Durante la primavera y el verano de 1933, Santa Cruz de Tenerife fue escenario de una de las luchas sociales más relevantes de la historia de Canarias: una huelga de alquileres. Duró desde el 4 de abril hasta el 7 de julio y culminó en una huelga general de dos días, que acabó desembocando en una espiral de violencia callejera y represión institucional.

La capital tinerfeña llevaba años sufriendo una crisis habitacional sin precedentes. El puerto había atraído a multitud de trabajadores que migraron de zonas rurales y de otras islas, provocando que la ciudad creciera en treinta años, de 38.000 a 62.000 habitantes, según el historiador Carlos David Aguiar.

Era común que las familias de clases medias vivieran hacinadas en las “ciudadelas”, un tipo de vivienda colectiva barata que el profesor Ramón Pérez González describe como: “construcciones de habitaciones independientes entre sí, desarrolladas por lo general en planta baja y de dimensiones siempre reducidas, dispuestas a ambos lados de un callejón ciego o en torno a un patio y que comparten el acceso común y con frecuencia los retretes y la cocina”.

La situación empeoró cuando los precios del alquiler llegaron a suponer el 80% del sueldo medio. Los arrendadores y administradores exigían alquileres de entre 75 y 125 pesetas mensuales, mientras que el sueldo medio oscilaba entre las 120 y 130 pesetas.

En el libro Huelga de inquilinos. Tenerife 1933, del historiador Alexis Rodríguez Mendoza, se describe una situación cuyo eco resuena en la actualidad: “Nos encontramos, por un lado, con un amplio número de trabajadores/as ahogados/as para poder subsistir y, por otro, a un grupo, más o menos reducido, de propietarios/as y realquiladores de ciudadelas que sacaban cuantiosos beneficios de este negocio”.

Los historiadores Yanira Hermida y Carlos David Aguiar, cuentan en su trabajo Techo y Dignidad: La lucha del Sindicato de Inquilinos de Tenerife durante la segunda República que, “mientras los inquilinos entregaban prácticamente todo su sueldo para no quedarse en la calle, los caseros obtenían grandes beneficios, incluso defraudaban a la Hacienda Pública al declarar cobros inferiores a los reales”.

El primer Sindicato de Inquilinos de Tenerife

En 1928 se creó en Santa Cruz de Tenerife el Sindicato de Inquilinos. Desde julio de 1923 ya existía la Liga de Inquilinos, pero no sería hasta agosto de 1932 cuando la Federación Obrera, en una asamblea realizada en el cine La Paz, reorganiza el sindicato y sitúa su sede en la calle Miraflores, en las mismas dependencias de la CNT, donde tenían su imprenta.

A finales de 1932, el Sindicato de Inquilinos contaba con unos 200 afiliados. Durante el verano de 1933, en el momento más álgido de la huelga de alquileres, superan los 3.500 afiliados. Meses antes habían creado una publicación llamada La voz del inquilino, lo que les ayuda a crecer rápidamente.

El 26 de marzo de 1933, el Sindicato de Inquilinos celebró una asamblea donde se convocó oficialmente la huelga de alquileres que comenzaría el 4 de abril. No estaba solo. Tres organizaciones pactaron tres acuerdos fundamentales. El Sindicato de Inquilinos, la Federación Obrera y la Confederación Regional del Trabajo estipularon que no se pagarían los alquileres hasta que no se redujeran en un 40%; que si había desahucios, las familias desalojadas serían restituidas en su antigua casa, y que los obreros harían huelga general en Santa Cruz de Tenerife.

“Esos son los mismos acuerdos, casi copiados, que había tenido la Federación Obrera de la CNT de Tenerife el año anterior. En abril de 1932 se había hecho una asamblea para crear la Federación Obrera, la organización de todos los sindicatos, y en esa asamblea participaron representantes de lo que sería el Sindicato de Inquilinos. Las cosas venían de lejos, no fue instantáneo”, señala Alexis Rodríguez.

Según explica el historiador, al principio se intenta cambiar la situación de la vivienda “utilizando la ley”. Intentaron que Hacienda cobrara a los propietarios los tributos correspondientes, “ya que no declaraban realmente los precios que cobraban”. Intentaron que los inspectores revisaran las condiciones de higiene de las casas, incluso pidieron amparo en los juzgados, “porque había una ley que permitía una rebaja de los alquileres, y la empezaron a reclamar”, apunta Rodríguez.

“Era normal que los inquilinos no estuvieran al día, tardaban uno o dos meses y pagaban casi siempre con retraso, con lo cual en abril no pasó nada. En mayo, instigados por la Cámara de Propiedad, la entidad que agrupaba a los propietarios, empezaron a presentar denuncias de desahucio en los juzgados. Pero el Gobernador Civil, Vidal Facundo Gil Tirado, los paralizó hasta el 5 de julio de 1933, en búsqueda de una solución pactada entre las partes. Obviamente, los propietarios se negaron a cualquier acuerdo”, afirma Rodríguez.

5 de julio: huelga general

El momento clave de la huelga de alquileres llega el 5 de julio de 1933, cuando las autoridades intentan ejecutar los primeros desahucios. En el primero se desaloja a una familia del número 62 de la calle Santiago. Las pertenencias de la familia son arrojadas a la calle. La gente se junta alrededor de la vivienda y cuando se marcha la policía y el secretario judicial, vuelven a restituir a la familia y devuelven sus pertenencias a la casa. Cuando se iba a ejecutar el segundo desahucio, “el propietario llega a un acuerdo de rebaja del alquiler con el inquilino. Pero ya el tercer desahucio no se produce”, explica Rodríguez.

Aquel día se habían fijado varios desalojos: en el número 63 de la calle San Miguel, en el 23 de la calle Emilio Calzadilla y en el 18 de la calle del Pasaje Ojeda. “El tercer desahucio no se produce por la cantidad de gente que se había aglomerado alrededor, y la policía y el secretario del juzgado y los funcionarios se retiran. ¿Qué había ocurrido? Pues que se había convocado la huelga general”, relata Alexis Rodríguez, que añade: “Tres cohetes sonaron en Santa Cruz de Tenerife, e inmediatamente se paralizó toda la ciudad. Así comienza la huelga”.

“Inmediatamente se convierte en una huelga, podríamos decir, revolucionaria. Empiezan a atacar las casas de los propietarios y, sobre todo, de los administradores. Se les queman sus muebles, en algunos casos se derruye toda la casa, y también se empiezan a producir hechos más violentos como quemarle la fábrica a Francisco Navieira, dirigente del Partido Republicano Radical y propietario de una fábrica de Salazón, que había despedido hacía unos días a varios trabajadores de la CNT”, señala Rodríguez.

Según la historiadora Yanira Hermida, “lo fascinante de ese momento es que las trabajadoras y trabajadores son conscientes plenamente de que la cuestión de la vivienda es una consecuencia de una violencia estructural que sufren y padecen dentro de una sociedad injusta y desigual, ante la cual es fundamental el apoyo mutuo. Ya no es sólo señalar a propietarios usureros, sino un enfrentamiento con la clase explotadora: el problema de la vivienda queda en conexión clara con la explotación laboral”, asegura.

Esa misma tarde, se convocó una reunión en la plaza de toros para valorar el alcance de la huelga. Se acuerda mantener el paro y buscar la mediación entre propietarios e inquilinos del Gobernador Civil, Vidal Facundo Gil Tirado, afiliado al Partido Republicano Radical Socialista.

6 de julio: la represión

El Gobernador Civil, asustado por la gran cantidad de personas que habían secundado la huelga general, y el giro violento que habían tomado los acontecimientos, deja de intentar mediar. Prohíbe todas las manifestaciones, decreta el cierre de las sedes de los sindicatos, y ordena a la Guardia Civil disolver la reunión de inquilinas en la que se habían congregado más de 2.000 personas.

“Se empieza a detener a todas las personas más significativas del movimiento obrero de Santa Cruz. Se detiene a la directiva del Sindicato de Inquilinos y de la Federación Obrera, un montón de gente, llegando más de 60 personas encerradas en Paso Alto. Eso hace que la huelga termine, pero siguen con las reivindicaciones”, asegura Rodríguez

Hay constancia de que se empiezan a reducir algunos alquileres. La Cámara de Propietarios emite distintos comunicados pidiendo que no se negocie con los inquilinos, pero muchos propietarios negocian y aceptan rebajas porque temen problemas mayores. “Esta situación se mantiene hasta 1936”, asegura Rodríguez.

El papel crucial de las mujeres en la lucha

La presencia y el papel de las mujeres fue masivo y muy destacado. Isabel González González, conocida como Azucena Roja y que llegó a ser la primera mujer en ocupar una concejalía en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, denunció las estafas de los caseros y exigió desde las instituciones que no se cortara la luz o el agua a los desempleados. Sorprende también la figura de Isabel Cabrera, que a pesar de ser propietaria apoyó la causa del Sindicato de Inquilinos con tal fervor que fue nombrada tesorera del sindicato.

El diario La Tarde, un destacado periódico de información general de Santa Cruz de Tenerife, relata los acontecimientos del 5 de julio de la siguiente manera: “Contingentes enormes de obreros, entre los que destacan no pocas mujeres, recorrían la población formando distintas manifestaciones, vitoreando la huelga general y su inmediato triunfo”.

La represión policial que siguió a las protestas no hizo distinciones y el 6 de julio entre los encarcelados están los 12 dirigentes obreros más representativos de la protesta y 4 mujeres: Carmen Hernández Dorta, María Padilla Arteaga, y las hermanas Ginesa y Polonia Fernández García, como recoge el libro Huelga de inquilinos. Tenerife 1933, de la CNT.

“Sin embargo, está bastante silenciada la presencia femenina en esta huelga por la prensa y la documentación de la época”, señala Rodríguez, que explica que eran ellas las que llevaban el día a día de la casa, quienes sufrían el acoso por parte de los administradores y quienes llevaban la carga del cuidado de la familia.

7 de julio: “Casa desahuciada, casa que explota”

Tras dos días de huelga general, el 7 de julio se recupera la actividad habitual en Santa Cruz de Tenerife, pero la huelga de inquilinos continúa en marcha.

Presionado por la alta burguesía, el Gobernador Civil, Vidal Facundo Gil Tirado, endurece aún más la represión y ordena a la Guardia Civil disolver cualquier reunión de más de tres personas, ilegaliza a la Federación Obrera, clausura su imprenta y prohíbe sus publicaciones. Además, se decreta la ejecución inmediata y sin demora de todos los desahucios.

Esta medida genera una violenta dinámica de represalias: por cada desahucio que logran ejecutar las autoridades, los inquilinos hacen estallar un cartucho de dinamita en la casa desalojada o en las propiedades del casero. Ante esto, la Guardia Civil comienza a detener a todas las familias desalojadas como sospechosas.

“A partir del 7 de julio, cada vez que se produce un desahucio explota un cartucho de dinamita en la casa. Casa desahuciada, casa que explota. No es que tumben abajo la casa, pero se crea una especie de ansiedad y psicosis entre los propietarios y administradores, que ven que dejar a los inquilinos en la calle suponía un grave problema para ellos. Esto se produce de manera reiterada, y es muy común”, explica Rodríguez.

Los cartuchos de dinamita o los artefactos incendiarios de elaboración casera, eran habituales en la época, “no eran extraños en las protestas obreras”, afirma Yanira Hermida, y destaca que “las fuentes muestran que eran atentados contra la propiedad privada y no contra las personas”.

Fin y resurgimiento del Sindicato de Inquilinos

Tras varias semanas marcadas por la ejecución de desalojos y los estallidos de explosivos como respuesta, los últimos coletazos de la huelga de inquilinos se notarán hasta la última semana de agosto, momento en que puede considerarse concluida.

A finales de 1933 se deja en libertad a los últimos detenidos, y se empieza a reconstituir el Sindicato de Inquilinos. Sin embargo, hay una gran división interna. Los socialistas, la pequeña burguesía y los trabajadores liberales empiezan a abandonar el sindicato. Rechazan la violencia que se había desatado y consideran que ellos pueden negociar por su parte los alquileres. “Al mismo tiempo, los administradores crean su propia organización, que llaman Sindicato de Propietarios de Fincas Urbanas, para hacer un frente común y evitar la presión del sindicato”, explica Rodríguez.

Durante los años siguientes, el sindicato prácticamente desaparece. Entre noviembre de 1933 y febrero de 1936 se sucede el conocido bienio radica-cedista o bienio negro, en el que la República es gobernada por la derecha en alianza con la ultraderecha. “Se ilegalizan todos los sindicatos y en estos dos años la represión del movimiento obrero es muy fuerte, lo que impide que el Sindicato de Inquilinos pueda actuar”, señala Rodríguez.

Ante las elecciones de 1936, “ya desde enero se empieza a reconstituir el Sindicato de Inquilinos y se expande por la isla, creando sedes en la Laguna, en Güímar y en la Orotava”, asegura Rodríguez. Se nombra presidente a Francisco Sosa, vinculado a la CNT, y se fija la sede en la calle Méndez Núñez, donde estaba la sede de los tabaqueros, que era el gremio más potente de la CNT.

Vuelven las rebajas de los alquileres

En 1936, el Sindicato de inquilinos crea una comisión de revisión de los alquileres. De las 114 viviendas que revisaron entre febrero y mayo del 36, dictaminaron un descuento del 25% de media, “pero hubo casos del 50% y 70%, así que el sindicato funcionaba y obligaba a propietarios y administradores a aceptar esas rebajas”, apunta Rodríguez.

No hay datos precisos de los acuerdos alcanzados, ni un número exacto de personas que secundaron la huelga o consiguieron rebajas. Pero hay un hecho que Alexis Rodríguez destaca y resulta muy significativo. El Sindicato de Inquilinos crea una cuenta en Caja Postal para que los inquilinos ingresen todo el dinero del alquiler en esa cuenta, y así el Sindicato es quien negocia con los administradores y propietarios. “En los primeros pagos del alquiler, la rebaja se la quedaba el Sindicato de Inquilinos como caja de resistencia y para crear una cooperativa de vivienda y construir casas”, relata Rodríguez.

Lo más destacado es la cantidad de dinero que consigue el Sindicato de este modo: 106.516, 65 pesetas. “Una cantidad brutal de dinero. Eso habla de que es muchísima gente que utiliza el Sindicato de Inquilinas y se acoge a la rebaja. Al mismo tiempo se les había pagado a los propietarios 12.612 pesetas. Teniendo en cuenta el precio de los alquileres, estamos hablando de que la inmensa mayoría de las viviendas de Santa Cruz se pagaron a través del sindicato de Inquilinas”, asegura Alexis Rodríguez. Según el historiador, este dato se hace público el 17 de julio de 1936, horas antes de comenzar el golpe de estado.

El trágico epílogo

Años después, con el estallido de la sublevación militar y el inicio de la dictadura franquista, la burguesía y los grandes propietarios aprovechan la nueva situación de poder para vengarse de los líderes obreros de 1933 y decenas de dirigentes y personas implicadas en la defensa de los inquilinos fueron asesinadas.

Líderes como Francisco Sosa Castilla (Presidente del Sindicato de Inquilinos en 1936), Jorge Hernández Mora, Francisco Infante Díaz, o Francisco Reyes Martín (quien escribió diversos artículos en defensa de los inquilinos) fueron sometidos a consejos de guerra y fusilados, mientras que otros, como Amadeo Hernández, fueron arrojados vivos al océano envueltos en sacos.

Consecuencias de la huelga de alquileres

Historiadores como Miguel Ángel Cabrera destacan que su mayor logro fue forjar una “alianza interclasista sin precedentes”. Esto sentó las bases para que en las elecciones de febrero de 1936 fueran juntas en la coalición de izquierdas del Frente Popular.

“¿La huelga de inquilinos funciona? Pues claro que funciona. Sobre todo cuando hay solidaridad de clase. Cuando hay grupos sociales que sólo velan por su interés, entonces no. Pero si paran de pagar todos los alquileres durante dos o tres meses, eso obliga a los propietarios a negociar”, reflexiona Alexis Rodríguez.

Para Yanira Hermina, “sobran” motivos para una huelga de alquileres “en el contexto actual”. Y concluye: “La huelga de inquilinos tuvo un claro éxito, mostró las dimensiones de una lucha solidaria y colectiva en la capital de la isla”.

“¿Es necesaria la acción para rebajar los alquileres?”, se pregunta Rodríguez, que responde: “Claro que sí. No es de recibo que buena parte del parque de viviendas se dedique a vacaciones y no a la vivienda residencial. Por eso es necesaria una huelga de inquilinas”, concluye el historiador.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad, también para miles de zaragozanos. El encarecimiento del alquiler, las dificultades para emanciparse, el aumento de los desahucios o la irrupción de fondos de inversión y empresas de desocupación han situado el debate en el centro de la actualidad. Mientras las administraciones defienden medidas como la ampliación del parque público o los programas de vivienda asequible, el Sindicato de Inquilinas sostiene que esas políticas siguen sin atajar el problema de fondo. Dos portavoces del colectivo en Zaragoza, Paula Ríos y Teresa Lajusticia, analizan en esta entrevista la situación de la vivienda en la ciudad, cuestionan el modelo impulsado por las distintas administraciones, critican la actuación de la Sareb y defienden que el foco del debate no debería estar en la ocupación, sino en las dificultades cada vez mayores para acceder a una vivienda digna.

Se habla mucho de la crisis de la vivienda, pero ¿qué tiene Zaragoza de diferente respecto a Madrid o Barcelona?

Paula Ríos: Zaragoza, por sus características, al no estar en el litoral y no ser una gran ciudad como Madrid o Barcelona, había estado algo menos tensionada hasta ahora. Sin embargo, estamos viendo que esa situación está cambiando: crece el turismo y también los precios de la vivienda, tanto de compra como, sobre todo, de alquiler. Esto afecta especialmente a la clase trabajadora, que cada vez tiene que destinar una mayor parte de su salario a poder acceder a una vivienda. Mientras tanto, los beneficios de los rentistas y de las empresas vinculadas al sector inmobiliario no dejan de aumentar. La vivienda no le está yendo mal a todo el mundo; hay una minoría que obtiene grandes beneficios a costa de que la mayoría viva peor.

¿Cuál dirían que es hoy el principal problema para acceder a una vivienda en la ciudad?

Teresa Lajusticia: Claramente, el precio. Vemos que, pese a que se sigue construyendo, los precios no dejan de subir, en los últimos diez años han aumentado un 80% y muchas personas destinan ya más del 50% de su salario al alquiler. Las administraciones justifican muchas de sus políticas en un supuesto aumento de la demanda, pero lo que vemos es que esas medidas acaban beneficiando siempre a los mismos. Un ejemplo es el acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para ceder suelo público a dos grandes empresas privadas que gestionarán esas viviendas durante 75 años. Se presentan como alquileres asequibles, pero hablamos de viviendas muy pequeñas con rentas de entre 450 y 500 euros, que siguen siendo difíciles de asumir para muchas familias. Al final son promociones que benefician a promotores y rentistas mientras los precios continúan subiendo.

Paula Ríos: Además, el problema no es solo que aumenten los precios. También está creciendo la infravivienda. Cada vez más personas se ven obligadas a aceptar viviendas de peor calidad, alquilar únicamente una habitación en lugar de un piso entero o compartir vivienda en condiciones de hacinamiento. Esa también es una consecuencia directa del encarecimiento de la vivienda.

¿Qué perfiles llegan al Sindicato? ¿Han cambiado en los últimos años? ¿Sigue siendo un problema sobre todo de jóvenes o cada vez afecta más a familias y trabajadores con empleo?

Paula Ríos: El eje central de nuestro análisis es la cuestión de clase. Evidentemente, también hay personas de clases medias que tienen dificultades para asumir las subidas del alquiler, pero quienes más sufren esta situación son quienes dependen exclusivamente de su trabajo para vivir. Dentro de ese grupo, la población migrante trabajadora encuentra todavía más obstáculos. No solo porque suele ocupar los empleos peor remunerados, sino también porque existe un racismo muy extendido que actúa como barrera para acceder al mercado del alquiler. También son especialmente vulnerables la juventud trabajadora, las mujeres y los hogares monomarentales.

¿Qué barrios de Zaragoza están sufriendo más tensión en estos momentos?

Paula Ríos: En el casco histórico se aprecia de forma muy clara, especialmente en zonas como la Magdalena o el Gancho, pero también lo estamos viendo en Las Fuentes y en otros barrios tradicionalmente obreros. En Delicias, por ejemplo, vemos una apuesta por transformar la imagen del barrio, incluso renombrando parte de la zona como “barrio del AVE”. Creemos que el Ayuntamiento está impulsando una estrategia para convertir Zaragoza en un reclamo turístico y eso pasa por expulsar poco a poco a la población trabajadora de sus barrios tradicionales para atraer a otro tipo de residentes.

El Ayuntamiento defiende que está aumentando el parque público de vivienda y programas como ALZA. ¿Es suficiente o creen que va en la dirección equivocada?

Teresa Lajusticia: Creemos que estos modelos siguen reproduciendo la misma lógica del mercado. Hace poco veíamos cómo Zaragoza Vivienda ejecutaba desahucios y también seguimos encontrando numerosos problemas en bloques gestionados por la Sareb. En el caso de la vivienda pública y protegida, o de programas como ALZA, muchas personas quedan excluidas porque se exige cumplir unos requisitos mínimos de ingresos o de empadronamiento que no todo el mundo puede acreditar. Hay familias con rentas muy bajas que ni siquiera pueden acceder porque se exige garantizar el pago del alquiler. Nuestra impresión es que el parque público, tal y como está planteado ahora, no está resolviendo el problema. Un ejemplo es Casa 47, donde para acceder a las viviendas se exigen unos ingresos mínimos de 16.800 euros al año y, además, la gestión volverá a recaer en empresas privadas. Ese modelo deja fuera precisamente a quienes tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda.

El parque público, tal y como está planteado ahora, no está resolviendo el problema

¿Funcionan realmente las ayudas al alquiler o solo sirven para sostener precios altos?

Paula Ríos: Cuando recibes una ayuda al alquiler parece que el dinero pasa por ti porque lo ingresas en tu cuenta, pero en realidad acaba en el bolsillo del rentista. A corto plazo puede suponer un alivio para quien la recibe, pero, a medio plazo, lo único que consigue es sostener unos precios que ya son inasumibles. Si el propietario sabe que vas a percibir una ayuda, tiene margen para seguir subiendo el alquiler. Que esto se presente como un gran avance es difícil de sostener. Puede haber diferencias entre las políticas de la izquierda y la derecha, pero el núcleo del problema sigue siendo el mismo.

Teresa Lajusticia: Además, muchas de esas ayudas no son universales. Para acceder a ellas hay que cumplir unos requisitos mínimos de ingresos que dejan fuera a parte de la población. Al final generan una brecha entre quienes pueden acceder a esas ayudas y quienes ni siquiera cumplen las condiciones para solicitarlas.

En los últimos meses han denunciado operaciones de fondos de inversión en algunos edificios de Zaragoza. ¿Qué consecuencias están teniendo para los vecinos?

Teresa Lajusticia: El caso más representativo es el de Aloy Sala, un fondo de inversión local que ha comprado 327 viviendas en el barrio de Tenerías, una zona que está inmersa en un claro proceso de transformación. A eso se suma la recalificación de los terrenos del antiguo complejo de Instalaza para construir 155 viviendas de mercado libre y otras actuaciones municipales, como el refuerzo del control policial en el Parque Bruil. Todo ello está teniendo consecuencias directas para el vecindario. Lo positivo es que muchas de esas personas comparten propietario y problemas similares, lo que está facilitando que se organicen junto al sindicato para defender sus derechos.

Paula Ríos: Hemos llamado puerta por puerta en ese barrio y hemos comprobado que alrededor de un tercio de las viviendas permanecen vacías. Mientras se insiste en que falta vivienda, vemos cómo se retienen pisos para rehabilitarlos y ponerlos más adelante en el mercado a un precio mayor. Es cierto que la propiedad inmobiliaria se está concentrando cada vez más en manos de grandes fondos, pero tampoco hay que olvidar el papel que siguen desempeñando los pequeños y medianos rentistas. De hecho, muchos de los conflictos que llegan al sindicato no tienen como propietario a un gran fondo de inversión.

¿Ha aumentado el número de personas que acuden al sindicato por riesgo de desahucio?

Paula Ríos: Sí. Tras el fin de la moratoria se han ido reactivando muchos procedimientos que habían quedado paralizados y la tendencia es claramente al alza. Además, cada vez quedan menos herramientas jurídicas a las que acogerse. En cuanto a los propietarios, nos encontramos de todo: desde personas que tienen una o dos viviendas hasta propietarios con cinco o diez inmuebles o grandes fondos. En realidad, los grandes caseros son menos frecuentes de lo que suele pensarse. Uno de los mayores propietarios es el propio Estado, que en muchos casos actúa con una lógica muy similar a la de una empresa privada.

En los últimos meses han sido muy críticos con la forma de actuar de la Sareb en Zaragoza. ¿Cuál dirían que es el principal problema que detectan?

Teresa Lajusticia: El principal problema es que la gestión de estas viviendas responde a la misma lógica de mercado que cualquier otro gran propietario. Además, está muy fragmentada: intervienen distintas empresas gestoras que no están coordinadas entre sí, de modo que muchas veces se inician procedimientos sin conocer la situación económica de las familias ni existe una negociación real. Todo es muy opaco y muchas personas ni siquiera saben a quién dirigirse. Nos hemos encontrado con familias que desconocían que su casero era la Sareb. Seguían pagando al antiguo propietario, cuando este llevaba años sin serlo tras entrar en bancarrota y ser absorbido. En la práctica, las lógicas son las mismas que las de cualquier gran tenedor.

Paula Ríos: La Sareb nació tras el rescate millonario a la banca después de la crisis de 2008 y se financió con dinero público. Sin embargo, ese dinero no está revirtiendo en garantizar el derecho a la vivienda, sino que muchas familias acaban siendo expulsadas de sus casas. En teoría existe un protocolo para atender a las personas vulnerables, pero los criterios nunca se han hecho públicos y son completamente opacos. Además, vemos que ni siquiera cumplen sus propios protocolos. Dividen a los vecinos entre quienes consideran merecedores de un contrato y quienes no, cuando la realidad es que ninguna de esas familias puede acceder hoy a una vivienda con los precios actuales. Nosotras siempre defendemos una negociación colectiva, pero la Sareb intenta negociar caso por caso porque así debilita la posición de las familias.

Teresa Lajusticia: Ahora mismo tenemos presentes al menos tres bloques completos de la Sareb en Zaragoza que han afrontado procedimientos de desahucio.

En el debate público se habla mucho de la ocupación ilegal. ¿Qué porcentaje de los casos que llegan al sindicato tienen que ver con ocupaciones y cuántos con problemas derivados del alquiler o los desahucios?

Paula Ríos: Los casos de ocupación son muchos menos de lo que se ha hecho creer. No tengo ahora mismo las cifras exactas, pero incluso se han reducido respecto al año pasado. Se ha construido un discurso basado en el miedo, impulsado por la extrema derecha, la patronal inmobiliaria y las empresas de seguridad, que también hacen negocio con esa preocupación. Se ha instalado el mito de que alguien puede ir a comprar el pan y encontrarse su casa ocupada, cuando eso no tiene ningún fundamento. Hay que distinguir entre el allanamiento de morada, que afecta a una vivienda habitada y se resuelve de forma inmediata, y la usurpación de una vivienda vacía, son situaciones completamente distintas. Al final, el debate sobre la ocupación ha servido para desviar la atención del verdadero problema: el precio de la vivienda. La ocupación es una consecuencia de que haya personas que no pueden acceder a una casa. La mayoría de las ocupaciones se producen en viviendas de grandes propietarios. En cualquier caso, la mayoría de los conflictos que llegan al sindicato tienen que ver con alquileres, subidas de renta o desahucios, no con ocupaciones.

Teresa Lajusticia: Han conseguido que muchas personas de clase trabajadora empaticen más con la posibilidad de que ocupen la vivienda de un propietario que con el hecho de que una familia no pueda pagar el alquiler.

Paula Ríos: Si eres de clase trabajadora, tienes muchas más posibilidades de que te echen de tu casa que de que te la ocupen.

El debate sobre la ocupación ha servido para desviar la atención del verdadero problema: el precio de la vivienda"

En las últimas semanas se ha conocido la denuncia de una familia de Zaragoza con contrato en vigor que asegura haber sufrido coacciones por parte de una empresa de desocupación. ¿Han tenido contacto con ese caso? ¿Es un episodio aislado o están viendo más situaciones similares?

Teresa Lajusticia: En los últimos meses estamos conociendo cada vez más casos de este tipo. Son empresas que, en nuestra opinión, operan al margen de la legalidad y que muchos pequeños propietarios contratan porque creen que así pueden acelerar los procedimientos y actuar con impunidad. En el caso del Arrabal vimos una clara connivencia con la actuación policial y las familias encontraron numerosas dificultades para tramitar sus denuncias.

Paula Ríos: Lo que buscan estas empresas es que la gente tenga miedo y termine marchándose. Creemos que la única manera de frenarlas es organizarse y plantar cara.

Teresa Lajusticia: En este caso concreto, conseguimos paralizar la actuación permaneciendo en la puerta de la vivienda y contactando con la propietaria. La intervención del sindicato permitió frenar el proceso, al menos de momento.

¿Qué medidas del Gobierno central consideran acertadas y cuáles creen que han fracasado?

Paula Ríos: La gran apuesta del Gobierno fue la Ley de Vivienda. Desde nuestro punto de vista, normaliza que los alquileres sigan subiendo, porque únicamente limita las subidas durante la vigencia del contrato, pero no cuando este finaliza. Se presentó como una gran victoria, pero creemos que los datos hablan por sí solos: durante el mandato del Gobierno de PSOE y Sumar se han alcanzado máximos históricos en el precio de los alquileres. Eso demuestra la ineficacia de sus políticas. Es cierto que han impulsado medidas dirigidas a determinados sectores, como algunos programas para facilitar la emancipación de jóvenes con cierta estabilidad económica, pero dejan fuera a una parte muy importante de la población.

Teresa Lajusticia: Las sucesivas prórrogas siguieron la misma lógica: son medidas temporales que van parcheando la situación sin afrontar el problema de fondo. Ha habido iniciativas que podrían haberse aprobado y no se hizo. Da la sensación de que se intenta contener el conflicto sin cambiar realmente el modelo.

Paula Ríos: Además, tanto gobiernos de izquierdas como de derechas han respondido con represión al movimiento por la vivienda. Lo vemos cuando se criminalizan las protestas o cuando se despliegan numerosos efectivos policiales para ejecutar un desahucio o desalojar una protesta. Un ejemplo es el caso de los 19 de CaixaBank en Zaragoza o la reforma del Código Penal que endureció las consecuencias de determinadas acciones del movimiento por la vivienda. Creemos que eso también retrata cuál ha sido la respuesta institucional.

Cuando una persona llega al sindicato porque no puede pagar el alquiler o afronta un desahucio, ¿qué ocurre?

Teresa Lajusticia: Hay personas que llegan de manera individual y, en menos ocasiones, grupos de vecinos que ya se han organizado previamente. Lo primero es compartir el caso en las asesorías colectivas y estudiar cómo convertir un problema individual en un conflicto colectivo. Cuando varias familias tienen el mismo propietario intentamos constituir un bloque en lucha, porque compartir intereses también aumenta la capacidad de presión. A partir de ahí combinamos herramientas jurídicas con la organización sindical.

Paula Ríos: La mayoría de la gente llega pensando que no puede pagar el alquiler por culpa suya y con un fuerte sentimiento de vergüenza. Lo primero que intentamos explicar es que no es un fracaso individual, sino el resultado de un sistema que expulsa a una parte de la población del acceso a la vivienda. Cuando entienden que ese problema también lo sufren otras personas, se genera una conciencia colectiva que permite organizar el conflicto. Más allá de resolver casos concretos, nuestro objetivo es conquistar derechos y avanzar hacia un modelo en el que la vivienda deje de ser una mercancía para convertirse en un derecho efectivo.

Decenas de activistas y familias afectadas por la crisis de la vivienda han ocupado este martes el vestíbulo del Ayuntamiento de Barcelona como protesta por la saturación de los alojamientos de emergencia para quienes sufren desahucios.

La acción se ha iniciado en la Plaza Sant Miquel y, poco después de las 10:00 horas, los manifestantes han irrumpido sin incidentes en el vestíbulo del edificio, ante la mirada de sorpresa de los trabajadores del consistorio y de los grupos municipales. Allí se han concentrado más de una cincuentena de personas que han reclamado a gritos una solución a la falta de pisos de emergencia.

La protesta, seguida de cerca por la Guardia Urbana, estaba convocada por la PAH, la Confederación Sindical de Vivienda de Catalunya (COSHAC) y el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya (SHSC)

Justo pasadas las 10.15h, los representantes de las entidades se han reunido con Joan Ramon Riera, el comisionado de Vivienda del Ejecutivo municipal, que ha bajado al vestíbulo para conversar con los manifetantes. En ese encuentro, el representante político ha pedido a los sindicatos que, para poder cumplir con sus demandas, debían abandonar el vestíbulo del consistorio.

“Aquí trabaja gente”, les ha recordado. Pero la posición de los activistas ha sido tajante: “Nos quedamos”.

Finalmente los activistas se han podido reunir con Raquel Gil, responsable del área de Derechos Sociales. Tras más de una hora, han obtenido el compromiso del consistorio de abrir una negociación para atender a sus peticiones.

El problema con los alojamientos de emergencia lleva meses enquistado. Los sindicatos y entidades por la vivienda denuncian que el nuevo modelo de ayudas económicas para familias desalojadas, que el Gobierno del PSC ideó como alternativa al desborde de los alojamientos de emergencia, es insuficiente.

Delia Cerare, portavoz de la PAH, ha detallado los motivos de la protesta: “Hay muchas familias que han sido desahuciadas sin ninguna alternativa habitacional, a pesar de que la ley contempla los desahucios con realojamientos previos por parte de la administración”, ha proclamado. Tenemos muchísimas familias en la calle, con niños, gente mayor, y sin alternativa habitacional de ningún tipo“, ha añadido.

Entre los manifestantes se encontraba Carmen Fargas, afectada directa. Fargas ocupa sin contrato, junto a su hijo de 13 años, un piso que pertenece a un fondo de inversión que quiere desalojarlos sin ofrecerles alternativa. “Lo máximo que nos pueden dar son tres días en un albergue con un menor”, ha explicado. Según su relato, en el Ayuntamiento le han dicho que se busque la vida, y al cobrar una renta garantizada sin nómina, nadie le alquila una habitación.

Los tres colectivos convocantes —PAH Barcelona, la COSHAC y el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya— han hecho público un comunicado en el que atribuyen el problema con los alojamientos de emergencia a un cambio de modelo impulsado por el PSC desde su entrada en el Ayuntamiento, que según denuncian ha supuesto la reducción de los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU) y un empeoramiento de las condiciones para las familias afectadas.

Los sindicatos sostienen que los desahucios aumentan en Barcelona por segundo año consecutivo, algo que no ocurría desde 2013, mientras la inversión municipal en construcción de vivienda pública ha caído un 64,5% y la compra de vivienda por tanteo y retracto un 80%. Los sindicatos han presentado un pliego de diez exigencias al consistorio, entre las quales, declarar la emergencia habitacional o expropiar la vivienda vacía y de uso turístico en manos de grandes tenedores.

Nueva York, la capital del capitalismo en el país santuario de la propiedad privada, ha decretado una congelación del precio de los alquileres. El nuevo alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, de la corriente socialista del Partido Demócrata, ha aprobado una medida que, también gracias a que es el hombre de moda de la izquierda internacional, ha tenido especial eco en España, donde la escasa intervención pública del mercado de la vivienda se suele quedar en papel mojado.

Hablamos con Jaime Jover, geógrafo y urbanista, antiguo residente en la ciudad, donde trabajó en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y actualmente investigador del CSIC, para entender cómo se articula la regulación de los alquileres en Nueva York y el origen de este tipo de intervención pública en el mercado de la vivienda. Con Chiara, Franc y Mateo, habitantes de la Gran Manzana, nos asomamos a cómo les afecta esta congelación de rentas en la ciudad más cara de Estados Unidos. 

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

San Cristóbal de La Laguna ha vivido este sábado una de las movilizaciones por el derecho a la vivienda más multitudinarias de los últimos años en Canarias.

Más de 3.000 personas, según estimaciones de los convocantes, han salido a la calle para denunciar la crisis habitacional que atraviesa el archipiélago. La movilización ha sido convocada por el Sindicato de Inquilinas de Tenerife (SIT) y cuenta con el respaldo de más de medio centenar de organizaciones, entre sindicatos, asociaciones vecinales, colectivos feministas, ecologistas, estudiantiles y culturales de todo el archipiélago.

La marcha ha partido desde el Parque Estudiante Javier Fernández Quesada a las 11:30 horas, y desde el principio se pudieron escuchar gritos de protesta, como: “el gobierno de Canarias es una inmobiliaria” o “No es un piso chulo, es un puto zulo”.

Algunos participantes describen el ambiente combativo y familiar de la movilización y destacan que “fue muy transversal, no solo por los distintos colectivos, sino por todas las vecinas que no son necesariamente activistas y que se unian a la marcha durante al camino cuando nos veian pasar”.

Tras el recorrido se hizo una lectura de los manifiestos, en el que participaron el colectivo LGTB+ Abrir Brecha Canarias, la Asociacion para la Defensa de las Pensiones Publicas de Canarias, y el Sindicato de Inquilinas de Tenerife. El acto se cerró con las actuaciones musicales de Kinewa, La Cangreja y Zerpa.

“No faltan viviendas”

El manifiesto leído durante la concentración ha apuntado a los que señalan como responsables de la crisis: fondos de inversión, bancos y grandes tenedores que, según los organizadores, tensionan el mercado de forma deliberada. En Canarias hay más de 211.000 viviendas vacías, mientras el precio del alquiler ha subido un 143% en apenas trece años. Hoy, alquilar una vivienda media en el archipiélago cuesta más de 1.000 euros al mes, y comprar una casa equivale a ahorrar casi quince años de salario íntegro.

Las cifras son especialmente llamativas en La Laguna, donde el metro supera los 1.700 euros en el primer trimestre de este año, y marca un nuevo récord histórico. La media en canaria supera los 2.200 euros por metro cuadrad. Mientras, en el centro de la ciudad ha habido meses en los que los portales inmobiliarios llegaban a ofrecer más de 500 viviendas de uso turístico frente a apenas 49 en alquiler residencial.

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria son, además, las dos ciudades de todo el Estado donde mayor es la concentración de multipropietarios, personas o entidades que acumulan varias viviendas destinadas al alquiler, lo que el Sindicato de Inquilinas vincula directamente a la turistificación del territorio y a la conversión de la vivienda en un activo financiero.

“El problema no son los migrantes”

El manifiesto ha subrayado con fuerza un mensaje político: el problema de la vivienda no son las personas migrantes. “El problema no son quienes comparten nuestras mismas dificultades para pagar un alquiler, encontrar trabajo o sacar adelante a sus familias”, han leído los portavoces del sindicato, que han revindicado la unidad de la clase trabajadora canaria frente a lo que denominan un “auge reaccionario” y el avance de la extrema derecha.

El texto ha puesto nombres y rostros concretos a esa clase trabajadora: camareros, cuidadoras sin contrato, artistas callejeros, jóvenes extutelados con menos de seis meses para labrarse un futuro. “Todos ellos forman parte de lo mismo”, ha concluido el manifiesto.

Trece medidas y tres interpelaciones directas a los gobiernos

El SIT ha presentado durante la marcha un Plan de Emergencia Habitacional con 13 medidas de aplicación inmediata, entre las que destacan la declaración de zonas tensionadas con topes al alquiler, la instauración de contratos de alquiler indefinidos, la prohibición de la compra especulativa de vivienda, incluida la adquisición por fondos de inversión y grandes capitales, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y la recuperación de pisos turísticos para uso residencial.

Los organizadores han interpelado también de forma directa a las instituciones. Al alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, le han exigido que declare el municipio como zona tensionada y ponga topes a los alquileres. Al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, le han recriminado la voluntad de recuperar la UNIPOL para actuar contra los ocupantes de viviendas. Y al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, le han reclamado la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda aprobada hace tres años en el Congreso, así como mecanismos de expropiación de vivienda vacía.

“Hoy empieza un nuevo ciclo de lucha vecinal”

El manifiesto ha cerrado con una declaración de intenciones: “No vamos a esperar a nuestros representantes políticos. Hoy empieza un nuevo ciclo de lucha vecinal donde los barrios recuperaremos el poder que tenemos para transformar este lugar que habitamos.”

La elección de La Laguna como escenario no ha sido casual. La ciudad, según el SIT, se ha convertido en uno de los ejemplos más crudos del proceso de expulsión que sufren los vecinos de sus propios barrios, y en símbolo de un modelo que amenaza al conjunto del archipiélago.

No viven en Retiro, sino en Vallecas. Tampoco nacieron en España, sino en Perú. Son menos conocidos, pero se enfrentan al mismo miedo: una expulsión inminente. Este miércoles, 24 de junio, estaba programado el tercer intento de desahucio para Maricarmen, una vecina de 87 años que resiste a los envites de un fondo. Tiene un contrato de renta antigua y su caso es ya un símbolo de la crisis de la vivienda: ha logrado movilizar a cientos de personas en favor de su causa, incluyendo a artistas, figuras públicas o la propia ONU. La presión ciudadana ha logrado paralizar su desalojo en varias ocasiones, incluyendo esta última, aunque desde el Sindicato de Inquilinas intuyen que los aplazamientos se deben a una estrategia de desgaste. Mientras tanto, al sureste de allí, una familia de migrantes se prepara para otro desahucio, previsto ese mismo día.

“Yo llegué solito a España. No conocía a nadie, me arriesgué y, gracias a dios, no me fue mal. Pero ahora dicen que soy un okupa”, revela Adolfo, vecino de Vallecas de origen peruano. En diciembre, se enteró de que el piso al que se mudó en 2017 con su familia tenía una deuda hipotecaria con Caixabank, que antes pertenecía a Bankia. Ese apartamento se lo alquiló a un hombre al que conoció en España, pero que también era de Perú. Este le trasladó que había tenido problemas con su mujer e iba a volver a su país, así que firmaron un contrato informal de arrendamiento, con papel y bolígrafo. Adolfo asegura no haber sabido nada de esta deuda hasta que recibió la notificación judicial, y desde entonces ha perdido el contacto con esta persona.

El miércoles a primera hora, una citación amaga con dejarles en la calle.El inmueble ha pasado a manos de Building Center, una filial inmobiliaria de Caixabank. Esta sociedad solicitó al Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid que mantuviera la orden de lanzamiento –nombre formal para los desahucios– después de que el inquilino presentara un recurso de reposición, en un intento de frenar la expulsión. Adolfo vive en ese piso, cerca del Metro en Nueva Numancia, con su hija y su nieto.

La primera tiene 27 años y acaba de quedarse sin trabajo. El más pequeño tiene 4 años, y el hecho de tener a un menor de edad en el domicilio familiar les había permitido hasta ahora alargar el proceso. Según el inquilino, solo viven de sus ingresos: hasta ahora ha trabajado como camarero, barman, charcutero, cuidador de personas mayores e incluso como empleado en una gestoría. También gana algo de dinero con la música, una afición que le llevó a conocer a su casero. “Incluso compartimos una breve amistad, pero ahora tengo que buscarme yo la vida”, lamenta en declaraciones a Somos Madrid.

Recursos limitados y falta de respuesta institucional

Diego Sanz, de la PAH Vallekcas (la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el distrito), advierte de una agenda repleta de desahucios para el próximo verano. “Hay varias fechas en julio y esperamos que la situación se prolongue hasta septiembre, con otro desalojo programado para el día 13”, resalta el portavoz de la PAH, que aquí refiere solo a su territorio aunque añade que los lanzamientos se están viendo en toda la ciudad, e incluso otros puntos de la región. El de Maricarmen ha sido uno de los más sonados, provocando marchas multitudinarias en su defensa: aunque de Adolfo también depende su familia, las opciones para rehacer tu vida a los 87 años son escasas o prácticamente nulas, como ocurre con la vecina de Retiro.

Ante la falta de respuestas efectivas desde las instituciones para resolver la crisis de la vivienda –que hoy exprime la mitad de su salario a miles de inquilinos–, las movilizaciones populares han ido surgiendo en reacción a las dificultades para acceder a un contrato de alquiler o hacerse con la propiedad de un piso. Sus recursos y la capacidad organizativa con la que cuentan es limitada, por lo que no todo intento de desahucio termina recibiendo la misma repercusión pública ni esta logra dar margen al afectado. No obstante, desde la PAH mencionan otros ejemplos recientes como Carabanchel o Rivas-Vaciamadrid, y avisan de que el mercadeo con la vivienda está replicando casos muy similares al de Maricarmen.

Sin ir más lejos, el caso de Adolfo forma parte de una disputa más amplia que mantienen con Obra Social la Caixa, de la fundación adscrita a Caixabank. A finales del año pasado, un grupo de inquilinos en viviendas promovidas por la entidad entre Ensache de Vallecas, Vicálvaro y Pinto presentó una demanda conjunta contra la entidad bancaria. La acusaron de incluir cláusulas abusivas en los contratos impulsados desde su fundación, y también de haber vendido esas casas a unos fondos de inversión: Farley ITG y Mosaic Propco. La primera de estas sociedades limitadas adquirió las que había en Pinto, mientras que la otra se hizo con los apartamentos de Vallecas y Vicálvaro.

Con el tiempo llegó una denuncia suscrita por decenas de familias, aunque las organizaciones de vivienda hablan de unos 500 afectados en total. “Hemos planteado una compra pública de este paquete de viviendas a través de Casa 47 [la nueva empresa pública estatal], pero el goteo de casos con antiguos alquileres sociales nos hizo tener que presentarnos en plena sede de Building Center”, explica Diego Sanz, de la PAH Vallekas. De aquellas conversaciones, siempre según su versión, salió “un compromiso por escrito” con Tecnotramit (otra empresa intermediaria) para estudiar los once casos presentados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y valorar la negociación de alquileres sociales.

“Aunque queríamos un análisis de forma colectiva, solo accedieron a negociar uno a uno las condiciones en cada piso. Lo dejamos pasar, y luego nos encontramos con que dos de esos casos tienen fecha inminente para un posible desahucio”, revela. El primero será el de Adolfo, que espera un giro de última hora para que se revierta la situación; y el siguiente será el próximo martes, 30 de junio. Para este último caso aún no hay una orden directa de lanzamiento sino una cita para la entrega de llaves, informa la PAH. “Nosotros no tenemos adonde ir, ya se lo dije a la comisión judicial cuando vinieron la primera vez”, se teme de vuelta Adolfo, que reflexiona al otro lado del teléfono cuando quedan pocos días para que les obliguen a marcharse.

La última vez que lo intentaron, según refiere él mismo, decidieron darle 15 días más de plazo al ver que en esa casa convivían con un menor de edad, y que el dinero que gana Adolfo es con el que ahora se sostiene toda la familia. “Me hicieron una oferta para comprar el piso que no podía permitirme. Empecé a asesorarme con un abogado de oficio, y ya ahí descubrí que ellos consideran mi presencia en el piso como la de un okupa, ya que mi contrato está firmado en papel”, resume Adolfo, que afirma haberse presentado en distintas ocasiones en oficinas de Caixabank, sin llegar a ser atendido: “Todo parece habernos dado la espalda. Solo espero que, de aquí al miércoles, reunamos el apoyo necesario para frenar esto”.

Nuevo aplazamiento del desalojo de Maricarmen, la mujer de 87 años que lleva años viviendo un calvario ante la presión de la inmobiliaria Urbagestión para que abandone la que ha sido su casa durante siete décadas. El tercer intento de deshucio, previsto para el miércoles 24 de junio en su casa del madrileño distrito de Retiro, ha quedado paralizado y ahora se ha fijado para el 23 de septiembre.

La presión social y logros como que la ONU haya exigido suspender el procedimiento o proporcionar una alternativa a Maricarmen han podido influir en una nueva prórroga que para el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid es insuficiente. De hecho, la entidad apunta que el juzgado número 90 de Madrid “desoye la petición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que pedía la suspensión del desahucio hasta que las administraciones públicas demostraran que están buscando una alternativa habitacional a Maricarmen, alegando que dichas administraciones han tenido tiempo suficiente para encontrar esta alternativa”.

O lo que es lo mismo, explican, “la judicatura diciendo a los ejecutivos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y al Gobierno Central que en estos meses de aplazamientos del desahucio de Maricarmen no han hecho nada para solucionar el problema”.

El Sindicato relata que el juzgado no atiende las pretensiones de la resolución de Naciones de Unidas, pero sí estima el recurso de la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, alegando que el segundo aplazamiento no se atenía a la ley. En concreto el artículo 704de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que establece que si el inmueble a desalojar es la vivienda habitual del ejecutado, el juzgado otorgará un plazo de un mes para el desalojo. Al haberse dado un plazo menor al mes para el nuevo desahucio, el juzgado estima que a Maricarmen se le concede un nuevo mes y una nueva fecha de desahucio.

Desde el Sindicato de Inquilinas entregaron un dossier el pasado octubre al Ministerio de Vivienda del Gobierno de España dando varias soluciones al conflicto de Maricarmen, como la compra de la vivienda o la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para incluir contratos indefinidos, similares a las rentas antiguas. A su vez, se ha instado tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento a través de servicios sociales a que busquen una alternativa habitacional. Ni el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ni el de José Luis Martínez-Almeida les han contestado.

Informan además de que los actos de apoyo a Maricarmen se trasladan de la próxima semana al 22 de septiembre, en la víspera de la nueva fecha de lanzamiento. “Hace tiempo que este conflicto no va solo de Maricarmen. Va de la dignidad humana frente a la avaricia, del apoyo vecinal frente a un sistema que antepone la especulación a la vida. Maricarmen somos todas y cada vez somos más personas las que tenemos claro que una empresa no puede hacer lo quequiera con una vida. Por eso Almeida, Ayuso y Pedro Sánchez tienen que mover ficha o les espera un septiembre donde va a llover a cántaros”, sentencian.

Las islas padecen una crisis habitacional sin precedentes. Por ello, colectivos sociales convocan tres movilizaciones en el archipiélago que se enmarcan en la campaña estatal por el derecho a la vivienda, bajo el lema: “la vivienda nos cueste la vida”. Los convocantes aspiran a que sean “un punto de inflexión” en la lucha contra la crisis de vivienda que sufre Canarias.

La plataforma Derecho al Techo ha convocado en las Palmas de Gran Canaria el sábado 20 de junio a las 11:00 una manifestación que irá desde el Parque del Canódromo, en el barrio de Schamann hasta el Parque de Don Benito. En La Palma será el día 26 de junio, a las 18:00, en la Plaza España de los Llanos de Aridane. Y el Sindicato de Inquilinas de Tenerife convoca a otra movilización para el día 27 de junio a las 11:30, en el parque estudiante Javier Fernández Quesada, en San Cristóbal de La Laguna. 

El aumento de la población, la presión turística con sus viviendas vacacionales y una gestión política que los colectivos sociales califican de “absoluto fracaso” han generado una situación de colapso que dibuja una radiografía alarmante en la que se expulsa a los vecinos de sus barrios y deja a familias en la calle.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Canarias hubo 1.426 desahucios el año pasado. Casi el 80% de ellos fue por impago del alquiler. La crisis de la vivienda es uno de los factores principales por los que cada vez es más difícil salir de la pobreza. Hay casi 700.000 personas que están en riesgo de exclusión social en el archipiélago, es decir, sus ingresos son inferiores a 965 euros al mes, lo que supone más del 30% de la población, según la Red Europea de Lucha contra la pobreza.  

Mientras, los precios de la vivienda no dejan de subir. En febrero de 2024 entró en vigor el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de Canarias, por el que se declaraba la emergencia habitacional del archipiélago. Desde entonces, el precio de la vivienda en las islas no ha dejado de aumentar. Actualmente, se sitúa en los 2.234 euros/metro cuadrado, volviendo a batir su récord histórico. Supone una subida del 13,6% respecto al año pasado. 

Según los convocantes de las movilizaciones por el derecho a la vivienda “esta realidad no es fruto de una evolución natural del mercado, sino la consecuencia directa de políticas que han favorecido la especulación y la mercantilización de un derecho básico”.

En Canarias hay un total de unas 18.000 viviendas públicas lo que supone menos del 2% de todo el parque residencial del archipiélago, según Provivienda. Sin embargo, actualmente hay 34.000 los demandantes de vivienda pública. Y en los últimos tres años sólo se entregaron 24, según el propio Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI). 

Casas vacías hay muchas más. Se estima que son unas 211.000 las casas que están deshabitadas en las islas. Suponen aproximadamente una de cada cinco. El dato surge del Censo de Población y Viviendas 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayoría de estas viviendas vacías están concentradas en municipios turísticos y en las capitales, siendo Las Palmas de Gran Canaria el municipio con más viviendas vacías de todo el archipiélago. 

Pero el Gobierno canario sólo ha movilizado una vivienda vacía en los últimos diez años. El ICAVI confirmaba vía Transparencia que solo ha conseguido incorporar al mercado una casa deshabitada desde 2015. Fue en 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Pero el Gobierno canario promete movilizar cien viviendas en los próximos dos años con sólo un millón de euros.  

Hasta la patronal de las empresas inmobiliarias está de acuerdo con poner en venta o alquiler las viviendas vacías. La Asociación de Consultoras Inmobiliarias asegura que Canarias necesita como mínimo 44.000 viviendas para cubrir la demanda actual. Bastaría con movilizar una quinta parte de las viviendas que están cerradas. 

Con esta situación de crisis habitacional la ocupación ha descendido en el archipiélago más de un 10% en 2025, según el Ministerio del Interior. El año pasado se registraron 596 delitos de usurpación y allanamiento de morada en Canarias, siendo la principal causa el impago del alquiler. 

Y a la vez, Canarias es de las comunidades donde los rentistas tienen más propiedades. Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, tienen la mayor concentración de multiarrendadores, donde cerca del 65% de los caseros posee dos o más viviendas en alquiler, un porcentaje superior a los de Madrid o Barcelona. En el archipiélago hay más de 50.500 propietarios con más de 4 inmuebles. Otros casi 14.000 propietarios tienen entre 11 y 25 viviendas, y hay casi 3.000 con más de 25 propiedades. 

La población canaria sitúa la vivienda como principal problema y un 90% cree necesario cambiar el modelo turístico. Convirtiendo a las islas en la tercera comunidad en la que más se busca vivienda sin éxito, según el INE, sólo por detrás de Madrid y Barcelona. 

La Ley canaria de alquiler vacacional tampoco ha rebajado la precio de la crisis de vivienda. Los pisos turísticos disponibles han pasado de 47.100 a 42.300. El Ministerio de Vivienda instaba el mes pasado al Gobierno de Canarias a inspeccionar y cerrar “las más de 14.200 viviendas turísticas ilegales que ha detectado el Registro de la Propiedad en este año”, lo que convierten a las islas en la cuarta comunidad con más incidencia de este problema. “Podrían estar sirviendo para incrementar la oferta de vivienda asequible en Canarias, en lugar de expulsar a miles de canarios y canarias de sus barrios, de sus ciudades y, en definitiva, de sus islas”, aseguraba desde el Ministerio. 

Medidas urgentes de aplicación inmediata

Frente a esta situación, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife y Derecho al Techo en Gran Canaria defienden un Plan de Emergencia Habitacional, en el que se incluyen de 13 medidas urgentes que pueden ser de aplicación inmediata, “dirigidas a intervenir directamente sobre el mercado de la vivienda y acabar con la gentrificación de nuestros barrios”, aseguran. 

La primera medida es la declaración inmediata de zonas tensionadas y aplicación efectiva de topes al alquiler, a lo que el Gobierno de Fernando Clavijo se ha negado insistentemente, llegando a desechar la idea de declarar Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada, afirmando que en Canarias “no hay grandes tenedores de vivienda”. 

Los colectivos convocantes también proponen alquileres indefinidos para garantizar estabilidad habitacional, y la recuperación de viviendas vacías mediante políticas fiscales “contundentes” a grandes tenedores, como las de bancos o fondos buitre para destinarla a vivienda protegida y/o alquiler asequible. Proponen que se les incremente el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y se les penalice fiscalmente por tener vacías las viviendas, en lugar de los actuales incentivos voluntarios.  

También plantean el fin de la compra especulativa de vivienda, con prohibición de adquisición por parte de fondos de inversión, empresas, grandes capitales y personas físicas, sin importar origen.

Exigen la eliminación de campañas institucionales para atraer nómadas digitales, “que tensionan el mercado residencial y reducen la oferta de vivienda habitual”. También reclaman el control del suelo público para poner “fin de su cesión a intereses privados o turísticos, adecuación de la planificación urbanística a la capacidad de carga del territorio insular y regulación de la implantación de franquicias mediante instrumentos urbanísticos”, que protejan el comercio de proximidad y la diversidad económica de los barrios.

Ambos colectivos rechazan contundentemente los criterios excluyentes en el acceso a vivienda pública, y piden que se eliminen los requisitos económicos o administrativos que expulsan a los sectores más precarizados del acceso a la vivienda social. 

Las organizaciones reclaman la recuperación de pisos turísticos y alquileres temporales para su incorporación al uso residencial, incluyendo la paralización de nuevas licencias de vivienda vacacional. Requieren que se amplíe y blinde el parque público de vivienda mediante la incorporación de vivienda de la SAREB y otros activos públicos, evitando su privatización futura.

Otras de sus propuestas son: el Derecho de tanteo y retracto para las administraciones públicas en la compra de edificios, la obligación de destinar el 50% de toda nueva construcción o gran rehabilitación a vivienda pública o alquiler asequible.

Y por último piden la suspensión total de los desahucios sin alternativa habitacional garantizada por las administraciones públicas, y que se ilegalice a las empresas de desocupación para poner fin a los desalojos extrajudiciales.

Abrir un nuevo ciclo de movilización social

Las organizaciones critican que “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del archipiélago” y denuncian que el actual modelo económico “ha transformado la vivienda en un activo financiero” al servicio de la especulación inmobiliaria, los fondos de inversión y los grandes propietarios. “La vivienda no puede seguir tratándose como una mercancía sometida a la lógica del beneficio privado”, aseguran.  

Desde Derecho al Techo y el Sindicato de Inquilinas de Tenerife hacen un llamamiento para participar en las manifestaciones del próximo 20, 26 y 27 de junio, para convertirlas en una demostración de fuerza capaz de abrir un nuevo ciclo de lucha por el derecho a la vivienda en Canarias.

Cuándo y dónde serán las manifestaciones: 

Miembros del Sindicato de Inquilinas han interrumpido este lunes un acto en el que participaba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el foro “II Edición-Inmobiliario 360º” organizado por El País.

Los miembros del sindicato han reprochado a la ministra que no hiciera nada para frenar el desahucio de Maricarmen, de 87 años y la han acusado de mentir, mientras la ministra les agradecía su movilización.

Tras esta interrupción, que ha provocado el corte de la emisión en directo, la presentadora del acto ha lamentado lo ocurrido y ha subrayado que este foro no era para organizar esto.

Una vez solventado el problema, la ministra de Vivienda ha abogado por centrarse en las soluciones, algunas con carácter de emergencia, priorizando el parque público.

También ha insistido en que hay que ahondar en el acuerdo, ya que en el ámbito político es donde menos acuerdos se han alcanzado en los tres años que es ministra.

Por ello, ha pedido a los diputados que atiendan a la demanda social.

Además, ha apelado al consenso en el Parlamento para aumentar la regulación y ha agregado que no se puede seguir creciendo de forma extraordinaria si no se da una solución a este problema de la vivienda porque “llegarán los populismos y las soluciones fáciles”.

“Hemos interrumpido su discurso para preguntarle qué piensan hacer ella y el Gobierno con la barbaridad que está pasando con Maricarmen, que tiene un desahucio la semana que viene y que la está matando. Hoy iba a venir ella misma pero no ha podido porque su salud empeora cada día por el desahucio al que la someten. Por eso hemos interpelado para pedir qué piensa hacer con un desahucio que hasta la ONU ha dicho que es ilegal. Que se deje de palabras bonitas y que diga qué va a hacer el Gobierno, que hasta ahora ha estado del lado de la especulación”, ha explicado posteriormente Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Según informa El País, ante la interrupción, la ministra optó por intentar tender puentes. “Peleamos por lo mismo”, les dijo antes de agradecer el papel de los colectivos. También pidió a los organizadores del evento que en futuras ediciones den voz a organizaciones como el Sindicato de Inquilinas.

Tinita tiene 88 años, una enfermedad cardiaca, fallos renales, una dependencia del 83% que requiere una atención personalizada durante 24 horas y es víctima de violencia de género. Vive en una casa adaptada en el pueblo de Berció, en el concejo asturiano de Grado, que hoy, ocho años después de su divorcio, su exmarido quiere recuperar tras iniciar un procedimiento por desahucio contra ella.

A las diez de esta mañana se cumplía el plazo, pero esta vez Tinita ha tenido suerte porque se ha concedido un aplazamiento de diez días.

La negociación

Es el plazo que han conseguido tras una negociación entre abogados y ante la presencia de familiares y representantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias que respalda y acompaña a Tinita en su lucha para mantenerse en su casa “de toda la vida”.

Los malos tratos y el divorcio

Su nieto, Ignacio Álvarez, ha actuado como portavoz familiar. Ha denunciado la delicada situación de su abuela, con graves problemas de salud que se ven acentuados por la tensión de esta orden de desahucio que tiene encima.

Ha explicado que las fuertes creencias religiosas de Tinita están detrás del hecho de que durante las seis décadas que permaneció casada no denunciara a su pareja por violencia de género.

Sin embargo, la situación cambió cuando hace ocho años el matrimonio se divorció. Ella le denunció y él fue condenado por malos tratos en 2021.

La casa “de toda la vida”

Con la separación y posterior divorcio, se ejecutó la disolución de los bienes gananciales y, por diversas vicisitudes y trámites fuera de plazo que la familia achaca a la mala gestión de un abogado de oficio, el juzgado otorgó la casa al exmarido, a pesar de que la vivienda fue edificada hace 40 años en unos terrenos de la familia paterna de Tinita.

Los familiares han intentado por todos los medios evitar que se llegara a este momento y, según confirma el nieto, se le han ofrecido al exmarido distintas opciones, desde darle el valor de la casa a comprarle un apartamento en Oviedo.

“Solo actúa por venganza”

“Él ha respondido literalmente que lo que quiere es tirar la casa con mi abuela dentro. Es venganza, no hay otra palabra”, asevera Ignacio Álvarez para indicar cuáles son, a su juicio, las intenciones del exmarido tras descartar, una por una, todas las ofertas que le plantearon.

Tinita tiene demencia con momentos de lucidez en los que llega a decir que “la quieren llevar” y al nieto se le parte el alma al escucharla porque teme que si se llega a ejecutar la orden de desahucio, el resultado puede desembocar “en algo fatal”.

El plazo de prórroga ya ha empezado a correr de nuevo y solo les queda la esperanza de que, antes de agotar los diez días, se llegue a una solución favorable para Tinita.

La Organización de Naciones Unidas da de plazo a España hasta diciembre para informar de las medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional de Maricarmen, vecina de 87 años de Madrid que lleva más de 70 años residiendo en su vivienda. La ONU pide que se suspenda el desahucio mientras tramitan el procedimiento o que den alternativa habitacional adecuada a Maricarmen.

Después de una denuncia presentada a la ONU por la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, en coordinación con el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comite DESC) ha comunicado al Juzgado la existencia de esta denuncia. Da plazo al Estado hasta diciembre para emitir un informe sobre las medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional de Maricarmen y solicita que se suspenda el desahucio o que ofrezcan alternativa habitacional adecuada.

Maricarmen lleva más de cinco años peleando contra el fondo buitre Urbagestión, que compró su bloque en 2018 y que pretende desahuciarla para especular con su vivienda. En ella ha pasado casi toda su vida. Cuando murió su padre, siendo ella muy joven, quedó subrogada a su madre debido a que la normativa franquista consideraba ya una delegación el paso de la propiedad del varón a la mujer. Por ello, cuando la progenitora falleció, Maricarmen no pudo beneficiarse de un alquiler de renta antigua (restringido a las primeras subrogaciones anteriores a que la Ley Boyer degorara esta figura).

El próximo 24 de junio Maricarmen se enfrenta a su tercer intento de desalojo, tras la paralización del primero en octubre de 2025 gracias a la presión y organización sindical y el aplazamiento del segundo intento de desahucio este 3 de junio en una medida que para el Sindicato de Inquilinas ha sido un “burdo intento” para desmovilizar todo el apoyo social que estaba recibiendo Maricarmen.

La paralización del desalojo, en manos de la Justicia

Ahora, tras el informe de la ONU, la jueza tiene la facultad de suspender el desahucio mientras se tramita la denuncia presentada a la ONU “para evitar daños irreparables a la autora (Maricamen)”. Entre tanto, la comunicación está siendo estudiada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan que, si se ejecuta el desahucio el próximo 24 de junio, sería un desahucio ilegal, en contra de los tratados internacionales (de los que España es parte) y las recomendaciones de la ONU.

Una vez evitado el primer intento de desahucio a Maricarmen, varias organizaciones enviaron al Ministerio de Vivienda un dossier con alternativas para solucionar el conflicto de Maricarmen. La propia Maricarmen escribió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Seis meses después, ninguna de las dos comunicaciones han recibido respuesta.

Denuncian desde el Sindicato de Inquilinas que tanto la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, como el Ayuntamiento de Madrid que comanda José Luis Martinez-Almeida tampoco han ofrecido ninguna alternativa habitacional a Maricarmen.

Una campaña conjunta del Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas de Catalunya), la PAH y hasta media docena de sindicatos laborales ha iniciado este sábado a las 10 horas una macroenquesta sobre el coste de la vida. En la iniciativa participan 1.806 voluntarios, inscritos previamente, que recorren plazas, calles y hogares de 42 municipios para pulsar la opinión ciudadana sobre los alquileres, los salarios y la posibilidad de convocar una huelga general.

La macroencuesta, impulsada por once sindicatos laborales y de vivienda agrupados en la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes —entre los que figuran el Sindicat de Llogateres, la PAH, la CGT, la CNT y La Intersindical-CSC, la COS, la IAC, Cobas y Solidaritat Obrera—, cuenta con más de 51 puntos fijos repartidos por el territorio. En las últimas 24 horas se han sumado cuatro nuevos municipios: Santa Coloma de Gramenet, Sentmenat, el Prat de Llobregat y Montcada i Reixac.

“Lo que haremos hoy será escuchar qué quiere hacer el pueblo de Catalunya contra la crisis de la vivienda y el aumento de precios”, ha asegurado el portavoz Ruben Sáez, presente en el arranque de la encuesta en L'Hospitalet de Llobregat. “Preguntaremos a la gente si quiere o no hacer una huelga general contra la crisis de la vivienda y los salarios de mierda que nos ahogan desde hace tantos años”, ha añadido.

Los organizadores denuncian que el coste del alojamiento supera el 50% de los ingresos de muchos hogares mientras los beneficios empresariales alcanzan máximos históricos y los salarios permanecen estancados. La macroenquesta se enmarca en la campaña Viure ens costa la vida (Vivir nos cuesta la vida) y pretende ser el primer paso hacia la convocatoria de una huelga general que, según los impulsores, permita avanzar en el derecho a la vivienda y en la mejora salarial.

Los primeros resultados se conocerán a las 18.30 horas en un acto final previsto en la plaza Can Fabra de Barcelona.

Maricarmen se queda. Al menos, 21 días más. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha comunicado que el gran lema contra el desahucio de la mujer de 87 años, residente en el distrito de Retiro, se ha materializado aunque de momento sea tan solo por tres semanas. El fondo inmobiliario Urbagestión mantiene así sus pretensiones de expulsar a la vecina de un piso en el que ha vivido 70 años.

“Han aplazado para desmovilizarnos”, sostiene una de las portavoces de la organización inquilina en un vídeo compartido en redes. Alicia del Río explica en el clip que el desalojo queda ahora fijado para el miércoles 24 de junio. “No han solucionado nada, no han garantizado ninguna vivienda, solo nos dan 20 días de tortura”, expone.

Por ello, mantienen la convocatoria de un acto de protesta multitudinaria este mismo martes, desde las 18.30 en la biblioteca Eugenio Trías del parque del Retiro. A la movilización acudirán personalidades como Juan Diego Botto, Olga Rodríguez, Ismael Serrano o Alberto San Juan. Un evento que iba a preceder a una acampada para frener el lanzamiento de Maricarmen, originalmente previsto para el miércoles 3 de junio a primera hora de la mañana.

La situación de la inquilina se debe en gran parte al machismo imperante en la legislación franquista. “Las mujeres no podían entonces firmar contratos de alquiler”, contaba a elDiario.es sobre la primera firma del contrato, que hizo su padre en 1956. Al no poder firmar de primeras la madre, fue subrogada con la muerte del marido. Acogida a las rentas antiguas previas al decreto Boyer que acabó con los contratos indefinidos de alquiler, tan solo se permitía una subrogación indefinida, por lo que la muerte de la madre en 2005 terminó con su blindaje. Como segunda subrogada, ya no estaba protegida.

Pese a ello, los antiguos propietarios respetaron su renta antigua. También lo hizo Renta Corporación, la inmobiliaria que compró en primera instancia la vivienda en el año 2018 y que le ofreció comprar la vivienda a un precio que no podía asumir. La empresa respetó la negativa, pero vendió la vivienda a la inmobiliaria Urbagestión, que solo le dio la opción de quedarse con un alquiler de 1.650 euros al mes. Esto es, más del triple de lo que paga a día de hoy, unos 500 euros. Una cifra inalcanzable para alguien que cobra una pensión de 1.400 euros.

Después de negarse, recibió la orden judicial de desahucio a finales de 2020: “Yo no sé quiénes son estos señores, nunca he hablado con ellos”. El juzgado número 90 de Madrid dio la razón al considerar que cuando se produjo su subrogación, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron, “tácitamente” y que los compradores mantienen esta aceptación. Pero la Audiencia Provincial y el Supremo se posicionaron con las pretensiones los propietarios y en 2024 llegó otra carta de desahucio. 

La respuesta ciudadana, última defensa ante la especulación y las resoluciones judiciales

Los dos primeros intentos de desahucio, el último el pasado mes de octubre (que también fue detenido en medio de una gran respuesta ciudadana y culminó con una rueda de prensa en la vía pública), fueron cancelados por la Justicia ante la presión social. Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas muestran su predisposición a frenarlo plantándose dentro del piso y en la mismísima puerta. “Espero que haya mucha gente”, dice Maricarmen, consciente de que su caso provoca una mayoritaria indignación.

Maricarmen ha escrito cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sin recibir contestación alguna. “El Ayuntamiento no va a comprar mi piso y la señora Ayuso tampoco. Quien tiene que comprar mi piso, o poner alquileres indefinidos, es el Gobierno de España. Invierten un dinero que van a recuperar después, pueden ponerlo en alquiler social cuando yo me muera. Y por lo menos no permiten a echar a la gente a la calle”, expone.

En los últimos meses, la mujer ha perdido gran parte de la movilidad y se ayuda de un caminador para moverse. “He tenido un problema bucal que creo que me ha afectado pero también el desgaste, la ansiedad, la angustia de estar luchando. He perdido tanta masa muscular que no puedo casi ni caminar. No me puedo tener en pie. El otro día fui a la manifestación en silla de ruedas, pero al menos fui. Que es lo que tiene que hacer la gente, salir a protestar. Y yo puedo ser la mecha que enciende una primera vela, pero detrás tienen que venir muchas velas y que la gente no se marche” clama. 

Desde Urbagestión se amparan en la sentencia del Supremo, que dice que el contrato de arrendamiento quedó extinguido tras la muerte de la madre de Carmen, ya que ella no tiene el 65% de minusvalía que le concedería la posibilidad de una segunda subrogación. Aseguran igualmente que la última renta la pagó Maricarmen en 2024 y que fue de 203 euros, no de 500. 

“¡Vuestras políticas nos echan de nuestros barrios, hipócritas!” fue el grito dirigido hacia el Gobierno de Almeida que escucharon sus concejales este martes, durante el Pleno mensual que se celebraba en el Ayuntamiento de Madrid. Hablaba en ese momento del delegado de Urbanismo, Borja Carabante, cuando miembros del Sindicato de Inquilinas lanzaron folletos sobre los ediles y gritaron consignas de protesta por la situación de la vivienda.

Una decena de miembros de la organización siguieron diciendo otras consignas: “¡Fuera buitres de nuestros barrios!”, “¡menos pisos turísticos de nuestros barrios, más vecinas!”, reclamaban desde la tribuna de invitados mientras los servicios municipales intentaban llevárselos fuera del salón de plenos. “A trabajar como todo el mundo”, se escucha a uno de ellos en la grabación del momento a la que ha tenido acceso este periódico.

La imagen de la protesta no fue captada por la restransmisión del Pleno que ofrece el Ayuntamiento de Madrid, como sí había sucedido otras veces. Las cámaras se quedaron fijas en el concejal de Urbanismo mirando a los invitados y no ofrecieron planos de lo que estaba pasando más arriba. Solo se enfocó la zona superior cuando ya estaban saliendo, en un plano general. Mientras, los ediles de la izquierda aplaudían la protesta.

Carabante aseguraba en este momento que iba a votar en contra de la propuesta de Más Madrid para retirar el Plan Reside. Una regulación urbanística que está favoreciendo el vaciado de edificios residenciales enteros para dedicarlos a uso turístico. Esta semana un fondo de inversión ha fijado el desahucio de uno de ellos en Tetuán. Algunos de los afectados estaban este martes en Cibeles.

La protesta del Sindicato de Inquilinas tiene lugar dos días después de la gran manifestación por la vivienda que tuvo lugar en el centro de Madrid y dos meses después de que otra acción similar acabara también con la expulsión de varios de sus miembros durante el Pleno de marzo en Cibeles. En esa ocasión las cámaras municipales sí que apuntaron a los protagonistas de las reivindicaciones.

El Pleno de este mes de mayo era el primero en el que se aplicaba un nuevo reglamento que impedía a los invitados de los grupos políticos vestir camisetas reivindicativas o llevar banderas. Todos los concejales tienen derecho a traer a varias personas a los plenos, que suelen ser protagonistas o colectivos relacionados con las iniciativas a debate. La socialista Reyes Maroto ha denunciado estas restricciones mostrando en uno de sus turnos de palabra una camiseta del movimiento No al cantón en Montecarmelo.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado entre protestas del Sindicato de Inquilinas que incorporará a Casa 47, la empresa pública de vivienda, las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social y frenará todas las subastas y ventas. Lo ha dicho mientras activistas de la vivienda se encerraban en la sede de la Seguridad Social “hasta que las 800 viviendas sean públicas”.

El acuerdo ya estaba cerrado antes de las protestas, informan desde el Ministerio y reconocen desde el Sindicato, pero “el Gobierno incumplió el compromiso” y puso viviendas a subasta posteriormente, dicen desde el colectivo, lo cual les ha llevado a las calles. Además, denuncian que el Ministerio no haya aceptado las pórrogas de los contratos de alquiler de los inquilinos que hoy viven allí y que incluso se hayan ejecutado órdenes de desahucios-

El acuerdo llega después de que, el pasado abril, la subdirectora general de Gestión del Patrimonio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones denegara la prórroga de dos años solicitada por inquilinos de viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social en barrios del centro de Madrid como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico.

El Sindicato se ha manifestado solo dos días antes de la gran manifestación por la vivienda el próximo domingo y exigía al Gobierno y a la Tesorería General de la Seguridad Social “poner fin a los procedimientos de desahucio de las inquilinas de la TGSS, poner fin a todas las subastas para garantizar la permanencia de las viviendas públicas, ceder una parte de los locales comerciales a sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro que defienden el derecho a la vivienda o alquilar locales a cooperativas sociales”.

Las activistas también pedían “ceder los solares urbanizables disponibles para la construcción de vivienda público-cooperativa en cesión de uso cuyos requisitos de entrada sean los mismos que los de las VPO” o “ceder solares no urbanizables a asociaciones con finalidad de construir huertos urbanos y refugios climáticos”.

“No nos vamos hasta conseguir un acuerdo. Es intolerable que se subasten viviendas públicas de la Tesorería a fondos buitre”, ha asegurado tras el encierro Alicia del Río, portavoz del Sindicato. “Mientras tanto, todas las vecinas están recibiendo órdenes de desahucio. Exigimos el fin de los desahucios, la renovación de los contratos y el fin de las subastas”, ha señalado. “No puede ser que el Gobierno que se dice progresista se comporte como el peor fondo buitre diciendo que va a construir vivienda mientras dilapida las que ya están construidas”. “Esto lo hemos hablado, se habían comprometido a paralizar las subastas y ayer vimos una. Subastan viviendas, locales y solares que deberían ser de la ciudadanía. No nos vamos a ir hasta que no vengan la ministra Elma Saiz e Isabel Rodríguez y se alcance un acuerdo”.

Las inquilinas denunciaban que las 800 viviendas que quieren proteger “fueron gestionadas inicialmente por la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), un programa del gobierno de Zapatero que promovió el acceso a la vivienda para jóvenes. Sin embargo, desde la disolución del programa y la reabsorción por parte de la TGSS, los alquileres han subido un 30% y, ahora, el Estado pretende vender estos inmuebles a inversores a precios desorbitados, sin ofrecer alternativas viables a las vecinas que llevan casi dos décadas habitando sus hogares”.

Por eso denunciaban “la contradicción entre los discursos del Gobierno y la realidad de sus políticas”: “Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la ministra Rodríguez hablan de blindar y ampliar el parque público de vivienda, la Tesorería expulsa a decenas de familias de sus hogares y vende el patrimonio público”.El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está trabajando con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para incorporar las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) al parque público estatal de alquiler asequible.

Este domingo 24 de mayo, las calles de Madrid volverán a llenarse de personas en defensa del derecho a la vivienda. Diversos colectivos de vivienda y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid han convocado una nueva jornada de movilización en la capital con el objetivo de denunciar el encarecimiento del alquiler, la dificultad de acceso a una vivienda digna y las consecuencias sociales derivadas de la crisis habitacional. La protesta arrancará a las 12.00 horas desde Atocha y recorrerá el centro de la ciudad bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios”.

La convocatoria llega apenas algo más de un año después de la gran manifestación celebrada el 5 de abril de 2025, cuando miles de personas salieron a las calles de Madrid para reclamar medidas urgentes que pusieran freno a lo que los organizadores calificaron como “el negocio de la vivienda”. Aquella protesta llegó a movilizar a más de 15.000 manifestantes según la Delegación del Gobierno.

Ahora, los colectivos convocantes vuelven a llamar a la movilización con el argumento de que la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado. Según denuncian, Madrid atraviesa una “crisis de vivienda sin precedentes”, marcada por el aumento continuado de los precios del alquiler, el acceso prácticamente prohibitivo a la compra de vivienda y una creciente precarización de las condiciones habitacionales, con fenómenos como el hacinamiento, contratos abusivos o una presión económica cada vez mayor sobre los hogares.

La protesta de este domingo, impulsada principalmente por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, pretende además reclamar una respuesta más contundente de las administraciones públicas ante un problema que consideran estructural. Los convocantes sostienen que el coste de la vivienda se ha convertido en un factor de empobrecimiento y expulsión de vecinos de sus barrios, denunciando que, en muchos casos, una gran parte de los salarios se destina exclusivamente al pago del alquiler, mientras el mercado continúa tensionándose.

Los organizadores defienden que la movilización busca visibilizar el rechazo a un modelo inmobiliario que, a su juicio, favorece la especulación y dificulta el acceso a una vivienda digna. Además, hacen un llamamiento amplio a la participación de vecinos, tanto inquilinos como propietarios, al considerar que la crisis de la vivienda afecta de forma transversal a la ciudad y exige medidas que permitan frenar el incremento de precios y garantizar condiciones de vida más accesibles.

 A continuación, recopilamos la información imprescindible de la movilización:

¿A qué hora tendrá lugar y desde dónde partirá?

La manifestación tendrá lugar este domingo 24 de mayo a las 12.00 horas y partirá desde Atocha. La marcha finalizará junto al Metro de Sevilla.

¿Cómo llegar?

La estación de Metro más cercana al punto de inicio de la marcha es Atocha (L1), que además cuenta con conexión con todos los trenes de la red de Cercanías de Madrid. En cuanto a los autobuses, pueden emplearse las líneas 10, 14, 19, 24, 26, 32, 37, 54, 57, 59, C1, C2, 85, 86, 102, 141, 203 y 001. El final de la protesta se sitúa junto a la estación de Metro de Sevilla (L2).

¿Quién convoca?

En esta ocasión, la manifestación ha sido convocado principalmente por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, aunque se trata de una protesta apoyada masivamente por otros colectivos de vivienda de la Comunidad de Madrid, así como otras entidades como Sindicatos como CGT, colectivos como Bomberxs contra los Desahucios, colectivos antirracistas, ecologistas y feministas.

¿Cuáles son las reivindicaciones principales?

Entre las principales reivindicaciones de los manifestantes figura la bajada de los precios del alquiler, en un contexto que califican de “insostenible”. Según denuncian desde el Sindicato de Inquilinas, el coste del arrendamiento en Madrid ha aumentado más de un 50% en los últimos cinco años, hasta situarse por encima de los 1.500 euros mensuales de media en la Comunidad. A ello suman que muchas familias destinan ya más del 70% de sus ingresos al pago de la vivienda, motivo por el que reclaman medidas como contratos indefinidos que aporten estabilidad residencial, el fin del fraude asociado a alquileres de habitaciones y de temporada, la recuperación de viviendas en manos de fondos de inversión y la ampliación de un parque público de vivienda que permanezca fuera del mercado privado.

Los organizadores también ponen el foco en el modelo económico y político que, a su juicio, sostiene la crisis habitacional. Desde el Sindicato de Inquilinas critican que determinados discursos políticos traten de señalar a colectivos vulnerables como responsables del problema, cuando consideran que el origen está en la especulación inmobiliaria y en políticas públicas insuficientes. Asimismo, sostienen que la situación afecta tanto a inquilinos como a parte de los pequeños propietarios, y defienden que la respuesta pasa por reforzar la organización vecinal y sindical para presionar a favor de cambios estructurales en el acceso a la vivienda.

¿Habrá movilizaciones en otras ciudades?

Sí, habrá más manifestaciones en otras ciudades aunque no todas serán en las mismas fechas. Las protestas se iniciarán en Guadalajara el 23 de mayo. El día siguiente, 24 de mayo, será una fecha clave con convocatorias simultáneas en Madrid, Teruel, Zaragoza y Badajoz. El mes cerrará con protestas en Burgos, Logroño y Murcia el día 30 y en Valladolid el día 31.

Al inicio de junio, el día 5, la cita será en Vigo. El 6 de junio se convertirá en la jornada de mayor intensidad, con convocatorias en Catalunya, València, Alicante, Xixón, A Coruña, Ourense, Segovia, Cantabria, Ávila y Santiago de Compostela. La campaña de movilizaciones concluirá en Salamanca (21 de junio), en Málaga y Cádiz (27 de junio) y Gran Canaria (28 de junio).

Hay más de 34.000 demandantes de vivienda social en Canarias. Mientras, el gobierno autonómico entrega a cuenta gotas las poquísimas casas de promoción pública que construye, 24 en los últimos tres años. Prometen que habrá más, pero ahora quienes soliciten una de estas viviendas tendrán que demostrar que residen en las islas, como poco, desde hace 12 años.  

Distintas asociaciones y plataformas por el derecho a la vivienda acusan de “discriminatoria e ineficaz” la nueva regulación por la que se accede a las viviendas de promoción pública en Canarias. Piden que se paralicen los desahucios, que las administraciones pongan a disposición “muchas más viviendas sociales públicas” y critican “las exigencias y burocracia” de la nueva normativa. 

Ya se están desplegando los primeros efectos del polémico Decreto 23/2026 que regula en Canarias el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública, en vigor desde el pasado 7 de abril. 

Desde 2007, la vivienda pública se adjudicaba por sorteo entre quienes cumplieran el requisito de residencia de 7 años. Ahora, es un sistema de baremación basado en criterios sociales, como que los ingresos que no superen los 21.000 euros anuales para la vivienda de promoción pública, o los 42.000 euros para viviendas de promoción privadas. Sólo podrán registrarse quienes lleven un mínimo de cuatro años residiendo en las islas. Pero además, los demandantes de vivienda pública tendrán que demostrar un arraigo de 12 años de residencia continuada en Canarias, o 15 en el caso de residencia discontinua. Además, hay que tener cinco años de residencia o vinculación laboral en el municipio donde se ubique la vivienda. 

De este modo, Canarias se ha convertido en la primera región española que exige residencia fija en la comunidad autónoma. Y este es uno de los aspectos más polémicos de la nueva normativa. 

Una normativa polémica

Para el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura el reglamento de acceso es “extremadamente exigente para la gente trabajadora con menos recursos, que es para quien debería ser la vivienda protegida”. Califican la medida de “electoralista”, y señalan que se ha hecho “bajo la falsa premisa de los canarios primero”. Explican que si el actual gobierno “de verdad piensa en los canarios y canarias, que intervenga de una vez el mercado inmobiliario y facilite el acceso a una vivienda digna a todos, independientemente de sus dineros en el banco”. 

Para la plataforma Derecho al Techo de Gran Canaria, lo único que se está consiguiendo es “burocratizar más la vulnerabilidad para intentar reducir las listas de espera de acceso a la vivienda pública, con un gravísimo riesgo de exclusión silenciosa. Se está demostrando que el problema central sigue intacto, y es la falta de vivienda pública”, aseguran. 

En el mismo sentido el Sindicato de Inquilinas de Tenerife considera que la parte de la población que no cumple con los nuevos requisitos del Gobierno de Canarias “quedan directamente discriminadas”. Y asegura que así serán menos personas para “competir por la insuficiente cantidad de vivienda pública que hay y habrá”, sentencian. 

Un decreto contra los Derechos Humanos

Desde el Observatorio de Derechos Humanos DESCA afirman que el decreto del Gobierno de Canaria va contra el derecho de igualdad de trato y a la no discriminación. “A nivel jurídico el decreto incumple casi cualquier tratado internacional en materia de Derechos Humanos, incluso la Constitución Española y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias”, asegura Miguel Ruiz, abogado e investigador del Observatorio DESCA.  

Todas estas organizaciones señalan que este decreto perjudica a las personas migrantes “ya de por sí vulnerables”. Para el Observatorio DESCA esta normativa es “propia de gobiernos de extrema derecha que piden la prioridad nacional”. Y aseveran que esta normativa discrimina por “prioridad de origen y de clase”.

“En general este decreto tiene ganas de excluir, de discriminar y de reducir a muchísima población. Y aboca a una situación de sinhogarismo. Luego lamentamos que haya personas sin hogar, pero la propia normativa ya las está condenando a ellas”, asegura Ruiz.

Prioridad de vivienda para ricos

Aunque vivimos en un contexto social de emergencia habitacional, Canarias ha ascendido hasta el “Olimpo inmobiliario del lujo”. Según un reciente informe publicado por la red inmobiliaria The Simple Rent, las islas concentran aproximadamente el 12% del mercado de lujo nacional. Canarias es la tercera comunidad autónoma de España donde más residencias de lujo se venden. Sólo por detrás de Baleares y Madrid, y por delante de la Costa del Sol. 

Desde el Observatorio DESCA señalan que el Gobierno canario está “disfrazando el problema de que es una cuestión de prioridad nacional, está comprando el discurso a PP y Vox. Entonces, están dando prioridad solo para los ricos”, aseguran. 

Explican que el sentido del decreto va encaminado a legislar “contra la gente migrante pobre, pero a la rica se la sigue favoreciendo o no se actúa absolutamente en nada para evitar la especulación de la cual se benefician”.

Cómo solucionar el problema de vivienda

Javier Marrero de la plataforma Derecho al Techo sostiene que “seguimos sin un cambio de paradigma en la política de vivienda”. Considera que las administraciones canarias están ocultando lo que realmente hay que acometer, como: una “ampliación masiva y urgente del parque público y social de vivienda, aplicar la ley de vivienda y declarar zonas tensionadas regulando los precios de los alquileres, limitar e inspeccionar la vivienda vacacional en áreas residenciales, y movilizar inmediatamente las vivienda vacías de grandes tenedores”. 

“En las zonas turísticas, la vivienda está secuestrada, y se tiene que prohibir”, afirman desde el Observatorio DESCA. Miguel Ruíz recuerda que en Cataluña se han extinguido las licencias turísticas hasta 2028. “Nada más se permiten viviendas turísticas en aquellos municipios que garanticen que no tienen ningún problema de vivienda”, y recuerda que ahora mismo no hay ninguno. Tampoco los hay en las islas.

Ruíz explica que en esta situación de emergencia residencial, “como así lo ha establecido por decreto el Gobierno de Canarias, se tiene que limitar esta situación”. Y señala que el gobierno canario también dijo que “iba a limitar las compras de no residentes. Esto jurídicamente es viable, con Observatorio lo estudiamos en su momento”, apunta. 

Además de blindar el parque público de vivienda, las soluciones pasarían por “movilizar el suelo”. También proponen que el gobierno autonómico “debe establecer un tanteo y retracto de la mayoría de operaciones que se hagan en materia de vivienda, para poder comprar viviendas a bajo precio”. 

Todos coinciden que la principal medida sería topar los alquileres, “cualquier persona sensata lo haría”, afirman desde el observatorio DESCA, y recuerdan que en Cataluña esa medida ya está en marcha con éxito. “Aunque no se ha solucionado la crisis de viviendas, para las 230.000 familias que viven de alquiler en Metropolitana, está funcionando”.

Otra medida mencionada sería “poner impuestos a las viviendas vacías”. Ruíz explica que no hace falta que se a todas las viviendas vacías, sólo con gravar las de los grandes tenedores, “SAREB, fondos de inversión, fondos buitre, recauda normalmente entre ocho o nueve millones de euros al año. Que no soluciona el problema de vivienda, pero bueno, se pueden comprar muchas viviendas. Se pueden comprar edificios enteros”, concluye.  

La conclusión de todos los colectivos mencionados es legislar con “políticas públicas valientes contra la especulación”. O como dice el mandato constitucional: “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. 

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha anunciado este miércoles en rueda de prensa una llamada a la “desobediencia inquilina” que comenzará con la movilización del domingo 24 de mayo bajo el lema La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios.

Una rueda de prensa en la que Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha estado acompañada de Damian Rodríguez (COESPE) y Elisa Montero (Confederación de Sindicatos de Inquilinas). Esta manifestación tiene un carácter de urgencia, exponen, dada la “actual crisis de la vivienda en el Estado” y tendrá un recorrido desde las 12.00 en Atocha y hasta el Metro Sevilla, donde finalizará.

Se trata de una protesta apoyada masivamente por otros colectivos de vivienda de la Comunidad de Madrid, así como otras entidades como Sindicatos como CGT, colectivos como Bomberxs contra los Desahucios, colectivos antirracistas, ecologistas y feministas.

El alquiler ha subido en Madrid “más de un 50% en los últimos cinco años, con un coste medio en toda la Comunidad de más de 1.500 euros al mes”, lamentan los convocantes. “Se dedica más del 70% de los salarios al pago del alquiler, es decir, que 3 de cada 4 días trabajados son para los caseros. Mientras tanto, los gobiernos siguen sin responder con firmeza a esta situación, permitiendo que la especulación campe a sus anchas. Se necesita bajar los precios de los alquileres, contratos indefinidos que den estabilidad a quien habita las viviendas, acabar con el fraude de alquileres de habitaciones y temporada, recuperar las viviendas de los fondos buitre y crear un parque de vivienda público que no acabe en manos privadas”.

“La derecha y la ultraderecha intentan desestabilizar a la población que sufre por los precios de la vivienda, señalando a la población migrante, a la ocupación o a las pensionistas como culpables para provocar enfrentamientos entre las últimas y las penúltimas. También se busca confrontar a inquilinos y propietarios, cuando la gran mayoría de los propietarios de vivienda también están cansados de las consecuencias del rentismo, al ver como sus barrios son transformados en parques turísticos y a sus familiares, vecinos y amigos les cuesta la vida alquilar una vivienda”, añaden desde el Sindicato de Inquilinas.

“Utilizar el racismo y los discursos de odio no tapa su negocio. Esta crisis ha sido provocada y sigue siendo sostenida por rentistas, inmobiliarias, fondos, bancos, empresas de alarmas y grandes conglomerados inmobiliarios, así como por los gobiernos y las instituciones públicas que han posibilitado este modelo con sus políticas, interviniendo el mercado a favor de la especulación”, precisan. Por ello, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan que “la solución pasa por la organización sindical y vecinal, y pasar a una fase de desobediencia hasta acabar con el negocio de la vivienda”.

Movilizaciones por todo el país

La ofensiva inquilina se articula a través de un cronograma extenso para asegurar una presencia sostenida en las calles. Las protestas se iniciarán en Guadalajara el 23 de mayo. El día siguiente, 24 de mayo, será una fecha clave con convocatorias simultáneas en Madrid, Teruel, Zaragoza y Badajoz. El mes cerrará con protestas en Burgos, Logroño y Murcia el día 30 y en Valladolid el día 31.

Al inicio de junio, el día 5, la cita será en Vigo. El 6 de junio se convertirá en la jornada de mayor intensidad, con convocatorias en Catalunya, València, Alicante, Xixón, A Coruña, Ourense, Segovia, Cantabria, Ávila y Santiago de Compostela. La campaña de movilizaciones concluirá en Salamanca (21 de junio), en Málaga y Cádiz (27 de junio) y Gran Canaria (28 de junio).

El líder de Desokupa confirma que viene a Tenerife al concierto de Craig David, anunciado como el cierre del evento Fit Experience Fest. “Me voy a Tenerife al festival de un amigo”, asegura en redes sociales Daniel Esteve, líder de Desokupa, y en sus propias palabras, “amigo” de algún organizador del Fit Experience Fest, el polémico evento que tendrá lugar por tercer año consecutivo, este sábado 9 de mayo, en el Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife. 

El Sindicato de Inquilinas de Tenerife, lo ha criticado duramente y sigue exigiendo al Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y especialmente al Ayuntamiento de Santa Cruz, que retiren su apoyo a este festival por sus vínculos con “redes de extrema derecha, como Desokupa”. Hace días el Sindicato de Inquilinas de Tenerife emprendía una recogida de firmas en la plataforma Resist.es para pedir a las administraciones que retiren todo su apoyo al evento. En tres días han reunido más de 1.500 firmas. 

Bajo el disfraz de “evento familiar e inclusivo, este festival no es más que una pasarela de propaganda para empresas que son el pulmón económico de la extrema derecha más violenta”, aseguran desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife.

La Viceconsejería de Deportes del Gobierno de Canarias confirmaba a esta redacción que colaboran con este evento a través de un “contrato de patrocinio deportivo por importe de 14.900 euros”. El Cabildo de Tenerife prefería no responder a las preguntas de este periódico. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se limitaba a “remitir al comunicado de la empresa organizadora”, en el que se aseguraba que “cualquier vinculación con la dirección u organización del evento es rotundamente falsa”.

Sin embargo, como se puede ver en las redes del líder de Desokupa, Daniel Esteve, asistirá al evento. “No soy parte de la organización, pero como me invitan”, asegura Esteve, y añade, “voy a pasar unos días en Tenerife, con ganas de ver a mis hermanos canarios”, mientras posa con productos de Lifrepro, marca organizadora del festival y sponsor del Club Desokupa, que dirige Esteve.  

El director ejecutivo de la empresa organizadora de este festival es Alejandro Monedero, quien en sus redes anima a inscribirse en el Club Desokupa. Uno de sus “instructores” es Daniel Toledo, alias ‘Jacare’, un conocido neonazi y exluchador de artes marciales que estuvo presente en ediciones anteriores del Fit Experience Fest. 

“Mientras miles de familias en nuestras islas viven bajo la amenaza constante del desahucio y la precariedad habitacional, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz han decidido dónde poner sus prioridades: blanqueando institucionalmente a quienes viven de la intimidación, otra vez”, aseguraban en un comunicado el Sindicato de Inquilinas de Tenerife.

“Una calle llena de furgones policiales para desahuciar a una persona que lleva 67 años en su casa”. Así denunciaba el Sindicato de Inquilinas de Madrid en sus redes sociales el nuevo despliegue para desalojar de su casa a Mariano Ordaz, vecino de la céntrica calle del Carnero que este jueves se enfrentaba al quinto intento de desalojo de un piso en el que ha pasado toda su vida y del que quiere expulsarle una orden religiosa.

Esta vez, ni siquiera la enorme movilización vecinal e inquilina ha logrado evitar su ejecución, apoyada por hasta ocho vehículos de gran tamaño de la Policía Nacional y decenas de efectivos. Como respuesta al lanzamiento y a la detención de dos personas, el Sindicato ha convocado una manifestación de urgencia este mismo jueves desde las 18.00 junto a la sede de la Brigada Política de Información de Madrid, situada en la calle Tacona del distrito de Moratalaz.

Una multitud de manifestantes, la mayoría de ellas jóvenes, se han concentrado junto al domicilio de Mariano desde primera hora de la mañana para evitar el desahucio y mostrar su apoyo a este vecino, muy querido en la zona. Dos de estas personas han llegado a colgarse de la fachada del edificio y han colgado una pancarta con un contundente mensaje dirigido a la orden católica: “Aquí no desahucia ni Dios”. Han permanecido en el aire durante más de nueve horas, desde las 6.00 de la madrugada, como medida de presión para suspender el lanzamiento: si alguien abría la puerta de casa de Mariano, caerían al vacío. Finalmente, bomberos del Ayuntamiento de Madrid han intervenido para que bajaran de las alturas tras colocar una colchoneta a nivel del suelo y ambas han sido arrestadas.

“Mariano no estás solo, estamos contigo” ha sido una de las proclamas que más han repetido los protagonistas de la movilización ante los agentes y furgones de la Policía Nacional movilizados. “Cuanta policía para echar a un pensionista”, lamentan desde el Sindicato de Inquilinas. También han vuelto a reprochar su “falta de humanidad” a la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, conocida como VOT, propietaria del inmueble.

Carolina Vilariño, miembro de la organización, denuncia que el dispositivo de este jueves “no tiene precedentes y está lleno de irregularidades”: “No han esperado a la Comisión Judicial y están intentando tirar la puerta abajo, han amenazado a las compañeras que resisten con un bidón de gasolina y quemarlas vivas dentro si no salen y hay dos vidas en riesgo”.

Con este último punto, Vilariño se refiere al dispositivo ideado desde el Sindicato para instar a las autoridades a que desistan del desalojo: “Hay un dispositivo en el que si se abre la puerta [del domicilio de Mariano] dos personas que están colgadas en la ventana del patio se precipitan al vacío. Los policías no están capacitados para esa operación, tendrían que venir bomberos”. “El delegado del Gobierno, Francisco Martín, es el responsable de lo que está ocurriendo y debe detenerlo. Es un dispositivo para favorecer al rentismo”, apostillan desde la agrupación en defensa de los derechos inquilinos. La operación para encaramarse al bloque ha sido ejecutada por dos miembros del grupo de militancia Acciones en Alturas.

Finalmente, efectivos del cuerpo de bomberos se han personado en el lugar pasada las 9.00 y han colocado una colchoneta bajo las dos personas encaramadas a la fachada. “Confiamos en que los bomberos del Ayuntamiento de Madrid no colaborarán en ejecutar este desahucio, solo en garantizar la seguridad de las compañeras que siguen colgadas. No dejaremos de gritar un segundo para que Mariano sepa que estamos con él”, trasladaba la organización. Vilariño ha apuntado luego que “los bomberos han dejado claro que desahuciar no es su función y se plantan, solo van a asegurar a las compañeras en caso de que la policía tire la puerta abajo”.

Imágenes posteriores muestran, no obstante, que los bomberos sí han comenzado a participar del desalojo. “La Comisión Judicial pretende ejecutar el desahucio, los bomberos se están preparando para entrar. La vida de dos compañeras corre peligro. Lo que estamos viviendo es una verdadera vergüenza”, publicaba en su perfil el Sindicato. Un mensaje que apuntaba ya hacia la culminación del desahucio, un hecho que ha adelantado Público y que confirman a Somos Madrid fuentes cercanas al caso.

Además de las irregularidades previas denunciadas por el Sindicato, afirman haber captado incluso una conversación entre dos agentes policiales donde uno de ellos deja las declaraciones siguientes, según el vídeo compartido con los medios y en sus redes: “Lo que tendría que tener es no tanto miramiento, dejar entrar y se acabó. ¿Qué se cae uno? El siguiente ya no se volverá a colgar”.

Ocho furgones de las fuerzas de seguridad han llegado a la calle del Carnero poco después de las 6.00 de madrugada, una temprana hora a la que ya había sin embargo un nutrido grupo de personas movilizado que se ha ido ampliando con el paso de las horas.

Desde el Sindicato han alertado asimismo de que no se ha permitido a un grupo de abogadas con labores de mediación conversar con la Comisión Judicial desplazada, un hecho que califican de “inaudito”: “No entendemos esto, queremos que puedan acceder y hacer su función”, afirma Vilariño. “La Comisión simplemente ha dicho que se va a ejecutar, pero nosotras seguimos resistiendo”, zanja.

El pasado miércoles, el Sindicato organizó ya una “vigilia contra el rentismo” a modo de acción simbólica de protesta contra las actuaciones de la la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís. A sus 67 años, tiempo en el que solo ha conocido esta casa donde nació cuando ya vivían en ella su abuela y sus padres, Mariano se enfrentaba a una difícil encrucijada. Tenía que decidirse entre su propia seguridad o el más que probable desahucio si abandona el piso para que la orden franciscana que ostenta la propiedad ejecuten los trabajos de reforma necesarios.

El techo de la cocina, carcomido por las humedades, se vino abajo el pasado 8 de noviembre. La estancia ha quedado inutilizable desde entonces, con la excepción de la nevera. La encimera, el fregadero o la propia cocina cedieron ante la caída de unos escombros ahora agolpados en una esquina. Seis meses después, pilotes colocados por los bomberos evitan el colapso de la estructura y la apuntalan.

Estos elementos también ocupan la mitad del baño, incluida la ducha, para reforzar la estabilidad. Mariano hace algunas elaboraciones con un hornillo o busca lugares baratos para comer. Se ducha en casas de amigos, la de su vecina o en el gimnasio de un centro social. No sabía si su vivienda regresará algún día a la normalidad y ahora ya no sabe ni siquiera si tendrá de nuevo una vivienda.

La propiedad solo se plegaba a acometer las obras necesarias si él la abandonaba. “Ahora que el desahucio se ha parado sin fecha, la propiedad tiene tiempo para las reformas acometidas sin echar a Mariano de la casa en la que lleva toda su vida”, apuntaba el Sindicato en un comunicado después de frenar el cuarto conato de desahucio. Pero en vez de eso, volvieron a la carga.

Y eso que la milenaria VOT cuenta con un extenso patrimonio inmobiliario en la ciudad de Madrid y sus alrededores. Entre sus propiedades se encuentra el Hospital VOT San Francisco de Asís, en el barrio de Embajadores. Este centro sanitario, ubicado a escasos diez minutos del domicilio de Mariano Ordaz, se inauguró en 1967 y es el más antiguo de Madrid. En las inmediaciones del propio domicilio de Mariano, en el número 1 de la calle del Carnero, varios inmuebles comerciales o residenciales pertenecen a la entidad religiosa.

Mariano estuvo a punto de ser desalojado (llegó a recibir una orden) ya en 2022, después de acumular impagos. No hubo caridad por parte de su casero, la VOT, conocida más recientemente como Orden Franciscana Seglar (OFS). Finalmente, aquel desalojo lo evitaron la movilización del Sindicato de Inquilinas y el freno judicial amparado en el decreto del Gobierno para la paralización de los desahucios a quienes acreditasen vulnerabilidad. Ahora el apoyo del Sindicato y la organización colectiva han sido el único escudo que le queda a Mariano y esta vez, por desgracia, no ha sido suficiente. Termina así una etapa de 67 años arraigada en un hogar del que ahora le despojan.