Nueva York, la capital del capitalismo en el país santuario de la propiedad privada, ha decretado una congelación del precio de los alquileres. El nuevo alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, de la corriente socialista del Partido Demócrata, ha aprobado una medida que, también gracias a que es el hombre de moda de la izquierda internacional, ha tenido especial eco en España, donde la escasa intervención pública del mercado de la vivienda se suele quedar en papel mojado.

Hablamos con Jaime Jover, geógrafo y urbanista, antiguo residente en la ciudad, donde trabajó en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y actualmente investigador del CSIC, para entender cómo se articula la regulación de los alquileres en Nueva York y el origen de este tipo de intervención pública en el mercado de la vivienda. Con Chiara, Franc y Mateo, habitantes de la Gran Manzana, nos asomamos a cómo les afecta esta congelación de rentas en la ciudad más cara de Estados Unidos. 

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

San Cristóbal de La Laguna ha vivido este sábado una de las movilizaciones por el derecho a la vivienda más multitudinarias de los últimos años en Canarias.

Más de 3.000 personas, según estimaciones de los convocantes, han salido a la calle para denunciar la crisis habitacional que atraviesa el archipiélago. La movilización ha sido convocada por el Sindicato de Inquilinas de Tenerife (SIT) y cuenta con el respaldo de más de medio centenar de organizaciones, entre sindicatos, asociaciones vecinales, colectivos feministas, ecologistas, estudiantiles y culturales de todo el archipiélago.

La marcha ha partido desde el Parque Estudiante Javier Fernández Quesada a las 11:30 horas, y desde el principio se pudieron escuchar gritos de protesta, como: “el gobierno de Canarias es una inmobiliaria” o “No es un piso chulo, es un puto zulo”.

Algunos participantes describen el ambiente combativo y familiar de la movilización y destacan que “fue muy transversal, no solo por los distintos colectivos, sino por todas las vecinas que no son necesariamente activistas y que se unian a la marcha durante al camino cuando nos veian pasar”.

Tras el recorrido se hizo una lectura de los manifiestos, en el que participaron el colectivo LGTB+ Abrir Brecha Canarias, la Asociacion para la Defensa de las Pensiones Publicas de Canarias, y el Sindicato de Inquilinas de Tenerife. El acto se cerró con las actuaciones musicales de Kinewa, La Cangreja y Zerpa.

“No faltan viviendas”

El manifiesto leído durante la concentración ha apuntado a los que señalan como responsables de la crisis: fondos de inversión, bancos y grandes tenedores que, según los organizadores, tensionan el mercado de forma deliberada. En Canarias hay más de 211.000 viviendas vacías, mientras el precio del alquiler ha subido un 143% en apenas trece años. Hoy, alquilar una vivienda media en el archipiélago cuesta más de 1.000 euros al mes, y comprar una casa equivale a ahorrar casi quince años de salario íntegro.

Las cifras son especialmente llamativas en La Laguna, donde el metro supera los 1.700 euros en el primer trimestre de este año, y marca un nuevo récord histórico. La media en canaria supera los 2.200 euros por metro cuadrad. Mientras, en el centro de la ciudad ha habido meses en los que los portales inmobiliarios llegaban a ofrecer más de 500 viviendas de uso turístico frente a apenas 49 en alquiler residencial.

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria son, además, las dos ciudades de todo el Estado donde mayor es la concentración de multipropietarios, personas o entidades que acumulan varias viviendas destinadas al alquiler, lo que el Sindicato de Inquilinas vincula directamente a la turistificación del territorio y a la conversión de la vivienda en un activo financiero.

“El problema no son los migrantes”

El manifiesto ha subrayado con fuerza un mensaje político: el problema de la vivienda no son las personas migrantes. “El problema no son quienes comparten nuestras mismas dificultades para pagar un alquiler, encontrar trabajo o sacar adelante a sus familias”, han leído los portavoces del sindicato, que han revindicado la unidad de la clase trabajadora canaria frente a lo que denominan un “auge reaccionario” y el avance de la extrema derecha.

El texto ha puesto nombres y rostros concretos a esa clase trabajadora: camareros, cuidadoras sin contrato, artistas callejeros, jóvenes extutelados con menos de seis meses para labrarse un futuro. “Todos ellos forman parte de lo mismo”, ha concluido el manifiesto.

Trece medidas y tres interpelaciones directas a los gobiernos

El SIT ha presentado durante la marcha un Plan de Emergencia Habitacional con 13 medidas de aplicación inmediata, entre las que destacan la declaración de zonas tensionadas con topes al alquiler, la instauración de contratos de alquiler indefinidos, la prohibición de la compra especulativa de vivienda, incluida la adquisición por fondos de inversión y grandes capitales, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y la recuperación de pisos turísticos para uso residencial.

Los organizadores han interpelado también de forma directa a las instituciones. Al alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, le han exigido que declare el municipio como zona tensionada y ponga topes a los alquileres. Al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, le han recriminado la voluntad de recuperar la UNIPOL para actuar contra los ocupantes de viviendas. Y al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, le han reclamado la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda aprobada hace tres años en el Congreso, así como mecanismos de expropiación de vivienda vacía.

“Hoy empieza un nuevo ciclo de lucha vecinal”

El manifiesto ha cerrado con una declaración de intenciones: “No vamos a esperar a nuestros representantes políticos. Hoy empieza un nuevo ciclo de lucha vecinal donde los barrios recuperaremos el poder que tenemos para transformar este lugar que habitamos.”

La elección de La Laguna como escenario no ha sido casual. La ciudad, según el SIT, se ha convertido en uno de los ejemplos más crudos del proceso de expulsión que sufren los vecinos de sus propios barrios, y en símbolo de un modelo que amenaza al conjunto del archipiélago.

No viven en Retiro, sino en Vallecas. Tampoco nacieron en España, sino en Perú. Son menos conocidos, pero se enfrentan al mismo miedo: una expulsión inminente. Este miércoles, 24 de junio, estaba programado el tercer intento de desahucio para Maricarmen, una vecina de 87 años que resiste a los envites de un fondo. Tiene un contrato de renta antigua y su caso es ya un símbolo de la crisis de la vivienda: ha logrado movilizar a cientos de personas en favor de su causa, incluyendo a artistas, figuras públicas o la propia ONU. La presión ciudadana ha logrado paralizar su desalojo en varias ocasiones, incluyendo esta última, aunque desde el Sindicato de Inquilinas intuyen que los aplazamientos se deben a una estrategia de desgaste. Mientras tanto, al sureste de allí, una familia de migrantes se prepara para otro desahucio, previsto ese mismo día.

“Yo llegué solito a España. No conocía a nadie, me arriesgué y, gracias a dios, no me fue mal. Pero ahora dicen que soy un okupa”, revela Adolfo, vecino de Vallecas de origen peruano. En diciembre, se enteró de que el piso al que se mudó en 2017 con su familia tenía una deuda hipotecaria con Caixabank, que antes pertenecía a Bankia. Ese apartamento se lo alquiló a un hombre al que conoció en España, pero que también era de Perú. Este le trasladó que había tenido problemas con su mujer e iba a volver a su país, así que firmaron un contrato informal de arrendamiento, con papel y bolígrafo. Adolfo asegura no haber sabido nada de esta deuda hasta que recibió la notificación judicial, y desde entonces ha perdido el contacto con esta persona.

El miércoles a primera hora, una citación amaga con dejarles en la calle.El inmueble ha pasado a manos de Building Center, una filial inmobiliaria de Caixabank. Esta sociedad solicitó al Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid que mantuviera la orden de lanzamiento –nombre formal para los desahucios– después de que el inquilino presentara un recurso de reposición, en un intento de frenar la expulsión. Adolfo vive en ese piso, cerca del Metro en Nueva Numancia, con su hija y su nieto.

La primera tiene 27 años y acaba de quedarse sin trabajo. El más pequeño tiene 4 años, y el hecho de tener a un menor de edad en el domicilio familiar les había permitido hasta ahora alargar el proceso. Según el inquilino, solo viven de sus ingresos: hasta ahora ha trabajado como camarero, barman, charcutero, cuidador de personas mayores e incluso como empleado en una gestoría. También gana algo de dinero con la música, una afición que le llevó a conocer a su casero. “Incluso compartimos una breve amistad, pero ahora tengo que buscarme yo la vida”, lamenta en declaraciones a Somos Madrid.

Recursos limitados y falta de respuesta institucional

Diego Sanz, de la PAH Vallekcas (la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el distrito), advierte de una agenda repleta de desahucios para el próximo verano. “Hay varias fechas en julio y esperamos que la situación se prolongue hasta septiembre, con otro desalojo programado para el día 13”, resalta el portavoz de la PAH, que aquí refiere solo a su territorio aunque añade que los lanzamientos se están viendo en toda la ciudad, e incluso otros puntos de la región. El de Maricarmen ha sido uno de los más sonados, provocando marchas multitudinarias en su defensa: aunque de Adolfo también depende su familia, las opciones para rehacer tu vida a los 87 años son escasas o prácticamente nulas, como ocurre con la vecina de Retiro.

Ante la falta de respuestas efectivas desde las instituciones para resolver la crisis de la vivienda –que hoy exprime la mitad de su salario a miles de inquilinos–, las movilizaciones populares han ido surgiendo en reacción a las dificultades para acceder a un contrato de alquiler o hacerse con la propiedad de un piso. Sus recursos y la capacidad organizativa con la que cuentan es limitada, por lo que no todo intento de desahucio termina recibiendo la misma repercusión pública ni esta logra dar margen al afectado. No obstante, desde la PAH mencionan otros ejemplos recientes como Carabanchel o Rivas-Vaciamadrid, y avisan de que el mercadeo con la vivienda está replicando casos muy similares al de Maricarmen.

Sin ir más lejos, el caso de Adolfo forma parte de una disputa más amplia que mantienen con Obra Social la Caixa, de la fundación adscrita a Caixabank. A finales del año pasado, un grupo de inquilinos en viviendas promovidas por la entidad entre Ensache de Vallecas, Vicálvaro y Pinto presentó una demanda conjunta contra la entidad bancaria. La acusaron de incluir cláusulas abusivas en los contratos impulsados desde su fundación, y también de haber vendido esas casas a unos fondos de inversión: Farley ITG y Mosaic Propco. La primera de estas sociedades limitadas adquirió las que había en Pinto, mientras que la otra se hizo con los apartamentos de Vallecas y Vicálvaro.

Con el tiempo llegó una denuncia suscrita por decenas de familias, aunque las organizaciones de vivienda hablan de unos 500 afectados en total. “Hemos planteado una compra pública de este paquete de viviendas a través de Casa 47 [la nueva empresa pública estatal], pero el goteo de casos con antiguos alquileres sociales nos hizo tener que presentarnos en plena sede de Building Center”, explica Diego Sanz, de la PAH Vallekas. De aquellas conversaciones, siempre según su versión, salió “un compromiso por escrito” con Tecnotramit (otra empresa intermediaria) para estudiar los once casos presentados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y valorar la negociación de alquileres sociales.

“Aunque queríamos un análisis de forma colectiva, solo accedieron a negociar uno a uno las condiciones en cada piso. Lo dejamos pasar, y luego nos encontramos con que dos de esos casos tienen fecha inminente para un posible desahucio”, revela. El primero será el de Adolfo, que espera un giro de última hora para que se revierta la situación; y el siguiente será el próximo martes, 30 de junio. Para este último caso aún no hay una orden directa de lanzamiento sino una cita para la entrega de llaves, informa la PAH. “Nosotros no tenemos adonde ir, ya se lo dije a la comisión judicial cuando vinieron la primera vez”, se teme de vuelta Adolfo, que reflexiona al otro lado del teléfono cuando quedan pocos días para que les obliguen a marcharse.

La última vez que lo intentaron, según refiere él mismo, decidieron darle 15 días más de plazo al ver que en esa casa convivían con un menor de edad, y que el dinero que gana Adolfo es con el que ahora se sostiene toda la familia. “Me hicieron una oferta para comprar el piso que no podía permitirme. Empecé a asesorarme con un abogado de oficio, y ya ahí descubrí que ellos consideran mi presencia en el piso como la de un okupa, ya que mi contrato está firmado en papel”, resume Adolfo, que afirma haberse presentado en distintas ocasiones en oficinas de Caixabank, sin llegar a ser atendido: “Todo parece habernos dado la espalda. Solo espero que, de aquí al miércoles, reunamos el apoyo necesario para frenar esto”.

Nuevo aplazamiento del desalojo de Maricarmen, la mujer de 87 años que lleva años viviendo un calvario ante la presión de la inmobiliaria Urbagestión para que abandone la que ha sido su casa durante siete décadas. El tercer intento de deshucio, previsto para el miércoles 24 de junio en su casa del madrileño distrito de Retiro, ha quedado paralizado y ahora se ha fijado para el 23 de septiembre.

La presión social y logros como que la ONU haya exigido suspender el procedimiento o proporcionar una alternativa a Maricarmen han podido influir en una nueva prórroga que para el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid es insuficiente. De hecho, la entidad apunta que el juzgado número 90 de Madrid “desoye la petición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que pedía la suspensión del desahucio hasta que las administraciones públicas demostraran que están buscando una alternativa habitacional a Maricarmen, alegando que dichas administraciones han tenido tiempo suficiente para encontrar esta alternativa”.

O lo que es lo mismo, explican, “la judicatura diciendo a los ejecutivos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y al Gobierno Central que en estos meses de aplazamientos del desahucio de Maricarmen no han hecho nada para solucionar el problema”.

El Sindicato relata que el juzgado no atiende las pretensiones de la resolución de Naciones de Unidas, pero sí estima el recurso de la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, alegando que el segundo aplazamiento no se atenía a la ley. En concreto el artículo 704de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que establece que si el inmueble a desalojar es la vivienda habitual del ejecutado, el juzgado otorgará un plazo de un mes para el desalojo. Al haberse dado un plazo menor al mes para el nuevo desahucio, el juzgado estima que a Maricarmen se le concede un nuevo mes y una nueva fecha de desahucio.

Desde el Sindicato de Inquilinas entregaron un dossier el pasado octubre al Ministerio de Vivienda del Gobierno de España dando varias soluciones al conflicto de Maricarmen, como la compra de la vivienda o la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para incluir contratos indefinidos, similares a las rentas antiguas. A su vez, se ha instado tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento a través de servicios sociales a que busquen una alternativa habitacional. Ni el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ni el de José Luis Martínez-Almeida les han contestado.

Informan además de que los actos de apoyo a Maricarmen se trasladan de la próxima semana al 22 de septiembre, en la víspera de la nueva fecha de lanzamiento. “Hace tiempo que este conflicto no va solo de Maricarmen. Va de la dignidad humana frente a la avaricia, del apoyo vecinal frente a un sistema que antepone la especulación a la vida. Maricarmen somos todas y cada vez somos más personas las que tenemos claro que una empresa no puede hacer lo quequiera con una vida. Por eso Almeida, Ayuso y Pedro Sánchez tienen que mover ficha o les espera un septiembre donde va a llover a cántaros”, sentencian.

Las islas padecen una crisis habitacional sin precedentes. Por ello, colectivos sociales convocan tres movilizaciones en el archipiélago que se enmarcan en la campaña estatal por el derecho a la vivienda, bajo el lema: “la vivienda nos cueste la vida”. Los convocantes aspiran a que sean “un punto de inflexión” en la lucha contra la crisis de vivienda que sufre Canarias.

La plataforma Derecho al Techo ha convocado en las Palmas de Gran Canaria el sábado 20 de junio a las 11:00 una manifestación que irá desde el Parque del Canódromo, en el barrio de Schamann hasta el Parque de Don Benito. En La Palma será el día 26 de junio, a las 18:00, en la Plaza España de los Llanos de Aridane. Y el Sindicato de Inquilinas de Tenerife convoca a otra movilización para el día 27 de junio a las 11:30, en el parque estudiante Javier Fernández Quesada, en San Cristóbal de La Laguna. 

El aumento de la población, la presión turística con sus viviendas vacacionales y una gestión política que los colectivos sociales califican de “absoluto fracaso” han generado una situación de colapso que dibuja una radiografía alarmante en la que se expulsa a los vecinos de sus barrios y deja a familias en la calle.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Canarias hubo 1.426 desahucios el año pasado. Casi el 80% de ellos fue por impago del alquiler. La crisis de la vivienda es uno de los factores principales por los que cada vez es más difícil salir de la pobreza. Hay casi 700.000 personas que están en riesgo de exclusión social en el archipiélago, es decir, sus ingresos son inferiores a 965 euros al mes, lo que supone más del 30% de la población, según la Red Europea de Lucha contra la pobreza.  

Mientras, los precios de la vivienda no dejan de subir. En febrero de 2024 entró en vigor el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de Canarias, por el que se declaraba la emergencia habitacional del archipiélago. Desde entonces, el precio de la vivienda en las islas no ha dejado de aumentar. Actualmente, se sitúa en los 2.234 euros/metro cuadrado, volviendo a batir su récord histórico. Supone una subida del 13,6% respecto al año pasado. 

Según los convocantes de las movilizaciones por el derecho a la vivienda “esta realidad no es fruto de una evolución natural del mercado, sino la consecuencia directa de políticas que han favorecido la especulación y la mercantilización de un derecho básico”.

En Canarias hay un total de unas 18.000 viviendas públicas lo que supone menos del 2% de todo el parque residencial del archipiélago, según Provivienda. Sin embargo, actualmente hay 34.000 los demandantes de vivienda pública. Y en los últimos tres años sólo se entregaron 24, según el propio Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI). 

Casas vacías hay muchas más. Se estima que son unas 211.000 las casas que están deshabitadas en las islas. Suponen aproximadamente una de cada cinco. El dato surge del Censo de Población y Viviendas 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayoría de estas viviendas vacías están concentradas en municipios turísticos y en las capitales, siendo Las Palmas de Gran Canaria el municipio con más viviendas vacías de todo el archipiélago. 

Pero el Gobierno canario sólo ha movilizado una vivienda vacía en los últimos diez años. El ICAVI confirmaba vía Transparencia que solo ha conseguido incorporar al mercado una casa deshabitada desde 2015. Fue en 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Pero el Gobierno canario promete movilizar cien viviendas en los próximos dos años con sólo un millón de euros.  

Hasta la patronal de las empresas inmobiliarias está de acuerdo con poner en venta o alquiler las viviendas vacías. La Asociación de Consultoras Inmobiliarias asegura que Canarias necesita como mínimo 44.000 viviendas para cubrir la demanda actual. Bastaría con movilizar una quinta parte de las viviendas que están cerradas. 

Con esta situación de crisis habitacional la ocupación ha descendido en el archipiélago más de un 10% en 2025, según el Ministerio del Interior. El año pasado se registraron 596 delitos de usurpación y allanamiento de morada en Canarias, siendo la principal causa el impago del alquiler. 

Y a la vez, Canarias es de las comunidades donde los rentistas tienen más propiedades. Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, tienen la mayor concentración de multiarrendadores, donde cerca del 65% de los caseros posee dos o más viviendas en alquiler, un porcentaje superior a los de Madrid o Barcelona. En el archipiélago hay más de 50.500 propietarios con más de 4 inmuebles. Otros casi 14.000 propietarios tienen entre 11 y 25 viviendas, y hay casi 3.000 con más de 25 propiedades. 

La población canaria sitúa la vivienda como principal problema y un 90% cree necesario cambiar el modelo turístico. Convirtiendo a las islas en la tercera comunidad en la que más se busca vivienda sin éxito, según el INE, sólo por detrás de Madrid y Barcelona. 

La Ley canaria de alquiler vacacional tampoco ha rebajado la precio de la crisis de vivienda. Los pisos turísticos disponibles han pasado de 47.100 a 42.300. El Ministerio de Vivienda instaba el mes pasado al Gobierno de Canarias a inspeccionar y cerrar “las más de 14.200 viviendas turísticas ilegales que ha detectado el Registro de la Propiedad en este año”, lo que convierten a las islas en la cuarta comunidad con más incidencia de este problema. “Podrían estar sirviendo para incrementar la oferta de vivienda asequible en Canarias, en lugar de expulsar a miles de canarios y canarias de sus barrios, de sus ciudades y, en definitiva, de sus islas”, aseguraba desde el Ministerio. 

Medidas urgentes de aplicación inmediata

Frente a esta situación, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife y Derecho al Techo en Gran Canaria defienden un Plan de Emergencia Habitacional, en el que se incluyen de 13 medidas urgentes que pueden ser de aplicación inmediata, “dirigidas a intervenir directamente sobre el mercado de la vivienda y acabar con la gentrificación de nuestros barrios”, aseguran. 

La primera medida es la declaración inmediata de zonas tensionadas y aplicación efectiva de topes al alquiler, a lo que el Gobierno de Fernando Clavijo se ha negado insistentemente, llegando a desechar la idea de declarar Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada, afirmando que en Canarias “no hay grandes tenedores de vivienda”. 

Los colectivos convocantes también proponen alquileres indefinidos para garantizar estabilidad habitacional, y la recuperación de viviendas vacías mediante políticas fiscales “contundentes” a grandes tenedores, como las de bancos o fondos buitre para destinarla a vivienda protegida y/o alquiler asequible. Proponen que se les incremente el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y se les penalice fiscalmente por tener vacías las viviendas, en lugar de los actuales incentivos voluntarios.  

También plantean el fin de la compra especulativa de vivienda, con prohibición de adquisición por parte de fondos de inversión, empresas, grandes capitales y personas físicas, sin importar origen.

Exigen la eliminación de campañas institucionales para atraer nómadas digitales, “que tensionan el mercado residencial y reducen la oferta de vivienda habitual”. También reclaman el control del suelo público para poner “fin de su cesión a intereses privados o turísticos, adecuación de la planificación urbanística a la capacidad de carga del territorio insular y regulación de la implantación de franquicias mediante instrumentos urbanísticos”, que protejan el comercio de proximidad y la diversidad económica de los barrios.

Ambos colectivos rechazan contundentemente los criterios excluyentes en el acceso a vivienda pública, y piden que se eliminen los requisitos económicos o administrativos que expulsan a los sectores más precarizados del acceso a la vivienda social. 

Las organizaciones reclaman la recuperación de pisos turísticos y alquileres temporales para su incorporación al uso residencial, incluyendo la paralización de nuevas licencias de vivienda vacacional. Requieren que se amplíe y blinde el parque público de vivienda mediante la incorporación de vivienda de la SAREB y otros activos públicos, evitando su privatización futura.

Otras de sus propuestas son: el Derecho de tanteo y retracto para las administraciones públicas en la compra de edificios, la obligación de destinar el 50% de toda nueva construcción o gran rehabilitación a vivienda pública o alquiler asequible.

Y por último piden la suspensión total de los desahucios sin alternativa habitacional garantizada por las administraciones públicas, y que se ilegalice a las empresas de desocupación para poner fin a los desalojos extrajudiciales.

Abrir un nuevo ciclo de movilización social

Las organizaciones critican que “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del archipiélago” y denuncian que el actual modelo económico “ha transformado la vivienda en un activo financiero” al servicio de la especulación inmobiliaria, los fondos de inversión y los grandes propietarios. “La vivienda no puede seguir tratándose como una mercancía sometida a la lógica del beneficio privado”, aseguran.  

Desde Derecho al Techo y el Sindicato de Inquilinas de Tenerife hacen un llamamiento para participar en las manifestaciones del próximo 20, 26 y 27 de junio, para convertirlas en una demostración de fuerza capaz de abrir un nuevo ciclo de lucha por el derecho a la vivienda en Canarias.

Cuándo y dónde serán las manifestaciones: 

Miembros del Sindicato de Inquilinas han interrumpido este lunes un acto en el que participaba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el foro “II Edición-Inmobiliario 360º” organizado por El País.

Los miembros del sindicato han reprochado a la ministra que no hiciera nada para frenar el desahucio de Maricarmen, de 87 años y la han acusado de mentir, mientras la ministra les agradecía su movilización.

Tras esta interrupción, que ha provocado el corte de la emisión en directo, la presentadora del acto ha lamentado lo ocurrido y ha subrayado que este foro no era para organizar esto.

Una vez solventado el problema, la ministra de Vivienda ha abogado por centrarse en las soluciones, algunas con carácter de emergencia, priorizando el parque público.

También ha insistido en que hay que ahondar en el acuerdo, ya que en el ámbito político es donde menos acuerdos se han alcanzado en los tres años que es ministra.

Por ello, ha pedido a los diputados que atiendan a la demanda social.

Además, ha apelado al consenso en el Parlamento para aumentar la regulación y ha agregado que no se puede seguir creciendo de forma extraordinaria si no se da una solución a este problema de la vivienda porque “llegarán los populismos y las soluciones fáciles”.

“Hemos interrumpido su discurso para preguntarle qué piensan hacer ella y el Gobierno con la barbaridad que está pasando con Maricarmen, que tiene un desahucio la semana que viene y que la está matando. Hoy iba a venir ella misma pero no ha podido porque su salud empeora cada día por el desahucio al que la someten. Por eso hemos interpelado para pedir qué piensa hacer con un desahucio que hasta la ONU ha dicho que es ilegal. Que se deje de palabras bonitas y que diga qué va a hacer el Gobierno, que hasta ahora ha estado del lado de la especulación”, ha explicado posteriormente Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Según informa El País, ante la interrupción, la ministra optó por intentar tender puentes. “Peleamos por lo mismo”, les dijo antes de agradecer el papel de los colectivos. También pidió a los organizadores del evento que en futuras ediciones den voz a organizaciones como el Sindicato de Inquilinas.

Tinita tiene 88 años, una enfermedad cardiaca, fallos renales, una dependencia del 83% que requiere una atención personalizada durante 24 horas y es víctima de violencia de género. Vive en una casa adaptada en el pueblo de Berció, en el concejo asturiano de Grado, que hoy, ocho años después de su divorcio, su exmarido quiere recuperar tras iniciar un procedimiento por desahucio contra ella.

A las diez de esta mañana se cumplía el plazo, pero esta vez Tinita ha tenido suerte porque se ha concedido un aplazamiento de diez días.

La negociación

Es el plazo que han conseguido tras una negociación entre abogados y ante la presencia de familiares y representantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias que respalda y acompaña a Tinita en su lucha para mantenerse en su casa “de toda la vida”.

Los malos tratos y el divorcio

Su nieto, Ignacio Álvarez, ha actuado como portavoz familiar. Ha denunciado la delicada situación de su abuela, con graves problemas de salud que se ven acentuados por la tensión de esta orden de desahucio que tiene encima.

Ha explicado que las fuertes creencias religiosas de Tinita están detrás del hecho de que durante las seis décadas que permaneció casada no denunciara a su pareja por violencia de género.

Sin embargo, la situación cambió cuando hace ocho años el matrimonio se divorció. Ella le denunció y él fue condenado por malos tratos en 2021.

La casa “de toda la vida”

Con la separación y posterior divorcio, se ejecutó la disolución de los bienes gananciales y, por diversas vicisitudes y trámites fuera de plazo que la familia achaca a la mala gestión de un abogado de oficio, el juzgado otorgó la casa al exmarido, a pesar de que la vivienda fue edificada hace 40 años en unos terrenos de la familia paterna de Tinita.

Los familiares han intentado por todos los medios evitar que se llegara a este momento y, según confirma el nieto, se le han ofrecido al exmarido distintas opciones, desde darle el valor de la casa a comprarle un apartamento en Oviedo.

“Solo actúa por venganza”

“Él ha respondido literalmente que lo que quiere es tirar la casa con mi abuela dentro. Es venganza, no hay otra palabra”, asevera Ignacio Álvarez para indicar cuáles son, a su juicio, las intenciones del exmarido tras descartar, una por una, todas las ofertas que le plantearon.

Tinita tiene demencia con momentos de lucidez en los que llega a decir que “la quieren llevar” y al nieto se le parte el alma al escucharla porque teme que si se llega a ejecutar la orden de desahucio, el resultado puede desembocar “en algo fatal”.

El plazo de prórroga ya ha empezado a correr de nuevo y solo les queda la esperanza de que, antes de agotar los diez días, se llegue a una solución favorable para Tinita.

La Organización de Naciones Unidas da de plazo a España hasta diciembre para informar de las medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional de Maricarmen, vecina de 87 años de Madrid que lleva más de 70 años residiendo en su vivienda. La ONU pide que se suspenda el desahucio mientras tramitan el procedimiento o que den alternativa habitacional adecuada a Maricarmen.

Después de una denuncia presentada a la ONU por la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, en coordinación con el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comite DESC) ha comunicado al Juzgado la existencia de esta denuncia. Da plazo al Estado hasta diciembre para emitir un informe sobre las medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional de Maricarmen y solicita que se suspenda el desahucio o que ofrezcan alternativa habitacional adecuada.

Maricarmen lleva más de cinco años peleando contra el fondo buitre Urbagestión, que compró su bloque en 2018 y que pretende desahuciarla para especular con su vivienda. En ella ha pasado casi toda su vida. Cuando murió su padre, siendo ella muy joven, quedó subrogada a su madre debido a que la normativa franquista consideraba ya una delegación el paso de la propiedad del varón a la mujer. Por ello, cuando la progenitora falleció, Maricarmen no pudo beneficiarse de un alquiler de renta antigua (restringido a las primeras subrogaciones anteriores a que la Ley Boyer degorara esta figura).

El próximo 24 de junio Maricarmen se enfrenta a su tercer intento de desalojo, tras la paralización del primero en octubre de 2025 gracias a la presión y organización sindical y el aplazamiento del segundo intento de desahucio este 3 de junio en una medida que para el Sindicato de Inquilinas ha sido un “burdo intento” para desmovilizar todo el apoyo social que estaba recibiendo Maricarmen.

La paralización del desalojo, en manos de la Justicia

Ahora, tras el informe de la ONU, la jueza tiene la facultad de suspender el desahucio mientras se tramita la denuncia presentada a la ONU “para evitar daños irreparables a la autora (Maricamen)”. Entre tanto, la comunicación está siendo estudiada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan que, si se ejecuta el desahucio el próximo 24 de junio, sería un desahucio ilegal, en contra de los tratados internacionales (de los que España es parte) y las recomendaciones de la ONU.

Una vez evitado el primer intento de desahucio a Maricarmen, varias organizaciones enviaron al Ministerio de Vivienda un dossier con alternativas para solucionar el conflicto de Maricarmen. La propia Maricarmen escribió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Seis meses después, ninguna de las dos comunicaciones han recibido respuesta.

Denuncian desde el Sindicato de Inquilinas que tanto la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, como el Ayuntamiento de Madrid que comanda José Luis Martinez-Almeida tampoco han ofrecido ninguna alternativa habitacional a Maricarmen.

Una campaña conjunta del Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas de Catalunya), la PAH y hasta media docena de sindicatos laborales ha iniciado este sábado a las 10 horas una macroenquesta sobre el coste de la vida. En la iniciativa participan 1.806 voluntarios, inscritos previamente, que recorren plazas, calles y hogares de 42 municipios para pulsar la opinión ciudadana sobre los alquileres, los salarios y la posibilidad de convocar una huelga general.

La macroencuesta, impulsada por once sindicatos laborales y de vivienda agrupados en la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes —entre los que figuran el Sindicat de Llogateres, la PAH, la CGT, la CNT y La Intersindical-CSC, la COS, la IAC, Cobas y Solidaritat Obrera—, cuenta con más de 51 puntos fijos repartidos por el territorio. En las últimas 24 horas se han sumado cuatro nuevos municipios: Santa Coloma de Gramenet, Sentmenat, el Prat de Llobregat y Montcada i Reixac.

“Lo que haremos hoy será escuchar qué quiere hacer el pueblo de Catalunya contra la crisis de la vivienda y el aumento de precios”, ha asegurado el portavoz Ruben Sáez, presente en el arranque de la encuesta en L'Hospitalet de Llobregat. “Preguntaremos a la gente si quiere o no hacer una huelga general contra la crisis de la vivienda y los salarios de mierda que nos ahogan desde hace tantos años”, ha añadido.

Los organizadores denuncian que el coste del alojamiento supera el 50% de los ingresos de muchos hogares mientras los beneficios empresariales alcanzan máximos históricos y los salarios permanecen estancados. La macroenquesta se enmarca en la campaña Viure ens costa la vida (Vivir nos cuesta la vida) y pretende ser el primer paso hacia la convocatoria de una huelga general que, según los impulsores, permita avanzar en el derecho a la vivienda y en la mejora salarial.

Los primeros resultados se conocerán a las 18.30 horas en un acto final previsto en la plaza Can Fabra de Barcelona.

Maricarmen se queda. Al menos, 21 días más. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha comunicado que el gran lema contra el desahucio de la mujer de 87 años, residente en el distrito de Retiro, se ha materializado aunque de momento sea tan solo por tres semanas. El fondo inmobiliario Urbagestión mantiene así sus pretensiones de expulsar a la vecina de un piso en el que ha vivido 70 años.

“Han aplazado para desmovilizarnos”, sostiene una de las portavoces de la organización inquilina en un vídeo compartido en redes. Alicia del Río explica en el clip que el desalojo queda ahora fijado para el miércoles 24 de junio. “No han solucionado nada, no han garantizado ninguna vivienda, solo nos dan 20 días de tortura”, expone.

Por ello, mantienen la convocatoria de un acto de protesta multitudinaria este mismo martes, desde las 18.30 en la biblioteca Eugenio Trías del parque del Retiro. A la movilización acudirán personalidades como Juan Diego Botto, Olga Rodríguez, Ismael Serrano o Alberto San Juan. Un evento que iba a preceder a una acampada para frener el lanzamiento de Maricarmen, originalmente previsto para el miércoles 3 de junio a primera hora de la mañana.

La situación de la inquilina se debe en gran parte al machismo imperante en la legislación franquista. “Las mujeres no podían entonces firmar contratos de alquiler”, contaba a elDiario.es sobre la primera firma del contrato, que hizo su padre en 1956. Al no poder firmar de primeras la madre, fue subrogada con la muerte del marido. Acogida a las rentas antiguas previas al decreto Boyer que acabó con los contratos indefinidos de alquiler, tan solo se permitía una subrogación indefinida, por lo que la muerte de la madre en 2005 terminó con su blindaje. Como segunda subrogada, ya no estaba protegida.

Pese a ello, los antiguos propietarios respetaron su renta antigua. También lo hizo Renta Corporación, la inmobiliaria que compró en primera instancia la vivienda en el año 2018 y que le ofreció comprar la vivienda a un precio que no podía asumir. La empresa respetó la negativa, pero vendió la vivienda a la inmobiliaria Urbagestión, que solo le dio la opción de quedarse con un alquiler de 1.650 euros al mes. Esto es, más del triple de lo que paga a día de hoy, unos 500 euros. Una cifra inalcanzable para alguien que cobra una pensión de 1.400 euros.

Después de negarse, recibió la orden judicial de desahucio a finales de 2020: “Yo no sé quiénes son estos señores, nunca he hablado con ellos”. El juzgado número 90 de Madrid dio la razón al considerar que cuando se produjo su subrogación, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron, “tácitamente” y que los compradores mantienen esta aceptación. Pero la Audiencia Provincial y el Supremo se posicionaron con las pretensiones los propietarios y en 2024 llegó otra carta de desahucio. 

La respuesta ciudadana, última defensa ante la especulación y las resoluciones judiciales

Los dos primeros intentos de desahucio, el último el pasado mes de octubre (que también fue detenido en medio de una gran respuesta ciudadana y culminó con una rueda de prensa en la vía pública), fueron cancelados por la Justicia ante la presión social. Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas muestran su predisposición a frenarlo plantándose dentro del piso y en la mismísima puerta. “Espero que haya mucha gente”, dice Maricarmen, consciente de que su caso provoca una mayoritaria indignación.

Maricarmen ha escrito cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sin recibir contestación alguna. “El Ayuntamiento no va a comprar mi piso y la señora Ayuso tampoco. Quien tiene que comprar mi piso, o poner alquileres indefinidos, es el Gobierno de España. Invierten un dinero que van a recuperar después, pueden ponerlo en alquiler social cuando yo me muera. Y por lo menos no permiten a echar a la gente a la calle”, expone.

En los últimos meses, la mujer ha perdido gran parte de la movilidad y se ayuda de un caminador para moverse. “He tenido un problema bucal que creo que me ha afectado pero también el desgaste, la ansiedad, la angustia de estar luchando. He perdido tanta masa muscular que no puedo casi ni caminar. No me puedo tener en pie. El otro día fui a la manifestación en silla de ruedas, pero al menos fui. Que es lo que tiene que hacer la gente, salir a protestar. Y yo puedo ser la mecha que enciende una primera vela, pero detrás tienen que venir muchas velas y que la gente no se marche” clama. 

Desde Urbagestión se amparan en la sentencia del Supremo, que dice que el contrato de arrendamiento quedó extinguido tras la muerte de la madre de Carmen, ya que ella no tiene el 65% de minusvalía que le concedería la posibilidad de una segunda subrogación. Aseguran igualmente que la última renta la pagó Maricarmen en 2024 y que fue de 203 euros, no de 500. 

“¡Vuestras políticas nos echan de nuestros barrios, hipócritas!” fue el grito dirigido hacia el Gobierno de Almeida que escucharon sus concejales este martes, durante el Pleno mensual que se celebraba en el Ayuntamiento de Madrid. Hablaba en ese momento del delegado de Urbanismo, Borja Carabante, cuando miembros del Sindicato de Inquilinas lanzaron folletos sobre los ediles y gritaron consignas de protesta por la situación de la vivienda.

Una decena de miembros de la organización siguieron diciendo otras consignas: “¡Fuera buitres de nuestros barrios!”, “¡menos pisos turísticos de nuestros barrios, más vecinas!”, reclamaban desde la tribuna de invitados mientras los servicios municipales intentaban llevárselos fuera del salón de plenos. “A trabajar como todo el mundo”, se escucha a uno de ellos en la grabación del momento a la que ha tenido acceso este periódico.

La imagen de la protesta no fue captada por la restransmisión del Pleno que ofrece el Ayuntamiento de Madrid, como sí había sucedido otras veces. Las cámaras se quedaron fijas en el concejal de Urbanismo mirando a los invitados y no ofrecieron planos de lo que estaba pasando más arriba. Solo se enfocó la zona superior cuando ya estaban saliendo, en un plano general. Mientras, los ediles de la izquierda aplaudían la protesta.

Carabante aseguraba en este momento que iba a votar en contra de la propuesta de Más Madrid para retirar el Plan Reside. Una regulación urbanística que está favoreciendo el vaciado de edificios residenciales enteros para dedicarlos a uso turístico. Esta semana un fondo de inversión ha fijado el desahucio de uno de ellos en Tetuán. Algunos de los afectados estaban este martes en Cibeles.

La protesta del Sindicato de Inquilinas tiene lugar dos días después de la gran manifestación por la vivienda que tuvo lugar en el centro de Madrid y dos meses después de que otra acción similar acabara también con la expulsión de varios de sus miembros durante el Pleno de marzo en Cibeles. En esa ocasión las cámaras municipales sí que apuntaron a los protagonistas de las reivindicaciones.

El Pleno de este mes de mayo era el primero en el que se aplicaba un nuevo reglamento que impedía a los invitados de los grupos políticos vestir camisetas reivindicativas o llevar banderas. Todos los concejales tienen derecho a traer a varias personas a los plenos, que suelen ser protagonistas o colectivos relacionados con las iniciativas a debate. La socialista Reyes Maroto ha denunciado estas restricciones mostrando en uno de sus turnos de palabra una camiseta del movimiento No al cantón en Montecarmelo.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado entre protestas del Sindicato de Inquilinas que incorporará a Casa 47, la empresa pública de vivienda, las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social y frenará todas las subastas y ventas. Lo ha dicho mientras activistas de la vivienda se encerraban en la sede de la Seguridad Social “hasta que las 800 viviendas sean públicas”.

El acuerdo ya estaba cerrado antes de las protestas, informan desde el Ministerio y reconocen desde el Sindicato, pero “el Gobierno incumplió el compromiso” y puso viviendas a subasta posteriormente, dicen desde el colectivo, lo cual les ha llevado a las calles. Además, denuncian que el Ministerio no haya aceptado las pórrogas de los contratos de alquiler de los inquilinos que hoy viven allí y que incluso se hayan ejecutado órdenes de desahucios-

El acuerdo llega después de que, el pasado abril, la subdirectora general de Gestión del Patrimonio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones denegara la prórroga de dos años solicitada por inquilinos de viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social en barrios del centro de Madrid como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico.

El Sindicato se ha manifestado solo dos días antes de la gran manifestación por la vivienda el próximo domingo y exigía al Gobierno y a la Tesorería General de la Seguridad Social “poner fin a los procedimientos de desahucio de las inquilinas de la TGSS, poner fin a todas las subastas para garantizar la permanencia de las viviendas públicas, ceder una parte de los locales comerciales a sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro que defienden el derecho a la vivienda o alquilar locales a cooperativas sociales”.

Las activistas también pedían “ceder los solares urbanizables disponibles para la construcción de vivienda público-cooperativa en cesión de uso cuyos requisitos de entrada sean los mismos que los de las VPO” o “ceder solares no urbanizables a asociaciones con finalidad de construir huertos urbanos y refugios climáticos”.

“No nos vamos hasta conseguir un acuerdo. Es intolerable que se subasten viviendas públicas de la Tesorería a fondos buitre”, ha asegurado tras el encierro Alicia del Río, portavoz del Sindicato. “Mientras tanto, todas las vecinas están recibiendo órdenes de desahucio. Exigimos el fin de los desahucios, la renovación de los contratos y el fin de las subastas”, ha señalado. “No puede ser que el Gobierno que se dice progresista se comporte como el peor fondo buitre diciendo que va a construir vivienda mientras dilapida las que ya están construidas”. “Esto lo hemos hablado, se habían comprometido a paralizar las subastas y ayer vimos una. Subastan viviendas, locales y solares que deberían ser de la ciudadanía. No nos vamos a ir hasta que no vengan la ministra Elma Saiz e Isabel Rodríguez y se alcance un acuerdo”.

Las inquilinas denunciaban que las 800 viviendas que quieren proteger “fueron gestionadas inicialmente por la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), un programa del gobierno de Zapatero que promovió el acceso a la vivienda para jóvenes. Sin embargo, desde la disolución del programa y la reabsorción por parte de la TGSS, los alquileres han subido un 30% y, ahora, el Estado pretende vender estos inmuebles a inversores a precios desorbitados, sin ofrecer alternativas viables a las vecinas que llevan casi dos décadas habitando sus hogares”.

Por eso denunciaban “la contradicción entre los discursos del Gobierno y la realidad de sus políticas”: “Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la ministra Rodríguez hablan de blindar y ampliar el parque público de vivienda, la Tesorería expulsa a decenas de familias de sus hogares y vende el patrimonio público”.El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está trabajando con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para incorporar las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) al parque público estatal de alquiler asequible.

Este domingo 24 de mayo, las calles de Madrid volverán a llenarse de personas en defensa del derecho a la vivienda. Diversos colectivos de vivienda y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid han convocado una nueva jornada de movilización en la capital con el objetivo de denunciar el encarecimiento del alquiler, la dificultad de acceso a una vivienda digna y las consecuencias sociales derivadas de la crisis habitacional. La protesta arrancará a las 12.00 horas desde Atocha y recorrerá el centro de la ciudad bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios”.

La convocatoria llega apenas algo más de un año después de la gran manifestación celebrada el 5 de abril de 2025, cuando miles de personas salieron a las calles de Madrid para reclamar medidas urgentes que pusieran freno a lo que los organizadores calificaron como “el negocio de la vivienda”. Aquella protesta llegó a movilizar a más de 15.000 manifestantes según la Delegación del Gobierno.

Ahora, los colectivos convocantes vuelven a llamar a la movilización con el argumento de que la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado. Según denuncian, Madrid atraviesa una “crisis de vivienda sin precedentes”, marcada por el aumento continuado de los precios del alquiler, el acceso prácticamente prohibitivo a la compra de vivienda y una creciente precarización de las condiciones habitacionales, con fenómenos como el hacinamiento, contratos abusivos o una presión económica cada vez mayor sobre los hogares.

La protesta de este domingo, impulsada principalmente por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, pretende además reclamar una respuesta más contundente de las administraciones públicas ante un problema que consideran estructural. Los convocantes sostienen que el coste de la vivienda se ha convertido en un factor de empobrecimiento y expulsión de vecinos de sus barrios, denunciando que, en muchos casos, una gran parte de los salarios se destina exclusivamente al pago del alquiler, mientras el mercado continúa tensionándose.

Los organizadores defienden que la movilización busca visibilizar el rechazo a un modelo inmobiliario que, a su juicio, favorece la especulación y dificulta el acceso a una vivienda digna. Además, hacen un llamamiento amplio a la participación de vecinos, tanto inquilinos como propietarios, al considerar que la crisis de la vivienda afecta de forma transversal a la ciudad y exige medidas que permitan frenar el incremento de precios y garantizar condiciones de vida más accesibles.

 A continuación, recopilamos la información imprescindible de la movilización:

¿A qué hora tendrá lugar y desde dónde partirá?

La manifestación tendrá lugar este domingo 24 de mayo a las 12.00 horas y partirá desde Atocha. La marcha finalizará junto al Metro de Sevilla.

¿Cómo llegar?

La estación de Metro más cercana al punto de inicio de la marcha es Atocha (L1), que además cuenta con conexión con todos los trenes de la red de Cercanías de Madrid. En cuanto a los autobuses, pueden emplearse las líneas 10, 14, 19, 24, 26, 32, 37, 54, 57, 59, C1, C2, 85, 86, 102, 141, 203 y 001. El final de la protesta se sitúa junto a la estación de Metro de Sevilla (L2).

¿Quién convoca?

En esta ocasión, la manifestación ha sido convocado principalmente por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, aunque se trata de una protesta apoyada masivamente por otros colectivos de vivienda de la Comunidad de Madrid, así como otras entidades como Sindicatos como CGT, colectivos como Bomberxs contra los Desahucios, colectivos antirracistas, ecologistas y feministas.

¿Cuáles son las reivindicaciones principales?

Entre las principales reivindicaciones de los manifestantes figura la bajada de los precios del alquiler, en un contexto que califican de “insostenible”. Según denuncian desde el Sindicato de Inquilinas, el coste del arrendamiento en Madrid ha aumentado más de un 50% en los últimos cinco años, hasta situarse por encima de los 1.500 euros mensuales de media en la Comunidad. A ello suman que muchas familias destinan ya más del 70% de sus ingresos al pago de la vivienda, motivo por el que reclaman medidas como contratos indefinidos que aporten estabilidad residencial, el fin del fraude asociado a alquileres de habitaciones y de temporada, la recuperación de viviendas en manos de fondos de inversión y la ampliación de un parque público de vivienda que permanezca fuera del mercado privado.

Los organizadores también ponen el foco en el modelo económico y político que, a su juicio, sostiene la crisis habitacional. Desde el Sindicato de Inquilinas critican que determinados discursos políticos traten de señalar a colectivos vulnerables como responsables del problema, cuando consideran que el origen está en la especulación inmobiliaria y en políticas públicas insuficientes. Asimismo, sostienen que la situación afecta tanto a inquilinos como a parte de los pequeños propietarios, y defienden que la respuesta pasa por reforzar la organización vecinal y sindical para presionar a favor de cambios estructurales en el acceso a la vivienda.

¿Habrá movilizaciones en otras ciudades?

Sí, habrá más manifestaciones en otras ciudades aunque no todas serán en las mismas fechas. Las protestas se iniciarán en Guadalajara el 23 de mayo. El día siguiente, 24 de mayo, será una fecha clave con convocatorias simultáneas en Madrid, Teruel, Zaragoza y Badajoz. El mes cerrará con protestas en Burgos, Logroño y Murcia el día 30 y en Valladolid el día 31.

Al inicio de junio, el día 5, la cita será en Vigo. El 6 de junio se convertirá en la jornada de mayor intensidad, con convocatorias en Catalunya, València, Alicante, Xixón, A Coruña, Ourense, Segovia, Cantabria, Ávila y Santiago de Compostela. La campaña de movilizaciones concluirá en Salamanca (21 de junio), en Málaga y Cádiz (27 de junio) y Gran Canaria (28 de junio).

Hay más de 34.000 demandantes de vivienda social en Canarias. Mientras, el gobierno autonómico entrega a cuenta gotas las poquísimas casas de promoción pública que construye, 24 en los últimos tres años. Prometen que habrá más, pero ahora quienes soliciten una de estas viviendas tendrán que demostrar que residen en las islas, como poco, desde hace 12 años.  

Distintas asociaciones y plataformas por el derecho a la vivienda acusan de “discriminatoria e ineficaz” la nueva regulación por la que se accede a las viviendas de promoción pública en Canarias. Piden que se paralicen los desahucios, que las administraciones pongan a disposición “muchas más viviendas sociales públicas” y critican “las exigencias y burocracia” de la nueva normativa. 

Ya se están desplegando los primeros efectos del polémico Decreto 23/2026 que regula en Canarias el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública, en vigor desde el pasado 7 de abril. 

Desde 2007, la vivienda pública se adjudicaba por sorteo entre quienes cumplieran el requisito de residencia de 7 años. Ahora, es un sistema de baremación basado en criterios sociales, como que los ingresos que no superen los 21.000 euros anuales para la vivienda de promoción pública, o los 42.000 euros para viviendas de promoción privadas. Sólo podrán registrarse quienes lleven un mínimo de cuatro años residiendo en las islas. Pero además, los demandantes de vivienda pública tendrán que demostrar un arraigo de 12 años de residencia continuada en Canarias, o 15 en el caso de residencia discontinua. Además, hay que tener cinco años de residencia o vinculación laboral en el municipio donde se ubique la vivienda. 

De este modo, Canarias se ha convertido en la primera región española que exige residencia fija en la comunidad autónoma. Y este es uno de los aspectos más polémicos de la nueva normativa. 

Una normativa polémica

Para el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura el reglamento de acceso es “extremadamente exigente para la gente trabajadora con menos recursos, que es para quien debería ser la vivienda protegida”. Califican la medida de “electoralista”, y señalan que se ha hecho “bajo la falsa premisa de los canarios primero”. Explican que si el actual gobierno “de verdad piensa en los canarios y canarias, que intervenga de una vez el mercado inmobiliario y facilite el acceso a una vivienda digna a todos, independientemente de sus dineros en el banco”. 

Para la plataforma Derecho al Techo de Gran Canaria, lo único que se está consiguiendo es “burocratizar más la vulnerabilidad para intentar reducir las listas de espera de acceso a la vivienda pública, con un gravísimo riesgo de exclusión silenciosa. Se está demostrando que el problema central sigue intacto, y es la falta de vivienda pública”, aseguran. 

En el mismo sentido el Sindicato de Inquilinas de Tenerife considera que la parte de la población que no cumple con los nuevos requisitos del Gobierno de Canarias “quedan directamente discriminadas”. Y asegura que así serán menos personas para “competir por la insuficiente cantidad de vivienda pública que hay y habrá”, sentencian. 

Un decreto contra los Derechos Humanos

Desde el Observatorio de Derechos Humanos DESCA afirman que el decreto del Gobierno de Canaria va contra el derecho de igualdad de trato y a la no discriminación. “A nivel jurídico el decreto incumple casi cualquier tratado internacional en materia de Derechos Humanos, incluso la Constitución Española y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias”, asegura Miguel Ruiz, abogado e investigador del Observatorio DESCA.  

Todas estas organizaciones señalan que este decreto perjudica a las personas migrantes “ya de por sí vulnerables”. Para el Observatorio DESCA esta normativa es “propia de gobiernos de extrema derecha que piden la prioridad nacional”. Y aseveran que esta normativa discrimina por “prioridad de origen y de clase”.

“En general este decreto tiene ganas de excluir, de discriminar y de reducir a muchísima población. Y aboca a una situación de sinhogarismo. Luego lamentamos que haya personas sin hogar, pero la propia normativa ya las está condenando a ellas”, asegura Ruiz.

Prioridad de vivienda para ricos

Aunque vivimos en un contexto social de emergencia habitacional, Canarias ha ascendido hasta el “Olimpo inmobiliario del lujo”. Según un reciente informe publicado por la red inmobiliaria The Simple Rent, las islas concentran aproximadamente el 12% del mercado de lujo nacional. Canarias es la tercera comunidad autónoma de España donde más residencias de lujo se venden. Sólo por detrás de Baleares y Madrid, y por delante de la Costa del Sol. 

Desde el Observatorio DESCA señalan que el Gobierno canario está “disfrazando el problema de que es una cuestión de prioridad nacional, está comprando el discurso a PP y Vox. Entonces, están dando prioridad solo para los ricos”, aseguran. 

Explican que el sentido del decreto va encaminado a legislar “contra la gente migrante pobre, pero a la rica se la sigue favoreciendo o no se actúa absolutamente en nada para evitar la especulación de la cual se benefician”.

Cómo solucionar el problema de vivienda

Javier Marrero de la plataforma Derecho al Techo sostiene que “seguimos sin un cambio de paradigma en la política de vivienda”. Considera que las administraciones canarias están ocultando lo que realmente hay que acometer, como: una “ampliación masiva y urgente del parque público y social de vivienda, aplicar la ley de vivienda y declarar zonas tensionadas regulando los precios de los alquileres, limitar e inspeccionar la vivienda vacacional en áreas residenciales, y movilizar inmediatamente las vivienda vacías de grandes tenedores”. 

“En las zonas turísticas, la vivienda está secuestrada, y se tiene que prohibir”, afirman desde el Observatorio DESCA. Miguel Ruíz recuerda que en Cataluña se han extinguido las licencias turísticas hasta 2028. “Nada más se permiten viviendas turísticas en aquellos municipios que garanticen que no tienen ningún problema de vivienda”, y recuerda que ahora mismo no hay ninguno. Tampoco los hay en las islas.

Ruíz explica que en esta situación de emergencia residencial, “como así lo ha establecido por decreto el Gobierno de Canarias, se tiene que limitar esta situación”. Y señala que el gobierno canario también dijo que “iba a limitar las compras de no residentes. Esto jurídicamente es viable, con Observatorio lo estudiamos en su momento”, apunta. 

Además de blindar el parque público de vivienda, las soluciones pasarían por “movilizar el suelo”. También proponen que el gobierno autonómico “debe establecer un tanteo y retracto de la mayoría de operaciones que se hagan en materia de vivienda, para poder comprar viviendas a bajo precio”. 

Todos coinciden que la principal medida sería topar los alquileres, “cualquier persona sensata lo haría”, afirman desde el observatorio DESCA, y recuerdan que en Cataluña esa medida ya está en marcha con éxito. “Aunque no se ha solucionado la crisis de viviendas, para las 230.000 familias que viven de alquiler en Metropolitana, está funcionando”.

Otra medida mencionada sería “poner impuestos a las viviendas vacías”. Ruíz explica que no hace falta que se a todas las viviendas vacías, sólo con gravar las de los grandes tenedores, “SAREB, fondos de inversión, fondos buitre, recauda normalmente entre ocho o nueve millones de euros al año. Que no soluciona el problema de vivienda, pero bueno, se pueden comprar muchas viviendas. Se pueden comprar edificios enteros”, concluye.  

La conclusión de todos los colectivos mencionados es legislar con “políticas públicas valientes contra la especulación”. O como dice el mandato constitucional: “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. 

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha anunciado este miércoles en rueda de prensa una llamada a la “desobediencia inquilina” que comenzará con la movilización del domingo 24 de mayo bajo el lema La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios.

Una rueda de prensa en la que Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha estado acompañada de Damian Rodríguez (COESPE) y Elisa Montero (Confederación de Sindicatos de Inquilinas). Esta manifestación tiene un carácter de urgencia, exponen, dada la “actual crisis de la vivienda en el Estado” y tendrá un recorrido desde las 12.00 en Atocha y hasta el Metro Sevilla, donde finalizará.

Se trata de una protesta apoyada masivamente por otros colectivos de vivienda de la Comunidad de Madrid, así como otras entidades como Sindicatos como CGT, colectivos como Bomberxs contra los Desahucios, colectivos antirracistas, ecologistas y feministas.

El alquiler ha subido en Madrid “más de un 50% en los últimos cinco años, con un coste medio en toda la Comunidad de más de 1.500 euros al mes”, lamentan los convocantes. “Se dedica más del 70% de los salarios al pago del alquiler, es decir, que 3 de cada 4 días trabajados son para los caseros. Mientras tanto, los gobiernos siguen sin responder con firmeza a esta situación, permitiendo que la especulación campe a sus anchas. Se necesita bajar los precios de los alquileres, contratos indefinidos que den estabilidad a quien habita las viviendas, acabar con el fraude de alquileres de habitaciones y temporada, recuperar las viviendas de los fondos buitre y crear un parque de vivienda público que no acabe en manos privadas”.

“La derecha y la ultraderecha intentan desestabilizar a la población que sufre por los precios de la vivienda, señalando a la población migrante, a la ocupación o a las pensionistas como culpables para provocar enfrentamientos entre las últimas y las penúltimas. También se busca confrontar a inquilinos y propietarios, cuando la gran mayoría de los propietarios de vivienda también están cansados de las consecuencias del rentismo, al ver como sus barrios son transformados en parques turísticos y a sus familiares, vecinos y amigos les cuesta la vida alquilar una vivienda”, añaden desde el Sindicato de Inquilinas.

“Utilizar el racismo y los discursos de odio no tapa su negocio. Esta crisis ha sido provocada y sigue siendo sostenida por rentistas, inmobiliarias, fondos, bancos, empresas de alarmas y grandes conglomerados inmobiliarios, así como por los gobiernos y las instituciones públicas que han posibilitado este modelo con sus políticas, interviniendo el mercado a favor de la especulación”, precisan. Por ello, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan que “la solución pasa por la organización sindical y vecinal, y pasar a una fase de desobediencia hasta acabar con el negocio de la vivienda”.

Movilizaciones por todo el país

La ofensiva inquilina se articula a través de un cronograma extenso para asegurar una presencia sostenida en las calles. Las protestas se iniciarán en Guadalajara el 23 de mayo. El día siguiente, 24 de mayo, será una fecha clave con convocatorias simultáneas en Madrid, Teruel, Zaragoza y Badajoz. El mes cerrará con protestas en Burgos, Logroño y Murcia el día 30 y en Valladolid el día 31.

Al inicio de junio, el día 5, la cita será en Vigo. El 6 de junio se convertirá en la jornada de mayor intensidad, con convocatorias en Catalunya, València, Alicante, Xixón, A Coruña, Ourense, Segovia, Cantabria, Ávila y Santiago de Compostela. La campaña de movilizaciones concluirá en Salamanca (21 de junio), en Málaga y Cádiz (27 de junio) y Gran Canaria (28 de junio).

El líder de Desokupa confirma que viene a Tenerife al concierto de Craig David, anunciado como el cierre del evento Fit Experience Fest. “Me voy a Tenerife al festival de un amigo”, asegura en redes sociales Daniel Esteve, líder de Desokupa, y en sus propias palabras, “amigo” de algún organizador del Fit Experience Fest, el polémico evento que tendrá lugar por tercer año consecutivo, este sábado 9 de mayo, en el Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife. 

El Sindicato de Inquilinas de Tenerife, lo ha criticado duramente y sigue exigiendo al Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y especialmente al Ayuntamiento de Santa Cruz, que retiren su apoyo a este festival por sus vínculos con “redes de extrema derecha, como Desokupa”. Hace días el Sindicato de Inquilinas de Tenerife emprendía una recogida de firmas en la plataforma Resist.es para pedir a las administraciones que retiren todo su apoyo al evento. En tres días han reunido más de 1.500 firmas. 

Bajo el disfraz de “evento familiar e inclusivo, este festival no es más que una pasarela de propaganda para empresas que son el pulmón económico de la extrema derecha más violenta”, aseguran desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife.

La Viceconsejería de Deportes del Gobierno de Canarias confirmaba a esta redacción que colaboran con este evento a través de un “contrato de patrocinio deportivo por importe de 14.900 euros”. El Cabildo de Tenerife prefería no responder a las preguntas de este periódico. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se limitaba a “remitir al comunicado de la empresa organizadora”, en el que se aseguraba que “cualquier vinculación con la dirección u organización del evento es rotundamente falsa”.

Sin embargo, como se puede ver en las redes del líder de Desokupa, Daniel Esteve, asistirá al evento. “No soy parte de la organización, pero como me invitan”, asegura Esteve, y añade, “voy a pasar unos días en Tenerife, con ganas de ver a mis hermanos canarios”, mientras posa con productos de Lifrepro, marca organizadora del festival y sponsor del Club Desokupa, que dirige Esteve.  

El director ejecutivo de la empresa organizadora de este festival es Alejandro Monedero, quien en sus redes anima a inscribirse en el Club Desokupa. Uno de sus “instructores” es Daniel Toledo, alias ‘Jacare’, un conocido neonazi y exluchador de artes marciales que estuvo presente en ediciones anteriores del Fit Experience Fest. 

“Mientras miles de familias en nuestras islas viven bajo la amenaza constante del desahucio y la precariedad habitacional, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz han decidido dónde poner sus prioridades: blanqueando institucionalmente a quienes viven de la intimidación, otra vez”, aseguraban en un comunicado el Sindicato de Inquilinas de Tenerife.

“Una calle llena de furgones policiales para desahuciar a una persona que lleva 67 años en su casa”. Así denunciaba el Sindicato de Inquilinas de Madrid en sus redes sociales el nuevo despliegue para desalojar de su casa a Mariano Ordaz, vecino de la céntrica calle del Carnero que este jueves se enfrentaba al quinto intento de desalojo de un piso en el que ha pasado toda su vida y del que quiere expulsarle una orden religiosa.

Esta vez, ni siquiera la enorme movilización vecinal e inquilina ha logrado evitar su ejecución, apoyada por hasta ocho vehículos de gran tamaño de la Policía Nacional y decenas de efectivos. Como respuesta al lanzamiento y a la detención de dos personas, el Sindicato ha convocado una manifestación de urgencia este mismo jueves desde las 18.00 junto a la sede de la Brigada Política de Información de Madrid, situada en la calle Tacona del distrito de Moratalaz.

Una multitud de manifestantes, la mayoría de ellas jóvenes, se han concentrado junto al domicilio de Mariano desde primera hora de la mañana para evitar el desahucio y mostrar su apoyo a este vecino, muy querido en la zona. Dos de estas personas han llegado a colgarse de la fachada del edificio y han colgado una pancarta con un contundente mensaje dirigido a la orden católica: “Aquí no desahucia ni Dios”. Han permanecido en el aire durante más de nueve horas, desde las 6.00 de la madrugada, como medida de presión para suspender el lanzamiento: si alguien abría la puerta de casa de Mariano, caerían al vacío. Finalmente, bomberos del Ayuntamiento de Madrid han intervenido para que bajaran de las alturas tras colocar una colchoneta a nivel del suelo y ambas han sido arrestadas.

“Mariano no estás solo, estamos contigo” ha sido una de las proclamas que más han repetido los protagonistas de la movilización ante los agentes y furgones de la Policía Nacional movilizados. “Cuanta policía para echar a un pensionista”, lamentan desde el Sindicato de Inquilinas. También han vuelto a reprochar su “falta de humanidad” a la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, conocida como VOT, propietaria del inmueble.

Carolina Vilariño, miembro de la organización, denuncia que el dispositivo de este jueves “no tiene precedentes y está lleno de irregularidades”: “No han esperado a la Comisión Judicial y están intentando tirar la puerta abajo, han amenazado a las compañeras que resisten con un bidón de gasolina y quemarlas vivas dentro si no salen y hay dos vidas en riesgo”.

Con este último punto, Vilariño se refiere al dispositivo ideado desde el Sindicato para instar a las autoridades a que desistan del desalojo: “Hay un dispositivo en el que si se abre la puerta [del domicilio de Mariano] dos personas que están colgadas en la ventana del patio se precipitan al vacío. Los policías no están capacitados para esa operación, tendrían que venir bomberos”. “El delegado del Gobierno, Francisco Martín, es el responsable de lo que está ocurriendo y debe detenerlo. Es un dispositivo para favorecer al rentismo”, apostillan desde la agrupación en defensa de los derechos inquilinos. La operación para encaramarse al bloque ha sido ejecutada por dos miembros del grupo de militancia Acciones en Alturas.

Finalmente, efectivos del cuerpo de bomberos se han personado en el lugar pasada las 9.00 y han colocado una colchoneta bajo las dos personas encaramadas a la fachada. “Confiamos en que los bomberos del Ayuntamiento de Madrid no colaborarán en ejecutar este desahucio, solo en garantizar la seguridad de las compañeras que siguen colgadas. No dejaremos de gritar un segundo para que Mariano sepa que estamos con él”, trasladaba la organización. Vilariño ha apuntado luego que “los bomberos han dejado claro que desahuciar no es su función y se plantan, solo van a asegurar a las compañeras en caso de que la policía tire la puerta abajo”.

Imágenes posteriores muestran, no obstante, que los bomberos sí han comenzado a participar del desalojo. “La Comisión Judicial pretende ejecutar el desahucio, los bomberos se están preparando para entrar. La vida de dos compañeras corre peligro. Lo que estamos viviendo es una verdadera vergüenza”, publicaba en su perfil el Sindicato. Un mensaje que apuntaba ya hacia la culminación del desahucio, un hecho que ha adelantado Público y que confirman a Somos Madrid fuentes cercanas al caso.

Además de las irregularidades previas denunciadas por el Sindicato, afirman haber captado incluso una conversación entre dos agentes policiales donde uno de ellos deja las declaraciones siguientes, según el vídeo compartido con los medios y en sus redes: “Lo que tendría que tener es no tanto miramiento, dejar entrar y se acabó. ¿Qué se cae uno? El siguiente ya no se volverá a colgar”.

Ocho furgones de las fuerzas de seguridad han llegado a la calle del Carnero poco después de las 6.00 de madrugada, una temprana hora a la que ya había sin embargo un nutrido grupo de personas movilizado que se ha ido ampliando con el paso de las horas.

Desde el Sindicato han alertado asimismo de que no se ha permitido a un grupo de abogadas con labores de mediación conversar con la Comisión Judicial desplazada, un hecho que califican de “inaudito”: “No entendemos esto, queremos que puedan acceder y hacer su función”, afirma Vilariño. “La Comisión simplemente ha dicho que se va a ejecutar, pero nosotras seguimos resistiendo”, zanja.

El pasado miércoles, el Sindicato organizó ya una “vigilia contra el rentismo” a modo de acción simbólica de protesta contra las actuaciones de la la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís. A sus 67 años, tiempo en el que solo ha conocido esta casa donde nació cuando ya vivían en ella su abuela y sus padres, Mariano se enfrentaba a una difícil encrucijada. Tenía que decidirse entre su propia seguridad o el más que probable desahucio si abandona el piso para que la orden franciscana que ostenta la propiedad ejecuten los trabajos de reforma necesarios.

El techo de la cocina, carcomido por las humedades, se vino abajo el pasado 8 de noviembre. La estancia ha quedado inutilizable desde entonces, con la excepción de la nevera. La encimera, el fregadero o la propia cocina cedieron ante la caída de unos escombros ahora agolpados en una esquina. Seis meses después, pilotes colocados por los bomberos evitan el colapso de la estructura y la apuntalan.

Estos elementos también ocupan la mitad del baño, incluida la ducha, para reforzar la estabilidad. Mariano hace algunas elaboraciones con un hornillo o busca lugares baratos para comer. Se ducha en casas de amigos, la de su vecina o en el gimnasio de un centro social. No sabía si su vivienda regresará algún día a la normalidad y ahora ya no sabe ni siquiera si tendrá de nuevo una vivienda.

La propiedad solo se plegaba a acometer las obras necesarias si él la abandonaba. “Ahora que el desahucio se ha parado sin fecha, la propiedad tiene tiempo para las reformas acometidas sin echar a Mariano de la casa en la que lleva toda su vida”, apuntaba el Sindicato en un comunicado después de frenar el cuarto conato de desahucio. Pero en vez de eso, volvieron a la carga.

Y eso que la milenaria VOT cuenta con un extenso patrimonio inmobiliario en la ciudad de Madrid y sus alrededores. Entre sus propiedades se encuentra el Hospital VOT San Francisco de Asís, en el barrio de Embajadores. Este centro sanitario, ubicado a escasos diez minutos del domicilio de Mariano Ordaz, se inauguró en 1967 y es el más antiguo de Madrid. En las inmediaciones del propio domicilio de Mariano, en el número 1 de la calle del Carnero, varios inmuebles comerciales o residenciales pertenecen a la entidad religiosa.

Mariano estuvo a punto de ser desalojado (llegó a recibir una orden) ya en 2022, después de acumular impagos. No hubo caridad por parte de su casero, la VOT, conocida más recientemente como Orden Franciscana Seglar (OFS). Finalmente, aquel desalojo lo evitaron la movilización del Sindicato de Inquilinas y el freno judicial amparado en el decreto del Gobierno para la paralización de los desahucios a quienes acreditasen vulnerabilidad. Ahora el apoyo del Sindicato y la organización colectiva han sido el único escudo que le queda a Mariano y esta vez, por desgracia, no ha sido suficiente. Termina así una etapa de 67 años arraigada en un hogar del que ahora le despojan.

La historia de Laura es un buen resumen la tensión creciente entre grandes tenedores y familias vulnerables en el mercado de la vivienda.

Vecina de Camarena (Toledo) y madre de dos hijas menores -de 17 y 13 años, respectivamente-, lleva más de dos décadas viviendo en la misma casa, pero todavía hoy tiene que luchar para conservarla frente a los intentos de desahucio del propietario actual, Living Center, un fondo gran tenedor en el que ha terminado el inmueble.

Laura compró la vivienda junto a su ahora expareja en 2005, pero no pudieron hacer frente a la hipoteca tras la quiebra del negocio que ambos tenían.

“Estuvimos 10 años pagándola, pero teníamos un negocio que no iba muy bien y, además, nos separamos. La casa se acabó subastando, pero no la compró nadie, y como me quedé sola con las dos niñas, pues me dejaron quedarme aquí a cambio de un alquiler social”, relata.

Del alquiler social a la prórroga del real decreto

Tras la subasta fallida de la vivienda en 2015, la entidad propietaria le ofreció un alquiler social que comenzó en 2018. “En principio el contrato era de tres años, renovable un año más, o sea que desde el 2018 hasta el 2022 yo seguí pagando”, explica.

Sin embargo, a partir de ese momento la situación comenzó a complicarse. Ya bajo la propiedad de Living Center, Laura asegura que dejaron de pasarle el recibo con el cobro del alquiler.

 “Empecé a hacer por transferencias, Yo intenté pagarlo, pero me los devolvían. Y en el 2024 recibí una demanda de desahucio por impago”.

El juicio se celebró en marzo de 2025 y lo ganó Laura, por lo que Living Center le tuvo que dejar seguir en la casa otro año más tras ponerse ella al día de la deuda generada por las transferencias que el propietario había devuelto.

Pese a la victoria, el conflicto no terminó ahí y Laura recibió un nuevo golpe: la negativa del propietario a renovar el contrato. “Me llegó un burofax diciendo que no querían renovarme el contrato que me vencía el 1 de abril del 2026”.

A partir de ese momento, trató de negociar distintas alternativas para permanecer en la vivienda: “Intenté de muchas maneras que me dejaran quedarme aquí, pagando más alquiler del que estaba pagando, o alquiler con opción a compra, o compra. Pero denegaban mis ofrecimientos, sin dar motivos”.

Años después, la posibilidad de un desahucio volvía a planear sobre la familia. Un drama que se produciría en un momento en el que la falta de vivienda disponible es notoria.

El acceso a una alternativa habitacional en la zona es, según describe, prácticamente imposible. “Hay muy poquitos alquileres en Camarena. Y los que hay, son chalés individuales que cuestan de 1.100 euros para arriba, que para mí y mis hijas es inviable ese precio…”, lamenta.

La otra opción sería abandonar el municipio, algo que quiere evitar a toda costa debido al arraigo que tienen tanto ella como sus dos hijas. Y es que en Camarena es donde sus niñas han nacido, donde van al instituto, donde tienen sus amigas... “Toda su vida la han pasado aquí. Y claro, para ellas tenerse que ir de aquí, no es nada fácil”.

La situación dio un giro reciente gracias a la aplicación del real decreto extraordinario que permite prorrogar durante dos años los contratos vencidos. Laura envió el burofax con dicha solicitud de prórroga a Living Center. Aunque al principio el fondo no se mostró favorable a aceptarlo y le devolvió el último ingreso por el alquiler, finalmente Laura nos cuenta que ha conseguido la orden de pago para poder pagar el alquiler de abril. “Con lo cual ya creo que sí que ya han tenido en cuenta el real decreto”, explica.

Este medio se ha puesto en contacto con Living Center para conocer su versión de los hechos, pero ha declinado hacer comentarios. No los hace, explica, sobre ninguno de sus clientes.

Un caso que no es aislado

La suya es una buena noticia que concede a Laura un margen de dos años más para poder encontrar otra solución. Aun así, la incertidumbre continúa debido a la dificultad de negociar con un gran propietario. Asegura que a ellos no les cuesta nada judicializar estos casos al tener presupuesto de sobra para poder costearlos. “A quien le cuesta es a la persona normal y corriente”, afirma Laura, quien todavía no ha cobrado las costas del juicio que ganó en marzo de 2025.

Asegura que sus hijas están viviendo esta situación con “preocupación”. “Ahora están muy contentas por lo del real decreto, pero me han visto preocupada porque me lo estaban poniendo todo lo difícil que podían, y más”.

Su caso, nos cuenta, no es aislado. Laura participa en el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, por lo que conoce multitud de historias similares a la suya en la zona de contacto entre las provincias de Madrid y Toledo. “Hay comunidades enteras en las que el propietario quiere desahuciar a todos los vecinos. Aquí está todo muy caro, una persona sola es casi inviable que se pueda comprar algo por aquí”.

Mientras tanto, sigue aferrándose a la vivienda en la que ha construido su vida y la de sus hijas, con la esperanza de que la negociación abierta permita una solución definitiva.

La finca en la que vive Rosario Castelló con su hijo fue durante décadas la clásica escalera de vecinos del Eixample. “Había familias, niños, parejas, algún estudiante…”, describe la mujer, que lleva 32 años de inquilina en el número 69 de la calle Entença. Actualmente, la única residente que queda es ella. El resto son jóvenes extranjeros, la mayoría de Estados Unidos, que vienen a pasar unos meses a Barcelona. 

“Es una locura de ruido e incivismo, es como vivir en una guardería para niños mayores”, resume Rosario. De los 11 pisos del edificio, diez funcionan ya como colivings para este perfil de residentes temporales, de entre 18 y 25 años, que arriendan habitaciones. 

El bloque es propiedad de Vandor Real State, una Socimi que posee 17 fincas en Barcelona dedicadas a este negocio, para el que necesita expulsar a los inquilinos de larga duración cuando finalizan sus contratos. Lo mismo ocurre en inmuebles de otros fondos de inversión, como New Amsterdam Developements (NAD) o Vivenio. 

Sin embargo, su apuesta por el arrendamiento temporal de habitaciones o de pisos enteros, a precios superiores al del mercado del alquiler ya regulado, choca desde diciembre de 2025 con la nueva normativa aprobada en Catalunya que limita esta actividad. Desde entonces, los activistas por la vivienda les acusan de no ajustarse a la nueva legislación y seguir anunciando viviendas y estancias a precios superiores a los permitidos. 

“Tienen que cumplir la nueva ley y sabemos de casos en que no lo están haciendo”, señala Txema Escorsa, que actúa de portavoz del Sindicato de Inquilinos para estas denuncias. “Si el president Illa dice que el que la hace, la paga, que no les tiemble el pulso a la hora de hacer inspecciones”, añade. 

Este inquilino reside en el Bloque Sant Agustí, del barrio de Gràcia, propiedad del fondo NAD. En marzo logró aplazar su desahucio, con ayuda de la movilización vecinal, y ahora mismo el lanzamiento está sin fecha en la espera de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso que ha presentado. 

Lo que sorprende al Sindicato de Inquilinos de Catalunya es que en inmuebles como los de NAD se siguen anunciando alquileres de habitaciones a precios que todo apunta a que superan el límite establecido por ley. En Idealista y otras plataformas siguen ofertando estancias entre 900 y 1.000 euros. Por este motivo, la entidad ya ha registrado denuncias contra este fondo y contra Vandor –en su caso, por no reflejar el precio del índice en sus webs– frente a la Agencia Catalana de Consumo y la Agencia de la Vivienda de Catalunya (AHC). 

Lo que aprobó exactamente el Parlament en diciembre es que, en las zonas declaradas tensionadas en base a la Ley de Vivienda –Barcelona lo es–, la suma del alquiler de todas las habitaciones de un piso no puede superar el máximo que establece el índice para el conjunto de la vivienda. Además, en esa misma modificación legislativa, la Cámara catalana validó también incluir los alquileres de temporada dentro del tope de los precios de arrendamiento. 

Desde Vandor, sin embargo, niegan estar alquilando habitaciones a precios superiores a los que ahora permite la ley. “Todos los contratos que se han firmado a partir de la nueva regulación respetan el tope del alquiler que se ha fijado”, señalan fuentes de la Socimi, que dicen no tener constancia de denuncias por “incumplimiento” en los precios. 

Tres años de convivencia con un coliving

En la calle Entença, 69, Rosario reconoce que no sabe por cuánto alquilan los pisos sus jóvenes vecinos. En la web de Vandor no aparecen los precios. Y, según refiere esta inquilina, lo cierto es que muchos de ellos gestionan la contratación del piso a través de las mismas empresas que les facilitan los programas de estudios, The American College of the Mediterranean y la International American University, que tienen colgados carteles por la finca con números de teléfono a los que llamar por emergencias. “Es una residencia estudiantil encubierta”, valora Rosario. 

La resistencia de Rosario a dejar su casa, por la que paga unos 1.000 euros de alquiler, comenzó en 2021, cuando el casero, propietario de todo el edificio, murió y legó su patrimonio a la Fundación de la Sagrada Familia. Esta lo vendió a Renta Corporación, que al poco la traspasó a Vandor. “Durante aquel tiempo ya vi desfilar a la mayoría de vecinos, porque les decían que no iban a renovar el alquiler”, afirma. 

La nueva propiedad reformó los pisos y comenzó a alquilarlos por habitaciones a jóvenes extranjeros. Las obras también fueron controvertidas: el Ayuntamiento de Barcelona considera que fueron grandes rehabilitaciones, y que por lo tanto deberían haber reservado un 30% del inmueble para viviendas de protección oficial, tal como dispone la normativa que sacó adelante Ada Colau. Vandor, por contra, rechaza que fueran obras mayores y ha presentado alegaciones a los informes municipales. 

Sea como sea, desde 2023 Rosario, que ya está sin contrato –aunque sigue pagando–, sufre a sus nuevos vecinos y, a la vez, se resiste a marcharse. Vandor le ha ofrecido un alquiler en otro de sus bloques de pisos, con contrato a siete años. Ella lo reconoce. Pero añade que tiene derecho a quedarse porque cree que también Vandor se ha saltado la legislación.

El modelo de alquileres de estas firmas sigue ocasionando desalojos de familias inquilinas cuyos contratos expiran y no son renovados. Uno de los casos más destacados es el del conocido como Bloc Papallona, en la calle Llança, propiedad de NAD. Este miércoles 29 de abril está previsto el lanzamiento de una de sus inquilinas, con lo que el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya, que apoya a los afectados, ha llamado a la movilización.

Diversas entidades por el derecho a la vivienda se han concentrado este martes por la tarde en el solar de la calle Llull 355, en Barcelona, para protestar contra la “privatización de la vivienda protegida”. Este amplio espacio vacío acogerá próximamente una promoción que correrá a cargo de la constructora Corp, que será la misma que edificará otros dos edificios en el mismo barrio. Entre todas, sumarán más de 400 Viviendas de Protección Oficial (VPO), casi la mitad de las que actualmente el Ayuntamiento tiene adjudicadas o en proceso de adjudicación.

Corp, una constructora a la que la justicia ha anulado recientemente una promoción de pisos de lujo, salió vencedora de la licitación pocos meses antes de que el consistorio presentara otros dos concursos abiertos a operadores privados para construir 600 viviendas más. Todo ello, según las entidades concentradas, supone un “proceso privatizador en medio de una emergencia habitacional grave”. Consideran que el hecho de que las promociones se estén adjudicando a promotoras privadas “favorece los intereses de la patronal inmobiliaria, asegurándoles beneficios astronómicos”.

Este tipo de promociones dedicadas a vivienda protegida suponen la cesión del terreno y la finca gratis durante 30 años y cuentan con subvenciones y financiación públicas que cubren el 100% del coste de construcción, según estimaciones del propio Ayuntamiento. La administración también ha calculado que los beneficios que Corp puede sacar de un solar como el de Llull ronda el 11% anual. Con todo, las entidades convocantes -la XES, el Observatorio DESCA, la PAH, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, Habicoop y organizaciones juveniles de UGT y CCOO- han calculado que los beneficios de estas constructoras pueden rondar los 600 millones.

“Son beneficios estables y crecientes, ya que los alquileres aumentarán de la mano del IPC, todo ello en base a fondos públicos”, apuntan desde la XES. Esta entidad se muestra de acuerdo en que la prioridad es construir vivienda pública y protegida, pero considera que es una “contradicción” que la misma se encargue a empresas privadas. “Si el Ayuntamiento no tiene capacidad para construir en suelo público, se debería encargar la gestión y la edificación a entidades sin ánimo de lucro”, apuntan desde la Federación de Cooperativas de Vivienda. “No tiene sentudi que estemos pensando en regular el uso social de la vivienda en suelo privado, pero se impulse la privatización en el suelo público”, remachan.

En esta línea, las entidades convocantes lamentan que las cooperativas de vivienda sólo han conseguido la adjudicación -todavía sin confirmar- de 200 VPO, lo que para los convocantes es un “agravio” y una “irresponsabilidad”, además de una vulneración del convenio ESAL, un pacto con el consistorio que establece que las cooperativas construirían y gestionarían 1.000 viviendas.

Que el peso de la balanza caiga del lado de las promotoras privadas, según alertan desde la PAH, “desplaza la función social de la vivienda”, lo cual es “especialmente grave” al tratarse de VPO, que están destinadas a “familias vulnerables sin más alternativa”. Lamentan que la administración esté cediendo el suelo público a empresas privadas que gestionarán estos pisos durante 99 años y recuerdan que cuando los operadores privados han sido las encargadas de VPO “los derechos de las inquilinas se han visto perjudicados”.

En esta línea, han recordado lo sucedido en hasta 34 promociones de vivienda protegida gestionadas por La Caixa, en las que los vecinos denunciaron falta de mantenimiento en los edificios, subidas de precio injustificadas, no renovación de contratos, expulsiones y cobro de cláusulas abusivas. Estos edificios fueron construidos por la Obra Social La Caixa entre 2002 y 2012 y por los que cobró más de 25 millones de euros en subvenciones.

Este caso dio paso a una campaña que vino a demostrar que el banco inició “prácticas especulativas feroces” en cuanto hubo recuperado la inversión inicial y los pisos pasaron a estar en una fase en la que la normativa le permitía vender o alquilar a precios “estipulados”, pero sin obligación alguna de tener las viviendas ocupadas.

“El resultado aumentó el patrimonio inmobiliario de La Caixa, que ha terminado desligándose de las consideraciones de accesibilidad y protección social con la que en su día se justificaron las ayudas con dinero público”, denunciaron en su momento desde el Sindicat de Llogateres, entidad que acompañó a las vecinas afectadas.

Es cierto que actualmente esta situación no se podría repetir ya que, desde 2019, todas las viviendas de promoción pública en Catalunya mantienen la protección de forma indefinida, pero las entidades convocantes alertan de que “los operadores privados todavía pueden encontrar maneras de maximizar beneficios”, y apuntan a posibles cláusulas abusivas o la desinversión en el mantenimiento.

En este sentido, ponen la vista en el Plan Estatal de Vivienda, que también se ha presentado este martes y que, entre otras cosas, pretende blindar la VPO para siempre. “El Gobierno dice que ni un euro de este plan va a ir a parar a la especulación, pero eso es mentira si se cede el suelo público a grandes corporaciones inmobiliarias que se dedican a las viviendas de lujo”, alertan desde el Sindicat de Llogateres.

Por ello, los organizadores de la concentración exigen al gobierno municipal que pare los concursos abiertos -a los cuales han anunciado que presentarán enmiendas- y que destine ese suelo a entidades sin ánimo de lucro en el marco del convenio ESAL. “Es un cambio de paradigma: hay que dejar de usar estos pisos como anzuelo para la iniciativa privada. La solución a la crisis pasa por desmercantilizar la vivienda”.