“¡Vuestras políticas nos echan de nuestros barrios, hipócritas!” fue el grito dirigido hacia el Gobierno de Almeida que escucharon sus concejales este martes, durante el Pleno mensual que se celebraba en el Ayuntamiento de Madrid. Hablaba en ese momento del delegado de Urbanismo, Borja Carabante, cuando miembros del Sindicato de Inquilinas lanzaron folletos sobre los ediles y gritaron consignas de protesta por la situación de la vivienda.

Una decena de miembros de la organización siguieron diciendo otras consignas: “¡Fuera buitres de nuestros barrios!”, “¡menos pisos turísticos de nuestros barrios, más vecinas!”, reclamaban desde la tribuna de invitados mientras los servicios municipales intentaban llevárselos fuera del salón de plenos. “A trabajar como todo el mundo”, se escucha a uno de ellos en la grabación del momento a la que ha tenido acceso este periódico.

La imagen de la protesta no fue captada por la restransmisión del Pleno que ofrece el Ayuntamiento de Madrid, como sí había sucedido otras veces. Las cámaras se quedaron fijas en el concejal de Urbanismo mirando a los invitados y no ofrecieron planos de lo que estaba pasando más arriba. Mientras, los ediles de la izquierda aplaudían la protesta.

Carabante defendía en este momento un plan especial que concedía más superficie a un espacio turístico en el centro de Madrid, el Mercado de San Miguel. El edificio centenario, que acaba de ser vendido a un fondo de inversión holandés, podrá ampliar sus espacios después de esta tramitación municipal.

La protesta del Sindicato de Inquilinas tiene lugar dos días después de la gran manifestación por la vivienda que tuvo lugar en el centro de Madrid y dos meses después de que otra acción similar acabara también con la expulsión de varios de sus miembros durante el Pleno de marzo en Cibeles. En esa ocasión las cámaras municipales sí que apuntaron a los protagonistas de las reivindicaciones.

El Pleno de este mes de mayo era el primero en el que se aplicaba un nuevo reglamento que impedía a los invitados de los grupos políticos vestir camisetas reivindicativas o llevar banderas. Todos los concejales tienen derecho a traer a varias personas a los plenos, que suelen ser protagonistas o colectivos relacionados con las iniciativas a debate. La socialista Reyes Maroto ha denunciado estas restricciones mostrando en uno de sus turnos de palabra una camiseta del movimiento No al cantón en Montecarmelo.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado entre protestas del Sindicato de Inquilinas que incorporará a Casa 47, la empresa pública de vivienda, las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social y frenará todas las subastas y ventas. Lo ha dicho mientras activistas de la vivienda se encerraban en la sede de la Seguridad Social “hasta que las 800 viviendas sean públicas”.

El acuerdo ya estaba cerrado antes de las protestas, informan desde el Ministerio y reconocen desde el Sindicato, pero “el Gobierno incumplió el compromiso” y puso viviendas a subasta posteriormente, dicen desde el colectivo, lo cual les ha llevado a las calles. Además, denuncian que el Ministerio no haya aceptado las pórrogas de los contratos de alquiler de los inquilinos que hoy viven allí y que incluso se hayan ejecutado órdenes de desahucios-

El acuerdo llega después de que, el pasado abril, la subdirectora general de Gestión del Patrimonio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones denegara la prórroga de dos años solicitada por inquilinos de viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social en barrios del centro de Madrid como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico.

El Sindicato se ha manifestado solo dos días antes de la gran manifestación por la vivienda el próximo domingo y exigía al Gobierno y a la Tesorería General de la Seguridad Social “poner fin a los procedimientos de desahucio de las inquilinas de la TGSS, poner fin a todas las subastas para garantizar la permanencia de las viviendas públicas, ceder una parte de los locales comerciales a sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro que defienden el derecho a la vivienda o alquilar locales a cooperativas sociales”.

Las activistas también pedían “ceder los solares urbanizables disponibles para la construcción de vivienda público-cooperativa en cesión de uso cuyos requisitos de entrada sean los mismos que los de las VPO” o “ceder solares no urbanizables a asociaciones con finalidad de construir huertos urbanos y refugios climáticos”.

“No nos vamos hasta conseguir un acuerdo. Es intolerable que se subasten viviendas públicas de la Tesorería a fondos buitre”, ha asegurado tras el encierro Alicia del Río, portavoz del Sindicato. “Mientras tanto, todas las vecinas están recibiendo órdenes de desahucio. Exigimos el fin de los desahucios, la renovación de los contratos y el fin de las subastas”, ha señalado. “No puede ser que el Gobierno que se dice progresista se comporte como el peor fondo buitre diciendo que va a construir vivienda mientras dilapida las que ya están construidas”. “Esto lo hemos hablado, se habían comprometido a paralizar las subastas y ayer vimos una. Subastan viviendas, locales y solares que deberían ser de la ciudadanía. No nos vamos a ir hasta que no vengan la ministra Elma Saiz e Isabel Rodríguez y se alcance un acuerdo”.

Las inquilinas denunciaban que las 800 viviendas que quieren proteger “fueron gestionadas inicialmente por la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), un programa del gobierno de Zapatero que promovió el acceso a la vivienda para jóvenes. Sin embargo, desde la disolución del programa y la reabsorción por parte de la TGSS, los alquileres han subido un 30% y, ahora, el Estado pretende vender estos inmuebles a inversores a precios desorbitados, sin ofrecer alternativas viables a las vecinas que llevan casi dos décadas habitando sus hogares”.

Por eso denunciaban “la contradicción entre los discursos del Gobierno y la realidad de sus políticas”: “Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la ministra Rodríguez hablan de blindar y ampliar el parque público de vivienda, la Tesorería expulsa a decenas de familias de sus hogares y vende el patrimonio público”.El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está trabajando con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para incorporar las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) al parque público estatal de alquiler asequible.

Este domingo 24 de mayo, las calles de Madrid volverán a llenarse de personas en defensa del derecho a la vivienda. Diversos colectivos de vivienda y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid han convocado una nueva jornada de movilización en la capital con el objetivo de denunciar el encarecimiento del alquiler, la dificultad de acceso a una vivienda digna y las consecuencias sociales derivadas de la crisis habitacional. La protesta arrancará a las 12.00 horas desde Atocha y recorrerá el centro de la ciudad bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios”.

La convocatoria llega apenas algo más de un año después de la gran manifestación celebrada el 5 de abril de 2025, cuando miles de personas salieron a las calles de Madrid para reclamar medidas urgentes que pusieran freno a lo que los organizadores calificaron como “el negocio de la vivienda”. Aquella protesta llegó a movilizar a más de 15.000 manifestantes según la Delegación del Gobierno.

Ahora, los colectivos convocantes vuelven a llamar a la movilización con el argumento de que la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado. Según denuncian, Madrid atraviesa una “crisis de vivienda sin precedentes”, marcada por el aumento continuado de los precios del alquiler, el acceso prácticamente prohibitivo a la compra de vivienda y una creciente precarización de las condiciones habitacionales, con fenómenos como el hacinamiento, contratos abusivos o una presión económica cada vez mayor sobre los hogares.

La protesta de este domingo, impulsada principalmente por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, pretende además reclamar una respuesta más contundente de las administraciones públicas ante un problema que consideran estructural. Los convocantes sostienen que el coste de la vivienda se ha convertido en un factor de empobrecimiento y expulsión de vecinos de sus barrios, denunciando que, en muchos casos, una gran parte de los salarios se destina exclusivamente al pago del alquiler, mientras el mercado continúa tensionándose.

Los organizadores defienden que la movilización busca visibilizar el rechazo a un modelo inmobiliario que, a su juicio, favorece la especulación y dificulta el acceso a una vivienda digna. Además, hacen un llamamiento amplio a la participación de vecinos, tanto inquilinos como propietarios, al considerar que la crisis de la vivienda afecta de forma transversal a la ciudad y exige medidas que permitan frenar el incremento de precios y garantizar condiciones de vida más accesibles.

 A continuación, recopilamos la información imprescindible de la movilización:

¿A qué hora tendrá lugar y desde dónde partirá?

La manifestación tendrá lugar este domingo 24 de mayo a las 12.00 horas y partirá desde Atocha. La marcha finalizará junto al Metro de Sevilla.

¿Cómo llegar?

La estación de Metro más cercana al punto de inicio de la marcha es Atocha (L1), que además cuenta con conexión con todos los trenes de la red de Cercanías de Madrid. En cuanto a los autobuses, pueden emplearse las líneas 10, 14, 19, 24, 26, 32, 37, 54, 57, 59, C1, C2, 85, 86, 102, 141, 203 y 001. El final de la protesta se sitúa junto a la estación de Metro de Sevilla (L2).

¿Quién convoca?

En esta ocasión, la manifestación ha sido convocado principalmente por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, aunque se trata de una protesta apoyada masivamente por otros colectivos de vivienda de la Comunidad de Madrid, así como otras entidades como Sindicatos como CGT, colectivos como Bomberxs contra los Desahucios, colectivos antirracistas, ecologistas y feministas.

¿Cuáles son las reivindicaciones principales?

Entre las principales reivindicaciones de los manifestantes figura la bajada de los precios del alquiler, en un contexto que califican de “insostenible”. Según denuncian desde el Sindicato de Inquilinas, el coste del arrendamiento en Madrid ha aumentado más de un 50% en los últimos cinco años, hasta situarse por encima de los 1.500 euros mensuales de media en la Comunidad. A ello suman que muchas familias destinan ya más del 70% de sus ingresos al pago de la vivienda, motivo por el que reclaman medidas como contratos indefinidos que aporten estabilidad residencial, el fin del fraude asociado a alquileres de habitaciones y de temporada, la recuperación de viviendas en manos de fondos de inversión y la ampliación de un parque público de vivienda que permanezca fuera del mercado privado.

Los organizadores también ponen el foco en el modelo económico y político que, a su juicio, sostiene la crisis habitacional. Desde el Sindicato de Inquilinas critican que determinados discursos políticos traten de señalar a colectivos vulnerables como responsables del problema, cuando consideran que el origen está en la especulación inmobiliaria y en políticas públicas insuficientes. Asimismo, sostienen que la situación afecta tanto a inquilinos como a parte de los pequeños propietarios, y defienden que la respuesta pasa por reforzar la organización vecinal y sindical para presionar a favor de cambios estructurales en el acceso a la vivienda.

¿Habrá movilizaciones en otras ciudades?

Sí, habrá más manifestaciones en otras ciudades aunque no todas serán en las mismas fechas. Las protestas se iniciarán en Guadalajara el 23 de mayo. El día siguiente, 24 de mayo, será una fecha clave con convocatorias simultáneas en Madrid, Teruel, Zaragoza y Badajoz. El mes cerrará con protestas en Burgos, Logroño y Murcia el día 30 y en Valladolid el día 31.

Al inicio de junio, el día 5, la cita será en Vigo. El 6 de junio se convertirá en la jornada de mayor intensidad, con convocatorias en Catalunya, València, Alicante, Xixón, A Coruña, Ourense, Segovia, Cantabria, Ávila y Santiago de Compostela. La campaña de movilizaciones concluirá en Salamanca (21 de junio), en Málaga y Cádiz (27 de junio) y Gran Canaria (28 de junio).

Hay más de 34.000 demandantes de vivienda social en Canarias. Mientras, el gobierno autonómico entrega a cuenta gotas las poquísimas casas de promoción pública que construye, 24 en los últimos tres años. Prometen que habrá más, pero ahora quienes soliciten una de estas viviendas tendrán que demostrar que residen en las islas, como poco, desde hace 12 años.  

Distintas asociaciones y plataformas por el derecho a la vivienda acusan de “discriminatoria e ineficaz” la nueva regulación por la que se accede a las viviendas de promoción pública en Canarias. Piden que se paralicen los desahucios, que las administraciones pongan a disposición “muchas más viviendas sociales públicas” y critican “las exigencias y burocracia” de la nueva normativa. 

Ya se están desplegando los primeros efectos del polémico Decreto 23/2026 que regula en Canarias el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública, en vigor desde el pasado 7 de abril. 

Desde 2007, la vivienda pública se adjudicaba por sorteo entre quienes cumplieran el requisito de residencia de 7 años. Ahora, es un sistema de baremación basado en criterios sociales, como que los ingresos que no superen los 21.000 euros anuales para la vivienda de promoción pública, o los 42.000 euros para viviendas de promoción privadas. Sólo podrán registrarse quienes lleven un mínimo de cuatro años residiendo en las islas. Pero además, los demandantes de vivienda pública tendrán que demostrar un arraigo de 12 años de residencia continuada en Canarias, o 15 en el caso de residencia discontinua. Además, hay que tener cinco años de residencia o vinculación laboral en el municipio donde se ubique la vivienda. 

De este modo, Canarias se ha convertido en la primera región española que exige residencia fija en la comunidad autónoma. Y este es uno de los aspectos más polémicos de la nueva normativa. 

Una normativa polémica

Para el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura el reglamento de acceso es “extremadamente exigente para la gente trabajadora con menos recursos, que es para quien debería ser la vivienda protegida”. Califican la medida de “electoralista”, y señalan que se ha hecho “bajo la falsa premisa de los canarios primero”. Explican que si el actual gobierno “de verdad piensa en los canarios y canarias, que intervenga de una vez el mercado inmobiliario y facilite el acceso a una vivienda digna a todos, independientemente de sus dineros en el banco”. 

Para la plataforma Derecho al Techo de Gran Canaria, lo único que se está consiguiendo es “burocratizar más la vulnerabilidad para intentar reducir las listas de espera de acceso a la vivienda pública, con un gravísimo riesgo de exclusión silenciosa. Se está demostrando que el problema central sigue intacto, y es la falta de vivienda pública”, aseguran. 

En el mismo sentido el Sindicato de Inquilinas de Tenerife considera que la parte de la población que no cumple con los nuevos requisitos del Gobierno de Canarias “quedan directamente discriminadas”. Y asegura que así serán menos personas para “competir por la insuficiente cantidad de vivienda pública que hay y habrá”, sentencian. 

Un decreto contra los Derechos Humanos

Desde el Observatorio de Derechos Humanos DESCA afirman que el decreto del Gobierno de Canaria va contra el derecho de igualdad de trato y a la no discriminación. “A nivel jurídico el decreto incumple casi cualquier tratado internacional en materia de Derechos Humanos, incluso la Constitución Española y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias”, asegura Miguel Ruiz, abogado e investigador del Observatorio DESCA.  

Todas estas organizaciones señalan que este decreto perjudica a las personas migrantes “ya de por sí vulnerables”. Para el Observatorio DESCA esta normativa es “propia de gobiernos de extrema derecha que piden la prioridad nacional”. Y aseveran que esta normativa discrimina por “prioridad de origen y de clase”.

“En general este decreto tiene ganas de excluir, de discriminar y de reducir a muchísima población. Y aboca a una situación de sinhogarismo. Luego lamentamos que haya personas sin hogar, pero la propia normativa ya las está condenando a ellas”, asegura Ruiz.

Prioridad de vivienda para ricos

Aunque vivimos en un contexto social de emergencia habitacional, Canarias ha ascendido hasta el “Olimpo inmobiliario del lujo”. Según un reciente informe publicado por la red inmobiliaria The Simple Rent, las islas concentran aproximadamente el 12% del mercado de lujo nacional. Canarias es la tercera comunidad autónoma de España donde más residencias de lujo se venden. Sólo por detrás de Baleares y Madrid, y por delante de la Costa del Sol. 

Desde el Observatorio DESCA señalan que el Gobierno canario está “disfrazando el problema de que es una cuestión de prioridad nacional, está comprando el discurso a PP y Vox. Entonces, están dando prioridad solo para los ricos”, aseguran. 

Explican que el sentido del decreto va encaminado a legislar “contra la gente migrante pobre, pero a la rica se la sigue favoreciendo o no se actúa absolutamente en nada para evitar la especulación de la cual se benefician”.

Cómo solucionar el problema de vivienda

Javier Marrero de la plataforma Derecho al Techo sostiene que “seguimos sin un cambio de paradigma en la política de vivienda”. Considera que las administraciones canarias están ocultando lo que realmente hay que acometer, como: una “ampliación masiva y urgente del parque público y social de vivienda, aplicar la ley de vivienda y declarar zonas tensionadas regulando los precios de los alquileres, limitar e inspeccionar la vivienda vacacional en áreas residenciales, y movilizar inmediatamente las vivienda vacías de grandes tenedores”. 

“En las zonas turísticas, la vivienda está secuestrada, y se tiene que prohibir”, afirman desde el Observatorio DESCA. Miguel Ruíz recuerda que en Cataluña se han extinguido las licencias turísticas hasta 2028. “Nada más se permiten viviendas turísticas en aquellos municipios que garanticen que no tienen ningún problema de vivienda”, y recuerda que ahora mismo no hay ninguno. Tampoco los hay en las islas.

Ruíz explica que en esta situación de emergencia residencial, “como así lo ha establecido por decreto el Gobierno de Canarias, se tiene que limitar esta situación”. Y señala que el gobierno canario también dijo que “iba a limitar las compras de no residentes. Esto jurídicamente es viable, con Observatorio lo estudiamos en su momento”, apunta. 

Además de blindar el parque público de vivienda, las soluciones pasarían por “movilizar el suelo”. También proponen que el gobierno autonómico “debe establecer un tanteo y retracto de la mayoría de operaciones que se hagan en materia de vivienda, para poder comprar viviendas a bajo precio”. 

Todos coinciden que la principal medida sería topar los alquileres, “cualquier persona sensata lo haría”, afirman desde el observatorio DESCA, y recuerdan que en Cataluña esa medida ya está en marcha con éxito. “Aunque no se ha solucionado la crisis de viviendas, para las 230.000 familias que viven de alquiler en Metropolitana, está funcionando”.

Otra medida mencionada sería “poner impuestos a las viviendas vacías”. Ruíz explica que no hace falta que se a todas las viviendas vacías, sólo con gravar las de los grandes tenedores, “SAREB, fondos de inversión, fondos buitre, recauda normalmente entre ocho o nueve millones de euros al año. Que no soluciona el problema de vivienda, pero bueno, se pueden comprar muchas viviendas. Se pueden comprar edificios enteros”, concluye.  

La conclusión de todos los colectivos mencionados es legislar con “políticas públicas valientes contra la especulación”. O como dice el mandato constitucional: “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. 

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha anunciado este miércoles en rueda de prensa una llamada a la “desobediencia inquilina” que comenzará con la movilización del domingo 24 de mayo bajo el lema La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios.

Una rueda de prensa en la que Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha estado acompañada de Damian Rodríguez (COESPE) y Elisa Montero (Confederación de Sindicatos de Inquilinas). Esta manifestación tiene un carácter de urgencia, exponen, dada la “actual crisis de la vivienda en el Estado” y tendrá un recorrido desde las 12.00 en Atocha y hasta el Metro Sevilla, donde finalizará.

Se trata de una protesta apoyada masivamente por otros colectivos de vivienda de la Comunidad de Madrid, así como otras entidades como Sindicatos como CGT, colectivos como Bomberxs contra los Desahucios, colectivos antirracistas, ecologistas y feministas.

El alquiler ha subido en Madrid “más de un 50% en los últimos cinco años, con un coste medio en toda la Comunidad de más de 1.500 euros al mes”, lamentan los convocantes. “Se dedica más del 70% de los salarios al pago del alquiler, es decir, que 3 de cada 4 días trabajados son para los caseros. Mientras tanto, los gobiernos siguen sin responder con firmeza a esta situación, permitiendo que la especulación campe a sus anchas. Se necesita bajar los precios de los alquileres, contratos indefinidos que den estabilidad a quien habita las viviendas, acabar con el fraude de alquileres de habitaciones y temporada, recuperar las viviendas de los fondos buitre y crear un parque de vivienda público que no acabe en manos privadas”.

“La derecha y la ultraderecha intentan desestabilizar a la población que sufre por los precios de la vivienda, señalando a la población migrante, a la ocupación o a las pensionistas como culpables para provocar enfrentamientos entre las últimas y las penúltimas. También se busca confrontar a inquilinos y propietarios, cuando la gran mayoría de los propietarios de vivienda también están cansados de las consecuencias del rentismo, al ver como sus barrios son transformados en parques turísticos y a sus familiares, vecinos y amigos les cuesta la vida alquilar una vivienda”, añaden desde el Sindicato de Inquilinas.

“Utilizar el racismo y los discursos de odio no tapa su negocio. Esta crisis ha sido provocada y sigue siendo sostenida por rentistas, inmobiliarias, fondos, bancos, empresas de alarmas y grandes conglomerados inmobiliarios, así como por los gobiernos y las instituciones públicas que han posibilitado este modelo con sus políticas, interviniendo el mercado a favor de la especulación”, precisan. Por ello, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan que “la solución pasa por la organización sindical y vecinal, y pasar a una fase de desobediencia hasta acabar con el negocio de la vivienda”.

Movilizaciones por todo el país

La ofensiva inquilina se articula a través de un cronograma extenso para asegurar una presencia sostenida en las calles. Las protestas se iniciarán en Guadalajara el 23 de mayo. El día siguiente, 24 de mayo, será una fecha clave con convocatorias simultáneas en Madrid, Teruel, Zaragoza y Badajoz. El mes cerrará con protestas en Burgos, Logroño y Murcia el día 30 y en Valladolid el día 31.

Al inicio de junio, el día 5, la cita será en Vigo. El 6 de junio se convertirá en la jornada de mayor intensidad, con convocatorias en Catalunya, València, Alicante, Xixón, A Coruña, Ourense, Segovia, Cantabria, Ávila y Santiago de Compostela. La campaña de movilizaciones concluirá en Salamanca (21 de junio), en Málaga y Cádiz (27 de junio) y Gran Canaria (28 de junio).

El líder de Desokupa confirma que viene a Tenerife al concierto de Craig David, anunciado como el cierre del evento Fit Experience Fest. “Me voy a Tenerife al festival de un amigo”, asegura en redes sociales Daniel Esteve, líder de Desokupa, y en sus propias palabras, “amigo” de algún organizador del Fit Experience Fest, el polémico evento que tendrá lugar por tercer año consecutivo, este sábado 9 de mayo, en el Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife. 

El Sindicato de Inquilinas de Tenerife, lo ha criticado duramente y sigue exigiendo al Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y especialmente al Ayuntamiento de Santa Cruz, que retiren su apoyo a este festival por sus vínculos con “redes de extrema derecha, como Desokupa”. Hace días el Sindicato de Inquilinas de Tenerife emprendía una recogida de firmas en la plataforma Resist.es para pedir a las administraciones que retiren todo su apoyo al evento. En tres días han reunido más de 1.500 firmas. 

Bajo el disfraz de “evento familiar e inclusivo, este festival no es más que una pasarela de propaganda para empresas que son el pulmón económico de la extrema derecha más violenta”, aseguran desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife.

La Viceconsejería de Deportes del Gobierno de Canarias confirmaba a esta redacción que colaboran con este evento a través de un “contrato de patrocinio deportivo por importe de 14.900 euros”. El Cabildo de Tenerife prefería no responder a las preguntas de este periódico. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se limitaba a “remitir al comunicado de la empresa organizadora”, en el que se aseguraba que “cualquier vinculación con la dirección u organización del evento es rotundamente falsa”.

Sin embargo, como se puede ver en las redes del líder de Desokupa, Daniel Esteve, asistirá al evento. “No soy parte de la organización, pero como me invitan”, asegura Esteve, y añade, “voy a pasar unos días en Tenerife, con ganas de ver a mis hermanos canarios”, mientras posa con productos de Lifrepro, marca organizadora del festival y sponsor del Club Desokupa, que dirige Esteve.  

El director ejecutivo de la empresa organizadora de este festival es Alejandro Monedero, quien en sus redes anima a inscribirse en el Club Desokupa. Uno de sus “instructores” es Daniel Toledo, alias ‘Jacare’, un conocido neonazi y exluchador de artes marciales que estuvo presente en ediciones anteriores del Fit Experience Fest. 

“Mientras miles de familias en nuestras islas viven bajo la amenaza constante del desahucio y la precariedad habitacional, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz han decidido dónde poner sus prioridades: blanqueando institucionalmente a quienes viven de la intimidación, otra vez”, aseguraban en un comunicado el Sindicato de Inquilinas de Tenerife.

“Una calle llena de furgones policiales para desahuciar a una persona que lleva 67 años en su casa”. Así denunciaba el Sindicato de Inquilinas de Madrid en sus redes sociales el nuevo despliegue para desalojar de su casa a Mariano Ordaz, vecino de la céntrica calle del Carnero que este jueves se enfrentaba al quinto intento de desalojo de un piso en el que ha pasado toda su vida y del que quiere expulsarle una orden religiosa.

Esta vez, ni siquiera la enorme movilización vecinal e inquilina ha logrado evitar su ejecución, apoyada por hasta ocho vehículos de gran tamaño de la Policía Nacional y decenas de efectivos. Como respuesta al lanzamiento y a la detención de dos personas, el Sindicato ha convocado una manifestación de urgencia este mismo jueves desde las 18.00 junto a la sede de la Brigada Política de Información de Madrid, situada en la calle Tacona del distrito de Moratalaz.

Una multitud de manifestantes, la mayoría de ellas jóvenes, se han concentrado junto al domicilio de Mariano desde primera hora de la mañana para evitar el desahucio y mostrar su apoyo a este vecino, muy querido en la zona. Dos de estas personas han llegado a colgarse de la fachada del edificio y han colgado una pancarta con un contundente mensaje dirigido a la orden católica: “Aquí no desahucia ni Dios”. Han permanecido en el aire durante más de nueve horas, desde las 6.00 de la madrugada, como medida de presión para suspender el lanzamiento: si alguien abría la puerta de casa de Mariano, caerían al vacío. Finalmente, bomberos del Ayuntamiento de Madrid han intervenido para que bajaran de las alturas tras colocar una colchoneta a nivel del suelo y ambas han sido arrestadas.

“Mariano no estás solo, estamos contigo” ha sido una de las proclamas que más han repetido los protagonistas de la movilización ante los agentes y furgones de la Policía Nacional movilizados. “Cuanta policía para echar a un pensionista”, lamentan desde el Sindicato de Inquilinas. También han vuelto a reprochar su “falta de humanidad” a la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, conocida como VOT, propietaria del inmueble.

Carolina Vilariño, miembro de la organización, denuncia que el dispositivo de este jueves “no tiene precedentes y está lleno de irregularidades”: “No han esperado a la Comisión Judicial y están intentando tirar la puerta abajo, han amenazado a las compañeras que resisten con un bidón de gasolina y quemarlas vivas dentro si no salen y hay dos vidas en riesgo”.

Con este último punto, Vilariño se refiere al dispositivo ideado desde el Sindicato para instar a las autoridades a que desistan del desalojo: “Hay un dispositivo en el que si se abre la puerta [del domicilio de Mariano] dos personas que están colgadas en la ventana del patio se precipitan al vacío. Los policías no están capacitados para esa operación, tendrían que venir bomberos”. “El delegado del Gobierno, Francisco Martín, es el responsable de lo que está ocurriendo y debe detenerlo. Es un dispositivo para favorecer al rentismo”, apostillan desde la agrupación en defensa de los derechos inquilinos. La operación para encaramarse al bloque ha sido ejecutada por dos miembros del grupo de militancia Acciones en Alturas.

Finalmente, efectivos del cuerpo de bomberos se han personado en el lugar pasada las 9.00 y han colocado una colchoneta bajo las dos personas encaramadas a la fachada. “Confiamos en que los bomberos del Ayuntamiento de Madrid no colaborarán en ejecutar este desahucio, solo en garantizar la seguridad de las compañeras que siguen colgadas. No dejaremos de gritar un segundo para que Mariano sepa que estamos con él”, trasladaba la organización. Vilariño ha apuntado luego que “los bomberos han dejado claro que desahuciar no es su función y se plantan, solo van a asegurar a las compañeras en caso de que la policía tire la puerta abajo”.

Imágenes posteriores muestran, no obstante, que los bomberos sí han comenzado a participar del desalojo. “La Comisión Judicial pretende ejecutar el desahucio, los bomberos se están preparando para entrar. La vida de dos compañeras corre peligro. Lo que estamos viviendo es una verdadera vergüenza”, publicaba en su perfil el Sindicato. Un mensaje que apuntaba ya hacia la culminación del desahucio, un hecho que ha adelantado Público y que confirman a Somos Madrid fuentes cercanas al caso.

Además de las irregularidades previas denunciadas por el Sindicato, afirman haber captado incluso una conversación entre dos agentes policiales donde uno de ellos deja las declaraciones siguientes, según el vídeo compartido con los medios y en sus redes: “Lo que tendría que tener es no tanto miramiento, dejar entrar y se acabó. ¿Qué se cae uno? El siguiente ya no se volverá a colgar”.

Ocho furgones de las fuerzas de seguridad han llegado a la calle del Carnero poco después de las 6.00 de madrugada, una temprana hora a la que ya había sin embargo un nutrido grupo de personas movilizado que se ha ido ampliando con el paso de las horas.

Desde el Sindicato han alertado asimismo de que no se ha permitido a un grupo de abogadas con labores de mediación conversar con la Comisión Judicial desplazada, un hecho que califican de “inaudito”: “No entendemos esto, queremos que puedan acceder y hacer su función”, afirma Vilariño. “La Comisión simplemente ha dicho que se va a ejecutar, pero nosotras seguimos resistiendo”, zanja.

El pasado miércoles, el Sindicato organizó ya una “vigilia contra el rentismo” a modo de acción simbólica de protesta contra las actuaciones de la la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís. A sus 67 años, tiempo en el que solo ha conocido esta casa donde nació cuando ya vivían en ella su abuela y sus padres, Mariano se enfrentaba a una difícil encrucijada. Tenía que decidirse entre su propia seguridad o el más que probable desahucio si abandona el piso para que la orden franciscana que ostenta la propiedad ejecuten los trabajos de reforma necesarios.

El techo de la cocina, carcomido por las humedades, se vino abajo el pasado 8 de noviembre. La estancia ha quedado inutilizable desde entonces, con la excepción de la nevera. La encimera, el fregadero o la propia cocina cedieron ante la caída de unos escombros ahora agolpados en una esquina. Seis meses después, pilotes colocados por los bomberos evitan el colapso de la estructura y la apuntalan.

Estos elementos también ocupan la mitad del baño, incluida la ducha, para reforzar la estabilidad. Mariano hace algunas elaboraciones con un hornillo o busca lugares baratos para comer. Se ducha en casas de amigos, la de su vecina o en el gimnasio de un centro social. No sabía si su vivienda regresará algún día a la normalidad y ahora ya no sabe ni siquiera si tendrá de nuevo una vivienda.

La propiedad solo se plegaba a acometer las obras necesarias si él la abandonaba. “Ahora que el desahucio se ha parado sin fecha, la propiedad tiene tiempo para las reformas acometidas sin echar a Mariano de la casa en la que lleva toda su vida”, apuntaba el Sindicato en un comunicado después de frenar el cuarto conato de desahucio. Pero en vez de eso, volvieron a la carga.

Y eso que la milenaria VOT cuenta con un extenso patrimonio inmobiliario en la ciudad de Madrid y sus alrededores. Entre sus propiedades se encuentra el Hospital VOT San Francisco de Asís, en el barrio de Embajadores. Este centro sanitario, ubicado a escasos diez minutos del domicilio de Mariano Ordaz, se inauguró en 1967 y es el más antiguo de Madrid. En las inmediaciones del propio domicilio de Mariano, en el número 1 de la calle del Carnero, varios inmuebles comerciales o residenciales pertenecen a la entidad religiosa.

Mariano estuvo a punto de ser desalojado (llegó a recibir una orden) ya en 2022, después de acumular impagos. No hubo caridad por parte de su casero, la VOT, conocida más recientemente como Orden Franciscana Seglar (OFS). Finalmente, aquel desalojo lo evitaron la movilización del Sindicato de Inquilinas y el freno judicial amparado en el decreto del Gobierno para la paralización de los desahucios a quienes acreditasen vulnerabilidad. Ahora el apoyo del Sindicato y la organización colectiva han sido el único escudo que le queda a Mariano y esta vez, por desgracia, no ha sido suficiente. Termina así una etapa de 67 años arraigada en un hogar del que ahora le despojan.

La historia de Laura es un buen resumen la tensión creciente entre grandes tenedores y familias vulnerables en el mercado de la vivienda.

Vecina de Camarena (Toledo) y madre de dos hijas menores -de 17 y 13 años, respectivamente-, lleva más de dos décadas viviendo en la misma casa, pero todavía hoy tiene que luchar para conservarla frente a los intentos de desahucio del propietario actual, Living Center, un fondo gran tenedor en el que ha terminado el inmueble.

Laura compró la vivienda junto a su ahora expareja en 2005, pero no pudieron hacer frente a la hipoteca tras la quiebra del negocio que ambos tenían.

“Estuvimos 10 años pagándola, pero teníamos un negocio que no iba muy bien y, además, nos separamos. La casa se acabó subastando, pero no la compró nadie, y como me quedé sola con las dos niñas, pues me dejaron quedarme aquí a cambio de un alquiler social”, relata.

Del alquiler social a la prórroga del real decreto

Tras la subasta fallida de la vivienda en 2015, la entidad propietaria le ofreció un alquiler social que comenzó en 2018. “En principio el contrato era de tres años, renovable un año más, o sea que desde el 2018 hasta el 2022 yo seguí pagando”, explica.

Sin embargo, a partir de ese momento la situación comenzó a complicarse. Ya bajo la propiedad de Living Center, Laura asegura que dejaron de pasarle el recibo con el cobro del alquiler.

 “Empecé a hacer por transferencias, Yo intenté pagarlo, pero me los devolvían. Y en el 2024 recibí una demanda de desahucio por impago”.

El juicio se celebró en marzo de 2025 y lo ganó Laura, por lo que Living Center le tuvo que dejar seguir en la casa otro año más tras ponerse ella al día de la deuda generada por las transferencias que el propietario había devuelto.

Pese a la victoria, el conflicto no terminó ahí y Laura recibió un nuevo golpe: la negativa del propietario a renovar el contrato. “Me llegó un burofax diciendo que no querían renovarme el contrato que me vencía el 1 de abril del 2026”.

A partir de ese momento, trató de negociar distintas alternativas para permanecer en la vivienda: “Intenté de muchas maneras que me dejaran quedarme aquí, pagando más alquiler del que estaba pagando, o alquiler con opción a compra, o compra. Pero denegaban mis ofrecimientos, sin dar motivos”.

Años después, la posibilidad de un desahucio volvía a planear sobre la familia. Un drama que se produciría en un momento en el que la falta de vivienda disponible es notoria.

El acceso a una alternativa habitacional en la zona es, según describe, prácticamente imposible. “Hay muy poquitos alquileres en Camarena. Y los que hay, son chalés individuales que cuestan de 1.100 euros para arriba, que para mí y mis hijas es inviable ese precio…”, lamenta.

La otra opción sería abandonar el municipio, algo que quiere evitar a toda costa debido al arraigo que tienen tanto ella como sus dos hijas. Y es que en Camarena es donde sus niñas han nacido, donde van al instituto, donde tienen sus amigas... “Toda su vida la han pasado aquí. Y claro, para ellas tenerse que ir de aquí, no es nada fácil”.

La situación dio un giro reciente gracias a la aplicación del real decreto extraordinario que permite prorrogar durante dos años los contratos vencidos. Laura envió el burofax con dicha solicitud de prórroga a Living Center. Aunque al principio el fondo no se mostró favorable a aceptarlo y le devolvió el último ingreso por el alquiler, finalmente Laura nos cuenta que ha conseguido la orden de pago para poder pagar el alquiler de abril. “Con lo cual ya creo que sí que ya han tenido en cuenta el real decreto”, explica.

Este medio se ha puesto en contacto con Living Center para conocer su versión de los hechos, pero ha declinado hacer comentarios. No los hace, explica, sobre ninguno de sus clientes.

Un caso que no es aislado

La suya es una buena noticia que concede a Laura un margen de dos años más para poder encontrar otra solución. Aun así, la incertidumbre continúa debido a la dificultad de negociar con un gran propietario. Asegura que a ellos no les cuesta nada judicializar estos casos al tener presupuesto de sobra para poder costearlos. “A quien le cuesta es a la persona normal y corriente”, afirma Laura, quien todavía no ha cobrado las costas del juicio que ganó en marzo de 2025.

Asegura que sus hijas están viviendo esta situación con “preocupación”. “Ahora están muy contentas por lo del real decreto, pero me han visto preocupada porque me lo estaban poniendo todo lo difícil que podían, y más”.

Su caso, nos cuenta, no es aislado. Laura participa en el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, por lo que conoce multitud de historias similares a la suya en la zona de contacto entre las provincias de Madrid y Toledo. “Hay comunidades enteras en las que el propietario quiere desahuciar a todos los vecinos. Aquí está todo muy caro, una persona sola es casi inviable que se pueda comprar algo por aquí”.

Mientras tanto, sigue aferrándose a la vivienda en la que ha construido su vida y la de sus hijas, con la esperanza de que la negociación abierta permita una solución definitiva.

La finca en la que vive Rosario Castelló con su hijo fue durante décadas la clásica escalera de vecinos del Eixample. “Había familias, niños, parejas, algún estudiante…”, describe la mujer, que lleva 32 años de inquilina en el número 69 de la calle Entença. Actualmente, la única residente que queda es ella. El resto son jóvenes extranjeros, la mayoría de Estados Unidos, que vienen a pasar unos meses a Barcelona. 

“Es una locura de ruido e incivismo, es como vivir en una guardería para niños mayores”, resume Rosario. De los 11 pisos del edificio, diez funcionan ya como colivings para este perfil de residentes temporales, de entre 18 y 25 años, que arriendan habitaciones. 

El bloque es propiedad de Vandor Real State, una Socimi que posee 17 fincas en Barcelona dedicadas a este negocio, para el que necesita expulsar a los inquilinos de larga duración cuando finalizan sus contratos. Lo mismo ocurre en inmuebles de otros fondos de inversión, como New Amsterdam Developements (NAD) o Vivenio. 

Sin embargo, su apuesta por el arrendamiento temporal de habitaciones o de pisos enteros, a precios superiores al del mercado del alquiler ya regulado, choca desde diciembre de 2025 con la nueva normativa aprobada en Catalunya que limita esta actividad. Desde entonces, los activistas por la vivienda les acusan de no ajustarse a la nueva legislación y seguir anunciando viviendas y estancias a precios superiores a los permitidos. 

“Tienen que cumplir la nueva ley y sabemos de casos en que no lo están haciendo”, señala Txema Escorsa, que actúa de portavoz del Sindicato de Inquilinos para estas denuncias. “Si el president Illa dice que el que la hace, la paga, que no les tiemble el pulso a la hora de hacer inspecciones”, añade. 

Este inquilino reside en el Bloque Sant Agustí, del barrio de Gràcia, propiedad del fondo NAD. En marzo logró aplazar su desahucio, con ayuda de la movilización vecinal, y ahora mismo el lanzamiento está sin fecha en la espera de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso que ha presentado. 

Lo que sorprende al Sindicato de Inquilinos de Catalunya es que en inmuebles como los de NAD se siguen anunciando alquileres de habitaciones a precios que todo apunta a que superan el límite establecido por ley. En Idealista y otras plataformas siguen ofertando estancias entre 900 y 1.000 euros. Por este motivo, la entidad ya ha registrado denuncias contra este fondo y contra Vandor –en su caso, por no reflejar el precio del índice en sus webs– frente a la Agencia Catalana de Consumo y la Agencia de la Vivienda de Catalunya (AHC). 

Lo que aprobó exactamente el Parlament en diciembre es que, en las zonas declaradas tensionadas en base a la Ley de Vivienda –Barcelona lo es–, la suma del alquiler de todas las habitaciones de un piso no puede superar el máximo que establece el índice para el conjunto de la vivienda. Además, en esa misma modificación legislativa, la Cámara catalana validó también incluir los alquileres de temporada dentro del tope de los precios de arrendamiento. 

Desde Vandor, sin embargo, niegan estar alquilando habitaciones a precios superiores a los que ahora permite la ley. “Todos los contratos que se han firmado a partir de la nueva regulación respetan el tope del alquiler que se ha fijado”, señalan fuentes de la Socimi, que dicen no tener constancia de denuncias por “incumplimiento” en los precios. 

Tres años de convivencia con un coliving

En la calle Entença, 69, Rosario reconoce que no sabe por cuánto alquilan los pisos sus jóvenes vecinos. En la web de Vandor no aparecen los precios. Y, según refiere esta inquilina, lo cierto es que muchos de ellos gestionan la contratación del piso a través de las mismas empresas que les facilitan los programas de estudios, The American College of the Mediterranean y la International American University, que tienen colgados carteles por la finca con números de teléfono a los que llamar por emergencias. “Es una residencia estudiantil encubierta”, valora Rosario. 

La resistencia de Rosario a dejar su casa, por la que paga unos 1.000 euros de alquiler, comenzó en 2021, cuando el casero, propietario de todo el edificio, murió y legó su patrimonio a la Fundación de la Sagrada Familia. Esta lo vendió a Renta Corporación, que al poco la traspasó a Vandor. “Durante aquel tiempo ya vi desfilar a la mayoría de vecinos, porque les decían que no iban a renovar el alquiler”, afirma. 

La nueva propiedad reformó los pisos y comenzó a alquilarlos por habitaciones a jóvenes extranjeros. Las obras también fueron controvertidas: el Ayuntamiento de Barcelona considera que fueron grandes rehabilitaciones, y que por lo tanto deberían haber reservado un 30% del inmueble para viviendas de protección oficial, tal como dispone la normativa que sacó adelante Ada Colau. Vandor, por contra, rechaza que fueran obras mayores y ha presentado alegaciones a los informes municipales. 

Sea como sea, desde 2023 Rosario, que ya está sin contrato –aunque sigue pagando–, sufre a sus nuevos vecinos y, a la vez, se resiste a marcharse. Vandor le ha ofrecido un alquiler en otro de sus bloques de pisos, con contrato a siete años. Ella lo reconoce. Pero añade que tiene derecho a quedarse porque cree que también Vandor se ha saltado la legislación.

El modelo de alquileres de estas firmas sigue ocasionando desalojos de familias inquilinas cuyos contratos expiran y no son renovados. Uno de los casos más destacados es el del conocido como Bloc Papallona, en la calle Llança, propiedad de NAD. Este miércoles 29 de abril está previsto el lanzamiento de una de sus inquilinas, con lo que el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya, que apoya a los afectados, ha llamado a la movilización.

Diversas entidades por el derecho a la vivienda se han concentrado este martes por la tarde en el solar de la calle Llull 355, en Barcelona, para protestar contra la “privatización de la vivienda protegida”. Este amplio espacio vacío acogerá próximamente una promoción que correrá a cargo de la constructora Corp, que será la misma que edificará otros dos edificios en el mismo barrio. Entre todas, sumarán más de 400 Viviendas de Protección Oficial (VPO), casi la mitad de las que actualmente el Ayuntamiento tiene adjudicadas o en proceso de adjudicación.

Corp, una constructora a la que la justicia ha anulado recientemente una promoción de pisos de lujo, salió vencedora de la licitación pocos meses antes de que el consistorio presentara otros dos concursos abiertos a operadores privados para construir 600 viviendas más. Todo ello, según las entidades concentradas, supone un “proceso privatizador en medio de una emergencia habitacional grave”. Consideran que el hecho de que las promociones se estén adjudicando a promotoras privadas “favorece los intereses de la patronal inmobiliaria, asegurándoles beneficios astronómicos”.

Este tipo de promociones dedicadas a vivienda protegida suponen la cesión del terreno y la finca gratis durante 30 años y cuentan con subvenciones y financiación públicas que cubren el 100% del coste de construcción, según estimaciones del propio Ayuntamiento. La administración también ha calculado que los beneficios que Corp puede sacar de un solar como el de Llull ronda el 11% anual. Con todo, las entidades convocantes -la XES, el Observatorio DESCA, la PAH, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, Habicoop y organizaciones juveniles de UGT y CCOO- han calculado que los beneficios de estas constructoras pueden rondar los 600 millones.

“Son beneficios estables y crecientes, ya que los alquileres aumentarán de la mano del IPC, todo ello en base a fondos públicos”, apuntan desde la XES. Esta entidad se muestra de acuerdo en que la prioridad es construir vivienda pública y protegida, pero considera que es una “contradicción” que la misma se encargue a empresas privadas. “Si el Ayuntamiento no tiene capacidad para construir en suelo público, se debería encargar la gestión y la edificación a entidades sin ánimo de lucro”, apuntan desde la Federación de Cooperativas de Vivienda. “No tiene sentudi que estemos pensando en regular el uso social de la vivienda en suelo privado, pero se impulse la privatización en el suelo público”, remachan.

En esta línea, las entidades convocantes lamentan que las cooperativas de vivienda sólo han conseguido la adjudicación -todavía sin confirmar- de 200 VPO, lo que para los convocantes es un “agravio” y una “irresponsabilidad”, además de una vulneración del convenio ESAL, un pacto con el consistorio que establece que las cooperativas construirían y gestionarían 1.000 viviendas.

Que el peso de la balanza caiga del lado de las promotoras privadas, según alertan desde la PAH, “desplaza la función social de la vivienda”, lo cual es “especialmente grave” al tratarse de VPO, que están destinadas a “familias vulnerables sin más alternativa”. Lamentan que la administración esté cediendo el suelo público a empresas privadas que gestionarán estos pisos durante 99 años y recuerdan que cuando los operadores privados han sido las encargadas de VPO “los derechos de las inquilinas se han visto perjudicados”.

En esta línea, han recordado lo sucedido en hasta 34 promociones de vivienda protegida gestionadas por La Caixa, en las que los vecinos denunciaron falta de mantenimiento en los edificios, subidas de precio injustificadas, no renovación de contratos, expulsiones y cobro de cláusulas abusivas. Estos edificios fueron construidos por la Obra Social La Caixa entre 2002 y 2012 y por los que cobró más de 25 millones de euros en subvenciones.

Este caso dio paso a una campaña que vino a demostrar que el banco inició “prácticas especulativas feroces” en cuanto hubo recuperado la inversión inicial y los pisos pasaron a estar en una fase en la que la normativa le permitía vender o alquilar a precios “estipulados”, pero sin obligación alguna de tener las viviendas ocupadas.

“El resultado aumentó el patrimonio inmobiliario de La Caixa, que ha terminado desligándose de las consideraciones de accesibilidad y protección social con la que en su día se justificaron las ayudas con dinero público”, denunciaron en su momento desde el Sindicat de Llogateres, entidad que acompañó a las vecinas afectadas.

Es cierto que actualmente esta situación no se podría repetir ya que, desde 2019, todas las viviendas de promoción pública en Catalunya mantienen la protección de forma indefinida, pero las entidades convocantes alertan de que “los operadores privados todavía pueden encontrar maneras de maximizar beneficios”, y apuntan a posibles cláusulas abusivas o la desinversión en el mantenimiento.

En este sentido, ponen la vista en el Plan Estatal de Vivienda, que también se ha presentado este martes y que, entre otras cosas, pretende blindar la VPO para siempre. “El Gobierno dice que ni un euro de este plan va a ir a parar a la especulación, pero eso es mentira si se cede el suelo público a grandes corporaciones inmobiliarias que se dedican a las viviendas de lujo”, alertan desde el Sindicat de Llogateres.

Por ello, los organizadores de la concentración exigen al gobierno municipal que pare los concursos abiertos -a los cuales han anunciado que presentarán enmiendas- y que destine ese suelo a entidades sin ánimo de lucro en el marco del convenio ESAL. “Es un cambio de paradigma: hay que dejar de usar estos pisos como anzuelo para la iniciativa privada. La solución a la crisis pasa por desmercantilizar la vivienda”.

Entre cajas de mudanza, Pedro, que prefiere no dar su nombre real, explica por qué ha preferido dejar su piso a enviar un burofax para pedir la prórroga a su casero. “No quería convivir dos años con una situación desagradable y una mala relación con mi casero”, explica, “y además, tenía alternativa”, remata. A unos 2,8 millones de inquilinos en un millón de hogares en España les vence el contrato de alquiler antes del 31 de diciembre y pueden acogerse al real decreto extraordinario por la guerra en Oriente Medio que prorrogará dos años los contratos vencidos. La medida inquieta o enfada a algunos caseros y los inquilinos se debaten entre el miedo al burofax por el conflicto que abre y la apuesta a la mejor carta ganadora para alargar un contrato sin que te suban el alquiler.

El burofax es el servicio de envío de documentos que proporciona validez legal ante tercero y ante la justicia para acreditar de forma fehaciente el remitente, el contenido de un mensaje y su fecha de recepción y es la forma de comunicación recomendada por abogados para solicitar esta prórroga. El problema es que el real decreto aprobado en Consejo de Ministros no cuenta con apoyos en el Congreso, el PSOE ha desistido siquiera de negociarlo y Sumar se encuentra solo defendiendo el texto, por lo que lo más probable es que decaiga antes del próximo 29 de abril, fecha límite para aprobarlo después de que saliera en el Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de marzo.

Confianza en la medida

El abogado de la cooperativa CAES, Víctor Palomo, que trabaja con el Sindicato de Inquilinos de Madrid, reconoce que existe un “miedo a levantar la liebre o a confrontar al casero” con el burofax. En una asamblea celebrada en Puerta del Ángel, un inquilino preguntaba si no había otra forma menos agresiva: “Es muy drástico”. Pero desde el sindicato, los asesores le advertían: “Esta es la forma legal más segura. Por muy buen inquilino que seas y por muy buena relación, el propietario siempre está tentado a ganar más dinero”. Así se manifiesta también Palomo: “Los propietarios tienen un alto incentivo a rescindir el contrato, los entornos familiares y amistades le van a decir que pueden obtener una ganancia mayor”.

Para Palomo está claro, por la jurisprudencia y sentencias del Supremo, que la prórroga será válida si el burofax se envía antes de que decaiga el decreto. “El derecho se activa cuando la norma está en vigor y se despliega después. El Supremo dice que tú tienes que activar el derecho cuando la norma está en vigor”, asegura, a diferencia de lo que opina parte de los abogados de la patronal y propietarios.

La prórroga limita la subida de la renta al 2% y afecta a todos los contratos que finalicen entre el 22 de marzo, cuando se aprobó el real decreto, y el 31 de diciembre de 2027, con excepción de los casos en que el arrendador ya haya comunicado su necesidad de ocupar la vivienda o que las partes hayan llegado a otro acuerdo. El decreto tampoco ampara a los contratos de habitaciones, que se firman por el Código Civil y no por la LAU, pero Palomo recomienda que también envíen burofax porque hay sentencias que reconocen que estas habitaciones pueden llegar a estar amparadas por la ley al ser consideradas vivienda habitual.

La visión de la patronal

En el otro lado de la trinchera, Eduard Soler, abogado y secretario de Som Habitatge, patronal de propietarios de reciente creación, asegura que las prórrogas que serán válidas son “las que tengan el fin de contrato con el decreto en vigor, independientemente del burofax”. Además, Soler advierte que en lugares tensionados que aplican las regulaciones como Catalunya o Navarra “no está claro que esta prórroga beneficie a los inquilinos”, ya que la tácita, que se aprueba cuatro meses antes del fin de contrato en caso de que no haya comunicación, es de tres años. Esta renovación tácita también puede darse en zonas no reguladas, pero como el precio no está topado lo habitual es que vayan acompañadas de una subida de precio en el nuevo contrato.

Soler recomienda a los propietarios “prudencia”, pero prevé una alta judicialización de casos. “Los propietarios que no estén seguros de aceptar esta prórroga, tendrán armas jurídicas para llevarlo a juicio”, asegura. Más allá del debate jurídico, la representante de los Agentes Inmobiliarios de Catalunya, Montserrat Junyent, critica que el decreto se ha aprobado “sin suficiente debate y añade más incertidumbre” al mercado.

Entre los inquilinos, reina la duda por dos motivos: el miedo al conflicto y a “abrir el melón” que, a la postre, lleve al propietario a reaccionar y evitar la otra prórroga, la tácita de los contratos cuya finalización no haya sido avisada cuatro meses antes del término. En el caso de Paco, el joven del primer párrafo, relata que su casero ya le había dicho que quería vender la vivienda, aunque fue cambiando de versión. Entonces, le expresó su intención de enviar el burofax por un contrato que vencía ya en abril. “El tono de la conversación cambió por completo y se enfadó. Me dijo: ”Si vas a fastidiar la relación, vamos a ir a los tribunales“. Así que decidí no seguir adelante con el burofax y abandonar la vivienda”, relata.

Éxitos, fracasos y dudas del burofax

Existen ya casos de éxito, también, con el envío del burofax. Es el caso de Mariel, joven de Barcelona que paga 870 euros por un apartamento en Glòries y que ha comunicado a la inmobiliaria, con quien tiene buena relación. “Tenía dudas porque enviar el burofax me parecía agresivo. Me daba miedo también que no quisiera renovar. Avisé por correo y me dijo que sí, que podía enviar el burofax o arreglar la prórroga por otra vía. Así que estamos en ello y ha salido bien”, cuenta.

También hay casos, ya, en que el burofax no ha surtido efecto. Como para Laura Martínez, de Camarena, en Toledo. Su contrato vencía el 1 de abril y envió el burofax el 26 de marzo, pero la propiedad, un fondo gran tenedor, le ha devuelto el último ingreso por el alquiler. “Propuse una subida del alquiler, una opción de compra, pero no me respondieron. Es difícil encontrar un interlocutor y se pasan la pelota unos a otros. Me llegaron a mandar un burofax diciéndome que si me iba dentro de dos meses me condonaban la deuda de esos dos meses. Pero yo les he dicho que me he acogido a la prórroga del real decreto. Y, si no, es posible que ya esté en tácita reconducción”, explica, sin saber muy bien cómo va a avanzar su caso.

Entre los casos de éxito y los que no han ido también, existe todavía una gran cantidad de inquilinos que no acaban de decidirse sobre si enviar o no el correo, entre el miedo al conflicto y la apuesta por la carta más segura para quedarse en casa.

La movilización del Sindicato de Inquilinas de Madrid ante el decreto del Gobierno que prorroga cientos de miles de alquileres no se va a quedar en una campaña mediática o digital. La organización emprende desde este martes 7 de abril una concatenación de asambleas abiertas en diferentes barrios de la capital, donde asesorar a todas aquellas personas que tengan dudas sobre el procedimiento para solicitar las renovaciones o los argumentos jurídicos con los que cuentan.

“Hay que recordar que en Madrid entre 2026 y 2027 finalizarán 474.000 contratos de alquiler, afectando a casi 1,6 millones de personas”, recalcan desde el Sindicato. Todos los que deban renovarse hasta el 31 de diciembre del próximo año, sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, están englobados en el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó en marzo.

Un paquete de medidas en materia de vivienda ante el impacto de la Guerra en Irán que todavía espera una quimérica convalidación en el Congreso, pero que a criterio de muchos juristas puede mantener sus efectos incluso si la Cámara Baja no lo aprueba, siempre y cuando los arrendatarios soliciten formalmente las prórrogas antes de la previsible desestimación parlamentaria del decreto.

Las asambleas físicas llegan después de “miles de visitas desde que se lanzó la página web poderinquilino.org, en donde se explica el Real Decreto-ley sobre la prórroga de 2 años de los alquileres, los pasos a seguir y los modelos a enviar”. Ahora el Sindicato da un paso más y “sale a las calles a hablar directamente con las inquilinas e inquilinos a los que se les acaba su contrato de alquiler antes de 2028 para que pidan la prórroga”.

Arrancan este martes 7 de abril con dos asambleas a las que puede sumarse quien lo desee: a las 12.00 en la plaza Agustín Lara de Lavapiés y a las 19.00 en el Casino de Lucero (en el número 1 de la calle Luis Pando, en el distrito de Latina). El miércoles 8, a las 19.00, regresan al mismo distrito para un encuentro en la plaza del Mercado de Tirso de Molina (en el barrio de Puerta del Ángel).

La actividad continuará el fin de semana: el sábado 11 a las 18.30 en el Centro Social Okupado La Rosa (calle del Bastero, 1) y el domingo 12 desde el mediodía en la plaza de las Palomas de Tetuán (nombre oficioso de la plaza del Canal de Isabel II).

La semana que viene las asambleas se celebrán el lunes 13, a las 18.30, en El Sanky de Carabanchel (número 23 de la calle José del Río). También el miércoles 15, colofón a la iniciativa en una jornada de intensa actividad, ya que a las 19.00 tendrán lugar tres encuentros simultáneos: en la plaza Rutilio Gazis de Arganzuela, en la plaza Roja de Vallecas y en la plaza de Daoíz y Velarde de Retiro.

Estas citas excepcionales se complementan con la actividad ordinaria del Sindicato. Así, el lunes 20 de abril tendrán sus habituales asambleas inquilinas los nodos de la organización en Madrid: este (número 63 de la calle Pedro Antonio de Alarcón), sur (calle Virgen de Icíar, 15), Latina (avenida de Portugal, 79), Carabanchel (El Sanky), Centro-Arganzuela (La Rosa), Corredor del Henares (Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz) y Sierra Norte (La Cabrera).

Por último, la agrupación recuerda que todos los viernes de abril (también este día 10) el Ateneo La Maliciosa alberga sus asambleas de bienvenida. El espacio del número 12 de la calle Peñuelas se abre a inquilinos e inquilinas con interés en sumarse a la lucha cada viernes desde las 18.30.

Los límites al alquiler del decreto y cómo beneficiarse de él

Una potente movilización que busca exprimir al máximo las posibilidades de los arrendatarios. La norma hace efectiva, desde su publicación en el BOE el pasado 22 de marzo, la congelación durante dos años de todos los alquileres residenciales acogidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos con independencia de su fecha de firma, siempre que venzan desde ese 22 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2027. Solo podrán experimentar una actualización anual limitada al 2% durante el periodo de prórroga, salvo que casero y ocupante de la vivienda acuerden un alza mayor. En este último caso, además, debe tratarse un propietario no considerado gran tenedor (diez viviendas o más). Si lo es, la subida quedará obligatoriamente restringida al 2%.

El Sindicato de Inquilinas ha creado dos modelos para acogerse a la prórroga, en función de si se trata de zonas declaradas tensionadas o no. Para recibirlos, solo hay que rellenar un pequeño formulario disponible en este enlace. La portavoz de la organización en Madrid, Valeria Racu, recuerda que es una prórroga “obligatoria, pero no automática” y de ahí la importancia de actuar. El Ministerio de Consumo ha lanzado asimismo su propio modelo de solicitud.

Desde el Sindicato animan a dirigir la solicitud al domicilio del casero, que se indica en el contrato, o a la sede de la inmobiliaria en caso de que haya sido gestionada mediante esta. “En realidad, a la dirección que ponga a efectos de notificaciones en el contrato, que suele aparecer en el encabezamiento o en una cláusula concreta que se llamada dirección a efectos de notificaciones”, especifica el abogado experto en vivienda Víctor Palomo. La comunicación deberá ser por escrito y con comprobante de entrega. Aunque es posible mediante correo electrónico certificado, el método más recomendado es el burofax. Correos explica cómo se ejecutan en esta página. Las organizaciones en defensa de los arrendatarios remarcan la importancia de guardar todo documento recibido o enviado.

El Consejo de Ministros aprobaba el pasado viernes dos reales decretos-ley para hacer frente al impacto derivado de la guerra en Oriente Medio: uno con el grueso de las medidas fiscales o económicas y otro, ante la presión de la vicepresidenta Yolanda Díaz y el resto de ministros de Sumar, enfocado en vivienda. Este último texto incluye la congelación durante dos años de todos los alquileres residenciales acogidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos con independencia de su fecha de firma, sin que venzan hasta el 31 de diciembre de 2027. Solo podrán experimentar actualización anual limitada al 2% durante el periodo de prórroga.

La medida se aplica desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado y afecta por tanto a todos los contratos que deben renovarse entre el 22 de marzo (día siguiente a dicha publicación) y el 31 de diciembre de 2027. Queda eso sí a expensas de que pueda tumbarla el Congreso, un más que posible escenario.

Sin embargo, la negativa de la mayoría de diputados podría no impedir que miles de personas se beneficien de un importante freno al alza de las mensualidades que abonan. Es la interpretación que hacen diversos juristas en atención de la jurisprudencia y que ha provocado ya la movilización del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid o de partidos como Más Madrid. Una coyuntura que abre la puerta a que cientos de miles de arrendatarios respiren y eviten previsibles subidas del 30, 40 o 50%. A continuación, recopilamos los motivos de esta posibilidad y qué pasos deben seguir los inquilinos para ampararse en ella.

¿Puedo acogerme a la medida aunque decaiga el decreto?

Si el contrato vence antes de que el Congreso rechace el real decreto, no hay duda alguna: la respuesta es sí. Los efectos son válidos desde el 22 de marzo, día siguiente a la publicación en el BOE. Así, los acuerdos de alquiler cuya caducidad y renovación se produzca antes de la votación deberán actualizarse. Su validez se mantendrá por dos años, con independencia de que el la Cámara Baja tumbe la iniciativa en una votación que debe tener lugar como fecha límite el próximo 6 de mayo, ya que su aplicación está sujeta a convalidación en un plazo de 30 días hábiles según el artículo 86.2 Constitución.

En cuanto a los contratos que venzan desde esa futura sesión en el Congreso y hasta el 31 de diciembre del próximo año, entidades como el Centro de Asesorías y Estudios Sociales (CAES) defienden que los derechos y obligaciones generados durante la vigencia del real decreto se mantendrán. En la práctica esto implica, según argumentan, que deberá aplicarse también a todos los contratos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027 en los que los inquilinos soliciten formalmente a sus caseros la renovación. Es decir, si el decreto decae y pierde vigencia, la prórroga no podría aplicarse para nuevos casos, pero las solicitudes presentadas durante su vigencia tendrán validez. Los contratos en que los inquilinos hayan notificado la solicitud de prórroga antes que decaiga en el Congreso quedarán por tanto sujetos a las condiciones del decreto, incluso si este cae.

Explican que el Tribunal Supremo ha interpretado esta cuestión en relación a prórrogas anteriores y confirma su plena validez. En una sentencia de 2023, la Audiencia Provincial de Barcelona había denegado la prórroga porque el contrato no estaba formalmente “en situación de prórroga”, sino que finalizaba su plazo inicial pactado. Pero el Supremo consideró esto una distinción injustificada y entendió que no se puede condicionar a que el arrendador haya comunicado previamente la no renovación, pues eso significaría dejar a la voluntad del propietario la posibilidad de disfrutar de una prórroga excepcional del contrato derivada de una legislación de emergencia. En aquel caso, el Real Decreto Ley 11/2020, medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la pandemia.

Por ello, la conclusión del CAES es tajante: “A partir de estos criterios del Tribunal Supremo, no hay margen para dudar de que si el contrato finaliza antes del 31 de diciembre de 2027 y se comunica estando en vigor el Real Decreto-ley 8/2026, el inquilino habrá activado la prórroga de dos años desde que termine su contrato con plena validez y eficacia jurídica”.

¿Cómo rellenar la solicitud de prórroga y qué datos incluir?

Para acogerse al decreto, el inquilino o los inquilinos deberán enviar una solicitud expresa al arrendador durante su período de validez. Tendrán que identificarse, aportar los datos sobre la vivienda, expresar con claridad la voluntad de renovación acogiéndose al decreto y firmarla. Desde CAES inciden en que incluya un párrafo similar al que sigue:

De conformidad con el Artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2026, y al amparo de su entrada en vigor el 22 de marzo de 2026, solicito la prórroga extraordinaria del contrato de arrendamiento de la vivienda situada en [dirección], por un plazo de dos años adicionales, al finalizar el periodo de prórroga obligatoria/tácita antes del 31 de diciembre de 2027. La norma no exige que el arrendador haya notificado previamente su voluntad de no renovar, por lo que esta solicitud es válida y debe ser aceptada obligatoriamente, salvo que concurra alguna de las excepciones previstas en el citado artículo.

El Sindicato de Inquilinas ha creado dos modelos para acogerse a la prórroga, en función de si se trata de zonas declaradas tensionadas o no. Para recibirlos, solo hay que rellenar un pequeño formulario disponible en este enlace. La portavoz de la organización en Madrid, Valeria Racu, recuerda que es una prórroga “obligatoria, pero no automática” y de ahí la importancia de actuar.

¿Cómo enviar la solicitud a mi casero y dejar constancia de ello?

Para los arrendatarios, por motivos de seguridad jurídica y dada la previsible provisionalidad del decreto, conviene actuar con rapidez y en todo caso antes de que decaiga el decreto. Pero igual de importante es proceder adecuadamente, con los cauces pertinentes y dejando constancia documental de los pasos que se dan.

Habrá que dirigir la solicitud al domicilio del casero, que se indica en el contrato, o a la sede de la inmobiliaria en caso de que haya sido gestionada mediante esta. “En realidad, a la dirección que ponga a efectos de notificaciones en el contrato, que suele aparecer en el encabezamiento o en una cláusula concreta que se llamada dirección a efectos de notificaciones”, especifica el abogado experto en vivienda Víctor Palomo.

La comunicación deberá ser por escrito y con comprobante de entrega. Aunque es posible mediante correo electrónico certificado, el método más recomendado es el burofax. Correos explica cómo se ejecutan en este enlace. Es importante guardar todo documento recibido o enviado.

¿Desde qué fecha entra en vigor la prórroga de dos años?

Un punto importante, ya que la prórroga de dos años entra en vigor desde la fecha de finalización del contato, con independencia de que se pida meses antes para acogerse a este real decreto. “Si el contrato termina el 1 de septiembre de 2027, se prorrogará hasta el 1 de septiembre de 2029 aunque la solcitud se haga en marzo o abril de este 2026”, explica Palomo a Somos Madrid.

¿Cuánto me subirá el alquiler si consigo acogerme al decreto?

Cuando los contratos acogidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos cumplen su validez de cinco años (siete si pertenecen a una persona jurídica), los propietarios pueden imponer las subidas que deseen a los inquilinos. En cambio, este real decreto limita las alzas a un 2% anual durante los dos años de prórroga, salvo un acuerdo entre las partes que sitúe ese porcentaje por encima en caso de que el dueño no sea un gran tenedor. Esto es, que tenga menos de diez viviendas, o menos de cinco en zonas tensionadas.

¿Qué contratos quedan fuera de la prórroga?

Los que no se acogen a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Es decir, aquellos que van por habitaciones o por temporada. Tampoco en aquellos que sí se acojan a la citada normativa, pero que hayan caducado antes del 22 de marzo o lo hagan después del 31 de diciembre de 2027.

Además, desde el Sindicato de Inquilinas puntualizan que aquellos contratos que se acaban en menos de cuatro meses sin que se haya producido aviso por vía escrita se prorrogan automáticamente tres años más, según la legislación.

Miguel tenía apenas 18 años cuando entró en la asociación de su barrio, La Unidad de Villaverde, que lucha por mejoras en un distrito popular del sur de Madrid. “Estaba muy metido en la Marea Verde de mi instituto y la defensa de la educación pública. Cuando acabé seguí en el movimiento estudiantil de la universidad, pero sobre todo me dediqué a la lucha vecinal”, cuenta. Se lo debe a un proyecto de cultura urbana, gracias al cual una sección juvenil de 15 personas se incorporó a La Unidad. Cuatro años después, recién graduado y con apenas 22, se convirtió en su presidente. Un cargo que ha ocupado hasta los 30 y que dejó en 2024, pese a que siga implicándose. Circunstancias todas ellas “excepcionales” para el movimiento vecinal de la capital, que el propio Miguel reconoce “envejecido”. No en vano, después del acceso de ese importante grupo, si han llegado más jóvenes a La Unidad ha sido “por goteo”.

Las causas son variadas: ajenas y propias; por acción u omisión; achacables a los propios jóvenes, a quienes protagonizan el asociacionismo actual, a las redes y a la coyuntura general. Al menos es lo que se desprende de una conversación transversal, en edades y en implantación territorial, con varias de estas entidades en Madrid. Miguel ofrece una de las explicaciones más completas: “Pérdida de redes comunitarias en el barrio, mayor atomización e individualización, nuevas formas de producción que impiden la implicación con horarios complicados... no hay un factor único. Cuando nuestra asociación abre el local, mucha gente sigue volviendo del trabajo. Las formas de participación se han quedado un poco obsoletas. Fue curioso lo que pasó en pandemia, cuando se vio una red de cuidados inaudita en la que sí hubo gran participación, en parte porque muchas personas tuvieron más tiempo. Luego volvimos a lo mismo”.

Para Miguel, en conversación con Somos Madrid, el efecto de la situación de la vivienda es igualmente “evidente”, ya que “muchas personas se han visto obligadas a dejar de participar”. Desde su punto de vista, juegan a la contra “la inestabilidad e incapacidad de construir un modelo estable”.

Pero no reduce todo a cuestiones externas y cree que “bastantes asos [asociaciones] no han sabido adaptarse a nuevas demandas en los barrios”. Así, achaca el gran impacto de estos movimientos en los años setenta u ochenta al surgimiento de nuevos barrios, donde “los objetivos originales eran garantizar bienes o servicios básicos”. Considera que “la lucha por un centro de salud no es tan atractiva ahora para un joven, ni tan intergeneracional, por importante que sea”. “Muchas veces las movilizaciones parecen cerradas e inamovibles. Hay que buscar nuevos espacios y luchas para que la gente vea sentido en su implicación diaria. Falta conocer hacia dónde mirar. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el Sindicato de Inquilinas sí han sabido”. Su conclusión es que “la gente joven no sabe para qué sirve una asociación”.

Las sociedades liberales tienden al aislamiento social y por supuesto en Madrid las administraciones fomentan aún menos la cultura de la participación. Hay un paso atrás en el que también tiene que ver un modelo de ciudad individualista

Jorge Nacarino — Presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid

Algunos argumentos de Miguel coinciden con los de Jorge Nacarino, recién reelegido presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm). Expone que desde su llegada al puesto, en 2024, incorporar los jóvenes ha sido una de sus principales líneas de trabajo, como también a personas migrantes: “En nuestra reciente renovación de cargos hemos fomentado esa participación y queremos empezar a trabajar con datos sobre los aspectos en los que tenemos más cuentas pendientes”. Lo “evidente”, dice, es que “hay un retroceso de la cultura de la participación”.

“Las sociedades liberales tienden al aislamiento social y por supuesto en Madrid las administraciones fomentan aún menos la cultura de la participación. Hay un paso atrás en el que también tiene que ver el desarrollo de un modelo de ciudad individualista, frente a uno comunitario”. Según Nacarino, la problemática es un reflejo de una cuestión más genérica, un contexto en el que “la gente no está tan movilizada al no estar tan apegada al territorio”: “El cambio respecto a la estructura de la propiedad transforma la realidad de los barrios y la precariedad lo dificulta todo. Muchos vecinos no saben si en unos meses seguirán en sus casas”. De hecho, el presidente de la Fravm recalca que “la fuerza del movimiento vecinal en España no existe en otros países de Europa, en parte porque aquí la movilidad residencial tradicionalmente era menor”.

Pero no todo se debe a lo macro, de hecho Nacarino (de 42 años) ve diferencias dentro de reclamaciones concretas: “En la movilización por los servicios públicos, vemos que el perfil de población es más mayor. En las viviendas llegamos a gente más joven, como el simbólico Entierro de los Barrios que organizamos coincidiendo con el de la Sardina. Hay un componente de vida de barrio, pero yo opino que el sentimiento de pertenencia también puede movilizar a los jóvenes. A través de diversas convivencias y de actividades deportivas estamos consiguiendo incorporar gente de en torno a 20 años”.

En la charla con Nacarino surge también el Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones con mayor poder de movilización juvenil en la capital. “Sus planteamientos parten más de una lucha de poder, no es tanto un movimiento territorial, aunque tenga ese componente a través de los nodos y, de hecho, colaboremos. No es un movimiento que se mete en la gestión del día a día del barrio, como pueden ser los centros de salud, las zonas verdes o determinadas condiciones de habitabilidad. Lo que es indudable es que ha conseguido enganchar a esa población joven, interpelada por una precariedad que sufre de manera directa. Eso te vincula”.

De hecho, el dirigente de la Fravm lanza un aviso: “No queremos que el movimiento vecinal se convierta en un movimiento de propietarios. Tenemos que trabajar porque las asociaciones se parezcan a los barrios que defienden, que la reclamación vecinal esté vinculada a la realidad del territorio. Es un movimiento reivindicativo, pero también de trabajo comunitario. Sin ese tejido o esa heterogeneidad hay algo que nos estamos dejando”.

¿Se manifiestan los jóvenes solo por cosas que están “de moda”?

Susana de la Higuera cuenta que la Asociación Pasillo Verde Imperial de Arganzuela, la cual preside, ha emprendido numerosas iniciativas en este sentido: “Nos hemos acercado mucho a los coles, a la universidad o a la Formación Profesional, con actividades en el Colegio de los Salesianos de Atocha. Hemos organizado paseos estudiantiles por el distrito, junto a la Framv y otras asociaciones. Hemos colaborado con jóvenes que estudian Antropología para documentarse sobre el movimiento No a la Tala y otro chaval ha hecho un documental sobre nuestros huertos urbanos. Y, sin embargo, en muchas de esas acciones nos damos cuenta de que para muchos jóvenes no hay nada que hacer”.

De la Higuera, nacida en 1966, da uno de los testimonios menos halagüeños sobre el futuro del asociacionismo vecinal. Eso sí, responsabiliza no tanto a los jóvenes de hoy como a sus progenitores: “Nos cuesta muchísimo llegar a gente menor de 30. En un paseo reciente una chica, con la que hablaba sobre fondos buitre, derecho a la ciudad, gentrificación y turistificación, me dijo que según su padre tenía que aceptar no vivir en Madrid. Que se lo quitara de la cabeza. Yo le respondí que por qué ella no tiene derecho y un multimillonario sí”.

“No entiendo que no se movilicen por la vivienda”, lamenta, algo encendida. “O puede que sí lo hagan, pero en una agenda como más antisistema, como pasa con el Centro Social Okupado La Rosa. Nos ven como algo muy de sus padres”, resume la activista vecinal antes de ir un paso más allá: “Hay una cosa un poco deprimente, la sensación de manifestarse solo por cosas como que están de moda. No quiero apuntar a ninguna causa porque todas son importantes, nosotras apoyamos a quienes acampaban en la Universidad Complutense por Gaza, pero es algo que percibo. Al final son muchos años de individualismo y hacen mella”.

Hay que compaginar la lucha con actividades lúdicas que hacen comunidad. En el No a la Tala una de las claves fue que nos lo pasamos bien, porque tampoco somos masoquistas. Aprendimos mucho y conocimos gente muy maja

Susana de la Higuera — Presidenta de la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial

Ante ello, anima a “compaginar la lucha con actividades lúdicas que hacen comunidad”, de manera que “el asociacionismo no se perciba solo como una responsabilidad”: “En el No a la Tala una de las claves fue que nos lo pasamos bien, porque tampoco somos masoquistas. Aprendimos mucho y conocimos gente muy maja”. Miguel también remarca esta cuestión y destaca todo lo que le ha aportado pertenecer a La Unidad de Villaverde: “Me otorgó herramientas de organización y relación con personas de distintas edades o con la administración, que me han servido a nivel incluso laboral. Es una experiencia bastante enriquecedora”.

Nuevos barrios, mismo problema

Arganzuela es un distrito en el que se alternan zonas castizas y nuevos desarrollos. Por ello, Susana de la Higuera ha percibido de primera mano el contraste entre los barrios tradicionales y “un urbanismo de vida para dentro y del coche para todo”. Habla incluso de “polideportivos municipales que no fomentan el deporte colectivo, sino el individual”. Concluye que “te vas olvidando de que somos seres sociales”. No ayudan las “actividades cada vez más dirigidas, con poco tiempo en la calle”, a las que se han acostumbrado las nuevas generaciones de niños y adolescentes. Su solución ante ello es tajante: “Hay que pelear y no asumir las cosas”.

Este contexto se presenta en una dimensión amplificada en nuevos desarrollos urbanos, como El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro. En él confluyen algunas de las reclamaciones originales del asociacionismo vecinal que Miguel destacaba: un transporte de calidad, centros de salud, escuelas infantiles, colegios públicos y dotaciones culturales o deportivas básicas. Todas ellas cuentas pendientes de una zona en la que ya viven más de 30.000 personas y apenas una veintena de ancianos.

Marga, de 51 años, es la presidenta de la Asociación Vecinal El Cañaveral. Una organización que “se creó antes del barrio” y en la que conviven dos tipos de miembros. Por un lado, quienes depositaron miles de euros ya a finales del siglo pasado en unas viviendas que no empezaron a recibir hasta la década pasada. Cooperativistas que batallaron en los juzgados para conseguir sus casas. Por otro, vecinos que se han mudado más reciente y armoniosamente, la mayoría de ellos más jóvenes que esos primeros compradores.

Reconoce Marga que la mayoría de miembros de la asociación, en torno al centenar (han empezado a cobrar cuota y eso ha mermado sus cuadros), pertenecen al primero de esos dos grupos. De hecho, no es demasiado optimista sobre el porvenir: “No veo relevo. Me he pasado años luchando mientras criaba tres hijos, con la teta p'acá y p'allá. Peleando desde que en el 2000 descubrimos que se habían quedado con dinero que pusimos para unas casas que en principio nos iban a entregar en 2003. Le pusimos pancartas a Alberto Ruiz-Gallardón y organizamos una 'mani' en el centro de Madrid. Ahora todo se mueve menos. La gente lo quiere todo dado”. Sobre el futuro ante este panorama, afrontará el problema cuando llegue: “Si veo que no aguanto, ya buscaré a alguien”.

Marga, una pragmática redomada que prioriza el poder de las reuniones en los despachos sobre el de las pancartas en la calle (aunque como bien cuenta le ha tocado ponerse en los dos lugares), tira para adelante pese a esa sensación de que unos pocos sacan todo el trabajo: “Al Ayuntamiento le pedimos la carta de los Reyes Magos porque lo necesitamos, no tenemos casi de nada”. Una insistencia inquebrantable que, dice, se topa a veces con el cinismo y la sospecha: “Lo que más desanima son los vecinos que creen que tenemos un beneficio por implicarnos, protestar o reunirnos con la administración, cuando solo pierdes tiempo y dinero”. También, con la pasividad y la vida a las espaldas de lo colectivo: “Organizamos un mercadillo vecinal el segundo domingo de cada mes. Bueno, pues el otro día pasó por allí una chica que llevaba 10 años en El Cañaveral y no nos conocía. ¡Yo flipaba, con la matraca que damos!”.

Encender la chispa

En este contexto a priori adverso, una nueva asociación vecinal echó andar en 2025 en La Latina, barrio oficioso en el centro de Madrid. La Chispera incluye a residentes que quedaban fuera del ámbito de acción de Pasillo Verde Imperial, de la Asociación Vecinal Las Cavas Latina y La Corrala de Lavapiés. Un grupo de unas 75 personas unidas ante la amenaza de que “la turistificación, la gentrificación y la parque-tematización se lleven el barrio”, como alerta Marianne.

De 40 años y origen brasileño, lleva cinco años en La Latina y ha sido una de las ocho fundadoras de La Chispera. Cree que “la desaparición del comercio de proximidad, el aumento de los precios de alquiler y la pérdida de identidad” son los grandes desafíos que se les presentan. Para combatirlos, han conseguido incorporar “tanto a los vecinos del barrio de toda la vida como a muchos perfiles jóvenes”. Una combinación que les gusta: “Distintas generaciones pueden tener problemáticas iguales, aunque luego haya particularidades”.

Le acompañan en una distendida charla con este medio Celia y Felipe, de 29 y 30 años. Esta pareja, mudada a la zona en 2024, se ha incorporado a la entidad hace solo un mes. Aunque desde La Chispera han acometido un proceso de escucha ciudadana con encuentros y aperitivos en diferentes lugares del barrio, Celia les descubrió por Instagram y acudió a una asamblea con Felipe (que no utiliza las redes sociales).

Desde entonces, se han puesto manos a la obra dentro de sus posibilidades. Celia, periodista de formación, ha colaborado en la comunicación sobre el caso de los cuatro mayores que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida quiere desalojar de pisos municipales para ejecutar unas obras. Felipe, investigador, echa una mano en tareas vinculadas con encuestas que sirven para conocer mejor las transformaciones que experimenta La Latina y cómo actuar ante ellas o para recopilar las principales preocupaciones vecinales. “Somos gente con habilidades muy diversas y complementarias que las ponemos a disposición de la comunidad donde vivimos. Eso es muy práctico”, indica Felipe.

La asociación trabaja divida en comisiones y, en el contexto de crisis de vivienda, la dedicada a esta cuestión es una de las más activas. Marianne lo considera un problema “transversal”: “Está claro que afecta más a quien ve cómo le pueden subir las mensualidades 600 euros de un momento a otro. Pero también a un propietario que va perdiendo vecinos o negocios locales que han estado ahí toda la vida, sustituidos por nómadas digitales o pisos turísticos”. Percibe una “sensibilización general de los miembros de La Chispera que tienen una vivienda hacia quienes pagan alquiler”.

Celia conoce el tema de primera mano, ya que se independizó hace cuatro años y se encontró con “una situación bastante terrible”. Cree que, debido a la amenaza de que “en cualquier momento subirán el alquiler y tendrás que irte”, siempre “tienes la sensación de estar de paso”: “Eso, unido a la precariedad laboral, te hace preguntarte para qué te vas a implicar dónde estás viviendo si igual mañana no sigues ahí”.

Nota un creciente “desencanto” en las amistades de su edad: “Cuando acabas la carrera, o no tienes ganas o el tiempo no te da para más”. Habla también, en consonancia con lo que apuntaba Susana de la Higuera, de “cierto pesimismo” frente a “cambios en los barrios de Madrid que damos por hecho y ante los que pensamos que ya no se puede hacer nada al respecto”. Celia opina que “no hace falta pensar que te vas a quedar a largo plazo en un sitio para implicarte”, aunque “algo de estabilidad mental debes de tener”.

Felipe, por su parte, compara sus diferentes experiencias colectivas en función del entorno y el territorio. Nacido en Torre de Miguel Sesmero, municipio pacense con algo más de 1.000 habitantes, lo describe como “una pequeña comunidad muy en contacto”. Una localidad en la que “sales a hablar con tu vecino y te enteras de lo que pasa en la vida de las personas que te rodean”. Siente que, cuando se mudó a Getafe para estudiar en la Universidad Carlos III, “eso se perdió por mucho que desarrollara lazos sociales, quizá en parte también por el momento vital como estudiante”. Pero también le ocurrió cuando posteriormente se mudó al distrito de Usera, ya con Celia: “No sentía que estuviera inserto en una comunidad. Toda la gente era muy independiente”.

Lo curioso es lo que se encontró al llegar a La Latina: “Pensaba que, al estar en el centro más centro y en pleno barrio de Palacio, lo de Usera se iba a incrementar muchísimo. Que todo lo que ya hemos comentado, la vivienda turística y el desplazamiento de las personas, lo potenciaría. Sin embargo, lo que he encontrado en la calle de Jerte es un entorno muy parecido al del lugar donde nací. La gente se para por la calle, se pregunta, el peluquero le deja la moto al frutero... y bajo esas circunstancias, me es muy fácil involucrarme en la asociación y en los problemas que trabajan”.

Las redes sociales: ¿enemigo o aliado?

En todas las conversaciones surge el tema de las redes sociales y su uso para alcanzar nuevos públicos. Para el presidente de la Fravm, “hay que saber utilizarlas”, ya que “es una herramienta que puede servir para acercarse a los jóvenes”. Ahora bien, es consciente de su empleo como “medio de difusión de mensajes de odio”. Aboga por “no denostarlas y potenciar su papel como redes colaborativas”. En La Unidad de Villaverde, dice Miguel, han conseguido “campañas con cierto alcance” gracias a reels de Instagram que abordan algunas de sus principales reclamaciones o conflictos vecinales.

Susana, en cambio, no las tiene todas consigo: “Hace poco un profesor nos decía que los jóvenes se están radicalizados hacia un lado en TikTok, que les vendría muy bien pisar el terreno”. Además, las fuerzas y las manos llegan hasta donde llegan: “Nosotras no tenemos 10 o 15 años. La persona más joven de Pasillo Verde Imperial tiene 30 y pico y es la que nos hace vídeos. Pero no somos capaces, ni tenemos tiempo, de por ejemplo crear un canal de TikTok, aunque lo hemos planteado. Encima lo haríamos mal y si no consigues enganchar no merece la pena. A veces llegamos al público de Instagram, pero ya no es tan jovencito”.

Jorge Nacarino decanta la balanza hacia el lado positivo y apostilla que estas tecnologías pueden ser un medio para combatir el retroceso de la participación vecinal: “El aislamiento social puede revertirse y las redes contribuyen a ello”. Quizá apagan muchas luces y encierran millones de personas en sí mismas, pero también fueron la chispa que animó a jóvenes como Celia y Felipe.

Resignación, aunque esperanza y ánimos para seguir peleando, a la puerta de los juzgados. Es lo que se ha vivido este miércoles frente a la sede de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid. En su interior, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y Alquiler Seguro han protagonizado un paso más en su batalla judicial. En este caso, la audiencia previa que ha fijado la fecha de celebración de un juicio que dirime posibles abusos e irregularidades por parte de la compañía.

Azael Babiano, abogado de la organización en defensa de los arrendatarios, ha atendido a Somos Madrid en Plaza de Castilla y ha actualizado los pormenores del proceso. La mayor novedad es, precisamente, que no habrá grandes novedades inminentes. La jueza responsable del caso ha fijado la fecha de inicio del juicio para el próximo 8 de febrero de 2028. Dos años de espera que se suman a los que ya han transcurrido, ya que el Sindicato presentó la demanda en marzo de 2024. Babiano lamenta que “los tiempos de la Justicia sean tan lentos”, aunque apunta que “el resumen de los hechos controvertidos por parte de la magistrada transmite bastante bien lo que estamos denunciando”. Por ello, esperan una sentencia “positiva”.

La organización de arrendatarios demandó a Alquiler Seguro a inicios de 2024 por honorarios encubiertos y retención irregular de los depósitos de fianza de los alquileres. La Ley de Vivienda 12/2023 establece que los gastos de gestión inmobiliaria o los necesarios para formalizar contratos corresponden siempre al propietario en lo relativo a viviendas habituales. Sin embargo, el Sindicato ha observado numerosos casos en los que la empresa atribuye esos pagos a los inquilinos, camuflados mediante otros conceptos.

Para Babiano, Alquiler Seguro “está cobrando esos gastos de manera encuebierta mediante el servicio de asistencia al inquilino”. En esta coyuntura, y ante los dilatados tiempos del proceso judicial, el abogado llama a “organizarse y seguir luchando contra prácticas abusivas para conseguir por otras vías lo que la Justicia va a tardar en darnos”.

Alquiler Seguro, entre las sanciones de Consumo y la defensa de un influyente abogado

Se trata del primer juicio a Alquiler Seguro después de la propuesta de sanción por parte del Ministerio de Consumo, que llegó después de que el propio Sindicato elevara una denuncia a la Dirección General de Consumo. La cartera liderada por Pablo Bustindy puso sobre la mesa, el pasado octubre, una multa de 3,6 millones de euros a la compañía por seis infracciones de carácter “muy grave” y otra “grave”. Obedecían, según explicó la asociación de consumidores Facua (personada en el procedimiento), a la aplicación de comisiones ilegales a los inquilinos. Unas cláusulas relativas a la gestión, la obligación de contratar un seguro o la imposición de servicios no solicitados.

Rufina Parra, portavoz del Sindicato y afectada por el cobro de los honorarios irregulares que denuncian, cree que “ha llegado el momomento de decir basta a quienes se hacen ricos a costa de abusar de las inquilinas”. Considera que “toda empresa que cometa prácticas abusivas debería cerrarse” y avanza que harán “todo lo posible” por acabar con este tipo de prácticas.

Desde el Sindicato de Inquilinas son conscientes de la dificultad de la empresa legal. El abogado que defiende a Alquiler Seguro es Eugenio Ribón, decano del ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) y un perfil muy vinculado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ribón ha pasado de defender los derechos de los consumidores, actuando en nombre de los preferentistas contra grandes bancos como Bankia, a “defender los abusos de empresas como Alquiler Seguro”, según indica el Sindicato en una nota remitida a los medios.

La entidad destaca que ha logrado “recuperar en estos dos años de proceso cientos de honorarios cobrados ilegalmente por las inmobiliarias gracias a la campaña estatal desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas”. “Hacemos un llamamiento a todas las inquilinas que se hayan visto obligadas a pagar honorarios en el último año a que se organicen y denuncien esta situación con el Sindicato de Inquilinas para acabar con todos los abusos que sufrimos frente a las inmobiliarias”, concluyen.

Desde que un día llamaron a su puerta con una oferta de 10.000 euros a tocateja, la vida de Ángel ha dado un vuelco. Pero ahora el miedo a perder su casa se ha convertido en rabia. Más de un año después, comienza a verterla contra aquellos huéspedes. “El fondo de inversión Palau & Manfredi ha comprado el edificio y nos quiere echar a la calle”, denunciaba este domingo, arropado entre sus vecinos. En enero de 2025, un agente contratado por esta sociedad inmobiliaria se presentó en su domicilio, en el número 37 de la calle Gaztambide, donde alquila un piso con su pareja. La noticia les dejó a cuadros: la propietaria había fallecido y ahora los herederos querían vaciarlo. La idea era hacer reformas, exprimir el recurso y venderlo al mejor postor; así que, de día para otro, el bloque pasó a ser una gallina de los huevos de oro en uno de los barrios más cotizados de Madrid.

Desde entonces, los vecinos se han organizado para poner en marcha una campaña de denuncias en redes y, recientemente, una jornada de protesta. Fue este mismo domingo, 15 de marzo, cuando se movilizaron conjuntamente con el Sindicato de Inquilinas de Madrid para reclamar una reunión al fondo que gestiona actualmente la propiedad. En un comunicado, el órgano sindical pidió negociar nuevos contratos de alquiler “estables y asumibles” para los inquilinos. Para algunos, como es el caso de Ángel e Irene, su contrato no concluye hasta 2028, así que les ofrecieron los 10.000 euros por marcharse.

Si no accedían, la otra opción era cobrar unos 200 euros cada vez que la sociedad family office organizara una visita al piso --en el que aún son inquilinos-- en busca de potenciales compradores. Desde el Sindicato de Inquilinas sostienen que la empresa tiene en mente “reconvertir el bloque en pisos de lujo”, aunque de momento no se ha confirmado oficialmente nada parecido. A principios del año pasado, Ángel se topó con dos personas en el rellano que, según él, parecían inspeccionar el edificio. Ese día marcó un punto de inflexión.

Eran un hombre y una mujer. Ella se presentó como su abogada y les informó de que iban a efectuar obras en las instalaciones, instándoles a “tener en cuenta las molestias” que eso puede suponer en su día a día. Para estos inquilinos, aquella fue una táctica de acoso inmobiliario. Desde entonces, la presión sobre los vecinos se acentuó: burofaxes que anuncian la no renovación de contratos, visitas constantes de potenciales compradores, llamadas insistentes, ofertas económicas para marcharse antes de tiempo. Y, según su denuncia, algo más: cortes de suministros y obras que complican la vida diaria.

Su denuncia la recogieron desde la oposición política de Más Madrid. La portavoz municipal del distrito, Sara Ladra, también habla de “mobbing inmobiliario” para referirse a este tipo de práticas. En declaraciones a este periódico, la concejala de Chamberí, recuerda otros casos parecidos –algunos muy recientes“ como los que ocupan a vecinos de Tribulete, San Ifelfonso o General Lacy. ”Si nos quieren echar de nuestras casas, van a tener un problema“, resumieron los vecinos durante la protesta, a modo de reafirmación colectiva después de meses de incertidumbre piso a piso.

Uno de los rostros involuntarios de la reivindicación fue Carmen, que trabaja en uno de los locales que habrán de desalojar. Lleva ocho años y medio en una conocida pastelería de la calle, que terminaba su contrato este mismo año y será uno de los primeros espacios en desaparecer con la compra. Ella ha cumplido 41 y vive con su madre no muy lejos de allí, aunque ha de coger el metro para llegar a su puesto. Con el tiempo, se ha convertido en una cara conocida para algunos vecinos.

Comprar siempre en la misma panadería, ir a por dulces caseros o salir de los supermercados es lo que da calidad a un barrio. Y temo que este acabe perdiendo su esencia

Carmen — Trabaja en uno de los locales comerciales que concluyen su contrato

“Carmen ha sido nuestra mejor red social”, proclamaba desde el balcón en uno de los pisos, megáfono en mano, una de las manifestantes este domingo. A pie de calle estaba Carmen, uniformada de blanco y sonrojada por los aplausos. “Ahora se queda en paro, así que queremos agradecerte todo lo que nos has ayudado. Si alguien puede pasar su currículum, agradeceremos que no se nos vaya de aquí”, concluía la vecina en su discurso dando paso a una cadena de aplausos y vítores. En diciembre, su jefe recibió otro burofax de la empresa advirtiendo de que deberían abandonar el edificio a finales de abril.

“Me siento agradecida de haber podido ayudarles o alegrarles si es que ha sido así. Pero al final, aunque solo sea un trabajo, duele por la gente a la que dejas atrás y también por la incertidumbre que llega”, revela Carmen días después, al otro lado del teléfono. “Esta es una zona muy buena y quieren aprovechar la situación, pero siento que estas situaciones son las que terminan por cargarse el pequeño comercio en los barrios”, sentencia la trabajadora, augurando que el ejemplo de Gaztambide puede repetirse en otros puntos de la ciudad: “Comprar siempre en la misma panadería, ir a por dulces caseros o salir de los supermercados es lo que le da calidad a un vecindario. Y temo que este acabe perdiendo su esencia”.

El de este bloque no es un caso aislado. Las organizaciones de inquilinos llevan tiempo alertando de una dinámica que se ha extendido por distintos barrios de Madrid: fondos de inversión que compran edificios enteros con contratos en vigor, comunican su intención de no renovarlos y despliegan distintas fórmulas de presión para acortar los plazos. En el caso de Palau & Manfredi, las vecinas aseguran que el mismo esquema se ha reproducido en otros inmuebles fuera de Madrid, como en Barcelona, donde el fondo posee otro edificio en el Eixample.

Por vivir en su piso, Ángel e Irene pagna 1.100 euros al mes sin contar gastos como luz, wi-fi, gas o agua. Son unos 80 metros cuadrados con tres habitaciones, dos de ellas más pequeñas y la tercera sin ventana. Creen que la maniobra incrementará el precio de la vivienda para equipararla al estatus del barrio. Así que la protesta del domingo se presentó como una llamada a la negociación, donde los vecinos solicitaron a la propiedad que respetara los contratos y no trate de expulsar a sus inquilinos de forma inminente. En el interior del portal, entre buzones y carteles improvisados, alguien ha escrito un mensaje que resume el momento: “Aquí vive gente”.

Jueves por la tarde. Una cafetería elegante y tranquila, en pleno centro de Madrid. Apenas se oye el runrún de un puñado de clientes, los ruedines de las maletas que entran o salen y una plácida música de ascensor. Todo transcurre con normalidad en el Hotel Marriott Princesa, uno de los alojamientos de cinco estrellas que la lujosa cadena gestiona en la ciudad. Al menos, hasta que el reloj marca las 19.30 horas. Una marabunta silenciosa accedió en cuestión de segundos a la zona del restaurante, despertando la curiosidad entre las mesas o miradas inquietas del personal. Decenas de personas comenzaron a apilarse hasta formar un semicírculo en el centro. Algunos sacan megáfonos y otros, unos chalecos reflectantes de color naranja. En el torso puede leerse un nombre: Sindicato de Inquilinas.

“¡Somos las vecinas de Madrid contra Brookfield!”, gritó una de ellas, coreada al instante por quienes estaban a su alrededor. El órgano sindical, promotor de la iniciativa, motivó una protesta en las instalaciones de este céntrico hotel para denunciar sus vínculos con Brookfield Asset Management, una multinacional canadiense dedicada a la compra-venta de activos que adquirió este hotel en la zona de Princesa. Su irrupción en el mercado español ha causado incertidumbre entre quienes esa tarde tomaron el hotel, que denunciaron a viva voz cómo ese movimiento ponía otra pieza sobre el pesado puzle de la vivienda.

Preguntados por esta cuestión, desde el Sindicato de Inquilinas confirman que todo es parte de una campaña para advertir de la entrada a paso firme de esta compañía en España. Un país donde el problema de la vivienda lleva meses liderando el ranking de las principales preocupaciones de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Después de negociar la compra de 5.300 inmuebles por 1.200 millones de euros a otro de los grandes fondos de inversión inmobiliaria, Blackstone, Brookfield ha adquirido todas estas propiedades que, afirman los promotores de la protesta, nacieron como promociones públicas o de protección oficial “impulsadas por administraciones municipales”.

Que Brookfield, propietario del hotel que ha protagonizado la tarde, se hiciera con un paquete de viviendas alejándolo del parque público en un momento de alta tensión inmobiliaria ha sido la mecha que prendió los planes del sindicato. Los manifestantes, durante su incursión en el Marriot junto a Plaza España, han hecho llegar una carta al director del establecimiento en la que le transmiten la “preocupación” vecinal por la subida de los precios o la intranquilidad ante una renovación de alquiler. Pero la acción no solo ha sorprendido en Madrid.

Desde la entidad por los derechos de los inquilinos se ha organizado un movimiento paralelo en Barcelona, donde otra comitiva de vecinos hizo lo propio con el Hotel Moxy de la ciudad condal, tal y como han confirmado los manifestantes en la capital. Fuentes del órgano sindical aseguran que la multinacional canadiense es dueña de otros hoteles en Madrid, además del Marriott de Princesa. Temen que la intención del fondo para las 5.300 viviendas que ha comprado a Blackstone termine siendo la venta uno a uno de los pisos, transfiriéndolos definitivamente al mercado.

“A todos los que estáis aquí, queremos informaros de por qué hemos venido”, comenzó uno de los portavoces de la protesta, compartiendo con la clientela del hotel cómo su propietario “empeora” la situación de muchos inquilinos. “Brookfield quiere vender nuestras casas, pero no nos iremos de allí. Nos quedamos”, afirmó, solemne, otro de los jóvenes allí presentes, entre aplausos y vítores de sus compañeros. La admiración no crecía tanto entre empleados. “A mí me están grabando”, ironiza una de las mujeres uniformadas con el traje que portan el resto de trabajadores, movilizados desde su irrupción para controlar el espacio.

Varios vehículos policiales, tanto de la Policía Nacional como Municipal, empezaron a amontonarse en la entrada pocos minutos después de comenzar la protesta. “Los ha llamado el manager”, susurraron entre los manifestantes. Más de una decena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía termiraron por entrar a la recepción del hotel y acudieron a hablar con los portavoces del acto. Intercambiaron unas palabras y luego estos últimos accedieron a continuar la protesta en la puerta del edificio, cuando el reloj ya marcaba las 19.45 horas.

“Queremos que todo el mundo sepa que la compra por parte de Brookfield no es tan bonita como creen”, resume desde el exterior uno de los portavoces de la cita, César Sanjuan. Explica que la decisión de iniciar sus presiones desde este hotel tiene que ver con la ubicación de la sede de este fondo en España, en un noveno piso de la calle Serrano. “Lo que queremos es que gente como nosotros sepa quiénes son, y eso solo puede conseguirse desde aquí”, determina Sanjuan.

En los últimos meses ha trascendido la intención de Blackstone, el fondo buitre que propició la gran entrada de Brookfield al mercado español, y otras sociedades inmobiliarias preparan la venta de miles de viviendas en alquiler dentro del país. Fueron comprándolas durante años y ahora, en pleno auge de precios, tratarán de ofrecerlas al mejor postor. Muchos de los inmuebles que fluctúan en esa operación inmobiliaria, contabilizados en unos 25.000, fueron adquiridos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en un periodo de trasvase de las familias a los bancos y, de estos, a estas entidades, conocidas como fondos buitre.

Recientemente, desde el Sindicato de Inquilinas se ha impulsado una campaña junto a los vecinos de los bloques pertenecientes a Nestar (incluido en el grupo Azora) o Fidere, de Blackstone, cuya compra precisamente negocian los del fondo Brookfield. La iniciativa tiene el objetivo de “impedir la venta masiva de más de 17.000 viviendas, muchas de ellas antiguamente públicas, que los fondos buitre quieren volver a poner en el mercado para seguir especulando con nuestras vida”, tal y como expresa el propio órgano sindical. Creen que esta problemática se replica ahora con la adquisición de 5.300 viviendas por parte de la compañía canadiense. “Que no se piensen que van a comprar un caramelo. Lo que van a hallar es un problema”, ha zanjado en sus instalaciones uno de los portavoces de la protesta.

Ya hay acuerdo para relanzar el CSA Tabacalera, en Lavapiés, contando con la presencia de entidades vecinales. El complejo volverá a acoger el tejido asociativo del céntrico barrio de Madrid a finales de 2026. Así lo han acordado el Ministerio de Cultura, titular del inmueble, y representantes del colectivo Remontada Tabacalera.

Se prevé que dos edificaciones, anexas al edificio principal, estén disponibles para estos usos asociativos en el último trimestre de este año después de las obras de rehabilitación que llevará a cabo el Ministerio de Cultura, a cargo de su presupuesto. Se trata de las naves Trapecio y Trastocados/Metrópolis (de 512 y 288 metros cuadrados) dentro del complejo de Tabacalera, que serán rehabilitadas integralmente para garantizar su adecuación para el uso y que cumplen todas las garantías de seguridad.

La cesión formal se hará al CSA La Tabacalera, de acuerdo con los colectivos y asociaciones que forman parte del colectivo Remontada Tabacalera, entre los que se encuentran el propio CSA y otras entidades como el Sindicato de Inquilinas de Madrid, 8M Lavapiés, la Oficina de urbanismo social o Red Interlavapiés.

Según ambas partes han acordado, estos espacios serán autogestionados por el CSA La Tabacalera, en colaboración con asociaciones vecinales del barrio de Lavapiés. Con este compromiso, se recupera un espacio fundamental para el uso comunitario y cultural en el centro de la ciudad de Madrid, privilegiando la función social y apertura al público de esta dotación con independencia de la residencia y centro artístico que la cartera liderada por Ernest Urtasun planea impulsar en el resto del recinto.

El Sindicato de Inquilinas lo celebra: “Recuperamos para la ciudad la Tabacalera”

El Sindicato de Inquilinas ha celebrado el acuerdo en una nota remitida a los medios de comunicación: “Gracias a la negociación y movilización de los movimiento sociales de la ciudad, el acuerdo se ha desbloqueado, formalizando el uso del espacio a través del convenio existente e incorporando las modificaciones necesarias para adaptarlo al momento actual del proceso”.

Carolina Vilariño, portavoz del Sindicato, cree que con este compromiso consiguen “un espacio que había sido arrebatado a los movimientos sociales y que es fundamental para los vecinos de Lavapiés y de todo Madrid”. Opina que “se abre un nuevo paradigma del modelo de ciudad que vamos a construir”.

En el escrito detallan el enfoque que Remonta Tabacalera dará al proyecto: “Se plantea una visión de colaboración amplia junto al CSA Tabacalera y otros movimientos y colectivos sociales del territorio, articulada en torno a tres ejes estratégicos: la cultura de base autogestionada, el sindicalismo social y la economía solidaria”.

En las negociaciones se ha acordado entender este proceso como “una oportunidad para incorporar la participación ciudadana en la rehabilitación del edificio con una perspectiva de regeneración urbana en su contexto territorial y ampliar derechos culturales y sociales de las personas que habitan y atraviesan Madrid”. Señalan que, “por todas las partes”, se ha manifestado “una aspiración para explorar formas innovadoras y contemporáneas de gestión cultural y urbana acorde al momento actual y a los retos sociales que afrontamos.

Casi tres siglos de historia en el corazón de Lavapiés

Situado en el número 53 de la calle Embajadores, el complejo de Tabacalera está formado por diversas edificaciones, ocupando una superficie total de más de 21.000 metros cuadrados. Tabacalera se ubica en la Antigua Fábrica de Tabacos de Madrid, cuya construcción tuvo lugar entre 1780 y 1792 y que perdió ese uso a finales del siglo XX.

Adscrito al Ministerio de Cultura desde 2003, ese mismo año el edificio se abre al público como espacio centrado en la exhibición y la programación de actividades. Entre 2010 y 2021 desarrolla un programa permanente de exposiciones temporales y de actividades en torno a la fotografía, el arte contemporáneo y las artes visuales. Actualmente el complejo de Tabacalera se encuentra en proceso de rehabilitación arquitectónica y reforma integral de las instalaciones para adecuar el edificio a su futuro uso como centro de producción y residencias artísticas, en la línea de otros centros internacionales.

En marzo de 2025, un Real Decreto oficializó la creación del Centro de Producción y de Residencias Artísticas Tabacalera. Este futuro Centro Tabacalera es un proyecto estratégico del Ministerio de Cultura y está dirigido a la reactivación del tejido creativo, promoviendo un espacio de investigación artística e intercambio de experiencias entre artistas, en colaboración también con las comunidades autónomas. El proyecto aspira, asimismo, a ser una institución abierta al barrio de Lavapiés, un propósito relanzado con este acuerdo.

Mariano Ordaz podrá seguir viviendo en su casa, por mucha que esta sea cada vez más inhabitable. Su posible desahucio ha despertado una ola de solidaridad, apoyo y contestación que se ha materializado en la mañana de este viernes. Ni siquiera la intensa lluvia con la que ha arrancado el día en Madrid ha amedrentado a las decenas de personas que han acudido al portal de su edificio en el barrio de Embajadores para detener la posible expulsión. Alrededor de las 9.20, más de dos horas después de la hora prevista para el desalojo, la comitiva policial y judicial desplazada ha comenzado a marcharse. El lanzamiento ha quedado aplazado, sin nueva fecha establecida hasta el momento.

“¡Lo hemos parado, Mariano se queda!”, ha celebrado el Sindicato de Inquilinas en sus redes sociales. Esta entidad se ha volcado en el apoyo al vecino de la calle del Carnero. De hecho, la mayoría de personas concentradas llevaban sus característicos chalecos naranjas, incluído el propio Mariano. ‪“Empapados, casi sin dormir, hemos parado el cuarto intento de expulsarle de su casa. ‬‪Lo hemos hecho con organización, con nuestros cuerpos y resistencia ante una ley deficiente”, trasladan desde la agrupación.

Antes, poco después de las 7.00, comenzaban a informar de su movilización para evitar a toda costa la enajenación: “Hoy luchamos por Mariano. La VOT [Venerable Orden Tercera] pretende desahuciarle habiendo vivido toda su vida en su casa, después de dejarla caerse a cachos: acoso inmobiliario. Nos defendemos y organizamos donde las instituciones y justicia nos fallan”.‬ La jornada ha estado repleta de eslóganes combativos: “Poder inquilino”; “vecina, despierta, desahucian en tu puerta” o “las llaves de Mariano se quedan en su mano”.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato, ha explicado que esta suspensión ha sido posible “gracias a que Mariano fue valiente” y acudió a la entidad, así como a “la organización popular”. “Las instituciones iban a sacarle a la calle: el Congreso, los jueces, la policía, servicios sociales y todo el sistema rentista. Hemos parado una barbarie ante la cual solo queda desbodecer las leyes que nos quieran echar para especular”, ha aseverado en declaraciones a los medios.

Según trasladan desde la organización, la jornada no ha estado exenta de tensión antes de que llegase el final feliz para Mariano: “La policía lo llama quedada, saben que hoy lo van a tener muy difícil para expulsar a Mariano de su casa”. Finalmente ha sido tan complicado que no han podido hacerlo.

A sus 67 años, tiempo en el que solo ha conocido esta casa donde nació cuando ya vivían en ella su abuela y sus padres, Mariano se enfrenta a una encrucijada compleja. Debe elegir entre su propia seguridad o su más que probable desahucio si abandona el piso para que la orden franciscana que ostenta la propiedad ejecuten los trabajos de reforma necesarios.

El techo de la cocina, carcomido por las humedades, se vino abajo el pasado 8 de noviembre. La estancia ha quedado inutilizable desde entonces, con la excepción de la nevera. La encimera, el fregadero o la propia cocina cedieron ante la caída de unos escombros ahora agolpados en una esquina. Más de tres meses después, pilotes colocados por los bomberos evitan el colapso de la estructura y la apuntalan. Estos elementos también ocupan la mitad del baño, incluida la ducha, para reforzar la estabilidad. Mariano hace algunas elaboraciones con un hornillo o busca lugares baratos para comer. Se ducha en casas de amigos, la de su vecina o en el gimnasio de un centro social. No sabe si su vivienda regresará algún día a la normalidad.

La propiedad solo se pliega a acometer las obras necesarias si él la abandona. “Ahora que el desahucio se ha parado sin fecha, la propiedad tiene tiempo para las reformas acometidas sin echar a Mariano de la casa en la que lleva toda su vida”, apunta el Sindicato en un comunicado.

Mariano estuvo a punto de ser desalojado (llegó a recibir una orden) ya en 2022, después de acumular impagos. No hubo caridad por parte de su casero, la milenaria Venerable Orden Tercera de San Francisco, llamada popularmente VOT y conocida más recientemente como Orden Franciscana Seglar (OFS). Finalmente, el lanzamiento lo evitaron la movilización del Sindicato de Inquilinas y el freno judicial amparado en el decreto del Gobierno para la paralización de los desahucios a quienes acrediten vulnerabilidad. Este último escudo está ahora mismo en el aire, pero el apoyo del Sindicato ha vuelto a convertirse en su mejor protección.

Mariano se dedicaba a la hostelería y se quedó sin empleo en la pandemia. Después solo pudo acumular contratos menores en el Hospital Gregorio Marañón, además de cobrar una paga que no llegaba a los 500 euros. Ya jubilado, le quedan algo más de 1.000. Por ello quiere renegociar su deuda y su alquiler con la orden religiosa, ahora que puede afrontarlos. A cambio, pide que los trabajos se hagan con él en el interior o marcharse provisionalmente después de firmar un acuerdo que acredite que, una vez acabada la rehabilitación, volverá a su hogar.

La propiedad, que desde la caída del techo solo ha enviado un técnico que instó a colocar pilotes también en el baño (los de la cocina los pusieron los bomberos), rechaza sus peticiones e incluso una reunión. “Es una treta para que me vaya”, opina sobre las instancias que ha recibido para dejar la vivienda debido a la obra. Está convencido de que, si se marcha, no podrá volver.

El real decreto que se votará este martes en el Congreso de los Diputados, mantendría suspendidos unos 70.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero todo apunta a que fracasará. Ante esta “situación límite”, según el Sindicato de Inquilinas, tanto este colectivo como la PAH han anunciado futuras acciones: “Si este real decreto cae, va a haber concentraciones, va a haber movilizaciones y vamos a responder”, ha asegurado Valeria Racu, portavoz del sindicato este martes frente al Congreso de los Diputados.

La medida se votará este martes en el Congreso de los Diputados dentro de un decreto ómnibus aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025 que llevará, entre otras propuestas, la revalorización de las pensiones. El PP ha anunciado que no lo apoyará, a pesar de que que ha asegurado que estaría dispuesto a llevar adelante esta última por separado. El rechazo por parte de la oposición viene del resto de elementos de este “escudo social”, como lo califica el Gobierno, entre los cuales se encuentran esta moratoria de desahucios o la prórroga de la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables. Junts no ha aclarado si votará en contra o si se abstendrá, pero en ambos casos, el decreto no saldría adelante y los miles de hogares que se habían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025, verían su desahucio reactivado.

“Que hoy caiga este real decreto, no implica simplemente 70.000 desahucios, una oleada que es totalmente inasumible, sino que implica que somos incapaces de proteger el derecho a la vivienda”, ha denunciado Racu, que ha señalado a los grupos que, previsiblemente, no aprobarán estas políticas: “Vamos a ver una vez más cómo la derecha parlamentaria, representada por PP, Vox y sorprendentemente Junts, que también se alinea ahí, a pesar de que Cataluña es líder en desahucios, van a ser una vez más los secuaces de la patronal inmobiliaria y del negocio de la vivienda”. Paco Morote, de la PAH, se ha dirigido también al PP, al que ha reprochado su inacción para regular la vivienda en las comunidades donde gobierna así como de “haberse arrojado en brazos de la especulación y la construcción”.

Valeria Racu ha acusado también al Gobierno de ser “incapaz” de “sacar una única medida que nos proteja a las que más lo necesitamos en este momento”, apuntando a una situación de “emergencia habitacional” que va más allá de este decreto. A las 70.000 familias que podrían verse expulsadas de su casa, se sumarían además los “más de 600.000 que es posible que ocurra en este año”, según ha indicado la portavoz.

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, su portavoz, Damián Rodríguez, se ha referido al “chantaje” de la derecha, que amenza con tumbar el decreto por el resto de medidas que lo engloban y ha apuntado que los pensionistas “también están afectados” por la situación de la vivienda.  “El año pasado se votó - el decreto ómnibus- en su conjunto. ¿por qué este año se tiene que separar? La única razón es electoralista”, ha añadido.