La amenaza se cierne sobre el Mediterráneo, donde el desarrollo del litoral, la contaminación y el cambio climático destruyen las praderas submarinas, cruciales para la salud del planeta. En Balears, el crecimiento de la población y la saturación turística ejercen presión sobre un territorio insular incapaz de soportar la explotación de recursos naturales y la ocupación marítima, y donde el fondeo ilegal de barcos agrava el problema. Es una valoración compartida por la Fundación Cleanwave, que, según su director general, Ali Vahlhaus, lidera desde Mallorca la zona de restauración pasiva y activa de aguas someras más grande de España. La entidad, que reclama más inversión privada, acaba de implementar un modelo validado científica y legalmente por expertos independientes para la recuperación de las 75 hectáreas de la bahía de Portocolom, al sureste de la isla.

En 2022 lanzaron el proyecto MedGardens con tres iniciativas piloto en Sant Elm, Formentor y Portocolom para evaluar varias técnicas de replantación de Posidonia (seagrass) y Cystoseira (seaweed). En 2024 ampliaron la actuación de Portocolom para cubrir toda la bahía. Su reto es recuperar un total de ocho bahías baleares hasta 2030, sumando una extensión de mil hectáreas. Pero para abordarlo necesitan fondos y por eso han importado un sistema basado en créditos de biodiversidad. “Es un modelo que puso en marcha en 2024 SeaTrees, una entidad sin ánimo de lucro que ha colaborado con nosotros en nuestras actuaciones en Mallorca”, expone Vahlhaus. La organización puso a la venta sus primeros bloques para un proyecto en Kenia. “Los mercados de biodiversidad son tan recientes que SeaTrees ha decidido retirar todos los bloques en nombre de los compradores para eliminar cualquier mecanismo de inversión con fines de lucro. Esto convierte todas las compras en donaciones benéficas”, indican en su web.

En el caso balear, se busca que los socios o patrocinadores aporten 3,5 euros para la restauración de cada metro cuadrado. “La validación aborda un reto de apoyo continuado para las empresas, especialmente en el sector turístico, que han dudado en financiar proyectos de conservación marina debido a la falta de verificación por parte de terceros, de una gobernanza responsable y de un impacto medible”, agrega Line Hadsbjerg, cofundadora y presidenta de Cleanwave. “Nuestro modelo ha sido aprobado por un equipo independiente integrado por dos biólogos marinos y un jurista y es extrapolable a la actuación en todo el Mediterráneo”, apunta Vahlhaus.

La posidonia, el pulmón del Mediterráneo

De momento, la Fundación ha abordado la recuperación activa con la siembra de 1.600 metros cuadrados con alga Cystoseira, de la que ha sobrevivido el 80%. Este organismo necesita una buena calidad del agua para desarrollarse, así que la buena noticia es que la bahía de Portocolom aún se encuentra en buenas condiciones medioambientales. Plantar posidonia, esa planta acuática endémica famosa por su alto valor ecológico, es menos rentable porque su desarrollo es muy lento. “Se ha perdido un 30% de posidonia en una década y crece muy despacio: entre dos y siete centímetros al año. Es decir, cada metro cuadrado que arrastra un anclaje, tarda muchas décadas en regenerarse”, explica el director. Así que es mejor protegerla. “Por eso trabajamos también la concienciación”, añade.

Se ha perdido un 30% de posidonia en una década y crece muy despacio: entre dos y siete milímetros al año. Es decir, cada metro cuadrado que arrastra un anclaje, tarda muchas décadas en regenerarse

Ali Vahlhaus — Director general de la Fundación Cleanwave

La posidonia, amenazada, forma auténticos pilares ecológicos: almacena carbono en grandes cantidades, sirve de refugio y zona de alimentación a cientos de especies y amortigua la erosión costera. Algunos estudios hablan de 12.000 kilómetros cuadrados de posidonia en aguas someras en el Mediterráneo hace una década, con una pérdida de un 34% respecto a medio siglo antes. La cifra aumentaría a unos 25.000 kilómetros cuadrados en zonas más profundas. El archipiélago balear tiene un área ocupada por posidonia de 592 kilómetros cuadrados entre 0 y 35 metros de profundidad, según un estudio de 2023, la gran mayoría ubicados en Mallorca.

Contaminación del mar

La credibilidad es fundamental para conseguir apoyos. Por ello Cleanwave ha trabajado en colaboración con la empresa que ha creado Landler, una aplicación que se presenta como la primera plataforma que “mide, gestiona, monetiza e informa sobre el valor económico de la naturaleza”. Así se ha desarrollado un gemelo digital de la zona submarina sometida a regeneración en Mallorca. “El 8 de junio, coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, lanzaremos esta iniciativa inmersiva, que hemos bautizado como ‘Window into the Sea’ (Ventana al Mar) y que creemos fundamental para la credibilidad porque permitirá a la comunidad sumergirse en los ecosistemas donde actuamos y observar a tiempo real su evolución”, cuenta Vahlhaus. 

La recuperación también implica la concienciación para la reducción del consumo de plásticos, que se ha convertido en un grave problema medioambiental. “Se estima que cada día se consumen en Baleares 1,5 millones de botellas de plástico y el 80% de ellas acaba en el Mediterráneo en forma de microplásticos, que a su vez entran en la cadena alimentaria de los animales marinos y de los seres humanos”, explica Elena Jaume, responsable de Soluciones Sostenibles de Cleanwave. Por eso una de las acciones que realizan, y que comparten otras organizaciones ecologistas de las islas, es un programa educativo con escolares y la limpieza de playas con la participación de ciudadanos, entre ellos niños y jóvenes. 

También la Fundación Mallorca Preservation, que precisamente dio apoyo financiero al proyecto MedGarden en su fase de Formentor, se ocupa de la recogida de basura en la costa. Esta entidad ha publicado un informe detallado a partir de muestreo de residuos en todo el archipiélago balear, que por primera vez cuantifica la basura bajo el mar. “El estudio se ha centrado exclusivamente en los residuos que se encuentran depositados en el fondo marino, es decir, aquellos que han sedimentado. Esto implica que no se han tenido en cuenta los residuos que permanecen flotando o en suspensión en la columna de agua, con mayor movilidad en la masa de agua”, explica Carla Alfonso, una de las coordinadoras del proyecto.

Mallorca registró los valores de contaminación más altos, con una densidad crítica de 2,59 objetos por cada 100 metros cuadrados en primavera. “En cuanto al tipo de residuos, en las cuatro islas predominan claramente los plásticos, sobre todo objetos de fibra de vidrio, fragmentos y artículos de plástico duro”, explican desde la entidad. La investigación, desarrollada a lo largo de 2025, también evidencia el origen de los residuos, que vincula mayoritariamente con la navegación (35,5%), el turismo y la hostelería (32,2%). Greenpeace también ha publicado un informe demoledor sobre la destrucción de la costa española, destacando la construcción desmedida, mucha ligada al turismo, y que Balears continúa liderando las matriculaciones de embarcaciones de recreo.

“La conservación marina hoy implica asumir que estamos gestionando un equilibrio muy frágil. Sabemos cuáles son muchas de las presiones que afectan al mar, como puede verse en el estudio de residuos marinos, pero el verdadero reto está en actuar a tiempo y, sobre todo, en sostener esas decisiones en el largo plazo”, señala Ana Riera, directora de Mallorca Preservation. La urgencia existe para que los mares y océanos no se conviertan en vertederos. Dejar la mínima huella es la medida más importante: no dañar para no tener que reparar. 

Entre la postal luminosa de la bahía de Palma y la crudeza del abandono, el Baluard des Príncep se alza hoy como una metáfora incómoda de la gestión del patrimonio y la relación de la capital balear con su propio pasado. Levantado en el siglo XVII como parte del sistema defensivo renacentista que rodeaba Palma -una compleja red de murallas y baluartes diseñada para resistir asedios y proteger la ciudad-, este enclave fue durante siglos una pieza clave de la arquitectura militar. Sin embargo, lo que antaño fue símbolo de protección y solidez histórica, en la actualidad languidece entre basura, grafitis y accesos forzados.

Tras cinco años de parálisis de las obras de rehabilitación que se estaban llevando a cabo en el bastión -interrumpidas por la quiebra de la empresa que se encargaba de ellas-, el Gobierno central acaba de adjudicar por 1,44 millones de euros los trabajos pendientes a una nueva empresa, Rigel Over, que se ocupará de culminar un proyecto largamente suspendido en el tiempo. La intervención, sin embargo, no es más que el último capítulo de una historia mucho más larga: la de una actuación que arranca en los años ochenta y que, más que una obra concreta, constituye una transformación urbana prolongada durante más de cuatro décadas. Porque este baluarte, aparentemente marginal en el actual paisaje urbano, es en realidad uno de los puntos donde mejor puede leerse la biografía profunda de Palma: una ciudad construida -y destruida- a golpe de muralla.

El origen de la transformación del Baluard des Príncep se remonta a los años 80, cuando los arquitectos Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña plantearon una idea radical para su tiempo: no limitarse a restaurar las murallas de Palma, sino reconvertirlas en un sistema de espacio público contemporáneo. Su proyecto -que se despliega a lo largo de todo el frente marítimo de la ciudad- parte de una premisa clara: las murallas ya no tienen sentido como infraestructura defensiva, pero sí como soporte urbano. La intervención no busca congelar el pasado, sino reinterpretarlo y hacerlo habitable.

Convertir una antigua estructura militar en un espacio transitable

Para ello, el diseño trabaja sobre una operación fundamental: coser los distintos niveles de la ciudad, articulando la relación entre la ciudad histórica -situada en cota elevada-, el foso -a media altura- y el frente marítimo, completamente abierto. La arquitectura se convierte así en un sistema de conexiones: escaleras, rampas, recorridos y plataformas que transforman un antiguo límite militar en un espacio transitable. El Baluard des Príncep no es, en ese sentido, una pieza aislada, sino un nodo dentro de ese sistema.

El proyecto de rehabilitación trabaja sobre una operación fundamental: coser los distintos niveles de la ciudad, articulando la relación entre la ciudad histórica, el foso y el frente marítimo, completamente abierto, transformando un antiguo límite militar en un espacio transitable

La ejecución del proyecto, sin embargo, ha estado lejos de esa coherencia conceptual. Ya en 2017, el Ministerio de Fomento había invertido más de 4,4 millones de euros en distintas fases del entorno del baluarte dentro del programa estatal de rehabilitación patrimonial. La intervención se fragmentó en múltiples etapas (A, B, C, D, E y F) y quedó interrumpida tras la quiebra de la constructora encargada de las últimas fases. El resultado: un espacio prácticamente terminado, pero inutilizable. La adjudicación actual llega para completar ese último tramo mediante la urbanización del foso, la ejecución de las conexiones de saneamiento, la construcción de una escalera y un puente que conectarán con la Porta des Camp, así como la finalización del edificio de recepción de visitantes. Es decir, no se trata de una nueva obra, sino del remate de lo que faltaba para que el proyecto funcione como fue concebido.

Para entender el significado del Baluard des Príncep hay que retroceder varios siglos. Más en concreto, al momento en que vio la luz la muralla renacentista de Palma, considerada la obra más colosal de cuantas se han construido en los más de dos mil años de historia de la ciudad y una de las de mayor envergadura de las erigidas en España. Proyectada en el siglo XVI ante las nuevas necesidades defensivas que trajeron los nuevos tiempos tras el abandono de la Edad Media, cercaba la ciudad a lo largo de un anillo de seis kilómetros. Sin embargo, más allá de sus portentosas dimensiones, su rasgo más revolucionario fue la irrupción de doce estructuras bajas, macizas y geométricas -ocho terrestres y cuatro marítimas- que transformaron por completo la lógica defensiva: los baluartes.

La imponente fortificación se construyó absorbiendo parte del trazado que desde el siglo XI había ocupado la muralla árabe: compuesta por una sucesión de muros verticales y torres cuadrangulares, presentaba un estado precario a pesar de los remiendos puntuales a los que había sido sometida y apenas ofrecía ya resistencia: había sido construida con sillares de marés y segmentos de tapia, material que había resultado eficaz para resistir el impacto de los disparos procedentes de las catapultas, los arcos y las ballestas, pero obsoleto ante la irrupción de los cañones y las bombardas, capaces de lanzar proyectiles de piedra o hierro con una potencia hasta entonces desconocida.

La revolución de los baluartes

Con la aparición de la pólvora, ya no se trataba de resistir tras muros verticales, sino de proyectar la ciudad hacia el exterior mediante salientes angulados capaces de cruzar el fuego y eliminar cualquier punto ciego. La muralla dejaba de ser un límite pasivo para convertirse en un sistema activo, donde cada pieza protegía a la siguiente en una cadena continua de defensa. A los baluartes -Chacón, Berard, Sant Pere, Príncep, Moranta, Sitjar, Jesús, Santa Margalida, Zanoguera, Sant Antoni, Socorrador y Sant Jeroni- se sumaban ocho puertas de acceso con sus respetivos puentes y un foso de 24 metros de ancho. Con el tiempo, la capacidad militar de la fortificación se completaría con un hornabeque y tres revellines. En total, la superficie que ocupaba el cinturón defensivo, con sus refuerzos exteriores y el foso, alcanzaba los 325.200 metros cuadrados. Palma dejaba de ser una ciudad simplemente amurallada para convertirse en una auténtica máquina de guerra geométrica.

Ya no se trataba de resistir tras muros verticales, sino de proyectar la ciudad hacia el exterior mediante salientes angulados capaces de cruzar el fuego y eliminar cualquier punto ciego. La muralla dejaba de ser un límite pasivo para convertirse en un sistema activo, donde cada pieza protegía a la siguiente en una cadena continua de defensa

Los baluartes, por tanto, no surgieron como una innovación estética ni como una evolución natural de las murallas medievales, sino como una respuesta urgente a la irrupción de la artillería en los siglos XV y XVI, como detalla en profundidad el arquitecto Fernando Cobos-Guerra en su trabajo La formulación de los principios de la fortificación abaluartada en el siglo XVI. La irrupción de los nuevos métodos de ataque hizo saltar por los aires el sistema defensivo tradicional: las torres altas y los muros verticales, eficaces durante siglos, se convirtieron en blancos fáciles para los cañones. Fue en ese contexto de experimentación, ensayo y error donde comenzó a gestarse una nueva forma de fortificar, basada no en resistir el impacto, sino en neutralizarlo mediante la geometría y el fuego cruzado.

Lejos de una invención puntual, el baluarte fue el resultado de décadas de debate entre ingenieros, militares y tratadistas que buscaban resolver un problema central: cómo evitar los puntos ciegos en la defensa. La solución consistió en transformar la muralla en un sistema angular, donde cada elemento pudiera proteger al otro. Así, el baluarte permitía algo revolucionario: defender los lienzos de muralla no desde arriba, sino desde los lados, mediante el llamado fuego de flanco. La defensa dejaba de ser frontal para convertirse en una red interconectada de ángulos, trayectorias y coberturas.

Lejos de una invención puntual, el baluarte fue el resultado de décadas de debate entre ingenieros, militares y tratadistas que buscaban resolver un problema central: cómo evitar los puntos ciegos en la defensa. La solución consistió en transformar la muralla en un sistema angular que pudiera defender los lienzos de muralla no desde arriba, sino desde los lados

Tras la derrota sufrida en la Goleta de Túnez en 1574, la monarquía hispánica asumió que las fortificaciones “perfectas e inexpugnables” que describían los tratados no garantizaban la invulnerabilidad, lo que llevó a los ingenieros a dejar de perseguir modelos ideales y a adoptar un enfoque más pragmático, adaptando cada sistema defensivo a cada lugar concreto, a su topografía, a la posición del enemigo y a las condiciones del terreno. La geometría, la aritmética y la experiencia militar se combinaron así en un complejo ejercicio en el que no existían soluciones universales. De hecho, los propios tratadistas del siglo XVI como Pedro Luis Escrivá -considerado el el primero en formular los problemas de la fortificación moderna- o Cristóbal de Rojas -autor de Teórica y práctica de la fortificación (1598)- reconocían que la fortificación era una ciencia llena de incertidumbres, donde cada decisión podía significar la caída o la resistencia de una plaza.

En ese contexto, el baluarte se convirtió en el núcleo del sistema defensivo. No era un elemento aislado, sino el lugar donde “estaba todo el arte de la fortificación”, en palabras de los ingenieros de la época: allí se concentraban las casamatas, las troneras y los mecanismos de fuego cruzado que garantizaban la defensa del conjunto. Su forma -baja, angulada, parcialmente oculta en el foso- respondía a una lógica precisa: ser menos visible, más resistente y, sobre todo, más eficaz en el control del espacio circundante. Los baluartes constituyeron así no una simple mejora técnica, sino una auténtica revolución en la manera de concebir la guerra y la ciudad. Allí donde antes había un límite estático, surgió un sistema dinámico, pensado para anticipar, cruzar y dominar el fuego enemigo.

Los baluartes constituyeron así no una simple mejora técnica, sino una auténtica revolución en la manera de concebir la guerra y la ciudad. Allí donde antes había un límite estático, surgió un sistema dinámico, pensado para anticipar, cruzar y dominar el fuego enemigo

Esta evolución alcanzaría su punto culminante en el siglo XVII con figuras como Sébastien Le Prestre de Vauban, ingeniero al servicio de Luis XIV, quien llevó el sistema abaluartado a su máxima perfección técnica. Lejos de inventar formas nuevas, Vauban sistematizó las ya existentes: su gran innovación fue entender la fortificación como un sistema dinámico y no como una forma cerrada y, frente a los modelos teóricos, defendió una arquitectura militar basada en la observación directa, la experiencia de campo y la optimización de recursos, perfeccionando elementos como los fosos, los glacis o las obras exteriores para crear defensas en profundidad.

En el caso de Palma, como documenta el historiador Jaime Escalas Caimary en su libro Las murallas de Palma (1955), en el que toma en consideración las descripciones que ya había efectuado el Arxiduc Lluís Salvador en su obra La Ciudad de Palma (1882), la forma de los baluartes era la misma en todos ellos, exceptuando los dos puramente marítimos, el de Chacón y el de Berard, más pequeños que el resto. Otros dos, con su gran elevación y su ubicación entre tierra y mar, sobresalían del recinto defensivo: eran el de Sant Pere y el de los Capellans o es Príncep -en honor a Felipe II-, los dos únicos bastiones que perviven en la actualidad.

El de Es Príncep, terminado de levantar en 1606, formaba parte del núcleo original de la muralla renacentista y ocupaba una posición clave en el frente marítimo oriental de la ciudad. El de Sant Pere, finalizado 40 años después, tuvo un destacado uso militar durante siglos y llegó a albergar instalaciones vinculadas a la formación y práctica de artillería, en línea con la función estratégica del sistema defensivo de Palma en época moderna.

El baluarte de Es Príncep, terminado de levantar en 1606, formaba parte del núcleo original de la muralla renacentista y ocupaba una posición clave en el frente marítimo oriental de la ciudad. El de Sant Pere, finalizado 40 años después, tuvo un destacado uso militar durante siglos

Comienza la demolición de las murallas

Sin embargo, lo que durante siglos fue imprescindible acabó convirtiéndose en un problema. Durante el tiempo en que buena parte del cinturón renacentista de Palma permaneció -la muralla terrestre fue terminada de construir en 1714, después de 139 años desde su inicio-, la expansión del imperio otomano fue considerada una amenaza y una preocupación de primer orden para Felipe II, que vio en Balears una posición estratégica para defender el territorio de posibles ataques. La construcción de la fachada marítima de la fortificación, sin embargo, no culminaría hasta comienzos del siglo XIX, cuando, paradójicamente, el imperio otomano ya se encontraba en decadencia y este tipo de muralla comenzaba a quedar obsoleto. Apenas unas décadas después comenzaría la demolición de una obra que podía considerarse recién acabada, un derribo del que se salvaría el Baluard de es Príncep.

La construcción de la fachada marítima de las murallas de Palma no culminaría hasta comienzos del siglo XIX, cuando, paradójicamente, este tipo de fortificación comenzaba a quedar obsoleto. Apenas unas décadas después comenzaría la demolición de una obra que podía considerarse recién acabada

La justificación popular que cobró más peso para impulsar el derrocamiento del recinto fue la filosofía higienista imperante en la época, encabezada en Mallorca por el ingeniero Eusebi Estada, una de las voces que con más ímpetu defendió el derribo en su obra La ciudad de Palma. Su industria, sus fortificaciones, sus condiciones sanitarias y su ensanche (1885) so pretexto de que, como consecuencia de la presencia de las murallas, la población vivía hacinada y en condiciones de insalubridad. Estada señalaba que a mediados del siglo XVII, el área edificada que ocupaba Palma era de 1.023.300 metros cuadrados, incluyendo sus calles y sus plazas, por lo que a cada habitante le correspondían unos 37 metros cuadrados. Sin embargo, advertía, a finales del XIX la superficie por habitante se redujo a 24 metros, cuando, a su juicio, la dimensión idónea por persona debía ser de 40 metros cuadrados.

Frente a quienes abogaban por echar abajo las murallas, otros se oponían fervientemente a ello, como Bartomeu Ferrà, maestro de obras de la Societat Arqueològica Lul·liana, o Pere Garau Cañellas, quien defendió un plan de ensanche de Palma en el que se preservaba el recinto renacentista, rodeándolo de zonas ajardinadas a partir de las cuales la ciudad podría ir creciendo. Garau alegaba así que las murallas sí podían armonizar con el desarrollo y la modernización de la capital balear, una postura que, en la actualidad, continúan compartiendo numerosos historiadores. El Ajuntament se decantó finalmente, en 1901, por el proyecto presentado por el ingeniero Bernat Calvet, el conocido como 'plan Calvet', que, bajo el lema Felix qui potuit rerum cognoscere causas (“Dichoso aquel que puede conocer las causas de las cosas”), contemplaba la eliminación de la fortificación, seguía los criterios de un plano radioconcéntrico y apelaba al aprovechamiento urbanístico de los terrenos afectos a las murallas.

Los baluartes sobreviven

Con todo, las murallas no desaparecieron del todo. Continúan presentes en el trazado urbano: las Avenidas de Palma siguen el recorrido del antiguo foso y su forma en zigzag reproduce la geometría defensiva renacentista. El casco antiguo mantiene la estructura heredada de una infraestructura militar que ya no existe, con excepción de sus baluartes Sant Pere y Es Príncep, dos de las puertas que daban acceso a la ciudad -Calatrava y Portella- y dos de los puentes -los que conducían a la Porta de Santa Catalina y a la des Camp-. El baluarte de Sant Pere pasó a manos privadas en la segunda mitad del siglo XX: sus nuevos propietarios proyectaron levantar edificios en toda la zona y en 1963 llegaron incluso a intentar derribar la muralla mediante cargas de cal. La reacción ciudadana, sin embargo, lo impidió: la presión social logró que el conjunto fuera declarado histórico-artístico y se impulsara su reconstrucción apenas dos años después, en 1965.

En la segunda mitad del siglo XX, los nuevos propietarios del baluarte de Sant Pere proyectaron levantar edificios en toda la zona y en 1963 llegaron incluso a intentar derribar la muralla mediante cargas de cal. La reacción ciudadana, sin embargo, lo impidió y logró que el conjunto fuera declarado histórico-artístico

No sería hasta finales de los años ochenta cuando los terrenos recuperaron su vocación pública, tras ser recalificados y sometidos a un proceso de expropiación que, sin embargo, quedó durante años en punto muerto. El espacio permaneció abandonado hasta 1997, cuando el Ayuntamiento de Palma cedió los terrenos para la construcción de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, inaugurado el es bal.

En 2023, la polémica golpeó de nuevo al baluarte a raíz de las obras de instalación sobre el mismo de un exclusivo beach club, lo que desató una fuerte contestación social e institucional. Los trabajos fueron finalmente paralizados tras detectarse graves irregularidades, incluyendo la construcción de elementos no autorizados y la alteración del subsuelo protegido. Asociaciones como ARCA denunciaron que la intervención convertía el patrimonio en un “contenedor” al servicio de un uso privado y elitista, alejándolo de su función pública y de contemplación. El episodio reabrió un debate de fondo que atraviesa toda la historia reciente de las murallas: hasta qué punto deben adaptarse a nuevos usos y dónde se sitúa el límite entre su activación contemporánea y su desnaturalización.

A finales de 2025, el derrumbe parcial de una torre medieval integrada en el Baluard de Sant Pere -uno de los pocos vestigios visibles de la Palma islámica- volvió a encender todas las alarmas sobre el estado del patrimonio defensivo de la ciudad. Las entidades conservacionistas denunciaron la “inacción prolongada” de las administraciones pese a las advertencias reiteradas durante años sobre el riesgo estructural del conjunto, y alertaron de que el colapso afectaba a un tramo completo del lienzo histórico, construido en tapial y mortero.

El Baluard de Es Príncep, por su parte, vivió uno de los episodios más controvertidos del urbanismo de la capital balear: la construcción de varios bloques de viviendas militares que ocupaban directamente la muralla renacentista, en abierta contradicción con los criterios de protección patrimonial. El complejo, proyectado en 1966 por el arquitecto Juan Castañón de Mena -recién nombrado jefe de la Casa Militar de Franco y posteriormente ministro del Ejército-, se materializó en distintas fases a lo largo de las décadas siguientes, consolidando la ocupación de este enclave estratégico. Lejos de ser una intervención menor, se trataba de varios edificios residenciales que llegaron a albergar a más de un centenar de familias y que transformaron por completo la fisonomía del baluarte, ocultándolo tras una arquitectura ajena a su carácter histórico.

El Baluard de Es Príncep vivió uno de los episodios más controvertidos: la construcción de varios bloques de viviendas militares que ocupaban directamente la muralla renacentista, en abierta contradicción con los criterios de protección patrimonial. La edificación fue proyectada en 1966 por el arquitecto Juan Castañón de Mena, recién nombrado jefe de la Casa Militar de Franco

Durante años, su presencia simbolizó la tensión entre desarrollo urbano y conservación del patrimonio en Palma en un contexto en el que la propia muralla había dejado de entenderse como un elemento central de la ciudad. El desenlace no llegaría hasta finales de los noventa, fecha en la que se produjo el giro definitivo: tras un largo proceso de negociaciones, expropiaciones y realojos, el Ministerio de Defensa cedió los terrenos al Ayuntamiento, lo que permitió liberar un enclave hasta entonces inaccesible, abriendo la puerta a un ambicioso proyecto de transformación urbana que buscaba devolver el baluarte a la ciudad.

Desde entonces, el Baluard des Príncep ha transitado de recinto cerrado y degradado a espacio en proceso de reintegración, convertido hoy en una pieza clave -todavía inacabada- dentro de la relectura contemporánea de las murallas de Palma.

Un año y medio después de ser arrestado en Taiwan con varias órdenes de detención internacional a sus espaldas, el empresario mallorquín Salvador Llinás ha aceptado este miércoles una condena de cuatro años y diez meses de prisión por estafar 20 millones de euros mediante la venta fraudulenta de más de 3.500 de coches en varios países europeos. El acusado se apoderó de vehículos que previamente había alquilado a entidades financieras y concesionarios, jamás devolvió los turismos y acabó revendiéndolos de forma ilegal.

Llinàs se ha sentado este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Balears, donde las partes han pactado una sentencia de conformidad que rebaja de forma notable la petición inicial de la Fiscalía, que se elevaba a nueve años de cárcel. Además de la pena de prisión, el empresario deberá abonar una multa de unos 2.800 euros, mientras que el resto de reclamaciones económicas seguirán su curso en la jurisdicción civil.

Los hechos se remontan a 2018, cuando Llinás era administrador único de IMT Holding Spain, matriz de las sociedades Balear Sport Car y Autoclik. Esta última operaba también en otros países europeos como Italia, Francia, Portugal y Bélgica bajo un modelo de negocio basado en el alquiler de vehículos sin conductor.

Tal como ha reconocido el propio acusado, el fraude consistió en vender coches que no eran de su propiedad. Aunque los contratos de renting o leasing prohibían expresamente su venta o cesión, Llinàs ignoró estas condiciones y procedió a comercializarlos a particulares y empresas, presentando facturas que simulaban que tenía plena capacidad para disponer de los vehículos.

En muchos casos, los compradores recibían el coche, pero no la documentación original, ya que el empresario no era el titular real. La operativa también se extendió al extranjero, donde llegó a vender decenas de vehículos adquiridos mediante financiación bancaria, vulnerando igualmente las condiciones contractuales.

La investigación calcula que se desprendió de forma fraudulenta de hasta 3.568 vehículos repartidos por distintos lugares de España como Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga o Canarias y varios países europeos, generando un perjuicio económico millonario.

En 2019, su sociedad, con sede en la localidad mallorquina de Llucmajor, se declaró en quiebra, pero él ya había desaparecido. Cuando a finales de 2018 efectivos de la Guardia Civil, alertados por las múltiples denuncias de sus acreedores, se desplazaron hasta la sede de Autoclick, las oficinas se encontraban vacías. Nada ni nadie quedaba ya en ellas.

De acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo en su momento, Llinàs había vaciado las cuentas de la mercantil antes de huir a Taiwán, desviándose a sí mismo cinco millones de euros para su fuga, tal como publicaron en su día Diario de Mallorca y Última Hora. En la isla asiática, Llinàs puso en marcha varias empresas, entre ellas Iberico Food Services Co. y, en julio de 2021, Mallorca Catering International Co., encargada de la explotación de un restaurante de comida española e italiana en el distrito Da'an de Taipei al que denominó Malavida, operado por chefs de España y Estados Unidos, de acuerdo a los datos de distintos ficheros empresariales consultados por elDiario.es. “La idea es que cada amigo que venga aquí, ya sea solo o en grupo, se sienta libre y cómodo en este ambiente, charlando y riendo con el vino en la mano y la deliciosa comida en la mesa... como la vida indulgente”, se promocionaba el local.

En 2021, el ahora detenido obtuvo la residencia permanente en Taiwán, lo que facilitó la labor de búsqueda de la Interpol. El 9 de octubre de ese año, la Fiscalía de Trento solicitó su imputación y Llinàs se armó de una importante equipo jurídico dedicado a la defensa frente a los delitos de delincuencia organizada.

Las autoridades taiwanesas, a través de la Agencia Nacional de Inmigración (NIA), acordaron su deportación al comprobar que estaba siendo reclamado a nivel internacional. Tras ser trasladado a Singapur, los funcionarios le denegaron finalmente la entrada dada la gravedad de los cargos en su contra, amparándose para ello en el artículo 18 de la Ley de Inmigración, que permite tomar medidas contra personas que puedan “poner en peligro los intereses nacionales, la seguridad pública, el orden público o las costumbres del Estado”.

Llinás fue detenido el 20 de octubre de 2024 en el aeropuerto internacional de Taoyuan. Sobre él pesaban varias órdenes de detención internacional, entre ellas una procedente Italia, donde los investigadores locales le acusan de haber alquilado 1.189 vehículos para después revenderlos de forma ilícita. Posteriormente, fue trasladado a Alemania, donde permaneció cerca de un mes en prisión provisional antes de ser entregado a España en virtud de una orden europea de detención.

El caso, que ha afectado tanto a empresas de renting como a compradores particulares, seguirá abierto en el ámbito civil para dirimir las indemnizaciones derivadas del fraude.

El director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y la delegada del periódico en las Illes Balears, Angy Galvín, han conversado sobre el estado de la profesión y las presiones políticas y económicas. La actriz Aina Frau ha puesto el broche de oro a la jornada

Aquí puedes ver la fotogalería

Bajo las bóvedas de un antiguo aljibe -el que en el siglo XVII abasteció Palma y los barcos que arribaban a puerto-, el museo Es Baluard ha reunido a socios y lectores de elDiario.es para participar en una cita que ha combinado reflexión política, debate periodístico y memoria cultural. En presencia del director del periódico, Ignacio Escolar, la responsable de la delegación balear, Angy Galvín, y de la actriz Aina Frau, y con la cercanía de un formato pensado para escuchar y preguntar, las palabras han dibujado un mismo hilo conductor: la defensa de la independencia -en el periodismo y en la vida- frente a las presiones del poder. Desde la trinchera de la actualidad hasta la memoria de quienes vivieron sin libertades, la conversación ha tomado cuerpo como un diálogo compartido sobre qué significa, hoy, resistir.

La primera parte de la tarde ha estado protagonizada por Escolar y Galvín en un diálogo abierto con el público que derivó en una radiografía sin concesiones del ecosistema mediático actual. Tras ellos han tomado el micrófono el periodista colaborador de este periódico Alejandro Alcolea y Aina Frau en una entrevista íntima que ha repasado más de medio siglo de trayectoria entre el teatro y la historia reciente de España.

Independencia económica: la base del periodismo libre

Durante su intervención en respuesta a las preguntas del público, Escolar ha defendido el modelo de financiación de elDiario.es como la clave de su independencia. “Hacemos información para una comunidad de lectores que nos apoyan económicamente”, ha explicado, subrayando que ese respaldo -que alcanza los 120.000 socios a nivel estatal y supone casi el 50% de los ingresos totales- permite ejercer un periodismo más libre y operar sin depender de grandes anunciantes o intereses externos. “No existe libertad editorial sin independencia económica”, señalaba el periodista en este artículo sobre las cuentas de elDiario.es relativas a 2024.

Esa libertad, ha subrayado, es lo que les permite investigar a grandes poderes económicos en España. Lo ha manifestado al responder a la cuestión con la que uno de los asistentes abrió el turno de preguntas: cómo los medios de comunicación abordan las informaciones acerca del presidente del Real Madrid. “Con Florentino Pérez y con todos los súper ricos es muy difícil informar en España”, asevera el director de elDiario.es, quien, frente a ello, reivindica que su redacción ha publicado informaciones incómodas sobre él.

“Fuimos el único periódico que informó de que [Pérez] había tenido que ir a declarar en el caso Kitchen”, ha puesto como ejemplo, señalando que elDiario.es publicó también cómo el conseguidor de la trama Púnica montó un falso diario al servicio del club blanco y su presidente, además de ser “uno de los pocos” medios que ha informado de los escándalos urbanísticos relacionados con la reforma del Bernabéu y sus parkings. “Esto lo hemos contado en exclusiva a través de los compañeros de Somos Malasaña y no tenemos ningún problema en informar de ello”, asevera Escolar.

Al hilo de esta cuestión, Galvín ha tomado la palabra para recordar que la delegación balear ha publicado temas relacionados con otra familia poderosa, los Matutes, en los que se explica cómo “controlan el negocio de la noche en Ibiza”: “Creo que son reportajes bastante valientes. Ya sabéis lo que es vivir en una isla, y creo que ese es el tipo de periodismo que nos permite contar lo que otros no. Es un modelo de prensa muy independiente respecto a otros medios que se ven influidos por la publicidad. Por ejemplo, las discotecas dan muchísimo dinero a la prensa local. Entonces, cuando no dependes de un anunciante o éste no es tu principal fuente de ingresos, puedes hacer un periodismo muchísimo más honesto”.

Creo que son reportajes bastante valientes [sobre la familia Matutes]. Ya sabéis lo que es vivir en una isla. Es el tipo de periodismo que nos permite contar lo que otros no. Es un modelo de prensa muy independiente respecto a otros medios que se ven influidos por la publicidad. Por ejemplo, las discotecas dan muchísimo dinero a la prensa local

Angy Galvín — Directora de elDiario.es en las Illes Balears

Combatir la polarización

En esta línea, y en un clima de “pim, pam, pum” de insultos y trincheras, Escolar ha señalado que el periodismo se enfrenta en la actualidad a una dificultad creciente para sostener un espacio de información honesta. Frente a esa lógica de bloques, su apuesta pasa por ejercer el oficio desde los hechos, aunque eso suponga incomodar a todos los lados: la credibilidad reside precisamente en ser capaces de publicar tanto los escándalos que afectan a la derecha como los que salpican a la izquierda, desde el máster de Cifuentes hasta casos que afectan al ámbito socialista o denuncias de agresiones sexuales y abusos laborales. El director ha incidido en que esa coherencia editorial, lejos de ser una debilidad, se plantea como la única forma de sostener un periodismo que no responda a intereses partidistas.

Incidiendo en este asunto, ha lamentado que la polarización ha erosionado el propio terreno del debate público, en el que las burbujas informativas impiden que determinadas informaciones atraviesen ciertos espacios ideológicos. Así, mientras algunas revelaciones tienen impacto inmediato en un sector político, otras quedan neutralizadas en el contrario, aunque sean igual de veraces y estén igualmente contrastadas: “Una de las cosas que peor llevo es que, cuando contamos algo de izquierda, tiene consecuencias inmediatas porque nuestros lectores fluyen mucho en ese espacio político. Pero si nosotros contamos las cosas que hace Isabel Díaz Ayuso, mientras ese mundo no hable de ello, da igual. Y son igualmente ciertas. No nos inventamos nada, ni cuando contamos una cosa o la otra. Lo hacemos con fuentes contrastadas y verificadas. Pero, en ese juego de la polarización, nosotros nos convertimos en una voz desautorizada completamente para media parte del país”.

Más allá de “comentarlo y de sufrirlo”, Escolar ha apelado a “intentar combatirlo”. “Tenemos que ser fieles a unos principios, no a unas siglas, y, en ese sentido, la única manera de combatir esa polarización es no jugando a ese juego donde solo cuentas media realidad”, ha anfatizado, invitando a los asistentes a leer el estatuto de elDiario.es, que, aprobado por su comunidad de socios y socias el 20 de mayo de 2023, rige el funcionamiento del periódico mediante el establecimiento de prioridades editoriales y de estándares de calidad en la información y en la opinión. Entre sus artículos, el director ha destacado el que se compromete a no fomentar la polarización, respetando a las personas que no piensen igual y rechazando su deshumanización.

La demanda de Julio Iglesias

En respuesta a otra de las preguntas del público, Escolar ha abordado la demanda de conciliación interpuesta por Julio Iglesias por supuestos delitos de injurias y calumnias contra elDiario.es por publicar los testimonios de dos mujeres que denunciaron al cantante ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presuntas agresiones sexuales en 2021. En este sentido, ha defendido con firmeza la investigación publicada sobre el cantante, en la que, según subraya, han trabajado durante tres años con asesoramiento legal en Estados Unidos y España, y junto a periodistas de investigación de primer nivel, como Gerardo Reyes, que participó en una investigación que recibió un premio Pulitzer: “Es uno de los periodistas de investigación más importantes del mundo”. Escolar enmarca esta demanda en una práctica habitual: amenazas judiciales que muchas veces no acaban prosperando.

El periodista ha recordado otros ejemplos en los que el proceso se quedó en una conciliación sin recorrido posterior, evitando así el demandante una sentencia que avalara la veracidad de la información publicada: sucedió con la investigación publicada acerca del economista Daniel Lacalle, quien obtuvo un doctorado 'cum laude' con una tesis plagada de “copia y pega” de textos ajenos y propios. En ese sentido, Escolar sugiere que dar el paso hacia un juicio podría no interesar al propio Iglesias, ya que obligaría a un tribunal a pronunciarse sobre el fondo del asunto y podría concluir que los hechos están “contrastados y son veraces”. En cualquier caso, ha aseverado que el medio no piensa rectificar: no habrá acuerdo en la conciliación y están dispuestos a llegar hasta el final si la vía penal se materializa.

Marivent: el palacio que debía ser de la ciudadanía

Acto seguido, otro de los intervinientes ha preguntado sobre el hecho de que el Govern prevea destinar cerca de 500.000 euros públicos a la reforma del Palacio de Marivent, la residencia veraniega de los reyes que había de convertirse en espacio abierto a la ciudadanía y acabó consolidándose como enclave institucional de acceso restringido. Galvín ha situado el debate en el centro de una crítica más amplia a las prioridades del Ejecutivo de Marga Prohens (PP), “condicionado por la extrema derecha”. “No es solo el gasto en Marivent. Son las rebajas fiscales a los más ricos y también el problema de la vivienda: en vez de ayudar a que la gente con menos recursos y especialmente a la gente joven, nos preocupamos más por el hecho de que los ricos tengan que pagar menos”, ha afirmado, advirtiendo de que esa dinámica acaba repercutiendo en la financiación de los servicios públicos: “Después tendremos que recordar que no tenemos dinero suficiente para poder pagar los servicios públicos. Es la pescadilla que se muerde la cola”.

La directora de elDiario.es en Balears recordó además el trabajo periodístico de elDiario.es que ha documentado “cómo se produjo el expolio del Palacio de Marivent al pueblo de Mallorca” y cómo un espacio que debía tener un uso público ha quedado reservado “para el uso y disfrute de la familia real”. A partir de ahí, ha ampliado la crítica a otras medidas recientes, como la derogación de la ley balear de memoria democrática, que ha considerado “un retroceso significativo” respecto a consensos alcanzados en legislaturas anteriores, recordando que un reportaje de este periódico sobre las invisibilizadas viudas republicanas de la guerra civil mereció el reciente reconocimiento por parte de la Asociación de Periodistas de las Illes Balears (APIB). En conjunto, ha dibujado un escenario en el que, según defiende, se están deshaciendo avances mientras se agravan problemas estructurales como el acceso a la vivienda.

El debate con el público también ha abarcado otra de las grandes tensiones del oficio: qué cubrir y qué ignorar en un contexto de sobreexposición mediática. Sobre figuras como Donald Trump, Escolar ha sido claro: “Nos guste o no guste, es la persona más poderosa del mundo ahora mismo y desde su comunidad se toman medidas que afectan a nuestra vida diaria. La gasolina, la seguridad en el mundo, los muertos en algunos países... No podemos permitirnos ignorarlo, no debemos. Nuestro trabajo, precisamente, es contar todo eso e intentar ponerlo en contexto”. En esta línea, ha señalado que entiende la “sensación de mucha gente que dice: 'No quiero saber más de este señor'”. “Si pudiera me lo quitaba de la dieta informativa porque es tóxico. Nosotros no estamos en ese debate de si hay que sacar cada tontería que dice, pero algunas cosas sí las tenemos que que cubrir”, añade.

En el evento también hubo espacio para abordar su papel en las tertulias televisivas, a las que Escolar ha asegurado que continúa yendo porque permiten dar mayor visibilidad al periódico: “El diario lo fundamos un grupo de periodistas con nuestros ahorros; no teníamos dinero para una campaña de publicidad, no podíamos darnos a conocer. La manera de la que mucha gente nos conoció fue precisamente a través de los programas de televisión y de radio. Lo hago como algo necesario para mi periódico”, ha confesado, admitiendo a continuación que en las tertulias no puede “poner las reglas de juego”: “Yo no decido de qué se va a hablar, aunque sí ha habido personas con las que me he negado a aceptar a ir. En una tertulia sí que puedo garantizar que todo lo que digo es lo que quiero decir, pero no el tema de conversación”.

Yo no decido de qué se va a hablar en una tertulia, aunque sí ha habido personas con las que me he negado a aceptar a ir. En una tertulia sí que puedo garantizar que todo lo que digo es lo que quiero decir, pero no el tema de conversación

Ignacio Escolar — Director de elDiario.es

En este sentido también ha aludido al “amplio rango” de periodistas que participan en tertulias: “Hay mucha diferencia entre los que manejamos información de primera mano y quienes no manejan el mismo tipo de detalles”. “Nosotros trabajamos en un periódico que tiene fuente directa de casi todo, y si no la tengo yo, directamente la tiene mi equipo, con lo cual [en las tertulias] manejo una información mucho mayor y eso acaba siendo a veces frustrante”, afirma.

Aina Frau: memoria, miedo y vocación

La segunda parte del encuentro ha camiado de tono para adentrarse en la trayectoria de la actriz mallorquina Aina Frau. Entrevistada por el periodista Alejandro Alcolea, colaborador de este medio, su relato ha arrancado en la dictadura, cuando estudiar teatro implicaba riesgos cotidianos: “Nos juntábamos… y venía la policía y nos decía 'dispérsense', y nos dispersábamos muertos de miedo”, ha recordado sobre aquellos años de formación en Madrid.

Ese miedo, ha explicado, no desapareció de golpe con el final del franquismo, sino que siguió marcando momentos clave de la Transición, como el asesinato de los abogados de Atocha: “Teníamos miedo de que desde el palco nos ametrallaran. Esa sensación la recuerdo perfectamente”. A partir de esa experiencia, ha reinvidicado la importancia de transmitir esa memoria a las nuevas generaciones: “Ojalá fuera capaz de explicar lo que era no tener libertad… Nos íbamos muertos de miedo”.

Su vocación artística, sin embargo, no nació solo del impulso creativo, sino también de una conciencia social que ha empezado a forjarse en la infancia. Criada en una familia burguesa, ha pasado por un colegio religioso donde, según ha relatado, se escenificaban desigualdades que le dejaron una huella profunda. “Había pobres y ricas… y nos hacían coger un bollo y un chocolate y dárselo a las otras”, ha explicado, una práctica que vivió como una forma de humillación: “No entendía por qué había que humillar de esa manera… eso me ayudó a cambiar de manera de pensar”.

Esa mirada crítica atravesó después toda su carrera, en la que defendió el teatro como herramienta de reflexión colectiva: “El trabajo del actor era hacer que el pueblo viera lo que era la sociedad sobre el escenario”. Ya en el tramo final de la conversación ha lanzado una crítica directa a la industria cultural por la falta de papeles para mujeres mayores: “A partir de los 60 no se escribe para personas: los hombres son galanes hasta los 60, pero una mujer ya no es nada”. A sus 81 años, sin embargo, ha reivindicado una vida coherente con su vocación: “He vivido de lo que yo quería y eso es un regalo”.

Dos conversaciones, un mismo hilo

El encuentro ha dejado dos retratos complementarios: el de un periodismo que busca sostener su independencia frente a las presiones económicas y políticas y el de una actriz que atravesó dictadura, transición y democracia defendiendo su oficio. En ambos casos, la misma idea de fondo: que la libertad -de informar, de pensar, de crear- nunca es gratuita, pero sigue siendo el eje sobre el que se construye todo lo demás. En el fondo, tanto las palabras de los periodistas como las de Aina Frau apuntaban a una misma tensión: la de resistir. Resistir a la polarización que empuja a elegir bando antes que a buscar la verdad. Resistir a las inercias de una industria cultural que invisibiliza a quienes no encajan en sus moldes. Resistir, también, al olvido, a esa tentación de dar por superadas etapas -como la dictadura- cuyas huellas siguen presentes.

El diálogo ha dejado también una idea incómoda, pero necesaria: que la independencia, ya sea en el periodismo o en el arte, tiene un coste. En el caso de los medios, implica renunciar a determinadas dependencias económicas; en el del teatro, asumir trayectorias marcadas por la precariedad, el riesgo o la incomprensión. Como se ha puesto sobre la mesa durante el evento, es precisamente ese coste el que dota de sentido a ambos oficios.

En Palma, ante un público implicado y participativo, ese mensaje no ha sonado abstracto. Las preguntas, las dudas y los debates que se han abierto durante la tarde han reflejado una preocupación compartida por el estado del debate público, por el papel de los medios y por la memoria. No ha sido solo una conversación, sino un espacio de intercambio en el que el público también formó parte activa. Tras el acto, los asistentes han podido intercambiar de forma más distendida unas palabras con Escolar y el resto del equipo de elDiario.es. Entre saludos, comentarios y reflexiones todavía en caliente, el encuentro se fue diluyendo poco a poco mientras se degustaban unas ensaimadas de la emprea Samimada.

A las diez de la mañana, un goteo constante de turistas comienza a bajar del crucero Wind Star en el puerto de Palma. En apenas unos minutos, cerca de 200 pasajeros se dispersan por la ciudad tras atracar en la ampliación de Poniente Norte, operativa desde hace medio año. Es una escena cotidiana en temporada alta: llegadas concentradas, visitas rápidas y una ciudad que absorbe, en pocas horas, el impacto de un turismo que no pernocta en la isla. Se acercan con atuendo sencillo y delator hacia La Seu: gafas de sol, gorra o sombrero y, más que cámara de fotos, un smartphone que sirve para capturar cualquier monumento que se ponga de por medio.

“Hace unos años fuimos a Málaga y desde allí hicimos una ruta en coche por los pueblos blancos, pero así es mucho más fácil”, cuenta José Luis, chileno, que recorre el Mediterráneo junto a su mujer. En este viaje han pasado por enclaves como Ronda, Fuengirola, Valencia, Barcelona o Cartagena, además de hacer escala en la antigua ciudad internacional de Tánger. El recorrido continuará fuera del barco: tras regresar a la ciudad condal, volarán a Casablanca para iniciar una ruta por Marruecos con paradas en Chefchaouen, Fez y Marrakech.

La lógica del viaje es la de todos los cruceros que surcan aguas mediterráneas especialmente a partir de estas fechas: ver mucho en poco tiempo y cargando con poco o nada de equipaje. “Es más cómodo porque no tienes que ir moviendo las maletas”. Al principio, el plan de José Luis y Rosa María era solo viajar a España, pero finalmente decidieron extender la aventura por el país vecino. En total, tres semanas de unas vacaciones antes de poner rumbo a Chile. 

No solo en Palma, sino en el conjunto de Balears, la llegada de cruceros concentra en pocas horas miles de visitantes en destinos ya sometidos a una fuerte presión en temporada alta. En Eivissa, este verano se espera que lleguen a coincidir, en algunos días, hasta tres barcos de gran envergadura, según informaciones de la autoridad portuaria balear. 

Pero la misma idea de comodidad y de acceso rápido a distintos destinos no solo la albergan turistas atraídos por el atractivo del archipiélago. También sucede a la inversa: ciudadanos que padecen el problema ven a veces en los cruceros una posibilidad de impulso para el comercio local palmesano y eligen ellos mismos esta experiencia en otros destinos. 

“Nosotros -de Mallorca- hemos elegido muchas veces este tipo de viaje y nos ha parecido una buena experiencia”, valora Maria Antonia Riera, de 61 años, a elDiario.es. Su marido, desde hace años, tiene aerofobia, por lo que es una alternativa de viaje que les permite visitar muchos sitios sin pegarse la paliza de conducir largos kilómetros.

El modelo de turismo responde a una dinámica más amplia. Guillermo Inacio, otro viajero asiduo con formación en Relaciones Internacionales, sitúa los cruceros dentro de las expresiones más intensas del turismo global: permiten visitar varios destinos en poco tiempo, pero concentran en pocas horas grandes volúmenes de personas en lugares ya muy demandados. Roma, Marsella, Venecia o Dubrovnik son algunos ejemplos.

Infraestructuras colosales para atracar

Mientras los ocupantes del Wind Star descubren los tesoros arquitectónicos de Palma hasta las 16 horas -el barco tiene previsto partir hacia la costa catalana a las 17 horas-, el crucero permanecerá amarrado en el puerto de Palma. Durante las maniobras, el atraque o la estancia, los buques generan emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), partículas finas y CO₂, contribuyendo a la contaminación en entornos portuarios.

Lo hacen, además, en un contexto en el que la zona portuaria despierta interés entre más de cuarenta empresas internacionales, nacionales y locales -42 se han presentado al concurso convocado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB)- para redactar un importante plan de transformación: el Plan Maestro de integración puerto-ciudad, que establecerá las bases de la reordenación del recinto portuario en las próximas décadas.

El proceso de licitación se articulará en dos fases: en la primera -con un plazo máximo de tres meses-, la APB seleccionará un máximo de cinco equipos entre las trece candidaturas presentadas. En la segunda fase, los equipos seleccionados deberán elaborar un anteproyecto técnico y económico en el que planteen distintas soluciones para la reorganización del puerto. 

El proyecto forma parte de las iniciativas impulsadas por la entidad para redefinir la relación entre el puerto y la ciudad y prevé la reordenación de aproximadamente 400.000 metros cuadrados del recinto portuario. Mientras tanto, en la vecina Eivissa, el puerto de Vila, de menor tamaño, se prepara para recibir esta temporada un total de 205 escalas de cruceros con una nueva planificación que pretende evitar los episodios de saturación derivados de la coincidencia de varios buques. En cuando al puerto de Palma espera este año 517 barcos y el de Alcudia, dos.

Más de 3.000 cruceristas a la vez

La autoridad portuaria ha establecido un escalonamiento de las entradas para evitar flujos de más de 3.000 pasajeros por hora, una medida que busca garantizar la movilidad en el entorno portuario y reducir la presión sobre los servicios de transporte. Ya que la llegada simultánea de pasajeros desde los cruceros se traduce en una presión inmediata sobre taxis, autobuses o el bus náutico que conecta distintas zonas del puerto. Desde el sector del taxi, Toni Roig, presidente de la Federación Insular del Taxi de Eivissa y Formentera (FITIE), recuerda al ser preguntado por elDiario.es que esta situación es un problema recurrente en la ciudad de Eivissa. Una portavoz de la APB ha especificado a elDiario.es que únicamente habrá 14 días en los que coincidirán tres cruceros y uno, el 7 de julio, coincidirán cuatro, si bien uno iría al muelle adosado y tres de ellos son cruceros de pequeño porte.

Roig explica que cada vez que coinciden varios cruceros se dispara la movilidad y circular por las principales vías de acceso a la ciudad o hacia la zona de Marina Botafoch —conocida como la Milla de Oro de la pitiusa— se complica. El año pasado se aplicó una medida para escalonar los horarios de llegada y descarga de pasajeros, lo que permitió aliviar parcialmente la situación. Sin embargo, el volumen sigue siendo “muy elevado” y se concentra exageradamente en el núcleo urbano de Vila, muy limitado.

A ello se suma un efecto indirecto: el impacto en el servicio en otros municipios, donde se producen retrasos como consecuencia de la concentración de la demanda: “Está claro que todo lo que sea trabajo es positivo, pero somos una isla, el territorio es el que es y sufrimos una congestión y una densidad de tráfico brutal”.

Está claro que todo lo que sea trabajo es positivo, pero somos una isla, el territorio es el que es y sufrimos una congestión y una densidad de tráfico brutal

Toni Roig — Presidente de la Federación Insular del Taxi de Eivissa y Formentera (FITIE)

El plan: llegadas más escalonadas

Con esta nueva planificación, la autoridad portuaria balear -ha explicado la entidad en un comunicado- busca evitar esos picos de concentración y repartir la llegada de pasajeros a lo largo del día. El objetivo es reducir el impacto inmediato que generan los desembarcos simultáneos y facilitar una circulación más fluida tanto dentro del puerto como en su entorno.

Para ello, se ha establecido que los cruceros accedan a partir de las 11.30 horas —salvo excepciones autorizadas—, con la intención de no coincidir con los momentos de mayor actividad de las líneas regulares que conectan Eivissa con otros puntos del archipiélago y la península. El tráfico de cruceros seguirá concentrándose en el puerto de Botafoch —pantalanes, dique y muelle adosado—, mientras que el resto de muelles continuará destinado al transporte regular.

La previsión es que, en la mayoría de jornadas, el puerto reciba uno o dos cruceros. La coincidencia de tres buques quedará limitada a días concretos y se gestionará mediante la distribución horaria de las llegadas y el uso de distintos puntos de atraque. Solo en casos excepcionales podría superarse esa cifra, generalmente cuando alguno de los barcos es de menor tamaño o realiza escalas en horarios diferenciados.

En la mayoría de jornadas, el puerto de Eivissa recibirá solo uno o dos cruceros

Desde la APB defienden que este sistema permite compatibilizar la actividad turística con el funcionamiento del puerto y la movilidad de la ciudad, en un contexto en el que el tráfico de cruceros ha ido ganando peso en Eivissa en los últimos años. La planificación, en cualquier caso, es flexible y podrá ajustarse en función de necesidades operativas o cambios en los itinerarios de las navieras, añaden.

Los isleños por su parte ponen en tela de juicio la capacidad real de la isla para absorber estos volúmenes. “Aunque se adopten medidas para reducir el impacto, el territorio tiene límites”, dice Sandra, una residente. A su juicio, la llegada de tres cruceros simultáneos —con miles de visitantes por hora— supone una presión difícil de asumir en un contexto ya marcado por la saturación turística y una escasez hídrica preocupante que ha dejado estos días (cuando los hoteles se preparan para abrir y llenan sus piscinas) a un centenar de vecinos sin agua, como publicó Diario de Ibiza.

La presión territorial, al límite

El Informe de Sostenibilidad de 2024 de Ibiza Preservation ya advertía de que el tránsito en carretera, la demanda hídrica y los sistemas de depuración funcionan al límite durante la temporada alta, por lo que la incorporación de visitantes de un solo día añade una carga adicional sobre infraestructuras ya tensionadas.

“En Eivissa necesitamos hablar menos de cómo absorber más presión y más de cuáles son los límites ecológicos y territoriales que no deberíamos seguir sobrepasando”, señala ante elDiario.es la portavoz de la organización medioambiental, Inma Saranova. 

Entre ellos, preocupa el impacto sobre la biodiversidad marina, sobre todo sobre fauna, hábitats frágiles y áreas protegidas. En un entorno como el de Eivissa, donde el litoral y el ecosistema marino son especialmente vulnerables, el ruido submarino, la introducción de especies a través del agua de lastre o la contaminación marina -señalados por la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) o la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) como presiones relevantes- adquieren un peso añadido. Así como la incorporación de nuevas fuentes de vertidos en zonas costeras muy transitadas de un Mediterráneo muy afectado ya por la contaminación.

A esto se le suma la presión territorial provocada por la llegada simultánea de miles de pasajeros. “El problema no es solo el barco, sino el efecto acumulativo sobre un territorio con límites ecológicos claros”, afirman desde Ibiza Preservation. Esta saturación, aunque se concentre en pocas horas, se suma a la carga total que soporta la isla y reta su capacidad real para seguir absorbiendo determinados modelos turísticos.

El Pikes, uno de los hoteles más míticos de Eivissa, conocido por haber sido un predilecto lugar de vacaciones de Freddie Mercury, está bajo el punto de mira: la Asociación Empresarial de Ocio Nocturno de Ibiza (AEON) ha denunciado ante el Ajuntament de Sant Antoni y el Consell Insular al establecimiento por “presuntas infracciones urbanísticas” y ha reclamado a ambas instituciones “inspecciones para comprobar licencias de actividad” en el contexto de los openings de las grandes salas de fiesta y discotecas de la isla.

“Si el Hotel Pikes tiene algún problema urbanístico no me cabe duda de que el Ayuntamiento de Sant Antoni actuará como debe”, responde José Luis Benítez, gerente de Ocio de Ibiza (asociación en la que está integrado el hotel Pikes). “La regulación actual está bien, todos sabemos dónde estamos ahora, pero cuando quieres acabar con la competencia denunciando es donde reside el problema principal”, añade. El hotel Pikes no ha respondido a las preguntas de elDiario.es en el momento en que se publica esta noticia.

Este hotel-boutique se erige en el centro oeste de la isla, ubicado en el municipio de Sant Antoni de Portmany. La fama que le precede es fruto del trabajo de Tony Pike, un empresario australiano que falleció el 24 de febrero de 2019. Desde su fundación, el hotel se convirtió en refugio de todo tipo de artistas y celebridades excéntricas, que hicieron famoso el local por las desenfrenadas juergas que se corrían, lo que trajo también no pocas polémicas y enfrentamientos con los vecinos.

Para entender las disputas entre los grandes grupos de la isla hay que conocer su historia. El presidente de AEON es José Roselló, fundador de la mítica discoteca Space, que cerró en 2016. Éste, a su vez, ha estado históricamente enfrentado a Abel Matutes, exministro de Asuntos Exteriores con José María Aznar, y dueño del Grupo Empresas Matutes. De hecho, Space echa el cierre porque los Matutes –dueños de esos terrenos de Platja d’en Bossa– abren Hï, la discoteca de ocio nocturno que complementa la oferta diurna de Ushuaïa, que es tanto hotel como discoteca (y que forman parte de Ocio de Ibiza).

Los asociados a AEON consideran que la oferta del ocio diurno hace 'competencia desleal' a sus negocios. Y éste es, precisamente, el centro de todo el conflicto. Una guerra silenciosa que se lleva librando desde el año 2012, cuando el conseller de Turismo, Carlos Delgado (PP), hizo una modificación de la ley turística que permitía que hoteles y restaurantes pudieran llevar a cabo “actividades y servicios complementarios”. O dicho de otra manera: grandes fiestas, a plena luz del día, como si fueran una discoteca más.

Disputas por el control del ocio

El Pikes está controlado por la mercantil Grupo Ibiza Rocks SL, cuyo administrador único es McKay Andrew Charles, que es dueño a su vez del Ibiza Rocks. Este recinto, con capacidad para 2.500 personas, representa una ‘pesadilla’ para los vecinos de los alrededores de Sant Antoni. El ruido y las vibraciones que hay casi todas las tardes se les cuelan en las salas de estar, las cocinas, los cuartos de baño, las habitaciones y les torturan el sistema nervioso. Según sus dueños, es el negocio pionero en explotar la gallina de los huevos de oro: generar tanto o más dinero con una actividad secundaria, una fiesta o un concierto junto a una piscina. Más tarde, coge el testigo Ushuaïa, la joya de la corona de los Matutes.

“Hablan de la ley turística y de un hotel que cerró en Palma que hacía eventos, que no tenía licencia de actividad, cosa muy diferente de los casos que denuncian en Ibiza”, argumenta Benítez. Todos los locales que forman parte de la asociación denunciante son de Sant Antoni (o zona colindante aunque parte de Sant Josep, como Cala de Bou), la mitad de ellos dentro del West End, o en sus límites, mientras que la otra mitad se encuentra en los alrededores, muy cerca del Club Náutico. “Varios bares del West quieren controlar el ocio de Baleares. Sinceramente, creo que Sant Antoni es unos de los mejores pueblos, de los más bonitos, pero tiene una zona que nadie quiere”, analiza Benítez. “El Ayuntamiento de Sant Antoni ha intentado por todos los medios cambiar el modelo, y no solo este gobierno [local], si no los anteriores, que eran de diferentes ideologías. Hasta el propio Govern balear lo intentó, pero si sus empresarios no quieren cambiar el modelo, todo seguirá igual”, afirma.

La denuncia de AEON contra el Pikes, por tanto, es una batalla más dentro de una guerra más amplia. La interpretación que hacen los empresarios del ocio nocturno es que el hotel-boutique vulnera el plan urbanístico de Sant Antoni, así como la ley de urbanismo balear, debido a “obras, usos del suelo y actividades disconformes con la calificación del suelo o sin la preceptiva licencia”. En un informe jurídico registrado ante el Ayuntamiento, consultado por elDiario.es, se detalla que la finca se asienta sobre suelo no urbano. En concreto, 1.937 metros cuadrados están incluidos en un Área Natural de Especial Interés (ANEI), donde el uso residencial está prohibido. El resto de la parcela, de más de 35.515 metros cuadrados, se clasifica como suelo rústico común.

La interpretación que hacen los empresarios del ocio nocturno es que el hotel-boutique vulnera el plan urbanístico de Sant Antoni, así como la ley de urbanismo balear, debido a 'obras, usos del suelo y actividades disconformes con la calificación del suelo o sin la preceptiva licencia'

A partir de esta clasificación, la asociación presidida por Roselló sostiene que el uso de vivienda requiere autorización de la CIOTUPHA (Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico Artístico del Consell Insular) y que la edificabilidad permitida es de 0,014 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo. Sin embargo, el informe jurídico de AEON, basado en referencias catastrales y normativa del PGOU y el PTI (Plan Territorial Insular), concluye que en la finca solo sería posible construir una vivienda unifamiliar, con un volumen máximo de 900 metros cúbicos sobre rasante, además de construcciones destinadas a usos agrícolas y actividades vinculadas al campo.

Denuncian infracción urbanística y de actividades

“No consta otorgamiento de Declaración de Interés General”, sentencia la asociación del ocio nocturno. “Asimismo, se desconoce las licencias de actividad autorizadas respecto al referido establecimiento, si bien en su propia web [del Pikes] se publicitan gran número de actividades que difícilmente pueden tener cobertura legal”, interpreta AEON. Por ello, la agrupación empresarial solicita al Ayuntamiento las correspondientes inspecciones por “una presunta infracción de la ley balear de régimen jurídico de las licencias”, al ejercer, a su parecer, “una actividad clasificada sin la correspondiente licencia o comunicación previa”. Para justificar su postura, adjuntan fotografías aéreas donde “se ha documentado la instalación de contenedores que, al aparecer, podrían tener un uso como viviendas y que se encuentran en una zona donde el suelo tiene la clasificación de rústico y cuyo uso principal es agrario”.

Fuentes del Ajuntament de Sant Antoni explican a este diario que el establecimiento constituye “una actividad legalmente implantada, que dispone de licencia de apertura y funcionamiento otorgada con anterioridad a 1985”. “En consecuencia, no resulta exigible la obtención de declaración de interés general, tal como se indica en la denuncia presentada”, valoran. Por otro lado, indican que cuenta “con el correspondiente título habilitante y ha procedido a la regularización de su situación, quedando plenamente legalizado e integrado en la ordenación vigente”.

La patronal del ocio considera que el hotel no tiene licencia de discoteca y pide que sea sancionado, aunque el Ayuntamiento asegura que es una actividad legal

Además, las fuentes municipales consultadas aseguran que la parcela asociada al negocio “se corresponde exclusivamente con la parcela catastral que ocupa la propia actividad, ubicada en su totalidad en suelo rústico común”. En cuanto a las molestias ocasionadas por ruidos, así como por cuestiones de movilidad –vehículos mal estacionados en parcelas colindantes–, reconocen haber recibido “algunas denuncias puntuales”. Igualmente, señalan que el departamento de Urbanismo y Actividades tiene previsto “realizar una inspección con el fin de evaluar todos los aspectos relacionados con la actividad y verificar la posible existencia de incumplimientos hasta la fecha”.

“No tenemos ninguna información sobre que el Ayuntamiento de Sant Antoni haya tomado medidas, realizado inspecciones, ordenado la retirada de los contenedores o que se haya adoptado ninguna medida cautelar de suspensión de actividades, ante la gravedad de los hechos denunciados”, afirman desde AEON. Tampoco les consta que haya ninguna notificación o comunicado de la Policía Local del municipio, ni del área de urbanismo. Al tiempo, defienden los empresarios de AEON, sufren “la competencia desleal de este tipo de hoteles-discoteca que viven de la fiesta (sin control de licencias de actividad, aforos y horarios) y cuyas infracciones (también urbanísticas) parece que no tienen consecuencias”.

En el informe jurídico registrado ante el Ayuntamiento reflejan además que las actividades de este hotel “generan un gran impacto” y que han sido “objeto de quejas y denuncias vecinales por ruidos, por afluencia de multitudes que a simple vista exceden el aforo de la actividad y que además provocan problemas”, en una zona utilizada como “aparcamiento público”. Sin embargo, subrayan, se trata de un terreno clasificado “como rústico y cuyo uso principal es agrario”. Y añaden que lo relevante es que hay, según su interpretación, un ejercicio de “gran número de actividades dispares sin que consten las correspondientes autorizaciones administrativas”, y que ello supone “grave perjuicio para la seguridad de las personas y por ende el interés general”. Es decir, obras de ampliación sin licencia, actividad de bar musical sin licencia de apertura, ruidos molestos o habilitación de parkings, según la versión de AEON.

Exigen inspección al Ayuntamiento

En consecuencia, piden al Ayuntamiento de Sant Antoni que inicie los correspondientes expedientes relativos a disciplina urbanística y revisión de licencias de actividades, así como una inspección “por parte de los servicios técnicos y de la Policía Local para constatar los hechos denunciados”. Como medida cautelar, piden “la paralización inmediata de cualquier obra de ampliación o el cese de cualquier actividad irregular”. En el contexto de inicio de la temporada turística, exigen que dichas inspecciones se amplíen en cuanto a “licencias de actividad, aforos, controles sobre horarios de apertura y cierre, así como las sonometrías correspondientes” y que el Consistorio haga público el resultado de las mismas.

Fuentes del Consell Insular informan de que, en el ámbito de sus competencias, “no tenemos constancia por el momento de actuaciones ni expedientes vinculados a este asunto”. Asimismo, no les consta “la existencia de autorizaciones insulares asociadas al establecimiento”, por lo que han recomendado solicitar acceso al registro del Ajuntament de Sant Antoni.

Según AEON, los hechos denunciados son reiterativos desde, al menos, el año pasado. El registro turístico del Consell Insular indica que el Pikes figura como un hotel aunque no aparece como discoteca o sala de fiestas en el listado de oferta de entretenimiento de la institución insular. Por eso la asociación del ocio nocturno de la isla insiste en que haya un “control de licencia de actividades, aforos y horarios de las fiestas que organizan”.

El ruido de las obras rompe la calma de los jardines que, durante décadas, han permanecido casi intactos frente a la bahía de Palma. Dentro, operarios revisan muros agrietados, sistemas de riego envejecidos y piscinas castigadas por el salitre. En el palacio de Marivent, el sonido metálico de las herramientas, el ir y venir de los trabajadores y la tierra removida delatan una reforma a la que el Govern balear ha dado luz verde con un presupuesto que rondará los 500.000 euros de dinero público. El objetivo: frenar el deterioro acumulado durante más de dos décadas en la residencia veraniega de los reyes que había de convertirse en espacio abierto a la ciudadanía y acabó consolidándose como enclave institucional de acceso restringido. Solo en determinados periodos la ciudadanía puede pasear por sus jardines.

La intervención actual, sin embargo, no es un episodio aislado, sino una pieza más de un sistema de gasto sostenido que se reactiva especialmente durante los periodos de estancia de los reyes en Mallorca. Solo en limpieza y suministros, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge contratos de más de 217.000 euros anuales, al que se añaden servicios de refuerzo adjudicados con fórmulas de contratación por horas que permiten ampliar el servicio durante los meses de verano. A nivel global, el Ejecutivo autonómico, titular del inmueble, destina más de 1,2 millones de euros cada año a su mantenimiento, una cifra que llegó a alcanzar los 1,7 millones en 2013, con José Ramón Bauzá (PP) como presidente.

No son las únicas inversiones que recibe el palacio. Sin precisar cantidades económicas concretas, la memoria de actividades de Patrimonio Nacional relativa a 2025, consultada por este medio, recoge que el año pasado se instalaron nuevos sistemas de detección y protección contra incendios en distintos inmuebles de su propiedad y, pese a no estar incluido entre ellos, también en Marivent -más en concreto en el edificio Camaretas-. Asimismo, se llevó a cabo la renovación de los baños en los apartamentos del personal de servicio y la demolición del forjado de la “antigua piscina” por problemas estructurales. En 2024, se llevaron a cabo estudios y tomografías en el arbolado con cargo a los fondos del Gobierno. Según datos obtenidos en su momento por Newtral a través del Portal de Transparencia, el ente encargado de la gestión de los bienes vinculados a la Corona destina -al menos hasta 2021- una medida de 220.000 euros anuales para sufragar gastos de personal y suministros.

En este contexto, la reforma actual reabre una cuestión de fondo: qué retorno público tienen las inversiones en una residencia institucional de uso limitado en un escenario, además, marcado por la crisis de acceso a la vivienda, la saturación turística y el debate sobre el modelo económico de las islas.

La reforma reabre una cuestión de fondo: qué retorno público tiene la inversión pública sostenida en una residencia institucional de uso limitado en un escenario, además, marcado por la crisis de acceso a la vivienda, la saturación turística y el debate sobre el modelo económico de las islas

Más de 25 años sin reformas profundas

En la propia memoria justificativa de la reforma actual, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas considera incluso que es “totalmente necesario incrementar la partida prevista” para el mantenimiento de Marivent ante el deterioro del palacio, que arrastra más de 25 años sin reformas profundas. El informe va más allá y advierte de que el coste del mantenimiento ordinario ya supera los límites de los contratos menores –reservados para gastos puntuales y de escasa cuantía–, lo que obliga a recurrir a nuevas licitaciones de mayor importe y a planificar intervenciones más amplias para evitar que los daños estructurales se agraven. Un hecho que confirma el carácter estructural y elevado del gasto asociado al complejo. Marivent ha dejado de ser un gasto puntual para convertirse en una estructura de gasto permanente.

La memoria de la reforma advierte de que el coste del mantenimiento ordinario ya supera los límites de los contratos menores -reservados para gastos puntuales y de escasa cuantía-, lo que obliga a recurrir a nuevas licitaciones de mayor importe y a planificar intervenciones más amplias para evitar que los daños estructurales se agraven

De acuerdo al documento consultado por este periódico, la reforma prevista abarca tanto elementos estructurales como instalaciones y espacios exteriores. Entre las actuaciones previstas se encuentran la restauración de pavimentos de piedra y empedrados, la sustitución de barandillas corroídas por la oxidación y la intervención en cubiertas, cornisas y fachadas expuestas al salitre y la reparación del vial de acceso dañado por raíces. También se contemplan actuaciones en la piscina –con filtraciones y maquinaria obsoleta–, vestuarios, caminos interiores y edificios auxiliares, así como la reparación de muros, canalizaciones y sistemas de drenaje. En el exterior, se prevén trabajos en jardines, la rehabilitación de fuentes ornamentales en desuso, la reparación de daños causados por los temporales y la mejora de los sistemas de riego.

El presupuesto base de licitación asciende, en concreto, a 470.444 euros (IVA incluido). Sin embargo, el expediente prevé la posibilidad de incrementar el importe hasta un 20% adicional en caso de aparición de vicios ocultos, es decir, defectos no detectados en la inspección inicial que suelen afloran durante la ejecución de una obra, lo que podría elevar el coste final por encima de los 560.000 euros.

Como explicita la memoria justificativa de la reforma, a raíz de la constitución de la Comunidad Autónoma, los inmuebles que conforman el recinto de Marivent fueron transferidos por el entonces Consejo General Interinsular, pasando así a formar parte del patrimonio autonómico. En consecuencia, su administración, conservación y protección es responsabilidad del Govern balear, tal como dispone la ley del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Balears.

“Como cualquier otro inmueble de la cual es propietaria, la Comunidad Autónoma tiene la obligación de cuidar de la conservación y el mantenimiento de Marivent por un doble motivo: la protección de la finca, como conjunto arquitectónico que forma parte de un legado integrado en nuestro patrimonio, y la necesidad de que pueda servir a la finalidad a la cual el inmueble está destinado”, añade el documento. Al definir ese “destino”, el informe, lejos de hacer referencia al uso original del palacio –concebido como museo abierto a la ciudadanía–, asume plenamente que el complejo es, “desde hace mucho tiempo, no solo la residencia de verano de la Familia Real, sino lugar de descanso a lo largo del año, por lo cual es frecuentemente utilizado por todos sus miembros y pasan numerosas personalidades de todos los ámbitos”.

Un modelo de contratación fragmentada

Aunque el procedimiento de adjudicación es abierto, la reforma se inserta en un modelo de contratación fragmentada que caracteriza la gestión de Marivent desde hace décadas. El mantenimiento del complejo no se licita como un servicio integral, sino que se divide en múltiples contratos individuales –limpieza, jardinería, plagas, electricidad, climatización, obras– adjudicados a distintas empresas. En este caso, la contratación ha recaído en Bonfill Ingeniería, Arquitectura y Paisaje SL, una empresa mallorquina fundada en 2011 que ha incrementado su presencia en la contratación pública balear en los últimos años. Solo en 2025, el volumen de contratos superó los cinco millones. Su actividad se concentra en reformas de edificios públicos, infraestructuras y proyectos para distintas administraciones.

Aunque el procedimiento de adjudicación es abierto, la reforma se inserta en un modelo de contratación fragmentada que caracteriza la gestión de Marivent desde hace décadas

Cabe destacar que el gasto en Marivent no se limita a obras y contratos externos. Un acuerdo del Consell de Govern aprobado en julio de 2025 incluye explícitamente al personal que presta servicios en el palacio dentro de los colectivos que pueden percibir retribuciones por horas extraordinarias, lo que evidencia que la actividad del complejo genera también costes laborales adicionales vinculados a su funcionamiento ordinario. La medida se justifica, según el propio documento, por la imposibilidad de compensar esas horas con descanso, lo que refuerza la idea de que el mantenimiento y uso del palacio comporta una carga estructural de gasto público más allá de las partidas presupuestarias visibles.

En las últimas legislaturas, de acuerdo a la documentación analizada por este medio, el Govern ha adjudicado servicios de refuerzo por importes de hasta 100.000 euros, con sistemas flexibles que permiten ampliar el servicio durante los meses de mayor actividad. Dependiendo del periodo, las distintas contrataciones han recaído en una u otra empresa: así, en 2011 el Govern adjudicó por 47.200 euros a Hidráulica y Electricidad SA el mantenimiento de las instalaciones eléctricas del complejo, mientras que la climatización fue encargada a Refrigeración y Confort SA por importes similares en contratos de dos años formalizados en 2014. A ello se suman actuaciones puntuales de obra menor, como el contrato adjudicado en 2016 a Construcciones Llull Sastre SA por 56.562 euros para la reposición de pavimentos, muros y escaleras, y otros para el control de plagas, que recayó en mercantiles como Will Kill SA por 41.300 euros.

Incumplimiento de contrato

Mientras tanto, algunas de las contrataciones no se han librado de la polémica. En 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ratificó que 292.132 euros reclamados por Lireba Serveis Integrats -que operó como filial del grupo ACS- a raíz de la liquidación del contrato para la limpieza y mantenimiento del palacio de Marivent correspondían al Govern, que le adjudicó estos trabajos en agosto de 2007. La Sala declaraba probado cómo, durante la vigencia del contrato, la empresa facturó y cobró la anterior cantidad sin contraprestación alguna por su parte.

Posteriormente, el Tribunal Supremo validó la actuación del Ejecutivo balear de rescindir el contrato antes de su resolución definitiva, al considerar que la medida estaba justificada por razones de interés público y seguridad, especialmente en un entorno sensible como Marivent. Entre otros aspectos, el Alto Tribunal destaca que Lireba debía mantener un servicio permanente con un número concreto de empleados adaptado a las estancias de la Familia Real. Sin embargo, la empresa llegó a prestar el servicio con menos de la mitad del personal exigido, incumpliendo una condición que el propio contrato calificaba como esencial. La sala subraya que este déficit no era un aspecto menor, sino un “quebrantamiento” del núcleo del contrato, al afectar directamente a la calidad y viabilidad del mantenimiento del complejo.

La resolución, sin embargo, iba más allá: dejaba al descubierto relevantes disfunciones en la gestión de estos servicios públicos, no solo respecto a los fallos en el control de la ejecución contractual -el hecho de que la empresa llegase a facturar servicios no prestados conforme a lo pactado-, sino que pone de relieve la complejidad de un modelo basado en contratos fragmentados y altamente dependientes de condiciones variables, como las estancias de la Familia Real. El resultado es un sistema en el que el seguimiento efectivo del servicio se vuelve clave, pero también difícil de fiscalizar.

En 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Balears ratificó que la empresa Lireba, que operó como filial de ACS, percibió 292.132 euros sin haber efectuado la correspondiente contraprestación por la limpieza y mantenimiento de Marivent que tenía encomendado desde agosto de 2007

El gasto público en Marivent ha sido –y continúa siendo– objeto de críticas políticas y sociales durante años. Además de los fondos públicos destinados a su mantenimiento, formaciones políticas y movimientos ciudadanos han denunciado la falta de transparencia sobre el proceso que convirtió el palacio en la 'residencia real' de verano en Mallorca. elDiario.es sacó a la luz la escritura con la que José Carlos Herrmann–Marconi, heredero del filántropo Ionannes Saridakis, renunciaba en 1978 al palacio, contraviniendo lo que había dispuesto en su testamento su padrastro. Saridakis, filántropo de origen griego, había hecho fortuna en Sudamérica y encontró en Mallorca su retiro dorado. La isla lo encandiló hasta tal punto que decidió donar a Balears un inmenso legado artístico y arquitectónico que incluía el palacio que hizo levantar a orillas del mar.

Fue su viuda quien, en 1965, cedió el edificio, el terreno de 33.905 metros cuadrados sobre el que había sido construido y la colección de arte del filántropo a la entonces Diputación Provincial bajo la condición de que los mallorquines –y la población en general– pudieran deleitarse con la cultura y el pensamiento que encerraban sus paredes. Un extremo que solo se cumplió entre 1965 y 1972. Durante varios años, el espacio museístico permaneció abierto al público, pero, tras su cesión a los reyes por parte de la franquista Diputación Provincial de Balears, nunca más volvió a abrir sus puertas, convirtiéndose en la residencia privada de la Familia Real durante sus estancias en Mallorca.

La escritura de renuncia, un documento de 14 páginas que nunca antes había salido a la luz, es el papel al que se agarran en la Casa Real para justificar el uso privativo de Marivent por parte de la realeza. En el documento, sin embargo, el heredero (José Carlos Herrmann-Marconi) no justifica los motivos que le conducen a incumplir la última voluntad de Ionannes Saridakis.

El documento deja constancia del momento en el que, seis meses antes de la promulgación de la Constitución, el 6 de abril de 1978 Marconi comparecía ante el notario Julio Albi, con despacho en Madrid, para formalizar la renuncia. De la mansión desistió en pleno proceso judicial impulsado por los herederos contra el Govern –que había absorbido a la Diputación Provincial– y a la Fundación Museo de Arte Saridakis –declarada entonces en rebeldía– por el mal uso de la donación de su ascendiente. Marconi recuperó la titularidad de los bienes de su padrastro, pero no el palacio. Durante cinco décadas, los reyes han invitado al palacete a presidentes del Gobierno e ilustres mandatarios extranjeros y han disfrutado de las vacaciones en la isla a costa de los contribuyentes, que se quedaron sin palacio y sin museo.

Los jardines con las esculturas de Miró, abiertos al público

En la actualidad, de todas las pinturas que cuelgan en el interior de Marivent, más de ochenta son propiedad del Govern, como consta en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears (CAIB), consultado por elDiario.es. Junto a los cuadros, el Ejecutivo autonómico también posee la propiedad de buena parte del mobiliario del edificio, como varias camas mallorquinas de los siglos XVIII y XIX, un arcón gótico mallorquín, un banco neoclásico, un escritorio barroco e innumerables espejos y cómodas. Elementos de gran valor a los que ciudadanía, sin embargo, no tiene acceso.

Por el contrario, los jardines de Marivent, que ocupan una superficie total de 9.155 metros cuadrados, sí se encuentran abiertos al público tras el acuerdo alcanzado en mayo de 2017 entre el Govern de Francina Armengol y la Casa Real para conjugar el proyecto de apertura de la zona exterior del complejo con el uso del palacio como residencia de la familia real. En ellos se exhiben doce esculturas en bronce que Joan Miró realizó entre los años 1969 y 1981 y que la familia del pintor cedió para dar un valor añadido a las visitas. Una iniciativa que pretende, además, poner de manifiesto el vínculo de la obra del artista catalán con el barrio de Cala Major, que él mismo escogió para vivir y trabajar. 

Un hombre de 65 años y nacionalidad alemana ha fallecido este jueves tras precipitarse por un desnivel de unos 30 metros en el término municipal de Valldemossa, en Mallorca, según ha informado la Guardia Civil.

El accidente se ha producido poco antes del mediodía, cuando la víctima realizaba una excursión junto a un grupo de once personas. En un momento del recorrido, el senderista se habría separado ligeramente del grupo, que perdió su rastro al no regresar.

Ante la ausencia, los excursionistas decidieron retroceder sobre sus pasos y localizaron al hombre tras comprobar que había caído por una zona escarpada, con un desnivel de entre 30 y 40 metros, en las inmediaciones del torrente de sa Marina, ubicado en un entorno abrupto de la Serra de Tramuntana, con tramos de fuerte pendiente, terreno rocoso y pasos estrechos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencias, aunque los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El cuerpo sin vida fue recuperado por el helicóptero de la Guardia Civil. En el operativo también han participado bomberos del parque de Sóller con el apoyo del helicóptero Milana.

Un hombre ha aceptado este miércoles una condena de dos años y tres meses de prisión por intentar matar a su pareja en Palma, a la que intentó cortar el cuello con un machete. El acusado tenía en vigor una orden de alejamiento tras haberla agredido previamente.

El inculpado se ha sentado este miércoles en el banqullo de la Audiencia Provincial de Balears, donde ha reconocido los hechos. El tribunal ha dictado sentencia de conformidad después de que las partes hayan alcanzado un acuerdo que ha rebajado la condena inicial de seis años de cárcel que reclamaba la Fiscalía.

El condenado ha admitido que el 20 de octubre de 2024 acudió al domicilio de la víctima, a sabiedas de que incumplía la orden judicial que le prohibía acercarse a ella. Una vez allí, inició una acalorada discusión y comenzó a propinarle varios golpes y puñetazos en la cabeza y en las piernas, para acto seguido coger un machete de grandes dimensiones y provocarle un corte en el cuello en forma de 'y'.

La sentencia lo considera autor de un delito de tentativa de homicidio y otro de quebrantamiento de condena. Además, se ha aplicado la atenuante de reparación del daño después de que el acusado entregara 4.000 euros a la víctima como indemnización.

Es Canar vive en una doble realidad que apenas se toca: en verano, sus calles se llenan hasta cuadruplicar la población residente; en invierno, el silencio se impone en un núcleo que queda prácticamente vacío. Entre esas dos imágenes se mueve este núcleo poblacional del este de Eivissa que suma 7.645 plazas turísticas frente a 1.689 habitantes empadronados y que, sin ser un pueblo en sentido estricto, ha terminado funcionando como uno de los motores del turismo familiar de la isla. Ahora, ese modelo empieza a dar un giro con la construcción de un hotel de cinco estrellas que apunta hacia un perfil de visitante más exclusivo.

Desde la playa se divisan dos islotes llanos, la isla de es Canar y sa Galera, que inspiran la misma calma y tranquilidad que la zona junto a la que existe su morfología. Turística, pero familiar, con visitantes que han ido aumentando desde mediados de los años sesenta, a la par que lo hacían los complejos hoteleros, apartamentos y campings para albergarlos. 

No es un pueblo ni una parroquia –aunque cuenta con una capilla al aire libre, como Cala Llonga– sino un antiguo diseminado ligado a tradición de cultivos al estilo ibicenco (que combinan cereales y árboles frutales) y que hace décadas llegaban hasta primera línea de mar. Algunos todavía sobreviven, como en es Figueral –otro núcleo parecido–, aunque ya ambas sean áreas turísticas concentradas con tramos urbanos.

El paraíso de es Canar pegó el boom a la vez que lo hacía la industria turística en Eivissa en general, pero aún más en 1973 de la mano de la creación de su mercadillo hippy –el primero y más grande de la isla, con 400 puestos en la actualidad– en el Club Punta Arabí. Su fundador fue el vendedor más veterano de entonces, el brasileño Lucio Moreira. El detonante de esta apertura a nivel insular fue la apertura en 1966 del aeropuerto de es Codolar al tráfico internacional, que ya había funcionado como aeródromo militar durante la guerra, lo que supuso el inicio de la gran transformación económica y social de la isla.

Fueron los visitantes que llegaban de la Península y de todos los lugares del mundo quienes empezaron a vender artesanías en es Canar utilizando el suelo como punto de venta, así como a tocar instrumentos durante esos encuentros. “Era una celebración y un intercambio”, recuerda Maiki, artesana de ropa de algodón y actual miembro de la Junta de la Asociación de Vendedores: “Con el tiempo empezaron a llegar los primeros turistas, también gente de dinero y artistas y con esa afluencia se empezaron a vender las primeras artesanías”. 

Con el tiempo empezaron a llegar los primeros turistas, también gente de dinero y artistas y con esa afluencia se empezaron a vender las primeras artesanías

Maiki — Artesana y miembro de la Junta de la Asociación de Vendedores

El mercadillo: símbolo del ‘boom’

Algunos vendían objetos hechos a mano en Perú y otros cinturones de plata que venían de la India. Incluso piezas bastante caras que eran obtenidas por gentes que se querían “hacer ver” a través de sus looks, por entonces muy llamativos. “Existía un pseudo hippismo vinculado al dinero”, añade, que todavía sobrevive, por otro lado, en la actualidad.

Con el tiempo, los vendedores se empezaron a congregar entre las paredes del club –que alberga un hotel– y más tarde se fueron organizando con números y carnets que más tarde se convertirían en puestos propios por los que tuvieron que empezar a pagar por estar allí y desarrollar la actividad que desarrollaban libremente al principio y que cada vez se fue volviendo más comercial.

En paralelo, los turistas se fueron asentando entre las calles del núcleo turístico durante sus vacaciones buscando la slow life que no ofrecían otras zonas que ya habían crecido con el negocio del ocio nocturno, como Sant Antoni. En este rincón del este de la isla también empezaba a haber chiringuitos y lugares para ir de fiesta, como la discoteca La Cancela –que en los años ochenta y noventa atraía hasta a residentes de otras partes de Eivissa–. Sin embargo, el leitmotiv de es Canar era muy diferente: ofrecer a grupos familiares y jóvenes provenientes de distintas partes de Europa todo lo que necesitaban dentro de un mismo complejo. Mientras esto sucedía, aumentaban los puestos de trabajo que favorecieron en la época la migración peninsular.

La demanda fue derivando progresivamente en una saturación (el cuádruple de plazas turísticas que de personas empadronadas) que la Federación Hotelera de Eivissa i Formentera no ha considerado, al ser consultada por elDiario.es, particular del antiguo diseminado, sino habitual en la mayoría de zonas turísticas de las islas y del conjunto de España. 

En el caso del norte de Santa Eulària el crecimiento se ha producido de forma especialmente desordenada, no solo en es Canar, sino en otros puntos como Cala Pada, es Figueral o Cala Llenya, que presentan un desarrollo caótico desde el punto de vista de la planificación, apunta el geógrafo y experto en turismo de las Pitiüses Maurici Cuesta.

Más de cuatro turistas por residente

Hoy, las 7.645 plazas turísticas –según datos de la Federación– contrastan con los 1.689 residentes registrados en el padrón municipal: 863 hombres y 826 mujeres, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre ellos, muchos conviven con esta realidad que, en temporada alta, se traduce en una saturación evidente del espacio público, dificultades de aparcamiento y una presión constante sobre la vida cotidiana.

A ello se suma el contraste estacional: en invierno, es Canar se convierte en un pueblo fantasma, no hay nada para la gente local que vive allí todo el año: solo un bar. Mientras que en verano la actividad se concentra al máximo y el núcleo multiplica su población.

Las 7.645 plazas turísticas contrastan con los 1.689 residentes registrados. En invierno es una zona fantasma, no hay nada para la gente local que vive allí todo el año: solo un bar

“Agobia un poco, evidentemente, porque a quién no le agobia que de repente en la zona en la que vive haya un montón de gente, te cuesta más encontrar aparcamiento”, explica Sofía (nombre ficticio a petición propia), una vecina. “Pero la verdad es que es un turismo, dentro de lo que cabe, muy familiar –casi todo son familias británicas– y muy respetuoso. Desde el COVID parece que hay también turismo más nacional, no es como en Sant Antoni o Platja d’en Bossa existe un público más hooligan”.

Sofía también percibe un contraste estacional muy fuerte: “Lo que más nos choca –a mi pareja y a mí– es el invierno, porque es Canar se convierte en un pueblo fantasma”. Los miércoles –cuando hay mercadillo hippy– son un “terror”, añade. Aún teniendo parking propio y cerrado con una barrera, los turistas aparcan en su vado.

El escenario dista mucho de la playa con muelle y actividad pesquera rodeada de cultivos que había sido. El desarrollo de este núcleo poblacional ha sido paralelo, desde los años sesenta, al del turismo en la isla y con el tiempo se ha convertido en un continuo urbano junto a Punta Arabí y Cala Nova muy importante dentro del término municipal de Santa Eulària. 

“Era una zona bastante normalita, con souvenirs, bares, restaurantes, servicios de playa, hoteles, hostales y apartamentos”, explica Cuesta. “Ahora ha cambiado de escala, con muchos establecimientos reconvertidos o con nuevos nombres para adaptarse a otros tipos de turismo”, añade.

Es Canar cuenta ya con una treintena de complejos turísticos, en su mayoría de dos y tres estrellas –de grandes dimensiones y con amplios servicios destinados al turismo de masas–, como el hotel Caribe o el de la cadena hotelera pitiusa Invisa, con 270 habitaciones. Pero a lo largo de los últimos años han ido brotando, sobre todo en los alrededores (s’Argamassa o Cala Nova), alojamientos de mayor categoría, en línea con una evolución hacia un perfil más high class. 

Un nuevo complejo de cinco estrellas

El reducido vecindario se prepara para seguir ampliando su oferta turística con un nuevo hotel de alta gama previsto, si se cumplen los plazos, para la temporada de 2027, como ha publicado El Periódico de Ibiza. El proyecto, promovido por un inversor nacional del sector inmobiliario, plantea la construcción de un establecimiento de 116 habitaciones que aspira a alcanzar la categoría de cinco estrellas, aunque esta dependerá del Consell Insular.

El inmueble, cuya construcción ejecuta Hermanos Parrot, tendrá planta baja y una altura, además de servicios como piscina, spa y aparcamiento. Se tratará de un edificio de estilo mediterráneo ibicenco y estará rodeado de especies autóctonas –pretende ser respetuoso con el medio ambiente–. “Si el hotel –que está en construcción– es de cinco estrellas y viene el mismo tipo de cliente [más familiar], será de bien también”, valora Anabel, otra residente de 28 años. 

Las obras comenzaron el pasado mes de diciembre y tienen una duración estimada de dos años. En estos momentos, la promotora negocia qué cadena hotelera operará el establecimiento. La llegada de este nuevo complejo supone la materialización de un viraje que ya estaba en marcha: el paso de un turismo familiar y de escala media a un modelo progresivamente orientado al lujo. Un cambio que no rompe con lo que es Canar ha sido, pero redefine hacia dónde se dirige, igual que el resto de la isla, cada vez más enfocada al cliente de alto poder adquisitivo.

El Parlament balear ha aprobado este martes, con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo mayoritario de la izquierda, a la ley que permitirá la creación de la Universidad de Mallorca (Umac), un nuevo centro privado impulsado por Adema. La iniciativa reconoce a la UMAC como una universidad privada con personalidad jurídica propia y forma de sociedad limitada en un contexto de creciente debate sobre el auge de la enseñanza superior privada en Balears y en el resto de España.

El nuevo centro, que se ubicará inicialmente en Palma e Inca, ofrecerá titulaciones en ámbitos como Medicina, Odontología, Ingeniería, Bellas Artes o Ciencias Políticas, además de másteres y doctorados. Aunque no recibirá financiación directa de los presupuestos autonómicos, sí podrá concurrir a convocatorias públicas competitivas. La ley también regula su relación con el sistema sanitario público para la realización de prácticas, estableciendo que los estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) tendrán prioridad en el acceso a hospitales y centros sanitarios.

El impulso parlamentario de la Universidad de Mallorca llegó después de que los servicios técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades emitieran un informe desfavorable que cuestionaba la viabilidad financiera y las garantías docentes e investigadoras del proyecto, tal como informó El País, lo que Adema atribuyó en un comunicado a que no habían podido valorarse algunos de los documentos que acompañaban al proyecto porque se habían perdido en su “conversión a PDF”. Con todo, dado que el dictamen no era vinculante, la Conselleria balear de Educación inició su propio procedimiento con el objetivo de evaluar la viabilidad del nuevo centro.

Finalmente, la Conferencia General de Política Universitaria emitió el informe preceptivo necesario para avanzar en el proceso, un paso que, según denunció Adema, se produjo “18 meses después de haberse remitido la memoria por parte de la Conselleria”, atribuyendo esta demora a una “decisión política” del Ministerio.

La aprobación de la ley ha evidenciado, una vez más, un fuerte choque ideológico en la Cámara: desde MÉS per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha advertido de que el Govern impulsa una política que “apuesta por la educación como un activo de mercado y no como un derecho” mientras que, en términos similares, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha denunciado que esta ley es la prueba de que los “lobbies” de las universidades privadas “trabajan codo con codo con el Govern para implantarse en Balears”. “Hablan de libertad pero solo quieren favorecer la enseñanza privada”, ha criticado. En una intervención anterior, García ya alertó de que el texto de la ley contiene “varias cuestiones que generan dudas”, como la figura jurídica de Adema, constituida a través de una sociedad de responsabilidad limitada (Academia Dental de Mallorca S.L.).

El PSIB-PSOE, por su parte, ha optado por la abstención, marcando distancias con el proyecto pero evitando el rechazo frontal. Los socialistas reconocen que esta iniciativa presenta diferencias respecto a otros proyectos privados, al haberse desarrollado -a su juicio- con mayor diálogo y sin operaciones urbanísticas controvertidas. Aun así, han advertido de “riesgos” y han asegurado que estarán “vigilantes” para que el Govern no relegue a la universidad pública. “En este caso sí que ha habido debate y diálogo con la comunidad universitaria y se ha hecho sin imposiciones ni operaciones urbanísticas dudas. La oferta de titulaciones no entra en competencia directa con la universidad pública”, ha expuesto la socialista Mercedes Garrido.

PP y Vox defienden la privada como “oportunidad”

Desde la derecha, el PP ha defendido la ley como una ampliación del sistema universitario y no como una alternativa a la pública. “No hemos elegido entre reforzar la pública o ampliar el sistema, sino las dos cosas”, ha aseverado la diputada Ana Isabel Curtó. Vox, por su parte, ha enmarcado el debate en términos ideológicos, defendiendo la universidad privada como garantía de “libertad” frente a lo que ha calificado como “wokismo” en la educación pública, y cargando contra la UIB por un supuesto sesgo ideológico.

El texto de la norma incorpora algunas condiciones tras su paso por el Parlament, como la obligación de destinar al menos un 5% de los ingresos a becas o el derecho del Govern a intervenir en caso de cambio de accionariado. Además, cualquier nueva titulación deberá contar con el aval de la agencia de calidad universitaria y la autorización del Consell de Govern.

Por su parte, Adema, promotora del proyecto, ha celebrado la aprobación de la ley y ha asegurado que la nueva universidad permitirá reforzar la conexión entre la formación superior y el tejido productivo de Baleares. La entidad prevé destinar 6,8 millones de euros en becas durante la próxima década para atraer talento y perfiles de alto rendimiento.

Cabe recordar que, el pasado mes de septiembre, el Govern ya declaró como proyecto de especial interés estratégico el nuevo centro universitario Beato Luis Belda, adscrito a la institución católica privada CEU San Pablo. Con esta decisión, el Ejecutivo otorgaba un trato preferente a una iniciativa educativa confesional, situándola en la misma categoría que proyectos empresariales considerados esenciales para la transformación económica de las Islas.

Posteriormente, el Ejecutivo anunció su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto del Gobierno central que endurecerá los requisitos para la creación de universidades privadas, El vicepresidente primero, Antoni Costa, afirmó en su momento, de hecho, que “no pondrán palos a las ruedas” en el proceso de puesta en marcha de estos centros: “Creemos que la oferta de la UIB [Universitat de les Illes Balears] debe ser complementada con la privada. Se llama libertad”.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha condenado a dos años de inhabilitación a una magistrada por dictar dos resoluciones judiciales que no permitieron a una empresa en concurso interponer recurso, pese a que la ley sí lo contemplaba. La Sala considera que la acusada actuó con grave imprudencia, si bien descarta que lo hiciese con dolo.

El caso se inscribe en el procedimiento concursal de Grupo 4 Islas Balears S.L., empresa que explotaba el hotel Torre Azul en s'Arenal de Llucmajor. Según la sentencia, la jueza, quien ejercía como sustituta en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, incurrió en un “error inexcusable” al considerar que las decisiones que adoptó en este procedimiento eran de trámite y, por tanto, no podían ser recurridas, lo que impidió que la mercantil recurriera dos providencias dictadas en julio de 2023.

El tribunal subraya que estaba “convencida, aun cuando ello no era así, de su carácter irrecurrible”. Los magistrados descartan, con todo, que actuara con dolo -lo que evita una condena por prevaricación-, pero concluyen que sí incurrió en grave imprudencia al dictar resoluciones “manifiestamente injustas” y de “flagrante ilegalidad”.

Vulneración del derecho a recurrir

La Sala es contundente al señalar que “ninguna interpretación” del artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil amparaba impedir el recurso contra las dos providencias. Es más, sostiene que la negativa a permitir la impugnación “no solo es errónea”, sino que “se aparta de cualquier interpretación aceptable de la Ley” e incluso “contraviene el tenor literal de la misma”, vulnerando el principio de acceso a los recursos.

“Nos encontramos ante el caso de que la magistrada querellada actuó creyendo temerariamente que la resolución que dictaba era correcta, cuando era flagrante su ilegalidad”, apunta la Sala, qye llega a la convicción de que la jueza acusada actuó con grave imprudencia y dictó unas resoluciones manifiestamente injustas.

Con todo, la Sala no aprecia reproche penal en la conducta que se le atribuye a la magistrada por parte de la acusación de no haber ejecutado inmediatamente un anterior auto de remoción del administrador concursal cesado. En este sentido, los magistrados consideran que su actuación era defendible, teniendo en cuenta que en el hotel sucedieron una serie de altercados que exigían auxilio judicial y que el administrador cesado había anunciado y presentado un recurso de reposición contra su cese. En la práctica, añaden, no es inusual esperar a que se resuelva el recurso antes de hacer efectivo el relevo.

La magistrada ha sido condenada a dos años de inhabilitación y al pago de la mitad de las costas del proceso al Ministerio Fiscal y a la acusación particular. Por el contrario, el tribunal la absuelve de otro de los reproches planteados: no haber ejecutado de forma inmediata un auto que ordenaba la remoción del administrador concursal. La decisión no es firme, cabe recurso de apelación ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial de Balears ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado contra el archivo del caso de la conocida como “macrogranja de los horrores” de Llucmajor (Mallorca), en el que investigaban posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio y de estafa al consumidor. El procedimiento se reabriría a efectos de estudio del recurso, después de que el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma acordara el sobreseimiento provisional al considerar que no quedaba acreditada la comisión de ningún delito por parte de la empresa Avícola Son Ballester –cuya actividad comercial desarrolla bajo la marca Avícola Son Perot S.A–, como informó este diario. Cabe señalar que la explotación avícola ha estado en el foco informativo a raíz de las imágenes publicadas en primicia por este diario el 26 de mayo de 2025 y que se hicieron virales por las condiciones de falta de higiene y suciedad extremas de su interior.

El despacho Peñas Roldán Abogados, que defiende a la plataforma vecinal ‘Stop Macrogranja Llucmajor sense olors ni mosques’, presentó un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma al entender que la decisión del sobreseimiento de las actuaciones se había producido sin haber agotado “las posibilidades de indagación e investigación de los hechos”. “Es que ni tan siquiera se han iniciado”, lamentó Lorenzo Peñas a elDiario.es. Los vecinos y vecinas afectados, ahora constituidos en una plataforma, insistían en que se habían adherido a la denuncia presentada por las asociaciones de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal debido a las “las malas condiciones de vida que estaban padeciendo los mismos debido a la situación de insalubridad de la granja en cuestión”.

Nati García, que vive en la urbanización de Tolleric —a un kilómetro de la granja—, compró la casa en la que vive en 2003. Entonces, según su relato, ya llegaban olores de la granja, pero en ningún caso como ahora. “Cuando se volvió insoportable fue a partir de 2019: pasamos de olores puntuales a que fuera insostenible”, señaló a este diario. “Tenemos que cerrar puertas y ventanas para que los gases fétidos, posiblemente tóxicos, no entren en las casas”, añadía. Pep, que vive a escasos 500 metros de la granja, lamentó a este respecto que no podía “comer fuera ni tampoco en la cocina”.

En el recurso de apelación –ahora aceptado a trámite– se recordaba que la explotación avícola, cuando fue ampliada, empezó a funcionar “sin la correspondiente autorización administrativa, siendo conocedor de dicho extremo las autoridades competentes”. El motivo de la denuncia se fundamenta, según señalaban, debido a una serie de “daños y perjuicios sufridos por los vecinos colindantes a la granja desde al año 2019”. El origen del daño que denuncian está, aseguran, en las “plagas de insectos y moscas” y por los “malos olores” que empezaron a producirse en todas las residencias aledañas a la explotación avícola. Los hechos denunciados por la plataforma vecinal fueron probados en consiguientes inspecciones de técnicos del Govern balear, según los expedientes administrativos consultados por este diario.

“Perjuicio emocional y económico”

A estos daños denunciados hay que sumar, afirman, una “pésima gestión de tratamiento con los cadáveres de los animales, habiéndose encontrado durante varios años diferentes fosas de animales muertos en las inmediaciones de la explotación”. Estos daños les han reportado, lamentan, un perjuicio “tanto emocional como económico”, según su versión, motivo por el cual decidieron constituirse en una plataforma. Anteriormente, afirman que hicieron llegar sus denuncias a las administraciones individualmente, sin resultado.

Debido al perjuicio que afirman estar sufriendo, se presentaron como acusación particular tras la apertura de diligencias, en las cuales se solicitaba investigar a la sociedad mercantil, dueña de la explotación avícola, por la comisión de posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio, así como de estafa al consumidor. “Es importante dicho extremo, porque no solo estamos hablando de un maltrato animal, sino que también está en riesgo la salud de las personas, no habiéndose practicado diligencia alguna en relación a los cuatro amontonamientos ilegales de estiércol que se localizaron, se fotografiaron y se comunicó a la autoridad competente en el año 2024 y 2025”, argumentaron.

Respecto al posible delito contra la ordenación del territorio, la plataforma vecinal considera, tras haber estudiado el suelo de la zona, que existen sospechas fundadas de que “la mayoría de las naves construidas en la zona en el año 2017, concretamente seis de las siete naves –cabe señalar que una ha sido cerrada–, se encuentran construidas en suelo no urbanizable”. Asimismo, alguna de las naves podría estar construida, afirman, sobre una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Pese a que afirman haber solicitado la apertura de diferentes diligencias (la declaración de los representantes legales de la empresa en calidad de investigados; la declaración testifical de cargos públicos tanto del Ayuntamiento de Llucmajor como del Govern; declaración de la representante legal de la mercantil AENOR; la aportación de la cédula urbanística de todas las parcelas donde se han construido las siete naves de la empresa para comprobar si las obras de reforma se hicieron conforme a la ley; la declaración de un perito catedrático que pueda valorar los “diferentes focos de plagas e infección”, así como la declaración del veterinario de la macrogranja), el juez instructor solo ha tenido en cuenta “el escueto informe emitido por el Seprona en el que solo se hace referencia a la ausencia aparente de maltrato animal, sin profundizar en ningún otro extremo, como puede ser el tema de las plagas de insectos en las casas colindantes, los malos olores o el trato dado a los cadáveres de la granja”.

Según los vecinos, el juez instructor solo ha tenido en cuenta 'el escueto informe emitido por el Seprona en el que solo se hace referencia a la ausencia aparente de maltrato animal, sin profundizar en ningún otro extremo'

En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma se denunciaba la presencia de animales muertos, las deficiencias higiénico-sanitarias y los riesgos para la salud animal y pública derivados de las condiciones de la macrogranja. Además, se adjuntó el informe emitido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, complementado por uno de Ganadería y Sanidad Animal, dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern.

El juzgado descartó los delitos denunciados

El auto judicial reconocía la presencia de cadáveres de gallinas en distintos estados de descomposición en las instalaciones, lo que evidenciaba deficiencias en la retirada de los mismos, y, por lo tanto, de las condiciones higiénico-sanitarias. Sin embargo, concluyó que estas deficiencias correspondían a infracciones administrativas, ya sancionadas, y no penales. De hecho, después del reportaje publicado por este diario, se inició una investigación por parte de las autoridades que derivó en el cierre de una de las naves, asunción de medidas cautelares, además de una multa superior a 200.000 euros por siete faltas graves y una leve.

Después del reportaje publicado por este diario, se inició una investigación por parte de las autoridades que derivó en el cierre de una de las naves, asunción de medidas cautelares, además de una multa superior a 200.000 euros por siete faltas graves y una leve

En cuanto a la alta mortandad de la explotación, el juzgado argumentó que los índices se encontraban dentro de los límites considerados “normales” –según el auto del juzgado–. Es decir, por debajo del 1%. Un porcentaje que no se atribuye a ningún tipo de maltrato ni enfermedad. La jueza tampoco consideró que existieran riesgos sanitarios en la explotación de Mallorca, una conclusión que se desprendía a partir de las pruebas de sanidad animal realizadas, que descartaron los serotipos de salmonella controlados, “no apreciándose riesgo sanitario de entidad penal”, recogía el fallo.

Respecto a la presencia de roedores y los numerosos fallos de bioseguridad de las naves donde se alberga a las aves, el juzgado reiteró que se consideraban estrictamente incumplimientos de carácter administrativo por parte de la empresa del sector alimenticio. Además, se consideró que dichos incumplimientos, ya corregidos, no causaron un perjuicio grave acreditado para la salud o el medio ambiente.

Por último, respecto al posible delito de maltrato animal, la Sala descartó el delito del artículo 340 bis del Código Penal (CP) –que regula los actos delictivos cometidos en contra de los animales– al interpretar que no se había cometido un maltrato activo o doloso. Añadía, asimismo, que no quedaba acreditada ninguna lesión grave, ni el sufrimiento grave ni tampoco muertes causadas por una conducta penal que se pudiera considerar relevante.

En ese sentido, resolvió que las deficiencias detectadas en la macrogranja de Llucmajor, que afectaban al bienestar de las gallinas, no “alcanzan el umbral de gravedad exigido por el tipo penal”. Por estos motivos, al considerar no ser los hechos constitutivos de un delito –sin perjuicio de las responsabilidades administrativas–, el juzgado decretó el sobreseimiento provisional de la causa. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Balears ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado por los afectados, que solicita la investigación de posibles delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio y de estafa al consumidor.

* Una primera versión de esta información aseguraba erróneamente que la Audiencia Provincial había ordenado reabrir el caso.

“Me he 'tirado' tres meses, los sábados por la mañana, en una mesa recogiendo firmas”. Antònia Maria Oliver atraviesa la plaza Teixidores, en el municipio mallorquín de Sóller, mientras relata el conflicto que en los últimos meses mantiene a los vecinos en vilo: la pretensión del Ayuntamiento de ceder la zona -destinada en la actualidad a aparcamiento, recinto ferial y punto de encuentro vecinal- para la construcción de un bloque de viviendas sociales que, aseveran, transformarían de forma irreversible uno de los últimos espacios abiertos de este pueblo enclavado en plena Serra de Tramuntana. Mientras camina, Antònia Maria matiza: “Nos parece muy bien que se construyan viviendas porque es algo necesario, pero no a costa de un espacio como este”.

El debate trasciende lo meramente local y plantea una cuestión de fondo: cómo -y dónde- construir vivienda pública, especialmente en una localidad donde acceder a una casa se ha vuelto casi imposible. En estos momentos, el precio medio de una vivienda de menos de 100 metros cuadrados se sitúa en los 578.125 euros -un 159,23% respecto a hace un año-, de acuerdo a los datos de Fotocasa. Respecto al alquiler, la situación no es menos significativa: según el mismo portal inmobiliario, un estudio o un piso con una sola habitación cuesta de media 1.578 euros. La escalada sostenida en los últimos años revela hasta qué punto Sóller, en línea con la tendencia general de Balears, se ha convertido en un mercado fuertemente tensionado marcado por una elevada presión de la demanda -especialmente vinculada al negocio turístico y a los compradores internacionales-: el resultado es un encarecimiento que no solo eleva el coste de vida, sino que consolida un acceso cada vez más restrictivo a la vivienda para la población local.

En plena emergencia habitacional, el Consistorio, gobernado por el PP, anunció la cesión de la céntrica plaza Teixidores -clasificada como zona libre pública en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller- para que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) -dependiente del Govern balear- pudiera construir dos edificios con 24 viviendas de protección oficial, lo que recibió una fuerte contestación de los vecinos al considerar que el proyecto arrasaba con uno de los escasos espacios diáfanos que quedan en Sóller. El Ayuntamiento redefinió la propuesta, planteando la edificación de un solo bloque en forma de 'L' y la construcción de un parking subterráneo exclusivo para residentes, aseverando que el proyecto no supone una pérdida del espacio público, sino una mejora sustancial del mismo al hacerlo “más grande, más atractivo y más funcional”.

El espacio público, reducido “a menos de la mitad”

Vecinos y arquitectos critican, sin embargo, que las recreaciones presentadas por el Consistorio no se corresponden con la realidad física del lugar y generan una expectativa difícil de sostener: “Si se construye, necesariamente tendrá que hacerse disminuyendo el espacio libre”, asevera a elDiario.es el arquitecto Joan Soler, quien estima incluso que éste quedaría reducido “a menos de la mitad”. No solo eso. La solución, a juicio de afectados y urbanistas, traslada además el conflicto bajo tierra: el aparcamiento subterráneo ya había sido explícitamente descartado en la propuesta original debido al riesgo de inundación asociado a la proximidad del Torrent de Fornalutx, que discurre soterrado bajo la zona.

Bajo ese conflicto local late, además, un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, la amnistía urbanística aprobada por PP y Vox que permitirá legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico so pretexto de facilitar el acceso a la vivienda. El detonante radica en la Disposición Final Novena, que permite que promociones de vivienda pública declaradas de “interés autonómico” se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal. Es decir, convierte la emergencia habitacional en una herramienta jurídica para acelerar proyectos incluso en suelos controvertidos. Al respecto, especialistas técnicos alertan de que el nuevo proyecto podría sentar un peligroso precedente que abriría las puertas a transformar plazas y espacios protegidos en parcelas edificables.

Bajo el conflicto late un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, cuya Disposición Final Novena permite que promociones de vivienda pública declaradas de "interés autonómico" se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal

La protesta vecinal, por su parte, se ha materializado en una petición planteada a través de Internet y en una recogida de firmas impulsada, por un lado, por Antònia Maria, y, por otro, por el arquitecto y residente de la zona Rafel Cortès, quienes suman hasta el momento más de 500 apoyos. Su discurso no niega el problema habitacional -al contrario, lo reconoce como urgente-, pero sí cuestiona la ubicación elegida. “Si lo único que tenemos lo quieren quitar…”, lamenta Antònia Maria.

Esta vecina recuerda que la plaza no es solo el lugar donde se instalan las ferias, las tradicionales atracciones de Sant Bartomeu o las actividades comunitarias, sino que también sirve para que los vecinos puedan estacionar sus vehículos, teniendo en cuenta los atascos y problemas de aparcamiento que Sóller arrastra desde hace años y que también han llevado a sus residentes a la movilización. Hasta los años noventa, llegar a esta localidad de 14.000 habitantes implicaba atravesar las 70 curvas de la sinuosa carretera que cruza la Serra d'Alfàbia. Sin embargo, la construcción del túnel de Sóller supuso un antes y un después para esta localidad resguardada entre montañas: la infraestructura, de tres kilómetros de longitud, mejoró con creces las conexiones con este municipio e, irremisiblemente, el lugar se abrió en canal al incremento del tráfico, la presión turística y los problemas de congestión que hoy marcan su día a día.

Rosa, amiga de Oliver, insiste en la dimensión social del lugar: en su opinión, como en la de otros vecinos, el proyecto no solo supondría una transformación urbanística, sino también una pérdida de usos sociales consolidados en el tiempo: “Lo que tienen que hacer es buscar una solución para que esto sea una plaza de verdad, una zona de encuentro para mayores y niños”. Y añade: “Parece que con este proyecto lo que buscan es poder decir que han construido viviendas antes de las elecciones”. Entre otros puntos, los vecinos proponen el despliegue de la Unitat d’Execució prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que permitiría desarrollar suelo de forma ordenada sin necesidad de eliminar espacios ya consolidados como esta plaza, o la construcción de vivienda pública en otros lugares como el solar municipal de Cetre, el antiguo cuartel de la Guardia Civil, el solar municipal de Son Angelats.

De uno de los edificios de la plaza sale Pedro Suau, de 84 años, quien observa el espacio con la perspectiva de quien ha visto transformarse Sóller duranate décadas. Para él, el debate no es solo urbanístico, sino profundamente ligado a la memoria del lugar y a su función en la vida cotidiana del municipio, y muestra su preocupación ante la posibilidad de perder definitivamente este punto de encuentro abierto, vinculado a la actividad social y a las dinámicas del pueblo. Desde la experiencia acumulada, advierte de que decisiones como esta no solo afectan al presente, sino también al futuro de Sóller, al condicionar el uso de un espacio que considera esencial para la identidad colectiva del municipio.

Asimismo, advierte de los problemas técnicos que podría acarrear el proyecto. “Si no la tocan no se inundará. Si se quieren bajar tres metros para hacer un parking…”, apunta, dejando en el aire la incógnita sobre qué sucedería al construir en el subsuelo. La plaza de les Teixidores se asienta sobre un espacio históricamente vinculado al sistema hidráulico del valle de Sóller, atravesado por el curso del torrente de Fornalutx, lo que complica cualquier intervención profunda. Los riesgos de inundación -los episodios de lluvias intensas han provocado históricamente desbordamientos puntuales- y las limitaciones constructivas llevaron precisamente al Ibavi a descartar en sus pliegos iniciales la construcción de aparcamientos subterráneos y viviendas en planta baja en esta parcela.

Entre el derecho a la vivienda y a la ciudad

Joan Soler, una de las voces técnicas que se han posicionado en contra del proyecto, sitúa el debate en la naturaleza misma de la zona. “Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público”, sostiene, advirtiendo de que la construcción de viviendas -aunque sean protegidas- supondría, en la práctica, “privatizarlo” y limitar de forma irreversible su potencial futuro. No en vano, Soler no cuestiona la necesidad de que se promueva vivienda social, pero sí su ubicación: intervenir en la plaza de les Teixidores implica “hipotecar” uno de los pocos espacios abiertos del centro de Sóller y, a su juicio, la actuación responde más a una lógica de urgencia que compromete la planificación a largo plazo: “Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso”.

Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público. Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso

Joan Soler — Arquitecto

Desde una perspectiva urbanística, el arquitecto defiende que el futuro de la plaza debería abordarse mediante un concurso de ideas que permita definir su función como espacio público. Aunque en el día a día el lugar funciona como aparcamiento, insiste en que su valor radica precisamente en su potencial para acoger zonas verdes, equipamientos y usos sociales vinculados al centro urbano y a la futura rehabilitación de la Fàbrica Nova. “Es un espacio muy grande, muy céntrico, con muchas posibilidades”, recalca. Soler también pone en cuestión el relato institucional que acompaña al proyecto. Critica que las recreaciones difundidas por el Ayuntamiento resultan “engañosas” y no se corresponden con la realidad del espacio. “El papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es otra”, señala. En su opinión, la idea de que no se perderá superficie pública es insostenible: “Si construyes, ese espacio no queda en el aire”.

En relación con el aparcamiento, advierte de un cambio sustancial en su naturaleza: aunque se mantengan plazas, éstas dejarían de ser públicas. “Las que estén debajo de los edificios se alquilarán o venderán”, explica, lo que, en la práctica, supone sustituir un uso colectivo por uno restringido. El proyecto actual prevé mantener además parte del aparcamiento -unas 70 plazas- en ambos lados de la plaza, junto a los edificios, lo que, a juicio de los residentes, no resuelve el problema de movilidad y añade presión urbanística al entorno.

En esta línea, un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès, ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación. Los firmantes advierten además de que la intervención afectaría al entorno inmediato de la Fàbrica Nova, uno de los principales símbolos del pasado industrial del municipio y elemento patrimonial de primer orden -fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018-. El Ayuntamiento plantea integrar urbanísticamente el entorno de la fábrica dentro de su proyecto urbanístico, defendiendo que la nueva ordenación permitirá conectar ambos espacios y reactivar la zona.

Un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación

Sin embargo, esta idea también ha despertado las críticas entre vecinos y oposición, que ven en ello una contradicción: mientras se apuesta por preservar y dignificar un conjunto histórico protegido -el Consell de Mallorca, propietario del edificio, está impulsando su rehabilitación para convertirla en un museo textil de referencia, se aboga al mismo tiempo por la construcción de viviendas en su entorno inmediato. A su juicio, levantar un bloque residencial junto a la Fàbrica Nova supone alterar su espacio de protección y su perímetro de visibilidad desde la plaza, desvirtuando el valor patrimonial que se pretende recuperar y evidenciando una falta de coherencia en la planificación urbana del municipio.

Construida en 1921 por la sociedad Rullan y Mayol, sobre el solar de una antigua central eléctrica, la Fàbrica Nova comenzó a funcionar en 1922 como fábrica textil y permaneció activa hasta 1970. Durante décadas fue el corazón económico y social del valle: un complejo industrial donde trabajaban decenas de obreros -en su mayoría mujeres- y que concentraba todo el proceso productivo del tejido.

Los arquitectos sostienen que la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública no puede servir de argumento para ocupar espacios públicos consolidados, al tiempo que critican la falta de transparencia en la tramitación del proyecto y reclaman una reflexión más amplia sobre el modelo urbano del municipio. En este sentido, defienden la búsqueda de alternativas en suelos ya previstos para edificar, evitando así sentar un precedente que, a su juicio, podría abrir la puerta a futuras intervenciones similares en otros espacios libres de Sóller y de otros municipios.

“Hay motivos para rechazar la propuesta”

Desde el ámbito político, la regidora y portavoz de Més per Sóller, Laura Celià, enmarca el rechazo al proyecto dentro de una crítica más amplia a la estrategia de vivienda impulsada por las administraciones. La formación, asegura, no se opone a la construcción de vivienda pública, pero sí a hacerlo “a cualquier precio” y sin atender a las consecuencias urbanísticas y sociales. “No es una postura infantil de decir no por no: hay motivos jurídicos, urbanísticos y políticos detrás”, subraya en declaraciones a este periódico.

La regidora ecosoberanista advierte, además, de que la operación en la plaza de les Teixidores no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia de cesión de espacios públicos al Ibavi. En este sentido, señala que el Ayuntamiento ya ha transferido otros inmuebles municipales para este fin y prevé nuevas cesiones, lo que, a su juicio, compromete el futuro del municipio al reducir la disponibilidad de equipamientos públicos. “Si en el futuro necesitamos un centro de día, una escoleta o un casal cívico, no tendremos espacios”, alerta.

La portavoz también cuestiona el enfoque de las políticas de vivienda, al considerar que responden más a una lógica de cifras que a una solución estructural del problema. “Se busca poder decir que se han activado cientos o miles de viviendas, pero sin importar dónde ni cómo”, sostiene, criticando una estrategia que, en su opinión, prioriza el impacto político sobre la planificación a largo plazo.

Frente a ello, Més plantea un diagnóstico basado en los datos del propio municipio: en Sóller existen más de 1.100 viviendas vacías, a las que se suman alrededor de 500 segundas residencias y unas 600 destinadas al alquiler vacacional, cifras que, a juicio de Més, evidencian que el problema no es únicamente la falta de suelo. “La solución no pasa por construir más, sino por movilizar las viviendas que ya existen”, afirma, defendiendo medidas para sacar al mercado el parque vacío y regular los usos turísticos.

Por su parte, el portavoz de la formación local Seny i Sentit, Sebastià Aguiló, señala que su formación se ha opuesto al proyecto “desde el minuto uno”, aunque recalca su apoyo a la búsqueda de soluciones que ayuden a solventar la crisis de la vivienda. “Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio”, subraya. Aguiló defiende que la plaza de les Teixidores, pese a su uso actual como aparcamiento, cumple una función mucho más amplia como espacio público. “Es el único balón de oxígeno que nos queda en el centro de Sóller”, afirma en declaraciones a elDiario.es.

Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio

Sebastià Aguiló — Portavoz de la formación local Seny i Sentit

El dirigente político critica lo que considera una falta de alternativas por parte de las administraciones. “No entendemos esta necesidad de construir sí o sí sin plantear otros sistemas”, sostiene, al tiempo que reclama explorar otras vías, como la recalificación de suelos que ya están integrados en el centro del municipio o la habilitación de nuevos espacios para vivienda social fuera del núcleo más tensionado. En este sentido, contrapone la facilidad con la que, según denuncia, se han promovido cambios normativos para habilitar aparcamientos en suelo rústico frente a la falta de iniciativa para generar suelo destinado a vivienda.

El regidor también pone en duda la transparencia del proceso, al asegurar que no existe todavía un proyecto definitivo. “Lo que hay son fotomontajes que no se ajustan a la realidad”, recrimina, cuestionando la fiabilidad de las imágenes difundidas y el relato institucional que acompaña al proyecto. A su juicio, la propuesta “hipoteca para el futuro de Sóller” y responde más a una necesidad política que a una planificación urbanística sólida.

Por último, introduce un elemento simbólico que, en su opinión, evidencia las contradicciones del discurso institucional: a finales de 2022, el pleno aprobó por unanimidad el cambio de nombre de la plaza -de Teixidors a Teixidores- para reconocer el papel de las mujeres en la historia industrial del municipio y todos los grupos políticos acudieron a descubrir la placa con el nuevo nombre. “Entonces todos reconocían que era una plaza y ahora resulta que ya no lo es”, critica en alusión al hecho de que el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, señalase que la zona “no es más que un aparcamiento. Aguiló insiste en que, aunque hoy la plaza se utilice en parte como aparcamiento, el espacio debe preservarse como ámbito público con potencial para usos sociales en el futuro.

La plaza que conmemora a las tejedoras

La plaza de Teixidores, de hecho, no es un vacío casual, es el resultado de un pasado industrial desaparecido: su nombre remite a un pasado en el que las mujeres fueron el verdadero motor de la economía local. Como señala el historiador Plàcid Pérez en su trabajo Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut, la mayor parte de la mano de obra en los telares mecánicos era femenina: trabajadoras sometidas a ritmos intensivos, salarios más bajos y escaso reconocimiento, pero fundamentales para sostener la producción. Aquellas fábricas no solo transformaron el paisaje urbano, sino también la vida de generaciones de mujeres que encontraron en el textil una de las pocas vías de acceso al trabajo asalariado. Hoy, ese espacio vacío es también memoria: la de un trabajo invisibilizado que da nombre a la plaza y que vuelve a estar en disputa.

El portavoz del PSIB-PSOE en Sóller, Jaume Mateu, mientras tanto, expresa el rechazo de los socialistas a la propuesta del equipo de gobierno al considerar que no corrige las deficiencias detectadas en el primer proyecto ni responde a las necesidades reales del municipio. A su juicio, se trata de un emplazamiento inadecuado para albergar un bloque de 24 viviendas, entre otras razones, porque el propio planeamiento urbanístico no prevé edificación en ese espacio, calificado como zona libre pública. “Si el problema es que ahora no es una plaza atractiva, es responsabilidad del Ayuntamiento hacer un buen proyecto para mejorarla”, señala, insistiendo en que esta circunstancia no puede utilizarse como justificación para construir en un espacio que debería preservarse como uso público.

Mateu también critica la insistencia del equipo de gobierno en sacar adelante una iniciativa que, según afirma, carece de consenso social y político. En este sentido, insta al alcalde a “abandonar su obsesión” por este proyecto y a trabajar en un frente común que permita dar soluciones efectivas al problema de la vivienda, tanto a corto como a medio y largo plazo. Entre las alternativas, los socialistas plantean medidas como la declaración de Sóller como zona de mercado residencial tensionado para limitar los precios del alquiler, así como la búsqueda de solares más adecuados para ampliar el parque de vivienda pública. Además, reprochan las formas empleadas en la tramitación del proyecto, denunciando la falta de información a la oposición y alertando de que la propuesta ignora elementos sensibles del entorno, como el área de protección de la Fàbrica Nova, declarada Bien de Interés Cultural.

El Ayuntamiento defiende el proyecto

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que incorpora aportaciones externas. En este sentido, aseguran haber tenido en cuenta tanto las opiniones de arquitectos locales como las sugerencias recogidas entre la ciudadanía, lo que, a su juicio, ha permitido mejorar y ajustar el proyecto inicial.

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que ha incorporado aportaciones externas, tanto de arquitectos locales como de la ciudadanía, con el objetivo de mejorar y ajustar el proyecto inicial

En relación con una de las principales preocupaciones vecinales, el aparcamiento, el equipo de gobierno asegura que el diseño del proyecto garantiza que no se perderá “ni una sola plaza”. Para ello, plantea la construcción del aparcamiento subterráneo destinado a residentes -un sistema ZAR-: frente a las críticas, asegura que permitiría mantener la capacidad actual y, al mismo tiempo, reorganizar el espacio en superficie.

En esta línea, apelan a la viabilidad técnica de la intervención pese a las dificultades derivadas de las características del terreno. Según sostienen, se han desarrollado soluciones específicas para garantizar que el proyecto cumpla con todos los requisitos, incluidos los vinculados a la gestión de recursos hídricos, aunque reconocen que ello implica un mayor coste y complejidad constructiva. Finalmente, recalcan que la actuación no supondrá un coste directo para los vecinos de Sóller, ya que estará íntegramente financiada por el Ibavi.

Las promociones que tramita el Govern en Sóller

Consultadas por este periódico, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señalan que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público. De esta manera, aseguran, “atiende puntualmente las necesidades que exprese un ayuntamiento o cualquier colectivo a través del ayuntamiento de cada municipio”. En Sóller, según especifican, el Ibavi tramita tres promociones que suman 29 viviendas en total: las que se encuentran en fase más avanzada son las del cine Fantasio (once viviendas) y del antiguo Hospici (diez viviendas), mientras que se está desarrollando una tercera en la antigua escuela del carrer Marjades (ocho viviendas).

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señala que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público

El posible proyecto de Teixidores, como señalan las mismas fuentes -dado que “no se ha concretado una cesión de parcela al Ibavi”-, sumaría otras 24 viviendas, lo que situaría el total en 53 nuevas viviendas de protección pública en Sóller. Se trata de un municipio, subrayan desde la Conselleria, con una demanda de vivienda pública que se ha duplicado en dos años en las listas del Ibavi, hasta alcanzar las 74 familias o unidades de convivencia en las listas de espera, que han registrado un aumento del 40% en el último año frente a las 53 de 2024 y las 34 de 2023.

El caso de la plaza Teixidores refleja un dilema cada vez más frecuente en las Islas: cómo equilibrar la creación de vivienda pública con la preservación de espacios urbanos y la identidad local. Mientras las administraciones defienden la necesidad urgente de ampliar el parque de vivienda protegida, los vecinos reclaman participar en las decisiones y explorar alternativas. “Tomando estas decisiones sin tener en cuenta al pueblo, lo único que se consigue es que la gente se tenga que ir”, lamenta Rosa. La recogida de firmas, mientras tanto, sigue creciendo. Y con ella, una pregunta de fondo que el conflicto ha puesto sobre la mesa: no solo cuántas viviendas hacen falta en Sóller, sino dónde y cómo deben construirse.

A poco más de una hora de navegación al sur de Mallorca, el archipiélago de Cabrera se alza como un bastión de biodiversidad en el Mar Mediterráneo. Este conjunto de islas, testigo de la historia de civilizaciones como fenicios, cartagineses y romanos, ha sido tanto refugio como fortaleza. En tiempos de piratas berberiscos, su puerto natural se convirtió en un estratégico punto de ataque, lo que llevó a la construcción de un castillo en su entrada, un símbolo de la lucha por la protección de sus aguas.

Actualmente, Cabrera es un espacio protegido, pero su rica historia resalta la paradoja de su presente: a pesar de su estatus de conservación, su entorno marino enfrenta serias amenazas. Con más del 80% del parque cubierto por aguas transparentes que albergan praderas de posidonia oceánica y una rica biodiversidad, la falta de protección efectiva se convierte en una preocupación urgente, como advierten varias organizaciones de conservación marina. Entre ellas Oceana, que critica que el Govern balear de Marga Prohens (PP) “haya retrasado la actualización de la gestión del Parque Nacional de Cabrera hasta 2027”.

“Tardar ocho años en elaborar un plan de gestión es una irresponsabilidad y una vulneración de la ley. El plan actual está permitiendo actividades incompatibles con la misión de un espacio que debería ser el referente de conservación del Mediterráneo occidental”, lamenta Michael Sealey, científico marino de Oceana. Otra organización de conservación marina, la Fundación Marilles, ha presentado alegaciones al proyecto del Ejecutivo autonómico para hacerlo más ambicioso. “Las palabras están bien, pero falta presupuesto y hay que elevar el nivel de ambición. Los compromisos, además de palabras, necesitan recursos para hacerse realidad. Si no, corremos el riesgo de que quede en un manifiesto preelectoral”, señala Aniol Esteban, biólogo marino y director de la fundación.

Tardar ocho años en elaborar un plan de gestión es una irresponsabilidad y una vulneración de la ley. El plan actual está permitiendo actividades incompatibles con la misión de un espacio que debería ser el referente de conservación del Mediterráneo occidental

Michael Sealey — Científico marino de Oceana

El paisaje litoral de Cabrera también acoge a importantes colonias de aves marinas, así como especies endémicas, lo que le ha valido la declaración de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), como Zona Especial de Conservación (ZEC) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), dentro de la Red Natura 2000. Además, es Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM). De hecho, más del 80% del parque es mar y sus aguas transparentes albergan extensas praderas de posidonia oceánica —clave para la vida marina— en sus profundidades, que se entrelazan con comunidades de corales y algas calcáreas, creando un hábitat ideal para cientos de especies de peces, moluscos y crustáceos. Se trata de un ecosistema muy rico en el que coexisten meros, pulpos, morenas y dentones con tortugas marinas y delfines, formando un auténtico santuario natural que ha sido valorado durante décadas.

La riqueza de sus fondos marinos no solo es un tesoro ecológico, sino también un símbolo de la necesidad de protección y gestión efectiva para asegurar su conservación para futuras generaciones. Esta joya de la biodiversidad se compone de 807 kilómetros cuadrados de superficie marina incorporados en 2019 —un hito para la conservación marina en España— que, sin embargo, no están recogidos en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) vigente, que solo cubre una décima parte del parque. Así, Oceana alerta que “corales, cetáceos, tortugas, tiburones y aves marinas carecen de protección efectiva”. Asimismo, estudios científicos ya han comprobado “la disminución de la biodiversidad en la pasada década”, entre otras cosas, debido a la falta de protección efectiva.

Fuentes de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, sobre los retrasos en la actualización del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Cabrera, señalan que cuando se produjo la ampliación del parque en 2019 se tardó “casi tres años en iniciar el procedimiento de redacción [del nuevo documento]”. Este expediente caducó en 2023, ya que no era justificable la prórroga porque “no se habían cumplido con las obligaciones del artículo 6 ter de la Ley 5/2005”, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental. Estas fuentes inciden en que en abril de 2024 el Govern inicia el nuevo expediente de renovación del PRUG, incorporando finalmente la zona ampliada actualmente en exposición pública.

Mientras no se apruebe el nuevo PRUG, la Conselleria recuerda que se aplican “medidas transitorias” que regulan la pesca artesanal profesional, limitan la actividad de palangre de superficie y establecen condiciones específicas para proteger aves y tortugas marinas. Señalan también que la conservación de cetáceos, tortugas, tiburones y aves marinas depende de competencias estatales recogidas en el artículo 6 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Según la Conselleria, una vez aprobado, el PRUG incorporará la zona ampliada de 2019 y creará la mayor área de protección estricta del Mediterráneo occidental, con unas 60.000 hectáreas protegidas, combinando la conservación de ecosistemas vulnerables con la regulación de actividades humanas en el parque.

Cabe señalar que durante el periodo 2019-2023 tuvo lugar la segunda etapa del Govern progresista de Francina Armengol, mientras que fue tras las elecciones de mayo de 2023 cuando dio comienzo la etapa del Partido Popular con Marga Prohens en solitario, a través de un acuerdo de legislatura con Vox que más tarde se rompió por diferencias ideológicas.

Mayor protección urgente

El pasado 27 de noviembre, el Govern propuso crear la mayor área de protección estricta del Mediterráneo, aproximadamente 600 kilómetros cuadrados, donde toda actividad extractiva estaría prohibida. Oceana apoya esta iniciativa, aunque propuso modificar la superficie propuesta de uso restringido para que, además, incluya entornos de gran importancia, como el arrecife coralígeno del Fort d’en Moreu y parte del escarpe de Émile Baudot (una zona del fondo marino donde el relieve cambia bruscamente, formando pendientes o paredes submarinas).

Se trata de hábitats profundos con corales centenarios que “han sufrido por artes de pesca que contactan con el fondo”, lamenta la organización marina. “Balears tiene la oportunidad de demostrar liderazgo en conservación marina, pero para ello necesita pasar de los compromisos a la acción efectiva”, subraya Sealey.

Por otro lado, la Fundación Marilles ha presentado alegaciones al Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Cabrera “con el objetivo de reforzar la efectividad real de la protección del medio marino y garantizar la conservación de los hábitats más valiosos”. La organización marina propone ampliar la zona de protección estricta para incluir el Fort d’en Moreu, un espacio “de gran valor ecológico que acoge hábitats vulnerables como los corales, las gorgonias, los fondos de maërl (un tipo de hábitat marino muy especial y frágil que se forma a partir de algas rojas calcáreas) y especies de profundidad con una capacidad de recuperación muy limitada”. Añaden que esta zona se declare como “libre de cualquier actividad extractiva”.

“Cabrera es uno de los espacios marinos más valiosos del Mediterráneo, pero hasta ahora el nivel de protección aplicado ha sido insuficiente, hasta el punto de que no se han logrado los resultados esperados en la conservación de la biodiversidad”, afirma Núria Salmerón, técnica de espacios marinos protegidos de la fundación. En este sentido, Marilles insiste en la necesidad de reforzar los estudios sobre los hábitats de mayor valor y vulnerabilidad, de modo que la zonificación se diseñe pensando en funciones ecológicas clave y en la recuperación de especies con capacidad de regeneración limitada.

Cabrera es uno de los espacios marinos más valiosos del Mediterráneo, pero hasta ahora el nivel de protección aplicado ha sido insuficiente, hasta el punto de que no se han logrado los resultados esperados en la conservación de la biodiversidad

Núria Salmerón — Técnica de la Fundación Marilles

Más allá de la superficie protegida, la eficacia de estas medidas dependerá de un refuerzo real de la vigilancia y del seguimiento científico. La pesca furtiva sigue siendo un problema en el parque y, sin control efectivo, cualquier ampliación normativa puede resultar ineficaz, advierten las organizaciones. E insisten en la necesidad de mejorar los programas de seguimiento ecológico y biodiversidad marina, con indicadores claros que permitan evaluar “el estado de los hábitats y la eficacia de las medidas de gestión”, con el objetivo de avanzar “hacia una gestión adaptativa de los espacios marinos protegidos, especialmente importante en un contexto de cambio climático tan incierto”, donde olas calor marinas y cambios en la química del agua amenazan los ecosistemas más sensibles.

Asimismo, destacan que “no se trata solo de ampliar superficie, sino de proteger mejor allí donde es más necesario”. Es decir, resulta necesario reforzar los estudios para identificar los hábitats de mayor valor ecológico y asegurar “una planificación basada en criterios científicos y ambientales”. Por ello es importante contar con “una zonificación diseñada pensando en los hábitats y funciones ecológicas y también garantizar la coherencia con otros espacios protegidos del canal de Mallorca para asegurar la conectividad ecológica”, asegura Marilles.

Mejoras insuficientes

El plan, que depende de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, pretende ser un paso adelante, analiza Marilles, con compromisos como la creación de nuevas zonas de protección estricta, el refuerzo de la vigilancia, planes de conservación de especies y hábitats vulnerables y la extensión de la cogestión pesquera a toda la flota profesional antes de 2030. Sin embargo, la organización marina advierte que la mayoría de estas nuevas protecciones se concentran en Cabrera, donde ya existe un alto nivel de conservación, y que el aumento real fuera de este ámbito será limitado. “Habrá que estar atentos a cómo se ejecuta este plan y a que se tengan en cuenta los fondos de mayor valor ecológico a la hora de ampliar la protección”, matiza Esteban.

El conseller del ramo, Joan Simonet, defiende, en cambio, que la tramitación del nuevo PRUG “es un paso imprescindible para consolidar el futuro de Cabrera”. “Hablamos de una herramienta de planificación que reforzará la conservación del parque y que responde a la necesidad de contar con un marco actualizado, riguroso y coherente con los retos ambientales actuales”. Del mismo modo, considera que la creación de una zona de protección estricta de casi 60.000 hectáreas “nos situará como referente en el Mediterráneo occidental”. “Cabrera es un patrimonio natural único y esta ampliación supone un compromiso firme con la conservación de nuestro entorno marino”, afirma.

Para Marilles, la protección estricta es la herramienta más eficaz para regenerar ecosistemas, recuperar poblaciones de peces y generar beneficios sociales y económicos, incluidos los vinculados al sector pesquero. La declaración de zonas libres de cualquier actividad extractiva, junto con un seguimiento científico riguroso, puede consolidar a Cabrera como un referente internacional en conservación marina. No obstante, advierten de que el éxito dependerá de la implicación de los sectores que viven del mar –pesca, náutica y turismo– y de la colaboración con las administraciones estatales para aquellas competencias que no son autonómicas.

Los investigadores recuerdan que Cabrera no es solo un refugio de biodiversidad, sino un ecosistema que puede guiar la gestión de espacios marinos en todo el Mediterráneo occidental. “Confiamos en que el proceso de aprobación del PRUG sea una oportunidad para situar a Cabrera como un referente internacional en protección marina efectiva, alineado con los objetivos europeos y globales de conservación de la biodiversidad”, concluye Salmerón. Para ello, enfatizan, es imprescindible que el Govern transforme los compromisos en acciones concretas, con presupuesto y ambición suficiente para que el entorno recupere su función como santuario de vida marina. Factores como las actividades extractivas no gestionadas, la gestión incompleta del parque y las presiones del cambio climático plantean retos de conservación que han sido señalados por científicos y organizaciones ambientales, subrayando la necesidad de acciones de conservación continuadas y mejoradas. 

“El huerto es una manera de hacer comunidad, cosa que hoy día es difícil en una sociedad tan individualista, y más en una isla como Eivissa, tan turistificada”. Pau, diseñador gráfico especializado en sostenibilidad, es un vecino de la isla que participa en el proyecto de huerto urbano de la ciudad, de producción ecológica, que se financió con fondos europeos a través de una iniciativa municipal.

“Compartimos las semillas y la producción”, explica. “A veces haces un plantel y no salen todas las plantas que esperabas, o salen más de las que puedes gestionar, y se reparten. Todo eso genera relaciones de solidaridad”, añade. “Para mí generar ciudadanía y valores a nivel comunitario es muy importante”, asegura Jaime, otro vecino que ha conseguido hacerse, durante cuatro años, con una de las 48 parcelas de esta huerta ecológica, cuyo proyecto costó a las arcas municipales casi 295.000 euros.

El proyecto fue impulsado durante el anterior gobierno municipal progresista. El espacio se organiza en 48 parcelas individuales de entre 30 y 50 metros cuadrados y una parcela adicional de unos 345 metros cuadrados destinada a talleres. Además, cuenta con zonas comunes, como un área de descanso con mesas de pícnic y sombra, módulos de baño y almacén, así como espacios para compostaje y semilleros. Se trata de un proyecto con una duración inicial de cuatro años, que finaliza el próximo año. El actual gobierno municipal, de signo conservador, deberá decidir si le da continuidad.

En opinión de Jaime, “genera cosas muy positivas”. “Voy con mis hijos y les puedo educar en valores, sobre cómo funciona la tierra y el cultivo”, asegura. Para él, es un “ejemplo de cómo deben funcionar los proyectos comunitarios”. No solo por el acceso a un espacio de cultivo, sino por la forma en que se organiza: un proyecto gestionado por los propios usuarios con el acompañamiento técnico de l’Associació de Productors d’Agricultura Ecològica d’Eivissa i Formentera (APAEEF). Jaime insiste en que el valor del huerto va más allá de la producción. “Al final, lo que genera es cohesión social y participación”, resume. En su caso, además, el huerto tiene una función educativa. 

El huerto como espacio ecosocial

“El proyecto es ecosocial: hay una parte ecológica, evidentemente, pero la social es muy importante”, coincide Pau. En su parcela siembra de todo: puerros, coles, brócoli, alcachofas, habas, guisantes, rábanos y muchas plantas aromáticas. Además, ya tiene preparado el plantel con los cultivos de tomates y pimientos. En general, comenta que trabajan con un sistema que les permite tener productos variados durante todo el año, llegando a cultivar más de 90 variedades diferentes.

Pau matiza que, en general, las parcelas no permiten el autoconsumo total. “No están pensadas para sustituir el mercado, pero sí te permiten adquirir conciencia de las temporadas que tiene cada producto, y eso cambia tu forma de alimentarte”, explica. En su caso, reconoce que, aunque siguen comprando carne o pescado, llevan años sin comprar prácticamente verduras. Además, insiste en los beneficios de su función ecosocial.

Las parcelas no están pensadas para sustituir el mercado, pero sí te permiten adquirir conciencia de las temporadas que tiene cada producto, y eso cambia tu forma de alimentarte

Pau — Usuario del proyecto de huerto urbano

A esa dimensión comunitaria se refiere también Mariana, otra de las usuarias del recinto. Llegó a la isla hace quince años y fue una de las personas que obtuvo una parcela en el sorteo inicial. “Se ha creado una pequeña comunidad. Cada uno planta cosas distintas, intercambiamos ideas y hacemos sesiones técnicas”, explica. Para ella, más allá de la producción, hay un valor añadido difícil de medir: “Es muy bonito poder cultivar tu propio tomate, que sepa a tomate, y no comprarlo en el supermercado”.

Mariana acude al huerto dos o tres veces por semana, aunque reconoce que la dedicación varía según la época del año. “En verano hay más trabajo, pero en invierno también puedes plantar, no es que todo se pare”, señala. Ahora mismo cultiva sobre todo productos de temporada: “Tengo hoja verde, puerros, aromáticas, zanahorias… y he hecho semilleros para la próxima temporada”. Aunque su parcela es pequeña, considera que el huerto tiene un impacto directo en su alimentación. Ella no se puede autoabastecer con su parcela, pero es un complemento a su dieta diaria, además de muy saludable.

El funcionamiento colectivo del espacio también se articula a través de actividades compartidas. “Hacemos sesiones técnicas, preparamos humus, trituramos restos vegetales o compartimos semillas autóctonas”, detalla. A su juicio, el interés que despertó el proyecto evidencia que hay demanda social: “Había muchas más personas en lista de espera que parcelas. Debería haber más huertos, porque hay mucho terreno sin usar y esto ayuda a crear comunidades sanas”. Esa demanda, de hecho, es uno de los elementos que más se repiten entre los usuarios: la necesidad de ampliar este tipo de iniciativas en una isla marcada por la presión urbanística y turística.

APAEEF, entidad de productores ecológicos encargada del acompañamiento, subraya la importancia de combinar la parte agronómica con la social. “No deja de ser un espacio común donde conviven personas muy diversas”, explica Maribel Juan, técnica del Banc de Terres de la asociación. Actualmente, 48 familias utilizan las parcelas, muchas de ellas sin experiencia previa. “Por eso hacemos un asesoramiento mensual en dos líneas: una agraria y otra de facilitación grupal”, detalla. El objetivo es doble: por un lado, enseñar técnicas de cultivo ecológico; por otro, ayudar a gestionar la convivencia en un espacio compartido. Según Juan, el proyecto ha permitido acercar la agricultura a perfiles muy diversos. “Hay gente joven, hay personas jubiladas… y eso genera una interacción intergeneracional muy interesante”, señala. Además, destaca el valor pedagógico del proceso: “Aprenden a producir sus propios alimentos y a valorar una alimentación sana y ecológica”.

Temporada de brotes verdes

En cuanto a los cultivos, el calendario manda. “Ahora es temporada de coles, puerros, brócoli, lechugas, habas y guisantes”, enumera. Mientras tanto, los usuarios ya empiezan a preparar los semilleros de cara al verano. Todo ello en un contexto marcado por la incertidumbre climática. “El año pasado no hubo problemas de agua, pero los veranos son cada vez más duros y eso se nota en los cultivos”, advierte Juan. Esa percepción coincide con la de los propios usuarios, que reconocen que trabajar la tierra les hace más conscientes de las condiciones climáticas. “Estás pendiente de si llueve o no, de si tienes que regar más… Eso antes no lo pensabas”, apunta Pau.

El año pasado no hubo problemas de agua, pero los veranos son cada vez más duros y eso se nota en los cultivos

Juan — Usuario del proyecto de huerto urbano

Pese a las limitaciones —el tamaño reducido de las parcelas o la imposibilidad de abastecer completamente a una familia—, el balance es positivo. Jaime lo resume así: “Genera cohesión social y participación”. Mariana va un paso más allá: “Ojalá hubiera uno en cada barrio”. En una isla donde el acceso a la vivienda, el encarecimiento del coste de vida y la presión turística marcan la vida, proyectos como este, aunque pequeños, funcionan como formas de organización colectiva alternativas, pensadas en el autoconsumo y autoabastecimiento. Pau insiste en la idea que atraviesa todo el proyecto: “Para mí, casi es más importante la parte social que la productiva”.

Un comerciante del mercado de Pere Garau, en Palma, ha denunciado haber sido víctima de una agresión homófoba presuntamente a manos de otros comerciantes del mismo recinto. “Le han jodido la vida”, ha expresado un amigo de la víctima al dar a conocer los hechos en redes sociales, donde explica que los agresores comenzaron a propinarle golpes e insultos por su orientación sexual, profiriendo expresiones como “maricón”. El afectado ya ha interpuesto denuncia por estos hechos.

“Que en pleno 2026 ocurra esto es intolerable”, subraya el mensaje, que indica que los hechos ya están denunciados “y en manos de los jueces”. Con todo, recrimina que “a pesar de la condena que les puedan meter”, no se puede permitir que esta gente siga trabajando en el mismo sitio que Miquel“.

En su publicación, el amigo de la víctima insiste en que “no se debería permitir que estas malas bestias sigan trabajando ni estando cerca de la persona a la que odian y a la que le han pegado una paliza. Hay que conseguir que a esta gente la echen de ahí y hay que hacer que todo el mundo sepa quiénes son”. Asimismo, asevera que los supuestos agresores “comen jamón” y son “mallorquines” del municipio de Algaida.

El Ayuntamiento suspende de actividad al presunto agresor

La agresión ha generado una oleada de rechazo en el barrio. Este martes, decenas de personas se han concentrado en el mercado de Pere Garau para mostrar su apoyo al vendedor y condenar la violencia. En el acto han estado presentes la regidora municipal de Igualdad, Lourdes Roca, y el de Mercados, Llorenç Bauzá, quienes han condenado los hechos, ante cuya gravedad el Ayuntamiento de Palma suspenderá de forma cautelar la posibilidad de que el presunto autor de la agresión lleve a cabo la actividad de venta en mercados municipales.

En concreto, el área municipal de Mercats ha elaborado un informe basado en el atestado emitido por la Policía Local de Palma. De acuerdo al informe, y dado que el puesto en el que el atacante ejerce la venta pertenece a otro titular, éste será reubicado en el mercado como medida preventiva. Una vez finalicen las diligencias policiales, el Consistorio evaluará si es necesario adoptar otras medidas adicionales que puedan afectar a otras personas implicadas.

Durante la concentración, ambos concejales han trasladado personalmente a la víctima el respaldo del equipo de gobierno y del Ayuntamiento y se han puesto a su disposición para lo que pueda precisar, tal como ha señalado la corporación local en un comunicado. En este sentido, Bauzá ha mostrado su “apoyo total” al denunciante y ha condenado “rotundamente cualquier acto de odio o discriminación”, subrayando que se trata de hechos “que no tienen cabida en una sociedad democrática, diversa e inclusiva, y que no representan a la ciudadanía de Palma”.

Asimismo, el Consistorio ha subrayado la importancia de denunciar cualquier agresión o conducta discriminatoria como paso fundamental para su erradicación y ha reafirmado su compromiso con una Palma inclusiva y libre de odio.

“Profundo impacto psicológico”

Por su parte, representantes de Més per Palma, quienes también han participado en la protesta, han denunciado la gravedad de lo ocurrido, recriminando que la agresión ha dejado secuelas físicas y un “profundo impacto psicológico” en una persona “respetada y querida” en el barrio.

Asimismo, el partido ecosoberanista ha instado al Ayuntamiento a poner en marcha protocolos eficaces contra las agresiones homófobas en espacios públicos. “Cuando una persona es agredida por su orientación sexual, hablamos de un ataque a toda la sociedad”, ha advertido la portavoz de la formación, Neus Truyol, quien ha exigido una respuesta institucional “firme y sin excusas”. Truyol también ha cargado contra el equipo de gobierno del PP, al que ha acusado de priorizar la defensa de “símbolos franquistas como el monolito de sa Feixina” frente a la protección de las personas que sufren violencia por su identidad sexual.

En esta línea, la coordinadora de Podem Illes Balears ha expresado “asco y rabia ante otra agresión homófoba” en Palma: “Todo nuestro apoyo al vendedor del mercado de Pere Garau que ha sido agredido al grito de 'maricón'. Ninguna agresión sin respuesta. No daremos ni un paso atrás”. Asimismo, desde el PSIB-PSOE han manifestado que Palma “no puede tolerar ninguna agresión homófoba” como la del mercado de Pere Garau. “Todo nuestro apoyo a la víctima. No está sola. Queremos una ciudad donde todo el mundo pueda vivir con libertad y sin miedo. Ante el odio, más unidad, más firmeza y más orgullo”, han manifestado a través de un mensaje en X.

Se da la circunstancia de que, a finales del pasado mes de marzo, un profesor del IES Baltasar Porcel (Andratx) sufrió un ataque de carácter homófobo por parte de estudiantes del mismo y de otro centro, un episodio que, según adviertieron desde el claustro, no es aislado, sino reflejo de un problema más amplio en el ámbito educativo, al afectar también a otros sectores y ámbitos sociales.

Antes de que el archiduque Luis Salvador de Austria (1847–1915) llegara a Mallorca, la isla formaba parte de las rutas del Mediterráneo occidental, pero aún no existía un relato capaz de construir una interpretación compartida. La belleza del paisaje y la riqueza de su cultura todavía no se habían traducido en categorías inteligibles para el observador europeo. Faltaba una mediación capaz de ordenar esa realidad y hacerla comunicable.

Y ese mediador fue s’Arxiduc —así le bautizaron los mallorquines—, una figura que parece salida de una novela: aristócrata bohemio, erudito, políglota y dotado de una curiosidad insaciable. Espíritu inquieto y sin anclajes, su figura se inscribe en la tradición de aquellos viajeros románticos y elitistas del siglo XIX que recorrían el mundo impulsados por una búsqueda íntima, casi inasible, más cercana al deseo que a la realidad. Sin patria fija, encontró, sin embargo, en Mallorca —y especialmente en la Serra de Tramuntana— un territorio al que acabó vinculado de manera profunda.

“A principios del siglo XIX ya había algunos viajeros que dieron a conocer Mallorca al mundo –Gaspar Melchor de Jovellanos o Frédéric Chopin–, pero sin duda una de las figuras que más contribuyeron al conocimiento de Balears fue el archiduque Luis Salvador de Habsburgo-Lorena”, afirma el profesor emérito de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Francisco Sastre.

A principios del siglo XIX, ya había algunos viajeros que dieron a conocer Mallorca al mundo –Gaspar Melchor de Jovellanos o Frédéric Chopin–, pero sin duda una de las figuras que más contribuyeron al conocimiento de Baleares fue el archiduque Luis Salvador de Habsburgo-Lorena

Francisco Sastre — Profesor de la UIB

En 1867, s’Arxiduc recaló por primera vez en Eivissa y en Mallorca a bordo del vapor correo Rey Don Jaime. La llegada por mar fijó una primera impresión decisiva. Al entrar en la bahía de Palma, la ciudad se le presentó como una de las imágenes más bellas del Mediterráneo. No llegó como un turista —una categoría que aún no existía—, sino como un viajero con la disposición de observar y reconocer una realidad virgen abierta a ser interpretada. Recorrió la isla con método científico. Tomaba notas, estudiaba, dibujaba y también adquirió fincas en la Serra de Tramuntana, entre ellas Miramar y Son Marroig. A partir de ese momento, su relación con la isla cambia: ya no se limita a mirar, también interviene, abre caminos, levanta miradores y restaura espacios.

La invención del imaginario

Ese vínculo cristalizó en su obra mayor, “Die Balearen in Wort und Bild geschildert” (“Las Baleares descritas en palabras e imágenes”), un trabajo de ambición enciclopédica en el que combinó rigor científico y sensibilidad descriptiva. A través de textos y grabados, el archiduque Luis Salvador de Austria construyó un retrato minucioso de las islas y de su sociedad en el tránsito entre los siglos XIX y XX, dejando un testimonio que aún hoy sigue siendo una referencia imprescindible.

Entre 1869 y 1891, publicó esta obra monumental. Sastre recuerda que “a lo largo de su vida realizó numerosas publicaciones, de las que 21 hacen referencia a Baleares; pero la más importante para el conocimiento del archipiélago fue ‘Die Balearen’, un magnífico trabajo que daba una amplia visión de cada una de las islas permitiendo su conocimiento y divulgación”.

Más que un libro de viajes, era un sistema de conocimiento donde geografía, flora, fauna, arquitectura, economía, costumbres y formas de vida quedaron registrados, ordenados y clasificados, y las islas dejaron de presentarse como una realidad fragmentaria y pasaron a configurarse como un conjunto bello y coherente para el observador europeo.

Mallorca pasó de ser un territorio visible en los mapas a convertirse en una realidad inteligible para Europa

La Mallorca que describe y dibuja s’Arxiduc es una construcción pensada para ser leída desde fuera, en sintonía con las expectativas de una Europa que proyecta su mirada hacia territorios donde cree reconocer formas de vida exóticas. En ese proceso, el archiduque fijó la imagen de una Mallorca preindustrial, armónica y accesible, donde paisaje y vida cotidiana aparecían como un oasis de un mundo anterior a la industrialización que se extendía al galope por Europa. De esta forma, las islas comenzaron a funcionar como objeto cultural que podía ser leído, comparado y comprendido.

Aunque su impacto en el momento fue limitado, como explica el escritor José Carlos Llop: “Lo tuvo entre las cortes centroeuropeas de su tiempo y los artistas y científicos a los que convocó para su magna obra sobre las Islas Baleares, pero en aquel momento no inventó nada: su eco quedó en las élites locales y algunos parientes austrohúngaros”.

Llop también señala que “este modelo fue y es para los Happy Few, las élites de antes, los buscadores de lo desconocido”. Y añade que la observación científica, la sensibilidad estética y una cierta ética de conservación “podríamos contemplarlos como parte de su herencia”. “Por el camino se perdieron muchas cosas buenas y se ganaron otras basadas en lo material y el confort”, añade.

Luis Salvador fue esencial para el conocimiento y valoración de las islas por parte de los nativos, sistematizando su etnografía, cultura, geografía, etc.

José Carlos Llop — Escritor

La actriz mallorquina Catalina Solivellas, que encarnó sobre los escenarios a Catalina Homar, amante del archiduque, sitúa a Luis Salvador como mediador cultural: “Mallorca es una isla bendecida en un lugar no demasiado recóndito, así que era cuestión de tiempo que se la descubriera. Pero, efectivamente, él, como royalty outsider, presentó la isla a otras celebrities como su prima Sisi –Isabel de Baviera emperatriz de Austria y reina consorte de Hungría–, que era famosísima en Europa, y con sensibilidad para apreciar todo aquello que a él le deslumbró y que les debía resultar tan exótico y virgen”.

Según apunta Antònia Morey, profesora de la UIB, “ofreció al viajero europeo de alto nivel intelectual y con espíritu aventurero del Norte de Europa la certeza de que en las islas podría contemplar todavía una sociedad preindustrial, pero a la vez bien comunicada con el exterior y con la posibilidad de acceder a los lugares más recónditos de la isla sin temer por su seguridad”.

Ofreció al viajero europeo de alto nivel y con espíritu aventurero del Norte de Europa la certeza de que en las islas podría contemplar todavía una sociedad preindustrial y acceder a los lugares más recónditos de la isla sin temer por su seguridad

Antònia Morey — Profesora de la UIB

De esta forma Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera empezaron a existir para una élite minoritaria, ya que Die Balearen convirtió a Mallorca en un destino que puede ser comprendido y, con el tiempo, deseado.

El mito del “padre del turismo”

La lectura más extendida sitúa al archiduque como precursor del turismo en Mallorca. Se le atribuye un “efecto llamada”, una supuesta capacidad de activar el interés europeo por la isla y de abrir el camino hacia su conversión en destino. Esa interpretación se ha repetido hasta consolidarse como lugar común. Sin embargo, las evidencias obligan a matizarla.

José Carlos Llop señala que “es un error mirarlo como un promotor del turismo; nunca fue su intención”: “Otra cosa serían Chopin y George Sand, que sí impactaron en Europa desde el principio y se asoció su nombre —y obra— a la isla. Pero la aportación del archiduque al redescubrimiento de Mallorca es posterior a su tiempo: surge a partir del último cuarto del siglo XX, no antes”.

La asociación entre el archiduque y el desarrollo turístico es, en gran medida, retrospectiva. Se construye desde el presente, proyectando hacia el siglo XIX un efecto que no se produjo en su tiempo. A lo que sí contribuyó el archiduque fue a definir por qué desplazarse hacia la isla y cómo mirarla. En su obra, lo cotidiano deja de ser solo experiencia y pasa a convertirse en registro. José Carlos Llop sitúa ahí una parte esencial de su legado y recuerda que “Luis Salvador fue esencial para el conocimiento y valoración de las islas por parte de los nativos, sistematizando su etnografía, cultura, geografía, etc.”.

Además, tejió una red cultural basada en el mecenazgo, el intercambio intelectual y la circulación de saberes. S’Arxiduc se convirtió en pequeño rey humanista y caprichoso. Fascinado por el mundo de los Medici, el archiduque Luis Salvador de Austria convirtió Miramar en un espacio para la alta cultura y reunió a su alrededor a poetas y escritores como Jacint Verdaguer, Pons i Gallarza, Alcàntara Penya, Joan Alcover o Rubén Darío; eruditos lulistas como Mateu Obrador; pintores, escultores y grabadores como Giulio Monteverde, Cristòfol Pizà, Joan Fuster, Erwin Hubert y científicos como Édouard-Alfred Martel, entre otros muchos.

Solivellas subraya que esa relación incluía también una atención especial al catalán de Mallorca, al recordar que “le interesaba mucho la cultura popular que se transmite con el lenguaje. Recopiló ‘rondalles’, se interesó por las canciones y tonadas populares que le proporcionaba Catalina Homar. La lengua propia es parte indisociable de la estética y la ética de la conservación que nombra. Eso se puede abrazar o rechazar. Me gusta pensar que él lo abrazó”.

En su tiempo, el impacto en la atracción de visitantes fue limitado. Sin embargo, la estructura intelectual que construyó sí tuvo una clara capacidad de proyección en las generaciones futuras. La imagen de Mallorca que fijó en su obra no se agotó en su época: permaneció, circuló y quedó disponible como marco interpretativo desde el que el turismo podría desarrollarse más adelante. Cuando cambiaron las condiciones —transporte, economía, invención del turismo—, esa imagen encuentra su momento y se activa.

La lengua propia es parte indisociable de la estética y la ética de la conservación que nombra. Eso se puede abrazar o rechazar. Me gusta pensar que él lo abrazó

Catalina Solivellas — Actriz

Si el archiduque regresara hoy a las islas, “sin lugar a dudas se sorprendería”. “La población de Mallorca a principios del siglo XX era de unos 310.000 habitantes, con la mayor parte de la población viviendo en zonas rurales y en la actualidad es de unos 1,25 millones”, afirma Sastre. Morey añade que “dado el potencial que él mismo había visto en las islas, no le sorprendería en absoluto el desarrollo turístico y el cambio de modelo económico, aunque, por supuesto, estaría en total desacuerdo con la forma en que se ha llevado a cabo”. Solivellas señala que “no le gustaría ni la cantidad ni la calidad de los visitantes”. “Apreciaba la profundidad de la riqueza cultural construida durante siglos por los habitantes de las islas. Ahora tendría que escarbar más para encontrarla, pero la encontraría, porque existe y lo seguirá haciendo”, añade. Y, tal y como concluye José Carlos Llop, “podría sufrir una gran decepción: las islas y el resto del Mediterráneo se han convertido en un palco con buenas vistas desde el que observar el fin del mundo tal como lo hemos conocido”.

León cumple este jueves 68 años, celebrando lo bien que se encuentra y agradeciendo a los médicos un trasplante renal al que se enfrentaron con mayor complejidad para respetar sus creencias religiosas. Es testigo de Jehová y, como los cerca de 128.000 que viven en España, rechaza las transfusiones de sangre. En un país en el que la libertad de culto es un derecho fundamental, la sanidad se adapta y los sanitarios acatan protocolos que requieren especialización minimizando riesgos en cirugías, con el mayor reto puesto en los trasplantes de órganos. En el caso renal, aun siendo el menos complicado, un tercio de las operaciones requieren administración de plasma y células ajenas. De nuevo el donante vivo se convierte en la opción más segura para el paciente. 

El Hospital del Mar, en Barcelona, fue el primero de España en tener un protocolo para garantizar el trasplante renal sin transfusión de sangre a Testigos de Jehová, en 2018, aunque la práctica ya se realizaba en este y otros centros sanitarios con anterioridad. Ana (nombre ficticio) tiene 48 años y hace poco más de dos meses recibió en este hospital un riñón de un donante fallecido, después de un año en diálisis. En febrero de 2025 sus órganos funcionaban al 15% a causa de una poliquistosis renal detectada cuando tenía 19 años, una enfermedad hereditaria que su padre también padeció. “Él fue trasplantado hace ya casi 25 años sin transfusión sanguínea y todo salió perfectamente”, explica Ana. El éxito de esa operación le animó. “Algo de miedo siempre hay, pero la verdad es que tenía plena confianza en que iba a ir bien”, añade esta mujer, química de profesión. “No, no habría aceptado una transfusión aunque hubiera corrido riesgo vital”, afirma convencida.

León Boada también lo tuvo claro cuando decidió someterse a trasplante hace 14 años en el Hospital Puerta del Mar, en Cádiz. Era 2012. “Los riñones me dejaron de funcionar sin saberlo, por lo visto por una infección mal curada”, cuenta. Recibió un órgano de su mujer, Encarni, lo que, además de evitar la diálisis, facilitaba la intervención al ser programada. “Yo hablé con la nefróloga para ser su donante”, señala la mujer. “Los dos somos testigos de Jehová y los mandatos de las Sagradas Escrituras no nos permiten recibir sangre, así que firmamos las voluntades anticipadas para quitar toda responsabilidad a los médicos. Y a los cinco días estábamos los dos de alta”, matiza León. “No habría aceptado una transfusión para salvar la vida. Hace un año me tuvieron que operar por un tumor en el estómago y también lo pedí así. Estoy muy agradecido a los doctores”, agrega.

Los mandatos de las Sagradas Escrituras no nos permiten recibir sangre, así que firmé las voluntades anticipadas para quitar toda responsabilidad a los médicos. No habría aceptado una transfusión para salvar la vida. Hace un año me tuvieron que operar por un tumor en el estómago y también lo pedí así. Estoy muy agradecido a los doctores

León Boada — Testigo de Jehová

“No poder utilizar sangre es un riesgo añadido”

Los equipos sanitarios son los que hacen posible el milagro de los trasplantes sin transfusión, asumiendo el reto de la dificultad añadida para respetar la voluntad de los pacientes. “Sabemos que hay un riesgo asociado a la cirugía y durante los primeros días del postoperatorio. El riñón es un órgano altamente vascularizado y hay peligro de sangrado. Aunque es posible operar mediante robótica, en general hablamos de una cirugía abdominal abierta”, expone la nefróloga María José Pérez, del Hospital del Mar. “Estos pacientes rechazan la aportación de glóbulos rojos, plasma y plaquetas ajenas. En caso extremo, algunos aceptan pequeños componentes extraídos del plasma y otros no. Si existe hemorragia, a veces podemos actuar con preparados sintéticos, aunque no suponen una alternativa igualmente eficaz a la sangre”, explica el anestesiólogo Jesús Carazo. “En última instancia siempre se puede utilizar la propia sangre aspirada durante la intervención. El 99% lo acepta”, puntualiza.

En última instancia siempre se puede utilizar la propia sangre aspirada durante la intervención. El 99% lo acepta

Jesús Carazo — Anestesiólogo

“En realidad, siempre se intenta no transfundir porque se pueden transmitir anticuerpos que pueden generar rechazo. Tratamos con eritropoyetina (EPO), una hormona que se produce en el riñón y es la encargada de estimular la médula ósea para producir glóbulos rojos. Con insuficiencia renal la hormona desciende”, manifiesta la nefróloga Marilisa Molina, que atiende en el Hospital Son Llàtzer, en Palma. “Pero no poder utilizar sangre es siempre un riesgo añadido. Ningún médico quiere ver morir a un paciente, sobre todo si puede evitarse”.

Es entonces cuando se plantea también un problema ético, especialmente si afecta a menores. “Tuvimos un paciente testigo de Jehová que entró en diálisis en 1990 y estuvo hasta 2019, cuando falleció con 73 años sin poder ser trasplantado. Su hijo también era enfermo renal, había heredado una glomerulopatía proliferativa mesangial extracapilar [clínicamente se presenta como un síndrome rápidamente progresivo con insuficiencia renal aguda, hematuria y proteinuria, requiriendo diagnóstico rápido], bastante severa. La madre propuso firmar la renuncia a cualquier responsabilidad si el chico fallecía en la operación, pero tampoco se llegó a trasplantar”, narra la doctora Molina, presidenta de la Sociedad Balear de Nefrología. “Ahora tengo otra paciente de 40 años que lleva en diálisis desde 2002 y por decisión propia rechaza el trasplante”. 

Tuvimos un paciente testigo de Jehová que entró en diálisis en 1990 y estuvo hasta 2019, cuando falleció con 73 años sin poder ser trasplantado. Su hijo también era enfermo renal. La madre propuso firmar la renuncia a cualquier responsabilidad si el chico fallecía en la operación, pero tampoco se llegó a trasplantar

Marilisa Molina — Nefróloga

El debate existe porque colisionan dos conciencias diferentes. “Por un lado, está la negativa de un paciente a recibir un tratamiento médico y, por otro lado, este rechazo puede generar un conflicto ético al médico porque contraviene su Juramento Hipocrático [compromiso ético que los sanitarios realizan al graduarse]. En estos casos se solía comunicar a la dirección del hospital, quien a su vez se ponía en contacto con el Juzgado de Guardia y era el juez quien autorizaba el tratamiento para eximir de responsabilidad civil al facultativo y al centro sanitario”, expone Catalina Pons-Estel, doctora en Derecho, experta en regulación del hecho religioso.

“El gran cambio se produjo en 2002, a partir de la Ley de autonomía del paciente, que otorga libertad de decisión a los pacientes mayores de edad y obliga a los médicos a respetarla. En cualquier caso, hablamos de dos derechos fundamentales que pueden entrar en conflicto: el derecho a la vida, recogido en el artículo 15 de la Constitución, y el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, en el artículo 16. Puede parecer insignificante, pero el propio orden es importante: el derecho a la vida está por encima de cualquier otro y es el presupuesto necesario para que existan los demás derechos”, agrega. Cuando el médico no quiere intervenir en estas situaciones, puede acogerse a la objeción de conciencia.  

El gran cambio se produjo en 2002, a partir de la Ley de autonomía del paciente, que otorga libertad de decisión a los pacientes mayores de edad y obliga a los médicos a respetarla

Catalina Pons-Estel — Doctora en Derecho

El trabajo de los sanitarios implicados requiere una alta coordinación. El equipo médico, quirúrgico y anestesista tiene un papel relevante antes, durante y después de la cirugía. En el Hospital del Mar han trasplantado a más de 30 testigos de Jehová en los últimos 10 años. Para minimizar las posibles complicaciones, una de las claves es mantener unos niveles de hemoglobina optimizados antes de la cirugía. “Les damos tratamiento previo para que lleguen a quirófano con una cifra superior a 13g/dL. Lo normal en pacientes en diálisis es tenerla en torno a 10 u 11, pero no podemos afrontar el trasplante con esa cifra en un paciente que rechaza transfusión. Además, más del 60% de personas con enfermedad renal crónica tienen anemia”, explica la doctora Pérez. 

Cuando el órgano es de un donante fallecido la situación es más difícil porque no se sabe cuánto tiempo esperará el paciente en lista de espera y hay que mantener cifras de hemoglobina alta durante ese tiempo. “En Catalunya el tiempo medio hasta trasplantarse es de unos 20 meses aproximadamente, pero puede extenderse durante varios años”, matiza la nefróloga. “Si la hemoglobina está muy baja, los glóbulos rojos tendrán problemas para trasportar oxígeno, lo que podría provocar daño cerebral, cardíaco o al propio trasplante”, expone Carazo. “Hemos tenido dos casos con cifras de hemoglobina por debajo de 6g/dl en el postoperatorio, lo que puede suponer riesgo vital, aunque afortunadamente conseguimos que salieran adelante”, apunta Pérez. “Un problema adicional es que, en el 25-30% de los casos, el riñón tarda en funcionar, especialmente si es de donante fallecido, lo que requiere un tratamiento intensificado de la anemia en pacientes que no puedes transfundir”, añade.

Los tribunales

La sanidad avanza entre el conocimiento y el respeto en un tema que arrastra aspectos éticos y legales. En 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por vulnerar el derecho de una mujer testigo de Jehová al administrarle transfusiones de sangre en contra de su voluntad, expresa y documentada, durante una operación de urgencia. Cuando fue ingresada por una hemorragia grave en 2018, los médicos solicitaron autorización judicial ante la gravedad de su estado y la juez de guardia, sin disponer de información completa, autorizó cualquier tratamiento necesario para salvar su vida. El Tribunal subrayó que el consentimiento libre e informado es un principio fundamental y que los adultos tienen derecho a rechazar tratamientos, incluso si ello pone en peligro su vida. Así pues, prima la voluntad anticipada del paciente. 

Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los adultos tienen derecho a rechazar tratamientos, incluso si ello pone en peligro su vida

El problema surge cuando el paciente es un menor. El debate más intenso se produjo a raíz del fallecimiento de un adolescente de 13 años en 1994, en Zaragoza, al negarse sus padres primero, y él mismo, después, a recibir sangre. Hubo un largo proceso judicial. La Fiscalía acusó a los progenitores de homicidio por omisión, pero fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Huesca al considerar que no tuvieron intención de matar a su hijo y lo habían llevado hasta a tres hospitales. La sentencia, no obstante, reconocía que el derecho a la vida estaba por encima del derecho a la libertad religiosa. El Tribunal Supremo les condenó a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito de homicidio con la atenuante muy cualificada de obcecación y el Tribunal Constitucional les volvió a absolver. 

“Los menores dependen de la patria potestad de los progenitores y, en ningún caso, la patria potestad incluye poner en peligro la vida del menor. Hay que tener en cuenta que la ‘mayoría de edad sanitaria’ se alcanza a los 16 años, si bien los padres deben ser informados cuando hay un riesgo vital”, explica Pons-Estel, también profesora en la Universitat de les Illes Balears. “En cualquier caso, el juez es quien puede ordenar una hemotransfusión aunque los progenitores se opongan, asumiendo esta decisión de patria potestad para esa situación concreta”, puntualiza la docente. Así pues, prima el derecho a la vida del menor.

El suicidio sigue generando grandes silencios en los círculos sociales. Se suele hablar poco de él, se evita, e incluso incomoda. A pesar de ello, detrás de cada fallecimiento hay muchas vidas que siguen, atravesadas por una ausencia difícil de comprender y de poder explicar. Unos son padres, otros son hermanos. E incluso hay parejas e hijos. Personas que, además de enfrentarse a la pérdida, también se abocan a un duelo lleno de preguntas sin respuesta, culpa persistente y, en muchas ocasiones, el peso del estigma. Se los conoce como supervivientes, al ser personas que han experimentado altas intensidades de sufrimiento, de vivencia traumática, tras la muerte de un familiar cercano.

Juan (nombre ficticio por petición propia) perdió hace unos años a su hermano mayor, una de las personas clave en su vida. Lo describe como alguien “profundamente generoso”, siempre dispuesto a ayudar, incluso a costa de sí mismo. “Nunca tenía un ‘no’ para la gente”, recuerda. Nada hacía prever lo que ocurriría. Sin embargo, un día, el de Reyes, la familia esperaba reunirse como cada año. Los minutos pasaban y él no llegaba y tampoco respondía a las llamadas. “El nerviosismo y la ansiedad fueron en aumento”, explica Juan. Ese momento, aparentemente cotidiano, quedaría acaso grabado como el inicio de una ruptura definitiva. 

Desde ese instante, todo cambió. “Fue un golpe terrible. Entré en estado de shock”. Fueron días, semanas, en las que este hermano pequeño vivió en una especie de piloto automático, centrado en gestionar lo más urgente: trámites, llamadas, organización. “Era como si no tuviera otra opción que seguir adelante sin dejarme caer”. Hasta el día en que esa inercia se detuvo y apareció el vacío; el suyo, uno profundo y difícil de llenar con palabras.

El silencio tras el impacto

“Un silencio desgarrador que lo invade todo. Su voz se fue apagando poco a poco: ya no hubo llamadas, ni respuestas, ni mensajes”. La forma en la que Juan describe la ausencia refleja un vacío que comparten muchos supervivientes: no solo desaparece la persona, también todo lo que gira en torno y sostiene la relación en lo cotidiano.

Un silencio desgarrador lo invade todo. Su voz se fue apagando poco a poco: ya no hubo llamadas, ni respuestas, ni mensajes

Juan — Hermano de una persona que se suicidó

Con todo, ese enmudecer no es únicamente interno. También es social. La psicóloga sanitaria Silvia Sevilla explica que el duelo por suicidio tiene elementos que lo diferencian de otros procesos de pérdida: “No solo se pierde a la persona, también se pierde la sensación de seguridad y muchas veces la narrativa que teníamos sobre esa relación”. Es decir, se rompe la historia tal y como la entendíamos, con todos los matices que la configuran.

A partir de ahí, emergen preguntas que no cesan en un tiempo: “¿por qué?”, “¿cómo no lo vi?”, “¿podría haber hecho algo?”. Son pensamientos recurrentes, intrusivos, que buscan reconstruir lo ocurrido con la esperanza de encontrar una explicación que calme el dolor. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esa explicación no llega.

La culpa y el “permiso para vivir”

Ana (nombre ficticio) también perdió a su hermano, en su caso, el menor. Su relato comienza con una frase que resume el impacto: “Cambió radicalmente todo en una milésima de segundo”. Recuerda aquellos primeros días como un torbellino en el que apenas había espacio para sentir. “Había que hacer muchas cosas… y las hice. No sé ni cómo”.

Ese estado de urgencia, explica la psicóloga, es habitual. El cuerpo y la mente entran en un modo de supervivencia para sostener lo que es inmediato. No obstante, cuando la intensidad inicial disminuye, aparecen emociones más profundas y difíciles de gestionar. Entre ellas, la culpa ocupa un lugar central. “Por no haberme dado cuenta de que no estaba bien y no haberle podido ayudar”, dice Ana. Una culpa que no solo respira en el pasado, sino que también condiciona el presente. Porque, como ella misma explica, hay algo que cuesta especialmente: “Darte permiso para seguir viviendo”.

[Lamento] no haberme dado cuenta de que no estaba bien y no haberle podido ayudar

Ana — Hermana de una persona que se suicidó

Acompañar sin juzgar

Desde el Teléfono de la Esperanza, su portavoz en Balears, Lino Salas, señala que esa mezcla de dolor, culpa y desconcierto es una constante entre quienes buscan ayuda. Muchas personas llegan con una necesidad urgente de entender lo ocurrido, pero también con miedo a expresar lo que sienten.

En ese contexto, el acompañamiento temprano resulta fundamental. No se trata de encontrar respuestas rápidas ni de ofrecer soluciones, sino de sostener. Escuchar sin juzgar, validar emociones —aunque sean contradictorias— y estar presente en lo cotidiano. “A veces lo más importante no es lo que se dice, sino el hecho de no dejar sola a la persona”, resume.

Sin embargo, ese acompañamiento no siempre se produce de forma adecuada. Como explica Silvia Sevilla, el entorno puede caer en errores bienintencionados: minimizar el dolor, evitar el tema o presionar para que la persona “avance”. Todo ello puede aumentar la sensación de aislamiento. “El silencio social pesa mucho”, advierte.

El peso del estigma social

Laura (también nombre ficticio) perdió a su esposo tras 17 años de vida en común. Aunque llevaban meses separados, mantenían un vínculo cercano y compartían la crianza de su hijo. “Lo primero que pensé fue: ‘¿Cómo se lo voy a explicar a mi hijo?’”. Esa pregunta marcó el inicio de un proceso en el que el duelo propio y el de su hijo se entrelazaban.

A la avalancha emocional, inundada de culpa, tristeza y miedo, se sumó una dificultad añadida: la reacción del entorno. “Recibía comentarios como ‘qué egoísta’ o ‘qué cobarde’”, recuerda. Palabras que, lejos de consolar, aumentaban el dolor. “Simplificaban una realidad muy compleja y cargada de sufrimiento”.

Recibía comentarios como ‘qué egoísta’ o ‘qué cobarde’

Laura — Esposa de una persona que se suicidó

Este tipo de respuestas, advierten los expertos, forman parte del estigma social que aún rodea al suicidio. Según explica la presidenta del Teléfono de la Esperanza, Maria Antònia Mateu Oliver, ese estigma no solo afecta a quienes están en riesgo, sino también a quienes sobreviven a la pérdida, dificultando que puedan hablar abiertamente de lo ocurrido.

Un duelo que nada tiene de lineal

Tras la pérdida, el primer año suele ser especialmente intenso. Silvia Sevilla lo describe como una montaña rusa emocional. Al principio, predomina el impacto: insomnio, desconcierto, incluso una especie de anestesia emocional. Después, cuando la realidad se asienta, aparecen el vacío y las preguntas.

Entre los tres y los seis meses, muchas personas experimentan un aumento de la rumiación, la sensación de abandono o incluso la ira: hacia la persona fallecida, hacia uno mismo o hacia el entorno. Y a partir de ahí, el proceso puede avanzar hacia la integración o, en algunos casos, estancarse.

“No es un proceso lineal”, insiste la psicóloga. Hay avances y retrocesos, momentos de aparente calma y otros en los que el dolor regresa con fuerza, especialmente en fechas significativas. Comprender esta dinámica es “clave” para no añadir presión a quien atraviesa el duelo, apostilla.

Hablar salva vidas

En este contexto, hay una idea que los profesionales repiten con claridad: hablar del suicidio no aumenta el riesgo. Al contrario. Desde el Teléfono de la Esperanza, Lino Salas insiste en que preguntar directamente, escuchar sin alarmismo y abrir espacios de conversación puede ser un factor protector.

Este enfoque desmonta algunos de los mitos más extendidos, como pensar que quien expresa ideas suicidas no las llevará a cabo o que preguntar puede incitar a hacerlo. La evidencia científica señala justo lo contrario: el silencio es lo que más aísla. Y los propios supervivientes lo confirman. Ana lo expresa con claridad: “Que se dejen ayudar… que no se cierren”. Porque, en muchos casos, compartir el dolor es el primer paso para empezar a sostenerlo.

Precisamente, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, en el marco de los compromisos adquiridos en el Plan de acción 2025-2027, dotado con 17,83 millones de euros. Su objetivo es “reforzar la coordinación institucional y avanzar en una respuesta integral ante uno de los principales retos de salud pública”, según indican desde el Ejecutivo. Y es que, como se indicaba en este mismo medio y según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2024 se produjeron 3,953 fallecimientos por esta causa en España, siendo la segunda por muerte externa, por detrás de las caídas accidentales.

El papel de los medios: informar sin dañar

La forma en que se habla del suicidio también influye en la percepción social y en la prevención. Durante años, el silencio fue la norma. Hoy, investigaciones como las de la periodista Ángeles Durán, presidenta de la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) y profesora universitaria en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), apuntan a la necesidad de informar, pero hacerlo con responsabilidad.

Más de 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo, lo que implica una cada 40 segundos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ante esta magnitud, la visibilidad se entiende como una herramienta necesaria, siempre que se eviten enfoques sensacionalistas o simplificaciones. En Balears, esta preocupación llevó hace unos años a la APIB a impulsar un código ético con 25 puntos sobre el tratamiento mediático del suicidio, que se elaboró en 2018 en colaboración con el Teléfono de la Esperanza, el Colegio Oficial de Psicología de Balears y el CESAG.

El objetivo de este documento era claro: dar visibilidad y contribuir a paliar lo que los expertos consideran un grave problema de salud pública y evitar el denominado “efecto llamada”. “Sabemos que hay que conjugar las recomendaciones sanitarias y las necesidades informativas, pero, ante la duda, siempre hay que hacer caso a los expertos porque el periodismo responsable es fundamental para contribuir socialmente”, explica Durán, doctora en Comunicación, quien destaca un cambio positivo en los medios de comunicación. “Hay periodistas que siguen saltándose las normas deontológicas, publicando, por ejemplo, el método empleado, pero hemos observado una mejora considerable. Sí nos parece importante, pese a que los expertos insistan en hablar de multicausa, incidir en el detonante, porque ocultarlo es tapar otro problema social grave, como puede ser el bullying, también convertido en ciberacoso. El riesgo más preocupante ahora son las redes sociales”, añade. 

Para los familiares de este reportaje, ese enfoque no es una cuestión abstracta. Juan, por su parte, habla de la importancia del respeto y la empatía. Mientras, Laura insiste en no simplificar. Y Ana recuerda que, muchas veces, no hay palabras que consuelen, pero sí gestos que acompañan. Y es que informar bien, en este contexto, no solo es una responsabilidad profesional: también es una forma de cuidado colectivo.

A pesar de todo, los tres coinciden en que es posible seguir adelante. No en el sentido de olvidar, sino de aprender a convivir con la ausencia. La terapia, los grupos de apoyo y el acompañamiento de otras personas en situaciones similares aparecen como pilares fundamentales. “Aprendí a convivir con ello y a seguir adelante”, explica Juan. Ana lo resume con una idea que desmonta muchos tópicos: “El tiempo no cura, simplemente mitiga”. Laura, por su parte, añade una mirada que mezcla dolor y resiliencia: “Aunque la pérdida deja una huella permanente es posible reconstruir la vida”.

Quizá ahí reside la clave: no en cerrar el duelo, sino en transformarlo. Y, sobre todo, en dejar de vivirlo en silencio. Contarlo y pedir ayuda, como le ocurrió a quien escribe estas líneas, para sanar y saber cuidar mejor a los que nos rodean.