El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que la actitud de PP y Vox por “vilipendiar” a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su casa en Madrid fallecida días después y que ha sido un “revulsivo” para la sociedad, muestra su “maldad”.

“Vilipendiar a una persona de 87 años, discapacitada, expulsada de su vivienda y que muere en un hospital a los pocos días, es una muestra de maldad y esta sociedad no puede ser cómplice de eso”, ha respondido Puente en una entrevista en la Cadena SER desde el Colegio de San Gregorio, en Valladolid.

Respecto a la negativa del Ayuntamiento y de la Asamblea de Madrid a homenajear a la mujer en sus plenos y las acusaciones de manipulación política de la cuestión de la vivienda por parte del PP, el ministro ha reflexionado con que la derecha considera este caso “otro 11-M”, en referencia a los atentados de Atocha de 2004.

También ha asegurado que en España no está garantizado el derecho a la vivienda y ha destacado que resulta “intolerable” que se defienda el derecho a hacerse rico, en lugar de asegurar que “no haya pobres”.

“Esa es la disyuntiva que está detrás de la figura de Maricarmen: el derecho a una vivienda digna, a un salario digno, a una sanidad digna, a una educación digna, respetando el derecho de los demás a ser ricos, pero no anteponiéndolo o supeditándolo a que otros sean pobres”, ha afirmado.

Preguntado por lo que podía haber hecho este Gobierno, el ministro ha reconocido “probablemente no haya sido lo suficientemente previsor”, con otras urgencias como la pandemia, ante un problema que ha mostrado toda su crudeza durante los últimos tres años. Sin embargo, ha reconocido que su margen de maniobra es muy limitado al ser una competencia de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos y estar en minoría en el Congreso, por lo que ha defendido el adelanto electoral.

La plataforma Stop Alquileres Abusivos Cáceres ha vuelto a concentrarse esta vez frente a la sede del Partido Popular, en la calle San Pedro de Alcántara, para denunciar que el acceso a la vivienda “es un derecho y no un negocio” y para señalar directamente al PP por el bloqueo de las medidas que, a su juicio, podrían aliviar la situación de miles de familias. Después de manifestarse la semana pasada en la Subdelegación del Gobierno, esta protesta llega en un momento de tensión política tras el debate en el Congreso de los decretos relacionados con vivienda, que la plataforma consideraba insuficientes pero necesarios para frenar la escalada de precios y la precariedad habitacional.

La movilización, marcada por pancartas y consignas como 'Alquileres indefinidos', 'La vivienda es un derecho y nos lo quieren robar', 'Hace falta ya una huelga general', 'Pisos dignos, precios justos' o '¿De qué me sirve conseguir la beca si se la queda mi casero?', ha puesto de nuevo el foco en el encarecimiento de los alquileres y en las dificultades crecientes para acceder a un hogar digno en la ciudad. Para el colectivo, el decreto debatido en el Congreso, aunque “muy lejos de lo que necesitamos”, suponía un alivio inmediato para miles de personas que viven al límite de sus posibilidades económicas.

Los y las integrantes de Stop Alquileres Abusivos reclaman un cambio de modelo que deje de tratar la vivienda como un bien especulativo y la sitúe como un derecho universal, equiparable a la sanidad o la educación dentro del Estado del bienestar. “Estamos en un punto de no retorno, la gente ha despertado y se está impugnando el modelo completo, por eso vamos hacia la huelga general”, sostienen. Reconocen que el caso de Maricarmen —una vecina cuya situación se ha convertido en símbolo de la lucha por la vivienda también en Cáceres— tiene una “potencia simbólica enorme”, pero insisten en que el problema es estructural y afecta a miles de hogares.

La protesta ha subrayado también la distancia entre las instituciones y las necesidades reales de la ciudadanía. “El Parlamento está claramente al servicio del rentismo”, han afirmado durante la concentración, convencidos de que la batalla por la vivienda se libra ya en las calles y no en los escaños. El movimiento asegura estar en un momento de organización popular “barrio a barrio, bloque a bloque”, con la mirada puesta en una posible huelga general en confluencia con los sindicatos de clase, como respuesta a lo que consideran un bloqueo político que agrava la emergencia habitacional en Cáceres y en el conjunto del país.

Mientras avanzaba la marcha desde la sede del PP hacia la plaza Mayor y, después, hacia la plaza de la Concepción, el grupo inicial fue creciendo a cada tramo. Vecinas, estudiantes, familias y trabajadores se iban sumando al paso de la columna, atraídos por el sonido de las llaves que los manifestantes agitaban en alto como gesto simbólico de la lucha por un hogar digno. El recorrido transcurrió de forma pacífica, con un ambiente de determinación colectiva y una idea compartida: la defensa de los derechos habitacionales no es una causa aislada, sino un movimiento que se ensancha a medida que más personas reconocen en su propia vida la urgencia de un cambio profundo.

La Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha ha criticado con dureza que no se hayan aprobado los dos reales decretos sobre vivienda que se han votado este viernes en el Congreso de los Diputados tras recibir ambos los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Una circunstancia que la recién creada organización califica de “claro revés” para el derecho a la vivienda en España y para todas las personas que veían en las movilizaciones ciudadanas que se han sucedido estos días por las ciudades españolas “una esperanza renovadora”.

Alfonso Sánchez, portavoz de la Plataforma y coordinador de campañas de Amnistía Internacional CLM, ha asegurado en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha que la consecuencia de la negativa del Congreso será que España “continuará vulnerando el derecho a la vivienda e incumpliendo sus obligaciones internacionales” en esta materia.

“Los grupos parlamentarios que hoy han votado en contra no parecen estar pensando en las personas más vulnerables de un país donde se producen 70 desalojos cada día”, ha asegurado Sánchez. “Por culpa de este rechazo, quienes alquilan seguirán enfrentándose a la angustia de no ver renovados sus contratos y de ver cómo sus alquileres siguen subiendo cada día. Y quienes alquilan habitaciones tendrán menos protegido el derecho a la vivienda que el resto de inquilinos e inquilinas”.

En opinión del portavoz de la Plataforma -que ha nacido esta semana para agrupar a 14 colectivos sociales con el objetivo de exigir una “respuesta integral a la crisis del derecho a la vivienda”- las medidas que han caído hoy “habrían protegido el derecho a la vivienda para más de cinco millones de hogares 14 millones de personas”. Sin embargo, Sánchez avisa que la no aprobación de los decretos no ponen el punto y final a estas movilizaciones. “Esto no se acaba aquí. Seguiremos luchando. La movilización ciudadana ha conseguido este primer paso hacia delante y esto debe continuar”, ha zanjado.

Manifestaciones todo el fin de semana

Para este fin de semana se han convocado movilizaciones en las principales ciudades de Castilla-La Mancha y de España para protestar por la crisis de la vivienda bajo el lema 'Hacia la huelga general'.

Amnistía Internacional Castilla-La Mancha anima a sumarse a las movilizaciones convocadas por colectivos y sindicatos de vivienda en toda la región:

Guadalajara: manifestación el sábado 3 a las 12:00 h, desde la Plaza del Ayuntamiento, por la calle Mayor, hasta la calle Wenceslao Argumosa.

Talavera de la Reina: manifestación el sábado 3 a las 13:30 h, desde la Plaza de la Trinidad hasta la Plaza del Pan.

Toledo: manifestación el sábado 3 a las 18:30 h, desde la Plaza de Zocodover, por San Vicente, hasta el Ayuntamiento.

Albacete: manifestación el sábado 3 a las 18:30 h, desde la Plaza Gabriel Lodares.

Ciudad Real: concentración el sábado 3 a las 20:00 h en la Plaza Mayor, seguida de asamblea abierta.

Cuenca: concentración y asamblea abierta el domingo 4 a las 11:30 h en la Plaza de España.

Alcázar de San Juan: concentración el sábado 3 a las 20:30h en la Plaza de España.

La Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha ha aplazado la rueda de prensa de presentación que tenía prevista este próximo lunes para “analizar con tranquilidad” las consecuencias de la no aprobación de los reales decretos y las movilizaciones de este fin de semana.

Unas concentraciones a las que también han animado a acudir otros colectivos o entidades como la Coordinadora Juvenil Socialista o CCOO Castilla-La Mancha, integrante de la Plataforma por el Derecho a la Vivienda regional.

“La derecha y la ultraderecha han dejado caer los decretos de vivienda en el Congreso demostrando que solo están al lado del capital, de los especuladores, y no de las mayorías sociales. Y lo hacen en un momento en el que, además, la inflación sigue subiendo, empobreciendo aún más a las familias. Por eso vamos a exigir una subida salarial importante en los convenios. La patronal no puede mirar a otro lado porque los beneficios están en máximos y las personas trabajadoras tienen derecho a un reparto justo de esa riqueza”, señala el sindicato.

CCOO también ha anunciado que va a iniciar una campaña de difusión de sus propuestas sobre vivienda en centros de trabajo y educativos.

Mientras en España se siguen sucediendo las protestas contra la crisis de la vivienda, este jueves se ha publicado un estudio que muestra cómo cada vez es más difícil acceder a un hogar en propiedad debido al alza de los precios.

Según el último Barómetro del Mercado Residencial de Capitales de Provincia elaborado por la entidad tasadora Gloval, el valor medio del metro cuadrado en España se sitúa en 2.327 euros, lo que supone un incremento anual del 12,1%.

El precio de la vivienda volvió a subir en el segundo trimestre de 2026 en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha, aunque ninguna alcanza la media nacional.

La capital castellanomanchega que presenta el metro cuadrado más caro es Guadalajara. En esta ciudad, las viviendas tienen un precio medio de 2.075 euros por metro cuadrado, frente a 1.819 en el mismo trimestre del año anterior. Esa cifra la sitúa en el puesto 25 de las urbes españolas más caras. Esta comparación refleja una variación anual del 14,07%, equivalente a un incremento de 256 euros por metro cuadrado. En lo que llevamos de 2026, el precio del metro cuadrado ha aumentado un 4,11% si comparamos el primer trimestre del año con el segundo.

Sin embargo, el informe muestra que las compraventas, que en el segundo trimestre de 2026 han alcanzado las 212 operaciones, se han reducido con respecto a las registradas el mismo periodo del año anterior, con una variación anual del -26,90%.

Levemente por debajo del metro cuadrado en Guadalajara se sitúa el de Toledo, con un precio de 2.025 euros. Es una cifra superior en un 16,92% a la que presentaba hace un año. Comparando el primer trimestre del año 2026 con el segundo, el precio del metro cuadrado ha aumentado un 6,92%, mientras que las compraventas han bajado un 4,21% en el último año.

El tercer metro cuadrado más caro de Castilla-La Mancha se encuentra en Albacete. Con 1.813 euros de precio medio de compraventa, ha subido un 12,82% con respecto al año anterior. En lo que va de año, el precio del metro cuadrado ha aumentado un 3,84% si comparamos el primer trimestre con el segundo. Sin embargo, a diferencia del resto de capitales de la región, el número de compraventas aumentó de un año para otro: 570 operaciones, que suponen una variación anual del 31,94%.

En cuanto a Cuenca, el precio medio de la vivienda se sitúa en 1.563 euros por metro cuadrado, frente a 1.433 en el mismo trimestre del año anterior (incremento anual del 9,07%).Comparando el primer trimestre del año 2026 con el segundo, el precio del metro cuadrado ha aumentado un 3,1%. En esta ciudad bajaron las compraventas, 175 operaciones, con una variación anual del -5,91%.

Por último, en Ciudad Real ha aumentado el precio de la vivienda hasta los 1.559 euros el metro cuadrado, y aunque ha aumentado un 20,11% desde los 1.298 euros registrados en el mismo trimestre del año anterior, es la octava capital de provincia más barata de España. Si comparamos el primer trimestre del año 2026 con el segundo, el precio del metro cuadrado ha aumentado un 5,41%. cuyo mercado inmobiliario se encuentra en fase de desaceleración. Ha habido 217 compraventas, con un descenso anual del 16,54%.

El 16 de octubre de 2025, InmoCaixa, inmobiliaria de la obra social de Fundación La Caixa, vendió a un fondo privado llamado Mosaic Propco tres bloques de viviendas, en Santander, en lote. Durante más de una década y hasta ese día, los 107 pisos habían sido de alquiler asequible con derecho a compra y los residentes iban renovando. Ese mismo mes, los inquilinos fueron notificados de la compraventa. La operación no afectaba solo a las viviendas de Santander, incluía bloques en Córdoba, Vicálvaro, Pinto, Vallecas, y Erandio.

La mayoría de inquilinos de los bloques de Santander contactó de inmediato a Inmocaixa, algunos estaban negociando la compra, pero la respuesta fue la misma: el dueño de sus pisos era ahora otro.

En febrero de 2026, Mosaic les contactó individualmente con Básico Living, su empresa de gestión de alquiler, para los pagos mientras los contratos estuviesen vigentes. En paralelo, en esas fechas, la empresa de desocupación Imass también les contactó. Las llamadas de presión de Imass empezaron a ser constantes: o pagaban a precio de mercado (alrededor de 250.000 euros) y se hacían propietarios o aceptaban una irrisoria indemnización y se iban. En abril de 2026, ya organizados como plataforma de afectados, decidieron visibilizar el primer caso masivo de afectados por futuros desahucios en Santander. La mayoría de vecinos no quería irse.

Hay que retrotraerse quince años para entender cómo se pasó de impulsar la vivienda con interés social a una presión inmobiliaria sin precedentes de fondos buitre por toda España. En la capital de Cantabria, la construcción de tres bloques de pisos en la calle Hermanos Calderón fue anunciada en 2011 por el Ayuntamiento de Santander (PP) en compañía de directivos de La Caixa. Sería un proyecto, en suelo privado, de viviendas de alquiler asequible en una zona residencial de nueva construcción, a las afueras de la ciudad, que hoy forma parte de la zona de expansión de la capital.

Dos años después, en 2013, los dos primeros bloques fueron terminados y los inquilinos, previo pago pagar del mes de alquiler, el mes de fianza y un depósito de 1500 euros, entraron a vivir en las 70 viviendas. Dos años después, en 2015, el mismo alcalde del PP, Íñigo de la Serna, anunció también con directivos de Caixabank, que las 37 viviendas restantes estaban listas. En total, 107 viviendas de alquiler asequible sorteadas entre solicitantes empadronados en Santander, a propuesta del Ayuntamiento.

El alcalde afirmó entonces que el Ayuntamiento de Santander era la institución que “más” estaba trabajando por la vivienda social. Y el entonces director territorial de Caixabank dijo que el acceso a una vivienda digna era “la apuesta” del banco desde 2005, “en plena bonanza económica, un momento en el que los jóvenes y las personas mayores eran los colectivos con mayores dificultades en el acceso a una vivienda”.

Un año después, de La Serna se convirtió en ministro de Obras Públicas y la entonces concejala de Festejos, Gema Igual, pasó a ser alcaldesa. De ahí en adelante, mientras la lucha contra los desahucios copaba las calles de España, los inquilinos de Hermanos Calderón que pudieron comprar su piso, lo hicieron –hay casos de venta por 135.000 euros– y la mayoría siguió viviendo en alquiler a precio módico. Ese era el acuerdo hasta que a finales de 2025 estalló todo por los aires.

En Santander, fue el Partido Socialista el que hizo público en abril de 2026 el caso de la venta de los tres bloques a un fondo privado. Presentó una moción en el pleno sobre la situación de las 107 viviendas y condenó la actitud del Ayuntamiento: “Hemos pasado de un proyecto de alquiler asequible a una operación especulativa en manos de fondos”, dijo su portavoz Daniel Fernández.

Mientras, la plataforma de afectados se alió con el recién creado Sindicato de la Vivienda de Cantabria y empezó a reunirse con partidos de la oposición. Izquierda Unida denunció que estaban siendo sometidos a presiones. La plataforma fue estableciendo lazos con los inquilinos del resto de ciudades donde Fundación La Caixa había construido vivienda asequible. En junio salieron a protestar por la capital de Cantabria y exigieron a la alcaldesa Gema Igual que valorase comprar los pisos o, al menos, mediase por ellos, aprovechando un tenso turno de ruegos y preguntas de un pleno municipal. “Mientras los fondos buitre se adueñan de nuestra ciudad y convierten la vivienda en un negocio, ¿qué va a hacer este Ayuntamiento?”, le preguntó Clara Salas, uno de los rostros visibles del colectivo. La regidora les dijo que revisaría el caso.

El silencio fue absoluto durante dos meses hasta que, a finales de agosto, Igual accedió a reunirse con un pequeño grupo de la plataforma. No les prometió nada, el encuentro no fue publicitado, pero les avanzó que no compraría las viviendas que, como les recordó, están en suelo privado.

En este tiempo, las llamadas de la empresa de desocupación Imass para presionar a los inquilinos a comprar o marcharse se han mantenido, la empresa propietaria les ha privado de las bonificaciones de agua y alcantarillado y el primer contrato de una familia inquilina vence ya en noviembre. El resto de contratos de alquiler irá terminando entre 2027 y 2028.

El mediático caso de Maricarmen, la vecina octogenaria del barrio de Retiro, en Madrid, les ha llevado de nuevo a protestar a las calles de Santander el pasado viernes. Este martes, junto con afectados por Mosaic Propco de Vallecas, Pinto y Vicálvaro, los vecinos de Hermanos Calderón están en el Congreso de los Diputados, para hablar con partidos políticos, para buscar “una solución para toda España”. Su penúltimo gesto ha sido invitar a la ciudadanía a mandar una carta a la alcaldesa para que reconsidere la compra de sus pisos, la respuesta de Gema Igual ha sido que la compra, a su juicio, sería “ilegal”.

Catorce organizaciones de la región han constituido la Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha, una organización que surge para exigir “una respuesta integral a la crisis del derecho a la vivienda”. Sus impulsores la definen como un espacio de “coordinación regional” que busca “sumar capacidades, hablar con una sola voz ante las administraciones y exigir que la vivienda sea tratada como un derecho humano y no como un mero bien de mercado”.

La Plataforma reclama, de manera “urgente”, que los precios de los alquileres se estabilicen y sean asequibles, que se incremente de forma “sustancial” el parque público de vivienda y que se garantice una alternativa habitacional real antes de cualquier desalojo. Además, también piden que la Ley de Vivienda propia de Castilla-La Mancha reconozca esta “como un derecho humano con todas sus garantías”.

En su comunicado inaugural, la Plataforma señala que Castilla-La Mancha reúne “todos los síntomas de la crisis estatal de vivienda”, como un escaso volumen de viviendas públicas, numerosas casas vacías, sin zonas residenciales declaradas como tensionadas y con unos precios de alquiler que se han incrementado en un 95,6%. Además, denuncia que una persona trabajadora destina ya una media del 40% de su salario a un alquiler, que desde 2013 se han ejecutado más de 12.000 desahucios y que esta es la única región, junto con Madrid, que sigue sin una ley propia de vivienda.

“Detrás de estas cifras hay personas y familias que no pueden afrontar una subida del alquiler, que tienen dificultades para mantener su vivienda, que no encuentran una vivienda asequible o que se enfrentan a la pérdida de su hogar sin disponer de una alternativa habitacional digna”, explica el comunicado, que añade que esta crisis golpea “con especial intensidad” a las mujeres, a las personas jóvenes, a las personas migrantes y racializadas y a las personas mayores, que sufren con frecuencia “desahucios invisibles” que no llegan a reflejarse en las estadísticas oficiales.

La vivienda como derecho humano

La Plataforma parte de un principio que considera irrenunciable: “El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano, y como tal genera para las administraciones públicas las obligaciones de respetarlo, protegerlo y adoptar medidas positivas que aseguren su pleno ejercicio sin discriminación”.

Bajo este marco, la Plataforma denuncia que las administraciones de Castilla-La Mancha incumplen hoy, en distinto grado, estas obligaciones. “No protegen suficientemente frente a la especulación y la discriminación residencial, y no garantizan con medidas positivas un parque público acorde a las necesidades actuales de vivienda y alternativas habitacionales dignas en casos de desalojo de personas vulnerables”.

Detrás de la plataforma están 14 organizaciones provinciales o autonómicas de la región. Muchas de ellas están relacionadas directamente con la vivienda (el Sindicato de Inquilinos de Guadalajara, la Unión Popular de Inquilinos de Toledo, la Asamblea de Vivienda Talavera o las plataformas de Afectados por la Hipoteca de Tomelloso y de Toledo), pero también por ONG como Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, Proyecto Kieu o Colectivo Sin Fronteras de Albacete; entidades feministas como la Plataforma 8M Toledo o Feministas de Pueblo CLM; así como otros colectivos u organismos como CCOO Castilla-La Mancha, la Asociación Socioeducativa e Intercultural ASIEM , la Red de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS-CLM) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo.

La recién creada Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha ya ha convocado su primer acto el próximo lunes 5, fecha en la que ofrecerá una rueda de prensa en Toledo.

“Hacia la huelga general”

Las concentraciones por la vivienda van a seguir durante todo el fin de semana, convocadas por los Sindicatos de Inquilinas, un colectivo que celebra que la “presión popular y sindical” haya logrado “que Maricarmen pueda volver a su casa, que Rosario gane tiempo y sacar al Gobierno de la inacción”, en referencia al Real Decreto aprobado este martes por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sin embargo, prevén continuar con las movilizaciones porque “solo la movilización de millones de personas en las próximas semanas conseguirá revertir décadas de políticas a favor de la especulación”. De momento, están confirmadas concentraciones en Toledo (sábado a las 18:30 horas en la plaza de Zocodover para recorrer el Casco Histórico hasta la plaza del Ayuntamiento, pasando por la plaza de San Vicente), Guadalajara (sábado a las 12:00 horas en la plaza del Ayuntamiento para ir por la calle Mayor hasta la calle Wenceslao Argumosa 6), Talavera (sábado a las 13:30 horas en la plaza de la Trinidad), Albacete (sábado a las 18:30 horas en la plaza Gabriel Lodares) y Cuenca (domingo a las 11:30h en la plaza de España).

“Hay años en que no pasa nada, y semanas en que cambia la historia. Esta puede ser una de ellas. Más allá de lo que diga el Decreto, se ha abierto una ventana de oportunidad histórica para revertir décadas de mercantilización de la vivienda, y los próximos días serán claves. Por eso es necesario subir la presión”.

Esta ola es reflejo de la que sucede a nivel nacional, donde el Sindicato de Inquilinas llama a sostener y expandir la indignación de hoy por la vivienda hasta dar con soluciones estructurales y definitivas. Lo ha hecho en la primera gran asamblea popular celebrada en plena acampada de Sol, donde los acampados han pedido una huelga general por la vivienda.

20.000 manifestantes, según los convocantes, una cifra que la Guardia Urbana rebaja hasta 2.000, se han concentrado este lunes por la tarde frente al Palau de Congressos de Barcelona para exigir al Gobierno que apruebe “medidas valientes” para poner fin a la crisis de la vivienda. Aprovechando la visita del presidente Pedro Sánchez a la capital catalana, diversos grupos de activistas se han sumado a las protestas que el pasado miércoles se iniciaron en Madrid, tras el desahucio de Maricarmen.

Llegados de diversos barrios de Barcelona y ciudades colindantes, los manifestantes han llegado hasta el Palacio cantando y coreando consignas que llaman a la “huelga general” y al “fin de la especulación”. Desde el otro lado de la calle, fuertemente protegida por un dispositivo de los Mossos d'Esquadra, los asistentes a los Premis Vanguardia, evento al que ha asistido Sánchez, observaban a los manifestantes.

“Vergüenza me daría desahuciar a una familia”, gritaba Verónica, una joven en la concentración. Tiene 27 años y lleva casi ocho yendo de piso en piso. “Ya van seis casas”, lamenta esta barcelonesa, que asegura que ha subarrendado, ha estado (irregularmente) en un contrato de temporada y ha sido expulsada de su casa sin previo aviso. “Ya basta, ¿No?”, se pregunta, desesperada.

“Se ha encendido una chispa que no se va a apagar”, asegura Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres. A su aparición ante los medios, ha sido recibida con aplausos y cánticos de los asistentes, que se preguntaban “¿Dónde está el Gobierno progresista?”. Arcarazo ha asegurado que la acción en Barcelona tiene un peso especial al coincidir con la visita de Sánchez. “Hemos venido a decirle a la cara que no queremos migas ni un decreto farsa. Queremos el 'decreto Maricarmen'”.

La jornada ha empezado con cortes de carreteras en diversos puntos neurálgicos de la ciudad y ha acabado con una manifestación convocada por el Sindicat de Llogateres, la PAH, el Sindicat d’Habitatge Socialista, y la Confederació Sindical d’Habitatge (COSHAC) para exigir al Gobierno que el decreto de vivienda que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros sea “verdaderamente efectivo”.

Los concentrados aseguran que no dejarán de salir a las calles hasta que se acabe “de una vez por todas con los desahucios” y se plantee una “respuesta efectiva a la emergencia habitacional”, ha afirmado Juanjo Ramón, de la PAH. “Mientras haya personas perdiendo su hogar para que otras se lucren, no podremos dar por buena ninguna medida legislativa”, ha añadido.

Los convocantes temen que las propuestas que el Ejecutivo propondrá para el llamado ‘decreto Maricarmen’ sean “vagas y cosméticas”, en vista de que deben contentar tanto a Podemos como a Junts. La suspensión de los desahucios para los inquilinos de fondos buitre, la prórroga de los contratos o la prohibición de compra especulativa son las medidas más contundentes a las que los independentistas estarían dispuestos a llegar. Pero para los activistas son solo propuestas “de mínimos”.

Las diferentes asambleas dedicadas a la vivienda exigen que se apueste por la expropiación de los 700.000 pisos de grandes tenedores -una medida que Podemos también ha puesto sobre la mesa-, así como que se recorte al 50% el precio del alquiler. Por otro lado, también se oponen a las “transferencias de dinero público al rentismo y la especulación”, en referencia a la intención del Gobierno de aplicar bonificaciones fiscales a la compra de primera vivienda, así como para inquilinos o propietarios.

“El fracaso estrepitoso de la que debía ser la legislatura de la vivienda ha sido gasolina para la extrema derecha y las medidas de los partidos progresistas no han sido más que fracasos”, insisten desde el Sindicat d’Habitatge Socialista.

“Por todas las Maricarmen”

Los concentrados han exhibido pancartas en las que se podían leer lemas como “Por todas las Maricarmen” y han querido recordar que la historia de esta anciana “no es una excepción”. Han recordado otros casos “flagrantes” como el de la vecina de Gràcia que fue desahuciada justo el día antes que Maricarmen, a pesar de tener reconocida una discapacidad por motivos de salud mental.

También ha resonado el nombre de Blanca, una anciana de 88 años a la que expulsaron de su piso del barrio Gòtic por un retraso en el pago de una deuda de menos de 100 euros. O el de Olga, una vecina de L'Hospitalet que se suicidó pocos meses después de ser desahuciada junto a sus dos hijas, una de ellas menor de edad.

“Maricarmen es el rostro de una emergencia habitacional que, cada día, deja a más de 70 familias fuera de sus casas y ya dura demasiado. Seguir permitiendo que esto ocurra es un crimen”, han remachado desde la PAH.

“Vamos al Congreso y no vamos a hacernos la foto. Vamos a decirles que no nos sirven los parches, que lo que queremos es una solución para toda España”, adelantaba Clara Salas, portavoz de la Plataforma de Afectados por las viviendas de Hermanos Calderón, durante la concentración de denuncia por el desahucio de Maricarmen celebrada el pasado viernes en Santander.

Representantes de las familias afectadas por la venta de promociones de vivienda asequible de InmoCaixa al fondo Mosaic Propco mantendrán este martes una reunión en el Congreso de los Diputados con responsables de Izquierda Unida (grupo Sumar) para abordar posibles medidas que permitan garantizar la permanencia de los inquilinos en sus hogares y evitar nuevos procesos de expulsión residencial.

En el encuentro -que coincidirá con el Consejo de Ministros que prevé sacar adelante un Real Decreto sobre vivienda tras las grandes movilizaciones por el caso de Maricarmen- participarán el coordinador de IU en Cantabria y candidato de IU-Podemos a la Presidencia autonómica, Israel Ruiz Salmón, junto a la responsable federal de Vivienda de IU y coordinadora de IU Madrid, Carolina Cordero, y el diputado de IU integrado en el Grupo Parlamentario Sumar, Toni Valero, entre otros cargos de la organización.

Además de los representantes de las 107 familias de la promoción de Hermanos Calderón de Santander, en la reunión estarán afectados por operaciones similares en otros municipios, entre ellos Vicálvaro, Vallecas y Pinto, en la Comunidad de Madrid. Y es que “Caixabank ha ido dejando cadáveres no solo en Santander. También en Erandio, también en Madrid. Estamos con todos ellos”, ha añadido Salas.

“Hace unos días no solo se desahució Mari Carmen, se desahució a David de Vallecas. Hace unos días se suicidó una persona. Hay gente que ya tenemos situación de problemas mentales con bajas precisamente por ansiedad y por la situación que estamos viviendo. No puede ser que todos los días, a todas horas y por la noche, no podamos dormir por esta situación. Queremos una solución ya”, ha concluido la portavoz.

Por su parte, Ruiz Salmón ha afirmado que “si estas promociones nacieron con una finalidad social, esa finalidad debe preservarse; no es aceptable que viviendas destinadas al alquiler asequible acaben convertidas en un activo financiero más”.

“La política debe servir para proteger a quienes están en una posición más vulnerable frente a grandes actores económicos y si es necesaria la expropiación de grandes fondos, que así sea”, ha añadido.

Además, el candidato ha destacaco que “cuando una administración expropia suelo para construir una carretera, una acera o una infraestructura de interés general nadie cuestiona la legitimidad de esa actuación y que garantizar el derecho a la vivienda de cientos de familias también es una cuestión de interés general, por lo que las instituciones deben estar dispuestas a utilizar todos los instrumentos legales a su alcance”.

Más casos de la Caixa en otras ciudades

Tal como detalla IU, el problema se remonta a la venta realizada por InmoCaixa de varias promociones de vivienda asequible impulsadas en el marco de la Obra Social “la Caixa” y distribuidas por distintos puntos del país. La operación afecta a ocho promociones situadas en Santander, Madrid, Córdoba y Erandio, entre otros lugares, y alcanza a cerca de 700 familias. “La Caixa no puede permanecer ajena a esta situación porque no ha garantizado el fin social original con que nacieron las promociones”, han asegurado desde IU.

“Estas viviendas fueron promovidas originalmente para facilitar el acceso a un alquiler asequible a personas y familias que cumplían determinados requisitos económicos. En muchos casos, los residentes llevan más de una década viviendo en los inmuebles y accedieron a ellos dentro de programas con una clara finalidad social”, argumenta la formación.

Sin embargo, tras la adquisición por parte de Mosaic Propco, los vecinos denuncian que se les ha comunicado la intención de no renovar los contratos de arrendamiento a medida que vayan venciendo, con el objetivo de vender posteriormente las viviendas a precios de mercado. Una situación que, según advierten, coloca a centenares de familias ante el riesgo de perder su vivienda habitual y por las que ya están recibiendo presiones que han sido denunciadas.

El caso de Maricarmen, la anciana que acaba de ser desahuciada en Madrid por un fondo buitre, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la crisis de vivienda que se vive en todo el país y ha desencadenado una acampada improvisada que exige en la capital una ley que proteja a las personas frente a los especuladores de los bienes inmuebles y que anteponga el derecho a vivir en una casa a los intereses económicos de empresas y particulares. Canarias no se libra de este panorama y, de hecho, es una de las comunidades autónomas con mayores problemas de acceso a una vivienda, ya que concurren varias circunstancias: los sueldos más bajos del país, niveles récord de turismo, con aumento exponencial de las viviendas dedicadas al alquiler vacacional, y un crecimiento imparable de los precios inmobiliarios, con más del 30% de los compradores de origen extranjero y el precio del metro cuadrado urbano entre los más elevados del país.

Ante esto, el Gobierno regional, de Coalición Canaria y el PP, declaró al inicio de la legislatura la emergencia habitacional. Con este argumento, tramitó y aprobó una nueva ley de vivienda regional con el objetivo de paliar la dificultad para acceder a una vivienda a un precio asequible. La fórmula, constuir más y más rápido. El argumento del Gobierno canario es que basta con aumentar la oferta para reducir los precios. Por eso la ley no ha incluído ninguna medida específica para contener precios, eludir la especulación, o evitar que grandes tenedores acaparen inmuebles. De hecho, las medidas contenidas en la ley están orientadas solo a acelerar trámites burocráticos y licencias para que pueda construirse más rápido, con menos controles, y legalizando los cambios en el uso del suelo, perdiendo, por ejemplo, suelo destinado a dotaciones como centros de salud o parques, para poder destinarlo a construir edificios.

El resultado es que por ahora la crisis en las islas, lejos de vencerse, se está agravando. Los constructores aplaudieron la nueva ley, pero los precios no dejan de crecer. El Gobierno regional culpa a la Ley estatal de Vivienda, pero hay que recordar que en las Islas no se aplica, ni se ha aplicado nunca.

Tal y como han señalado algunos expertos y repetido desde la oposición parlamentaria, el problema de la vivienda en Canarias no es de falta de viviendas construidas, sino de problemas económicos para acceder a ellas. De hecho, se estima que en el Archipiélago hay más de 200.000 viviendas vacías fuera del mercado. La ley canaria tampoco incluye ninguna medida para incentivar que esas propiedades salgan al mercado.

Zonas tensionadas

Pero ¿qué pasa con las zonas tensionadas en Canarias? La respuesta es sencilla: no hay ninguna zona tensionada reconocida en las Islas, pero no por no cumplir los requisitos, sino porque el Gobierno canario no ha aceptado ninguna solicitud para hacerlo, porque se niega a aplicar en las Islas la Ley estatal de Vivienda. Según esta, el municipio debe solicitar la declaración al Gobierno regional, ya que este es el que tiene la competencia para hacerlo. Hasta ahora, solo tres lo han hecho formalmente (Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla, que entonces estaba gobernada por el PSOE y Adeje), pero el Gobierno canario no ha aceptado ninguna petición.

Otros municipios, como Santa Cruz de Tenerife, San Bartolomé de Tirajana, La Orotava y Los Llanos de Aridane, hicieron un tímido intento de “estudiar” si hacer la solicitud, pero ahí quedó el asunto y ninguno dio el paso para realizar la solicitud formal. Otros directamente lo han rechazado en sus plenos municipales, como La Laguna o Los Llanos de Aridane.

El caso más llamativo es el de Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento realizó la petición formal al Gobierno de CC-PP ya en 2024 para que hiciera los informes necesarios para saber si se cumplían los requisitos. El Ejecutivo respondió que los informes debía hacerlos el consistorio. Este los hizo y los remitió, pero de nuevo el Gobierno respondió con evasivas. Según el Ayuntamiento, se le requirieron informes que no eran preceptivos según la Ley tan solo para dilatar el proceso. El resultado es que, dos años después de iniciar el proceso, el Gobierno canario sigue sin declarar ninguna zona tensionada en las Islas.

Teniendo en cuenta los requisitos de la ley, al menos diez municipios de las Islas (San Bartolomé de Tirajana, Adeje, Mogán, Arona, San Miguel de Abona, La Oliva, Antigua, Arico, Puerto de la Cruz y Granadilla de Abona) podrían ser declarados como zonas tensionadas. Todos ellos son municipios turísticos.

En las cuatro ciudades más pobladas de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Telde, algunos distritos también serían clasificados como tensionados por el arrendamiento. En el municipio canario que más turistas recibe, San Bartolomé de Tirajana, dos de sus cuatro distritos también recibirían esa identificación.

Zonas tensionadas, según la UE

Esto, respecto a la Ley estatal de Vivienda, pero ¿y la Ley de Vivienda Asequible que prepara la Unión Europea? Según los criterios presentados hace apenas dos semanas, la mayoría de los municipios más poblados de Canarias también cumplirían los requisitos para ser considerados zonas tensionadas.

Esa norma, que todavía tiene que pasar por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la UE, considera zona tensionada aquellas ubicaciones en las que el precio medio de una vivienda equivale, como mínimo, a ocho años de la renta media de sus habitantes. Además, esa proporción entre precio y renta debe haber aumentado en la última década. Este último requisito, sin embargo, no sería necesario acreditarlo si el esfuerzo para comprar una vivienda equivale a diez o más años de renta.

La conclusión, tras analizar Canarias Ahora los datos del Consejo General del Notariado y del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre 2015 y 2023, es que 26 de los 30 municipios más poblados de Canarias podrían ser declarados zonas tensionadas con la futura ley comunitaria.

La demarcación más tensionada es Adeje, en el sur de Tenerife, donde conviven el turismo de lujo y el mayor asentamiento de chabolas de toda Canarias. En 2023, el último año con datos actualizados de renta media, el esfuerzo para comprar una vivienda equivalía a 24,57 años de salario. En segundo lugar se sitúa Guía de Isora, también en el sur de Tenerife, con 24,32 años de renta necesarios. Le siguen San Miguel de Abona (18,02), también en el sur tinerfeño; Mogán (17,28), en el sur de Gran Canaria, y Tías (17,27), en Lanzarote.

Las cuatro ciudades de Canarias con más de 100.000 habitantes también cumplirían los criterios para ser declaradas zona tensionada. En Las Palmas de Gran Canaria, el precio de una vivienda equivale a 10,75 años de salario; en Santa Cruz de Tenerife, a 12,32. En La Laguna y Telde, el esfuerzo alcanza los 12,55 y 10,46 años, respectivamente.

Qué implica la zona tensionada

Con la Ley estatal, en dicha zona se deja de tomar el IPC como referencia para la subida de los precios de los alquileres, se pone un tope y se regulan los precios en esas zonas, sean propiedad de grandes tenedores (con 5 viviendas o más) o de pequeños propietarios, tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos.

Esos topes dependerán del tipo de contrato y propiedad, teniendo en cuenta la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.

Con la futura ley europea, en caso de obtener la declaración de zona tensionada, los ayuntamientos podrían imponer restricciones a las viviendas vacacionales que no constituyan la residencia habitual del propietario. Podrían limitar la compra o el uso de inmuebles para fines no residenciales; penalizar fiscalmente las viviendas vacías o exigir declaraciones previas de uso antes de la compra.

Las restricciones solo afectarían a las propiedades adquiridas después de la entrada en vigor de la ley, sin efecto retroactivo.

Bruselas señala directamente a las Islas

En los argumentos de Bruselas para impulsar esta ley se encuentran el que entre 2013 y 2024 el precio medio de la vivienda en la UE se incrementó casi un 60%, mientras que la renta de los hogares solo lo hizo un 40%. Esto, añade, está afectando especialmente a los hogares de rentas bajas y medias, a los jóvenes y a trabajadores esenciales (como docentes, sanitarios o personal de emergencias) y de temporada, que no pueden permitirse vivir en los municipios donde trabajan.

Y pone el foco directamente en Canarias: la propuesta de la UE identifica a las islas y los destinos turísticos como las zonas con mayores desequilibrios en este sentido. Señala que la escasez de suelo en estos territorios dificulta que la oferta de vivienda pueda reaccionar con rapidez ante incrementos de la demanda. Y recuerda también el impacto de la vivienda vacacional, que representa un porcentaje elevado del parque residencial en estos lugares.

Y mientras toda Europa debate sobre las zonas tensionadas, en Canarias, el Gobierno de CC-PP sigue eludiendo el tema fiándolo todo a la construcción.

La Cámara de Comptos, el Tribunal de Cuentas navarro, ha publicado un informe sobre la gestión vivienda protegida entre 2023 y 2025, que concluye que la oferta sigue siendo “muy insuficiente” respecto a la demanda. De hecho, indica, el año pasado se ofertaron 831 viviendas protegidas para una demanda inscrita en el censo de solicitantes de más de 24.000, “lo que supone responder a un 3% de las peticiones de vivienda protegida”.

El acceso a la vivienda, derecho reconocido por la Constitución Española en su artículo 47, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía por la dificultad de acceder a su compra o alquiler. Conscientes de la relevancia social del asunto, las instituciones de control externo del Estado han realizado un trabajo coordinado en el que cada una analiza la situación de la vivienda en su territorio, ha explicado Comptos.

La gestión de la vivienda es una competencia del departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, que cuenta para gestionar dicha competencia con la sociedad pública Nasuvinsa. El objetivo de la fiscalización se concreta en analizar cuatro aspectos: la relación entre necesidad de vivienda protegida y oferta; los procedimientos aplicados para la promoción de vivienda protegida; la gestión y control de los registros de solicitantes; y los procedimientos de adjudicación.

Para favorecer la promoción de vivienda protegida, ha explicado, el Parlamento de Navarra ha aprobado diversa normativa referida a la calificación indefinida de vivienda protegida, declaración de zonas de mercado residencial tensionado y arrendamiento asequible. Sin embargo, señala Comptos, la oferta de vivienda protegida sigue siendo “significativamente insuficiente” para atender la demanda.

En este sentido, en 2023 se ofertaron 1.033 viviendas para una demanda de 17.530 según el censo de solicitantes. En 2024, la oferta fue de 650 viviendas protegidas para una demanda de 20.829. El año pasado, salieron al mercado 831 VPO y se demandaron 24.719. En los dos últimos años, por tanto, la oferta ha cubierto el 3% de las solicitudes de VPO. Entre 2023 y 2025, el Gobierno de Navarra gastó 247 millones en políticas de vivienda. Más de la mitad del gasto se destinó a subvenciones para adquisición, arrendamiento y rehabilitación de VPO.

Suelo para más de 34.000 viviendas protegidas en la comarca de Pamplona

Según el informe, el problema del acceso a la vivienda es especialmente grave en la Comarca de Pamplona. Señala que hay suelo para más de 34.000 viviendas, aunque solo el planeamiento de 1.370 está en fase de urbanización.

El planeamiento correspondiente a 23.700 VPO está sin desarrollar y corresponde, principalmente, al PSIS (Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal) de Guenduláin, con algo más de 16.000 VP. Otras casi 5.000 VP corresponden al PSIS del Tren de Alta Velocidad, que afecta al barrio pamplonés de Etxabakoitz y a las localidades de Barañáin, Zizur Mayor y Cizur Menor. Orkoien tiene suelo residencial para construir más de 1.500 viviendas protegidas, Ezkabarte para casi 500, Berrioplano para 278 y Aranguren para casi 200.

Respecto al procedimiento de adjudicación de vivienda protegida, el informe señala que es público y transparente. En este sentido, se publican las promociones de viviendas y las adjudicaciones provisionales, que están sujetas a alegaciones.

El informe se refiere también a la labor de inspección, que tiene un doble objetivo: que las VPO no se destinen a estancia turística y que se utilicen como domicilio habitual.

La Cámara de Comptos concluye con algunas recomendaciones para mejorar la gestión de esta materia. Entre otras, impulsar la aprobación y desarrollo del planeamiento para disponer de suelo que permita la construcción de vivienda protegida. También recomienda que se revise periódicamente el censo de solicitantes, eliminando las inscripciones caducadas.

Ya ha pasado su primer trámite parlamentario la proposición de ley, presentada por el Grupo Socialista, sobre medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso a la vivienda y la simplificación urbanística, cuyo contenido ya ha avanzado este periódico. El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado su toma en consideración con los votos a favor de los socialistas y la abstención de PP y Vox.

Ahora pasará el trámite de enmiendas en comisión y después volverá de nuevo al pleno, donde, si se aprueba, quedará ya promulgada, al estar tramitada por la vía de urgencia.

Este primer filtro parlamentario ha servido para que los grupos políticos de las Cortes fijen sus posiciones. Tanto el Gobierno regional como el PSOE han recibido duros reproches del PP y Vox, los dos partidos de la oposición, centrados principalmente en el carácter “urgente” de la norma tras tres legislaturas socialistas; y en la figura de los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU). Este último es uno de los instrumentos que contempla la ley para la movilización de suelo destinado a viviendas públicas o con algún tipo de protección.

El primero en intervenir ha sido el diputado socialista Álvaro Toconar, quien ha comenzado defendiendo que “se ha venido trabajando mucho tiempo” en esta nueva norma de la mano de los sectores sociales y de la construcción. “No es una estrategia aislada, sino parte de una hoja de ruta”, ha afirmado, tras haberse “superado”, ha dicho, las expectativas del denominado ‘Plan 10.000’ (la construcción de viviendas a precio asequible que el Gobierno ha promovido en colaboración con empresas constructoras).  

Según ha destacado, ahora esta ley busca poner más viviendas asequibles en el mercado, porque la solución a este problema no viene “solo de las ayudas”, sino que debe haber “más oferta”. Esto se debe, ha dicho, a dos fallos en el mercado: la ausencia de suelo y los costes construcción.

Por eso ha destacado los cuatro pilares de la proposición de ley: poner a disposición del mercado, de la ciudadanía y de las instituciones suelo para vivienda asequible con algún tipo de protección pública; conceder facilidades a las empresas del sector mediante medidas urbanísticas para que “vean rentabilidad” en construir vivienda pública; “vanguardismo urbanístico” mediante nuevas figuras (como los mencionados PRU) que permitan dar “saltos de calidad para grandes soluciones”; y “metabolismo propio, poniendo en la diana a las zonas rurales”.

Para todo ello ha apelado principalmente al voto del PP como “partido moderado”. Básicamente, se ha centrado en medidas como la recalificación de suelo dotacional privado o de uso terciario, que permitirá, por ejemplo, que oficinas o comercios puedan solicitar licencias para edificar vivienda protegida sin solicitar cambios de planeamiento urbanístico, o que se puedan destinar inmuebles de la Administración pública a la vivienda asequible.

El diputado socialista ha referido que los trámites urbanísticos son los que retrasan este tipo de iniciativas, motivo por el que ha defendido los PRU para zonas con infravivienda o con degradación por usos industriales, entre otras condiciones.

“Esta ley no le encasqueta el problema a otras administraciones. El Gobierno regional quiere liderar la ley, da a los ayuntamientos la oportunidad de participar en esos planes”, ha recalcado, junto con otras medidas como el aumento de la edificabilidad hasta 30 por ciento sin necesidad de cambiar el planeamiento municipal o la posibilidad de que las corporaciones locales puedan enajenar suelo público incluso al 50% de su precio de mercado siempre y cuando se destinen a vivienda protegida.

La oposición, contra los Planes de Rehabilitación Urbana

No obstante, estos argumentos han chocado de lleno con la oposición. Desde Vox, el diputado Francisco José Cobo se ha mostrado en todo momento contrario a la simplificación administrativa al considerar que eso significa “saltarse el planeamiento urbanístico” y “debilitar la autonomía de los ayuntamientos”.

Ha dicho compartir los objetivos de la nueva ley, pero ha afeado al Gobierno que se “haya acordado” de este problema al final de la legislatura y ahora quiera solucionarlo mediante una norma “con muchas taras”. Ha reconocido que “hace falta suelo” y procedimientos administrativos “más ágiles” pero las medidas propuestas introducen “excepciones y reglas” que hacen el sistema “más complejo y menos previsible”.  

Respecto a las modificaciones de la LOTAU que incorpora la propuesta, el diputado de extrema derecha se ha preguntado si es “realmente necesario” un nuevo planeamiento urbanístico (en referencia a los PRU) cuando ya hay instrumentos existentes a nivel local como los planes especiales y de mejora (los PERIM).

En su opinión, crear nuevas figuras supone “escollos” para los ayuntamientos. “Se invierte el proceso. Primero se aprueba una herramienta municipal y después se obliga al ayuntamiento a adaptarse y eso puede generar situaciones muy difíciles para constructores y arquitectos, además de incompatibilidades con los Planes de Ordenación Municipal (POM). Se traslada a los servicios municipales la responsabilidad de interpretar las contradicciones de legislador”.

Ha dicho no negar la competencia autonómica en materia de vivienda y de ordenación territorial, pero “siempre respetando” la autonomía local del municipio, porque son los ayuntamientos quienes “conocen realmente sus necesidades”. “Esto no es simplificación, esto genera incertidumbre, a costa de vaciar de contenido el planeamiento urbanístico municipal y de reducir la autonomía local”, ha concluido.

Similares argumentos ha utilizado el diputado del PP Ignacio Redondo. Ha reprochado igualmente a la Junta de Castilla-La Mancha que lleve 12 años sin resolver el problema de acceso a la vivienda y ahora tramite de forma “urgente” la nueva ley. Y aunque ha reconocido como medidas positivas la recalificación de suelos y el aumento de porcentajes en la edificabilidad, ha preguntado varias veces por qué el Gobierno regional “no lo hizo antes”.

Dicho esto, ha afirmado que la LOTAU no puede ser “un cuaderno de tachones del PSOE” y que simplificar los trámites “no significa seguir acumulando excepciones”, porque “resta seguridad jurídica, sobre todo a los ayuntamientos”.  

En este punto, ha apoyado que haya más suelo para vivienda, pero ha mezclado esta cuestión con el régimen fiscal, pidiendo rebajas para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o para el de Actos Jurídicos Documentados. En general, ha pedido una política fiscal en vivienda “mucho más amplia”.

El diputado del PP ha concluido pidiendo que los ayuntamientos “tengan una voz real” para decidir sobre los instrumentos que contempla la nueva ley, refiriéndose también al hecho de que muchos de ellos no disponen de técnicos y arquitectos municipales o los tienen “compartidos”. Por eso ha pedido a la Junta que se comprometa a ayudar a las administraciones.

Ha concluido el debate el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien primero ha querido poner sobre la mesa que Castilla-La Mancha “siempre ha estado a la vanguardia” en materia de vivienda, con “propuestas innovadoras” y “buscando dinero debajo de las piedras”.

En este sentido, ha destacado que es la única comunidad autónoma que destina políticas de vivienda uno de cada cuatro euros de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). Y precisamente, ha avanzado que hay 68 millones de euros de esas partidas “preparados”: 18 millones para el edificio administrativo de Ciudad Real que se destinará a uso residencial y 50 millones para ser la “primera comunidad” que pone en marcha el Sistema de Interés Económico General (SIEG) de la Unión Europea para viviendas en alquiler asequible.

El consejero ha querido igualmente defender la figura del PRU, al que ha denominado “primo hermano residencial” de la fórmula de los PSI (Planes de Singular Interés) que ya se utilizan para proyectos industriales.

Hay determinadas iniciativas que, si no es un cañón urbanístico, no salen adelante

Y junto con ello, ha defendido todos los cambios de la LOTAU: “Hay determinadas iniciativas que, si no es un cañón urbanístico, no salen adelante. De no ser así, no habrían sido posibles proyectos como el Puy do Fou. Lo ordinario es para lo ordinario y lo extraordinario para lo extraordinario”, ha recalcado.  

De hecho, ha dicho que tanto la Comunidad de Madrid como Andalucía “están viendo cómo copiar” el planteamiento de los PRU para sus barrios y ciudades. Y al mismo tiempo, ha garantizado que el desarrollo de esta herramienta se va a hacer “de la mano” de los ayuntamientos. “Serán singulares de cada ciudad y nosotros vamos a ser parte de la solución”.

Finalmente, Nacho Hernando ha defendido que será una ley “útil, beneficiosa y dará ejemplo a toda España”, al tiempo que ha mostrado su disponibilidad y voluntad para estudiar las aportaciones que quieran hacer los dos partidos de la oposición durante el trámite de enmiendas que seguirá a la toma en consideración de hoy.

La nueva entidad estatal de encargada de gestionar el parque público de vivienda asequible, Casa 47, ha licitado la redacción del proyecto de edificación de una promoción de 102 viviendas asequibles en la ciudad Logroño. El presente contrato tiene por objeto la redacción de los proyectos básico y de ejecución para la edificación de un bloque de viviendas, que se llevará a cabo sobre una parcela de 3.268 m² de superficie, situada en la calle Segundo Arce S/N.

Asimismo, el contrato incluye las tareas de seguimiento durante la tramitación administrativa, la redacción de aquellos informes que sean requeridos, la corrección de observaciones detectadas y demás trabajos necesarios para la correcta tramitación de todos los documentos del proyecto.

El valor estimado del contrato se fija en 525.074 euros, impuestos excluidos. La licitación ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 13:00 h del 17 de noviembre de 2026.

Vivienda asequible y protegida para siempre Esta promoción de 102 viviendas forma parte del Plan de Vivienda Asequible impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y serán destinadas al alquiler asequible con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía.

Casa 47 actúa en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas, realizando así la gestión de todo el ciclo residencial del Parque Estatal de Vivienda Asequible.

¿Qué es Casa 47?

Casa 47 es la nueva entidad estatal encargada de gestionar el parque público de vivienda asequible. Nació en diciembre de 2025 para sustituir a SEPES, organismo creado en 1981 y dedicado hasta ahora principalmente a la gestión del suelo urbano. Su nombre hace referencia al artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y establece que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.

La idea es que Casa 47 funcione como una especie de gestor común del parque público estatal de alquiler asequible. Su nuevo portal pretende convertirse en la ventanilla desde la que consultar las viviendas disponibles, conocer sus condiciones, presentar solicitudes y seguir los procesos de adjudicación.

Casa 47 implantará un modelo de alquiler asequible diseñado para adaptarse a la capacidad económica real de los ciudadanos. Bajo este sistema, el coste de la renta se calculará en función de las características del inmueble, el contexto económico local y los ingresos de los solicitantes, garantizando siempre que ningún hogar destine más del 30 % de sus recursos al pago del alquiler.

Para acceder a estas viviendas, los solicitantes deberán acreditar unos ingresos anuales de entre 16.800 y 63.000 euros (equivalentes a entre 2 y 7,5 veces el IPREM), no disponer de otro inmueble en propiedad, estar empadronados en el municipio o comunidad autónoma correspondiente y encontrarse al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. La adjudicación primará a colectivos prioritarios como jóvenes, familias con menores y personas vulnerables, fijando los detalles específicos en cada convocatoria territorial.

En el plano temporal, los contratos se formalizarán por un periodo inicial de 14 años, con la posibilidad de encadenar prórrogas automáticas de siete años hasta un máximo de 75. El Ejecutivo completará el marco regulatorio en las próximas fases para concretar los criterios de adjudicación final y las condiciones exigidas a los inquilinos para consolidar estas renovaciones.

La idea parece sencilla. Encontrar un terreno, elegir una casa que encaje en el presupuesto y levantarla a medida, lejos de los precios de la vivienda terminada. Para una generación que encuentra cada vez más difícil comprar, la posibilidad de convertirse en su propio promotor inmobiliario tiene un atractivo evidente: decidir cómo será la vivienda, cuánto se ajustará a las necesidades de quienes la habitan y, sobre el papel, ahorrar parte de los costes.

El problema es todo lo que ocurre entre encontrar la parcela y entrar a vivir. Hay que comprobar qué se puede construir en el terreno, conseguir un proyecto, obtener las licencias, resolver las conexiones a las redes públicas, financiar una obra que puede prolongarse durante años y coordinar a distintos profesionales. Y las viviendas que se anuncian como móviles, modulares o prefabricadas tampoco quedan al margen de las normas urbanísticas cuando se destinan a residencia.

Aun así, el interés existe. El IV Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), entidad especializada en préstamos hipotecarios, señala que un 42% de los españoles se ha planteado construir su propia vivienda. Un 33% lo ha considerado como una opción y un 8,5% asegura habérselo planteado seriamente. Otro 12,8% ni siquiera conocía esta posibilidad.

Entre los jóvenes, el porcentaje aumenta: el 52% de las personas de entre 25 y 34 años ha pensado en esta vía, frente al 46% de quienes tienen entre 35 y 44 años. También hay diferencias territoriales: el 48% de quienes viven en pueblos o entornos rurales se lo ha planteado, frente a alrededor del 40% de quienes residen en ciudades o sus extrarradios.

La fotografía es la de una alternativa que despierta interés, pero que todavía está lejos de convertirse en una solución masiva. Y buena parte de la distancia entre una cosa y otra aparece después de pronunciar la frase: “Me voy a construir una casa”.

Construir una casa no significa levantarla con las propias manos

'Autoconstrucción' puede ser un término engañoso. En España, explica Débora Notenson, socia de Kloster & Notenson, es más preciso hablar de “autopromoción”. La diferencia es importante. Una persona puede promover su propia vivienda y contratar a los profesionales encargados de diseñarla, supervisarla y ejecutarla. También puede asumir directamente algunas tareas. Lo que no desaparece son las exigencias técnicas y administrativas.

“Es muy arriesgado intentar construir sin tener los conocimientos”, advierte Notenson. Los problemas pueden afectar a la habitabilidad y la seguridad de la vivienda, pero también tener consecuencias legales. El desconocimiento es, de hecho, una de las principales barreras. Solo cerca del 6% de los españoles asegura conocer bien los pasos necesarios para construir su propia vivienda, según UCI. Dos de cada tres saben poco o nada sobre el proceso.

El atractivo económico existe. Según Notenson, una vivienda autopromovida puede permitir un ahorro de alrededor del 20% o 30% frente a un proceso en el que intervienen un promotor y una empresa constructora, al eliminar determinados márgenes y gastos. Pero ahorrar un 30% sobre una vivienda cara no convierte automáticamente la operación en una vivienda barata.

La cuenta empieza, además, antes de colocar el primer ladrillo. “El terreno es fundamental”, señala la arquitecta. Antes de comprar una parcela hay que conocer su calificación urbanística y comprobar que es apta para construir. Un terreno barato puede dejar de serlo si necesita obras de urbanización, nuevas conexiones a las redes públicas o actuaciones adicionales. Ahí aparece una de las primeras trampas de la vivienda aparentemente barata: el precio de la casa no es el precio de la vivienda.

La promesa de los 60.000 euros

Las casas modulares han añadido otra capa a la conversación. En internet es fácil encontrar viviendas que se anuncian por 50.000, 60.000 o 70.000 euros. También existen modelos de segunda mano que se sitúan entre los 20.000 o 30.000 euros. Frente al precio de una vivienda convencional, las cifras resultan tentadoras.

Daniel Corral empezó así: “Me pareció increíble que por ese dinero pudieses tener algo de tanta calidad”, cuenta. Un amigo había heredado un terreno grande en Madrid y ambos comenzaron a investigar las posibilidades. Encontraron casas móviles y prefabricadas. Algunas ofrecían dos o tres habitaciones, baño, salón y cocina, con transporte e instalación por un coste adicional.

Visitó una fábrica, vio los modelos y comprobó las posibilidades de personalización. Las viviendas tenían buen aislamiento, acabados y preinstalaciones eléctricas y de agua. Sobre el papel, la operación parecía mucho más sencilla que comprar una vivienda convencional y pasar décadas pagando una hipoteca.

Hasta que apareció el Ayuntamiento. Para instalar la vivienda necesitaban un proyecto de arquitecto y cumplir las condiciones establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Algunas de las exigencias, explica Daniel, afectaban incluso a cuestiones concretas del diseño interior.

El proyecto arquitectónico y las modificaciones necesarias para adaptar la vivienda a las exigencias urbanísticas elevaron el coste previsto en más de un 50%. En su caso, la casa que habían encontrado por unos 50.000 euros podía pasar a costar alrededor de 70.000 si se modificaba para cumplir requisitos como la altura de los techos y otros ajustes planteados por el Ayuntamiento.

A ello habría que añadir el proyecto de arquitecto, que, según las estimaciones que recibieron, podía situarse entre 5.000 y 10.000 euros. “Pasábamos de pagar 50.000 a pagar casi 80.000 euros por lo mismo”, resume. La operación acabó descartándose.

Tal y como advierte la arquitecta Notenson, las casas prefabricadas siguen sometidas a las mismas exigencias urbanísticas y necesitan cimentación e infraestructuras. En el modelo tradicional de autopromoción, el propietario se convierte en el responsable de coordinar una pequeña cadena de profesionales: arquitectos, técnicos, industriales, proveedores y, en algunos casos, abogados o gestores. La promesa de una casa por 60.000 euros, por tanto, cambia bastante cuando se hace la cuenta completa.

“Todo lo que no hagas tú, tendrás que pagarlo”

La comparación permite aterrizar hasta qué punto la autoconstrucción puede ser una alternativa más barata que comprar una vivienda nueva. Tomando como referencia una vivienda de unos 80 metros cuadrados en Getafe, el coste de una autopromoción podría situarse en torno a los 250.000 euros: unos 145.000 euros por un terreno urbano de referencia, 60.000 euros por una casa modular y alrededor de 40.000-50.000 euros adicionales para cubrir proyecto, técnicos, licencias, cimentación, acometidas, transporte y otros gastos.

En el mismo municipio, los pisos de obra nueva de unos 80 metros cuadrados se anuncian actualmente en torno a los 290.000-340.000 euros. Sobre el papel, la autopromoción podría suponer un ahorro de unos 40.000 a 90.000 euros, aunque se trata de una estimación orientativa y la diferencia puede reducirse o desaparecer si el terreno requiere actuaciones adicionales o si aumentan los costes de construcción. Y todo ello sin tener en cuenta los dolores de cabeza para el 'autopromotor'.

Tal y como aseguran los expertos consultados para este reportaje: “El ahorro aparece en cada tarea que el propietario puede asumir directamente, pero lo que no haga él tendrá que pagárselo a alguien”. Eso exige algo que rara vez aparece en los anuncios de casas prefabricadas: tiempo y dinero.

No se trata solo de elegir los azulejos o decidir dónde colocar una ventana. Hay que comparar presupuestos, pagar a industriales, coordinar trabajos y resolver imprevistos mientras la obra avanza. La autopromoción puede ahorrar dinero, pero traslada parte del trabajo y de la responsabilidad al propietario.

“Si ya se tiene un terreno en una zona que cuenta con infraestructuras urbanas, va a salir más barato construir”, apunta Notenson. Si, en cambio, hay que crear o ampliar infraestructuras, conectar redes o ejecutar actuaciones urbanísticas, la vivienda puede terminar siendo más cara y lenta que una casa terminada.

El estudio de UCI refleja precisamente esa tensión: el interés es alto, pero el conocimiento sobre el proceso es reducido. El 66% de los encuestados reconoce saber poco o nada sobre autoconstrucción.

El terreno barato puede salir caro

Pilar Rodríguez conoce el proceso desde el otro lado. Entre 2007 y 2009 decidió transformar una vivienda antigua en Madrid. El inmueble se encontraba en un estado en el que compensaba más derribarlo y empezar de cero que rehabilitarlo.

Su objetivo tampoco fue principalmente ahorrar, sino conseguir una vivienda adaptada a sus gustos y necesidades. El proceso duró casi tres años y la licencia se demoró porque la vivienda estaba situada en una zona protegida de un barrio madrileño.

Rodríguez delegó el proceso en profesionales, pero recuerda especialmente todo lo que tuvo que suceder antes de que comenzara la obra: planos, permisos, elección de materiales y decisiones que había que tomar cuando todavía no se había colocado un solo ladrillo.

El presupuesto acabó siendo superior al inicialmente previsto por los conocidos “ya que”: ya que se hace esto, se añade aquello; ya que se cambia un elemento, se mejora otro. A pesar de ello, no recuerda la experiencia como especialmente dura. “Lento, pero entretenido”, resume. La posibilidad de diseñar la vivienda hizo que el tiempo dedicado al proceso no se viviera como un esfuerzo excesivo.

“Y sí, volvería a hacerlo” asegura. Su experiencia encaja con uno de los principales motivos que aparecen en el estudio de UCI para plantearse la autopromoción: la posibilidad de diseñar una vivienda a medida. Lo señala el 46% de quienes responden. Después aparecen la posibilidad de ajustar el proyecto al presupuesto (25%) y construir desde el principio una vivienda más eficiente y sostenible (18%).

El ladrillo sigue ganando a la casa del futuro

La paradoja es que, pese al auge del discurso sobre las casas prefabricadas, la confianza de los españoles continúa concentrándose en los materiales convencionales. Según el Observatorio de UCI, el ladrillo y el hormigón son la opción que más confianza genera, con un 49%. Las viviendas modulares o prefabricadas ocupan el segundo lugar, con un 24%. El marco de madera alcanza el 6%, la estructura de madera el 4% y la bioconstrucción basada en materiales naturales apenas el 3%. Otro 14,5% no sabe todavía qué sistema escogería.

La casa prefabricada, por tanto, no es una vía para saltarse la construcción tradicional sino, en muchos casos, otra manera de ejecutarla. Y ahí está la contradicción de fondo. La tecnología permite fabricar viviendas cada vez más rápido y con un alto grado de precisión, mientras que el terreno donde se colocan sigue sometido a una normativa pensada para ordenar el crecimiento urbano y garantizar unas condiciones de habitabilidad.

Daniel Corral no ha descartado del todo las casas modulares. Sigue pensando que pueden ser una alternativa interesante, especialmente para jóvenes y para zonas rurales que buscan atraer población. Pero después de investigar el proceso su consejo es mucho menos intuitivo que el anuncio de una vivienda de 60.000 euros: primero hay que visitar físicamente la casa; después, ir al Ayuntamiento antes de pagar; y, sobre todo, comprobar qué se puede hacer realmente en el terreno.

Notenson tampoco descarta la fórmula. De hecho, considera que las prefabricadas pueden terminar siendo más económicas, aunque con mayores limitaciones de diseño. Pero tampoco las presenta como la solución al problema de acceso a la vivienda. El ahorro de una vivienda autopromovida puede rondar el 30%, señala. Sigue siendo una inversión importante, especialmente para una persona joven.

El propio estudio de UCI muestra que cuatro de cada diez españoles miran hacia esta posibilidad. Pero mirar no es construir. Para Notenson, la solución al problema de acceso a la vivienda está en otro lugar: una política firme de vivienda social de alquiler y la creación de un parque público suficiente, como ocurre en países europeos como Austria, Países Bajos o Dinamarca.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ve la propuesta de ley de vivienda asequible que la Comisión Europea ha presentado este miércoles como un aval a su decisión de acabar con los pisos turísticos de cara a 2028. El edil ha asegurado que la medida “no tiene marcha atrás” y ha reclamado que el futuro marco comunitario blinde la capacidad de las ciudades para intervenir ante la crisis de la vivienda.

En una declaración institucional, Collboni ha celebrado que Bruselas reconozca que los poderes públicos deben disponer de herramientas para actuar en zonas de mercado tensionado. Según ha insistido, la propuesta europea acerca a Barcelona al objetivo de “devolver 10.000 pisos al uso residencial” porque “reconoce que los usos turísticos reducen la disponibilidad de viviendas para los residentes”.

El alcalde ha destacado que la norma prevé asumir el concepto de zona tensionada, lo que refuerza las políticas que ya se aplican en Barcelona y el conjunto de España. Collboni ha insistido en que este concepto ha permitido definir mejor políticas para contener los precios de los nuevos contratos.

“Algunos intentan presentar este debate como una confrontación entre economía y vivienda. No es cierto”. Según el alcalde, la cuestión es decidir si se quiere una ciudad en la que los pisos sean “un activo financiero” o “un hogar”. En esta línea, ha reivindicado el “derecho a quedarse en Barcelona” ante el aumento del coste de la vivienda.

Con todo, a pesar de celebrar la propuesta de Bruselas, Collboni ha advertido que todavía queda la tramitación. “Hoy empieza una segunda etapa”, ha afirmado. El alcalde ha apuntado que Barcelona trabajará para que el texto “no pierda ambición” y para que el futuro marco europeo “blinde claramente la capacidad de los gobiernos y las ciudades para actuar ante la crisis de la vivienda”.

El precio de la vivienda libre subió un 11,7% en Castilla-La Mancha en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes.

A nivel nacional, el precio de la vivienda aumentó un 12,2% en el segundo trimestre del año respecto al pasado ejercicio, siete décimas menos que en el trimestre previo y su menor tasa desde el primer trimestre del año pasado, cuando también aumentó un 12,2%.

Con la subida del segundo trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 49 trimestres consecutivos de alzas interanuales, es decir, que lleva subiendo de manera interrumpida algo más de 12 años.

Datos nacionales

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 7,4% interanual en el segundo trimestre, 1,7 puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más moderada desde el primer trimestre de 2023, mientras que el precio de la vivienda usada se incrementó un 12,9%, seis décimas menos que en el trimestre previo y su menor avance en un año.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el segundo trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos salvo en el caso de Navarra, donde el aumento fue del 9,5%.

Las mayores subidas de precios se produjeron en la ciudad autónoma de Ceuta (+15,2%), Asturias (+15%), Castilla y León (+14,8%) y Aragón (+14,6%).

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Navarra (+9,5%), País Vasco (+10%), Cataluña (+10,1%) y Canarias (+11%).

UGT pide introducir el precio de la vivienda en la negociación colectiva

UGT Castilla-La Mancha considera “absolutamente necesario” implementar medidas para garantizar el derecho a la adquisición de una vivienda, en base a los datos publicados por el INE.

“Con los salarios actuales, no es posible garantizar el derecho a la adquisición o alquiler de una vivienda, es una realidad el que, de media en España, las personas trabajadoras necesitan más de 47 años de salario neto (dedicando el 40% del mismo) para comprar una vivienda media. El precio de este bien básico se come los salarios, por lo que debemos adoptar soluciones urgentes para solucionar este grave problema”.

Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores proponen introducir el precio de la vivienda como parámetro importante a tener en cuenta a la hora de fijar salarios en la negociación colectiva.

“El crecimiento económico y la creación de empleo son imprescindibles, pero no suficientes. Las subidas del SMI, la reforma laboral, el refuerzo de determinadas prestaciones y el Ingreso Mínimo Vital han contribuido a evitar un escenario peor. Sin embargo, continuamos teniendo problemas estructurales como son los salarios insuficientes; la parcialidad; la desigualdad territorial…problemas que debemos solucionar. La vivienda ha dejado de ser solo un problema de acceso para determinados colectivos y se ha convertido en un problema central de redistribución de la riqueza y de pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora”.

Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores hacen un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que antepongan el derecho a la vivienda de millones de personas y se de seguridad jurídica al nuevo Decreto Ley sobre vivienda.

Mosaic Propco, el fondo privado propietario de las 107 viviendas de Hermanos Calderón, en el barrio de Peñacastillo (Santander), ha cambiado la titularidad del contrato de arrendamiento de los tres bloques de alquiler asequible que adquirió en 2025 a Fundación La Caixa y que quiere vender, conforme concluyan los contratos de arrendamiento. Además, ahora aparece como pagador en el contrato.

Como consecuencia, los vecinos que hasta ahora han percibido bonificaciones en el servicio municipal de aguas y alcantarillado de Santander, externalizado y gestionado por la empresa Aqualia, ya no pueden tener la deducción.

Desde 2015, los vecinos que entraban a vivir como inquilinos en los bloques de Hermanos Calderón, InmoCaixa -inmobiliaria de Fundación La Caixa- figuraba como titular del contrato y el inquilino, como pagador. Por lo tanto, si tenía una situación especial, podía presentar la documentación en Aqualia para obtener la bonificación.

Ahora, al aparecer Mosaic Propco como pagador, las bonificaciones en Aqualia “se han perdido” porque ya no figuran los nombres de los inquilinos y, como resultado, sus condiciones para poder obtenerlas. Así lo denuncia la plataforma vecinal creada tras la venta de las 107 viviendas, en las que viven más de ochenta familias.

Los primeros vecinos que han perdido la bonificación “de forma unilateral” acaban de ser notificados. En un caso, la vecina que transmitido a Aqualia su situación para tratar de recuperar la ayuda. Y ha recibido respuesta de la empresa externalizada de aguas y alcantarillado: “La dirección de referencia corresponde a la persona jurídica propietaria del inmueble desde 2025, según consta en la nota simple”, además, agregan, “también constan los datos bancarios de dicha entidad para la domiciliación de dichos recibos”. Y concluyen: “Al no constar sus datos en el contrato, no podemos facilitarle más información al respecto si no aporta una autorización de la empresa titular del contrato”.

Los vecinos afectados perciben una estrategia por parte del fondo. “Estamos seguros de que se trata de otra medida de presión del fondo buitre para hacer perder ventajas” que corresponden a las familias numerosas, familias monoparentales con dos o más hijos, desempleados, personas con ingresos bajos, casos de vulnerabilidad social y económica...“, cuestionan los vecinos afectados.

A su juicio, “atacan a los más 'débiles' para tratar de hacerles daño complicándoles más aún la vida. Saben que el asunto económico hace daño y están tirando a perjudicar aún más a los vecinos. Es un nuevo mecanismo de presión para que abandonemos nuestros hogares”, cuestionan los inquilinos.

Los vecinos llevan desde marzo de 2026 denunciando públicamente su situación y han pedido, sin éxito, al Ayuntamiento de Santander y a la alcaldesa Gema Igual (PP) que compre las viviendas para que sean vivienda pública o que les ofrezcan alternativas habitaciones específicas, ante una situación en la cual algunos contratos empiezan a vencer en noviembre de este año.

Para María Dolores, estudiante de tercero de Bellas Artes en la Universidad de Murcia, el verano ha sido un sinvivir frente a la pantalla del ordenador buscando una habitación que le permita seguir estudiando en la capital sin que el alquiler se lleve buena parte del presupuesto familiar.

La odisea se ha repetido para infinidad de universitarios: anuncios que desaparecen en cuestión de horas, pisos compartidos que acumulan candidatos, habitaciones que obligan a desplazarse cada vez más lejos del campus y padres y madres que empiezan a buscar alojamiento incluso antes de conocer definitivamente la titulación o la universidad en la que estudiarán sus hijos o hijas.

Una presión que se ha intensificado en los últimos años. En el primer trimestre de 2026, la oferta de habitaciones en Murcia aumentó un 16% respecto al año anterior, pero la demanda lo hizo un 58%. El precio medio se sitúa ya en 300 euros mensuales. Eso convierte una habitación en un piso compartido —la opción que tradicionalmente permitía abaratar el coste de estudiar fuera de casa— en un gasto que supera fácilmente los 3.000 euros anuales, a los que hay que sumar alimentación, transporte, matrícula, material académico y pago de suministros.

Una ciudad universitaria con miles de estudiantes llegados de fuera

Murcia cuenta fundamentalmente con dos grandes universidades en su entorno inmediato: la Universidad de Murcia (UMU), pública, y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), privada. La primera supera los 30.000 estudiantes, mientras que la segunda cuenta con más de 22.000 alumnos en programas de grado y posgrado.

La dimensión de la UCAM añade, además, un componente especialmente relevante para el mercado residencial: su capacidad de atracción exterior. El 38% de sus estudiantes de grado y el 55,8% de los de máster proceden de otras comunidades autónomas, según los últimos datos del Ranking CYD difundidos por la propia universidad. A ello se suma una importante población internacional: otro 20% de sus alumnos son estudiantes extranjeros de 135 nacionalidades.

La Universidad de Murcia también atrae alumnado de fuera de la Región, aunque no existe una estadística pública única y actualizada que permita saber cuántos de sus estudiantes necesitan realmente una vivienda en la capital. Como referencia regional, un análisis del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de 2026 sitúa en el 22,9% el porcentaje de universitarios matriculados en la Región de Murcia —que incluye también la Universidad Politécnica de Cartagena— que procede de otras comunidades autónomas. Es una proporción superior a la media española, del 19,1%.

Las residencias: una alternativa cara y escasa

Las residencias universitarias ofrecen una solución más sencilla que compartir piso: habitación amueblada, suministros, conexión a Internet, limpieza y, en muchos casos, comedor, zonas de estudio, gimnasio o actividades.El problema es que tampoco hay camas suficientes y las que hay, no están al alcance de la mayoría de bolsillos.

Entre las opciones públicas se encuentra el Colegio Mayor Azarbe, perteneciente a la Universidad de Murcia, que ofrece 117 plazas para el curso 2026-2027, en régimen de alojamiento y manutención a un precio que oscila entre los 6.580 euros de la habitación individual con baño y los 6.215 de la doble.

Otra opción, aún más limitada, es la Residencia para Jóvenes de la Comunidad Autónoma, en la plaza Islas Baleares de Murcia, que para el próximo curso ofrece 74 plazas: 56 en apartamentos dobles y 18 individuales. Está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años —no exclusivamente universitarios— desplazados de su domicilio por razones de estudio o trabajo. Los precios de partida son de 290,82 euros mensuales por persona en apartamento doble y 387,03 euros en individual, a los que se añaden consumos mínimos de agua y electricidad.

En el ámbito privado, las diferencias son enormes. La Residencia Universitaria Campus, situada junto al campus de la UMU de Espinardo, ofrece para 2026-2027 habitaciones individuales desde 460 euros mas 59 euros de suministros, y dobles desde 384 euros mas 59 euros. La media pensión supone otros 195 euros al mes y la pensión completa, 289 euros.

En el extremo superior se encuentran propuestas como Bravo Students, en Guadalupe, la pedanía murciana que alberga el campus principal de la UCAM, con habitaciones desde unos 565 euros en formato compartido y desde 960 euros para determinadas habitaciones individuales, con servicios como wifi, limpieza semanal, piscina, gimnasio, salas de estudio y recepción 24 horas.

La Residencia Universitaria JC1, en Juan Carlos I, parte de unos 805 euros por persona en habitación doble y de 950 euros en individual, con baño privado, cocina, wifi, limpieza semanal y climatización. Y micampus, en La Ñora, ofrece opciones desde unos 809 euros mensuales en habitación doble con pensión completa, mientras que determinadas habitaciones individuales superan los 1.000 euros.

300 euros por una habitación: el nuevo suelo del mercado

Para quienes no pueden asumir el coste de una residencia universitaria, compartir piso sigue siendo la alternativa principal. En Murcia, el precio medio de una habitación alcanzó los 300 euros mensuales en el primer trimestre de 2026, según el portal especializado Idealista. Una cifra que se mantiene estable respecto al año anterior pero que acumula un incremento del 34% en cinco años: de unos 223 euros en 2021 a los 300 actuales.

El mercado actual ofrece, no obstante, una horquilla más o menos amplia. En los anuncios consultados recientemente aparecen habitaciones desde alrededor de 230 euros, especialmente en zonas periféricas, hasta 350, 390 euros o más en viviendas mejor ubicadas o equipadas. La ubicación pesa. También el estado de la vivienda, el número de personas que comparten baño, si los suministros están incluidos y, cada vez más, la distancia al tranvía o a los campus.

Otro problema es que, en el mercado del alquiler, el estudiante no compite únicamente con otros universitarios. La habitación se ha convertido en una fórmula de acceso a la vivienda para jóvenes trabajadores y otras personas que no pueden asumir un alquiler completo.

La alta demanda y la escasez general de vivienda repercute directamente sobre el precio: en julio de 2026, el alquiler residencial en Murcia capital alcanzó los 9,9 euros por metro cuadrado, un 3,8% más que un año antes. La consecuencia es una especie de efecto dominó: si el piso completo se encarece y comprar resulta inaccesible para buena parte de los jóvenes, el propietario puede optar por dividir la vivienda en habitaciones y maximizar sus ingresos. El resultado es que una solución que nació como alternativa económica termina siendo cada vez más cara.

Cuando la red de transporte público no ayuda

María Dolores procede de Purias, una pedanía del municipio de Lorca situada a poco más de 70 kilómetros de la capital regional. Una distancia que, en coche, se completa en unos 51 min por la Autovía del Mediterráneo (A-7). Ella no dispone de vehículo propio y la utilización del transporte público no es una alternativa para evitar el traslado temporal de su residencia a Murcia, porque le obligaría a emplear unas 5 horas diarias en viajes en autobuses y tranvías —el servicio de trenes de Cercanías entre Murcia y Lorca lleva suspendido desde octubre de 2021 debido a las obras del AVE—, entre ida y vuelta.

Así que empezó a buscar piso en junio. “Pensaba que lo conseguiría pronto, pero muchas habitaciones ya estaban reservadas. Los que encuentro por 250 o 270 euros están muy lejos o están compartidos por muchas personas y tienen solo un baño. Y si pago 350 euros más gastos, mis padres no saben si podrán mantenerlo todo el curso”, explica. “Tengo otros dos hermanos que vienen detrás de mí. No me parecería justo comprometer los ahorros que ellos han previsto también para sus estudios, así que no sé lo que haré al final, pero entre las opciones está dejar la carrera”, reconoce a pocas semanas de que empiece el nuevo curso académico.

Su caso resume a la perfección cómo el lugar de residencia puede terminar condicionando la formación postobligatoria en España cuando el estudiante no cuenta con avales, ingresos propios o una familia que pueda adelantar varios meses de renta.

Contratos de temporada: ¿puerta a los abusos?

Hay otra cuestión que muchos estudiantes descubren cuando ya están buscando piso: no todos los alquileres están sometidos al mismo régimen jurídico. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) diferencia entre el alquiler destinado a satisfacer una necesidad permanente de vivienda y los contratos de temporada.

Para un estudiante que llega a Murcia desde otro lugar, el contrato puede plantearse como alquiler de temporada por estudios, por ejemplo, de septiembre a junio. En ese caso, el contrato se rige en gran medida por lo pactado entre las partes, frente al carácter más protector de los arrendamientos de vivienda.

La diferencia es importante. En un contrato de vivienda habitual existen mayores garantías de duración y prórroga. Además, desde la Ley de Vivienda de 2023, los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato corresponden al arrendador en los alquileres de vivienda. En los contratos de temporada, en cambio, existe mayor libertad contractual. De ahí que puedan aparecer contratos de nueve o diez meses, cláusulas específicas sobre gastos, fianzas y honorarios o condiciones de salida diferentes.

Y aquí aparece una de las principales zonas grises del mercado: que un contrato se llame “de temporada” no significa que cualquier condición que incluya sea automáticamente válida. La causa temporal debe responder a una necesidad real y quedar correctamente reflejada en el contrato.

Por eso, el estudiante debe fijarse especialmente en la tipología de su contrato, cuál es la causa de la temporalidad, la duración, qué incluye la renta, qué gastos se repercuten, qué fianza se exige y quién cobra los honorarios de intermediación. La propia Ley de Vivienda reconoce el derecho de quien va a alquilar a solicitar información sobre las condiciones económicas y características de la vivienda antes de entregar dinero.

“Me pidieron pagar antes de enseñarme el contrato”

Álvaro, estudiante de 21 años procedente de Albacete, lleva dos cursos compartiendo piso en Murcia. El primer año pagaba 250 euros por la habitación. Para este curso, su casero le anunció a él y a sus otros tres compañeros de piso que el precio subía, de golpe, a los 315 —lo que supone unos ingresos mensuales para el propietario de 1.260 euros—, sin contar luz, agua ni Internet: “Cuando hicimos cuentas, la habitación se nos iba a los 370 al mes a cada uno, pero hemos preferido asumir la subida impuesta por el propietario antes que jugárnosla tal y como está la cosa”, relata.

Es lo que le pasó a Lucía, de 23 años, nacida en la localidad costera de Águilas. A mitad de curso se vio en la necesidad de salir del piso que compartía en Murcia con otras dos chicas por la pésima relación que mantenía con ellas, con denuncias por agresiones de por medio. “Encontré una habitación, pero me dijeron que había otras cuatro personas interesadas y que, si quería reservar, tenía que transferir 500 euros ese mismo día. Pedí ver el contrato y me dijeron que lo enviarían después”. Lucía, que asegura sentirse “desesperada”, realizó el trato por WhatsApp y efectuó el ingreso de la “reserva”. Resultó una estafa.

La recomendación ahí es básica: no entregar dinero sin conocer quién alquila la vivienda, qué se está contratando y en qué condiciones. En el caso de aquellas personas que confíen el alquiler a profesionales se debe tener en cuenta que la Ley de Vivienda establece obligaciones de información para quienes intervienen como mediadores, lo que incluye facilitar datos sobre el arrendador, el precio total, las condiciones económicas y las características físicas del inmueble, antes de formalizar la operación.

Un problema de desigualdad

Dos estudiantes. Misma capacidad académica. Pero uno vive en la ciudad de Murcia y otro necesita desplazarse desde otra localidad. Así que el segundo debe añadir a su decisión el coste de una residencia o una habitación en un piso compartido. Ahí el problema no es únicamente inmobiliario, es de igualdad de oportunidades.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla ayudas al alquiler para jóvenes y establece, entre otras medidas, una ayuda de hasta 200 euros mensuales para el alquiler o cesión de una habitación habitual y permanente, con determinados requisitos de ingresos y residencia. Pero esa condición de vivienda habitual y permanente vuelve a dejar sobre la mesa la cuestión de los estudiantes que utilizan un contrato estrictamente temporal durante el curso. Por su parte, el Gobierno autonómico de López Miras (PP) no contempla ayudas propias para sufragar el alquiler de habitaciones por parte de los estudiantes, al margen de las financiadas por el Estado.

Mientras tanto, el mercado continúa avanzando más deprisa que las soluciones, con estudiantes que se enfrentan a una matrícula que pagar, a las incertidumbres del curso que va a comenzar y a una pregunta cada vez más difícil de responder: ¿dónde voy a vivir?

Casa47, la entidad estatal de vivienda, lanzará convocatorias de alquiler asequible con los inmuebles de Cantabria propiedad de la SAREB, “en un plazo estimado no superior a los tres meses” desde que dicha sociedad se los transfiera.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de Casa47 después de que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) cifrara en más de 850 las viviendas de su propiedad en la comunidad que tiene previsto traspasar para destinarlas a alquiler asequible, aunque sin aportar plazos concretos.

Hace unos días, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, afirmó en Laredo que esperaba que “en las próximas semanas” se pueda cerrar el listado definitivo de las viviendas cántabras que la SAREB transferirá a Casa47.

Según la información aportada por la SAREB recientemente a esta agencia, las viviendas que se transferirán en Cantabria se distribuyen en casi una veintena de municipios de la región: Astillero, Castañeda, Hazas de Cesto, Miengo, Piélagos, Polanco, Ramales de la Victoria, Reocín, Ribamontán al Monte, San Felices de Buelna, Santa Cruz de Bezana, Santander, Santiurde de Reinosa, Santiurde de Toranzo, Solórzano, Suances, Torrelavega y Villaescusa.

Forman parte de las más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos que se van a transferir en todo el país dirigidas a crear un parque público de alquiler asequible.

Las viviendas que se destinen a alquiler asequible deben cumplir una serie de criterios (superficie, ubicación y otros) que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado. Conforme a ellos, se perimetró la cartera de SAREB para iniciar este traspaso.

A nivel nacional, este proceso arrancó en 2025 y seguirá completándose hasta el cierre de esta sociedad -la liquidación de la sociedad se mantiene en noviembre de 2027, aunque seguirá un tiempo manteniendo su actividad para completar su labor-.

En cuanto a las viviendas de Cantabria, el traspaso empieza de aquí a 2027 aunque luego queden algunas viviendas por transferir.

La SAREB ha aclarado que en estos momentos no dispone ahora mismo de todas esas 850 viviendas en Cantabria que prevé transferir a Casa47 para alquiler asequible (en la actualidad hay unas 650). Y es que faltan, por ejemplo, aquellas que se recibirán cuando se ejecuten los préstamos o finalicen los concursos de acreedores en los que la sociedad está presente.

Además, precisó que en la cifra de traspaso se incluye tanto vivienda vacía como alguna que ya está habitada, esto es con alquileres heredados del anterior propietario o alquileres del programa social. Estos inquilinos pasarán a tener como casero a Casa47 cuando se vayan formalizando los traspasos.

La sociedad sí precisó que lo que no se traspasará serán viviendas ocupadas ilegalmente porque en estos casos SAREB se encarga de recuperar la posesión y sólo cuando el activo está listo para alquilar se transfiere a Casa47 (antes se reforma o adecua si es necesario).

Las casi 80 viviendas de la calle Ballestas de Guarnizo (Astillero) que permanecen vacías se dedicarán a alquiler asequible una vez acometida una reforma, aunque no hay un plazo concreto para ello. Así lo han confirmado a Europa Press, tras publicarlo El Diario Montañés, fuentes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), propietaria de dichas viviendas.

Esta semana, el alcalde Javier Fernández Soberón, alcalde de Astillero -municipio al que pertenece Guarnizo- había criticado que esas viviendas -ubicadas en los bloques 7A y 7B de la citada calle y propiedad de la SAREB- sigan vacías y, como reacción, el Gobierno de Cantabria (PP) reaccionó diciendo que quien tiene “bloqueadas” esas viviendas es el Ejecutivo central pese a que el alcalde del municipio lo “oculta”.

Ahora, según han explicado desde la sociedad, cuyo accionista mayoritario es el Estado, estos inmuebles de Guarnizo formarán parte de las más de 850 viviendas de Cantabria que la SAREB tiene previsto traspasar a la Administración General del Estado para que sean gestionadas por Casa47, la entidad estatal de Vivienda y Suelo de España (antigua SEPES), y se destinen a alquiler asequible.

Concretamente, las viviendas que se transferirán en Cantabria se distribuyen, según la información facilitada por la SAREB, en casi una veintena de municipios de la región: Astillero, como es el caso de las citadas de la pedanía de Guarnizo, Castañeda, Hazas de Cesto, Miengo, Piélagos, Polanco, Ramales de la Victoria, Reocín, Ribamontán al Monte, San Felices de Buelna, Santa Cruz de Bezana, Santander, Santiurde de Reinosa, Santiurde de Toranzo, Solórzano, Suances, Torrelavega y Villaescusa.

Los criterios que deben cumplir estas viviendas (superficie, ubicación y otros) se publicaron en el Boletín Oficial del Estado. Conforme a ellos, se perimetró la cartera de SAREB para iniciar este traspaso.

A nivel nacional, este proceso arrancó en 2025 y seguirá completándose hasta el cierre de esta sociedad. La liquidación de la sociedad se mantiene en noviembre de 2027, aunque seguirá un tiempo manteniendo su actividad para completar su labor. En cuanto a las viviendas de Cantabria, el traspaso empieza de aquí a 2027 aunque luego queden algunas viviendas por transferir.

No dispone de “todas”

La SAREB ha aclarado que en estos momentos no dispone ahora mismo de todas esas 850 viviendas en Cantabria que prevé transferir a Casa47 para alquiler asequible (en la actualidad hay unas 650). Y es que faltan, por ejemplo, aquellas que se recibirán cuando se ejecuten los préstamos o finalicen los concursos de acreedores en los que la sociedad está presente.

Además, ha aclarado que en la cifra de traspaso se incluye tanto vivienda vacía como alguna que ya está habitada, esto es con alquileres heredados del anterior propietario o alquileres del programa social. Estos inquilinos pasarán a tener como casero a Casa 47 cuando se vayan formalizando los traspasos.

El Gobierno de Navarra ha abierto expediente a 16 viviendas situadas en localidades que han sido declaradas como zona de mercado residencial tensionado tras detectar a través de una inspección que están alquiladas a un precio superior al topado por ley.

Según informan desde el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, ya ha comenzado a enviar comunicaciones a las personas físicas titulares de estas viviendas informándoles de esta situación. De las 16 viviendas detectadas, 12 de ellas están situadas en Pamplona y su comarca, dos en la Ribera y dos en Zona Media.

Según añaden desde el Ejecutivo foral, a los propietarios de estas viviendas se les han comunicado que tienen un plazo de diez días hábiles para presentar el contrato de alquiler vigente y, en su caso, el contrato anterior junto con el justificante bancario del cobro de la última renta, así como aquellas alegaciones que consideren oportunas. En caso de que no se justifique el sobreprecio, se continuará con el expediente.

Antes de iniciar un expediente sancionador la Dirección General de Vivienda puede conceder un plazo no superior a 15 días para rectificar el contrato y, en su caso, devolver la diferencia de importe se ha estado cobrado indebidamente. En el caso de que proceda sancionar, se inicia el procedimiento sancionador con multas que oscilan entre los 3.001 y los 30.000 euros.

En junio de 2025 el Gobierno navarro aprobó la declaración de zona de mercado residencial tensionado para 21 municipios navarros: Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta. Una de las herramientas recogidas en el Plan de Medidas de Zona de Mercado Tensionado es la limitación de los precios del alquiler a través del índice de referencia de precios de alquiler de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para los nuevos contratos de alquiler de viviendas que no hayan estado arrendadas en los últimos cinco años, el cual establece un rango de precios por metro cuadrado según la ubicación y características específicas del inmueble.

23.066 contratos activos inscritos en el registro

La aprobación de las zona de mercado residencial tensionado incluyó también la creación de un registro de contratos de arrendamientos de vivienda en el que deben inscribirse todos los contratos de alquiler, ya sean de vivienda habitual o de arrendamiento de temporada, ubicadas en el territorio de la comunidad foral. La aplicación también permite consultar, modificar y cancelar los contratos registrados.

Dependiente de la Dirección General de Vivienda y único registro público que existe en materia de alquiler en la comunidad foral, sirve como herramienta para el control y el seguimiento del mercado de alquiler en la zona de mercado tensionado y para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que la ley impone en esta materia.

Actualmente, hay 23.066 contratos activos inscritos. A esta cifra se suman aquellos contratos que no requieren inscripción por parte de las personas arrendadoras, ya que son registrados de oficio por la Dirección General de Vivienda. Entre ellos se encuentran las 1.163 viviendas gestionadas a través de la Bolsa de Alquiler y los 4.524 contratos de vivienda protegida en régimen de alquiler.