Carles Gispert y Jaume Barceló se toman una cerveza en la terraza del Chaparro. Este bar es un pedazo de Andalucía en la periferia de Palma: por las tapas, por los precios (el quinto cuesta un euro y poco) y por el escudo del Betis que adorna una pared. Frente a las barras verdiblancas se entremezclan las tertulias. Un taxista habla por los EarPods sobre los perros que cría. Unos hombres maduros se lanzan órdagos durante la partida que se juega en la mesa más discreta del local. Unas jubiladas vacían tazas de café recién hecho mientras llenan el cenicero de la mesa que comparten. Y, mientras tanto, los dos colegas de apellidos mallorquines analizan cuánto está cambiando el barrio en el que viven.

La Soledat es una joya en bruto. Las construcciones son humildes pero, si están bien conservadas, tienen mucho encanto. Además, como eran casas bajas con huerta, muchas tienen un patio. Luego está su patrimonio industrial, las fábricas y talleres, edificios que llevan muchísimo tiempo cerrados. Son espacios grandes, con muchas posibilidades. Creo que aquí va a pasar lo mismo que en Santa Catalina o en Pere Garau. Ya nos estamos poniendo de moda.

Dice Gispert. El comentario suena más crudo que lastimoso. Este activista y promotor cultural lleva cinco años viviendo en la barriada y alguno más visitándola por trabajo. Suficiente tiempo para ver la evolución de los precios. Del alquiler y la compra, “que suben como la espuma”: “Eso ya lo he vivido porque he pasado por muchos barrios de Palma. Antes de venir aquí estuve en la Plaça des Pes de sa Palla. Ahora suena a ciencia ficción que se pudiera alquilar allí, en pleno casco histórico. Pero era así. Igual que cuando empecé a venir por La Soledat, para organizar talleres y actividades con Aatomic Lab, mi proyecto cultural. Sería hacia 2019 y, entonces, nadie se imaginaba que esta zona pudiera gentrificarse. Y lo está haciendo. Si la cultura no es crítica y lo denuncia… mal vamos”.

Lo que afirma Gispert lo corroboran los expertos del mercado inmobiliario que analizan la realidad de Palma. Algunas de las calles más pobres de una de las ciudades españolas más caras son un caramelo para los inversores. Sobre todo, para los extranjeros. Barceló asiente, como si le pusiera un doble check azul a la idea que acaba de exponer su compañero de tertulia. Este técnico de sonido se crio en La Soledat. Vive en la misma casa donde creció su madre, una planta baja construida en 1903 a la que sus abuelos añadieron un primer piso al poco de entrar a vivir.

–Nunca había visto guiris en la barriada… a no ser que se hubiera perdido –dice Barceló–, pero en los últimos años, después de la pandemia, cada vez es más fácil encontrárselos. Ya no les da respeto entrar en unas calles que siempre habían tenido muy mala fama por la delincuencia y el tráfico de drogas, aunque fuera una de las zonas de Palma donde más vida de pueblo podía hacerse.

Nunca había visto guiris en la barriada… a no ser que se hubiera perdido, pero en los últimos años, después de la pandemia, cada vez es más fácil encontrárselos.. cuando te encuentras a un extranjero paseando por mi calle, si ve a un vecino sentado delante de su casa no es extraño que se pare a preguntar si la tiene en venta

Jaume Barceló — Vecino de La Soledat

–¿Y ya están viviendo allí? ¿O alquilando pisos para pasar sus vacaciones?

–Yo creo que todavía son pocos… porque los turistas se quedan en los edificios del polígono de Nou Llevant… y allí no verás una persiana mallorquina [ríe]. Por aquí, cuando te encuentras a un extranjero paseando por mi calle, si ve a un vecino sentado delante de su casa no es extraño que se pare a preguntar si la tiene en venta.

El comprador más conocido de La Soledat

Es probable que el comprador más conocido de La Soledat sea Johann Nowak. Este empresario alemán adquirió hace dos años cinco propiedades situadas en un radio de cien metros. El eje de sus inversiones es el Carrer Siquier, una de las vías que atraviesan de sur a norte la barriada. Las operaciones inmobiliarias que realizó Nowak ocurrieron entre principios de junio y finales de septiembre de 2024, según la documentación consultada por elDiario.es.

En menos de un trimestre, una sociedad limitada en la que figura como socio y administrador único amasó un patrimonio nada despreciable. Una casona con corral de 272 metros cuadrados –dividida en un taller mecánico de 138 metros cuadrados; una primera planta de 69 y otra segunda de 70–; una panadería de 72; una segunda planta de 95; y otra vivienda de 59 metros cuadrados situada en un primer piso. Las motivaciones de Nowak para embarcarse en este Monopoly son fáciles de rastrear. Basta con leer el nombre de su empresa: ArtDistrict Soledad.

Al terminar 2024, la sociedad tenía casi 1,2 millones de euros en activos y más de 1,1 millones de patrimonio neto, después de haber destinado más de 600.000 euros a adquisiciones de inmovilizado. Pero también acumulaba pérdidas cercanas a 180.000 euros, tenía casi 96.000 euros de deudas a corto plazo y disponía de poco más de 7.400 euros en efectivo y bancos. Dos años después, tres de sus inmuebles quedaron afectados por un embargo de la Seguridad Social por una deuda de 8.451 euros.

Al terminar 2024, la sociedad de Johann Nowak, el comprador más conocido del barrio, tenía casi 1,2 millones de euros en activos y más de 1,1 millones de patrimonio neto, así como unas pérdidas de 180.000 euros

Las compras dispararon el balance de la empresa. En 2024, el valor de sus activos materiales pasó de 515.060 a 1.124.253 euros. La sociedad declaró 609.193 euros en adquisiciones durante ese ejercicio, una cifra que coincide en el tiempo con las cinco operaciones inmobiliarias registradas entre junio y septiembre. Al cierre del año, el conjunto de sus activos ascendía a casi 1,2 millones de euros, más del doble que en 2023.

Pero el tamaño del patrimonio contrastaba con la escasa actividad de la compañía. ArtDistrict Soledad facturó apenas 8.150 euros en 2024, frente a los cero euros del año anterior. Sumó otros 15.410 euros de ingresos, pero sus gastos de personal y funcionamiento superaron los 200.000 euros. El resultado de explotación fue negativo en 185.132 euros y el ejercicio terminó con unas pérdidas de 142.804 euros. Si se suman las de 2023, la empresa acumulaba casi 180.000 euros en números rojos en sus dos primeros años. La estructura laboral también era reducida: la plantilla media fue de 1,12 trabajadores en 2024, frente a uno el año anterior. Según las cuentas, durante el ejercicio trabajaron en la empresa dos mujeres con contrato fijo.

Un hub artístico en La Soledat

Nowak está convencido de que La Soledat puede convertirse en el hub artístico de Palma. Su epicentro. El alemán sueña con desplazar a los suburbios un foco que lleva más de una década alumbrando unos barrios históricos –Ca n’Amunt i Ca n’Avall– donde es más fácil tropezar con una galería que con los comercios que existieron durante siglos hasta que el turismo invirtió la proporción de residentes y visitantes. Cuando desembarcó en la barriada, el galerista concedió varias entrevistas en medios locales como Última Hora.

Nowak está convencido de que La Soledat, uno de los barrios más humildes y asociados a la droga de Palma, puede convertirse en el hub artístico de la capital balear

Se mostró confiado en atraer talento de ciudades –como Nueva York– donde un artista independiente lo tiene difícil para pagar con su obra vivienda y estudio debido a los altos precios del alquiler. En esos encuentros con la prensa, Nowak solía recibir en el mismo lugar. Un antiguo taller mecánico reconvertido en un espacio diáfano. Ideal para organizar exposiciones, proyecciones, desfiles de moda o conciertos, alguno de los eventos documentados en las redes sociales de Art District Palma; la marca comercial del proyecto usa el topónimo de la ciudad, no el del barrio. Curiosamente, aquella nave de 350 metros cuadrados es la única de las propiedades vinculadas a Nowak que no aparece a nombre de su sociedad limitada. La persona que lo explotaba anteriormente figura aún como el titular de unos garajes rebautizados como Studio 31 pese a que en la fachada se mantiene un rótulo donde se lee Talleres Soledad. Mecánica, chapa y pintura.

Un antiguo taller mecánico reconvertido en un espacio diáfano es el lugar escogido para organizar exposiciones, proyecciones, desfiles de moda o conciertos

“El arte vive en estas habitaciones y no necesita un cubo blanco. Por el momento, una arquitectura exagerada no sería propicia para la integración del proyecto en el vecindario. A largo plazo, hay varios planes de reconocidos arquitectos mallorquines”, explica Nowak. Por escrito, elDiario.es intentó entrevistarlo varias veces durante el último mes y medio. Al encontrarse en Alemania y alegar que debía atender problemas graves de índole personal, el galerista respondió –parcialmente– las preguntas planteadas durante la elaboración de este reportaje. “Me hubiera gustado enseñaros el espacio en persona. Quizás podamos hacerlo en otra ocasión”, escribió Nowak.

El Instagram de ArtDistrict Palma publicó por última vez el pasado 28 de abril pero, según los mensajes que envió el empresario por WhatsApp, la iniciativa está más fuerte y más vinculada a La Soledat que nunca. El alemán anuncia una muestra “de artistas coreanos” que ha recibido financiación pública del país asiático para mediados de noviembre y otra expo colectiva coordinada “por la curadora mallorquina María Muñoz”. Confía “a largo plazo” en “alquilar” Studio 31 a “eventos subvencionados”. Afirma que su proyecto se sostiene económicamente gracias a un préstamo a largo plazo concedido por un holding que posee en Alemania. Defiende que organizar fiestas como el Paella Fest ayudan al barrio a encontrarse con “su antigua tradición” de sopars a la fresca.

Así en Berlín como en Mallorca

La historia es vieja porque no deja de repetirse. Puede leerse en las fachadas de chapa de La Boca bonaerense y en los muros pintados de Wynwood, Miami. Un barrio deprimido –y conflictivo– resucita –y se encarece– gracias al impulso que le dan los artistas –casi siempre, jóvenes, modernos y alternativos– que se mudan allí. A veces, todo se acelera porque la ciudad organiza unos Juegos Olímpicos. Así ocurrió en las naves del Poblenou barcelonés o –veinte años más tarde– en los canales del Hackney Wick londinense.

Uno de los moldes originales de este proceso –al menos en Europa– es Berlín. El final de la Guerra Fría cambió de arriba a abajo barrios enteros. La capital alemana se convertía en la meca del turismo underground mientras Nowak daba sus primeros pasos en el negocio del arte. Así lo explicó el empresario en la entrevista que le hicieron en Mallorca Majorca, un podcast en inglés que conducen Vicki McLeod y Oliver Neilson, dos periodistas de acento británico que viven en la isla.

La estampa es la siguiente: un barrio deprimido –y conflictivo– resucita –y se encarece– gracias al impulso que le dan los artistas –casi siempre, jóvenes, modernos, alternativos– que se mudan allí

En aquella época –los noventa y los primeros años del siglo XXI–, Kreuzberg –el caso más conocido– pasó de ser la frontera entre socialismo y capitalismo –quedaba justo al oeste del Muro– a crisol étnico –refugiados de las guerras yugoslavas se unieron a turcos (y kurdos), libaneses, palestinos y sirios– y, por último, emblema de la gentrificación, un término que comenzó a aparecer en las páginas de los periódicos. Actualmente, algunos portales inmobiliarios sitúan el precio medio del metro cuadrado de Kreuzberg en casi 6.000 euros. Números que todavía quedan lejos de los que se piden en La Soledat. Aunque ya no tanto.

“Si en Balears ha subido la vivienda un 80% en los últimos diez años, en el distrito de Llevant hay que multiplicar ese aumento por dos. Era una zona deteriorada, especialmente La Soledat, el barrio donde los precios eran más bajos porque no tenía atractivo. Ahora, se asemejan a los que se piden en Palma Nord: 4.200 euros el metro cuadrado”, explica por teléfono José Miguel Artieda Ferragut. El presidente autonómico del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria considera que La Soledat no dejará a corto plazo de ser un lugar interesante para invertir. Todavía está por debajo del precio medio de mercado que se paga en Palma por una vivienda o un local de segunda mano, alrededor de 5.500 euros el metro cuadrado. Hay, además, proyectos públicos que están impulsando la revalorización del suelo. Los 100 millones de euros que el Ajuntament de Palma está invirtiendo para transformar al edificio de Gesa en una gran infraestructura cultural –instituto de artes plásticas, biblioteca, centro de innovación, macroaparcamiento subterráneo– es un “atractivo innegable” para Artieda.

Era una zona deteriorada, especialmente La Soledat, el barrio donde los precios eran más bajos porque no tenía atractivo. Ahora, se asemejan a los que se piden en Palma Nord: 4.200 euros el metro cuadrado

José Miguel Artieda Ferragut — Presidente autonómico del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria

–El este de Palma se está convirtiendo en el gran bulevar de entrada a la ciudad. Lo que hace cinco años te costaba vender por 120.000 euros, ahora se vende por más de 250.000… y las operaciones se cierran –analiza el agente de la propiedad inmobiliaria–. La raíz de este diferencial es que el desarrollo de las promociones del Nou Llevant ha irradiado a los barrios que quedan más cerca. La Soledat está justo al lado y, si pintas el barrio encima del mapa, también ves que está cerca del mar.

–¿Se puede dibujar un retrato robot del comprador más habitual en el distrito de Llevant?

–Cada vez más, son extranjeros, no de un nivel adquisitivo muy alto, pero sí de clase media, podríamos decir.

–¿No les preocupa la conflictividad de esos barrios? En La Soledat, sin ir más lejos, volvieron a desmantelar al Clan del Pablo, un conocido traficante.

–Esa percepción la tenemos más los mallorquines que los extranjeros. Quien compra, ve que hay oportunidad de cambio, que abren franquicias de supermercados y nuevos negocios. Eso se nota en la carretera de Manacor o en Son Gotleu, otra muestra clara: allí se ha agotado prácticamente la oferta de inmuebles okupados o por reformar que se vendían hace unos años por 30 ó 40.000 euros. Ahora te los puedes encontrar, vacíos, por 130, 140, 150.000 euros. O se están alquilando por habitaciones. Quien compra allí suele ser un perfil inversor.

–¿Cómo definiríamos a ese “perfil inversor”?

–Alguien que no compra para vivir.

Un pueblo dentro de la ciudad

Birra nunca se ha sentido extraña cuando su dueño la saca a pasear. Sabe que no tardarán en encontrar el descampado donde sentirse libre. La mascota de Jaume Barceló es un ca de bestiar, el perro favorito de los pastores mallorquines. Una pequeña bestia de casi cuarenta kilos que no desentona en un paisaje de calles estrechas y persianas pintadas de verde. La Soledat pudo quedarse atrapada en el casco urbano de Palma, pero nunca dejó de parecer un pueblo. Con su parroquia, su casino, sus fiestas populares, su club de fútbol, sus pequeños comercios, su movimiento obrero: tejido social. Un pueblo que primero fue agrícola, hasta que llegaron las fábricas, y, desde hace décadas, es un dormitorio para muchos trabajadores de zonas turísticas como s’Arenal, a tiro de piedra en autobús. Y, sin embargo, La Soledat ahora es un pueblo que se despuebla. Al menos, de los vecinos con los que Barceló recuerda haberse criado:

–Soy el raro porque he decidido (y he podido) quedarme, pero lo normal durante los últimos años es hacer lo de mis padres. Estoy en su casa porque ellos se han ido a Vilafranca de Bonany, de donde es mi padre; están más a gusto fuera de la ciudad. Esta barriada ha acogido a todos los migrantes que llegaban a Palma: mallorquines de ocho apellidos, peninsulares (payos y gitanos), ahora latinoamericanos o asiáticos… Esa mezcla es nuestra identidad, pero creo que será muy difícil mantenerla. En su generación era muy común que se crearan familias donde uno de los dos era de La Soledat y el otro, de la Part Forana. En los últimos años, muchas de esas parejas se han jubilado y, si no tienen familiares interesados en venir aquí, venden. Los precios son tentadores. He preferido alquilar la planta alta de mi casa a unos amigos que acababan de ser padres –y no encontraban vivienda– a un precio razonable. Me interesa estar rodeado de gente que haga barrio.

El turismo vende paisajes, cultura y formas de vida que no le pertenecen. Para Jarkko Saarinen, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Oulu (Finlandia), esta paradoja está en el centro de muchos de los conflictos que atraviesan hoy los destinos turísticos: una actividad económica que depende de los recursos naturales, culturales y sociales de un territorio, pero cuyos beneficios no siempre llegan a las comunidades que lo sostienen. Especialista en turismo sostenible, cambio climático y relaciones entre visitantes y población local, Saarinen ha estudiado estas dinámicas en escenarios tan distintos como la Laponia finlandesa y el sur de África, y ha colaborado con responsables políticos en cuestiones como la adaptación climática, la estacionalidad y la evolución de los destinos turísticos.

Sus investigaciones invitan a mirar más allá de las cifras de visitantes y los ingresos que genera el sector para preguntarse quién gana con el turismo, quién asume sus costes y qué capacidad tienen los residentes para decidir sobre la transformación de su entorno. Una cuestión especialmente relevante en los mayores destinos turísticos españoles, como Balears, donde la apuesta por atraer visitantes de mayor poder adquisitivo convive con una creciente dificultad para acceder a la vivienda y con el debate sobre los límites de la actividad turística. Este fin de semana, Saarinen participa en el Observatori COSTA, en Mallorca, para abordar los futuros del turismo de masas y reflexionar sobre los modelos de gobernanza que pueden hacer compatible la actividad turística con las necesidades de las comunidades locales.

¿Estamos asistiendo a una nueva fase en la que los destinos concebidos para el turismo de masas se convierten en espacios reservados a quienes tienen mayor poder adquisitivo?

La gran historia de éxito del turismo es que comenzó siendo una actividad exclusiva, con el llamado Grand Tour, cuando los aristócratas británicos viajaban a Italia y España. Después llegaron las guerras napoleónicas y la máquina de vapor, que abarató los desplazamientos y permitió democratizar los viajes. En las décadas de 1960, 1970 y, especialmente, 1980, la gente empezó a viajar de forma generalizada. En Finlandia, ir a Mallorca o Tenerife era algo extraordinario; hoy viaja gente corriente y las vacaciones se han normalizado. Pero nos estamos encaminando en otra dirección. 

Creo que el cambio climático será un factor clave. Las transformaciones geopolíticas y el encarecimiento de los vuelos también influirán. Viajar nunca había sido tan barato en términos históricos, pero algunos desplazamientos ya cuestan mucho más que hace una década y los salarios no han aumentado al mismo ritmo. Eso limitará los viajes de las clases media y media-baja.

Viajar nunca había sido tan barato en términos históricos, pero algunos desplazamientos ya cuestan mucho más que hace una década y los salarios no han aumentado al mismo ritmo. Eso limitará los viajes de las clases media y media-baja

¿Podría llegar un momento en que la gente corriente no pueda irse de vacaciones?

Es un proceso gradual. Los viajes de corta distancia seguirán siendo posibles, pero los de larga distancia plantearán más problemas, especialmente para los destinos del Sur Global. España seguirá siendo accesible, aunque quizá no tanto como ahora. Muchos destinos españoles dependen también de los propietarios de segundas residencias. ¿Podrán seguir invirtiendo en una vivienda en España quienes viajan desde Reino Unido o Alemania si no pueden permitirse desplazarse hasta allí con tanta frecuencia? Esto puede modificar la estructura turística en un futuro relativamente próximo. Dentro de una década, las cosas podrían ser bastante diferentes.

En sus investigaciones plantea la importancia de una gobernanza turística orientada a la sostenibilidad. ¿En qué consiste?

El turismo es un negocio extraño: nos vende algo que no posee. Comercializa la cultura local, la gastronomía, los paisajes, la forma de vida y los espacios protegidos, pero no es propietario de ellos. Por eso insistimos en la sostenibilidad: el turismo debe devolver algo a las comunidades. Los visitantes tendrán que contribuir cada vez más a los destinos que disfrutan. Las políticas públicas son fundamentales porque establecen el marco en el que se desarrolla la actividad y determinan cómo se distribuyen sus beneficios.

He estudiado estas cuestiones tanto en la Laponia finlandesa como en Botsuana. Allí querían desarrollar el turismo para diversificar una economía dependiente de los diamantes. Observaron la masificación de los safaris en Kenia y optaron por un modelo de bajo volumen: menos visitantes que pagaran más. Es una estrategia que recuerda al paso del turismo de masas al turismo de calidad que se plantea en Mallorca. 

Pero hay un problema: para ofrecer un producto turístico de alta calidad, a menudo es necesario importar capital, conocimientos y personal. Esto genera fugas económicas, porque el dinero termina regresando al lugar del que procede la inversión. En Botsuana, esas fugas superan el 70%. El producto puede ser excelente, pero la economía local apenas se beneficia. El mismo principio puede aplicarse a Europa. Por eso, la cuestión no es únicamente qué tipo de turismo queremos, sino quién obtiene sus beneficios.

Pero hay un problema: para ofrecer un producto turístico de alta calidad, a menudo es necesario importar capital, conocimientos y personal. Esto genera fugas económicas. En Botsuana, esas fugas superan el 70%. El producto puede ser excelente, pero la economía local apenas se beneficia

¿Cree que las protestas en las calles de distintas ciudades europeas tienen que ver con esta problemática, con el acceso a la vivienda y el encarecimiento de la vida? En España, el caso de Maricarmen, una mujer mayor desahuciada de su casa por un fondo de inversión, se convirtió en un símbolo de esta situación.

Conozco bastante bien el caso de Maricarmen. Estamos ante un proceso de gentrificación. El coste de la vida aumenta y las clases media y media-baja se ven obligadas a desplazarse a zonas más alejadas, donde también deben asumir mayores gastos de transporte. El turismo no es la única causa de estos problemas, ni culparía a los turistas como tales. Pero en las ciudades afectadas por el sobreturismo, la presión sobre la vivienda agrava la situación.

Tradicionalmente, distinguíamos entre los espacios destinados a los visitantes y aquellos donde los residentes desarrollaban su vida cotidiana. El autor Dean MacCannell planteó en los años setenta una distinción entre el escenario turístico y el trasfondo de la vida local. Mientras ambos espacios permanecían separados, los habitantes podían continuar con sus actividades. La economía de plataformas ha cambiado esta situación: ha llevado a los turistas a zonas residenciales y ha generado problemas de ruido, encarecimiento de la vivienda y desplazamiento de los vecinos. Cuando estas presiones coinciden con una crisis general de acceso a la vivienda, se acumulan y se retroalimentan. No atribuiría las protestas exclusivamente al turismo, pero sí creo que este agrava los problemas existentes.

Balears está apostando por la cultura como una herramienta turística. Lo dijo, hace pocos meses, la Comisión Europea en un informe para el proceso de selección de la Capital Europea de la Cultura 2031. Desde hace algunos años, las instituciones promueven ferias de arte, grandes exposiciones y acontecimientos culturales como parte de una estrategia para atraer un turismo de mayor calidad. ¿Puede la cultura transformar el modelo turístico o corre el riesgo de convertirse en otra herramienta de exclusividad? 

Ese peligro existe, especialmente cuando la cultura se utiliza para atraer más visitantes y hacer crecer el turismo. El objetivo original del desarrollo sostenible no era mantener el turismo y conseguir que creciera indefinidamente, sino preservar las comunidades locales, el medioambiente, su bienestar y su cultura. Sin embargo, el concepto de sostenibilidad turística ha sido secuestrado, en cierto modo. Ahora parece que el objetivo es mantener el turismo y seguir haciéndolo crecer. La cultura se ha convertido en una herramienta al servicio del turismo, cuando debería ocurrir lo contrario: el turismo tendría que estar al servicio de la cultura y de la comunidad local y no al revés.

En Oulu, donde vivo, somos Capital Europea de la Cultura en 2026. Se ha apostado por iniciativas que surgen desde abajo, con miles de acontecimientos de menor escala, en lugar de concentrar los recursos en grandes infraestructuras o eventos elitistas. Un estudio realizado en Australia concluyó que numerosas iniciativas culturales pequeñas pueden beneficiar más a la economía local que unos pocos grandes acontecimientos. Las primeras generan un flujo constante de personas y favorecen las relaciones entre visitantes y residentes. Los macroeventos, en cambio, atraen público de fuera y requieren infraestructuras cuyo futuro hay que resolver una vez terminados.

Balears batió el récord de 19 millones de turistas en 2025, mientras los precios de la vivienda siguen aumentando. ¿Puede considerarse exitoso un modelo que incrementa los visitantes y los ingresos mientras parte de la población tiene cada vez más dificultades para acceder a una vivienda?

Puede ser un buen negocio durante un tiempo. Pero los inversores que vienen de fuera pueden invertir, obtener beneficios y marcharse después a otro lugar. En los estudios turísticos hablamos del ciclo de evolución de los destinos: primero crecen, después llegan la consolidación y el estancamiento. A partir de ahí, pueden renovarse e iniciar otra etapa de crecimiento o entrar en declive.

Los inversores que vienen de fuera pueden invertir, obtener beneficios y marcharse después a otro lugar. En los estudios turísticos hablamos del ciclo de evolución de los destinos: primero crecen, después llegan la consolidación y el estancamiento

Torremolinos es un ejemplo. Tras sufrir un deterioro relacionado, entre otras cosas, con el exceso de desarrollo urbanístico, necesitó mejorar las condiciones sanitarias y medioambientales y sus sistemas de saneamiento para recuperar su atractivo. Mallorca debería adoptar una perspectiva más proactiva y preguntarse qué dirección quiere seguir. También debería plantearse si un modelo de gobernanza que permite el sobreturismo beneficia realmente al destino. Nada puede crecer para siempre: tarde o temprano, el crecimiento encuentra sus límites.

Si pudiera recomendar una sola medida al Govern para reducir los efectos negativos del sobreturismo, ¿cuál sería?

En muy pocos lugares el sobreturismo se debe principalmente al alojamiento reglado, es decir, a los hoteles. El problema está en los alquileres de corta duración, que son ante todo un negocio inmobiliario. Forman parte del urbanismo, del desarrollo urbano y de la gobernanza de las ciudades. Por eso, deberían establecerse límites. La capacidad de alojamiento sin regular ha generado problemas en Barcelona, Ámsterdam, Londres y París. En ciudades como Ámsterdam y París, las regulaciones han contribuido a reducirlos, aunque no los hayan resuelto por completo. También hace falta regular estrictamente los cruceros, estableciendo cuántos barcos pueden llegar al mismo tiempo.

Una regulación firme y sostenida a largo plazo puede beneficiar al destino, a las comunidades y también a las empresas, al contribuir a un turismo más sostenible. Hay una última cuestión fundamental: el turismo depende no solo del atractivo de la naturaleza y la cultura, sino también de la aceptación social; es decir, de que la población local considere legítima la actividad turística y esté de acuerdo con ella. Si los residentes se muestran hostiles, eso acaba repercutiendo en la experiencia de los visitantes. Estos se preguntarán si son bienvenidos y, si sienten que no lo son, pueden marcharse a otro lugar. Por eso, la comunidad local es un actor fundamental y debe ser tomada en serio. Aunque el turismo sea un negocio privado, vende algo que no le pertenece: algo que pertenece a la comunidad. Por esa razón, debe devolverle algo a cambio.

Las entidades animalistas Arde y Satya Animal han entregado este viernes al Govern 50.000 firmas para reclamar que frene el proyecto de una nueva macrogranja de 80.000 gallinas en la finca de Son Brau, en Manacor, impulsado por Avícola Son Perot. La entrega ha tenido lugar en el Consolat de Mar, coincidiendo con la celebración del Consell de Govern, donde han anunciado, además, la realización de una cadena humana este domingo en la finca para reclamar que no se autorice la explotación.

La movilización llega después de que ambas organizaciones hayan presentado ante la Fiscalía dos denuncias relacionadas con otras dos explotaciones avícolas de la misma empresa en Manacor. La documentación aportada, de la que informó en primicia elDiario.es, incluye imágenes del interior de las instalaciones en las que se observan gallinas vivas junto a cadáveres en descomposición, huevos con ácaros, acumulaciones de excrementos y cucarachas. Las imágenes han reavivado la controversia sobre las condiciones de las granjas de Avícola Son Perot y la conveniencia de autorizar una nueva explotación de mayor capacidad.

Las entidades animalistas consideran que los hechos denunciados deberían tenerse en cuenta antes de dar luz verde al proyecto de Son Brau. Su portavoz, Julia Elizalde, defiende que existe una relación directa entre las condiciones documentadas en las instalaciones que ya están en funcionamiento y la futura explotación. “A ojos de cualquiera existe una relación absoluta”, sostiene. “Si esto ha pasado en una granja de 40.000 gallinas, ¿qué pasará en una de 80.000?”, se pregunta.

Simonet, sin embargo, rechazó el pasado martes que las denuncias deban determinar la tramitación del nuevo proyecto. “La inspección que se hizo en la granja de Mirabó y el proyecto de Son Brau son dos cosas diferentes”, afirmó. El conseller recordó que la iniciativa se encuentra en fase de autorización ambiental integrada, un procedimiento en el que se recaban informes de los ayuntamientos y de organismos competentes en materias como recursos hídricos o movilidad.

“Administrativamente no podemos entrar en una cosa de estas; si hiciésemos una suposición así estaríamos prevaricando”, zanjó el responsable de Agricultura, que defendió así la separación entre la investigación de las instalaciones existentes y el expediente administrativo de la futura macrogranja.

La entrega de las 50.000 firmas pretende trasladar esa disputa al Govern y reclamar que las denuncias sobre las condiciones de las explotaciones actuales tengan consecuencias sobre la decisión de autorizar una instalación que duplicaría la capacidad de la granja de referencia citada por las organizaciones. El proyecto de Son Brau continúa pendiente de los trámites ambientales.

Cadena humana contra la nueva explotación

La oposición al proyecto tendrá una nueva expresión este domingo. La Plataforma No Macrogranjas ha convocado a las 11.00 horas una cadena humana en la finca de Son Brau para reclamar que no se autorice la explotación de 80.000 gallinas.

El portavoz de Satya Animal, Kike Gimeno, ha calificado estas instalaciones de “fatídicas” para los animales, los vecinos y el medioambiente. Las organizaciones sostienen que la concentración de tantos animales en una misma nave plantea problemas de bienestar animal y de gestión ambiental. También han recordado los informes desfavorables que, según afirman, han emitido el Ayuntamiento de Manacor y otras entidades, y han invocado el precedente del macroproyecto de Sineu, cuyos análisis ecológicos advirtieron de riesgos para los ecosistemas y la población.

Gimeno ha defendido que la entrega de las firmas busca trasladar a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural el rechazo ciudadano y presionar al Govern para que se pronuncie sobre el proyecto. El portavoz ha asegurado que la empresa ya ha comprado los terrenos y está realizando los trámites necesarios, aunque ha admitido que las entidades desconocen en qué punto exacto se encuentra el expediente. A su juicio, la iniciativa sigue avanzando y la Conselleria no se plantea paralizarla.

La protesta llega en plena controversia por las condiciones documentadas en otras explotaciones de Avícola Son Perot y Avícola Ballester en Mallorca. Tras las denuncias presentadas por Arde y Satya Animal ante la Fiscalía, la Conselleria inspeccionó el martes la granja de Mirabó, en Manacor. El conseller Joan Simonet explicó que sus dos naves, con capacidad para unas 40.000 aves, estaban vacías desde la semana anterior y que las gallinas habían sido trasladadas a un matadero de Murcia con las autorizaciones pertinentes.

A esta disputa se ha sumado la respuesta de las empresas, que este jueves anunciaron acciones legales por presunta difamación y falsedad contra las entidades animalistas. Las compañías avanzaron que presentarán una demanda de conciliación contra Gimeno por sus declaraciones sobre la posible presencia de salmonelosis en los huevos de Son Perot y advirtieron de que podrían emprender acciones penales si no se retractaba.

Las entidades memorialistas de Balears han abandonado en bloque las comisiones técnicas del Govern de Marga Prohens (PP) tras denunciar que el Ejecutivo margina a las asociaciones y a los familiares de las víctimas del franquismo, ignora sus propuestas y toma decisiones al margen del marco legal, es decir, de espaldas a los órganos competentes en materia de memoria democrática. Memòria de Mallorca, el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera y Memòries de Menorca han presentado este jueves su renuncia al considerar que estos órganos han quedado vaciadas de sus funciones y que la presencia de las tres organizaciones se ha convertido en una presencia meramente testimonial y sin capacidad real para influir en las decisiones que afectan a las víctimas del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista.

Así lo han dado a conocer en un comunicado conjunto, en el que denuncian el incumplimiento de los compromisos institucionales por parte del Govern en relación a la organización de memoriales y homenajes y alertan del desmantelamiento de instrumentos esenciales para garantizar sus derechos.

La decisión se produce tras meses de controversia por las políticas memorialistas del Ejecutivo de Prohens, que, de la mano de Vox, derogó el pasado mes de marzo la Ley de memoria democrática de Balears. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la medida y suspendió cautelarmente la eliminación de la norma mientras se resuelve el procedimiento.

En un escrito presentado durante la reunión de la Comisión de la Ley de Fosas, Memòria de Mallorca relata los detalla los episodios que, asevera, ilustran esa pérdida de capacidad de intervención. La asociación precisa que la ruptura “no es fruto de un desacuerdo puntual”, sino “de la constatación” de que el funcionamiento de este órgano y la gestión de las políticas de memoria democrática del Govern “se han alejado de las finalidades por las cuales fueron creados”.

La entidad critica que las actuaciones del Ejecutivo se deciden y, en ocasiones, se ejecutan antes de que las comisiones puedan valorarlas. También denuncia que sus propuestas y preguntas son ignoradas de forma reiterada, que no se incorporan asuntos al orden del día y que las entidades no reciben información adecuada sobre decisiones que las afectan directamente. “La participación no puede limitarse a asistir a reuniones y expresar opiniones que después no tienen ninguna incidencia real”, advierte la entidad en el documento. Su renuncia afecta tanto a la comisión vinculada a la ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo -más conocida como 'ley de fosas' como a la de la Ley de Memoria y Reconocimientos Democráticos de las Illes Balears.

La asociación también cuestiona el funcionamiento interno de estos órganos. Asegura que el Govern no aplica un reglamento aprobado por mayoría absoluta porque sostiene que no se ha localizado el acta de su aprobación, pero tampoco ha procedido a aprobarlo de nuevo por el procedimiento legalmente exigido. Asimismo, denuncia que no se incorporan al orden del día asuntos que las entidades solicitan tratar y que se impulsan actuaciones sin recabar previamente el parecer de las comisiones correspondientes.

Uno de los ejemplos que aporta es la información sobre la derogación de la ley autonómica. Memòria de Mallorca asegura que tuvo que conocer por los medios de comunicación tanto la decisión de suprimirla como su posterior suspensión cautelar pese a formar parte de las comisiones y ser una de las organizaciones directamente afectadas. La entidad también critica que el Govern haya promovido actuaciones relativas a los bombardeos de la aviación republicana sin consultar previamente a la comisión de memoria democrática pese al papel que la legislación atribuye a este órgano.

El choque por el Columbari de la Dignitat

Entre los incumplimientos que han contribuido a la ruptura, Memòria de Mallorca señala el caso del Columbari de la Dignitat, inaugurado el pasado 28 de septiembre en el cementerio de Palma. La asociación afirma que presentó una propuesta para el texto del memorial y fijó dos condiciones irrenunciables: que se incluyera una referencia expresa al golpe de Estado de 1936 y que la comisión asumiera el texto como propio, de modo que así constara en la placa. Según alega, el Govern les aseguró verbalmente que ambas condiciones se habían incorporado. Sin embargo, el memorial se inauguró y la placa se descubrió sin respetar ninguno de esos dos requisitos.

Para la entidad, la discrepancia va más allá de una cuestión de redacción. La referencia al golpe de Estado es, sostiene, fundamental para contextualizar la represión franquista y reconocer a sus víctimas. La participación de la comisión debía garantizar, además, que el texto fuese resultado de un proceso colectivo y de un acuerdo institucional, y no de una decisión unilateral. “No podemos aceptar que se nos asegure que unos compromisos se cumplirán y que, finalmente, se incumplan”, arguye la asociación.

Otro de los episodios que denuncia se remonta al pasado 2 de septiembre, cuando registró una propuesta para instalar memoriales en las vías públicas de Palma. La iniciativa pretendía recordar a las más de 2.000 víctimas de desaparición forzada en Mallorca y a las más de 6.000 víctimas mortales de los bombardeos de la aviación fascista procedente de la isla contra otros territorios. Según Memòria de Mallorca, la propuesta ni siquiera se incluyó en el orden del día de la reunión de este jueves. La entidad también asegura que se elaboran planes de fosas sin la gestión ni la participación de las comisiones correspondientes.

El desmantelamiento de los instrumentos de memoria

La renuncia no responde únicamente a los problemas de funcionamiento de las comisiones. Memòria de Mallorca la vincula también a la política general del Govern, que, según denuncia, ha debilitado los instrumentos públicos destinados a garantizar los derechos de las víctimas del franquismo y sus familias. La asociación señala expresamente la eliminación de la Dirección General de Memoria Democrática y de la oficina de información y atención a las víctimas y sus familiares. Considera que ambos instrumentos fueron posibles tras años de reivindicación y que resultan esenciales para mantener una política pública de memoria continuada.

A ello suma la derogación de la ley autonómica, una decisión que las entidades consideran incompatible con el reconocimiento y la defensa de los derechos de las víctimas. La suspensión cautelar acordada por el TC mantiene la norma vigente mientras se estudia el recurso del Gobierno central, pero no ha resuelto el enfrentamiento político sobre el modelo de memoria democrática que debe aplicar la comunidad.

La salida de las tres organizaciones supone un nuevo revés para los mecanismos de participación vinculados a estas políticas. Las asociaciones, que trabajan en la localización de desaparecidos, la investigación y la reparación de las víctimas consideran que no pueden seguir formando parte de unos órganos en los que, según denuncian, no se les permite intervenir de manera efectiva.

Más de veinte años de trabajo por la memoria

Por otro lado, Memòria de Mallorca reivindica una trayectoria de más de dos décadas en la defensa de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En su escrito recuerda que ha participado en más de sesenta reuniones relacionadas con las dos leyes autonómicas y que ha aportado testimonios, documentación, contactos de especialistas y familiares de víctimas. La asociación destaca su contribución a proyectos de investigación y exhumación como los de las fosas de Porreres y Son Coletes. También señala que consiguió incorporar por primera vez veinte estudios al último Plan de Fosas y Memoria Democrática desde una perspectiva transversal.

Entre sus propuestas figuran la elaboración de un censo de víctimas, la incorporación de la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y el estudio del trauma transgeneracional. La entidad reivindica estas aportaciones para subrayar que su participación en las comisiones nunca fue testimonial y que ha contribuido activamente a construir las políticas autonómicas de memoria. Por ello, la entidad considera que mantener su presencia sin capacidad de decisión podría terminar legitimando una forma de actuar con la que discrepa profundamente.

La renuncia, sin embargo, no supone un cierre definitivo a la participación institucional. Memòria de Mallorca no descarta regresar si se produce un cambio efectivo en el funcionamiento de las comisiones, se respetan las normas vigentes y se garantiza a las entidades memorialistas y a las víctimas una capacidad real de intervención. “El diálogo exige voluntad de escuchar, la participación exige capacidad de incidencia y la confianza exige que los compromisos se cumplan”, resume la asociación, que asegura que continuará trabajando de forma independiente y fiscalizando la actuación de las administraciones públicas.

“Por respecto a las víctimas del franquismo, a sus familias y a los más de veinte años de trabajo de Memoria de Mallorca, no podemos continuar legitimando con nuestra presencia una situación que se ha alejado de los objetivos y del espíritu de las leyes autonómicas de memoria democrática”, concluye el documento.

La empresa mallorquina que gestiona las macrogranjas de Mirabó, Es Caparó y Llucmajor –todas ellas han estado en el punto de mira por presuntas irregularidades– ha anunciado “acciones legales, penales y civiles” por lo que consideran “una campaña de difamación y falsedades” por parte de las entidades animalistas denunciantes de la situación en la que viven las gallinas de las diferentes explotaciones. Este lunes, elDiario.es ha publicado imágenes de la granja de Mirabó, de julio de 2026 –facilitadas por ARDE y Satya Animal–, donde se ven gallinas con heridas abiertas, aves que se picotean hasta llegar a los tejidos internos y cadáveres en descomposición junto a animales vivos. Este jueves, se han revelado imágenes de la granja de Es Caparó, también de julio, que muestran gallinas canibalizadas por otras; cadáveres desmembrados y en diferentes estados de descomposición y aves desplumadas y enfermas.

Avícola Ballester (que opera bajo las sociedades Avícola Son Perot S.A. y Avícola Ballester S.A.) ha anunciado este jueves una demanda de conciliación contra Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal, por “desaconsejar el consumo de huevos” de las naves de Mirabó bajo la “falsa premisa”, a juicio de Ballester, de una “contaminación por salmonela”. En declaraciones a elDiario.es, Gimeno explica que cuando se ha referido a los riesgos, habla de “probabilidades en base a las imágenes que tenemos contrastadas y verificadas”, y que se sustentan en un informe veterinario pericial, firmado por Alba Nieto. “Este informe también menciona estos posibles riesgos”. “Estas afirmaciones en ningún caso son rotundas, no hacemos acusaciones directas. Quien tiene que hacerlas es, en todo caso, la Conselleria competente”, afirma.

Respecto a Mirabó, la Conselleria de Agricultura explicó a este diario que, en estos momentos, la explotación avícola no tiene “ninguna gallina en sus instalaciones” después de que la empresa comunicara esta decisión al Govern en este mes de octubre. También afirma que la macrogranja ha sido sometida a controles oficiales desde 2021 sin que “se hayan detectado deficiencias”, excepto un brote de salmonela en agosto de 2025. Y añadía que no existe una fecha “para la reintroducción de las gallinas”. “Cuando se reanude la actividad, la Conselleria llevará a cabo una nueva inspección para comprobar el cumplimiento de la normativa”, aseguró.

Por otro lado, la empresa respondió a este diario que se reservaba “las acciones civiles y penales” que les pudieran corresponder “a raíz de la publicación de imágenes sin certificación de procedencia, así como del contenido anunciado”. Es decir, el contenido del reportaje que fue trasladado a la empresa antes de su publicación, con el objetivo de contrastar la información y obtener su versión de los hechos, un extremo al que la empresa no quiso acogerse. Las imágenes, por otro lado, están geolocalizadas, y fueron grabadas junto a diarios locales del día.

La empresa acusa falsamente a elDiario.es de mentir

Avícola Son Perot ha explicado que, hace unos meses, interpuso una demanda sobre derechos fundamentales contra Diario de Prensa Digital, SL, la sociedad que edita elDiario.es, por “haber publicado hechos rotundamente falsos”, como la “inventada sanción de 200.100 euros” a Avícola Son Perot, que es “objetivamente falsa”. “Confiamos en que la Justicia, con sus tiempos, corregirá esta grave desviación de la realidad que nos ha perjudicado”. Esta demanda, no obstante, no ha llegado a Diario de Prensa Digital, SL.

En cuanto a la información mencionada, está contrastada y no solo fue publicada por elDiario.es, sino también por otros medios de comunicación del ámbito balear. El inicio del procedimiento sancionador lo anunció el conseller de Agricultura, Joan Simonet, el 30 de mayo de 2025, tras las irregularidades detectadas en la macrogranja de Llucmajor. Tras el informe elaborado por los técnicos se concluyó que se habían producido siete infracciones, calificadas todas ellas como graves, y que podían comportar una multa máxima de 60.000 euros cada una.

Este diario publicó en exclusiva, el 19 de junio de 2025, que Avícola Son Perot S.A. se enfrentaba a una multa de 200.100 euros por siete faltas graves y una leve, tras haber accedido al expediente sancionador. Esta sanción se podía reducir en un 20%, es decir, a unos 160.080 euros, si la explotación realiza el pago voluntario antes de que finalice la resolución del procedimiento administrativo.

En el plano judicial, el caso está siendo investigado por la Audiencia Provincial, que revisará el archivo decretado por el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma. El juzgado de primera instancia acordó el sobreseimiento provisional al apreciar que había deficiencias que corresponden a infracciones administrativas, ya sancionadas, y no penales. La vía administrativa -la multa de 200.100 euros- no se reabrirá hasta que se resuelva la vía penal.

Una granja tuvo un brote de salmonela

Este martes, Simonet, conseller de Agricultura, insistió en que las dos naves de Mirabó estaban vacías, pero que su departamento iniciaba una una investigación para comprobar si las imágenes del interior de la granja pudieran “constituir un motivo para que abramos los expedientes administrativos correspondientes”. En cuanto a los animales, después de que la empresa recibiera las autorizaciones pertinentes, trasladó las aves a un matadero de Murcia, según el titular de Agricultura. Respecto a la nave que registró un brote de salmonela en agosto de 2025, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural adoptó medidas cautelares y sanitarias urgentes, según un expediente consultado por elDiario.es.

Cuando se registra un positivo por salmonela hay dos opciones: eliminar la producción de huevos de gallina o pedir una autorización especial para la producción de huevo líquido. “Esta autorización se dio: esta nave ha estado produciendo huevina hasta que ha finalizado”, afirmó Simonet. En cuanto a la otra nave, la resolución contemplaba el sacrificio de las aves. Después se deben realizar una serie de medidas relacionadas con la limpieza, desinfección, desinsectación y desratización para evitar problemas de salud pública.

En cuanto al plan de control de la salmonela, el conseller explicó que en los dos últimos años la Conselleria ha hecho 25 inspecciones en diferentes granjas de Balears. “En este programa de seguimiento se han detectado cinco positivos”, afirmó, de los cuales uno de ellos se detectó en una de las naves de Mirabó. En este sentido, aclaró que una vez una nave da positivo en salmonela, si recibe la autorización especial para producir huevo líquido, ya entra dentro del plan de control y no se realizan más inspecciones.

A partir de ese momento, el control y seguimiento corresponde a Salut Pública –que depende de la Conselleria de Salud–, en el marco de sus competencias en materia de seguridad alimentaria. “En principio, nosotros no tenemos constancia de ello”, respondió Simonet, sobre si habían detectado riesgo para la salud pública. En cualquier caso, argumentó que cuando los huevos entran dentro de la producción de huevo líquido, se someten a un proceso térmico, y está permitido que los huevos con salmonela pasen por ese proceso. “Si fueran huevos frescos, no se podrían comercializar de ninguna manera”, aclaró.

Tras las declaraciones de Simonet, los animalistas pusieron en conocimiento a la Conselleria de Salud estos hechos, lo que podía implicar, a juicio de las entidades, la retirada de los huevos de los supermercados “por riesgo de salmonela”. Asimismo, solicitaron “la emisión de una alerta sanitaria” a las autoridades competentes. A juicio de las organizaciones, el riesgo está en que los huevos de una de las naves se dedicaban a la transformación en huevo líquido, mientras que la otra nave continuaba suministrando a supermercados hasta el vaciado de ambas. Se basan, además, en un informe veterinario que alerta de dicho riesgo “sanitario, zoonótico y de salud pública”.

“Es altamente probable que la salmonela presente en una de las naves haya saltado a la otra”, afirmó este miércoles Gimeno. En el informe pericial remitido a Salut Pública, firmado por la veterinaria Alba Nieto, señalaban que la permanencia de cadáveres en descomposición en contacto directo con animales vivos “es una vía eficaz de transmisión de agentes infecciosos”. Entre otras cuestiones, también ponían en conocimiento que la infestación por artrópodos –insectos– agrava el riesgo sanitario, porque son “agentes patógenos aviares con capacidad de mantener comunidades microbianas en su tracto digestivo” durante cinco semanas o más.

Tras las declaraciones de los animalistas, Avícola Ballester asegura que ha presentado un escrito ante Fiscalía para “esclarecer el origen de las informaciones y defender con contundencia la legalidad de la actividad”. A juicio de la compañía, se trata de una campaña de “difusión de informaciones falsas” y de un “constante acoso” orientado a dañar su reputación, así como al modelo de producción local, de lo que ya se hizo eco este diario.

Una demanda contra los animalistas

Así, se anuncia una demanda de conciliación contra el portavoz de Satya Animal por esta “campaña de desinformación”, que buscaría “perjudicar la imagen de los negocios consolidados”, según la versión de Ballester. El objetivo de la empresa avícola es que Gimeno se retracte por haber llegado a “desaconsejar activamente entre los consumidores la compra de huevos de Son Perot, bajo la excusa infundada de una presunta salmonelosis”.

“Si realmente les preocupa el daño a su negocio, deberían preocuparse por las condiciones de la granja, que consideramos contrastadas mediante las imágenes y el informe pericial”, responde Gimeno. El portavoz de Satya Animal lamenta que Ballester se presente como víctima de una “supuesta agresión” por parte de las entidades animalistas cuando a su juicio “hay otros intereses afectados”. “Las víctimas, para nosotros, son los animales, los consumidores y el medio ambiente, entre otros”.

En el comunicado, remitido a este diario, la compañía insiste en que actuó “de manera inmediata y rigurosa” cuando se detectó el brote, aplicando “los protocolos sanitarios pertinentes para erradicarla de forma absoluta”. Según Ballester, se trata de “un hecho pasado, ya resuelto y controlado”. En cuanto a las inspecciones que se han llevado a cabo estos días en las tres explotaciones del grupo empresarial, explican que la Conselleria calificó el resultado de “satisfactorias”, y que solo ha habido “subsanaciones puntuales”.

Sobre la granja de Mirabó, Julia Elizalde, portavoz de ARDE, afirma a este diario que “nos llama la atención que el año pasado se detectara un brote de salmonela y que las gallinas permanezcan allí sin que tengamos constancia de que se hayan realizado inspecciones de seguimiento”. “Nos preocupa que la Conselleria de Agricultura no haga un seguimiento del brote cuando en la misma granja hay una nave contaminada y otra que no lo está”, continúa.

Elizalde añade que el informe pericial veterinario explica que la presencia de ácaros hematófagos y otros artrópodos “puede actuar como vector de transmisión de enfermedades como la salmonelosis”. “También señala que estos animales pueden contribuir a transmitir la salmonela entre varios lotes sucesivos de gallinas”. “Es un asunto serio y por eso hemos puesto la información en conocimiento de la Dirección General de Salud Pública”, explica. La portavoz de ARDE insiste en que la preocupación de las entidades está en que durante estos días no se había aclarado “si existe riesgo de transmisión entre las naves” y que los huevos de una de ellas –donde no se produjo el brote– se han continuado comercializando como frescos.

Sanidad no identifica riesgo para la salud pública

Las valoraciones de las entidades animalistas se hicieron antes de que Salut Pública informara a este diario –este jueves– que está “evaluando la información disponible y el informe pericial aportado por las entidades denunciantes, que describen posibles deficiencias higiénicas y un posible riesgo de salmonela”. Antes de determinar posibles medidas, señalan fuentes de la Conselleria, es necesario “contrastar los hechos mediante controles oficiales, ratificación analítica y evidencia confirmada”. Por el momento, no se han identificado riesgos para la salud pública. “Cualquier medida de protección que sea necesaria, se adoptará en función de los resultados de los controles oficiales y de la evaluación técnica del riesgo”, concluyen.

En cuanto a la situación de la macrogranja de Es Caparó, donde la Conselleria no ha encontrado irregularidades graves, Elizalde considera que el departamento de Agricultura “ha mantenido una actitud laxa en distintos aspectos relacionados con Avícola Ballester”. “Creemos que podría estar relacionado con el poder económico y la influencia que tiene esta empresa en Mallorca”, afirma y añade que, tras haber revisado diferentes expedientes, la Dirección General de Agricultura y Ganadería solicitaba “subsanaciones” en lugar de “aplicar medidas más contundentes”.

“En el comunicado de Avícola Ballester se reconoce que se han solicitado subsanaciones por determinadas cuestiones detectadas en las inspecciones. No conocemos todos los detalles de esos hallazgos, pero sí tenemos antecedentes. Por ejemplo, en el caso del estercolero de Llucmajor, inicialmente también se pidieron subsanaciones”, afirma la portavoz de ARDE, que recuerda que “en distintas ocasiones hemos visto expedientes en los que se han aplicado sanciones económicas mínimas”. Por ello, Elizalde cree que ante los antecedentes de la empresa “no siempre es suficiente pedir que se corrijan las deficiencias”.

Siguen saliendo a la luz nuevas presuntas irregularidades en torno al grupo Avícola Ballester (que opera bajo la sociedad Avícola Son Perot S.A. y Avícola Ballester S.A.), que tiene tres granjas de gallinas ponedoras en Mallorca. En este caso, se trata de la granja de Es Caparó, que en los últimos años ha ampliado su capacidad de dos a tres naves, pasando del máximo autorizado de 116.928 a 175.392 gallinas. Las nuevas imágenes que avanza este miércoles elDiario.es revelan cadáveres en descomposición en contacto con las gallinas vivas; agonizando o caídas al foso sin acceso a la comida, entre otras. Las imágenes fueron grabadas los días 11 y 13 de julio de 2026 y facilitadas a las entidades ARDE y Satya Animal.

El lunes de esta semana, este diario avanzaba las condiciones de insalubridad y posible maltrato animal, según denuncian las entidades animalistas ARDE y Satya Animal, en otra de las tres granjas de Avícola Ballester, la de Mirabó, donde las imágenes facilitadas por las mismas entidades –grabadas los días 12, 15 y 17 de julio– muestran gallinas canibalizadas por otras; cadáveres desmembrados y en diferentes estados de descomposición y aves desplumadas y enfermas. Además, en las instalaciones se observan multitud de excrementos sin retirar, decenas de cucarachas e incluso una rata momificada. Esta explotación avícola es más pequeña que la de Es Caparó, con una capacidad máxima de 40.000 gallinas ponedoras divididas en dos naves.

Avícola Ballester ha enviado un comunicado este martes en el que ha denunciado ser víctima de una “trama” y una “campaña de acoso” orquestada por entidades animalistas. Además, según su versión, esta “ofensiva” se ha desplegado utilizando “material audiovisual de origen no certificado y la procedencia exacta del cual no ha sido acreditada ni validada oficialmente”. Sin embargo, este diario ha comprobado que las imágenes se grabaron con un sistema de geolocalización y junto a periódicos locales de los días 12, 15 y 17 de julio. Además, la responsable veterinaria de la explotación ha desacreditado la validez del informe en el que se desgranaba el estado de salud de las aves. Sobre las imágenes difundidas este lunes, Joan Simonet, conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, reconoció que eran “preocupantes” y explicó que la Conselleria había enviado a técnicos del Servicio de Producción Ganadera a la explotación con el objetivo de iniciar una investigación.

Este lunes, elDiario.es ha publicado las imágenes de la macrogranja de Mirabó y este miércoles de la de Es Caparó. Ambas son de la misma empresa

De las nuevas imágenes de Es Caparó se desprende la presencia reiterada de gallinas con pérdida extensa de plumaje, zonas de piel expuesta y lesiones compatibles con picaje severo. También aparecen numerosos cadáveres repartidos por la granja: en los diferentes niveles de la estructura de alojamiento para las gallinas, junto a animales vivos, en los pasillos, sobre el enrejado y en la zona de acumulación de excrementos. Algunos se encuentran desecados o esqueletizados y otros presentan distintos grados de descomposición.

Las imágenes muestran además acumulaciones de cadáveres directamente sobre el suelo de la nave, junto a cables y conducciones, así como un animal muerto depositado en un recipiente que no estaba bien cerrado. Las imágenes enseñan también gallinas atrapadas en la estructura del aviario, una de ellas muerta, y otra viva que había quedado atrapada en una masa compacta de excrementos.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la empresa para recoger su versión sobre el estado de sus gallinas y de sus instalaciones de Caparó. Sin embargo, la empresa ha rechazado hacerlo. Este diario también ha consultado a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, que ha explicado que el pasado 2 de junio de 2026 se realizó un control oficial de salmonela en la granja de Es Caparó, cuyo resultado fue negativo. Asimismo, el martes 20 de octubre, los técnicos de la Conselleria llevaron a cabo una inspección presencial de bienestar animal en toda la explotación, sin que se detectaran deficiencias ni incumplimientos en las instalaciones inspeccionadas.

La Conselleria también ha explicado que tuvo conocimiento, a través de una comunicación de la empresa, de que el 4 de julio de 2026 se produjo una avería en el sistema de ventilación de una de las naves, que provocó la muerte de animales. A raíz de esta comunicación, los técnicos de la Conselleria se desplazaron a la granja para inspeccionar los hechos y, una vez efectuadas las comprobaciones correspondientes, concluyeron que se trataba de un accidente.

Un informe veterinario detecta “gallinas moribundas”

Tras el análisis de las imágenes –un total de 28 minutos–, en un informe pericial, la veterinaria Alba Nieto Palau observa numerosas gallinas con una pérdida extensa de plumaje, hasta el punto de que algunas tienen la piel prácticamente al descubierto. Las imágenes muestran aves con plumas rotas y deterioradas en distintas partes del cuerpo, desde el lomo y el cuello hasta el pecho y la cola. También se aprecian diferencias importantes entre animales que comparten un mismo espacio: mientras algunos conservan buena parte del plumaje, otros presentan un desplume severo.

Las imágenes muestran aves con plumas rotas y deterioradas en distintas partes del cuerpo, desde el lomo y el cuello hasta el pecho y la cola

Según se desprende del análisis de Alba Nieto, este patrón es “compatible con picaje de plumas”, una conducta por la que las gallinas picotean las plumas de otras aves. “El picaje severo es reconocido como uno de los principales problemas de bienestar en la avicultura de puesta y como precursor directo del canibalismo”, sostiene. La veterinaria distingue estas lesiones de la muda natural, que suele producirse de forma más homogénea. El informe advierte de que la pérdida de plumaje deja la piel expuesta a heridas e infecciones y dificulta que los animales regulen su temperatura corporal.

La profesional también observa heridas en la cabeza y la cara de varias gallinas, algunas con costras y pérdida de tejido. En ciertos animales se aprecia sangre en esa zona, mientras que muchas aves presentan la cresta pálida. Según explica Alba Nieto, estos hallazgos son “compatibles con lesiones derivadas de picaje lesivo” o con golpes contra la estructura del alojamiento. La palidez de la cresta, añade, puede ser un indicio de anemia, deshidratación u otros problemas de salud, aunque no permite determinar por sí sola qué le ocurre al animal.

“La permanencia de animales con lesiones abiertas en el alojamiento colectivo es compatible con la ausencia de retirada y aislamiento de los animales heridos”, lo que incumpliría el anexo I, punto 2, del Real Decreto 348/2000. La veterinaria advierte de que estas heridas están asociadas a “dolor y sufrimiento evitable” y entrañan un riesgo elevado de hemorragia, infecciones e incluso muerte. La presencia de animales heridos en las instalaciones también apunta, según el informe, a posibles fallos “en la detección y en la atención de los animales heridos”.

Una veterinaria, en un informe pericial, advierte de que las heridas de las gallinas están asociadas a 'dolor y sufrimiento evitable' y entrañan un riesgo elevado de hemorragia, infecciones e incluso muerte

Entre las escenas que describe la veterinaria, se observa una gallina muerta con la cabeza y el cuello atrapados entre los barrotes de la parte frontal del aviario, a la altura del comedero. El animal tiene el pico entreabierto y presenta restos de sangre. En otra secuencia aparece una gallina viva parcialmente hundida en una masa compacta de excrementos acumulados bajo las estructuras. Las imágenes muestran también aves atrapadas entre distintos elementos de la instalación, cubiertas de excrementos secos y junto a restos de animales muertos adheridos a esas estructuras.

Entre las escenas que describe la veterinaria, se observa una gallina muerta con la cabeza y el cuello atrapados entre los barrotes de la parte frontal del aviario, a la altura del comedero

“Los animales que quedan atrapados en la estructura sufren compresión, imposibilidad de acceder a agua y alimento, y desenlace habitualmente fatal por deshidratación, inanición o asfixia”, interpreta Nieto. La permanencia de estos animales en tal situación, sin evidencia en el material analizado de asistencia, liberación ni sacrificio humanitario, es “compatible con un fallo en la inspección diaria de los animales”, sostiene, lo cual es un requisito exigido por el anexo I, punto 2, del Real Decreto 348/2000 y el anexo I, punto 1, del Real Decreto 3/2002. La situación descrita, según la veterinaria, “no constituye un hecho aislado y reciente”.

El informe recoge asimismo imágenes de gallinas vivas en el foso donde se acumulan los excrementos, sin acceso aparente a los comederos ni a los bebederos. Otras aparecen tumbadas, inmóviles, con las patas extendidas y sin capacidad aparente para levantarse o desplazarse. La veterinaria identifica también animales que apenas reaccionan a lo que ocurre a su alrededor, lo cual podría ser un estado compatible con la agonía.

El informe recoge asimismo imágenes de gallinas vivas en el foso donde se acumulan los excrementos, sin acceso aparente a los comederos ni a los bebederos. Otras aparecen tumbadas, inmóviles, con las patas extendidas y sin capacidad aparente para levantarse o desplazarse

En otra de las escenas, una gallina permanece tumbada en uno de los niveles del aviario, junto a un cadáver en descomposición, sobre una superficie compartida con el resto de las aves para descansar y alimentarse. Advierte, además, del riesgo sanitario que supone mantener cadáveres en descomposición junto a animales vivos. Estos restos pueden favorecer la proliferación de bacterias y atraer insectos y roedores, lo que aumenta el riesgo de propagación de enfermedades dentro de la explotación, interpreta la profesional.

Falta de limpieza

El informe de Alba Nieto también analiza las condiciones higiénicas de la granja. Las imágenes muestran grandes acumulaciones de excrementos bajo las estructuras del aviario, así como plumas, restos de comida, polvo y otra materia orgánica adherida a comederos, cintas y elementos metálicos. “Las condiciones observadas son compatibles con deficiencias significativas en los protocolos de limpieza, desinfección y retirada de deyecciones (excrementos)”, sostiene.

En los pasillos se observan además líquidos de aspecto orgánico y restos de aves mezclados con los excrementos secos. La veterinaria señala también la presencia de un envase de tabaco en el suelo enrejado de uno de los pasillos. Según se desprende de su análisis, estas condiciones son “compatibles con deficiencias significativas en los protocolos de limpieza, desinfección y retirada de deyecciones”. La acumulación de suciedad en distintos puntos de las instalaciones, añade, apunta a una falta de limpieza reciente.

La veterinaria señala también la presencia de un envase de tabaco en el suelo enrejado de uno de los pasillos. Según se desprende de su análisis, estas condiciones son 'compatibles con deficiencias significativas en los protocolos de limpieza, desinfección y retirada de deyecciones'

Alba Nieto advierte de que la acumulación prolongada de materia orgánica favorece “la generación de amoníaco y de polvo respirable”, además de facilitar la permanencia de agentes patógenos y de insectos y otros animales considerados plagas. Estas condiciones, según explica, pueden perjudicar la salud respiratoria y la piel de las gallinas, además de reducir la eficacia de las tareas de desinfección.

La veterinaria también llama la atención sobre la presencia de residuos ajenos a la actividad de la granja. En concreto, considera que encontrar objetos personales dentro de la nave resulta “incompatible con una aplicación rigurosa de los protocolos de bioseguridad e higiene” exigibles a una explotación dedicada a la producción de alimentos.

Un extintor con la revisión de mantenimiento caducada

El informe de Alba Nieto recoge también un detalle relacionado con la seguridad de las instalaciones. La etiqueta de un extintor muestra que la última revisión de mantenimiento anotada corresponde a enero de 2023 y que la siguiente estaba prevista para enero de 2024, más de dos años antes de que se grabaran las imágenes, en julio de 2026.

La veterinaria aclara que determinar si se cumple la normativa de protección contra incendios “excede del ámbito competencial de la perito firmante” y corresponde a las autoridades y a los técnicos especializados. No obstante, considera relevante dejar constancia del hallazgo por el riesgo que podría suponer para los animales. En caso de incendio, advierte, las gallinas tienen una capacidad muy limitada para escapar de una nave en la que permanecen confinadas.

La profesional señala además que el estado de la etiqueta del extintor constituye “un indicador objetivo y documentado del estado general de mantenimiento de la instalación”, en consonancia, según su análisis, con el deterioro de las estructuras metálicas y las deficiencias higiénicas descritas en el informe.

La veterinaria advierte de riesgos sanitarios

Las condiciones descritas en el informe también preocupan a Alba Nieto por sus posibles consecuencias para la sanidad animal y la seguridad alimentaria. La veterinaria advierte de que la presencia prolongada de cadáveres en descomposición en contacto con gallinas vivas y con las superficies donde se alimentan puede favorecer la transmisión de agentes infecciosos entre las aves.

A ello se suma la acumulación de excrementos y otros restos orgánicos, que, según la profesional, dificulta la limpieza y desinfección de las instalaciones y favorece la presencia de insectos y roedores. Estas circunstancias pueden comprometer las medidas de bioseguridad destinadas a evitar la propagación de enfermedades dentro de la explotación.

El informe también pone el foco en la seguridad de los huevos destinados al consumo humano. Las gallinas ponedoras están sujetas a programas de control de salmonela y, según la veterinaria, las condiciones higiénicas observadas y el contacto de los huevos con excrementos y materia en descomposición constituyen factores de riesgo de contaminación. La veterinaria advierte de que esta contaminación puede afectar a la cáscara y, en determinadas circunstancias, también al contenido del huevo.

El informe también pone el foco en la seguridad de los huevos destinados al consumo humano

Otro de los aspectos que señala es la vigilancia de enfermedades como la gripe aviar, que puede afectar a las aves y requiere medidas específicas de prevención y detección. Según el informe, una mortalidad elevada que no se investigue, unida a deficiencias en la retirada de cadáveres, puede dificultar la detección temprana de enfermedades de declaración obligatoria.

Posibles incumplimientos de la normativa

A partir de las condiciones documentadas en las imágenes, la veterinaria Alba Nieto considera que podría haber incumplimientos de varias obligaciones legales en materia de bienestar animal, higiene y bioseguridad, lo que incluye normativa autonómica, estatal y europea. Entre ellas, la obligación de mantener a las gallinas en condiciones que no les causen “dolores, sufrimientos ni daños inútiles”, recogida en el Real Decreto 348/2000 y en la Ley 32/2007.

Además, la normativa obliga a inspeccionar a todas las aves al menos una vez al día y atender sin demora a las que estén enfermas o heridas, como se recoge en el Real Decreto 3/2002 y en Real Decreto 348/2000. Este último también establece la obligación de disponer de iluminación apropiada para realizar una inspección completa de los animales.

Las imágenes de animales atrapados, caídos o moribundos, junto con la presencia de heridas sin que se aprecie atención veterinaria, llevan a la profesional a señalar posibles deficiencias en la vigilancia y el cuidado de las aves. El Real Decreto 637/2021 establece en su artículo 6.12.h) que las explotaciones deben disponer de medios adecuados para la observación y el confinamiento de los animales enfermos, heridos o sospechosos de padecer una enfermedad contagiosa. En las instalaciones con varios niveles, estos deben poder inspeccionarse directamente y sin obstáculos, como apunta el Real Decreto 3/2002.

El informe señala asimismo posibles incumplimientos relacionados con la retirada de cadáveres y la limpieza de las instalaciones. El Real Decreto 3/2002 exige retirar diariamente las gallinas muertas en el anexo y el Real Decreto 637/2021 mantener las instalaciones suficientemente limpias y efectuar su limpieza y desinfección entre manadas, con medidas de desratización y, cuando proceda, desinsectación.

Además, las acumulaciones de excrementos, los cuerpos en distintos estados de descomposición y la falta de un sistema adecuado de almacenamiento descritos en el informe son algunos de los hallazgos que podrían apuntar a deficiencias en el cumplimiento de estas obligaciones.

El Real Decreto 637/2021 establece la obligación de disponer de medios suficientes para la recogida y el almacenamiento de cadáveres y otros subproductos animales no destinados al consumo humano. Por su parte, el Real Decreto 348/2000 exige que los materiales y equipos en contacto con los animales no resulten perjudiciales y puedan limpiarse y desinfectarse a fondo. El Real Decreto 637/2021 contempla la obligación de disponer de sistemas efectivos para proteger a las aves del contacto con animales silvestres.

“La determinación definitiva del cumplimiento o incumplimiento normativo, así como la eventual calificación administrativa de los hechos, corresponde a la autoridad competente, previa inspección oficial y acceso a la documentación de la explotación”. El informe, concluye, se limita a señalar la “compatibilidad de los hallazgos observados con posibles incumplimientos” de las obligaciones legales citadas.

Trabajar y no poder permitirse una vivienda, tener derechos reconocidos que no siempre pueden ejercerse o comprobar cómo discursos que parecían marginales ganan espacio en la conversación pública. Las amenazas a la democracia no se manifiestan únicamente en las instituciones ni se reducen a los grandes debates parlamentarios: también se hacen visibles en la vida cotidiana, en las condiciones materiales de la población y en la manera en que una sociedad trata a sus colectivos más vulnerables.

Esta ha sido una de las ideas que han atravesado el encuentro 'Democracia: derechos y libertades en peligro', organizado por elDiario.es en el café A Tres Bandas de Palma con el apoyo de MarSenses Hotels & Homes. A través de dos mesas redondas, 'España, país de libertades y derechos conquistados' y 'Colectivos en peligro: una lucha constante', representantes del ámbito sindical, universitario, empresarial y de la creación de contenido han examinado qué está poniendo en riesgo las conquistas sociales y qué herramientas existen para defenderlas. De la vivienda a la diversidad sexual, el debate ha dejado una advertencia común: los derechos no son irreversibles y su reconocimiento legal no basta para garantizar que puedan ejercerse.

En la apertura, la directora de elDiario.es en Balears, Angy Galvín, ha recordado que libertades hoy asumidas como cotidianas -casarse, divorciarse o acceder a los servicios públicos- son el resultado de conquistas históricas. La democracia, ha defendido, no se limita a votar cada cuatro años, sino que exige una ciudadanía activa y dispuesta a movilizarse cuando sus derechos están amenazados. “Esto nos enseña, al fin y al cabo, que la calle también puede legislar”, ha afirmado, aludiendo a la capacidad de las protestas para influir en las instituciones.

Una vida digna más allá del salario

La primera mesa ha debatido sobre una contradicción cada vez más presente en la vida de muchas personas: tener un empleo ya no garantiza poder vivir de manera autónoma. La periodista y creadora de contenido Elena Reinés, el secretario general de UGT en Balears, Pedro Homar, y el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Amir Al Hasani Maturano, moderados por Galvín, han abordado la crisis de la vivienda como un problema que desborda el mercado inmobiliario y pone a prueba la capacidad de los derechos sociales para traducirse en condiciones de vida dignas.

Reinés ha llevado al debate su experiencia en la acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid, una movilización que ha descrito como expresión del malestar acumulado ante las dificultades para emanciparse. “No es normal que hayamos normalizado trabajar y no poder vivir”, ha denunciado. La comunicadora ha cuestionado que se considere habitual que el alquiler absorba una parte desproporcionada del sueldo o que compartir piso siga siendo una obligación económica incluso cuando las personas esperan poder vivir de forma independiente.

La acampada también le ha servido para cuestionar la imagen de una juventud desmovilizada. Reinés ha destacado la organización de los participantes, las comisiones de trabajo, las actividades culturales y las redes de solidaridad que permiten cubrir necesidades básicas. Además, ha denunciado la respuesta policial a las protestas y ha reivindicado el derecho a manifestarse como parte de la salud democrática. “Una democracia también se mide en cómo viven las personas”, ha resumido.

Homar ha coincidido en situar la vivienda en el centro de la emergencia social. El responsable de UGT ha reivindicado la negociación colectiva y la huelga como instrumentos que han permitido conquistar derechos laborales y equilibrar la relación entre trabajadores y empresas. Sin embargo, ha advertido de que las mejoras salariales pierden capacidad para garantizar una vida digna cuando el precio de la vivienda se dispara y obliga a trabajadores de sectores como la hostelería a compartir piso e incluso habitación.

Por ello, ha reclamado sacar la vivienda de la lógica especulativa y apartarla de los intereses de los fondos de inversión. “Hay que sacarla de la concepción de bien de consumo”, ha sostenido. La reflexión ha conectado el derecho a la vivienda con el resto de las conquistas sociales: disponer de un empleo, de un convenio o de un salario no resuelve por sí solo las dificultades para acceder a una vida autónoma si las condiciones materiales impiden ejercer esa independencia.

Los derechos también dependen de las mayorías políticas

La distancia entre el reconocimiento formal y el ejercicio efectivo de un derecho ha llevado la conversación al terreno jurídico. Al Hasani ha explicado que la Constitución y los tratados internacionales reconocen derechos fundamentales, pero que su desarrollo requiere en muchos casos leyes específicas, políticas públicas y mayorías parlamentarias capaces de impulsarlas.

El profesor ha recordado que determinadas materias vinculadas a los derechos fundamentales se regulan mediante leyes orgánicas, que necesitan mayoría absoluta en el Congreso. También ha detallado el recorrido parlamentario que puede seguir una norma, desde el debate de las enmiendas hasta su paso por el Congreso y el Senado. El proceso evidencia que las reivindicaciones ciudadanas no se convierten automáticamente en derechos efectivos: necesitan organización social, voluntad política y apoyo institucional.

La vivienda es uno de los ejemplos más claros de esa brecha. Al Hasani ha advertido de que la Constitución no la reconoce como un derecho fundamental, sino como un principio rector de la política social y económica, una diferencia que limita las posibilidades de exigir directamente su cumplimiento ante los tribunales. El profesor ha considerado que habría sido deseable dotarla de una mayor protección constitucional.

El debate sobre la vivienda y los derechos sociales ha conectado así con una idea transversal a toda la jornada: el reconocimiento formal de un derecho es importante, pero no basta si las condiciones materiales o las decisiones políticas impiden ejercerlo.

Tras la primera mesa redonda, la jornada ha puesto a prueba los conocimientos del público con el trivial “¿Cuánto sabes sobre la Constitución española?”, presentado por Albert Xamena, divulgador científico y creador de contenido en la cuenta Entre fones i neurones. Una propuesta participativa para acercar la Carta Magna a los asistentes y poner a prueba cuánto saben sobre los derechos y libertades que recoge. El ganador ha conseguido dos noches de hotel para dos personas en la cadena hotelera MarSenses.

Derechos que pueden desaparecer “de un plumazo”

La segunda mesa, 'Colectivos en peligro: una lucha constante', ha trasladado esa advertencia al terreno de los derechos LGTBI+ y de los discursos contrarios a la diversidad. La presidenta de Ben Amics, Tatiana Casado, ha recordado el camino recorrido desde la persecución legal de las personas homosexuales hasta el reconocimiento del matrimonio igualitario y de las familias diversas. También ha aludido a los avances relacionados con la atención sanitaria y la autonomía sobre el propio cuerpo.

“Los derechos que tanto nos ha costado conseguir pueden desaparecer de un plumazo”, ha advertido. Casado ha expresado su preocupación por la posibilidad de que parte de la juventud perciba esas conquistas como definitivas y por la confianza de quienes creen que determinadas opciones políticas no afectarán a sus propias familias. Esa sensación de seguridad, ha planteado, puede impedir reconocer que los derechos alcanzados tras décadas de reivindicación también pueden sufrir retrocesos. La advertencia ha situado la defensa de las minorías en el centro de una discusión más amplia sobre la calidad democrática. No se trata únicamente de conservar normas escritas, sino de impedir que la discriminación vuelva a ganar terreno o que los avances se debiliten mientras una parte de la sociedad los considera intocables.

La visibilidad y la igualdad también han centrado la intervención del director general de MarSenses Hotels & Homes, Rodrigo Fitaroni, quien ha alertado de que cada vez más personas LGTBI+ vuelven a ocultar su orientación sexual o identidad de género en el entorno laboral. El directivo ha descrito una empresa de casi 500 trabajadores como un reflejo de las distintas sensibilidades que conviven en la sociedad y ha cuestionado que la existencia de protocolos y formaciones sea suficiente para erradicar la discriminación. “Un curso de una hora no cambia la mentalidad de nadie”, ha señalado.

A su juicio, las medidas contra la discriminación deben traducirse en actuaciones concretas y en un compromiso efectivo de las empresas. Fitaroni ha explicado que MarSenses colabora con Ben Amics en iniciativas de sensibilización y en la incorporación de personas trans a través de su bolsa de empleo, además de haber incorporado educadores sociales a su plantilla. También ha defendido la necesidad de recurrir a profesionales especializados para avanzar hacia entornos laborales inclusivos. Fitaroni ha trasladado el debate al ámbito laboral y ha alertado de que cada vez más personas LGTBI+ vuelven a ocultar su orientación sexual o identidad de género en el trabajo. Al describir una empresa de casi 500 trabajadores como un reflejo de la sociedad, ha cuestionado que los protocolos y las formaciones sean suficientes si no existe una voluntad real de aplicarlos.

La polarización no se combate renunciando al diálogo

La defensa de los derechos también ha centrado la conversación sobre educación, redes sociales y convivencia. El profesor Pau Torres ha reivindicado la transmisión de los valores democráticos a través de la educación y ha recordado la experiencia de la asignatura de Educación para la Ciudadanía durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A su juicio, que un derecho figure en la Constitución no significa que la sociedad pueda olvidarse de él: es necesario explicarlo, reivindicarlo y formar a nuevas generaciones capaces de comprender su importancia.

“Tenemos que aprender a soportar a quien no nos cae bien, a escucharlo y a debatir”, ha afirmado. Torres ha advertido de que la confrontación política se vuelve especialmente peligrosa cuando los dirigentes presentan al adversario como alguien dispuesto a destruir el modo de vida de sus votantes. Esa dinámica alimenta la sensación de amenaza y debilita los vínculos necesarios para sostener una sociedad plural. El diálogo, ha defendido, no implica aceptar los discursos de odio ni renunciar a los derechos fundamentales, sino aprender a gestionar las diferencias sin deshumanizar al otro.

Constança Ramis, graduada en Economía y Relaciones Internacionales y creadora de contenido, ha coincidido en la necesidad de recuperar la capacidad de debatir con quienes mantienen posiciones distintas desde el respeto a los derechos humanos. También ha alertado del papel de las redes sociales en la difusión de bulos y mensajes extremistas: desmontar una falsedad requiere más tiempo y esfuerzo que propagarla, lo que permite que los contenidos engañosos alcancen una gran difusión mientras las explicaciones contrastadas tienen más dificultades para abrirse paso.

La discusión ha cuestionado, además, que la juventud esté inevitablemente escorada hacia la derecha. Casado ha recordado el crecimiento de las manifestaciones del Orgullo en Palma y ha destacado el potencial de la universidad para formar personas con espíritu crítico. Reinés, por su parte, ha relacionado parte del malestar juvenil con la precariedad y las dificultades de acceso a la vivienda, y ha reprochado a los sectores progresistas haber desatendido durante años las redes sociales, un espacio en el que los discursos de extrema derecha han ganado presencia.

Brasil y la normalización de los discursos de odio

La experiencia de Brasil ha servido a Fitaroni para ilustrar los riesgos de la expansión de la extrema derecha. El directivo ha advertido de la evolución de discursos dirigidos abiertamente contra las minorías y de la facilidad con la que pueden integrarse en la conversación pública hasta dejar de percibirse como una amenaza. Durante su intervención, ha cuestionado la normalización de mensajes políticos que parecen inofensivos cuando se presentan como bromas. Ha criticado la frivolidad con la que, a su juicio, se asumen algunas declaraciones de Vox y ha advertido del riesgo de acostumbrarse a expresiones que deberían generar rechazo. La repetición de esos mensajes, ha planteado, puede desplazar los límites de lo socialmente aceptable y hacer más difícil combatirlos cuando ya han arraigado.

La desinformación, los algoritmos y la apelación a las emociones han aparecido como factores que agravan esa dinámica. Frente a ellos, los participantes han reivindicado la responsabilidad de los partidos, las empresas, las instituciones educativas y las plataformas digitales, así como la necesidad de ofrecer referentes capaces de conectar con las nuevas generaciones sin recurrir al insulto ni a la simplificación.

La mesa también ha abordado las desigualdades históricas entre el castellano y el catalán. Torres ha cuestionado que la Constitución establezca la obligación de conocer el castellano sin fijar una exigencia equivalente para las demás lenguas oficiales en sus territorios. El profesor ha relacionado esta diferencia con una situación de diglosia que ha asociado tradicionalmente el castellano a los ámbitos formales y de prestigio, mientras el catalán quedaba relegado a los espacios cotidianos. También ha defendido que el conocimiento del catalán debería ser obligatorio en territorios como Balears.

La jornada ha concluido con una reivindicación compartida: los derechos no se mantienen únicamente porque estén escritos en una ley, sino porque la sociedad los conoce, los ejerce y está dispuesta a defenderlos. La movilización ciudadana, la acción sindical, la educación y el pensamiento crítico han aparecido como herramientas fundamentales para impedir que las libertades se erosionen de manera gradual y sin una respuesta colectiva.

El encuentro, organizado con el apoyo de MarSenses Hotels & Homes, ha combinado el debate sobre los desafíos democráticos con un ambiente distendido y participativo. Tras las mesas redondas, los asistentes han prolongado las conversaciones durante un picoteo mallorquín acompañado de música en directo de Café a Tres Bandas.

Representantes del ámbito universitario, sindical, empresarial y de la creación de contenidos han reflexionado sobre los riesgos que afrontan la democracia, los derechos y las libertades en el encuentro 'Democracia, derechos y libertades en peligro', organizado por elDiario.es en el Café a Tres Bandas de Palma. La crisis de la vivienda, la precarización laboral y la capacidad de la ciudadanía para frenar los retrocesos democráticos ha centrado la primera mesa redonda del encuentro, en el que los intervinientes han denunciado que se haya normalizado “trabajar y no poder vivir”, han reclamado sacar la vivienda de la especulación y han explicado cómo las reivindicaciones sociales pueden convertirse en leyes y qué mayorías parlamentarias permiten modificarlas.

Antes de dar paso a las mesas redondas, la directora de elDiario.es en Balears, Angy Galvín, ha reivindicado la libertad de expresión como uno de los pilares de la democracia y ha recordado que derechos hoy cotidianos, como casarse, divorciarse o acceder a los servicios públicos, son conquistas históricas que no siempre han existido, advirtiendo con ello de que no son irreversibles y no deben darse por garantizados.

“Tenemos derechos, tenemos libertades, podemos casarnos, divorciarnos, ir a una escuela pública, utilizar los servicios públicos y parece que, como forman parte de nuestra vida cotidiana, no les damos el valor suficiente. Como la ley de la gravedad, parece que siempre han estado ahí, pero en el momento en que vivimos en la actualidad tenemos que darles más relevancia que nunca, porque también podemos perderlos”, ha señalado durante la apertura del encuentro.

En su intervención, Galvín ha subrayado que la democracia no se limita a votar cada cuatro años, sino que implica también defender los derechos, ejercer las libertades y asumir responsabilidades colectivas. En este sentido, ha puesto en valor el papel de las movilizaciones sociales y sindicales para impulsar cambios políticos y legislativos, y ha aludido a las protestas surgidas tras el fallecimiento y el desahucio de Maricarmen como ejemplo de la capacidad de la ciudadanía para influir en las instituciones. “Esto nos enseña, al fin y al cabo, que la calle también puede legislar”, ha afirmado, incidiendo en que los avances democráticos no proceden únicamente de las instituciones, sino también de la presión ejercida desde la sociedad.

Tras la inauguración de la jornada, la periodista ha moderado la primera mesa redonda, 'España, país de libertades y derechos conquistados', en la que estuvieron presentes Amir Al Hasani Maturano, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Elena Reinés, periodista, cocreadora de Woke Up News y creadora de contenido, y Pedro Homar, secretario general de UGT en Balears.

El poder de la protesta social

La acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid ha centrado buena parte de la mesa. Al respecto, Reinés ha relatado su propia experiencia en la movilización, en la que destacó la presencia de jóvenes y personas de distintas sensibilidades políticas, y ha defendido que la protesta responde a un malestar social acumulado ante la dificultad de acceder a una vivienda digna. “No es normal que hayamos normalizado trabajar y no poder vivir”, ha manifestado. Reinés ha criticado que se haya asumido como habitual que el alquiler absorba la mitad del sueldo o que las personas tengan que compartir piso por motivos económicos incluso a edades en las que esperaban poder vivir de forma independiente.

La comunicadora ha señalado que la acampada también cuestiona la idea de que la juventud esté desmovilizada y ha destacado su capacidad de organización. A diferencia del 15M, que surgió de forma espontánea, ha explicado que la protesta actual cuenta con personas vinculadas a sindicatos, partidos y organizaciones juveniles. La periodista ha descrito una acampada autogestionada, con comisiones, actividades culturales y una red de solidaridad que proporciona alimentos, medicamentos y material.

También ha denunciado la respuesta policial a las movilizaciones y ha defendido que los participantes han tratado de mantener una actitud pacífica ante las provocaciones. “Una democracia también se mide en cómo viven las personas”, ha resumido al cuestionar la fortaleza de un sistema que, a su juicio, debe evaluarse también por su respuesta a la protesta social.

El papel histórico de los sindicatos

Por su parte, Homar ha reivindicado el papel histórico de los sindicatos en la conquista de derechos laborales y en la negociación colectiva. Al respecto, ha explicado que la organización de los trabajadores permite defender intereses comunes frente a las empresas y ha recordado que la huelga forma parte de las herramientas legítimas de presión cuando no se alcanza un acuerdo. Como ejemplo, ha aludido a las negociaciones del convenio de hostelería en Balears y a la capacidad de las advertencias de huelga para favorecer mejoras laborales. Homar ha insistido en que la acción sindical no debe limitarse a las condiciones de trabajo, sino que tiene que afrontar también los problemas sociales que afectan a la vida cotidiana de los trabajadores.

El responsable de UGT ha situado el acceso a la vivienda entre las principales emergencias sociales y ha defendido que los salarios y los convenios no bastan para garantizar una vida digna cuando el coste de la vivienda se dispara. En esta línea, ha descrito una situación en la que trabajadores de la hostelería se ven obligados a compartir piso e incluso habitación y ha reclamado que la vivienda deje de tratarse como un bien de consumo sometido a la especulación.

En relación con la huelga general convocada para el 11 de noviembre, el sindicalista la ha presentado como una protesta contra una situación que considera insostenible para las economías familiares. “Hay que sacarla de los fondos de inversión, de la concepción de bien de consumo”, ha defendido al reclamar una intervención del mercado que permita recuperar el acceso a la vivienda.

El recorrido parlamentario de los derechos

La mesa también ha abordado cómo las reivindicaciones sociales pueden transformarse en normas jurídicas. A preguntas de Galvín, el profesor Amir Al Hasani Maturano ha explicado que los derechos fundamentales están reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, aunque su desarrollo concreto puede requerir leyes específicas. En el caso de las leyes orgánicas, utilizadas para regular materias vinculadas a derechos fundamentales -como el aborto, la eutanasia y el divorcio-, necesitan mayoría absoluta en el Congreso. Al Hasani ha advertido de que el reconocimiento de un derecho no garantiza por sí solo que las demandas sociales se materialicen en políticas públicas y ha apuntado que las reclamaciones ciudadanas y los compromisos incluidos en los programas políticos son algunos de los motores que pueden impulsar cambios legislativos.

Como ha apuntado durante su intervención, convertir una reivindicación en ley es un proceso largo que puede prolongarse entre siete y nueve meses de media e incluso alcanzar el año. La tramitación comienza habitualmente con el estudio del texto en comisión, donde se presentan y debaten enmiendas, antes de pasar al pleno del Congreso. Después, la iniciativa llega al Senado, que puede introducir modificaciones o vetarla, lo que obliga a devolverla al Congreso para resolver las discrepancias. Una vez completado el procedimiento, la norma se sanciona y se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Respecto a la vivienda, Al Hasani ha advertido de que ésta ocupa una posición secundaria en la Constitución española, que no la reconoce como un derecho fundamental, sino como un principio rector de la política social y económica. El profesor de Derecho Constitucional ha explicado que esta formulación limita las posibilidades de exigir su cumplimiento ante los tribunales y deja en manos de los poderes públicos la obligación de promover políticas para facilitar el acceso a una vivienda digna. A su juicio, habría sido deseable otorgarle una mayor protección constitucional.

Juventud y extrema derecha

El debate también ha abordado el avance de los discursos de extrema derecha entre parte de la juventud. En este sentido, Homar ha vinculado la exhibición de símbolos franquistas y el auge de mensajes de odio con la polarización y la falta de reflexión alimentadas por los algoritmos de las redes sociales. Elena Reinés, por su parte, ha rechazado que se responsabilice únicamente a los jóvenes y ha señalado la deuda pendiente con la memoria histórica, también en el sistema educativo. “Yo no di nada del franquismo en el colegio”, ha recordado antes de atribuir a los adultos la responsabilidad por los silencios sobre la dictadura.

Reinés ha relacionado además el acercamiento de algunos jóvenes a la derecha con la precarización laboral y las dificultades para acceder a una vivienda. Ha advertido, en este sentido, de que muchos se han incorporado al mercado de trabajo con salarios insuficientes para afrontar los alquileres y ha reivindicado la necesidad de mirar más allá de las etiquetas ideológicas para entender su situación. También ha recriminado que la izquierda haya desatendido durante años las redes sociales pese a su papel central como canal de información para las nuevas generaciones, mientras los discursos de ultraderecha han ganado presencia a través de creadores de contenido y otros referentes digitales.

Al Hasani ha coincidido en que el fenómeno no puede atribuirse exclusivamente a los jóvenes. Ha señalado la influencia de las grandes plataformas tecnológicas, la circulación de desinformación y la dificultad para contrarrestar mensajes simplificados que apelan a las emociones. También ha cuestionado que los partidos tradicionales, tanto liberales como socialdemócratas, no hayan sabido adaptarse a los nuevos canales de comunicación ni hayan dado suficiente prioridad a las políticas dirigidas a la juventud. El reto, ha concluido, no está tanto en identificar el problema como en encontrar respuestas eficaces para defender los valores democráticos.

Tras finalizar la mesa redonda, el divulgador científico Albert Xamena, conocido en redes sociales como Entre Fones i Neurones, ha ejercido de maestro de ceremonias de un trivial sobre la Constitución que contó con un premio sorpresa y, a continuación, ha dado inicio la segunda mesa de la jornada, 'Colectivos en peligro: una lucha constante', conducida por el periodista y colaborador de elDiario.es Pablo Sierra del Sol.

“Los derechos que tanto nos ha costado conseguir pueden desaparecer de un plumazo”. Es la advertencia que ha lanzado la presidenta de la organización LGTBI+ Ben Amics, Tatiana Casado, durante la segunda mesa redonda del encuentro 'Democracia: derechos y libertades en peligro', organizado por elDiario.es en Palma. Junto a Casado han intervenido la creadora de contenido y graduada en Economía y Relaciones Internacionales Constança Ramis, el director general de MarSenses Hotels & Homes, Rodrigo Fitaroni, y el profesor de Ciencia Política Pau Torres. Durante la conversación, moderada por el periodista Pablo Sierra del Sol, los tres han alertado del avance de la extrema derecha y de la posibilidad de que derechos que hoy parecen consolidados sufran retrocesos y han reivindicado la educación y el pensamiento crítico como herramientas esenciales para defenderlos.

Durante el encuentro, llevado a cabo en el café A Tres Bandas de Palma, Casado ha puesto el foco en los derechos del colectivo LGTBI+ al recordar que avances como el matrimonio igualitario y el reconocimiento de las familias diversas no son irreversibles, una posibilidad que, señala, le preocupa especialmente al comprobar cómo algunas personas de su entorno restan importancia a las consecuencias que podrían tener determinadas opciones políticas sobre su propia familia.

La interviniente ha recordado que las personas LGTBI+ pasaron de sufrir la persecución de normas como la Ley de Vagos y Maleantes a poder casarse y formar una familia con reconocimiento legal. También ha aludido a los avances relacionados con la atención sanitaria y la autonomía sobre el propio cuerpo. Sin embargo, ha lamentado que las nuevas generaciones pudieran percibir esos derechos como conquistas definitivas y no como resultado de décadas de movilización. Su principal temor, ha expresado, es que la falta de conciencia sobre la fragilidad de esas libertades facilite su retroceso.

La responsabilidad de las empresas

Fitaroni ha trasladado el debate al ámbito laboral y ha advertido de que cada vez más personas LGTBI+ vuelven a ocultar su orientación sexual o identidad de género. “El número de personas que han vuelto al armario ha subido en los últimos años y el último informe de la Federación Estatal LGTBI [que constata un retroceso de la visibilidad del colectivo en el entorno laboral] revela una situación preocupante”, ha señalado. “Nosotros, que somos casi 500 trabajadores, no dejamos de ser un espejo de la sociedad y dentro de la empresa nos encontramos con discursos y sensibilidades políticas muy distintas. Es un microcosmos”, ha abundado sobre MarSenses.

En su intervención, el directivo ha valorado la existencia de protocolos y la organización de cursos de formación en las empresas, pero ha puesto en duda que éstos sean suficientes para garantizar la igualdad si no existe una voluntad real de aplicarlos. “Un curso de una hora no cambia la mentalidad de nadie”, advierte, aseverando que las medidas contra la discriminación deben traducirse en actuaciones concretas en el día a día de las empresas. La existencia de normas y mecanismos de seguimiento, sostiene, pierden eficacia cuando no va acompañada de un compromiso efectivo para hacerlos cumplir.

Fitaroni ha explicado que MarSenses trabaja con Ben Amics en iniciativas de sensibilización y en la incorporación de personas trans a través de su bolsa de empleo. También subrayó que la discriminación puede agravarse cuando concurren otros factores de vulnerabilidad, como el origen o la condición de persona migrante. Como parte de ese esfuerzo, la compañía ha incorporado educadores sociales a su plantilla. En esta línea, ha defendido la necesidad de recurrir a profesionales especializados para avanzar hacia entornos laborales más inclusivos.

La educación y el pensamiento crítico frente a la polarización

Por su parte, Pau Torres ha relacionado la erosión de los derechos con la falta de formación crítica y con la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos. El profesor ha defendido la necesidad de transmitir los valores democráticos mediante la educación y recordó la experiencia de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, implantada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A su juicio, no basta con que los derechos estén recogidos por escrito en la Constitución: también hay que explicarlos, reivindicarlos y transmitirlos a las nuevas generaciones.

Por otro lado, el docente ha defendido el diálogo como una condición indispensable para la convivencia democrática, apelando, eso sí, a establecer límites frente a los discursos de odio y a cualquier intento de vulnerar los derechos fundamentales. “Tenemos que aprender a soportar a quien no nos cae bien, a escucharlo y a debatir”, sostiene. También advierte de que la confrontación política puede alimentar la sensación de amenaza entre ciudadanos con ideas distintas. Cuando los dirigentes presentan al adversario como alguien dispuesto a destruir su modo de vida, alerta, contribuyen a debilitar los vínculos que permiten sostener una sociedad plural.

De igual modo, Ramis ha reivindicado la necesidad de recuperar la capacidad de dialogar con quienes piensan de forma diferente, aseverando que ese diálogo debe tener siempre límites claros y respetar siempre los derechos humanos. La creadora de contenido considera que la polarización dificulta escuchar opiniones distintas y que la sociedad ha perdido parte de su disposición a debatir sin convertir cualquier discrepancia en un enfrentamiento personal.

En este contexto, ha reivindicado la importancia de escuchar al otro y debatir desde el respeto. La convivencia democrática, sostiene, exige aprender a gestionar las diferencias sin deshumanizar a quienes mantienen posiciones distintas.

Brasil como advertencia ante el avance de la extrema derecha

Por su parte, Fitaroni ha recurrido al ejemplo de Brasil para ilustrar los riesgos de la expansión de la extrema derecha. En este sentido, ha apelado a la necesidad de prestar atención a los discursos dirigidos contra las minorías, advirtiendo de que la sociedad puede llegar a acostumbrarse a mensajes que antes habrían provocado rechazo y cómo estos se integran en la conversación pública hasta que dejan de percibirse como una amenaza.

“Son discursos que parecen inofensivos, que parecen bromas”, advierte el directivo, quien compara esta dinámica con la del “abusón del patio” que acaba siendo tolerado por el resto. “No hablamos de bullying, pero la política se ha convertido en una normalización de determinados discursos”, ha ahondado, criticando cómo las declaraciones de Vox se normalicen “con una frivolidad brutal” en un contexto en el que la reiteración de mensajes reaccionarios puede contribuir a desplazar los límites de lo socialmente aceptable. El debate ha coincidido en la importancia de no banalizar los mensajes de odio y de actuar antes de que su normalización haga más difícil combatirlos.

La conversación también ha cuestionado la idea de que la juventud esté inevitablemente escorada hacia la derecha. Casado ha recordado el crecimiento de las manifestaciones del Orgullo en Palma y ha explicado que, cuando acudió por primera vez, la convocatoria reunió a un grupo muy reducido, mientras que años después la participación ha aumentado de forma notable. También ha destacado el potencial de la universidad para formar a personas con espíritu crítico. La existencia de jóvenes comprometidos, defiende, contradice la idea de que toda una generación haya renunciado a la participación política.

Los bulos, combustible de los discursos de odio

Ramis ha apuntado que el problema no se limita a los jóvenes, sino que también afecta a personas de más edad, y ha alertado del papel de las redes sociales en la difusión de bulos y mensajes extremistas. La desinformación, explica, cuenta con una ventaja: resulta mucho más sencillo y rápido propagar una falsedad que desmontarla con información contrastada. Se trata de una dinámica que, incide, favorece que los mensajes engañosos alcancen una visibilidad desproporcionada y contribuyan a alimentar la polarización, mientras que las rectificaciones y las explicaciones rigurosas tienen más dificultades para abrirse paso. La discusión ha puesto así el foco en la responsabilidad de las redes sociales y en la necesidad de ofrecer referentes capaces de conectar con las nuevas generaciones sin recurrir al insulto o al discurso de odio.

La mesa también ha abordado el papel de las lenguas y las desigualdades históricas. Torres ha criticado que la Constitución estableciera la obligación de conocer el castellano sin fijar una obligación equivalente respecto a las otras lenguas oficiales en sus territorios. A su entender, esa diferencia ha contribuido a perpetuar una situación de diglosia en la que, durante mucho tiempo, el castellano se ha asociado a los contextos formales y de mayor prestigio social, mientras que el catalán quedaba relegado a los ámbitos más cotidianos. “En los momentos serios, en los que se supone que solo participa gente de alto estatus, hablamos castellano, y el catalán es para hablarle al a la vaca, como decía Unamuno con el euskera”, ha ilustrado al respecto.

El docente recrimina que esta jerarquización lingüística responde a una injusticia histórica y plantea que, aunque la construcción de la identidad colectiva también tiene aspectos positivos, conviene reconocer sus contradicciones. Asimismo, defiende que, al igual que el castellano, el conocimiento del catalán también debería ser obligatorio en territorios como Balears al considerar que esta medida podría facilitar la integración lingüística de los hablantes. La conversación ha concluido con una reivindicación de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y que los discursos más agresivos pueden resultar atractivos cuando se presentan como una forma de rebeldía. Frente a esa dinámica, los participantes han defendido la educación, la memoria de las conquistas sociales y el debate público como vías para evitar que las libertades se erosionen sin que la sociedad sea consciente de ello.

La jornada, organizada con el apoyo de MarSenses, ha combinado la reflexión sobre los desafíos que afrontan la democracia y los derechos sociales con un ambiente distendido y participativo. El encuentro ha concluido con un picoteo mallorquín acompañado de música en directo de la mano del café A Tres Bandas en un espacio para prolongar las conversaciones e intercambiar impresiones más allá del escenario.

Al otro lado del teléfono, el documentalista José Luis Mir narra una de las historias que ha incluido en Ibiza 1936. La reconquista republicana y la masacre del castillo (Uno Editorial); más que un libro, un dietario que pretende explicar todo lo que ocurrió en las Pitiüses entre el golpe de Estado que hizo estallar la Guerra Civil y los últimos días de aquel verano terrible. En el relato de Mir aparecen dos cadáveres en el Mediterráneo. Flotan frente al puerto de la Savina. Están atados, un cuerpo contra el otro, como si fueran un fardo. Uno de los muertos es un sacerdote; muy joven, veinticuatro años: hace apenas dos meses y dos días que lo ordenaron. El otro muerto es un sargento de infantería, ya retirado; padre de cuatro niños: el pequeño todavía no tiene edad para ir a la escuela. Nadie se atreve a sacarlos del mar al que les arrojaron para hacerlos desaparecer. Pero un vecino, que se llama Joan Castelló, monta en su barca, los lleva aguas adentro, los hunde. Una forma –clandestina– de darles sepultura en medio del horror.

Es 8 de agosto de 1936. Un día antes, las columnas de Manuel Uribarri (desde València) y Alberto Bayo (desde Barcelona) han reconquistado Formentera para el Gobierno de la República. Aunque varios isleños llegados de la península median para evitar una masacre, hay algunas víctimas. Personas a las que, en una sociedad tan minúscula, todo el mundo conoce. Son Bartomeu Torres, un cartero de ideología falangista; su cuñado, Lucas Ramon Cardona, el militar en la reserva; Joan Torres Torres, el cura al que sus padres no pudieron convencer de que volviera a Eivissa para refugiarse en casa de unas primas. Tras él, otros diecinueve religiosos morirán en la isla. La mayoría, ametrallados –junto a otros 74 laicos– en el castillo de Dalt Vila. Después de semanas de cautiverio, los milicianos de una columna anarquista los mataron a sangre fría la noche del 13 de septiembre.

Este fin de semana la Iglesia Católica ha beatificado a estos mártires con una misa presidida por el cardenal Marcello Smeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos y enviado desde El Vaticano en representación del Papa. El obispo Vicent Ribas Prats definió a las víctimas “como testigos de la fe, de la esperanza y del amor hasta el derramamiento de su sangre”. “Murieron perdonando a quienes los asesinaban, imitando a Cristo en la cruz, y ese perdón no fue debilidad, sino la victoria suprema del amor sobre el mal”, añadió. Esas palabras cerraban un proceso que arrancó en noviembre de 2008 “por petición de algunos familiares”. Un trabajo “documental y testifical” que ocupa “siete volúmenes”, “unas 3.000 páginas” y los recuerdos “de una cuarentena de personas” que dieron testimonio directo e indirecto de los hechos. 

Los detalles los aporta José Martínez Franco, el vicario general de la Diócesis pitiusa. Este sacerdote integró una comisión de investigadores que fueron inspeccionando “partidas de nacimiento, bautismo y defunción, recortes de prensa donde algunos supervivientes laicos de la masacre contaron su experiencia”. La información remitida a Roma describía cómo dentro del castillo “se reservaban las tareas más ingratas, como la limpieza de la comida, o la peor comida, que se dejaba pudrir al sol” a los curas cautivos. O cómo se organizaron para que no se dejara de rezar el rosario y siempre hubiera alguien dispuesto a escuchar una confesión. O cómo mataron a uno de ellos –Antoni Roig Guasch– sin ni siquiera llegar a la celda, después de que se negara a decir que Dios no existía –su respuesta fue: “¡Viva Cristo Rey!”– o cómo los asesinos “se inventaron” que algunos de los ejecutados se habían enfrentado a los milicianos abriendo fuego. Como en el caso de Joan Torres Torres, el cura a cargo de la parroquia del Pilar de la Mola, en Formentera.

Mataron a uno de ellos –Antoni Roig Guasch– sin ni siquiera llegar a la celda, después de que se negara a decir que Dios no existía

“Su hermana nos aseguró que nunca hubo un arma en casa: ‘Mi hermano Joan casi no entra en el seminario por falta de vista: aunque la hubiera habido, habría sido incapaz de disparar’. Otras fuentes coincidían en que lo primero que dicen los milicianos al llegar a Formentera es: ‘Vamos a por el cura’”, argumenta Martínez Franco, para quien ha sido clave acreditar que los mataron “por odio a la fe”, que “no se perseguía a la persona, sino a la sotana, como decía el historiador Mariano Llobet, que fue secretario del Ayuntamiento de Ibiza [durante la dictadura] y estudió los hechos”.

Desde que El Vaticano la consideró “formalmente correcta”, la petición del Bisbat d’Eivissa i Formentera ha tenido que superar comisiones de historiadores, teólogos, obispos y cardenales durante el papado de Francisco. “Roma no bromea”, dice el vicario general para resumir un largo examen con un último filtro: la aprobación de León XIV, obtenida el pasado 18 de junio. Dos días después, moría el deán de la Catedral pitiusa: se llamaba Lucas Ramon Torres, había nacido en Formentera el 6 de diciembre de 1932 y era el hijo menor del sargento de infantería al que arrojaron al mar junto al párroco de la isla. Cuando, en 2024, le preguntaron en una entrevista en la Televisió d’Eivissa i Formentera por aquellas ejecuciones que marcarían su vida, el nonagenario sacerdote respondió:

–Los he perdonado. Tenemos que perdonar. Todos somos pecadores y todos necesitamos el perdón. Perdonad y seréis perdonados. Cuando el mal está hecho, ya está hecho. Lo importante es aceptar las cosas como vienen y saber ofrecérselo todo a Dios.

La violencia anticlerical del verano del 36

Las últimas semanas del verano y las primeras del otoño de 1936 resultan decisivas para entender el papel que juega la Iglesia Católica durante la Guerra Civil. En zona republicana, incendian iglesias y conventos, destruyen y roban patrimonio eclesiástico. Las milicias anarquistas que dirigen el Comité Revolucionario de Barbastro, Huesca, liquidan a dos centenares de religiosos entre el 2 y el 18 de agosto. Con esos asesinatos bien recientes, el obispo Enric Pla i Deniel utiliza por primera vez el término “cruzada nacional” para justificar la insurrección de buena parte del Ejército contra el gobierno democrático. Aparece escrito en una carta pastoral fechada el 30 de septiembre en Salamanca. A orillas del Tormes, el prelado catalán, además de ceder el palacio episcopal para que Franco instale sus cuarteles, escolta a Unamuno, el 12 de octubre, para evitar que una turba fascista lo linche en el paraninfo de la universidad al pronunciar sus frases más famosas, sintetizadas en el “venceréis, pero no convenceréis”. 

La penúltima paradoja del escritor vasco fue, precisamente, colocarse en el bando de los sublevados por la indignación que le provocaba una violencia anticlerical que las autoridades republicanas no eran capaces de contener. Cuando, poco antes de morir, Unamuno reconsidere su posición, la posición de los obispos que siguen en España será ya casi unánime: apoyo a los golpistas (la victoria de 1939 será generosa con muchos de ellos: Pla y Deniel, por ejemplo, llegará a ser arzobispo de Toledo y, en 1946, Pío XII lo nombrará cardenal).

Fue en ese contexto previo cuando “el terror rojo” –como definió la propaganda sublevada a los crímenes de guerra en el lado republicano– mató a más de la tercera parte de los sacerdotes de la Diócesis de Eivissa y Formentera, entonces formada por medio centenar de curas.

'El terror rojo' –como definió la propaganda sublevada a los crímenes de guerra en el lado republicano– mató a más de la tercera parte de los sacerdotes de la Diócesis de Eivissa y Formentera

–Muchos de los religiosos se salvaron porque se escondieron. De los que encerraron en es Castell sólo sobrevivieron cuatro. Uno de ellos era tío de mi madre, Vicent Ferrer, más conocido como mossènyer Cama. Le pegaron un tiro de gracia [que le traspasó la mandíbula inferior], pero no lo mataron. Un hermano suyo, también sacerdote, murió; igual que un tío-abuelo de mi padre. Yo tuve a tres familiares allí.

Explica Fanny Tur Riera. Antes de dirigir el archivo municipal de Eivissa y de ser una de las voces más reconocidas de la izquierda balear –en la plataforma antiautopista ibicenca o en coaliciones políticas que la llevaron a ser consellera de Cultura en los gobiernos insular y autonómico–, esta historiadora fue una niña y una adolescente que creció en una familia “católica y de derechas” durante el tardofranquismo:

–Me crie en un ambiente muy tradicional. Dicen que cuando los republicanos entraron en casa de mi bisabuela –Can Coles, en el pueblo de Sant Miquel– en busca de armas, aquella mujer, que era molt verra [muy brava] les despachó señalando un Cristo que tenía colgado en la pared y diciendo: “Estas son nuestras armas”.

Muchos de los religiosos se salvaron porque se escondieron. De los que encerraron en es Castell sólo sobrevivieron cuatro. Uno de ellos era tío de mi madre, Vicent Ferrer, más conocido como mossènyer Cama. Le pegaron un tiro de gracia [que le traspasó la mandíbula inferior], pero no lo mataron. Un hermano suyo, también sacerdote, murió; igual que un tío-abuelo de mi padre. Yo tuve a tres familiares allí

Fanny Tur Riera — Política de izquierdas y familiar de víctimas de crímenes republicanos

–¿Cómo marcó el asesinato de los dos tíos sacerdotes en es Castell al resto de la familia? ¿Se hablaba de ellos en casa?

–Sí y no. Durante la dictadura, como eran víctimas del bando vencedor y los consideraban “caídos por Dios y por España” se les rendían homenajes. Ahí está la lápida con sus nombres que puede leerse en la Catedral. En casa, yo crecí con el relato de es fets des Castell, pero un relato muy poco desarrollado. Mi abuela siempre repetía la misma frase: “Lo único que sé es que me mataron a un hermano porque era cura”. Si ella y sus hijas hablaban de lo que le había pasado a los tíos, nunca era delante de mossènyer Cama. Yo lo recuerdo bien porque siempre nos juntábamos para celebrar la Navidad y en otras fechas señaladas. Una de sus sobrinas, hermana de mi madre, decía que, aunque escapó con vida, nunca más volvió a sonreír. Y no murió hasta 1989. Fue durante muchos años párroco de Sant Joan de Labritja.

Durante la dictadura, como eran víctimas del bando vencedor y los consideraban "caídos por Dios y por España" se les rendían homenajes. Ahí está la lápida con sus nombres que puede leerse en la Catedral.

Fanny Tur Riera — Política de izquierdas y familiar de víctimas de crímenes republicanos

–¿Mossènyer Cama no contó jamás su historia?

–Delante de mí, nunca… [piensa unos segundos] Como militante de izquierdas, no se pueden poner paños calientes ante lo que ocurrió en es Castell. Sí, es verdad que la Iglesia Católica se colocó del lado de los poderosos, pero no se puede decir que aquello fue una matanza con la boca pequeña: fue una salvajada. El problema es que, a la parte contraria, cuando preguntas por el ataque a la población civil te responden diciendo que los bombardeos fascistas que se produjeron aquella misma mañana sobre el puerto de Vila “buscaban objetivos militares”. Eso es lo que nos han contestado algunos agitadores de Vox cuando hemos tocado el tema en alguna jornada de memoria democrática. ¿Objetivos militares? El día anterior ya hicieron un vuelo de reconocimiento, sabían muy bien dónde bombardeaban. Con mentiras; así se han cargado [PP y Vox] la Llei de Memòria Democràtica. Si dijeran la verdad, no tendría justificación lo que han hecho. Para mí es un fracaso que no se haya podido celebrar todavía un homenaje que reconozca a todas las víctimas que dejó la Guerra Civil [en Eivissa y Formentera]. De un bando y de otro.

Como militante de izquierdas, no se pueden poner paños calientes ante lo que ocurrió en es Castell. Sí, es verdad que la Iglesia Católica se colocó del lado de los poderosos, pero no se puede decir que aquello fue una matanza con la boca pequeña: fue una salvajada

Fanny Tur Riera — Política de izquierdas y familiar de víctimas de crímenes republicanos

El bombardeo fascista que terminó de condenar a los presos

Múltiples historiadores –entre ellos la propia Fanny Tur– coinciden en señalar que las 42 bombas que cayeron –sobre baterías antiaéreas y muelles portuarios, pero también sobre calles, plazas, casas, comercios e, incluso, sobre el edificio de una fonda, que se desplomó matando a sus dueños, una familia de ideología conservadora– en la ciudad durante el mediodía del 13 de septiembre de 1936 influyeron en lo que ocurriría horas más tarde, arriba en el castillo.

La aviación fascista italiana había matado –al menos– a una cuarentena de personas. Fueron víctimas-fantasma –y, en cierta manera, lo siguen siendo: hasta que el empeño del Fòrum per sa Memòria d’Eivissa i Formentera propició, en 2016, que se colocara una placa en su recuerdo en el Cementeri de ses Figueretes, nadie las había homenajeado de forma pública. Fueron, también, una excusa perfecta para los milicianos más exaltados de Cultura y Acción. Así se llamaba la columna que, unos días antes, había sustituido a las fuerzas de Uribarri. Molesto con el liderazgo de Bayo, el oficial republicano se había marchado a Valencia. Lo había sustituido un contingente reclutado por la CNT-FAI “en las celdas de la Modelo de Barcelona”: “Allí habría de todo, pero seguro, condenados por delitos de sangre”, explica José Luis Mir.

Los milicianos de una columna anarquista aprovecharon la excusa de la matanza de una cuarentena de personas por la aviación fascista italiana ese mismo día por la mañana para cometer los asesinatos

La tarde del 13 de septiembre fue turbulenta. Tras la lluvia de proyectiles, las explosiones y los derrumbes, los muertos se acumulaban en la morgue, envueltos en sábanas blancas. El descontrol reina dentro de las murallas renacentistas de Dalt Vila. Varios miembros del comité antifascista –encabezados por Carlos Bertazioli Riquer, comerciante y socialista moderado– se oponen a un fusilamiento masivo. La columna miliciana –que funciona de forma asamblearia– quiere venganza. Triunfan las armas.

El documentalista Mir explica en su libro los pormenores de la tragedia. A bordo de camiones ordenan traer a la ciudad a los sospechosos de simpatizar con los golpistas que estaban custodiados en los pueblos. Reunida la masa, unas doscientas personas, los milicianos hacen salir al patio del castillo a los primeros presos que van a morir. Son cinco los fusilados, militares. “Como los que estaban dentro escucharon los disparos, ya no quisieron salir en grupos”, dice Mir. Entonces, los milicianos metieron las ametralladoras en la estancia que usaban como celda y dispararon a discreción. Horas más tarde, los cadáveres yacían en montones.

Varios miembros del comité antifascista se opusieron a un fusilamiento masivo, pero triunfó la columna miliciana, que quería venganza a través de las armas

Un informe “demoledor”

“He podido leer el informe que elabora Pedro Revuelta, el juez destinado en Eivissa en aquel momento y que se convirtió al día siguiente en prácticamente la única autoridad que había quedado en la isla (porque los republicanos, pensando que tras el fracaso de la Batalla de Mallorca, el desembarco fascista en Eivissa era inminente, cosa que no fue así y tardó una semana en ocurrir, huyeron en barco)”, relata Mir. Para el documentalista, fue Revuelta quien de alguna manera coordinó que enviaran carros para transportar los cadáveres al cementerio, quien intentó que las familias los reconocieran, y quien los hizo enterrar, antes de que los cuerpos se pudrieran, en una fosa que se exhumó en 1940. Por orden de Franco.

–El informe que elaboró Revuelta es tan demoledor como necesario –continúa Mir– porque nos permite entender que aquello fue una carnicería. En toda regla. ¿Que hubieran tenido menos saña si no se hubiera producido el bombardeo? Puede ser. Todo lo que ocurrió está conectado. Las bombas, es Castell, la huida de los republicanos, la represión franquista posterior.

El informe que elaboró Revuelta es tan demoledor como necesario –continúa Mir– porque nos permite entender que aquello fue una carnicería. En toda regla. ¿Que hubieran tenido menos saña si no se hubiera producido el bombardeo? Puede ser. Todo lo que ocurrió está conectado

José Luis Mir — Documentalista

–Ibiza 1936 nace de los retales de las películas sobre la Guerra Civil que habías dirigido previamente, historias que por falta de minutaje o de imágenes habían quedado fuera de la mesa de edición. ¿Qué se aprende escribiendo un libro así?

–Que muchas cosas que se están intentando olvidar no deberían olvidarse nunca. A mí me emocionó escuchar a Mariano Costa, el hijo de uno de los presos, escuchar cómo acompañaba a su madre con un atillo en el que metían fruta, pan, un trozo de sobrasada para llevárselo a su padre… al que no le llegaba nada porque todo se lo quedaban los milicianos que estaban vigilando y debían pasar más hambre que Cascorro. O a Pep Rampuixet, un payés al que fueron a buscar a su casa para que, un par de días después de la matanza, ayudará a escapar, llevándolo en su carro hasta el puerto de Sant Antoni, a un republicano ibicenco que, según él, le contó que había participado directamente en los hechos. El nombre de esa persona, “a la que podría haber hecho matar sólo con pronunciarlo”, me aseguraba este hombre que siempre se lo calló. El silencio sobre la guerra en estas islas ha sido demoledor y la gente se olvida rápido de lo que pasó. Es muy delicado, pero si pasó, se tiene que contar y lo tenemos que conocer. Sin exaltar nada.

Avícola Son Perot ha denunciado este mediodía ser víctima de una “trama” y una “campaña de acoso” orquestada por entidades animalistas “en un contexto político y preelectoral sensible” en Mallorca, después de que elDiario.es avanzara el estado en el que se encontraban las instalaciones y sus gallinas ya aparecieronde 2026. Las imágenes muestran gallinas con heridas abiertas, aves que se picotean hasta llegar a los tejidos internos y cadáveres en descomposición junto a animales vivos, además de mucha suciedad, excrementos acumulados e incluso cucarachas. La empresa ha mostrado “su más enérgico rechazo” y denuncia ser, a su juicio, “víctima de una trama” y de una “campaña de acoso e intoxicación perfectamente orquestadas por entidades animalistas”. Por su parte, el Govern ha anunciado una investigación para determinar si los hechos pueden dar lugar a expedientes administrativos.

En concreto, las imágenes pertenecen a la granja de Mirabó (Manacor), con capacidad para alojar hasta 40.000 gallinas ponedoras y dependiente de Avícola Ballester (que opera bajo la marca Avícola Son Perot S.A), la misma empresa que gestiona otra explotación conocida en la isla por las graves deficiencias que salieron a la luz en 2025. De nuevo, una de las tres granjas de Avícola Ballester vuelve a estar bajo la lupa de las organizaciones animalistas y ecologistas, que denuncian excrementos sin retirar, suciedad extrema y maltrato animal de las gallinas.

Según la empresa, resulta “especialmente sospechoso” que, de manera “coincidente y sistemática”, a las puertas de citas electorales y en momentos de intenso debate político en Mallorca, se despliegue esta “ofensiva” que, siempre según su versión, utiliza “material audiovisual de origen no certificado y la procedencia exacta del cual no ha sido acreditada ni validada oficialmente”. Sin embargo, este diario ha comprobado que las imágenes se grabaron con un sistema de geolocalización, y junto a periódicos locales de los días 12, 15 y 17 de julio. Avícola Son Perot añade que la difusión de estas imágenes puede afectar a uno de sus proyectos, en Son Brau, donde quieren construir una nueva granja que en estos momentos tiene que pasar los trámites de la autorización ambiental integrada.

La compañía advierte “categóricamente” de que las imágenes difundidas “no cuentan con ninguna certificación oficial ni acreditación de procedencia” y continúa insistiendo en que “no puede demostrarse de ninguna manera que correspondan a la granja de Mirabó, ya que podrían tratarse de imágenes grabadas en cualquier otra granja o explotación avícola del territorio español”. Según la empresa, esta operación busca “manipular la opinión pública” y persigue “erosionar, de forma artificial, al sector primario balear y minar la producción local” en un momento clave.

“Violación flagrante de la bioseguridad”

Tras poner en duda que las imágenes formen parte del interior de sus instalaciones, la empresa pasa a afirmar que existe una “violación flagrante de la bioseguridad”, así como la comisión de un posible delito, ya que “la persona o personas que accedieron al interior de las instalaciones han perpetrado una vulneración flagrante y deliberada de los protocolos de bioseguridad”.

En este sentido, afirma que los protocolos de bioseguridad de obligado cumplimiento en cualquier instalación habrían sido vulnerados impunemente. “Nuestro gabinete jurídico ya está analizando estos hechos de extrema gravedad para emprender las acciones civiles y penales pertinentes contra los responsables”, advierten acto seguido. La empresa asegura que, en la actualidad, las dos naves de la granja se encuentran “completamente vacías de aves y en proceso habitual de mantenimiento y vaciado sanitario”, tal como se comunicó formalmente a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural durante este mismo mes de octubre, “tras finalizar el ciclo productivo”.

Desacredita el informe pericial recogido por este diario

Avícola Son Perot llega a desacreditar incluso el informe pericial del que informa este periódico en este reportaje y afirma que se trata de conclusiones extraídas “de un análisis parcial de material audiovisual anónimo y sustraído ilegalmente”. “La responsable de los servicios veterinarios de Avícola Son Perot sostiene que las valoraciones realizadas sobre supuestas secuencias del vídeo ignoran por completo la realidad del manejo diario y descontextualizan imágenes puntuales o correspondientes a períodos anteriores, ya resueltos o sujetos a los controles oficiales pertinentes”, defiende la empresa.

Desde la mercantil aluden, en concreto, al informe aportado por la veterinaria Alba Nieto Palau en el que analiza 54 minutos de grabaciones realizadas en tres fechas distintas, separadas por seis días, y documenta la presencia reiterada de gallinas con lesiones graves, cadáveres en diferentes estados de descomposición, insectos y acumulaciones de excrementos. La perito considera que la coexistencia de estos elementos es compatible con deficiencias mantenidas en el tiempo y no con un episodio aislado. También señala que la cantidad y el estado de los cadáveres resultan incompatibles con la retirada diaria que exige la normativa y que las imágenes plantean posibles incumplimientos de las obligaciones de bienestar animal, higiene y bioseguridad, extremos que corresponde verificar a las autoridades competentes.

Al hilo de lo anterior, desde Son Perot afirman que las explotaciones de la empresa cuentan “con el prestigioso certificado de bienestar animal Welfair”, que acreditaría que sus instalaciones están “sometidas permanentemente a auditorías rigurosas y controles constantes, tanto por parte de entidades certificadoras independientes como de los organismos públicos competentes del Govern, con el objetivo de garantizar los máximos estándares de calidad, sanidad y bienestar animal”.

AENOR retiró su sello de bienestar de la granja de Llucmajor

Cabe señalar, en este sentido, que AENOR suspendió el sello de bienestar animal Welfair de la granja de Llucmajor durante el verano de 2025, después de las imágenes que este diario avanzó sobre el estado de las instalaciones y las condiciones en las que vivían las gallinas en otra de las explotaciones de la empresa. De hecho, elDiario.es también pudo acreditar que AENOR ofreció a la granja de Llucmajor pactar la fecha de la auditoría de bienestar animal que le resultó favorable. Este diario no ha podido contrastar si la granja de Llucmajor está certificada en estos momentos.

Pese a ello, Avícola Son Perot defiende que las explotaciones del grupo operan bajo “un sistema permanente de controles, inspecciones y auditorías” que, según la empresa, “garantizan el cumplimiento de la legislación europea, estatal y autonómica” y responden -añade- a un modelo de producción “altamente regulado, en el que la protección del medio ambiente constituye uno de los principales ejes de gestión”.

En su defensa, la empresa desplaza el foco de las condiciones de las instalaciones al peso económico y laboral del sector al aseverar que la producción avícola representa “mucho más que una actividad económica” debido a la generación de puestos de trabajo directos e indirectos, es decir, la actividad de proveedores, transportistas, empresas de servicios, veterinarios, distribuidores y otros profesionales vinculados al sector primario. También advierte de que reducir la producción local, “implicaría inevitablemente una mayor dependencia de huevos procedentes de otros territorios”.

Mientras tanto, la responsable de los servicios veterinarios de Avícola Son Perot niega las “acusaciones” que, a su juicio, se derivan del reportaje publicado por este periódico. Explica que cuando las aves completan su ciclo productivo habitual, son trasladadas de forma ordenada al matadero. Actualmente, insisten, las naves de Mirabó se encuentran completamente vacías, cumpliendo el periodo reglamentario de vacío sanitario. Además, defiende que la compañía aplica “medidas estrictas para prevenir y controlar el picaje y el canibalismo entre las aves”, a través de diferentes técnicas. Entre ellas, la colocación de balas de alfalfa y tolvas con carbonato cálcico, junto con un control exhaustivo de la intensidad lumínica la atención a la genética y a la salud digestiva, así como la vigilancia y el tratamiento específico del ácaro rojo mediante productos autorizados. Asimismo, las instalaciones disponen de una enfermería “para aislar y tratar individualmente a cualquier animal herido hasta su completa recuperación”.

En cuanto a la retirada de cadáveres se realiza “sistemáticamente mediante inspecciones diarias y semanales”. “Los animales muertos se almacenan en contenedores especializados para su posterior recogida por vehículos autorizados”, defiende. Cuando las gallinas dejan de ser productivas, se lleva a cabo “un proceso cíclico y exhaustivo de limpieza, desinfección y desinsectación”. La empresa defiende que este proceso incluye la retirada completa de la gallinaza, el lavado a presión con agua caliente y detergente y una desinfección profunda, sometida a controles microbiológicos para verificar la ausencia de Salmonella. Además, “existe un contrato permanente con una empresa especializada para el control mensual de plagas y se utiliza un sistema automatizado de limpieza de excrementos mediante palas y cintas transportadoras”, insisten.

Del mismo modo, la empresa afirma garantizar “el cumplimiento estricto de los estándares de higiene del agua” y el proceso de recogida de huevos está “completamente automatizado”, separado de las zonas de excrementos. La compañía niega categóricamente que exista “riesgo sanitario o para la seguridad alimentaria de los consumidores”.

La Conselleria envía inspectores a la granja

Por su parte, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha explicado este martes que técnicos del Servicio de Producción Ganadera se han desplazado a primera hora a las instalaciones de Mirabó de Avícola Son Perot en Manacor. Estas dos naves están vacías desde hace aproximadamente diez días, según ha explicado Simonet. “Esta granja se vació con las autorizaciones pertinentes, y los animales fueron trasladados a un matadero de la península”, ha argumentado. La Conselleria ha anunciado que inicia una investigación para comprobar si las imágenes del interior de la granja “pueden constituir un motivo para que abramos los expedientes administrativos correspondientes, y actuaremos en consecuencia de eso”.

El titular de Agricultura ha detallado que existen dos resoluciones. Una para cada nave de la macrogranja de Mirabó, que puede albergar hasta 40.000 gallinas ponedoras. El conseller ha recordado, además, que en agosto del año pasado esta explotación registró un brote de Salmonella Enteritidis en una de sus naves. Según el expediente al que accedió este diario, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural adoptó medidas cautelares y sanitarias urgentes, como el cese de comercialización de huevos procedentes del lote o manada sospechosa. Cuando se registra un brote hay dos opciones: eliminar la producción de huevos de gallina o pedir una autorización especial para la producción de huevo líquido.

“Esta autorización se dio: esta nave ha estado produciendo huevina hasta que ha finalizado”, ha afirmado Simonet. En cuanto a la otra nave, la resolución contemplaba el sacrificio de las aves. Después, la empresa debía realizar una “eficiente y completa limpieza y posterior desinfección, desinsectación y desratización”. Para ello, debían utilizarse productos específicamente autorizados y registrados para esos usos. Transcurrido un periodo de tiempo adecuado desde la desinfección se procedería “a la toma de muestras ambientales con el fin de verificar la eficacia de las labores de limpieza y desinfección y la ausencia de Salmonella spp en el ambiente”, señala el expediente.

Además, la nave no podía llenarse inmediatamente de gallinas. La resolución establecía una prohibición de repoblación durante los 12 días posteriores a “la realización de la limpieza, desinfección, desratización y, en su caso, desinsectación”. Además, las fechas del sacrificio de las aves, de la desinfección, de la toma de muestras ambientales y de la posterior repoblación debían ser comunicadas a las autoridades competentes y quedar registradas. Todas estas medidas, precisa el expediente, debían mantenerse “durante todo el ciclo productivo de las aves”.

“Nos han enviado dos solicitudes: una de vaciado de la nave, para trasladar las gallinas, que eso no necesita autorización y otra que sí se hizo una resolución porque es la que estaba afectada por la salmonela”, ha asegurado. En este último caso, los animales han sido enviados “con los permisos correspondientes” a un matadero de Murcia. “Nos han comunicado –el matadero– que tenían autorización y que han llegado sin incidencias”, ha añadido Simonet.

En cuanto al plan de control de la salmonela, el conseller ha explicado que en los dos últimos años la Conselleria ha hecho 25 inspecciones en diferentes granjas de Balears. “En este programa de seguimiento se han detectado cinco positivos”, ha asegurado, de los cuales uno de ellos se detectó en una de las naves de Mirabó. “La salmonelosis no tiene por qué estar vinculada directamente a granjas grandes o intensivas. Hay granjas pequeñas, algunas de ellas de producción ecológica, que han tenido salmonela en los últimos años. Lo que pasa es que en estos casos han decidido sacrificar a las gallinas”, ha dicho Simonet.

En este sentido, ha aclarado que una vez una nave da positivo en salmonela, si recibe la autorización especial para producir huevo líquido, ya entra dentro del plan de control y no se realizan más inspecciones. La Conselleria, además, explica que la macrogranja ha sido sometida a controles oficiales anuales desde el año 2021, sin que se hayan detectado deficiencias, exceptuando el positivo en salmonela. A partir de ese momento, cuando los se destinan a la industria de ovoproductos, el control y seguimiento corresponde a Salud Pública, en el marco de sus competencias en materia de seguridad alimentaria.

“En principio, nosotros no tenemos constancia de ello”, ha respondido Simonet, sobre si habían detectado riesgo para la salud pública. En cualquier caso, ha explicado que hay que tener en cuenta que cuando los huevos entran dentro de la producción de huevo líquido, se someten a un proceso térmico, y está permitido que los huevos con salmonela pasen por ese proceso. “Si fueran huevos frescos, no se podrían comercializar de ninguna manera”, aclara.

Asimismo, la Conselleria explicó que tenía previsto realizar una nueva inspección en la explotación en el último trimestre de este año. No lo hizo, aclararon, después de que la empresa manifestara “su intención de sacar a las gallinas”. “Actualmente, no hay una fecha confirmada para la reintroducción de gallinas en las instalaciones. En cualquier caso, cuando se vuelva a la actividad, la Conselleria llevará a cabo una nueva inspección en la explotación para comprobar el cumplimiento de la normativa”, explicaron.

Los animalistas piden cerrar la granja

Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal –la organización que, junto a ARDE, ha accedido a las grabaciones–, ha explicado en una rueda de prensa esta mañana que estas imágenes “nos recuerdan claramente a las de la granja de Llucmajor, que denunciamos el año pasado y que pertenece a la misma empresa”. “Son prácticamente idénticas: creemos que incluso un poco peores en esta ocasión”, ha afirmado.

Después de la publicación en primicia de la situación de la macrogranja de Llucmajor, la empresa tuvo que reducir sus instalaciones: sacrificó a gran parte de los animales, pasando de casi 136.000 gallinas ponedoras a 40.000, para cumplir con la legislación autonómica. Además de las medidas cautelares, el Govern abrió un expediente sancionador que terminó en una multa de 200.100 euros por siete irregularidades graves y una leve, como informó este diario.

El procedimiento sancionador quedó suspendido, a la espera de que la Audiencia Provincial de Balears revise el archivo de la denuncia penal presentada por la Asociación Stop Macrogranja Llucmajor. El procedimiento se inició en el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, que apreció infracciones administrativas –ya sancionadas– y no penales.

“Después de todas las denuncias del año pasado, no vemos que hayan tenido un efecto real en la empresa. Sigue cometiendo las mismas irregularidades y la situación se repite una y otra vez”, lamenta Gimeno, y advierte que si Avícola Ballester termina construyendo una nueva macrogranja de 80.000 gallinas, como proyecta en Son Brau (Manacor), estas situaciones “podrían volver a producirse”. “Nos preocupa, tanto por los animales como por las personas”, concluye.

“Creemos que la Conselleria debe poner freno a Avícola Ballester. Esto pasa por cerrar las granjas investigadas que, según sostenemos, han demostrado ser un peligro para la salud pública”, explica Julia Elizalde, portavoz de ARDE. Así, ha considerado que la Conselleria debe rechazar “tajantemente” el proyecto de la macrogranja de 80.000 gallinas en Son Brau. “Si el Govern no hace nada para impedirlo, en Son Brau, tendremos una granja de los horrores. Creemos que deben decidir si están del lado de las vecinas de Manacor, de la salud pública y de la ciudadanía de Mallorca, o del lado de lo que consideramos una granja de los horrores”, afirma.

Elizalde, antes de conocer la postura oficial de la Conselleria, ha considerado que un vaciado es algo “extremadamente raro” en una granja avícola. Sobre todo, teniendo en cuenta que ambas naves se han vaciado por completo, y que tampoco hay una fecha prevista para la reintroducción de las gallinas. “Eso significa que la granja estaría ahora mismo inoperativa, y no creemos que esto pueda deberse únicamente a una decisión empresarial o económica”, asegura.

En cuanto a la empresa que vuelve a estar en el punto de mira, Elizalde recuerda que “a pesar de estas sanciones, las irregularidades por parte de Avícola Ballester no cesan”. “Es una constante, como también lo es que la empresa presente proyectos de macrogranjas que provocan un importante sufrimiento a la población de las zonas rurales de Mallorca”, opina.

Sin embargo, Simonet ha desligado la situación de Mirabó con el proyecto de Son Brau porque se trata de “procesos independientes”. “Son procesos que están reglados y en derecho administrativo no podemos mezclar una cosa con la otra porque estaríamos prevaricando”, ha alertado.

Los Bomberos de Menorca rescataron este lunes por la tarde el cadáver de un hombre de entre 60 y 70 años que flotaba en el mar en Cala en Brut, en Ciutadella, en plena alerta por la dana Adam, que ha azotado Balears y otras zonas de España.

Con esta víctima mortal, el balance de fallecidos durante el paso de la dana Adam por el Mediterráneo ascendería a seis: cuatro en la Comunitat Valenciana, uno en Catalunya y el de Ciutadella.

El aviso de Menorca se recibió alrededor de las 18.00 horas, en una jornada en la que el servicio de emergencias 112 había activado avisos amarillos y naranjas por lluvias y tormentas en la isla.

Agentes de la Policía Local alertaron a la Guardia Civil y a los Bombers de Menorca, que se desplazaron de inmediato hasta la zona. Los efectivos de bomberos accedieron al cuerpo a bordo de una embarcación semirrígida, lo recuperaron del agua y lo trasladaron al puerto de Ciutadella. El estado del mar era adverso, según las mismas fuentes.

El fallecido vestía únicamente un bañador y, por su aspecto, llevaba aparentemente poco tiempo en el agua. Por el momento, se descarta que sea uno de los migrantes desaparecidos durante una travesía en patera y la principal hipótesis apunta a que podría tratarse de un bañista.

La Guardia Civil se ha hecho cargo del cadáver y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar la identidad del hombre.

Elsa Punset (Londres, 61 años) recuerda algo que casi todos hemos olvidado: el cerebro humano conserva mecanismos heredados del Paleolítico, cuando primaban las emociones básicas como la ira, la tristeza o el asco y no había apenas cabida para la alegría. Lo importante, entonces, era la supervivencia. Para eso, para continuar habitando en la faz de la tierra, estas emociones desempeñaban -y todavía desempeñan- un papel “fundamental”, asegura la divulgadora científica.

Lo hace sobre el escenario del Palacio de Congresos de Santa Eulària, en Eivissa, donde se ha desarrollado este fin de semana la segunda jornada de la séptima edición del Ibiza Wellness. Punset es una de las ponentes de una convocatoria centrada en la salud física y mental, la inteligencia emocional y la búsqueda del bienestar. 

La necesidad de encontrar esa paz personal se ha convertido en una misión casi enfermiza en el siglo XXI. Mientras el siglo XX estuvo marcado por la “preocupación” por nuestro estado físico, el actual está llamado a ser el siglo “de la salud mental”, valora Punset. Ese ahínco por profundizar en la mente proviene de las dificultades derramadas de la inestabilidad que caracteriza la trayectoria vital. “Hay una necesidad muy humana de comprender cómo vivir, cómo afrontar las pérdidas y cómo querer y sentirse querido. Por eso, cuando alguien pone palabras a lo que sentimos, encontramos cierto alivio”, atestigua.

Estas ideas son las que vertebran desde hace años su trabajo, a través del que busca proporcionar -sobre todo con conferencias, talleres y también con sus libros, el último, ‘Alas para volar’, publicado en 2025- herramientas emocionales para sobrevivir en un contexto hostil que ya no es el Paleolítico pero tiene nuevas adversidades. “Necesitamos poder detenernos y preguntarnos: ¿qué me pasa?, ¿qué necesito?, ¿estoy viviendo como quiero o simplemente reaccionando a lo que me llega?”. 

En el año 2030, la mayoría de la población vivirá en grandes ciudades, entre ruido e interrupción, recuerda Punset frente al auditorio ibicenco. Esto supone que, quizá, el torrente de malestar de la ciudadanía provenga más de un ámbito social -estresante, injusto- que de una esfera más personal e individual. A eso, además, se suma la “paradoja” de que vivimos rodeados de promesas de bienestar y de estímulos para consumir, que es lo que “interesa al sistema”, mientras que muchas personas “lo que echamos de menos es el tiempo, la conexión, la seguridad, los vínculos y un propósito”, apunta la divulgadora ante elDiario.es. 

- ¿Estamos intentando resolver individualmente problemas que tienen causas sociales?

- Rotundamente sí. Debemos denunciarlo alto y claro. Hemos avanzado al reconocer que la salud mental importa, pero corremos el riesgo de situar toda la responsabilidad en la persona: que gestione mejor su estrés, que se organice, que aprenda a desconectar. Todo eso puede ayudar, pero hay que preguntarse de dónde viene ese estrés. Si alguien vive con miedo a perder su casa, encadena empleos precarios o se siente solo, tenemos que mirar esas condiciones de vida. No podemos vivir sobre adaptándonos a un mundo que nos enferma. La salud mental también depende de políticas de vivienda, condiciones laborales dignas y con espacios y servicios que ayuden a construir comunidad.

- ¿Qué consecuencias tiene la inseguridad derivada de la crisis habitacional? Es difícil hablar de bienestar cuando están en riesgo las necesidades básicas.

- Una casa es mucho más que un techo: es el lugar desde el que puedes descansar, echar raíces y pensar en el futuro. Cuando no sabes si podrás pagarla o cuánto tiempo podrás quedarte, esa incertidumbre puede ocupar una parte enorme de tu vida. Y hay algo especialmente doloroso: acabar interpretando como un fracaso personal una dificultad que comparte muchísima gente. Trabajas, te esfuerzas y aun así no puedes emanciparte o vivir con tranquilidad.

Hay algo especialmente doloroso: acabar interpretando como un fracaso personal una dificultad que comparte muchísima gente. Trabajas, te esfuerzas y aun así no puedes emanciparte o vivir con tranquilidad

Entre la explotación turística y el bienestar local

El Ibiza Wellness se enmarca en la apuesta de la industria turística de Balears por la desestacionalización y por atraer visitantes a través de una oferta basada en la calidad y no en la cantidad. Ese balance entre la explotación turística y la calidad de vida de la población local es complicado en un territorio muy marcado por la grave crisis de vivienda. En el archipiélago, uno de cada cinco personas están en riesgo de exclusión social a pesar de tener un trabajo a jornada completa, según un informe de FOESSA.

Las herramientas emocionales pueden ayudarnos a comprender lo que sentimos, tomar decisiones y buscar apoyo, pero no se pueden utilizar para exigir que alguien “soporte indefinidamente unas condiciones injustas”, explica Punset.

Saber discernir lo que depende de nosotros y lo que no -más ligado al contexto- es una de las claves para poder afrontar las dificultades que se presenten. No es lo mismo torear un problema con estabilidad económica y una red de apoyo que hacerlo en una situación de precariedad. Sin embargo, esa diferencia evidente en el punto de partida se termina por olvidar y deja a veces paso a la autoflagelación. 

Un contexto de desconexión ambiental

“Creo que entramos en un tiempo en el que los ciudadanos vamos a tener que ponernos manos a la obra para corregir una gestión política que se ha dejado colonizar en buena medida por los mercados y los intereses de unos pocos”, sigue Punset. Las herramientas sirven para tener la capacidad de detectar cuando algo es perjudicial para nosotros y de buscar formas de cambiarlo. También junto a otras personas. 

En 2025, en un momento crítico marcado por la desconexión ambiental, el aislamiento urbano y el malestar psicológico, Punset puso en marcha la Fundación Punset Terraviva para impulsar proyectos que conecten la naturaleza con el bienestar humano. 

Desde los centros de salud de Las Rozas (Madrid), una de las iniciativas que puso en marcha fue la prescripción verde, otorgada por los médicos de cabecera y mediante la que se receta el contacto con la naturaleza. La iniciativa defiende la creación de barrios verdes, biodiversos y habitables, donde los espacios naturales formen parte de la cotidianidad.

“Somos naturaleza”, recuerda la escritora, quien critica que hayamos evolucionado durante cientos de miles de años en contacto con otros seres vivos, pero en apenas unas generaciones hayamos pasado a vivir rodeados de “asfalto, tráfico y pantallas”. Esta desconexión, incide, tiene claras consecuencias para la salud mental. De hecho, diversos estudios han relacionado con una mayor exposición a determinados trastornos, añade. 

La resiliencia de la generación Z

La afectación por esta falta de vínculo por el entorno natural recae sobre todo en las generaciones jóvenes, a las que normalmente se dirige a través de redes sociales el actor Joaquín Caserza, cuyo show Conversaciones con mi mente precedió a la ponencia de la hija del también divulgador científico Eduardo Punset. En uno de sus últimos posts, Caserza reivindica, precisamente, que “no todo está en la mente”. El ahora influencer hace hincapié que su contenido se basa en experiencias propias, que comparte desde su papel de intérprete por si ayudan a suscitar preguntas. No desde una formación en Psicología, aunque cuenta “afortunadamente” -expresa- con el apoyo del gremio.

“Está muy bien responsabilizarse y evaluar las propias creencias, pero no podemos sentirnos culpables cuando la salud mental también es el contexto, el lugar de nacimiento y los privilegios que se tienen”, subraya. Respecto a la “generación de cristal” -la generación Z, que comprende a las personas nacidas entre 1997 y 2012-, alega que le hace “gracia” la etiqueta cuando es la “primera” que se ha tenido que enfrentar a “la inteligencia artificial, a unos precios tan elevados de vivienda y a un futuro sin ningún tipo de certezas”, declara a elDiario.es. 

Eivissa se ha promocionado durante el Ibiza Wellness como un “paraíso del bienestar”, según palabras de Abel García, técnico de Fomento del Turismo de Eivissa. El evento ha incluido clases de yoga y pilates, una sesión de meditación, un showcooking, una mesa redonda sobre emprendimiento femenino y un concierto de la música madrileña Sandra Bernardo, entre otros. Durante la primera noche de celebración, Sant Joan fue el escenario elegido para una representación teatral con la diosa Tanit -símbolo principal de la mitología ibicenca- y una muestra de ball pagès.

García destaca la voluntad de mostrar la diversidad de propuestas que ofrece la pitiusa, dando cabida a la población local y contando con invitados de proyección internacional y reivindicó la importancia de atraer visitantes durante todo el año, sin “demonizar” el turismo. La edición se ha celebrado justo antes de que, en el primer trimestre de 2028, esté prevista la inauguración de la segunda fase del Palacio de Congresos, que permitirá aumentar la capacidad de la infraestructura de 500 a casi 2.000 asistentes. Unas obras que persiguen dilatar la temporada turística y desfocalizar Eivissa del turismo de sol, playa y clubes nocturnos.

Mallorca, Eivissa y Formentera han retomado las clases este martes después de la suspensión de la actividad lectiva de este lunes ante la mejora de la situación meteorológica. El Govern ha pedido a las familias y a la comunidad educativa que estén pendientes de las comunicaciones de sus centros y de la información de los canales oficiales.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha afirmado que el episodio de lluvias y tormentas se acerca al final, pero no ha terminado.

Tal y como indicaban las previsiones, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana ha vuelto a haber intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en Mallorca, Eivissa y Formentera. Estos núcleos han pasado pronto, pero han descargado importantes cantidades de lluvia que en ocasiones han superado los 40 litros por hora.

La previsión para las próximas horas es que el episodio de lluvias y tormentas provocado por 'Adam' merme de forma gradual. De hecho, en las Pitiusas y Mallorca ya se han cancelado los avisos amarillos, mientras que la Aemet mantiene activo un aviso amarillo por lluvias y tormentas que pueden afectar a Menorca hasta las 18.00 horas.

Según explican los predictores, se trataría de episodios de lluvia no tan intensos como los vividos en las últimas horas en Baleares. La previsión estima que podrían producirse precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Aunque la previsión meteorológica es favorable, Emergencias ha decidido mantener activas las alertas de protección civil debido a las afectaciones sufridas en Pitiusas y Mallorca durante los últimos días, que han provocado la saturación del suelo y de las cuencas de algunos torrentes, así como incidentes menores que todavía siguen abiertos.

En concreto, continúa vigente la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) por lluvias y tormentas en todo el archipiélago, así como el Plan Inunbal en Eivissa y Formentera en situación operativa 2 (SO-2) y en Mallorca en situación operativa 0 (SO-0).

Vuelve la normalidad a carreteras y aeropuertos

La circulación en las vías afectadas por inundaciones, por ejemplo la carretera del aeropuerto de Eivissa o el Camí dels Reis, en Palma, han restablecido la circulación y funcionan con normalidad.

Así, según ha confirmado la DGT y recoge Europa Press, se han subsanado las incidencias en todas las carreteras de las Islas. Cabe recordar que también se vieron afectadas vías de Santa Ponça, el Toro y Palmanova, entre otras localidades.

En los aeropuertos la situación también es de normalidad, según ha informado Aena. De este modo, no se han producido retrasos, cancelaciones ni desvíos de vuelos, como sí ocurrió este lunes a causa de la meteorología adversa.

Por su parte, la Dirección General de Emergencias e Interior ha confiado en que la situación generada tras la dana Adam quede “reonducida” en las próximas horas en Eivissa y Formentera, dos islas que han registrado el octubre más lluvioso de toda la serie histórica, es decir, 75 años. Así lo ha destacado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, quien ha explicado que en zonas como la estación de Es Codolar se han registrado cifras récord de hasta 193 litros por metro cuadrado.

En declaraciones a los medios tras presidir en Eivissa la reunión del Cecopi, Gárriz ha señalado que es un dato a resaltar teniendo en cuenta las danas de 2025, que tuvieron “un impacto importantísimo”. Sin embargo, los datos ahora registrados, con niveles incluso superiores en cuanto a la recogida de agua, confirman el buen resultado del trabajo realizado de manera coordinada durante los meses previos.

Según Gárriz, se han registrado cerca de 300 incidentes, con un último “coletazo” en estas últimas horas. En la actualidad, ya no hay avisos activos en Baleares, por lo que los esfuerzos se centran ahora en resolver las incidencias registradas en zonas de Playa d'en Bossa o en el municipio de Santa Eulària.

“La novedad es que en la carretera del aeropuerto no se ha tenido que intervenir de manera extraordinaria con la UME porque durante estos días el operativo de refuerzo ha permitido sacar y evacuar a tiempo el agua y que la vía estuviera practicable”, ha destacado.

El director general ha destacado que las infraestructuras críticas y servicios esenciales están funcionando a pleno rendimiento y sólo se han registrado incidencias en el Hospital de Formentera. “Ahora nos quedan unas horas con mucha intensidad de trabajo”, ha añadido. La previsión es tener la situación reconducida en las próximas horas, aunque se mantiene en Pitiusas el nivel 2 del plan de inundaciones, mientras que se rebaja en Mallorca.

Gárriz también ha querido agradecer el comportamiento de los ciudadanos y ha puesto en valor el “esfuerzo tremendo” que se ha realizado para mantener limpios los torrentes, lo que ha facilitado el drenaje del agua.

36 incidentes pendientes

En cuanto a los incidentes que siguen abiertos, quedan 36 de los 388 que se han registrado en el 112 desde el inicio del episodio, este sábado. De estos 36 incidentes, 11 corresponden a Mallorca, 23 a Eivissa y dos a Formentera.

Por tipología, se trata mayoritariamente de inundaciones en establecimientos o vías, caídas de árboles y caídas de elementos urbanos.

La Dirección General de Recursos Hídricos del Govern realiza un seguimiento constante de los torrentes, especialmente de los de Eivissa, que han estado al límite de su capacidad o incluso se han desbordado debido a la acumulación de precipitaciones. Sin embargo, en estos momentos, ningún torrente de Baleares está desbordado ni se encuentra al límite de su capacidad.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) sigue trabajando con los Bomberos de Eivissa y el resto de cuerpos de emergencias de la isla -Protección Civil e Ibanat- en las tareas de recuperación de la Pitiusa menor, que se centran principalmente en la extracción de agua y barro de las zonas que han quedado inundadas.

Al llegar a Felanitx, un Cristo extiende su brazo desde lo alto del Puig de Sant Salvador, una de las cimas más emblemáticas del levante de Mallorca. ¿Está bendiciendo al pueblo o evocando el saludo romano? Inaugurada en 1934, la escultura se ha convertido en el nuevo frente de la batalla por los símbolos vinculados al fascismo en España: el investigador Bartomeu Mestre ha cursado una petición ante el Gobierno para que estudie su posible inclusión en el catálogo estatal de elementos contrarios a la memoria democrática.

La controversia radica en el propio diseño de la escultura, cuya propuesta original representaba un Sagrado Corazón con los brazos abiertos. Mestre sostiene que el cambio, realizado tras la muerte de quien impulsó el proyecto, introdujo deliberadamente una simbología de exaltación fascista que, a su juicio, debería ser estudiada y contextualizada. La iniciativa ha desatado una ofensiva para blindar el monumento: el PP local amenaza con acampar bajo la estatua y Hazte Oír ha reclamado este lunes su declaración como Bien de Interés Cultural.

“Me han insultado e incluso amenazado. En ningún momento he pedido que se derribe el monumento; lo que quiero es que se conozca su historia”, asegura Mestre en declaraciones a elDiario.es. El investigador 'felanitxer', conocido como 'Balutxo,' lleva años investigando la figura del Cristo Rey que domina el paisaje del municipio desde hace más de nueve décadas.

Me han insultado e incluso amenazado. En ningún momento he pedido que se derribe el monumento; lo que quiero es que se conozca su historia

Bartomeu Mestre — investigador

El pasado 2 de octubre presentó, junto con 33 ciudadanos y la asociación Memòria de Mallorca, una solicitud para que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática estudie la documentación relativa al monumento y decida qué actuación corresponde conforme a la ley: desde la instalación de una placa explicativa a otras medidas que consideren oportunas en aplicación de la ley de memoria democrática. “No se trata de borrar la historia, sino de conocerla y explicarla”, incide. Su planteamiento es que la escultura no puede analizarse únicamente desde su significado religioso actual, sino también a partir de las circunstancias históricas en las que se diseñó y ejecutó.

La investigación de Mestre se apoya en fotografías y noticias publicadas en la prensa de la época, así como en numerosa documentación sobre la construcción del conjunto. De acuerdo a las mismas, el proyecto inicial, obra del canónigo Mateu Alzamora, contemplaba una imagen convencional del Sagrado Corazón de Jesús radicalmente distinta de la escultura que finalmente se colocó en lo alto del monumento. Se trataba de un proyecto al que Alzamora dedicó años de esfuerzos y recursos: vinculado estrechamente al santuario, promovió diversas obras de mejora del patrimonio religioso mallorquín y, desde la colocación de la primera piedra en mayo de 1928, supervisó personalmente la construcción de la escultura que había soñado levantar en la montaña de su Felanitx natal.

Un proyecto religioso sufragado por los fieles

El monumento fue impulsado como una iniciativa de carácter estrictamente religioso en unos terrenos, los del Puig de Sant Salvador, que habían pasado a manos privadas tras las desamortizaciones del siglo XIX y la subasta estatal de los mismos. En 1888, Joan Antoni Puig Montserrat, obispo de Puerto Rico, participó junto con el entonces rector y otros vecinos en la compra de la montaña, que quedó posteriormente vinculada al Obispado de Mallorca tras la cesión de los derechos sobre Sant Salvador al obispo de Mallorca, Jacint Cervera.

Tras la proclamación de la Segunda República y recién elegido alcalde Pere Oliver, éste comunicó al rector que no asistiría oficialmente a actos religiosos en aplicación del principio de libertad de conciencia y estableció que las procesiones y los actos litúrgicos debían limitarse a los espacios religiosos, una directriz que llevó a celebrar numerosas ceremonias en el santuario de Sant Salvador (la joya arquitectónica del macizo, construida en el siglo XV) así como a proyectar, a varias decenas de metros al sureste del santuario, la construcción del Cristo Rey.

Mateu Oliver y el ideal de un Cristo humilde

El 22 de diciembre de 1928, en un ambiente de expectación por conocer cómo sería el monumento que se alzaría sobre el Puig de Sant Salvador, el encargado de trazar el proyecto, Mateu Oliver Capó, presentó el primer esbozo de Cristo Rey en La Protectora de Felanitx. Lo hizo durante una conferencia titulada L'ideal en art, en la que desgranó los detalles de un proyecto llamado a transformar la silueta del macizo y a convertirse en uno de los grandes símbolos del municipio. Delineante, ilustrador y activista cultural, Oliver estaba vinculado al ambiente intelectual y republicano de la Mallorca de entreguerras, colaboró con históricas figuras como Pere Oliver i Domenge y Emili Darder, y defendía una concepción del arte alejada de la ostentación y la grandilocuencia.

Durante su intervención en La Protectora -publicada el 4 de enero de 1929 en El Felanigense-, Oliver defendió la escultura del Cristo Rey de Felanitx como una renovación moderna del mito cristiano alejada de la suntuosidad tradicional: “Todos los Padres, todos los hombres quedarán sublimados en este, que, para que sea más hombre, no va ataviado con las vestiduras suntuosas ni con mantos radiantes de pedrerías, sino que viste humilde ropaje del pueblo y lleva los pies desnudos. Todo el amor por el pueblo de origen queda significado en esta atalaya imponente y monolítica, tan solo con ligeras aplicaciones de bronce”. La sencillez era, por tanto, uno de los principios centrales de la propuesta inicial.

La construcción arrancó, finalmente, en 1929, alcanzando los 37 metros de altura, con una cripta, una base de piedra y una estatua de aproximadamente siete metros. La ficha patrimonial municipal identifica al propio Mateu Oliver como autor del conjunto arquitectónico.

La construcción arrancó, finalmente, en 1929, alcanzando los 37 metros de altura, con una cripta, una base de piedra y una estatua de aproximadamente siete metros

Del Sagrado Corazón al brazo extendido

El punto de inflexión, sin embargo, llegó en 1933. Alzamora, que había impulsado y supervisado las obras, enfermó gravemente y moría el 10 de septiembre de ese año, antes de ver culminada la obra que había promovido durante años. El día 11, al anunciar el fallecimiento del canónigo, la prensa publicaba una imagen que reproducía la maqueta original de Oliver y que nada tendría que ver con la que finalmente tomaría forma.

El nuevo rector, Antoni J. Mora, tomó el control de la fase final de la construcción y promovió un cambio sustancial del monumento de la mano del escultor Tomàs Vila, quien rediseñó la concepción original de la figura de Cristo: el proyecto original fue sustituido por una figura coronada, revestida de atributos regios, con una vara o espada en la mano izquierda y el brazo derecho extendido hacia delante. Francesc Salvà i Pizà fue el encargado de materializar la nueva versión de la figura.

Fue entonces cuando, en palabras de Mestre, se produjo el giro decisivo en la concepción del monumento y se introdujeron los cambios que, a su juicio, transformaron la imagen religiosa original en una figura cuya simbología conectaría con el saludo romano empleado por el fascismo italiano, el nazismo alemán y la Falange española.

Las tachuelas que boicotearon la inauguración

La inauguración del monumento a Cristo Rey tuvo lugar el 1 de julio de 1934, en un acto multitudinario al que acudieron vecinos de Felanitx y de otros municipios de Mallorca, además de varias autoridades eclesiásticas. La escultura, de unos siete metros de altura, coronaba un conjunto monumental que alcanzaba los 37 metros. La figura de Jesús, con la mano derecha extendida y un objeto semejante a una espada en la izquierda.

La jornada quedó marcada por un incidente en la carretera de acceso al santuario. Alguien había esparcido tachuelas sobre el camino, lo que provocó pinchazos en varios vehículos de los asistentes, incluido el del obispo de Mallorca, Josep Miralles. Algunos de los asistentes tuvieron que continuar la subida a pie. El incidente desató la indignación de los sectores católicos y conservadores y pronto activó las sospechas contra el republicanismo local. Entre los señalados se encontraba Rafel Estades, conocido como s'Esparter, comerciante, exportador y concejal republicano que había ejercido como teniente de alcalde durante el mandato de Pere Oliver. Estades fue detenido por la Guardia Civil, aunque quedó en libertad al no poder demostrarse su participación en los hechos.

Sin embargo, aquella sospecha acabaría proyectando una sombra trágica sobre su destino. Dos años y medio después, tras el golpe militar de julio de 1936, la acusación volvería a perseguirlo en un contexto de represión contra los republicanos. Estades permaneció escondido durante meses, hasta que fue localizado y detenido en enero de 1937. Durante su traslado hacia Palma, varios falangistas lo torturaron incrustándole clavos en la cara, la cabeza y el cuerpo en una brutal represalia por el sabotaje de 1934. Fue asesinado en el cementerio de Palma. Su responsabilidad en el incidente de las tachuelas nunca quedó acreditada y su historia es recordada como uno de los episodios más crueles de la represión franquista en Felanitx.

Para Mestre, que la escultura se inaugurase antes del alzamiento de julio de 1936 no invalida su interpretación: considera que deben examinarse tanto el cambio de diseño como las circunstancias políticas y las personas que intervinieron en él.

Las voces que defienden el monumento

Frente a ello, otras voces defienden que el Cristo, en realidad, está bendiciendo y protegiendo al pueblo de Felanitx. El historiador 'felanitxer' Pere Xamena Fiol así se lo transmitió al propio Mestre en una conversación mantenida en 2005, en la que se apoyaba en las explicaciones que dio en su momento el rector Mora: “Quiero creer, como dijo el rector de entonces, que la imagen bendice al pueblo de Felanitx”.

Esa interpretación es la que reivindica también la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler (PP), quien rechaza que el gesto de la escultura deba entenderse como una exaltación fascista y defiende el arraigo religioso, histórico y sentimental del monumento entre los vecinos. “En 90 años jamás había habido ninguna polémica”, asevera en declaraciones a elDiario.es. La primera edil señala que el Ayuntamiento no ha recibido ninguna notificación sobre la petición de incluir el monumento en el censo estatal y subraya que, llegado el momento, escuchará el parecer de la población.

El PP de Felanitx ya ha expresado su oposición a una eventual retirada y ha planteado movilizar a la población para proteger la escultura, incluida una recogida de firmas e incluso la posibilidad de acampar a los pies de la estatua para impedir el derribo. “Muchos ciudadanos se han mostrado dispuestos a ello”, asegura Soler.

La histórica dirigente popular recuerda, asimismo, que el Cristo Rey no figura en el censo de simbología franquista elaborado por el Govern en 2019, cuando Francina Armengol presidía el Ejecutivo autonómico. Aquel inventario fue elaborado por un equipo de historiadores dirigido por Bartomeu Garí a partir de trabajo de campo y documentación histórica. El Ejecutivo autonómico anunció la inclusión de 92 elementos repartidos por 28 municipios, entre ellos placas, nombres de calles, distinciones y cruces de la Victoria. El listado incluyó también el polémico monolito de Sa Feixina, en Palma.

El Cristo Rey no figura en el censo de simbología franquista elaborado por el Govern en 2019, cuando Francina Armengol presidía el Ejecutivo autonómico

Con todo, el catálogo autonómico de 2019 y el eventual procedimiento que siga el Gobierno no son equivalentes. La legislación estatal contempla la posibilidad de examinar elementos situados en propiedades privadas o religiosas cuando éstas tienen proyección pública. La titularidad eclesiástica del monumento no resuelve por sí misma la cuestión: la Administración deberá estudiar su significado, los antecedentes históricos y las circunstancias jurídicas y patrimoniales.

A la polémica se ha sumado este mismo lunes la organización ultracatólica Hazte Oír, que, bajo el lema 'Salvemos el Cristo', ha lanzado una campaña para reclamar la protección patrimonial de la escultura. La entidad pide al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y a los responsables insulares de Cultura y Patrimonio que inicien el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el Cristo Rey del Puig de Sant Salvador o que reconozcan expresamente su protección si ya está incluida en la del santuario. La iniciativa coincide con el pleno del Ayuntamiento de Felanitx previsto para este mismo lunes.

Gallinas con heridas abiertas, aves que se picotean hasta llegar a los tejidos internos y cadáveres en descomposición junto a animales vivos. Es lo que muestran las imágenes, que adelanta este lunes elDiario.es, grabadas en julio por las entidades ARDE y Satya Animal en una explotación avícola de Mallorca, donde también se observan excrementos acumulados, cucarachas y una rata momificada.

Las imágenes pertenecen a la granja de Mirabó (Manacor), que tiene capacidad para alojar hasta 40.000 gallinas ponedoras y pertenece a Avícola Ballester (que opera bajo Avícola Son Perot S.A.), la misma empresa que gestiona otra explotación conocida en la isla por las graves deficiencias que salieron a la luz en 2025. De nuevo, una de las tres granjas de Avícola Ballester vuelve a estar bajo la lupa de las organizaciones animalistas y ecologistas, que denuncian excrementos sin retirar, suciedad extrema y maltrato animal de las gallinas.

La empresa ya estuvo bajo la lupa el último año y medio debido a su granja de Llucmajor, que tuvo que reducir sus instalaciones: sacrificó a gran parte de los animales, pasando de casi 136.000 gallinas ponedoras a 40.000, para cumplir con la legislación autonómica. Después de que se publicaran las imágenes de Llucmajor, en mayo de 2025, el Govern abrió un expediente sancionador que terminó en una multa de 200.100 euros por siete irregularidades graves y una leve, como informó este diario. El procedimiento sancionador quedó suspendido, a la espera de que la Audiencia Provincial de Balears revise el archivo de la denuncia penal presentada por la Asociación Stop Macrogranja Llucmajor. El procedimiento se inició en el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, que apreció infracciones administrativas –ya sancionadas– y no penales.

Las imágenes de la explotación de Mirabó son muy similares a las que elDiario.es destapó de la granja de los horrores de Llucmajor en mayo de 2025. De ellas se desprenden gallinas canibalizadas por otras; cadáveres desmembrados y en diferentes estados de descomposición y aves desplumadas y enfermas. En cuanto a las condiciones higiénicas de la granja, se observa suciedad en las instalaciones, ácaros en las estructuras, huevos y gallinas; además de decenas de cucarachas y una rata momificada.

Ahora no hay gallinas en la instalación

elDiario.es se ha puesto en contacto con Avícola Ballester a través de un correo electrónico en el que se han trasladado hasta 21 preguntas a la empresa, en las que se explicaba el contenido de las imágenes y se daba la oportunidad de que la parte afectada de responder y dar su versión de los hechos. En su respuesta, explican que desconocen “los extremos” que este diario les ha planteado: “Por tanto, no realizaremos ningún tipo de manifestación al respecto”. “Asimismo, nos reservamos todas las acciones civiles y penales que nos puedan corresponder a raíz de la publicación de imágenes sin certificación de procedencia, así como del contenido anunciado”, han añadido.

Este diario también ha consultado a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, la cual ha informado que, en estos momentos, la explotación avícola no tiene “ninguna gallina en sus instalaciones” después de que la empresa comunicara esta decisión al Govern en este mes de octubre. También afirma que la macrogranja ha sido sometida a controles oficiales desde 2021 sin que “se hayan detectado deficiencias”, excepto un brote de salmonela en 2025, y que no han recibido ninguna denuncia, queja o comunicación por parte del Ajuntament de Manacor.

Sobre las imágenes, sobre las cuales afirma “no tener constancia”, el Govern quiere “dejar claro que ante cualquier conocimiento de una posible irregularidad se actúa de manera inmediata”. También afirma que, aunque “no hay una fecha para la reintroducción de las gallinas, cuando se reanude la actividad, la Conselleria llevará a cabo una nueva inspección para comprobar el cumplimiento de la normativa”.

Un informe veterinario detecta “canibalismo y cadáveres”

Después de haber analizado las grabaciones –un total de 54 minutos– en un informe pericial, la veterinaria Alba Nieto Palau concluye que el material audiovisual documenta de forma reiterada la presencia de gallinas con una “pérdida extensa de plumaje”, con amplias zonas de piel expuesta y lesiones compatibles con episodios de picaje severo. Según la profesional, en las imágenes se observan también conductas compatibles con el canibalismo: animales vivos que picotean los tejidos expuestos y las heridas abiertas de otras gallinas, hasta alcanzar zonas profundas del cuerpo, incluidos los músculos, la grasa y órganos internos.

Se trata, según Nieto, de “la fase más grave de la secuencia de picaje” y de una situación que comporta “un sufrimiento severo” para los animales afectados, que permanecen conscientes mientras son atacados. El informe también recoge la presencia de gallinas con heridas abiertas en la cabeza, el cuello y la zona de la abertura situada en la parte trasera del cuerpo por la que las aves expulsan las heces y ponen los huevos. Entre ellas, la veterinaria identifica un animal vivo al que le falta el globo ocular. En el material analizado, señala, no existe evidencia de que esta ave hubiera sido retirada, aislada o recibido atención veterinaria.

La veterinaria Alba Nieto advierte que las imágenes muestran 'la fase más grave de la secuencia de picaje' y una situación que comporta 'un sufrimiento severo' para los animales afectados, que permanecen conscientes mientras son atacados

Otro de los elementos que destaca el informe es la cantidad de cadáveres distribuidos en el interior de la explotación. Nieto señala que se encuentran dentro de los alojamientos, junto a animales vivos; sobre el enrejado; en los pasillos y en la zona situada bajo las jaulas donde se acumulan las heces y otros residuos de las aves. Los restos aparecen, además, en “estadios de descomposición claramente distintos”, incluidos cadáveres ya esqueletizados. 

Según la profesional, este conjunto de hallazgos resulta incompatible con la retirada diaria de los animales muertos que exige la normativa y es compatible con “una mortalidad elevada y sostenida en el tiempo”. A ello se suma el establecimiento de una infestación por artrópodos. Las imágenes muestran estos insectos sobre superficies estructurales, sobre las acumulaciones de excrementos, sobre la piel de al menos una gallina viva y también sobre la cáscara de un huevo.

Las imágenes muestran estos insectos sobre superficies estructurales, sobre las acumulaciones de excrementos, sobre la piel de al menos una gallina viva y también sobre la cáscara de un huevo

Además, el informe señala la acumulación prolongada y compactada de excrementos, materia orgánica adherida a estructuras, conducciones y líneas de bebederos, así como polvo y telarañas. Según la veterinaria, el conjunto de estas evidencias es compatible con “deficiencias significativas y mantenidas” en los protocolos de limpieza, desinfección y desinsectación de la explotación. Además, localiza huevos en contacto directo con excrementos y otros restos orgánicos, algunos de ellos en las proximidades de cadáveres, y un huevo con insectos sobre la cáscara.

El informe también localiza huevos en contacto directo con excrementos y otros restos orgánicos, algunos de ellos en las proximidades de cadáveres, y un huevo con insectos sobre la cáscara

El informe pericial sostiene que, considerados en su conjunto, todos estos elementos constituyen indicadores objetivos de “un compromiso grave del bienestar de los animales alojados”. Según la profesional, las imágenes son además compatibles con “deficiencias sustanciales” en las condiciones de manejo, mantenimiento, control sanitario y bioseguridad de la explotación.

Nieto incide especialmente en la reiteración de lo observado. Los hallazgos aparecen en múltiples animales y en tres fechas diferentes, separadas entre sí por seis días. A esto se añade la coexistencia de lesiones y cadáveres en diferentes estadios de descomposición. Según la veterinaria, estos elementos “acreditan que las condiciones documentadas persistieron sin corrección durante el periodo registrado” y son compatibles con una situación mantenida en el tiempo, “y no con un evento puntual o aislado”.

A partir de todo ello, el informe señala que las condiciones observadas “podrían no ajustarse a los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente” en materia de bienestar animal, higiene, gestión de subproductos y bioseguridad, aunque matiza que corresponde a las autoridades competentes –la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern– verificar esos extremos y determinar, en su caso, su calificación.

La veterinaria detecta más deficiencias

El informe también señala el deterioro de las instalaciones, con estructuras metálicas corroídas y gallinas hacinadas, en contacto constante y con escasa movilidad. Según Nieto, estas condiciones pueden favorecer lesiones, dificultar la limpieza y desinfección y comprometer el bienestar animal.

Nieto destaca la suciedad acumulada en las instalaciones, con materia orgánica y excrementos adheridos a estructuras, conducciones, comederos y bebederos. Le preocupa especialmente que la suciedad entre en contacto con el agua que consumen las gallinas. El informe también recoge polvo y telarañas en las partes altas de la nave y sobre conexiones eléctricas, signos que, según la veterinaria, apuntan a una falta de limpieza prolongada.

El informe señala que numerosas gallinas presentan crestas pálidas, un signo que puede asociarse a anemia, deshidratación o enfermedad. Nieto apunta que una posible causa sería una infestación de ácaros hematófagos, aunque advierte de que las imágenes no permiten identificar los parásitos y que sería necesario tomar muestras para confirmarlo.

La veterinaria señala que numerosas gallinas presentan crestas pálidas, un signo que puede asociarse a anemia, deshidratación o enfermedad

La pericial relaciona el picaje, la pérdida de plumaje y el canibalismo como parte de un mismo proceso: las gallinas empiezan picoteando las plumas de otras aves y pueden llegar a atacar la piel y los tejidos expuestos. Para Nieto, el desplume severo y el canibalismo activo son compatibles con esta secuencia.

La veterinaria también observa aves inmóviles, con las plumas erizadas y el cuerpo encogido, signos que pueden indicar dolor, enfermedad o malestar. En las grabaciones tampoco aparecen conductas naturales como el baño de arena, el escarbado o el aleteo, aunque su ausencia en las imágenes no significa que no se produzcan en otros momentos o zonas de la explotación.

“Riesgo sanitario y de salud pública”

La presencia de cadáveres en descomposición junto a animales vivos y zonas de alimentación puede favorecer la transmisión de infecciones, advierte Nieto. La acumulación de restos orgánicos y de insectos también dificulta la limpieza y desinfección y compromete la bioseguridad. El informe señala que algunos huevos están en contacto con excrementos y otros restos orgánicos, e incluso presentan insectos sobre la cáscara. Según la veterinaria, estas condiciones pueden favorecer la contaminación y comprometer la seguridad alimentaria.

Nieto recuerda que las granjas avícolas son clave en la detección de enfermedades como la gripe aviar, cuya aparición debe notificarse a las autoridades. La normativa exige prevenir la entrada de animales silvestres y gestionar adecuadamente los cadáveres. Una mortalidad elevada y sostenida sin investigar, junto con deficiencias en la retirada de cadáveres, puede dificultar la detección precoz de enfermedades de declaración obligatoria y comprometer la vigilancia sanitaria, que depende también de que las granjas comuniquen cualquier aumento anormal de la mortalidad.

El informe señala “posibles incumplimientos”

A partir de las imágenes analizadas, la pericial identifica al menos una decena de obligaciones legales cuyo posible incumplimiento debería ser comprobado por las autoridades. Entre las obligaciones figura la necesidad de inspeccionar a las gallinas al menos una vez al día. La normativa también establece que los animales enfermos o heridos deben recibir “sin dilación” el tratamiento apropiado y ser aislados cuando sea necesario.

Según Nieto, la presencia de animales heridos y de una gallina con una lesión ocular grave sin que en las imágenes se aprecie su retirada o atención plantea dudas sobre el cumplimiento de estas obligaciones. El Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras, establece la inspección diaria de las gallinas.

La misma normativa establece que las gallinas muertas deben retirarse “diariamente” y que los excrementos deben retirarse “con la frecuencia que sea necesaria”. También obliga a mantener las instalaciones “suficientemente limpias” y a limpiar y desinfectar a fondo los equipos y utensilios que estén en contacto con las aves. Según la veterinaria, la acumulación de cadáveres, excrementos y materia orgánica que aparece en las grabaciones plantea dudas sobre el cumplimiento de estas obligaciones.

La atención a los animales enfermos o heridos es otra de las cuestiones que señala la pericial. El Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, relativo a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas, establece que cualquier animal que parezca enfermo o herido debe recibir “inmediatamente el tratamiento apropiado” y que, cuando sea necesario, debe ser aislado en un lugar adecuado.

El informe señala además que las explotaciones deben contar con “medios adecuados para la observación y el confinamiento” de los animales enfermos, heridos o susceptibles de padecer una enfermedad contagiosa, tal como recoge el Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas.

La veterinaria apunta también posibles deficiencias en la gestión de los cadáveres. La normativa mencionada obliga a las explotaciones a disponer de “medios suficientes para la recogida y el almacenamiento de cadáveres y demás subproductos de origen animal no destinados a consumo humano”. Estos sistemas deben permitir, además, reducir “al máximo la diseminación de agentes patógenos”.

Por otro lado, el Real Decreto 637/2021 establece que las explotaciones deben mantener sus instalaciones y equipos en buen estado y que estos deben poder someterse a operaciones eficaces de “limpieza, desinfección, desinsectación y desratización”.

También existen requisitos específicos para evitar que las gallinas puedan salir de las zonas destinadas a su alojamiento. El Real Decreto 3/2002 establece que los sistemas de cría deben estar acondicionados “de manera que las gallinas no puedan escaparse”. En las instalaciones de varios niveles, la norma exige además que existan dispositivos que permitan “inspeccionar directamente y sin trabas todos los niveles” y faciliten la extracción de las gallinas.

La normativa establece asimismo obligaciones de bioseguridad destinadas a evitar la entrada de animales que puedan transmitir enfermedades. El Real Decreto 637/2021, asimismo, sostiene que las explotaciones deben disponer de “sistemas efectivos que protejan a las aves de corral del contacto con animales silvestres que puedan transmitir enfermedades”.

En su informe, Nieto concluye que las condiciones observadas podrían “no ajustarse a los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente en materia de bienestar animal, higiene, gestión de subproductos y bioseguridad”, lo cual debe ser verificado y calificado, añade, por las autoridades competentes.

Hubo un brote de salmonela en 2025

En una de las naves de la granja de Mirabó (Manacor), ahora bajo el punto de mira, se registró un brote de Salmonella Enteritidis el año pasado en la nave A, según se desprende de un expediente consultado por elDiario.es. La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural –dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural– adoptó medidas cautelares y sanitarias urgentes, como el cese de comercialización de huevos procedentes del lote o manada sospechosa.

La resolución contemplaba además el sacrificio de las aves de la nave afectada. Después, la empresa debía realizar una “eficiente y completa limpieza y posterior desinfección, desinsectación y desratización”. Para ello, debían utilizarse productos específicamente autorizados y registrados para esos usos. Transcurrido un periodo de tiempo adecuado desde la desinfección se procedería “a la toma de muestras ambientales con el fin de verificar la eficacia de las labores de limpieza y desinfección y la ausencia de Salmonella spp en el ambiente”.

El Govern ha enviado un Es-Alert a la población de Eivissa y Formentera y ha autorizado que los trabajadores públicos de la administración autonómica de todas las islas puedan teletrabajar. El personal que disponga de acceso remoto y cuyas funciones permitan el teletrabajo deberá trabajar a distancia y no acudir a su centro de trabajo. Quienes no dispongan de estos medios o no puedan teletrabajar deberán seguir las instrucciones de sus responsables directos.

En el caso del personal laboral, se priorizará el trabajo a distancia siempre que sea posible. Cuando no sea posible y concurran las circunstancias previstas en el Estatuto de los Trabajadores, relativas a la imposibilidad de acceder al centro de trabajo o de transitar por las vías necesarias para llegar a él como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones de desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, o de una situación de riesgo derivada de un fenómeno meteorológico adverso, podrá solicitarse el permiso retribuido correspondiente.

Las medidas no afectan a la prestación de los servicios esenciales y, siempre que los desplazamientos puedan realizarse con seguridad, podrá requerirse la presencia del personal necesario para atender emergencias, incidencias o necesidades inaplazables. Ante el aviso de alerta roja emitido por el 112, desde la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social se insta a los centros de trabajo de Balears a extremar las precauciones para salvaguardar la seguridad de todos los trabajadores, tanto en sus puestos de trabajo como durante los desplazamientos, en virtud de lo recogido en el Estatuto de los Trabajadores, mientras se mantengan activadas las alertas.

Rescate de una persona que pasó la noche en su vehículo

Los servicios de emergencias han rescatado a una persona que, debido a las fuertes lluvias, se vio obligada a pasar la noche en el interior de su coche en Cala Mestella, en el municipio de Santa Eulària.

La dana Adam ha provocado en el municipio inundaciones en viviendas, árboles caídos y cortes de tráfico en diferentes carreteras, además de otras incidencias provocadas por las intensas precipitaciones.

Hasta las 12.00 de este lunes se habían acumulado en las últimas seis horas 77 litros por metro cuadrado, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Abre la carretera del aeropuerto de Eivissa

También los empleados públicos no esenciales del Consell Insular d'Eivissa permanecen en casa para evitar desplazamientos innecesarios. La carretera del aeropuerto de Eivissa ha sido reabierta, según ha informado el Consell d'Eivissa este lunes. Sin embargo, siguen las grandes acumulaciones de agua en rotondas de Jesús y entradas a la ciudad de Eivissa. También, alerta sobre el peligro de desprendimientos en vías insulares del norte de Eivissa.

El Hospital de Formentera ha decidido suspender la actividad quirúrgica programada debido a los daños causados por el episodio de intensas lluvias, aunque mantendrá la actividad urgente. Según ha informado el Área de Salud pitiusa, el centro hospitalario se ha visto afectado por el temporal, que han provocado incidencias principalmente en la zona exterior del área quirúrgica. No obstante, el quirófano no ha sufrido daños.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y los profesionales, y como medida preventiva, se ha decidido mantener la actividad quirúrgica urgente y emergente, mientras que se suspende temporalmente la actividad quirúrgica programada. Asimismo, serán atendidos los partos urgentes, pero se derivará al paritorio del Hospital Can Misses la actividad obstétrica programada mientras duren las labores de recuperación y con el objetivo de garantizar la seguridad del paciente.

Palma cierra los parques y se suspenden las clases

El Ayuntamiento de Palma ha activado un plan con distintas medidas, ente las que se encuentra el desalojo de asentamientos de infraviviendas en zonas inundables y el cierre de los parques. El Consistorio ha indicado que, entre las medidas adoptadas, se han cerrado desde las 18.00 horas de este domingo todos los parques y jardines municipales, así como el paseo Sagrera. También han quedado suspendidas las actividades deportivas y los actos previstos en el exterior.

Asimismo, tal y como ha anunciado el Govern, este lunes quedan suspendidas las actividades escolares. Ante la previsión de lluvias y tormentas, el Ejecutivo autonómico ha suspendido las clases en las islas de Formentera, Eivissa y Mallorca para este lunes. Por su parte, también han suspendido toda la actividad académica universitaria la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG).

Las instalaciones municipales de Palma también permanecerán cerradas este lunes y las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Palma tampoco prestarán atención presencial, por lo que los trámites de registro deberán realizarse por vía telemática. Por otra parte, el Ayuntamiento ha procedido al desalojo preventivo de los asentamientos ubicados en zonas inundables de la ciudad ante el riesgo de crecida de los torrentes. Para atender a las personas afectadas, se ha habilitado el polideportivo Germans Escales como espacio de acogida.

Operan los coches de caballos en pleno temporal

Por su parte, el partido Progreso en Verde ha criticado al regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Antonio Deudero, por poner “en peligro” a los caballos y no suspender el servicio de calesas a pesar del aviso naranja por el temporal, mientras se han adoptado otras medidas como suspender las clases.

El partido animalista ha considerado en un comunicado que esta situación “contradice” las declaraciones de Movilidad, en las que se prometían protocolos estrictos para suspender la actividad ante fenómenos meteorológicos adversos. Según la formación, la realidad en las calles “demuestra una desprotección absoluta y una negligencia grave” por parte del Ayuntamiento.

En este sentido, el presidente de la plataforma, Guillermo Amengual, ha opinado que Cort -como se conoce al Ayuntamiento de Palma- “prioriza el beneficio económico sobre el bienestar animal y la seguridad ciudadana”. Progreso en Verde ha afirmado que la Policía Local no tiene órdenes de suspender el transporte de calesas pese a los avisos por las fuertes lluvias y tormentas.

Retrasos en los vuelos

Las lluvias y tormentas han provocado 12 cancelaciones, 13 desvíos de vuelos y decenas de retrasos en los aeropuertos Palma, Eivissa y Maó. Según los datos facilitados por Aena, en el de Eivissa, hasta las 16.00 horas, el mal tiempo había obligado a desviar un vuelo y a cancelar otros cinco. De estos, tres correspondían a vuelos con Palma afectados por la meteorología adversa y dos con Alicante.

En el aeródromo de Palma se han desviado 12 vuelos y ha habido diez vuelos cancelados. Además, acumula decenas de retrasos desde este mediodía. Por último, en el de Menorca se ha cancelado un vuelo con Palma también debido a las condiciones adversas en la capital balear. Enaire ha informado en redes sociales de que las condiciones de meteorología adversa en todo el litoral mediterráneo y Balears, provocadas por la dana Adam, están ocasionando regulaciones del tráfico aéreo por seguridad.

Mientras tanto, el tráfico por carretera ha recuperado la normalidad en gran parte de Mallorca después del cese de las fuertes lluvias en casi toda la isla, pero aún hay tráfico lento en el tramo entre Inca y Binissalem, donde continúan las precipitaciones. Fuentes de la DGT han explicado a Europa Press que en la Vía de Cintura de Palma, entre Can Valero y Son Fusteret, aún quedan retenciones de dos kilómetros. En el resto de carreteras el tráfico circula con fluidez. Además, la DGT no ha registrado siniestros en las carreteras.

Sánchez llama a Prohens

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto en contacto con la presidenta del Govern, Marga Prohens, para interesarse por los efectos que la dana Adam ha tenido hasta el momento, según ha informado la presidenta autonómica en su cuenta de la red social X, quien también ha comunicado que ha hablado con Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.

Prohens, según su mensaje, ha trasladado a Sánchez que las autoridades baleares siguen “con máxima prudencia y precuación” ante la inestabilidad meteorológica y las lluvias acumuladas en las últimas horas. También le ha agradecido la “rápida movilización” de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se desplazaron anoche a Mallorca y Eivissa, y el “contacto constante” con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aemet ha avanzado que mañana se mantendrá una situación de inestabilidad en el este peninsular y Balears, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos y habrá chubascos con tormenta. Estos se prevén fuertes en Balears y Catalunya, donde es probable que sean localmente muy fuertes y que se registren acumulados significativos. En cuanto a las temperaturas, el organismo estatal señala que las máximas descenderán en el archipiélago balear, Galicia y el suroeste peninsular.

Los ciudadanos de Eivissa y Formentera han recibido este domingo un aviso ES-Alert a las 11.20 horas ante el inminente riesgo de inundaciones. En el mensaje, emitido por el Govern, se solicita máxima precaución, evitar desplazamientos innecesarios, alejándose de cauces y torrentes.

Poco antes, la Aemet ha subido el aviso a nivel rojo en las Pitiusas por lluvias de hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora, una situación que se mantendrá hasta las 14.00 horas de este domingo, cuando pasará a ser naranja por lluvias de hasta 50 l/m2, tormenta y fenómenos costeros.

De hecho, la Dirección General de Emergencias ha activado la alerta roja lo que implica aplicar el índice de gravedad 2 del Plan Meteobal por lluvias y tormentas en las Pitiusas, según ha informado a través sus perfiles en las redes sociales.

En distintos mensajes ha lanzado una serie de recomendaciones a la población. Para las personas que se encuentren casa, se pide adoptar medidas para impedir que el agua entre en la vivienda al asegurar puertas y ventanas.

También se ha reclamado no dejar fuera objetos o muebles que pueda arrastrar el agua y no bajar a zonas inundables de la casa como sótanos o garajes. En caso de inundación, hay que apagar el interruptor general de la electricidad.

Si las personas se encuentran en la carretera, Emegencias pide moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por vías principales.

El 112 ha atendido un total de 61 incidentes registrados en Eivissa y Formentera durante las primeras horas de este domingo. Divididos por tipología, 35 de estas llamadas estaban relacionadas con la inundación de establecimientos, 13 por que se había anegado la vía pública, cinco caídas de árboles, dos interrupciones de los servicios básicos y un desbordamiento de un torrente.

Cerrada la carretera del aeropuerto de Eivissa

El Consell d'Eivissa ha informado del cierre de la carretera del aeropuerto debido a las fuertes precipitaciones que han empezado a caer en la isla por la llegada la dana Adam. Según ha informado la institución insular en sus redes sociales, el cierre de la vía se ha producido a la altura de la rotonda de Playa d'en Bossa, en ambos sentidos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma ha decidido el cierre que distintos parques de la ciudad. De este modo, desde las 10.00 horas de este domingo y hasta las 19.00 horas del lunes se procede al cierre de los parques de la Ribera y Can Terrers, según ha informado el Consistorio. Igualmente, la corporación local restringirá el acceso en el paseo Sagrera y el parque de Bellver desde las 00.00 a las 14.00 horas del lunes.

24 de mayo de 1931. La Segunda República lleva apenas unas semanas en marcha y un grupo de jóvenes trabajadores de Esporles (Mallorca) ha decidido organizarse políticamente. Congregados en la Casa del Pueblo, fundan la Agrupación Socialista del municipio, que se presenta como un instrumento para “educar cívicamente a la clase trabajadora” y “capacitarle para la conquista de todos sus derechos” mientras llaman a los trabajadores a romper las cadenas de su explotación económica. Entre ellos se encuentra José Comes Ferrà, elegido secretario.

Jornalero, se convertirá en una de las figuras más reconocidas del movimiento obrero de la Serra de Tramuntana. Tanto, que sus compañeros acabarán apodándolo 'Largo Caballero': al igual que el histórico dirigente socialista español, defiende posiciones revolucionarias y es uno de los principales referentes del socialismo en un municipio que, por su intensa actividad obrera y sindical, es conocido como la “pequeña Rusia” de Mallorca. Quienes le conocen aseguran que Josep Comes lleva tatuada en el pecho una imagen de Karl Marx.

Su compromiso político y sus ideas revolucionarias acabarán convirtiéndolo en uno de los objetivos de la represión desatada tras el golpe militar de julio de 1936. En su ofensiva por desarticular el movimiento obrero y borrar cualquier rastro de organización colectiva, los sublevados perseguirán, encarcelarán y matarán a dirigentes sindicales, militantes socialistas y republicanos. Entre ellos se encuentra Josep Comes Ferrà, quien encarna precisamente aquello que los fascistas pretenden erradicar: la aspiración de los trabajadores a transformar la sociedad. Esta semana se han cumplido 90 años de su asesinato, junto al de otros jóvenes que compartían ese anhelo y que pagaron con su vida el desafío al orden que los golpistas pretendían imponer.

Las investigaciones llevadas a cabo por el grupo de memoria histórica de Esporles permiten rastrear la trayectoria de Comes Ferrà desde su actividad política durante la Segunda República hasta su asesinato. El trabajo de Guillem Mir, Arnau Alemany y Bartomeu Garau, plasmado en el libro Les petjades dels oblidats. La repressió a Esporles ('Las huellas de los olvidados. La represión en Esporles'), reconstruye la vida de hasta 157 vecinos represaliados tras el golpe militar franquista en un pueblo que, más allá de su tejido de fábricas textiles, se convirtió en uno de los grandes focos obreros y socialistas de la Mallorca de entreguerras.

La concentración de trabajadores, la organización sindical y la inauguración de la 'Casa del Poble' en 1930 alimentaron una conciencia de clase que hizo de Esporles un símbolo de la movilización obrera en la isla. Fue allí donde nació, el 12 de julio de 1909, el 'Largo Caballero' mallorquín, un nombre durante décadas relegado a la memoria familiar y al recuerdo de antiguos militantes obreros y que los investigadores han recuperado de los archivos, los expedientes judiciales y los testimonios orales.

La actividad de Comes en la Agrupación Socialista de Esporles iba mucho más allá de un cargo orgánico. Ejercía como propagandista y divulgador del socialismo y utilizaba las páginas de El Obrero Balear para intervenir en los debates políticos e ideológicos de la época. A lo largo de aquellos años, Comes dejó impresa su visión materialista de la sociedad, su crítica de la propiedad privada y del capitalismo, su defensa de la organización obrera y una preocupación explícita por la formación política de los trabajadores.

Del sindicato a la Casa del Pueblo

Su actividad se desarrolló también en el movimiento sindical. En enero de 1932 El Obrero Balear lo identifica como representante de la Federación Gremial de Esporles, una organización que contaba entonces con 200 afiliados. Su nombre aparece entre los delegados de las organizaciones obreras representadas en el congreso socialista balear.

La Casa del Pueblo de Esporles había sido inaugurada el 20 de abril de 1930, culminando un proyecto iniciado en 1923 por un grupo de trabajadores de la Federación Gremial Esporlerense que impulsó la construcción de un local destinado a la clase trabajadora sobre unos terrenos cedidos por el escritor y político Alexandre Jaume Rosselló. Durante años, numerosos vecinos contribuyeron a levantar el edificio con pequeñas aportaciones económicas y jornadas de trabajo, convirtiéndolo en un símbolo del esfuerzo colectivo y de la lucha por la dignidad. La Casa del Pueblo se convirtió en un espacio de encuentro, formación, alfabetización, participación política y actividad cultural y recreativa, fundamental para la identidad del movimiento obrero local. Comes formaba parte de ese entramado.

Su militancia tenía además una marcada dimensión laica. El Obrero Balear recoge distintas informaciones procedentes de Esporles sobre matrimonios y actos civiles. En mayo de 1935, por ejemplo, Comes firmó en nombre de la Agrupación Socialista una crónica sobre el matrimonio civil de dos militantes y destacó las dificultades que la pareja había tenido que superar frente a la tradición y los prejuicios familiares y relata la celebración como una ruptura con el “clericalismo”. La defensa de una vida civil al margen de la Iglesia formaba parte del proyecto político de aquel socialismo. Comes no era únicamente un organizador sindical: intervenía también en la construcción de una cultura política socialista que pretendía transformar las relaciones económicas, la educación y las costumbres.

Aquella notoriedad alcanzó incluso una dimensión insólita para un joven obrero mallorquín. En 1934, Comes, a quien las fuentes de la época lo describen como un hombre de fuerte presencia física, con un notable prestigio entre los trabajadores de Esporles y de otros municipios de Mallorca, fue seleccionado para participar en un viaje a la Unión Soviética. El Obrero Balear abrió una suscripción para sufragar el trayecto. Las organizaciones obreras y particulares de Mallorca fueron realizando aportaciones para cubrir el coste. En mayo, el periódico explicaba que se habían recaudado 409,30 pesetas y que el viaje podía costar alrededor de mil.

Como anunciaba la publicación, a su regreso Comes ofrecería varias conferencias para compartir sus impresiones en la Rusia soviética con el objetivo de trasladar al movimiento obrero los debates internacionales del socialismo y convertiría su experiencia en material de divulgación para otros trabajadores. Durante su estancia en la URSS participó en varias intervenciones radiofónicas desde Moscú que fueron escuchadas por sus compañeros de Esporles. A su vuelta, emprendió una gira por distintos pueblos de Mallorca para explicar lo que había visto y aprendido durante el viaje. Aquella experiencia reforzó aún más su prestigio entre la militancia socialista y alimentó la hostilidad que despertaba entre sus adversarios políticos. No en vano, su influencia preocupaba especialmente a los sectores conservadores del municipio, que lo identificaban como uno de los dirigentes más destacados de la izquierda local.

El joven obrero mallorquín participó en un viaje a la Unión Soviética, sufragado en parte por El Obrero Balear, para trasladar al movimiento obrero los debates internacionales del socialismo

Apenas unas semanas antes del golpe militar, durante el Congreso de la Federación Socialista Balear celebrado en la Casa del Pueblo de Palma, Comes formó parte de la ponencia encargada de examinar las credenciales de las agrupaciones y aparece como representante de Esporles, con 50 afiliados. Asimismo, El Obrero Balear lo sitúa por esas mismas fechas en un mitin celebrado en Alaró con motivo de la unificación de las Juventudes Socialistas y Comunistas. El acto concluyó con la creación de una organización marxista unificada de las juventudes. Su último periodo de actividad política documentada coincide con una creciente radicalización del movimiento obrero y con la crisis que precedió al golpe de julio de 1936.

La resistencia al golpe

Una investigación histórica publicada en Llucmajor. De Pinte en Ample reconstruye sus últimos meses y relata cómo durante la noche del 18 al 19 de julio de 1936, cuando comenzaron a llegar las noticias de la sublevación militar, Comes participó activamente en la organización de la resistencia republicana en Esporles. Organizó guardias en la Casa del Pueblo y en el Ayuntamiento, impulsó piquetes en diversos puntos del municipio y supervisó grupos de vigilancia por las calles de la localidad.

La resistencia, sin embargo, fue breve. El 20 de julio, una vez consumado el triunfo del golpe militar en Mallorca y entregado el Ayuntamiento a la Guardia Civil, Comes comprendió que su situación era extremadamente peligrosa. Junto al sindicalista Miquel Seguí se refugió en la montaña, donde permaneció oculto durante cerca de tres meses. Su captura se convirtió en una obsesión para los falangistas locales. Los dirigentes obreros más visibles figuraban entre los principales objetivos de la represión que se estaba desplegando por toda la isla.

Tras el golpe militar en Mallorca, Comes se refugió en la montaña, donde permaneció oculto durante cerca de tres meses. Su captura se convirtió en una obsesión para los falangistas locales

A mediados de octubre de 1936, tras meses escondido, Comes se encontraba exhausto. Pero había otro motivo que lo empujaba a abandonar el refugio: quería volver a ver a su hijo Tomeu, de apenas tres meses, a quien prácticamente no había podido conocer. El 13 de octubre descendió de la montaña acompañado de otros huidos. Buscó refugio en casa de un vecino, Pere Bonet, conocido como Palla Llarga. El propietario ya había sido detenido. Su esposa les dio cobijo, pero una denuncia vecinal acabó precipitándolo todo.

Aquella misma mañana, falangistas y guardias civiles localizaron el escondite y procedieron a la detención. Los arrestados fueron conducidos primero al cuartel de la Guardia Civil de Esporles. Según la documentación conservada, los falangistas exigieron al comandante que les entregara a los detenidos. El oficial se negó y ordenó su traslado a Palma, donde quedaron a disposición de la Dirección General de Seguridad.

“¡Viva Rusia!”

Las horas siguientes estuvieron marcadas por las torturas. Durante los interrogatorios, sus verdugos le arrancaron el tatuaje de Karl Marx a cuchilladas. También intentaron obligarlo a gritar “¡Viva España!”, a lo que él respondía reiteradamente: “¡Viva Rusia!”. Al día siguiente, 14 de octubre de 1936, apareció muerto.

Su cadáver fue hallado junto al de Miquel Seguí cerca de las puertas del cementerio de Palma. La autopsia atribuyó la muerte a diversos impactos de bala. El cuerpo fue identificado por su padre, Josep Comes Arbós. Entre sus pertenencias apareció un pequeño retrato de su vida truncada: en el bolsillo de la americana llevaba el recibo de unas entradas para las películas Sin rumbo y Justicia del fuego, proyectadas en la Casa del Pueblo el 19 de julio, así como un plano de la futura vivienda que proyectaba construir para su familia en la costa des Rafal. Días después, un falangista local llegó a jactarse públicamente de las torturas infligidas al dirigente socialista. “Qué gran gusto he pasado estirando de los cabellos a Largo Caballero”, dijo en un café del pueblo.

Un enemigo prioritario

La importancia política de Josep Comes Ferrà queda reflejada en la propia documentación represiva. En un informe, las autoridades franquistas lo describían como “uno de los principales dirigentes marxistas de esta localidad”. Recordaban su viaje a la Unión Soviética, sus intervenciones radiofónicas desde Moscú y las conferencias que impartió a su regreso. También destacaban su papel en la organización sindical y su influencia entre los trabajadores de Esporles.

Según el documento, había participado activamente en las movilizaciones obreras de los años republicanos y era considerado “el mayor responsable de la propaganda marxista de esta villa” y una persona “muy peligrosa”. Paradójicamente, la burocracia franquista dejó una muestra más del carácter arbitrario de la represión: un escrito policial fechado el 22 de diciembre de 1936 afirmaba que Josep Comes había sido puesto en libertad porque no se había hallado ningún cargo contra él. Para entonces llevaba más de dos meses muerto. El 22 de septiembre de 1937, las autoridades militares emitieron un requerimiento para que compareciera ante el juzgado en un plazo de cinco días, bajo amenaza de ser declarado rebelde. El destinatario de aquella citación había sido ejecutado hacía casi un año.

Noventa años después de su asesinato, el sobrenombre con el que era conocido continúa resonando en la memoria de Esporles. La figura de Josep Comes Ferrà permanece ligada a aquella generación de trabajadores que se organizaron para conquistar derechos y defender sus ideales políticos, y que acabaron convirtiéndose en objetivo de la represión desatada tras el golpe militar de 1936. Su historia, como la de tantos otros militantes perseguidos y asesinados, forma parte de una memoria colectiva que todavía trata de recuperar sus nombres, reconstruir sus trayectorias y devolverles el lugar que les fue arrebatado.

En julio del año pasado, el Ayuntamiento de Esporles aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica por parte de PP y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas de la represión franquista. El Grupo de Memoria Democrática de Esporles —constituida como delegación local de la asociación Memòria de Mallorca— eleva a cerca de 300 las mujeres y hombres que fueron represaliados en el municipio “por tener unas ideas diferentes de quienes se sublevaron contra la Segunda República”.

“Cuando los gobiernos no reaccionan, la ciudadanía reacciona”. Son palabras de Raquel Martí, directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en España, quien, en un encuentro con la directora de elDiario.es en Balears, Angy Galvín, abordó la emergencia humanitaria en Gaza, la situación de los refugiados palestinos en Oriente Próximo y las dificultades a las que se enfrenta una agencia que lleva más de siete décadas proporcionando servicios esenciales a millones de personas. La conversación también puso el foco en la importancia de la cooperación internacional y en la contribución de las administraciones públicas a proyectos que permiten mantener la atención sanitaria y educativa en contextos de extrema vulnerabilidad.

Galvín fue la encargada de abrir el encuentro, organizado por UNRWA Illes Balears y llevado a cabo en Ca n'Oleo, con una advertencia sobre el riesgo de acostumbrarse a las imágenes de bombardeos, víctimas, escuelas destruidas y familias obligadas a abandonar sus hogares, una sucesión constante de escenas que, señaló, puede acabar normalizando una realidad que no debería resultar indiferente a la sociedad: “Detrás de cada cifra hay una persona, una historia y una vida que ha sido totalmente truncada”.

La responsable de la delegación balear de este periódico recordó que la situación palestina trasciende las fronteras de Gaza y afecta también a Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania, donde millones de personas siguen sufriendo las consecuencias del desplazamiento y encuentran dificultades para acceder a derechos básicos como la salud y la educación. La periodista destacó asimismo la importancia de la cooperación financiada desde Balears, que tiene efectos concretos sobre la vida de las personas refugiadas.

Más de 75 años de exilio sin retorno

Martí recogió ese planteamiento para explicar por qué UNRWA continúa siendo necesaria más de 75 años después de su creación. La agencia nació en 1949, tras la guerra árabe-israelí de 1948, cuando más de 700.000 palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares. Su mandato inicial se concibió como una respuesta temporal, bajo la expectativa de que los refugiados pudieran regresar pronto. Sin embargo, ese retorno no se produjo y los conflictos posteriores, junto con el crecimiento de la población, han prolongado la necesidad de asistencia.

“Se pensaba en aquel momento, de una forma muy optimista, que estos refugiados de Palestina regresarían al cabo de tres años como mucho a sus hogares”, explicó Martí. “Han pasado ya más de 75 años y UNRWA sigue teniendo que trabajar porque los refugiados de Palestina no solo no han vuelto a sus hogares, sino que además ha ido habiendo más refugiados”, añadió. La directora ejecutiva cifró en alrededor de seis millones las personas refugiadas de Palestina que continúan esperando una solución duradera. A lo largo de su trayectoria, la agencia ha proporcionado educación básica a millones de niños y niñas, además de atención sanitaria, planificación familiar, formación profesional y ayuda humanitaria. Un trabajo que, según Martí, se ha adaptado a las sucesivas guerras y crisis de la región.

En este contexto, Martí lanzó un mensaje claro: la emergencia humanitaria no puede sustituir a una respuesta política capaz de poner fin a la situación que vive la población palestina. “Lo que está pasando en Gaza y lo que está pasando en Palestina en general se soluciona con política, no se soluciona con ayuda humanitaria”, advirtió. “La vía humanitaria solo sirve para paliar la situación en ese momento. Lo que necesitamos son medidas políticas. Tenemos que ser conscientes de ello y presionar a nuestros políticos para que tomen medidas”, insistió.

La directora ejecutiva de UNRWA defendió la necesidad de mantener la asistencia a quienes sufren las consecuencias de la guerra, pero subrayó que es necesario ir más allá de la ayuda de emergencia y exigir actuaciones políticas. En este sentido, apeló a la movilización ciudadana y a la implicación de las administraciones públicas, también de las comunidades autónomas, tanto para presionar a los responsables políticos como para sostener económicamente el trabajo de las organizaciones humanitarias sobre el terreno.

Trabajadores bajo las bombas

Al hilo de lo anterior, Galvín planteó durante la conversación la contradicción de que la población palestina continúe siendo refugiada más de siete décadas después de la creación de la agencia. La periodista puso el foco en la persistencia de una situación que se prolonga de generación en generación, mientras las necesidades humanitarias siguen acumulándose.

En este sentido, Martí explicó que la actividad de UNRWA se desarrolla en un contexto especialmente difícil en Gaza, donde los trabajadores de la agencia también son palestinos y sufren las consecuencias de la guerra. La responsable denunció la muerte de alrededor de 400 trabajadores de la organización y los ataques contra sus instalaciones, además de una campaña de desinformación que, según sostuvo, ha perjudicado su imagen pública y su capacidad para mantener la asistencia.

“Los trabajadores de UNRWA son refugiados de Palestina y están en la misma situación que el resto de la población civil bajo las bombas, siendo desplazados, sin alimentos”, explicó. Pese a ello, continúan intentando mantener abiertos los servicios esenciales, incluidas las clínicas donde se atiende a mujeres embarazadas, personas enfermas y heridos. Al respecto, defendió la importancia de una organización que, además de prestar ayuda de emergencia, mantiene servicios esenciales para la población refugiada. La continuidad de esa labor resulta especialmente relevante en un territorio donde la destrucción de infraestructuras y las restricciones de acceso dificultan la atención a las necesidades más básicas.

Familias obligadas a huir en segundos

A partir de la experiencia de uno de los fotógrafos de la organización, quien ha atravesado distintas fases de desplazamiento, Martí describió a familias obligadas a abandonar sus casas en cuestión de segundos y cómo, en ocasiones, ven cómo sus viviendas son bombardeadas poco después de marcharse. También relató las dificultades de quienes no disponen de tiempo suficiente para recoger sus pertenencias ni para localizar a todos sus familiares antes de huir. “Imagínense la angustia de saber que están matando a la gente y no poder contactar con tu familia. No saber si están vivos o muertos”, manifestó.

La situación es especialmente grave para los menores que han perdido el contacto con sus familias: niños que han quedado solos porque sus padres u otros familiares han muerto o porque los sucesivos desplazamientos han impedido que vuelvan a encontrarse. Es en esas situaciones cuando, prosigue Martí, “uno se da cuenta de que no hay ningún sitio seguro en Gaza y de que tu vida y la de tus hijos se puede perder en cualquier momento”.

Como explicó, la huida puede desembocar en una situación de desamparo absoluto: personas que se quedan en la calle sin agua ni comida y que deben volver a desplazarse cuando los lugares en los que se refugian dejan de ser seguros. La directora de UNRWA puso así el acento en una emergencia que no se limita a la destrucción material, sino que desestructura la vida familiar y deja a la población en una situación de extrema vulnerabilidad. En el caso de los médicos, las enfermeras y otros profesionales, subrayó que continúan acudiendo a sus puestos incluso después de perder sus casas o de verse obligados a dejar a sus hijos en tiendas de campaña. “Saben que si ellos no abren las clínicas de salud, no va a haber salud para su familia o para sus vecinos”, resumió.

Martí señaló que la agencia también ha convertido escuelas en refugios cuando la población se ve obligada a huir de los bombardeos. Estos centros disponen de recursos básicos para acoger a los desplazados, como agua, colchones, mantas y material sanitario. Sin embargo, Martí denunció que las instalaciones de Naciones Unidas, que deberían gozar de protección conforme al derecho internacional humanitario, también han sido atacadas.

En Gaza, la asistencia no se limita a la distribución de ayuda material. UNRWA trata de facilitar agua potable y presta apoyo psicosocial mediante profesionales de la psicología y la psiquiatría. Martí hizo especial hincapié en las necesidades de los menores, que han soportado años de violencia, pérdidas familiares y desplazamientos. “Necesitamos mucho, sobre todo los niños, tratamiento psicológico”, señaló al describir una población sometida a unas condiciones que calificó de inhumanas.

La responsable de la agencia contrapuso esa emergencia con la situación de los refugiados palestinos en Jordania, donde parte de la población vive en campos de refugiados con ingresos muy bajos y dificultades para acceder a servicios. Allí, además de garantizar educación y atención sanitaria, UNRWA desarrolla programas de formación profesional y microcréditos para favorecer la autonomía económica.

La atención a los refugiados en Líbano

La conversación abordó también la situación de los refugiados palestinos en Líbano, donde UNRWA mantiene servicios esenciales para una población que arrastra décadas de desplazamiento. Martí explicó la labor de la agencia en los distintos territorios en los que trabaja, entre ellos Líbano, Jordania y Siria, y la necesidad de mantener la atención sanitaria, educativa y social pese a las dificultades económicas y humanitarias.

En este contexto se enmarca el proyecto 'Asegurar la salud materno-infantil de las refugiadas de Palestina en Líbano', financiado por el Govern de les Illes Balears. La iniciativa refuerza los servicios sanitarios dirigidos a mujeres y bebés en situación de especial vulnerabilidad en el campamento de Ein el Hilweh -el mayor campo de refugiados palestinos en el país- con atención a la planificación familiar, la salud sexual y reproductiva, el seguimiento del embarazo, los cuidados posteriores al parto y las revisiones y vacunaciones infantiles.

Galvín citó la financiación pública balear como ejemplo de cooperación internacional con efectos concretos sobre el terreno. Martí explicó la importancia de mantener la atención a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos, especialmente en un contexto de violencia y destrucción de infraestructuras sanitarias. Durante su intervención también se refirió a los ataques contra unidades de salud materna y a sus consecuencias para la población palestina.

La campaña de desinformación y la retirada de fondos

Uno de los momentos centrales de la conversación fue el dedicado a la campaña de acusaciones contra UNRWA y a sus consecuencias sobre la financiación de la organización. Martí recordó que la agencia adquirió una mayor visibilidad internacional tras el comienzo de la ofensiva israelí sobre Gaza, pero que ese protagonismo estuvo acompañado de una campaña de criminalización. La directora ejecutiva denunció que las acusaciones sobre la supuesta participación de trabajadores de la agencia en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 provocaron la retirada de fondos de varios donantes en un momento de extrema necesidad humanitaria.

Según relató, las acusaciones se difundieron coincidiendo con la admisión a trámite por la Corte Internacional de Justicia de la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio. Martí sostuvo que Israel no había aportado las pruebas que decía tener y recordó que las investigaciones independientes posteriores no encontraron pruebas suficientes para respaldar las acusaciones generales contra la organización. “Como cada vez que se publica un bulo, el daño ya está hecho”, lamentó. A su juicio, las consecuencias no se limitaron a la financiación: también afectaron a la percepción pública de la agencia y a su capacidad para explicar lo que ocurría sobre el terreno.

Martí defendió que UNRWA no se limita a prestar servicios humanitarios, sino que también documenta y denuncia la situación de la población palestina. Esa labor, afirmó, contribuye a explicar las presiones que soporta la organización. La directora ejecutiva aseguró que alrededor de 400 trabajadores de UNRWA habían sido asesinados en Gaza y denunció la destrucción de buena parte de sus infraestructuras. La agencia, insistió, no ha dejado de trabajar en la Franja. Sus equipos están integrados mayoritariamente por profesionales palestinos que continúan atendiendo a la población pese a la falta de recursos, la inseguridad y las restricciones de acceso. La entrada de personal internacional y de ayuda humanitaria sigue siendo muy limitada, según explicó en el turno de preguntas.

Más allá de la emergencia inmediata, Martí quiso subrayar una función menos conocida de la agencia: la conservación de un registro histórico de las familias palestinas desplazadas desde 1948. UNRWA mantiene documentación sobre los lugares de origen de los refugiados, sus desplazamientos y sus descendientes, un archivo que considera fundamental para preservar la memoria colectiva palestina. La directora explicó que, al comienzo de la ofensiva sobre Gaza, trabajadores de la agencia regresaron a su sede para rescatar documentos históricos pese al peligro. Los registros fueron trasladados desde la Franja y evacuados con ayuda de personal internacional y de las autoridades jordanas.

“Estos papeles son la historia colectiva de los palestinos y su derecho al retorno”, sostuvo Martí. Para la responsable de UNRWA, preservar esa documentación resulta esencial para mantener constancia de la identidad de las familias y de su vinculación con los lugares de los que fueron expulsadas.

“Cuando los gobiernos no reaccionan, la ciudadanía reacciona”

La responsable de UNRWA destacó también el respaldo recibido por parte de la ciudadanía española durante la crisis de financiación. Relató que llegaron numerosas iniciativas solidarias, desde conciertos y campañas vecinales hasta pequeñas acciones de recaudación, y que la agencia incorporó nuevos socios. “La ciudadanía reacciona cuando los gobiernos no lo hacen”, afirmó Martí, que agradeció ese apoyo y destacó que España mantuvo su financiación a la organización. También señaló que distintas comunidades autónomas han mantenido o incrementado sus aportaciones, aunque otros donantes internacionales retiraron o no recuperaron sus fondos.

Durante el turno de preguntas, una representante de la ONG Inca-Mallorca Solidària, que mantiene una escuela en Gaza con 850 niños, pidió ayuda para evitar su cierre por falta de fondos. En este sentido, Martí explicó la magnitud de las necesidades educativas en la Franja y señaló que UNRWA había podido acoger presencialmente a unos 106.000 menores, mientras otros 280.000 estaban registrados en una plataforma de enseñanza en línea. La responsable de la agencia se mostró dispuesta a explorar posibles vías de coordinación, aunque no pudo garantizar una solución.

La conversación terminó con un llamamiento a mantener la solidaridad y la cooperación internacional. Martí recordó que los proyectos humanitarios se financian con recursos públicos y con las aportaciones de la ciudadanía, y defendió la necesidad de sostenerlos para evitar que la población refugiada quede todavía más desprotegida. “Si no, lo que hacemos es deshumanizarnos cada vez más”, advirtió. Una reflexión que enlazó con la idea con la que Galvín había abierto el encuentro: detrás de las cifras de víctimas y desplazados hay vidas concretas, y la distancia geográfica no debería convertirse en distancia moral.