Uno de los 107 pisos de alquiler asequible, en la calle Hermanos Calderón de Santander, que fueron propiedad de Fundación La Caixa hasta que los vendió en 2025 al fondo privado Mosaic Propco, ha sido puesto este viernes a la venta por la inmobiliaria que gestiona la cartera ahora, aunque el contrato de arrendamiento vence el 31 de marzo de 2029.

Es decir, el piso ha sido puesto a la venta con el inquilino dentro aunque su contrato finaliza dentro de tres años. Así lo ha denunciado la plataforma vecinal de afectados.

En el enlace, se hace expresa referencia tanto a la fecha de finalización de contrato, que es dentro de tres años, como a la renta actual del alquiler mensual (482,35 euros), de un piso a la venta por 214.900 euros. También se indica que el precio del piso, de tres habitaciones y dos baños, incluye plaza de garaje y trastero. De la vivienda se muestran 23 fotografías, pero corresponden a una “vivienda tipo”, “ideal inversor”, con “gran proyección de rentabilidad” porque es una “vivienda alquilada”, “con inquilinos”, según reconoce el anuncio.

Es la segunda ocasión que los vecinos detectan esta situación con las 107 viviendas: en el anterior caso, el piso a la venta vencía el contrato en 2027. La plataforma vecinal lleva desde mayo de 2026 denunciando “las presiones” para o bien comprar a precio de mercado a la inmobiliaria o bien salir de sus viviendas, cuyos contratos empiezan a vencer en 2027, en algunos casos.

Los tres bloques de viviendas de alquiler asequible de la calle Hermanos Calderón, en el barrio de Peñacastillo, fueron construidas sobre suelo privado, implicaban un precio de renta asumible en medio de la crisis económica iniciada en 2008. A partir de 2013 empezaron a residir algunos vecinos y luego los contratos de alquiler fueron renovándose durante años hasta que en 2025 los inquilinos recibieron la notificación a través de la inmobiliaria de que ahora eran pisos propiedad de un fondo de inversión.

A partir de 2026, los vecinos empezaron a organizarse y trasladaron su caso a varios partidos políticos. También se comunicaron con el Ayuntamiento de Santander (PP) para pedir ayuda, pero solo una vecina logró una reunión con el responsable de la Sociedad de la Vivienda municipal (SVS). Después, crearon una plataforma vecinal y empezaron a participar activamente en actividades, como la manifestación en defensa de la vivienda digna y un intento de desahucio, entre otras.

En el último pleno municipal, en junio, utilizaron el turno de ruegos y preguntas, al final, para pedirle a la alcaldesa expresamente que se involucrase, a lo que la alcaldesa respondió, en doce segundos, que estudiaría la propuesta de buscarles una solución y les convocaría para hablar a lo largo de julio, pero aún no han tenido respuesta.

La Generalitat de Catalunya prorrogará la regulación de los precios del alquiler en la amplia mayoría de los 271 municipios que ya habían sido declarados dentro de las zonas de alquiler tensionado desde 2024. Así lo ha anunciado la consellera Sílvia Paneque, que este jueves ha participado en la jornada 'Dret a l'habitatge: on i com créixer' organizada por elDiario.es, donde ha reclamado que la vivienda se convierta en Catalunya en una “misión de país”.

Paneque ha explicado que, tras casi tres años con límites de precios, el Govern considera que esta medida ha conseguido “enfriar” el mercado del alquiler, que era uno de los principales objetivos perseguidos. Pese a eso, la responsable de vivienda considera que debe mantenerse la regulación, que se prorrogará a partir de marzo de 2027, cuando caduca la anterior declaración.

Según ha detallado, el Departament de Territori se encuentra en estos momentos analizando los datos de todos los municipios, ya que ha considerado que algunos podrían salir de la regulación por haber logrado reducir de forma contundente los precios del alquiler. Al tiempo, nuevos municipis entrarán a formar parte de las zonas tensionadas.

Fuentes del Govern aseguran que tanto las salidas como las entradas supondrán menos del 10% de las localidades, por lo que la cifra de 271 apenas cambiará. La prórroga es en principio de un año, aunque para las localidades que se incorporan a la regulación, esta se extendrá por tres ejercicios, hasta 2030.

La regulación de precios, además, incluye desde diciembre del año pasado a los contratos de alquiler temporal, después de que el Govern y sus socios constataran que esta modalidad se había convertido en una vía para esquivar la regulación de precios. El Govern ha detectado que desde la entrada en vigor de esta medida, los contratos temporales se han reducido.

En la jornada celebrada en el Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC), la consellera ha aprovechado para enviar un mensaje a los propietarios, a quienes les ha dicho que cuando el Govern pone un tope al alquiler lo que está intentando es “que el beneficio sea razonable”. “No vamos contra el derecho a la propiedad, sino que garantizamos beneficios compatibles con el derecho a la vivienda, por tanto el propietario privado puede tener toda la tranquilidad”, ha dicho.

Junto a esta medida, Paneque ha defendido el conjunto de políticas que el Govern ha tomado en esta legislatura de la mano de sus socios, comenzando por el impuslo a la construcción. Así, ha destacado la buena marcha del llamado Plan 50.000, un intento para “generar un partque públcio de vivienda asequible permanente” para el que ya se han movilizado 670 solares de los ayuntamientos, la mitad de ellos con un promotor ya asignado y, la otra mitad, en proceso de adjudicación.

Además el Govern ha pisado el acelerado en las compras directas, por la vía del tanteo y retracto, que suma alrededor de 3.000 viviendas que han pasado directamente al mercado protegido.

Otra de las medidas en marcha es la prohibición de las compras especulativas, una medida pactada con los Comuns y que este mismo miércoles inició el trámite parlamentario, pese a que Junts y el PP ya han anunciado que lo llevarán al Consell de Garanties Estatutàries.

“Estamos haciendo una política concertada”, ha destacado Paneque, que ha reconocido que al Govern “le está costando que el mundo privado entienda que la voluntad es que la mayoría de lo que se construya sea de uso prioritario y preferencial por residencia”.

“No compartimos que la vivienda se haya convertido en un bien que no tenga que ver con el fin social de la vivienda”, ha añadido la consellera, que ha reclamado que la oposición ponga sobre la mesa propuestas alternativas.

“Si la mayor parte del arco parlamentario compartimos que estamos viviendo una crisis habitacional, porque la mayoría de los catalanes tienen dificultades para acceder a la vivienda, me gustaría escuchar más propuestas de cómo combatirla”, ha dicho.

*El contenido íntegro de las jornadas 'Dret a l'habitatge: on i com créixer' se publicará en vídeo el próximo lunes, 13 de julio de 2026

Podemos Cantabria volverá a presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al considerar insuficiente la documentación facilitada por el Ayuntamiento de Santander sobre las promociones de vivienda de alquiler asequible de Primero de Mayo, en Peñacastillo.

La formación morada solicitó el acceso a los convenios, acuerdos, expedientes administrativos e informes relacionados con las 107 viviendas promovidas originalmente por la Obra Social “la Caixa”, hoy en manos de Mosaic, una sociedad vinculada a una estructura inversora radicada en Luxemburgo. Al no tener respuesta por parte del ayuntamiento, Podemos presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia.

Podemos ha informado que el Ayuntamiento de Santander ha remitido un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y Caixabank. Sin embargo, Podemos considera que la respuesta no satisface la solicitud formulada, ya que el principal convenio está firmado el 25 de enero de 2016, cuando la primera promoción de 70 viviendas ya había sido construida, adjudicada y ocupada desde 2013.

Para Pablo Gómez: “La documentación recibida demuestra precisamente que falta documentación. El Ayuntamiento nos entrega un convenio firmado en 2016 para unas viviendas cuya construcción fue presentada públicamente en 2011 y cuyas primeras llaves se entregaron en 2013. Es evidente que ese no puede ser el documento que dio origen al proyecto”, explica.

La formación recuerda que el entonces alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, presentó públicamente estas promociones como parte de la política municipal de vivienda asequible impulsada en colaboración con la Obra Social “la Caixa”. En la propia revista municipal de septiembre de 2011, que continúa disponible en la web del Ayuntamiento, se afirmaba que “el Ayuntamiento de Santander gestiona importantes acuerdos de colaboración con promotores inmobiliarios en la ciudad, para que sus viviendas de precio asequible se sorteen entre los santanderinos. Tal es el caso de la Obra Social de La Caixa...”.

“Es el propio Ayuntamiento quien reconocía públicamente que existían acuerdos de colaboración con la Obra Social 'la Caixa'. Precisamente esos acuerdos son los que hemos solicitado y los que seguimos sin conocer. Si en 2011 el Ayuntamiento hablaba de ellos y la documentación que ahora nos remite es un convenio firmado en 2016, es evidente que falta información por entregar”, ha señalado Gómez.

El convenio facilitado acredita que el Ayuntamiento participaba activamente en la gestión de estas viviendas, seleccionando a las familias beneficiarias a través de los Servicios Sociales, comprobando el cumplimiento de los requisitos de acceso y realizando el seguimiento de los contratos de alquiler. Además, identifica expresamente las promociones de 70 y 37 viviendas desarrolladas en Primero de Mayo. No obstante, para Podemos, el documento no responde a las cuestiones esenciales que motivaron la solicitud de información.

“Queremos conocer qué se firmó cuando nació este proyecto, cuáles eran las obligaciones asumidas por las partes, cuánto tiempo debía mantenerse el alquiler asequible, si existían limitaciones a la venta o mecanismos para garantizar la función social de estas viviendas. Nada de eso se aclara con un convenio firmado cuando las primeras familias ya llevaban años viviendo allí.”

Por este motivo, la formación registrará una nueva reclamación ante el Consejo de Transparencia solicitando que el Ayuntamiento entregue la totalidad de la documentación existente desde el inicio del proyecto, incluyendo los acuerdos de colaboración mencionados por el propio consistorio en 2011, los convenios originales, expedientes administrativos, informes técnicos y jurídicos y cualquier otra documentación relacionada con la puesta en marcha de estas promociones.

“Las familias tienen derecho a conocer toda la verdad. No hablamos de una promoción privada cualquiera, sino de viviendas que fueron presentadas institucionalmente como una iniciativa social para facilitar el acceso al alquiler a familias trabajadoras y que hoy han terminado en manos de una estructura inversora”.

Desde Podemos insisten en que “la transparencia no consiste en entregar un documento cualquiera, sino en facilitar toda la documentación necesaria para entender cómo se diseñó este proyecto y qué ocurrió para que unas viviendas promovidas bajo un fin social acabaran convertidas en un activo financiero.”

Para Podemos, la documentación remitida no cierra el caso, sino que “abre nuevas preguntas sobre el origen de unas promociones que fueron presentadas como un ejemplo de colaboración para garantizar el acceso a la vivienda y cuyo recorrido, más de una década después, ha desembocado en la incertidumbre de decenas de familias que hoy desconocen cuál será el futuro de sus hogares”.

En un escenario de crisis generalizada de acceso a la vivienda, ya sea mediante compra o alquiler, por el continuo incremento de precios, hay una comunidad que parece haber dado con la tecla para frenar “la sangría”. Navarra ha sido la única comunidad de España en la que la vivienda se abarató en abril. Lo hizo en un 3,9%, si bien en el primer trimestre del año subió un 10,5%, la segunda comunidad en la que menos aumentó. Además, desde que se declaró el año pasado la zona de mercado residencial tensionado en 21 municipios, también han caído los precios del alquiler. ¿A qué se debe? Los expertos apuntan a varios factores, pero coinciden en destacar que la comunidad foral lleva tiempo apostando por impulsar políticas públicas de vivienda. “En Navarra todo se hace distinto, tenemos que verla como el modelo”, señala Ignacio Ezquiaga, economista e investigador de Funcas.

Navarra es una de las comunidades con un mayor parque de vivienda pública —más del 20% de las viviendas son protegidas—. Solo en 2025 se finalizaron 870 viviendas, de las que 449 tienen algún tipo de protección. Para alcanzar esas cifras la comunidad foral ha impulsado la construcción a través de su empresa pública Nasuvinsa, también en colaboración con promotores privados, y ha adquirido vivienda usada a través del tanteo y retracto. “Un dato difícilmente extrapolable al resto de España es que en Navarra uno de cada dos inquilinos no paga a precio de mercado porque o vive en una vivienda pública, o en una vivienda de un promotor privado que ha recibido subvención pública, o recibe ayudas al alquiler”, destaca el experto en vivienda y director de Nasuvinsa, Javier Burón.

“Las autoridades públicas no pueden influir demasiado en el mercado libre, pero sí que pueden ir creando zonas protegidas para que una parte de la oferta no sea a precio de mercado libre. Y eso es lo que Navarra no ha dejado de hacer en las últimas décadas”, apunta Ezquiaga. “Tenemos que ver a Navarra como un modelo de lo que tiene que seguir el resto de España en su conjunto, que el mercado no sea solo libre”, apostilla.

La ampliación del parque público de vivienda sigue siendo “una de las piezas fundamentales” de la hoja de ruta de las políticas del Departamento de Vivienda de Navarra, tal y como reconoce su consejera, Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin). En este sentido, además de la empresa pública Nasuvinsa, se ha sacado ya a licitación la creación de una compañía mixta, cuyo capital estará dividido al 50% entre la administración y el sector privado, y con la que se pretende movilizar un mayor número de viviendas de alquiler social. La previsión es que en pocos años se puedan añadir al parque público medio millar de inmuebles.

“No va a ser un modelo de colaboración como al que nos tiene acostumbrado la derecha, en el que la Administración asume las pérdidas y la parte privada patrimonializa las ganancias. Aquí se irá al 50% en absolutamente todo”, explica Alfaro.

Otro elemento clave según los expertos consultados es que en Navarra la calificación protegida es permanente en las viviendas del régimen de compraventa y, desde hace una semana, también en las de alquiler. El Parlamento de Navarra aprobó una modificación de la ley para que, pasados 21 años de la construcción de vivienda protegida de alquiler, los promotores no puedan venderla, ni siquiera a precio tasado, quedándose así de manera permanente en régimen de alquiler asequible. Se trata de una medida que tiene carácter retroactivo a todas aquellas viviendas que todavía no hayan perdido la calificación, es decir, las construidas en los últimos 20 años, 2.248 viviendas que perderían su protección próximamente.

“No estamos en contra de que los promotores privados hagan negocio, pero la colaboración público-privada tiene que ser simbiótica y no parasitaria. Ahora hay límites, las viviendas tienen que seguir en alquiler y si se quieren vender tiene que ser a un operador que las siga gestionando en alquiler. Sigue siendo un negocio, no les volverá multimillonarios, pero siguen ganando dinero”, sostiene Javier Burón.

Regulación del mercado

También ha tenido su reflejo en los precios la regulación del mercado. Hace un año, Navarra se sumó a Catalunya y declaró 21 municipios, entre ellos Pamplona y Tudela, los principales núcleos urbanos, como zonas de mercado residencial tensionado fijando así un tope a los precios del alquiler. Un año después, los datos reflejan una caída del 7% en los precios. “Son datos concluyentes que permiten concluir que intervenir funciona”, celebra la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, que reconoce que no esperaba que la medida tuviese un reflejo “tan rápido” en los datos.

“Pero es una medida que por sí sola y sostenida en el tiempo tampoco va a resolver las cosas porque está concebida para hacer de torniquete, para contener los precios. Debe de ir acompañada de otras políticas”, añade el director de Nasuvinsa, Javier Burón. “El mercado está intervenido en toda España, el asunto es a favor de quién”.

Además, por el momento la intervención en los precios no ha tenido su reflejo en un descenso en el número de contratos, que si bien se han reducido ligeramente en el último trimestre, se explica porque la mayoría se prorrogan. “Cuando un propietario pierde el incentivo de poder incrementar lo que quiera el precio del alquiler es más fácil que prorrogue el contrato a su inquilino y, por tanto, hay menos rotación”, sostiene Alfaro.

A la intervención del mercado se le sumará ahora otra medida aprobada en la Cámara Foral, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, subterfugio al que recurrían algunos propietarios para esquivar el tope a los precios del alquiler.

Por todo ello, los expertos consultados coinciden en señalar que el caso navarro no es casual y que los datos no son accidentales, son el resultado del impulso de políticas de vivienda. “Aquí hay un sistema. ¿Es perfecto? No, necesita mejoras a futuro, pero hay un plan de juego que viene de lejos, no se ha creado hoy. En otras comunidades o no tienen plan de juego o el plan es que pase lo que decida el mercado. Y el mercado endógenamente no produce vivienda permanentemente asequible”, asegura Javier Burón.

“Es una cuestión de voluntad política. Una política orientada de forma consistente a aumentar el parque público de vivienda. Porque el objetivo de las autoridades tiene que ser doble: al mismo tiempo que impulsas medidas para que el mercado libre gire y baje los precios, tienes que hacer oferta para un mercado protegido con viviendas asequibles”, indica el economista Ignacio Ezquiaga.

“Los gobiernos eligen a quién defender, y los encabezados por el PP han demostrado que no defienden de forma prioritaria los intereses de la ciudadanía, sino que están al servicio de una minoría económica. Nosotros tenemos resultados contrastados y acreditados, no hay otra explicación a que no apliquen estas medidas”, concluye la consejera Begoña Alfaro, que esta misma semana recibió la visita del consejero vasco del ramo, Denis Itxaso, para interesarse por las políticas navarras de vivienda.

La subida del precio de la vivienda no da tregua en Castilla-La Mancha. La región registra uno de los mayores aumentos de España, con un 20,3% de incremento interanual, mientras Toledo y Albacete son las provincias con mayores encarecimientos del país.

Según el informe 'Imie mercados locales' realizado por Tinsa, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma en la que más aumentó el coste de estos inmuebles en el segundo trimestre de 2026. Por su parte, la provincia de Toledo lidera este ascenso en precios a nivel nacional, con un 24,8 por ciento de subida, y en segunda posición se coloca la de Albacete, con un crecimiento del 21,1 por ciento. En cuanto a capitales, Albacete, con un ascenso del 23,5 %, encabeza el ranking a nivel nacional.

En este segundo trimestre de 2026, Talavera de la Reina (Toledo), con un crecimiento del 20,7%, se encuentra entre las ubicaciones que han registrado mayores aumentos de precio, por encima del 20 % nominal, junto a Torrejón de Ardoz (+32,6 %) en Madrid, Viladecans (+26,7 %) en Barcelona, Sagunto (+23,1 %) en Valencia. Se trata de municipios de áreas metropolitanas o municipios costeros con fuerte presión poblacional y del turismo.

En cuanto al análisis por comunidades autónomas, la mayoría han incrementado el precio de la vivienda nueva y usada por encima del 10%, registrando las mayores subidas en la Comunidad Valenciana (20,7%), Castilla-La Mancha (20,3%), Canarias y Cantabria (18,2%) y Región de Murcia (18,1%).

Por provincias, Tinsa señala que siguen sosteniendo “fuertes aumentos” en los precios de forma generalizada, con variaciones interanuales este trimestre entre 0,8% y 24,8%.

Además, se ha mantenido el número de provincias, registrando 10 con incrementos superiores al 10% en el último año, encabezadas por Toledo (+24,8%), Albacete (+21,1%), Guipúzcoa (+20,8%), Valencia (20,7%) y Alicante (+20,7%).

Finalmente, el estudio revela que, en 34 de las 52 capitales españolas se ha superado el 10% de variación interanual (30 en el trimestre anterior), registrando los mayores incrementos en Albacete (+23,5%), Soria (+23,4%) ,Pontevedra (+19,3%), Santander (+18,1%) y Santa Cruz de Tenerife (+18,0%).

Cerca del máximo histórico

A nivel nacional, se ha mantenido la tendencia alcista en el segundo trimestre de 2026, al registrar un avance trimestral del 3,7%, situando el incremento en el último año en un 15,2%.

En este sentido, los datos confirman que se trata de la “mayor tasa interanual” desde el tercer trimestre de 2006 y es 11,8 puntos superior al nivel de inflación general de la economía.

Asimismo, el crecimiento interanual del precio de la vivienda nueva y usada se ha intensificado cada trimestre de forma ininterrumpida desde el cuarto trimestre de 2024, de acuerdo con las cifras de Tinsa.

Actualmente, el valor medio en España se aproxima al máximo histórico en términos nominales (-0,7%), aunque, si se descuenta el efecto de la inflación acumulada para hacer comparables ambos periodos, la vivienda está un 33% por debajo del máximo de serie histórica en términos reales.

El Gobierno de Castilla-La Mancha remarca que la política de vivienda “es una prioridad” y que por ello va a dedicar 135 millones de euros en los próximos cuatro años a generar más oferta a través de la reclasificación de fondos europeos.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, durante la presetación del proyecto ‘Tecnove Custom Trucks. Innovación, industria y vivienda para una nueva generación’.

“Lo primero que hemos hecho, y esto es obra del consejero de Fomento y creo que es un buen dato, es reclasificar fondos europeos que teníamos para otros objetivos. Si es una prioridad y la Unión Europea nos lo permite, vamos a coger fondos que teníamos para otras actuaciones y los vamos a dedicar a vivienda”, ha explicado el vicepresidente segundo. Caballero ha señalado que “somos la comunidad autónoma de España que más fondos ha reconfigurado para este objetivo y no somos la que más problemas tiene en relación con la vivienda, pero desde luego sí somos la que tenemos más clara la prioridad”.

Cuatro ámbitos de respuesta a la vivienda

Por este motivo, tal y como ha explicado José Manuel Caballero, “desde el Gobierno de Catilla-La Mancha queremos actuar en los cuatro ámbitos que son necesarios para dar una respuesta al problema de la vivienda”. En primer lugar, ha señalado la importancia de generar más oferta: “Es evidente que hay que construir más viviendas y, si puede ser, de manera más rápida y además hacerlo a mejor precio”, ha señalado.

Por otro lado, Caballero ha puesto el acento en la importancia de desarrollar políticas públicas para reutilizar la vivienda que ya existe. “En este sentido, ya hemos sido una de las comunidades autónomas más dinámicas y que más fondos ha gestionado en ayudas para los particulares en la rehabilitación energética de vivienda, hasta el punto de que hemos utilizado fondos de otras comunidades que no han sido capaces de ejecutar”, ha explicado.

Sin embargo, ha señalado que hay que continuar en esta materia y para esto “hemos dispuesto 108 millones para rehabilitar viviendas, ya no solo en el centro de las ciudades, incluso en los pueblos”. Así, ha recordado el programa de vivienda rural al que, en estos momentos, tienen que adherirse los ayuntamientos interesados para poder, posteriormente, ayudar a rehabilitar las viviendas vacías en los pueblos y que éstas puedan ser puestas en alquiler asequible.

En tercer lugar, Caballero ha señalado que, una vez puestas en marcha estas políticas de generación de oferta y reutilización de la existente, “hay que ayudar a la gente a que pueda acceder a ellas”. Por eso, desde el Gobierno regional, tal y como ha detallado, “tenemos aproximadamente 100 millones de euros para poder facilitárselo, especialmente a los más vulnerables y a colectivos con problemas en esta materia, como son también los más jóvenes”.

Por último, José Manuel Caballero ha puesto en valor el trabajo que se está desarrollando para poner en marcha las modificaciones legislativas. “Estamos trabajando en la reformulación legislativa hasta un ámbito que va más allá de nuestras competencias y sin ninguna pereza por parte del Gobierno regional para llevar a las Cortes modificaciones, como las que ya hemos llevado hace unos meses y las que llevaremos las próximas semanas, para facilitar la posibilidad de construcción de vivienda, de utilización de suelos y de reglamentaciones que agilicen esta repuesta al problema”, ha explicado.

Industrialización de la vivienda en el nuevo Plan estatal

Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado que hay que poder fabricar nuevas viviendas en España y ha puesto de relevancia cómo la falta de mano de obra y de relevo generacional en sectores como el de la construcción hace que “la industrialización en la construcción de la vivienda venga a dignificar la profesión, ya que hay que mejorar las condiciones para que estos sectores vuelvan a ser atractivos para jóvenes o mujeres”.

De esta manera, Hernando ha asegurado que el sector de vivienda industrializada es incipiente y tiene que tener apoyo. En esta línea, ha destacado que “en el nuevo Plan Estatal de Vivienda va a haber un plus de ayudas a la construcción de nuevas viviendas si incorporan algún proceso de industrialización”.

El consejero de Fomento ha explicado que “ya estamos en disposición de poder recibir el dinero por parte del Estado en el mes de julio o septiembre y podremos arrancar después de las convocatorias y los plazos de solicitud, para principios del año 2027. Entre medias vamos a poder destinar fondos FEDER para que este año no se quede en barbecho”.

Amnistía Internacional ha reclamado al Gobierno regional de Castilla-La Mancha que adopte “medidas urgentes” para garantizar el derecho a la vivienda frente a la “creciente crisis” de asequibilidad que afecta a miles de personas en la comunidad autónoma.

La organización ha trasladado estas demandas a Nacho Hernando, consejero de Fomento, junto con las conclusiones del informe '¿Soluciones a la crisis del derecho a la vivienda? Consideraciones sobre las recientes medidas del Gobierno y las iniciativas legislativas en tramitación y votadas en el Congreso', en el que recuerda que la asequibilidad constituye un elemento esencial del derecho a una vivienda adecuada. Explican que los gastos asociados a la vivienda “deben ser soportables y no impedir el disfrute de otros derechos humanos como la alimentación, la salud o la educación”. En una carta remitida al consejero, la organización también solicita una reunión para trasladarle personalmente las conclusiones del informe y las principales recomendaciones de la organización en materia de vivienda.

Castilla-La Mancha entre las regiones con mayor nivel de pobreza

Amnistía Internacional muestra su preocupación porque Castilla-La Mancha “sigue sin utilizar una de las principales herramientas previstas en la legislación estatal para contener el precio del alquiler y proteger a las personas inquilinas”. Apuntan que la comunidad autónoma no tiene declarada ninguna zona de mercado residencial tensionado, “pese al fuerte incremento del precio de los alquileres en los últimos años y a las crecientes dificultades de acceso a la vivienda que existen en distintos municipios”.

La organización subraya además que algunos ayuntamientos ya han manifestado la necesidad de avanzar en esta dirección. El Ayuntamiento de Cuenca ha elaborado y sometido a información pública un informe técnico para solicitar la declaración de zona de mercado residencial tensionado, al detectar riesgos de insuficiencia de vivienda asequible para la población residente y un importante incremento de los precios del alquiler. Asimismo, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha impulsado iniciativas para avanzar en la elaboración de la documentación necesaria para solicitar esta declaración. Estos pasos “evidencian que existe una preocupación real” por la evolución del mercado de la vivienda en municipios de la región y que corresponde a la Junta utilizar las competencias que le atribuye la Ley por el Derecho a la Vivienda.

La preocupación resulta “especialmente relevante” en una comunidad autónoma que se sitúa entre las que presentan mayores niveles de pobreza y exclusión social del país. Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, Castilla-La Mancha registra una tasa AROPE del 34%, “muy por encima de la media estatal”, y una de las mayores tasas de riesgo de pobreza de España. Este indicador mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, teniendo en cuenta factores como los ingresos, las carencias materiales y la intensidad del empleo en los hogares, y sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades autónomas con mayores niveles de vulnerabilidad social de España.

“En un contexto de elevada pobreza y dificultades crecientes para acceder a una vivienda, las administraciones públicas no pueden limitarse a observar la evolución del mercado. Deben activar mecanismos para contener los precios cuando sea necesario, garantizar alquileres asequibles y reforzar la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad”, señala Rafaela Alonso, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha.

La organización recuerda además que ya en mayo de 2024 pidió a la Junta de Comunidades que impulsara la declaración de zonas tensionadas allí donde se cumplieran los requisitos legales. Dos años después, Castilla-La Mancha continúa sin aplicar este instrumento mientras persisten los problemas de acceso a la vivienda en distintos municipios de la región.

Además de la escasez, deshaucios

Amnistía Internacional recuerda además que uno de los “principales déficits” estructurales en materia de vivienda es la escasez de vivienda social en alquiler. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el parque social de alquiler representa en España apenas el 1,71% del total de viviendas, frente a una media cercana al 9% en la Unión Europea. En Castilla-La Mancha la situación es igualmente preocupante: de las aproximadamente 1.347.273 viviendas existentes en la comunidad autónoma, solo unas 22.392 tienen carácter de vivienda social, lo que supone alrededor del 1,66% del total.

Amnistía Internacional también insiste en que ninguna persona o familia en situación de vulnerabilidad debería sufrir un desalojo de su vivienda sin una alternativa habitacional adecuada. En este sentido, recuerda el caso de una madre y su hija menor desalojadas en Alovera, para quienes la organización solicitó a Junta de Comunidades y Ayuntamiento una solución urgente de vivienda el pasado mes de febrero.

Más recientemente, en el edificio de VPO conocido como Yedra 8, en el barrio toledano de Santa Martía de Benquerencia, se encuentran en curso varios procedimientos de desahucio derivados de las reclamaciones planteadas por la Junta de Comunidades y la empresa pública Gicaman ante los tribunales. Entre las personas afectadas figuran una familia monomarental con situación de vulnerabilidad reconocida por los Servicios Sociales y un joven con una discapacidad del 56%, cuyo desahucio está previsto este jueves 25 de junio a las 11:30h, según denuncia la Unión Popular de Inquilinos de Toledo.

Junto a la activación de mecanismos para mejorar la asequibilidad del alquiler, Amnistía Internacional reclama el incremento de forma sostenida del parque público y social de vivienda para ofrecer una alternativa real a aquellas personas y familias que no pueden acceder a una vivienda adecuada a través del mercado privado. Esta insuficiencia deja a miles de hogares expuestos a las dinámicas del mercado privado y limita gravemente la capacidad de las administraciones para garantizar el derecho a la vivienda de las personas con menos recursos.

“El derecho a la vivienda no puede depender exclusivamente de las reglas del mercado. Las autoridades tienen la obligación de adoptar medidas concretas para garantizar que todas las personas puedan acceder y mantener una vivienda adecuada en condiciones asequibles”, concluye la organización.

La promotora que resultó adjudicataria de tres promociones de viviendas para alquiler asequible en Zaragoza, Brial, ha habilitado la página web en la que los interesados pueden inscribirse. En total son 78 viviendas que tienen entre 47 y 90 metros cuadrados, ubicadas en los barrios de Valdefierro y Las Fuentes. El alquiler oscila entre los 345 euros los pisos más asequibles hasta 750 euros los más caros.

El portal www.alquilerasequiblezaragoza.com es el canal digital único a través del cual los ciudadanos podrán inscribirse para optar al sorteo ante notario de las primeras viviendas de alquiler asequible impulsadas por el Consistorio mediante la captación de fondos europeos, ya está activa. Para registrarse, eso sí, habrá que esperar al próximo 23 de junio.

Tal y como adelantó la alcaldesa, Natalia Chueca, la puesta en marcha de esta plataforma, gestionada por Brial en cumplimiento de los pliegos de la normativa europea, marca el inicio del proceso de publicidad y adjudicación de estos primeros pisos, que llegarán a ser un total 361.

Esta primera promoción contempla dos sorteos independientes que abrirán el camino al resto de promociones de la ciudad: uno conjunto para los 59 pisos ubicados en Valdefierro (en la calle de Argos, 8, y calle de Saturno/Mercurio, 24-26) y otro para las 19 viviendas de San José (en la calle de Miguel Servet, 202).

Todo el procedimiento cuenta con una comisión mixta de seguimiento con presencia de las administraciones públicas, garantizando un desarrollo transparente, publicitado y en estricta igualdad de condiciones, culminando en sorteos públicos con certificación notarial.

El objetivo municipal es que estas primeras viviendas, si no surgen contratiempos con la conexión de servicios y suministros por parte de terceros, puedan entregarse entre los meses de agosto y octubre de este mismo año.

Habitaciones y precios

Esta iniciativa municipal destaca por su adaptabilidad a la diversidad de los hogares zaragozanos. El proyecto de 361 pisos, del cual forman parte estas primeras 78 viviendas, ha sido diseñado bajo la premisa de no infrautilizar recursos, asignando pisos de mayor capacidad a unidades familiares más grandes y reservando espacios adaptados para personas con movilidad reducida.

En los edificios de Argos y Mercurio/Saturno (Valdefierro) se ofrecen viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con garajes y trasteros, contando con tres viviendas adaptadas para movilidad reducida y una para familias numerosas. El precio fijado es de 7euros/m2 en vivienda y 4,20 euros/m2 en anexos, lo que supone una horquilla mensual de entre 437,56 y 846,85 euros euros para Argos, y de 414,33 a 599,76 euros para Mercurio, excluyendo gastos de comunidad.

En Miguel Servet 202 (San José), se ofertan pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, con una vivienda adaptada, a un precio de 6,80 euros/m2 en pisos y 4,08 euros/m2 en trasteros, resultando en rentas mensuales de entre 365 y 673 euros.

Requisitos y calendario

La nueva plataforma digital ya ofrece a los ciudadanos toda la información necesaria para conocer a fondo las promociones disponibles y resolver cualquier duda antes de presentar su solicitud. El sitio web está diseñado para ser una herramienta integral, que alberga en su interior secciones de preguntas frecuentes, mapas con planos de situación y del entorno de los barrios, planos de planta tipo de los edificios, así como listados exhaustivos donde se detalla el estado, los dormitorios, la superficie útil y la renta exacta de cada piso.

Para poder participar en el proceso, los interesados deberán cumplir con unos requisitos básicos detallados en las bases. Entre ellos destaca la obligación de ser mayor de edad o estar emancipado legalmente, así como tener la necesidad real de una vivienda, lo que implica no tener otra propiedad ni estar arrendando actualmente una vivienda protegida, salvo excepciones muy concretas.

Asimismo, la vivienda adjudicada deberá destinarse a domicilio habitual y permanente, los solicitantes deben estar empadronados en Aragón y no pueden haber incumplido obligaciones de pago anteriores ni con la Hacienda estatal, autonómica o local, ni con la Seguridad Social.

En el aspecto económico, las viviendas de alquiler asequible están pensadas para adaptarse al esfuerzo financiero de los hogares, garantizando que el coste del alquiler y sus anejos, incluidos los gastos de comunidad, no superen el 30% de los ingresos brutos de la unidad de convivencia. De este modo, y para asegurar que el fin social se cumple, los ingresos de la unidad familiar no podrán superar 4,5 veces el IPREM ponderado. En la actualidad, este límite se traduce en unos 42.000 euros para hogares de un solo miembro y de 54.000 euros para familias de dos o más personas.

El calendario del proceso ya está fijado y estructurado en varias etapas. Tras la actual fase de anuncio e información técnica, se abrirá el periodo de inscripción mediante formulario web, que comenzará el próximo 23 de junio a las 09.00 horas y finalizará el 7 de julio a las 23.59 horas. Posteriormente se procederá al sorteo público ante notario, seguido por el envío y validación de la documentación de los seleccionados, la elección presencial de la vivienda, y finalmente, la firma del contrato de arrendamiento y entrega de llaves.

700 euros por una habitación para cuatro personas. Cien euros más al mes por permitir que estén empradonados en ella. Más de trescientos euros por una habitación en un piso insalubre con cucharachas “a patadas”. Son algunos ejemplos de lo que sucede en la trastienda del mercado de alquiler de Cantabria mientras se multiplican los beneficios para los propietarios e intermediarios.

El mapa del alquiler en Cantabria es hoy una mancha roja que asfixia el presupuesto de sus residentes. Desde el año 2015, el precio medio del arrendamiento en la comunidad ha experimentado un incremento del 33,6%, según  los datos de alquileres calle a calle publicados por el Ministerio de Vivienda, cuya comparativa se detiene en el año 2024.

La subida media en Santander alcanza el 35%, el 31% en Torrelavega, el 34% en Castro Urdiales y Piélagos y el 32% en Camargo, los cinco municipios más poblados de la comunidad.  

Esta escalada de precios no es solo una cifra estadística, es la frontera que separa la integración de la exclusión social para cientos de personas. Lo paradójico de esta situación es que, mientras el acceso a una vivienda digna se vuelve una misión imposible para colectivos vulnerables, el sector de las inmobiliarias vive una edad de oro que recuerda a los años de efervescencia de la burbuja (2004-2007).

La franquicia Tecnocasa, por ejemplo, inauguró su primera oficina en Cantabria en abril de 2022 y actualmente ya cuenta con 15 sedes repartidas por la comunidad (doce en Santander, dos en Camargo y una en Astillero), con agentes comerciales captando inmuebles 'a puerta fría', es decir, casa por casa ofreciendo tasar y comprar viviendas. Esta expansión comercial contrasta drásticamente con una realidad de exclusión residencial que ya afecta a casi una cuarta parte de la población.

Un derecho convertido en barrera de exclusión

Según el reciente Informe sobre exclusión y desarrollo social en Cantabria 2025 de FOESSA, la exclusión social en la comunidad en seis años ha pasado de afectar al 10,8% de la población al 14,2%. Esto significa que alrededor de 83.000 personas en Cantabria se encuentran en alguna situación de exclusión.

De todas las dimensiones analizadas, la vivienda es, con diferencia, la más problemática: el 23,2% de la población cántabra sufre algún tipo de exclusión vinculada a su hogar. Es precisamente este escenario lo que ha llevado el pasado 6 de junio a cerca de un millar de personas a participar en la manifestación 'Cantabria para vivir', respaldada por colectivos sociales de diversa índole pero unidos por esta reivindicación a una vivienda digna recogida en el artículo 47 de la Constitución española.

Cáritas, a través de una campaña bautizada como ‘Inmobiliaria La Injusticia’, ha denunciado recientemente que las personas a las que acompañan ni siquiera pueden plantearse acceder a una vivienda completa.

No es solo una cuestión de falta de ingresos, ya que incluso teniendo nóminas, los filtros de los seguros de impago o la exigencia de adelantar varias mensualidades actúan como muros infranqueables.

El hacinamiento ha crecido en España un 43% desde 2018, empujando a 3,4 millones de personas a compartir espacios mínimos, volver a casa de sus progenitores o instalarse en “nanopisos”, según el mismo estudio de FOESSA. La consecuencia es una huida desesperada hacia el alquiler de habitaciones, un mercado a menudo desregulado y plagado de prácticas abusivas.

‘Alquiler de nómina’ y la extorsión por el padrón

En este escenario de necesidad han surgido figuras de explotación que hasta hace poco eran marginales o, incluso, impensables. El testimonio de Jhosseline, una mujer de 33 años y nacionalidad peruana, relata un periplo de supervivencia que ilustra la crueldad del mercado actual. Ella y su familia (marido y dos hijas de 6 y 13 años) llegaron a vivir en un piso compartido con más de 15 personas en la calle Alonso de Santander, donde las condiciones eran insalubres y los conflictos constantes. Pagaban 700 euros por una habitación para los cuatro.

Además, una práctica cada vez más habitual es el cobro de una tasa por empadronarse. Les pidieron 100 euros mensuales más por persona para permitirles figurar en el padrón municipal. “Era una necesidad básica, la puerta para la sanidad o cualquier ayuda, pero no pudimos hacerlo porque sumaba 400 euros extra al alquiler”, explica, “una cantidad inalcanzable para nosotros en ese momento”.

Después de aquello, y ante la imposibilidad de pasar los filtros de las inmobiliarias, la desesperación les llevó a recurrir al conocido como ‘alquiler de nómina’: pagaron 350 euros a un tercero para usar su documentación y poder firmar un contrato de vivienda. Jhosseline admite que tuvo que “negar” la existencia sus hijas y de su marido, fingiendo que solo ella y el titular de la nómina vivirían allí para evitar que el propietario o el seguro de alquiler rechazaran el contrato, ya que “las cláusulas prohibían las mascotas y los niños”. El miedo a ser descubiertos era tal que, durante las vacaciones escolares, sacaba a sus hijas de casa todo el día para evitar que los vecinos se quejaran de ruido y el dueño descubriera que vivían allí.

Actualmente, aunque tanto ella como su marido han regularizado su situación y trabajan en los sectores de ayuda a domicilio y reformas, respectivamente, pagan 1.000 euros por un piso, una situación que define como “sobrevivencia, prácticamente trabajar y sobrevivir”. En su opinión, los precios de hace algo más de tres años, cuando llegaron a España, eran caros pero ahora son “un grito” (expresión peruana para calificar algo de muy exagerado).

Vivir en una habitación sin contrato tras 42 años de trabajo

A sus 61 años, Carlos, natural de Santander y técnico especializado en mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, representa la vulnerabilidad de quienes, tras una vida laboral extensa y especializada -28 años en una conocida multinacional y un total de 42 años de trabajo-, se ven expulsados del sistema.

Su situación actual, tras haber consumido su prestación por desempleo, es una lucha constante por la dignidad en un entorno hostil. Vive en una habitación por la que paga 320 euros en una casa que él mismo define como “en ruinas”, donde convive con una suciedad extrema, con “cagadas de gatos y cucarachas a patadas”.

Su exclusión no es solo habitacional, sino también de derechos básicos. A pesar de pagar su mensualidad puntualmente, la propietaria se niega a hacerle un contrato y a empadronarle, por lo que no puede desgravar el alquiler. Aunque ha ganado el pasado mes de marzo un juicio en el que se le reconoce su incapacidad permanente, la burocracia retrasa por el momento el cobro de la prestación con carácter retroactivo que ha de abonarle la Seguridad Social y con la que espera poder aliviar su precariedad. La espera le obliga por ahora a sobrevivir con la ayuda de 480 euros (subsidio para mayores de 52 años) y el apoyo de las tarjetas monedero de Cáritas para alimentación e higiene, ya que tiene unos gastos mínimos en medicamentos de unos 60 euros mensuales. Su opinión sobre el mercado de la vivienda es clara: “La única solución real es construir vivienda social”, no solo para venta, sino específicamente “para alquileres asequibles”, opina.

Fadi, la juventud que aspira a “una vida normal”

A sus 28 años recién cumplidos, Fadi, que llegó a España en 2024 desde Túnez en busca de un futuro mejor, tiene alquilada actualmente una habitación de un piso ubicado en la zona santanderina de Cuatro Caminos. Su día a día está marcado por una serie de peculiares restricciones impuestas por el propietario, con el que convive. No se le permite usar la ducha antes de las 10 de la mañana “para no molestar” y solo tiene permiso para lavar su ropa una vez cada quince días. Cuando llegó a esta vivienda le dijeron que podría hacerlo una vez a la semana. Estas reglas dice que limitan su higiene y autonomía, ya que cada mañana tiene que ir a Torrelavega, donde está terminando un curso de hostelería en el que tiene puestas todas sus expectativas laborales, y le gustaría poderse duchar antes de salir de casa.

La vivienda es para él uno de los principales obstáculos en su deseo de progresar: “Solo quiero una vida normal, tomar un café, comprarme la comida y ropa que me gusta y trabajar para ayudar a mi familia”. Fadi agradece insistentemente el acompañamiento que está recibiendo por parte de las profesionales de Cáritas, que no solo le ayudan con el alquiler, sino que se coordinan con otras instituciones como la fundación Diagrama para su formación y la gestión de sus trámites de regularización, cuya solicitud acaba de presentar. Este futuro camarero ansía poder acceder a un trabajo este verano en uno de los sectores clave de la economía de Cantabria, la hostelería, con un déficit de personal que el presidente de los profesionales del gremio, Eduardo Lamadrid, admite como endémico y “difícil de solventar”.

La urgencia de una alternativa social

Mientras en Cantabria el índice de precios ha subido un 38,4% (periodo 2018-2024), por encima del aumento de las rentas familiares (30,7%), el mercado ha empujado a las personas con menos recursos a situaciones de vivienda insegura o inadecuada, que ya afectan al 10,9% de la población (unas 60.000 personas).

La realidad actual muestra que, para muchos residentes en Cantabria, el hogar ha dejado de ser un refugio para convertirse en un escenario de supervivencia donde se alquilan hasta los derechos más básicos.

La Comunidad de Murcia ha experimentado un encarecimiento de la vivienda libre 15,6% en el primer trimestre de este 2026, el mayor incremento de todas las comunidades junto a Aragón, de acuerdo con el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes. La Región supera con creces la media nacional, que sitúa este incremento en el 12,9%: los datos nacionales son alarmantes, siendo la tasa más alta desde el año 2007, y la Comunidad supera estas cifras por casi tres puntos porcentuales.

En comparación con el año anterior, el precio de la vivienda nueva subió una media del 10,9% en la Comunidad. Mayor fue el aumento de la vivienda usada, que experimentó una subida del 16,3% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Unos índices que superan con creces a los de la media nacional, que alcanzó el 13,5%, la cifra más alta desde que se tiene registro.

La subida del precio de la vivienda libre ha sido generalizada en todas las comunidades, encabezando el ranking Murcia y Aragón con un 15,6%, seguidas de cerca por Castilla y León y Ceuta, ambas con un 14,9%. Por otro lado, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Cataluña y Navarra (+10,5% en ambos casos) y en País Vasco (+10,2%).

Con respecto al trimestre anterior, las cifras muestran una aceleración del mercado inmobiliario murciano: el precio de la vivienda aumentó un 4,3%, dos puntos más que en los tres meses anteriores. Mientras que el de la vivienda incrementó un 1,8% y la usada un 4,7%. En España, el precio de la vivienda libre aumentó un 3,5% el pasado trimestre, acumulando nueve trimestres consecutivos de crecimiento.

El preu del lloguer continua marcant màxims a Balears. La renda mitjana va assolir el maig els 20,1 euros per metre quadrat, un 2,2% més que fa un any, fet que situa l'arxipèlag com la segona comunitat autònoma amb els lloguers més cars d'Espanya, només per darrere de Madrid, segons dades d'Idealista.

A Palma, els preus han augmentat un 8,2% durant el darrer any fins als 19,2 euros per metre quadrat, consolidant la capital balear com la tercera més cara de l'Estat per llogar un habitatge.

Les dades d'Idealista reflecteixen que el mercat del lloguer continua tensionat tant a Balears com al conjunt d'Espanya. A escala estatal, les rendes varen assolir el maig una mitjana de 15,1 euros per metre quadrat, el preu més alt registrat pel portal immobiliari des de l'inici de la seva sèrie històrica l'any 2000.

La creixent dificultat per accedir a un habitatge també es reflecteix en l'esforç econòmic que han de fer els residents de les Illes. Segons un estudi de Fotocasa i InfoJobs, els balears varen destinar el 2025 una mitjana del 64% del seu salari al pagament del lloguer, tres punts més que l'any anterior. Es tracta del tercer percentatge més elevat d'Espanya i evidencia que l'encariment de les rendes continua avançant a un ritme superior al dels salaris.

La directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos, adverteix que el 2025 va suposar un punt d'inflexió en la crisi d'accés a l'habitatge. Segons explica, l'any passat va ser aquell en què l'esforç salarial destinat al lloguer va assolir el nivell més alt de tota la sèrie històrica. “Destinar el 50% del sou al pagament de l'habitatge suposa una situació d'autèntica emergència habitacional, ja que se situa 20 punts per damunt del que recomanen els organismes oficials de control”, sentencia.

Organismes oficials com el Banc d'Espanya o l'OCDE assenyalen que un habitatge deixa de ser assequible quan una llar ha de destinar més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer o de la hipoteca. Aquest llindar s'utilitza habitualment com a referència per mesurar la sobrecàrrega financera derivada de l'accés a l'habitatge.

Els experts adverteixen que, quan el cost de l'habitatge absorbeix una part tan elevada dels ingressos, les llars veuen reduïda la seva capacitat per afrontar altres despeses essencials, com l'alimentació, el transport, l'energia, l'estalvi o possibles imprevists, fet que incrementa el risc de vulnerabilitat econòmica i exclusió residencial.

El precio del alquiler continúa marcando máximos en Balears. La renta media alcanzó en mayo los 20,1 euros por metro cuadrado, un 2,2% más que hace un año, lo que sitúa al archipiélago como la segunda comunidad autónoma con los alquileres más caros de España, solo por detrás de Madrid, según datos de Idealista.

En Palma, los precios han aumentado un 8,2% en el último año hasta los 19,2 euros por metro cuadrado, consolidando a la capital balear como la tercera más cara del país para arrendar una vivienda.

Los datos de Idealista reflejan que el mercado del alquiler continúa tensionado tanto en Balears como en el conjunto de España. A nivel estatal, las rentas alcanzaron en mayo una media de 15,1 euros por metro cuadrado, el precio más alto registrado por el portal inmobiliario desde el inicio de su serie histórica en el año 2000.

La creciente dificultad para acceder a una vivienda también se refleja en el esfuerzo económico que deben realizar los residentes de las Islas. Según un estudio de Fotocasa e InfoJobs, los baleares destinaron en 2025 una media del 64% de su salario al pago del alquiler, tres puntos más que el año anterior. Se trata del tercer porcentaje más elevado de España y evidencia que el encarecimiento de las rentas continúa avanzando a un ritmo superior al de los salarios.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, adviierte de que 2025 supuso un punto de inflexión en la crisis de acceso a la vivienda. Según explica, el año pasado fue en el que el esfuerzo salarial destinado al alquiler alcanza el nivel más alto de la serie histórica. “Destinar el 50% del sueldo al pago de la vivienda supone una situación de auténtica emergencia habitacional, ya que se encuentra 20 puntos por encima de lo recomendado por los organismos oficiales de control”, sentencia.

Organismos oficiales como el Banco de España o la OCDE señalan que una vivienda deja de ser asequible cuando un hogar debe destinar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca. Este umbral se utiliza habitualmente como referencia para medir la sobrecarga financiera derivada del acceso a la vivienda: los expertos advierten de que cuando el coste de la vivienda absorbe una parte tan elevada de los ingresos, los hogares ven reducida su capacidad para afrontar otros gastos esenciales, como la alimentación, el transporte, la energía, el ahorro o posibles imprevistos, lo que aumenta el riesgo de vulnerabilidad económica y exclusión residencial.

Desde que se hizo pública, en abril, la compra por un fondo de inversión de 107 pisos de alquiler asequible, a las afueras de Santander, la alcaldesa de Santander (PP), Gema Igual no se ha comunicado con el centenar de afectados. Aunque los inquilinos de los pisos que Fundación La Caixa, como promotora, vendió en 2025, han pedido mediación directa de la regidora al Ayuntamiento, la administración local ha eludido comprometerse por escrito. De hecho, de los escasos contactos iniciados en marzo, el único en persona, fue con un alto cargo municipal el 31 de marzo. Y desde el 20 de mayo, silencio.

Según los correos a los que ha tenido acceso elDiario.es, el 10 de marzo, cuando todavía los vecinos no se habían organizado colectivamente, una inquilina —que hoy habla en nombre del resto—, mandó un correo electrónico al correo de información del Ayuntamiento. Relataba cómo la nueva empresa propietaria, el fondo de inversión Mosaic Propco, “esperaba que se les venciese el contrato, para no renovarlo y vender las viviendas a precio de libre mercado a unos precios desorbitados”. 

Además, relataba cómo el Ayuntamiento de Santander “colaboró”, al realizar la entrega de llaves con la Fundación La Caixa, en uno de los salones del Palacio de La Magdalena. A ese primer correo, enviado por la noche, en el que pedía ayuda, siguió otro dirigido a la secretaría de la alcaldía, parecido, pero distinto: la inquilina solicitaba “alguna alternativa para mediar y revisar la situación de indefensión” en la que quedaban. También decía: “Ahora no os podéis quedar quietos y no apoyarnos, Gema, cuando se pretende echarnos, como si nada, de los que consideramos nuestros hogares”.

Le respondió una trabajadora municipal, al día siguiente por la mañana: “Doy traslado de su correo al Gerente de Sociedad de Vivienda y Suelo, para que mire en qué medida puede informarles”.

La Sociedad de Vivienda, como empresa municipal de vivienda, contactó con la vecina por vía telefónica y Whatsapp para concertar una cita para 20 días después. El 30 de marzo, un día antes de la reunión presencial con el director de la SVS, la inquilina recibió un correo de secretaría de la alcaldesa de Santander: “La alcaldesa está al tanto que mañana se van a reunir con Jose Antonio del SVS y que espera que se les aclaren todas sus dudas sobre el tema”.

En la reunión del 31 de marzo, según el relato de la inquilina cuyo contrato vence en 2027, el director del SVS manifestó no saber “nada” de la venta. Además, asegura que le dijo que la propietaria “tendría que habérselo ofrecido previamente al Ayuntamiento”, sostiene la inquilina.

El 6 de mayo, el director del SVS contactó por teléfono con la inquilina, tras pedirle que le enviara por correo su contrato y revisarlo. Según la inquilina, el gerente había cambiado de opinión y le dijo que, en el documento, “no se detallaba” que se le tuviera que ofrecer al Ayuntamiento la venta del inmueble.

Según fuentes consultadas por elDiario.es, al tratarse de vivienda libre, el suelo era privado desde el inicio. Pero el centenar de vecinos defiende que el Ayuntamiento se involucró con la promoción inicial de las viviendas de forma que, “como mínimo”, tendría que intermediar en la situación actual u “ofrecer alternativas” al centenar de afectados.

El 12 de mayo, los vecinos mandaron un email, esta vez como colectivo, al SVS y la secretaría de alcaldía, a la atención del gerente y de Gema Igual. Querían saber si la administración local tenía “intención de dialogar” con ellos y pedían una reunión.

Sin respuesta, insistieron el 19, solicitando al consistorio que valorase asistencia jurídica y sanciones, entre otras cosas. Esa fecha, el 19, coincidió con el día en el que muchos recibieron un burofax en representación de Mosaic Propco rechazando la posibilidad de prórroga del alquiler.

El día 20 de mayo recibieron respuesta desde secretaría de alcaldía: “Nos consta que desde el Ayuntamiento se esta tratando de contactar con los nuevos propietarios de los edificios, en cuanto lo hagamos nos pondremos en contacto con ustedes para concretar una reunión”.

Ésta ha sido la última respuesta por escrito, de las dos realizadas desde secretaría. Los vecinos respondieron ese día que “juega en nuestra contra si su idea es esperar a tener cualquier tipo de contestación por su parte para reunirse con nosotros”. 

El SVS no ha vuelto a responder desde la llamada del 6 de mayo.

Uno de los vecinos fue recientemente, en persona, en representación del centenar de afectados, a dejar una carta en la concejalía de Vivienda para que el Ayuntamiento ejerza de interlocutor. En Intervención General le dieron un acuse de recibo. ElDiario.es ha consultado al Ayuntamiento si piensa mediar. Tampoco ha habido respuesta.

Las fiestas de san Isidro volvieron a vivir este viernes otro momento de protestas y reivindicaciones por la posibilidad de acceder a un hogar. Fue protagonizado de nuevo por el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, el distrito en el que se encuentra la Pradera, donde se celebra la parte principal de las fiestas.

Durante la actuación del grupo Camellos, el SVC desplegó una pancarta en el escenario en la que se leía: “Llenan la Pradera, desahucian Madrid”. Esto aludía al desalojo de Ana, ocurrido este miércoles en un hogar de la Agencia de Vivienda Social que el Gobierno de Ayuso vendió a un particular. Aunque también podía referirse al desahucio de Mariano, de 67 años, por una orden franciscana que ostenta la propiedad del piso donde este jubilado ha vivido desde que nació.

Solo dos días antes, los grupos VVV [Tripping' you] y Amor Líquido también lanzaron proclamas contra la especulación inmobiliaria, los desahucios o las políticas de Ayuso y Almeida y desplegaron la misma pancarta. Además, pidieron frenar el desalojo de Ana, lo que al final no fue posible.

Tampoco esta fue la primera revindicación que se hacía este año acerca del tema habitacional. Los festejos comenzaron el 7 de mayo con la lectura del pregón, este año a cargo de la escritora Sonsoles Ónega. La también presentadora era la primera mujer pregonera durante la etapa de Almeida como alcalde y, además de lanzar algún guiño feminista, dejó otro momento llamativo al declarar: “Dejadme también que me haga eco del quejido de Madrid. Se queja y con razón de que no sana la herida de la vivienda. A mí me duele como a todos que haya que ser buitre y no paloma para vivir aquí”. Ante la mirada seria de Almeida, Ónega continuó dándole las gracias por la construcción de vivienda pública en la ciudad.

La mecha, sin embargo, la prendió hace tres años el trío Biznaga, muy contestatario con los problemas que vive la juventud, que plasma en temas cuyas letras van cargadas de crítica social. Hacia el final de su concierto criticaron el “pelotazo” del proyecto urbanístico de la Ermita del Santo: “Un nuevo caso de especulación inmobiliaria que sin duda lo que va a hacer es cambiar la zona para siempre, por supuesto para mal”, explicaron, para añadir: “Madrid no es de los buitres. Madrid nos pertenece, pertenece a la gente que lo habita y que pelea porque sea un sitio habitable”.

El pelotazo, que implicaba hacer una recalificación para construir pisos de lujo, se llevó a cabo y Biznaga no ha vuelto a actuar en las fiestas de san Isidro. La próxima cita del movimiento es la manifestación convocada por decenas de colectivos contra el negocio de la vivienda en Madrid el 24 de mayo.

El Govern balear ha decidit ampliar a grans propietaris i habitatges turístics el programa públic 'Lloguer Segur', una iniciativa impulsada per l'Executiu de Marga Prohens (PP) amb l'objectiu de captar habitatges buits i treure'ls al mercat residencial. Mentre el Govern defensa que aquesta obertura és necessària per incrementar l'oferta de lloguer “assequible”, l'esquerra i els col·lectius socials fa temps que qüestionen l'enfocament del programa en considerar que prioritza la concessió d'incentius als propietaris mentre els preus continuen fora de l'abast de bona part de la població treballadora.

Es dóna la circumstància que Balears és una de les Comunitats Autònomes que compten amb un major nombre d'habitatges en mans de grans tenidors, és a dir, d'aquells que posseeixen més d'una desena d'immobles: a finals de 2024, la xifra pujava a un total de 26.061 habitatges -el 4,53% del parc total de l'arxipèlag-, d'acord a la investigació duta a terme per elDiario.es amb dades inèdites del Cadastre. De totes elles, 6.672 pertanyen a tenidors que posseeixen més de cent immobles.

Malgrat negar el “fracàs” d'una mesura presentada com una de les peces centrals del pla de xoc autonòmic en habitatge -amb prou feines ha aconseguit incorporar 82 immobles a tot l'arxipèlag davant les entre 2.000 i 3.000 vivendes previstes inicialment-, el Govern ha decidit ampliar el programa de 'Lloguer Segur': el nou disseny permetrà que s'hi adhereixin titulars de múltiples habitatges, persones jurídiques, pisos turístics, habitatges afectats per ocupacions o desnonaments per impagament i fins i tot immobles pendents de reforma, alhora que es reforcen les garanties econòmiques per als propietaris i s'obre la porta a bestretes públiques de fins a 50.000 euros per rehabilitar habitatges privats.

El programa manté, així mateix, un dels seus requisits més polèmics: només podran accedir a aquests habitatges aquells que acreditin almenys cinc anys de residència a Balears, una condició que el Govern ha estès a altres mesures i que deixa fora una part significativa de la població migrant i nouvinguda a les illes malgrat treballar-hi i residir-hi.

A partir d'ara, els propietaris amb llicència de lloguer vacacional podran cedir els seus immobles al 'Lloguer Segur' encara que no duguin sis mesos buits, com es preveia fins ara. El Govern sosté que pretén així facilitar el retorn de pisos turístics al mercat residencial, malgrat que les rendes màximes previstes continuen molt per sobre del que nombrosos col·lectius consideren lloguers realment assequibles.

A Mallorca i Menorca, l'Executiu pagarà als propietaris fins a 1.500 euros mensuals per habitatge -2.100 euros a Eivissa i Formentera-, de manera que els preus màxims que hauran d'abonar els inquilins se situaran en 1.050 euros a Mallorca i Menorca, i en 1.470 euros a Eivissa i Formentera, unes xifres, amb tot, allunyades de la capacitat econòmica de treballadors, joves i famílies expulsades de l'accés a un habitatge digne.

El Govern també permetrà incorporar habitatges procedents de desnonaments per impagament i casos d'ocupació il·legal sense necessitat d'acreditar que duien mesos buits. L'Executiu justifica aquesta decisió en la necessitat d'oferir “seguretat jurídica” als propietaris i incentivar que tornin a posar els seus immobles en lloguer. A més, l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) podrà avançar fins a 50.000 euros per finançar reformes o rehabilitacions, quantitat que posteriorment es descomptarà de les rendes futures percebudes pel propietari.

Un altre dels elements més qüestionats és el paper protagonista atorgat al sector immobiliari en la gestió del programa. El 'Lloguer Segur' compta com a entitats col·laboradores amb el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI) i el Col·legi d'Administradors de Finques de Balears (CAFBAL), encarregats de participar tant en la captació d'habitatges com en la gestió i seguiment dels contractes.

Una de les formacions més crítiques ha estat Més per Menorca, que considera “inconcebible que una presumpta política d'habitatge consisteixi a subvencionar els qui ja estan en condicions d'accedir a un habitatge sense ajudes i, en canvi, exclogui els qui tenen majors dificultats -per no dir impossibilitat- d'accedir-hi si no és amb el suport de l'administració”. Els ecosobiranistes critiquen, en aquest sentit, que mitjançant aquest programa es destinin “ingents quantitats de diners públics a subsidiar l'especulació de les classes rendistes” en lloc d'impulsar mesures més intervencionistes per mobilitzar habitatge buit sense dependre de transferir recursos públics al sector immobiliari privat..

La mesura s'inscriu, a més, dins l'estratègia de l'Executiu de Prohens d'apostar per estímuls tributaris o alliberar sòl mentre rebutja declarar les illes com a zona tensionada o regular la compra d'habitatges per part de no residents. Al març del passat any, PP i Vox van impedir amb els seus vots que el Parlament balear prengués en consideració una proposició de llei del PSIB-PSOE dirigida a declarar, enmig de l'actual emergència residencial, zones de mercat residencial tensionadas en l'arxipèlag i topar amb això els preus dels lloguers. De la mateixa manera, a l'abril, tots dos socis d'investidura van tornar a rebutjar una moció de Podem dirigida a instar el Govern a declarar com a zona tensionada tots els municipis de Balears i considerar gran tenidor a aquells que tinguin cinc o més habitatges.

L'especulació inmobiliària, l'irrupció massiva de fons d'inversió internacionals y la turistització són alguns dels factors que han empès a centenars de persones a la precarització residencial. Al gener, el preu mitjà del lloguer era un 70,2% més alt que en 2021 en Balears enfront d'una demanda que ha aconseguit nivells extrems: 147 persones s'interessen per cada habitatge disponible en tot just deu dies, gairebé deu vegades més del que els experts consideren compatible amb un mercat equilibrat. A Palma, els seus residents han de destinar gairebé el 70% del seu salari brut mensual al lloguer d'un habitatge mitjà de 90 metres quadrats, el preu dels quals aconsegueix els 1.767 euros al mes, segons les últimes dades publicades per pisos.com. En aquest context, centenars de persones s'han vist abocades a viure amuntegades eninfrahabitatges, caravanes i edificis abandonats.

El Govern balear ha decidido ampliar a grandes propietarios y viviendas turísticas el programa público 'Alquiler seguro', una iniciativa impulsada por el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) con el objetivo de captar viviendas vacías y sacarlas al mercado residencial. Mientras el Govern defiende que esta apertura es necesaria para incrementar la oferta de alquiler “asequible”, la izquierda y los colectivos sociales llevan tiempo cuestionan el enfoque del programa al considerar que prioriza la concesión de incentivos a los propietarios mientras los precios continúan fuera del alcance de buena parte de la población trabajadora.

Se da la circunstancia de que Balears es una de las Comunidades Autónomas que cuentan con un mayor número de viviendas en manos de grandes tenedores, es decir, de aquellos que poseen más de una decena de inmuebles: a finales de 2024, la cifra ascendía a un total de 26.061 viviendas -el 4,53% del parque total del archipiélago-, de acuerdo a la investigación llevada a cabo por elDiario.es con datos inéditos del Catastro. De todas ellas, 6.672 pertenecen a tenedores que poseen más de cien inmuebles.

Pese a negar el “fracaso” de una medida presentada como una de las piezas centrales del plan de choque autonómico en vivienda -apenas ha conseguido incorporar 82 inmuebles en todo el archipiélago frente a las entre 2.000 y 3.000 viviendas previstas inicialmente-, el Govern ha decidido ampliar el programa de 'Alquiler Seguro': el nuevo diseño del programa permitirá que se adhieran titulares de múltiples viviendas, personas jurídicas, pisos turísticos, viviendas afectadas por okupaciones o desahucios por impago e incluso inmuebles pendientes de reforma, al tiempo que se refuerzan las garantías económicas para los propietarios y se abre la puerta a adelantos públicos de hasta 50.000 euros para rehabilitar viviendas privadas.

La iniciativa mantiene, asimismo, uno de sus requisitos más polémicos: solo podrán acceder a estas viviendas quienes acrediten al menos cinco años de residencia en Balears, una condición que el Govern ha extendido a otras medidas y que deja fuera a una parte significativa de la población migrante y recién llegada a las islas pese a trabajar y residir en ellas.

A partir de ahora, los propietarios con licencia de alquiler vacacional podrán ceder sus inmuebles al 'Lloguer Segur' aunque no lleven seis meses vacíos, como se exigía hasta ahora. El Govern sostiene que pretende así facilitar el retorno de pisos turísticos al mercado residencial, a pesar de que las rentas máximas previstas continúan muy por encima de lo que numerosos colectivos consideran alquileres realmente asequibles.

En Mallorca y Menorca, el Ejecutivo pagará a los propietarios hasta 1.500 euros mensuales por vivienda -2.100 euros en Eivissa y Formentera-, de modo que los precios a pagar como máximo por los inquilinos se sitúan en 1.050 euros en Mallorca y Menorca, y en 1.470 en Eivissa y Formentera, unas cifras, con todo, alejadas de la capacidad económica de trabajadores, jóvenes y familias expulsadas del acceso a una vivienda digna.

El Govern también permitirá incorporar viviendas procedentes de desahucios por impago y casos de ocupación ilegal sin necesidad de acreditar que llevaban meses vacías. El Ejecutivo justifica esta decisión en la necesidad de ofrecer “seguridad jurídica” a los propietarios e incentivar que vuelvan a poner sus inmuebles en alquiler. Además, el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) podrá adelantar hasta 50.000 euros para financiar reformas o rehabilitaciones, cantidad que posteriormente se descontará de las rentas futuras percibidas por el propietario.

Otro de los elementos más cuestionados es el papel protagonista otorgado al sector inmobiliario en la gestión del programa. El 'Lloguer Segur' cuenta como entidades colaboradoras con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) y el Colegio de Administradores de Fincas de Balears (CAFBAL), encargados de participar tanto en la captación de viviendas como en la gestión y seguimiento de contratos.

Una de las formaciones más críticas ha sido Més per Menorca, que considera “inconcebible que una presunta política de vivienda consista en subvencionar a quienes ya están en condiciones de acceder a una vivienda sin ayudas y, en cambio, excluya a quienes tienen mayores dificultades -por no decir imposibilidad- de acceder si no es con el apoyo de la administración”. Los ecosoberanistas critican, en este sentido, que mediante este programa se destinen “ingentes cantidades de dinero público a subsidiar la especulación de las clases rentistas” en lugar de impulsar medidas más intervencionistas para movilizar vivienda vacía sin depender de transferir recursos públicos al sector inmobiliario privado.

La medida se inscribe, además, en la estrategia del Ejecutivo de Prohens de apostar por estímulos tributarios o liberalizar suelo mientras rechaza declarar las islas como zona tensionada o regular la compra de viviendas por parte de no residentes. En marzo del pasado año, PP y Vox impidieron con sus votos que el Parlament balear tomase en consideración una proposición de ley del PSIB-PSOE dirigida a declarar, en medio de la actual emergencia habitacional, zonas de mercado residencial tensionadas en el archipiélago y topar con ello los precios de los alquileres. Del mismo modo, en abril, ambos socios de investidura volvieron a rechazar una moción de Podemos dirigida a instar al Govern a declarar como zona tensionada todos los municipios de Balears y considerar gran tenedor a aquellos que tengan cinco o más viviendas.

La especulación inmobiliaria, la irrupción masiva de fondos de inversión internacionales y la turistización son algunos de los factores que han empujado a cientos de personas a la precarización habitacional. En enero, el precio medio del alquiler era un 70,2% más alto que en 2021 en Balears frente a una demanda que ha alcanzado niveles extremos: 147 personas se interesan por cada vivienda disponible en apenas diez días, casi diez veces más de lo que los expertos consideran compatible con un mercado equilibrado. En Palma, sus residentes deben destinar casi el 70% de su salario bruto mensual al alquiler de una vivienda media de 90 metros cuadrados, cuyo precio alcanza los 1.767 euros al mes, según los últimos datos publicados por pisos.com. En este contexto, centenares de personas se han visto abocadas a vivir hacinadas en infraviviendas, caravanas y edificios abandonados.

Izquierda Unida (IU) ha denunciado este jueves “una situación de acoso y presión constante” a los vecinos de los tres bloques de la promoción de 107 viviendas en alquiler asequible, en el barrio de Peñacastillo, en Santander, entregada por la Obra Social “La Caixa”, y recientemente vendida a Mosaic Propco SL, un fondo de inversión privado.

A finales de 2025, los vecinos recibieron notificaciones de la venta del conjunto a una sociedad. Después, varios inquilinos recibieron comunicaciones informales de no renovación de contrato tras su vencimiento -en la mayoría de los casos, en 2027- incluyendo compensaciones económicas para abandonar sus viviendas antes de tiempo. Tras reunirse con varios vecinos de los bloques, en la calles Hermanos Calderón, el portavoz municipal de IU en Santander, Keruin Martínez, ha explicado que los afectados le han descrito “una situación de acoso” por parte de los agentes inmobiliarios que se han hecho cargo de la gestión de las viviendas, por encargo de Mosaic Propco SL, “con llamadas, visitas recurrentes y una presión constante”.

Según denuncia el concejal, “los nuevos propietarios han recurrido a una empresa, Imass, especializada, dicen, en recuperar y regular activos inmobiliarios”, que ha señalado “la inmensa gravedad de tratar de amedrentar a inquilinos con estas prácticas”.

Martínez, que ha estado acompañado en esta visita por representantes de la asociación Derecho Subjetivo, ha recordado que estas promociones fueron también publicitadas institucionalmente por el Ayuntamiento de Santander y que ahora han acabado en manos de sociedades vinculadas a fondos de inversión.

“Estamos hablando de familias que entraron en estas viviendas hace apenas 13 años, otras más tarde, a las que se les presentó esta promoción como una oportunidad de alquiler asequible, y que ahora están siendo tratadas como un producto financiero y una oportunidad de inversión”, ha señalado el concejal.

Las condiciones de la promoción

Martínez ha recordado que estas viviendas fueron promovidas por la Obra Social La Caixa, pero también presentadas y publicitadas por el Ayuntamiento de Santander como parte de una política social de vivienda. De hecho, el edil ha recordado que, según la documentación consultada, el Ayuntamiento redactó el reglamento, organizó el proceso de selección de candidatos y adjudicó las viviendas a los vecinos. “Ahora estamos indagando para conocer en qué condiciones se desarrolló la promoción, qué compromisos asumió cada parte y qué beneficios pudo obtener la Fundación La Caixa en el marco de esta operación”, ha recalcado.

Por este motivo, la formación rechaza que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento (PP) “pretenda desentenderse ahora alegando” que no eran viviendas municipales. “El Ayuntamiento no puede estar para hacerse la foto cuando se entregan las llaves, para decir que ha tenido mano en decidir a quiénes se entregaban, y luego desaparecer cuando esas mismas viviendas terminan en manos de fondos”, ha subrayado el concejal.

Además ha reclamado que La Caixa explique “cómo una promoción vinculada a su obra social ha terminado dentro de una operación de rentabilidad privada, IU ha señalado también a Mosaic Propco SL y a los enlaces en Santander, encargados de la gestión de las viviendas, que deben aclarar sus planes y cesar cualquier práctica de presión sobre los inquilinos”.

Por ello, el concejal ha solicitado al Ayuntamiento el expediente completo relativo a estas promociones, incluyendo convenios, acuerdos, licencias, condiciones de adjudicación, comunicaciones con La Caixa, posibles compromisos de mantenimiento del alquiler asequible y cualquier documentación que permita conocer qué papel asumió el equipo de Gobierno del PP para avalar “un proyecto de obra social que, en poco más de una década, ha terminado convertido en una operación de rentabilidad inmobiliaria”, ha dicho antes de volver a recordar que Santander requiere un parque público de vivienda.

El precio del alquiler de la vivienda en Andalucía subió un 3,8% en 2024 con respecto al año anterior, la tercera comunidad autónoma donde más encareció los precios, sólo por detrás de Comunidad Valenciana (5%) y Baleares (4%). El ascenso registrado en la comunidad andaluza fue 1,2 puntos mayor que el encarecimiento del año anterior, según los datos del Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler 2024 publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por municipios, donde más subieron los precios de la vivienda en alquiler en 2024 fueron Valencia (5,9%), Málaga (5,2%) y Alicante (5,1%).

Desde el año base, 2015, hasta 2024 los mayores aumentos se dieron en Valencia (36,4%), Málaga (32,7%) y Palma (31,3%). Además, el precio en Granada aumentó un 4,1% respecto al año anterior y un 23,9% en relación a 2015; mientras que en Huelva experimentó un encarecimiento del 3,4% respecto a 2023 y un 22,5% desde 2015. Finalmente, la vivienda en alquiler en Sevilla aumentó su precio un 3,5% en relación a 2023 y un 22,1% desde 2015.

Por contratos, donde más encareció el precio del alquiler en Andalucía fue en los nuevos contratos, un 8,5% más; mientras que los contratos existentes se encarecieron un 2,9%.

Atendiendo al tipo de vivienda, la unifamiliar subió un 3,1% en 2024 mientras que en la colectiva los precios sufrieron un ascenso del 3,9%.

Atendiendo a las provincias, el precio del alquiler en la vivienda andaluza creció en todas ellas, experimentando el mayor aumento de costes Málaga con un 4,9%, seguido de Granada con un 4%, Almería con un 3,5%, Sevilla con un 3,4%, Cádiz con un 3%; Huelva con un 2,9%, Jaén con un 2,6% y Córdoba con un 2,4%.

Variación del 3,5% a nivel nacional

Además, a nivel nacional, la variación anual del Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) en el año 2024 fue del 3,5%, nueve décimas más que en 2023. Asturias (2,7%); Castilla y León (3%), Cataluña y La Rioja (ambas 3,1%) presentadron las menores subidas.

La variación de los precios de los arrendamientos fue diferente dependiendo del año de firma del contrato. Así, los nuevos contratos incrementaron sus precios un 8,8%, mientras que los precios de los contratos que ya existían antes de 2024 subieron un 2,8%.

Por tipo de edificación, las viviendas colectivas (aquellas ubicadas en edificios) incrementaron sus precios un 3,6% en 2024, nueve décimas más que en 2023. Por su parte, los precios de la vivienda unifamiliar alquilada subieron un 3%, nueve décimas más que en 2023.

Miles de personas -más 1.100 en Palma, unas 200 en Menorca y cerca de un centenar en Eivissa, según la Delegación del Gobierno- han salido este viernes a las calles en Balears en la manifestación del Primero de Mayo, marcada por una reivindicación central que atraviesa ya todos los discursos sindicales: la vivienda se ha convertido en el principal factor de empobrecimiento de la clase trabajadora.

En Palma, bajo el lema Derechos, no trincheras. Salario, vivienda y democracia, la marcha ha partido de la plaza de España y ha recorrido las Avenidas hasta el Parc de la Mar, donde los sindicatos han endurecido el tono contra el Govern de Marga Prohens (PP) y contra lo que consideran una falta de respuesta ante la crisis habitacional. Durante el recorrido también ha habido espacio para el rechazo a la guerra en Oriente Medio y para las consignas contra la turistificación.

Antes del inicio, el secretario general de UGT en Baleares, Pedro Homar, ha subrayado la paradoja que atraviesa el mercado laboral: los salarios suben, pero no lo suficiente como para garantizar una vivienda digna. “El mundo del trabajo tiene que responder con un mensaje pacifista”, ha señalado, vinculando las reivindicaciones sociales con la oposición a los conflictos bélicos.

Desde CCOO, José Luis García ha ido un paso más allá al advertir de un deterioro estructural del poder adquisitivo. “La clase trabajadora es cada vez más pobre”, ha afirmado, insistiendo en que la crisis de la vivienda es hoy el principal vector de desigualdad. En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que declare Baleares como zona tensionada y ha acusado directamente a Prohens de priorizar las directrices del PP estatal frente a las necesidades de la ciudadanía: “Está haciendo más caso a lo que le dicen desde Génova”.

El dirigente sindical también ha situado el conflicto en el terreno democrático, alertando del avance de discursos de extrema derecha entre los jóvenes. “Quieren enfrentar a trabajadores contra trabajadores y llevarnos a las trincheras”, ha advertido, en línea con el lema de la movilización.

En clave política, el portavoz socialista en el Parlament y líder del PSOE de Palma, Iago Negueruela, ha coincidido en señalar la vivienda como el eslabón que impide consolidar las mejoras salariales y de pensiones. Ha denunciado que miles de familias -alrededor de 40.000, según ha indicado- no pueden beneficiarse de esas subidas por el encarecimiento del alquiler.

Ya en el Parc de la Mar, los sindicatos han acusado al Govern de legislar “solo para una parte de la sociedad” y han denunciado una deriva que, a su juicio, incluye la deshumanización en políticas como la regularización de migrantes. También han cargado contra las derechas por su oposición a medidas como la subida del salario mínimo, la limitación de los alquileres o la ampliación de derechos para personas migrantes. “Se han quitado la máscara”, han afirmado.

Durante el acto final, las organizaciones sindicales han reclamado un gran acuerdo estatal en materia de vivienda y han puesto sobre la mesa otras demandas, como la negociación de un convenio para la educación infantil.

En paralelo, una segunda manifestación convocada por CNT y CGT ha recorrido el centro de Palma hasta los jardines de s’Hort del Rei, evidenciando la pluralidad del movimiento sindical en la jornada.

Diversas entidades por el derecho a la vivienda se han concentrado este martes por la tarde en el solar de la calle Llull 355, en Barcelona, para protestar contra la “privatización de la vivienda protegida”. Este amplio espacio vacío acogerá próximamente una promoción que correrá a cargo de la constructora Corp, que será la misma que edificará otros dos edificios en el mismo barrio. Entre todas, sumarán más de 400 Viviendas de Protección Oficial (VPO), casi la mitad de las que actualmente el Ayuntamiento tiene adjudicadas o en proceso de adjudicación.

Corp, una constructora a la que la justicia ha anulado recientemente una promoción de pisos de lujo, salió vencedora de la licitación pocos meses antes de que el consistorio presentara otros dos concursos abiertos a operadores privados para construir 600 viviendas más. Todo ello, según las entidades concentradas, supone un “proceso privatizador en medio de una emergencia habitacional grave”. Consideran que el hecho de que las promociones se estén adjudicando a promotoras privadas “favorece los intereses de la patronal inmobiliaria, asegurándoles beneficios astronómicos”.

Este tipo de promociones dedicadas a vivienda protegida suponen la cesión del terreno y la finca gratis durante 30 años y cuentan con subvenciones y financiación públicas que cubren el 100% del coste de construcción, según estimaciones del propio Ayuntamiento. La administración también ha calculado que los beneficios que Corp puede sacar de un solar como el de Llull ronda el 11% anual. Con todo, las entidades convocantes -la XES, el Observatorio DESCA, la PAH, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, Habicoop y organizaciones juveniles de UGT y CCOO- han calculado que los beneficios de estas constructoras pueden rondar los 600 millones.

“Son beneficios estables y crecientes, ya que los alquileres aumentarán de la mano del IPC, todo ello en base a fondos públicos”, apuntan desde la XES. Esta entidad se muestra de acuerdo en que la prioridad es construir vivienda pública y protegida, pero considera que es una “contradicción” que la misma se encargue a empresas privadas. “Si el Ayuntamiento no tiene capacidad para construir en suelo público, se debería encargar la gestión y la edificación a entidades sin ánimo de lucro”, apuntan desde la Federación de Cooperativas de Vivienda. “No tiene sentudi que estemos pensando en regular el uso social de la vivienda en suelo privado, pero se impulse la privatización en el suelo público”, remachan.

En esta línea, las entidades convocantes lamentan que las cooperativas de vivienda sólo han conseguido la adjudicación -todavía sin confirmar- de 200 VPO, lo que para los convocantes es un “agravio” y una “irresponsabilidad”, además de una vulneración del convenio ESAL, un pacto con el consistorio que establece que las cooperativas construirían y gestionarían 1.000 viviendas.

Que el peso de la balanza caiga del lado de las promotoras privadas, según alertan desde la PAH, “desplaza la función social de la vivienda”, lo cual es “especialmente grave” al tratarse de VPO, que están destinadas a “familias vulnerables sin más alternativa”. Lamentan que la administración esté cediendo el suelo público a empresas privadas que gestionarán estos pisos durante 99 años y recuerdan que cuando los operadores privados han sido las encargadas de VPO “los derechos de las inquilinas se han visto perjudicados”.

En esta línea, han recordado lo sucedido en hasta 34 promociones de vivienda protegida gestionadas por La Caixa, en las que los vecinos denunciaron falta de mantenimiento en los edificios, subidas de precio injustificadas, no renovación de contratos, expulsiones y cobro de cláusulas abusivas. Estos edificios fueron construidos por la Obra Social La Caixa entre 2002 y 2012 y por los que cobró más de 25 millones de euros en subvenciones.

Este caso dio paso a una campaña que vino a demostrar que el banco inició “prácticas especulativas feroces” en cuanto hubo recuperado la inversión inicial y los pisos pasaron a estar en una fase en la que la normativa le permitía vender o alquilar a precios “estipulados”, pero sin obligación alguna de tener las viviendas ocupadas.

“El resultado aumentó el patrimonio inmobiliario de La Caixa, que ha terminado desligándose de las consideraciones de accesibilidad y protección social con la que en su día se justificaron las ayudas con dinero público”, denunciaron en su momento desde el Sindicat de Llogateres, entidad que acompañó a las vecinas afectadas.

Es cierto que actualmente esta situación no se podría repetir ya que, desde 2019, todas las viviendas de promoción pública en Catalunya mantienen la protección de forma indefinida, pero las entidades convocantes alertan de que “los operadores privados todavía pueden encontrar maneras de maximizar beneficios”, y apuntan a posibles cláusulas abusivas o la desinversión en el mantenimiento.

En este sentido, ponen la vista en el Plan Estatal de Vivienda, que también se ha presentado este martes y que, entre otras cosas, pretende blindar la VPO para siempre. “El Gobierno dice que ni un euro de este plan va a ir a parar a la especulación, pero eso es mentira si se cede el suelo público a grandes corporaciones inmobiliarias que se dedican a las viviendas de lujo”, alertan desde el Sindicat de Llogateres.

Por ello, los organizadores de la concentración exigen al gobierno municipal que pare los concursos abiertos -a los cuales han anunciado que presentarán enmiendas- y que destine ese suelo a entidades sin ánimo de lucro en el marco del convenio ESAL. “Es un cambio de paradigma: hay que dejar de usar estos pisos como anzuelo para la iniciativa privada. La solución a la crisis pasa por desmercantilizar la vivienda”.