La polémica por la compra opaca de un ático de más de seis millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid no ha roto la entente que mantienen Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso desde que el gallego aterrizó en la capital, hace ya más de cuatro años, para hacerse con las riendas del PP. Aunque en el partido se ha extendido la idea de que la gestión de la crisis por parte del Gobierno regional y de su lideresa es muy mejorable, a nadie se le pasa por la cabeza su caída o que se active una operación para descabalgarla a las puertas de uno de los ciclos electorales más importantes para la derecha.

Pese a la rumorología que se ha extendido por Madrid en las últimas semanas, todas las fuentes consultadas por elDiario.es dan por hecho que Ayuso será la candidata del PP en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo y que repetirá como presidenta regional al frente de uno de los gobiernos regionales más importantes, tanto económica como demográfica y políticamente.

No hay un enfrentamiento abierto entre la dirección nacional y la madrileña, apuntan desde ambos espacios. No existen maniobras internas para que, a nueve meses de que se coloquen las urnas, el PP prescinda de uno de sus principales activos electorales, fundamental para taponar la posible fuga de voto hacia la extrema derecha.

“No hay fuego amigo”, aseguran desde la dirección del PP de Madrid, que dicen desconocer cuál es el origen de la información que permitió a ‘El País’ adelantar la compra del ático. “Pudo ser cualquiera”, apuntan sobre el origen de la información.

Mayoría absoluta en riesgo

En el PP de Madrid descartan que pueda tener relevancia electoral. “Es un tema estirado artificialmente por la izquierda política y mediática”, sostienen las mismas fuentes, que consideran que el asunto tendrá “entre poca y ninguna repercusión” en las elecciones autonómicas y municipales de 2027.

Tampoco en las plantas altas de Génova temen un descalabro electoral de Ayuso, aunque algunas voces no descartan que pueda tener cierta incidencia en el voto y ponga más difícil a la madrileña reeditar una mayoría absoluta que, dicen, ya tenía complicada antes de la polémica.

El ciclo electoral de la primera mitad de 2026, ideado por el PP para desprenderse de la dependencia de Vox, supuso justo lo contrario: la constatación de que la derecha y la extrema derecha se necesitan para gobernar.

El PP no solo no logró la esperada mayoría absoluta en Extremadura, sino que la perdió en Andalucía, retrocedió en Aragón y se quedó más o menos como estaba en Castilla y León.

El año que viene se repartirá buena parte del poder autonómico y todo el local, y en el PP ya nadie quiere acordarse de la promesa de gobernar en solitario lanzada por Feijóo hace apenas un año. Y ni siquiera dan por hecho que Ayuso podrá retener un poder omnímodo.

Nada que ver con Casado

Las fuentes consultadas por elDiario.es revelan que las direcciones nacional y autonómica del PP se pusieron en contacto inmediatamente después de que se conociera la irregular compra del ático. Miguel Tellado llamó a Alfonso Serrano y ambos secretarios generales hablaron de cómo gestionar la crisis abierta.

Una de las principales misiones del reducido equipo que acompañó a Feijóo en su viaje de Galicia a Madrid fue la de ganarse al PP de la región. Y Tellado es, desde 2022, el principal nexo de unión entre ambas direcciones. Además, la comunicación entre los gabinetes de ambos líderes es fluida y constante, aunque no siempre el resultado sea el buscado.

El predecesor de Feijóo, Pablo Casado, fue defenestrado precisamente por una guerra fratricida abierta entre él y Ayuso, dos buenos amigos hasta entonces, por el control del partido.

Los fantasmas de aquella guerra amenazaron con reaparecer este mes de agosto, cuando Feijóo abordó la polémica del ático en una entrevista para Europa Press.

El líder del PP no se desmarcó de la línea argumental mantenida por Sol. Primero, que estaban previstas unas obras en la sede oficial del Gobierno autonómico. Segundo, que cualquier explicación sobre la adquisición debían recaer en el departamento del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín.

El problema no fue el contenido de la entrevista, sino las declaraciones en sí, que se hicieron públicas el domingo 23 de agosto, cuando en el PP de Madrid pensaban que el suflé de la polémica comenzaba a bajar, en buena parte gracias a las fuertes críticas por la gestión de la crisis de Ceuta por parte del Gobierno central.

Las palabras de Feijóo reactivaron las preguntas sin responder sobre la compra del ático. Los medios cuestionaron directamente a Ayuso, quien sorprendió a propios y extraños con un exabrupto que, sin ser del todo inesperado en su boca, dentro del PP sí se considera un error: “Está en venta, chao pescao”.

En defensa de Ayuso

En la dirección del PP de Madrid quitan hierro a las declaraciones de Feijóo, que sitúan en la salida “típica” que eligen los políticos ante preguntas que pueden resultar complicadas: tirar de argumentario y limitarse a pedir que se “explique” lo ocurrido.

En el PP de Madrid descartan cualquier paralelismo entre la actual relación con Génova y la guerra con Pablo Casado y lo tachan de “ruido” en redes sociales.

“No tiene nada que ver”, sostienen. Y aseguran que a Casado no se lo llevó por delante que denunciara la corrupción de Ayuso, que no existió “porque la Justicia lo desmintió”, sino por “usar un bulo para atacar a su compañera de partido”.

Un supuesto “bulo” que sigue publicado en la cuenta de Twitter del PP cuatro años después.

Lo cierto es que la dirigente regional es intocable para la militancia, que mantiene una fervorosa pasión por ella.

Esta misma semana, en la concentración convocada contra la gestión del Gobierno en Ceuta por el PP bajo el paraguas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), volvió a llevarse la mayor ovación entre las decenas de miles de personas concentradas en la madrileña plaza de Cibeles.

Mientras el resto de dirigentes presentes, entre ellos Feijóo y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, abandonaron el acto poco después de finalizar, la presidenta se dio un baño de masas tras atender a los medios y obviar las preguntas referidas al ático, haciendo bueno ese “chao pescao” de finales de agosto.

Pese a algunos comentarios en voz baja y siempre en privado, la dirección del PP y todos los barones autonómicos han cerrado siempre filas con la presidenta madrileña.

Incluso cuando, como el pasado viernes, les pone en un compromiso al promover unilateralmente un boicot al Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que aprobó la nueva financiación autonómica y en el que se quedó sola.

No es la primera vez que Ayuso marca el camino a sus compañeros de partido, o que lo intenta, si bien es cierto que con menos éxito que en el pasado.

Pero ni siquiera los delitos fiscales confesados por su pareja, Alberto González Amador, ni las investigaciones judiciales abiertas para determinar la legalidad de su relación con el grupo sanitario privado Quirón, el principal contratista de la Comunidad de Madrid, han hecho mella en el respaldo del PP a Ayuso.

Este mismo mes de agosto, y pese a los rumores sobre una posible separación, ella misma habló en presente de su “familia política” y la relación que tienen con Ceuta. En el PP de Madrid declinan hacer cualquier comentario al respecto.

En esa misma entrevista, publicada el 19 de agosto, aseguró que, por ahora, no tiene intención de visitar Ceuta. “No se puede utilizar como un escaparate”, dijo. Ese mismo día, su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, visitaba la ciudad autónoma. Al día siguiente, lo hizo el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.

Con todo, la relación entre Feijóo y Ayuso es buena, mejor de lo que fue al principio del mandato del gallego. Al menos en público. Como apuntan desde la dirección nacional, el líder del PP no ve en ella el peligro para su posición en el partido que sí percibió Casado en su momento. Sabe que las próximas elecciones generales serán su última oportunidad: si gana, gobernará; si pierde, se irá a su casa.

Ambos han compartido decenas de actos en los últimos años, y a Feijóo se le ha ido viendo más cómodo con el paso del tiempo, fruto de la metamorfosis madrileña sufrida por el dirigente gallego desde 2022. Este mismo fin de semana, Feijóo ha vuelto a respaldar a Ayuso en el acto de inicio de curso político celebrado en el municipio madrileño de Getafe. La entente sigue en vigor.

A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le espera un inicio de curso político entretenido. Después del verano, no solo los políticos vuelven de vacaciones, también los juzgados. Y en el caso de la líder del PP son varias las causas que afectan a su entorno y que avanzarán en los próximos meses: desde el caso de su pareja, Alberto González Amador, hasta el de algunos de sus alcaldes más próximos, como los de Móstoles o de Alcalá de Henares. Ahora también se ha añadido la polémica compra de un ático por parte de la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros y que tanto particulares como partidos políticos han denunciado. Estos son los casos que evolucionan en los juzgados de Madrid y que pueden sumar más presión a la líder madrileña:

Una jueza vuelve a pedir una macrocausa para las residencias

Las muertes de ancianos en las residencias durante la pandemia de la COVID-19 en la Comunidad de Madrid y los conocidos como “protocolos de la vergüenza” siguen persiguiendo a Ayuso. Hace solo unos días una jueza ha vuelto a pedir una macrocausa para investigar este hecho. En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, rechaza estudiar de forma “fragmentada” la muerte de una anciana, ya que, a su juicio, todas las muertes comparten un “núcleo común”: determinar si se produjo una “exclusión sistemática” de los residentes más dependientes en las residencias.

A finales de junio, un juzgado de Arganda del Rey decidió aplazar la declaración como imputada de la jefa de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón después de que fuera señalada como supuesta autora de los protocolos, que acabaron con la no derivación de los ancianos. Carlos Mur, el ex alto cargo de Sanidad de Ayuso que firmó los protocolos, declaró ante la jueza que había sido ella quien los presentó “inicialmente”. Ahora hay varios ex altos cargos imputados: Mur y Francisco Martínez Peromingo, su sucesor como exdirector de Coordinación Sociosanitaria. También está siendo investigado Pablo Busca, responsable en ese momento del SUMMA 112, y Antonio Burgueño, exasesor de Ayuso.

Marea de Residencias, la organización que desde hace más de seis años impulsa los procedimientos judiciales en representación de los familiares de ancianos fallecidos, han ampliado sus acusaciones al delito de prevaricación en hasta 60 juzgados de toda la región.

Alberto González Amador

Todavía se desconoce la fecha en la que se juzgará a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero lo que sí se sabe es que no será antes de 2027. El juzgado alega que tiene una “sobrecarga” de trabajo y que por eso se ha dilatado tanto en el tiempo, llevando la posible fecha hasta siete años después de que se cometiera el presunto delito.

Lo que se investigan son dos delitos fiscales y falsificación de documentos después de la inspección de la Agencia Tributaria, que se percató de dos fraudes en dos ejercicios distintos y una trama de facturas falsas que empleó para llevarlos a cabo entre 2020 y 2021.

Fue en noviembre de 2025 cuando la Audiencia de Madrid confirmó que la pareja de la presidenta regional se tendría que sentar en el banquillo después de rechazar dos recursos de Amador. La Fiscalía y la Abogacía del Estado pedían cada uno tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Ayuso, sobre el que pesa un informe de 19 meses de inspección.

La alcaldesa de Alcalá de Henares

En 2024, Ayuso acudió a Alcalá de Henares a criticar los problemas que, según aseguraba, habían ocasionado un grupo de migrantes que el Gobierno central había destinado a un centro de acogida de la zona. Entonces, Ayuso acusó sin pruebas a las personas inmigrantes de haber cometido agresiones sexuales, e incluso de haber producido un brote de sarna.

Después de estas declaraciones, el delegado del Gobierno en la capital aseguró que había “ninguna investigación” sobre esto. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, publicó un tuit en el que acusaba al primero de mentir y ahí adjuntaba una fotografía de una nota policial con una denuncia de una mujer sobre una “agresión” en diciembre de 2023.

En el auto que coloca a la alcalesa, Judith Piquet al borde de sentarse en el banquillo de este mes de agosto, se recogen unas declaraciones que presuntamente habría dicho la alcaldesa: “Hay que salvar a la Presidenta. Hay que salvar a la Jefa”.

El alcalde de Móstoles

El pasado mes de julio, la jueza imputó a Manuel Bautista, denunciado por una exconcejala de su propio partido por acoso sexual y laboral. La fecha para su comparecencia está fijada para el próximo 9 de octubre y ese mismo día también tendrán que declarar cinco testigos vinculados. La magistrada rechazó archivar la causa como pedía el alcalde al entender que las acusaciones son “claramente constitutivos de ilícito penal”.

Después de que la jueza decidiera mantener la causa, Ayuso respondió así ante la pregunta de si continuaba apoyándole: “Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”.

Además, la baronesa del PP aplaudió públicamente el trabajo de Bautista: “No voy a aplicarle la justicia de autor a una persona que he puesto ahí para que gobierne como lo está haciendo”, dijo.

La compra del ático

A todo esto se suman los avances judiciales de las causas que investigan la polémica compra del ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros y que aumentan la presión política sobre la presidenta regional.

El pasado 10 de agosto, la Fiscalía envió cuatro denuncias por el ático al juzgado de la capital que investiga el caso. El Ministerio Público remitió la “documentación” presentada por el PSOE y por tres particulares en sus denuncias y este martes supimos que tanto los socialistas como Más Madrid se han personado como acusación popular. Ahora será el juzgado de instrucción número 8 de la capital el que decidirá si admite las denuncias a trámite o no.

Mientras, de forma paralela, el partido de Mónica García ha presentado una denuncia al Tribunal de Cuentas al considerar que puede existir “menoscabo” de dinero público en la operación llevada a cabo por la empresa pública Planifica Madrid.

Celebro que haya sido Isabel Díaz Ayuso quien haya emprendido una cruzada contra las inflamables y alérgenas arizónicas: si se le ocurre a Pedro Sánchez tendríamos las redes sociales plagadas de falsos amantes de la libertad plantando setos en su jardín, patio o balcón, un vez disipada la cortina de humo del eclipse. La sombra del ático es alargada y tiene a la presidenta de la Comunidad de Madrid especialmente nerviosa y atribulada. Como diría el alcalde Almeida, ella está, durante este agosto infernal, al pie del cañón, de un cañón preparado para disparar contra el presidente del Gobierno, se entiende. De tres post que publica en X, cuatro son sobre/contra Pedro Sánchez, por traidor y por pegarse unas vacaciones a cuerpo de sátrapa. Olvida que aún no ha explicado por qué la CAM compró un ático que costó más de seis millones de euros de dinero público y está a un paso de ir recogiendo los tickets de los gastos de Sánchez en La Mareta, con la esperanza de que el presidente iguale el marcador.

A pesar de sus esfuerzos tuiteros y antiarizónicos, la realidad en el Madrid agosteño es que el misterio sigue rodeando al polémico ático, que se adquirió como oficina temporal mientras se acometían unas obras de las que no supimos nada hasta hace 10 días y a pesar de que la normativa municipal impedía usar el ático como oficinas. Tardaron 33 horas en poner a la venta el lujoso y molesto inmueble una vez que se desvelara la compra pero aún no se ha vendido ni sabemos para qué se compró. La presidenta se empeña en que los madrileños olvidemos el lance pero los seres humanos, y los habitantes de esta comunidad entramos en esa categoría, somos seres complejos que podemos atender a las últimas crisis y eventos y recordar que aún no se nos ha explicado lo del ático.

Ayuso tiene un problema de gestión de recursos públicos y los errores, en política, obligan a producir un relato que los redima. De ahí el recurso a Sánchez gastando dinero en La Mareta mientras ella hace frente a la reconstrucción de los municipios afectados por los incendios. Pero con cada vuelta de tuerca de este culebrón de verano, más morbo, más nerviosismo en el gobierno madrileño, más posts sobre Sánchez, menos explicaciones. Ya hay cinco denuncias en el juzgado y la oposición prepara un septiembre caliente para Ayuso. El proceso de venta del ático estará abierto durante el plazo de presentación de ofertas fijado en la licitación, hasta el 7 de septiembre. Ayuso y su gobierno confían en quitárselo de encima antes del inicio del curso político pero la venta no evitará la obligación de dar explicaciones. No hay que olvidar que la pareja de la presidenta (que sepamos), Alberto González Amador, será llamado a juicio por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en 2027, y cuenta con otra causa abierta donde está siendo investigado por un presunto delito de corrupción en los negocios por sus vínculos empresariales con Quirón.

La presidenta de la CAM llegará a septiembre en uno de sus peores momentos desde que asumió la presidencia, en 2019. Nadie, tampoco Miguel Ángel Rodríguez, vio venir una polémica de este tamaño y alcance. Y tan difícil de cerrar. El PP, exceptuando al alcalde madrileño, se aleja rápidamente del ático. Ayuso es un activo en la captación de votos pero también un problema para Feijóo si los votantes se hartan de que su entorno se enriquezca a costa del dinero público y ella quiera una Moncloa a su medida. La Universidad Complutense de Madrid, mientras tanto, ha rechazado publicar el expediente académico de la presidenta de Madrid. Los madrileños no debemos perder el tiempo especulando sobre la mediocridad de sus notas, sí sobre su empeño en cargarse todo lo público, también las universidades, ya que lo público es su único ámbito de gestión. Por primera vez, se percibe que Ayuso puede caer. Su futuro depende, como siempre, de los madrileños.

Un dividendo millonario que no está claro si se repartió; domicilios sociales contradictorios o que varían sin explicación de un año a otro; beneficios corregidos a posteriori por un pago a Hacienda fuera de plazo; o una empresa de alquiler turístico que dice arrendar locales industriales. Son algunas incoherencias de las cuentas de las sociedades de Alberto González Amador en los últimos años.

2025 no ha sido una excepción. La principal consultora sanitaria de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Maxwell Cremona, recoge en sus últimas cuentas el pago de un dividendo “con cargo a reservas por importe de 1.225.000,00 euros”, igual que en 2024, pero no está claro si ese reparto se llevó a cabo.

Podría tratarse de un error, ya que las reservas de la empresa se situaron en 2025 en 596.500 euros, que equivalen a la suma de las que tenía a cierre de 2024 (499.904) y los beneficios de ese ejercicio. Así que algo no cuadra en esas cuentas.

No es la única incoherencia. Masterman & Whitaker, relacionada con el presunto soborno de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid al ejecutivo de Quirón Fernando Camino que está siendo investigado por un juzgado de Madrid, afirma por su parte en sus últimas cuentas —también de 2025 y recién remitidas al Registro Mercantil— que “el domicilio social de la empresa es: Paseo de la Castellana, 157”. Sería una sorprendente vuelta a sus orígenes.

En esa vivienda tuvo su domicilio esta sociedad, entonces llamada Círculo Belleza SL, desde que en 2016 se trasladó de un pueblecito de León (La Pola de Gordón) hasta la capital. En ese inmueble en la principal arteria madrileña tenía su sede cuando a finales de 2020 González Amador se la compró a la esposa de Camino por medio millón de euros, tras ingresar dos millones por intermediar en la venta de mascarillas. Ese pelotazo lo propició la compañía gallega Mape, empresa administrada por su jefe, el presidente de Quirón Prevención.

Masterman encadena ya dos ejercicios con su facturación a cero, en paralelo a la lenta investigación judicial de esa extraña operación, y pese a que su dueño aseguró en su momento que tenía grandes expectativas puestas en ella.

En noviembre de 2022, durante la inspección que le va a llevar al banquillo por sus presuntos delitos fiscales, González Amador aseguró a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que esta empresa era “una apuesta” para un proyecto de “covid seguro” por su privilegiado acceso a la red de farmacias y los acuerdos “muy atractivos” que tenía con Quirón y Mape, explicaciones que no se creyó la inspección.

La AEAT calificó Masterman de pantalla o “sociedad interpuesta” para defraudar a Hacienda con los encargos que Quirón, principal pagador de González Amador hace años, le hizo a partir de 2021. No los podía asumir, como advirtieron primero Hacienda y luego la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, porque no tenía empleados ni medios materiales para prestar esos servicios.

Con esos encargos, los ingresos de Masterman empezaron a multiplicarse en 2021 gracias a Quirón hasta los 327.320 euros, según sus cuentas de ese año, que también contenían información errónea: decía dedicarse aún al comercio mayorista de “perfumería” o droguería y afirmaba que nada había cambiado desde que se creó en 2008, “no habiendo modificado su denominación social desde su constitución, ni la naturaleza de sus actividades”.

No era cierto: su actividad ya era otra y la habían rebautizado como Masterman & Whitaker Medical Supplies And Health Process Engineering SL. El contacto que figuraba en esas cuentas era un correo electrónico de su anterior propietaria y administradora, Gloria Carrasco, la esposa de Fernando Camino.

El nombre de la farmacéutica de León también figuraba como titular en las facturas de al menos 6.500 euros por el renting de un BMW que Masterman presentó a la AEAT durante la inspección, y correspondientes al ejercicio 2021. Según Quirón, fue otro error, ya que “solo es la referencia de la factura del antiguo usuario” y el vehículo estaba al servicio de González Amador, no de la esposa de uno de sus principales directivos.

Del Bernabéu a Atocha

Inicialmente, la pareja de Ayuso fijó el domicilio de Masterman en el que tenía Maxwell Cremona, un piso en la calle General Perón, cerca del estadio Santiago Bernabéu y el distrito de Azca. Luego lo trasladó a la cercana Avenida de Brasil. En sus últimas cuentas, Masterman dice una cosa y la contraria sobre ese domicilio.

Por un lado, menciona ese piso en la Castellana, que hasta enero pertenecía a la inmobiliaria Colonial, según el Registro de la Propiedad. Pero en varios formularios el mismo documento indica que su sede es otra, en la calle Comercio de Madrid, cerca de la estación de Atocha.

Probablemente, esta sea la información correcta, ya que la otra consultora de González Amador, Maxwell Cremona, notificó su mudanza allí al Registro Mercantil en octubre de 2024. Sin embargo, ese año sus cuentas (otra incoherencia más) incluían también su otro domicilio en General Perón, no muy lejos del piso en Chamberí en el que el empresario y comisionista ha vivido en los últimos años junto a Ayuso, que ahora ha puesto en venta junto al ático en la planta superior.

González Amador escrituró la compra de ese inmueble, por el que venía pagando un alquiler de 5.000 euros al mes, a finales del año pasado, días antes de lamentar en el Tribunal Supremo que le habían “destrozado la vida” y presentarse como víctima de una operación del Estado: “O me voy de España o me suicido”, dijo. En Chamberí, está también el famoso ático comprado en abril por 6,3 millones por el Gobierno regional.

No hay constancia de un cambio del domicilio social de Masterman en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Cabe recordar que las empresas están obligadas a presentar una declaración censal de modificación (modelo 036), “adjuntando la correspondiente modificación inscrita en el Registro Mercantil”, recuerda la AEAT.

Socio de aventuras

Según información del Registro de la Propiedad, la nueva sede cerca de Atocha de las consultoras sanitarias de González Amador es una vivienda que compró en marzo de 2021 César Nieto, colaborador de Maxwell Cremona y su compañero de aventuras empresariales hace años.

Nieto, que en 2017 heredó varios inmuebles en la misma finca, dirigió la empresa panameña que administró la pareja de Ayuso junto a Fernando Camino. También es socio de Amador en una empresa de alojamiento turístico en el popular barrio de Usera (Madrid), October Twelve Accommodation SL. La crearon en marzo de 2022, en paralelo a la liquidación de esa sociedad en Panamá.

En sus cuentas anuales de 2024, esa empresa afirmaba que alquila “locales industriales”, pese a acumular centenares de reseñas de usuarios en el portal de reservas Booking. En las de 2023 se definía como un “hospedaje en hostales y pensión”. Las de 2025 todavía no se han enviado al Registro.

Las que acaban de presentar las dos consultoras del empresario y comisionista incluyen un año más como contacto a una pequeña firma de asesoría en Ponferrada (León), la misma que se ocupaba de llevar esas cuentas durante los ejercicios 2020 y 2021, cuando defraudó presuntamente más de 350.000 euros a Hacienda.

En el caso de Maxwell Cremona, el año pasado facturó 710.000 euros, un 25% menos, pero el doble de lo que ingresaba que antes de empezar a disparar su cifra de negocios en 2020. Su plantilla se mantuvo estable en cinco empleados, después de que en 2024, tras trascender su escándalo de fraude fiscal, recortase sus ventas a la mitad, hasta algo menos de un millón, y contratase por primera vez personal.

Maxwell se anotó en 2025 pérdidas de 26.236 euros. Las primeras desde el quebranto de 101.489 euros que declaró a toro pasado para el ejercicio 2022 al presentar sus cuentas de 2023. Con esa maniobra contable, el beneficio récord inicial de casi 1,9 millones se convirtió en números rojos, tras intentar regularizar su dueño su fraude fuera de plazo, con la inspección de Hacienda que derivó en la denuncia de la Fiscalía contra él ya muy avanzada.

Presentado en su día en la prensa rosa como “técnico sanitario” y definido hace tiempo por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como un “ejecutivo de empresa brillante”, a González Amador la AEAT le reprochó durante su inspección sus “explicaciones farragosas” y “divagaciones”, las “incongruencias manifiestas” sobre la evolución de sus ingresos o la aportación de documentación “contradictoria”, según la inspección.

“Mucha palabrería sin aportar datos relevantes y pruebas contundentes”, resumía el informe final que le denunció a la Fiscalía. El procedimiento reveló que el empresario también intentó desgravarse gastos no relacionados con su actividad profesional: una reparación de su Porsche, la compra de un reloj de lujo, pelotas de pádel o un saxofón.

González Amador y Nieto, el nuevo casero de sus empresas, también figuran como directores de Burnet & Brown, empresa en Miami que crearon en octubre de 2022, aparentemente vinculada al negocio inmobiliario. Su nombre remite a la identidad falsa (Alberto Burnet González) que Quirón le ha dado tras el escándalo a la pareja de Ayuso, “Director de Proyectos” en su intranet, pese a que siempre alegó que es un proveedor externo.

Ese nombre inventado también remite a la identidad falsa (Burnett, con dos t) que usaba en sus operaciones encubiertas (haciéndose pasar por un traficante de drogas) el detective Sonny Crockett, protagonista de la serie Corrupción en Miami, muy popular en los años 80, al que encarnaba el actor Don Johnson. Suya era esta frase: “Tienes que conocer las reglas antes de poder infringirlas. De lo contrario, no es divertido”.

Babia Capital, la empresa que compró en julio de 2023 un ático en Chamberí que alquiló a Alberto González Amador, declaró un beneficio de 297.466,79 euros en 2025, tras vender ese inmueble al empresario y comisionista. Ahora González Amador lo ha puesto en venta en paralelo al escándalo de otro ático, el piso de ultralujo adquirido en secreto en abril por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en ese elitista barrio de Madrid.

Babia cerró el pasado ejercicio con beneficios récord (siete veces más que en 2024) tras vender sus activos y saldar casi toda su deuda. Ha quedado reducida a poco más que dinero en el banco y cobros pendientes, según se desprende de las cuentas de 2025 que acaba de remitir al Registro Mercantil, que no mencionan la operación por ese inmueble.

El año pasado el activo de la empresa pasó de casi 1,6 millones a 366.890 euros. Casi todo es tesorería (154.669 euros) y cantidades pendientes de cobro (211.921 euros). El inmovilizado material pasó de 1,57 millones a cero. Esto implica que vendió el ático y su otro activo, un antiguo cine reconvertido en supermercado en Alzira (Valencia) que compró al crearse en 2019.

Esas operaciones le proporcionaron unos 435.000 euros de beneficio en 2025. Las deudas a largo plazo pasaron de 1,43 millones a 150.000 euros. La deuda bancaria (482.796 euros en 2024) se canceló. La empresa en teoría es una inmobiliaria, pero sus ingresos por alquileres son modestos. Su cifra de negocios fue de poco más de 90.000 euros (153.000 euros un año antes).

Sin empleados, el administrador único de Babia es Javier Gómez Fidalgo. Este abogado y economista con despacho en León representó a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la inspección de Hacienda que derivó en una denuncia de la Fiscalía contra él por los delitos fiscales de más de 350.000 euros que cometió presuntamente en los ejercicios 2020 y 2021 y por los que está pendiente de juicio.

En abril de 2025, el comisionista aseguró ante la jueza que le investigaba por ese fraude (por el que Fidalgo entonces estaba imputado) que pagaba a Babia Capital 5.000 euros al mes por el alquiler de ese ático situado justo encima del piso que el empresario compró en 2022. Su existencia la desveló elDiario.es en marzo de 2024, tras destapar los delitos fiscales de la pareja de Ayuso, reconocidos por escrito por su abogado en un email poco antes de estallar el escándalo.

González Amador calificó en el juzgado como “favor” esa operación con Babia. Luego el entorno de Gómez Fidalgo lo negó. En mayo de 2025, el fiscalista lo definió como “un negocio”, con ganancias que cifró una vez ejecutada la venta en un 12% sobre los 950.000 euros que la sociedad pagó al contado (sin hipoteca y con dinero de terceros no identificados) por esa vivienda en uno de los barrios más cotizados de la capital.

La pareja de Ayuso se había encaprichado con el ático, que no podía adquirir porque acababa de comprar el inmueble de debajo. Así que recurrió a Babia Capital, perteneciente a amigos y familiares de Fidalgo que buscan inversores entre su círculo de confianza para operaciones como esta. Se desconoce el accionariado completo de esta empresa. Fidalgo y González Amador pactaron un alquiler con derecho a compra con una duración inicial de 12 meses, que se prorrogó hasta que a finales de 2025 la pareja de Ayuso pudo hacerse con el inmueble.

González Amador pagaba ya una hipoteca de casi 3.000 euros mensuales por el piso de la sexta planta en el que ha vivido los últimos años con la presidenta madrileña y debió añadir 5.000 más por ese alquiler con derecho a compra. En total, 8.000 euros al mes. Ayuso se limitó a cuestionar que el ático fuera “de lujo” durante meses, sin más explicaciones: “Hay que morirse de la risa con ustedes”, dijo a los periodistas. Ahora se ha comprobado que necesitaba una reforma.

3,3 millones y grandes plusvalías

Con una superficie total de 206 metros cuadrados, distribuidos en cuatro dormitorios y una terraza de unos 30 metros cuadrados, el ático salió recientemente a la venta a través de la inmobiliaria Gilmar, especializada en el segmento de lujo en Madrid, por 1,63 millones. El anuncio no está disponible en la web de esta empresa. En Idealista se retiró el 3 de agosto.

Se desconoce cuánto pagó González Amador por el último piso. Por el de abajo, valorado en 2022 en 837.000 euros, hoy pide otros 1,7 millones. En total, 3,3 millones, que implicarían importantes plusvalías.

Según el Registro de la Propiedad, González Amador escrituró el pasado 29 de octubre la compra del ático a Babia, sobre el que pesa una hipoteca de 600.000 euros con la Caja Rural de Zamora. “Me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”, declaró el 4 de noviembre en el Tribunal Supremo, en su alegato final en el juicio que acabó con el anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por la filtración en 2024 de un correo en el que el abogado del empresario admitió ante la Fiscalía sus delitos fiscales.

En esa declaración González Amador se presentó como víctima de una operación del Estado. Poco después, su empresa de consultoría sanitaria, Maxwell Cremona, cerró 2025 con una cifra de negocios casi un 25% inferior, de 710.000 euros. Sus últimas cuentas aseguran que pagó otro dividendo de 1,225 millones “con cargo a reservas” para su dueño, pero no está claro que lo repartiera.

Pese a la menor facturación y sus pérdidas en 2025 (26.236 euros), esta empresa todavía ingresa el doble que antes de empezar a disparar sus ingresos en 2020.

La otra consultora de la pareja de Ayuso es Masterman & Whitaker, antes Círculo Belleza SL. Lleva ya dos años sin facturar nada, en paralelo a la lenta instrucción de la investigación judicial contra su dueño por supuestos delitos de corrupción en los negocios o administración desleal. Las pesquisas se centran en la compra de esa empresa sin apenas activos por medio millón a finales de 2020 a la farmacéutica de León Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, primer ejecutivo de Quirón Prevención, su principal pagador desde hace años.

Sus operaciones inmobiliarias han salido a la luz en paralelo al escándalo del ático con 200 metros de terraza adquirido en abril por 6,3 millones por la empresa pública Planifica Madrid. El Gobierno madrileño lo va a vender tras destaparse su existencia y quedar claro que no puede reconvertirse en oficinas, pese a que Ayuso llegó a decir que se destinaría a “reuniones”. El dinero irá a “ayudar” en la reconstrucción tras la catástrofe de los incendios de la Sierra Oeste madrileña.

El vínculo leonés

Camino, clave en el ascenso profesional de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, era a su vez consejero de la empresa que permitió a González Amador dar un pelotazo de dos millones en 2020 por intermediar en la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. El ejecutivo de Quirón está muy vinculado a León, como el administrador único de Babia. La única persona que ha figurado como accionista relevante de esta empresa es un hostelero de la capital leonesa.

León fue escenario de una cena en enero de 2022 entre Fernando Camino y la presidenta madrileña seis meses después de que la Comunidad de Madrid destituyera a su interventora general y el Gobierno de Ayuso empezara a desbloquear el pago de al menos 1.390 millones a los hospitales públicos de gestión privada de la región, fundamentalmente para acabar con una deuda que empezó a arrastrar en 2015.

Círculo Belleza SL, que según dijo Amador a la Agencia Tributaria era una “apuesta” para un proyecto de “covid seguro” con farmacias y ahora no factura ni un euro, tuvo también un papel relevante en los presuntos delitos fiscales del empresario y comisionista. Fue una pantalla para desviar parte de los encargos extra que le hizo Quirón a partir de 2021 y defraudar supuestamente a Hacienda, porque no tenía medios para prestar esos servicios, según la Agencia Tributaria y la UCO.

Por ahora, los únicos imputados en la pieza de supuesta corrupción son González Amador y la esposa de Camino. Este último no ha declarado todavía. La investigación ha revelado que la pareja de Ayuso llegó a multiplicar por siete sus ingresos de Quirón tras iniciarse su relación.

En julio, el PSOE y Más Madrid pidieron que la UDEF analice “las vinculaciones societarias, económicas, comerciales o de cualquier índole con relevancia para la causa”, tras constatar que en 2020 y 2021, especialmente, “el investigado aumentó su facturación de forma llamativa y ello sucedió en paralelo a la firma de la compraventa de Círculo de Belleza y fundamentalmente por los contratos de intermediación y de prestación de servicios de las sociedades Quirón Prevención y otras”.

Masterman & Whitaker, la empresa vinculada al presunto soborno de Alberto González Amador al ejecutivo de Quirón Fernando Camino que está siendo investigado por un juzgado de Madrid, encadenó en 2025 dos ejercicios consecutivos sin ingresar un solo euro, en paralelo al lento desarrollo de la investigación judicial sobre esta firma. Las cuentas anuales que acaba de remitir al Registro Mercantil recogen que cerró el ejercicio sin facturación ni empleados, como en 2024. Sus pérdidas rozaron los 13.000 euros.

Masterman & Whitaker es la antigua Círculo Belleza SL, empresa de tratamientos de estética en León sin apenas valor por la que la pareja de Isabel Díaz Ayuso pagó a finales de 2020 medio millón a la farmacéutica Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, su principal pagador, y clave en el ascenso profesional de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El juzgado de instrucción 19 de Plaza de Castilla (Madrid) investiga esa extraña operación por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal o blanqueo de capitales por parte de González Amador y la esposa de Camino. Masterman tuvo también un papel relevante en los presuntos delitos fiscales del empresario y comisionista, como pantalla para desviar parte de los encargos extra que le hizo Quirón a partir de 2021 y defraudar supuestamente a Hacienda.

El juez Antonio Viejo autorizó en junio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar las cuentas de González Amador, del ejecutivo de Quirón y de la esposa de este, y advirtió de que las diligencias practicadas apuntaban de forma “indiciaria y provisional” a que la adquisición de Círculo Belleza SL pudo tener como verdadera finalidad “satisfacer una comisión” de González Amador a Camino.

Los cero euros de ventas que vuelve a presentar Masterman & Whitaker se suman a los resultados que acaba de remitir al Registro la principal empresa de consultoría sanitaria de la pareja de Díaz Ayuso, Maxwell Cremona, que en 2025 declaró pérdidas de algo más de 26.000 euros, a la espera del juicio contra su dueño por sus presuntos delitos fiscales, por ahora sin fecha señalada.

La facturación de las empresas de consultoría de González Amador supera así ya los 7,5 millones desde que trascendió su relación en 2021, y se aproxima a los 10 millones desde el pelotazo con mascarillas que dio en 2020, en lo peor de la pandemia, y que propició Fernando Camino. Unas cifras impensables hasta ese ejercicio.

La cifra de negocios de las empresas de González Amador, sin embargo, va a la baja. Ha pasado de 2,37 millones en 2023 (cuando todavía no había trascendido su escándalo fiscal) a 944.836 euros en 2024 y 709.738 euros en 2025. Con todo, su empresa Maxwell Cremona —cuyas cuentas de 2025 aseguran que se ha procedido al pago de otro dividendo de 1,225 millones “con cargo a reservas” para su dueño, aunque no está claro que se haya repartido— todavía factura el doble que en 2019. Ese año, anterior a los ejercicios por los que se le acusa de defraudar a Hacienda tras disparar sus ingresos con la pandemia, ingresó algo más de 350.000 euros.

El pasado ejercicio, el peor para sus empresas en los últimos años, González Amador ejecutó la compra del ático en Chamberí (el barrio donde creció Ayuso, una de las zonas más caras de Madrid), en el piso superior al que adquirió en julio de 2022, tras defraudar supuestamente más de 350.000 euros al fisco. Ese ático estaba a nombre de Babia Capital SL, empresa administrada por su fiscalista. González Amador pagaba un alquiler mensual de 5.000 euros con derecho a compra.

Ahora, ha puesto a la venta ambos inmuebles, y espera ingresar un total de 3,42 millones, coincidiendo con el escándalo del ático de ultralujo en Chamberí adquirido por el Gobierno de Ayuso con gran secretismo por 6,3 millones. Ese inmueble supuestamente iba a destinarse a “reuniones”, aunque no puede convertirse en oficinas, y tampoco puede ser una residencia oficial porque lo prohíbe la normativa municipal. El Ejecutivo madrileño ha anunciado que lo pone en venta al destaparse su existencia para “ayudar” en la reconstrucción tras la catástrofe de los incendios en la Sierra Oeste. El dinero no puede destinarlo directamente a ese fin. La fórmula para hacerlo es con el reparto de dividendos de la empresa pública que lo adquirió, Planifica Madrid, como confirmó públicamente el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. Un juzgado de Madrid se ha hecho cargo del caso tras la presentación de varias denuncias.

Escritura y lamentos

Según el Registro de la Propiedad, González Amador escrituró la compra de su ático el pasado 29 de octubre. “Me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”, declaró el 4 de noviembre en el Tribunal Supremo, en su alegato final en el juicio que acabó con el anterior fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por la filtración en 2024 de un correo electrónico en el que el abogado del empresario admitió ante la Fiscalía sus delitos fiscales.

En esa declaración González Amador se presentó como víctima de una operación del Estado contra él. Poco después, su empresa Maxwell Cremona cerró 2025 con una facturación casi un 25% inferior a la de 2024.

Por su parte, Masterman & Whitaker ha vuelto a quedarse a cero en 2025. La empresa dice dedicarse al “desarrollo de planes para sector farmacéutico, normas y regulaciones, así como comercialización y asesoramiento técnico de productos e insumos”, o a la “comercialización de sistemas y aplicaciones de telefarmacia, software de gestión de historia clínica, para la seguridad y salud laboral, control de infraestructuras, etc”.

Es la descripción que figura en la destartalada web de las consultoras de González Amador, definido hace tiempo por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como un “ejecutivo de empresa brillante”. En esa web, más propia de un sitio de Internet de finales de los 90 que de 2026, no hay una dirección, mail ni teléfono de contacto. Estuvo en blanco hasta que en octubre de 2024 (cuando ya habían salido a la luz sus supuestos delitos fiscales) se actualizó con la escueta información que muestra.

Cuando la compró González Amador, Círculo Belleza no facturaba ni 30.000 euros. Su activo se limitaba a un ordenador portátil amortizado en 2013 y tres aparatos de depilación y remodelación corporal, también amortizados. El medio millón que pagó por ella González Amador contrasta con los 16.000 euros que abonó tres meses antes Gloria Carrasco por el 40% que hasta entonces tenían su marido y su hermano.

“Nos hacía de enlace”

González Amador justificó ante la Agencia Tributaria el sobreprecio en el supuesto acceso privilegiado a la red de farmacias de Círculo Belleza SL en que le iba a permitir implantar un proyecto de “covid seguro”. Durante la inspección, expuso que esta firma tan valiosa que ahora no factura nada “hacía de enlace con las farmacias para implantar el Covid Seguro. Además, esta empresa tiene un contrato con MAPE”, la empresa gallega que propició el pelotazo de 2 millones con mascarillas que dio en 2020 y de la que fue consejero Fernando Camino hasta su venta en 2025.

“Se pagó este importe por los acuerdos que tenía Círculo Belleza SL con estas empresas, dado que en ese momento resultaban muy atractivos”, aseguró a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) González Amador, que tras adquirirla y cambiarle el nombre por el de Masterman & Whitaker Medical Supplies And Health Process Engineering SL, la usó como “mera sociedad interpuesta”, según Hacienda, para canalizar de forma “ficticia” los encargos extra que recibía de Quirón.

La UCO advirtió de que esta empresa facturó a Quirón por trabajos que le era imposible hacer, ya que “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” al gigante sanitario.

Por ahora han declarado en este caso como investigados González Amador y Gloria Carrasco. Los tiempos del actual juez prometen que Camino no lo haga hasta dentro de meses. La UCO refleja que Círculo Belleza declaraba ya en 2014 “cobros únicamente de MAPE” y “pagos por compras” a Massias Kuhn, antecesora de Maxwell Cremona. Las relaciones que apunta las prohíbe el código ético de Quirón.

En el marco de las diligencias previas de esta pieza, han aflorado sendas inspecciones de la AEAT a Fernando Camino y a su esposa, adicionales a las abiertas a Quirón Prevención y a Helios Healthcare Spain SL, cabecera de los negocios de Fresenius en España.

La UCO ha pedido “ampliar el periodo de análisis” de las relaciones comerciales entre González Amador y Carrasco hasta 2014. Y elaboró un mapa de relaciones entre ambos que incluía también a Camino, a Quirón Prevención, a Círculo Belleza, a Mape Asesores y a Maxwell Cremona. Ese mapa de la UCO omitía por ejemplo otra sociedad que vincula al comisionista y su jefe, Inversiones Random SL, que fue constituida en mayo de 2005 por el directivo de Quirón y liquidada este año. La pareja de Ayuso pactó pagarle 2.000 euros anuales nada más crear Maxwell Cremona en 2017 por ponerle publicidad en un velero de su propiedad.

Además, en enero de 2019, Maxwell Cremona y Círculo Belleza SL firmaron un contrato por el que, mientras González Amador realizaba auditorías de los hospitales de Quirón que le encargaba Fernando Camino, su empresa recibiría “asesoramiento” de esa compañía. Tras comprar esa empresa, la pareja de Ayuso pagó al menos 6.500 euros por el renting de un BMW a nombre de la esposa de su jefe en Quirón.

Maxwell Cremona, la consultora sanitaria de Alberto González Amador, declaró unas pérdidas contables de 26.236 euros en 2025, a la espera del juicio por los presuntos delitos fiscales por los que está procesado el empresario y comisionista, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y para el que todavía no hay fecha de celebración.

La compañía, de la que González Amador es propietario y administrador único, declaró el pasado ejercicio una facturación de 709.738 euros y entró en números rojos, tras presentar un beneficio de 93.678,73 euros en 2024.

Las cuentas que acaba de remitir Maxwell Cremona al Registro Mercantil reflejan que su activo, que llegó a superar los 2,2 millones en 2023, sufrió otra drástica bajada en 2025. Pasó de 563.412,51 euros a 240.490,12 euros. También recogen el pago de un dividendo “con cargo a reservas por importe de 1.225.000,00 euros”. Ese mismo importe figuraba en las cuentas del ejercicio 2024, cuando la empresa pagó su primer dividendo.

En total, serían 2,45 millones para su propietario en solo dos años por esa vía. Aunque también podría tratarse de un error en las cuentas, ya que las reservas de la empresa se situaron en 596.500 euros, que equivale a la suma de las que tenía a cierre de 2024 (499.904) más los beneficios de ese ejercicio.

Fue el año pasado cuando González Amador ejecutó la compra del ático en Chamberí (el barrio donde creció Ayuso, una de las zonas más caras de Madrid), en el piso superior a la vivienda de lujo que adquirió en julio de 2022, tras sus delitos fiscales. Ese ático estaba a nombre de Babia Capital SL, empresa administrada por su fiscalista, a la que pagaba un alquiler mensual de 5.000 euros.

Ahora, el empresario ha puesto a la venta ambos inmuebles, por lo que espera ingresar un total de 3,42 millones. Los pisos han salido a la venta coincidiendo con el escándalo del ático de lujo (también en Chamberí) adquirido por el Gobierno de Ayuso con gran secretismo por 6,3 millones. Ese inmueble iba a destinarse a “reuniones”, según la primera explicación oficial, aunque no se puede convertir en oficinas y tampoco puede destinarse a residencia oficial porque lo prohíbe la normativa urbanística del Ayuntamiento de Madrid.

El ejecutivo madrileño ha puesto a la venta esa propiedad al destaparse su existencia para “ayudar” en la reconstrucción tras la catástrofe de los incendios en la Sierra Oeste, aunque el dinero que obtenga no puede destinarlo directamente a ese fin. El PSOE va a llevar esta operación a la Fiscalía.

Según el Registro de la Propiedad, González Amador escrituró la compra del ático que adquirió a Babia Capital el pasado 29 de octubre. “Me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”, declaró el 4 de noviembre en el Tribunal Supremo, en su alegato final en el juicio que acabó con el anterior fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por la filtración en 2024 de un correo electrónico en el que el abogado del empresario admitió ante la Fiscalía sus delitos fiscales. En esa declaración, González Amador se presentó como víctima de una operación del Estado contra él.

Unas semanas después, su empresa cerró el ejercicio con una facturación casi un 25% inferior a la de 2024. No obstante, esos casi 710.000 euros duplican los poco más de 350.000 euros que ingresó la empresa en 2019, antes de empezar a disparar su cifra de negocios con la pandemia y de defraudar presuntamente al Fisco más de 350.000 euros en los ejercicios 2020 y 2021 mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Desde que trascendió su relación con Ayuso en 2021, cuando fue presentado en la prensa rosa como “técnico sanitario”, González Amador ha facturado casi seis millones solo con Maxwell Cremona.

Un año más, las cuentas de esta empresa, una pyme con un capital de apenas 3.000 euros, no mencionan su litigio con Hacienda, pese a que la normativa contable obliga a las empresas a informar de las “contingencias de carácter fiscal” que tengan abiertas. Tampoco hay detalles del origen de los ingresos de la empresa, cuyo principal cliente desde su creación es el gigante sanitario Quirón, y en concreto su filial Quirón Prevención.

En junio, un informe de Hacienda incorporado a la otra causa que tiene abierta el empresario, por el supuesto reparto de una comisión al primer ejecutivo de Quirón Prevención, Fernando Camino, en el marco de una operación de venta de mascarillas en 2020, reveló que González Amador facturó 4,4 millones al gigante de la sanidad privada solo entre 2021 y 2023.

Tras iniciar su relación con Ayuso, el empresario y comisionista llegó a multiplicar por siete sus ingresos de la filial del grupo alemán Fresenius. Quirón es la principal beneficiaria de las privatizaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid, que le paga unos 1.000 millones al año gracias a sus conciertos con la Administración regional.

La plantilla de Maxwell Cremona se mantuvo estable en 2025, con cinco empleados, después de que en 2024, tras trascender su escándalo de fraude fiscal, recortase sus ventas a la mitad, hasta algo menos de un millón, y contratase por primera vez personal. Hasta ahora, no había presentado números rojos con excepción de un quebranto de 101.489 euros que declaró a toro pasado para el ejercicio 2022 al presentar sus cuentas de 2023.

Esa maniobra contable hizo que el beneficio récord que había declarado inicialmente en 2022, casi 1,9 millones, se convirtiera un año después en pérdidas, tras intentar regularizar González Amador su fraude fuera de plazo, y cuando ya estaba muy avanzada la inspección de Hacienda que derivó en la denuncia de la Fiscalía contra él a principios de 2024.

Juicio sin fecha

El juicio por este caso todavía no tiene fecha. Hace unas semanas, el Juzgado de lo Penal 19 de Madrid, al que ha correspondido el caso del empresario, advirtió de que el señalamiento de la vista se realizará “considerando la sobrecarga y circunstancias que pesan sobre el juzgado y cuando razones de agenda lo permitan”. La situación de los tribunales de lo penal de Madrid ya apuntaba a que el juicio no se celebraría nunca antes de 2027, siete años después de iniciarse los presuntos delitos fiscales.

La Audiencia Provincial de Madrid avaló en noviembre de 2025 la decisión del juzgado de enviar a González Amador al banquillo. Solo un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, podría evitar la celebración del juicio, que no una condena con pena de cárcel, que se conocería en la fecha señalada para la vista.

González Amador ha defraudado una cantidad inferior a los 600.000 euros y la ley establece que debe ser un Juzgado de lo Penal –con un tribunal formado por un solo juez– y no la Audiencia Provincial –tribunal de tres– quien celebre la vista. La carga de trabajo de los juzgados de lo penal de Madrid es sensiblemente superior a la Audiencia Provincial.

Los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden 3 años y 9 meses de cárcel para el empresario y comisionista, y el de la acusación popular, que solicita 5 años, se presentaron en junio. González Amador nunca ha declarado por el doble fraude fiscal y la falsificación de documentos, alegando en varias ocasiones compromisos laborales con Quirón.

Mientras este caso está abocado al juicio, continúa la instrucción de la pieza separada por el presunto soborno de la pareja de Ayuso al directivo de Quirón Fernando Camino. Ambos habrían acordado en secreto repartirse una comisión de dos millones de euros en mascarillas y encubrirla con la compra fraudulenta de una empresa de la mujer de Camino por medio millón pese a no tener apenas valor. Tras eso, González Amador multiplicó los ingresos que recibía del gigante de la sanidad privada.

El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, considera que hechos tales como la querella del artista español Julio Iglesias contra el director de elDiario.es, Ignacio Esolar; y la que ha anunciado Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, contra el director editorial de infolibre.es, Jesús Maraña, son un intento de amedrentar a los citados profesionales para que no informen sobre ellos, o lo que es igual, no pretenden aclarar informaciones que consideren erróneas o perjudiciales sino atemorizar o infundir cierto miedo.

Lo ha escrito Yanel en un artículo publicado en un digital de Casilla la Mancha, titulado Contra el periodismo y contra el derecho a la información:

“Cuando un personaje millonario, o poderoso por otros motivos, se querella contra unos periodistas porque no le gusta algo que han publicado o han dicho, o porque lo consideran inexacto y perjudicial para él, no lo hace para aclarar los hechos. No. Si quisiera corregir lo erróneo de una información, les enviaría un escrito de rectificación, acogiéndose a la Ley Orgánica 2/1984, que regula ese derecho. Pero si interpone una querella y solicita penas de cárcel para los informadores, su objetivo está claro: amedrentar a esos profesionales para que no informen sobre él”.

Ese es el camino emprendido por el cantante y por el novio de la presidenta madrileña que se querellará, según ha anunciado, contra Maraña, si no rectifica unas afirmaciones que hizo en TVE. El director de infolibre.es, en su opinión, aprecia una doble vara de medir por parte de la Justicia y la diferente velocidad en la que son tramitados los asuntos en sede judicial, dependiendo de quién sea la persona acusada.

A la vista de los argumentos de las partes y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la prevalencia del derecho a la información frente a otros, el criterio principal es que cuando el periodista recaba información que es de interés general con la diligencia profesional exigible, como parece ser que han hecho en elDiario.es, se puede presumir -a la espera de la decisión de sus señorías- ninguno de los dos casos concluirá favorablemente para sus promotores en los juzgados.

Por eso, la FeSP ha sostenido públicamente que las acciones legales afrontadas ranto por Julio Iglesias como por González Amador representan un ataque al periodismo y al derecho a la información. “Los periodistas deben rectificar cuando se equivocan pero no se les puede pedir que dejen de informar sobre un asunto de interés general”, consigna Agustín Yanel en su análisis.

A primera vista, se trata de dos claros de las conocidas como ‘demandas estratégicas’ contra la participación pública. Claro, que la normativa de aplicación parece gustar poco, como lo prueba que, por un lado, el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios debería estar incorporada a la legislación española desde el 7 de mayo del presente año pero ni, por otro, tal reglamento ni otra directiva relacionada, también de rango comunitario, básicos para defender el derecho a la información, se están valorando y teniendo en cuenta tal inhibición, por llamarla de alguna manera, no es de extrañar que las previsiones explicitadas sean pura ilusión.

De los argumentos que utilizó hace una semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para defender la compra de un ático de lujo en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid ya queda muy poco. Si en aquel momento justificó que era necesario para llevar a cabo “reuniones” durante las obras en la sede del Ejecutivo en la Puerta del Sol, ahora ha pasado a defender la pertinencia de venderlo y asegurar que “no se entendería” que el dinero se dedicara a otra cosa que no sea la reconstrucción tras los incendios.

“Lo mejor desde el primer minuto es venderlo”

29 de julio. La dirigente madrileña defendió la compra del inmueble para la mudanza temporal por una “reforma integral” de la sede de la Puerta del Sol por “daños estructurales”. “Buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones me parece que es lo suyo”, insistió, y enmarcó la polémica en la existencia de una campaña de “desprestigio” de los medios de comunicación en su contra.

“Están a ver si se me echa la gente encima en un momento en el que la gente ha perdido sus casas. Se ha obrado de mala fe”. Un día después, el ejecutivo autonómico anunció su decisión de volver a vender el inmueble, adquirido en abril, para que el dinero de esa potencial operación se dedicase a la reconstrucción de las zonas afectadas por la oleada de incendios.

5 de agosto. Hoy, en cambio, Ayuso ha defendido que desde su gobierno cada vez hay menos “gasto público y menos organismos” y “todo aquello que ahora mismo no es necesario se pone a la venta”. “En este caso, creo que lo mejor es desde el primer minuto dejarlo ahí, venderlo y aprovechar tanto ese recurso como el de los inmuebles de Gran Vía [otra propiedad de Planifica Madrid a la venta] para destinarlo en este momento a una necesidad como es esta. Creo que no se entendería que se gastara o se empleara en otra cuestión. Ese es el motivo por el que tomamos esa decisión”, ha argumentado ahora.

Lo que no ha aclarado es dónde trabajarán finalmente, dado que las obras en la sede de la Presidencia comienzan, según la baronesa del PP, en otoño. Tampoco se ha referido a las dificultades de Planifica Madrid para enajenar el inmueble mucho más grande que tienen en la Gran Vía, a diez minutos a pie de la Puerta del Sol.

Sí ha mencionado, de forma velada, la venta de la vivienda en la que convive con su pareja, Alberto González Amador, por más del doble del precio por el que lo compró en 2022, cuando ya mantenía una relación con la dirigente madrileña. “Entiendo que se hilen puntos porque se han dado dos circunstancias a la vez y suena muy bien para intentar hacer daño (...) Sería muy poco inteligente que, a estas alturas de mi vida política, en la Comunidad de Madrid me buscaran una casa de la que además no me puedo esconder”.

Una semana después, no sabe nada de la compra

En la semana que ha pasado entre su primera comparecencia y la de este miércoles, Ayuso no ha podido recabar más datos de la compra que, según han publicado El País y La Sexta, supuso el pago de 6,3 millones.

29 de julio. Hace siete días se quejó de que no se contase “todo lo que se ha vendido” por parte de Planifica Madrid “para comprar este u otros inmuebles”. “Me consta que ha habido venta de otros muchos”, dijo. También defendió que no le “compete” a ella dar las explicaciones por el uso de las oficinas y la compra de un ático porque no era una vivienda para uso personal: “Yo no cuento lo que compra o vende Planifica Madrid”.

5 de agosto. “No tengo la menor idea porque no es mi competencia”. En los siete días de goteo constante de nuevos detalles de la operación en los medios de comunicación, la presidenta de Madrid no se ha interesado la letra pequeña de la compra. O, al menos, eso es lo que ha dicho hoy públicamente: “Les tengo que remitir a la Consejería de Presidencia porque es quien tiene no solo la información detallada, sino los canales de comunicación a tal efecto”.

La empresa pública que adquirió el inmueble, Planifica Madrid, depende de Presidencia, pero desde este organismo no ofrecen el expediente de la compra. Ayuso tampoco ha aclarado tampoco por qué se adquirió un inmueble que solo tiene licencia para uso residencial.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaparecido este domingo tras varios días de silencio después de la polémica suscitada por la compra (luego rectificada) de un ático en Chamberí por parte de su gobierno. En la rueda de prensa ha hablado sobre la gestión de los incendios que asolaron la región y de un supuesto intento de Marruecos para “quitar” Ceuta y Melilla a España, pero no ha dado ninguna justificación de la compra del inmueble que, según la explicación oficial, iba a dedicarse a oficinas durante unas supuestas obras en la Puerta del Sol.

La única pregunta al respecto que le han hecho es si tiene previsto comparecer para dar más información o enseñar el expediente. “Está en venta este inmueble y hemos puesto otros cuatro que están en Gran Vía. Con esos 22 millones vamos a reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste”, es todo lo que ha respondido.

Cree que hay planes para invadir Ceuta “y ya veremos qué más”

Ayuso se ha explayado más sobre la situación de Ceuta, en la que ve una “prueba” de Marruecos “para la siguiente”. “Eso no se ha arreglado ni muchísimo menos (...) Están pasando miedo, están pasando situaciones inéditas. Es el abandono total. Me temo que es una prueba de Marruecos para la siguiente. No sé si podemos contar con ayuda exterior, nos hemos enemistado con todos los países occidentales que tienen pulso”, ha respondido. “Es evidente que va a ir a más. Es una prueba para la siguiente. El presidente le da las gracias a Marruecos, ¿por qué? Es lo que nos faltaba”.

La presidenta madrileña ha criticado que el Gobierno quiera vender “la normalidad”, algo que ha tildado de “mentira” y ha aludido a “cómo lo estarán pasando” los efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y los residentes en la ciudad autónoma mientras hay “decenas de miles de personas” que siguen “deambulando todavía por las calles”.

“Ceuta es España. No podemos permitir que planes a medio y largo plazo la invadan para siempre. Está en esos planes que Ceuta, Melilla y ya veremos qué más... van a intentar quitárnoslos”, ha rematado.

Un inmueble con cinco dormitorios

La compra del inmueble de casi 500 metros cuadrados y con una amplia terraza se produjo el pasado mes de abril, según avanzaba El País al desvelar la noticia. Horas después, la presidenta regional reconocía esta adquisición y la justificaba asegurando que el lugar iba a ser utilizado para “reuniones institucionales”, una actividad imposible porque ese edificio no admite en sus plantas altas tales usos, distintos a los residenciales. Ayuso no desvelaba entonces ni cuánto había costado ni por qué se había elegido esa ubicación, muy cercana al domicilio de su familia, en el barrio donde creció.

La Sexta ha dado detalles del anuncio publicado en el portal de una inmobiliaria. Según esa información, el valor inicial del inmueble ascendía a 6,6 millones de euros. La vivienda tiene una amplia terraza descrita como una de las más “singulares” de Madrid, un recibidor de grandes dimensiones y cinco dormitorios con baño en su interior.

El empresario y comisionista Alberto González Amador ha sacado a la venta el ático de lujo que ha compartido en los últimos años con su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según publicó este viernes El País. El inmueble, ubicado en el acomodado distrito madrileño de Chamberí y que se vende por 1,63 millones de euros, se ubica justo encima del piso en el que residen González Amador y Díaz Ayuso, que el primero también ha puesto a la venta por un montante de 1,79 millones de euros. En total, el empresario y comisionista pide 3,42 millones por ambas propiedades. Las publicaciones han sido retiradas, sin que haya constancia de que sus ventas avancen, este martes 4 de agosto.

El ático, anunciado en el conocido portal Idealista a través de la inmobiliaria Gilmar, tiene una superficie total de 206 metros cuadrados, distribuidos en cuatro dormitorios y una terraza de unos 30 metros cuadrados. La sociedad que administra el abogado de González Amador lo adquirió en 2022, tan solo dos días después de que el empresario y comisionista comprara el piso de debajo por 850.000 euros, menos de la mitad del importe por el que ahora lo vende. La pareja de Ayuso acabó comprando también el ático en 2025, tras pagar un alquiler con derecho a compra de 5.000 euros al mes.

El novio de Ayuso realizó la compra del piso situado debajo del ático que ahora también vende tras cobrar una comisión de dos millones por la intermediación en la compraventa de mascarillas en plena pandemia y presentar declaraciones fiscales que fueron revisadas por la inspección de la Agencia Tributaria. A González Amador se le acusa, en concreto, de defraudar más de 350.000 euros a Hacienda en los ejercicios 2020 y 2021 mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla por la que está pendiente de juicio y que destapó elDiario.es.

González Amador cometió ese presunto fraude fiscal tras disparar sus ingresos por dos vías: gracias a los encargos extra que le hizo el grupo Quirón a partir de 2021 y a una operación de venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, en 2020, que facilitó un directivo del gigante de la sanidad privada, transacción por la que está siendo investigado por presunta corrupción en los negocios y administración desleal.

La puesta en el mercado tanto de este inmueble como del piso que se encuentra en la planta inmediatamente inferior se conocen apenas un día después de que la Comunidad de Madrid se viera obligada a anunciar que venderá otro ático de lujo que adquirió en Chamberí a través de la empresa pública Planifica Madrid. Inicialmente, el Gobierno regional justificó esa compra segurando que se iba a destinar a albergar una oficina para Ayuso mientras se llevaban a cabo unas supuestas obras en la Puerta del Sol, sede habitual de la Presidencia madrileña.

El empresario y comisionista Alberto González Amador ha puesto a la venta uno de los dos pisos de lujo en los que vive con su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según ha adelantado El Plural y ha confirmado elDiario.es a través de un portavoz del Gobierno regional, la vivienda está en venta a través de una conocida inmobiliaria por 1.790.000 euros, es decir, por más del doble del precio por el que lo compró en 2022, cuando ya mantenía una relación con la dirigente madrileña. Según las imágenes difundidas por el citado medio, en la vivienda se pueden observar algunas fotos en las que aparecen tanto Ayuso como González Amador.

El novio de Ayuso realizó la compra tras cobrar una comisión de dos millones por la intermediación en la compraventa de mascarillas en plena pandemia y presentar declaraciones fiscales que fueron revisadas por la inspección de la Agencia Tributaria. A González Amador se le acusa, en concreto, de defraudar más de 350.000 euros a Hacienda en los ejercicios 2020 y 2021 mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla por la que está pendiente de juicio y que destapó elDiario.es.

González Amador cometió ese presunto fraude fiscal tras disparar sus ingresos por dos vías: gracias a los encargos extra que le hizo el grupo Quirón a partir de 2021 y a una operación de venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, en 2020, que facilitó un directivo del gigante de la sanidad privada, transacción por la que está siendo investigado por presunta corrupción en los negocios y administración desleal.

El piso fue escriturado en julio de 2022, al mes siguiente de que la presidenta declarara que le hacía ilusión comprarse una vivienda. Hacía más de un año que se conocía su relación con el empresario, al que las revistas llamaban “técnico sanitario”, si bien no está claro cuándo empezaron a salir. La vivienda está tasada a efectos hipotecarios en 837.893 euros. “No es un piso de un millón”, dijo Ayuso sobre la vivienda. Ahora se vende por 1.790.000 euros.

De acuerdo con los datos del Catastro, la casa tiene 186 metros cuadrados y otros 25 de zonas comunes. Cuando lo adquirió, González Amador venía de una buena racha en los negocios. En 2020 ganó casi dos millones de euros por poner en contacto a dos empresas españolas para la compra-venta de mascarillas en pandemia. En ese ejercicio y en el siguiente habría defraudado a la Hacienda Pública 350.951 euros.

La inscripción en el Registro de la Propiedad llegó muchos meses después de la escrituración del piso, tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023 en las que Ayuso arrasó. El inmueble no se inscribió hasta julio de ese año. Y solo dos días después, se adquirió el ático a nombre de la sociedad que administra el abogado de González Amador y del que también disfruta la pareja. El comisionista acabó adquiriendo ese inmueble en 2025, tras pagar un alquiler con derecho a compra de 5.000 euros al mes.

La noticia sobre la puesta en venta del piso del novio de Ayuso llega en plena polémica por la compra de un ático de lujo por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La adquisición se conoció el martes y, dos días después, este jueves, el Ejecutivo regional ha anunciado que también lo ha puesto en venta, junto con otros cuatro inmuebles, con la idea de obtener unos ingresos de 20 millones de euros que, según han dicho, irán destinados a la reconstrucción de las localidades afectadas por los recientes incendios.

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Un piso en Chamberí que heredó de su padre en 2011, cuando él todavía estaba vivo y acababa de contraer una deuda con la Comunidad de Madrid por la que se arriesgaba a un posible embargo. Los dos inmuebles de lujo comprados en ese elitista barrio de la capital por su pareja, el comisionista Alberto González Amador, tras sus presuntos delitos fiscales. Y, ahora, un ático de 485 metros cuadrados en ese mismo distrito que la Comunidad de Madrid ha comprado como oficina de uso temporal para todavía no se sabe quién hasta que terminen unas obras en la sede de la Presidencia en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol.

Un día después de conocerse esta operación, la Comunidad de Madrid ha anunciado que venderá el inmueble, junto a otros activos en manos del Ejecutivo autonómico. La justificación que da para poner a la venta este ático tres meses después de su adquisición es que se destinará el dinero a la reconstrucción tras los incendios.

Este es solo uno de los episodios que protagonizan las polémicas inmobiliarias que han acompañado en los últimos años a Isabel Díaz Ayuso. La última operación controvertida la destapó este miércoles El País. Pese a tener decenas de inmuebles para ese fin, el Gobierno madrileño ha comprado un enorme ático de lujo en Chamberí, con 200 metros de terraza, junto a un edificio de grandes dimensiones que ocupa la dirección general de Tributos de la Consejería de Hacienda, para que lo use Ayuso “con un mínimo equipo” durante “la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos comenzarán en agosto”, según explicó a El País un portavoz del Gobierno regional. Luego Ayuso matizó el anuncio porque todavía no está claro quién se trasladará al ático.

El valor de mercado de ese piso es de varios millones de euros. En esa zona, una de las más caras y exclusivas de la capital, el metro cuadrado ronda los 9.000 euros, según el portal Idealista.

“No es mi casa, no es para mí, y yo no me he comprado nada”, ha asegurado Ayuso en una comparecencia este miércoles, en la que ha afirmado que el ático se va a destinar a “oficinas provisionales” y ha cargado contra lo que considera una “campaña de desprestigio” en medio de la emergencia por los incendios de la última semana, y después de que el ministro Óscar López, líder de los socialistas madrileños, pidiera explicaciones sobre esta operación: “Primero chalet en Rascafría. Ahora un ático en Chamberí. Millones de euros de todos los madrileños. Para uso y disfrute de la señora Ayuso. Hoy mismo deben explicar cómo, cuánto, por qué y para qué”, ha escrito en X.

“Esto es un capricho de Ayuso, que tiene obsesión con los áticos de lujo en Chamberí, pero muy poca afición a pagárselos de su bolsillo”, ha dicho por su parte en declaraciones enviadas a la prensa Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid en el ayuntamiento.

La compra de ese ático, cuyo importe no ha aclarado la Comunidad de Madrid, la ha gestionado Planifica Madrid, empresa pública que comercializa suelo público y gestiona las oficinas del Gobierno regional. De la operación no hay rastro por ahora en el apartado de “Transparencia” de esta entidad que dirige el consejero de Presidencia, Miguel Ángel Martín. Tras destaparse la operación, y antes de la comparecencia de Ayuso, el Gobierno madrileño aseguró que no es seguro que ese piso se destine a oficinas y que la decisión se tomará “cuando remodelen el inmueble” y vean “cómo quedan las oficinas”.

La compra, según El País, se escrituró el pasado 14 de abril, la víspera de que elDiario.es revelase que Ayuso había utilizado a su jefe de despacho en Presidencia para negociar la compra de un nuevo piso de 850.000 euros y 100 metros cuadrados en Chamberí que llegó a visitar junto a González Amador entre diciembre y enero de este año.

La nueva “oficina” de Ayuso o de otros equipos de la Comunidad de Madrid en ese privilegiado barrio de la capital está ubicada muy cerca del único inmueble que ha tenido a su nombre en los últimos años la presidenta madrileña, según el Registro de la Propiedad.

Caso Avalmadrid

Se trata del piso que le donaron en octubre de 2011 sus padres (él, ya enfermo, falleció en 2014). Entonces una Ayuso desconocida acababa de ser designada diputada regional. La operación se realizó meses después de que, en marzo de 2011, una entidad participada por el Gobierno madrileño concediera un polémico préstamo de 400.000 euros (a la postre impagado) a una empresa de suministro de material sanitario participada por la familia Díaz Ayuso, MC Infortecnica SL, que atravesaba graves dificultades económicas (dejó de pagar las nóminas a sus empleados tres meses después de recibir el préstamo).

En el reparto de bienes que quedarían fuera de un posible embargo en caso de que ese préstamo se impagara (como finalmente sucedió: en abril de 2012, MC Infortécnica incumplió los plazos de pago de las primeras cuotas), a la actual presidenta madrileña le tocó ese piso en Chamberí. A su hermano Tomás le correspondió una finca en Sotillo de la Adrada (Ávila), uno de los municipios golpeados por la que ya es la mayor catástrofe medioambiental por incendios forestales de la historia de España. El préstamo, del que no se recuperó ni un euro, lo concedió la entidad semipública Avalmadrid, la misma que, según ha anunciado Ayuso esta semana, va a canalizar una línea especial de avales para empresas y autónomos afectados por los incendios en la Sierra Oeste de Madrid.

Aquella donación en vida fue el conocido como 'caso Avalmadrid'. La oposición regional denunció un presunto alzamiento de bienes (vender patrimonio para no pagar deudas), pero las denuncias fueron archivadas y el Tribunal Supremo rechazó investigar a Ayuso al no encontrar indicios de delito. En ese piso, cuyo valor de mercado supera los 600.000 euros, vive en la actualidad la madre de la presidenta madrileña.

Ayuso tuvo que dar explicaciones hace un año por el uso particular de un chalé en el municipio serrano de Rascafría, junto al monasterio de El Paular, ubicado en una finca que la Comunidad de Madrid adquirió en 2023, en plena ampliación del Parque del Guadarrama, por 4,3 millones de euros.

Definido como “muy austero” por el PP, cuenta con suite, dos plantas y piscina. “He estado dos días en una casa de la que ahora vamos a dar explicaciones el consejero y yo. Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán, con mis medios”, defendió entonces la presidenta madrileña.

“Estoy harta de pagar el alquiler y me hace ilusión comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado el precio de la vivienda”, lamentaba Ayuso en una entrevista en El Mundo publicada en junio de 2022, semanas antes de que González Amador, el empresario presentado como “técnico sanitario” cuando fue presentado como su pareja en 2021 en la prensa rosa, comprara por 850.000 euros el primero de los dos pisos que tiene a su nombre en Chamberí.

El comisionista adquirió ese inmueble tras defraudar más de 350.000 euros a Hacienda en los ejercicios 2020 y 2021 mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla por la que está pendiente de juicio y que destapó elDiario.es. Amador cometió ese presunto fraude fiscal tras disparar sus ingresos por dos vías: gracias a los encargos extra que le hizo el grupo Quirón a partir de 2021 y a una operación de venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, en 2020, que propició un directivo del gigante de la sanidad privada, transacción por la que está siendo investigado por presunta corrupción en los negocios.

A ese piso de lujo en Chamberí, González Amador sumó otro en la planta inmediatamente superior (un ático) que, como reveló este medio, inicialmente (en julio de 2023) adquirió una empresa a nombre del fiscalista que le representó durante la inspección que le abrió la Agencia Tributaria y que derivó en la denuncia que le va a llevar al banquillo. El comisionista acabó adquiriendo ese inmueble a finales del año pasado, tras pagar un alquiler con derecho a compra de 5.000 euros mensuales.

Fue en lo peor de la pandemia, mayo de 2020, cuando salió a la luz que Ayuso había trasladado su vivienda y su oficina a sendos apartamentos de lujo de Be Mate, propiedad entonces del empresario hotelero Kike Sarasola, que la presidenta madrileña eligió para confinarse y gestionar la crisis sanitaria tras dar positivo en Covid-19 en los primeros días de la crisis sanitaria. La presidenta tardó cuatro años en desvelar la factura que pagó por su estancia en esos dos apartamentos, uno para dormir y otro para trabajar: 5.680 euros por 69 días, a 82 euros por noche.

El día que elDiario.es contó la denuncia por el fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid compareció ante los periodistas para defenderse. Lo hizo con mentiras y ataques al medio de comunicación que publicó esa información. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, amenazó antes con “triturar” a elDiario.es, mientras Ayuso mentía después entre titubeos contando que era la Agencia Tributaria quien debía dinero a su pareja, “600.000 euros” llegó a decir. De paso, la dirigente popular deslizó la idea de que aquel asunto era fruto de una cacería organizada por inspectores de Hacienda y fiscales contra su pareja, el comisionista Alberto González Amador, procesado por un doble fraude fiscal e imputado por un delito de corrupción en los negocios y administración desleal. Con los beneficios del pelotazo de dos millones de euros logrado por la intermediación en una compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia, González Amador compró un piso y alquiló el ático superior para vivir allí con su pareja. Desde que estalló el escándalo, Ayuso no ha dejado nunca de defender a su novio utilizando para ello un variopinto catálogo de desinformación, mentiras y ataques a los pocos medios que informaban del supuesto fraude fiscal de González Amador.

Fiel a su estilo, Ayuso respondió con más ataques a la prensa y mucha desinformación frente a una noticia de El País sobre la adquisición con dinero público de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo destinado a uso temporal de la presidenta y de un equipo mínimo de colaboradores, obligados al traslado por unas obras en el edificio de la Puerta del Sol.

“Lamento tener que defenderme de pretendidas campañas de desprestigio. Se ha hecho de mala fe, tanto en la forma como en el momento en que se hizo”. Ayuso acusó en falso a El País de montar una campaña de desprestigio a su persona por la información publicada sobre el ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid. “Es lo que se ha buscado por el día y por la forma en la que se cuenta”, declaró. El País publicó la información una vez que la contrastó con el propio Gobierno de Ayuso, pese a que la adquisición del inmueble con el dinero público de los presupuestos de la Comunidad de Madrid se hizo hace tres meses sin que el Ejecutivo regional informara sobre ese gasto. “Cuando la gente ha perdido sus casas, resulta que a mí me compran un inmueble”, declaró ayer Ayuso. La información nunca hablaba de un inmueble comprado para la presidenta madrileña, sino para uso temporal como oficina de Ayuso y un “equipo mínimo” de colaboradores ante las obras que iban a comenzar en el edificio de la Puerta del Sol, que fue la explicación dada por un portavoz de su propio Gobierno.

“No sé si me quedaré en Presidencia o en Transportes, no sé quién irá allí. Tenemos que hacer una reforma integral que no se hacía en décadas”. “Vamos a llevar a cabo una reforma integral del edificio: empezamos por esta sala, seguimos con la planta de la Real Casa de Correos y ahora vamos a remodelar por completo la segunda planta. Hacía décadas que no se realizaba ninguna reforma, por lo que ahora existen daños estructurales que obligan a empezar de cero en muchos aspectos: climatización, aislamiento térmico y otras muchas cuestiones”. La mayor reforma de la Real Casa de Correos se hizo entre enero de 1996 y febrero de 1998, cuando se renovaron en profundidad tanto su interior como parte de la arquitectura original exterior. La reapertura de Real Casa de Correos se hizo en un acto solemne al que asistieron rey Juan Carlos y la reina Sofía. Alberto Ruiz-Gallardón, entonces presidente autonómico, tuvo que abandonar temporalmente el edificio pero no adquirió para ello ningún ático de lujo, sino que utilizó las dependencias de una entidad pública autonómica, IMADE, en la llamada Casa Rosada de la calle de Miguel Ángel. En 2017, el Gobierno regional encargó más obras de rehabilitación en la fachada que concluyeron un año después.

Después de que su propio equipo informarse de que el ático de lujo se utilizaría como oficina temporal de la presidenta con un equipo mínimo, Ayuso lo desmintió ayer: “También les digo que no sé cómo nos organizaremos. No sé si seguiré en... Prepárese, consejero, porque no sé si me quedaré en la presidencia o pasaré a la Consejería de Transportes —que es un área enorme—; no sé quién irá allí.

¿Puede utilizarse un edificio residencial como oficinas? “La agencia que planifica Madrid compra, alquila y también vende inmuebles”. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid define el inmueble donde se sitúa el ático comprado por la Comunidad de Madrid como de uso residencial y por tanto impide el uso del mismo como oficinas. Cuando le preguntaron a Ayuso por esta dificultad, la presidenta no contestó. Se limitó a explicar que existe una agencia pública que compra, alquila y vende inmuebles. “Esto se reorganiza el patrimonio constantemente a lo largo del año y también me consta que ha habido venta de otros muchos (...) Sobre la cuestión, no depende de mí porque yo no realizo la operación personalmente; no es para mí. No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me han comprado nada (...) Los inmuebles se compran y se venden, se alquilan y se desocupan; lo que esta Administración no puede hacer es desprenderse de su patrimonio —perder todos sus activos—, ya que soy consciente de que en estos mismos meses también se están produciendo muchas ventas de inmuebles, de otras propiedades y de otras oficinas”. El edificio de 485 metros cuadrados que la Comunidad quiere destinar a oficinas tiene una terraza de 200 metros cuadrados.

¿Cuánto ha costado? “Sé que la compra es reciente, desconozco como se contabiliza”. A la pregunta de cuánto dinero público se ha destinado a esta operación, Ayuso contestó: “Sé que la compra es reciente, pero desconozco cómo se contabiliza o cómo se comunica, porque yo ni contabilizo ni comunico todo lo que Planifica Madrid compra o vende, y mucho menos en este caso, ya que no es mío ni es para mí”. Bastaría con una pregunta al consejero de Presidencia, máximo responsable de Planifica Madrid, para que Ayuso hubiera podido contestar a la pregunta sobre el dinero público gastado por su Gobierno en esta compra.

La acusación popular que ejerce el PSOE ha solicitado la reapertura de la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez. La jueza Raquel Robles archivó la investigación sin ni siquiera tomar declaración a los policías sospechosos de entregar al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso los datos de dos periodistas de El País a los que previamente habían identificado en la calle. Los socialistas apelan a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al fiscal general del Estado en la que se le reprochaba no haber conservado los correos electrónicos que habrían probado su versión de los hechos. Lo hacen después de que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, y Rodríguez declararan en el juzgado que habían borrado la conversación de whatsapp en la que el primero entregaba al segundo la foto de los periodistas, difundida después junto a sus nombres por el jefe de gabinete de Ayuso.

Esa versión de Rodríguez y González Amador en el Supremo descartaría un delito de revelación de secretos porque, según ellos, la foto fue tomada por un vecino que se la entregó a la pareja de Ayuso y este a su jefe de gabinete. Por contra, si la información procediera de la actuación policial implicaría la comisión de un presunto delito. La jueza llamó a declarar a los policías como testigos, luego suspendió su comparecencia por si debían acudir como investigados, asistidos de un abogado, y antes de resolver esa cuestión se apresuró a cerrar el caso sin tomar declaración a los agentes ni al supuesto vecino que hizo la foto.

El escrito del PSOE, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge: “No será baladí recordar que el investigado [Miguel Ángel Rodríguez], así como el señor González Amador, insistieron en la acusación contra el fiscal general del Estado, que borrar conversaciones era sospechoso en un imputado, ya que un inocente no borra mensajes cuando se ve apuntado por la Justicia. Quien así opinaba ha borrado mensajes cuando se ha visto apuntado por la Justicia”. Los socialistas recurren directamente en apelación ante la Audiencia Provincial, que ya obligó a la jueza Robles a abrir la causa después de que la magistrada rechazara su admisión a trámite.

Miguel Ángel Rodríguez declaró ante la jueza que había sido González Amador quien le pasó la foto de los dos periodistas mientras hacían su trabajo en las inmediaciones del domicilio que comparte el empresario y comisionista con la presidenta madrileña. Justo antes le había dicho a los periodistas que la foto se la envió un vecino. Ante la magistrada rectificó y aseguró que el vecino hizo la foto y se la entregó al novio de Ayuso y este se la dio a él. Luego, González Amador ratificó esta versión ante la jueza.

Para el PSOE, “el señor González Amador aportó tras su declaración una documentación confusa e inconsistente, con pantallazos de unas supuestas conversaciones en fecha ignorada, con imágenes que no se ven y entre interlocutores desconocidos (...)”. “Ninguno de estos mensajes ha sido cotejado ni se ha verificado su realidad, las personas intervinientes o sus fechas”, añade el escrito de la acusación popular.

Los socialistas recuerdan a la Audiencia Provincial que los dos periodistas perjudicados por la difusión de sus datos y otro compañero corroboraron “explícitamente” la versión de que los datos procedían de los policías que les habían requerido la documentación e identificado en plena calle. Un documento policial incorporado a la causa reconociendo la identificación se sumaría a la tesis de la acusación, recoge el propio escrito.

El escrito del PSOE asegura que la jueza Robles “ha anticipado el cierre de la instrucción” antes de aclarar nada y que lo ha hecho a través de “una práctica sesgada de diligencias, donde se descartan aquellas dirigidas a la averiguación del delito en favor de otras dirigidas a exculpar al imputado”, Miguel Ángel Rodríguez.

El Juzgado de lo Penal número 19 de Madrid, al que le ha correspondido juzgar a Alberto González Amador por dos delitos fiscales y falsificación de documentos, advierte en un escrito que el señalamiento de la vista se realizará “considerando la sobrecarga y circunstancias que pesan sobre el Juzgado y cuando razones de agenda lo permitan”. La situación de los juzgados de lo penal de Madrid ya apuntaba a que el juicio contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso no se celebraría nunca antes de 2027, siete años después del presunto delito fiscal y las facturas falsificadas.

La providencia del juzgado, a la que ha tenido acceso elDiario.es, llega como consecuencia de otro escrito en el que su titular fija la prueba que se verá en el juicio, una suerte de guion de la vista por el que acepta o rechaza las declaraciones de testigos e informes que solicitaron las distintas partes.

En el caso de la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, la magistrada ha rechazado todas las testificales propuestas, lo que supone que no declarará como testigo Fernando Camino, directivo de Quirón. Ya solo resta que la agenda del juzgado permita señalar la vista del juicio y que este se celebre.

El horizonte judicial de Alberto González Amador es sombrío. Contra él pesan las evidencias de un extenso informe de la Agencia Tributaria: 19 meses de inspección que ponen negro sobre blanco dos fraudes a Hacienda en dos ejercicios distintos y una trama de facturas falsas para llevarlos a cabo.

La Audiencia Provincial avaló en noviembre de 2025 la decisión del juzgado de enviarlo al banquillo y solo un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, podría evitar la celebración del juicio, que no una condena con pena de cárcel que se conocería en la fecha señalada para la vista.

González Amador ha defraudado una cantidad inferior a los 600.000 euros por lo que la ley establece que debe ser un Juzgado de lo Penal –con un tribunal formado por un solo juez– y no la Audiencia Provincial –tribunal de tres– quien celebre la vista. La carga de trabajo de los juzgados de lo penal de Madrid es sensiblemente superior a la Audiencia Provincial.

Los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden 3 años y 9 meses de cárcel para el empresario y comisionista, y el de la acusación popular, que solicita 5 años, se presentaron en junio. González Amador nunca ha declarado por el doble fraude fiscal y la falsificación de documentos, alegando en varias ocasiones compromisos laborales con Quirón.

Y mientras el supuesto fraude fiscal y la falsificación de documentos están abocados al juicio continúa la instrucción de la pieza separada por el presunto soborno de la pareja de Ayuso al directivo de Quirón Fernándo Camino. Ambos habrían acordado en secreto repartirse una comisión de 2 millones de euros en mascarillas y encubrir dicho reparto con la compra fraudulenta de una empresa de la mujer de Camino por medio millón de euros pese a no tener apenas valor.

Quirón aumentó exponencialmente su negocio con la Comunidad de Madrid en los hospitales que gestiona a partir de 2021, según las Cuentas Generales de la Comunidad, el documento oficial que recoge los pagos e ingresos reales en la región año a año. Justo ese año la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comenzó a gobernar en solitario tras romper la coalición con Ciudadanos e inició su relación con Alberto González Amador, que trabaja para la compañia sanitaria y que está procesado por intentar escamotear impuestos.

La empresa se ocupa –entre otros servicios y conciertos– de la cobertura sanitaria de los madrileños en cuatro hospitales de la región: Fundación Jiménez Díaz, Hospital de Villaba, el Infanta Elena de Valdemoro y el Rey Juan Carlos de Móstoles. Es decir, los tratamientos y decisiones médicas relativas a toda la población asignada allí está prestada por una empresa privada que recibe un dinero público a cambio.

Desde 2021 y hasta 2024, el dinero público que han recibido estos cuatro centros ha aumentado un 91%, es decir, prácticamente se ha duplicado. También de han multiplicado en ese periodo los ingresos de González Amador. En 2020, estos cuatro hospitales ingresaron 504 millones por prestar servicios, por deudas de otros años y otros pagos. En 2024, últimas cuentas disponibles, recibieron 1.611 millones.

No es la única empresa que opera en la sanidad pública madrileña. La otra es Ribera Salud, al cargo de la población del Hospital de Torrejón, conocido por la publicación de unos audios en los que su director ejecutivo instaba a priorizar el beneficio económico sobre las listas de espera.

Desde 2021 la Comunidad también ha aumentado el dinero que destina a este hospital: un 82%, por debajo de la media de Quirón. La situación en los hospitales de gestión pública no fue para nada tan expansiva. Como muestra, dos ejemplos: La Paz recibió un 35% más de ingresos en ese mismo periodo, mientras que la Jiménez Díaz –equiparable en presupuesto– lo hizo en un 45% más. Lo mismo sucedió en el hospital de Móstoles público (+19%) frente al hospital de gestión privada de Quirón en la misma localidad (+182%). Parte de la explicación puede estar en que se trate de pagos de deuda, pero desde Sanidad no dan explicación.

Este dinero destinado año a año a empresas concesionarias de la sanidad madrileña no aparece desglosado por concepto en la Cuenta General, pero incluye todo lo que se haya pagado: atención y tratamientos médicos a su población asignada, farmacia, el dinero por tratar pacientes de la libre elección, el desembolso de facturas atrasadas de otros años o importes satisfechos cuando hay sentencia firme en alguna de las reclamaciones que ha puesto Quirón con la Comunidad de Madrid.

A esto hay que sumar los intereses de demora por esa deuda que se arrastra de años anteriores y de la que el gobierno autonómico nunca ha dado un cifra concreta, de manera que no es fácil conocer cuánto del dinero del que se paga anualmente corresponde verdaderamente a servicios prestados ese año.

Otro dato que revela la Cuenta General es que es raro el año en que lo presupuestado para estos hospitales se respeta. Todos los ejercicios hay desviaciones, con un importante incremento del dinero que reciben estas empresas privadas respecto a lo que se previó en los presupuestos, un diferencial especialmente relevante en el caso de los hospitales del grupo Quirón.

En el ejercicio de 2021, estas empresas privadas empezaron a reclamar más dinero por los gastos extra en material y atención que les supuso la Covid. Algunos de ellos fueron satisfechos en 2022, como los seis millones de “compensación” que se aprobaron en Consejo de Gobierno para el Hospital de Torrejón. También fue 2021 el año en el que Isabel Díaz Ayuso empezó a gobernar en solitario, tras haber pasado una legislatura (2019-2021) en coalición con Ciudadanos, de manera que tuvo menos ataduras para desarrollar sus políticas sanitarias, que defienden los conciertos sanitarios y la privatización como un modelo “eficiente”.

En las cuentas de 2022 se observa un repunte de ingresos para estos hospitales privatizados. Ese año, el Consejo de Gobierno de Ayuso autorizó pagos millonarios pendientes por litigios con Quirón, un dinero que la Comunidad había estado peleando en los tribunales. En solo dos meses, su gobierno autorizó el pago de 400 millones de euros para ponerse al día y deshacerse de parte de la deuda que arrastraba. Unos meses antes se había producido una de las pocas destituciones fulminantes que ha hecho Ayuso desde que es presidenta: la de la interventora general, es decir, la máxima responsable de las cuentas de la Comunidad de Madrid.

La Cámara de Cuentas hizo un informe sobre 2024 e hizo hincapié en esos cambios de velocidad en los pagos, señalando que “en 2023 y 2024 se observa una mayor actividad en la aprobación, imputación a presupuesto y pago de las liquidaciones atrasadas provisionadas”.

Pero aún queda mucho por pagar, dinero que según se vaya desembolsando irá apareciendo en las futuras cuentas públicas anuales y cuyo montante total y pormenorizado no está publicado, lo que hace difícil calcular si la privatización es o no eficaz, como defiende Ayuso.

Respecto a los pagos por la libre elección, es decir, lo que Madrid paga extra a estos hospitales por pacientes captados de la pública, “durante 2023 se liquidaron 283 millones, fundamentalmente referidos a los ejercicios 2019 y 2020”. La Cámara de Cuentas avisa de que “la complejidad de las comprobaciones dificulta las liquidaciones. No obstante, en 2023 y 2024 se observa una mayor actividad en la aprobación. Pero hay más deuda pendiente y arrastrada, ”estando pendientes las liquidaciones del propio ejercicio 2024 así como otras de 2023 y de 2022“ que aflorarán en próximos ejercicios.

La Consejería de Sanidad no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre los conceptos de los pagos anuales. Tampoco ha respondido el grupo Quirón.

La acusación popular en el caso de la pareja de Ayuso, que ejercen PSOE y Más Madrid, ha presentado un escrito en el que pide al juez Antonio Viejo que agilice de una vez la pieza separada contra Alberto González Amador. En este caso, las formaciones parten de los recientes informes de la UCO y la Agencia Tributaria para solicitar una batería de medidas entre las que figura la imputación de Quirón Prevención, como persona jurídica, por haber participado presuntamente de los delitos fiscales que se exponen.

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, la acusación popular vuelve a pedir la imputación de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, y que todavía no ha sido llamado a declarar pese a estar en el centro de la comisión de las mascarillas con la que González Amador ganó cerca de 2 millones de euros. Luego, González Amador habría comprado una empresa sin apenas valor a Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, para pagar a este una comisión de medio millón de euros por haber impulsado la compraventa que generó la comisión a partir de su silla en el consejo de administración de una empresa llamada Mape.

PSOE y Más Madrid quieren que, además de a Camino, se impute por delito fiscal y falsificación de documentos a Gloria Carrasco y a Quirón Prevención. En el caso de esta última, el escrito alude a que, como exponía la Agencia Tributaria*, González Amador estuvo ingresando de la empresa sanitaria por unos servicios que no podía prestar la empresa con los que los facturaba por carecer de medios.

La pareja de Ayuso ya está imputada por dos delitos fiscales en concurso con falsificación de documentos en la pieza principal, que aguarda se fije la fecha del juicio. “Todo está unido y conectado de manera indiscutible y por ello en el marco de esta pieza [separada] debe investigarse también los delitos fiscales en concurso con otros en que se hubiera podido incurrir”, reza el escrito de la acusación popular en alusión a Gloria Carrasco, Fernando Camino y Quirón Prevención.

Para todo ello, la acusación popular pide al juez que encargue un informe a la Agencia Tributaria que determine la posible existencia de los delitos fiscales. Hacienda comunicó al juez que realiza inspecciones a Quirón, Camino y Gloria Carrasco y que las detenía toda vez que el juzgado realizaba una investigación por los mismos hechos. PSOE y Más Madrid creen que eso no es obstáculo para que ahora Antonio Viejo ordene a la Agencia Tributaria trabajar a sus órdenes y que profundice en su afirmación de que las relaciones económicas entre las empresas de González Amador y Qurión Prevención son “indiciariamente ficticias”.

PSOE y Más Madrid llevan desde 2025 solicitando una serie de diligencias que nunca se han llegado a acordar. Lo hicieron a partir del único avance que ha tenido esta pieza separada, la declaración como investigados de Gloria Carrasco y Alberto González Amador, las cuales presentaron importantes contradicciones entre ellas sobre la compraventa de Círculo de Belleza, origen del presunto pago de la comisión.

A partir de ahí, la acusación popular vuelve a solicitar que declare Camino como investigado y se cite al director de grandes cuentas de Quirón como testigo. En el mismo sentido insisten en su petición al juez de que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía emita un informe de las relaciones societarias y económicas de González Amador y la pareja Camino-Carrasco.

Entre la documentación a la que aspiran PSOE y Más Madrid figura la política y composición del Comité de Riesgos de Quirón, las relaciones con los proveedores, la investigación interna a González Amador a raíz de las revelaciones de elDiario.es y la querella de la Fiscalía y el Código de Conducta de la empresa. Tal y como publicó elDiario.es, el informe de la UCO apunta a un posible incumplimiento de este Código de Conducta por parte de Quirón, algo sobre lo que la empresa no se ha pronunciado desde que estallara el caso en marzo de 2024.

Investigar a Alberto 'Burnet' González

La acusación popular pide que se aporten las comunicaciones entre el matrimonio y González Amador previas a los hechos investigados, tanto correos electrónicos como los metadatos de las llamadas o el contenido de los chats de mensajería instantánea. Igualmente solicitan que se de traslado a la UCO de la información publicada por elDiario.es en diciembre de 2025 según la cual Alberto González Amador seguía operando en Quirón con una identidad falsa que figura en la intranet del gigante sanitario y también en su correo corporativo, Alberto Burnet González.

La acusación popular aprovecha su escrito para recordar que ha presentado cinco escritos desde el 5 de mayo de 2018 solicitando diligencias que no han sido siquiera contestados. “El proceso está estancado”, llega a decir el último presentado.

“Esta falta de actividad procesal y de diligencias solicitadas es perjudicial también para la elaboración del informe de la UCO (...) ya que dicha unidad podría contar con más declaraciones y documental para la elaboración de estos y no lo va a poder hacer si no se remedia debido a la paralización de la instrucción”, alegan PSOE y Más Madrid.

Entre esa documentación que debe tener la UCO es la que resulte de un requerimiento judicial para conocer el patrimonio de González Amador, dice el escrito, que se queja de que recientemente el juez haya negado a la propia Guardia Civil su intención de acceder a la información societaria y tributaria de Gloria Carrasco y González Amador, como le había solicitado, y permitir únicamente un análisis de sus cuentas bancarias desde 2014.

*FE DE ERRORES: En el texto inicial se decía que era la UCO quien sostenía que González Amador estuvo ingresando de Quirón por unos servicios que no podía prestar la empresa con los que los facturaba por carecer de medios, cuando quien lo sostenía era la Agencia Tributaria, según detallaba el propio informe de la UCO.