Ayuso y Moreno Bonilla pidieron a Feijóo en la mañana del jueves que frenase la renovación del Poder Judicial

Ayuso vuelve a ganar otro pulso a la dirección nacional del PP. La presidenta madrileña, que lleva desde el anuncio de la negociación entre su partido y el PSOE para la renovación del Poder Judicial perlando los avances con críticas más o menos veladas, se puso en contacto en la mañana del jueves con su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, para trasladarle su oposición a ese posible pacto, según ha adelantado el Periódico de Catalunya y ha podido confirmar elDiario.es. A última hora de la tarde, los conservadores anunciaban la ruptura de las conversaciones, alegando en esta ocasión la reforma del delito de sedición, que la propia portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, había desligado hace unos días del hipotético acuerdo.

“He dicho lo que corresponde a quien corresponde”, afirmó este mismo jueves Ayuso. Unas declaraciones a las que se remiten ahora fuentes cercanas a la presidenta. Durante su visita al municipio gallego de Ordes, la líder del PP madrileño aseguró que no opinaba en público sobre las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace casi cuatro años, “por absoluta lealtad”. “Me corresponde por eso en estos momentos no entorpecer o molestar o ser un problema para nadie, todo lo contrario. Estoy a la entera disposición de todo el mundo”, aseguró la presidenta.

Juan Manuel Moreno Bonilla también estuvo ayer en contacto con Feijóo tras conocerse las declaraciones de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, que abrían la puerta a una reforma del delito de sedición. Fuentes próximas al presidente andaluz aseguran que no pidió romper el acuerdo sobre el Poder Judicial, como sí había hecho Ayuso, sino que trasladó al líder del PP su lealtad, decidiese lo que decidiese. Sin embargo, fuentes de la Junta de Andalucía responden que “efectivamente” reclamó romper la negociación. “Le trasladó que es absolutamente inaceptable que el Gobierno juegue con dos barajas, porque la reforma del delito de secesión es un indulto camuflado a los líderes independentistas y un insulto a los españoles”, confirman.

Pese a la lealtad de la que hacía gala este jueves, Ayuso ha mandado varios recados desde que se retomaran las negociaciones, tantas veces interrumpidas por los conservadores, entre PP y PSOE tras la dimisión del presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes. El 19 de octubre, advirtió del “peligro” en que se encuentra la independencia judicial y avanzó que “la verdad procesal no puede confundirse con el resultado de las urnas ni las componendas postelectorales”.

“Hay que defender unas instituciones fuertes, garantes y con los mejores al frente, pero limitadas por la separación de poderes y por una opinión pública formada e informada. De ahí el peligro en que se encuentra la independencia del Poder Judicial”, afirmó entonces. Lo que obvia la presidenta en todas sus intervenciones es que el CGPJ lleva casi cuatro años con el mandato caducado y conserva los nombramientos aprobados en el Congreso por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. O que vincular ahora la renovación de los CGPJ con la reforma del delito de sedición es, precisamente, vincular el funcionamiento del poder judicial con las tareas legislativas.

La semana pasada, la presidenta madrileña continuó con su campaña, esta vez más discreta que en otras discrepancias internas, contra el acuerdo. De nuevo, alertó contra el “peligro” y el “daño” que supone “llenar el Poder Judicial de Tezanos [el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas] disfrazados de jueces”. “El activismo está destrozando la credibilidad de uno de los mejores sistemas judiciales del mundo”, afirmó en un foro de El Confidencial, mientras Feijóo trataba de dar una imagen de hombre de Estado con la negociación con el PSOE para desatascar los problemas en la judicatura.

“Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que hemos hecho es impulsar una reforma legislativa para que la Asamblea no elija, como nos correspondería, un magistrado en el Civil y en lo Penal para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”, señaló ayer la presidenta, que marcó la senda: “Creemos que eso es lo que tenemos que hacer como Gobierno autonómico”.