La mayor gilipollez que se suele decir cuando la extrema derecha tiene cierto éxito es que ocurre porque la izquierda ha abandonado a la clase trabajadora y ha dejado de ocuparse de sus problemas materiales. Si algo ha dejado en evidencia la política de los últimos años es que a la extrema derecha solo le preocupan las cuestiones culturales como instrumento para garantizar los privilegios materiales de los que más tienen. Extremadura es el último ejemplo donde se busca un burka en Almendralejo para que los terratenientes puedan seguir explotando moros. 

En España hay mucho racista. Hay mucho racista para el que el racismo es el motor fundamental de su vida. Por eso para los racistas no sirven de nada los números que voy a dar, porque son racistas. Pero esos números sirven para desmontar esa gilipollez de que la izquierda no se ocupa de los problemas materiales y por eso se van hacia la extrema derecha que sí se ocupa de esos problemas, porque si algo ha hecho este gobierno, con mayor o menor fortuna por la coyuntura internacional, es poner en el centro de su política precisamente esas cuestiones materiales de la clase trabajadora. No como muchos quisiéramos, pero es indudable que eso ha sido nuclear en su política por encima de las cuestiones culturales. 

El acuerdo de gobierno de PP y Vox, el acuerdo racista, ha propuesto prohibir en espacios públicos que las mujeres porten burka o niqab. Una demanda popular histórica extremeña, por delante de su derecho a un tren digno y unas infraestructuras del primer mundo, por fin ha sido puesta en el centro. Se acabó que las moras no puedan ir tapadas, estén donde están aunque nadie haya visto una. Para entender la necesidad de esta medida hay que conocer una serie de datos que contextualicen hasta qué punto Vox se ocupa de problemas inexistentes que tienen como único objetivo alimentar pulsiones racistas donde no hay problemas para capitalizar ese sentimiento de odio. 

En Extremadura hay una población aproximada de 20.000 musulmanes, bastante estable con pequeñas oscilaciones desde el año 2016. La mayoría de esa población se encuentra en Badajoz, Cáceres y Talayuela, con una población general en toda Extremadura de 1.065.000 habitantes. Los musulmanes suponen el 1,8% de la población, muy por debajo de la media nacional que está cerca del 5%. Extremadura es un territorio con una extensión de 41.635 kilómetros cuadrados, lo que supone que hay un musulmán por cada 0,46 kilómetros cuadrados. Si segmentamos la población musulmana más aún mirando solo a la población femenina, que es la potencial portadora de burka o niqab, tan solo existen 7.000 mujeres en una población de más de un millón de personas, lo que supone el 0,69% de la población. 

El gobierno de PP y Vox ha puesto en el foco una ley para perseguir y criminalizar a un colectivo que supone el 0,69% de la población. Así empiezan los pogromos. Pero podemos aún recortar más si hacemos una estimación. La mayoría de la población musulmana en Extremadura es de Marruecos, donde el burka no existe y el niqab es marginal. Así que atendiendo a la población existente, las características culturales y el uso de estas prendas en la población general, le he pedido a Claude que haga una estimación sobre cuál es el uso potencial de estas prendas en Extremadura. La Inteligencia Artificial de Anthropic ha considerado una estimación de uso del niqab de entre 5 y 20 personas y del burka de un total de 0 mujeres musulmanas. Es decir, la preocupación fundamental de Vox y el PP es atender y poner en el centro un problema que no existe. 

Para seguir contextualizando es más probable encontrarse con una especie en peligro de extinción crítico como el Águila Imperial, que mantiene 75 parejas reproductoras en toda Extremadura, la Cigüeña Negra, el Avetoro o el Desmán Ibérico. Es más probable encontrarse con especies casi desaparecidas de nuestra fauna extremeña que con una mujer musulmana portando por las calles de cualquier población extremeña un burka o un niqab. Como ya hemos dicho ninguno de estos datos servirá para convencer a un racista que deje de serlo y por eso este tipo de medidas seguirá produciéndose en partidos racistas como VOX que las proponen y en partidos racistas como el PP que las aceptan, pero no por ello tenemos que dejar de explicar que legislar sobre el burka en Extremadura tiene el mismo sentido concreto que preocuparse por la proliferación del leopardo de las nieves por La Siberia extremeña. Pero así funciona el odio y la irracionalidad, porque con una buena campaña de desinformación y propaganda puede que algunos piensen que por qué no va a haber por Herrera del Duque un animal que tiene como apellido “de las nieves” estando en La Siberia. No subestimen el poder de la idiocia. 

“No es no” y cruce de acusaciones sobre quién tiene la responsabilidad del auge de la ultraderecha en España. Es un resumen de la política nacional en la última semana, después de que el PP haya caído en el desconcierto ante la posibilidad de que Vox bloquee la formación de Gobierno en Extremadura y suba el precio en Aragón, donde ha duplicado su representación. Todos los puentes están rotos entre el Gobierno y el PP. Ni siquiera se atisba en el corto plazo la reunión de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que tuvo que suspenderse por la tragedia de Adamuz. Con ese marco, los socialistas se han revuelto contra las voces que hablan de una abstención para permitir que gobierne el PP sin la ultraderecha y los de Feijóo, aunque sueñan con ese escenario para gobernar en solitario, lo han descartado por miedo a dar aún más bazas a Vox. 

El debate lo reabrió la presidenta en funciones, María Guardiola, al encontrar una montaña de obstáculos en las negociaciones para formar Gobierno. Vox ha elevado la presión al exigir las carteras de Agricultura, Economía y una vicepresidencia que tendría Interior, Seguridad e Inmigración. Guardiola aseguró que había llamado al responsable de la gestora del PSOE, José Luis Quintana: “Le he pedido responsabilidad con lo que han dicho las urnas. Y por supuesto le he pedido la abstención, que es lo que tienen que hacer”. 

Sus palabras llegaban, además, después del descalabro de los socialistas en Aragón. El debate estaba aplacado hasta entonces en el PSOE, pero ese día Felipe González sugirió la opción de la abstención al recordar que las fuerzas progresistas no tienen opciones de gobernar, ya que el PP suma “más que toda la izquierda junta”. El que más claramente abogó por la abstención fue el alcalde socialista de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que planteó negociarla tras una primera investidura fallida de Guardiola: “No puede ser a costa de cualquier cosa”.

“Nosotros ni muertos a la abstención”

La dirección del PSOE cortocircuitó rápidamente el asunto que ni siquiera alentó Emiliano García-Page, que normalmente va a la contra en estos temas. “Lo primero que tendría que ver es escuchar a algún dirigente del Partido Popular que lo pida o que plantee al Partido Socialista hacer un planteamiento global en serio”, dijo el presidente de Castilla-La Mancha: “Lo que se haga tiene que ser entendible por el conjunto de los españoles”. “Es hablar por hablar. Ni el PP lo está planteando en serio ni en el PSOE hay margen de maniobra para podérselo plantear”, agregó Page, que arremetió contra Sánchez por aplacar la discrepancia interna: “El Partido Socialista desde hace años está prisionero de su propio relato, del relato de la confrontación del muro. No tengo claro que tenga margen de autonomía el propio Partido Socialista para abrir un debate de esta naturaleza”.

“Nuestra postura no ha cambiado: el PSOE es la alternativa al PP, no la muleta de la derecha”, aseguraban tanto en la gestora como en Ferraz. “Nosotros ni muertos a la abstención”, decía el miércoles un miembro del Gobierno. “No, pero tampoco lo pide nadie”, respondió en una entrevista en RNE el ministro Óscar López, que es uno de los hombres fuertes del Gobierno. El líder de los socialistas en Madrid tiró del argumentario al recordar que fue el PP el que convocó las elecciones pensando que iba a mejorar sus resultados a costa del PSOE. 

Los vaivenes del PP

En Moncloa creen que ese debate es una pantalla pasada y que el PP está en otra cosa. De hecho, tras el mensaje nítido que enviaron los de Feijóo en favor de la abstención de los socialistas, recogieron cable horas después. Tras decir que preferían la abstención de los socialistas que gobernar con Vox, se matizaron a sí mismos: “Con carácter absolutamente general, preferimos gobiernos en solitario”. “Evidentemente, preferimos no entregar ni poder ni consejerías a otros partidos. Puesto que ni Vox ni PSOE pretenden abstenerse a cambio de nada, solo nos queda explorar la consecución de apoyos a cambio de algo. Y ese algo puede ser asientos en los consejos de gobierno”, añadieron fuentes oficiales. También Guardiola se corrigió tras las críticas de Vox y se echó en sus brazos: “Hay más cosas que nos unen de las que nos separan”. Jorge Azcón cerró la puerta a la abstención de los socialistas desde el primer momento. 

Los vaivenes del PP sirven a los socialistas para aparcar esa posibilidad. “En ningún caso nos la planteamos [la abstención]. Además, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, no dejaría a Guardiola bajo ningún concepto”, dijo el presidente de la gestora del PSOE. “He visto al PP que dice que su socio preferente es Vox”, agregó el ministro de Transformación Digital que aseguró que echa “de menos al PP del pasado que era capaz de llegar a acuerdos”. “Estamos ante el PP más destructivo de la historia. No veo diferencias entre el discurso del PP y Abascal”, expresó. 

Equiparar al PP con el extremismo de Vox es una de las estrategias de Moncloa y más desde que invitó al agitador ultra Vito Quiles a su cierre de campaña en Aragón, además de a un grupo musical que hace apología del golpe de estado de 1936. “Se demuestra que el PP, Vox y Alvise y Se Acabó la Fiesta son lo mismo en el fondo y en la forma, y ustedes se sorprenden de la subida de Vox”, dijo Sánchez, que preguntó a Feijóo en el Congreso: “¿Qué ha sido de esa moderación, de esa altura de Estado, de esa política para adultos? ¿Se lo han robado a Ayuso, Abascal y Vito Quiles?”. 

“Cuando nos quejamos de que el PP está blanqueando a la ultraderecha, de lo que estamos hablando es de que si el ciudadano no percibe que es vergonzoso y delito pactar y hablar con fascistas, si percibe que no son fascistas, sino gente respetable, los normalizas, y ¿por qué no los van a poder votar los ciudadanos?”, reflexionan en Moncloa: “Ese partido lo hemos perdido. El siguiente es vencer al monstruo”. 

Plantar cara a Vox y humor como antídoto frente a la ultraderecha

En las filas socialistas cunde la resignación porque el miedo a Vox ya no es un reclamo electoral como sí lo fue en las generales de 2023. Entonces, la victoria de los populares y su posibilidad de gobernar gracias a la ultraderecha fue un revulsivo ante el adelanto electoral del 23J. Sin embargo, el nuevo ciclo electoral evidencia que la ultraderecha sigue en ascenso. Aunque en Ferraz sostienen que en las autonómicas consiguen movilizar menos que en municipales y generales, están modulando la estrategia para frenar su auge. 

“Cuando aparece la ultraderecha, el sentido común te dice que no hablar de ellos y no ir al choque para no darles espacio es lo más inteligente. Así lo hemos hecho mucho tiempo. Cuando a pesar de que intentes ignorarlos y taparlos, entran en las instituciones, tienen espacio y pasando los años se consolidan con un mejor resultado, hay que plantarles cara”, señalan fuentes gubernamentales. En el pleno del Congreso de esta semana, Sánchez pasó a la ofensiva contra Abascal al ponerle frente al espejo preguntándole por su sueldo después de que El Confidencial revelara que paga a su asesor de cabecera 26.700 euros al mes. 

“Usted ha formado parte de un grupo político, de un partido político, el Partido Popular, que ha regularizado migrantes cuando ha estado en el Gobierno y usted no ha dicho ni mú, como tampoco dice ni mú ante los atropellos de la administración estadounidense”, le reprochó el presidente en la sesión de control en la que le preguntó si vio la actuación de Bad Bunny en la Superbowl: “Menos odio y más amor, señor Abascal”. 

“The only thing more powerful than hate is love [lo único más poderoso que el odio es el amor]. Y yo añado la esperanza. También puede al miedo. Combatamos al miedo y seamos esperanza”, había arengado previamente el portavoz socialista, Patxi López, a los suyos, que le ovacionaron en pie, incluido el presidente. 

Al amor y la esperanza frente al odio se suma el humor. En Moncloa se basan en el manual de actuación en países Latinoamericanos, como Brasil, en los que a la ultraderecha se le caricaturiza para restarle solemnidad o a la campaña de Hilary Clinton frente a Donald Trump en 2016. “Si te dedicas a desmentir cada barbaridad, pierdes. Tienes que burlarte”, dicen en Moncloa, donde también trabajarán en un “lenguaje sencillo y directo para que la verdad llegue a los ciudadanos” frente a los “bulos que corren muy rápido en el ecosistema digital”. 

El 93,2% de los extremeños volvería a votar al mismo partido una vez conocidos los resultados de los comicios autonómicos del 21 de diciembre, cuya campaña electoral hizo variar el voto al 12,1% de los electores, según la encuesta postelectoral de Extremadura del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sin embargo, un 4,7% reconoce que habría votado a otra candidatura en las elecciones extremeñas tras saber los resultados.

El PP ganó las elecciones de 2025 en Extremadura con 29 escaños (uno más) y el 43,1% de votos, sin lograr la mayoría absoluta, mientras el PSOE se desplomó hasta su mínimo histórico al obtener un 25,7% y 18 escaños, diez menos que en 2023. Vox subió hasta los 11 (seis más) y el 16,9% de votos, mientras que Unidas por Extremadura consiguió siete diputados (tres más) con un 10,2%.

El sondeo postelectoral se ha elaborado a partir de 2.031 entrevistas hechas entre el 15 y el 19 de enero cuando Vox no había suspendido la negociación con el PP de María Guardiola para la investidura y para pactar un Gobierno de coalición. Tampoco se había constituido aún la Asamblea, donde se evidenció la distancia entre las derechas ante la exigencia de Vox de obtener una vicepresidencia y varias consejerías, y las reticencias del PP a ceder en todas sus pretensiones.

Según los datos del CIS, hechos públicos este jueves, el 5,9 % de los votantes socialistas habría votado a otro partido tras conocer el resultado, igual que un 5,5 de los Vox, un 4,3% de Unidas y un 2,8% de los electores del PP también.

Las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre fueron las primeras que se celebraron sin coincidir con las municipales y la participación fue la más baja en unos comicios en Extremadura, del 62%. Según el CIS, de los encuestados que no votaron en las pasadas elecciones, el 34,5% no se sentía representado por ningún partido ni ningún político, aunque una vez conocido el resultado de los comicios, el 12,7% habría ido a votar.

La encuesta del CIS revela que el principal motivo de los extremeños a la hora de votar a una u otra formación fue porque es el partido que mejor representa sus ideas (35,4%), es el más capacitado para gestionar la comunidad autónoma (14%) y por su candidato (11,9).

El 16% dudó entre varios partidos antes de votar y el 68,5% lo tenía decidido, mientras que el resto dudó entre votar a un partido, la abstención, el voto nulo y en blanco, o tenía decidido estos últimos tipos de votos o no votar.

El 25,2% de las personas que dudaron el voto el 21 de diciembre lo hizo entre PP y Vox. De los que dudaron y finalmente se decantaron por Vox, un 63% dudó entre esta formación y PP (un 43,2% en el mismo caso en las filas populares).

Además, el 25,3% de los encuestados cuyo voto estaba en duda lo hizo entre mostrar su apoyo a PSOE o a Unidas por Extremadura. El porcentaje de votantes en duda entre Unidas y los socialistas se eleva al 70,1% dentro de los que no lo tenían claro y optaron por la coalición de izquierdas (47,4% entre los votantes en duda socialistas).

Asimismo, un 64% de los encuestados tuvo conocimiento de alguna encuesta o sondeo preelectoral sobre los comicios extremeños, de los cuales un 17,8% los tuvo en cuenta mucho o bastante para ejercer su voto.

Sobre el impacto de la campaña, el 61,7% la siguió por redes sociales, un 56,9% por medios de comunicación y un 21,7% por las páginas de los partidos. Un 83,1% de los encuestados no asistió a ningún mitin o reunión de partido.

Por otro lado, mientras el voto del PP y PSOE estaba muy decidido, el 26,2% de los votantes de Unidas por Extremadura tomó la decisión durante la campaña electoral. Así, dentro del 12,1% que varió su voto durante la campaña, un 26,2% de los votantes de Unidas lo hizo frente al 3,1% de los electores del PSOE; un porcentaje que se sitúa en un 13,9% en el caso de los que optaron por Vox, mientras que el 8,5% de los votantes del PP cambió su decisión de votar en dicho periodo.

Por otro lado, la encuesta del CIS asegura que, en el supuesto de celebrarse unas elecciones generales en España, el 25,4% de los encuestados en Extremadura votaría al PSOE; el 22,4% al PP; el 15,3% a Vox; el 3,5% a Podemos y el 3% a Sumar. 

El calendario político en Extremadura se queda sin hojas para negociar un Gobierno. La constitución de la Asamblea de Extremadura este martes y la elección de su nuevo presidente, Manuel Naharro, ha supuesto el inicio de la legislatura tras el adelanto electoral del pasado diciembre y la activación del cronómetro legal para que PP y Vox cierren un acuerdo de investidura. El margen de maniobra se reduce y el pacto se antoja ahora bastante complicado.

Con la Mesa de la Asamblea ya constituida, Naharro dispone de un máximo de 15 días para consultar a los grupos y proponer un candidato a la Presidencia de la Junta. Una vez designado, el pleno de investidura deberá celebrarse en otros 15 días como límite. Si se apuran los márgenes legales, la fecha clave queda fijada: el 19 de febrero.

Esa es la frontera para que María Guardiola recomponga un diálogo que saltó por los aires el pasado lunes. El tablero es complejo: los 29 escaños del PP necesitan imperativamente los 11 de Vox para superar los 25 que suman PSOE (18) y Unidas por Extremadura (7). Sin embargo, la distancia entre ambos socios, lejos de acortarse, se ha ensanchado.

La formación de extrema derecha ha decidido congelar los contactos al calificar de “insulto” la última oferta del equipo de Guardiola. El argumento de Óscar Fernández Calle, líder regional de Vox, es puramente aritmético: si en 2023, con cinco diputados, gestionaron la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, ahora que cuentan con 11 escaños —“más del doble”— exigen una presencia proporcional en el Ejecutivo. En la práctica, esto supone la exigencia de al menos tres departamentos de peso en el futuro Consejo de Gobierno.

La fractura se visualizó nítidamente durante la votación de la Mesa. El PP se negó a ceder la Presidencia de la Asamblea a Vox, asegurando el puesto para Manuel Naharro, presidente provincial de los populares en Badajoz y exvicepresidente de la Cámara.

Naharro llega al cargo tras la polémica que el PSOE sacó a la luz durante la campaña electoral. Los socialistas exigieron su exclusión de las listas debido a las graves acusaciones de supuesto acoso sexual y por “haber ofrecido puestos de trabajo a cambio de favores sexuales”. Sin embargo, Guardiola ha mantenido su apuesta por él, convirtiéndolo en el octavo presidente de la institución.

“Migajas” para una paz imposible

En un intento de destensar la cuerda, el PP cedió diez de sus votos para que Vox no quedara fuera de la Mesa, permitiéndoles obtener la Secretaría Primera. Lejos de interpretarse como un gesto de buena voluntad, desde la extrema derecha se ha tachado de “intento de comprar voluntades” con “migajas” que no sustituyen su entrada en el Gobierno.

María Guardiola ha reiterado que su estrategia, ya imposible, era evitar un goteo de acuerdos y obtener un pacto global de legislatura con Vox. La presidenta en funciones buscaba cerrar en un mismo paquete el reparto de sillones (en la Asamblea y en la Junta), un programa de gobierno conjunto y el compromiso de aprobación de los presupuestos de 2026.

El reparto de poder entre las derechas en la Asamblea ya es imposible, pero aún está en juego la designación del senador autonómico, que el PP cedió a Vox en la pasada legislatura. Más complicado es el acuerdo programático y el reparto de competencias entre ambos partidos. De hecho Guardiola ha acusado a la formación ultra de querer negociar “como si hubieran ganado las elecciones” y pretender que el PP asuma su programa electoral completo.

A pesar de que ambas partes se han mostrado dispuestas a retomar la negociación, la principal dificultad para el acuerdo reside en el reparto de consejerías. Vox ha explicado que antes quiere un compromiso programático y, después, asumir directamente la responsabilidad que asegure el cumplimiento de esas medidas. Por eso, entre sus exigencias está la Consejería de Agricultura, que Guardiola se resiste a ceder porque está en manos de Mercedes Morán, una de sus más estrechas colaboradoras.

Vox también ambiciona las competencias en seguridad, industria y educación, además de una Vicepresidencia en el futuro Gobierno de coalición, que debería estar pactado antes del 19 de febrero, es decir, 11 días después de las elecciones en Aragón, por lo que el acuerdo en Extremadura podría dilatarse.

Vox ha asegurado este lunes que sigue dispuesto a negociar con el PP la formación del nuevo Gobierno en Extremadura, a pesar del “insulto” de la oferta que han puesto sobre la mesa los populares.

De esta forma, el partido ultra ha desmentido que hayan roto las negociaciones. “El comunicado difundido por el PP responde a una estrategia de la candidata María Guardiola para buscar excusas y culpables externos con los que justificar su nula voluntad de alcanzar un acuerdo real que permita cambiar Extremadura”, recoge un comunicado.

El PP ha lamentado la ruptura de “forma unilateral y sin previo aviso las negociaciones” por parte del partido de Santiago Abascal, a un día de la sesión constitutiva de la nueva Mesa de la Asamblea. Sin embargo, Vox ha aclarado que “en ningún momento ha comunicado ninguna ruptura de negociación”. “Nos hemos limitado a trasladar a María Guardiola nuestro disgusto y rechazo por el 'insulto' de la oferta negociadora que hasta la fecha nos ha hecho”, ha explicado.

No obstante, “a pesar del comunicado malintencionado y carente de veracidad del PP, Vox sigue dispuesto a hablar, con seriedad, lealtad y máximo respeto a lo que los extremeños han decidido”.

Vox ha recordado a Guardiola que tiene en su poder el detalle de la propuesta remitida por el candidato y portavoz del Grupo Parlamentario, Óscar Fernández Calle, “que recoge un marco de entendimiento claro y viable, sobre el cual sería posible llegar a un entendimiento”. “Lo que Vox no va a permitir es que el PP se ría de nuestros votantes negando la representatividad y el mandato de cambiar Extremadura que las urnas nos han dado”, ha advertido.

Para Vox, lo prioritario es cumplir con los compromisos adquiridos con los extremeños y, para ello, pide hacerlo formando parte del Gobierno, ya que ha comprobado que Guardiola ha “perpetuado” las políticas de izquierda de sus predecesores en la Junta de Extremadura e incumplió todos los acuerdos firmados con ellos.

Vox confía en que “el PP recapacite y restablezca un marco negociador guiado por la discreción, prudencia y respeto a los votantes”

Extremadura estrena legislatura este martes con la constitución de la Asamblea de Extremadura tras el adelanto electoral del pasado diciembre, que se saldó con una victoria insuficiente para el PP, obligado ahora a sentarse a negociar con Vox para conseguir la investidura de María Guardiola. Por lo tanto, la elección de la Presidencia y los miembros de la Mesa es más que un simple trámite burocrático. Se trata del termómetro o la prueba para comprobar las posibilidades reales de un pacto de Gobierno y hasta dónde ha resistido Guardiola frente a las exigencias de la extrema derecha.

La intención del PP ha sido en todo momento negociar en bloque con Vox, es decir, alcanzar un acuerdo global que incluya el reparto de sillones, tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo regional, la incorporación de las políticas ultras al programa de gobierno y la aprobación de los presupuestos, de forma que Guardiola tuviera garantizada la legislatura completa. Por eso, un acuerdo en la Asamblea daría por sentado que ya existe un pacto para un Gobierno de coalición y para las cuentas.

Sin embargo, actualmente todas las posibilidades están abiertas. Vox ha comunicado este lunes al PP la suspensión de las conversaciones en un intento de presionar a Guardiola para obtener las competencias ejecutivas a las que aspiran y que pasan por una vicepresidencia y las consejerías de Agricultura, Industria y Educación. Pero si este martes persiste el bloqueo en la votación de la Presidencia de la Asamblea, las Vicepresidencias y Secretarías podría interpretarse como que el órdago de Vox va en serio, pero no necesariamente que el acuerdo es imposible.

Hace dos años, la falta de entendimiento hizo que la Presidencia de la Cámara fuera a manos del PSOE y que el partido ultra se quedara fuera de la Mesa. Fue entonces cuando María Guardiola dijo aquellas palabras sobre que no estaba dispuesta a dejar entrar en la Junta de Extremadura a un partido xenófobo, machista y racista, en referencia a Vox, para pocos días después hacer una rectificación histórica y conformar el primer Gobierno de coalición en la historia de la comunidad.

Y es que una vez constituidos el órgano legislativo autonómico, habrá un mes para la celebración del pleno de investidura, por lo que aún habría margen para el acuerdo, aunque bajo la desconfianza y tensión que ha caracterizado la relación entre PP y Vox en Extremadura desde la anterior legislatura y ahora también con la fuerza que le da al partido de Santiago Abascal el haber pasado de cinco a 11 diputados tras el adelanto electoral.

“Pasar por el aro”

De hecho, Abascal avisó a Guardiola durante la campaña extremeña de que tendría que “pasar por el aro” o volver a convocar a los extremeños a las urnas, sobre todo cuando se da por imposible la abstención de los 18 diputados del PSOE para permitir un Gobierno en minoría y en solitario del PP. “Si no quieres caldo, toma dos tazas”, advirtió Abascal a la candidata del PP tras conocer el resultado del 21D, que dejó a Guardiola a cuatro diputados de la mayoría absoluta.

A diferencia de 2023, las negociaciones comenzaron hace una semana con la invitación de la presidenta en funciones de la Junta a que Vox formara parte del Gobierno, algo que no solo aceptó la extrema derecha, sino que puso sobre la mesa hacerse con una Vicepresidencia y las competencias en agricultura, educación, seguridad e industria. Pero, a diferencia de hace dos años, Vox no está dispuesto a quedarse con cualquier departamento, como cuando se sentó en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que Guardiola se sacó de la manga con competencias que antes estaban en Agricultura.

De hecho, Vox ha alegado como principal escollo del acuerdo la falta de fondos en las consejerías sobre las que tendría competencias. “Consejerías con presupuestos para hacer posible un cambio de políticas”, ha insistido el portavoz de Vox, José Antonio Fúster. Pero el PP ha asegurado que el pasado viernes planteó una “propuesta razonable” que consistía en la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea, en el Gobierno y la aceptación de políticas que la extrema derecha defiende y todo ello “con las partidas presupuestarias para llevarlas a efecto”.

En este sentido, el PP asegura que el acuerdo programático “estaba avanzando” y las posturas se habían acercado como para pensar que las conversaciones iban a llegar “a buen término”. Cabe recordar, que Vox ha planteado medidas que han vuelto a poner a María Guardiola en el espejo de sus propias líneas rojas al exigir la reducción o eliminación de partidas de igualdad, de violencia de género, la reducción del número de diputados autonómicos, la derogación de la ley LGTBI, la expulsión de inmigrantes y la eliminación de las ayudas a sindicatos y patronal, entre otros aspectos fiscales donde la sintonía con el PP es más patente.

Vox propondrá este martes a Ángel Pelayo Gordillo para presidir la Asamblea de Extremadura, al igual que hizo tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023. Es el único grupo parlamentario que ha registrado su lista de candidatos para los puestos de la Mesa de la Asamblea y el resto, PP, PSOE y Unidas por Extremadura, lo harán el mismo martes antes de comenzar la sesión constitutiva de la nueva legislatura, según han informado a EFE las cuatro formaciones.

Tras los comicios de 2023, la falta de acuerdo entre el PP y Vox, que alcanzaban la mayoría absoluta, provocó que la socialista Blanca Martín fuera reelegida de forma sorpresiva para continuar en el cargo.

El tercer diputado que optó entonces a la presidencia fue el secretario regional del PP, Abel Bautista, que luego sería elegido consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en el gobierno de coalición que finalmente pactaron los partidos de derecha. Fruto de este pacto, el puesto se senador autonómico que correspondía al PP por el resultado electoral fue al final para Pelayo, que había sido el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Vox propondrá , además, a Juan José García, diputado la pasada legislatura, para ocupar una de las dos vicepresidencias de la Mesa de la Asamblea, y a Beatriz Muñoz Rodríguez, que se estrena como parlamentaria, para una de las tres secretarías.

La anterior legislatura las vicepresidencias las ocuparon, la primera la socialista Lara Garlito, y la segunda Manuel Naharro.

Y las secretarías: Laureano León (PP), la primera, tras abandonar su escaño Elena Nevado, que se marchó al Parlamento Europeo; Estrella Gordillo (PSOE) la segunda; y José Antonio González Frutos (Unidas por Extremadura) la tercera.

La presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este miércoles que las negociaciones entre PP y Vox para formar Gobierno “van muy bien”, aunque ha eludido precisar el contenido de las mismas y el avance de dicho diálogo. “Todo va muy bien y tenemos muchas ganas de que todo salga bien”, ha dicho.

Guardiola ha participado en el minuto de silencio convocado en Mérida por el asesinato de una mujer a manos de su pareja en Badajoz y ha sido en ese acto donde ha manifestado que ambas formaciones políticas tienen “predisposición” para alcanzar un acuerdo. “Vamos a trabajar -en alusión a las negociaciones- por el bien de Extremadura y por la estabilidad”, aunque ha insistido en que en estos momentos “no hay nada que contar”.

En las negociaciones, que comenzaron el martes, participan la propia María Guardiola y el secretario general del PP, Abel Bautista, por parte de esta formación, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, y la secretaria general adjunta y vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria de Vox, Montse Lluís, por este partido político.

El PP ha remarcado esta semana su voluntad inequívoca de alcanzar un acuerdo de gobernabilidad con Vox, pero siempre que se cumplan dos parámetros: estabilidad política y mejoras en las condiciones de vida de los extremeños, explicó el martes la portavoz de la Junta, Elena Manzano. A ambos ejes, el PP añade otras dos premisas más: respeto a las resultados electorales -el PP logró 29 diputados con el 43,8% de los votos y Vox, con el 16,9 % y 11 disputados- y lealtad con los intereses de esta comunidad autónoma.

Asimismo, el PP ha fijado el criterio de negociar “en bloque” todas las exigencias y medidas con Vox, por lo que, de alcanzarse un acuerdo, estarían incluidas la designación de consejerías, las medidas fiscales, las líneas maestras para un nuevo proyecto presupuestario y la elección de la Presidencia de la Asamblea extremeña, entre otras.

De hecho, el pleno de constitución de la Cámara legislativa se celebrará este próximo martes, 20 de enero, por lo que, de alcanzarse un acuerdo, este debería cerrarse antes de esta fecha.

PP y Vox ya han comenzado la negociación para la gobernabilidad de Extremadura, donde las relaciones entre ambos partidos nunca ha sido buena. De hecho, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado este martes desde Calamocha (Teruel) un mensaje directo a la candidata del PP, María Guardiola, condicionando cualquier apoyo a un respeto de su programa electoral y acusándola de mantener una “actitud insolente” hacia su partido.

El líder del partido ultra ha insistido en que la negociación no es una cuestión de sillas, sino de cumplimiento programático, pero ha pedido “garantías” de que las medidas pactadas se llevarán adelante. En este sentido, Abascal ha asegurado que la actitud de Vox “siempre ha sido la mejor” en contraste con la “actitud insolente de Guardiola”. “Si la señora Guardiola está ahora en disposición de respetar parte de nuestro programa, habrá acuerdo”, ha afirmado.

“Nuestra voluntad siempre es la de pactar y cambiar las políticas”, ha subrayado Abascal, que ha recordado que el PP celebró un congreso nacional donde se acordó evitar la entrada de Vox en los gobiernos, una postura que consideran superada por la realidad parlamentaria. “Vale, entramos en los gobiernos. Si queréis gobernamos juntos, pero para un cambio de políticas y un cambio de rumbo”, ha insistido.

La presidenta en funciones de la Junta avanzó la semana pasada que ofrecerá a Vox, que ha pasado de cinco a 11 diputados tras el adelanto electoral del pasado 21 de diciembre, entrar en su Gobierno. La extrema derecha ha aceptado la invitación y ya ha adelantado su interés por controlar las consejerías de Agricultura, Industria y Educación, aunque desde Vox se ha insistido en que antes deberán negociar las medidas ideológicas que ya han puesto sobre la mesa en otras comunidades y que pasan por poner fin a los programas de igualdad y contra la violencia machista, eliminar las ayudas a la patronal y sindicatos, y derogar la ley LGTBI, que fue aprobada por el Gobierno de José Antonio Monago.

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha negado este lunes que el partido haya cambiado de estrategia al querer volver a entrar en el gobierno de la Junta de Extremadura, del que se salió en la anterior legislatura. Sin embargo, ante el inminente inicio de las negociaciones para investir a María Guardiola, el partido ultra ya ha adelantado que se decantará por dirigir las consejerías relacionadas con el campo, industria, la seguridad y educación.

El equipo negociador estará formado por los dirigentes de Vox en Extremadura encabezados por el cabeza de lista, Óscar Fernández Calle, y contará con el apoyo de la secretaria general adjunta del partido, Montserrat Lluis.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, afirmó el domingo que su formación exigirá al PP una vicepresidencia y varias consejerías tras lograr pasar de cinco a 11 diputados en las elecciones del pasado 21 de diciembre, aunque Fúster no ha avanzado cuántos departamentos reclamarán porque dependerá de los acuerdos que se alcancen en las medidas políticas que se van a negociar.

“Si se pactan las políticas no hay que tener miedo a que los partidos que tienen esas políticas quieran llevarlas a efecto con su presupuesto”, ha precisado. “Tenemos que jugar y los cargos vendrán después de que se acepten esas políticas”, ha asegurado el portavoz de Vox, que ha advertido de que van a defender a sus votantes “con uñas y dientes”.

Fúster ha asegurado que la negociación con el PP aún no ha comenzado ni ha habido contactos, y ha criticado que la presidenta y candidata a la investidura, María Guardiola, les haya ofrecido entrar en la Junta a través de la prensa. Por eso, le ha pedido que cuando les convoque para iniciar las conversaciones, no lo haga por la prensa.

El PSOE y Unidas por Extremadura han exigido a María Guardiola “transparencia absoluta” en las negociaciones que PP y Vox inician esta semana para lograr su investidura tras las elecciones del pasado 21 de diciembre para conocer el “precio” que la presidenta en funciones está dispuesta a pagar.

La portavoz socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha sido tajante al recordar que la líder del PP presumía de no querer negociar con Vox antes del adelanto electoral. “Guardiola ha elegido a ese socio que niega la violencia machista y no cree en el Estado de las autonomías”, al mismo partido que abandonó el Gobierno en 2024, ha recordado.

Este domingo se supo que la formación de Santiago Abascal va a exigir “la presidencia de la Asamblea, la vicepresidencia de la Junta, varias consejerías, negociaciones de presupuestos y políticas de Vox”. Pero, la portavoz socialista se ha preguntado hasta dónde está dispuesta a llegar Guardiola para mantenerse al frente de la Junta después del “fracaso” de no alcanzar la mayoría absoluta el 21D.

En esta línea, Álvarez ha pedido “explicaciones, transparencia y que se negocie pensando en la política que mejora la vida de la gente y no en el politequeo que mejora la vida personal del que se sienta en un sillón o se monta en un coche oficial”.

La socialista ha criticado que dos meses y medio después de los comicios Extremadura no está mejor sino que está “peor”, “paralizada”: “Guardiola no ha conseguido su objetivo de lograr mayoría absoluta” y no ha cumplido su compromiso posterior de llamar “al resto de fuerzas políticas”, pues con el PSOE no ha tenido ningún contacto para negociar más allá de “una llamada de cortesía” al presidente de la gestora.

Para los socialistas, a PP y Vox no le importan los extremeños, “le importan los sillones, los asesores, los coches oficiales, y todo es un espectáculo mediático bochornoso que hace que Extremadura siga paralizada” y “gobernada desde Madrid”, siguiendo las directrices de los líderes nacionales de ambas formaciones.

“La decisiones se toman en Madrid”

Por su parte, a líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha indicado que “lo único” que se le pide a Guardiola es que se sepa “a cambio de que se le va a dar el gobierno” Vox y ha criticado que si se convocaron unas elecciones porque era incapaz de negociar unos presupuestos “ahora va a tener que negociar un gobierno”, con lo que “le ha salido la jugada redonda”.

“Está dispuesta a consentir derogar la Ley LGTBI, que Vox acabe dirimiendo la políticas migratoria o de menores si se hará con la consejería de Educación porque son cuestiones fundamentales que se merecen toda la transparencia del mundo”, se ha preguntado.

De Miguel ha criticado que aunque “el apostol del diálogo (en referencia Guardiola)” dijo la misma noche electoral que se podría en contacto con el resto de fuerzas políticas que habían conseguido representación, a UPE no la ha llamado y “es muy difícil dialogar si no nos va a llamar”.

Irene de Miguel también ha dicho que Guardiola tendrá que dar explicaciones de los motivos por los que pese a que pidió el voto feminista en campaña “lo primero que ha hecho cuando no le han dado los votos es sentarse con Vox y plantearles que entren en el Gobierno”.

A su juicio, en estos días se verá el “típico sainete” entre los dirigentes de Vox y del PP, aunque considera que “lo único que queda claro es que este embrollo se va a dirimir en Madrid, pues las decisiones se toman en las sedes de Génova y Bambú”.

Respecto a lo que podrá ocurrir el próximo 20 de enero, día de constitución de la Asamblea, De Miguel no cree que Vox “vuelva a ser tan torpe” como fue al inicio de la pasada legislatura, cuando por no ponerse de acuerdo con el PP perdió la posibilidad de tener la presidencia de la Asamblea.

La sintonía entre el PP y Vox en Extremadura vuelve a encallarse antes incluso de sentarse a la mesa. Tras el movimiento de la presidenta en funciones, María Guardiola, de ofrecer formalmente a la formación ultra su entrada en el Ejecutivo regional para asegurar la estabilidad, la respuesta de Vox no se ha hecho esperar. Su candidato, Óscar Fernández Calle, ha enfriado las expectativas de un acuerdo rápido con un mensaje tajante: “Para repartir consejerías no hacía falta adelantar elecciones”. Aunque eso no quiere decir que la extrema derecha vaya a rechazar la oferta.

Esta respuesta se produce después de que trascendiera la voluntad de Guardiola de volver a abrir las puertas de la Junta de Extremadura a Vox a cambio de un acuerdo que garantice la estabilidad durante toda la legislatura. Por ello, la presidenta en funciones y líder del PP busca una negociación “en bloque” que incluya, además de la formación de un Gobierno de coalición, el reparto de sillones en la Mesa de la Asamblea y la aprobación del presupuesto de 2026, contra el que la extrema derecha presentó una enmienda a la totalidad.

Además de esto, Vox pondrá sobre la mesa sus las medidas ideológicas que el PP se negó a negociar solo hace unos meses a cambio del apoyo a las cuentas autonómicas. Entre ellas se encuentran exigencias contra la inmigración, la derogación de la ley extremeña LGTBI (aprobada en el Gobierno de José Antonio Monago), poner fin a las subvenciones para patronal y sindicatos, cortar la financiación de la cooperación internacional y la eliminación de las políticas de igualdad y del registro de sanitarios objetores al aborto, además de un importante recorte fiscal que afectaría a la sostenibilidad de la Hacienda autonómica, según la Junta.

La estrategia del PP, diametralmente opuesta a la que siguió en las negociaciones con Vox tras las elecciones de 2023, se conoció este jueves en el transcurso de un desayuno informal de Guardiola y su equipo con los medios de comunicación, algo que también ha sido criticado por el partido ultra, que ha exigido que las negociaciones, que comenzarán la semana que viene, se lleven a cabo con “la reserva que merece”.

El próximo 20 de enero se conformará la nueva Asamblea de Extremadura y se elegirá a las personas integrantes de la Mesa, entre ellas al presidente o presidenta. Será el momento para saber si esta negociación en bloque que pretende el PP ha sido fructífera.

Vox ya formó parte del Ejecutivo extremeño tras las elecciones de 2023, gestionando la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, con competencias en caza y toros. Sin embargo, dicha colaboración finalizó en julio de 2024, cuando la dirección nacional de la formación ultra decidió romper los acuerdos de gobierno en todas las comunidades autónomas.

En la actualidad, el proceso negociador se encuentra en su fase inicial y los escenarios están abiertos: la reedición de un Gobierno de coalición PP-Vox en Extremadura, un Ejecutivo de María Guardiola en solitario obligado a negociar medida a medida con la oposición o, el menos probable, que la desconfianza mutua y las innumerables rencillas entre ambos partidos haga imposible la investidura de Guardiola.

En ese caso, el PP podría buscar el apoyo del PSOE, dirigido actualmente por una gestora tras la dimisión de su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, tras el descalabro electoral. Pero la abstención socialista parece descartada a día de hoy.

El PP ha aprendido de la legislatura fallida en Extremadura y ahora comienza la negociación con Vox para la investidura de María Guardiola como presidenta con una cesión que hace dos años y medio era impensable: un Gobierno de coalición con la participación de la extrema derecha. Eso sí, el ofrecimiento no es gratuito. A cambio el PP quiere arrancar a Vox un apoyo total que garantice la estabilidad durante los próximos cuatro años de legislatura.

Por eso, ambos partidos iniciarán la semana que viene la mesa de diálogo con una premisa innegociable: no habrá acuerdos parciales. La estrategia de Guardiola pasa por abordar en un solo bloque todas las exigencias de la formación de Santiago Abascal, desde las medidas programáticas hasta la posible entrada de Vox en el Ejecutivo regional.

Fuentes próximas a la negociación confirman que el objetivo prioritario es dar “estabilidad política, económica y social” a la comunidad, evitando el desgaste que supondría un diálogo “troceado” que ralentice la acción institucional. En esta negociación integral se incluirá el ofrecimiento de Guardiola para que Vox vuelva a formar parte de su Gobierno y asuma tareas de gestión y responsabilidad; los presupuestos de Extremadura, que actualmente se encuentran prorrogados desde 2024; y la composición de la Mesa de la Asamblea.

Esta estrategia de negociación busca alejarse del escenario de incertidumbre vivido en el arranque de la anterior legislatura en 2023, cuando los desencuentros entre PP y Vox llevaron a una situación que acabó resolviéndose in extremis. En esta ocasión, el equipo de Guardiola quiere que todas las cartas estén sobre la mesa desde el inicio de las reuniones.

El 20 de enero: el primer 'termómetro'

Aunque las negociaciones comiencen en los próximos días, el primer indicador real del estado de salud de la relación entre PP y Vox se verá el próximo 20 de enero. Ese día tendrá lugar la elección de la Mesa de la Asamblea de Extremadura.

La composición de este órgano permitirá vislumbrar si existe un clima de consenso para un Gobierno de coalición o si, por el contrario, las posturas vuelven a enrocarse. Para María Guardiola, la clave reside en cerrar un acuerdo sólido, que garantice el apoyo de Vox y no tener que ir negociando a diario cualquier asunto de Gobierno durante los próximos cuatro años.

Dos semanas después de la celebración de las elecciones autonómicas en Extremadura, la presidenta en funciones, María Guardiola, no se ha puesto en contacto con el PSOE, como dijo que haría al día siguiente de su victoria en las urnas para comenzar a negociar su investidura. Con quien sí lo hizo fue con Vox solo dos días después del adelanto electoral.

Por ello, la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha señalado este lunes que su partido “sigue esperando” la llamada de Guardiola, a la que ha acusado de vivir en la “mentira” porque ha recordado ese compromiso de la dirigente del PP de ponerse en contacto con todos los grupos de la oposición “al día siguiente”, es decir, hace dos semanas: “No sé si fue fruto de la euforia o de la mentira en la que vive”, ha subrayado, porque, a fecha de este lunes, 5 de enero, todavía no lo ha hecho.

Álvarez ha reconocido que los socialistas tuvieron un “mal resultado” en las elecciones, pero ha recalcado que con 18 diputados son el principal partido de la oposición. “Nuestros teléfonos están disponibles. Que llame, que deje de mentir y de bloquear esta comunidad autónoma, que abandone la parálisis y empiece a actuar para que Extremadura esté en el lugar que le corresponde”.

Hay que recordar que la fecha fijada para la constitución de la Asamblea de Extremadura es el 20 de enero, el plazo máximo fijado por el Reglamento. A partir de ahí, se abre un plazo de 15 días para que la presidenta o presidente de la Cámara regional proponga un candidato tras consultar a los grupos parlamentarios. Esa persona tendrá 15 días para presentar su programa de Gobierno, que deberá debatirse en la Asamblea.

El PSOE conserva el último diputado en juego en la provincia de Cáceres, el número 18 de la formación en la Asamblea extremeña, tras el recuento del voto de residentes en el extranjero, el llamado voto CERA, de los comicios autonómicos del pasado 21 de diciembre.

De esta forma, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, se mantendrá como diputada al conservar los socialistas el octavo escaño por la circunscripción cacereña, que estaba en disputa por 244 votos con el PP.

Según los datos de las Juntas Electorales, responsables de contabilizar este viernes el voto CERA y realizar el escrutinio general definitivo, el PSOE ha obtenido el mayor respaldo de residentes en el extranjero (629 votos) frente al PP (482), Vox (336) y Unidas por Extremadura (300).

En concreto, en Cáceres, donde estaba el último escaño en juego, los socialistas han conseguido 317 votos, el PP 279, Vox 170 y Unidas 143. Por Badajoz, los resultados obtenidos han sido PSOE 312 votos, PP 203, Vox 166 y Unidas 157.

Un total de 30.610 personas residentes en el extranjero -17.831 en Badajoz y 12.779 en Cáceres- estaban llamadas a las urnas en las pasadas elecciones anticipadas en Extremadura, de las cuales han votado poco más del 5%.

El pasado domingo, el PP ganó las elecciones en Extremadura, con un escaño más que hasta ahora, 29, lejos de la mayoría absoluta establecida en 33 escaños, mientras el PSOE se desplomó hasta su mínimo histórico y se quedó con 18 escaños, diez menos que en 2023. Vox consiguió 11 escaños (seis más) y Unidas 7 (tres más).

El presidente de la Junta Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha evitado aclarar si los socialistas se plantean abstenerse en la investidura de la presidenta en funciones, María Guardiola, pero ha considerado que sería “un fracaso” de la candidata del PP, ganadora de las elecciones, si ésta solicita al PSOE que se abstenga durante el debate de investidura.

“Sería un fracaso rotundo y absoluto de Guardiola”, ha remarcado Quintana, quien no se ha pronunciado sobre cuál sería el voto de los socialistas si finalmente Guardiola les pide esa abstención, aunque ha subrayado que el PSOE es “la alternartiva al PP” y no su socio prioritario.

A juicio de Quintana, Guardiola es la que debe dar el paso sobre “qué es lo quiere hacer” tanto respecto al PSOE como a Vox, formación con la que ya llegó a un acuerdo de Gobierno tras las elecciones de mayo de 2023. En este mismo sentido, ha agregado que el PSOE no le ofrecerá de iniciativa propia esa posible abstención. “Ella es la que debe buscar socios”, ha insistido.

De momento, la presidenta extremeña en funciones no ha llamado al PSOE y, de hacerlo, sería Quintana el interlocutor socialista en las posibles reuniones que se puedan fijar PSOE y PP. “Si me llama, iré”, ha agregado.

En cuanto al futuro orgánico del PSOE extremeño, la Junta Gestora se da como plazo máximo el mes de mayo para convocar y celebrar un congreso extraordinario para elegir a la nueva Ejecutiva regional. A pesar de ello, Quintana ha afirmado que en ningún caso la Junta Gestora adoptará decisiones a largo plazo. Sin embargo, sí deberá decidir sobre la representatividad del PSOE en la Mesa del Parlamento, qué persona llevará la dirección del Grupo Parlamentario Socialista y quiénes serán sus portavoces.

El presidente de la gestora ha pedido “trabajo, colaboración y visión regional” a las personas que la integran. “Tener visión regional es clave”, ha dicho al ser preguntado por si dicha solicitud guarda relación con posibles desavenencias entre los socialistas cacereños y pacenses. “La calma es imprescindible para trabajar, escuchar y analizar”, ha dicho Quintana, un proceso de reflexión que “no se puede hacer con gritos ni con titulares”. “Hay que alejarse de los focos -ha incidido- y analizar todo de puertas adentro”.

Quintana, actual delegado del Gobierno en Extremadura, fue alcalde de Don Benito (Badajoz) entre 2015 y 2023, periodo en el que impulsó la fallida fusión municipal con Villanueva de la Serena, de la que entonces era alcalde Miguel Ángel Gallardo y es una persona de máxima confianza del líder socialista, Pedro Sánchez. 

La ciclotimia del PSOE entra en una nueva fase con la gran duda interna de si el actual estado de letargo y abatimiento tras la debacle en Extremadura será ya constante ante un maratón electoral que comienza sin buenas perspectivas para los socialistas en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Si en verano los socialistas vivieron una catarsis con la entrada en prisión de Santos Cerdán y las denuncias por acoso contra el exasesor de Moncloa Paco Salazar, se vinieron arriba en otoño con el impulso de Pedro Sánchez en buena medida por la política internacional; pero el bajón se ha impuesto en invierno, también por el goteo de noticias relacionadas con la corrupción y los casos de acoso, con una sensación de fin de ciclo en las filas socialistas.

Pedro Sánchez se conjura contra esa percepción y se muestra determinado a mantener el rumbo hasta 2027, a pesar también de las dudas de sus socios y la debilidad parlamentaria. “El Gobierno de coalición progresista afronta esta etapa con ganas, con energías renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa con voluntad de diálogo y humildad”, dijo el presidente al anunciar la remodelación quirúrgica del Ejecutivo tras la salida de Pilar Alegría.

En Moncloa intentan espantar el fantasma de que una derrota de la exministra en Aragón sea cosa de Sánchez. En el equipo del presidente se esmeran por diferenciar las elecciones autonómicas de las generales. “El presidente no se presentaba”, dicen sobre Extremadura y aseguran que lo mismo ocurre con Alegría y María Jesús Montero, a pesar de que la decisión de situarlas en el Gobierno y como candidatas fue estratégicamente suya.

En la cúpula socialista quieren pensar, además, que el marco nacional es distinto porque cuentan con el empuje del PSC en Catalunya y un escenario de fragmentación parlamentaria que les puede beneficiar dado que PP y Vox necesitan sumar 176 escaños para gobernar porque, a priori, ninguna fuerza nacionalista facilitaría ese Gobierno. En la dirección del PSOE también creen que la guerra de desgaste que ha planeado Génova con la convocatoria de autonómicas en cascada se le va a volver en contra. “El PP va a depender de Vox y el señor Feijóo no tiene ningun futuro sin Abascal”, repiten incansablemente.

Aumenta la preocupación en las federaciones

Pero en las federaciones crece la inquietud ante la situación. “El miedo a Vox ya no funciona”, dice un dirigente territorial. Y esa máxima también la han leído en Moncloa. “Quizás la ciudadanía no está sufriendo las consecuencias de esos gobiernos, no están sufriendo las consecuencias de la involución” de esas políticas todavía, es la reflexión que hizo la nueva portavoz, Elma Saiz, en su estreno. En Moncloa consideran que el Gobierno de Sánchez está actuando como dique de contención de los recortes de los servicios públicos y de derechos que se están produciendo donde gobierna el PP con el apoyo de Vox.

El ejemplo paradigmático que ponen es el del aborto. Sánchez planteó su blindaje constitucional y el Ministerio de Sanidad actuó contra las comunidades que estaban poniendo trabas a las interrupciones voluntarias del embarazo. También han buscado retratar a los gobiernos de derechas con el escándalo de los cribados de cáncer. “El Gobierno está saliendo al rescate”, dicen en Moncloa. “No da igual quién esté al frente”, apuntala una ministra. No obstante, la resignación también se apodera hasta cierta medida de la cúpula socialista, que considera que el “juego sucio” a través de campañas de desinformación propias de la ultraderecha y a las que se ha abonado la derecha tradicional tapa los avances del Gobierno.

La lectura es menos autocomplaciente en una parte cada vez más grande de un PSOE que llevaba años sin cuestionar nada de lo que hacía Sánchez y que teme que el desgaste que acumula la marca termine por hundir a los socialistas en autonómicas y municipales. “Estamos pasando como normales cosas que no lo son, como no tener presupuestos en toda la legislatura”, dice un destacado miembro de otra federación.

“Que los ciudadanos echen cuentas”

“El Ministerio de Transportes ha llevado al Consejo de Ministros en este mes de diciembre asuntos a aprobación por importe de 3.008 millones. Sin Presupuestos o con Presupuestos prorrogados. Lo digo porque quienes viven instalados permanentemente en la ficción y en el drama injustificado, y que sostienen que no se puede gobernar con los Presupuestos prorrogados, se olvidan de la realidad, la de que cada martes el Consejo de Ministros adopta medidas importantes para la vida de la gente”, defendió Óscar Puente en la rueda de prensa en la que presentó la tarifa plana para cercanías, trenes de media distancia y autobuses estatales.

Puente aseguró que las medidas en materia de transporte están suponiendo unos ahorros a los ciudadanos que pueden alcanzar los 5.000 euros al año. “No es magia, son tus impuestos”, argumentó el ministro: “No tengan ninguna duda de que un Gobierno de derecha y extrema derecha una de las primeras medidas que suprimiría sería esta ayuda. Que los ciudadanos echen cuentas y serán conscientes de lo que significa tener un Gobierno progresista que atiende las necesidades más elementales de los ciudadanos”.

El decreto del escudo social, que incluye la subida de las pensiones mínimas y no contributivas, y el del abono de transporte se votarán en el Congreso en enero y obligará al PP a retratarse muy cerca de las elecciones en Aragón. Esa es, en buena medida, la estrategia del Gobierno, que por el momento gana tiempo con la vista puesta en la primavera, cuando se espera el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE sobre la amnistía. En el Ejecutivo creen que puede abrir un nuevo escenario ante el posible regreso de Junts mientras los partidos se miran de reojo por si Sánchez cambia el paso en cualquier momento para detener la sangría, como hizo en 2023.

Por el momento, lo que sostienen en Moncloa es que aguantarán hasta 2027, cuando esperan, además, tener despejado el horizonte judicial. “Vienen por delante seis meses muy complicados, pero el tiempo juega a nuestro favor. Cuanto más tiempo tengamos para explicarlo, mejor”, argumentan.

La candidata del PP y presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, no descarta ahora volver a dejar entrar a Vox en el futuro Gobierno regional si hay “un compromiso de seriedad, gestión y trabajo” porque ha recordado que la extrema derecha ya formó parte de su primer Ejecutivo en 2023 y “no aguantaron ni un año”.

Guardiola ha sido la ganadora de las elecciones en Extremadura con el 43,2% de los votos, pero eso se ha traducido en solo un diputado más, lo que ha dejado al PP lejos de la mayoría absoluta a la que aspiraba para desprenderse de Vox. Ahora, en declaraciones a Cope este martes, la presidenta extremeña ha manifestado su voluntad de “liderar un gobierno estable que continúe con el cambio social y económico iniciado en la región hace dos años y medio”. 

Para la líder del PP regional, lo “primordial” es hablar de las necesidades de Extremadura “por encima de sillones, puestos y cargos”, aunque ha valorado que los resultados logrados por su partido expresan “un deseo mayoritario” de que haya un Gobierno en solitario del PP. Por ello, ha pedido responsabilidad para que no se bloquee la región.

Aunque por la mañana ha abierto la puerta a volver a permitir la entrada del partido de ultraderecha en la Junta de Extremadura, la pasada noche en Telemadrid abogó por un Gobierno en minoría, es decir, lo mismo que tenía antes de las elecciones del pasado domingo, gracias a las abstenciones del PSOE y de Vox en su investidura. En este sentido, ha considerado “sensata” la propuesta del expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra de pedir la abstención socialista en la investidura para que el PP gobierne sin la extrema derecha. A su juicio, Ibarra hizo este planteamiento en la Ejecutiva de su partido porque “está pensando en el fin de Sánchez”.

La portavoz en funciones de la Junta, Elena Manzano, también ha subrayado la disposición de Guardiola  “a hablar de todo y con todos”, aunque ha reiterado que la voluntad de los extremeños es que “la presidenta Guardiola sea la que este al frente de región durante cuatro años”. “Basta ya de bloqueos estamos deseando aprobar unos presupuestos con 550 millones de euros más que el anterior”, ha recordado, puesto que el argumento para convocar el adelanto electoral fue la incapacidad del Ejecutivo del PP de conseguir apoyos en PSOE o Vox para que las cuentas de 2026 obtuvieran luz verde.

Manzano también ha admitido que aún no se han llevado a cabo contactos para la investidura con ningún partido, a pesar de que Guardiola los anunció para el pasado lunes, pero “la intención es realizarlos con la mayor celeridad posible”. No obstante, ha dicho que por respeto institucional será la presidenta la que lo comunique “cuando proceda”.

A preguntas sobre si se deja la puerta abierta a Vox para que esté en el Gobierno, Manzano ha insistido en que “no hay líneas rojas”, solo “los de la bandera de Extremadura”.

El PSOE intenta descargarse la presión de una hipotética abstención para permitir la investidura de María Guardiola y evitar que pacte con la ultraderecha tras el batacazo en Extremadura, donde han cosechado su peor resultado histórico y han perdido diez escaños respecto a 2023. La dirección de Pedro Sánchez, que descarta ese escenario, deja la pelota en el tejado de la presidenta extremeña, que llevará a cabo una primera ronda de contactos con los grupos de cara a su investidura.

“Hace dos años se votó en Extremadura y ganó nuestro querido Guillermo Fernández Vara y ahí al PP nadie le planteó que se abstuviera en la investidura de Fernández Vara, porque el PP, en cuanto puede, sale corriendo a pactar con Vox”, ha expresado la portavoz del PSOE, Montse Mínguez en una entrevista en La Hora de TVE. La intención de los socialistas es que el PP se retrate también en esta ocasión tras haber rechazado su mano tendida para sacar adelante los presupuestos regionales.

“Es una pregunta que se nos hace siempre a los socialistas. ¿Por qué cuando gana el PSOE no se le hace esta pregunta al PP?”, ha respondido Mínguez sobre esa posible abstención, que planteó en la ejecutiva del PSOE extremeño el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Aunque en Ferraz descartan ese escenario, no quieren pronunciarse taxativamente y aseguran que la decisión corresponderá a la militancia extremeña a través de una consulta.

No obstante, la estrategia pasa por trasladar la presión al PP, que buscaba en las elecciones aumentar su distancia respecto al PSOE para desgastar a Sánchez y quitarse la dependencia de Vox, pero ha fracasado en esa segunda parte. “No estamos en esa pantalla”, ha dicho Mínguez sobre la eventual abstención: “Ahora la responsabilidad le corresponde a Guardiola, qué es lo que quiere hacer y tiene que explicar a los extremeños para qué ha servido este adelanto electoral”.

“Quería diferenciarse de Vox y lo que ha hecho es engordar al monstruo de Vox. Va a tener que pagar un precio más alto que nunca”, ha afirmado la portavoz del PSOE, que ha llegado a decir que Guardiola “ha perdido” las elecciones. “Las habrá ganado en votos y escaños pero los objetivos eran tres: conseguir mayoría absoluta, tener presupuestos y alejarse de Vox”, ha enumerado Mínguez, que ha asegurado que el resultado ha sido “al revés” porque “es más dependiente”. “El precio del pacto le ha subido. No tenía presupuestos, pero ¿va a tener investidura?”, se ha preguntado.

Los socialistas intentan digerir la hecatombe en el que ha sido tradicionalmente su bastión. Por el momento, en Ferraz la atribuyen al candidato, Miguel Ángel Gallardo, que ha dimitido y se pondrá en marcha un congreso para su relevo, y a la desmovilización del electorado progresista que ven recuperable. “Ha habido un voto que se ha quedado en casa. Tenemos que movilizar y que salga a votar. La abstencion de la izquierda lo que provoca es una ultraderecha más gorda”, ha reflexionado Mínguez.

En las federaciones socialistas temen, además, una concatenación de derrotas y se impone la sensación de fin de ciclo mientras en Moncloa intentan alejar ese escenario.

“Vienen por delante seis meses muy complicados, pero el tiempo juega a nuestro favor. Cuanto más tiempo tengamos para explicarlo, mejor”, señalan fuentes gubernamentales, que consideran que los pactos de PP y Vox conllevan retrocesos para los que el Gobierno de Sánchez supone un freno. El auge de la ultraderecha es global, recuerdan en Moncloa, donde consideran que “es importante que el Gobierno de España sea un bastión contra esa ola”. Y, en ese marco, Sánchez se afanará en la agenda social a la espera de recuperar a sus socios, que cada vez marcan más distancias.