Clara Salas, vecina de Hermanos Calderón: “Vamos al Congreso a decirles que queremos una solución para toda España”
“Vamos al Congreso y no vamos a hacernos la foto. Vamos a decirles que no nos sirven los parches, que lo que queremos es una solución para toda España”, adelantaba Clara Salas, portavoz de la Plataforma de Afectados por las viviendas de Hermanos Calderón, durante la concentración de denuncia por el desahucio de Maricarmen celebrada el pasado viernes en Santander.
Representantes de las familias afectadas por la venta de promociones de vivienda asequible de InmoCaixa al fondo Mosaic Propco mantendrán este martes una reunión en el Congreso de los Diputados con responsables de Izquierda Unida (grupo Sumar) para abordar posibles medidas que permitan garantizar la permanencia de los inquilinos en sus hogares y evitar nuevos procesos de expulsión residencial.
En el encuentro -que coincidirá con el Consejo de Ministros que prevé sacar adelante un Real Decreto sobre vivienda tras las grandes movilizaciones por el caso de Maricarmen- participarán el coordinador de IU en Cantabria y candidato de IU-Podemos a la Presidencia autonómica, Israel Ruiz Salmón, junto a la responsable federal de Vivienda de IU y coordinadora de IU Madrid, Carolina Cordero, y el diputado de IU integrado en el Grupo Parlamentario Sumar, Toni Valero, entre otros cargos de la organización.
Además de los representantes de las 107 familias de la promoción de Hermanos Calderón de Santander, en la reunión estarán afectados por operaciones similares en otros municipios, entre ellos Vicálvaro, Vallecas y Pinto, en la Comunidad de Madrid. Y es que “Caixabank ha ido dejando cadáveres no solo en Santander. También en Erandio, también en Madrid. Estamos con todos ellos”, ha añadido Salas.
“Hace unos días no solo se desahució Mari Carmen, se desahució a David de Vallecas. Hace unos días se suicidó una persona. Hay gente que ya tenemos situación de problemas mentales con bajas precisamente por ansiedad y por la situación que estamos viviendo. No puede ser que todos los días, a todas horas y por la noche, no podamos dormir por esta situación. Queremos una solución ya”, ha concluido la portavoz.
Por su parte, Ruiz Salmón ha afirmado que “si estas promociones nacieron con una finalidad social, esa finalidad debe preservarse; no es aceptable que viviendas destinadas al alquiler asequible acaben convertidas en un activo financiero más”.
“La política debe servir para proteger a quienes están en una posición más vulnerable frente a grandes actores económicos y si es necesaria la expropiación de grandes fondos, que así sea”, ha añadido.
Además, el candidato ha destacaco que “cuando una administración expropia suelo para construir una carretera, una acera o una infraestructura de interés general nadie cuestiona la legitimidad de esa actuación y que garantizar el derecho a la vivienda de cientos de familias también es una cuestión de interés general, por lo que las instituciones deben estar dispuestas a utilizar todos los instrumentos legales a su alcance”.
Más casos de la Caixa en otras ciudades
Tal como detalla IU, el problema se remonta a la venta realizada por InmoCaixa de varias promociones de vivienda asequible impulsadas en el marco de la Obra Social “la Caixa” y distribuidas por distintos puntos del país. La operación afecta a ocho promociones situadas en Santander, Madrid, Córdoba y Erandio, entre otros lugares, y alcanza a cerca de 700 familias. “La Caixa no puede permanecer ajena a esta situación porque no ha garantizado el fin social original con que nacieron las promociones”, han asegurado desde IU.
“Estas viviendas fueron promovidas originalmente para facilitar el acceso a un alquiler asequible a personas y familias que cumplían determinados requisitos económicos. En muchos casos, los residentes llevan más de una década viviendo en los inmuebles y accedieron a ellos dentro de programas con una clara finalidad social”, argumenta la formación.
Sin embargo, tras la adquisición por parte de Mosaic Propco, los vecinos denuncian que se les ha comunicado la intención de no renovar los contratos de arrendamiento a medida que vayan venciendo, con el objetivo de vender posteriormente las viviendas a precios de mercado. Una situación que, según advierten, coloca a centenares de familias ante el riesgo de perder su vivienda habitual y por las que ya están recibiendo presiones que han sido denunciadas.
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