Las casi 80 viviendas de la calle Ballestas de Guarnizo (Astillero) que permanecen vacías se dedicarán a alquiler asequible una vez acometida una reforma, aunque no hay un plazo concreto para ello. Así lo han confirmado a Europa Press, tras publicarlo El Diario Montañés, fuentes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), propietaria de dichas viviendas.

Esta semana, el alcalde Javier Fernández Soberón, alcalde de Astillero -municipio al que pertenece Guarnizo- había criticado que esas viviendas -ubicadas en los bloques 7A y 7B de la citada calle y propiedad de la SAREB- sigan vacías y, como reacción, el Gobierno de Cantabria (PP) reaccionó diciendo que quien tiene “bloqueadas” esas viviendas es el Ejecutivo central pese a que el alcalde del municipio lo “oculta”.

Ahora, según han explicado desde la sociedad, cuyo accionista mayoritario es el Estado, estos inmuebles de Guarnizo formarán parte de las más de 850 viviendas de Cantabria que la SAREB tiene previsto traspasar a la Administración General del Estado para que sean gestionadas por Casa47, la entidad estatal de Vivienda y Suelo de España (antigua SEPES), y se destinen a alquiler asequible.

Concretamente, las viviendas que se transferirán en Cantabria se distribuyen, según la información facilitada por la SAREB, en casi una veintena de municipios de la región: Astillero, como es el caso de las citadas de la pedanía de Guarnizo, Castañeda, Hazas de Cesto, Miengo, Piélagos, Polanco, Ramales de la Victoria, Reocín, Ribamontán al Monte, San Felices de Buelna, Santa Cruz de Bezana, Santander, Santiurde de Reinosa, Santiurde de Toranzo, Solórzano, Suances, Torrelavega y Villaescusa.

Los criterios que deben cumplir estas viviendas (superficie, ubicación y otros) se publicaron en el Boletín Oficial del Estado. Conforme a ellos, se perimetró la cartera de SAREB para iniciar este traspaso.

A nivel nacional, este proceso arrancó en 2025 y seguirá completándose hasta el cierre de esta sociedad. La liquidación de la sociedad se mantiene en noviembre de 2027, aunque seguirá un tiempo manteniendo su actividad para completar su labor. En cuanto a las viviendas de Cantabria, el traspaso empieza de aquí a 2027 aunque luego queden algunas viviendas por transferir.

No dispone de “todas”

La SAREB ha aclarado que en estos momentos no dispone ahora mismo de todas esas 850 viviendas en Cantabria que prevé transferir a Casa47 para alquiler asequible (en la actualidad hay unas 650). Y es que faltan, por ejemplo, aquellas que se recibirán cuando se ejecuten los préstamos o finalicen los concursos de acreedores en los que la sociedad está presente.

Además, ha aclarado que en la cifra de traspaso se incluye tanto vivienda vacía como alguna que ya está habitada, esto es con alquileres heredados del anterior propietario o alquileres del programa social. Estos inquilinos pasarán a tener como casero a Casa 47 cuando se vayan formalizando los traspasos.

El Gobierno de Navarra ha abierto expediente a 16 viviendas situadas en localidades que han sido declaradas como zona de mercado residencial tensionado tras detectar a través de una inspección que están alquiladas a un precio superior al topado por ley.

Según informan desde el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, ya ha comenzado a enviar comunicaciones a las personas físicas titulares de estas viviendas informándoles de esta situación. De las 16 viviendas detectadas, 12 de ellas están situadas en Pamplona y su comarca, dos en la Ribera y dos en Zona Media.

Según añaden desde el Ejecutivo foral, a los propietarios de estas viviendas se les han comunicado que tienen un plazo de diez días hábiles para presentar el contrato de alquiler vigente y, en su caso, el contrato anterior junto con el justificante bancario del cobro de la última renta, así como aquellas alegaciones que consideren oportunas. En caso de que no se justifique el sobreprecio, se continuará con el expediente.

Antes de iniciar un expediente sancionador la Dirección General de Vivienda puede conceder un plazo no superior a 15 días para rectificar el contrato y, en su caso, devolver la diferencia de importe se ha estado cobrado indebidamente. En el caso de que proceda sancionar, se inicia el procedimiento sancionador con multas que oscilan entre los 3.001 y los 30.000 euros.

En junio de 2025 el Gobierno navarro aprobó la declaración de zona de mercado residencial tensionado para 21 municipios navarros: Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta. Una de las herramientas recogidas en el Plan de Medidas de Zona de Mercado Tensionado es la limitación de los precios del alquiler a través del índice de referencia de precios de alquiler de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para los nuevos contratos de alquiler de viviendas que no hayan estado arrendadas en los últimos cinco años, el cual establece un rango de precios por metro cuadrado según la ubicación y características específicas del inmueble.

23.066 contratos activos inscritos en el registro

La aprobación de las zona de mercado residencial tensionado incluyó también la creación de un registro de contratos de arrendamientos de vivienda en el que deben inscribirse todos los contratos de alquiler, ya sean de vivienda habitual o de arrendamiento de temporada, ubicadas en el territorio de la comunidad foral. La aplicación también permite consultar, modificar y cancelar los contratos registrados.

Dependiente de la Dirección General de Vivienda y único registro público que existe en materia de alquiler en la comunidad foral, sirve como herramienta para el control y el seguimiento del mercado de alquiler en la zona de mercado tensionado y para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que la ley impone en esta materia.

Actualmente, hay 23.066 contratos activos inscritos. A esta cifra se suman aquellos contratos que no requieren inscripción por parte de las personas arrendadoras, ya que son registrados de oficio por la Dirección General de Vivienda. Entre ellos se encuentran las 1.163 viviendas gestionadas a través de la Bolsa de Alquiler y los 4.524 contratos de vivienda protegida en régimen de alquiler.

La alcaldesa de Santander, gema Igual (PP) descarta comprar las 107 viviendas de alquiler asequible, ubicadas en la calle Hermanos Calderón, en el barrio de Peñacastillo, que han sido vendidas por la Fundación La Caixa al fondo de inversión Mosaic Propco. Así se lo ha trasladado a los vecinos afectados, cuyos contratos empiezan a vencer en 2027, en una reunión reciente en el Ayuntamiento.

Los vecinos le preguntaron “qué iba a hacer” el Ayuntamiento “para defender el derecho a seguir viviendo aquí” y si el Ayuntamiento compraría las viviendas. Tras esto, la alcaldesa les respondió “literalmente, que no, que no es posible”. Según explican, les argumentó que “no tienen dinero para poder realizar esa compraventa” y por otro lado, porque desde el consistorio “entienden que no son los responsables de lo que nos pueda pasar”.

A cambio, la alcaldesa se comprometió, según los vecinos, a “abrir la puerta” a una negociación a tres bandas con Mosaic. “El Ayuntamiento, nos consta, ha requerido información sobre lo que está ocurriendo con las viviendas a Mosaic y no les ha contestado”, han explicado a elDiario.es los vecinos. “Entendemos que Mosaic no va a tener ningún interés en intentar cualquier tipo de negociación”, asumen.

Consultado sobre la reunión, desde el Ayuntamiento confirma a elDiario.es que no contemplan la compra por presupuesto y que la opción queda descartada.

El 19 de junio, la alcaldesa de Santander se comprometió públicamente a tener una reunión con los vecinos. Para ese momento, en el que la regidora hacía balance de legislatura, habían pasado dos meses desde que el caso de expulsión colectiva se había hecho público. Y es que la nueva empresa propietaria rechazaba renovar contratos de alquiler y solo ofrecía venta a precios no asequibles.

El 26 de junio, los vecinos acudieron al pleno municipal para, aprovechando el turno de preguntas, consultar públicamente a la alcaldesa qué iba a hacer por ellos. La alcaldesa, cortante, les dijo que si su petición era que el Ayuntamiento de Santander comprase sus pisos y tras la confirmación de los vecinos, les dijo que estudiaría su propuesta.

El 10 de julio, salía a la venta uno de los pisos de Hermanos Calderón, con inquilinos dentro. Y era ya el segundo caso. La empresa les ha dado dos opciones: comprar o marcharse, según venza el contrato, aunque la mayoría está pidiendo una prórroga del contrato de alquiler asequible.

Tres meses después de que el centenar de vecinos denunciaran su situación, el encuentro se produjo el 17 de julio, entre los residentes y representantes del Sindicato de la Vivienda de Cantabria en el Ayuntamiento. La cita no fue publicitada y, valoran los inquilinos de Hermanos Calderón, se dio en “un tono más cordial” por parte de Gema Igual. A medio año de que los contratos empiecen a vencer, los vecinos de las 107 viviendas continúan en un limbo sobre su futuro residencial.

La vivienda se ha convertido en una de las grandes fracturas sociales de nuestro tiempo. Durante años se insistió en que el mercado terminaría equilibrando la oferta y la demanda y que bastaba con introducir algunos incentivos para facilitar el acceso a una vivienda digna. Sin embargo, la realidad se ha encargado de desmentir una y otra vez esa confianza. En Bizkaia, como en buena parte de Euskadi, la oferta de vivienda en alquiler continúa siendo insuficiente, las rentas permanecen en niveles muy elevados y cada vez más personas, especialmente jóvenes, familias con ingresos medios, personas migradas y hogares monomarentales, encuentran enormes dificultades para acceder a un hogar sin destinar una parte desproporcionada de sus ingresos.

Los datos oficiales permiten constatar esta evolución. La Estadística del Mercado del Alquiler del Gobierno Vasco confirma la persistencia de una oferta escasa y de precios elevados. A ello se suma un mercado residencial sometido a fuertes tensiones: crecimiento demográfico en determinadas áreas urbanas, transformación de viviendas hacia usos más rentables, incremento de la inversión inmobiliaria y una presión turística que, aunque en Bizkaia se sitúa muy lejos de los niveles de otras ciudades europeas, también contribuye a reducir la oferta residencial disponible en algunos barrios. El resultado es conocido: cada vivienda que sale al mercado recibe un número creciente de solicitudes, mientras el acceso a una vivienda estable se convierte para muchas personas en una carrera de obstáculos.

Ante esta situación, las administraciones han desplegado un amplio abanico de medidas. Ayudas directas al alquiler, bonos para jóvenes, incentivos fiscales, programas de avales para la compra, movilización de vivienda vacía, limitaciones a los alojamientos turísticos, reservas de suelo o nuevas regulaciones del mercado forman parte de una batería de políticas que, sin duda, pueden aliviar situaciones concretas y evitar que muchas familias queden completamente excluidas.

Sería un error despreciar estas medidas. Cuando una persona no puede pagar el alquiler o se ve obligada a retrasar indefinidamente su emancipación, cualquier ayuda puede marcar una diferencia decisiva. En situaciones de emergencia hacen falta parches, la hemorragia debe contenerse antes de que el paciente muera. El problema aparece cuando esos parches terminan sustituyendo al tratamiento. Porque conviene hacerse una pregunta: ¿qué ocurre cuando el dinero público se destina fundamentalmente a facilitar que las personas paguen unos alquileres cada vez más elevados sin modificar la estructura del mercado que fija esos precios? La respuesta es conocida desde hace tiempo: en un contexto de oferta insuficiente, buena parte de esas ayudas acaba incorporándose al propio precio de la vivienda. De este modo, el dinero público termina alimentando el mismo mercado cuya incapacidad para garantizar un derecho pretende corregir.

Por eso, el auténtico criterio para evaluar una política de vivienda progresista no debería ser el volumen de ayudas que concede ni el número de programas que pone en marcha, sino un indicador mucho más directo: ¿está aumentando de forma sostenida el parque público de vivienda destinado al alquiler? Destinado al alquiler, y no a la propiedad. Porque la diferencia es fundamental. Una vivienda pública vendida deja de ser pública. Puede cumplir una función social durante un tiempo, pero acaba incorporándose al mercado privado y pierde definitivamente su capacidad para garantizar el acceso de generaciones futuras. En cambio, una vivienda pública mantenida en alquiler constituye un patrimonio colectivo permanente. No beneficia únicamente a quienes viven hoy en ella, sino también a quienes necesitarán una vivienda dentro de diez, veinte o cincuenta años.

Este debería ser el verdadero test de verificación de una política de vivienda de izquierdas. Todo lo demás puede ser necesario, incluso imprescindible en determinados momentos, pero resulta insuficiente si no modifica la estructura del mercado residencial. Mientras el parque público continúe siendo tan reducido, seguiremos destinando enormes cantidades de recursos públicos a sostener un sistema basado en la mercantilización de un bien de primera necesidad.

Y aquí reside el problema de fondo. Hemos terminado aceptando con demasiada naturalidad que la vivienda funcione ante todo como un activo financiero. Se compra para invertir, para obtener rentabilidades, para diversificar patrimonios o para especular con su revalorización futura. Nada de ello resulta sorprendente desde la lógica del mercado. Lo preocupante es que esa misma lógica haya terminado colonizando un ámbito que constituye una condición indispensable para desarrollar cualquier proyecto de vida.

Porque una vivienda no es únicamente un techo. Es el lugar desde el que se construyen relaciones familiares, redes vecinales, proyectos educativos, cuidados, arraigo y comunidad. Cuando el acceso a la vivienda se vuelve incierto o inalcanzable, no solo aumenta la desigualdad económica. También se debilitan los vínculos sociales. Las consecuencias son bien visibles: jóvenes que retrasan durante años su emancipación o aplazan tener descendencia; personas que cambian continuamente de barrio porque no pueden asumir la subida del alquiler y vecindarios sometidos a una rotación constante que dificulta la construcción de relaciones estables; comercios de proximidad que desaparecen; asociaciones vecinales con dificultades para incorporar nuevas y nuevos participantes; comunidades cada vez más fragmentadas.

Por eso la crisis de la vivienda no constituye únicamente un problema habitacional. Es también un problema democrático. Cuando una parte creciente de la ciudadanía percibe que, por mucho que estudie, trabaje o se esfuerce, nunca podrá acceder a una vivienda digna, empieza a erosionarse algo más profundo que el bienestar material. Se resquebraja la confianza en que las instituciones sean capaces de garantizar condiciones mínimas de justicia. Aparece la sensación de que las reglas del juego están diseñadas para beneficiar siempre a quienes ya poseen patrimonio. Crecen la frustración, la resignación y el desapego hacia la política democrática. No es casual que la vivienda aparezca hoy como una de las principales preocupaciones ciudadanas. Lo que está en juego no es únicamente cuánto cuesta alquilar un piso; lo que se discute es si la democracia sigue siendo capaz de proteger bienes esenciales frente a dinámicas de mercantilización que parecen escapar a cualquier control colectivo.

Cuando una parte creciente de la ciudadanía percibe que, por mucho que estudie, trabaje o se esfuerce, nunca podrá acceder a una vivienda digna, empieza a erosionarse algo más profundo que el bienestar material. Se resquebraja la confianza en que las instituciones sean capaces de garantizar condiciones mínimas de justicia

Durante décadas se habló de la vivienda como un derecho constitucional. Ha llegado el momento de preguntarse qué significa realmente tomarse en serio esa afirmación. Porque reconocer un derecho no consiste únicamente en ayudar a quien no puede ejercerlo; consiste, sobre todo, en construir las condiciones materiales que permitan hacerlo universalmente efectivo. Eso exige planificación a largo plazo, inversión sostenida y una decisión política que trascienda los ciclos electorales. Requiere asumir que ampliar de forma continuada el parque público de vivienda en alquiler no constituye un gasto coyuntural, sino una infraestructura básica del Estado social, tan necesaria como la sanidad, la educación o las pensiones. Solo así dejaremos de alimentar a la bestia para empezar, por fin, a domesticarla.

Tras la publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), este jueves entrará en vigor la calificación de Basauri como zona tensionada en aplicación de la normativa estatal de vivienda de 2023. Basauri se convierte en el decimoctavo municipio vasco declarado zona de mercado residencial tensionado, el cuarto de Bizkaia tras Bilbao, Barakaldo y Galdakao. Según ha dado a conocer el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en conjunto ya son más de 1.160.000 personas, el equivalente a cerca del 55% de la población de Euskadi, las que residen en municipios que cuentan con esta consideración.

En el caso de Bizkaia, Itxaso ha especificado que “el porcentaje alcanza el 44,5% de la población del territorio” y ha anunciado que la estrategia “continúa además ampliándose”. Actualmente, permanecen en tramitación los expedientes correspondientes a Sopela, Urduliz, Gorliz, Bermeo, Lekeitio y Elorrio, así como Bergara, Deba, Oiartzun, Oñati, Orio y Hondarribia en Gipuzkoa.

La medida influirá en la renta mensual para las viviendas que salgan al mercado y no hayan tenido un contrato de alquiler en los últimos cinco años y será la fijada por el índice de precios de referencia que establece el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con datos de la Hacienda foral. Además, en el caso de las viviendas que sí dispongan de un contrato de alquiler formalizado el precio será el de la última renta, con actualización anual. En este supuesto, existe la posibilidad de incrementar un 10% el precio en el caso de viviendas en las que, en los dos años anteriores a la declaración del municipio como zonas de mercado residencial tensionado se hayan realizado obras de rehabilitación, de accesibilidad o que supongan un ahorro energético del 30%. También en contratos de alquiler con 10 años de duración.

Itxaso ha indicado que la declaración de Basauri como zona de mercado residencial tensionado “no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para actuar allí donde el mercado está expulsando a quienes quieren desarrollar su proyecto de vida”. “El objetivo es claro: proteger a la demanda mientras aumentamos la oferta de vivienda, movilizando todos los recursos públicos disponibles para equilibrar un mercado que hoy no está dando respuesta a las necesidades de muchas familias trabajadoras, personas jóvenes y clase media en general”, ha manifestado.

Por su parte, el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, del PNV, ha reconocido que “gracias a la declaración como zona tensionada se podrán limitar los precios de los alquileres y favorecer el acceso a una vivienda de alquiler más asequible”. “Es un hito más dentro de la batería de medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Basauri para aumentar la oferta de vivienda y dar respuesta a una de las principales necesidades de la ciudadanía basauritarra”, ha resaltado.

Construcción de nuevas viviendas

En cuanto a las medidas propuestas por el Ayuntamiento de Basauri para los próximos tres años se incluye la construcción de 362 nuevas viviendas, el 73% de ellas protegidas, y 42 apartamentos dotacionales gracias al plan de acción que acompaña a la declaración de zona de mercado residencial tensionado. La operación de mayor envergadura se desarrollará en Azbarren, donde se contemplan 416 viviendas protegidas y 24 apartamentos dotacionales, promovidos conjuntamente por el Gobierno vasco, el Ayuntamiento y otros agentes públicos. Durante el periodo 2026 -2029 comenzará la primera fase de este desarrollo con 242 viviendas protegidas, distribuidas entre promociones impulsadas por el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Basauri y Harri Iparra, además de los 24 alojamientos dotacionales promovidos por el Ejecutivo autonómico.

A estas promociones se sumarán las previstas en San Miguel Oeste, donde comenzarán 18 nuevos alojamientos dotacionales junto con 24 viviendas tasadas, así como una nueva fase del ámbito de San Fausto-Pozokoetxe-Bidebieta, que incorporará 36 viviendas libres, reservando además suelo para futuros alojamientos dotacionales. Igualmente, la Actuación Integrada AI-02 permitirá iniciar 60 nuevas viviendas, de las cuales 24 serán viviendas de protección social y 36 libres.

Además de las actuaciones previstas durante la vigencia de la declaración, el planeamiento municipal incorpora ya nuevas operaciones como el desarrollo de Basconia Noreste, “una de las mayores bolsas residenciales del municipio”, ha anunciado el consejero, para avanzar que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, prevé promover 392 viviendas destinadas mayoritariamente al alquiler asequible, “una actuación llamada a convertirse en uno de los principales proyectos públicos de vivienda en Euskadi durante los próximos años”. También tendrán continuidad las siguientes fases de Azbarren , así como los desarrollos previstos en Basconia Sureste, San Miguel Oeste, San Fausto-Pozokoetxe-Bidebieta y otros ámbitos de transformación urbana contemplados en el planeamiento municipal. En conjunto, estas actuaciones permitirán completar el objetivo de 1.476 viviendas y 62 alojamientos dotacionales.

Un estudio sobre las viviendas vacías

Además de la construcción de nuevas viviendas, el plan del Ayuntamiento busca movilizar la vivienda vacía para el alquiler a través de un estudio específico sobre la vivienda vacía existente en Basauri que permitirá conocer con mayor precisión la dimensión del fenómeno, identificar los inmuebles susceptibles de incorporarse al mercado del alquiler y planificar nuevas actuaciones. Para conseguir llevar al mercado esas viviendas vacías, el plan combina medidas de incentivo con instrumentos de carácter fiscal. En este sentido, desde el Ayuntamiento informan de que continuarán impulsando las bonificaciones fiscales para las personas propietarias que incorporen sus viviendas a programas públicos de alquiler como Bizigune o ASAP. Actualmente, estas viviendas disfrutan de una bonificación del 99% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y seguirán endureciendo el tratamiento fiscal de aquellas viviendas que permanezcan desocupadas de forma permanente, para lo que el Ayuntamiento ya aplica un recargo del IBI sobre vivienda vacía del 150%.

Otra de las propuestas para mejorar el acceso a la vivienda es impulsar la conversión de locales comerciales en viviendas. Desde la entrada en vigor de la ordenanza municipal en 2021, se han autorizado 113 conversiones de locales convertidos en casas. En cuanto a las ayudas disponibles, desde el Ayuntamiento han informado de que actualmente 188 jóvenes de 24 a 29 años residentes en viviendas de alquiler libre en Basauri son beneficiarios del programa Gaztelagun, aunque son 610 los que han solicitado la ayuda en algún momento. “La declaración de zona tensionada permitirá ampliar los límites de renta subvencionable y los umbrales de ingresos para acceder a Gaztelagun”, ha detallado Itxaso. Mientras que el dato del acceso a la vivienda de los colectivos con mayores dificultades económicas, recoge que actualmente 443 unidades convivenciales de Basauri tienen reconocido el derecho subjetivo a la vivienda y 135 personas perciben la Prestación Económica de Vivienda (PEV).

Hace unos días leíamos una noticia más sobre la posibilidad de pasar el suelo terciario de la zona de contacto a vivienda, tema que viene gestándose entre administraciones desde hace tiempo. No me puedo imaginar qué puede haber detrás de este interés del ayuntamiento que, además, parece ser refrendado por las demás administraciones, en construir vivienda en este inhóspito lugar.

¿Por qué tanto interés en hacer vivienda en este disparatado lugar? ¿Alguien ha pensado la pesadilla de los miembros de una familia para salir de este fondo de saco varias veces al día? ¿Qué pintan ahí aisladas un pequeño número de viviendas? ¿A nadie se le ha ocurrido intercambiar el suelo de la quinta fase del Polígono (zona de consejerías y centros tecnológicos destinado a centros oficiales) por el de la zona de contacto, por ejemplo? Es pedir peras al olmo a los pensantes de nuestras administraciones. Son sus inescrutables pensamientos sobre urbanismo y vivienda.

Pero, sobre todo, qué necesidad hay de situar ahí esas viviendas, cuando en el Polígono hay suelo para otras cuatro mil. Eso más las eternamente proyectadas 316 que en los últimos días ha sido vallada la parcela, anunciadas el 8 de febrero de 2024, o las promociones de las 126 y 86 de alquiler 'asequible'. Qué ironía y buen negocio privado, viviendas que ya deberían estar entregadas en este pasado mes de junio. Al igual que con las 86 a medio de acabar desde hace trece años, así es de eficaz la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ante la falta de vivienda.

Todo esto es solo la punta del iceberg de la lentitud y los disparates de las administraciones. Por otra parte, seguimos leyendo constantes y diversas noticias sobre el nuevo disloque urbanístico proyectado en un POM tras otro. Así José Ramón de la Cal y Jesús Carrobles, de la Real Fundación de Toledo, nos decían que “parece que estamos dispuestos a cometer los mismos errores para los mismos problemas: una estructura urbana inconsistente, un tejido urbano asocial, con tipos edificatorios obsoletos, de tamaño desmesurado, de calles carretera”.

El informe 'Vivienda y Bienestar', publicado por CCOO, dibuja un escenario marcado por contrastes: crecimiento sostenido del parque inmobiliario, pero también un elevado volumen de viviendas vacías y un acceso desigual al mercado residencial

La asociación vecinal 'El Tajo' viene exigiendo desde enero de 2018 que la Junta no se desentienda de las viviendas sociales, en tanto que las ha abandonado y se vanagloria de ello, diciendo que no son buenos caseros.

En los últimos días, el ayuntamiento ha promovido la enésima reunión para debatir sobre vivienda, asimismo se ha realizado varios estudios sobre vivienda, pero no sirve para nada el estudio del estudio y nuevo estudio, hace falta realidades y pasar a la acción.

Por todo lo anterior, hay poco de esperar de las administraciones, que, además de hacer mucho ruido y vanagloriarse de naderías, podrían hacer muchísimo más que poner nuevamente el futuro de la vivienda en manos privadas a través del 'gran invento' de lo público-privado.

Llegados a la situación actual, y sabiendo el proceder de las administraciones y sus sinrazones, deberíamos pensar si los que necesitan vivienda y quienes realmente les apoyan pueden aportar alguna solución para paliar la situación. Defender la vivienda como derecho esencial no puede quedarse en reclamar vivienda de alquiler -ya vemos su 'asequibilidad'-, poco esfuerzo y prisas de las administraciones. La pregunta a estas alturas es si quien de verdad defiende la vivienda y quien la necesita pueden hacer algo. Personalmente, pienso que sí hay resquicios. Lo expuse en artículos anteriores, pero habría que cambiar el paso en algunos planteamientos, no podemos quedarnos únicamente en que hay muchas viviendas vacías. Con lo que tenemos, con lo que nos puede venir sabiendo que la propiedad privada también está en nuestra Constitución y que por más que pudiera gravarse la vivienda cerrada no resolverá el problema.

Debemos pensar sobre qué tipo de vivienda necesitamos, sobre el número de personas que viven solas o en pareja sin hijos, sobre datos de personas que viven en habitaciones en pisos compartidos. No caer en la necedad de la administración, antes solo construían viviendas de 60-70 metros cuadrados, después todas de 90, y ahora volvemos al todo 70 metros… Todos los datos están ahí y la superficie de la vivienda debe ser diversa.

Hay que ver qué se necesita para 'oxigenar' algo la situación; cómo paliar el problema a plazo inmediato, corto, medio y largo, conjugando todo de forma planificada. Por ejemplo, en el Polígono en un plazo de 10-15 años comenzará a haber viviendas libres, es decir, vacías.

Sí, hay resquicios, hay posibilidades aunque sean escasas, pero hay que contar con las personas que necesitan una vivienda, reunirlas, planificar con ellas. En definitiva, si seguimos solo en el reclamar lo que debería ser y deberían hacer las administraciones ya estamos viendo lo que pasa. Hay que pasar a debatir qué podemos hacer con lo que hay a nuestro alcance, con la legislación vigente, con las normativas, ayudas... Ya se sabe ese dicho “no esperes que te traigan a tu puerta la cabeza de tu enemigo”.

Uno de los 107 pisos de alquiler asequible, en la calle Hermanos Calderón de Santander, que fueron propiedad de Fundación La Caixa hasta que los vendió en 2025 al fondo privado Mosaic Propco, ha sido puesto este viernes a la venta por la inmobiliaria que gestiona la cartera ahora, aunque el contrato de arrendamiento vence el 31 de marzo de 2029.

Es decir, el piso ha sido puesto a la venta con el inquilino dentro aunque su contrato finaliza dentro de tres años. Así lo ha denunciado la plataforma vecinal de afectados.

En el enlace, se hace expresa referencia tanto a la fecha de finalización de contrato, que es dentro de tres años, como a la renta actual del alquiler mensual (482,35 euros), de un piso a la venta por 214.900 euros. También se indica que el precio del piso, de tres habitaciones y dos baños, incluye plaza de garaje y trastero. De la vivienda se muestran 23 fotografías, pero corresponden a una “vivienda tipo”, “ideal inversor”, con “gran proyección de rentabilidad” porque es una “vivienda alquilada”, “con inquilinos”, según reconoce el anuncio.

Es la segunda ocasión que los vecinos detectan esta situación con las 107 viviendas: en el anterior caso, el piso a la venta vencía el contrato en 2027. La plataforma vecinal lleva desde mayo de 2026 denunciando “las presiones” para o bien comprar a precio de mercado a la inmobiliaria o bien salir de sus viviendas, cuyos contratos empiezan a vencer en 2027, en algunos casos.

Los tres bloques de viviendas de alquiler asequible de la calle Hermanos Calderón, en el barrio de Peñacastillo, fueron construidas sobre suelo privado, implicaban un precio de renta asumible en medio de la crisis económica iniciada en 2008. A partir de 2013 empezaron a residir algunos vecinos y luego los contratos de alquiler fueron renovándose durante años hasta que en 2025 los inquilinos recibieron la notificación a través de la inmobiliaria de que ahora eran pisos propiedad de un fondo de inversión.

A partir de 2026, los vecinos empezaron a organizarse y trasladaron su caso a varios partidos políticos. También se comunicaron con el Ayuntamiento de Santander (PP) para pedir ayuda, pero solo una vecina logró una reunión con el responsable de la Sociedad de la Vivienda municipal (SVS). Después, crearon una plataforma vecinal y empezaron a participar activamente en actividades, como la manifestación en defensa de la vivienda digna y un intento de desahucio, entre otras.

En el último pleno municipal, en junio, utilizaron el turno de ruegos y preguntas, al final, para pedirle a la alcaldesa expresamente que se involucrase, a lo que la alcaldesa respondió, en doce segundos, que estudiaría la propuesta de buscarles una solución y les convocaría para hablar a lo largo de julio, pero aún no han tenido respuesta.

La Generalitat de Catalunya prorrogará la regulación de los precios del alquiler en la amplia mayoría de los 271 municipios que ya habían sido declarados dentro de las zonas de alquiler tensionado desde 2024. Así lo ha anunciado la consellera Sílvia Paneque, que este jueves ha participado en la jornada 'Dret a l'habitatge: on i com créixer' organizada por elDiario.es, donde ha reclamado que la vivienda se convierta en Catalunya en una “misión de país”.

Paneque ha explicado que, tras casi tres años con límites de precios, el Govern considera que esta medida ha conseguido “enfriar” el mercado del alquiler, que era uno de los principales objetivos perseguidos. Pese a eso, la responsable de vivienda considera que debe mantenerse la regulación, que se prorrogará a partir de marzo de 2027, cuando caduca la anterior declaración.

Según ha detallado, el Departament de Territori se encuentra en estos momentos analizando los datos de todos los municipios, ya que ha considerado que algunos podrían salir de la regulación por haber logrado reducir de forma contundente los precios del alquiler. Al tiempo, nuevos municipis entrarán a formar parte de las zonas tensionadas.

Fuentes del Govern aseguran que tanto las salidas como las entradas supondrán menos del 10% de las localidades, por lo que la cifra de 271 apenas cambiará. La prórroga es en principio de un año, aunque para las localidades que se incorporan a la regulación, esta se extendrá por tres ejercicios, hasta 2030.

La regulación de precios, además, incluye desde diciembre del año pasado a los contratos de alquiler temporal, después de que el Govern y sus socios constataran que esta modalidad se había convertido en una vía para esquivar la regulación de precios. El Govern ha detectado que desde la entrada en vigor de esta medida, los contratos temporales se han reducido.

En la jornada celebrada en el Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC), la consellera ha aprovechado para enviar un mensaje a los propietarios, a quienes les ha dicho que cuando el Govern pone un tope al alquiler lo que está intentando es “que el beneficio sea razonable”. “No vamos contra el derecho a la propiedad, sino que garantizamos beneficios compatibles con el derecho a la vivienda, por tanto el propietario privado puede tener toda la tranquilidad”, ha dicho.

Junto a esta medida, Paneque ha defendido el conjunto de políticas que el Govern ha tomado en esta legislatura de la mano de sus socios, comenzando por el impuslo a la construcción. Así, ha destacado la buena marcha del llamado Plan 50.000, un intento para “generar un partque públcio de vivienda asequible permanente” para el que ya se han movilizado 670 solares de los ayuntamientos, la mitad de ellos con un promotor ya asignado y, la otra mitad, en proceso de adjudicación.

Además el Govern ha pisado el acelerado en las compras directas, por la vía del tanteo y retracto, que suma alrededor de 3.000 viviendas que han pasado directamente al mercado protegido.

Otra de las medidas en marcha es la prohibición de las compras especulativas, una medida pactada con los Comuns y que este mismo miércoles inició el trámite parlamentario, pese a que Junts y el PP ya han anunciado que lo llevarán al Consell de Garanties Estatutàries.

“Estamos haciendo una política concertada”, ha destacado Paneque, que ha reconocido que al Govern “le está costando que el mundo privado entienda que la voluntad es que la mayoría de lo que se construya sea de uso prioritario y preferencial por residencia”.

“No compartimos que la vivienda se haya convertido en un bien que no tenga que ver con el fin social de la vivienda”, ha añadido la consellera, que ha reclamado que la oposición ponga sobre la mesa propuestas alternativas.

“Si la mayor parte del arco parlamentario compartimos que estamos viviendo una crisis habitacional, porque la mayoría de los catalanes tienen dificultades para acceder a la vivienda, me gustaría escuchar más propuestas de cómo combatirla”, ha dicho.

*El contenido íntegro de las jornadas 'Dret a l'habitatge: on i com créixer' se publicará en vídeo el próximo lunes, 13 de julio de 2026

Podemos Cantabria volverá a presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al considerar insuficiente la documentación facilitada por el Ayuntamiento de Santander sobre las promociones de vivienda de alquiler asequible de Primero de Mayo, en Peñacastillo.

La formación morada solicitó el acceso a los convenios, acuerdos, expedientes administrativos e informes relacionados con las 107 viviendas promovidas originalmente por la Obra Social “la Caixa”, hoy en manos de Mosaic, una sociedad vinculada a una estructura inversora radicada en Luxemburgo. Al no tener respuesta por parte del ayuntamiento, Podemos presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia.

Podemos ha informado que el Ayuntamiento de Santander ha remitido un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y Caixabank. Sin embargo, Podemos considera que la respuesta no satisface la solicitud formulada, ya que el principal convenio está firmado el 25 de enero de 2016, cuando la primera promoción de 70 viviendas ya había sido construida, adjudicada y ocupada desde 2013.

Para Pablo Gómez: “La documentación recibida demuestra precisamente que falta documentación. El Ayuntamiento nos entrega un convenio firmado en 2016 para unas viviendas cuya construcción fue presentada públicamente en 2011 y cuyas primeras llaves se entregaron en 2013. Es evidente que ese no puede ser el documento que dio origen al proyecto”, explica.

La formación recuerda que el entonces alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, presentó públicamente estas promociones como parte de la política municipal de vivienda asequible impulsada en colaboración con la Obra Social “la Caixa”. En la propia revista municipal de septiembre de 2011, que continúa disponible en la web del Ayuntamiento, se afirmaba que “el Ayuntamiento de Santander gestiona importantes acuerdos de colaboración con promotores inmobiliarios en la ciudad, para que sus viviendas de precio asequible se sorteen entre los santanderinos. Tal es el caso de la Obra Social de La Caixa...”.

“Es el propio Ayuntamiento quien reconocía públicamente que existían acuerdos de colaboración con la Obra Social 'la Caixa'. Precisamente esos acuerdos son los que hemos solicitado y los que seguimos sin conocer. Si en 2011 el Ayuntamiento hablaba de ellos y la documentación que ahora nos remite es un convenio firmado en 2016, es evidente que falta información por entregar”, ha señalado Gómez.

El convenio facilitado acredita que el Ayuntamiento participaba activamente en la gestión de estas viviendas, seleccionando a las familias beneficiarias a través de los Servicios Sociales, comprobando el cumplimiento de los requisitos de acceso y realizando el seguimiento de los contratos de alquiler. Además, identifica expresamente las promociones de 70 y 37 viviendas desarrolladas en Primero de Mayo. No obstante, para Podemos, el documento no responde a las cuestiones esenciales que motivaron la solicitud de información.

“Queremos conocer qué se firmó cuando nació este proyecto, cuáles eran las obligaciones asumidas por las partes, cuánto tiempo debía mantenerse el alquiler asequible, si existían limitaciones a la venta o mecanismos para garantizar la función social de estas viviendas. Nada de eso se aclara con un convenio firmado cuando las primeras familias ya llevaban años viviendo allí.”

Por este motivo, la formación registrará una nueva reclamación ante el Consejo de Transparencia solicitando que el Ayuntamiento entregue la totalidad de la documentación existente desde el inicio del proyecto, incluyendo los acuerdos de colaboración mencionados por el propio consistorio en 2011, los convenios originales, expedientes administrativos, informes técnicos y jurídicos y cualquier otra documentación relacionada con la puesta en marcha de estas promociones.

“Las familias tienen derecho a conocer toda la verdad. No hablamos de una promoción privada cualquiera, sino de viviendas que fueron presentadas institucionalmente como una iniciativa social para facilitar el acceso al alquiler a familias trabajadoras y que hoy han terminado en manos de una estructura inversora”.

Desde Podemos insisten en que “la transparencia no consiste en entregar un documento cualquiera, sino en facilitar toda la documentación necesaria para entender cómo se diseñó este proyecto y qué ocurrió para que unas viviendas promovidas bajo un fin social acabaran convertidas en un activo financiero.”

Para Podemos, la documentación remitida no cierra el caso, sino que “abre nuevas preguntas sobre el origen de unas promociones que fueron presentadas como un ejemplo de colaboración para garantizar el acceso a la vivienda y cuyo recorrido, más de una década después, ha desembocado en la incertidumbre de decenas de familias que hoy desconocen cuál será el futuro de sus hogares”.

En un escenario de crisis generalizada de acceso a la vivienda, ya sea mediante compra o alquiler, por el continuo incremento de precios, hay una comunidad que parece haber dado con la tecla para frenar “la sangría”. Navarra ha sido la única comunidad de España en la que la vivienda se abarató en abril. Lo hizo en un 3,9%, si bien en el primer trimestre del año subió un 10,5%, la segunda comunidad en la que menos aumentó. Además, desde que se declaró el año pasado la zona de mercado residencial tensionado en 21 municipios, también han caído los precios del alquiler. ¿A qué se debe? Los expertos apuntan a varios factores, pero coinciden en destacar que la comunidad foral lleva tiempo apostando por impulsar políticas públicas de vivienda. “En Navarra todo se hace distinto, tenemos que verla como el modelo”, señala Ignacio Ezquiaga, economista e investigador de Funcas.

Navarra es una de las comunidades con un mayor parque de vivienda pública —más del 20% de las viviendas son protegidas—. Solo en 2025 se finalizaron 870 viviendas, de las que 449 tienen algún tipo de protección. Para alcanzar esas cifras la comunidad foral ha impulsado la construcción a través de su empresa pública Nasuvinsa, también en colaboración con promotores privados, y ha adquirido vivienda usada a través del tanteo y retracto. “Un dato difícilmente extrapolable al resto de España es que en Navarra uno de cada dos inquilinos no paga a precio de mercado porque o vive en una vivienda pública, o en una vivienda de un promotor privado que ha recibido subvención pública, o recibe ayudas al alquiler”, destaca el experto en vivienda y director de Nasuvinsa, Javier Burón.

“Las autoridades públicas no pueden influir demasiado en el mercado libre, pero sí que pueden ir creando zonas protegidas para que una parte de la oferta no sea a precio de mercado libre. Y eso es lo que Navarra no ha dejado de hacer en las últimas décadas”, apunta Ezquiaga. “Tenemos que ver a Navarra como un modelo de lo que tiene que seguir el resto de España en su conjunto, que el mercado no sea solo libre”, apostilla.

La ampliación del parque público de vivienda sigue siendo “una de las piezas fundamentales” de la hoja de ruta de las políticas del Departamento de Vivienda de Navarra, tal y como reconoce su consejera, Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin). En este sentido, además de la empresa pública Nasuvinsa, se ha sacado ya a licitación la creación de una compañía mixta, cuyo capital estará dividido al 50% entre la administración y el sector privado, y con la que se pretende movilizar un mayor número de viviendas de alquiler social. La previsión es que en pocos años se puedan añadir al parque público medio millar de inmuebles.

“No va a ser un modelo de colaboración como al que nos tiene acostumbrado la derecha, en el que la Administración asume las pérdidas y la parte privada patrimonializa las ganancias. Aquí se irá al 50% en absolutamente todo”, explica Alfaro.

Otro elemento clave según los expertos consultados es que en Navarra la calificación protegida es permanente en las viviendas del régimen de compraventa y, desde hace una semana, también en las de alquiler. El Parlamento de Navarra aprobó una modificación de la ley para que, pasados 21 años de la construcción de vivienda protegida de alquiler, los promotores no puedan venderla, ni siquiera a precio tasado, quedándose así de manera permanente en régimen de alquiler asequible. Se trata de una medida que tiene carácter retroactivo a todas aquellas viviendas que todavía no hayan perdido la calificación, es decir, las construidas en los últimos 20 años, 2.248 viviendas que perderían su protección próximamente.

“No estamos en contra de que los promotores privados hagan negocio, pero la colaboración público-privada tiene que ser simbiótica y no parasitaria. Ahora hay límites, las viviendas tienen que seguir en alquiler y si se quieren vender tiene que ser a un operador que las siga gestionando en alquiler. Sigue siendo un negocio, no les volverá multimillonarios, pero siguen ganando dinero”, sostiene Javier Burón.

Regulación del mercado

También ha tenido su reflejo en los precios la regulación del mercado. Hace un año, Navarra se sumó a Catalunya y declaró 21 municipios, entre ellos Pamplona y Tudela, los principales núcleos urbanos, como zonas de mercado residencial tensionado fijando así un tope a los precios del alquiler. Un año después, los datos reflejan una caída del 7% en los precios. “Son datos concluyentes que permiten concluir que intervenir funciona”, celebra la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, que reconoce que no esperaba que la medida tuviese un reflejo “tan rápido” en los datos.

“Pero es una medida que por sí sola y sostenida en el tiempo tampoco va a resolver las cosas porque está concebida para hacer de torniquete, para contener los precios. Debe de ir acompañada de otras políticas”, añade el director de Nasuvinsa, Javier Burón. “El mercado está intervenido en toda España, el asunto es a favor de quién”.

Además, por el momento la intervención en los precios no ha tenido su reflejo en un descenso en el número de contratos, que si bien se han reducido ligeramente en el último trimestre, se explica porque la mayoría se prorrogan. “Cuando un propietario pierde el incentivo de poder incrementar lo que quiera el precio del alquiler es más fácil que prorrogue el contrato a su inquilino y, por tanto, hay menos rotación”, sostiene Alfaro.

A la intervención del mercado se le sumará ahora otra medida aprobada en la Cámara Foral, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, subterfugio al que recurrían algunos propietarios para esquivar el tope a los precios del alquiler.

Por todo ello, los expertos consultados coinciden en señalar que el caso navarro no es casual y que los datos no son accidentales, son el resultado del impulso de políticas de vivienda. “Aquí hay un sistema. ¿Es perfecto? No, necesita mejoras a futuro, pero hay un plan de juego que viene de lejos, no se ha creado hoy. En otras comunidades o no tienen plan de juego o el plan es que pase lo que decida el mercado. Y el mercado endógenamente no produce vivienda permanentemente asequible”, asegura Javier Burón.

“Es una cuestión de voluntad política. Una política orientada de forma consistente a aumentar el parque público de vivienda. Porque el objetivo de las autoridades tiene que ser doble: al mismo tiempo que impulsas medidas para que el mercado libre gire y baje los precios, tienes que hacer oferta para un mercado protegido con viviendas asequibles”, indica el economista Ignacio Ezquiaga.

“Los gobiernos eligen a quién defender, y los encabezados por el PP han demostrado que no defienden de forma prioritaria los intereses de la ciudadanía, sino que están al servicio de una minoría económica. Nosotros tenemos resultados contrastados y acreditados, no hay otra explicación a que no apliquen estas medidas”, concluye la consejera Begoña Alfaro, que esta misma semana recibió la visita del consejero vasco del ramo, Denis Itxaso, para interesarse por las políticas navarras de vivienda.

La subida del precio de la vivienda no da tregua en Castilla-La Mancha. La región registra uno de los mayores aumentos de España, con un 20,3% de incremento interanual, mientras Toledo y Albacete son las provincias con mayores encarecimientos del país.

Según el informe 'Imie mercados locales' realizado por Tinsa, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma en la que más aumentó el coste de estos inmuebles en el segundo trimestre de 2026. Por su parte, la provincia de Toledo lidera este ascenso en precios a nivel nacional, con un 24,8 por ciento de subida, y en segunda posición se coloca la de Albacete, con un crecimiento del 21,1 por ciento. En cuanto a capitales, Albacete, con un ascenso del 23,5 %, encabeza el ranking a nivel nacional.

En este segundo trimestre de 2026, Talavera de la Reina (Toledo), con un crecimiento del 20,7%, se encuentra entre las ubicaciones que han registrado mayores aumentos de precio, por encima del 20 % nominal, junto a Torrejón de Ardoz (+32,6 %) en Madrid, Viladecans (+26,7 %) en Barcelona, Sagunto (+23,1 %) en Valencia. Se trata de municipios de áreas metropolitanas o municipios costeros con fuerte presión poblacional y del turismo.

En cuanto al análisis por comunidades autónomas, la mayoría han incrementado el precio de la vivienda nueva y usada por encima del 10%, registrando las mayores subidas en la Comunidad Valenciana (20,7%), Castilla-La Mancha (20,3%), Canarias y Cantabria (18,2%) y Región de Murcia (18,1%).

Por provincias, Tinsa señala que siguen sosteniendo “fuertes aumentos” en los precios de forma generalizada, con variaciones interanuales este trimestre entre 0,8% y 24,8%.

Además, se ha mantenido el número de provincias, registrando 10 con incrementos superiores al 10% en el último año, encabezadas por Toledo (+24,8%), Albacete (+21,1%), Guipúzcoa (+20,8%), Valencia (20,7%) y Alicante (+20,7%).

Finalmente, el estudio revela que, en 34 de las 52 capitales españolas se ha superado el 10% de variación interanual (30 en el trimestre anterior), registrando los mayores incrementos en Albacete (+23,5%), Soria (+23,4%) ,Pontevedra (+19,3%), Santander (+18,1%) y Santa Cruz de Tenerife (+18,0%).

Cerca del máximo histórico

A nivel nacional, se ha mantenido la tendencia alcista en el segundo trimestre de 2026, al registrar un avance trimestral del 3,7%, situando el incremento en el último año en un 15,2%.

En este sentido, los datos confirman que se trata de la “mayor tasa interanual” desde el tercer trimestre de 2006 y es 11,8 puntos superior al nivel de inflación general de la economía.

Asimismo, el crecimiento interanual del precio de la vivienda nueva y usada se ha intensificado cada trimestre de forma ininterrumpida desde el cuarto trimestre de 2024, de acuerdo con las cifras de Tinsa.

Actualmente, el valor medio en España se aproxima al máximo histórico en términos nominales (-0,7%), aunque, si se descuenta el efecto de la inflación acumulada para hacer comparables ambos periodos, la vivienda está un 33% por debajo del máximo de serie histórica en términos reales.

El Gobierno de Castilla-La Mancha remarca que la política de vivienda “es una prioridad” y que por ello va a dedicar 135 millones de euros en los próximos cuatro años a generar más oferta a través de la reclasificación de fondos europeos.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, durante la presetación del proyecto ‘Tecnove Custom Trucks. Innovación, industria y vivienda para una nueva generación’.

“Lo primero que hemos hecho, y esto es obra del consejero de Fomento y creo que es un buen dato, es reclasificar fondos europeos que teníamos para otros objetivos. Si es una prioridad y la Unión Europea nos lo permite, vamos a coger fondos que teníamos para otras actuaciones y los vamos a dedicar a vivienda”, ha explicado el vicepresidente segundo. Caballero ha señalado que “somos la comunidad autónoma de España que más fondos ha reconfigurado para este objetivo y no somos la que más problemas tiene en relación con la vivienda, pero desde luego sí somos la que tenemos más clara la prioridad”.

Cuatro ámbitos de respuesta a la vivienda

Por este motivo, tal y como ha explicado José Manuel Caballero, “desde el Gobierno de Catilla-La Mancha queremos actuar en los cuatro ámbitos que son necesarios para dar una respuesta al problema de la vivienda”. En primer lugar, ha señalado la importancia de generar más oferta: “Es evidente que hay que construir más viviendas y, si puede ser, de manera más rápida y además hacerlo a mejor precio”, ha señalado.

Por otro lado, Caballero ha puesto el acento en la importancia de desarrollar políticas públicas para reutilizar la vivienda que ya existe. “En este sentido, ya hemos sido una de las comunidades autónomas más dinámicas y que más fondos ha gestionado en ayudas para los particulares en la rehabilitación energética de vivienda, hasta el punto de que hemos utilizado fondos de otras comunidades que no han sido capaces de ejecutar”, ha explicado.

Sin embargo, ha señalado que hay que continuar en esta materia y para esto “hemos dispuesto 108 millones para rehabilitar viviendas, ya no solo en el centro de las ciudades, incluso en los pueblos”. Así, ha recordado el programa de vivienda rural al que, en estos momentos, tienen que adherirse los ayuntamientos interesados para poder, posteriormente, ayudar a rehabilitar las viviendas vacías en los pueblos y que éstas puedan ser puestas en alquiler asequible.

En tercer lugar, Caballero ha señalado que, una vez puestas en marcha estas políticas de generación de oferta y reutilización de la existente, “hay que ayudar a la gente a que pueda acceder a ellas”. Por eso, desde el Gobierno regional, tal y como ha detallado, “tenemos aproximadamente 100 millones de euros para poder facilitárselo, especialmente a los más vulnerables y a colectivos con problemas en esta materia, como son también los más jóvenes”.

Por último, José Manuel Caballero ha puesto en valor el trabajo que se está desarrollando para poner en marcha las modificaciones legislativas. “Estamos trabajando en la reformulación legislativa hasta un ámbito que va más allá de nuestras competencias y sin ninguna pereza por parte del Gobierno regional para llevar a las Cortes modificaciones, como las que ya hemos llevado hace unos meses y las que llevaremos las próximas semanas, para facilitar la posibilidad de construcción de vivienda, de utilización de suelos y de reglamentaciones que agilicen esta repuesta al problema”, ha explicado.

Industrialización de la vivienda en el nuevo Plan estatal

Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado que hay que poder fabricar nuevas viviendas en España y ha puesto de relevancia cómo la falta de mano de obra y de relevo generacional en sectores como el de la construcción hace que “la industrialización en la construcción de la vivienda venga a dignificar la profesión, ya que hay que mejorar las condiciones para que estos sectores vuelvan a ser atractivos para jóvenes o mujeres”.

De esta manera, Hernando ha asegurado que el sector de vivienda industrializada es incipiente y tiene que tener apoyo. En esta línea, ha destacado que “en el nuevo Plan Estatal de Vivienda va a haber un plus de ayudas a la construcción de nuevas viviendas si incorporan algún proceso de industrialización”.

El consejero de Fomento ha explicado que “ya estamos en disposición de poder recibir el dinero por parte del Estado en el mes de julio o septiembre y podremos arrancar después de las convocatorias y los plazos de solicitud, para principios del año 2027. Entre medias vamos a poder destinar fondos FEDER para que este año no se quede en barbecho”.

Amnistía Internacional ha reclamado al Gobierno regional de Castilla-La Mancha que adopte “medidas urgentes” para garantizar el derecho a la vivienda frente a la “creciente crisis” de asequibilidad que afecta a miles de personas en la comunidad autónoma.

La organización ha trasladado estas demandas a Nacho Hernando, consejero de Fomento, junto con las conclusiones del informe '¿Soluciones a la crisis del derecho a la vivienda? Consideraciones sobre las recientes medidas del Gobierno y las iniciativas legislativas en tramitación y votadas en el Congreso', en el que recuerda que la asequibilidad constituye un elemento esencial del derecho a una vivienda adecuada. Explican que los gastos asociados a la vivienda “deben ser soportables y no impedir el disfrute de otros derechos humanos como la alimentación, la salud o la educación”. En una carta remitida al consejero, la organización también solicita una reunión para trasladarle personalmente las conclusiones del informe y las principales recomendaciones de la organización en materia de vivienda.

Castilla-La Mancha entre las regiones con mayor nivel de pobreza

Amnistía Internacional muestra su preocupación porque Castilla-La Mancha “sigue sin utilizar una de las principales herramientas previstas en la legislación estatal para contener el precio del alquiler y proteger a las personas inquilinas”. Apuntan que la comunidad autónoma no tiene declarada ninguna zona de mercado residencial tensionado, “pese al fuerte incremento del precio de los alquileres en los últimos años y a las crecientes dificultades de acceso a la vivienda que existen en distintos municipios”.

La organización subraya además que algunos ayuntamientos ya han manifestado la necesidad de avanzar en esta dirección. El Ayuntamiento de Cuenca ha elaborado y sometido a información pública un informe técnico para solicitar la declaración de zona de mercado residencial tensionado, al detectar riesgos de insuficiencia de vivienda asequible para la población residente y un importante incremento de los precios del alquiler. Asimismo, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha impulsado iniciativas para avanzar en la elaboración de la documentación necesaria para solicitar esta declaración. Estos pasos “evidencian que existe una preocupación real” por la evolución del mercado de la vivienda en municipios de la región y que corresponde a la Junta utilizar las competencias que le atribuye la Ley por el Derecho a la Vivienda.

La preocupación resulta “especialmente relevante” en una comunidad autónoma que se sitúa entre las que presentan mayores niveles de pobreza y exclusión social del país. Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, Castilla-La Mancha registra una tasa AROPE del 34%, “muy por encima de la media estatal”, y una de las mayores tasas de riesgo de pobreza de España. Este indicador mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, teniendo en cuenta factores como los ingresos, las carencias materiales y la intensidad del empleo en los hogares, y sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades autónomas con mayores niveles de vulnerabilidad social de España.

“En un contexto de elevada pobreza y dificultades crecientes para acceder a una vivienda, las administraciones públicas no pueden limitarse a observar la evolución del mercado. Deben activar mecanismos para contener los precios cuando sea necesario, garantizar alquileres asequibles y reforzar la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad”, señala Rafaela Alonso, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha.

La organización recuerda además que ya en mayo de 2024 pidió a la Junta de Comunidades que impulsara la declaración de zonas tensionadas allí donde se cumplieran los requisitos legales. Dos años después, Castilla-La Mancha continúa sin aplicar este instrumento mientras persisten los problemas de acceso a la vivienda en distintos municipios de la región.

Además de la escasez, deshaucios

Amnistía Internacional recuerda además que uno de los “principales déficits” estructurales en materia de vivienda es la escasez de vivienda social en alquiler. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el parque social de alquiler representa en España apenas el 1,71% del total de viviendas, frente a una media cercana al 9% en la Unión Europea. En Castilla-La Mancha la situación es igualmente preocupante: de las aproximadamente 1.347.273 viviendas existentes en la comunidad autónoma, solo unas 22.392 tienen carácter de vivienda social, lo que supone alrededor del 1,66% del total.

Amnistía Internacional también insiste en que ninguna persona o familia en situación de vulnerabilidad debería sufrir un desalojo de su vivienda sin una alternativa habitacional adecuada. En este sentido, recuerda el caso de una madre y su hija menor desalojadas en Alovera, para quienes la organización solicitó a Junta de Comunidades y Ayuntamiento una solución urgente de vivienda el pasado mes de febrero.

Más recientemente, en el edificio de VPO conocido como Yedra 8, en el barrio toledano de Santa Martía de Benquerencia, se encuentran en curso varios procedimientos de desahucio derivados de las reclamaciones planteadas por la Junta de Comunidades y la empresa pública Gicaman ante los tribunales. Entre las personas afectadas figuran una familia monomarental con situación de vulnerabilidad reconocida por los Servicios Sociales y un joven con una discapacidad del 56%, cuyo desahucio está previsto este jueves 25 de junio a las 11:30h, según denuncia la Unión Popular de Inquilinos de Toledo.

Junto a la activación de mecanismos para mejorar la asequibilidad del alquiler, Amnistía Internacional reclama el incremento de forma sostenida del parque público y social de vivienda para ofrecer una alternativa real a aquellas personas y familias que no pueden acceder a una vivienda adecuada a través del mercado privado. Esta insuficiencia deja a miles de hogares expuestos a las dinámicas del mercado privado y limita gravemente la capacidad de las administraciones para garantizar el derecho a la vivienda de las personas con menos recursos.

“El derecho a la vivienda no puede depender exclusivamente de las reglas del mercado. Las autoridades tienen la obligación de adoptar medidas concretas para garantizar que todas las personas puedan acceder y mantener una vivienda adecuada en condiciones asequibles”, concluye la organización.

La promotora que resultó adjudicataria de tres promociones de viviendas para alquiler asequible en Zaragoza, Brial, ha habilitado la página web en la que los interesados pueden inscribirse. En total son 78 viviendas que tienen entre 47 y 90 metros cuadrados, ubicadas en los barrios de Valdefierro y Las Fuentes. El alquiler oscila entre los 345 euros los pisos más asequibles hasta 750 euros los más caros.

El portal www.alquilerasequiblezaragoza.com es el canal digital único a través del cual los ciudadanos podrán inscribirse para optar al sorteo ante notario de las primeras viviendas de alquiler asequible impulsadas por el Consistorio mediante la captación de fondos europeos, ya está activa. Para registrarse, eso sí, habrá que esperar al próximo 23 de junio.

Tal y como adelantó la alcaldesa, Natalia Chueca, la puesta en marcha de esta plataforma, gestionada por Brial en cumplimiento de los pliegos de la normativa europea, marca el inicio del proceso de publicidad y adjudicación de estos primeros pisos, que llegarán a ser un total 361.

Esta primera promoción contempla dos sorteos independientes que abrirán el camino al resto de promociones de la ciudad: uno conjunto para los 59 pisos ubicados en Valdefierro (en la calle de Argos, 8, y calle de Saturno/Mercurio, 24-26) y otro para las 19 viviendas de San José (en la calle de Miguel Servet, 202).

Todo el procedimiento cuenta con una comisión mixta de seguimiento con presencia de las administraciones públicas, garantizando un desarrollo transparente, publicitado y en estricta igualdad de condiciones, culminando en sorteos públicos con certificación notarial.

El objetivo municipal es que estas primeras viviendas, si no surgen contratiempos con la conexión de servicios y suministros por parte de terceros, puedan entregarse entre los meses de agosto y octubre de este mismo año.

Habitaciones y precios

Esta iniciativa municipal destaca por su adaptabilidad a la diversidad de los hogares zaragozanos. El proyecto de 361 pisos, del cual forman parte estas primeras 78 viviendas, ha sido diseñado bajo la premisa de no infrautilizar recursos, asignando pisos de mayor capacidad a unidades familiares más grandes y reservando espacios adaptados para personas con movilidad reducida.

En los edificios de Argos y Mercurio/Saturno (Valdefierro) se ofrecen viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con garajes y trasteros, contando con tres viviendas adaptadas para movilidad reducida y una para familias numerosas. El precio fijado es de 7euros/m2 en vivienda y 4,20 euros/m2 en anexos, lo que supone una horquilla mensual de entre 437,56 y 846,85 euros euros para Argos, y de 414,33 a 599,76 euros para Mercurio, excluyendo gastos de comunidad.

En Miguel Servet 202 (San José), se ofertan pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, con una vivienda adaptada, a un precio de 6,80 euros/m2 en pisos y 4,08 euros/m2 en trasteros, resultando en rentas mensuales de entre 365 y 673 euros.

Requisitos y calendario

La nueva plataforma digital ya ofrece a los ciudadanos toda la información necesaria para conocer a fondo las promociones disponibles y resolver cualquier duda antes de presentar su solicitud. El sitio web está diseñado para ser una herramienta integral, que alberga en su interior secciones de preguntas frecuentes, mapas con planos de situación y del entorno de los barrios, planos de planta tipo de los edificios, así como listados exhaustivos donde se detalla el estado, los dormitorios, la superficie útil y la renta exacta de cada piso.

Para poder participar en el proceso, los interesados deberán cumplir con unos requisitos básicos detallados en las bases. Entre ellos destaca la obligación de ser mayor de edad o estar emancipado legalmente, así como tener la necesidad real de una vivienda, lo que implica no tener otra propiedad ni estar arrendando actualmente una vivienda protegida, salvo excepciones muy concretas.

Asimismo, la vivienda adjudicada deberá destinarse a domicilio habitual y permanente, los solicitantes deben estar empadronados en Aragón y no pueden haber incumplido obligaciones de pago anteriores ni con la Hacienda estatal, autonómica o local, ni con la Seguridad Social.

En el aspecto económico, las viviendas de alquiler asequible están pensadas para adaptarse al esfuerzo financiero de los hogares, garantizando que el coste del alquiler y sus anejos, incluidos los gastos de comunidad, no superen el 30% de los ingresos brutos de la unidad de convivencia. De este modo, y para asegurar que el fin social se cumple, los ingresos de la unidad familiar no podrán superar 4,5 veces el IPREM ponderado. En la actualidad, este límite se traduce en unos 42.000 euros para hogares de un solo miembro y de 54.000 euros para familias de dos o más personas.

El calendario del proceso ya está fijado y estructurado en varias etapas. Tras la actual fase de anuncio e información técnica, se abrirá el periodo de inscripción mediante formulario web, que comenzará el próximo 23 de junio a las 09.00 horas y finalizará el 7 de julio a las 23.59 horas. Posteriormente se procederá al sorteo público ante notario, seguido por el envío y validación de la documentación de los seleccionados, la elección presencial de la vivienda, y finalmente, la firma del contrato de arrendamiento y entrega de llaves.

700 euros por una habitación para cuatro personas. Cien euros más al mes por permitir que estén empradonados en ella. Más de trescientos euros por una habitación en un piso insalubre con cucharachas “a patadas”. Son algunos ejemplos de lo que sucede en la trastienda del mercado de alquiler de Cantabria mientras se multiplican los beneficios para los propietarios e intermediarios.

El mapa del alquiler en Cantabria es hoy una mancha roja que asfixia el presupuesto de sus residentes. Desde el año 2015, el precio medio del arrendamiento en la comunidad ha experimentado un incremento del 33,6%, según  los datos de alquileres calle a calle publicados por el Ministerio de Vivienda, cuya comparativa se detiene en el año 2024.

La subida media en Santander alcanza el 35%, el 31% en Torrelavega, el 34% en Castro Urdiales y Piélagos y el 32% en Camargo, los cinco municipios más poblados de la comunidad.  

Esta escalada de precios no es solo una cifra estadística, es la frontera que separa la integración de la exclusión social para cientos de personas. Lo paradójico de esta situación es que, mientras el acceso a una vivienda digna se vuelve una misión imposible para colectivos vulnerables, el sector de las inmobiliarias vive una edad de oro que recuerda a los años de efervescencia de la burbuja (2004-2007).

La franquicia Tecnocasa, por ejemplo, inauguró su primera oficina en Cantabria en abril de 2022 y actualmente ya cuenta con 15 sedes repartidas por la comunidad (doce en Santander, dos en Camargo y una en Astillero), con agentes comerciales captando inmuebles 'a puerta fría', es decir, casa por casa ofreciendo tasar y comprar viviendas. Esta expansión comercial contrasta drásticamente con una realidad de exclusión residencial que ya afecta a casi una cuarta parte de la población.

Un derecho convertido en barrera de exclusión

Según el reciente Informe sobre exclusión y desarrollo social en Cantabria 2025 de FOESSA, la exclusión social en la comunidad en seis años ha pasado de afectar al 10,8% de la población al 14,2%. Esto significa que alrededor de 83.000 personas en Cantabria se encuentran en alguna situación de exclusión.

De todas las dimensiones analizadas, la vivienda es, con diferencia, la más problemática: el 23,2% de la población cántabra sufre algún tipo de exclusión vinculada a su hogar. Es precisamente este escenario lo que ha llevado el pasado 6 de junio a cerca de un millar de personas a participar en la manifestación 'Cantabria para vivir', respaldada por colectivos sociales de diversa índole pero unidos por esta reivindicación a una vivienda digna recogida en el artículo 47 de la Constitución española.

Cáritas, a través de una campaña bautizada como ‘Inmobiliaria La Injusticia’, ha denunciado recientemente que las personas a las que acompañan ni siquiera pueden plantearse acceder a una vivienda completa.

No es solo una cuestión de falta de ingresos, ya que incluso teniendo nóminas, los filtros de los seguros de impago o la exigencia de adelantar varias mensualidades actúan como muros infranqueables.

El hacinamiento ha crecido en España un 43% desde 2018, empujando a 3,4 millones de personas a compartir espacios mínimos, volver a casa de sus progenitores o instalarse en “nanopisos”, según el mismo estudio de FOESSA. La consecuencia es una huida desesperada hacia el alquiler de habitaciones, un mercado a menudo desregulado y plagado de prácticas abusivas.

‘Alquiler de nómina’ y la extorsión por el padrón

En este escenario de necesidad han surgido figuras de explotación que hasta hace poco eran marginales o, incluso, impensables. El testimonio de Jhosseline, una mujer de 33 años y nacionalidad peruana, relata un periplo de supervivencia que ilustra la crueldad del mercado actual. Ella y su familia (marido y dos hijas de 6 y 13 años) llegaron a vivir en un piso compartido con más de 15 personas en la calle Alonso de Santander, donde las condiciones eran insalubres y los conflictos constantes. Pagaban 700 euros por una habitación para los cuatro.

Además, una práctica cada vez más habitual es el cobro de una tasa por empadronarse. Les pidieron 100 euros mensuales más por persona para permitirles figurar en el padrón municipal. “Era una necesidad básica, la puerta para la sanidad o cualquier ayuda, pero no pudimos hacerlo porque sumaba 400 euros extra al alquiler”, explica, “una cantidad inalcanzable para nosotros en ese momento”.

Después de aquello, y ante la imposibilidad de pasar los filtros de las inmobiliarias, la desesperación les llevó a recurrir al conocido como ‘alquiler de nómina’: pagaron 350 euros a un tercero para usar su documentación y poder firmar un contrato de vivienda. Jhosseline admite que tuvo que “negar” la existencia sus hijas y de su marido, fingiendo que solo ella y el titular de la nómina vivirían allí para evitar que el propietario o el seguro de alquiler rechazaran el contrato, ya que “las cláusulas prohibían las mascotas y los niños”. El miedo a ser descubiertos era tal que, durante las vacaciones escolares, sacaba a sus hijas de casa todo el día para evitar que los vecinos se quejaran de ruido y el dueño descubriera que vivían allí.

Actualmente, aunque tanto ella como su marido han regularizado su situación y trabajan en los sectores de ayuda a domicilio y reformas, respectivamente, pagan 1.000 euros por un piso, una situación que define como “sobrevivencia, prácticamente trabajar y sobrevivir”. En su opinión, los precios de hace algo más de tres años, cuando llegaron a España, eran caros pero ahora son “un grito” (expresión peruana para calificar algo de muy exagerado).

Vivir en una habitación sin contrato tras 42 años de trabajo

A sus 61 años, Carlos, natural de Santander y técnico especializado en mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, representa la vulnerabilidad de quienes, tras una vida laboral extensa y especializada -28 años en una conocida multinacional y un total de 42 años de trabajo-, se ven expulsados del sistema.

Su situación actual, tras haber consumido su prestación por desempleo, es una lucha constante por la dignidad en un entorno hostil. Vive en una habitación por la que paga 320 euros en una casa que él mismo define como “en ruinas”, donde convive con una suciedad extrema, con “cagadas de gatos y cucarachas a patadas”.

Su exclusión no es solo habitacional, sino también de derechos básicos. A pesar de pagar su mensualidad puntualmente, la propietaria se niega a hacerle un contrato y a empadronarle, por lo que no puede desgravar el alquiler. Aunque ha ganado el pasado mes de marzo un juicio en el que se le reconoce su incapacidad permanente, la burocracia retrasa por el momento el cobro de la prestación con carácter retroactivo que ha de abonarle la Seguridad Social y con la que espera poder aliviar su precariedad. La espera le obliga por ahora a sobrevivir con la ayuda de 480 euros (subsidio para mayores de 52 años) y el apoyo de las tarjetas monedero de Cáritas para alimentación e higiene, ya que tiene unos gastos mínimos en medicamentos de unos 60 euros mensuales. Su opinión sobre el mercado de la vivienda es clara: “La única solución real es construir vivienda social”, no solo para venta, sino específicamente “para alquileres asequibles”, opina.

Fadi, la juventud que aspira a “una vida normal”

A sus 28 años recién cumplidos, Fadi, que llegó a España en 2024 desde Túnez en busca de un futuro mejor, tiene alquilada actualmente una habitación de un piso ubicado en la zona santanderina de Cuatro Caminos. Su día a día está marcado por una serie de peculiares restricciones impuestas por el propietario, con el que convive. No se le permite usar la ducha antes de las 10 de la mañana “para no molestar” y solo tiene permiso para lavar su ropa una vez cada quince días. Cuando llegó a esta vivienda le dijeron que podría hacerlo una vez a la semana. Estas reglas dice que limitan su higiene y autonomía, ya que cada mañana tiene que ir a Torrelavega, donde está terminando un curso de hostelería en el que tiene puestas todas sus expectativas laborales, y le gustaría poderse duchar antes de salir de casa.

La vivienda es para él uno de los principales obstáculos en su deseo de progresar: “Solo quiero una vida normal, tomar un café, comprarme la comida y ropa que me gusta y trabajar para ayudar a mi familia”. Fadi agradece insistentemente el acompañamiento que está recibiendo por parte de las profesionales de Cáritas, que no solo le ayudan con el alquiler, sino que se coordinan con otras instituciones como la fundación Diagrama para su formación y la gestión de sus trámites de regularización, cuya solicitud acaba de presentar. Este futuro camarero ansía poder acceder a un trabajo este verano en uno de los sectores clave de la economía de Cantabria, la hostelería, con un déficit de personal que el presidente de los profesionales del gremio, Eduardo Lamadrid, admite como endémico y “difícil de solventar”.

La urgencia de una alternativa social

Mientras en Cantabria el índice de precios ha subido un 38,4% (periodo 2018-2024), por encima del aumento de las rentas familiares (30,7%), el mercado ha empujado a las personas con menos recursos a situaciones de vivienda insegura o inadecuada, que ya afectan al 10,9% de la población (unas 60.000 personas).

La realidad actual muestra que, para muchos residentes en Cantabria, el hogar ha dejado de ser un refugio para convertirse en un escenario de supervivencia donde se alquilan hasta los derechos más básicos.

La Comunidad de Murcia ha experimentado un encarecimiento de la vivienda libre 15,6% en el primer trimestre de este 2026, el mayor incremento de todas las comunidades junto a Aragón, de acuerdo con el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes. La Región supera con creces la media nacional, que sitúa este incremento en el 12,9%: los datos nacionales son alarmantes, siendo la tasa más alta desde el año 2007, y la Comunidad supera estas cifras por casi tres puntos porcentuales.

En comparación con el año anterior, el precio de la vivienda nueva subió una media del 10,9% en la Comunidad. Mayor fue el aumento de la vivienda usada, que experimentó una subida del 16,3% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Unos índices que superan con creces a los de la media nacional, que alcanzó el 13,5%, la cifra más alta desde que se tiene registro.

La subida del precio de la vivienda libre ha sido generalizada en todas las comunidades, encabezando el ranking Murcia y Aragón con un 15,6%, seguidas de cerca por Castilla y León y Ceuta, ambas con un 14,9%. Por otro lado, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Cataluña y Navarra (+10,5% en ambos casos) y en País Vasco (+10,2%).

Con respecto al trimestre anterior, las cifras muestran una aceleración del mercado inmobiliario murciano: el precio de la vivienda aumentó un 4,3%, dos puntos más que en los tres meses anteriores. Mientras que el de la vivienda incrementó un 1,8% y la usada un 4,7%. En España, el precio de la vivienda libre aumentó un 3,5% el pasado trimestre, acumulando nueve trimestres consecutivos de crecimiento.

El preu del lloguer continua marcant màxims a Balears. La renda mitjana va assolir el maig els 20,1 euros per metre quadrat, un 2,2% més que fa un any, fet que situa l'arxipèlag com la segona comunitat autònoma amb els lloguers més cars d'Espanya, només per darrere de Madrid, segons dades d'Idealista.

A Palma, els preus han augmentat un 8,2% durant el darrer any fins als 19,2 euros per metre quadrat, consolidant la capital balear com la tercera més cara de l'Estat per llogar un habitatge.

Les dades d'Idealista reflecteixen que el mercat del lloguer continua tensionat tant a Balears com al conjunt d'Espanya. A escala estatal, les rendes varen assolir el maig una mitjana de 15,1 euros per metre quadrat, el preu més alt registrat pel portal immobiliari des de l'inici de la seva sèrie històrica l'any 2000.

La creixent dificultat per accedir a un habitatge també es reflecteix en l'esforç econòmic que han de fer els residents de les Illes. Segons un estudi de Fotocasa i InfoJobs, els balears varen destinar el 2025 una mitjana del 64% del seu salari al pagament del lloguer, tres punts més que l'any anterior. Es tracta del tercer percentatge més elevat d'Espanya i evidencia que l'encariment de les rendes continua avançant a un ritme superior al dels salaris.

La directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos, adverteix que el 2025 va suposar un punt d'inflexió en la crisi d'accés a l'habitatge. Segons explica, l'any passat va ser aquell en què l'esforç salarial destinat al lloguer va assolir el nivell més alt de tota la sèrie històrica. “Destinar el 50% del sou al pagament de l'habitatge suposa una situació d'autèntica emergència habitacional, ja que se situa 20 punts per damunt del que recomanen els organismes oficials de control”, sentencia.

Organismes oficials com el Banc d'Espanya o l'OCDE assenyalen que un habitatge deixa de ser assequible quan una llar ha de destinar més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer o de la hipoteca. Aquest llindar s'utilitza habitualment com a referència per mesurar la sobrecàrrega financera derivada de l'accés a l'habitatge.

Els experts adverteixen que, quan el cost de l'habitatge absorbeix una part tan elevada dels ingressos, les llars veuen reduïda la seva capacitat per afrontar altres despeses essencials, com l'alimentació, el transport, l'energia, l'estalvi o possibles imprevists, fet que incrementa el risc de vulnerabilitat econòmica i exclusió residencial.

El precio del alquiler continúa marcando máximos en Balears. La renta media alcanzó en mayo los 20,1 euros por metro cuadrado, un 2,2% más que hace un año, lo que sitúa al archipiélago como la segunda comunidad autónoma con los alquileres más caros de España, solo por detrás de Madrid, según datos de Idealista.

En Palma, los precios han aumentado un 8,2% en el último año hasta los 19,2 euros por metro cuadrado, consolidando a la capital balear como la tercera más cara del país para arrendar una vivienda.

Los datos de Idealista reflejan que el mercado del alquiler continúa tensionado tanto en Balears como en el conjunto de España. A nivel estatal, las rentas alcanzaron en mayo una media de 15,1 euros por metro cuadrado, el precio más alto registrado por el portal inmobiliario desde el inicio de su serie histórica en el año 2000.

La creciente dificultad para acceder a una vivienda también se refleja en el esfuerzo económico que deben realizar los residentes de las Islas. Según un estudio de Fotocasa e InfoJobs, los baleares destinaron en 2025 una media del 64% de su salario al pago del alquiler, tres puntos más que el año anterior. Se trata del tercer porcentaje más elevado de España y evidencia que el encarecimiento de las rentas continúa avanzando a un ritmo superior al de los salarios.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, adviierte de que 2025 supuso un punto de inflexión en la crisis de acceso a la vivienda. Según explica, el año pasado fue en el que el esfuerzo salarial destinado al alquiler alcanza el nivel más alto de la serie histórica. “Destinar el 50% del sueldo al pago de la vivienda supone una situación de auténtica emergencia habitacional, ya que se encuentra 20 puntos por encima de lo recomendado por los organismos oficiales de control”, sentencia.

Organismos oficiales como el Banco de España o la OCDE señalan que una vivienda deja de ser asequible cuando un hogar debe destinar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca. Este umbral se utiliza habitualmente como referencia para medir la sobrecarga financiera derivada del acceso a la vivienda: los expertos advierten de que cuando el coste de la vivienda absorbe una parte tan elevada de los ingresos, los hogares ven reducida su capacidad para afrontar otros gastos esenciales, como la alimentación, el transporte, la energía, el ahorro o posibles imprevistos, lo que aumenta el riesgo de vulnerabilidad económica y exclusión residencial.

Desde que se hizo pública, en abril, la compra por un fondo de inversión de 107 pisos de alquiler asequible, a las afueras de Santander, la alcaldesa de Santander (PP), Gema Igual no se ha comunicado con el centenar de afectados. Aunque los inquilinos de los pisos que Fundación La Caixa, como promotora, vendió en 2025, han pedido mediación directa de la regidora al Ayuntamiento, la administración local ha eludido comprometerse por escrito. De hecho, de los escasos contactos iniciados en marzo, el único en persona, fue con un alto cargo municipal el 31 de marzo. Y desde el 20 de mayo, silencio.

Según los correos a los que ha tenido acceso elDiario.es, el 10 de marzo, cuando todavía los vecinos no se habían organizado colectivamente, una inquilina —que hoy habla en nombre del resto—, mandó un correo electrónico al correo de información del Ayuntamiento. Relataba cómo la nueva empresa propietaria, el fondo de inversión Mosaic Propco, “esperaba que se les venciese el contrato, para no renovarlo y vender las viviendas a precio de libre mercado a unos precios desorbitados”. 

Además, relataba cómo el Ayuntamiento de Santander “colaboró”, al realizar la entrega de llaves con la Fundación La Caixa, en uno de los salones del Palacio de La Magdalena. A ese primer correo, enviado por la noche, en el que pedía ayuda, siguió otro dirigido a la secretaría de la alcaldía, parecido, pero distinto: la inquilina solicitaba “alguna alternativa para mediar y revisar la situación de indefensión” en la que quedaban. También decía: “Ahora no os podéis quedar quietos y no apoyarnos, Gema, cuando se pretende echarnos, como si nada, de los que consideramos nuestros hogares”.

Le respondió una trabajadora municipal, al día siguiente por la mañana: “Doy traslado de su correo al Gerente de Sociedad de Vivienda y Suelo, para que mire en qué medida puede informarles”.

La Sociedad de Vivienda, como empresa municipal de vivienda, contactó con la vecina por vía telefónica y Whatsapp para concertar una cita para 20 días después. El 30 de marzo, un día antes de la reunión presencial con el director de la SVS, la inquilina recibió un correo de secretaría de la alcaldesa de Santander: “La alcaldesa está al tanto que mañana se van a reunir con Jose Antonio del SVS y que espera que se les aclaren todas sus dudas sobre el tema”.

En la reunión del 31 de marzo, según el relato de la inquilina cuyo contrato vence en 2027, el director del SVS manifestó no saber “nada” de la venta. Además, asegura que le dijo que la propietaria “tendría que habérselo ofrecido previamente al Ayuntamiento”, sostiene la inquilina.

El 6 de mayo, el director del SVS contactó por teléfono con la inquilina, tras pedirle que le enviara por correo su contrato y revisarlo. Según la inquilina, el gerente había cambiado de opinión y le dijo que, en el documento, “no se detallaba” que se le tuviera que ofrecer al Ayuntamiento la venta del inmueble.

Según fuentes consultadas por elDiario.es, al tratarse de vivienda libre, el suelo era privado desde el inicio. Pero el centenar de vecinos defiende que el Ayuntamiento se involucró con la promoción inicial de las viviendas de forma que, “como mínimo”, tendría que intermediar en la situación actual u “ofrecer alternativas” al centenar de afectados.

El 12 de mayo, los vecinos mandaron un email, esta vez como colectivo, al SVS y la secretaría de alcaldía, a la atención del gerente y de Gema Igual. Querían saber si la administración local tenía “intención de dialogar” con ellos y pedían una reunión.

Sin respuesta, insistieron el 19, solicitando al consistorio que valorase asistencia jurídica y sanciones, entre otras cosas. Esa fecha, el 19, coincidió con el día en el que muchos recibieron un burofax en representación de Mosaic Propco rechazando la posibilidad de prórroga del alquiler.

El día 20 de mayo recibieron respuesta desde secretaría de alcaldía: “Nos consta que desde el Ayuntamiento se esta tratando de contactar con los nuevos propietarios de los edificios, en cuanto lo hagamos nos pondremos en contacto con ustedes para concretar una reunión”.

Ésta ha sido la última respuesta por escrito, de las dos realizadas desde secretaría. Los vecinos respondieron ese día que “juega en nuestra contra si su idea es esperar a tener cualquier tipo de contestación por su parte para reunirse con nosotros”. 

El SVS no ha vuelto a responder desde la llamada del 6 de mayo.

Uno de los vecinos fue recientemente, en persona, en representación del centenar de afectados, a dejar una carta en la concejalía de Vivienda para que el Ayuntamiento ejerza de interlocutor. En Intervención General le dieron un acuse de recibo. ElDiario.es ha consultado al Ayuntamiento si piensa mediar. Tampoco ha habido respuesta.

Las fiestas de san Isidro volvieron a vivir este viernes otro momento de protestas y reivindicaciones por la posibilidad de acceder a un hogar. Fue protagonizado de nuevo por el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, el distrito en el que se encuentra la Pradera, donde se celebra la parte principal de las fiestas.

Durante la actuación del grupo Camellos, el SVC desplegó una pancarta en el escenario en la que se leía: “Llenan la Pradera, desahucian Madrid”. Esto aludía al desalojo de Ana, ocurrido este miércoles en un hogar de la Agencia de Vivienda Social que el Gobierno de Ayuso vendió a un particular. Aunque también podía referirse al desahucio de Mariano, de 67 años, por una orden franciscana que ostenta la propiedad del piso donde este jubilado ha vivido desde que nació.

Solo dos días antes, los grupos VVV [Tripping' you] y Amor Líquido también lanzaron proclamas contra la especulación inmobiliaria, los desahucios o las políticas de Ayuso y Almeida y desplegaron la misma pancarta. Además, pidieron frenar el desalojo de Ana, lo que al final no fue posible.

Tampoco esta fue la primera revindicación que se hacía este año acerca del tema habitacional. Los festejos comenzaron el 7 de mayo con la lectura del pregón, este año a cargo de la escritora Sonsoles Ónega. La también presentadora era la primera mujer pregonera durante la etapa de Almeida como alcalde y, además de lanzar algún guiño feminista, dejó otro momento llamativo al declarar: “Dejadme también que me haga eco del quejido de Madrid. Se queja y con razón de que no sana la herida de la vivienda. A mí me duele como a todos que haya que ser buitre y no paloma para vivir aquí”. Ante la mirada seria de Almeida, Ónega continuó dándole las gracias por la construcción de vivienda pública en la ciudad.

La mecha, sin embargo, la prendió hace tres años el trío Biznaga, muy contestatario con los problemas que vive la juventud, que plasma en temas cuyas letras van cargadas de crítica social. Hacia el final de su concierto criticaron el “pelotazo” del proyecto urbanístico de la Ermita del Santo: “Un nuevo caso de especulación inmobiliaria que sin duda lo que va a hacer es cambiar la zona para siempre, por supuesto para mal”, explicaron, para añadir: “Madrid no es de los buitres. Madrid nos pertenece, pertenece a la gente que lo habita y que pelea porque sea un sitio habitable”.

El pelotazo, que implicaba hacer una recalificación para construir pisos de lujo, se llevó a cabo y Biznaga no ha vuelto a actuar en las fiestas de san Isidro. La próxima cita del movimiento es la manifestación convocada por decenas de colectivos contra el negocio de la vivienda en Madrid el 24 de mayo.