El empresario Juan Carlos Barrabés, imputado por el juez Juan Carlos Peinado en el caso que investiga la cátedra de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y para quien las acusaciones piden seis años de cárcel –y la acusación, su absolución–, se ha defendido este jueves en una entrevista en El País en la que remarca su inocencia. “Esto consiste en tener cuatro o cinco mentiras muy gordas y repetirlas todo el rato”, ha asegurado sobre la causa que está a la espera de juicio.

“Mi participación en la cátedra fue inexistente. Cero patatero. De hecho, ahora me he enterado de que existía la cátedra. No he estado nunca y nadie me ha visto nunca en la cátedra”, remarca el empresario durante la entrevista, en la que también señala que no es “el socio de Begoña Gómez”. “No he tenido un aumento de ingresos por los concursos públicos, tenía un 10-12% en un mundo que crecía al 800%. Llevo toda la vida ganando concursos públicos. ¿Dónde está la pasta? A mí me han buscado en mi casa a ver si había pasta. Pero no tengo dinero negro. Nunca he tenido. Han venido a buscarme cuentas, y no las tengo”, insiste.

Barrabés recalca que “no hay relación” con Sánchez. Solo le vio “una vez en una reunión con ciento y pico empresarios” y luego, otra vez porque le llamó y le preguntó “cómo veía el tema de la innovación, las pymes y todo esto”. “No tengo una relación de asesor o algo así. No es verdad”, señala.

Sobre Gómez, apunta a que la conoció en 2010 en un evento sobre el futuro de la sostenibilidad. “Ella vino la primera vez a escuchar. Y la conocí allí y, ya está, no tiene más historia”. A partir de entonces, Barrabés explica cómo “en un momento dado” la mujer de Sánchez le llamó y le dijo “que estaba montando un máster de sostenibilidad”. “No surgió la idea de mí, ni nada por el estilo. Me pareció bien porque muchísima gente me preguntaba dónde podía estudiar sostenibilidad”, explica

“Tuvimos algunas reuniones para profesores, para la estructura. Yo tenía mucha experiencia en másteres. Pero, si se refiere a si soy su amigo, si me he ido a cenar con ella: no, nunca, jamás. No tengo amistad con ella. No conoce a mis hijos, no conoce a mi mujer. Hemos tenido una relación profesional. Y cuando yo he ido a La Moncloa es porque pensaba que era su oficina. Yo ayudé a hacer un máster de sostenibilidad social, y di dos o tres clases”, insiste, en respuesta al periodista.

“Son como los abogados de Torrente”

“¿Y tiene alguna relación actual con Begoña Gómez?”, le pregunta. “¡Qué va! Nada. Hace muchísimos años que no tengo relación. Creo que me puso un mensaje para Navidad. Que yo he estado a punto de morirme y no me ha llamado”, añade. Se refiere a su ingreso en el hospital durante la instrucción. “Este rollo de la deshumanización de la gente no está bien. Porque esto consiste en quemar y destrozar la vida. La gente que se deja instrumentalizar con estas cosas, tanto periodistas como entornos judiciales, no sabe lo que hace. No te puedes convertir en una herramienta para permitir que la gente haga el mal. Tienes que protegerte para que no te utilicen, para que no te instrumentalicen, para deshumanizar y fastidiar. Nos estamos jugando la democracia”, remarca.

De hecho, el empresario denuncia los pasos que dio el juez Peinado cuando él estaba “a punto” de morirse. “Es muy duro. Y ya cuando me enteré de que habían entrado en mi casa, con mis hijos... El otro día, en el juzgado, estaba viendo a los abogados de la acusación y pensé: 'Si son como los abogados de Torrente, frikis diciendo chorradas'”, ironiza. Barrabés tenía el síndrome de Poems, que es una enfermedad tumoral. Por eso, sentencia así sobre el proceso: “Esto no puede ser. Yo no quiero que declaren este juicio nulo, quiero ganarlo. No me da la gana que lo declaren nulo. No quiero porque eso es una salida muy fácil. Así no queda claro que yo no lo he hecho. Yo quiero ganarlo”.

El fiscal del caso de Begoña Gómez ha presentado su escrito de conclusiones antes del juicio y solicita la libre absolución. El representante del Ministerio Público analiza a lo largo de 26 folios la instrucción del juez Peinado y concluye que no se ha encontrado “infracción penal” alguna y que, por tanto, “sin delito no hay autor”.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía se va deteniendo en los hechos que dan pie a las acusaciones populares a imputar a Gómez, su asistente María Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés varios delitos que en el caso de la mujer del presidente supondrían 24 años de cárcel.

“Ni María Begoña Gómez, ni María Cristina Álvarez, ni Juan Carlos Barrabés Consul obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningun tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la Cátedra de Transformacion Social Competitiva [de la Complutense] y sus patrocinios”, recoge el fiscal.

Respecto al delito de apropiación indebida del software de la cátedra, el fiscal concluye igualmente que “ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas”.

La creación de ese software para ayudar a pequeñas y medianas empresas era uno de los objetivos establecidos en la creación de la Cátedra. Para su creación participaron empresas “destacadas, que valoraban positivamente en sus corporaciones la promoción y apoyo a proyectos e iniciativas en materias como digitalización, sostenibilidad, impacto ambiental, y tenían dotadas amplias partidas y recursos para este tipo de proyectos e imagen corporativa”, añade el fiscal.

El Ministerio Público recoge la aportación de las empresas (Indra, unos 128.000 euros; Google, 180.000; Telefónica, 55.000). “Los trabajos en materia informática y tecnológica fueron finalizados por las entidades colaboradoras, si bien no consta que el citado programa se haya llegado a implementar ni se hayan verificado los resultados prácticos del mismo a pleno desarrollo, faltando definitivamente y ultimar las actividades de puesta a punto”.

En contra de lo que argumenta la acusación popular, el fiscal concluye que los trabajos “no llegaron a registrarse como propiedad intelectual o industrial de la UCM, legítimo destinatario del producto elaborado conforme al convenio de 30 de octubre de 2020 y la normativa regulardora de las cátedras extraordinarias”.

El trabajo de la asesora

Otro de los delitos que se imputan a Begoña Gómez y María Cristina Álvarez es el de malversación de fondos públicos por desviar las actividades de la asesora del que debería ser realmente su trabajo. La acusación se centra en que Álvarez envió unos correos electrónicos de parte de Gómez relacionados con su tarea en la Complutense.

La Fiscalía resume así cuáles son las funciones de Álvarez y por qué los hechos denunciados están enmarcados dentro de las mismas: “Tienen una disponibilidad permanente y jornada de régimen de especial dedicación, se basan en el desempeño de tareas de colaboración inmediata de carácter logistico y organizativo en el marco de la atención a la esposa del presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza”. En otro punto señala que ambas son amigas desde que coincidieron en una actividad profesional hace años.

Entre sus funciones, añade, están las de “de gestión de la agenda y la preparación de la presencia en reuniones, visitas y eventos, la gestión y administración de las comuniaciones, asistencia telefónica y documental, el acompañamiento en desplazamientos y la interlocución y coordinación con los equipos de protocolo, seguridad, asuntos exteriores y resto de departamentos implicados en la organización de actos y viajes del presidente del Gobierno o derivados de su propia agenda”.

Sin mencionar los correos, el fiscal expone: “Cristina Álvarez ha acompañado a Begoña Gómez a diferentes y numerosos actos, públicos y privados, algunos de ellos relacionados con la actividad que desarrollaba en la UCM. Y también en dicho ámbito y periodo temporal, ha realizado actividades puntuales de gestión y contacto entre diferentes personas d ela UCM que se relacionaban o debían relaciónar con María Begoña Gómez, así como con terceros patrocinadores de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, sociedades y entidades que firmaron adendas de colaboración y patrocinio con las mismas, figurando copia en correos electrónicos cruzados de María Begoña Gómez Fernández”

El fiscal del caso recupera toda la normativa que ampara la contratación de Álvarez como “personal eventual”, realizada según “los cauces legalmente previstos”. La propuesta de nombramiento correspondió al vicesecretario general de Presidencia del Gobierno y fue acordada por el subsecretario del mismo departamento el 16 de julio de 2018. Se trata de un puesto amparado en Estatuo Básico del Empleado Público y un Real Decreto posterior y ha estado “presente en todos los gobiernos de la etapa democrática de España desde 1978, en los que el cónyuge del presidente ha contado con la asistencia de, al menos, una persona con estas funciones de apoyo, y con este tipo de denominación, que no cuenta con una regulación normativa expresa”.

Respecto de Barrabés, el fiscal recuerda que tras conocer a Begoña Gómez y plantear ambos una colaboración que no fructíficó, el empresario y empleados suyos colaboraron en el máster que impartía la mujer del presidente en la Complutense, “recibiendo todos ellos la contraprestación reglada por la UCM por hora de docencia”.

Gómez cobró alrededor de 40.000 euros por su participación en el máster a lo largo de una década y ni un solo euro por la cátedra. El fiscal se detiene a remarcar que Juan Carlos Barrabés “no ha colaborado en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM ni ha sido patrocinador ni ha financiado ninguna actividad de la misma”.

El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio a Begoña Gómez bajo la acusación de aprovechar su matrimonio con el presidente del Gobierno para medrar en su vida profesional. En el auto de más de 80 folios el juez instructor se apoya en casos de corrupción de mucha más gravedad para apuntalar sus imputaciones contra ella: las condenas contra el exministro Jaume Matas, el caso Invercaria o una pieza separada del caso de los ERE de Andalucía. Peinado se apoya incluso en el caso de unos supuestos traficantes de cocaína a los que encarceló hace dos años para justificar la retirada de pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno.

La decisión de Peinado fue conocida el pasado sábado. Un auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés que envía a los tres al banquillo ante un jurado popular bajo una acusación principal: urdir y ejecutar un plan para mejorar la vida profesional de la esposa del Gobierno. Con dos másteres y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, trabajando para el África Center del IE y, a cambio, favoreciendo contrataciones públicas para Barrabés usando a Álvarez para labores logísticas como enviar correos o cerrar reuniones.

Las acusaciones de Peinado omiten u orillan datos como que, por ejemplo, Gómez ganó unos 4.000 euros al año durante todo el tiempo que colaboró en la Complutense. También que la Audiencia Provincial de Madrid rechazó que hubiera delito en su fichaje por el IE o las razones por las que ese tribunal levantó la imputación del rector de la Complutense. No refleja tampoco que las “cartas de apoyo” que Begoña Gómez firmó para una empresa de Juan Carlos Barrabés fueron suscritas, en idéntico formato, por distintas empresas e instituciones, alguna incluso dependiente del Ayuntamiento de Madrid.

El juez recurre a jurisprudencia y ejemplos tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Provincial de Madrid para cimentar su auto de apertura de juicio oral y pone encima de la mesa el ejemplo de uno de los políticos con más condenas por corrupción a sus espaldas: Jaume Matas. El expresident de Balears y ministro de Medio Ambiente con José María Aznar que acumula en su historial una decena de condenas de prisión e inhabilitación por las prácticas corruptas que desplegó mientas gobernó en las islas. Desde el caso Nóos hasta sobornos de empresarios pasando por un encargo ilegal al arquitecto Santiago Calatrava o el caso Palma Arena, entre muchos otros.

Peinado eligió el caso de Jaume Matas, político con uno de los historiales más amplios de corrupción de la historia política de España y cuyas consecuencias aún padecen las arcas públicas, para justificar la acusación de tráfico de influencias contra Begoña Gómez. La cita jurisprudencial elegida es una de las últimas condenas firmes de Matas: la del caso Son Espases. Diez meses de prisión y diez años más de inhabilitación por el intento de amaño de la construcción del hospital de Son Espases en Balears para adjudicárselo a OHL. Uno de los grandes casos de corrupción de la historia de las islas en cuya definición de tráfico de influencias se apoya Peinado para enviar a Begoña Gómez al banquillo.

En esa causa se declaró probado que Matas prometió la construcción del hospital en la campaña electoral de Balears de 2003 y que después, una vez investido president, se puso manos a la obra para controlar la adjudicación de un proyecto cuantificado en casi 780 millones de euros. El tráfico de influencias por el que fue condenado abarcó el control total sobre la valoración de las ofertas presentadas para el proyecto y beneficiar a OHL en una concesión pensada para durar 30 años.

Juan Carlos Peinado hace una salvedad justo después de citar el caso Son Espases: no hay ningún antecedente comparable al caso de Gómez. “Por mucho que se busque en la jurisprudencia, que analice o interprete este tipo penal, no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”.

De Invercaria al tráfico de cocaína

También se apoya en varios casos de corrupción de la política andaluza para justificar sus acusaciones de malversación de caudales públicos. Entiende que Begoña Gómez, que no es cargo público ni tiene dinero público a su disposición, puede ser acusada como inductora o cooperadora de malversación. Y cita la sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que impuso tres años y medio de cárcel al expresidente de Invercaria por un préstamo irregular de 100.000 euros a una empresa de aceitunas sin comprobar su situación económica, su viabilidad o si invirtió el dinero en algún proyecto de interés público.

El magistrado, en este apartado relativo a la malversación, saca a colación otra sentencia más reciente del Tribunal Supremo sobre una ramificación del caso de los ERE de Andalucía. La que confirmó un año y medio de cárcel para un exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra por ayudas irregulares por valor de casi 8,5 millones de euros a empresas del sector del corcho de la Sierra Norte de Sevilla.

Uno de los aspectos más polémicos del auto de apertura de juicio oral de Peinado ha sido la imposición de medidas cautelares y los argumentos utilizados. En el caso de Begoña Gómez —a quien retira el pasaporte, prohíbe salir de España e impone fichajes quincenales en el juzgado— el juez llega a argumentar que su escolta policial, lejos de ser una garantía de que no se va a fugar, puede llegar a ser una ayuda para desaparecer. Una afirmación que el Ministerio del Interior ha llevado hasta el Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente ha remitido el auto a su Promotor de la Acción Disciplinaria por si Peinado hubiera incurrido en una infracción.

El juez recuerda en este punto que la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón cuando, a finales de 2024, él mismo envió a prisión sin fianza a varios acusados de narcotráfico. Una organización criminal de personas acusadas de introducir en España “grandes cantidades de cocaína” camufladas como café tostado. El tribunal madrileño avaló su medida, recuerda ahora el magistrado para imponer cautelares a Begoña Gómez, para evitar que siguieran traficando, pero también por la apariencia de buen derecho. En el caso de la esposa del presidente del Gobierno, Peinado ya vaticina que puede ser condenada a más de dos años de cárcel y que esa perspectiva aumenta el riesgo de que se fugue antes de ser juzgada.

El futuro judicial de Begoña Gómez y el de los otros dos investigados —su asistente de La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés— queda ahora en manos de la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción. En este caso, dependerá del juicio de los tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid encargados de resolver los recursos presentados contra la instrucción de Juan Carlos Peinado. Durante los más de dos años que dura la investigación, esos tres jueces han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

Este tribunal ha avalado una parte importante de las pesquisas de Peinado, pero también ha corregido algunos de sus excesos. Le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas —como el rescate de Air Europa— por basarse en meras conjeturas, o levantar la imputación de cuatro investigados –el rector de la Complutense, un directivo del IE, el actual Delegado del Gobierno en Madrid y la secretaria general de Presidencia– o anular el registro que ordenó en el domicilio y las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital aquejado de una grave enfermedad. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad. Solo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales, así la dignidad, la intimidad, etcétera dentro de los parámetros fijados en la ley (…) La resolución no justifica los motivos que llevan a registrar el domicilio (…) tampoco se justifica la necesidad de que el registro se practique a la media hora de la firma del auto, y todo ello considerando que se limitan los derechos del investigado, quien se encontraba ingresado en el Hospital 12 de octubre, tampoco se comprende una medida tan extensa y desproporcionada a los fines de la instrucción (…) Son producto de un juicio de inferencia absolutamente ilógico y arbitrario”, le advirtieron ya entonces los magistrados de la Audiencia Provincial.

El Tribunal Supremo rechazó con un portazo la exposición razonada donde Peinado pretendía la imputación del ministro de Justicia, Félix Bolaños: “No se aprecia ni un mínimo respaldo indiciario”. Entre la decena de recursos que estos magistrados tienen que resolver ahora están los que impugnan la decisión del juez de derivar el procedimiento por la vía del jurado popular, o su última decisión de abrir juicio oral por el procedimiento del jurado e imponer medidas cautelares a Begoña Gómez —retirada del pasaporte y comparecencias ante el juzgado dos veces al mes—. La motivación del juez para justificar el riesgo de fuga —que los policías que la escoltan diariamente o sus jefes superiores pueden ayudar a huir a la mujer del presidente— desencadenó una denuncia del ministro del Interior ante el Consejo General del Poder Judicial. Su presidenta, Isabel Perelló, propuso a la comisión permanente abrir expediente disciplinario al juez por estos hechos. Ese órgano debatirá hoy la propuesta.

Las diligencias del caso Begoña Gómez arrancaron con una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez basándose en diversas informaciones de prensa sobre un supuesto tráfico de influencias, sin acreditar, más un bulo sobre una subvención pública a una empresa de la mujer del presidente. La investigación amagó con transformarse en macrocausa cuando Peinado llegó a investigar a Begoña Gómez por media docena de aspectos de su vida profesional desde que su marido fue elegido presidente del Gobierno. Desde sus másteres y su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense –con la que colaboraba desde 2012, antes de que Sánchez fuera siquiera líder del PSOE– hasta su puesto en el Africa Center del IE pasando por su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés o su supuesta vinculación con el rescate de Air Europa a través de una supuesta amistad con su entonces consejero delegado Javier Hidalgo y Globalia.

Muchas de estas ramificaciones fueron cerradas a golpe de auto por la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de Air Europa, hicieron falta varias resoluciones de este tribunal para que Peinado, a regañadientes, dejara de encargar informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para saber si Begoña Gómez había presionado a su marido para rescatar esta aerolínea. También forzaron el cierre de la rama de la investigación que tenía que ver con el trabajo de Begoña Gómez para el IE, quedando entonces de manifiesto que Peinado había retorcido la declaración de Juan José Güemes, directivo del centro y exconsejero con Esperanza Aguirre, para buscar ilegalidades en la contratación de la pareja del presidente.

“Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la señora Gómez”, dijo la Audiencia Provincial a Peinado. También fue archivada la parte de la causa que abrió Peinado contra el rector de la UCM, Joaquín Goyache, investigado por los dos masters y la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez llegó a tener en esa universidad. La imputación, dijeron los jueces, “carece de fundamento” por la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él. Las reiteradas imputaciones de testigos por lo que habían dicho cuando estaban obligados a contestar y a decir la verdad también fueron cuestionadas por el tribunal supervisor.

El juez Peinado llegó a citar a Pedro Sánchez como testigo y le tomó declaración en el Palacio de la Moncloa aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al presidente declarar por escrito “sobre los hechos de que tenga conocimiento por razón de su cargo”. Aunque Gómez estaba imputada por un delito de tráfico de influencias, que solo puede cometer porque su marido es presidente del Gobierno, el juez justificó su decisión en que quería interrogar a Sánchez sobre “cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo” y logró interrogarle en un despacho de Moncloa, aunque sin ningún resultado. El presidente se acogió a su derecho a no declarar y, pese a ello, el juez Peinado facilitó el vídeo de ese testimonio fallido a las partes. La Audiencia Provincial se lo afeó: “Carecía de cualquier utilidad la entrega de dicha declaración, ya que en dicha diligencia el presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar, por lo que la entrega y publicación de dicho acto carecía de sentido, debiendo permitirse a las partes se instruyeran sin necesidad de entregar copia porque el citado contenido carecía de interés ya que solo contenía determinados formalismos”.

La tormentosa instrucción llegó a provocar incluso que las acusaciones populares de ultraderecha pidieran al juez que motivara mejor sus autos para evitar que prosperaran los recursos de la defensa de Gómez y el resto de imputados. Hazte Oír, Vox o Manos Limpias, presentes en la causa, recurrieron en reforma tras la imputación de la asistente de Begoña Gómez con una censura insólita al juez instructor, exigiéndole que aportara “mayor argumentación, todo ello con el propósito de evitar riesgo innecesario de futuras nulidades que pudieran poner en peligro la progresión de la causa”.

Peinado llegó a sancionar con una multa de 5.000 euros al abogado Antonio Camacho, defensor de Gómez, por hacer declaraciones a los periodistas a las puertas del juzgado. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la sanción.

La causa que el juez Juan Carlos Peinado impulsa desde hace más de dos años contra Begoña Gómez se mantiene en tensión a la espera de una decisión clave del magistrado: si abre juicio oral contra ella y si le impone algún tipo de medida cautelar. El juez deshoja desde hace días la margarita después de que las acusaciones populares de corte ultra solicitaran que retirase el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno o que le impusiera la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Mientras tanto, y después de tener que aclarar su propia providencia, el magistrado abre una nueva investigación al empresario Juan Carlos Barrabés después de meses de diligencias acotadas por la Audiencia Provincial de Madrid.

Peinado convocó a la esposa del presidente del Gobierno el pasado 15 de junio para un trámite que se ha visto obligado a repetir: la comparecencia previa a enviar su caso a un tribunal del jurado. La Audiencia Provincial de Madrid reprochó al magistrado el pasado mes de febrero que hubiera enviado a Begoña Gómez a juicio sin hacer ni siquiera una lista de los indicios que empujaban esa decisión. Este es el segundo intento del magistrado en dejar todo en manos de un tribunal compuesto por ciudadanos, a falta de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes.

Gómez acudió a una comparecencia a la que los imputados no suelen estar obligados a ir, pero lo hizo bajo la advertencia de Peinado de ser detenida si no acudía por su propio pie. Allí su abogado, Antonio Camacho, acusó directamente al juez de impulsar un “procedimiento fantasma” para “erosionar” al Gobierno de Pedro Sánchez. Las acusaciones populares, capitaneadas por el grupo ultracatólico HazteOir, hicieron la petición que el magistrado aún no ha contestado: retirar el pasaporte a Gómez, limitando de forma efectiva su movilidad internacional, y obligar a la esposa del presidente del Gobierno a fichar cada 15 días en los juzgados.

El magistrado mantiene la incógnita sobre si impondrá cautelares a Begoña Gómez después de haberlo rechazado en diversas ocasiones y después de que la esposa del presidente del Gobierno, como el resto de acusados, haya acudido a todas las citaciones judiciales. Por el camino sí ha tenido tiempo de anunciar la apertura de una nueva pieza separada del caso por un contrato público adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte una empresa de Juan Carlos Barrabés, uno de los investigados del caso. Peinado necesitó una segunda providencia para aclarar que esa parte del proceso, llegado desde la Fiscalía Europea, se dirige solo contra Barrabés y no contra Begoña Gómez, que no tuvo ningún tipo de participación en el proceso según se desprende de la documentación.

El futuro judicial de Begoña Gómez y el de los otros dos investigados —su asistente de la Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Carlos Barrabés— quedará ahora en manos de la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción. En este caso, de los tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid encargados de resolver los recursos presentados contra la instrucción de Peinado. 

En los casi dos años y medio que ha durado la investigación, este tribunal ha avalado parte de sus pesquisas, pero también ha corregido algunos de sus excesos, como cuando le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas, levantar la imputación de tres investigados o anular el registro que ordenó en el domicilio y las empresas de Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital aquejado de una grave enfermedad. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad”, le advirtieron ya entonces los magistrados. Entre la decena de recursos que estos magistrados tienen que resolver están los que impugnan la decisión del juez de derivar el procedimiento por la vía del jurado popular.

De Barrabés a su asistente en Moncloa

Las diligencias arrancaron con una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez basándose en un bulo y diversas informaciones de prensa sobre Begoña Gómez. La investigación amagó con transformarse en macrocausa cuando Peinado llegó a investigar a Gómez por media docena de aspectos de su vida profesional. Desde sus másters y su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense –con la que colaboraba desde seis años antes de que su marido fuera siquiera alto cargo del PSOE– hasta su puesto en el Africa Center del IE pasando por su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés o su supuesta relación con el rescate de Air Europa a través de Javier Hidalgo y Globalia.

Muchas de estas ramificaciones fueron cerradas a golpe de auto por la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de Air Europa hicieron falta varias resoluciones de este tribunal para que Peinado, a regañadientes, dejara de encargar informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para saber si Begoña Gómez había presionado a su marido para rescatar esta aerolínea. También forzaron el cierre de la rama de la investigación que tenía que ver con el trabajo de Begoña Gómez para el IE, quedando entonces de manifiesto que Peinado había retorcido la declaración de Juan José Güemes, directivo del centro y exconsejero con Esperanza Aguirre, para buscar ilegalidades en la contratación de Gómez.

“Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la Sra. Gómez”, dijo la Audiencia Provincial a Peinado. También fue archivada la parte de la causa que abrió Peinado contra el rector de la UCM, Joaquín Goyache, investigado por los dos másters y la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez llegó a tener en esa universidad. La imputación, dijeron los jueces, “carece de fundamento” por la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él. Las reiteradas imputaciones de testigos por lo que habían dicho cuando estaban obligados a contestar y a decir la verdad también fueron cuestionadas por el tribunal supervisor.

El caso ha llegado a las puertas del tribunal del jurado –a la espera de lo que tenga que decir la Audiencia Provincial– con tres líneas de investigación abiertas. Una se centra en el empresario Juan Carlos Barrabés y las “cartas de apoyo” de Begoña Gómez. Misivas vendidas por Manos Limpias en su denuncia inicial como una presión ejercida por la esposa del presidente del Gobierno para que Barrabés consiguiera jugosos contratos públicos y que resultaron ser idénticas a las firmadas por 32 personas más, entre otras la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

Peinado considera que Begoña Gómez usó su empadronamiento en La Moncloa para potenciar su actividad profesional y pone como ejemplo su labor en la Complutense, que llevaba en marcha desde 2012 y por la que cobró 40.000 euros a lo largo de una década, a razón de 4.000 euros por año. También entiende que, como parte de este plan, Begoña Gómez usó a su amiga y asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, para asuntos privados como las gestiones de su trabajo en la UCM. Un puesto en el que Jaime de los Santos, hoy alto cargo del PP de Alberto Núñez Feijóo, llegó a ser denominado por la prensa como “chico para todo” de la esposa de Mariano Rajoy, Elvira Rodríguez, por llevar sus bolsas durante jornadas de compras de ropa. En paralelo, Peinado también acusa a Begoña Gómez de apropiarse de manera ilegal de un software que diversas empresas crearon para su cátedra extraordinaria.

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado abrir una nueva pieza separada en el caso en el que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, aunque para investigar solo al empresario Juan Carlos Barrabés por un contrato adjudicado a sus empresas. El magistrado analizará posibles irregularidades en la licitación de un contrato público que fue adjudicado a una UTE en la que participaba una empresa de Barrabés, el empresario investigado en la causa. Lo hace después de que la Fiscalía Europea, por orden del juez de garantías, no se pueda hacer cargo de esta investigación que nace de un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO).

Así consta en una providencia, adelantada por El País y a la que ha tenido acceso elDiario.es, que emite el juzgado de Peinado tras recibir un decreto de la Fiscalía Europea en el que se detalla que la adjudicación objeto de investigación “podría ser constitutiva de un delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión”. En concreto, el Ministerio Fiscal europeo indicaba que la posible irregularidad aparecía en un expediente de la empresa pública Red.es que ganó la UTE en la que estaba la empresa de Barrabés y la consultora KPMG -el 044/20-ED relativo al Servicio de la Oficina Acelera Pyme Servicio de Apoyo y Asesoramiento- y que ascendía a 4,05 millones de euros.

Posteriormente el magistrado Juan Carlos Peinado ha emitido una segunda providencia para aclarar que ese procedimiento se dirige solo contra Barrabés y no, al menos por el momento, contra Begoña Gómez.

La financiación de ese proyecto corría a cargo de fondos FEDER, fondos europeos, y los fiscales indican que del informe de la UCO que recibieron se desprende que en la adjudicación “se habría obviado la inexistencia de un libro blanco” que era requisito necesario para concursar, según recogían los pliegos. Ese expediente no contó con ninguna carta de recomendación firmada por la mujer de Pedro Sánchez.

Para el Ministerio Público, ese libro blanco se “ocultó deliberadamente” en los informes de valoración para que no fuese detectado por otros licitadores. Explica que la UCO sostiene que se percató de esa circunstancia al analizar el contenido de los correos relativos a los procedimientos investigados, ya que el firmante de los informes de valoración en los tres procedimientos fue el mismo investigado, Luis Prieto.

Esa rama de la investigación europea fue recurrida por la defensa de Barrabés. Ante el juez de garantías -el magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña- su abogado indicó que la Fiscalía pretendía “reiniciar a capricho la investigación de unos hechos” que ya habían sido instruidos durante casi dos años en el procedimiento abierto por el juez Juan Carlos Peinado “con el pretexto de una sospecha policial irrelevante que no ha sido apreciada ni por el experto de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)”.

Se da la circunstancia de que en la investigación abierta por la Fiscalía Europea Begoña Gómez sólo ha comparecido en calidad de testigo -fue en el mes de mayo- y que, en realidad, las pesquisas siempre han girado en torno a la figura de Barrabés.

Los fiscales comunitarios se han centrado a lo largo de dos años de investigación en dos expedientes de la empresa pública Red.es: El de 'Formación empleo juvenil para la economía digital' en el que la UTE de Barrabés se hizo con dos de los seis lotes por 4,8 millones de euros (IVA no incluido); y el de 'Servicio de formación para personas desempleadas', del que se le asignó uno de los dos lotes a concurso por importe de 3,6 millones de euros (sin IVA). El total asciende a 8,4 millones de euros.

Para esclarecer si hubo irregularidad en esas adjudicaciones, la Fiscalía Europea ya ha citado como testigos a numerosos firmantes de cartas de apoyo a la oferta de Barrabés idénticas a las de Begoña Gómez, según confirmaron fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es. También ha trascendido que en septiembre de 2025 se recibió un extenso informe de la Intervención General del Estado (IGAE) sobre los expedientes financiados parcialmente por el Fondo Social Europeo.

El órgano fiscalizador, entre sus conclusiones, aseveraba que el hecho de que Red.es hubiera tenido en cuenta (a la hora de puntuar) las diferentes ofertas presentadas a concurso que estas incluyeran cartas de recomendación o futuros acuerdos con reclutadores fue una decisión “arbitraria que excedió la capacidad de decisión discrecional del valorador”. Entendía que esto constituyó “una actuación discriminatoria que adulteró la valoración técnica” y por ende benefició “a determinados licitadores a los que se incrementó injusta e ilegalmente su puntuación, entre otros a la UTE Innova Next – The Valley Digital Business School”.

Antes incluso de que viera la luz esa pericial, la defensa de Barrabés ya había solicitado una ampliación al entender que se debían analizar no solo los lotes adjudicados a su UTE sino también determinadas características de las fórmulas aplicadas en este tipo de licitaciones. No obstante, y dado que ese primer informe ya estaba casi finalizado, la IGAE decidió dejar ese asunto para más adelante.

Por contraposición, y a pesar de que la IGAE en este caso concreto sí que ve irregularidades en el procedimiento, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe de 2024 indicaba que en líneas generales y basándose en la información observada en los expedientes que constaban en el juzgado de Peinado “la preparación, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos (…) se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”.

En este sentido, el 30 de mayo de 2025, otro informe de la IGAE, esta vez presentado a petición de Peinado y respecto a los contratos que seguían siendo analizados en su causa, concluía que en otro de los contratos adjudicados por Red.es a la empresa de Barrabés se dio un incumplimiento de la norma. Y esto porque el peso que se dio al precio de la oferta fue inferior al que debía ser. Así, se elevó la relevancia de otros criterios que dependen de un juicio de valor y, por ende, esa valoración subjetiva la debió haber hecho un comité de expertos que no fuera de Red.es.

La investigación que el juez Juan Carlos Peinado abrió hace más de dos años contra Begoña Gómez avanza ya hacia el juicio si no lo impide la Audiencia Provincial, la instancia que revisa sus decisiones. Tras recibir los escritos de las acusaciones ultras que sustentan la causa y que piden 24 años de cárcel para la mujer del presidente del Gobierno, el juez la ha citado este lunes al último acto previo al enjuiciamiento, la llamada audiencia preliminar.  

Se trata de un trámite que no requiere la asistencia de los investigados, si bien Peinado exigió su comparecencia bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento es que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Es una apreciación llamativa en el caso de Begoña Gómez, quien va acompañada permanentemente en sus desplazamientos por un equipo de escoltas de la Policía Nacional. Y también en el del empresario Juan Carlos Barrabés, que está gravemente enfermo, según los informes médicos que constan en la causa. 

La defensa de Begoña Gómez da por hecho que se abordará la posibilidad de que se tome algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que ha acudido a la comparecencia, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995. 

Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es recuerdan que para acordar algún tipo de medida cautelar debe solicitarlo alguna de las partes. No se espera que lo haga la Fiscalía, quien ha pedido reiteradamente el archivo de la causa al considerar que Peinado se basa en “hipótesis” y “alambicadas teorías” para sentar en el banquillo a Begoña Gómez. 

[Actualización: HazteOir pedirá a Peinado que imponga a Begoña Gómez comparecencias quincenales y le retire el pasaporte]

Sin embargo, el escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida sí daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

Los ultracatólicos de HazteOir lideran la acusación popular tras la decisión del magistrado de agruparlas bajo una única dirección letrada. También forman parte partidos como Vox o el minoritario Iustitia Europa y otras organizaciones vinculadas a la extrema derecha como Manos Limpias. No obstante, el pseudosindicato que dirige Miguel Bernad, que interpuso la primera querella que dio origen a la investigación, solicitó recientemente al juez que le permita ir por libre por las “diferencias radicales y profundas” con el resto de acusaciones. 

Manos Limpias no ve claros tres de los cinco delitos que se le achacan a la esposa de Pedro Sánchez y tampoco la imputación de la asistente Cristina Álvarez, para quien el conjunto de las acusaciones populares piden 22 años de cárcel, al considerar que se dedicó a la captación de fondos, reuniones y supuestos negocios privados de Begoña Gómez durante su horario de trabajo.

Las peticiones de las defensas

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Así que más allá de las posibles medidas cautelares, lo previsto es que las defensas y la Fiscalía defiendan de nuevo que la causa debe archivarse y que las acusaciones insistan en que tiene que ir a juicio. Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Se espera que en la vista de este lunes su abogado, Antonio Camacho, rebata esta tesis sobre la base de los argumentos de su escrito de defensa. Entre ellos, que su vinculación con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

Se prevé que la Fiscalía se exprese en ese mismo sentido. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

Por otro lado, respecto a las funciones de la asistente en las que el juez y las acusaciones ven un delito de malversación, la defensa de Begoña Gómez mantiene que su ayuda “ocasional” mediante el envío de “un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales” a Begoña Gómez no afectó sus funciones ni supuso un “menoscabo de recursos públicos”.

Tras escuchar los argumentos de las partes —y, en su caso, decidir si impone a los investigados alguna medida cautelar—, el juez tendrá que determinar en el mismo acto o en los tres días siguientes si abre o no juicio oral contra Begoña Gómez, su asistente en la Moncloa y el empresario Barrabés. Tras una instrucción en la que se ha apoyado en las acusaciones de extrema derecha, todo apunta a que Peinado dejará a los tres investigados camino del banquillo antes de su jubilación, prevista para el próximo septiembre.

Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que aplace la audiencia preliminar convocada para el 9 de junio dado que le coincide con otro señalamiento de un juzgado distinto. El juez, en el auto por el que citaba a los encausados advertía de que, de no asistir, serían conducidos por la fuerza pública al juzgado.

El magistrado había fijado ese día para que las partes personadas se pronuncien sobre la procedencia o no de la apertura de juicio oral que, sostiene, debe seguir por los cauces del tribunal de jurado. Peinado recordaba que, dados los delitos que se les imputan (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida) y teniendo en cuenta las penas a las que se podrían enfrentar, esto “podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados, tendente a eludir la acción de la Justicia”.

Y por eso acordaba que tanto Begoña Gómez como el empresario Juan Carlos Barrabés y la asistente de Moncloa Cristina Álvarez “comparezcan personalmente, con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública, al acto de la audiencia preliminar”. Consideraba, además, que durante esta vista se podría llegar a adoptar alguna medida cautelar encaminada a “minimizar el riesgo mencionado (...) de tratar de eludir la acción de la justicia por parte de los acusados”.

Ahora, el juez debe decidir si respeta el calendario judicial del abogado de Begoña Gómez que le explica que ya tenía señalada desde el mes de marzo, con anterioridad a la decisión de Peinado, declaraciones ese mismo 9 de junio en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Peñarroya-Pueblonuevo. Y es más, le advierte de que a partir del 10 de junio también tiene señalado el arranque de un nuevo juicio oral.

El juez daba el paso de convocar la audiencia preliminar tras recibir el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes se alejaban de la tesis del juez Juan Carlos Peinado de que la mujer del presidente del Gobierno se dedicaba a conseguir dinero de empresas para enriquecerse. Tras analizar sus cuentas bancarias, los agentes concluyen que la información recogida en ellas “concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando”.

En el auto, Peinado recordaba que, según el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Del Jurado, una vez presentados los escritos de defensa, el instructor debe señalar esa audiencia preliminar de las partes, y que previamente debe resolver sobre la admisión y práctica de las diligencias interesadas para el acto de dicha audiencia preliminar. En este sentido, echaba por tierra la mayoría de las peticiones dejando multitud de ellas a expensas de que el presidente del Tribunal del Jurado entienda que son pertinentes para el acto del juicio oral.

Apuntaba, asimismo, que las defensas podían renunciar a esa audiencia preliminar “aquietándose con la apertura del juicio oral”, pero matizaba que esa renuncia debía ser solicitada por todos los acusados. Este extremo contrataba con el apercibimiento que hacía de que los tres investigados debían personarse de forma obligatoria en la audiencia preliminar so pena de que acabara llamando a la Policía para que los llevara ante él.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por hasta cinco delitos, recibió en abril de 2024 una carta de la Fiscalía Europea en la que se le solicitaba que, “a la mayor brevedad”, les mandara toda la información relativa a determinados expedientes que tenía en su poder y que estaban relacionados con concursos públicos adjudicados a la unión temporal de empresas (UTE) Innova Next - Escuela de Negocios The Valley. En concreto, dos de esos concursos asignados por la empresa pública Red.es al grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés habían sido financiados con fondos europeos, y por tanto, esa Fiscalía reclamó la competencia sobre los mismos.

Desde entonces han pasado dos años, y en este tiempo sólo ha declarado Barrabés en calidad de investigado ante los fiscales europeos. Dado que se quiere esclarecer si en esas adjudicaciones hubo un trato de favor para el empresario por su estrecha relación con la esposa del presidente del Gobierno, uno de los hitos relevantes que se esperaba desde hace tiempo era la comparecencia de la propia Begoña Gómez. Y a juzgar por lo que desliza en su último recurso ante Peinado su defensa, ese momento está a punto de producirse.

Según su propio abogado, Antonio Camacho, ya ha recibido la citación para declarar ante los fiscales europeos —se desconoce la fecha exacta—. Pero lo hará en calidad de testigo y no como investigada. Este dato es relevante dado que sí consta como imputada por, entre otros, el delito de corrupción en los negocios ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por esa relación con el empresario Barrabés. Peinado sospecha que, a cambio de que Barrabés le echara una mano para sacar adelante la cátedra extraordinaria que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el empresario se habría beneficiado de cartas de apoyo firmadas de su puño y letra por la mujer del presidente que podrían haber servido para decantar la balanza en favor de sus empresas en concursos públicos.

Los fiscales comunitarios se han centrado en dos expedientes de la empresa pública Red.es: El de 'Formación empleo juvenil para la economía digital' en el que la UTE de Barrabés se hizo con dos de los seis lotes por 4,8 millones de euros (IVA no incluido); y el de 'Servicio de formación para personas desempleadas', del que se le asignó uno de los dos lotes a concurso por importe de 3,6 millones de euros (sin IVA). El total asciende a 8,4 millones de euros.

Para esclarecer si hubo irregularidad en esas adjudicaciones, la Fiscalía Europea ya habría citado como testigos a numerosos firmantes de cartas de apoyo a la oferta de Barrabés idénticas a las de Begoña Gómez, según confirman fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es. También ha trascendido que en septiembre de 2025 se recibió un extenso informe de la Intervención General del Estado (IGAE) sobre los expedientes financiados parcialmente por el Fondo Social Europeo.

La IGAE y la UCO frente a los contratos

El órgano fiscalizador, entre sus conclusiones, aseveraba que el hecho de que Red.es hubiera tenido en cuenta (a la hora de puntuar) las diferentes ofertas presentadas a concurso que estas incluyeran cartas de recomendación o futuros acuerdos con reclutadores fue una decisión “arbitraria que excedió la capacidad de decisión discrecional del valorador”. Entendía que esto constituyó “una actuación discriminatoria que adulteró la valoración técnica” y por ende benefició “a determinados licitadores a los que se incrementó injusta e ilegalmente su puntuación, entre otros a la UTE Innova Next – The Valley Digital Business School”.

Antes incluso de que viera la luz esa pericial, la defensa de Barrabés ya había solicitado una ampliación al entender que se debían analizar no solo los lotes adjudicados a su UTE sino también determinadas características de las fórmulas aplicadas en este tipo de licitaciones. No obstante, y dado que ese primer informe ya estaba casi finalizado, la IGAE decidió dejar ese asunto para más adelante.

Por contraposición, y a pesar de que la IGAE en este caso concreto sí que ve irregularidades en el procedimiento, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe de 2024 indicaba que en líneas generales y basándose en la información observada en los expedientes que constaban en el juzgado de Peinado “la preparación, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos (…) se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”.

En este sentido, el 30 de mayo de 2025, otro informe de la IGAE, esta vez presentado a petición de Peinado y respecto a los contratos que seguían siendo analizados en su causa, concluía que en otro de los contratos adjudicados por Red.es a la empresa de Barrabés se dio un incumplimiento de la norma. Y esto porque el peso que se dio al precio de la oferta fue inferior al que debía ser. Así, se elevó la relevancia de otros criterios que dependen de un juicio de valor y, por ende, esa valoración subjetiva la debió haber hecho un comité de expertos que no fuera de Red.es.

El recurso de Barrabés

Mientras que la investigación en la Fiscalía Europea prosigue, el juez Juan Carlos Peinado ya avanza a marchas forzadas hacia lo que considera pertinente: que la causa contra la esposa del presidente del Gobierno acabe siendo ventilada ante un jurado popular.

Contra la decisión de Peinado de abrir de nuevo esa vía, ya han presentado recurso tanto la defensa de Gómez como la de su asistente, Cristina Álvarez. Y ahora también ha trascendido el recurso del propio Barrabés, en el que señala que, contrariamente a lo que sostiene el juez, él nunca ha tenido relación con la cátedra extraordinaria que dirigía Begoña Gómez en la UCM.

El juez sostiene que, a cambio de ayudar a la esposa del presidente en el desarrollo de esa propuesta académica, Barrabés se habría beneficiado del respaldo de Begoña Gómez —en forma de carta de apoyo— en concursos públicos que debían resolver departamentos del Gobierno que preside Pedro Sánchez. “Se parte de un relato que en nada se compadece con la realidad de lo acontecido”, dice ahora el empresario, que insiste en desligarse de la cátedra, si bien recuerda que sí impartió clases en otro máster que también dirigía la encausada, algo que “no es irregular” y que hicieron “otros 164 profesores”.

Así critica que Peinado haga una interpretación “forzada de algo inexistente”, y considera que lo que busca el juez es, por un lado, “lograr la conexidad que se requiere para la transformación (de la causa) en Tribunal del Jurado” y, por otro, “configurar el supuesto delito de tráfico de influencias a través de una contraprestación mayor que la de haber dado un par de clases en un máster”.

Por otro lado, la defensa de Barrabés critica que Peinado incluyera en su auto de 20 de marzo los expedientes y las cartas de apoyo de Gómez porque están fuera de su causa dado que se investigan en la Fiscalía Europea. Concluye que no existe, de lo instruido por el juez, “ningún indicio existe sobre la comisión de un delito de tráfico de influencias o de corrupción en los negocios”. “No basta con que dos personas se conozcan, aunque una de ellas tenga una relación de parentesco con el presidente del Gobierno, para admitir la comisión de ilícito alguno por parte de mi representado”, apuntala su abogada. Y añade que lo que procede es el sobreseimiento libre para él.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un recurso en el que pide anular la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que la causa contra ella siga por los cauces del tribunal del jurado. Entiende que la resolución del magistrado “falta plenamente a la realidad”, está plagada de conjeturas y es “falaz”, y le acusa de investigarla “con una voluntad inquebrantable” a pesar de que no existen indicios, y sólo “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, desgrana uno a uno los cinco delitos que le imputan a su cliente, y arranca estudiando el de tráfico de influencias. Indica que el juez yerra cuando en su auto argumenta que hubo un cambio “inmediato y significativo en la trayectoria profesional” de la investigada tras la llegada de su cónyuge a La Moncloa. Recuerda al juez que ese dato es “absolutamente incorrecto” porque su defendida ya dirigía un máster en la Universidad Complutense de Madrid desde 2014, cuando Sánchez no era presidente del Gobierno ni siquiera secretario general del PSOE. “Es falso que su actividad hasta 2018 solo estuviera vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark”, abunda.

Camacho entiende que lo que busca el juez es “construir” el relato del presunto delito de tráfico de influencias, pero le enmienda la plana señalando que no fue la llegada de Sánchez a la Presidencia del Gobierno lo que llevó a Begoña Gómez a ampliar su actividad docente, sino su experiencia previa “como manifestaron responsables de la Complutense que han declarado en el seno del procedimiento”.

Para la defensa, esta inexactitud del juez “parece consciente”, y añade, además, que en esa gradual construcción de indicios para sostener la acusación por tráfico de influencias, el magistrado se esfuerza por introducir “una duda” sobre la corrección de la relación de ella con el empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado en la causa.

Considera “inaceptable” que Peinado se refiera a un auto de mayo de 2024 de la Audiencia Provincial que indicaba que de la denuncia de Manos Limpias se desprendían indicios que apuntaban a la intermediación de Gómez en la concesión de subvenciones a la UTE formada por Innova Next (de Barrabés) y la Escuela de Negocios TheValley. Y subraya que no es aceptable porque son hechos que no se ventilan en el juzgado de Peinado sino en la Fiscalía Europea, donde sólo ha sido llamada, recientemente, en calidad de testigo y no como investigada.

Al hilo, califica de “absolutamente falaz” el intento de Peinado de establecer una conexión entre Barrabés y Gómez por medio de la creación de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva. Lamenta que el juez llegue a afirmar que para la creación, financiación, desarrollo y consolidación de la misma, ella hizo uso de su relación con el empresario, y asevera que no tuvo ningún tipo de intervención y su conglomerado empresarial no llegó a suscribir ningún acuerdo de colaboración.

Tras esto, recuerda que responsables de la Complutense han sostenido durante la instrucción que la creación de esa cátedra siguió “el cauce académico ordinario” sin irregularidades y califica de “anecdótico” que la primera reunión entre el rector y Gómez para hablar de la misma tuviera lugar en La Moncloa: “No tiene trascendencia si tenemos en cuenta que la cita se produce en julio de 2020 en plena pandemia del coronavirus y con la Escuela de Gobierno de la UCM cerrada”.

Así, la defensa explica que “la única conclusión que puede extraerse del auto es que se está investigando a Begoña Gómez por ser cónyuge del presidente del Gobierno”. Y añade que no puede haber delito de tráfico de influencias porque ese tipo penal se da cuando hay una conducta orientada a obtener una resolución que genere un beneficio económico, directo o indirecto. “Y ningún beneficio económico puede atribuirse a mi representada si tenemos en cuenta que la dirección de la cátedra no conllevaba ninguna retribución y los fondos aportados por las empresas pasaron directamente al patrimonio de la Complutense”, resalta.

Corrupción en los negocios e intrusismo

Sobre el delito de corrupción en los negocios que le imputa el juez, la defensa señala que no se entiende como puede encajar en ese delito la captación de fondos con destino a una universidad pública. Indica que esta realidad plantea un “problema irresoluble” porque ese delito sanciona la corrupción entre particulares.

En cuanto al delito de intrusismo -el juez considera que Begoña Gómez no debió firmar un pliego de prescripciones técnicas de la cátedra que dirigía-, Camacho explica que existen correos de la Complutense instando a su representada a suscribir los mismos para cumplir con la normativa presupuestaria del centro educativo. Además, se apoya para refutar esa “singular” acusación en el testimonio de la interventora de la universidad, María Elvira Gutiérrez Vierna, que declaró que la firma de esos pliegos se realizó de acuerdo con la norma que exige que sean firmados por el jefe de la unidad administrativa, que en este caso era Begoña Gómez como directora de la cátedra.

El abogado lamenta, tras esto, que en el auto de Peinado “solo hay conjeturas que no se encuentran apoyadas en indicio alguno”. Y lanza un ataque directo a la instrucción del juez: “Lo único acreditado en esta causa es la voluntad inquebrantable del instructor de mantener viva una causa penal, aunque no exista elemento alguno en que apoyarla”.

Apropiación indebida y malversación

En cuanto al delito de apropiación indebida de marcas que se le imputa a Gómez por presuntamente haberse apropiado tanto de un software elaborado para la cátedra como del propio término 'Transformación Social Competitiva' o del registro del dominio de Internet que albergaba el software, Camacho indica que ese término fue inventado por ella y que si lo registró fue para “evitar su uso incorrecto” y siempre siguiendo instrucciones del centro educativo.

Además, resalta que se ha investigado un delito inexistente dado que jurídicamente no existe un delito de apropiación indebida de marcas porque la tutela de las mismas se da a través de la figura del delito de defraudación de la propiedad intelectual o industrial, que exige el registro previo de la marca, lo cual no ocurrió en este caso.

Sobre el delito de malversación que le imputa el juez por haber hecho uso de su asistente de La Moncloa, Cristina Álvarez, para fines personales, el letrado indica una vez más que no hay indicio de delito y vuelve al argumento usado en anteriores recursos: La presencia de Álvarez en reuniones respondía al cumplimiento de sus funciones de organizar el protocolo y al equipo de seguridad, y los correos enviados por la asistente desde su cuenta particular fueron enviados en relación con la cátedra -por la que Gómez no cobraba- porque ayudaba puntualmente a la esposa del presidente del Gobierno por “amistad”, y sin que esto afectara a sus funciones ordinarias.

Apunta, además, que no existe un estatuto de la cónyuge del presidente del Gobierno, y por lo tanto la figura “no está regulada”. A su juicio, la interpretación del instructor sobre el distingo entre actividades privadas e institucionales no se ajusta a lo que se viene desarrollando desde el advenimiento de la Democracia. “Y supondría que el personal de servicio de La Moncloa que por ejemplo hiciera la comida y se la sirviera a mi representada cometería un delito de malversación”, añade.

Tras esto, el abogado lamenta que en la resolución del juez no existe “una mínima delimitación de cuáles son los delitos que se imputan a cada uno de los encausados”, lo que genera confusión. Y señala que para que el asunto pueda seguir adelante por el cauce del Tribunal del Jurado es necesario un esfuerzo por parte de Peinado más allá de reiterar conjeturas.

Entiende, así, que con el auto se vulnera el derecho del investigado al juez predeterminado por la ley, y advierte de que, con toda probabilidad, el magistrado no ha tenido en cuenta que, “por tratarse de un asunto muy mediático y abierto sin reservas a la opinión pública”, en caso de llegar a ser juzgado por un jurado popular “puede generar una ulterior lesión del derecho al juez imparcial como consecuencia del juicio paralelo que ya se ha producido por la acción persistente y continuada de los medios de comunicación”.

La defensa de Juan Carlos Barrabés, el empresario imputado junto a Begoña Gómez, ha presentado un escrito ante la instancia superior al juez Juan Carlos Peinado en el que acusa a este de “forzar” la Ley para aplicar la conexidad entre los delitos que se les atribuyen y poder así llevar el procedimiento por la vía del tribunal del jurado.

El escrito del letrado Javier Sánchez-Junco asegura que Peinado se ha servido de una interpretación “expansiva” de la ley para hacer que un delito, el tráfico de influencias, arrastre a los otros tres que se imputan a su defendido para acabar en un juicio con jurado. En consecuencia, la defensa solicita que la Audiencia Provincial de Madrid anule el auto del juez para llevar el procedimiento por el tribunal del jurado.

Sánchez-Junco asegura que “carece de sentido” que el único delito de los cuatro que puede ser juzgado por el procedimiento del Tribunal del Jurado arrastre a los otros tres –intrusismo, apropiación indebida y corrupción entre particulares– “cuando dos de ellos son de mayor gravedad, lo que debería determinar en todo caso la actuación contraria”.

La pasada semana, la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente uno de los recursos presentados por las defensas contra las decisiones del juez Juan Carlos Peinado de dividir en dos el procedimiento, lo que habría derivado en sendos juicios por el tribunal del jurado. Los magistrados de la instancia superior obligan al instructor a que indague en una misma causa sobre los cinco delitos que atribuye a Begoña Gómez y los otros imputados. 

Peinado había dividido la causa en dos para que, de confirmarse los indicios, Begoña Gómez se sentara en dos ocasiones distintas ante un Tribunal del Jurado. En una de las vistas se juzgaría la presunta malversación y en el otro los que afectaban a la causa principal: tráfico de influencias, intrusismo y corrupción entre particulares. El recurso de la defensa de Barrabés rebate que ni siquiera deba seguirse un solo procedimiento por la vía del tribunal del jurado. La Audiencia de Madrid tendrá que resolver esta segunda impugnación.

La Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha entregado un informe a la Fiscalía Europea en el que cuestiona dos procesos millonarios de adjudicación de la empresa pública Red.es a Juan Carlos Barrabés, imputado en el caso que el juez Juan Carlos Peinado dirige contra Begoña Gómez desde hace más de un año. Un informe en el que este organismo fiscalizador asegura que en estas adjudicaciones se cometieron irregularidades que beneficiaron a Barrabés de forma ilegal, como por ejemplo tener en cuenta positivamente las cartas que la esposa del presidente del Gobierno y otras empresas y organismos firmaron a su favor, aunque sin atribuir un papel concreto a las misivas de Gómez, motivo por el que fue imputada por Peinado en un primer momento.

Fuentes de Red.es cuestionan algunas de las conclusiones a las que llega el informe, asegurando que ninguna de las 33 auditorías a las que se han sometido desde 2011, entre otras por la propia IGAE, han informado en contra de sus normas de contratación. Los contratos analizados en este informe, destacan estas fuentes, “se ajustaron plenamente a la ley” sin que nadie presentara ningún tipo de recurso.

Juan Carlos Barrabés fue imputado por el juez Peinado por sus relaciones profesionales con Begoña Gómez. La primera denuncia de Manos Limpias, que abrió el proceso judicial, afirmaba que Gómez había usado su “estatus” de esposa de Pedro Sánchez para “recomendar o avalar por carta con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas”. En este caso a Juan Carlos Barrabés, con el que también colaboraba en el ámbito académico: en la cátedra extraordinaria que Gómez tuvo hasta 2024. El juez Peinado llegó a registrar el despacho y la casa de Barrabés mientras este estaba hospitalizado, movimiento anulado posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid.

Parte del caso terminó en manos de la Fiscalía Europea, que reclamó investigar las adjudicaciones de Red.es a Barrabés en dos contratos: la formación en empleo juvenil para la economía digital, donde consiguió dos lotes por 4,7 millones de euros, y un segundo contrato de 3,6 millones para dar cursos de ciberseguridad dentro de un servicio de formación para personas desempleadas. Una de las pocas líneas de investigación avaladas por la Audiencia Provincial y que terminó en manos de la Fiscalía Europea porque parte de esas adjudicaciones habían sido financiadas con fondos comunitarios.

El informe de la Intervención entregado a la Fiscalía Europea apunta a diversas irregularidades en estos procesos de adjudicación por parte de Red.es, empresa que depende del Ministerio para la Transformación Digital, aunque ninguna relacionada directamente con Begoña Gómez. En la línea de otro informe del mismo organismo entregado el pasado verano al juez Peinado en el que señala irregularidades puntuales en cuatro adjudicaciones a Barrabés sin relevancia penal.

La causa contra Begoña Gómez se abrió bajo la acusación de haber favorecido a Barrabés a través de cartas de recomendación o apoyo en estas adjudicaciones públicas, cartas que entregaron varios organismos, incluido el Ayuntamiento de Madrid. La IGAE explica que estas cartas, en su conjunto y no específicamente la de Begoña Gómez, fueron “tenidas en cuenta” para puntuar las ofertas, aunque no sea posible saber “cuántos puntos” significaron, aunque sí beneficiaron a la empresa de Barrabés frente a otras. “Tenerlos en cuenta para puntuar las ofertas en todo caso supone una adulteración de la valoración técnica, que ha beneficiado a algunos licitadores y ha perjudicado a otros”, dice Hacienda. Haber tenido en cuenta estas cartas cuando era algo que no aparecía en los pliegos es “arbitrario”, concluye el informe, ya que se discriminó a algunas empresas aspirantes a los contratos, aumentando de forma “injusta e ilegal” la puntuación, entre otros, de la empresa de Barrabés.

La IGAE, por tanto, considera irregular que Red.es tuviera en cuenta positivamente que las empresas vinculadas a Barrabés y otras aspirantes a los contratos presentaran estas cartas de apoyo, pero no especifica ni que marcaran la diferencia a la hora de adjudicar los contratos ni tampoco diferencia entre la carta que firmó Begoña Gómez y la que firmaron otras empresas u organismos públicos que habían contratado a Barrabés con anterioridad.

Fuentes de la compañía pública desmienten este punto y explican que esas manifestaciones de apoyo “no influyeron” en la puntuación de las diferentes ofertas, tal y como reflejan “los informes técnicos de valoración”. El propio informe, destaca, reconoce que “no es posible determinar” cuántos puntos sumaron las empresas que las presentaron.

“Podría constituir un fraude de ley”

Las críticas más duras del informe de la IGAE no tienen que ver con la relación entre Barrabés y la esposa del presidente del Gobierno, sino con el procedimiento seguido en la empresa pública Red.es para adjudicar los contratos que se llevó y cuantificar los puntos de cada empresa aspirante. El sistema elegido por esta empresa, critica Hacienda, no se correspondía con los pliegos y, además, acarreaba una consecuencia: la valoración de las ofertas tendría que haberla hecho un 'Comité de Expertos' con tres miembros no relacionados con la empresa pública.

“Sin embargo, incumpliendo la Ley, la valoración de los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula fueron valorados por la Mesa de Contratación de RED.ES, que no era competente para efectuar la valoración”, dice el informe. El resultado es un proceso de adjudicación que “podría constituir un fraude de ley mediante el que se ha eludido que la evaluación de los criterios subjetivos fuera realizado por un Comité de Expertos”.

Fuentes de la empresa pública entienden que en ninguno de sus expedientes se ha requerido la existencia de un comité de expertos y que ninguna de las más de 30 auditorías realizadas han expresado esa necesidad. Añaden que han aplicado las mismas normas de contratación a 1.610 expedientes desde 2011 y que estos pliegos y fórmulas de valoración han contado con el visto bueno de la Abogacía del Estado, al menos desde 2018 cuando cambió la normativa del sector público. Estos pliegos y fórmulas, además, no son específicos de los contratos que afectaban a Barrabés, sino que se aplican a todos.

Añade también a la lista de irregularidades que la empresa pública “no ha motivado la elección de las fórmulas elegidas para puntuar las ofertas económicas, y para ponderar las puntuaciones técnicas resultantes de la valoración efectuada por los técnicos”. Apunta igualmente a otro aspecto que benefició irregularmente a las empresas de Barrabés y su UTE: tener en cuenta positivamente que adjuntaran o no los currículos de orientadores y profesores, aunque eso no figurase en los pliegos como algo puntuable. “Dicha inclusión beneficia a determinados licitadores a los que se ha incrementado injusta e ilegalmente su puntuación, en particular” a las empresas relacionadas con Barrabés, mientras “perjudica a otros a los que se les ha reducido injusta e ilegalmente la puntuación”.

El juez Juan Carlos Peinado tiene encima de la mesa un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre seis adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés, imputado en el caso de Begoña Gómez, que el organismo avala en su conjunto, si bien halla irregularidades puntuales en cuatro de ellos. El informe está elaborado a petición del empresario.

Begoña Gómez está imputada, entre otras tesis del instructor, por haber firmado una carta tipo, en representación de la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense que codirigía, apoyando dos proyectos de Barrabés, pero ninguna de las dos adjudicaciones bajo la sospecha de Peinado, están entre los cuatro procedimientos en los que Hacienda ha encontrado alguna irregularidad.

Tres de las cuatro adjudicaciones con “incumplimientos” de la Ley corresponden a adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento de Madrid, una en la época de Manuela Carmena al frente del Consistorio y otras dos con José Luis Martínez-Almeida como regidor. El Ayuntamiento de Madrid fue una de las instituciones o empresas que firmaron las cartas-tipo que apoyaban el proyecto de Barrabés, sin embargo el juez Peinado solo puso el foco sobre las rúbricas de la mujer del presidente del Gobierno.

El cuarto contrato con “incumplimientos” que no corresponde al Ayuntamiento estuvo adjudicado por la empresa pública dependiente del Gobierno central Red.es. Como en el caso de las adjudicaciones del Consistorio madrileño, la IGAE dice que “cabe concluir que de la documentación remitida se desprende que las actuaciones realizadas en las fases de preparación, licitación, adjudicación y ejecución de los [seis] contratos analizados en el presente informe fueron conformes con la normativa aplicable, salvo en los aspectos que se indican a continuación”.

En el caso de Red.es, la IGAE concluye que “la valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor debió realizarse por un comité de expertos no adscritos al órgano proponente del contrato o por un organismo técnico especializado”. Por tanto, en el citado contrato se produjo “un incumplimiento” de la Ley de Contratos del Sector Público.

En el caso del contrato adjudicado por Carmena a una empresa de Barrabés ni siquiera hubo incumplimiento. La Intervención señala que “deberían haberse incluido en el expediente de forma motivada las razones, aspectos o elementos concretos que en este caso concreto justificaban en su caso el establecimiento de un requisito de solvencia técnica o profesional”.

Respecto a un contrato de Almeida en 2020, la IGAE detecta “un incumplimiento” de la Ley pero precisa que “parece complicado que dicho inumplimiento haya podido tener un efecto determinante en el resultado de la adjudicación del contrato”. En otro contrato de 2021, ya en época del PP en el Consitorio madrileño, Hacienda determina que el “incumplimiento” detectado no afectó a lo que finalmente se concluyó respecto de la adjudicación.

La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a corregir al juez Juan Carlos Peinado por excederse en su investigación a Begoña Gómez. Los magistrados han estimado en parte varios recursos de la esposa del Presidente del Gobierno, la Fiscalía y otros investigados y ha tumbado varias decisiones del juez en este año de investigación: seguir investigando si Gómez tuvo algo que ver en el rescate millonario de Air Europa, así como su decisión de imputar al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y al exconsejero madrileño Juan José Güemes, después de declarar como testigos.

Los jueces del tribunal supervisor tenían hasta 16 recursos encima de la mesa. La mayoría impuestos por la Fiscalía y las defensas criticando algunos movimientos clave del juez Peinado: desde citar a varios cargos de la Complutense hasta imputar a varias personas después de declarar como testigos, pasando por la toma de declaración de Pedro Sánchez en un despacho del palacio de la Moncloa.

El auto rechaza, por ejemplo, que Begoña Gómez no pueda ser investigada por supuesto tráfico de influencias y mantiene al empresario Juan Carlos Barrabés en la nómina de imputados, pero asesta varios varapalos a la instrucción de Peinado. El primero por haber ampliando la causa contra Gómez a aspectos de su vida profesional que solo estaban bajo sospecha en los escritos de las acusaciones populares: su contratación en el África Center del Instituto de Empresa (IE).

Fue “innecesario”, dice la Audiencia Provincial, llamar a testificar a la directora de recursos humanos del IE porque no hubo ningún tráfico de influencias en la contratación de Gómez. “Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la Sra. Gómez”, reprocha la Audiencia. Y pasan entonces a anular la imputación de Juan José Güemes, exconsejero de los gobiernos de Esperanza Aguirre, al que Peinado encausó aludiendo a una supuesta contradicción con esa testigo que nunca existió. Ni Güemes ni la directora de recursos humanos del IE dijeron que Begoña Gómez “hubiera sido contratada por ser la esposa del Presidente del Gobierno”.

La misma suerte corre la imputación de Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid, después de declarar como testigo por la cátedra extraordinaria que tuvo Begoña Gómez en ese centro, junto con dos másters, hasta el año pasado. La decisión “carece de fundamento” y levantan su imputación por una “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él.

Los jueces, que muestran su “sorpresa” por “tantos recursos” presentados contra las decisiones de Peinado, entienden que otras muchas testificales cuestionadas por las partes fueron “necesarias” y “pertinentes”, entre ellas la del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la cual el juez Peinado se trasladó personalmente a Moncloa para interrogarle. Pero cuestiona algo que, reconoce, ya no tiene solución: que Peinado entregara el vídeo de esa breve comparecencia a las partes.

El Presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar contra un familiar y el tribunal razona que “la entrega y publicación de dicho acto, carecía de sentido, debiendo permitirse a las partes se instruyeran de la grabación sin necesidad de entregar copia”. La grabación, dice el tribunal, “carecía de interés, ya que sólo contenía determinados formalismos”. Ese vídeo, que según la Audiencia Provincial nunca tendría que haber sido puesto en circulación, ya fue sobradamente publicado hace meses.

El rescate de Air Europa

El rescate de más de 400 millones de euros a Air Europa por los efectos de la pandemia es uno de los grandes objetivos de los partidos y asociaciones de extrema derecha que ejercen la acusación popular tanto en este proceso como en otros abiertos en la Audiencia Nacional y el Supremo: si el ejecutivo rescató a la empresa de Globalia porque Begoña Gómez, que conocía a su CEO Javier Hidalgo, intercedió a favor de la empresa.

Una de las primeras decisiones de la Audiencia Provincial de Madrid en este caso, ya hace un año en mayo de 2024, fue dar luz verde a la investigación de Peinado pero vetando las diligencias sobre el rescate de Air Europa, que Manos Limpias había metido en la denuncia y que no dejaba más que “conjeturas”. Un segundo aviso en ese sentido llegó en otro auto del pasado mes de octubre, cuando la Audiencia reiteró que el rescate de Air Europa estaba fuera de los límites de la causa.

El tercer aviso de la Audiencia Provincial para que Peinado deje de investigar el papel de Begoña Gómez en este rescate, siempre y cuando no aparezcan “hechos nuevos”, lo que se lleva por delante algunas diligencias, como por ejemplo el requerimiento de Peinado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de información sobre las ayudas que se otorgaron durante la pandemia a la aerolínea.

La causa contra Begoña Gómez, por tanto, sigue adelante con el empresario Juan Carlos Barrabés, el delegado del Gobierno en Madrid y su asesora Cristina Álvarez como imputados junto a la esposa del Presidente del Gobierno y queda delimitada por la Audiencia Provincial de Madrid, dejando fuera la creación de su cátedra en la Complutense, el rescate a Air Europa y su contratación en el IE. La causa sigue girando en torno a si Gómez “debía de venir aprovechándose de su proximidad al Presidente del Gobierno, como su esposa, para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias, siempre eso sí, a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional”.

La decisión del tribunal madrileño llega después de que la misma Audiencia anulara los registros practicados en el despacho y la casa del empresario Barrabés mientras éste se encontraba ingresado en un hospital. “No se puede obtener la verdad a cualquier precio”, reprochó entonces el tribunal al juez Peinado.

Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en la Moncloa, se ha convertido en el cuarto testigo de la causa que dirige Juan Carlos Peinado que pasa a estar imputado después de declarar obligado a decir la verdad. El nombre de esta asesora se suma al del empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense Joaquín Goyache y Juan José Güemes, exconsejero madrileño y directivo del IE. Todos han sido imputados después de comparecer como testigos y reconocer sus relaciones laborales con la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y negar que haya existido cualquier ilegalidad o trato de favor.

La causa contra Begoña Gómez arrancó en abril del año pasado bajo secreto de sumario y a instancias de una denuncia de Manos Limpias. El pseudosindicato ultra aportó una decena de recortes de prensa y acusó a la esposa de Sánchez de favorecer a Air Europa en su rescate millonario de 2020 y al empresario Juan Carlos Barrabés. El juez Peinado, apoyándose en varias acusaciones populares vinculadas muchas a la extrema derecha, ha ampliado el caso hasta abarcar cualquier actividad profesional de Gómez desde que reside en la Moncloa.

La última ramificación del caso indaga en torno a si Gómez tiene a su disposición una asesora de Moncloa para coordinar su agenda y también sus asuntos profesionales. Cristina Álvarez fue llamada a declarar como testigo el pasado mes de diciembre para explicar al juez que ella, efectivamente, trabajaba para la esposa del jefe del Ejecutivo. Entre otras acciones, envió correos electrónicos relacionados con los dos másteres y la cátedra que dirigió Gómez en la Complutense hasta hace unos meses.

Álvarez compareció como testigo y obligada, por tanto, a decir la verdad. Y el juez ha pasado en unos pocos días de rechazar su imputación a firmarla. El juez rechazó una petición de las acusaciones populares del caso de convertir a Álvarez en una investigada más el pasado 9 de enero, después de escuchar su declaración. En ese auto, Peinado explicó que la asesora no podía ser considerada sospechosa de tráfico de influencias o de malversación de caudales públicos.

En cuanto al primer delito, que en esta causa gira en torno a si Begoña Gómez usó su matrimonio con Pedro Sánchez para favorecer su propia carrera profesional, el juez fue claro: “No puede atribuírsele la condición de investigada en dicho hecho delictivo”. Su papel de “asistente”, añadió, “podría realizarlo cualquier otra persona” y, dijo entonces el magistrado, no podía ser considerada sospechosa de presionar a la Complutense escribiendo en nombre de la esposa del Presidente del Gobierno.

La opinión del juez ha cambiado este martes cuando ha notificado un auto en el que convierte en imputada. El magistrado ha pasado de ese primer auto exoneratorio a otro en el que explica que ahora sí tiene pruebas para “colegir la participación del hasta ahora testigo en los hechos investigados”. En el texto hace referencia al testimonio que ya conocía entonces y a otras diligencias que no especifica.

Fuentes del caso explican a elDiario.es que los únicos complementos a esa comparecencia llegaron al juez a finales de enero, cuando dos vicerrectores de la Complutense testificaron para explicar al magistrado la relación que tenían con Gómez y qué papel jugaba Álvarez. Fue Juan Carlos Doadrio, sobre todo, quien especificó a Peinado que, en un momento dado, cruzaba más emails con la asesora que con la propia Begoña Gómez, a la que acompañaba a todos sus encuentros.

Las ramificaciones del caso

La causa contra Begoña Gómez ha ido ampliándose a golpe de querella y solicitud de diligencias de acusaciones populares como Vox, HazteOir o Iustitia Europa, las dos primeras vinculadas a la extrema derecha, y en la actualidad abarca cualquier actividad profesional que haya desarrollado Begoña Gómez desde que reside en el Palacio de la Moncloa: sus másteres en la Universidad Complutense, su trabajo en el África Center del Instituto de Empresa, su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés y hasta el trabajo que hace para ella una asesora de Moncloa.

Las distintas ramificaciones del caso, ante la ausencia de pruebas con peso incriminatorio, han cogido vuelo con la imputación de personas que en su primera visita al juzgado eran considerados testigos. El primero fue el empresario Juan Carlos Barrabés: según Manos Limpias, el empresario y la UTE de la que participaba se vieron beneficiados, en dos adjudicaciones públicas, de lo que el pseudosindicato ultra definió como “cartas de recomendación” o incluso “avales”.

Barrabés declaró como testigo por videoconferencia el pasado mes de julio, explicando las veces que estuvo en Moncloa y negando cualquier trato de favor a sus empresas. Un mes después pasó a estar investigado y el juez registró su casa y sus empresas mientras Barrabés se encontraba hospitalizado. La Audiencia Provincial de Madrid, cinco meses después, ha anulado ese registro con una dura advertencia para Peinado: “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio”. Está por ver si esa nulidad tiene consecuencias en su imputación.

Sus declaraciones como testigo y como imputado fueron similares, negando que lo que Manos Limpias presenta como “avales” de la esposa del Presidente a sus empresas fueran tal cosa. En la línea de lo afirmado también por Begoña Gómez cuando compareció ante el juez: sus cartas en ningún caso apoyaban a Barrabés y su UTE: “Las cartas que firmé apoyaban un programa, no a empresas”.

El rector de la Complutense

El segundo testigo en pasar a ser considerado imputado fue Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid donde Gómez tuvo dos másteres y una cátedra extraordinaria. El juez mantiene varias líneas de investigación: si la UCM dio trato de favor a Gómez por ser esposa del Presidente del Gobierno y si ella, además, gestionó de forma irregular un software creado por varias empresas para su cátedra.

Goyache declaró como testigo a principios del pasado mes de julio. Defendió, como ha hecho varias veces en público y como ha reconocido por escrito la propia Complutense, que la relación de Gómez con el centro se había llevado de forma perfectamente legal y que nunca, ni él ni otros directivos de la Complutense, se sintieron presionados para dar trato de favor a la esposa del Presidente del Gobierno. Pocas semanas después era imputado por el juez.

La causa no ha arrojado datos que confirmen las sospechas del juez y las acusaciones populares: la propia Complutense ha defendido, incluso por escrito ante peticiones de información de un abogado antes de que Peinado abriera diligencias, que contaron con Begoña Gómez para sus cursos por su trayectoria en el sector, centrando sus sospechas en la gestión de un software que, según ha explicado ella misma, solo fue alojado en una página web y en ningún caso registrado a su nombre.

El cuarto testigo en ser considerado imputado por el juez es Juan José Güemes. Hombre fuerte en los gobiernos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Güemes fue llamado a testificar para explicar por qué contrataron a Begoña Gómez para ponerse al frente de su África Center. El juez Peinado entró en la sala convencido de que otra testigo había sido tajante al afirmar que Güemes había dado la orden de contratar a Gómez por ser esposa de Pedro Sánchez y, en una tensa sesión del caso, optó por imputar a Güemes. El exconsejero de Aguirre fue claro: “No se contrató a Begoña Gómez en el IE por ser la esposa del presidente”.

Cristina Álvarez es la última en sumarse a la lista de antiguos testigos que ahora deben comparecer con abogado y procurador en una causa que, por ahora, no se acerca a su final. Tendrá que comparecer de nuevo, aunque como investigada, en el juzgado de Juan Carlos Peinado, menos de dos meses después de que el magistrado descartara de plano su implicación en un posible tráfico de influencias.

La Audiencia Provincial ha anulado la resolución por la que el juez Juan Carlos Peinado acordó registrar el domicilio y las empresas del empresario Carlos Barrabés, otro de los investigados en la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es los jueces de la Sección 23 determinan que Peinado no justificó la “urgencia” de hacer esos registros “cuando el investigado se encontraba ingresado en el hospital”, tal y como acreditan los informes médicos aportados a la causa. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad”, dice la resolución.

La Audiencia de Madrid recuerda que los acusados tienen derecho a obtener resoluciones debidamente motivadas y subraya que en caso contrario se vulnera el derecho a la tutela judicial. Los magistrados aluden a la doctrina del Tribunal Supremo, que establece que “la inviolabilidad domiciliar es algo más que un requisito formal”.

En este punto insisten en que, para autorizar un registro, es necesario que el juez “realice una valoración propia sobre la proporcionalidad y necesidad de la medida”. Los magistrados concluyen que en este caso “la urgencia en sí” para realizar el registro tanto en el domicilio como en las oficinas de Barrabés “no se justificó”, especialmente dado que “el investigado se encontraba ingresado en el hospital”.

El empresario Barrabés es uno de los cuatro imputados por el juez Peinado junto con Begoña Gómez, el rector de la Complutense Joaquín Goyache y Juan José Güemes, directivo del IE y exconsejero de los gobiernos madrileños de Esperanza Aguirre. La denuncia de Manos Limpias, nutrida de diversos recortes de prensa, afirmaba que Gómez había firmado cartas de apoyo a sus empresas para conseguir contratos públicos y que, además, también había participado en la gestión supuestamente irregular de los másters y la cátedra que Gómez tenía entonces en la universidad.

El juez ordenó registrar su casa y sus empresas el pasado mes de agosto en busca de pruebas y el empresario recurrió al entender que la medida no cumplía “los requisitos legal y jurisprudencialmente establecidos para la adopción de tan gravosa medida”. Los agentes entraron en su casa y en la sede de su empresa Innova Next en Madrid, poco después de que el juez cambiara su condición de testigo a imputado. “Se ha vulnerado el principio de proporcionalidad porque el sacrificio de los intereses en juego no es ni mucho menos superior al beneficio que se pretende obtener”, alegó el empresario. Ese recurso también denunciaba el “carácter prospectivo” del caso.

El juez investiga desde hace meses a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, después de una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias a la que, con el tiempo, se han sumado acusaciones populares como Vox, HazteOir o Iustitia Europa. La causa, inicialmente, giraba en torno a esas supuestas cartas de recomendación con las que Gómez, según Manos Limpias, había apoyado a las empresas de Barrabés en licitaciones públicas, así como en el posible papel que la esposa del presidente del Gobierno hubiera jugado en el rescate millonario a Air Europa.

Begoña Gómez cambia de estrategia. La esposa del presidente del Gobierno ha respondido este miércoles a las preguntas realizadas por su abogado sobre los extremos que le imputa el juez Juan Carlos Peinado. Ha ocurrido durante su tercera comparecencia ante el magistrado. Gómez ha negado todas las acusaciones, incluida la que dio origen al caso, un supuesto tráfico de influencias por interceder a favor del empresario Juan Carlos Barrabés. “Las cartas modelo que firmé no apoyaban a las empresas [de Barrabés]. Apoyaban la importancia del proyecto que se licitaba”, ha afirmado Gómez, según avanzan a elDiario.es fuentes jurídicas.

La investigada ha defendido que no participó en ningún proceso de licitación y que ni siquiera tuvo conocimiento de esos procedimientos de adjudicación. Es más, asegura que solo supo de las adjudicaciones a las empresas de Barrabés –quien participó en el curso que codirigía en la Universidad Complutense– cuando se abrió la causa judicial que la mantiene imputada desde abril.

Gómez ha explicado que los dos papeles que firmó son cartas modelos, de las que dijo son habituales en los procesos de contratación pública. Ha dicho que esos escritos tipo fueron remitidos al máster de la Complutense que ella codirigía y que ni siquiera se solicitaba su firma. Para apoyar su tesis de que no recomendaba adjudicar contratos a las empresas sino apoyar el programa que se licitaba, Gómez ha dicho, sobre las cartas, en un momento de la declaración: “Basta con leerlas”.

En la misma línea, la esposa del presidente ha recordado que otras instituciones, como el Ayuntamiento de Madrid, firmaron la misma carta modelo y que además, con independencia de ese proceso, esas administraciones adjudicaron contratos a empresas de Barrabés.

La cátedra fue idea del rector

Sobre la acusación de haberse apropiado ilegalmente de un software elaborado por Indra para su cátedra de la Complutense, Gómez ha negado haberlo puesto a su disposición de manera ilegal. Su registro en una página web, ha defendido, era un paso necesario para su puesta en funcionamiento y era algo conocido por la UCM. Gómez ha recordado que así consta en los correos incorporados por su defensa a la causa.

Gómez ha aprovechado su comparecencia de hoy para explicar que comenzó a colaborar con la Complutense seis años antes de que Sánchez fuera presidente, en 2012. Comenzó con un diploma técnico y dos años después, en 2014 se convirtió en codirectora del primer máster. Su retribución era de 15.000 euros al año. En octubre de ese mismo año, 2020, fue nombrada directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, sin cobrar retribución por ello.

En este punto, Gómez ha explicado cómo se gestó la cátedra. La esposa del presidente ha atribuido la idea a Joaquín Goyache, rector de la Complutense que también ha sido imputado por el juez Peinado. Gómez ha asegurado que en una reunión en julio de 2020 –celebrada en Moncloa, según ha trascendido– trasladó al rector la invitación a un Congreso para impulsar el segundo máster. “Él me sugirió incorporar los dos másteres bajo la denominación de 'cátedra extraordinaria'”, ha dicho Gómez. La mujer del presidente ha añadido que ella desconocía tal posibilidad y que finalmente se materializó en octubre de 2020.

La imputada ha querido destacar que la cátedra se financió con recursos privados, nunca públicos y que tanto esta, como el máster, solo tuvieron como objetivo la difusión de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. En esta línea ha destacado que las iniciativas formativas nunca tuvieron ánimo alguno de lucro, ni por su parte ni por la de sus compañeros o las empresas que colaboraban.

Respecto a la acusación de intrusismo laboral, por firmar los pliegos de un contrato vinculado a la cátedra y para el que no tendría capacitación, Gómez ha defendido que lo hizo siguiendo instrucciones de la propia Complutense. En la universidad le trasladaron que era su responsabilidad firmar por ser directora de la cátedra, ha añadido.

Gómez ha acudido esta mañana a declarar como imputada en su tercera citación en la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado. El magistrado, a raíz de una querella de la asociación ultracatólica HazteOir, indaga en si la esposa del presidente del Gobierno se apropió de manera irregular de un software que Indra creó para su cátedra. La propia UCM ha reconocido por escrito ante el juez que Gómez nunca llevó esta herramienta al Registro de la Propiedad y ella siempre ha alegado que se limitó a alojar el software en una página web que ella pagó de su bolsillo siguiendo, además, instrucciones de la propia universidad.

Al término de la declaración, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha atendido a los medios. Sobre su relación con la Complutense y la firma de unos pliegos, que según HazteOir puede llegar a constituir un delito de intrusismo profesional, el abogado ha explicado que lo hizo siguiendo las instrucciones de la propia universidad: “Todos los procesos en la UCM son guiados y recibió al menos dos correos donde se instaba a firmar ese pliego de prescripciones técnicas”. Tampoco se apropió ilegalmente del software: “La UCM tuvo perfecto conocimiento de la inscripción de esas marcas y no se han utilizado nunca fuera del ámbito de la universidad”.

Güemes ya pensó en contratarla en 2017

La declaración de Begoña Gómez se ha prolongado por espacio de unos cuarenta minutos que han arrancado con un repaso sucinto a su carrera profesional. Gómez respondía a su abogado después de anunciar que solo contestaría a sus preguntas. Tras su declaración ha llegado el turno de Juan José Güemes, ex consejero de Sanidad con el PP y quien contrató a Gómez para el África Center. Güemes fue citado como testigo por el juez Peinado, quien interrumpió la declaración para citarle hoy ya como investigado.

En el escrito por el que le cita , el juez no explica los motivos de la imputación de Güemes. Esta mañana, el investigado ha vuelto a negar, como ya hiciera en su declaración como testigo, que contratase a Begoña Gómez por ser la mujer del presidente, informan fuentes presentes en la declaración.

Begoña Gómez ha explicado que conocía a Güemes desde hacía tiempo y que en 2017, mucho antes de que su marido se convirtiera en presidente del Gobierno, ya hablaron de colaborar profesionalmente. Gómez ha defendido que nunca fue contratada para el Instituto de Empresa –al que pertenece el Africa Center– por ser esposa de Sánchez, como indica que ya hablara de esa posibilidad mucho antes de que el PSOE llegara a gobernar.

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace más de siete meses a Begoña Gómez tras una denuncia de Manos Limpias que aportaba como prueba varias noticias de prensa, sigue centrado en escudriñar cada una de las etapas profesionales de la mujer del presidente del Gobierno.

Sus últimos movimientos están centrados en la época en la que dirigió el IE África Center, un proyecto de la escuela privada de negocios para impulsar la innovación en el continente africano al que Gómez se incorporó después de que Sánchez desembarcara en la Moncloa. Tras no hallar indicios de irregularidad en la relación que estableció en el IE con los dueños de Globalia, propietaria de la compañía Air Europa, y que después fue rescatada por el Gobierno en la pandemia; el juez investiga ahora si hay algún fleco irregular en su fichaje por ese centro privado. 

Esa nueva línea de investigación llevó este lunes ante el juez al directivo de IE y exconsejero autonómico del PP en Madrid Juan José Güemes. Fue citado como testigo y acabó como imputado tras negar que hubiera dado la orden de contratar a Begoña Gómez por ser esposa del presidente del Gobierno. Ante el juez, el que fuera uno de los hombres fuertes de Esperanza Aguirre trató de explicar que la contratación de Gómez se había debido a su experiencia en el ámbito de la captación de fondos. 

Eso, según el juez, se contradice con lo afirmado en sede judicial por otra testigo, la directora de Recursos Humanos del IE, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano. Esta directiva señaló a Güemes como la persona que le había dado la orden de contratar a Gómez para dirigir el IE África Center. Aseguró que su sueldo ascendía a 55.000 euros al año en 14 pagas.

En un tenso interrogatorio, Peinado llegó incluso a plantear un careo entre ambos comparecientes. Finalmente, acordó que el testigo volviera de nuevo ante el juez, pero acompañado de un abogado. En una providencia, el juez se limita a citarle para el próximo 18 de diciembre, pero no especifica ni los hechos que motivan su cambio de condición ni los delitos que le atribuye de forma indiciaria. 

No es la primera vez que Peinado imputa a un testigo después de escuchar sus respuestas en el juzgado. Lo hizo con el empresario Juan Carlos Barrabés, profesor del máster que dirigió Gómez en la Universidad Complutense y al que tiene en el punto de mira por sus adjudicaciones públicas en contratos relacionados con la innovación. Y también con el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que en sus dos comparecencias negó haber dado trato de favor a Gómez y se desvinculó de la creación de la cátedra que la mujer del jefe del Ejecutivo codirigió en el campus madrileño. Al igual que en el caso de Güemes, el juez tampoco ha aclarado de qué les acusa. 

En su última resolución, el juez también carga contra la citada Gil de Antuñano. Así, ordena que su testimonio se derive a otro juzgado para investigarla por un delito de desobediencia por “no atender” a un requerimiento que le hizo. Sin embargo, tampoco detalla el contenido de ese requerimiento. Cuando le tomó declaración el pasado octubre le pidió que justificara con documentos a qué cuenta bancaria se giraban las nóminas que recibía Gómez.

Las cuentas de Begoña Gómez

El último movimiento del magistrado no está ligado de forma concreta a una de las múltiples ramificaciones del caso, pero se adentra en un territorio que el juez todavía no había pasado: el patrimonio de Gómez. En la misma providencia en la que imputa a Güemes, Peinado solicita información a las autoridades sobre sus cuentas bancarias y sobre su matrimonio con Pedro Sánchez. En cuanto a lo primero, el juez se dirige al Punto Neutro Judicial y solicita la lista de cuentas bancarias de las que sea titular Gómez. En cuanto a lo segundo, pide al Registro Civil los datos de su matrimonio, que en la práctica da acceso a la información sobre si están en régimen de gananciales o separación de bienes. 

El juez no explica por qué imputa a Güemes y tampoco por qué pide estos datos. Son peticiones de información habituales cuando un juzgado tiene necesidad de indagar en el patrimonio de un investigado, ya sea para investigar sus cuentas o hacer una averiguación de cara a imponer, por ejemplo, embargos o fianzas de cara a un futuro juicio. La causa, en términos generales, se basa en las sospechas de las acusaciones populares de que Gómez aprovechó su matrimonio con el presidente del Gobierno para impulsar su carrera profesional. 

Las otras ramificaciones del caso se encuentran, por ahora, avanzando a un ritmo más lento. Una de ellas es la que analiza si el empresario Barrabés se benefició de su relación con Gómez obteniendo contratos públicos de la empresa pública Red.es, algo que por ahora han negado los diversos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Un exdirectivo de la compañía, incluso, ha afirmado en sede parlamentaria que las cartas de Gómez apoyando el proyecto no influyeron en la adjudicación. 

Otra parte de la investigación gira en torno a los dos másters y la cátedra que Gómez dirigió en la Universidad Complutense hasta este año. Por un lado, el juez indaga en si el centro dio trato de favor a Gómez por ser esposa de Sánchez, algo que por ahora han negado tanto los testigos como el rector imputado. Más recientemente ha abierto una nueva pieza separada para analizar una querella de HazteOir que acusa a Gómez de haberse apropiado de forma ilegal de un software desarrollado para su cátedra. 

Los posibles delitos que se pueden cometer impartiendo un máster universitario constituyen el nuevo reto jurídico de Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez, que ahora imputa a la mujer del presidente del Gobierno por intrusismo profesional y apropiación indebida. La nueva línea de investigación abierta por Peinado anticipa dos hechos: la extensión en el tiempo de la causa que se sigue en su juzgado desde abril, por una parte, y visitas al juzgado de la imputada, con su consiguiente atención mediática, por otro. 

Como ya hiciera con la toma de declaración del presidente del Gobierno en el Palacio de La Moncloa, Peinado extrema la ceremonia con independencia de qué vaya a aportar la diligencia al esclarecimiento de los hechos. Siempre con el amparo de la ley, en este caso la de Enjuiciamiento Criminal, Juan Carlos Peinado ha optado por algo que podía haberse ahorrado: citar a Begoña Gómez en persona para que vaya a recoger una citación en la que se le comunicará que está investigada por nuevos delitos y el día en que tiene que ir a declarar por ello. En lugar de citar a la investigada un día en su juzgado, Begoña Gómez deberá ir en dos ocasiones, con los respectivos despliegues de seguridad que acompañan a la mujer del presidente del Gobierno central. 

El Código Penal castiga con multa de seis a doce meses el delito de usurpación de funciones e intrusismo profesional, según el artículo 403 del Código Penal, que es el que encaja en la relación de hechos que hace la asociación ultra HazteOir, según el criterio de Peinado. El magistrado ha pasado de despachar en resoluciones de un párrafo los motivos de imputación a hacerlo esta vez en un auto de nueve páginas en los que no se encuentra ninguna de las coletillas habituales en el juez o el modo en el que suele redactar. 

La asociación ultracatólica afirma en su querella que Begoña Gómez ha redactado, sin estar capacitada para ello, los “pliegos de prescripciones técnicas” dentro del proceso de creación de una plataforma “de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa”, en el marco del máster que codirigía. Según HazteOir, Begoña Gómez no tiene la capacitación “técnica, al objeto de conocer científicamente” las necesidades de la universidad al respecto. 

El otro delito que suma Peinado a los que ya atribuía indiciariamente a Begoña Gómez es el de apropiación indebida. En este caso, la esposa del presidente del Gobierno se enfrenta a una pena de multa si se atiende a lo expuesto por el juez, que identifica los hechos como susceptibles de encajar en el artículo 253. En este caso, HazteOir acusa a Begoña Gómez de haber “inscrito” una sociedad a su nombre con el título del máster, TSC Transformación Social Competitiva, y después hacer lo mismo con el software, la herramienta digital que habría sido creada a través de la financiación de empresas privadas.

El juez Peinado ha involucrado a la UCO en la investigación de la documentación universitaria. En una providencia del pasado 31 de octubre, el magistrado ordena a la unidad especializada de la Guardia Civil que analice la citada documentación y “emita el oportuno informe”. El resultado de los dos informes anteriores de la UCO descartaba que Gómez hubiera cometido algún delito. El juez Peinado ignoró sus conclusiones y siguió adelante.

Vox ya intentó que Begoña Gómez fuera imputada por los mismos hechos pero atribuyéndole un delito de tráfico de influencias. Otro juzgado de Madrid, el número 34, advirtió de que el partido de extrema derecha confundía fechas en su querella. 

En ese auto, la magistrada Coro Monreal resolvía: “En el expediente de contratación no se aprecia que se haya desarrollado fuera de las normas que regulan la contratación del sector público”. Se trataba de atribuir a Gómez influencia al funcionario que dicta la apertura del procedimiento de licitación. “Ninguna influencia consta que haya podido ejercer en el funcionario que dicta la primera resolución, ni sobre los miembros de la mesa de contratación”, añadía. 

La titular del Juzgado de Instrucción número 34 aludía en su resolución al hecho de que el pliego de prescripciones técnicas fuera firmado por Begoña Gómez, pero no se detenía en que los hechos presentados pudieran constituir otro delito distinto al que señalaba Vox, tráfico de influencias, y que la jueza rechazó. 

El pasado mes de julio, la Universidad Complutense remitió un escrito al juez en el que le trasladaba que su investigación interna no había encontrado irregularidades o perjuicio para el centro por parte de la actuación de Begoña Gómez. El centro matizaba que no se trataba de una “conclusión definitiva”, achacando esta ausencia de indicios a “la falta de colaboración de determinados intervinientes”. 

En ese escrito, el centro docente, dependiente de la Comunidad de Madrid, se quejaba de la falta de colaboración de Gómez, aunque sin mencionarla. El requerimiento de información se envió el 11 de junio y al día siguiente, la esposa del presidente dio acuse de recibo en otro correo en el que aseguraba que estaba reuniendo la información. El 26 de junio falleció el padre de Gómez y el 2 de julio se reunió la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra Extraordinaria que dirigía Gómez.

En esa reunión, la Complutense ocultó a Begoña Gómez que el día anterior había mandado un escrito al juez acusándola de apropiación indebida y de dificultar la investigación. También rechazó la información que aportó durante la reunión Begoña Gómez porque, según argumentó el vicerrector de Planificación, José María Coello de Portugal, la “prudencia” obligaba a no aceptar la documentación que habían requerido días antes y de la que el día anterior se quejaban al juez que no había sido aportada.

Un correo electrónico remitido por una responsable de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a Begoña Gómez y otras dos personas muestra como la Sección de Patentes y Marcas del centro educativo estaba al tanto del registro por parte de la esposa del presidente del Gobierno de la marca para el software con el que tenía el compromiso de dotar a la cátedra extraordinaria que dirigía. “Os enviamos un enlace sobre cómo registrar un dominio”, dice la funcionaria a Gómez en un mensaje que adelantó elDiario.es.

Por alguna razón, la citación para que Begoña Gómez acuda al juzgado el 18 de noviembre a ser informada de su nueva imputación deberá ser entregada “PERSONALMENTE” por miembros del Cuerpo Nacional de Policía a Begoña Gómez en el Palacio de La Moncloa, según recoge así, en mayúsculas, el juez en el auto dictado el 28 de octubre. 

Sin indicios de irregularidades

El juez Juan Carlos Peinado lleva ya más de medio año investigando a Begoña Gómez. Una causa que arrancó con una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias compuesta por recortes de prensa y un bulo que, inicialmente, apuntaba a unas cartas de recomendación que la esposa del Presidente del Gobierno, junto con instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, aportó a una licitación pública a la que concurría el empresario Juan Carlos Barrabés. Meses después, esas cartas han caído en el olvido dando paso a una causa de múltiples ramificaciones que, por ahora, no han desembocado en grandes descubrimientos. 

Las cartas y las adjudicaciones de Red.es a las empresas de Barrabés, un punto que incluso la Audiencia de Madrid avaló investigar, se quedaron en dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que rechazaron cualquier irregularidad. Hace unos días fue Alberto Martínez, director de la empresa pública, quien compareció en el Senado para negar cualquier irregularidad y matizar el lenguaje del caso: las cartas no apoyaban a Barrabés sino un programa del fondo social europeo. 

La sospecha espoleada por las acusaciones populares gira en torno a si Gómez usó su relación con Pedro Sánchez para obtener trato de favor en la Universidad Complutense, para beneficiar a Juan Carlos Barrabés, al margen de la última ramificación sobre el software aparentemente no relacionada con su matrimonio. 

La investigación en torno a los másters y la cátedra que ostentó en la Complutense tampoco han arrojado, por el momento, indicios de un trato de favor que el propio centro lleva negando desde hace más de un año. Tanto a requerimiento del juez como a distintas peticiones de información. Tanto el juez como las acusaciones han exprimido las reuniones que Gómez mantuvo en La Moncloa con Barrabés y el rector de la universidad hasta el punto de convocar como testigo al Presidente del Gobierno. 

Tampoco aparecieron indicios de irregularidad en el rescate de Air Europa, la línea de investigación que por dos veces la Audiencia ha instado a abandonar por basarse en “conjeturas” de Manos Limpias. Un rescate de cientos de millones de euros que constituye la obsesión primigenia de las acusaciones populares del caso, que buscan constantemente ligar el caso de Begoña Gómez con el caso Koldo a través de este rescate y la figura de Javier Hidalgo, CEO de Globalia.

El caso afronta varias diligencias relevantes en las próximas semanas además de la citación de la propia Begoña Gómez. Unas horas antes de su comparecencia visitará al juez, como testigo, Juan José Güemes. Hombre fuerte de casi todos los gobiernos de Esperanza Aguirre, alto cargo con José María Aznar y poco cercano en general al PSOE de Pedro Sánchez, Güemes ha sido señalado como el autor de la orden de contratar a Begoña Gómez para dirigir el África Center del IE Business School. 

El empresario Juan Carlos Barrabés compareció como testigo ante el juez que investiga a Begoña Gómez para negar cualquier trato de favor por parte de ella o del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a él o a sus empresas en adjudicaciones públicas. Según el contenido de su declaración como testigo, que ha podido examinar elDiario.es, Barrabés explicó al juez Juan Carlos Peinado que mantuvo diversos encuentros con Gómez, algunos de ellos en el Palacio de la Moncloa, para poner en marcha un máster, y que coincidió con Sánchez, pero negó haber solicitado cartas de recomendación específicamente de la esposa del jefe del Ejecutivo. También que le hayan favorecido para ser consejero del Banco Santander: “No hombre, no, por Dios, ni de coña”.

Barrabés, aquejado de problemas de salud, compareció por videoconferencia ante el juez Juan Carlos Peinado. Durante el interrogatorio, el empresario se excusó repetidas veces por si fallaba en algún dato y afirmó al magistrado que estaba sometido a una severa medicación debido a la enfermedad que padece y que le llevó a ser ingresado de nuevo ese día.

Fue la abogada de Vox, portavoz de las acusaciones populares en la causa, la que planteó diversas preguntas por las cartas de apoyo firmadas por Gómez y que las empresas de Barrabés presentaron a diversas licitaciones públicas. El empresario negó que pidieran explícitamente que esas cartas fueran firmadas por Begoña Gómez, así como se se traduzcan en un apoyo a la empresa.

“Cuando te presentas a un concurso público, una de las cosas en el proceso siempre es presentar cartas”, explicó en su primera declaración. Unas cartas que, según especificó, no son de “recomendación” sino de “apoyo, y son de apoyo al proyecto, no es de apoyo a la empresa, eso es súper importante”. En este caso no fue una excepción: “Se piden siempre, el equipo las pide, se pidieron unas 30. Y en este caso se pidieron al máster, que lo firme una persona u otra es otro tema, pero son cartas de apoyo al proyecto”.

Sobre quién tuvo contacto con Begoña Gómez para obtener esas cartas, Barrabés insistió: “En realidad el equipo, yo creo que se pidió al máster, otra cosa es que la firmara ella, no sé por qué, pero nosotros siempre pedimos las cartas a las empresas o las instituciones pero no las pedimos a una persona nunca. No creo que se hiciera a ella, se hizo al máster y la carta es del máster”. La abogada de Vox preguntó también si su relación empresarial con Begoña Gómez pudo suponer algún tipo de beneficio para él, por ejemplo para ser nombrado consejero del Banco Santander en este año 2024. “No, hombre, no, por Dios, vamos, ni de coña”, respondió Barrabés.

“Una o dos” reuniones con Sánchez

En su declaración como testigo, el empresario también afirmó que se había reunido “una vez o dos” con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. No obstante, enmarcó esos encuentros dentro de su trayectoria como experto en el ámbito de la innovación y en una “ronda” que el jefe del Ejecutivo estaba haciendo con diferentes empresarios de ese sector. “Fue para tener mi opinión sobre cómo estaba el sector de la innovación, con las pequeñas y medianas empresas…”, respondió a preguntas del juez Peinado. 

No obstante, Barrabés no especificó cuándo se habían producido esos encuentros. También afirmó que había conocido al presidente del Gobierno en Benasque, un pueblo del Pirineo aragonés, si bien negó tener ningún tipo de relación “profesional” o de “amistad” con él. 

Además, el empresario declaró que en “unas cuatro o cinco” ocasiones se reunió con Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa. El objeto de esas citas fue abordar cuestiones relativas al máster de Transformación Social Competitiva que la mujer de Sánchez codirigía en la Universidad Complutense y en el que él impartió algunas materias. 

En este sentido, explicó al juez que siempre fue “por invitación”. Además, afirmó que en una de esas reuniones que mantuvo con Gómez también estuvo presente “durante un rato” el presidente del Gobierno y “Alberto Barreiro, una persona del mundo del diseño”, y que la conversación versó en torno al tema de la innovación.