A rebufo del éxito de las manifestaciones contra el equipo Israel Protech por la matanza en Gaza durante la última Vuelta Ciclista a España, un grupo de ONG internacionales de Derechos Humanos ha pedido a la Unión Ciclista Internacional que vete a la formación UAE del inminente Tour de Francia, que comienza el 4 de julio en Barcelona. Señalan que el equipo es un vehículo de sportwashing para los Emiratos Árabes Unidos (EAU), estado denunciado ante la ONU por su presunta relación con el genocidio silenciado en Sudán.

El equipo UAE es el primer conjunto del ránking internacional y en sus filas pedalea el ciclista número uno, el esloveno Tadej Pogacar, favorito absoluto para ganar el Tour de Francia. También la mejor ciclista española, Paula Blasi. El conjunto fue creado para “representar a todos los Emiratos Árabes” y supone “un símbolo del éxito deportivo” de este estado, según publicita la propia estructura. “Está financiado y patrocinado por compañías estatales de los EAU”, aclaran estas organizaciones: las aerolíneas emiratíes o la rama de inversión de la Compañía de Petróleos de Abu Dhabi (XRG).

“Hay pruebas irrefutables de que el gobierno de Emiratos Árabes Unidos es el financiador principal de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAS) que están cometiendo un genocidio en Sudán en lo que la ONU ha llamado 'el mayor desplazamiento humano y la peor crisis humanitaria'”, argumentan estas organizaciones —entre las que están FairSquare o Bahrain Institute for Rights and Democracy— en una carta dirigida a la UCI.

Se refieren a la campaña de destrucción de las comunidades no árabes en la región sudanesa de Darfur llevadas a cabo por las FAS y en la que un informe de la ONU ha hallado “signos que apuntan al genocidio”.

Además de crímenes de guerra, la misión de la ONU en Sudán apuntó al posible asesinato de un grupo étnico protegido y la imposición de condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física del grupo, al completo o parcialmente.

El ejemplo de La Vuelta

El Tour de Francia de 2026 comienza en la ciudad de Barcelona y durante tres etapas discurrirá por carreteras españolas. El ciclismo ha servido recientemente de altavoz para denunciar casos de blanqueo mediante equipos deportivos. El año pasado, la Vuelta Ciclista a España se convirtió en el escenario de una ola de protestas contra la participación del equipo Israel Premier Tech porque la formación —que pertenecía a un multimillonario amigo de Benjamin Netanyahu— servía de blanqueo a un estado que estaba provocando un genocidio en la franja de Gaza.

Las manifestaciones en varias etapas en España crecieron hasta conseguir cortar la carrera en su última jornada de Madrid y generó una corriente de opinión a favor del pueblo palestino. El equipo Israel ha terminado por desaparecer como marca ciclista.

El texto de la carta contra el UAE afirma que “un informe de Human Rights Watch descubrió que un contratista privado colombiano ha sido desplegado en Sudán para luchar junto a las FAS con el aparente apoyo de EAU”. El gobierno emiratí ha negado esta relación, aunque “existen pruebas abundantes (…) sobre cómo EAU ha utilizado rutas a través de Chad, Libia, Etiopía y República Centroafricana para filtrar suministros incluyendo armas y combatientes del FAS”, insisten las ONG.

De hecho, el Gobierno sudanés ha presentado una demanda contra los emiratos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debido a supuestas violaciones por parte de este país de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

El país africano sostiene que los EAU “son cómplices del genocidio de los masalit al dirigir y proporcionar un amplio apoyo financiero, político y militar a la milicia rebelde”. La solicitud de Sudán hace referencia a “genocidio, asesinato, robo de propiedades, violación, desplazamiento forzoso, allanamiento de morada, vandalismo de propiedades públicas y violación de los derechos humanos” que ha podido llevarse a cabo, afirma, gracias al “apoyo directo prestado” por los EAU, según consta en la denuncia sudanesa.

Con este panorama, las organizaciones pro Derechos Humanos consideran que las carreras de la UCI sirven de “medio prominente para la promoción internacional de los EAU. Las mejores competiciones ciclistas se han convertido en una plataforma pública que el estado emiratí está utilizando para proyectar una imagen positiva que contrasta con la violencia y la represión que caracteriza su poder”.

Código ético: cuidar la reputación del ciclismo

El código ético de la UCI recoge que la institución permanecerá políticamente “neutral”, pero siempre reconociendo su “responsabilidad a la hora de salvaguardar la integridad y la reputación del ciclismo en todo el mundo”.

En este sentido, la carta también habla de la necesidad de que la UCI revise las licencias que concede a los equipos porque el UAE no es el único grupo “financiado o promovido por gobiernos acusados de serias violaciones de los Derechos Humanos”. Sin ir más lejos, en el Tour va a participar el Bahrein Victorious, un estado que, según señala esta carta “desde 2011 ha reprimido a los disidentes, arrestado a los líderes de la oposición, disuelto los partidos políticos en su contra y acabado con la libertad de expresión”.

Baréin y Emiratos Árabes Unidos están calificados como países “no libres” según el índice de Freedom House. El primero ocupa el puesto 104 de 140 en el ránking de derechos de las mujeres de Amnistía Internacional y el segundo el 69 del listado del Foro Económico Mundial sobre brecha de género —el mejor de su área regional—.

El Gobierno de los Emiratos subraya que son el 15º país en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, aunque ese análisis mide el nivel de riqueza, educación y esperanza de vida.

Los nueve activistas climáticos acusados de un delito contra el patrimonio histórico por arrojar pintura al edificio del Congreso de los Diputados en marzo de 2023 han evitado la cárcel que les pedía el fiscal. De hecho, cinco de los acusados han sido absueltos y los otros cuatros han recibido una pena de 12 meses de multa a razón de cuatro euros diarios, según recoge la sentencia, todavía recurrible, a la que ha tenido acceso elDiario.es

El fiscal pidió para los nueve sin distinción 21 meses de cárcel a modo de escarmiento: para que “no se vuelva” a repetir, dijo en la vista oral. Sin embargo, cinco de los procesados ni siquiera habían lanzado la pintura al agua sobre la fachada por lo que la jueza los ha librado de toda responsabilidad.

Aunque las acciones fueron reivindicadas por grupos como Futuro Vegetal, Rebelión Científica o Extinction Rebellion, la jueza indica en la sentencia que no hay pruebas de que esas personas pertenezcan a esos colectivos y que ni siquiera se les preguntó por ello durante el juicio.

Los cuatro activistas que reconocieron haber lanzado la pintura deberán además indemnizar al Congreso con unos 5.800 euros a repartir entre ellos. Los nueve ya habían aportado de forma preventiva y solidaria un cantidad para cubrir los gastos de limpieza del edificio.

La jueza ha considerado imponer la menor pena que “en todo caso considera proporcional a la gravedad de los hechos y que se impone en su mínimo legal al no concurrir circunstancias que justifiquen la mayor antijuricidad de la conducta. Así, los acusados emplearon una pintura diluida en agua para no causar tanto daño”, dice.

Ademas, “los acusados carecen de antecedentes penales por lo que no resulta pertinente en el presente caso imponer la pena más grave de prisión” que la acusación pretendía mostrar como aviso para frenar actuaciones similares en el futuro.

Sobre los cinco activistas que no lanzaron líquido, la sentencia observa que “no queda acreditado que realizasen actos esenciales para la consecución del propósito común, es decir, la causación de daños, sin que la actuación conjunta en el plano reivindicativo sea trasladable al plano típico de los daños. En consecuencia, procede su absolución”.

Tanto los policías como el fiscal trataron de argumentar que todos los acusados eran parte de un operativo en el que cada uno tenía una misión para un objetivo común. Incluso llegarona decir que una de las acusadas que habló con un agente estaba siriviendo de “maniobara de distracción”.

La magistrada Blanca María Saiz zanja: “Se limitaron a estar por un breve periodo de tiempo”.

Sobre los cuatro condenados a multa, la sentencia subraya que “aceptaron el riesgo que suponía lanzar pintura roja en el Congreso, siendo además el color rojo, especialmente llamativo y fuerte”. También indica que la libertad de expresión no ampara esta acción y que los medios utilizados excedieron los límites de ese derecho.

La relatora de la ONU para los defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, escribió en su último informe a la Asamblea General: “Hay una corriente de represión contra el activismo climático legítimo en Europa y el resto del mundo. Esto supone un camino hacia la destrucción y los países deben detenerla”.

Lawlor mencionaba explícitamente a España por criminalizar a grupos ecologistas o “infiltrar agentes de policía en grupos de activistas climáticos al menos en doce ocasiones”. Este martes, en uno de los juzgados de lo Penal de Madrid quedó visto para sentencia un juicio contra tres activistas climáticos –María Martínez, Jorge Riechman y Francisco del Pozo– para los que la Fiscalía pide 10 meses de cárcel por “resistencia a la autoridad”, durante una manifestación en 2019.

La vista se celebró menos de una semana después de que, en otro juicio contra nueve activistas de Futuro Vegetal se solicitara pena de prisión de 21 meses por arrojar pintura al agua al edificio del Congreso de los Diputados.

Estos dos procesos penales –y los que quedan pendientes como el juicio a 15 miembros de Rebelión Científica por arrojar agua coloreada al Congreso o la imputación como organización criminal de Futuro Vegetal– son “la resaca de la represión al momento dorado del activismo climático que se vivió desde 2019 en adelante”, reflexiona Francisco del Pozo, recién salido del juzgado.

Esta oleada de procesos con penas de cárcel hace que, si tienes pendientes varios juicios, te quites de en medio o te vengas un poco abajo

Francisco del Pozo — Greenpeace

Del Pozo, coordinador de la campaña de energía de Greenpeace, detalla que todos estos casos son consecuencia “de la reacción judicial y policial al momento culminante, al momento dorado del movimiento climático”. Según su visión: “Percibieron que ese movimiento, con aquellas manifestaciones multitudinarias, con las reivindicaciones en muchas ciudades de mundo, se les iba de las manos, que no podían controlarlo. Y dijeron 'esto hay que pararlo'”.

En España se replican mecanismos similares a los que, como indicaba la relatora Lawlor, se están constatando en varios estados de Europa. En Italia, por ejemplo, tres activistas que lanzaron pintura a la fachada del Senado fueron condenados a ocho meses de prisión (en suspenso). Con todo, ellos consideraron que habían conseguido cierto éxito al obtener la atenuante de “actos motivados por causas sociales y morales”, no por vandalismo. Ese argumento se está escuchando ahora en las salas de justicia españolas.

Otras cinco activistas alemanas de un grupo que, tras las acciones judiciales, ha terminado por disolverse, (Letze Generation) están inmersos en un juicio por el delito de organización criminal. El proceso se ha complicado, ya que hay discrepancias entre los juzgados de diferentes lander sobre si aplicar ese tipo penal especialmente grave o no. Mary Lawlor ha hecho referencia específica a este proceso por lo que considera “un uso incorrecto del Código Penal para sancionar acciones no violentas y motivadas por su preocupación legítima acerca del cambio climático y los Derechos Humanos”.

Actuamos como si nada, a pesar de constatarse que el capitalismo está acabando con los ecosistemas. Actuamos como si todo fuera bien y todo fuera a durar para siempre. Y eso no es así: ni está bien ni puede durar

Jorge Riechman — Ecologistas en Acción y Rebelión Científica

La ola de castigos severos contre el activismo “es un fenómeno muy preocupante en un momento histórico tremendo: a medida que la situación es más grave y el margen de acción se estrecha, las peticiones de los activistas molestan más”, comenta a elDiario.es Jorge Reichman, otro de los juzgados este martes.

Riechman –filósofo y activista de Ecologistas en Acción y Rebelión Científica– explica que en estos momentos se cruza, por un lado, “un sentimiento de fatalismo apocalíptico sobre el futuro como reflejan los estudios de opinión de los jóvenes con una sensación de hipernormalidad”. Esto último significa que “actuamos como si nada, a pesar de constatarse que el capitalismo está acabando con los ecosistemas. Actuamos como si todo fuera bien y todo fuera a durar para siempre. Y eso no es así: ni está bien ni puede durar”.

A eso se le añade la ola internacional conservadora que ha puesto en la mira de la ultraderecha las políticas ecologistas. El resultado es que las reivindicaciones climáticas han llegado a un punto mucho más bajo justo cuando las consecuencias de la crisis climática ya se han hecho muy palpables.

El escarmiento

Uno de los objetivos declarados de buscar penas de prisión es desalentar el activismo más “disruptivo” o “molesto” como lo llaman los propios grupos. El Tribunal Supremo de Gran Bretaña juzgó como forma “legítima” de disuadir estas acciones las penas de varios años de cárcel que están cumpliendo algunos miembros de Stop Oil por cortar el tráfico de una autopista. Sus penas “no son excesivas”, dijeron.

La Fiscalía en España ha emulado esta fórmula al buscar un escarmiento en sus peticiones de pena; “Prevenir que no se repita. Que no vuelvan a hacerlo”, afirmó el fiscal en sus conclusiones al final del juicio contra los activistas de la pintura en el Congreso.

“Los motivos por los que nos pusimos en aquel puente continúan”, admite Francisco del Pozo. “Hay que volver a poner el cuerpo, pero, claro, esta oleada de procesos con penas de cárcel hace que, si tienes pendientes varios juicios, te quites de en medio o te vengas un poco abajo”. Es el descrito chilling effect. “Hay miedo a poner el cuerpo como antes”.

No es un escenario imaginado, sino presente. El propio Reichman está acusado en el juicio por los actos de Rebelión Científica en el Congreso de 2022. Le piden 21 meses de prisión. Y en ese mismo proceso hay dos acusados que ya esperan sentencia por la reivindicación similar que hicieron un año después en el mismo edificio. Les han solicitado 21 meses de cárcel por cada caso.

Escarmiento público. Este jueves se ha celebrado el primer juicio en España contra unos activistas climáticos en el que se pide pena de prisión: 21 meses para nueve personas de los grupos Futuro Vegetal, XR y Rebelión Científica por un supuesto delito contra el patrimonio por verter agua con témpera roja sobre la fachada del Congreso de los Diputados el 30 de marzo de 2023.

El fiscal del caso ha admitido en la sala que el objetivo de solicitar cárcel –aunque luego pudieran no ingresar– es “prevenir que no se repita. Que no vuelvan a hacerlo porque, si no, se puede pagar una multa y ya está”. Los “daños” a los que se refiere la Fiscalía han supuesto una factura de 5.800 euros (con la mano de obra de los operarios incluida) que los acusados ya han consignado.

“El objetivo era llamar la atención sobre la crisis climática y los impactos sobre el planeta y la salud de las personas”, ha declarado una de las acusadas, Paula Martínez Hidalgo. Y “exigir” que se lleven a cabo las políticas “que indica la ciencia”.

Este juicio se incrusta en un proceso de presión creciente sobre los activistas climáticos en España a medida que sus acciones de protesta eran más disruptivas. Se pasó de la imagen de una adolescente Greta Thunberg en manifestaciones a jóvenes pegándose al marco de un cuadro, cortando el tráfico o arrojando pintura a fachadas.

Y esa presión policial, fiscal y judicial se ha traducido en un arco que ha mutado desde las multas a las peticiones de prisión e incluso a la imputación por parte de un juez del grupo Futuro Vegetal como organización criminal. Ese supuesto prevé cárcel de tres a ocho años.

La dinámica ha generado un efecto desaliento sobre el activismo climático, como han reconocido en diversas ocasiones los propios grupos ecologistas. Un activista con pena de prisión, aunque esté suspendida, arrastra un lastre que casi lo inhabilita para protestas más llamativas como la juzgada.

“El mismo grupo ya había actuado en el Congreso”, ha argumentado el Ministerio Público este jueves. Se refería a que la acción fue reivindicada a posteriori por los colectivos Futuro Vegetal y Rebelión Científica y lo relacionaba con una la protesta similar que tuvo lugar en abril de 2022.

Aquellos hechos siguen su propio proceso judicial con otras personas implicadas. La Fiscalía también ha pedido en ese caso 21 meses de cárcel. “Erre que erre, había que volver al Congreso”, ha descrito el fiscal para justificar el castigo. “5.000 euros es el resultado de la protesta”, remataba con el gesto de comillas al pronunciar la palabra “protesta”.

“No somos vándalos. Actuamos para prevenir un daño mayor porque los ecosistemas de los que dependemos están colapsando. No hablamos solo de un bien histórico, como el Congreso, sino de nuestro sustento vital”, ha recordado en el estrado otra de las acusadas, Belén Díaz.

Acción coordinada

La petición de pena de prisión es la misma para los nueve a pesar de que cinco de ellos no lanzaron ninguna pintura. Uno desplegó una pancarta en las escalinatas del edificio, otro se puso una bata de protesta, otra habló con un agente de Policía –a esta última, los policías le atribuyen una labor de “distracción”–. Con todo, la Fiscalía ha dibujado a todos como parte de un dispositivo organizado para causar los daños: “La policía lo ha dejado muy claro. Tenían de antemano repartidos los papeles”, ha dicho el fiscal.

En realidad, los agentes de la Policía Nacional que estuvieron en el Congreso ese día han aportado testimonios así:

– Abogado defensor: ¿Entonces hubo personas que no tiraron témpera?

– Policía nacional: Puede ser. Imagino que sí. No sé decirle.

– Acaba de decir que hubo gente que no lanzó...

– No le sé decir.

Otro agente ha resumido que “todas las personas allí estaban haciendo algo”. Con eso, el fiscal sostiene que la acción fue algo planificado y ejecutada entre todos y que todos merecen la pena de prisión.

Ese grupo operativo de acción organizada tiene entre sus miembros sentados en el banquillo un padre en paro, una madre con dos hijas y una hipoteca, un médico, una ambientóloga y una persona con incapacidad total reconocida, según se ha informado durante la vista judicial.

Los acusados han reiterado que su acto era un acto de protesta pacífica y sin violencia. “En el marco de emergencia climática reconocida en el que estamos, ¿es tolerable arrojar pintura al Congreso de los Diputados o nos hemos pasado?” Ha preguntado uno de los abogados defensores. “¿Se afectó a la seguridad ciudadana? No ¿Se molestó? Puede ser”, ha rematado.

Molestia o no, lo cierto es que los nueve activistas esperan ya una sentencia tras las acusaciones sustentadas, como se ha especificado en la vista, en la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, la ley mordaza.

De hecho, España es uno de los únicos tres países democráticos junto a EEUU y Alemania, que utilizan leyes contra el crimen organizado para reprimir activistas climáticos. Todo ello incrustado en un creciente esfuerzo global por “criminalizar las protestas climáticas y ambientales”, como detectó una investigación específica de la Universidad de Bristol.

“Los daños a los ecosistemas de los que vivimos son irreversibles” –ha reflexionado la ambientóloga Belén Díaz– no puede irse con una limpiadora karcher a repararlos. Simplemente no se puede. Entonces ¿qué podemos hacer?“, ha cerrado en su turno de última palabra antes de que la jueza decretase el visto para sentencia.

El PP tumbará finalmente una transacción con la que Vox en Balears buscaba excluir de los servicios de atención temprana a niños de familias en situación irregular en Balears, un planteamiento que ha generado un fuerte rechazo entre las formaciones de izquierdas y las entidades sociales.

La formación de extrema derecha había presentado la propuesta en una de las enmiendas de los populares a la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma concebida para agilizar inversiones pero reconvertida por PP y Vox en cajón de sastre para modificar, mediante múltiples modificaciones legislativas, buena parte del ordenamiento autonómico balear. Como denuncian desde la oposición, las correcciones están provocando la reforma encubierta de más de 50 leyes autonómicas.

Según ha explicado este lunes el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, la enmienda registrada originalmente por los populares no modificaba los criterios de acceso al servicio, sino que buscaba introducir cambios de carácter administrativo para reducir burocracia y, más en concreto, facilitar la consulta telemática de documentación vinculada a la atención temprana.

Posteriormente, Vox presentó una transacción a esa corrección para incorporar nuevos requisitos y limitaciones de acceso. Sagreras ha subrayado que las condiciones para acceder a estos servicios están reguladas por normativa estatal y ha asegurado que, “para evitar dudas”, el PP votará en contra de la transacción o, en su defecto, retirará directamente su enmienda.

El acceso a la atención temprana en Balears está regulado por el Decreto 85/2010, aprobado durante el segundo mandato del socialista Francesc Antich y que organiza la red pública y concertada destinada a menores de entre 0 y 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos. La norma define este servicio como una atención integral de carácter preventivo, asistencial y rehabilitador dirigida a niños especialmente vulnerables, y establece que la valoración de acceso debe basarse en criterios clínicos, evolutivos y sociales.

“Es un servicio que atiende a niños muy vulnerables, niños pequeños, con discapacidad o necesidades especiales, y creemos que lo último que necesitan es que se haga ruido político”, ha afirmado el portavoz popular en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament. La cuestión se debatirá este martes en una nueva reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara balear, órgano encargado de elaborar el dictamen de la ley de proyectos estratégicos.

La polémica ha provocado duras críticas de la izquierda, que acusa al PP de asumir parcialmente postulados de Vox y de haber rectificado únicamente tras el revuelo social generado por la propuesta. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha calificado la iniciativa de “indecente” y ha sostenido que los populares han dado marcha atrás por el “escándalo” suscitado entre entidades del ámbito social y educativo.

También el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha cargado contra las enmiendas pactadas entre PP y Vox durante la tramitación de la ley. Negueruela ha acusado al Govern de “aceptar discursos que atacan a los menores según su origen” y ha denunciado que otra de las modificaciones impulsadas elimina el término “violencia machista” para sustituirlo por “violencia contra la mujer”, una reivindicación habitual de Vox.

Asimismo, el dirigente socialista ha criticado que el PP haya incorporado en otra enmienda propuestas relativas al suelo rústico que, según ha dicho, contradicen compromisos previos del Govern sobre los límites al incremento de edificabilidad en este tipo de terrenos.

A finales de abril, Vox presentó una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar que los españoles tengan preferencia en ámbitos como la sanidad, la vivienda o las prestaciones públicas bajo el contepto de “prioridad nacional”. El Govern del PP expresó su disposición a respaldar la iniciativa siempre que se plantee en términos de residencia legal y no de nacionalidad, remitiéndose al acuerdo alcanzado con la formación de extrema derecha para endurecer el acceso a determinadas ayudas sociales.

Ese pacto contempla exigir un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder acceder a la renta social garantizada (Resoga), además de reforzar los mecanismos de control, revisión y reintegro de prestaciones. La modificación supone un giro relevante en la principal red de protección social de la comunidad, al introducir criterios más restrictivos que, según la propia argumentación política de Vox, persiguen frenar el denominado “efecto llamada”.

Cuando Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas, trata con colegas sobre los riesgos de los reporteros por el mundo, las conversaciones suelen ser sobre cascos y chalecos antibalas de la talla adecuada, ventanas reforzadas en las redacciones para resistir a ladrillos, piedras y balas; abogados que se atrevan a desafiar las amenazas y terapias psicológicas para exiliados o supervivientes de un ataque. Ginsberg no habla estos días sólo de Gaza, Ucrania o Líbano. También de Estados Unidos, Hong Kong, Turquía, Brasil o Guatemala.

Las amenazas físicas y virtuales se multiplican también en los países donde no hay un conflicto bélico, incluso en las supuestas democracias, mientras las guerras se expanden, y los retos aumentan para ONG como el CPJ (por sus siglas en inglés), independiente (no acepta fondos de ningún gobierno) y con sede en Nueva York, que documenta abusos contra la prensa por todo el mundo desde 1981. Entre los pocos motivos de celebración este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, la directora del CPJ señala la resistencia y la labor de periodistas y medios independientes en Hungría en 16 años del Gobierno autoritario de Viktor Orbán. 

Esta es nuestra conversación, editada por extensión y claridad, hace unos días durante el festival de periodismo de Perugia.

¿El caso de Hungría podría ofrecer lecciones en materia de libertad de prensa y el impacto a largo plazo del trabajo de los periodistas pese a las restricciones?

Hungría puede darnos esperanza. Es llamativo que en Hungría, a pesar de la concentración de los medios y de la persecución a los periodistas, los periodistas independientes siguieron —o intentaron seguir— con su trabajo. Y eso nos muestra, junto con el hecho de que la gente seguía interesada en recibir y acceder a esa información, que incluso cuando hay un Gobierno que intenta controlar el relato, es fundamental seguir financiando y apoyando, en la medida de lo posible, a esos periodistas independientes, incluso cuando el Ejecutivo utiliza todo tipo de mecanismos para silenciarlos. Y sí creo que el flujo continuo de información veraz —información que expone la corrupción del Gobierno, los intentos de silenciar a los medios y de reprimir a la sociedad civil— jugó un papel al dejar en evidencia al Gobierno de Orbán y, en última instancia, contribuir a su caída.

Hungría muestra que cuando un Gobierno intenta controlar el relato es fundamental apoyar a los periodistas independientes... El flujo continuo de información veraz jugó un papel en la caída de Orbán

La mayoría de la actividad del CPJ viene de zonas donde no hay un conflicto bélico y donde hay cada vez más riesgos para los periodistas. ¿Cuál es la principal amenaza ahora y cómo ha cambiado en esta década? 

Al inicio de la década, ya estábamos viendo una tendencia de aumento de ataques contra periodistas en zonas sin conflicto, o al menos donde no había un conflicto formal. Evidentemente, en los últimos dos años y medio eso ha cambiado de forma radical debido a Gaza. Ahora, este es el momento más peligroso del mundo para ser periodista: tenemos el mayor número de periodistas asesinados en la historia del CPJ, principalmente por la guerra en Gaza y los ataques de Israel contra periodistas, y también porque estamos viendo un aumento de conflictos en todo el mundo. Vivimos un periodo muy inestable, con más conflictos globales que en ningún momento desde la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, eso implica más periodistas muertos en contextos de guerra. 

Sin embargo, sigue habiendo una tendencia en la que vemos a periodistas acosados, amenazados legalmente, amenazados físicamente y encarcelados en cada vez más lugares, incluidas supuestas democracias. 

Están los ejemplos de Guatemala, con la persecución de José Rubén Zamora, o de Hong Kong, que operaba bajo un sistema que supuestamente protegía la libertad de prensa y expresión y donde hemos visto la persecución de medios como Apple Daily y de personas como Jimmy Lai. Y eso ocurre cada vez más. 

Lo vemos también en el discurso de líderes como Donald Trump, que llama a los periodistas “enemigos del pueblo”, o de Rodrigo Duterte en Filipinas, que los llamó “prostitutas de la prensa”. Eso tiene un efecto en cómo el público percibe a los periodistas y en su seguridad. 

Así que, por un lado, seguimos viendo periodistas asesinados en conflictos, especialmente en Gaza, y al mismo tiempo vemos cada vez más ataques verbales, acoso online, amenazas legales y encarcelamientos. Eso hace que los periodistas sean más vulnerables que nunca.

¿Su trabajo se ha vuelto más difícil por la falta de implicación de Estados Unidos? En algunas regiones del mundo, ejercía presión en favor de la libertad de prensa.

Se ha vuelto más complicado. Además, como muchas ONG, hemos tenido que pensar cómo la Administración actual podría actuar contra organizaciones sin ánimo de lucro. Al inicio de la Administración Trump había mucho temor de que se intentara atacar a ciertas ONG que trabajaban en ámbitos considerados inaceptables. Y, como sabemos cómo funcionan los regímenes autoritarios, conocemos el patrón: empieza con campañas de desprestigio contra periodistas y medios, luego ataques online, después acoso legal. Así que las organizaciones como la nuestra tienen que prepararse para todo eso. 

Pero el trabajo sigue siendo el mismo: tenemos que denunciar las violaciones de la libertad de prensa tanto en Estados Unidos como en cualquier otro lugar. No nos contenemos. No dejamos de hablar, aunque somos muy conscientes de que puede haber consecuencias.

¿En qué medida ha notado diferencia entre los años de Biden, cuando usted llegó al CPJ, y los de Trump?

Hemos visto muchas más acciones legales, por ejemplo, por parte de la Administración. Uno de los grandes cambios es el número de demandas del propio presidente contra medios de comunicación o la exclusión de Associated Press del grupo de prensa de la Casa Blanca. Han crecido las amenazas. 

Además, la inestabilidad dentro de Estados Unidos también genera riesgos para los periodistas. Por ejemplo, durante protestas contra políticas migratorias en Minnesota, vimos periodistas gaseados, tirados al suelo, detenidos… a un ritmo distinto al de antes. 

Por primera vez, lanzamos un fondo de respuesta rápida en Estados Unidos para ayudar directamente a periodistas que necesiten apoyo en materia de seguridad. También emitimos nuestro primer aviso de viaje para Estados Unidos, porque había temor de que periodistas fueran retenidos en frontera o se les negara la entrada por su trabajo. Y en algunos casos eso ha ocurrido. Es algo nuevo: nunca habíamos visto ese nivel de inseguridad dentro del país.

¿Cómo equilibran estas amenazas nuevas en Estados Unidos con las habituales en otras regiones?

Somos muy conscientes de que no podemos centrarnos solo en Estados Unidos. Intentamos analizar todos los países por igual: evaluamos necesidades, documentamos amenazas y tratamos de cubrir vacíos donde nadie más actúa. En Estados Unidos, ya hay muchas organizaciones trabajando, así que no necesitamos duplicar esfuerzos. Es un equilibrio constante. Pero incluso así, la demanda es mayor que nunca: hay casi el doble de periodistas encarcelados que hace diez años, cifras récord de periodistas asesinados, más necesidad de apoyo psicológico y en el exilio. No es solo cuestión de equilibrio: tenemos que crecer para responder a esa demanda.

Por primera vez, lanzamos un fondo de respuesta rápida en Estados Unidos para ayudar directamente a periodistas que necesiten apoyo en materia de seguridad. También emitimos nuestro primer aviso de viaje para Estados Unidos, porque había temor de que periodistas fueran retenidos en frontera o se les negara la entrada por su trabajo. Es algo nuevo: nunca habíamos visto ese nivel de inseguridad dentro del país

¿Cuáles son las regiones a las que se les hace menos caso?

Sudán está poco cubierto, sin duda. Hemos dado ayuda a los periodistas que hemos podido, sobre todo a los que han podido salir. Es un ejemplo claro de atrocidades que no reciben la atención internacional que sí vemos en otros lugares.

Sobre sus denuncias de los ataques a la prensa en Gaza, ¿han conseguido tratar con el Gobierno israelí?

No lo hemos conseguido. Llevamos años pidiendo responsabilidades por la muerte de periodistas, no solo desde el 7 de octubre, sino desde antes, y no ha habido avances reales por parte de Israel. Seguimos intentándolo, centrados en documentar lo ocurrido y presentar pruebas. En los últimos meses, también hemos investigado cuestiones como la tortura de periodistas en prisión y seguiremos impulsando ese trabajo.

¿Y el veto que impide a los periodistas entrar en Gaza?

Sí, presionamos de forma constante, mediante campañas públicas y apoyo a iniciativas legales. Pero no ha habido avances. Y es importante decir que la falta de acceso de medios internacionales a Gaza no tiene precedentes recientes.

La falta de acceso de medios internacionales a Gaza no tiene precedentes recientes

En cuanto a conseguir más apoyo del público, ¿qué formas de recuperar la confianza le parecen más efectivas?

Me entusiasma el crecimiento de los medios comunitarios locales. La gente confía más en quien conoce. Muchas personas se sienten desconectadas de los medios nacionales e internacionales. Los medios locales tienen un vínculo más cercano con sus comunidades. Apoyarlos puede ayudar a reconstruir la confianza en el periodismo, porque la gente necesita información para vivir de forma segura y libre. Reforzar ese vínculo local puede ser clave.

Pero incluso cubrir un pleno municipal puede ser peligroso ahora…

Cubrir reuniones de consejos educativos —si piensas en Estados Unidos, donde hay tantas polémicas sobre libros prohibidos— puede ser complicado. Y sé de periodistas que han recibido amenazas graves simplemente por hacer una crítica negativa del álbum de música de alguien o de su actuación en una obra de teatro.

Todo eso forma parte de un problema más amplio relacionado con cómo nos comportamos en las redes sociales. Pero también es cierto que la gente necesita información y le gusta estar informada; quiere saber qué está ocurriendo en sus comunidades locales. Una manera de ayudar a mantener a las personas más seguras y menos polarizadas es precisamente esa: que la gente entienda que compartimos espacios y que vivimos experiencias similares.

Los medios locales tienen un vínculo más cercano con sus comunidades. Apoyarlos puede ayudar a reconstruir la confianza en el periodismo, porque la gente necesita información para vivir de forma segura y libre. Reforzar ese vínculo local puede ser clave

¿Han notado un aumento de las amenazas con el uso de la inteligencia artificial?

Aún no vemos un impacto directo en la seguridad de periodistas, pero es inevitable que ocurra, especialmente con los deepfakes y la manipulación de contenido visual.

¿Qué le da esperanza?

Que siempre necesitaremos información y hechos compartidos para convivir. Cambiará la forma de transmitirlos, pero la necesidad seguirá ahí. Y, aunque ahora parece un momento oscuro, estamos aprendiendo a responder a nuevas formas de censura.

¿Algún ejemplo concreto?

El año pasado, premiamos a la periodista tunecina Sonia Dahmani, que estaba encarcelada ese día y no pudo asistir. Una semana después fue liberada. Aunque sigue afrontando dificultades, demuestra que es posible lograr justicia y libertad.

Los subsuelos de Paterna guardan los vestigios de una de las mayores atrocidades de la posguerra española. Tras el final de la Guerra Civil y hasta el año 1956, 2.238 personas, tanto de origen valenciano como procedentes de otras partes del país, fueron ejecutadas en el municipio. De todas ellas, 20 eran mujeres. Según explica la fotoperiodista Eva Máñez, quien investiga este tema desde 2016, en la gran mayoría de los casos “no se trataba de asesinatos en caliente, sino de una forma sistemática de cometer crímenes de lesa humanidad”.

El borrado histórico de estas mujeres no fue casual, sino fruto de un profundo estigma social y del miedo instaurado por el régimen. En una sociedad marcadamente católica, el hecho de ejecutar a población femenina suponía un castigo de una dureza simbólica brutal, lo que provocó que muchas de las familias supervivientes lo vivieran como una mancha o una vergüenza. A este terror continuado se sumó una táctica atroz que la fotoperiodista califica literalmente como “represión por delegación”. Gran parte de las víctimas sufrieron abusos, pasaron por la cárcel y fueron condenadas a muerte únicamente por sus vínculos familiares. “Ser esposa, madre o hija de una persona significada políticamente durante la II República era motivo de represión durante la dictadura”, constata Máñez.

A pesar de este clima de terror, el valor de estas mujeres desafió al régimen hasta el último aliento. Durante su cautiverio en la prisión de Santa Clara, donde algunas pasaron hasta dos años antes de ser ejecutadas, protagonizaron actos de enorme rebeldía. Un 14 de abril, algunas reclusas construyeron una bandera republicana utilizando un palo de escoba y unas telas, paseando por el patio con vivas a la República e insultos al dictador Franco. Se trataba de un desafío directo que acabó precipitando su fusilamiento.

Esta violencia trajo consigo una consecuencia social devastadora, ya que “casi todas ellas eran madres”. Tras los fusilamientos, sus hijos quedaron huérfanos y “la mayoría de ellos terminaron recluidos en instituciones religiosas, o robados y entregados a familias adeptas al régimen”. Esta desarticulación familiar y el borrado de sus orígenes provocó que fuera “muy difícil mantener una memoria cuando los hijos se han criado en orfelinatos”, señala la fotoperiodista.

Ante el señalamiento constante, los descendientes más directos optaron por callar para protegerse, conformando así lo que la comisaria define como “la generación del olvido”. Aunque las historias de algunas de estas 20 mujeres fueron narradas en libros o cómics, la inmensa mayoría de los casos cayeron en la desmemoria. Sin embargo, la actual tercera generación, ya nacida y criada en democracia, ha decidido romper ese silencio impuesto para “ejercer la memoria vicaria en busca de verdad, justicia y reparación”. Un claro ejemplo de esta lucha contemporánea es el caso de Jesús Espinós, quien ha escrito una novela sobre su antepasada Mercedes precisamente para acabar con esa losa del ostracismo y la vergüenza.

A la par de este despertar familiar, el proceso de reconocimiento de sus restos —impulsado desde 2016 gracias a la Ley de Memoria Democrática— sigue siendo un reto enorme entre las más de 150 fosas de Paterna. Hasta el momento, solo dos víctimas, Bárbara Morella y Rosario Migoya, han sido identificadas mediante pruebas de ADN; en algunos casos, las familias han preferido no exhumar los restos.

A este complejo puzle se suma el enigma de la fosa 95, donde se colocó una baldosa en homenaje a una mujer sin identificar llamada “Rosa”. Pese a las posteriores excavaciones e investigaciones, no se hallaron restos óseos femeninos en dicho enterramiento, dejando en el aire el misterio de si esta víctima existió realmente o si su nombre fue fruto de la rumorología de la época.

Para arrojar luz sobre todo este proceso y plasmar la resistencia de las ejecutadas, Eva Máñez ha comisariado una muestra inédita que recoge fotografías contemporáneas de las exhumaciones, objetos hallados en las fosas, retratos familiares y elementos de archivo como sumarios, sentencias de muerte y fotografías de la época. Huyendo del formato tradicional de imágenes colgadas en la pared, la exposición se articula mediante unos paneles triangulares, diseñados por Tomás Gorria, que combinan las fotografías de la periodista con estos materiales históricos.

El público podrá visitar la muestra entre el 9 y el 23 de abril en la Casa de la Dona de Paterna, una ubicación idónea, según Eva, al tratarse del mismo municipio donde se perpetraron los crímenes. No obstante, la exposición aspira a viajar a otras localidades para valorar los principios democráticos en un contexto de guerra, como el actual. Máñez anima a toda la ciudadanía a visitarla, subrayando especialmente la necesidad de que acuda la juventud, “porque conocer las consecuencias del fascismo y el totalitarismo nos sirve como medicina democrática para avanzar como sociedad, así como para acabar con el estado de impunidad de los crímenes cometidos”.

La reciente inauguración de la exposición fue un éxito y evidenció un importante respaldo institucional. Al evento asistieron el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, varios concejales del municipio y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. La representación política incluyó a diputadas y diputados del PSPV y de Compromís, congregando además a figuras clave del ámbito judicial y memorialista, como Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género, y Rosa Pérez Garijo, exconsellera de Memoria Democrática, destacada por haber hecho posibles las exhumaciones gracias a la ley.

Con iniciativas como esta, se sella una deuda histórica ineludible cuyo objetivo final es devolver la dignidad a estas veinte mujeres valientes y comprometidas, sacándolas por fin de la fosa común (material, mental e histórica) a la que fueron relegadas durante décadas.

El Gobierno y otras formaciones políticas han ido saliendo en cascada para condenar los gritos islamófobos que se escucharon este martes en el estado de Cornellá-El Prat durante el partido de la selección española de fútbol contra el combinado nacional de Egipto. En las gradas se escucharon gritos de “musulmán el que no bote”, unos cánticos no minoritarios que ya están investigando los Mossos d'Esquadra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado en X su apoyo “a los deportistas que lo sufrieron” y su “aplauso a quienes, con su respeto, nos ayudan a ser un país mejor”. “El episodio de ayer en Cornellà es inaceptable y no debe repetirse. No podemos permitir que una minoría incívica empañe la realidad de España, un país plural y tolerante. La selección de fútbol y su afición, también”.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha llegado a afirmar este miércoles que “los insultos y cánticos racistas nos avergüenzan como sociedad” mientras que el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufían, ha añadido que lo que “molestan son los musulmanes pobres”. La dirigente de Podemos, Irene Montero, también ha dicho que es “escuchar esos cánticos” es “una verguenza” y ha añadido que lo ocurrido deriva de que se “han visto en la tele y la política a mucha gente 'respetable' diciéndoles que ese odio es 'sentido común'”.

Tras estas reacciones, el Partido Popular ha salido a decir por boca de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, que lo acontecido en el partido del martes es “lamentable y condenable”. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha repetido que “igualmente inaceptable burlarse de una religión ya que es una ofensa a sus creyentes y a mi tanto me da que sean musulmanes o católicos”.

Los primeros en reaccionar tras los cánticos, fueron los miembros del Gobierno relacionados con el deporte. El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, publicó después del partido un texto que decía: “Todo lo que sé sobre la moral de los hombres lo aprendí en el fútbol, dijo Camus. El deporte es radicalmente incompatible con la xenofobia, con el odio. No podemos relativizar los gritos racistas que hemos escuchado hoy en el España-Egipto. La intolerancia es intolerable”.

La titular de Educación, Milagros Tolón, también acudía a las redes sociales para expresar que “el deporte es esfuerzo, trabajo y talento, pero también respeto, solidaridad y convivencia. El odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en los estadios ni en nuestra sociedad”.

Este miércoles, el Ministerio de Educación ha lanzado un comunicado en el que subraya que “estos comportamientos son absolutamente inaceptables y no representan, en ningún caso, a la inmensa mayoría de la afición española, que entiende y vive el deporte como un espacio de respeto y convivencia”.

Se da la circunstancia de que España organizará el mundial de fútbol de 2030 junto a un país oficialmente musulmán como es Marruecos. Es más, una de las máximas figuras de la selección española de fútbol, Lamine Yamal, es de origen marroquí y musulmán. Su cara este martes tras el partido era “un poema”, según las crónicas deportivas.

“Lo que ocurrió anoche en Cornellà no nos representa. Son grupos ultras jaleados por la política ultra. Y nos avergüenzan”, ha declarado también el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El político ha añadido que “España, con su presidente a la cabeza, defiende la paz, la integración y la convivencia. Es un orgullo de país. El odio y el racismo no tienen cabida en el deporte ni en nuestra vida. Quien calla es cómplice”.

El periodista Carlos Dada se ha visto obligado a dirigir desde el exilio El Faro, el gran periódico de investigación de El Salvador y uno de los pioneros digitales en el mundo cuando lo fundó con otros reporteros en 1998. Su experiencia de acoso por parte del Gobierno de Nayib Bukele ofrece algunas lecciones para un mundo cada vez más autoritario.

El premiado periodista fue el encargado de impartir este lunes la conferencia anual del Instituto Reuters para el estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford, la cita en la que cada marzo un referente del periodismo internacional reflexiona sobre los retos del momento. Dada tituló su charla “”Journalism as Resistance“ (periodismo como resistencia). Aquí el texto del discurso completo, traducido en español.

Parte del discurso de Dada se centró en el éxito popular de mensajes políticos difundidos en redes y plagados de falsedades frente al trabajo periodístico concienzudo para comprobar y publicar los hechos.

“Los dictadores como Bukele necesitan mentiras para sobrevivir. Todos conocemos ese manual. Lo que hace a Bukele diferente es su capacidad para convertir esas mentiras en un relato exitoso que se vuelve viral de inmediato en las plataformas de redes sociales”, dijo Dada durante su discurso.

El periodista citó una encuesta de 2025 en Chile según la cual la mitad de la población chilena nombraba a Bukele como el político que más admiraba, algo cada vez más frecuente en países latinoamericanos alejados de El Salvador y poco conectados con su experiencia. “¿Cómo explicas que un obrero de las afueras de Santiago tenga a Bukele tan presente? Porque la propaganda de Bukele aparece todos los días en su teléfono”, explicó Dada, que señaló vídeos “cinematográficos” sobre pandillas o de Bukele aleccionando a soldados y policías “con iluminación de estudio”. 

“Si no fuera por el periodismo y organizaciones de derechos humanos, su propaganda no sería cuestionada”, explicó Dada, que ha sufrido personalmente hasta el espionaje con la tecnología israelí Pegasus en su móvil igual que buena parte del equipo de El Faro. “La búsqueda de la verdad se ha convertido en una actividad subversiva”. 

Acoso y espionaje

En febrero de 2020, nueve meses después de tomar posesión, Bukele entró en el Parlamento rodeado de soldados y policías armados y vestidos para el combate amenazó con disolverlo. El editorial de El Faro entonces se tituló “Maneras de dictador”, y Bukele lanzó una campaña contra el periódico, sus periodistas y sus anunciantes, que fue denunciada por organizaciones de derechos humanos y en el Congreso de Estados Unidos por demócratas y republicanos. El Faro siguió trabajando y reveló casos de corrupción mientras el acoso del Gobierno continuaba, también a través de las llamadas granjas de trols en redes.

El periódico tuvo que trasladar en 2023 la residencia de la empresa a Costa Rica, y poco a poco han tenido que salir del país reporteros objeto de amenazas de detención y otras represalias. Es una experiencia parecida a la de otros medios y otros periodistas en Nicaragua, Guatemala y Venezuela. 

Cuando todavía resistían en su país, los periodistas de El Faro empezaron a notar “gente rara” delante de sus casas, y la vigilancia llegó hasta un dron que entró por la ventana de la casa de Dada. Los móviles de más de una veintena de periodistas fueron hackeados durante más de un año con la tecnología Pegasus, de la empresa de defensa israelí NSO Group, contra la que El Faro tiene un proceso judicial todavía en curso. “Cuando lo hicimos público, perdimos la mayoría de nuestras fuentes, esenciales para la práctica del periodismo, y especialmente bajo regímenes autocráticos y opacos”, recordó Dada en su discurso en Oxford. “Fue la prueba definitiva de que el precio de practicar el periodismo había subido de manera significativa”.

El Faro sigue trabajando y publicando investigaciones, sobre los pactos de Bukele con las pandillas, las torturas en las cárceles o la erosión de la democracia.

Esto contrasta con lo que afirmó en referencia a estos asuntos hace sólo unos días en Madrid el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, en varias entrevistas en las que, según Dada, “estaba mintiendo” porque “era muy consciente de la evidencia”. El número dos de Bukele también se reunió con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Los abusos de los que habló Dada también los han documentado extensamente Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales.

El periodista salvadoreño reconoció los límites del trabajo periodístico en una sociedad que abraza el autoritarismo. “Aun así, lo que hacemos sigue mereciendo la pena. Aunque solo sea para dejar el testimonio a las generaciones futuras para que entiendan mejor qué demonios pasó en nuestros tiempos”, dijo Dada. “Así no quedarán las mentiras”. 

Combatir el problema de acceso a la vivienda, acabar con la pobreza infantil severa, reducir la brecha de género o disminuir la contaminación son algunos de los objetivos que recoge la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros.

Esta Nueva Estrategia, elaborada por el Ministerio de Derechos de Sociales, Consumo y Agenda 2030, está compuesta por 100 metas que tienen como fin reforzar el estado de bienestar y orientar las políticas públicas hacia una transición social, económica y medioambiental que garantice los derechos, la igualdad y la cohesión territorial, además de acelerar la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Entre los 10 principales objetivos de España para 2030 se encuentra la lucha contra la pobreza infantil, que se coloca como un eje clave de la nueva estrategia, en la que se incorpora como aspiración una prestación universal por crianza para que llegue a todas las familias con hijos menores a su cargo. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, alega que esta medida se ha aplicado en otros países, y que se trata de una herramienta eficaz. Desde el ministerio señalan que esta medida debe ir acompañada de un modelo fiscal redistributivo, progresivo y justo.

El objetivo de esta prestación es reducir la tasa de pobreza y exclusión social (AROPE) en un 10% en España, por debajo de la incidencia de la Unión Europea. Para lo que se priorizarán medidas dirigidas a familias monoparentales, el modelo más afectado por situaciones de pobreza. Con esta media, materializada en una prestación universal, el Gobierno busca erradicar la pobreza infantil más severa a corto plazo. 

La vivienda, un problema transversal

Este 2026 la crisis de la vivienda se agudizará con la subida de los precios del alquiler y la compra, tras alcanzar niveles récord durante el año 2025. Esta nueva Estrategia busca facilitar el acceso a la vivienda en los objetivos de España para 2030. Por este motivo, se pretende triplicar la inversión en vivienda con el propósito de alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social, destinando 7.000 millones de euros en los próximos 4 años.

Sostenibilidad y medioambiente

La despoblación es uno de los problemas que afecta a cientos de municipios en España. De los 8132 que hay en nuestro país, más de la mitad, en 4.975 viven menos de 1000 personas, y la población de los municipios más pequeños tiende a ser aún más envejecida. Entre los objetivos de esta nueva estrategia se encuentra reducir en un 5% la tasa de municipios que pierden población, y disminuir en un 32% las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La brecha de género 

Reducir la brecha salarial es otro de los objetivos para 2030, la nueva estrategia buscar diminuirla en un 10%, incluyendo una reducción del porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres para alcanzar el 55% respecto a los hombres, y producir un aumento de la tasa de actividad femenina del 5%.

En línea con la lucha por la igualdad de género y oportunidades, uno de los objetivos es aumentar en un 50% la proporción de personas con discapacidad que accedan y completen estudios superiores o formación técnica avanzada, con especial atención a las mujeres con discapacidad.

Colectivos vulnerables

Otro de los 10 objetivos de esta nueva Estrategia pone el foco en la visibilidad y la concienciación sobre los delitos y discursos de odio. Con esta propuesta se busca lograr que el 100% de los trámites de extranjería estén digitalizados, simplificados y unificado para reducir las resoluciones y, de esta forma, garantizar la posibilidad de atención presencial a aquellos que lo necesiten.

El abandono escolar es otro de los asuntos recogidos en esta Estrategia que pretende reducir la tasa de abandono escolar temprano al 9%, con especial atención a colectivos vulnerables como migrantes, población gitana o personas con discapacidad, entre otros. 

Podemos anunció este lunes un acuerdo con el Gobierno para llevar a cabo una regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular. La candidata del partido, Irene Montero, estimó que esta medida beneficiará a en torno a medio millón de personas, una cifra que también ofrece el Ejecutivo y que la situaría como la segunda mayor regularización extraordinaria de la democracia.

Las regularizaciones extraordinarias como esta son una práctica habitual en la gestión migratoria desde los años 80 en España. Desde el primer proceso, lanzado por el gobierno de Felipe González en 1986, el país ha aprobado un total de siete, tres de ellos durante los mandatos de González, dos durante los gobiernos de José María Aznar y uno en 2005, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Una ley para poner orden en Extranjería

La primera ocasión en la que se utilizó esta fórmula administrativa arranca durante el primer gobierno del Partido Socialista. En 1985 se aprobó la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros, publicada en el Boletín Oficial del Estado en julio de ese año, y que sentaba las bases sobre los derechos y deberes de las personas extranjeras en el país. La Constitución llevaba seis años y medio en vigor y esta norma ampliaba a los no nacidos en el territorio español los derechos y deberes fundamentales recogidos en su Título I.

Hasta entonces, España no había tenido una ley que diese forma a la situación de los extranjeros a excepción de un Real Decreto de 1852 aprobado durante el gobierno de Juan Bravo Murillo, del Partido Moderado. Esa norma, que obligaba a determinar por ley sus derechos, añadía a la legislación española el supuesto de las mujeres españolas casadas con extranjeros, la distinción entre “domiciliados y transeúntes”, es decir, entre extranjeros que pasaban por el país y aquellos arraigados en el territorio, y los derechos y obligaciones de los mismos.

Con la aprobación de la ley, se habilitó la posibilidad de regular la situación legal de aquellos “insuficientemente documentados” en un plazo de tres meses, que posteriormente tuvo que ser ampliado. La regularización de estas personas se permitía siempre que no estuviesen implicadas “en actividades contrarias al orden público o a la seguridad interior o exterior del Estado”, que no hubiesen sido condenadas “dentro o fuera de España” por delitos sancionados con más de un año de cárcel o que carecieran “de medios lícitos de vida”, o ejercieran la mendicidad o actividades ilegales. En total, se normalizó la situación administrativa de un total de 38.294 personas no nacidas en el país.

Las primeras regularizaciones extraordinarias

En junio de 1991, ya durante el tercer mandato gubernamental de Felipe González, el Gobierno de entonces utilizó un método diferente para llevar a cabo una primera regularización extraordinaria. Ya en diciembre de 1990, el debate sobre la situación irregular de inmigrantes en el país, que estaba generando “bolsas de marginación”, según afirmó el propio Ejecutivo ante el Congreso de los Diputados.

El Congreso aprobó después, en abril del 91, una proposición no de ley presentada de forma conjunta por los grupos parlamentarios del PSOE, del Partido Popular, el grupo catalán (Convergència i Unió), el CDS, el grupo vasco (PNV) y el grupo mixto y que instaba al Gobierno a adoptar medidas para “completar el proceso de regularización” que se había iniciado en 1985. La propuesta no tuvo el apoyo de los 17 diputados de Izquierda Unida, que apostaban por reformar la Ley de Extranjería.

Finalmente, y tras el apoyo mayoritario de las Cortes a esta propuesta, el Consejo de Ministros aprobó el 7 de junio de 1991 un acuerdo para la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular que estaban trabajando en España. La medida permitió regularizar su situación a aquellas personas extranjeras residentes en España desde antes de julio de 1985, o de aquellos que, hasta mayo de 1991, habían disfrutado de un permiso de trabajo y residencia en el país, tenían una oferta de empleo estable o habían realizado actividades lucrativas continuadas. Entre 1991 y 1992 se regularizó la situación de 114.423 migrantes.

En 1996, la situación de los inmigrantes sin papeles en el país no había quedado todavía resuelta, por lo que el Ejecutivo, que había puesto en marcha varias medidas relacionadas con las migraciones desde principios de los 90 como la modificación de la ley sobre asilo y refugio, la creación de la Comisión Interministerial de Extranjería, o de diversos programas de promoción e integración social que cristalizaron en el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes, llevó a cabo una reforma del Reglamento de ejecución de la ley aprobada en 1985.

Esta modificación, que ya inserta la norma en la legislación europea vigente, tras la entrada española en la Unión Europea y la ratificación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, establece en sus disposiciones adicionales el mecanismo para conceder documentación legal a quienes hubieran sido titulares de un permiso de residencia o de trabajo en alguna ocasión así como a sus familiares, siempre que hubieran residido en España con anterioridad al 1 de enero de ese año.

La norma, si bien fue aprobada mediante real decreto el 2 de febrero de 1996, todavía durante el último gobierno de Felipe González, no entraría en vigor hasta dos meses después. Apenas una semana después de su aprobación se convocaron elecciones anticipadas tras la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado presentada por Convergència i Unió, por lo que entraría en vigor ya con José María Aznar en La Moncloa, en abril de ese año. Se regularizó la situación de 21.294 inmigrantes.

Las regularizaciones masivas de Aznar

El siguiente proceso fue impulsado cuatro años después por el gobierno de José María Aznar en las últimas semanas de legislatura. El 11 de enero se aprobó una Ley Orgánica que regulaba los derechos y libertades de los extranjeros en España y que establecía, en su primera disposición transitoria, que el Gobierno aprobaría un procedimiento mediante Real Decreto para regularizar la situación de todos los extranjeros que se encontrasen en el país antes del 1 de junio de 1999 y que acreditasen haber solicitado permisos de residencia o trabajo en los últimos tres años o que lo hubieran obtenido.

Esta regularización extraordinaria fue la de mayor alcance hasta la fecha y recibió más de 244.000 solicitudes. En este caso, hubo una gran cantidad de peticiones rechazadas, más de 80.000, y en la segunda mitad del año 2000 se había normalizado la situación administrativa de 163.000 inmigrantes. Este número se ampliaría a lo largo de 2001 en 36.000 más tras revisarse de oficio estos expedientes.

Ese mismo año, el gobierno Aznar llevó a cabo un proceso extraordinario al que solo podían acogerse los ciudadanos ecuatorianos y que benefició a más de 20.000 personas, después de que 12 inmigrantes de Ecuador, que carecían de permisos de residencia y de trabajo, murieran en un accidente en Lorca (Región de Murcia) cuando un tren arrolló la furgoneta en la que se dirigían a su trabajo recolectando brócoli. Además de los 12 fallecidos, también resultaron heridos el conductor de la furgoneta y una niña de 13 años que también trabajaba en la plantación de Puerto Lumbreras.

Este proceso de regularización, el más amplio hasta el momento, fue superado apenas un año después, ya con el segundo gobierno de José María Aznar apoyado por el Partido Popular con mayoría absoluta en el Congreso. Se nombró como “regularización por arraigo” y proporcionó documentos a un total de 239.174 extranjeros en España, que tuvieron que demostrar que se encontraban en el país con anterioridad al 1 de enero de 2001 y acreditar su arraigo en el país. Para ello se aceptaban tanto contratos de empleo reales como potenciales, residencia regular en España o vínculos familiares con personas con permisos de residencia.

Finalmente, durante los dos gobiernos de Aznar se regularizó la situación de un total de 524.621 inmigrantes no comunitarios.

La gran “normalización” de Zapatero

Durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tras la vuelta de los socialistas al poder, se volvieron a superar las regularizaciones extraordinarias previas. Mediante un Real Decreto, aprobado en el último Consejo de Ministros del año 2004, el Gobierno sustituía el Reglamento de la Ley Orgánica que había sido impulsada por el gobierno de Aznar en el año 2000, incluyendo novedades respecto de la acogida de las personas que solicitaban asilo en España e iniciando un “proceso de normalización” de las personas inmigrantes residentes en España en situación irregular.

La norma establecía un plazo de tres meses para que los empleadores pudieran solicitar autorizaciones iniciales de residencia y trabajo para aquellas personas empadronadas durante más de seis meses desde su entrada en vigor, aquellos con contratos de trabajo vigentes de seis meses o más y 40 horas semanales. También se establecía un mecanismo para regularizar a las personas que realizasen trabajos en el ámbito del servicio doméstico.

Esta “normalización” generó un total de 691.655 solicitudes, la gran mayoría en la Comunidad de Madrid (171.321), Catalunya (139.480) o la Comunitat Valenciana (108.496), y de las que terminaron siendo aprobadas finalmente 576.506. La mayor cantidad de solicitudes correspondieron a ciudadanos de origen latinoamericano, especialmente ecuatorianos —se superaron las 120.000 solicitudes—, aunque también destacaron las solicitudes de personas de origen rumano o marroquí.

La iniciativa popular y el acuerdo con Podemos

Después de la pandemia de COVID-19, y tras las regularizaciones de inmigrantes indocumentados realizadas por países europeos como Italia o Portugal en los años 2020 y 2021, los colectivos sociales lanzaron una campaña de recogida de firmas con la intención de que se normalizase la situación de centenares de miles de migrantes en España. La campaña “¡Regularización YA!” logró recopilar desde diciembre de 2021 más de 700.000 firmas de ciudadanos españoles para impulsar una iniciativa legislativa popular y que fueron entregadas en el Congreso en diciembre de 2022.

La iniciativa ciudadana inició su recorrido parlamentario en 2023 en la Comisión de Empleo, Asuntos Sociales, Inclusión y Migración y los trabajos se extendieron a 2024 tras el adelanto electoral de julio del 23. Tras ello, la iniciativa legislativa quedó bloqueada en el Congreso por la negativa de los grupos de derecha, PP y Vox, a los que se sumaron los independentistas de Junts. Ante este bloqueo, esta semana se ha desbloqueado la situación tras un acuerdo del Gobierno con Podemos que permitirá evitar la vía parlamentaria.

A esta última regularización podrán acogerse tanto solicitantes de asilo que hayan registrado su petición como cualquier extranjero que pruebe haber vivido en España un mínimo de cinco meses hasta la fecha tope del 31 de diciembre de 2025. Tanto Podemos como el Ejecutivo calculan que la medida podría beneficiar a cerca de medio millón de personas que actualmente ya residen y trabajan en el país de forma irregular.

La organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional ha respaldado el caso de Rebeca y Laura desde que se supo que Women's Link había presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional representando a estas mujeres. Lo decidieron así porque vieron que la información periodística era “sólida” y que podría contener “un caso de presunta agresión sexual”.

Se sintieron concernidos, además, por la internacionalidad del caso, ya que Julio Iglesias emplea a trabajadoras del hogar en República Dominicana, Bahamas o España. “Era un caso muy importante para señalar esa cuestión de poder y arbitrariedad sobre mujeres víctimas y trabajadoras domésticas que Amnistía Internacional ha documentado en tantos países del mundo”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

¿Entienden que el caso de Rebeca y Laura no es un caso aislado?

Las trabajadoras domésticas sienten muchas veces que la casa es como un infierno. Eso lo hemos documentado en todo el mundo. El cuerpo de una mujer encerrada entre cuatro paredes está en una situación vulnerable, más si es una mujer racializada que tiene que aguantar todo para no perder su trabajo. Es algo que hemos visto en Arabia Saudí, en Qatar, en la comunidad venezolana, en Colombia, en el Líbano… En muchas partes del mundo. Este es un caso que responde a esos parámetros de violación de derechos humanos en que el empleador es el dueño de estas personas. Al ser el dueño, controla su contrato laboral, cuándo viajan, cómo hacer los trámites migratorios… El empleador sustituye al Estado y, por lo tanto, deja en una situación vulnerable a estas mujeres.

¿El trabajo doméstico interno es la esclavitud de las mujeres en el siglo XXI? 

En realidad, la trata es la esclavitud del siglo XXI. Esa trata se da en muchos ámbitos del trabajo doméstico. Lo hemos visto, por ejemplo, en mujeres keniatas yendo a Qatar, en Líbano, en muchos lugares.

¿Por qué podría aplicarse ese delito de trata en el caso concreto de Rebeca y Laura?

Hay un contexto de trata porque hay elementos que llevan a esas mujeres a tener que ir a un lugar en el que el empleador es el dueño y en el que no hay un marco legal que las proteja adecuadamente. Esta combinación de elementos puede dar lugar a ese crimen de derecho internacional que es la trata de seres humanos.

Las representantes de estas mujeres han acudido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para presentar una denuncia. ¿Qué piensa Amnistía Internacional sobre si la Audiencia Nacional es aquí competente para este caso?

Hechos tan graves tienen que ser investigados. La competencia es una discusión más jurídica que encanta a los abogados, pero aquí la cuestión fundamental es que los hechos tan graves que estas mujeres valientemente han planteado a la Fiscalía tienen que ser investigados. Al ser un español denunciado en varios lugares del mundo y en base a un posible crimen de derecho internacional como la trata, debería ser competente la Audiencia Nacional. La clave es la investigación de los hechos, llegar a un veredicto de inocencia o culpabilidad y al reconocimiento del dolor causado a estas personas.

En el caso de Rebeca y Laura hay un contexto de trata porque hay elementos que llevan a esas mujeres a tener que ir a un lugar en el que el empleador es el dueño y en el que no hay un marco legal que las proteja adecuadamente

¿Qué implicaciones tiene que la trata sea un delito internacional?

La trata es un crimen de derecho internacional. Está reconocido en múltiples convenios, como el Convenio de Palermo o el Convenio de Estambul, que protege los derechos de las mujeres, que son las principales víctimas de trata. Que sea un derecho internacional significa algo mucho más serio que la propia violación de derechos humanos. Es decir, es un crimen que compete a toda la humanidad y que cualquier juez en cualquier lugar del mundo puede investigar. Son indicios de hechos tan graves que puede llevar a una investigación internacional de cualquier tipo y que, además, hace que no prescriba hasta que haya una investigación clara de lo ocurrido. Es más que un delito, es más que una violación de derechos humanos. Es algo que compete a toda la humanidad.

¿Alguna valoración respecto a los otros delitos que sugieren las denunciantes?

Son delitos contra la libertad sexual, contra un trabajo digno. Son delitos muy graves y que marcan lo que Amnistía ha documentado durante tantos años en tantos casos de trabajadoras domésticas. Siempre se dan estos elementos, y se dan por el poder absoluto del empleador. En algunos casos, el empleador es un Estado y en otros casos es un individuo particular, pero, al final, es el empleador quien controla las vidas de estas personas, y dentro de las casas quiere controlar sus cuerpos. Este es el punto que se da en lo que denuncian estas dos mujeres, que valientemente lo que hacen es marcar la tendencia que Amnistía ha identificado en muchos países del mundo cuando se dan estas circunstancias.

Si se cerrara la vía judicial española, ¿qué cree que supondría para Rebeca y Laura, por ejemplo, que tuvieran que acudir a la Justicia de República Dominicana en lugar de la de España?

No debemos discutir ese escenario. El escenario es intentar que la investigación española de los juzgados de la Fiscalía, que tiene competencias, que tiene posibilidades, que creemos que tiene un ámbito legal importante, lo haga. Lo importante también es que no quede impune. La base es que haya una denuncia. Hay que investigar esos hechos, hay que investigar esas palabras, hay que tomar testimonio y hay que proteger a Laura y a Rebeca. Hay que ver que eso avance en España. Si no avanza, se plantearán otros escenarios, pero de momento el escenario que tenemos y donde hay una obligación del Estado de investigar es en España.

Hay que investigar esos hechos, hay que tomar testimonio y hay que proteger a Laura y a Rebeca

¿Cómo valora la situación de las trabajadoras en el hogar?

Las mujeres tienen sus derechos, el problema es que se los violan. Las mujeres son más vulnerables en el ámbito de políticas migratorias. Las trabajadoras agrícolas que a veces se enfrentan a explotación, las mujeres que trabajan en el ámbito textil haciendo camisetas o cosiendo y las trabajadoras domésticas son los tres sectores donde existe más riesgo de explotación laboral, agresión sexual y, a veces, trata de seres humanos.

¿Por qué está costando tanto que las empleadas de hogar accedan a derechos que sí que tienen en general el resto de trabajadores y trabajadoras?

La violencia de género se da fundamentalmente en el ámbito familiar, es decir, entre cuatro paredes. Ahí es donde pasan las peores pesadillas las mujeres víctimas de violencia de género. Las trabajadoras domésticas, además de ser víctimas de violencia de género y violencia sexual, están en las mismas cuatro paredes, pero sometidas al poder absoluto de sus empleadores. En buena parte del mundo, donde no hay leyes ni inspecciones ni prácticas que las protejan, están en solitario. A veces ni siquiera existen asociaciones o sindicatos que ayuden a proteger a las mujeres que son trabajadoras domésticas. Por eso hay mayor violación de derechos humanos.

Además, están las políticas migratorias, que favorecen el sistema de explotación de estas trabajadoras domésticas, que van de país en país. Son mujeres que van desde África a países de Oriente Medio o que huyen de una situación económica muy fuerte, como en Venezuela, y acaban en otro país. Por eso son un colectivo de millones de mujeres que están especialmente expuestas al poder del empleador, por la falta de leyes que las protejan y la falta de voluntad de los gobiernos para inspeccionar lo que está ocurriendo en esas cuatro paredes. 

¿Cree que el impacto de los testimonios, cuando se publican en un medio de comunicación como ha sido el caso de Rebeca y Laura, puede ayudar a avanzar en derechos?

Todas estas mujeres han sido muy valientes. La experiencia que tenemos en derechos humanos es que, muchas veces, las pioneras son las que hacen avanzarlos. Luego viene toda una parte de apoyo de la sociedad civil, del periodismo, de las organizaciones internacionales como Amnistía... pero, al final, todo esto depende de la voluntad de las que han sido víctimas de presuntos abusos a sus derechos. Son ellas las que tienen que dar el paso y sentirse apoyadas por las leyes, por la sociedad civil.

Los derechos humanos no son una cuestión ideológica. Si existe un presunto abuso contra una mujer en cualquier lugar del mundo, da igual si es de derechas o de izquierdas, tienes que creer que lo están denunciando porque ven vulnerados sus derechos. Esas son las pioneras, las que en otros lugares fueron Rosa Parks, las mujeres que hacen avanzar los derechos humanos. Pero al principio es muy complicado para ellas porque se enfrentan a estructuras de poder que las acusan, que intentan ilegitimarlas, desacreditarlas. Por eso necesitan el apoyo de la sociedad civil y ahora también el apoyo de las instituciones del Estado español para investigar lo ocurrido.

Aunque hay mucho apoyo, también escuchamos frases que se suelen decir a las víctimas de violencia sexual, como 'por qué hablan ahora' o 'por qué no denunciaron antes'. ¿Cómo se responde a este tipo de cuestionamientos? 

Es importante entender que los tiempos de las víctimasde presuntos abusos son muy determinados y dependen individualmente de cada persona. En el ámbito de la violencia sexual y de género juegan mucho los estereotipos, juega mucho la historia, juega mucho la falta de protección del Estado. Solo con mirar lo que ocurría en España en los años 70 se ve que la mujer era una persona sometida a su marido, una persona que no debía protestar por lo que ocurría en su casa. Y eso se ha ido construyendo como en un inconsciente colectivo. Pareciera que en el ámbito de violencia de género, la mujer tiene que probar que el agresor es el culpable. Pero cualquier delito lo tiene que probar la investigación, no las mujeres.

Si alguien me roba en mi casa, no tengo que demostrar que me robaron en mi casa, o tiene que investigar la policía, lo tiene que investigar la Fiscalía. Ese mismo criterio tenemos que aplicar en estos casos. No estemos tanto en desacreditar a las víctimas, en ponerlas en riesgo e intentar conseguir su identidad, como en ayudarlas a que investigue el Estado y llegue a una conclusión como en cualquier delito. Pareciera que estos delitos son menores porque se dan en el ámbito privado, cuando precisamente porque se dan en el ámbito privado son delitos de mayor envergadura y más graves.

¿Es habitual que las víctimas de violencia sexual tarden muchísimo tiempo en hablar?

Claro, porque se enfrentan a estereotipos. No quieren denunciar porque se enfrentan, encima de que han sido abusadas, al estereotipo de haber sido abusadas. Aquí, además, se enfrentan personas racializadas, personas sin recursos que necesitan el trabajo y que tienen que aguantar antes de denunciar. Eso requiere mucho tiempo. Si denuncian, además, temen que no van a encontrar otro trabajo. Las víctimas de violencia sexual, las víctimas de violencia de género, tienen ese problema añadido. Por eso es tan indignante que les pidamos los demás, que no somos el Estado, las pruebas y los papeles sobre la mesa. Es el Estado el que tiene que investigar, en este caso la Fiscalía, y llegar a una conclusión, pero no las propias mujeres, que encima han tomado la decisión valiente de denunciar. ¿Entonces para qué tenemos a la Fiscalía y para qué tenemos a la policía?

Si has vivido o tienes conocimiento de un hecho similar a los que aquí se cuentan, queremos escucharte. Mándanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp al número +34 646 35 35 34 o escríbenos un correo a pistas@eldiario.es. Trataremos tu testimonio con absoluta confidencialidad.

Los conflictos armados, así como la inestabilidad política y la crisis humanitaria derivadas de ellos, siguen configurando la razón principal por la cual los migrantes intentan alcanzar las costas del archipiélago balear a través de la ruta del Mediterráneo Occidental, más conocida como argelina. Esta travesía —una de las más peligrosas para alcanzar suelo europeo— se ha consolidado como el cruce migratorio más transitado para llegar a España, superando a la ruta atlántica hacia Canarias, así como a los trayectos desde el norte de Marruecos. La mayor parte de los cayucos llegan a Formentera y Eivissa, mientras que Mallorca representa el principal punto de redistribución de migrantes hacia el resto del territorio español.

El año pasado fallecieron 1.037 personas a través de esta ruta, según el informe Derecho a la vida (2025) de la organización Caminando Fronteras. Es decir, una de cada tres personas que perdieron la vida intentando alcanzar territorio español lo hicieron al atravesar la ruta argelina. Hasta el 15 de diciembre de 2025, un total de 3.090 migrantes murieron tras intentar llegar a España, muchos de ellos ahogados en el mar. De ellos, 437 eran menores y adolescentes y 192 mujeres.

Solo la ruta atlántica, hacia Canarias, fue más mortífera que la argelina: murieron 1.906 personas a través de esta vía. El estudio indica que ha habido un descenso del número de llegadas por esta vía —que sigue siendo la que más muertes causa— por la “intensificación de los mecanismos de control migratorio y por la externalización de fronteras hacia terceros países” y no debido a mejoras en las condiciones de vida de los ciudadanos de los países emisores.

A diferencia del archipiélago canario, que ha experimentado un notable descenso en la llegada de cayucos, en Balears ha habido un incremento del 24,5% en 2025, según datos del Ministerio del Interior. Así, han llegado 7.321 migrantes a través de la ruta argelina en 401 embarcaciones precarias, mientras que el año anterior, en 2024, fueron 5.882 las llegadas registradas. Además, recuperaron 57 cuerpos sin vida en aguas próximas al archipiélago.

Mientras que en Canarias ha habido un notable descenso en la llegada de cayucos, Balears ha experimentado un incremento del 24,5% en 2025

Este lunes, el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Govern, Manuel Pavón (PP), ha aprovechado para volver a criticar la política fronteriza del Gobierno de Pedro Sánchez y, en especial, del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Empieza 2026 como acabó 2025, con una nueva oleada de inmigración irregular”, ha dicho Pavón, tras la llegada de siete embarcaciones en los primeros días del año, con 147 personas a bordo. El Govern de Marga Prohens (PP) califica de “insostenible” la crisis de acogida y ha pedido en repetidas ocasiones al Gobierno que Balears sea “excluida del reparto de menores” no acompañados procedentes de Canarias.

“Obsesionarse con el control de fronteras es un fracaso”

Mauricio Valiente, director general de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), cree que son evitables. “Son una consecuencia directa de la falta de canales migratorios normalizados”, explica a elDiario.es y añade que las causas están en la proliferación de las guerras y conflictos armados. Los datos evidencian, según Valiente, que las políticas “obsesionadas” con el “control de fronteras” por parte de España y la UE han sido “un fracaso”.

Las muertes en el mar son una consecuencia directa de la falta de canales migratorios normalizados. Las políticas obsesionadas con el control de fronteras por parte de España y la UE son un fracaso

Mauricio Valiente — Director general de CEAR

La ruta argelina presenta características propias respecto a las otras rutas de la frontera occidental euroafricana. Principalmente, el perfil de procedencia: hay un alto número de personas procedentes de países del Cuerno de África, principalmente Somalia, pero también Sudán y Sudán del Sur. Somalia es un Estado fallido que vive una crisis humanitaria grave. Desde 1991, el Gobierno somalí mantiene un conflicto armado con el grupo yihadista Al Shabab y dos regiones separatistas. Una de ellas es Somalilandia, que es importante porque da acceso al Mar Rojo, punto estratégico fundamental para el comercio global.

Sudán, que está inmerso en una guerra civil desde el año 2023, vive una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de 13 millones de desplazados, según Médicos Sin Fronteras. Otra de las consecuencias ha sido el colapso de su sistema sanitario, así como la devastación de las redes de agua, electricidad y saneamiento. En Sudán del Sur, el acuerdo de paz alcanzado tras la guerra civil (2013-2018) se encuentra en un estado frágil debido a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte tanto de las fuerzas gubernamentales como de los grupos de la oposición, como advierte Amnistía Internacional.

A través de la ruta de Argelia vienen también personas procedentes de Somalia, Sudán y Sudán del Sur, tres países con graves condiciones vitales

“Hay que destacar la presencia de embarcaciones compuestas íntegramente por personas de estos países”, afirma el informe de Caminando Fronteras, en referencia a estos tres países. Pese a que la travesía ha sido utilizada principalmente por migrantes argelinos, la tendencia de los últimos años ha convertido Argelia en un territorio de tránsito para personas que llegan procedentes de África oriental y occidental, y del Sahel. Durante este trayecto es muy probable que sufran vulneraciones graves de los derechos humanos. En el caso del Sahel, se trata de un territorio que atraviesa diez países y 3 millones de kilómetros cuadrados. Epicentro global del yihadismo, es una de las regiones más inestables del planeta, donde en los últimos cinco años han triunfado seis golpes de Estado.

Pese a que buena parte de las personas que llegan a España desde estos territorios reúnen los requisitos para obtener el reconocimiento del estatus de refugiado, rara vez ocurre. “Es consecuencia de las políticas migratorias”, argumenta Valiente. El portavoz de CEAR recuerda que el 80% de los solicitantes de asilo proceden de América Latina. “Las relaciones que se mantienen con algunos países latinoamericanos permiten que la inmensa mayoría puedan llegar por vía aérea”, recuerda.

Por tanto, constituyen una minoría las personas de origen africano que solicitan asilo en España. “La percepción [contraria] tiene que ver con el impacto visual y mediático de las llegadas, con una repercusión mucho mayor que la de quienes llegan por vía aeroportuaria”, apunta Valiente. Por otro lado, existe un manual de reasentamiento de personas refugiadas, elaborado por ACNUR, que el Gobierno aplica fundamentalmente a ciudadanos procedentes de América Latina y Siria, pero no de África, afirma el experto.

Pese a que la travesía ha sido utilizada principalmente por migrantes argelinos, la tendencia de los últimos años ha convertido Argelia en un territorio de tránsito para personas que llegan procedentes de África oriental y occidental y del Sahel -epicentro global del yihadismo y una de las regiones más inestables del planeta-

Irene Graíño, técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia, explica a este diario que en el actual escenario, con un aumento de flujos migratorios procedentes de Somalia, Sudán y Sudán del Sur, es importante reiterar que “gran parte de las niñas, niños y adolescentes no acompañados son potenciales solicitantes de protección internacional”. Graíño desgrana, entre las razones fundamentales de este desplazamiento forzoso, las guerras y conflictos armados, la pobreza extrema o los desastres naturales. Además, lamenta que la infancia migrante está sometida a “múltiples violencias, entre ellas, violencia de género”, en el caso de las niñas y adolescentes.

En este sentido, la experta advierte que las devoluciones colectivas, como lo que ocurrió en Ceuta en 2021, son “totalmente contrarias a derecho”. Y en cuanto a las reagrupaciones familiares, “solo deberán realizarse siempre que sean en su interés superior”. Para garantizar su protección, en la misma línea que Valiente, reclama ampliar y activar “las vías legales y seguras para migrar, a fin de garantizar su derecho a migrar en condiciones seguras y dignas”. A juicio de Graíño, la redirección hacia estas políticas “evitaría numerosas muertes de niñas, niños y adolescentes que, cada año, se ven obligados a cruzar fronteras muy peligrosas”.

Finalmente, reclama identificar el perfil de cada menor para conocer si pudieran ser potenciales solicitantes de protección internacional con el objetivo de asegurar sus “necesidades específicas”. Entre otras coberturas básicas que habría que garantizar, cree que es urgente garantizar “un acceso efectivo a la atención en salud mental” porque “constituye una dimensión central en su proceso de acogida e inclusión”.

Falta de voluntad política

El informe de Caminando Fronteras se cuestiona si los naufragios en el mar, que han acabado con la vida de miles de personas, se podrían haber evitado. En su análisis, destaca que la ruta argelina, especialmente en la zona de Balears, sigue siendo “una de las regiones con mayor opacidad en relación con las búsquedas de personas desaparecidas en el mar”. Así, señala que los operativos de búsqueda se limitan a las áreas cercanas al territorio y que existe escasa cooperación entre los países que comparten las zonas SAR, es decir, de búsqueda y rescate.

Este es el motivo, según el informe, por el cual se ha encontrado un número tan elevado de personas fallecidas en las costas del archipiélago balear, muchas de las cuales “se habían ahogado poco tiempo antes de aparecer en la playa”. La ruta argelina atraviesa zonas SAR con responsabilidad compartida entre Argelia y España, aunque en algunos casos también podrían ser competencia de Marruecos o Francia.

El estudio de Caminando Fronteras se hace eco de la situación del pequeño cementerio de Formentera, un espacio lleno de tumbas sin nombre, de personas que han perdido la vida sin que sus familias sepan que ese ha sido su destino final, como informó este diario. En las lápidas se escribe la fecha de aparición del cadáver de cada cuerpo encontrado, como un acto de memoria para las víctimas. Mientras que la pitiusa del sur, así como Eivissa, representan los principales destinos de las pateras, Mallorca es el punto de redistribución hacia la península.

El cementerio de Formentera tiene un espacio lleno de tumbas sin nombre, de personas que han perdido la vida sin que sus familias sepan que ese ha sido su destino final

El aumento en la llegada de migrantes a las costas del archipiélago balear también muestra la falta de coordinación institucional para acoger a los menores. Las competencias en esta materia son de las comunidades autónomas, que en el caso balear fueron delegadas a los consells insulares. Sin embargo, no hay suficientes espacios y recursos habilitados, por lo que el Govern de Prohens (PP), presionado por Vox, ha priorizado el enfoque securitario y de control de fronteras que reclama al Gobierno, en lugar abordar la crisis desde una perspectiva de protección integral y de derechos humanos.

El Govern de Prohens (PP), presionado por Vox, ha priorizado el enfoque securitario y de control de fronteras que reclama al Gobierno, en lugar abordar la crisis desde una perspectiva de protección integral y de derechos humanos

Aun así, el Consell Insular d’Eivissa, donde gobierna el PP con mayoría absoluta, anunció el 27 de octubre de 2025 la inversión de 1,2 millones de euros con el objetivo de garantizar “la cobertura inmediata y adecuada” de la atención de los menores no acompañados que llegan a Eivissa.

Paralelamente, el Gobierno local pidió a la Delegación del Gobierno en Balears ampliar los trámites de repatriación —iniciados por la Fiscalía para siete menores argelinos— a los 77 menores argelinos que se encuentran bajo su tutela, pese a que la repatriación colectiva es ilegal, según la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo.

Las instituciones del archipiélago balear piden modificaciones en el sistema de reparto, que ha sido motivo de conflicto y disputa también en otras comunidades autónomas. En estos momentos, sigue en vigor el Decreto-ley 2/2025, que es la normativa que aprobó el Gobierno para la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes en situaciones de emergencia.

Quiénes se benefician

El informe señala que la política de control migratorio —también conocida como externalización de fronteras— genera un negocio de cientos de millones de euros. Esta financiación a terceros países, que tiene como objetivo frenar los flujos migratorios, también beneficia a otras muchas empresas, entre ellas al sector armamentístico global.

En Senegal existe un modelo de externalización basado en el incremento de interceptaciones marítimas, refuerzo de vigilancia costera y cooperación con Frontex (Agencia Europea de Guardia de Frontera y Costas). En el interior del país se producen detenciones de senegaleses con el pretexto de ser “potenciales migrantes”, sin que se respeten sus derechos civiles. 

En 2024, la UE destinó 30 millones de euros para políticas contra la migración irregular, adicionales al resto de presupuestos y se han proyectado otros 5,75 millones, por parte de la Comisión Europea, para el refuerzo de las fuerzas de seguridad senegalesas en materia de control migratorio. Además, hay una partida de la UE de 115 millones en diferentes materias, para los años 2025-2027, de la que no hay desglose.

En Marruecos, los controles fronterizos se intensifican sobre todo en Ceuta, Melilla y la ruta atlántica hacia Canarias. Hay campañas específicas de detención de migrantes subsaharianos, así como deportaciones internas, y se interceptan embarcaciones que conllevan la deportación de los migrantes. Las autoridades españolas y de la UE, a través de Frontex, cooperan con el régimen marroquí.

Con el objetivo de reforzar patrullas y sistemas de vigilancia, existe un paquete de 500 millones (2021-2027), más otros 80 millones adicionales anunciados por España en 2024. A la cooperación policial, el Gobierno ha destinado 30 millones de euros, lo que incluye donación de vehículos. En años anteriores (2021-2023) se gastaron 193 millones de euros para la “gestión migratoria, retornos voluntarios a Marruecos y control migratorio” en dicho periodo.

En Argelia, el sistema se basa en redadas en barrios de migrantes, detenciones masivas y expulsiones “en cadena” hacia Níger (con abandono en el desierto de Assamaka), sin garantías legales ni acceso a asilo. No existe financiación directa por parte de la UE que sea significativa, aunque el país participa en iniciativas que se desarrollan a través de diferentes organizaciones, programas y proyectos de cooperación regional financiados por la UE. Parte de esta cooperación se canaliza a través del instrumento europeo NDICI, especialmente en el ámbito de la cooperación policial, implementada por Interpol.

Estas políticas securitarias y de control de la frontera sur están motivadas, según Valiente, por la “obsesión” de detener los flujos migratorios. “La sobreactuación de la UE está motivada por la ola reaccionaria que atraviesa el continente, una deriva que resulta rentable para las fuerzas de extrema derecha”, argumenta el portavoz de CEAR. El experto cree que hay que exigir “mucho más” al Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia, para que “se oponga con claridad a esta tendencia”.

“Hemos sido muy críticos con la posición que ha mantenido el Gobierno respecto al Pacto Europeo de Migración y Asilo, aunque su apoyo se haya expresado de forma matizada”, indica y advierte que el principal beneficiario de esta “sobreactuación” es la extrema derecha. “Tiene resultados muy poco prácticos, incluso para los objetivos que dice perseguir”, asegura.

“No son eficaces”, insiste, y pone como ejemplo el Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni en Italia. “La creación de centros de detención en Albania es una medida que ha sido un auténtico ridículo por su inoperatividad, pero que sirve para construir una imagen de firmeza ante su electorado”, argumenta. El portavoz de CEAR lamenta que son políticas que se traducen en “recortes de derechos y libertades”, que sufren los migrantes tanto en sus países de origen como cuando emigran.

Las capitales españolas de Barcelona y Bilbao alcanzan la “excelencia” en inversión de Servicios Sociales, y otras dos, Badajoz y Toledo, se quedan “pobres” en este ámbito, según el último estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

El reciente estudio analiza, por undécimo año consecutivo, los presupuestos que dedican a la partida de Servicios Sociales y Promoción Social los 404 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en España, según recogen los datos correspondientes al Presupuesto liquidado del año 2024, que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal de servicios telemáticos.

Para ser considerados “excelentes” en este ámbito, Barcelona, Bilbao y otras 27 ciudades de al menos 20.000 habitantes presupuestaron más de 200 euros por habitante ese año, mientras que Badajoz, Toledo y otros 45 municipios consignaron menos de 63,89 euros, que representa el 60% de la mediana de gasto del conjunto de esos ayuntamientos, que se situó en 106,48 euros por habitante.

Pero se han tenido en cuenta otros criterios, entre ellos que el Gasto en Servicios Sociales y Promoción Social por habitante no se haya reducido respecto a la liquidación de 2023 y que represente al menos un 10% del Presupuesto Total No Financiero liquidado en 2024.

Para el conjunto de esas 404 localidades, la inversión total en Servicios Sociales superó los 4.261 millones de euros, un 6,2 % más que en 2023, y la mediana de gasto aumentó un 4,36 % hasta los 106,48 euros por habitante mencionados.

La mayoría de “excelentes” son andaluces

De los 27 municipios que llegan a la “excelencia” en inversión de Servicios Sociales, 18 son andaluces, crifas que se deben fundamentalmente según el informe a la incidencia económica que tiene el Servicio de Ayuda a Domicilio derivado del Sistema de la dependencia en sus cuentas públicas, y que en esta comunidad autónoma se presta en cooperación con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de ciudades mayores precisamente de los 20.000 habitantes.

Estos municipios son, por este orden: Isla Cristina, Alcalá la Real, San Roque, Baza, Morón de la Frontera, Ayamonte, Montilla, La Rinconada, Puente Genil, Palma del Río, Moguer, Linares, Antequera, Martos, La Línea de la Concepción, Almuñecar, Lucena y Jerez de la Frontera.

También figuran los casos catalanes de Barcelona y El Prat de Llobregat; los vascos Zarautz, Basauri y Bilbao; los valencianos La Vall d'Uixó, Quart de Poblet y Catarroja; y el balear Maó.

Por territorios, son 11 las comunidades autónomas cuyos municipios de más de 20.000 habitantes no alcanzan la mediana de gasto de 106,48 euros por persona, con Madrid en el último lugar (58,11 euros), por detrás de Extremadura (64,89 euros) y Cantabria (69,57 euros).

Tampoco llegan los de Murcia (81,70 euros), Baleares (87,01 euros) y Castilla-La Mancha (89,79 euros). Y se quedan muy cerca, aunque también por debajo, los de Navarra (101,02 euros), Galicia (102,28 euros), Comunidad Valenciana (104,07 euros), Canarias (106,05 euros) y Asturias (106,25 euros).

En cabeza por comunidades están el conjunto de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de País Vasco (164,03 euros por persona) y Andalucía (163,09 euros), por delante de los de Aragón (140,05 euros), La Rioja (122,70 euros), Castilla y León (118,61 euros) y Cataluña (116,38 euros).

Es media tarde y la oscuridad comienza a teñir cada una de las lápidas del cementerio de Palma. El silencio que a esas horas inunda la necrópolis se ve, de repente, interrumpido por los llantos y los rezos. Proceden del Jardí de l'islam, un discreto rincón donde las tumbas miran hacia La Meca. Son solo 39, apenas una isla dentro del monumental camposanto, para una comunidad de más de 30.000 fieles. En ese instante, una familia está dando sepultura a uno de los suyos. “Aquí no cabe nadie más”, se lamenta uno de los presentes mientras señala una hilera ya completa.

La comunidad musulmana lleva años reivindicando una ampliación que nunca llega a pesar de las promesas políticas. Pese a la sencillez del rito islámico (halal) -integrado por el ghusl (lavado ritual del cuerpo), el kafan (la mortaja), la inhumación en tierra y la orientación hacia la qibla -, la falta de instalaciones adecuadas -diluidas entre propuestas técnicas y expedientes que no avanzan- provoca que numerosas familias continúen enfrentándose a un dilema cuyo eco se extiende en municipios y ciudades de todo el país: ¿dónde enterrar a sus muertos cuando el espacio se agota o, directamente, no existe?

España cuenta con unos 2,5 millones de ciudadanos musulmanes, de acuerdo a las cifras del Observatorio Andalusí y la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE). De todos ellos, el 44% son españoles (convertidos o nacionalizados), el 37%, marroquíes y el resto, pakistaníes, senegaleses y argelinos, principalmente. Sin embargo, la infraestructura funeraria -al igual que otras prestaciones básicas- no ha acompañado al incremento de personas que profesan el islam: el 95% de las comunidades islámicas no cuentan con cementerio o almacbara y cinco autonomías -Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura- no disponen de terreno alguno para ello.

“El Estado asume que los musulmanes, al igual que las otras confesiones minoritarias con arraigo en España, tienen derecho a ser enterrados en los cementerios municipales y que los mismos ayuntamientos deben adecuar una parte de ellos al rito musulmán, pero esto no acaba de desarrollarse”, señala el secretario general y representante legal de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), Francisco Jiménez. En total, apenas existen 35 camposantos o parcelas habilitadas donde se puede practicar un entierro de acuerdo a la tradición musulmada entre los más de 17.800 cementerios repartidos por todo el país. Sin embargo, los espacios existentes están saturados o las ordenanzas únicamente permiten inhumar a personas empadronadas en ese municipio, dificultando aún más el acceso a quienes viven cerca, pero no están inscritos oficialmente allí. 

Apenas existen 35 camposantos o parcelas habilitadas donde se puede practicar un entierro conforme al rito islámico entre los más de 17.800 cementerios repartidos por todo el país

“Estamos en un limbo”

En el caso de Balears, aunque comparte problemas comunes con otras comunidades, el problema se vive de forma especialmente dolorosa. Tan solo cuenta con una parcela oficial, el Jardí de l'islam, para todo el territorio: no existe ningún terreno habilitado en Menorca, Eivissa o Formentera, lo que, en la práctica, sitúa al archipiélago en una posición similar a las regiones en las que no hay ningún cementerio musulmán.

Desde su impulso hace 16 años, en este pequeño rincón ubicado en uno de los ángulos del cementerio de Palma, la saturación del espacio es un problema recurrente. “Siempre está lleno y cada vez que hay un difunto se habilita una de las tumbas, lo cual significa que, posiblemente, cada vez que alguien es enterrado sacan un cuerpo para hacer espacio al nuevo”, comenta Nur Bió, miembro del centro cultural islámico An-Nour. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Palma para confirmar este y otros extremos, pero desde el Consistorio eluden hacer declaraciones al respecto.

Siempre está lleno y cada vez que hay un difunto se habilita una de las tumbas, lo cual significa que, posiblemente, cada vez que alguien es enterrado sacan un cuerpo para hacer espacio al nuevo

Nur Bió — Miembro del centro cultural islámico An-Nou

Bió no oculta su indignación: “Estamos hablando de ciudadanos que viven, pagan impuestos y mueren aquí. Quizás en estos momentos sea algo antielectoral, pero queremos que se nos conceda lo que nos es un derecho fundamental a la comunidad musulmana. Estamos en un limbo en el que la gente sigue naciendo y sigue muriendo, pero seguimos siendo ciudadanos de una ciudad donde no se nos entierra”, expresa.

Abderrahim, representante de la Lliga Musulmana de Balears, señala en esta misma línea que, en las islas, hay numerosos ciudadanos que, debido a las dificultades que encuentran para enterrar a sus familiares, están comprando espacios en Valencia o en Murcia para poder darles sepultura “porque allí hay más facilidades”. Explica, además, que, ante la falta de espacio en el Jardí de l’Islam y los elevados costes de repatriación, hay mezquitas que suplen con redes de apoyo comunitario la falta de respuesta institucional. Entre tales prácticas, desde hace años se organizan colectas entre los fieles para ayudar a las familias que no pueden asumir los gastos de un entierro o un traslado.

A nivel estatal, organizaciones como UCIDE y plataformas como Entierro Digno -nacida en octubre de 2024 para reclamar la creación de lugares de sepultura para las personas musulmanas- coinciden en subrayar que, más allá de la Constitución Española y de las normativas que promueven la libertad religiosa, la habilitación de espacios adecuados para estos enterramientos está reconocida por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que fue aprobado el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, pionero en Europa, pero sin desarrollo práctico en muchos territorios.

En este sentido, algunas de las reivindicaciones específicas pasan por modificar la normativa funeraria para que se puedan llevar a cabo enterramiento sin féretro, la rehabilitación de los cementerios musulmanes construidos durante la Guerra Civil y la habilitación de parcelas en municipios en los que, pese al volumen de población musulmana existente, no cuentan con un camposanto propio.

Se trata de un déficit que obliga a cientos de familias a elegir entre enterrar a sus fallecidos a cientos de kilómetros de distancia, repatriar cuerpos a sus países de origen -con un coste que puede superar los 5.000 euros- o, en el peor de los casos, que el difunto permanezca días en cámaras frigoríficas a la espera de una solución adecuada.

Las familias tienen tres opciones: enterrar a sus fallecidos a cientos de kilómetros de distancia, repatriar cuerpos a sus países de origen o que el difunto permanezca días en cámaras frigoríficas a la espera de una solución

La necesidad de este tipo de espacios se hizo aún más acuciante con la pandemia de la COVID y el incremento del número de fallecimientos y aún más visible tras la muerte del presidente de la Comisión Islámica de España (CIE) y de UCIDE Riay Tatary, el 6 de abril de 2020, tras dos semanas ingresado en el hospital madrileño de La Paz. Unos días después, se publicaba un informe inédito -y crucial- sobre la situación de los cementerios para los musulmanes elaborado por Mohamed Ajana Elouafi, secretario de la CIE, en el que abordaba los desafíos para dar sepultura conforme al rito halal en un momento crítico como el de entonces.

Bloqueo político

En Mallorca, el Jardí de l'islam fue impulsado en 2009 tras años de reivindicaciones de la comunidad musulmana. Hasta aquel momento no existía en todo el archipiélago ninguna parcela donde realizar enterramientos conforme al rito islámico, pero la muerte de Abdelhadi Chabli, un argelino residente en Mallorca que había expresado su deseo de ser enterrado en la isla y cuyo cuerpo tuvo que ser finalmente repatriado, supuso un punto de inflexión. El malestar generado y la cobertura del caso -impulsada por un periodista amigo del fallecido- activaron un movimiento social que presionó para habilitar un espacio específico dentro del camposanto palmesano.

El Jardí de l'Islam nació así como una solución provisional, pero, pese a sus problemas recurrentes de saturación, nunca ha llegado a ampliarse. Lo que en 2009 se planteó como un primer paso para garantizar un derecho básico se ha convertido, 16 años después, en un espacio saturado que ya no puede asumir más entierros y que simboliza la falta de planificación funeraria hacia la comunidad musulmana.

El Jardí de l'Islam nació como una solución provisional, pero, pese a sus problemas recurrentes de saturación, nunca ha llegado a ampliarse. Lo que en 2009 se planteó como un primer paso para garantizar un derecho básico se ha convertido, 15 años después, en un espacio saturado que ya no puede asumir más entierros y que simboliza la falta de planificación funeraria hacia la comunidad musulmana

Jiménez reconoce su frustración por el bloqueo político. Cada cambio de gobierno ha significado “empezar de cero”, incluso cuando las ampliaciones estaban ya negociadas, como sucedió en la pasada legislatura, cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Podemos. En este sentido, recrimina que, en el actual mandato, con PP y Vox al frente del Consistorio palmesano, las cuestiones relativas a la libertad religiosa se conviertan en una batalla partidista. “La ultraderecha ha creado un ambiente que ya se había superado y el PP juega mucho con eso. ¿Por qué? Porque ve que le da votos”, asevera.

Por su parte, Nur Bió, quien también es secretario de una de las mezquitas de Palma, explica que la comunidad lleva un año y medio reclamando al Ayuntamiento la habilitación de, como mínimo, 22 nuevas tumbas como paso previo a una ampliación más consistente. Se trata de un compromiso anunciado públicamente, pero, lamenta Bió, no materializado: “Ni las 22 tumbas ni la ampliación se han visto por ningún lado”. Según sus cálculos, serían necesarias unas 120 tumbas para la población musulmana de Palma. En esta línea, critica que no se está ofreciendo a las familias la posibilidad de mantener a sus difuntos en la tumba original, pese a que la ley exige respetar un mínimo de cinco años antes de llevar a cabo cualquier exhumación.

La realidad económica: repatriar o endeudarse

Las familias con menos recursos sufren especialmente esta situación. Según Bió, cuando alguien fallece “lo ponen dos días en la nevera y empiezan a buscar dinero por todos los lados” para repatriarlo y los seguros privados, que “muchas veces prometen cubrir repatriaciones, tampoco les ayudan”, señala. El coste mínimo para trasladar un cuerpo depende de factores como el país de destino, el transporte aéreo, el ataúd homologado y los permisos sanitarios y administrativos, lo que, según fuentes del sector, puede ascender a más de 7.000 euros, unas cifras inasumibles para muchas familias. Una situación que, como afirma Maissoun Alhalabi, ciudadana siria residente en Mallorca, provoca auténticos dramas: cuerpos que permanecen días sin destino y familias que no pueden cumplir los ritos básicos de su religión.

“Nos vemos obligados a tener seguro privado, porque cualquier persona que no lo tiene sufre mucho para poder ahorrar dinero. No todo el mundo puede hacerlo”, incide Maissoun. En su caso, contrató un seguro “porque había muchas dificultades para entrar a Siria”. “Yo me quedo más tranquila”, afirma.

Tanto Bió como Jiménez subrayan que el rito funerario musulmán no exige infraestructuras costosas: solo requiere orientación hacia La Meca, entierro en tierra y, preferentemente, sin féretro. Aunque la normativa española obliga a usar ataúd, la comunidad lo acepta como solución adaptada. “No necesitamos nada especial”, insiste Bió. “Solo es hacerlo de otra manera”, añade. Jiménez, por su parte, subraya que incluso podrían optimizarse algunos aspectos técnicos, como dividir las tumbas para permitir dos enterramientos por unidad y diseñar féretros verticales acordes a la tradición. “Las tumbas se desaprovechan. Tenemos un problema de espacio, pero tampoco nos dejan buscar soluciones”, enfatiza.

El coste de trasladar un cuerpo a otro país puede ascender a más de 7.000 euros. 'Nos vemos obligados a tener seguro privado, porque cualquier persona que no lo tiene sufre mucho para poder ahorrar dinero', comenta Maissoun Alhalabi, ciudadana siria residente en Mallorca

Cartagena, el precedente judicial

Mientras en Palma el estancamiento continúa, otras ciudades han experimentado ciertos avances o enfrentado conflictos que ejemplifican la situación en la que se encuentran los musulmanes en España. El caso más reciente es el de Cartagena (Murcia), donde un juzgado, mediante una sentencia dictada el pasado mes de junio, obligó al Ayuntamiento a habilitar un área para enterramientos conforme al rito islámico y de acuerdo a la normativa sanitaria vigente tras años de reclamaciones ignoradas. El fallo marcó un precedente importante en este sentido, al reconocer que la inacción administrativa puede suponer una vulneración de derechos fundamentales en materia religiosa. La Justicia atendía así la demanda interpuesta por la comunidad local, que cuenta con cerca de 30.000 fieles. Un mes después, Madrid anunciaba la habilitación de una parcela de 15.000 metros cuadrados en el cementerio sur de Carabanchel, pero con límites y soluciones intermedias. 

En paralelo, la asociación Entierro Digno, una de las plataformas más activas en la denuncia de la falta de espacios funerarios para la comunidad musulmana en España, ha impulsado el documental Descansa en Paz, una pieza que pone rostro y voz a las familias que se ven obligadas a repatriar a sus seres queridos o a enterrarlos a cientos de kilómetros por la ausencia de parcelas adecuadas en sus municipios. La filmación recoge testimonios que explican el impacto emocional y económico de estas situaciones, así como la angustia añadida que supone no poder cumplir los ritos funerarios islámicos en un momento de duelo. “En España, miles de familias musulmanas no saben dónde podrán despedir a los suyos”, subrayan desde la entidad.

Descansa en Paz se ha convertido en una herramienta clave que, a través de entrevistas, imágenes de cementerios saturados y datos sobre la desigual implantación de espacios musulmanes en el territorio español, evidencia una realidad que durante años ha permanecido invisible para gran parte de la sociedad. El documental se nutre, asimismo, de “decisiones municipales, aciertos, obstáculos y la realidad de un proceso que casi nunca se explica, pero marca a una familia para siempre”, como señalan desde Entierro Digno, liderada por Mayson Douas.

En Palma, el Jardí de l'Islam -un rectángulo diminuto en un colosal camposanto- revela la magnitud del problema: falta planificación y una política funeraria que tenga en cuenta la diversidad real de la población española. Las lápidas, alineadas en silencio, parecen reforzar este argumento. Cada una de ellas cuenta una historia y recuerda una vida mientras, más allá de los muros del camposanto. Las asociaciones y las familias buscan que su problemática forme parte de la agenda institucional. “No queremos privilegios, queremos igualdad”, sentencian.

La victoria en el Mundial de Fútbol de 2023 por parte de la selección femenina española quedó empañada por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. Ese hecho, que mediatizó el ambiente de lo que debería haber sido un momento exclusivo de celebración y exaltación, no impidió que los ciudadanos mostraran un alto grado de satisfacción con el logro de la Copa del Mundo y un elevado respaldo a las reclamaciones por parte de las jugadoras, que se declararon en huelga, para mejorar sus condiciones laborales y los recursos deportivos en los que desarrollar su profesión.

Sin embargo, un estudio sociológico liderado por investigadores de la Universidad de Córdoba (UCO) demuestra ahora que en el mínimo porcentaje de personas que se mostraron poco o nada satisfechas con la victoria y en contra de la mejora de las condiciones laborales de las mujeres futbolistas sobresalen aquellos votantes alineados con la derecha y extrema derecha.

La investigación, publicada en ‘Frontiers in Sports and Active Living’, concluye que solo un 41% de los votantes de Vox apoyan las reivindicaciones de estas deportistas, frente al 90% de apoyo que expresan los votantes del PSOE y Sumar. Los resultados se repiten a la hora de mostrar el nivel de satisfacción por el éxito deportivo: un 56% de los votantes de Vox muestran esta satisfacción frente al casi 100% que expresan los encuestados alineados con formaciones políticas de izquierda.

Un resultado “contraintuitivo” con la edad

Sara Pasadas, socióloga de la UCO e integrante del equipo de investigadores que ha realizado el estudio, señala que los resultados parten de los datos del barómetro de octubre de 2023 llevado a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas. “Nos hemos dado cuenta de que las mujeres, indistintamente de su ideología, apoyan más a la selección frente a los hombres”, adelanta.

La encuesta, realizada a 4.029 personas, muestra que el 79% respondió sentirse muy satisfecho o bastante satisfecho con la victoria del mundial por parte de la selección femenina, frente a un 9,7% que respondió poco o nada satisfecho. También preguntaron si se deberían mejorar sus condiciones laborales y recursos deportivos, tales como instalaciones y equipo técnico. En este caso, el 84% se decantó por el sí frente a un 8,6% que respondió que no.

El estudio, firmado por Pasadas junto a David Moscoso y Rodrigo Ramis de la UCO, y Manuel Trujillo, del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC, también atestigua un resultado que estos expertos tildan de “contraintuitivo”. Así lo explica Pasadas: “Aunque pudiéramos pensar que la gente más joven está más concienciada en la lucha por la igualdad, hemos observado que el apoyo a la selección aumenta según la edad”.

Rubiales marca el contexto

La socióloga recalca que el beso no consentido del entonces presidente de la Real Federación de Fútbol de España (RFEF) a la capitana de la selección marcó el contexto de la encuesta. “Eso pudo polarizar mucho las respuestas. Si repitiéramos ahora las preguntas, quizá obtendríamos otro resultado porque ahora, años después, no es tan notorio el elemento de la reivindicación feminista”, explica.

Moscoso, sociólogo del deporte con más de 25 años de experiencia, afirma que “este clima reaccionario contra el deporte femenino viene causado por la percepción de que cuestiona la jerarquía establecida en las estructuras patriarcales”. Él fue el encargado de redactar la denuncia contra Rubiales a petición de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por aquella acción que después fue penada como un delito de agresión sexual.

Meses antes ya había realizado para el Ministerio de Igualdad otro estudio sobre la equidad de género en el deporte. En aquella ocasión, una jugadora española de relevancia internacional se manifestó sobre el papel transformador del fútbol femenino para lograr victorias en el ámbito de la igualdad de género: “Hemos estado metidas en una olla a presión que ya está estallando. Creo que ya hay que dar posibilidades, hay que dar medios, hay que invertir en el deporte femenino. Cuando empecé a trabajar en este mundo, me di cuenta y me dije: ”Al final somos unas privilegiadas“. Dentro del fútbol femenino sabemos que estamos un paso por delante de muchos deportes y al final tenemos que ser tractor de todo el deporte femenino para seguir avanzando”.

Los votantes asumen el discurso de sus partidos

Este sociólogo de la UCO que también forma parte del equipo de investigación, recuerda, de cara a los resultados del barómetro, que el votante de Vox está predispuesto negativamente hacia el fútbol femenino. “Contextualmente, la postura de Vox se destacó por apoyar al agresor, Rubiales, y reforzar la estigmatización de las jugadoras, a las que infantilizaron”, añade.

Las palabras exactas de Santiago Abascal, líder de Vox, en aquellos días fueron estas: “Con sentido común se puede distinguir lo que es una grosería o mala educación de lo que es un delito”. De esta forma, aludía a un “falso feminismo” ante las acusaciones que se produjeron tras la entrega de medallas en la final de la Copa del Mundo, comenta el mismo Moscoso, también catedrático de Sociología del Deporte en la UCO.

Así pues, los discursos de los líderes políticos de cada partido acaban calando en sus simpatizantes, quienes los asumen por adscripción o afinidad simbólica o emocional. Para Moscoso, estos datos ponen sobre la mesa el hecho de que el deporte femenino y su recepción social pueden estar fuertemente condicionados por el debate político. Tal y como interpreta, “este clima reaccionario contra el deporte femenino viene provocado por ese miedo a que cambie la jerarquía patriarcal, por eso emergen estos discursos antifeministas canalizados a través de algunos medios y redes sociales”.

El deporte como reflejo de la sociedad

Estudios de este tipo permiten atestiguar con datos cómo la polarización política en la sociedad española también encuentra un reflejo en todos aquellos asuntos relacionados con el género y la lucha por la igualdad, añade Pasadas. “Uno pensaría que en el deporte, y más en una competición de tan alto nivel, no tendría que verse esa polarización, pero no es así. Aquí también se dio la batalla cultural en torno al feminismo y el antifeminismo”, sostiene.

Moscoso, por su parte, considera que acontecimientos como la victoria del mundial y la agresión de Rubiales a Hermoso generan conciencia, al igual que lo hacen las posturas de los diversos partidos políticos ante estos hechos. “Los sociólogos siempre decimos que el deporte es el reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Si en el fútbol hay machismo y desigualdad, es porque lo hay en la sociedad. Por tanto, también puede ser un buen espacio para luchar por la igualdad, ya que el deporte tiene un afecto multiplicador”, concluye.

Santa Eugènia es un pequeño municipio del interior de Mallorca con algo más de dos mil habitantes, rodeado de campos de viñedos y caminos rurales. Vive al margen del turismo, algo poco habitual en la isla. Esa apariencia tranquila contrasta con una realidad inquietante: al recorrer el centro del pueblo, es posible observar decenas de dispositivos de videovigilancia instalados a baja altura en farolas, postes de alumbrado y fachadas, orientados hacia calles, plazas e, incluso, terrazas de bares.

Han sido los propios trabajadores y vecinos del pueblo quienes, en los últimos años, han alertado de la proliferación de cámaras. elDiario.es ha podido localizar sobre el terreno más de medio centenar de dispositivos activos y visibles, muchos de ellos sin señalización, que conforman un sistema de vigilancia sin precedentes en un municipio de estas dimensiones. El despliegue se habría llevado a cabo de forma paulatina y sin constar en expedientes públicos, lo que sugiere una expansión silenciosa y sin control administrativo.

Sorprende que todas las calles y accesos a Santa Eugènia estén bajo vigilancia constante, según ha podido comprobar elDiario.es tras su recorrido por el municipio. Otro detalle significativo es que las terrazas de los tres bares del pueblo —Can Topa, S'Estació i L'Escargot— también se encuentran videovigiladas, con cámaras apuntando directamente a las mesas y zonas de reunión. En apenas cuatro calles —carrer Major, carrer Bisbe Sastre, carrer de S’Aljub, carrer de Ses Escoles y carrer de l’Església— hay 25 cámaras.

Los dispositivos se alimentan directamente de la red de alumbrado público. Por otra parte, muchos de ellos carecen de cualquier cartel de señalización que advierta de su presencia y los pocos que lo exhiben resultan estar completamente obsoletos: remiten a leyes derogadas, omiten la identificación de la Policía Local como destinataria de las imágenes y no especifican el plazo de conservación, entre otras informaciones relevantes.

El alcalde y su 'ventana indiscreta'

Según fuentes solventes y conocedoras del sistema, el alcalde tendría acceso directo a las grabaciones desde su ordenador personal, un extremo que el primer edil ha negado tajantemente. Esas mismas voces apuntan que la infraestructura permitiría la visualización multipantalla en tiempo real, aunque solo un análisis forense de sus equipos podría determinar si esta función está activa y si también se ha habilitado la captación de audio. De confirmarse, los terminales que permiten visualizar las imágenes no estarían bajo la custodia exclusiva de la Policía Local, como exige la ley.

Las 50 cámaras ilegales instaladas en Santa Eugènia

Polideportivo

Camí llogaret de Ses Alqueries

Antiguo punt verd

ses Coves - Sta. María

ses Alqueríes

Llogaret de Ses Coves

Plaça d,es Puget

Bares

Nuevo punt verd

Zona escuela

Sineu - Algaida

Camí llogaret de Ses Olleries

FUENTE: ALBERTO FRAILE

Las 50 cámaras ilegales instaladas

en Santa Eugènia

Polideportivo

Camí llogaret de Ses Alqueries

Antiguo punt verd

ses Coves - Sta. María

ses Alqueríes

Plaça d,es

Puget

Llogaret de Ses Coves

Bares

Nuevo punt verd

Zona escuela

Sineu - Algaida

Camí llogaret de Ses Olleries

FUENTE: ALBERTO FRAILE

Todo apunta a que la red de videovigilancia desplegada en el corazón de Mallorca opera de forma claramente desproporcionada, hasta el punto de haber convertido este pequeño municipio en uno de los lugares más vigilados de Europa. Según las comparaciones disponibles, la densidad de cámaras en esta localidad es excepcional incluso a escala internacional. Con un mínimo 50 terminales para poco más de 2.000 habitantes, el municipio alcanza una ratio aproximada de 21 por cada mil vecinos. En Madrid la cifra ronda las 4,4, en Londres, 13, en Moscú, 19 y en Seúl, 24, según el estudio The World’s Most Surveilled Cities, publicado por Comparitech en 2023.

El Ayuntamiento: “Las cámaras están fuera de servicio”

El Ayuntamiento, dirigido por el socialista Pep Lluís Urraca, rechazó en un primer momento hacer declaraciones y remitió cualquier respuesta a la empresa GrupoX3, con la que tiene contratado el servicio de delegado de protección de datos. Tras la publicación del artículo, Urraca ha afirmado a elDiario.es que solo la Policía Local tiene acceso a las cámaras y que él sólo las visualiza en el caso de que tenga que firmar informes donde, por ejemplo, se afirme que en el Punto Verde “se han tirado residuos donde no toca”. El primer edil asegura que son una medida disuasoria en un municipio que solo cuenta con dos agentes de Policía Local y que los ciudadanos “pueden estar tranquilos” porque las imágenes se borran periódicamente.

Urraca afirma que, cuando llegó al Consistorio tras el gobierno del PP, había más de una veintena de cámaras instaladas, que todas actualmente están fuera de servicio, que “siempre se ponen a petición de Policía Local” y que, en el caso de que apunten a bares, están pixeladas. Añade que la inmensa mayoría de dispositivos son de tráfico y que otros están en zonas donde hay aglomeraciones y flujo de gente por fiestas o tardeos. Asimismo, aclara que han sido pagados con una subvención del Govern, es decir, que no han costado dinero público del Consistorio.

Delegación del Gobierno no las ha autorizado

El Consell de Mallorca ha aclarado a elDiario.es que esta institución no tiene ninguna cámara en el casco urbano del pueblo. Por su parte, Delegación del Gobierno ha confirmado a este medio que no consta ninguna autorización ni supervisión sobre el sistema de videovigilancia de Santa Eugènia en los últimos ocho años. “No hemos tenido ninguna solicitud de renovación ni de instalación de cámaras del Ayuntamiento”, señalan desde el organismo.

La Ley Orgánica 4/1997, que regula el uso de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en espacios públicos, establece que la instalación de cámaras fijas requiere autorización de Delegación del Gobierno. La validación depende del informe previo de la Comisión de Garantías, presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears y compuesta por el fiscal superior, la Abogacía del Estado y un representante del Ministerio del Interior. Los ayuntamientos deben presentar la solicitud con informes policiales que justifiquen la necesidad; la comisión evalúa y el delegado del Gobierno resuelve.

La aprobación en 2021 de una nueva ley de prevención de infracciones penales abrió el debate sobre si esta norma dejaba sin efecto la regulación de 1997. En territorios como Balears, la interpretación jurídica fue que la ley de 2021 sustituía a la anterior, lo que trasladó la competencia a los ayuntamientos. “El juicio de proporcionalidad correspondía al Consistorio y no era necesario pasar por Delegación”, explican las mismas fuentes.

En febrero de 2025, la Abogacía del Estado aclara en un informe que la ley de 1997 sigue vigente y que la instalación de cámaras fijas continúa dependiendo de la validación de Delegación del Gobierno. Tras esa conclusión, el organismo en las Illes Balears comunica en agosto a los ayuntamientos que todas las cámaras instaladas entre 2021 y 2025 deben ser regularizadas. “Cuando se aprueba en pleno o por decreto de alcaldía la instalación de cámaras, la autorización dura un año. Al vencer ese plazo, tienen que pedir renovación”, recuerdan desde Delegación.

Un mes después, el Ayuntamiento de Santa Eugènia envió un correo electrónico para preguntar cómo podían adecuar las cámaras. “Dijeron que remitirían un informe, pero lo que llega es una nota informativa. Es un documento que cita normativas y lista ubicaciones con una justificación mínima. Les explicamos que eso no puede sostener la renovación de cámaras fijas y detallamos cómo deben proceder, con ejemplos de otros ayuntamientos. Desde entonces, no hemos recibido más comunicaciones ni han presentado nada al registro”, señalan las mismas fuentes.

Urraca confirma este extremo: “Enviamos un informe a Delegación del Gobierno y nos respondieron que teníamos que matizar ciertos aspectos del documento que no eran correctos. Desde agosto las cámaras están paradas. La Policía Local ha hecho un informe interno”. Sin embargo, el alcalde no puede especificar cuántas cámaras están instaladas en el municipio. Sobre la falta de peticiones de renovación a Delegación de Gobierno antes de 2021 –las cámaras tienen que ser renovadas cada año–, el primer edil afirma que no tiene “conocimiento ni argumentos”.

Sin concurso público

La contratación de la empresa encargada de la instalación de las cámaras ha sido realizada sin que conste concurso público. En el Portal de Transparencia municipal no figura ninguna referencia a licitaciones, contratos o resoluciones relacionadas con la red de videovigilancia ni con sus costes de instalación o mantenimiento. Aunque no se han hecho públicos los costes oficiales, fuentes del sector estiman que cada dispositivo tendría un precio aproximado de 1.600 euros, en función del proveedor y las características técnicas del modelo.

En este caso, solo consta un acuerdo oficial —aprobado el 8 de enero de 2020 en el pleno municipal— relativo a la instalación de tres cámaras de tráfico con fines de control de acceso y seguridad vial. Desde entonces no se ha registrado ninguna mención a la ampliación del sistema. Tampoco figuran contratos ni adjudicaciones en el Portal de Transparencia que justifiquen la expansión de la red.

Las actas del pleno no recogen debates sobre la instalación, supervisión o ampliación del modelo municipal de control audiovisual, ni informes técnicos o jurídicos que avalen su funcionamiento. Esta ausencia de deliberación política y administrativa contrasta con la dimensión del despliegue, que se extiende por prácticamente todo el núcleo urbano. Sobre la falta de contratos en el Portal de Transparencia, Urraca señala: “Cuando ha hecho falta una cámara, se ha hecho un informe de necesidad y se ha comprado”.

“No es un cheque en blanco”

La legislación española en materia de captación de imágenes por parte de las administraciones públicas es clara y restrictiva. Cualquier ayuntamiento que desee colocar cámaras en la vía pública debe obtener autorización previa del delegado del Gobierno. La norma obliga a justificar la necesidad del sistema, su proporcionalidad y su impacto sobre los derechos fundamentales. Ningún punto de vigilancia puede activarse sin ese permiso expreso y con un fin debidamente acreditado.

El procedimiento legal exige, además, varios pasos previos: la elaboración de un informe técnico por parte de la Policía Local, un dictamen jurídico municipal que respalde la legalidad del tratamiento de imágenes y la evaluación de la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Balears, encargada de verificar que el proyecto respeta la intimidad de las personas y los principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Solo tras completar esas fases puede emitirse la autorización administrativa y proceder a la instalación.

Elena Gil, abogada de derecho digital, fundadora de Data Guardians abogados, aclara que, incluso en aquellas cámaras en las que no existe grabación y solo se permite el visionado en tiempo real, los dispositivos están sometidos a la normativa de protección de datos. “La autorización de Delegación del Gobierno tiene una duración de un año y se va renovando, no es un cheque en blanco”, añade. La abogada aclara que estas cámaras deben estar instaladas en espacios públicos y que no están pensadas para “grabar sonidos”.

Una vez instaladas, los ayuntamientos deben contar con ciertas obligaciones documentales, en las cuales deben “analizar” y “dejar por escrito cuál es el riesgo que se pretende cubrir y cuál es el impacto”. “Las cámaras en la calle suelen tratar datos a gran escala y ser una observación sistemática. Esto hace que sean especialmente sensibles y, por ello, tienen que estar especialmente justificados los motivos por los que tú quieres llenar un sitio de cámaras. Además, las zonas videovigiladas tienen que estar marcadas”, explica Gil.

¿Qué pasa después con esta grabación? Según la experta, las imágenes deben ser suprimidas en el plazo de un mes, salvo que las autoridades tengan constancia de que existe un hecho en concreto que necesite ser vigilado o supervisado. En este caso, es posible aumentar la duración, pero “con la única finalidad de la vigilancia y únicamente para el envío a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a jueces y tribunales”.

Poder político y control digital

Pep Lluís Urraca (Madrid, 1969) representa a una nueva generación de alcaldes socialistas en la Part Forana de Mallorca. En 2015 se incorporó al Ayuntamiento de Santa Eugènia como concejal del PSOE y, cuatro años después, se convirtió en el primer alcalde socialista del municipio gracias a un pacto con la agrupación local FEIM-Santa Eugènia.

En 2023 obtuvo mayoría absoluta —con seis regidores frente a tres del PP— y fue investido alcalde por segunda vez, ya sin necesidad de pactos. Desde marzo de 2025 compagina la alcaldía con la Secretaría de Política Municipal del PSIB-PSOE, un cargo que lo sitúa en la dirección autonómica del partido, muy próximo al entorno de Francina Armengol.

“Es una red desproporcionada”

En base a la información publicada por elDiario.es, la abogada Gil observa “una desproporción” en el pueblo y apunta que “no se han seguido los mecanismos para autorizar las cámaras y considerar que son proporcionales y justas”. Además, apunta que los dispositivos tienen que estar señalizados y que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene modelos de carteles.

Más allá del caso concreto de este municipio, Gil lamenta que los ciudadanos puedan llegan a aceptar una “vigilancia masiva”: “Es un problema que se va agravando poco a poco. Empezamos a normalizar estar vigilados en distintos ámbitos, tanto por empresas como por el Estado, lo cual atenta a todo tipo de principios. Debemos tener muchísimo cuidado con generalizar este tipo de prácticas”.

Dos activistas climáticos del grupo Futuro Vegetal y un periodista que los acompañaba serán juzgados por una acción de protesta en el aeropuerto de Barajas de julio de 2023, según han confirmado fuentes de la defensa legal.

El juez los ha citado este 20 de noviembre por un presunto delito “leve” de daños, dicen las mismas fuentes, tras “desestimar” otros supuestos más graves como contra la seguridad aérea y desórdenes públicos “que la policía buscaba achacarles”, insisten desde el grupo ecologista.

La acción tuvo lugar el 21 de julio de 2023 cuando esta pareja pegó sus manos a una de las pisas del aeropuerto en una sentada junto a un cartel que decía: “Un pueblo unido funciona sin partido”. Hasta ese punto se desplazaron los bomberos para despegar a los manifestantes lo que impidió el uso de esa pista durante dos horas, según contaron los agentes de policía. No impideron el despegue o aterrizaje de aviones.

El periodista que acompañará a Futuro Vegetal en el baquillo cubría la acción en un caso que recuerda al de las informadoras a las que se les abrió una causa tras cubrir otra de las protestas de Futuro Vegetal, en esa ocasión, en el Museo de El Prado. La jueza terminó por archivar el asunto.

Antes de esta procedimiento penal, los activistas del grupo ya recibieron una sanción administrativa por parte de Aena de 90.000 euros cada uno por las mismas acciones.

En un viaje del presidente de EEUU en el Air Force One, una periodista le pregunta sobre la designación de Antifa como organización terrorista. “¿De qué medio eres?”, inquiere él. NPR (National Public Radio), dice ella, tras lo cual Trump pregunta burlón a su secretaria de prensa: “¿Todavía están aquí?”. La periodista insiste en su pregunta sobre Antifa. Él sonríe: “¿Tienen algo que ver con tu medio?”. 

El desprecio de Trump por el periodismo forma parte de su marca personal, pero no es una característica singular. La extrema derecha encuentra en los medios de comunicación en general –y los públicos en particular– un enemigo al que combatir con todas las estrategias posibles: desde el ataque y la descalificación verbal hasta los castigos económicos, de la censura ejercida a través de leyes y órganos de control a la apropiación de esos medios públicos para convertirlos en simples canales de difusión de su discurso.

“Por su apego a la tradición, a principios religiosos, al statu quo, los partidos de derechas se han colocado contra los ámbitos capaces de instalar la duda, el cuestionamiento y la crítica”, explica Micaela Cuesta, coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Entre estos enemigos históricos –la intelectualidad, la ciencia, el arte– emerge la figura de los comunicadores, “la referencia más visible en la tarea de objetar injusticias, ofrecer alternativas y habilitar otros puntos de vista”, señala Cuesta.

No es casualidad que figuras como Javier Milei, Viktor Orbán, Giorgia Meloni, Marine Le Pen o el propio Santiago Abascal en España pongan a la prensa constantemente en la diana: “Atacarla supone, por un lado, deslegitimar a uno de los agentes clave en la democratización de los saberes y, por otro, disciplinar a todo aquel que ose disputar sentidos que pongan en riesgo sus valores”, resume la experta.

¿Y por qué poner el foco en los medios públicos? “Porque es una forma de sembrar la desorientación, la falta de referencias, el descreimiento en el valor epistémico de la opinión pública”, dice Cuesta. Y de reconocer la información como un derecho. “La ultraderecha, aliada hoy de un ecosistema tecnológico hipermediatizado, ofrece argumentos simples, chivos expiatorios, narrativas conspiranoicas…”, todo lo contrario de lo que representan los medios de comunicación entendidos como un servicio público. 

La posición de la ultraderecha española encaja de lleno en esta estrategia de descrédito: por un lado, señalar el gasto que supone y cuestionar el servicio público; y por otro, las acusaciones de manipulaciones y sesgos. En la última comisión de RTVE en el Congreso, el diputado de Vox resumió así su plan si llegan al Gobierno: “Solo tendremos una duda, y es si entramos con motosierra o con lanzallamas”.

De hecho, si los ataques a la prensa vienen de lejos, lo que ha cambiado es la ferocidad de la agresión, que desoye las limitaciones y equilibrios del juego democrático. Además, las nuevas derechas radicales no solo operan –muy eficientemente– a nivel local, sino que tienen una proyección globalista, como muestra el reciente caso de la BBC, que ha sufrido la dimisión de sus dos líderes editoriales después de las críticas de la Casa Blanca a una información relacionada con el asalto al Capitolio y el papel de Donald Trump ese día. 

Reino Unido: ataque a un referente periodístico

El de la BBC es un caso único por su alcance internacional y sus detalladas reglas sobre autonomía e imparcialidad: es el medio en que más confía el público en el Reino Unido y en Estados Unidos.  

Su papel en la vida pública es tal que hasta las voces de la extrema derecha dependen de la radiotelevisión pública. Nigel Farage, el líder del partido de extrema derecha Reform, es uno de los políticos más entrevistados pese a su mínima representación parlamentaria, e incluso era tertuliano habitual de la cadena. Ahora Farage apoya los ataques de Trump y hace campaña contra el canon que pagan los televidentes a la BBC para su financiación. 

El Partido Conservador no se ha atrevido a una propuesta tan explícita, pero ha empujado las críticas en la Cámara de los Comunes y dentro de la propia corporación pública por lo que llama sesgos de izquierdas en la cobertura de la guerra de Gaza, los derechos trans, la historia del colonialismo o las elecciones de Estados Unidos. 

Trump frente a los “monstruos”

Son “monstruos”, son la “izquierda radical” que “tanto daño ha hecho” a Estados Unidos. Así hablaba el presidente de EEUU, Donald Trump, de la televisión y la radio públicas, PBS y NPR, al poco de regresar a la Casa Blanca. Y no solo eso. Además de los insultos, Trump llegó con un recorte de 1.100 millones de dólares que ha dejado a ambas empresas en mínimos y amenazando la existencia de 330 emisoras asociadas locales de PBS y 246 de NPR. 

Además, Trump ha ordenado grandes recortes a Voice of America, la veterana emisora de radio, símbolo de la Segunda Guerra Mundial que se mantuvo durante la Guerra Fría para trasladar los mensajes de EEUU. En marzo, firmó un decreto que instaba a la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales a reducir sus “funciones legales y el personal asociado al mínimo indispensable por ley”. Un día después, Voice of America dejó de emitir por primera vez en 83 años y suspendió temporalmente a casi todos sus empleados a tiempo completo.

Milei, privatizaciones y las 'fuerzas del cielo'

La motosierra de Javier Milei se activó contra la prensa pública ni bien llegó a la Casa Rosada. El primer mensaje fue contundente: cerrar la agencia pública de noticias argentina, Télam, fundada en 1945 y la más importante de América latina. Más de 300 despidos y un mantra: “La gente no odia lo suficiente a los periodistas”. Los comunicadores se han convertido en una fijación para el presidente. “Milei tiene una especie de ejército en el mundo digital a las órdenes de Santiago Caputo (una de las personas con más influencia en el mandatario). Hay una parte más orgánica dentro de la Casa de Gobierno, pero lo más fuerte es la parte inorgánica, lo que ellos llaman 'las fuerzas del cielo', que son diferentes tuiteros, un streaming que se llama Carajo y también el señalado como 'documentalista' de Milei, Santiago Oria, que se dedican a escrachar a ciertos periodistas”, explica María O'Donnell, conductora de uno de los programas de radio más escuchados y blanco frecuente de estas campañas de desprestigio, muchas veces alimentadas con vídeos falsos creados con IA.

En cuanto a la televisión y la radio públicas, su destino desde el principio fue la privatización, dificultada hasta ahora por la falta de mayorías de La Libertad Avanza en el Congreso, pero que puede tomar un nuevo impulso a partir de la victoria en las pasadas legislativas. Los trabajadores de estos entes públicos se quejan del congelamiento de sus salarios y de censura. A cambio, nutre con la publicidad oficial que tanto denostó en campaña a medios ultras como La Derecha Diario, del español Javier Negre. En septiembre el presidente se indignó con su entonces portavoz y hoy jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por permitir que se emitiera un programa sobre el derecho al aborto en el canal público. Adorni compaginaba su puesto con un programa de Youtube en el que se encargaba de desmentir supuestos bulos de la oposición.

Italia y su ‘Telemeloni’

Desde que la ultraderechista Giorgia Meloni asumió el poder en 2022, asociaciones periodísticas denuncian la creciente intromisión de su ejecutivo sobre la RAI, en una pugna para obtener mayor influencia ideológica sobre la radiotelevisión pública. ‘Telemeloni’ es el término que hoy usan muchos críticos para referirse a la cadena. 

Este año Italia bajó tres puestos en el informe sobre libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, y la injerencia política sobre los medios públicos es una de las causas.

Periodistas de RAI hicieron un día de huelga tras cancelarse la retransmisión de un monólogo antifascista del escritor Antonio Scurati

El principal sindicato de periodistas del canal, Usigrai, ha acusado al Ejecutivo de usar la cadena como “megáfono” o correa de transmisión de las posturas del Gobierno. Y también de acallar voces críticas o incluso censurar contenidos por cuestiones ideológicas. En 2024, gran parte de periodistas de RAI hicieron un día de huelga tras cancelarse la retransmisión de un monólogo antifascista del escritor Antonio Scurati para el día de conmemoración de la liberación del fascismo. 

El mes pasado estalló una bomba en el coche del periodista de investigación Sigfrido Ranucci. El director del programa Report, de la RAI, llevaba tiempo denunciando intentos de deslegitimación con duras críticas públicas, querellas judiciales o la reducción de tiempo de emisión de uno de los pocos espacios que indaga sobre corrupción, mafia o escándalos que implican al poder político.

Francia: la tele pública en la diana

En Francia, una información publicada por un medio de extrema derecha llamado L’Incorrect ha servido de disparador para una nueva campaña del entramado mediático del millonario Vincent Bolloré contra la radio y la televisión pública, a las que tacha de “ideologizadas” y “woke”.

En concreto, se trataba de un vídeo en el que se veía a los periodistas de opinión Thomas Legrand y Patrick Cohen, colaboradores habituales en France TV y en la matinal de la radio France Inter, en un restaurante comiendo con dirigentes del Partido Socialista. El periódico JDD, la radio Europe 1 y, sobre todo, la cadena de televisión CNEWS llenaron horas de antena y publicaron decenas de artículos. El presentador estrella de CNEWS, Pascal Praud, reivindicó las críticas como parte de una “batalla cultural”.

Marine Le Pen y su partido aprovecharon para reiterar su propuesta de desmantelar el ente público: “Su privatización permitiría a los franceses ahorrar 4.000 millones de euros al año”, lanzó la líder de Agrupación Nacional.

Su principal aliado en la Asamblea, Éric Ciotti, ha impulsado una comisión de investigación parlamentaria “sobre la neutralidad, el funcionamiento y la financiación del sector audiovisual público”, que comenzará en los próximos días.

Alemania: Alice contra el cánon

Los medios públicos también han sido uno de los blancos de la ultraderechista Alternativa para Alemania, a la que los sondeos de intención de voto sitúan ahora como primera fuerza. Algunos de sus dirigentes utilizan el término Staatsfunk (radiodifusión estatal) para sugerir que son órganos de propaganda del gobierno y los partidos tradicionales.

La líder ultra Alice Weidel ha acusado a las televisiones ARD y ZDF de sesgo contra su partido. “Son campañas mediáticas con dinero de los contribuyentes alemanes contra AfD”, afirmó tras los malos resultados en las elecciones en Brandeburgo, el año pasado. Lo dijo, irónicamente, en una entrevista con ARD. 

Pero los ataques no se ciñen al plano discursivo. Una de las propuestas centrales del partido ultra es la eliminación del canon (que se conoce como Rundfunkbeitrag) que debe pagar cada vivienda para financiar el servicio público de radiotelevisión –actualmente de 18,36 euros al mes–. “Este aparato, estrechamente vinculado a los partidos establecidos en términos estructurales, personales y financieros, utiliza este poder de forma selectiva para influir en la opinión pública, llegando incluso a la manipulación (...) Debe reformarse profundamente, racionalizarse y desideologizarse”, reza el programa.

Polonia: la herencia ultra que no se borra

Los medios públicos se convirtieron en uno de los primeros objetivos del partido polaco Ley y Justicia (PiS) nada más llegar al poder. En 2016 se aprobó una ley que otorgó al Gobierno el control sobre la radio y la televisión públicas, y se creó el Consejo Nacional de Medios (RMN), que se sumó al ya existente organismo regulador de los medios (Consejo Nacional de Radiodifusión, KRRiT), que a su vez se llenó de fieles al partido ultraconservador. 

La televisión pública TVP tradicionalmente se había inclinado hacia el partido en el poder, pero el PiS fue mucho más allá. Los informativos actuaron como altavoces del Gobierno, en ocasiones de manera descarada. Años después, un presentador llegó a disculparse con las personas LGTBI por el papel “vergonzoso” del canal en la difusión de “palabras de odio” contra el colectivo. 

La huella del control ultra era tal que en 2023 el primer ministro liberal Donald Tusk puso en marcha una –también criticada– “limpieza”. Y acaba de presentar un proyecto de ley para “garantizar la despolitización de los medios públicos”. Pero la realidad es que, dos años después del cambio de Gobierno, el KRRiT continúa alineado con el ultraderechista PiS. 

Hungría: compra medios y controlarás la información

Los 15 años en el poder del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán han transformado el panorama mediático húngaro: según Reporteros Sin Fronteras, gracias a maniobras políticas y económicas, y a la compra por parte de oligarcas con vínculos con el partido gobernante Fidesz, este controla el 80% de los medios. Así puede “moldear el discurso” y ejercer “presión sobre los medios no alineados con el Gobierno”, dice en su último informe el Instituto Reuters. 

Poco después de que Fidesz llegara al poder en 2010, aprobó una legislación que recayó en un nuevo organismo de control: el Consejo de Medios, nombrado por un Parlamento de mayoría ultra. Se fusionaron todos los medios públicos en una sola corporación, con numerosos despidos –incluidas purgas de periodistas críticos–. 

El resultado es una auténtica maquinaria propagandística gubernamental. Por ejemplo, antes de la victoria del Fidesz en las elecciones de 2018, periodistas de MTVA contaron cómo la cadena se centró en noticias negativas e incluso mentiras sobre refugiados e inmigrantes, vinculándolos con la delincuencia y el terrorismo, en línea con la retórica xenófoba del Gobierno. 

El sindicato CGT vio vulnerado su derecho a la reunión, reconocido constitucionalmente, el pasado 15 de octubre tras haberse modificado el itinerario de una manifestación en Castelló contra el genocidio en Gaza sin cumplir con el plazo mínimo establecido por ley. Así concluye la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), que ha estimado un recurso del sindicato ácrata contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Castelló que modificó el trayecto el día antes de la marcha convocada, a pesar de que una ley orgánica establece un plazo de 72 horas.

CGT consideraba que se había vulnerado su derecho de reunión contemplado en el artículo 21 de la Constitución Española. Al no haber cumplido la Subdelegación del Gobierno con el plazo que impone la norma en caso de modificación del itinerario de una marcha.

La Fiscalía reconoció que concurría la extemporaneidad alegada por CGT mientras que la Abogacía del Estado argüía que la manifestación ya se había celebrado, por lo que el sindicato carecería, a su juicio, de interés legítimo.

El sindicato libertario comunicó la manifestación —“con motivo del genocidio sobre el pueblo palestino”, recuerda la sentencia— el 4 de octubre. Tres días después, la Subdelegación del Gobierno en Castelló solicitó un informe sobre las posibles “alteraciones del orden público” de la marcha. Y el 8 de octubre, el comisario jefe de la Policía Local de Castelló propuso en un informe una “ubicación alternativa” al final previsto inicialmente (el Carrefour de la avenida del Mar).

El informe, que daba un criterio desfavorable, también reseñaba la coincidencia de la manifestación, a su paso por la plaza de María Agustina, con otro evento, lo cual “tendría una grave afección a la movilidad de la zona centro de la ciudad”.

Por su parte, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso del TSJ-CV avala el interés legítimo del sindicato y argumenta que éste “pervive” a pesar de que ya se hubiera celebrado la marcha.

La sentencia acredita que la Subdelegación del Gobierno dictó la resolución apenas 24 horas antes de la fecha de la convocatoria (y no 72 horas).

“También debe mencionarse que esta forma de actuar de la Subdelegación del Gobierno tuvo consecuencias en la actuación judicial, puesto que no se ha tenido tiempo suficiente para pronunciarnos con anterioridad a la citada fecha”, afirma el fallo.

La sentencia del alto tribunal autonómico concluye que hubo una infracción del plazo y que se vulneró el derecho de reunión del sindicato CGT. El TSJ-CV estima el recurso, revoca la resolución e impone unas costas procesales por un importe máximo de 500 euros.