sí, porque Zapatero, como ha “tenido siempre varias secretarias”, dice no haberse comunicado jamás por “correo electrónico”. ¿No ha mandado nunca un mail? Si yo creo que empezaría a usarlos cuando era una veinteañera por 1997. ¿No tuvo él necesidad, ni sintió curiosidad antes o después de sus 7 años y pico de gobierno, de 2004 a 2011?

Zapatero deja caer, en su declaración, que los consultores de su nivel suelen funcionar así, con citas, cafés, almuerzos donde ellos aconsejan a los “clientes”. Ojalá el hilo de la madeja nos lleve a saber cómo, y a sueldo de quiénes, se ganan la vida los expresidentes Aznar, González y sus círculos inmediatos. Pero es alucinante que Zapatero siga ignorando hasta qué punto nos defrauda, cuando le hacíamos mediando, en conflictos como el de Venezuela, de forma altruista.

¿Nos engaña Zapatero al decir que no ha mandado un mail en su vida, o en serio puede haber presidido España sin saber algo tan básico? Y Feijóo, ¿de verdad aspira a presidente sin las nociones de inglés que se exigen en toda entrevista de trabajo? Con la ignorancia que exhiben, ¿cómo han llegado a representarnos?

¿De qué pensábamos que vivía? Pues a ver, fue Zapatero quien, en su etapa de gobierno, estableció que los expresidentes podían tener cargo y sueldo vitalicio en el Consejo de Estado y, como él ingresó en ese órgano en 2012, era fácil inferir que su sueldo saliera de ahí y que las mediaciones diplomáticas las hiciera por sentirse útil y aportar. Es más, quienes estuvieran más atentos y se enteraran de su salida del Consejo de Estado, en 2015, leerían que era una salida “temporal” para “presidir el consejo asesor de una ONG alemana”. ¿En qué momento esa senda derrapó hacia la puerta giratoria, que antes siguieron Felipe González con Gas Natural, José María Aznar con Abengoa y esta misma semana el socialdemócrata expresidente del gobierno italiano Enrico Letta con Naturgy?

Enriquecimientos y talentos

Otro sabio merecedor de éxito y riquezas debe ser Alberto González Amador quien, tras ennoviarse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha multiplicado por siete sus ingresos del grupo Quirón. Grupo al que justo su novia ha perdonado deudas millonarias y transferido dinerales que debían ir a la sanidad pública. ¿Tenemos que creernos que a Amador le pagan por su mente preclara? ¿En qué consisten los servicios que supuestamente presta, que sin duda cobra y que confiesa que defrauda?

Me entristece e indigna, por el desengaño que siembra sobre la democracia, que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, se coloquen, cada uno en su esquina opuesta del ring, a minimizar vergüenzas indefendibles en las filas propias mientras vituperan al contrario.

Encima, de rebote, cuando Feijóo vuelve al Hormiguero, lanza que sigue sin saber inglés y que, finalmente, no hará su mil veces prometido esfuerzo de aprenderlo. ¿En qué entrevista de empleo hoy en día, puede una o un candidato confesar que no sabe inglés sin, ipso facto, darse por descartado? ¿Cómo aspirar, pues, a presidir el gobierno de España siendo incapaz de hablar, de tú a tú, con líderes internacionales?

Merecemos representantes mejores

“¡Que no!, ¡Que no!, ¡Que no nos representan!”, clamamos el 15M de 2011 al gobierno del Zapatero que, habiendo sido el mejor presidente, se rindió a las presiones de los bancos para primar el pago de los créditos financieros al de los servicios públicos. Este verano de 2026, los dos principales partidos, por los casos de enriquecimiento inmoral o ilegal, así como por las sonrojantes confesiones de analfabetismo funcional, están a años luz de la representación que merece la sociedad civil.

Lógico y normal que la gente se sienta defraudada, triste, asqueada. Entre atrapada por el morbo del denigrante espectáculo y harta, achicharrada, ansiosa por narcotizarse con el Mundial de Fútbol y, si puede, el sol y playa.

Es lógico que la gente se sienta defraudada y asqueada con el caso Zapatero en el PSOE y el del novio de Ayuso en el PP. Pero a la sombra de la decepción política, el fascismo afina su ruta al poder para beneficiar a las élites corruptoras. Ésas que quieren explotar más y más a la sociedad para forrarse sin límites.

Pero, ojo cuidao, que ninguna solución nos será regalada, ningún mañana será mejor si pasamos, nos desentendemos y cuando lleguen futuras elecciones no votamos. A la sombra del desánimo, el fascismo afina su programa, que tiene a las universidades públicas y a los sindicatos como objetivo de destrucción prioritaria, para apuntalar los privilegios de élites mínimas e insaciables, a costa de generalizar la precariedad e injusticia.

Esas élites que usan a expresidentes o presidentas autonómicas como títeres y que nos toman por “memos” incapaces de ver que intentan conducirnos, cual rebaño, hacia Vox, pieza española del artilugio fascista global para exprimir nuestra fuerza de trabajo.

Apelemos a la gente honesta, comprometida y con sentido de la realidad que está en política. Exijamos el impulso motor de los partidos progresistas de todo el Estado. Y tejamos alianzas ciudadanas, de sociedad civil para que nos traten con respeto, sin tomaduras de pelo, ni abusos.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las relaciones comerciales entre Alberto González Amador, la farmacéutica Gloria Carrasco y su marido, el directivo de Quirón Fernando Camino, apuntala las sospechas sobre prácticas que prohíbe el código ético del gigante de la sanidad privada.

Ese código de conducta arranca con esta frase en inglés a grandes caracteres, “Your gut tells you something is wrong” [“Tu instinto te dice cuándo algo está mal”], y dice por ejemplo: “Rechazamos todas las formas de corrupción y no participamos en tales actividades. Evitamos todas las situaciones en las que pueda surgir el más mínimo atisbo de corrupción”.

“La selección de nuestros socios comerciales se basa en criterios cualitativos, económicos y éticos. Solo trabajamos con socios cuyos valores coincidan con nuestros principios corporativos y cuya cooperación no se haya visto influida por la corrupción. La corrupción se produce cuando alguien abusa de su posición profesional o de su poder para obtener una ventaja ilícita para sí mismo o para otros”, añade.

El código “se aplica a todos los y las profesionales del Grupo Quirónsalud, entendidos como todos los directivos y directivas, empleados y empleadas, colaboradores y personal externo”, incluyendo a “aquellas personas y/o sociedades que presten sus servicios a través de contratos de prestación de servicio”, como es el caso de la pareja de Ayuso.

El grupo Quirón no contesta a la pregunta de si se va a iniciar algún tipo de investigación para esclarecer las relaciones de su directivo Fernando Camino con González Amador, que es un relevante proveedor del grupo, como vuelven a confirmar nuevos datos conocidos el jueves.

Solo entre 2021 y 2023, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid facturó al gigante de la sanidad privada 4,4 millones de euros, según un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) recién aportado al juzgado. Y los pagos del grupo a la pareja de Ayuso llegaron a multiplicarse por siete tras iniciar González Amador su relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. En 2022, ejercicio del que hasta ahora no se conocía el detalle de sus ingresos, llegó a cobrar de Quirón casi 2 millones, frente a 275.274 euros en 2020.

El grupo Quirón es, con gran diferencia, el principal pagador de González Amador desde hace años. Y es también el principal beneficiario de la política de privatización de parte del servicio sanitario que lleva a cabo el Gobierno que preside Ayuso, con alrededor de 1.000 millones de facturación anual que sale de las arcas públicas.

Pese a las cautelas que establece su código ético, la filial del gigante alemán Fresenius (cotizado en Bolsa) ha mantenido su relación con González Amador tras la imputación del empresario y comisionista por varios presuntos delitos económicos en dos causas judiciales distintas.

Como desveló elDiario.es, Quirón le ha proporcionado una identidad falsa en la intranet de la compañía, Alberto Burnet González, nombre que remite a la sociedad aparentemente relacionada con actividades inmobiliarias que la pareja de Ayuso creó en Florida (Estados Unidos) a finales de 2022, cuando Hacienda ya le estaba investigando y sus ingresos se habían disparado. En esa intranet, Quirón le define como “director” de proyectos, con su propio correo corporativo en el grupo, pese a que siempre ha alegado que es un proveedor externo.

“Destaca por su recurrencia la figura de Fernando Javier Camino”, dice la UCO en el informe que analiza muy someramente la operación por la que González Amador pagó a finales de 2020 medio millón por una empresa sin valor que estaba formalmente a nombre de la esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención y clave en su ascenso profesional. Camino de momento no figura como investigado en ese procedimiento, a diferencia de su esposa, la farmacéutica Gloria Carrasco, y de González Amador.

Esa operación es la compra de Círculo Belleza SL, empresa de tratamientos de estética sin apenas activos ni facturación, por un precio desorbitado (499.836 euros), tras el pelotazo de 2 millones que González Amador dio por intermediar en la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia a una empresa administrada por el directivo de Quirón, la gallega MAPE. En esta operación, que fue desvelada por elDiario.es, la Fiscalía ve un posible “soborno”.

De forma provisional, la UCO confirma que Círculo Belleza, rebautizada luego por González Amador como Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering SL y usada como “pantalla” para defraudar a Hacienda, “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” a Quirón, esto es, que facturó al grupo sanitario por trabajos que le era imposible hacer, como ya advirtió en su momento la AEAT.

La Guardia Civil destaca que la cifra de negocios de Maxwell Cremona, principal consultora de la pareja de la presidenta madrileña, en el ejercicio 2021, “estaría íntimamente relacionada con la facturación que Maxwell emite a Quirón Prevención SLU por importe de 722.180 euros y a la propia Masterman por importe de 600.000 euros”. Fue en 2021 cuando trascendió la relación de Ayuso con el empresario, presentado en la prensa rosa como “técnico sanitario”.

El informe de la UCO refleja, como ya lo hizo en su momento la investigación de la AEAT, que Círculo Belleza declaraba ya en 2014 “cobros únicamente de MAPE”, la empresa gallega de la que Camino fue consejero hasta 2025, y que propició esa comisión de 2 millones, y “pagos por compras” a Massias Kuhn, la antecesora de Maxwell Cremona.

En el marco de las diligencias previas del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid contra las parejas de la presidenta madrileña y ese directivo de Quirón por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal o blanqueo de capitales, ha aflorado la existencia de una inspección de la AEAT a Fernando Camino, adicional a las abiertas a Gloria Carrasco, a Quirón Prevención, recogida en las últimas cuentas de esta empresa, y a Helios Healthcare Spain SL, cabecera de los negocios del grupo Fresenius en España.

La UCO considera “necesario ampliar el periodo de análisis” de las relaciones comerciales entre González Amador y Carrasco “al menos al periodo en el que se habrían producido las mismas, esto es, entre el 2014 y la actualidad”.

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El informe incluye un mapa de relaciones entre Camino, Carrasco, González Amador y Quirón Prevención, Círculo Belleza, Mape Asesores y Maxwell Cremona. En ese mapa no aparece otra sociedad que vincula a González Amador y a Camino dada a conocer por elDiario.es: Inversiones Random SL, constituida en mayo de 2005 por el directivo de Quirón, y que según el Registro Mercantil fue liquidada hace apenas unos meses, el pasado 16 de marzo.

Según la documentación remitida al juzgado que instruyó la causa penal contra la pareja de Ayuso por sus delitos fiscales, nada más crear Maxwell Cremona en 2017, González Amador acordó pagar 2.000 euros anuales a esa empresa de Camino por poner publicidad en el Adagio II, un velero del directivo del gigante sanitario a nombre de la ahora extinta Inversiones Random.

La UCO tampoco incluye en su informe el contrato que Maxwell Cremona y Círculo Belleza SL firmaron en enero de 2019 por el que, mientras González Amador realizaba auditorías de los hospitales de Quirón que le encargaba Fernando Camino, su empresa recibiría “asesoramiento” de la firma de Carrasco, que entonces tenía también como accionistas al propio Camino y al cuñado del ejecutivo del grupo sanitario.

El contrato establecía que ese asesoramiento comprendería “investigaciones y análisis de evolución de mercados”, planes de formación, “sistemas de gestión empresarial, incluyendo la planificación a corto y largo plazo, planes estratégicos y programas de acción táctica” o “la toma de decisiones de naturaleza gerencial y estratégica”.

Según el contrato, la empresa de González Amador requería de servicios “imprescindibles”. Sin Círculo Belleza SL, “se vería obligado a contratar a consultores externos, con un inferior grado de especialización sectorial y de conocimiento en los procedimientos del grupo”. El acuerdo tenía una vigencia inicial de un año. No especificaba cifras: Círculo Belleza cobraría “una cantidad que se pactará en función de los proyectos solicitados”.

En la documentación remitida en su momento al juzgado por el caso de los delitos fiscales de González Amador constan al menos cuatro facturas que Maxwell pagó a Círculo Belleza entre enero de 2019 y octubre de 2020. El concepto: “Trabajos de Consultoría y Asesoramiento de los Directivos en Temas Sanitarios”. El importe, un total de 20.000 euros más IVA. Una minucia en comparación con el medio millón que la pareja de Ayuso pagaría por esa empresa sin valor semanas después.

Pensaba escribir sobre las novedades judiciales del ciudadano González Amador, pero no lo voy a hacer porque me dirían que estoy desviando la atención del caso Zapatero, del que por cierto he escrito seis veces en el último mes. Ajá, Isaac, excusatio non petita, se te ve el plumero, pretendías tapar lo de Zapatero con el novio de Ayuso, no cuela, zasca.

No, mejor no escribo sobre González Amador, ni sobre su buena fortuna, que me admira. Que tu causa judicial lleve más de dos años dormida, y resucite justo en la semana de Zapatero, de Begoña Gómez, de las comparecencias en el Senado por el caso Leire Díaz y la sentencia de Ábalos que está al caer; que sepamos de las investigaciones de la UCO sobre tus negocios en una semana en que no queda ni un huequecito en las páginas de Nacional de los periódicos de derecha, y si los de izquierda hacen sitio serán acusados de desviar la atención, es de ser un hombre muy afortunado.

Otro día escribo sobre González Amador, y ya entonces comentaré la increíble suerte que ha tenido en los últimos años, desmintiendo el refrán de “afortunado en el amor, desgraciado en el juego”, pues nuestro hombre es afortunado en todos los terrenos. Hay que tener mucha suerte para acertar con el negocio más lucrativo en plena pandemia: la venta de mascarillas, a nadie se le ocurriría. Suerte es también enterarte de la existencia de una pequeña empresa de tratamientos de belleza sin empleados ni apenas facturación, y comprarla por el increíble precio de medio millón de euros, ¡una ganga! La misma buena estrella en los negocios que te permite facturar 4,4 millones en tres años, no me digas.

Suerte loca es que te pille Hacienda por fraude fiscal, y el que acabe empapelado sea nada menos que el Fiscal General del Estado, con la fortuna añadida de que te proteja todo un gobierno autonómico, con el Rasputín de la Puerta del Sol intoxicando a tu favor. Al que tiene suerte ya no le abandona, y González Amador ha tenido la increíble suerte de que se jubile la juez que llevaba su caso, y que el nuevo magistrado se tome las cosas con calma y deje correr los meses sin mover un papel ni autorizar las peticiones de la UCO para avanzar en la investigación.

En fin, el día que escriba sobre González Amador, no hoy, comentaré el último golpe de suerte que ha tenido: que después de dos años sin noticias, sepamos de su investigación justo en la semana en que toda todita toda la atención mediática, política y ciudadana está puesta (y con razón) en Zapatero, Begoña, Leíre Díez y lo que caiga, de modo que pase a segundo plano, y cualquiera que lo mencione se convierta en sospechoso de desviar la atención de los problemas del gobierno. Un tipo con suerte, ya digo.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso desde 2021, hizo el negocio de su vida en lo peor de la pandemia –segundo y tercer trimestre de 2020– aprovechando sus relaciones profesionales con el primer directivo de Quirón Prevención, Fernando Camino. El novio de la presidenta ganó dos millones de euros –el 4,5% de la operación– por intermediar en la compraventa de mascarillas entre una empresa gallega –Mape, que tenía a Camino como consejero– y otra catalana, FSC, la principal suministradora de material chino en España durante los primeros meses de la crisis del coronavirus.

Fue el mayor éxito empresarial de toda su vida, y su estreno en el mercado de los comisionistas. Aquel pelotazo de los dos millones ganados en apenas unas semanas supuso más del doble del dinero que González Amador había facturado en sus cinco años anteriores de ejercicio profesional. Aprovechó, como otros, la oportunidad servida por una emergencia sanitaria mundial. Era un negocio fácil, rápido y sin apenas riesgo. Las administraciones estuvieron dispuestas a pagar cualquier precio, y sin preguntar, por unas mascarillas que supuestamente protegían contra la muerte.

Cuando González Amador ingresó los dos millones en su cuenta corriente (agosto de 2020) puso en marcha algunas operaciones sospechosas con el objetivo de no repartir sus beneficios con Hacienda como establece la ley. El juez y la UCO de la Guardia Civil investigan ahora al comisionista por supuesta corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.

La primera operación de González Amador tras el pelotazo consistió en adquirir por 499.836 euros una empresa, Círculo de Belleza, sin valor ni negocio ni futuro. Esa sociedad era propiedad de Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Tres meses antes del cambio de propiedad (septiembre de 2020) Camino vendió a su propia esposa el 20% de participaciones que poseía en Círculo de Belleza por apenas 4.000 euros. De esta manera, nunca apareció su nombre en las escrituras de compraventa de la empresa (diciembre de 2020). El Código Ético de Quirón prohíbe las relaciones comerciales entre directivos como Fernando Camino y proveedores como González Amador.

La compra de esa empresa por el comisionista fue la primera de sus iniciativas para, supuestamente, evitar el pago de impuestos a la Agencia Tributaria tras su espectacular año de beneficios, según la hipótesis con la que trabajan los investigadores. La segunda actuación sospechosa llegó en mayo de 2021 –cuando Isabel Díaz Ayuso ya era su pareja– al hacer la declaración del Impuesto de Sociedades de 2020. González Amador intentó ahorrarse el pago de 155.000 euros mediante el arte del engaño a la Agencia Tributaria: presentó unos supuestos gastos desgravables y superiores a los 600.000 euros a favor de una empresa mexicana. Pero nunca hizo esos pagos, según reconoció muchos meses después el novio de Ayuso a los inspectores de Hacienda.

El año siguiente, González Amador insistió en sus intentos de fraude fiscal subiendo las cifras del engaño: 927.000 euros por unos gastos en Costa de Marfil que nunca efectuó. De aquella manera tan poco original se ahorraba 195.000 euros en la factura del Impuesto de Sociedades de aquel año. La pareja de la presidenta madrileña fue consciente de todo aquel intento de fraude e intentó, por recomendación de su abogado, un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel mediante el pago de una multa y el reconocimiento de los dos delitos fiscales.

El conocimiento de sus andanzas supuestamente delictivas tras la querella presentada por la Fiscalía hizo que su pareja, Isabel Díaz Ayuso, saliera en su defensa. Descalificó a la fiscal jefe del departamento que había denunciado a su pareja; puso en marcha la máquina de la desinformación y el bulo con sus medios habituales y aireó la existencia de una supuesta campaña ilegal contra González Amador. La presidenta negó públicamente en rueda de prensa que su novio debiera nada a Hacienda y llegó a proclamar que era justamente al contrario, en una explicación delirante e incomprensible.

Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, manipuló después a varios medios afines al PP facilitándoles un correo electrónico del fiscal del caso al abogado de González Amador para dar a entender que todo era una sucia operación de inspectores de Hacienda y fiscales contra el novio de la presidenta. Para contrarrestar aquella campaña en defensa de un supuesto defraudador, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, difundió una nota informativa contando la verdad: González Amador propuso un acuerdo de conformidad en el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales a cambio de evitar la prisión.

De todo aquel enredo quedó una sentencia del Tribunal Supremo –firmada por cinco de los siete magistrados que formaron ese tribunal– donde se condenaba sin pruebas al fiscal general por filtrar supuestamente un correo –del abogado del novio de Ayuso al fiscal del caso– informando que González Amador confesaba sus delitos para evitar la cárcel.

El comisionista, que ahora vive con Ayuso en un doble piso situado en una de las zonas más caras de Madrid, empezó su carrera empresarial de la mano de Quirón, firma a la que prestaba unos servicios de consultoría por los que, en el mejor de los años (2019), cobró 357.000 euros. Su noviazgo con Ayuso –a partir de 2021– coincidió con una mejora sustancial de su facturación con Quirón, una empresa de servicios sanitarios cuyo principal ingreso procede de la Comunidad de Madrid. González Amador cuadruplicó sus ingresos de un año para otro. De 275.000 euros en 2020 a 1.375.716 en 2021. Y mantuvo con altibajos ese nivel de negocio en los años siguientes: 1.054.335 (2022); 1.886.391 (2023) y 944.836 (2024).

El defensor principal de González Amador -procesado por delitos fiscales e imputado por corrupción en los negocios y administración desleal- ha sido en todo este tiempo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Con la “experiencia del que peina canas”, Rodríguez registró al comisionista González Amador en su agenda telefónica como “Alberto Quirón”. Ayer, el jefe de gabinete recuperó su vieja costumbre de proteger al novio de su jefa, procesado por fraude fiscal, con más bulos: “Quede claro: el último contrato con Quirón fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada”.

La carrera empresarial de Alberto González Amador ha cambiado radicalmente desde que es pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sus sociedades llegaron a multiplicar por siete la facturación al Grupo Quirón a partir del inicio de la relación sentimental entre el empresario y la presidenta de la Comunidad de Madrid. El Grupo Quirón es el principal beneficiario de la política de privatización de parte del servicio sanitario que lleva a cabo el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, con alrededor de 1.000 millones de facturación anual salidos de las arcas públicas. 

Un escrito de la Agencia Tributaria remitido al juzgado que investiga a González Amador ha permitido aflorar el negocio del novio de la presidenta con Quirón Prevención desde que son pareja. elDiario.es reveló hace dos años que en 2021, cuando comenzó la relación, los ingresos de González Amador procedentes de Quirón se multiplicaron por cuatro respecto del ejercicio anterior. Ahora, gracias al escrito de Hacienda, trasciende que los ingresos del empresario y comisionista no dejaron de crecer en los dos años posteriores, 2022 y 2023. En total, desde que arrancó la relación, González Amador ha multiplicado por siete sus ingresos del gigante de la sanidad privada. 

La pandemia resultó una oportunidad de negocio para el empresario. En 2020 obtuvo los dos millones de euros en la comisión que está bajo el foco de la investigación. Esa operación lleva aparejada un presunto soborno a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, pero también consejero entonces de otra empresa con la que habría orquestado el ‘pelotazo’ de las mascarillas para su amigo y del que luego se habría llevado una parte. 

En cifras de negocio total, la principal empresa de González Amador, llamada Maxwell Cremona SL, pasó de facturar 357.773,87 euros en 2019 a más de 2,33 millones en 2020. Fue el resultado de la comisión de las mascarillas y no de la que había sido su principal fuente de ingresos hasta entonces y que lo siguió siendo en los años posteriores.

En mayo de 2021, una revista del corazón retrató el viaje a Ibiza de la presidenta con su nueva pareja sentimental, al que presentaba como un “técnico sanitario”. Fue en ese ejercicio cuando Quirón Prevención, que llevaba contratando la consultoría de González Amador desde 2017, decidió regarle de encargos. Hasta acabar 2021 con 1.078.412 euros de ingresos procedentes de Quirón, cuatro veces más que el año anterior y el triple de lo que facturó la empresa de González Amador en 2019.

Esos trabajos para Quirón siguieron en ascenso. En 2022, González Amador rozó los 2 millones de euros de facturación al gigante sanitario (1.956.449). En 2023, la cifra de ingresos fue de 1.401.634, cuatro veces más de lo que facturaba a Quirón previo a la pandemia y antes de compartir su vida con la presidenta de la Comunidad de Madrid. El informe de Hacienda no recoge las cifras de los ejercicios 2024 ni 2025.

En total, Hacienda ha cifrado ahora en 4,43 millones de euros las cantidades cobradas por la pareja de Ayuso del grupo sanitario en el periodo 2021-2023. De 2020 hasta 2023, la cifra asciende a 4.711.768,83 euros.

En la tarde de este jueves, Miguel Ángel Rodríguez intentó desacreditar las informaciones basadas en el escrito de la Agencia Tributaria. El jefe de gabinete de Ayuso publicó en X: “El último contrato con QUIRÓN fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada. No pueden tapar que las hijas de Zapatero van pa’lante”. Después, en declaraciones a El País, Rodríguez añadió que la Agencia Tributaria “debería ser dinamitada”

Las revelaciones sobre la relación comercial del novio de la presidenta y Quirón responden a que la Agencia Tributaria ha tenido que informar al magistrado del caso sobre González Amador de que tiene abiertas unas inspecciones a Quirón y a su matriz. Consciente de que hay una causa judicial que se solaparía con su trabajo de inspección, la Agencia Tributaria necesita de una orden judicial para detener la parte coincidente.

Así lo establece la La Ley General Tributaria, que prohíbe a la Inspección suspender los procedimientos por iniciativa propia en estos casos. Es obligatorio que la orden provenga del órgano judicial. Por ello, Hacienda solicita formalmente al juzgado que ordene la paralización parcial de la inspección tributaria para que se detenga “exclusivamente” la parte que afecta a la comprobación de los servicios realizados por Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker. 

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El escrito de Hacienda se limita a trasladar al juzgado unos datos básicos de su inspección para que el juez Antonio Viejo pueda decidir. Así, la Agencia Tributaria asegura que su departamento de Grandes Contribuyentes está investigando a Helios Healthcare, la matriz de Quirón en España, por su condición de representante ante Hacienda de todo el grupo. 

Además, Hacienda confirma que la división que preside Fernando Camino y a la que factura González Amador, Quirón Prevención, tiene abiertas inspecciones por el Impuesto sobre Sociedades entre los ejercicios 2020 y 2023, del IVA entre 2021 y 2023 y de retenciones e ingresos a cuenta en este mismo periodo, como avanzó elDiario.es a finales de mayo. 

En el mismo sentido informó al juzgado de la inspección que llevaba a Gloria Carrasco, que avanzó este medio el pasado 26 de febrero. De igual forma, este periódico desveló este jueves que la Agencia Tributaria ha hecho lo propio con Fernando Camino, marido de Gloria Carrasco y presidente de Quirón Prevención.

Negocios y una comisión entre viejos amigos

Quirón Prevención, Fernando Camino, Gloria Carrasco y Alberto González Amador son algunos de los protagonistas de la investigación judicial que complica el futuro de la pareja de Ayuso. El empresario y comisionista será juzgado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación de documentos al haber dejado de pagar 350.951 euros a Hacienda en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021.

El año de la pandemia, 2020, fue el del despegue empresarial de González Amador, previo al empuje que le dio Quirón Prevención a partir de 2021, cuando ya era pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero ese despegue le ha valido ya a González Amador una petición de casi cuatro años de cárcel al empresario por intentar engañar a Hacienda con una trama de facturas falsas. No quería que Hacienda participara, como debía, de su gran éxito: la comisión de casi 2 millones de euros por poner en contacto a dos empresas españolas para la compraventa de más de 42 millones de euros en material sanitario. 

Es en este punto donde emerge la figura de Fernando Camino. La investigación ha determinado que el presidente de Quirón Prevención y González Amador tienen relaciones comerciales desde al menos 2014. En 2020 habrían ideado el siguiente plan: Camino era, además de presidente de Quirón Prevención, consejero de una empresa gallega llamada Mape. De otro lado, González Amador había conseguido que la sociedad catalana FCS le asegurara un porcentaje del 4,5% de las ventas que consiguiera. Y allí estaba su amigo Camino, quien logró que Mape comprara a FCS 42 millones de euros en material sanitario para la pandemia. Resultado: Alberto González Amador ingresó más de 1,9 millones de euros, el negocio de su vida.

La Fiscalía, las acusaciones populares y los dos jueces que ha tenido el caso sospechan que Camino no hizo aquello a cambio de nada. Tras cobrar la comisión, González Amador compró a la mujer de Camino una sociedad llamada Círculo Belleza SL. La empresa había facturado apenas 30.000 euros el ejercicio anterior. Contaba con tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil. No tenía empleados. El novio de Ayuso pagó, sin embargo, medio millón de euros por la sociedad. La acusación concluye que es el porcentaje pactado con Fernando Camino por facilitar su pelotazo de las mascarillas desde Mape. 

Los informes de la Agencia Tributaria no han sido los únicos documentos incorporados recientemente a la pieza separada por el presunto “soborno” de González Amador al presidente de Quirón y consejero entonces de Mape. La anterior jueza del caso, que se jubiló el pasado verano, ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que actuara como policía judicial del caso. La complejidad que había alcanzado y su alcance nacional así lo aconsejaban. Ha tenido que pasar casi un año para que los guardias civiles se hayan podido poner a trabajar. Ha ocurrido cuando el nuevo juez ha autorizado que accedan, únicamente, a las cuentas bancarias de los dos investigados, González Amador y Gloria Carrasco. 

La UCO llevaba desde diciembre de 2025 esperando la autorización del juez, tal y como desveló elDiario.es. El 19 de ese mes entregaron un oficio al magistrado Antonio Viejo con sus primeras valoraciones de la documentación incluida en la causa. Con ellas justificaban las peticiones a Viejo para empezar a investigar. Los guardias civiles, tal y como les apuntó la anterior jueza, ya advierten en su informe que sobre los hechos planea la comisión de un delito de blanqueo de capitales, que sumar al de corrupción en los negocios y administración desleal.

Entre esas valoraciones, la UCO aprecia que la sociedad que compró González Amador, Círculo de Belleza SL –y que rebautizó como Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering SL– “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” a Quirón Prevención. González Amador había dejado de facturar a la empresa sanitaria solo con Maxwell Cremona, su principal empresa, para incorporar a la empresa que había comprado a la mujer del directivo de Quirón.