Dos tercios de la población de Palma no tiene acceso a zonas verdes, según recoge Amics de la Terra en un informe en el que analiza el acceso a zonas verdes en diez ciudades españolas y su relación con la renta de la población.

El estudio '¿Cómo garantizar el derecho a la naturaleza?, análisis comparativo del acceso a zonas verdes en las ciudades según la renta de la población' recoge que en Palma, pese a tener parques de gran superficie, hay alrededor de 285.000 personas, dos tercios de la población, que no tienen “acceso suficiente” a zonas verdes de más de una hectárea.

Según indica la entidad, en los barrios de menor renta la superficie de zona verde por habitante es inferior a las zonas de más ingresos debido a la mayor densidad poblacional.

“Mientras el 80% de la población española vive en ciudades, no tenemos garantizado nuestro derecho a la naturaleza. La situación es preocupante principalmente para las personas más vulnerables, que son las que disponen de menos zonas verdes y a su vez las que tienen menos opciones de adaptarse al cambio climático”, ha afirmado la responsable de Participación y Proyectos de Amics de la Terra Mallorca, Lucía Lami.

Además, al comparar las variables de acceso a áreas verdes y el nivel de renta se encuentran “grandes zonas con apenas verde” y con una población con dificultades para adaptarse a las olas de calor. Estas áreas son “zonas de acción prioritaria”, espacios donde ven urgente renaturalizar no solo desde un punto de vista “ecológico”, sino como una herramienta de bienestar y adaptación a las altas temperaturas para las personas con menos ingresos.

Para paliar esta situación, en Palma proponen intervenir principalmente en las zonas de Pere Garau y Son Canals, que responden a un tejido de ensanche, y Son Cladera, “que presenta una morfología mixta que combina bloque abierto con vivienda unifamiliar y otros usos no residenciales”.

Según alegan, realizar una planificación integral, estructural y a diversas escalas es indispensable para que las propuestas no se limiten a ocupar vacíos urbanos, sino que configure un sistema ecológico conectado y funcional. Así, piden renaturalizar los espacios libres asociados a edificios públicos, establecer corredores verdes, y paseos arbolados continuos que conecten espacios verdes a través de recorridos.

Por todo ello, la entidad insta a las instituciones a renaturalizar las ciudades con urgencia, prestando especial atención a las zonas de acción prioritaria, sin olvidar el componente social. “Reclamamos políticas de vivienda justas que eviten que reverdecer las ciudades pueda suponer la expulsión de las personas de sus casas debido a la especulación. A su vez demandamos la construcción de refugios climáticos comunitarios para que las vecinas y vecinos puedan decidir sobre sus barrios y que el verde sea también un lugar donde construir vidas dignas y plenas”, ha añadido Lami.

La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han iniciado este miércoles a las 12.00 horas el desalojo forzoso de la antigua prisión de la ciudad, dando cumplimiento al auto dictado por el juzgado, que autorizó la ejecución de la actuación ante el grave riesgo existente para la seguridad de los que permanecen en el recinto. Unas 80 personas malviven en la antigua cárcel, que desde hace más de veinte años funciona como refugio precario de centenares de personas expulsadas del mercado de la vivienda.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, el dispositivo, coordinado conjuntamente por ambos cuerpos policiales, tal y como se estableció en la Junta Local de Seguridad extraordinaria de la pasada semana, se prevé que se prolongue a lo largo de la jornada. Durante toda la ejecución del desalojo permanecerán en el lugar los servicios sociales municipales y la presencia de una ambulancia del 061.

Según el censo realizado al inicio del procedimiento, en el interior de los módulos de la antigua prisión residían 206 personas, si bien a lo largo de estos meses la cifra se ha ido reduciendo progresivamente hasta situarse actualmente en torno a 70 u 80. Asimismo, en coordinación con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), 45 han sido derivadas a centros de acogida temporal y a programas de inserción social y laboral.

La resolución fundamenta el desalojo en los informes elaborados por la Policía Local, los bomberos y las autoridades sanitarias, que alertan de un “riesgo real, grave y actual” para la vida y la integridad física de los residentes debido al deterioro del inmueble. El auto judicial advierte de las deficientes condiciones de salubridad, las dificultades para una eventual evacuación y el elevado riesgo de incendio existente en el edificio.

Una vez ejecutado el desalojo, la Policía Local mantendrá en el entorno un dispositivo permanente de vigilancia las 24 horas del día para garantizar la seguridad y evitar nuevas ocupaciones y, posteriormente, el Ayuntamiento procederá al tapiado del recinto.

La vieja cárcel, símbolo de la crisis habitacional

La antigua cárcel de Palma fue inaugurada en 1968 y funcionó como prisión provincial hasta 1999, cuando los internos fueron trasladados al actual centro penitenciario, en las afueras de la ciudad. Tras su clausura, el recinto quedó abandonado entre promesas políticas de reconversión que nunca llegaron a materializarse. Con el paso de los años, las celdas vacías, los patios interiores y las dependencias en ruinas fueron ocupados progresivamente por personas sin alternativa habitacional que, en los últimos tiempos, han sobrevivido entre escombros, montones de basura y muros agrietados que apenas logran contener el frío y la humedad del exterior.

Como si de un termómetro extremo de la fractura habitacional de Palma se tratara, entre los muros del inmueble han convivido perfiles muy distintos: trabajadores de la construcción y de la hostelería, jubilados con pensiones insuficientes, personas migrantes en situación irregular o mujeres víctimas de violencia, a quienes en los últimos años se han sumado jóvenes abocados a encontrar soluciones alternativas para proteger su integridad física y mental.

Muchos compartían y comparten una misma trayectoria: habitaciones cada vez más caras, empleos precarios, desahucios silenciosos y la imposibilidad de acceder incluso al alquiler más básico en una ciudad donde la presión inmobiliaria no ha dejado de aumentar y en la que incluso quienes trabajan han dejado de poder permitirse una vivienda.

El mar Mediterráneo se halla en una profunda crisis por la contaminación de residuos, fruto del modelo de sobreproducción y de la mano del turismo de masas. Ello propicia también que zonas vírgenes se hayan visto deterioradas por el efecto de un turismo masivo potenciado en parte por el efecto de las redes sociales. De estos desechos, el plástico y sus derivados, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en la actualidad suponen el 95% de los residuos que flotan en el Mediterráneo y sus playas. WWF sostiene, además, que entre 70.000 y 130.000 toneladas de microplásticos –aquellos fragmentos de tamaño inferior a 5 milímetros– acaban en el Mediterráneo y otros mares europeos cada año.

La necesidad inminente de actuar contra la contaminación de los plásticos es lo que empujó a Danna Ayelén Bosch a crear el documental Un darrer capfico, el cual aborda desde diversas perspectivas cómo se afronta esta lucha contra la contaminación por plásticos en el mar a través de entrevistas con diferentes expertos y artesanos que trabajan con este material. Dichos testimonios ponen el foco en que lo más importante es reducir el consumo individual antes de generar nuevos residuos. No obstante, Bosch recuerda que “además de la responsabilidad individual, es fundamental el papel de las instituciones y los marcos regulatorios”.

Efectos sobre la fauna marina

Uno de los testimonios que mayor énfasis pone en el daño de los plásticos en el ecosistema marino es el de Xisca Pujol, responsable de la Red de varamientos de Fauna marina de la Fundación Palma Aquarium. Entre su equipo, Pujol se encarga de atender animales dañados en el mar. El caso que más se pone de manifiesto en la pieza es la atención a las tortugas, aunque, además, también atienden “casos relacionados con cetáceos y condrictios”, señala Pujol. En estos dos últimos casos, “las actuaciones se realizan in situ en el mar, ya que no suelen ingresar en centros de recuperación como ocurre con las tortugas marinas”, añade.

Desde la Fundación Palma Aquarium también llevan a cabo “investigaciones post-mortem” que les permiten “evaluar el impacto real de estos contaminantes”, explica Pujol. La especialista desgrana que los cetáceos tienen la capacidad de diferenciar entre alimento y residuos, pero, por ejemplo, “en animales como el cachalote” han encontrado “bolsas de rafia en el estómago y en una tintorera se hallaron fragmentos de un vaso de plástico”. Estos casos “evidencian que incluso especies con sistemas sensoriales muy desarrollados no están completamente a salvo del problema de la contaminación marina”, agrega Pujol.

Aunque los cetáceos tienen la capacidad de diferenciar entre alimento y residuos, en animales como el cachalote han encontrado 'bolsas de rafia en el estómago y en una tintorera se hallaron fragmentos de un vaso de plástico', según la investigadora Xisca Pujol

Pese a que, como señala la técnica, en la Fundación Palma Aquarium, “la tasa de supervivencia de los animales que ingresan en el centro de recuperación se sitúa entre el 80 y el 90%”, los animales que son tratados suelen tener un patrón común. “En el caso de Baleares, la principal problemática es el enmallamiento en dispositivos de agregación de peces perdidos o abandonados, que provocan enredos, heridas graves y dificultades para nadar y alimentarse”, relata Pujol.

En el caso de Baleares, la principal problemática es el enmallamiento en dispositivos de agregación de peces perdidos o abandonados, que provocan enredos, heridas graves y dificultades para nadar y alimentarse

Xisca Pujol — Responsable de la Red de varamientos de Fauna marina de la Fundación Palma Aquarium

En caso de avistamiento de animales enmallados o atrapados en plásticos fruto del enmallamiento, Pujol recalca que “el primer paso debe ser llamar al 112, ya que este servicio activa el protocolo oficial de rescate y pone en marcha al equipo especializado de la red de varamientos”. También es igual de importante saber qué no hacer: “No se deben retirar plásticos, redes ni anzuelos, ya que una manipulación incorrecta puede agravar las lesiones. Tampoco se debe devolver al animal al mar ni darle la vuelta, ya que esto puede causarle un alto nivel de estrés o incluso daños internos”, insiste.

El caso de Balears y el Mediterráneo

La insularidad característica de Balears se aprecia también como un factor añadido: “En el caso de Mallorca, la problemática se ve especialmente acentuada. Según WWF España, la concentración alcanza los 1,25 millones de fragmentos de plástico por kilómetro cuadrado en el mar Mediterráneo”, recuerda Bosch. Algo que se explica, en gran parte, porque, según apunta Xisca Pujol, el Mediterráneo “es un mar semicerrado, con una renovación de aguas lenta y rodeado de zonas muy pobladas, lo que favorece la acumulación de residuos”.

Dicha insularidad, “además, introduce limitaciones claras en términos de espacio y capacidad. La gestión de residuos es más compleja, y cualquier exceso tiene un impacto inmediato y muy visible en el entorno”, explica Bosch. “A esto se suma que la contaminación no entiende de fronteras. Aunque una isla implemente buenas prácticas, sigue recibiendo residuos que llegan a través de corrientes marinas desde otros puntos del Mediterráneo”, recuerda.

Unos impactos en el mar Mediterráneo que, como destaca Pujol, “ya son evidentes” en los ecosistemas marinos. “Por un lado, están los efectos físicos directos, como la ingesta [de plásticos] y los enmallamientos, que afectan especialmente a las tortugas marinas. Impactos que provocan lesiones, problemas de flotación, obstrucciones digestivas e incluso la muerte”, apunta la especialista.

Precisamente, como consecuencia de este movimiento de residuos, “por otro lado, existe un problema menos visible, pero igual de importante: la fragmentación en microplásticos, que ya están presentes en toda la columna de agua y en los sedimentos”, resalta Pujol. “El mayor riesgo es que estos microplásticos se integren cada vez más en la cadena trófica. Esto puede afectar a la salud de los organismos marinos, alterar procesos biológicos, como la reproducción o el crecimiento”, añade.

Un modelo que atenta contra la sostenibilidad

La responsabilidad ciudadana es significativa para revertir este problema acuciante aunque, como recuerda Bosch, “por sí sola no es suficiente para frenar este problema a gran escala. El volumen de producción y contaminación actual supera ampliamente lo que puede compensarse únicamente desde lo individual”. Esta situación, “cada vez más difícil de revertir”, en palabras de Xisca Pujol, llega al punto de que “incluso si se detuviera hoy el vertido de plásticos, los residuos ya presentes seguirían degradándose durante décadas, con consecuencias todavía difíciles de cuantificar en su totalidad”.

Incluso si se detuviera hoy el vertido de plásticos, los residuos ya presentes seguirían degradándose durante décadas, con consecuencias todavía difíciles de cuantificar en su totalidad".

Como factor influyente en el consumo de plásticos y en la contaminación de los mares, no pasa inadvertido el turismo de masas, especialmente en zonas tensionadas como son las Illes Balears. “En los meses de mayor afluencia, la presión sobre el territorio se multiplica, y eso se traduce directamente en un aumento de residuos, incluido el plástico, que acaba afectando a nuestros mares”, resalta Bosch, quien añade también un matiz: “Creo que es importante no simplificar el problema ni responsabilizar únicamente al turismo. El verdadero problema es el exceso. Mallorca recibe un volumen de visitantes muy elevado en un corto periodo de tiempo, lo que genera un uso intensivo de recursos y una gran cantidad de residuos en muy poco tiempo”.

Tratar y dar una segunda vida al plástico

Aina Canaleta, jefa de Economía Circular y Desarrollo Sostenible del Parque de Tecnologías Ambientales de Mallorca (TIRME), explica también en la pieza cómo se procede al tratamiento y separación de los residuos plásticos y se hace énfasis en la dificultad de dicho tratamiento una vez los residuos llegan a la planta de reciclado. Algo que sucede por la naturaleza del material: “Muchos plásticos están diseñados para ser funcionales, pero no para reciclarlos, y eso dificulta su aprovechamiento”, insiste Bosch.

“A esto se suma una cuestión clave: la escala. Para que el reciclaje sea realmente eficiente, se necesitan infraestructuras muy especializadas y, en territorios como Mallorca, con limitaciones de espacio y capacidad, resulta difícil disponer de plantas específicas para cada tipo de plástico”, subraya.

Pese a los riesgos del uso de ese uso excesivo de los plásticos, existen alternativas que, lejos de ser utópicas y, como recuerda Bosch, “todavía no están lo suficientemente extendidas como para sustituir de forma real al modelo actual”, empiezan a vislumbrar un rayo de esperanza. “Hoy en día, ya vemos avances en materiales biodegradables, sistemas de reutilización o iniciativas que apuestan por reducir envases innecesarios”, afirma Bosch. “Sin embargo, muchas de estas soluciones aún no son las más accesibles ni las más económicas para el consumidor medio”, lamenta la creadora.

Aunque el número de alternativas de segundas vidas al plástico siguen siendo muy concretas y tienen lugar a pequeña escala, no son inexistentes. Muestra de ello es Elena Fensie, de Cleanwave, quien explica cómo han desarrollado un sistema para reducir el uso de botellas de plástico de un solo uso mediante la instalación de fuentes de agua potable por toda Mallorca. “Esto permite algo tan sencillo como que las personas puedan rellenar su propia botella reutilizable, eliminando la necesidad de comprar agua embotellada de forma repetida. Es una solución práctica, accesible y basada en la transformación de hábitos cotidianos”, desgrana Bosch.

Por su parte, Rocío Taberner, de Thalassa Surf Wax, ofrece también una alternativa a la cera tradicional de surf, la cual suele estar hecha a base de parafina, un derivado del petróleo. Dicha alternativa consiste en una cera ecológica elaborada localmente. “Estos ejemplos reflejan que el cambio no depende de una única gran solución, sino de muchas iniciativas que, desde distintos ámbitos, replantean la forma en la que consumimos”, destaca Ayelén Bosch. “El reto está en que estas alternativas dejen de ser un nicho y pasen a estar al alcance de la mayoría”, añade. Llamativa es también la incorporación de los plásticos que el artista conceptual mallorquín Julià Panadès, (quien también interviene en el documental) realiza en sus obras, en las que da una ‘segunda vida’ a objetos como latas de refresco, botellas, tapones, mecheros o pajitas.

Un tema que “atraviesa personalmente”

Con este documental, que cuenta con la grabación en cámara de Samuel de Pau y con la edición a cargo de De Pau, Gabriel Martínez y la propia Ayelén Bosch, se traza “un viaje por mi isla para conocer a quienes luchan por protegerla. Personas que, desde la tradición, la ciencia y la innovación, buscan soluciones locales a un problema global”, relata la creadora.

En este documental, además de los anteriormente mencionados, Bosch incluye también los testimonios de Elena Fensie y Lucian Fernández, de CleanWave Foundation, la científica Carme Alomar, del Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de Oceanografía y Francisco Panario, de UpSailing Mallorca.

Bosch, como ella misma narra en la pieza, ha sentido desde niña “una profunda conexión con el mar”. Por ello, la cuestión sobre la que versa el documental no es baladí. “Es un tema que me atraviesa personalmente. Soy mallorquina y he visto con mis propios ojos cómo la isla en la que nací se deteriora poco a poco”, subraya Bosch. 

Es un tema que me atraviesa personalmente. Soy mallorquina y he visto con mis propios ojos cómo la isla en la que nací se deteriora poco a poco

Danna Ayelén Bosch — Creadora de 'Un darrer capficó'

Su formación también influye en la perspectiva tomada: “Aparte de vivir esta realidad, estudié un máster en empresas de moda sostenibles, donde profundizamos en los impactos negativos que generamos sobre el medio ambiente; entre ellos, el uso excesivo del plástico”, añade. Como ejemplo, Bosch ilustra que “la industria del fast fashion utiliza mayoritariamente materiales sintéticos, que no dejan de ser derivados del plástico”.

Pese a que pueda parecer que estemos en un panorama lejos de ser idílico, Bosch inocula en su documental un sentimiento de esperanza ante una posibilidad de revertir esta situación. De hecho, una de las cosas que más le marcó de manera positiva a Bosch fue “lo fácil” que le resultó “conectar con todas las personas que participan en el documental, la cantidad de gente comprometida, dispuesta a implicarse, a compartir su trabajo y a regalar su tiempo de forma totalmente desinteresada. Eso, en sí mismo, ya es un indicador de que algo está cambiando”, subraya.

Por este motivo, concluye Bosch, cree que “este cambio ya está en marcha, pero es un proceso que requiere tiempo”. Recalca, además, que “estas asociaciones y entidades no solo están actuando directamente sobre el problema, sino que también están generando conciencia, inspirando a otros y demostrando que hay alternativas reales”.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente realizar tocamientos a una turista en una discoteca de Playa de Palma y agredir a su pareja cuando se lo recriminó.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, sobre las 23.00 horas del pasado martes, se recibió llamada en el 091 en la que el personal de seguridad de una discoteca de Playa de Palma informaba de que tenían retenido a un varón alemán por haber agredido sexualmente a una joven en el interior del recinto.

Varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) acudieron al lugar. La víctima les contó que el presunto autor, al menos dos veces, le había agredido sexualmente mientras se encontraba bailando junto a su pareja.

La joven manifestó, además, que el ahora arrestado agredió a su pareja, que tenía un golpe en el rostro, cuando le recriminó la acción. Los agentes detuvieron al presunto agresor y lo trasladaron a dependencias judiciales.

Se da la circunstancia de que, el pasado mes de mayo, la Policía Nacional detuvo a dos hombres acusados de agredir sexualmente a una mujer que se encontraba de vacaciones en Mallorca y que logró escapar del vehículo en el que presuntamente ocurrieron los hechos para pedir auxilio en una vivienda cercana. La autoridad judicial decretó el ingreso provisional en prisión de ambos detenidos.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha estimado el recurso presentado por los impulsores de la protección de la antigua Casa del Pueblo de Palma, obligando al Govern balear a tramitar su solicitud para incluir el solar en el Catálogo de Espacios de Memoria. La sentencia anula la resolución administrativa que inadmitió la petición en 2021 y ordena a la Administración autonómica iniciar el procedimiento, tramitarlo íntegramente y dictar una resolución sobre el fondo del asunto.

La Casa del Pueblo fue durante más de una década uno de los principales centros de organización de la clase trabajadora de Mallorca. El edificio original fue donado por el banquero y financiador de la trama golpista de Franco Juan March al movimiento obrero durante la Segunda República y se convirtió en un referente del sindicalismo y del asociacionismo popular en Palma.

Sin embargo, tras un largo proceso de transformación urbana y revalorización inmobiliaria del barrio, el inmueble desapareció. Tal como contó elDiario.es en un reportaje publicado en 2022, el histórico edificio no sobrevivió a la presión especulativa y fue demolido para dar paso a una promoción residencial de lujo, un desenlace que los activistas consideran paradigmático de cómo la gentrificación ha borrado parte del patrimonio popular de la ciudad.

Con todo, la piqueta borró el edificio, pero no la batalla por su memoria. La solicitud presentada en 2021 perseguía precisamente proteger el solar como espacio de memoria democrática, con el objetivo de reconocer el papel histórico que desempeñó en la organización de las clases trabajadoras y evitar que su significado desapareciera definitivamente del paisaje urbano.

El fallo supone ahora una victoria para la plataforma que desde hace años reclama la preservación de este emblemático enclave del movimiento obrero mallorquín, aunque no implica automáticamente que el solar vaya a ser protegido. La sentencia deja claro que la cuestión no es si la Casa del Pueblo debe ser inscrita o no en el catálogo, sino que la Administración no podía impedir que esa posibilidad fuese examinada mediante el procedimiento previsto en la ley.

La resolución llega más de cuatro años después de que se presentara la solicitud de inscripción al amparo de la Ley balear de memoria democrática de 2018. Según recuerdan los promotores de la iniciativa, el propio Govern presidido entonces por Francina Armengol acabó allanándose al recurso contencioso en mayo de 2023 tras asumir el criterio de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que consideró insostenible la inadmisión inicial. Pese a ello, la Sala ha tardado hasta mayo de 2026 en dictar sentencia.

Derogación de la ley de memoria

La decisión se produce además en un contexto político especialmente complejo. Los promotores de la iniciativa recuerdan que PP y Vox derogaron el pasado mes de marzo la ley balear de memoria democrática. No obstante, destacan que el Gobierno central ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra esa derogación, lo que, de admitirse a trámite, supondría la suspensión de la norma aprobada por el Parlament balear y la recuperación provisional de la ley de 2018 mientras el Tribunal Constitucional resuelve el conflicto.

A juicio de la plataforma, este escenario vuelve a abrir la puerta a que el solar pueda ser inscrito en el Catálogo de Espacios de Memoria. Sus integrantes sostienen que la reivindicación trasciende el ámbito memorialístico y plantea un debate sobre quién decide el uso de los espacios urbanos en una ciudad marcada por la crisis de vivienda y la presión inmobiliaria.

Corazón del movimiento obrero mallorquín

Durante más de una década, la Casa del Pueblo fue el corazón del movimiento obrero mallorquín. Inaugurada en enero de 1924 tras un proceso impulsado años antes por sindicatos y organizaciones de trabajadores, el edificio y el solar fueron donados por March. Según el historiador David Ginard, el financiero se había comprometido inicialmente a financiar únicamente la construcción, confiando en que el Ayuntamiento cediera los terrenos, pero la negativa de la corporación municipal, entonces dominada por sectores conservadores, lo llevó a asumir también la compra y cesión del solar.

Durante sus doce años de existencia hasta el golpe militar del 19 de julio de 1936, la Casa del Pueblo se convirtió en mucho más que una sede sindical. Además de albergar reuniones de organizaciones obreras, acogía conferencias, clases, representaciones de teatro, ensayos de corales, una biblioteca, una sala de actos y las actividades de cooperativas y sociedades de socorro mutuo. Su relevancia la convirtió también en objetivo de la violencia política: un atentado perpetrado por la Falange dejó siete personas heridas.

Tras el triunfo de los sublevados, el edificio fue ocupado por la Falange y transformado en un centro de detención y tortura durante la represión franquista. Entre las personas que pasaron por sus dependencias estuvo Aurora Picornell, conocida como la Pasionaria de Mallorca. La Casa del Pueblo sobrevivió a la dictadura, pero no a la especulación urbanística del tardofranquismo: en 1975 fue derribada después de que el Ayuntamiento alegara que se encontraba en estado ruinoso, una versión que los vecinos siempre cuestionaron.

La escena se repite cada año. Un grupo de turistas entusiasmados con la isla abandona Menorca tras unas vacaciones idílicas, convencidos de su amor platónico por el territorio insular. Antes de partir, reciben el alto del personal de seguridad del aeropuerto tras pasar el equipaje por rayos X. Una maleta de diseño se abre en canal mostrando al mundo un interior fascinante: piedras, arena, fósiles, conchas, caracolas y guijarros de mil colores y formas distribuidos entre los atuendos de lino del verano. Según el Departamento de Medi Ambient del Consell Insular de Menorca, en los últimos 10 años se han requisado más de 15 toneladas de material geológico extraído por turistas de las playas y calas de la isla.

El argumento es el souvenir, el recuerdo, la apropiación de un pedazo de Menorca a modo de obsequio. El daño ambiental, sin embargo, es mucho más grave de lo que se podría suponer. “El problema de la retirada de este tipo de sedimentos no tiene que ver solamente con las cifras de material que se interceptan en el aeropuerto y que son más o menos estables cada año. La erosión más preocupante se produce por lo que llamamos efecto hormiga, es decir, que si cada uno de los turistas que pasa por las playas de Menorca cada verano se llevase 100 gramos de arena, al final de un año tenemos 100 toneladas menos en una playa. Dada la magnitud y el volumen de turistas que visitan la isla cada año. El problema al final es la masificación”, explica Agustí Rodríguez, científico del Centre Geològic de Menorca.

La erosión más preocupante se produce por lo que llamamos efecto hormiga, es decir, que si cada uno de los turistas que pasa por las playas de Menorca cada verano se llevase 100 gramos de arena, al final de un año tenemos 100 toneladas menos en una playa. Dada la magnitud y el volumen de turistas que visitan la isla cada año. El problema al final es la masificación

Agustí Rodríguez — Científico del Centre Geològic de Menorca

Según datos del Departamento de Medi Ambient del Consell Insular, las cifras de material extraído cada año rondan la tonelada, aunque en 2021 –el primer año de apertura total tras el encierro de la pandemia– se contabilizaron 3.904 kilos retenidos en el aeropuerto. Al finalizar la última temporada de verano, en octubre de 2025, el material recogido pesaba 987,55 kg. “Al constatarse la fuga de material y debido a la masificación turística se puso en marcha este programa en 2015 como un acuerdo entre AENA y Mestral –organismo que depende de Cáritas–, a través de un programa de inserción laboral. Nosotros desde el Centro de Geología colaboramos realizando las tareas de clasificación y finalmente se lo entregamos al Servicio de Limpieza de Playas que devuelve el material al territorio”, explica Rodríguez.

Menorca batió un récord –nuevamente– en 2025. Según las cifras del Instituto de Estadística de las Islas Baleares (IBESTAT), pasaron por la isla 1,7 millones de turistas. Nunca antes desde que existen cifras se habían paseado por sus playas tantos visitantes durante una temporada de verano. La pregunta sobre si puede una Reserva de la Biosfera soportar este nivel de presión humana queda opacada por otra quizás más acuciante: ¿cuántas temporadas aguantará la costa menorquina antes de que el impacto sea irreversible?

“Claro que la masificación trae problemas ambientales. Con cada extracción de material se pierden cantidades de carbonato cálcico –la arena de las Baleares es esencialmente bioplástico procedente de fragmentos de conchas– que sirve para que otros seres vivos puedan reutilizar, para protegerse, en fin, para sobrevivir. La erosión de arena rompe el equilibrio químico y natural de las playas de Menorca. Para nosotros está claro que el problema central es la cuestión de la masividad”, explica Agustí Rodríguez, quien, sin embargo, reconoce que la erosión natural también es un factor clave en la pérdida de arena de algunas playas. “Es cierto que las playas y litorales tienen mecanismos de alta y baja producción de arena dependientes de muchos factores ambientales y climáticos, pero cuando se incorpora el factor masividad humana cada año, la pérdida tiene un impacto claro”, concluye.

Con cada extracción de material se pierden cantidades de carbonato cálcico que sirve para que otros seres vivos puedan reutilizar, para protegerse, en fin, para sobrevivir. La erosión de arena rompe el equilibrio químico y natural de las playas de Menorca

Agustí Rodríguez — Científico del Centre Geològic de Menorca

El protocolo y la devolución

El primer filtro para detectar la extracción ilegal de material geológico se encuentra en los controles de seguridad del aeropuerto. Los trabajadores encargados de esta tarea explican que, cuando los escáneres de rayos X revelan la presencia de recipientes que podrían contener arena, piedras o fósiles —habitualmente pequeños frascos, botellas de plástico o paquetes ocultos entre la ropa—, se solicita al pasajero que abra su equipaje para comprobar su contenido.

Si se confirma la presencia de material geológico, se activa el protocolo de colaboración con el Departamento de Geología del Consell y con Mestral para su clasificación y posterior devolución a la zona de origen. Según relatan los propios empleados, la reacción más habitual entre los viajeros es la sorpresa. “Cuando les explicamos el motivo de la intervención, casi siempre lo entienden y piden disculpas. Algunos hacen preguntas, pero en general siempre colaboran”, señalan e insisten en que una campaña informativa sería clave para frenar la erosión geológica en Menorca. “Nos ahorraríamos mucho trabajo si hiciéramos concientización, tanto en el aeropuerto como en los puertos. Muchas veces nos topamos con que hay más desinformación que mala fe”, concluyen.

Áreas geográficas

Para proceder a la devolución del material incautado, los geólogos dividen Menorca en dos grandes regiones geológicas: Tramuntana, al norte, y Migjorn, al sur. La primera se subdivide, a su vez, en tres categorías conocidas como la Menorca oscura, la roja y la gris, mientras que en la mitad sur predomina la llamada Menorca blanca, la más extensa de la isla. A ellas se suman pequeñas áreas dispersas que los especialistas agrupan bajo la denominación de Menorca amarilla.

“Esta clasificación por colores es una herramienta didáctica que facilita la identificación de las distintas unidades geológicas de la isla y permite devolver el material requisado a su zona de origen”, explican desde el Departamento de Geología del Consell. En los últimos años, este servicio ha ampliado además el mapa geológico de Menorca mediante un catálogo de Lugares de Interés Geológico (LIG), que, según indican los expertos, coincide en gran medida con las zonas donde se registra una mayor extracción de material geológico, fósiles y minerales. “Esto tiene un efecto directo sobre la pérdida de microhábitats, ya que la retirada de piedras y conchas afecta a pequeños invertebrados que quedan expuestos y desempeñan un papel clave en el equilibrio del ecosistema”, advierten.

El Consell Insular advierte que este fenómeno 'tiene un efecto directo sobre la pérdida de microhábitats, ya que la retirada de piedras y conchas afecta a pequeños invertebrados que quedan expuestos y desempeñan un papel clave en el equilibrio del ecosistema'

Las malas costumbres

Pero la costumbre de llevarse un recuerdo de la playa no es exclusiva de Menorca. Se trata de un fenómeno que afecta a numerosos enclaves costeros y espacios naturales protegidos tanto en el Estado español como en otros países. El pasado mes de mayo, una pareja de turistas alemanes fue interceptada por agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife acusada de arrancar varios ejemplares de tajinaste rojo —una especie protegida, conocida como la “sangre del Teide”, que puede alcanzar los tres metros de altura— y de extraer piedras volcánicas del Tabonal Negro, una zona de especial protección ambiental dentro del Parque Nacional del Teide.

Casos similares se han registrado en Cerdeña, donde en agosto de 2020 dos turistas franceses fueron sorprendidos cuando intentaban abandonar la isla en un ferry rumbo a Toulon con 40 kilos de arena y fósiles procedentes de una playa de Chia. La aduana italiana interceptó el material y ambos fueron sancionados con una multa de 3.000 euros. Sin embargo, el problema trasciende el ámbito del “souvenir” turístico. En 2022, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente dedicó un informe específico a este recurso, Sand and Sustainability, en el que advertía de que la arena es el segundo recurso natural más explotado del planeta después del agua, con un consumo estimado de 50.000 millones de toneladas al año.

Aunque pueda parecer un gesto inocente, todos los expertos coinciden en que la extracción de material geológico supone una alteración innecesaria del entorno y reclaman una mayor protección. En el caso de Menorca, los geólogos se lamentan. “Nos llenamos la boca de decir que somos Reserva de la Biosfera, pero a ratos no lo parece. Necesitamos una regulación específica de esta actividad”, comenta Xavier Bosch. Aun así, los especialistas insisten en que el objetivo no es alarmar sobre un riesgo inminente de degradación irreversible, sino actuar antes de que el problema alcance mayores dimensiones. “Es una práctica que hay que detener, no porque exista un peligro inmediato de colapso sedimentario en ninguna playa o cala concreta, sino porque todavía estamos a tiempo de prevenirlo”, concluye.

Para llegar a la Estación Marítima de Botafoc –de donde salen los ferris desde Eivissa con destino a Dènia, València o Barcelona– hay que pasar por el emblemático monumento de los podencos, cruzar l’Avinguda Vuit d’Agost, pasar por un hotel de lujo y dejar atrás la discoteca de las dos cerezas, Pachá, una de las más famosas del mundo. En esta localización, la urbanización de vecinos de s’Illa Plana está en pie de guerra porque está previsto que el Lío se traslade a la ubicación actual del Ibiza Hotel Corso de cara a 2027. El Lío es un cabaret de lujo –el precio mínimo para reservar un menú con espectáculo son 500 euros para dos personas– que funciona también como sala de discoteca, pero que dejará su actual emplazamiento situado en Marina Ibiza, en la denominada Milla de Oro.

“La ley se tiene que aplicar para todos”, afirma a elDiario.es Alberto Sánchez, portavoz de la Comunidad de Vecinos de s’Illa Plana. Quienes residen en esta urbanización interpretan que Lío no puede funcionar como sala de espectáculos o discoteca cuando se traslade a su nueva ubicación debido a que presuntamente incumpliría la normativa urbanística. El Plan General de Ordenación Urbana de Eivissa, aprobado en 2023, establece en su artículo 47.5.4 que “queda prohibida –en todo el término municipal– la instalación de nuevas discotecas o similares”, una cuestión cuya interpretación en este caso concreto corresponde a los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento. “No puede ser que venga un fondo de inversión o capital extranjero y pueda hacer lo quiera”, lamenta Sánchez.

Por otro lado, los vecinos ven con preocupación que se puedan generar nuevos problemas de convivencia. La zona que comprende desde la rotonda del monumento de los podencos –una de las entradas a la ciudad– hasta la Estación Marítima Botafoc está repleta de establecimientos de todo tipo –cafeterías, bares, restaurantes, hoteles, clubes, discotecas–, lo que la convierte en un lugar muy visitado durante la temporada turística. A esta situación de saturación se añade el hecho de que sea una zona muy transitada por vehículos de todo tipo que entran y salen de la Estación Marítima.

“La convivencia es primordial”, advierte Sánchez. El portavoz detalla que la estrategia del grupo empresarial se basa en la utilización de una figura legal que, a su juicio, se está forzando para encajar el proyecto en s'Illa Plana. Sánchez explica que la promotora se ampara presuntamente en que el establecimiento adquirido –Ibiza Hotel Corso– dispone de una licencia para actividades complementarias, una categoría que los vecinos consideran que se está pretendiendo usar de forma irregular. “El tema es que las actividades complementarias son para uso exclusivo de los clientes del hotel”, recalca el portavoz.

La comunidad de vecinos interpreta que el traslado de un negocio como el Lío —cuyo modelo se basa en un espectáculo y sala de fiestas abierto al público general y no restringido a los huéspedes— a una ubicación con este tipo de permiso supone, en la práctica, la creación de un “nuevo concepto”. “Requiere una solicitud de licencia nueva”, argumenta Sánchez.

Los vecinos consideran que Lío no podría trasladarse al hotel que ha adquirido la empresa, el Ibiza Hotel Corso, porque este tiene licencia para 'actividades complementarias', exclusivas par los clientes del hotel, mientas que Lío se basa en un espectáculo y sala de fiestas abierto al público general

“Requiere una nueva licencia”

“Ellos han pedido un traslado para la ubicación de Lío a un hotel que tiene actividad complementaria –de sala de fiestas– solo para uso de hotel, pero ellos quieren llevar a cabo una actividad secundaria, que es un nuevo concepto”, puntualiza el portavoz. “En primer lugar, requiere solicitar una nueva licencia que ya no se puede dar por el Plan General de Ordenación Urbana”, insiste, ya que prohíbe la apertura de nuevas discotecas en todo el término municipal. Por tanto, la licencia antigua de la que dispone el hotel no serviría, según interpretan.

Es la misma interpretación que hace la Asociación Empresarial de Ocio Nocturno (AEON), que recuerda que “no existen licencias específicas para hoteles que puedan funcionar como discotecas, ya que las salas de fiestas tienen su propia licencia de actividad, distinta a la de un hotel o un restaurante”. “En ese caso, se trataría de la concesión de una licencia nueva en un hotel, con los consiguientes perjuicios para la convivencia, y que además requiere los preceptivos estudios de movilidad y evacuación, para casos de emergencias, que el Ayuntamiento de Eivissa debería hacer públicos, tal y como piden los vecinos afectados y también reclamamos desde la Asociación”, según manifiestan en un comunicado trasladado a este diario.

El Plan General de Ordenación Urbana prohíbe la implantación de nuevas discotecas en el municipio. La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno (AEON) recuerda que 'no existen licencias específicas para hoteles que puedan funcionar como discotecas'

Sánchez profundiza en que en la zona de s’Illa Plana se han concedido en el pasado licencias para determinadas actividades en los hoteles, que permiten pequeñas actuaciones o espacios de baile. A veces incluso con música ambiental o la utilización de algún equipo de sonido. De este modo, cuando los clientes del hotel terminan de cenar, o mientras disfrutan de la cena, pueden contar con una oferta de ocio limitada, así como música y baile. “No tiene nada que ver con abrir una macrodiscoteca, al público, como la de Lío”, lamenta el portavoz.

La zona está “absolutamente colapsada”

Asimismo, señala los problemas de tráfico que se van a generar, ya que esta zona está “absolutamente colapsada”, debido a la cantidad de motos, coches, taxis, camiones y transportistas que circulan entre abril y octubre. Además, recuerda que s'Illa Plana cuenta con únicamente una calle de acceso de un solo carril y sentido obligatorio, además de otra vía destinada a la salida. Y añade la cantidad de cruceros que llegan a Eivissa a través de la Estación Marítima, lo que suma más cargas y descargas de motos, coches, taxis, autobuses y pasajeros. “Illa Plana está colapsada a cualquier hora del día”. “No podemos tensionar más el barrio”, advierte.

Consultado sobre si han podido hablar con el Lío, Sánchez aclara que el problema lo tiene el Ayuntamiento. “Nos prometieron una respuesta en breve, pero aún no la han dado”, señala el portavoz. El Ajuntament d’Eivissa no ha respondido a las preguntas de este diario en el momento en que se publica esta noticia. Concretamente, al Consistorio se le preguntaba si considera que el traslado del Lío al Ibiza Hotel Corso puede ampararse en las licencias actualmente vigentes o si requiere una nueva autorización, dado que el PGOU prohíbe la implantación de nuevas discotecas en el municipio.

También se solicitó información sobre las denuncias vecinales que apuntan a que supuestamente las obras en el Ibiza Hotel Corso habrían comenzado antes de obtener la correspondiente licencia y sobre la posibilidad de revisar de oficio las autorizaciones concedidas. Asimismo, este diario preguntó si la empresa promotora ha presentado los estudios de movilidad y evacuación exigibles para una actividad de estas características en una zona que los residentes consideran ya saturada de tráfico durante la temporada turística.

“Nosotros vamos a seguir nuestros pasos”, apunta Sánchez. Los vecinos advierten de que están dispuestos a llegar “hasta donde haga falta” con tal de defender la convivencia del barrio, así como la legalidad urbanística del municipio, mediante la cual interpretan que no se puede abrir una nueva discoteca en el municipio.

El Lío afirma que cumple la ley

El Lío de Ibiza, que opera bajo Lío Ibiza SL, no ha respondido a las preguntas de elDiario.es en el momento en que se publica esta noticia. El primer mensaje –en el que se puso en conocimiento el contenido de este reportaje– se trasladó el pasado 27 de mayo, con el objetivo de incorporar la versión oficial de la empresa. Sin embargo, el cabaret-discoteca mantiene que el “traslado previsto” se está desarrollando “dentro del marco administrativo y urbanístico correspondiente, con pleno y absoluto cumplimiento de todas las exigencias legales, técnicas, medioambientales y de convivencia que resulten aplicables”, según explicó a Diario de Ibiza.

En la misma línea, Lío Ibiza insiste en que no quiere “alimentar polémicas ni entrar en confrontaciones estériles”, rechazando que el traslado no se esté realizando en base a la ley. “Este proyecto se desarrolla con pleno respeto a la normativa vigente, a las licencias aplicables y a los procedimientos administrativos correspondientes”, insistieron.

La empresa afirma que ejercerá, como siempre, “sus derechos con responsabilidad y seriedad en defensa de su actividad, de su proyecto empresarial y de los puestos de trabajo que genera”. Finalmente, señala que su “nueva etapa en el Hotel Corso” tiene como objetivo mejorar la calidad, diseño y posicionamiento turístico de la empresa, y supone una oportunidad “para seguir aportando valor a la isla, al tejido económico local y a la imagen de Ibiza como destino internacional de excelencia”.

El administrador único de Lío Ibiza SL es la sociedad Galaxia Estelar SL. El presidente del consejo de administración de esta sociedad es Julio Bruno Castellanos, mientras que los consejeros son Manuel Garí Eguillor, Javier Bañón Treviño, María Iria Urgell Calderón, Víctor Manuel García Reymundo, Javier Fernando Olascoaga Palacio y Mediterranean Sky International SA. Excepto el presidente, todos ellos estuvieron vinculados a Pachá, antes de que el grupo vinculado a la icónica discoteca se separara del Lío, lo que coincidió con la entrada de Trilantic Capital Partners en la marca de las dos cerezas.

El Tribunal Supremo ha puesto fin al largo conflicto judicial que enfrentaba al Obispado de Mallorca con la Comunidad de Religiosas Jerónimas del convento de Santa Isabel, en Palma, al tumbar el último intento de la diócesis de arrebatarles la titularidad del inmueble. El Alto Tribunal ha inadmitido el recurso de casación con el que el Obispado pretendía revertir la sentencia que dio la razón a la congregación en la disputa por la propiedad de sus bienes y ha declarado firme la resolución. Tras años de litigio y varias instancias judiciales, las Jerónimas consolidan definitivamente su victoria y cierran una batalla legal que ya no admite más recursos.

La providencia de la Sección de Admisión de la Sala Primera del Supremo, que impone las costas procesales a la diócesis y acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir, desmonta uno por uno los argumentos con los que la institución eclesiástica buscaba invalidar su derrota judicial. Los magistrados rechazan los siete motivos planteados por la institución eclesiástica y concluyen que ninguno de ellos presenta el interés casacional necesario para justificar una revisión del caso.

El origen del conflicto se remonta varios siglos atrás. La historia del convento y de la iglesia de Santa Isabel arranca en 1336, cuando Jaume Ça Granada donó unas casas y un huerto a una comunidad femenina que tomó a Santa Elisabet como patrona. Cuando aquella comunidad fue disuelta por decisión episcopal en 1485, su patrimonio pasó a manos de las monjas jerónimas que la sustituyeron. Es precisamente la titularidad histórica de esos bienes, alterada posteriormente por los procesos desamortizadores del siglo XIX, la que ha estado en el centro de la larga batalla judicial que ahora el Tribunal Supremo da por cerrada.

La ley de 1860, clave del litigio

Una de las estocadas del tribunal afecta al núcleo histórico del conflicto: la interpretación de la Ley de 4 de abril de 1860. La norma, aprobada tras los procesos desamortizadores del siglo XIX, regulaba la devolución a la Iglesia de aquellos bienes eclesiásticos que habían sido incautados por el Estado pero que nunca llegaron a venderse. La cuestión central del litigio era determinar quién debía ser considerado el legítimo propietario de esos inmuebles: si el Obispado de Mallorca o la comunidad religiosa que los poseía antes de la desamortización. En este sentido, el Supremo respalda la tesis de la Audiencia y recuerda que su propia jurisprudencia ha establecido que la ley de 1860 ordenaba la restitución de los bienes a quienes eran sus propietarios antes de la desamortización. En este caso, concluye, esa condición correspondía a la comunidad religiosa y no al Obispado.

En esta línea, la Sala desactiva también la relevancia que la diócesis atribuía al convenio suscrito en 1865 entre el Estado y el Obispado para concretar el reparto de los bienes afectados por la desamortización impulsada diez años antes por el entonces ministro de Hacienda, Pascual Madoz. La institución eclesiástica sostenía que ese documento respaldaba sus pretensiones sobre los inmuebles en disputa, pero el Supremo considera que la cuestión ya había quedado resuelta de forma implícita por la Audiencia. Si ésta concluyó que los bienes desamortizados que nunca llegaron a venderse correspondían a la congregación religiosa y no al Obispado, razona la Sala, el valor probatorio que la diócesis atribuía al convenio de 1865 quedaba automáticamente descartado, sin necesidad de un pronunciamiento específico sobre aquel documento histórico.

Respecto a los reproches procesales formulados por la diócesis, los magistrados descartan que la Audiencia Provincial vulnerase la doctrina sobre la cosa juzgada, uno de los principales pilares del recurso. El Obispado sostenía que una resolución anterior condicionaba necesariamente el resultado del procedimiento actual, pero el Supremo replica que ambos litigios perseguían objetivos distintos: mientras el primero versaba sobre una rectificación registral, el segundo tenía por objeto determinar quién era el legítimo propietario de los inmuebles.

Los magistrados también rechazan los argumentos vinculados a la usucapión al entender que, incluso si se eliminaran del razonamiento de la Audiencia, el fallo seguiría sosteniéndose sobre fundamentos jurídicos independientes. En otras palabras, la discusión carecía de capacidad para alterar el resultado del pleito.

Tras rechazar todos los motivos de casación, el Supremo acuerda la inadmisión íntegra del recurso, declara firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma y cierra definitivamente una disputa judicial que se arrastraba desde hace años. La resolución pone fin a la vía judicial ordinaria, ya que contra la providencia de inadmisión no cabe recurso alguno.

Victoria y alivio entre las Jerónimas

En un comunicado difundido este viernes, la presidenta de la Federación de Monasterios de Monjas Jerónimas de Santa Paula y priora del monasterio de Santa Isabel, sor Ángeles Sanz Rodríguez, ha aplaudido que el Supremo haya inadmitido el recurso de la diócesis y haya convertido en firme la sentencia favorable a la congregación, cancelando de este modo la inmatriculación llevada a cabo en 2014 por el anterior Obispo, Javier Salinas, “contra todo derecho y razón y atentando contra los derechos históricos y patrimoniales de las monjas”, y mantenida “de manera contumaz” por su sucesor, Sebastià Taltavull.

Las Jerónimas recuerdan que “vienen poseyendo, ampliando, cuidando y atesorando pacíficamente” el monasterio desde 1485 y expresan su satisfacción por el hecho de que los magistrados ratifiquen que son las legítimas propietarias del inmueble y que el fallo zanje “definitivamente” una disputa que califican de “tan larga como lamentable”.

“Celebramos fervientemente que este pronunciamiento del Tribunal Supremo sea el último capítulo de esta controversia, tan larga como lamentable, que nos ha enfrentado a alguien tan de la Iglesia como es un Obispo”, subraya la nota. Por su parte, la letrada de las religiosas, Pilar Rosselló, pone de relieve que la Sala Primera haya rechazado en su totalidad el recurso de casación formulado por el Obispado de Mallorca y ha celebrado “con legítima satisfacción que hoy sí se ponga fin al sufrimiento” de las Jerónimas.

Santa Isabel figuraba en el listado de propiedades inmatriculadas por la Iglesia en Palma junto a algunos de los inmuebles más emblemáticos de la ciudad, como la Catedral de Mallorca, el Palacio Episcopal o la iglesia de Sant Miquel, además de solares, terrenos y viviendas. El caso adquiere así una relevancia especial en el debate sobre las inmatriculaciones eclesiásticas, un fenómeno que afectó a miles de bienes en todo el Estado y cuya huella también se extiende a todas las islas del archipiélago balear.

El futuro del convento

La resolución judicial abre ahora una nueva etapa para el monasterio. Situado en pleno centro histórico de Palma, el inmueble ocupa una ubicación especialmente codiciada y su valor patrimonial y urbanístico lo convierte en un espacio susceptible de despertar el interés de promotores hoteleros o inmobiliarios. Tras la primera sentencia que les dio la razón, dictada en 2022, las Jerónimas todavía no habían concretado qué uso tendría el conjunto una vez concluido el litigio. La prioridad, manifestaron entonces a este periódico, pasa por recuperar la vida religiosa en el monasterio. No obstante, las dimensiones del edificio y la escasez de vocaciones hacen prever una fórmula que combine la presencia conventual con actividades de carácter social, asistencial y cultural, además de la reapertura al culto de la iglesia.

En 2016, la Fundación Amadip-ESMENT planteó un proyecto que permitía compatibilizar una pequeña comunidad religiosa con iniciativas dirigidas a personas con discapacidad, incluyendo actividades de agricultura ecológica, elaboración y venta de productos monásticos, visitas guiadas al conjunto histórico y conciertos en el órgano del siglo XVIII que conserva la iglesia. La propuesta, que también contemplaba la recuperación del culto público, recibió el respaldo del Consell de Mallorca, del Instituto del Patrimonio Cultural de España, de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y de distintos especialistas en patrimonio. Sin embargo, nunca llegó a materializarse debido al conflicto judicial mantenido durante más de una década con el Obispado, una controversia que el Tribunal Supremo acaba ahora de dar por cerrada.

Casi siete meses después de que una veintena de jueces y juristas de prestigio de Balears, entre quienes se encuentran los exjueces José Castro y Juan Pedro Yllanes, remitieran una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que reclamaban, por cuarta vez consecutiva, que el rey Felipe VI anunciase su renuncia a la inviolabilidad penal que le otorga la Constitución, Moncloa ha respondido sin entrar en el fondo de la petición. Lejos de pronunciarse sobre la posibilidad de promover una reforma legal o constitucional en este ámbito, el Gobierno central ha recomendado a los firmantes que trasladen directamente su solicitud a la Casa del Rey.

“Gracias por escribir al presidente del Gobierno. Le contestamos en su nombre”, arranca el mensaje remitido por la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía. “Acusamos recibo de su escrito y le recomendamos que, si así lo considera, se lo haga llegar directamente a la Casa de Su Majestad el Rey a través de su página web. También puede hacerlo por vía postal remitiendo una carta a Palacio de la Zarzuela”, expresa la misiva dirigiéndose a uno de los firmantes, añadiendo a continuación la dirección donde se ubica la residencia oficial de la Familia Real.

La carta también esquiva pronunciarse respecto a otra de las peticiones que los juristas dirigieron exclusivamente al Ejecutivo central: que el CIS incorpore una pregunta sobre esta materia en sus barómetros. “No habiendo recibido de esa presidencia del Gobierno respuesta a ninguno de los tres escritos que le enviamos antes de los sucesivos discursos de Navidad pronunciados desde 2022, con la misma petición que aquí reiteramos, queremos solicitar también que, a partir de enero de 2026, el CIS incluya entre las preguntas de sus encuestas una que recabe la opinión de la sociedad sobre si debe continuar el privilegio que permite al actual jefe del Estado situarse al margen de la acción de la Justicia en cualquier circunstancia”, comentaron los juristas en su última misiva.

Sondear a la opinión pública

Los solicitantes consideran en esa misma carta que sondear a la opinión pública ayudaría a superar cualquier incertidumbre sobre una posible reforma legal en este sentido: “Esta petición solo depende del Gobierno que usted preside [en referencia a Pedro Sánchez] y la consideramos importante para resolver las dudas que pudieran existir entre los miembros del Congreso y del Senado sobre la reforma legal de un privilegio personal que se mantiene y cuyas consecuencias reales han sido muy negativas para nuestra democracia”.

En este sentido, Moncloa se limita a responder que también “puede enviar su solicitud en relación al cuestionario del Centro de Investigaciones Sociológicas a ese mismo organismo”, facilitando acto seguido el enlace que conduce a la página web del ente demoscópico. “Le agradecemos de nuevo que se haya tomado el tiempo de escribir al presidente del Gobierno. Para él es muy importante conocer las necesidades, inquietudes y reivindicaciones de la ciudadanía. Un cordial saludo”, concluye el escrito.

La respuesta remitida por Moncloa ha generado perplejidad entre los impulsores de la iniciativa. Los promotores cuestionan que Presidencia del Gobierno les remita a la Casa del Rey cuando su reclamación no iba dirigida a la Corona, sino al Ejecutivo, al que consideran competente para impulsar los cambios legales y constitucionales necesarios para poner fin a la inviolabilidad que ampara al jefe del Estado. En sus escritos, los juristas no solicitaban una actuación personal de Felipe VI, por lo que consideran llamativo que Moncloa evite pronunciarse sobre el fondo de la petición y los invite a dirigirse precisamente a la institución cuya situación jurídica pretenden modificar.

Los juristas no solicitaban una actuación personal de Felipe VI, por lo que consideran llamativo que Moncloa evite pronunciarse sobre el fondo de la petición y los invite a dirigirse precisamente a la institución cuya situación jurídica pretenden modificar

Asimismo, los firmantes muestran su extrañeza por el hecho de que la respuesta se formule como si se tratara de una iniciativa individual, pese a que todos los escritos remitidos hasta ahora identificaban expresamente a los miembros del colectivo y a los juristas que respaldan la reivindicación. A su juicio, la contestación no aclara si el Gobierno comparte la necesidad de revisar este privilegio constitucional, si contempla alguna reforma en este ámbito o si, por el contrario, descarta cualquier modificación.

Ante la falta de pronunciamiento de Moncloa, los juristas han decidido abrir el debate a la ciudadanía mediante una columna de opinión en elDiario.es en la que explican que, antes de decidir los próximos pasos de la iniciativa, desean conocer el parecer de la sociedad sobre la reforma constitucional que vienen reclamando desde 2022. La columna está suscrita por Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes y María Durán.

La propuesta de Carmen Calvo que nunca prosperó

La inviolabilidad del rey es una prerrogativa cuya interpretación ha sido ampliamente discutida por expertos en Derecho Constitucional y otros juristas, quienes consideran que esta figura debería suprimirse por completo o limitarse exclusivamente a los actos realizados en el ejercicio del cargo –no al ámbito privado–.

En su última misiva, a la que tuvo acceso en primicia elDiario.es, los impulsores de la iniciativa recordaban que la actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, reconoció en mayo de 2022 que, como vicepresidenta del Gobierno, había llevado a cabo gestiones ante la Casa Real para conocer la opinión del jefe del Estado sobre la posibilidad de una reforma legal destinada, según los juristas, a “suprimir el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia”, una circunstancia que, aseveran los firmantes de la carta, puede provocar, “entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas”.

Sin citarlas expresamente, aludían a las manifestaciones que Calvo realizó a El País en un artículo publicado en mayo de 2022. “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”, manifestó. Pedro Sánchez le había encomendado un año antes la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, pero, finalmente, los cambios quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia. En unas jornadas celebradas a principios de 2022, según recoge el mismo medio, Calvo enfatizó la necesidad de establecer, sin necesidad de reformar la Constitución, “en qué es inviolable y en qué no” el monarca.

Los firmantes de la carta lamentaban que habían transcurrido más de tres años y medio desde que se conoció “el fracaso de aquella gestión” sin que se haya producido desde entonces “ningún avance en la justa reforma planteada por quien fue vicepresidenta del Gobierno”. Por ello, reiteraban su petición para que el jefe del Estado, durante el discurso televisado que pronunció el pasado 24 de diciembre, incluyese su renuncia al privilegio de la inviolabilidad.

Carmen Calvo aseguró que el Gobierno estudió la posibilidad de modificar la inviolabilidad del rey: 'Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real'

El precedente de Juan Carlos I

“Una decisión que estamos convencidos sería aceptada por una mayoría suficiente de los representantes elegidos en las últimas elecciones generales”, subrayaban los juristas. “El mismo año en el que estamos celebrando los primeros pasos hacia la democracia tras la desaparición del dictador nos parece un momento muy adecuado para que comience la reforma de un privilegio personal que nunca debería haberse trasladado a la Constitución de 1978 en los términos que permitieron la interpretación realizada por el Fiscal Anticorrupción en marzo de 2022”, recalcaban.

Se referían, en concreto, a la decisión adoptada ese año por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las investigaciones dirigidas a seguir el rastro de los 100 millones de dólares que percibió Juan Carlos I de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, así como del dinero que sus benefactores usaron para pagarle cientos de miles de euros en gastos personales y que nunca pasaron por manos de la Agencia Tributaria. Las claves de su exoneración residían, principalmente, en su inviolabilidad. 

Tal como ha informado este periódico, el anterior rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría aportado a Hacienda 51 millones de euros.

En mayo de 2025, además, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él al ampararse en las resoluciones de archivo firmadas por la Fiscalía en 2022 y que “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. Se trata de un desenlace que, en la práctica, sitúa al monarca fuera del alcance del Derecho penal en cualquier circunstancia, incluso por actos estrictamente privados.

El Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo

Rex non potest peccare

La inviolabilidad del monarca, amparada por el artículo 56.3 de la Constitución de 1978 –“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”–, es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española. Se trata de una figura jurídica que abarca tanto los actos oficiales del jefe del Estado como los privados y que hunde sus raíces en la sacralidad real de las antiguas monarquías –resumida en el aforismo latino Rex non potest peccare (“el rey no puede pecar”)–, siendo incorporada al constitucionalismo moderno como un escudo frente a toda responsabilidad penal o civil. 

En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el alcance de esta prerrogativa y la imposibilidad de exigir responsabilidades más allá de los actos cometidos por el rey como jefe del Estado. La controversia se intensificó a partir del estallido del caso Nóos, en el que, por primera vez en la historia judicial española, un miembro de la familia real, la infanta Cristina, se sentó en el banquillo de los acusados. La causa abrió serios interrogantes sobre la supuesta intervención que Juan Carlos I habría tenido en los hechos investigados y puso en cuestionamiento hasta qué punto su blindaje habría podido amparar decisiones o comportamientos que, en el caso de otros ciudadanos, habrían sido objeto de responsabilidad penal.

Precisamente sobre ello, el juez que instruyó la causa, José Castro, aseguraba en esta entrevista concedida a elDiario.es que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado.

El juez que instruyó el caso Nóos, José Castro, aseguraba que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado

Varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC) han puesto de relieve, además, la tensión existente entre la inviolabilidad del rey y el control parlamentario. Una de ellas es la que anuló parte de una resolución del Parlament de Catalunya que reprobaba a Felipe VI por su discurso tras el referéndum del 1‑O de 2017 y que calificaba la monarquía de “institución caduca”: según los magistrados, la reprobación vulneraba el artículo 56.3 de la Constitución porque atribuía al Rey una responsabilidad política que la Constitución no le permite asumir. 

La otra sentencia, que anuló la creación, por parte de la Cámara autonómica catalana, de una comisión parlamentaria de investigación sobre la monarquía, dictaminó que lo que se pretendía era indagar en actividades del rey que, de acuerdo a la Carta Magna, están protegidas por su inviolabilidad y no están sujetas a responsabilidad alguna. Ambos fallos ponían así de manifiesto que la inviolabilidad no es un simple blindaje simbólico, sino un límite legal que impide que cualquier órgano parlamentario pueda ejercer control político o investigar penalmente al rey.

Los sondeos de Suárez a favor de la III República

Cabe recordar que el mismo grupo de juristas que reclama que el rey renuncie a la inviolabilidad remitió en enero del año pasado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le reclaman que se desclasifique toda la información relativa a las encuestas que supuestamente el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez habría encargado, varios años antes de la aprobación de la Constitución española, para conocer si la opinión pública, en el contexto de la Transición, prefería un Estado monárquico o republicano. Los sondeos darían la victoria a la proclamación de una nueva República en España, pero los pormenores que rodean a este asunto permanecen en el agujero negro de los secretos oficiales.

La confección y los resultados de tales encuestas habían dormido el sueño de los justos durante varias décadas hasta que un 'desliz' del propio Suárez jugó en su contra. En una entrevista inédita que la periodista y biógrafa oficial de la Transición, Victoria Prego, realizó en 1995 al expolítico y que sería desvelada por La Sexta Columna en noviembre de 2016 –nada menos que 21 años después–, Suárez reconoció que, cuando en 1977 impulsó la Ley para la Reforma Política que eliminaría jurídicamente las estructuras del aparato franquista, introdujo en ella las palabras 'rey' y 'monarquía', con disposiciones como “el Rey sanciona y promulga las leyes” o “el Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey”.

“Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, comentó tapándose el micro que llevaba en la corbata. “Metí la palabra rey y la palabra monarquía en la Ley y así dije que había sido sometido a referéndum ya”, justificó literalmente el expolítico, quien, de este modo, evitaba una consulta expresa sobre monarquía o república y se aseguraba la permanencia de la institución dinástica sin tan siquiera haber sido sometida a votación popular.

Avícola Son Perot S.A., empresa que opera bajo la marca Avícola Ballester, quiere construir una macrogranja con 80.000 gallinas ponedoras después de haber tenido que sacrificar casi 90.000 en la explotación de Llucmajor (Mallorca) para cumplir con las medidas dictadas por el Govern. Conocida como la ‘granja de los horrores’, estuvo operando de forma ilegal tanto por las sucesivas ampliaciones que se hicieron en las instalaciones, como por la inexistencia de determinados permisos y autorizaciones ambientales obligatorias, según el Govern. La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural sancionó a la empresa con 200.100 euros por siete faltas graves y una leve, como informó este diario.

Las instalaciones de Llucmajor estuvieron en el punto de mira después de que elDiario.es publicara en primicia unas imágenes inéditas que mostraban la perniciosa situación en la que malvivían las gallinas. El interior de la macrogranja presentaba unas condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas. Las imágenes, grabadas entre los días 21 y 29 de abril de 2025, fueron facilitadas a este diario por las asociaciones ARDE y Satya Animal.

La nueva granja que proyecta Avícola Son Perot pretende construir una explotación avícola de dos naves con una capacidad de 40.000 gallinas en cada una, en una parcela ubicada en la finca de Son Brau (Manacor). Así consta en el Proyecto básico de obra, consultado por este diario. Con ubicación en Manacor, sería la segunda granja que la empresa construye en este término municipal. La totalidad de las gallinas ponedoras estarían destinadas a la tipología con código 2, de gallinas en suelo. Es decir, con libertad de movimientos pero sin acceso al exterior.

La capacidad del proyecto presentado ante el Govern –se abrió un plazo de alegaciones de treinta días que se abrió a exposición pública el 28 de mayo, según el anuncio del BOIB–, roza los límites de lo que permite la legislación y debe pasar por varios trámites, entre ellos el Estudio de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental Integrada. La cifra de 80.000 aves coincide exactamente con uno de los umbrales fijados por la ley agraria balear para determinar las distancias mínimas que se deben respetar en la construcción de instalaciones avícolas respecto a los núcleos urbanos residenciales.

Avícola Ballester defiende que cumple

Avícola Son Perot sostiene que la macrogranja cumple este requisito porque la ley exige una separación de 6.000 metros únicamente a las granjas que superen la carga ganadera equivalente a 80.000 gallinas ponedoras, según argumentan en el Proyecto Básico de Autorización Ambiental Integrada, consultado por este diario. Al no superar esa cifra, sino situarse exactamente en ella, la empresa entiende que le resulta aplicable el escalón anterior, que obliga a mantener una distancia mínima de 4.000 metros respecto al suelo urbano residencial más próximo.

Según el proyecto, la urbanización de Son Talent, el núcleo residencial más cercano, se encuentra a 4.435 metros de las instalaciones previstas. La distancia a los cascos urbanos de Manacor, Petra y Ariany es de 5.560, 5.820 y 6.610 metros, respectivamente. La interpretación de ese límite podría ser objeto de discusión durante la tramitación ambiental. elDiario.es se ha puesto en contacto con Avícola Son Perot, que responde que no va a hacer declaraciones sobre el proyecto, dado que está en fase de exposición pública.

Uno de los problemas asociados a otra de las granjas de la empresa, la explotación de Llucmajor (Mallorca), son los malos olores que soportan los vecinos de las urbanizaciones colindantes. Estos y otros problemas relacionados fueron los que llevaron a los vecinos de Sineu a rechazar un proyecto de dimensiones estratosféricas: una macrogranja de 750.000 gallinas ponedoras, cuya tramitación fue paralizada por el Ayuntamiento. Pese a todo, la empresa considera que “no es previsible que se originen molestias a la población por olores”, teniendo en cuenta la distancia de la explotación a los núcleos urbanos mencionados.

En este sentido, argumentan que para reducir los olores y evitar afecciones ambientales por la emisión de los mismos “se aplicarán de forma continua en la instalación una serie de medidas preventivas”. Entre ellas, se dispondrá de un plan de gestión. Además, pretenden instalar barreras sanitarias para “disminuir el riesgo de difusión de enfermedades”. El Ajuntament de Manacor no ha respondido a las consultas de este diario, en el momento en que se publica esta noticia.

Qué dice el proyecto

La explotación avícola se prevé edificar sobre una superficie de 403.119 metros cuadrados, de los cuales 376.178 corresponden a un área de suelo rústico, que es donde se pretenden colocar las instalaciones. Por otro lado, hay una parcela de 26.941 metros cuadrados considerada como Área de Prevención de Riesgos (APR) de incendios, a unos 300 metros de la ubicación de las hipotéticas naves.

Además, contempla la construcción de un almacén para el empacado de los huevos de unos 343 metros cuadrados; un estercolero de unos 644 metros cuadrados, dimensionado para poder almacenar el estiércol producido durante un periodo de 4 meses y otras construcciones auxiliares. El estercolero solo podrá gestionar el estiércol procedente de esta explotación.

Bajo un sistema de producción de huevo basado en un régimen de semilibertad (las gallinas se alojan libres en las instalaciones, sin jaula, pero también sin salida al exterior), las aves llegan a la explotación con 17 semanas de vida. Tras un periodo de adaptación de una semana, empiezan el período de puesta que suele durar un año. Pasado este tiempo, se llevan al matadero. Los cadáveres se almacenarán en un contenedor cerrado hasta el momento de su traslado a la planta de valorización energética, es decir, la incineradora gestionada por TIRME. Se prevé una producción de 25,6 millones de huevos al año.

Esta producción implica un consumo de 9.600 metros cúbicos de agua. Para ello, la explotación dispondrá de abastecimiento de agua procedente de un pozo propio, debidamente legalizado, así como una concesión para explotar las aguas subterráneas, con un volumen anual de 17.817 metros cúbicos para regadío, otros usos agrarios y abastecimiento de la granja.

La zona se encuentra en una área de vulnerabilidad de acuíferos media, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Manacor. De hecho, el estado global de esta masa de agua subterránea es malo, y esta área es vulnerable “a la contaminación por nitratos de origen agrario”. Las consecuencias negativas sobre las aguas subterráneas podrían derivarse todavía más si se produjera una mala gestión del estiércol, lo cual debe evitarse con un plan de vigilancia ambiental. Avícola Son Perot maneja un presupuesto de un millón de euros para ejecutar el proyecto.

Sobre esta cuestión, la Dirección General de Recursos Hídricos responde a este diario que el proyecto todavía está “en una fase muy inicial de tramitación”, y que, por tanto, no se ha emitido “ningún informe” al respecto. Cuando corresponda, se analizarán las cuestiones que son competencia de la Dirección General, “como la disponibilidad de recursos hídricos, el aprovechamiento del agua prevista para la actividad, posibles cambios de uso, así como otros aspectos relacionados con el Plan Hidrológico o posibles afecciones al dominio público hidráulico”. Se trata de un procedimiento, señalan dichas fuentes, que todavía tiene un recorrido administrativo importante, “por lo que en estos momentos no es posible realizar una valoración concreta”.

Fuentes de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural –hay informes que dependen de dos de sus direcciones generales– señalan que se aprobó el Decreto Ley 1/2025 –con el voto favorable de MÉS, partido en la oposición–, avalado por los ayuntamientos, que establece medidas urgentes para proteger el medio ambiente y fija limitaciones estrictas a las explotaciones avícolas. El proyecto, por tanto, deberá encajar dentro de esta norma. Las mismas fuentes señalan que las autorizaciones pueden demorarse entre año y medio y dos años, si todos los informes de las autoridades competentes son favorables.

El proyecto ha salido a exposición pública a través de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, por lo que será este organismo quien solicitará todos los informes a las autoridades competentes. Este procedimiento incluye el informe del Ayuntamiento, que tiene que justificar si autoriza o no el proyecto, y en base a qué motivos. Fuentes de la Conselleria de Territorio explican que la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, que es el órgano ambiental que otorga la autorización ambiental integrada, está condicionada por el Decreto Ley 1/2025.

Esta norma destaca el límite máximo de capacidad fijado en 160.000 gallinas y la obligación de respetar distancias mínimas respecto a núcleos residenciales. El proyecto presentado es de hasta un máximo de 80.000 gallinas, lo que obliga que debe estar a una distancia de 4.000 metros de los núcleos urbanos. En cuanto a su tramitación, el proyecto “se encuentra actualmente en una fase inicial, y en este tipo de procedimiento, su tramitación administrativa puede durar entre un año y medio y dos años”.

Después del inicio del periodo de información pública, las distintas administraciones públicas deberán realizar sus informes y se abre periodo de alegaciones para todas aquellas personas interesadas. “Una vez concluya este proceso de información pública, se deberá iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario, obligatorio en una instalación de estas características”, señalan las fuentes consultadas. El Ayuntamiento de Manacor, finalmente, deberá informar si el proyecto es compatible o no con la planificación urbanística del municipio.

Alternativas al proyectoc

Avícola Son Perot se plantea alternativas a la presentación del actual proyecto. En primer lugar, la opción de no ejecutarlo porque de este modo “los impactos medioambientales negativos del proyecto se evitarían”, como figura en el Estudio de Impacto Ambiental, consultado por este diario.

En segundo lugar, la empresa explica que ha intentado elegir el lugar de forma que “los costes medioambientales y económicos del proyecto fueran los mínimos posibles”. La empresa promotora detalla, teniendo en cuenta las limitaciones que suponen las distancias respecto a las zonas residenciales, que no se han encontrado “alternativas que resulten ambientalmente más adecuadas que la elegida” y que sean “técnicamente viables para el proyecto propuesto y sus características específicas”.

En tercer lugar, plantean la posibilidad de reducir “la capacidad productiva”. Así, se reducirían todos los factores ambientales que van directamente ligados al número de animales, como “las emisiones totales a la atmósfera, el consumo de agua, la cantidad total de estiércol producida o el número de cadáveres”.

Sin embargo, a juicio de Avícola Son Perot, esta opción reduce la “rentabilidad del proyecto” y añade que, por razones de economía de escala, un aumento de la capacidad permite “reducir los costes de producción por plaza, aumentando la rentabilidad económica de la actividad y la viabilidad futura de la explotación”. Aspectos que son “realmente importantes en un sector que sufre especialmente los sobrecostes de la insularidad”.

La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado el desahucio de un hombre con una discapacidad reconocida del 65%, movilidad reducida y una situación de vulnerabilidad económica acreditada que subsistía en un establo semiderruido en una finca de Sant Lluís (Menorca). El inquilino sostenía que no tenía otra alternativa habitacional y que subsistía en un “habitáculo improvisado” carente de las mínimas condiciones de salubridad e higiene.

La historia refleja las contradicciones del mercado residencial menorquín. Mientras buena parte de la población se ve abocada a residir en construcciones improvisadas o en condiciones precarias ante la falta de alternativas habitacionales, la isla más oriental de Balears multiplica sus plazas hoteleras en suelo rural, beneficia con trámites exprés a hoteles de lujo con piscinas ilegales y continúa captando a inversores y compradores de elevado poder adquisitivo. En el caso de Sant Lluís, el precio medio de venta alcanzó el pasado mes de abril los 5.021 euros por metro cuadrado, según datos difundidos por el portal inmobiliario Idealista, lo que convierte a este municipio de 7.200 habitantes en uno de los más caros -y cotizados- de Menorca.

En este contexto de creciente tensión residencial, la sentencia, fechada en marzo, ha dado la razón a los propietarios de un terreno que reclamaban la recuperación de la posesión de la finca tras comunicar al arrendatario su voluntad de no renovar el contrato de alquiler que ambas partes habían firmado en agosto de 2019. La Audiencia rechaza cada uno de los argumentos del hombre, quien defendía que el acuerdo estaba vinculado a una explotación rústica y debía regirse por la normativa agraria y los usos tradicionales del campo menorquín, de modo que la propiedad no podía poner fin al contrato como si de una relación ordinaria de alquiler residencial se tratara.

Durante el procedimiento judicial, el inquilino explicó que, cuando llegó a la finca, apenas había “arbustos, rocas, desechos y un pequeño establo derruido” que en el pasado había servido para albergar animales. Con autorización del anterior propietario, aseguró, fue rehabilitando poco a poco aquella construcción hasta convertirla en un lugar donde guardar herramientas agrícolas y, con el paso del tiempo, en el espacio donde acabó viviendo.

La 'amitgeria' o sociedad rural menorquina

El hombre intentó evitar el desahucio amparándose en una figura jurídica tradicional del campo menorquín recogida en la Compilación del Derecho Civil de Balears: la amitgeria o sociedad rural menorquina, una institución histórica concebida para regular la explotación conjunta de fincas agrícolas entre el propietario y el cultivador, garantizando la estabilidad de la actividad agraria y evitando que quienes trabajan la tierra puedan ser expulsados de forma repentina. Entre otras cuestiones, esta normativa prevé la prórroga automática de los contratos y su continuidad incluso tras la muerte del propietario o del agricultor.

El arrendatario sostenía que su relación con la finca respondía, precisamente, a ese modelo tradicional. Según alegó ante el tribunal, realizaba labores agrícolas y mantenía con la propiedad una relación propia de los usos y costumbres rurales de Menorca, llegando incluso a repartirse cosechas y madera obtenida de la finca. Por ello, defendía que el contrato continuaba vigente y aseveraba que la propiedad no podía extinguirlo mediante el procedimiento previsto para un alquiler de vivienda convencional.

El lugar donde residía no podía considerarse, además, una vivienda convencional: aquel antiguo establo, alegaba, había acabado convirtiéndose en “un habitáculo improvisado donde no tiene más remedio que vivir”, y ello “sin la más mínima condición de salubridad e higiene” y sin que la construcción cumpliera “las normas de seguridad”.

Renta mensual de 200 euros

La Audiencia Provincial, sin embargo, rechaza esa interpretación al señalar que el contrato firmado en 2019 definía el inmueble como una “vivienda rústica”, establecía que el inmueble se arrendaba “exclusivamente” para ser destinado “a vivienda” y fijaba una renta mensual de 200 euros y una duración inicial de dos años. Al no considerar acreditado que la relación tuviera naturaleza agraria, el tribunal concluye que no procede aplicar la normativa tradicional invocada por el inquilino.

Los magistrados consideran así acreditada la existencia del contrato, la comunicación de extinción y el transcurso del plazo pactado. Además, concluyen que no ha quedado probado que el uso de la finca fuera distinto al que figuraba en el contrato firmado por las partes. “A la vista de los hechos probados no se discute la existencia del contrato, el requerimiento ni el transcurso del plazo”, señala la resolución, que añade que no puede darse por acreditado “el cambio de uso alegado en la instancia para fundamentar la aplicación de otra legislación”.

La Sala concluye que no se ha acreditado que el uso real de la finca fuera distinto del previsto en el contrato ni que procediera aplicar la normativa de arrendamientos rústicos, por lo que confirma íntegramente la sentencia de primera instancia que declaró extinguido el contrato por transcurso del plazo pactado y ordenó el desahucio. Con todo, contra la resolución de la Audiencia Provincial cabe la posibilidad de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Se da la circunstancia de que, hace apenas una semana y media, se produjo el desahucio de una familia de Sant Lluís que perdió su vivienda tras no poder hacer frente a la hipoteca que gravaba el inmueble. La casa, también situada en Sant Lluís, salió a subasta judicial hace varios años y acabó siendo adquirida por una nueva propietaria, lo que desembocó finalmente en el lanzamiento, tal como informó Menorca Es Diari. De acuerdo a la misma publicación, la familia estaba integrada por un matrimonio de unos 65 años y dos hijos adultos.

En enero, el Juzgado de Mahón ejecutó el desahucio de una familia residente en un piso de la avenida Fort de l'Eau, en Maó, formada por una mujer de 59 años que cuida de su hermana con discapacidad y de su padre, de 87 años. Los tres inquilinos, miembros de una familia vulnerable, salieron de la vivienda sin saber dónde irían a vivir al haber expirado el plazo extra concedido hacía un mes por el Juzgado.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a Julián C.V., expolicía local de Son Servera (Mallorca) condenado en 2024 a siete años y medio de cárcel por intentar matar a su mujer estrangulándola con un fular. El hombre logró quitarse la pulsera de control telemático que estaba obligado a llevar para verificar el cumplimiento de la prohibición de aproximarse a la víctima y huyó, eludiendo su ingreso en prisión.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular reclamaron su busca, captura y posterior ingreso en prisión. La semana pasada, agentes de la Policía Nacional del aeropuerto de Madrid interceptaron al varón recién aterrizado de Tailandia, donde había permanecido oculto desde la condena, según ha publicado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a elDiario.es fuentes de la investigación. El hombre se entregó e ingresó inmediatamente en prisión.

Durante una vista celebrada en enero de 2025, tres meses después de ser condenado, las acusaciones alegaron que el hombre podría darse a la fuga para eludir su ingreso en la cárcel. Frente a ello, el letrado del acusado adujo la inexistencia de riesgo de que su patrocinado pueda huir, máxime cuando, aseveró, no había incurrido en ningún quebrantamiento de condena en todo ese tiempo como tampoco había incumplido la orden de alejamiento que le fue impuesta. El procesado, sin embargo, escapó finalmente al país asiático.

Además de la pena de prisión por homicidio en grado de tentativa, la Audiencia Provincial de Balears fijó una orden de alejamiento respecto a la víctima durante diez años así como el pago de 6.600 euros en concepto de lesiones y daños morales.

Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2018, cuando la pareja comenzó una discusión en su domicilio después de que la mujer manifestara su intención de salir con unas amigas, a lo que el condenado se negó. Tal como considera probado la sentencia, en ese momento el ex agente comezó a mostrarse agresivo, insultando a la víctima, agarrándola por los hombros y arrastrándola por la fuerza hasta el baño, donde intentó asfixiarla apretando con fuerza un fular alrededor de su cuello. La mujer, sin embargo, logró zafarse tras propinar varias patadas y manotazos a su agresor, primero refugiándose en el baño y luego escapando a casa de una amiga.

En su resolución, los magistrados ponen de manifiesto que el acusado “practicó todos los actos objetivamente necesarios para quitar la vida” a la mujer, y que el resultado fatal no se produjo únicamente debido a la resistencia activa de la víctima, que logró escapar de su agresor. “En concreto, con patadas, manotazos, intentos de esquivar las agresiones y de huida”, señala la sentencia.

La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de diez años de prisión, pero el tribunal rebajó la condena a siete años y medio al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso. Además, tampoco apreció delitos de malos tratos y amenazas que esgrimía la acusación particular, argumentando que las agresiones estaban comprendidas en la conducta homicida.

Durante su declaración en el juicio, la mujer explicó que no había denunciado anteriormente a su marido, aunque sí había sufrido algunas agresiones, principalmente empujones, pero no un episodio de tanta gravedad como el que fue juzgado. Según aseguró, tras una comida con amigos en la que ambos ingirieron alcohol -él más que ella, según refirió-, regresaron a su domicilio, donde se inició una discusión cuando ella quiso salir con unas amigas.

La mujer relató que fue en ese momento cuando comenzó la agresión, que consistió primero en el estrangulamiento con el fular que ella llevaba y un intento de apuñalamiento con una navaja que el hombre siempre portaba encima. La víctima sufrió cortes en la mano cuando repelió el intento de navajazo en el cuello, además de recibir golpes y manotazos. La víctima manifestó que, al margen de los cortes, sufrió dolores por todo el cuerpo a causa de los golpes y los moratones.

El Índice de Presión Humana (IPH) en Balears ha batido un nuevo récord con 1,52 millones de personas en el archipiélago en marzo, un 9,85% más que el tercer mes de 2025 y 136.833 personas más, según los datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat).

Según los datos del Ibestat, el mayor nivel de presión humana de marzo de 2026 se registró el día 31. El IPH mínimo, por su parte, fue de 1,29 millones de personas en el conjunto del archipiélago.

La media de marzo fue de 1,37 millones de personas, lo que representa una subida del 1,87% o, lo que es lo mismo, de 25.123 personas.

Por islas, en Mallorca el día que hubo más personas fue el 31 de marzo, con 1,19 millones. En Menorca el día de más presión fue el 31 de marzo con 119.537 personas; en Eivissa, también el 31, con 197.399 personas, y en Formentera el mismo día con 15.438 personas.

Manuel Aguilera Povedano buceaba en la hemeroteca de la Guerra Civil cuando tropezó con una esquela donde se recordaba a tres hermanas asesinadas el mismo día. Antonia, Magdalena y Mercedes Muñoz Martí. Veintiuno, 19 y 7 años. Pertenecían a una familia de filiación republicana. Vivían en Palma, una ciudad en manos de los fascistas desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. No habían muerto fusiladas, tampoco les habían pegado un tiro en la nuca sin que mediara el paripé de un juicio sumarísimo. A las jóvenes y a la niña las mató “el criminal bombardeo que la aviación roja lanzó sobre Palma el día 31 de mayo de 1937”. Eso afirmaba la esquela.

–Me dije: aquí hay un historión porque, además, estas hermanas eran sobrinas de Jordi Martí y Rosselló. Este personaje era el director de Foch y Fum, una revista satírica tremendamente subversiva, y, no se sabe muy bien cómo, consiguió que no lo mataran durante la Guerra Civil. Empecé a tirar del hilo y aparecieron más casos de víctimas a causa de los bombardeos. No había prácticamente bibliografía sobre estos sucesos. En Els bombardeigs de Mallorca durant la Guerra Civil (1936-1939), Josep Massot i Muntaner realiza una cronología, pero no habla de las víctimas. Apenas quedan huellas en Palma de aquellos bombardeos, pero los ataques golpearon a muchos barrios de la ciudad. Mira, muy cerca de aquí, en aquella esquina murió una persona…

Dice Aguilera. Este historiador, profesor y periodista está sentado en un banco de la Plaça del Progrés, un gran rectángulo –árboles, bares de trabajadores sin terraza, una avenida que parte la plaza por la mitad y hasta una gasolinera– que también es uno de los escenarios del libro que acaba de publicar tras culminar la investigación que comenzó con las hermanas Muñoz Martí.

Mallorca en llamas. Las víctimas del primer terror aéreo de la Guerra Civil (Grupo Editorial Sargantana) es una obra de divulgación bien regada con gotas de crónica. A lo largo de 270 páginas, Aguilera pone nombre, apellidos y señas biográficas a las 86 personas que –por lo menos– mataron las múltiples incursiones sobre la isla que realizaron los aviones que controlaba el Gobierno de la II República. Bombas y metralla que tenían como objetivo emplazamientos militares, pero que acabaron llenando hospitales y tumbas con los cadáveres de decenas de ciudadanos de a pie.

Unos muertos que nadie reivindica

Los muertos fueron incómodos desde el principio: como las hermanas Muñoz Martí, algunos tenían ideología republicana, muchos pertenecían a la clase trabajadora. El ugetista Joan Sampol –que estaba escondido en sa Colònia de Sant Jordi para que no lo capturaran los golpistas– o Tolo Pizá –un aprendiz de herrero que no alcanzaba la mayoría de edad– son dos ejemplos a vuela pluma. Tras la Guerra Civil, ni a la izquierda le interesaba reivindicarlos ni al franquismo recordarlos. Y, a la vez, sus muertes tienen una gran trascendencia historiográfica. Así lo defiende Aguilera:

–Las víctimas de los bombardeos de Mallorca rompen el relato de que unos hicieron sólo cosas buenas y los otros sólo hicieron cosas malas. La cronología bélica es súper importante: la inteligencia artificial te dirá que el primer bombardeo contra población civil fue en Gernika. Si le insistes un poco más, te dirá que Barcelona –donde se empieza a bombardear más fuerte en el 38– o Madrid, donde atacan después del verano del 36. Pero en Palma empezaron antes, fueron el primer terror aéreo de la Historia.

La cronología bélica es súper importante: la inteligencia artificial te dirá que el primer bombardeo contra población civil fue en Gernika. Si le insistes un poco más, te dirá que Barcelona –donde se empieza a bombardear más fuerte en el 38– o Madrid, donde atacan después del verano del 36. Pero en Palma empezaron antes, fueron el primer terror aéreo de la Historia

Manuel Aguilera — Periodista y doctor en Historia

Oviedo, Zaragoza y Córdoba también sufrieron bombardeos republicanos durante el verano de 1936. Eran ciudades donde las autoridades de la débil democracia no pudieron pararle los pies a los golpistas, se habían convertido en puntos azules rodeados por tinta roja. Los gobiernos de José Giral Pereira y Francisco Largo Caballero (Izquierda Republicana) y Francisco Largo Caballero (PSOE) intentaron recuperarlas por la vía rápida. “Los ataques de la aviación reforzaban una ofensiva miliciana por tierra. La diferencia es que Palma no vivía una situación de asedio”, apunta Aguilera. “En los papeles que he encontrado se descarta acompañar los bombardeos con un desembarco”. 

Los italianos –antes de que Mussolini tomara el poder marchando sobre Roma– ya habían bombardeado a población civil en la Guerra Italo-turca librada en Libia. Aquello fue un preludio de una I Guerra Mundial –en la que España no participó y sus industriales se lucraron vendiendo armamento y materias primas a ambos bandos– donde se volvieron a repetir –con zepelines– los ataques aéreos. Pero, como insiste Aguilera, “no de forma sistemática”.

–Esa palabra, sistemática, es importante –razona el historiador– porque implica que se ataquen una y otra vez objetivos de retaguardia. ¿Quién empezó? Los republicanos. ¿Por qué? Mantuvieron bajo su control el 70% del Ejército del Aire. Los hidroaviones militares que había en Mallorca despegaron y se fueron a Menorca, que permaneció fiel a la República. Aquí sólo quedó una avioneta, a la que le instalaron una metralleta y le dieron unas granadas al piloto que realizó una única misión: alejar a un submarino republicano que estaba cerca de Cabrera.

–Desde la Mallorca de los casi 34 millones de pasajeros anuales cuesta imaginarse una isla sin aviones. 

–La aviación, en 1936, era eminentemente naval: el correo o el primer transporte de pasajeros con Barcelona por aire se hacía con hidroaviones. Son Bonet y Son Sant Joan ya existían como aeródromos, pero eran súper cutres. Los habían habilitado para que, de vez en cuando, aterrizara algún avión. 

Bombas que fabricaron franquistas

Acero fundido, TNT y octavillas con un mensaje: “Mallorca en llamas”. Aguilera se sirvió de la propaganda republicana para titular su trabajo, reconocido con el Premi Mallorca d’Assaig. Además de bajas, los aviones republicanos buscaban infundir miedo. “¡Por eso hubo 46 bombardeos durante el primer mes de guerra! Sólo Palma sufrió veinticinco”, exclama el historiador. El propósito era desmoralizar a los golpistas. Sucedió, sin embargo, lo contrario. “Un montón de gente se hizo franquista: veían como una injusticia el bombardeo de civiles. Hubo manifestaciones que aceleraron la represión. Cuando el general Goded se marchó a intentar la conquista de Barcelona, al oficial que quedó al mando de los sublevados se le acusó de ‘blando’ porque no mataba a nadie”, dice Aguilera. 

Un montón de gente se hizo franquista: veían como una injusticia el bombardeo de civiles. Hubo manifestaciones que aceleraron la represión. Cuando el general Goded se marchó a intentar la conquista de Barcelona, al oficial que quedó al mando de los sublevados se le acusó de ‘blando’ porque no mataba a nadie

Manuel Aguilera — Periodista y doctor en Historia

El coronel Aurelio Díaz de Freijó llegó a afirmar públicamente que por cada “muerto de bombardeo” iban a fusilar “a un preso”. Luego no lo cumplió. “Hay cartas quejándose a Franco de su ‘debilidad’ –continúa el historiador– y, al cabo de unos meses, lo suspendieron para retirarlo. En mayo del 37, si miras la cantidad de aviones republicanos que atacaron una ciudad que apenas tenía 94.000 habitantes y el tamaño de las bombas (más de cien kilos), te das cuenta de la desproporción entre los medios y el objetivo. Cuando empiezas a escarbar, ves que hay diferentes personalidades en cada bando”. 

Aguilera no considera que los ataques de mayo del 37 fueran una respuesta a la masacre –1.654 muertos– que causó en Gernika la Legión Cóndor nazi unas semanas antes, el 26 de abril. Arte, música, cine han inmortalizado uno de los episodios más dolorosos de la Guerra Civil. El roble plantado frente a la Casa de Juntas de esta villa vizcaína forma parte del inconsciente colectivo y trasciende las fronteras de Euskadi. Los sucesos de Mallorca, no. “Yo creo que lo que ocurrió aquí tuvo más que ver con el cambio de gobierno republicano. Cuando el 17 de mayo, Negrín accede a la presidencia del Consejo de Ministros y pone a Indalecio Prieto al frente de Defensa, atacan con todo lo que pueden. Largo Caballero era más independiente y no tenía tan buena relación con los rusos. Cuando salta, empieza a entrar mejor material bélico, que se compra con el famoso oro de Moscú”. 

Tiempo después, el capitán Alberto Bayo dirá: “Perdimos Mallorca, perdimos la guerra”. “Puede parecer exagerada la frase”, contextualiza Aguilera, “pero se entiende cuando se analiza el papel que jugará la aviación italiana. Mussolini envió a Franco casi 800 aviones. Una locura. Mucho más que los alemanes. Los aviones italianos, aunque fueran mucho más modernos que los hidros de la República, tenían que hacer escala en Mallorca porque, si no, no llegaban a la zona nacional”. 

Primero, la Regia Aeronautica machacó las defensas de los milicianos que, al mando de Bayo, habían conquistado la isla –y las Pitiüses– en agosto del 36. En Artà (Mallorca), murieron once personas. En la Marina, el barrio portuario de Eivissa, medio centenar. Bajo control fascista, las islas se convirtieron en un portaaviones que minó las fábricas, las comunicaciones y la moral de una costa mediterránea que era republicana desde Portbou a Málaga. Sigue Aguilera: “Los testimonios de los pilotos italianos nos ayudan a entender que los objetivos eran militares, pero las bombas fallaban y acababan matando a la gente”.

En Palma sucedió lo mismo. La tecnología militar “todavía funcionaba un poco a ojo” y las bombas caían donde no debían. “De hecho, sólo acertaron en el puerto y en La Almudaina, donde estaba la Comandancia”, dice el autor de Mallorca en llamas. “¿Por qué bombardearon tanto el barrio de sa Gerreria? Porque allí estaban los cuarteles militares que daban a la calle Socorro y a las Avenidas. Ellos apuntaban a esos objetivos, pero no siempre acertaban. Y, también, se lanzó muchísima artillería sobre zonas llenas de comercios y talleres artesanos”.

[La tecnología militar] todavía funcionaba un poco a ojo. De hecho, sólo acertaron en el puerto y en La Almudaina, donde estaba la Comandancia. ¿Por qué bombardearon tanto el barrio de sa Gerreria? Porque allí estaban los cuarteles militares que daban a la calle Socorro y a las Avenidas. Ellos apuntaban a esos objetivos, pero no siempre acertaban. Y, también, se lanzó muchísima artillería sobre zonas llenas de comercios y talleres artesanos

Manuel Aguilera — Periodista y doctor en Historia

Un peligro que venía del cielo

Quien desconoce un peligro no sabe cómo protegerse. Lo ilustra muy bien la muerte de Bernat Batlle Nigorra. Era mozo de pedidos a sueldo de los Mercadal, los dueños de un negocio emblemático en la Plaça Major de Palma. El 28 de julio de 1936 salió de la sastrería donde trabajaba al grito de “¡ya vienen los nuestros, ya vienen los nuestros!”. Y el fuego amigo de los suyos lo mató. Fallecieron siete personas más y hubo una veintena de heridos. 

Aquel martes, sólo diez días después del inicio de la Guerra Civil, miles de palmesanos descubrieron un peligro que venía del cielo. Sin baterías antiaéreas, ni refugios, ni una línea de metro bajo la que guarecerse, se acostumbraron pronto a buscar cualquier agujero cada vez que escuchaban los zumbidos de los aviones –fabricación rusa o francesa– que la República compró para atacar la isla. “La población dependía de los sótanos, de las criptas de las iglesias o hasta de cuevas naturales”, dice Aguilera, que en sus pesquisas ha llegado a entrevistar a una veintena de familiares e, incluso, supervivientes de los bombardeos. 

Aguilera ha criticado que PP y Vox deroguen la Llei de Memòria Democràtica de las Illes Balears, pero tampoco entiende por qué los gobiernos de centroizquierda no quisieron homenajear a los muertos de los bombardeos republicanos cuando mandaron en el Ajuntament de Palma y en el Govern (2015-2023): “En el libro incluyo el acta del pleno de Cort donde el equipo gobierno de Palma, entonces formado por partidos de izquierda, rechazó una moción de Ciudadanos para homenajear a las víctimas de los bombardeos”. La excusa fue la negativa del extinto partido naranja a apoyar la retirada del monumento franquista de sa Feixina.

Casi seis años después de aquella votación municipal, los 786 marineros y oficiales que murieron a bordo del crucero Baleares frente a las costas murcianas durante la Batalla del Cabo de Palos mantienen el monolito que les erigió la dictadura en Palma. Los palmesanos a los que mató la aviación republicana siguen sin una placa que les recuerde en la ciudad en la que vivían cuando estalló la Guerra Civil. El socialista Indalecio Prieto da nombre a una calle que atraviesa la barriada de son Gotleu y mide un kilómetro.

El PP deroga la ley, pero quiere recordar los bombardeos

El pasado octubre, Marga Prohens anunció un acto de homenaje con motivo del noventa aniversario de unos ataques sobre Mallorca que se extendieron hasta mayo de 1938, cuando a los republicanos –aislada Catalunya, bloqueado el Mediterráneo para los soviéticos y con la Batalla del Ebro a punto de comenzar– no les quedó otra opción que alargar lo posible la guerra esperando una intervención de Francia o el Reino Unido que nunca llegó. “En otras ciudades y pueblos bombardeados sí que se ha realizado un homenaje colectivo colocando placas en los lugares donde murieron las víctimas. Eso es lo que va a hacer el Govern”, explica el historiador, que asesoró al ejecutivo autonómico del PP con un informe lleno de fechas, nombres, fotografías, ubicaciones marcadas en planos y mapas.

–¿No ha sido oportunista Prohens al cargarse una ley que trata de dignificar la memoria de muchos asesinados de la Guerra Civil y anunciar un homenaje a las víctimas de los bombardeos?

–Creo que Prohens quiere realmente hacer ese homenaje porque no se hizo y porque además de ser un acto de memoria rompe el relato de que unos hicieron sólo cosas buenas y los otros sólo hicieron cosas malas. Yo creo que ese relato es injusto, pienso que hay que contarlo todo. Igual que la represión republicana que hubo en Ibiza o Menorca. Gente mala hay en todos los bandos. En un momento en que todo el mundo está armado y no hay autoridad se producen unas atrocidades que creo que la gente debe saber para que no se vuelvan a repetir.

–¿Memòria de Mallorca no reivindica a estas víctimas?

–Yo he hablado con Maria Antònia Oliver [presidenta de una asociación memorialística clave para conseguir que se estén exhumando, estudiando y documentando con dinero público las fosas comunes de la represión franquista] y su respuesta es que no se dedican a este tipo de víctimas porque saben dónde están enterradas. Es una lástima. Hay un niño, por ejemplo, al que no he podido identificar porque su nombre no aparece en ninguna noticia ni, tampoco, en el Registro Civil. A no ser que aparezca un familiar en el futuro, nunca sabremos cómo se llamaba.

Los cascotes del olvido

El silencio que decretó la posguerra española es una sustancia pegajosa que sigue resultando difícil de arrancar. Aguilera se ha encontrado a descendientes de los 86 asesinados por la aviación republicana que nunca hablaron de lo que ocurrió con los familiares que sobrevivieron. El recuerdo había quedado sepultado bajo otro tipo de cascotes. Los del olvido. Más pesados, quizás, que los que aplastaron a la mujer y las hijas de Arnau Terrasa Lloret, un peluquero de la Plaça del Banc de s’Oli que vivía en un edificio que colapsó en el Carrer Velázquez. Más difíciles de levantar, quizás, que los que asfixiaron al apotecario Bennàssar, enterrado durante un día entero junto a su hijo –que sí pudo contarlo–, cuando las bombas borraron la farmacia que tenían en la Porta de Sant Antoni. Todos pagaron cara la factura de vivir o trabajar en sa Gerreria. Demasiado cerca del cuartel de los aviadores italianos. 

Hoy, en esa calle tan comercial y esa plaza tan turística, se alzan fincas mucho más contemporáneas. Se aprecia a simple vista que no son de principios del siglo XX. Una ojeada al Catastro confirma que unas cuantas se construyeron durante los años sesenta, la década por excelencia del desarrollismo franquista. Así se terminaron de rellenar los huecos que habían causado unos bombardeos que la dictadura decidió borrar de su disco duro. Al menos, parcialmente. Para el franquismo, los muertos de la aviación republicana fueron “una patata caliente”, describe Aguilera. 

Víctimas ninguneadas por el franquismo

El historiador contrasta el ninguneo que sufrieron todas las víctimas en comparación con los homenajes que se rindió a los diecinueve falangistas o guardias civiles que perecieron bajo las bombas. A quien vestía camisa azul o uniforme verde se le incluyó en las listas de “caídos por Dios y por España, explicando que no habían muerto en el frente ni por la represión, sino en un bombardeo”, precisa Aguilera. “Todos los demás nunca recibieron nada. La única fue la madre de tres hermanas que murieron en la Plaça des Pes de sa Palla. Era viuda y tenía dos hijos más: le dieron un estanco. Sí he visto algún llamamiento en prensa donde se animaba a los afectados por los bombardeos a acudir al Ayuntamiento para recibir ayudas. Pero las personas que he entrevistado me han dicho que sus familias no recibieron nunca nada. Es verdad que algunos murieron de camino al refugio, en la calle, –como dos matrimonios a los que alcanzó una bomba cuando iban a refugiarse en la iglesia de la Missió–, pero otros muchos se quedaron sin casa”.

[A los falangistas y guardias civiles] se le incluyó en las listas de caídos por Dios y por España, explicando que no habían muerto en el frente ni por la represión, sino en un bombardeo. Todos los demás nunca recibieron nada

Manuel Aguilera — Periodista y doctor en Historia

Manuel Aguilera Povedano ya estaba enfrascado en su investigación cuando descubrió a otro trío de hermanas que habían matado los aviones de la República. “La historia de Joana, Àngela y Magdalena Ferragut Pradeny es muy dura: entrevisté a la familia y nunca supieron si el cadáver de la hermana pequeña se lo llevaron o si, con la deflagración, quedó tan consumido que no se encontró resto alguno”, explica el profesor del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG). Tenían edades parecidas a las Muñoz Martí –veintisiete, veintidós y diez– y murieron apenas una semana antes: el lunes 24 de mayo de 1937. Al localizar la dirección de las fallecidas, Aguilera dio un respingo y no porque la calle llevara el nombre del primer presidente de la II República: “Niceto Alcalá Zamora, 12. Yo había vivido allí, en un edificio nuevo, claro. Me impactó muchísimo darme cuenta de la coincidencia y, de alguna manera, sentí que tenía que seguir investigando. Ha habido muchas casualidades y golpes de suerte que me han ayudado a terminar Mallorca en llamas”.

Un juzgado de Palma ha autorizado la entrada en la antigua prisión de la ciudad y el desalojo forzoso de las cerca de 80 personas que todavía residen en el inmueble, una medida que previsiblemente se ejecutará durante este mes de junio. La resolución judicial llega después de que el Ayuntamiento solicitara recuperar la posesión del edificio, que desde hace más de veinte años funciona como refugio precario de centenares de personas expulsadas del mercado de la vivienda.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), ha informado este martes de que el auto fue dictado el pasado viernes, apenas unas horas después de que Cort formalizara la petición. Según ha destacado el primer edil, el juez avala “todos y cada uno de los puntos” recogidos en el expediente municipal y considera justificada la actuación planteada por el consistorio.

La resolución fundamenta el desalojo en los informes elaborados por la Policía Local, los bomberos y las autoridades sanitarias, que alertan de un “riesgo real, grave y actual” para la vida y la integridad física de los residentes debido al deterioro del inmueble. El auto judicial advierte de las deficientes condiciones de salubridad, las dificultades para una eventual evacuación y el elevado riesgo de incendio existente en el edificio.

Asimismo, el juzgado subraya que los servicios sociales municipales han identificado y atendido a los ocupantes, ofreciéndoles acceso a distintos recursos asistenciales, y concluye que el desalojo forzoso constituye una medida “necesaria, adecuada y proporcionada”. La resolución también destaca que los informes sociales no han detectado la presencia de menores ni de víctimas de violencia de género entre las personas que permanecen en la antigua cárcel.

Tal como ha explicado el alcalde y recoge Europa Press, el Ayuntamiento dará cuenta este miércoles del auto en la Junta de Gobierno, al tiempo que ha convocado para el jueves una Junta Local de Seguridad extraordinaria con el objetivo de coordinar el operativo y fijar la fecha de ejecución del desalojo. Martínez no ha concretado cuándo se llevará a cabo la intervención, aunque ha asegurado que mantiene contactos con la Delegación del Gobierno para planificar el dispositivo.

Según los datos facilitados por Cort, de las más de 200 personas que residían en el edificio el pasado febrero, unas 140 ya han abandonado el inmueble. El consistorio asegura que la mayoría ha abandonado Palma y que otras 45 han accedido a recursos gestionados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). El Ayuntamiento sostiene además que no tiene constancia de que estas personas se hayan trasladado a otros asentamientos o edificios ocupados de la capital.

Una vez ejecutado el desalojo, el Área de Infraestructuras prevé sellar los accesos al inmueble e instalar sistemas de videovigilancia, además de reforzar la presencia de la Policía Local para evitar nuevas ocupaciones. Cuando termine el proceso judicial, el Ayuntamiento prevé tapiar y demoler completamente la antigua prisión. Sobre el solar, el Consistorio proyecta construir nuevos accesos viarios vinculados al proyecto de reordenación impulsado por el Consell de Mallorca, además de desarrollar promociones de viviendas dotacionales.

La vieja cárcel, símbolo de la crisis habitacional

La antigua cárcel de Palma fue inaugurada en 1968 y funcionó como prisión provincial hasta 1999, cuando los internos fueron trasladados al actual centro penitenciario, en las afueras de la ciudad. Tras su clausura, el recinto quedó abandonado entre promesas políticas de reconversión que nunca llegaron a materializarse. Con el paso de los años, las celdas vacías, los patios interiores y las dependencias en ruinas fueron ocupados progresivamente por personas sin alternativa habitacional que, en los últimos tiempos, han sobrevivido entre escombros, montones de basura y muros agrietados que apenas logran contener el frío y la humedad del exterior.

Como si de un termómetro extremo de la fractura habitacional de Palma se tratara, entre los muros del inmueble han convivido perfiles muy distintos: trabajadores de la construcción y de la hostelería, jubilados con pensiones insuficientes, personas migrantes en situación irregular o mujeres víctimas de violencia, a quienes en los últimos años se han sumado jóvenes abocados a encontrar soluciones alternativas para proteger su integridad física y mental.

Muchos compartían y comparten una misma trayectoria: habitaciones cada vez más caras, empleos precarios, desahucios silenciosos y la imposibilidad de acceder incluso al alquiler más básico en una ciudad donde la presión inmobiliaria no ha dejado de aumentar y en la que incluso quienes trabajan han dejado de poder permitirse una vivienda.

En la actualidad, encontrar una habitación asequible se ha convertido en una carrera imposible en una ciudad donde los alquileres no dejan de dispararse y en la que muchas familias destinan gran parte de su sueldo únicamente a pagar un techo: los residentes de la capital balear deben destinar casi el 70% de su salario bruto mensual al alquiler de una vivienda media de 90 metros cuadrados, cuyo precio alcanza los 1.767 euros al mes, según los últimos datos publicados por pisos.com.

Mientras los precios continúan marcando máximos históricos y acceder a un piso resulta inalcanzable para amplias capas de la población, centenares de personas se han visto abocadas a vivir hacinadas en infraviviendas, caravanas y edificios abandonados como la antigua prisión de Palma.

El Consell de Mallorca someterá este viernes a un pleno extraordinario la aprobación inicial de la ley que pretende regular la entrada de vehículos en la isla, una iniciativa con la que la institución insular busca reducir la saturación de las carreteras mediante la fijación de límites a los coches procedentes del exterior, un techo para los vehículos de alquiler y la creación de una tasa con carácter disuasorio. Si la propuesta sale adelante, será remitida al Parlament balear para su tramitación definitiva.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, quien ha defendido la necesidad de la medida al considerar que la congestión viaria se ha convertido en uno de los principales problemas de la isla. Según ha recordado, el estudio de capacidad de carga encargado por la institución concluyó que en 2023 llegaron a Mallorca unos 400.000 vehículos a través de los puertos, el doble que en 2017. A su juicio, este incremento resulta incompatible con las limitaciones territoriales y de infraestructuras de una isla como Mallorca.

Tras conocer la propuesta, los grupos de izquierdas acusan al PP de haber bloqueado iniciativas similares y de retrasar durante años una medida que ahora presenta como propia

La futura norma no fija todavía un número máximo de vehículos autorizados a entrar en la isla. Ese límite se determinará posteriormente a partir de estudios de carga que se actualizarán periódicamente y cuya aprobación corresponderá al pleno del Consell. Tampoco se ha concretado aún el importe de la tasa, que deberá establecerse mediante una ordenanza fiscal específica.

El texto prevé restringir la entrada de vehículos que no tributen en Mallorca y contempla sanciones que oscilan entre los 300 y los 30.000 euros para quienes incumplan la regulación. Además, la administración podrá inmovilizar aquellos coches que accedan a la isla sin la autorización correspondiente. La ley también plantea fijar un límite específico para la flota de vehículos de alquiler.

La regulación incluye, sin embargo, numerosas excepciones. Quedarán al margen de las restricciones los residentes en Mallorca, los propietarios de una vivienda en la isla —que podrán disponer de un vehículo por inmueble siempre que tribute en Mallorca—, los usuarios de contratos de leasing o renting vinculados a residentes, así como determinados desplazamientos laborales, médicos o familiares. También estarán exentos los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida y los destinados a servicios públicos esenciales, como ambulancias, transporte público, taxis o fuerzas de seguridad.

Desde el Consell destacan además que la iniciativa incorpora medidas vinculadas a la movilidad sostenible, entre ellas el impulso de aparcamientos disuasorios, viales cívicos y fórmulas para fomentar el uso compartido del vehículo. La institución sostiene que la regulación se ha elaborado tras diez meses de negociaciones con los sectores afectados y los grupos políticos representados en el Consell, en un proceso que ha incluido una veintena de reuniones.

Multas de hasta 30.000 euros

En concreto, el texto de la ley para regular la entrada de vehículos se estructura en seis títulos, cinco disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. La norma propone sanciones de entre 300 y 30.000 euros y la posibilidad de inmovilizar los vehículos sin autorización de entrada. Asimismo, establece un techo para los vehículos destinados al alquiler y una tasa con efectos disuasivos. Los residentes quedarán exentos de esta regulación y a las personas no residentes que tengan una vivienda en Mallorca, se les permitirá un solo vehículo siempre y cuando tribute en la isla.

La proposición de ley recoge también medidas a favor de la movilidad sostenible, como es el caso de viales cívicos o aparcamientos intermodales disuasivos que ya está impulsando el Consell de Mallorca. En cuanto al limite màximo de vehiculos, el conseller de Territorio, Fernando Rubio, ha señalado que lo establecerá un estudio de carga anual o bianual y deberá ser aprobado por el pleno del Consell. Asimismo, ha indicado que el precio de la tasa la fijará una ordenanza fiscal que también tendrá que aprobar el Consell de Mallorca.

Quiénes quedarán exentos

Tal como ha informado la institución insular, la futura regulación no afectará a los vehículos de residentes en Mallorca siempre que estén fiscalmente domiciliados en la isla, ni a aquellos utilizados mediante contratos de renting o leasing por personas o empresas residentes. También quedarán exentos los propietarios no residentes que dispongan de una vivienda en Mallorca, aunque únicamente podrán beneficiarse de la excepción con un vehículo por inmueble y siempre que este tribute en la isla. Asimismo, podrán acceder sin restricciones los residentes de Menorca, Ibiza o Formentera que acrediten desplazamientos por motivos laborales o sanitarios, así como las personas que se trasladen temporalmente a Mallorca por razones de trabajo.

La ley también excluye de las limitaciones a los residentes mallorquines que se encuentren temporalmente fuera de la isla y necesiten regresar por motivos médicos o familiares graves, a los vehículos destinados al transporte de personas con movilidad reducida y a toda la flota de servicios públicos esenciales. Entre ellos figuran los vehículos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ambulancias y otros servicios sanitarios, bomberos, protección civil, transporte público y escolar, taxis, servicios funerarios, recogida de residuos y limpieza pública. Quedan fuera de esta consideración, sin embargo, los vehículos de alquiler con conductor (VTC) cuyas autorizaciones no estén radicadas en Mallorca.

Tras el anuncio, el PSIB-PSOE ha lamentado lo que ha considerado “tiempo perdido” por el presidente del Consell en la tramitación de la ley por el “tacticismo” de PP y Vox. La portavoz de los socialistas en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha criticado que el PP haya esperado un año para sacar una ley que ya estaba hecha, y que lo haga ahora “para desmarcarse de Vox e intentar salvar la legislatura”. Según Cladera, “no es interés general, es tacticismo puro”, al tiempo que ha remarcado que los cambios anunciados no justifican el retraso.

Para la socialista, el PP ha esperado “el momento político que le permitiera separarse de Vox sin riesgo”. “Ahora que tienen miedo de ir juntos, hacen este movimiento y lo venden como una decisión valiente, cuando es exactamente lo contrario”, ha añadido.

El PSIB: “El PP dice una cosa y hace la contraria”

En esta línea, el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha cargado contra la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), por no haber cumplido el compromiso de que Mallorca contara este verano con una limitación efectiva a la entrada de vehículos. En sus palabras, la ley impulsada por el Consell llega tarde, augurando que difícilmente podrá estar plenamente operativa antes de las próximas elecciones autonómicas, insulares y municipales. A su juicio, la tramitación parlamentaria deberá completarse posteriormente con la aprobación de un reglamento, lo que retrasará aún más su aplicación.

Negueruela ha lamentado que el anuncio supone “un incumplimiento más” de un PP que, a su juicio, “dice una cosa y hace la contraria”, recriminando que Galmés no tenía intención de implantar restricciones este verano. El dirigente socialista cuestionó además la ausencia de medidas similares para Menorca y acusó a los populares de actuar con “palabras vacías”, vinculando esta situación a la inestabilidad política derivada de la relación del PP con Vox.

Por su parte, Més per Mallorca ha recibido con satisfacción el anuncio del inicio de la tramitación de la ley para regular la entrada de vehículos en la isla, aunque ha acusado al PP de llegar “tremendamente tarde” después de rechazar una propuesta similar presentada por los ecosoberanistas en 2024. Los portavoces de la formación en el Consell y el Parlament, Catalina Inés Perelló y Lluís Apesteguia, respectivamente, han asegurado que el anuncio ha sido una “grata sorpresa”, ya que las negociaciones llevaban meses paralizadas pese a que, según sostienen, existía un consenso prácticamente cerrado sobre el contenido de la norma.

Perelló ha criticado que el Consell justificara durante meses el retraso en la necesidad de alcanzar acuerdos con las navieras y las empresas de alquiler de vehículos, y ha mostrado sus dudas sobre que la limitación pueda aplicarse ya en la próxima temporada turística. La portavoz ecosoberanista ha recordado además que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, prometió “desatascar Mallorca” al llegar al gobierno insular, pero considera que la situación en las carreteras ha empeorado. Por ello, MÉS espera conocer el texto definitivo que se debatirá este viernes en el pleno antes de valorar su alcance real.

Mientras tanto, Apesteguia ha cargado contra Prohens, a quien recrimina no haber querido limitar la entrada de vehículos pese a disponer de herramientas y mayorías suficientes para hacerlo. El diputado ha advertido además de que la tramitación aún será larga, ya que tras la aprobación inicial deberá superar el periodo de exposición pública, regresar al Consell para su aprobación definitiva y posteriormente pasar al Parlament, una cámara que, según recordó, afronta ya un importante atasco legislativo antes de su disolución en marzo de 2027. A su juicio, la demora evidencia la “falta de voluntad política” del PP para adoptar medidas de contención del crecimiento y priorizar la calidad de vida de los residentes.

Dos hermanos juegan a fútbol en la gigantesca acera que sirve de acceso al Coliseu Balear, la plaza de toros de Palma. Por un momento, el niño pisa la pelota –la niña protesta, quiere que se la vuelva a pasar– y se queda mirando a cuatro mujeres que forman una piña. Se acercan para sacarse una foto: antes de que el fotógrafo apriete el botón, despliegan un cartel de fondo rojo donde se lee una sentencia en mayúsculas blancas: 

“El ruido es tortura”. Debajo hay un hashtag que entrelaza tres palabras: silencio, respeto, civismo.

A María, Ana, Begonya y Cecilia las unió la lucha contra los decibelios. Hace unas semanas, supieron que acababan de ganarle a Cort –el nombre popular que recibe entre los mallorquines el ayuntamiento de la capital– un juicio. La sentencia, en teoría, evitará que vuelva a encenderse la música en el recinto que tienen a su espalda. Ellas son vecinas de este coso taurino y casi centenario. Una joya de la arquitectura neomudéjar donde en las últimas décadas –y, sobre todo, en los últimos años– se han celebrado más conciertos que corridas. También, otros eventos –tardeos, fiestas privadas o, incluso, espectáculos acrobáticos de motos– donde el ruido era la norma.

“A mi marido y a mí nos hizo vivir en un estado de ira constante”, explica Vanessa por teléfono. No ha podido sumarse a la foto con sus vecinas porque se encuentra mal. Sufre fibromialgia –síndrome crónico del sistema nervioso– y lupus –una enfermedad autoinmunitaria crónica en la que el sistema inmunológico ataca por error los tejidos y órganos sanos–, dos patologías “que ha agravado no poder dormir”. Ella vive en un piso situado en Arxiduc, una de las principales calles del ensanche palmesano, y disfruta de una terraza con vistas a la plaza de toros. Luz, aire fresco y, al alcance de la mano, los ornamentados arcos que diseñó Gaspar Bennàssar i Moner a finales de los años veinte del siglo pasado. Estar tan cerca de una de las obras más brillantes del tótem del modernismo mallorquín fue uno de los atractivos que llevaron a Vanessa y a su marido a comprar aquel piso en 2012. 

– Yo estoy en contra de la tauromaquia –explica Vanessa–, pero soy historiadora del arte, sé muy bien cuál es el valor que tiene este edificio. Vivir cerca de él fue un estímulo para mudarnos aquí. 

– ¿Y no imaginabas que pudiera ser una trampa? En el Coliseu Balear ya se organizaban conciertos en los años ochenta.

– Bueno… nos informamos, hicimos una pequeña encuesta y nos dijeron que, además de la corrida que siempre organizan en agosto, había jaleo sobre todo algunas noches de verano, pero que se podía soportar. El problema de verdad lo hemos sentido en los últimos dos años, cuando entró la empresa que gestionó la plaza hasta el pasado otoño. Esos conciertos y todas las fiestas que se han hecho allí dentro me han hecho sufrir el doble. Por una parte, nos tragábamos el ruido de los camiones que transportaban el material, las pruebas de sonido, la luz de los focos nos entraba en casa y el barullo, no solo de los altavoces, sino del público. Cuando el ser humano se reúne en una gran multitud se olvida de respetar ciertas normas. Es algo natural. Pero es que luego me ha dado angustia también ver cómo usaban grúas para meter materiales en la plaza que no cabían por las puertas. El Coliseu Balear tiene un valor enorme y se le han dado algunos usos que, aunque sea privado, creo que no le corresponderían. Hay que entender que el uso de los edificios tiene que cambiar, adaptarse a los tiempos. Cuando se construyó, esta zona era el extrarradio de la ciudad. Ahora es el centro. No es el lugar para organizar conciertos para miles de personas.

Cuando el ser humano se reúne en una gran multitud se olvida de respetar ciertas normas. Es algo natural. Cuando se construyó, esta zona era el extrarradio de la ciudad. Ahora es el centro. No es el lugar para organizar conciertos para miles de personas

Vanessa — Vecina del barrio de Plaza de Toros

–En noviembre, Cort le quitó el permiso para organizar eventos al último promotor que explotaba la plaza de toros. ¿Cómo ha cambiado vuestra vida desde entonces?

–Tengo dos hijas, de siete y de cinco. La mayor es más reservada y lo había llevado con más estoicismo, pero la pequeña no para de decirme: “Mamá, qué bien que ahora podamos dormir”.

La demanda que lo cambió todo

Cuando el Ajuntament de Palma obligó a Es Colisseu Centre Cultural la programación que había diseñado para la presente primavera –iban a llenar un recinto con capacidad para 8.000 espectadores con grupos como La Gossa Sorda o Fito y Fitipaldis–, tres personas ya habían denunciado “la tortura acústica” que sufrían ante la Justicia. Fueron Ana, María y un tercer vecino que ha preferido no aparecer en este reportaje. Las dos primeras son amigas, de hecho, gracias a su activismo en pro del descanso.

Desde que María se trasladó a Mallorca desde Barcelona para trabajar en banca –no tardó, sin embargo, en conseguir una “buena indemnización por despido para dedicarse a otros menesteres”—, Ana –que, curiosamente, era administrativa en Cort– y ella dicen haberse reunido con siete alcaldes diferentes: Joan Fageda (PP), Catalina Cirer (PP), Aina Calvo (PSIB-PSOE), Mateu Isern (PP), Antoni Noguera (Més), José Hila (PSIB-PSOE) y Jaime Martínez (PP, el actual). “Todos los que ha tenido Palma menos Ramon Aguiló, con el que juré el cargo cuando entré a trabajar en el ayuntamiento”, dice irónica Ana. María, aún más mordaz, recoge el hilo: “Y de todos ellos, la única que nos hizo algo de caso fue Aina Calvo. La mayoría nos trató con desprecio y algunos, directamente, nos llegaron a insultar. Tanto de izquierdas como de derechas, ¿eh? Fue en época de Carolina Cirer [1999-2003] cuando se dio carta blanca a los promotores para que pudieran hacer cualquier cosa aquí dentro”.

Hartas de predicar en el desierto “durante años” y de buscar abogados “que no se querían comprometer y daban largas cuando veían que tendrían que enfrentarse a Cort”, María, Ana y un tercer demandante decidieron cambiar de estrategia. Después de la pandemia, se pusieron en manos del despacho de Andrés Morey Navarro. Este abogado es miembro de Juristas Contra el Ruido. Como se lee en su web, “una asociación integrada por profesionales del derecho sensibilizados y especializados en contaminación acústica”. El conflicto que ponían encima de la mesa le resultaba muy familiar a Morey. También se había involucrado en el proceso judicial mediante el que decenas de vecinos buscaban acallar los conciertos que se celebraban en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Esta primavera, valencianos y palmesanos ganaron las dos causas.

Indemnizaciones que no cubren los gastos

El 26 de marzo, una sentencia condenó al Ajuntament de València a pagar 138.000 euros a los afectados por el ruido del Festival de Les Arts, el Big Sound o el Love the 90’s. El 19 de mayo, Ana, María y su compañero de fatigas recibieron una llamada con sabor a victoria: el Ajuntament de Palma renunciaba a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB). En abril, le había condenado a pagar 9.000 euros a los demandantes como compensación por las molestias sufridas a causa de las actividades que se habían celebrado en la plaza de toros con permiso municipal. ¿La razón de la diferencia entre las cantidades? El número de vecinos que pleiteó. En Valencia fueron cuarenta y seis. En Palma, sólo tres. La indemnización es la misma: 3.000 euros por cabeza. “Lo que marca la jurisprudencia del Tribunal Supremo por daños morales si no hay informes médicos que demuestren un daño físico acreditado”.

En términos económicos, fue un mal negocio para Ana, María y el tercer demandante. Reunir las pruebas que necesitaron para ganar el juicio les costó 24.000. En otros términos, fue un negocio redondo. María lo explica de forma breve y contundente:

– No sabes lo bien que se duerme cuando te dan la razón.

Cort no da explicaciones tras perder el juicio

La sentencia que no recurrió Cort confirmó que suspender los conciertos en el Coliseu Balear no eximía a la Administración de pagar indemnizaciones. “Suele ser una práctica habitual de los ayuntamientos para confundir a los jueces y, de hecho, en este caso lo consiguieron”, explican por escrito desde el despacho de Andrés Morey: “Nosotros presentamos una reclamación al Ayuntamiento para la protección de los derechos fundamentales que se estaban violando a través de la contaminación acústica, la reclamación solicitaba una indemnización de 3.000 euros por vecino y la clausura de la actividad ruidosa. Al no contestar fuimos al contencioso y, en primera instancia, antes de que recayera sentencia, el Ayuntamiento adoptó la medida de clausura y les dieron la razón. Nosotros presentamos recurso de apelación y el TSJB falló a favor de nuestros representados”.

elDiario.es contactó en diversas ocasiones con el gabinete de prensa del Ajuntament de Palma para recabar su punto de vista. La única respuesta que obtuvo por parte del equipo de gobierno –minoría del PP, apoyo externo de Vox en los plenos– fue: “No se ha presentado recurso. El Consistorio ya adoptó medidas en la misma línea [del fallo judicial] al suspender la actividad”.

La unión vecinal hace la fuerza

“A mí me ha cambiado la vida conocerlas: ellas demuestran que cuando la ciudadanía protesta, persiste e insiste en que se cumplan sus derechos… puede ganar. La fiesta de muchos no puede pasar por delante del descanso de una sola persona”, cuenta Cecilia. Esta profesora de Literatura nació en San Isidro, una de las ciudades que integran el Gran Buenos Aires, más de quince millones de habitantes en una superficie –13.000 kilómetros cuadrados– que no cuadriplica la de Mallorca: “Y nunca, ni cuando vivía allá ni desde que vivo acá, hace más de veinte años, había sufrido lo mismo desde que nos mudamos tan cerca de la plaza de toros”.

A mí me ha cambiado la vida conocerlas: ellas demuestran que cuando la ciudadanía protesta, persiste e insiste en que se cumplan sus derechos… puede ganar. La fiesta de muchos no puede pasar por delante del descanso de una sola persona

Cecilia — Vecina del barrio de Plaza de Toros

Cecilia, su marido y su hija –una veinteañera que estaba estudiando entonces Biotecnología– se mudaron a un piso que hasta noviembre tuvo dos caras. Un pasillo larguísimo conecta las habitaciones que quedan junto a la puerta de entrada con las estancias –el salón, la cocina– que da a la calle. Toda la vivienda es muy luminosa porque la zona interior, en realidad, no lo es: mira al Coliseu Balear. Allí instaló Cecilia su estudio, una biblioteca cargada de clásicos –las obras completas de Dostoievski, La Regenta de Clarín…– a la que renunciaba cada vez que había concierto. Después vería en la prensa que el Ajuntament de Palma había suspendido el permiso musical a los promotores que gestionaban la plaza. Querría entonces enterarse si otras vecinas estaban protestando de alguna manera para que la farra no regresara. Cruzaría la calle. 

El 19 de diciembre de 2025, Cecilia atravesó Arxiduc para ir a una reunión que había convocado la Associació de Veïnats Coliseu. Un único punto en el orden del día: debatir sobre la suspensión de los conciertos. Había voces de todo tipo. La junta directiva del colectivo vecinal estaba a favor del retorno de la música. Allí fue donde Cecilia conoció a Ana y a María. Ahora, las tres, además de Begonya y otros afectados por el ruido, planean constituir una asociación propia. “Es que no hay barrio sin silencio… y sin relaciones entre las personas. Nosotras vivimos a sólo unos portales de distancia, pero nunca nos hubiéramos conocido sin ser conscientes de que sufríamos el mismo problema. Mi marido y yo llevamos aquí desde finales de los ochenta y hemos visto cómo ha ido cambiando todo. No estamos todavía en el meollo turístico de Palma, pero han ido desapareciendo comercios y bares de toda la vida. Este barrio era trabajador y tranquilo. Sin esa red, es difícil evitar que venga alguien a hacer negocio a la puerta de tu casa y te deje sin dormir”, explica Ana.

Es que no hay barrio sin silencio… y sin relaciones entre las personas. Nosotras vivimos a sólo unos portales de distancia, pero nunca nos hubiéramos conocido sin ser conscientes de que sufríamos el mismo problema

Ana — Vecina del barrio de Plaza de Toros

El ruido visto desde un octavo piso

“Al estar tan alto, es imposible que no llegue el ruido: rebota y se expande hacia arriba”, dice Begonya. La voz de la administrativa jubilada es la única que falta en su terraza. Después de fotografiarse en la puerta del coso, Ana se ha retirado a su hogar mientras María y Cecilia han subido a casa de esta geóloga que lleva viviendo desde hace más dos décadas. Es un octavo piso: desde allí arriba se ve una panorámica de la Serra de Tramuntana espectacular, la mole del Galatzó sobresale entre las montañas. Begonya no vive muy lejos de sus vecinas. Su piso está “en una paralela a Jaume Ferran, dos calles por encima de la plaza”, un lugar que conoce como espectadora. Allí estuvo, por ejemplo, el 11 de septiembre de 2001, el día que atentaron contra las Torres Gemelas, Manu Chao tocó ante 14.000 personas en el centro de Palma.

– No sabría decirte a qué hora fue… pero recuerdo que el concierto acabó justo después de que oscureciera, no a medianoche. Los grandes saraos vinieron después.

– ¿Cuando alguien se hace mayor se vuelve más quisquilloso ante la fiesta que quieren disfrutar los jóvenes?

– No lo creo. Lo que sucedió aquí fue un cambio de modelo. El punto de inflexión fue un festival de motos acrobáticas. Al día siguiente, salió en el diario Última Hora el organizador presumiendo de haber superado los 120 decibelios. Año tras año fueron aumentando la cantidad de eventos. Llegaron los festivales para estudiantes de viaje de fin de curso. 

– Como aquel concierto de reguetón de 2021 que terminó expandiendo un brote de coronavirus por España.

– ¡Exacto! Luego, al pasar la pandemia, se concedió un permiso para que hubiera fiestas desde las doce del mediodía hasta las doce de la noche. ¡Doce horas! Entonces, a través de redes sociales, fue como conocí a María y a Ana.

Al unirse al equipo, Begonya asesoró a sus compañeras para que contrataran a una empresa de sonometrías: “Necesitaban profesionales y yo tenía algún contacto. La Policía Local las había hecho durante años en momentos en los que no había tanto ruido”. Los resultados que consiguieron se movían entre los 75 y los 80 decibelios. La potencia límite: si ese volumen se convierte en rutina, ensordecen los oídos, el organismo se resiente. “Cuando terminaban los conciertos”, comenta María, “durante horas se te quedaba el runrún dentro de la cabeza… y no te lo podías quitar, no había manera. Mira que me encanta pintar y me encanta coser, y tengo el piso lleno de cuadros y de máquinas, pero ni a eso podía dedicarme. No me concentraba”.

Las jaquecas no son la peor secuela que le dejó a María el ruido de la plaza de toros. Hace unos meses sufrió un ictus que ella relaciona con la tortura, acústica y prolongada, de los conciertos. “Por eso no me quito las gafas de sol, para que me saques más guapa”, le dirá al fotógrafo cuando la retrate en el balconcillo de su casa, tantas plantas hay que parece un jardín botánico. Mientras suena el flash, María soltará:

–Lo bueno es que nunca nos han quitado las ganas de reír. Cuando escuchaba decir que nosotras estábamos dando la batalla porque alguien nos pagaba por detrás… ¡reírme era lo único que podía hacer!

Mientras Mallorca se vendía al mundo como un paraíso de hoteles, playas y lujo mediterráneo, a escasos kilómetros del aeropuerto crecía uno de los mayores supermercados de droga de España. Allí, entre chabolas levantadas sobre la exclusión y el abandono institucional, Francisca Cortés, 'La Paca', construyó un imperio criminal alimentado por la heroína, la cocaína, la corrupción policial y el dinero enterrado en zulos repletos de efectivo ocultos bajo tierra. Su figura -mezcla de crónica negra y poder- vuelve ahora al centro del foco mediático con el estreno, este viernes, de la película Mallorca confidencial, un thriller dirigido por David Ilundain y protagonizado por Lolita Flores que recuerda al auge y declive del mayor clan narcotraficante de la historia reciente del archipiélago.

La cinta, ambientada en la Mallorca del boom inmobiliario y de la corrupción policial de la primera década de los 2000, está protagonizada por el personaje ficticio de 'La Chusa', matriarca de un poblado marginal que controla el tráfico de drogas en la isla mientras su imperio empieza a resquebrajarse. Ilundain aseguró en el preestreno de la obra que el film, que no nombra a La Paca, está “basado en hechos reales”. Tampoco la película hace alusión a Son Banya, sino a Son Canals, un poblado chabolista que, al igual que Son Banya, está ubicado al lado del aeropuerto de Palma, es el epicentro de la droga en la isla y cuenta con una matriarca.

Los orígenes de Son Banya

La historia de La Paca está íntimamente ligada a Son Banya, poblado chabolista que nació oficialmente en 1972. El franquismo tardío y el Ayuntamiento de Palma promovieron el traslado de familias gitanas y pobres desde distintos barrios degradados hacia una zona aislada entre Palma y el aeropuerto. La operación se presentó como una solución urbanística, pero terminó funcionando como un mecanismo de segregación social y étnica.

Con el tiempo, el poblado quedó convertido en un espacio prácticamente desconectado de la ciudad: calles sin servicios suficientes, pobreza estructural, fracaso escolar masivo y una fuerte presencia de economías informales. En los años ochenta y noventa, la irrupción de la heroína transformó por completo la realidad del lugar. Son Banya pasó de ser un asentamiento marginal a convertirse en el principal punto de venta de droga de Balears. Fue ahí donde emergió el clan de Francisca Cortés Picazo.

El ascenso de 'La Paca'

Francisca Cortés Picazo nació en 1955 y acabó convirtiéndose en la figura dominante del narcotráfico mallorquín. La matriarca construyó una estructura familiar que funcionaba como un auténtico entramado criminal basado en la venta de heroína y cocaína por parte de sus subordinados. El clan manejaba enormes cantidades de efectivo y llegó a tejer relaciones con abogados y miembros de las fuerzas de seguridad para proteger sus intereses, tal como describen sentencias e informes policiales. Una romería constante de consumidores procedentes de toda Mallorca comenzó a acudir al poblado en un trasiego constante de coches que acabó formando parte del paisaje habitual de los accesos a Palma.

La imagen pública de 'La Paca' mezclaba temor, poder y cierta construcción folclórica alimentada por algunos programas televisivos sensacionalistas. Ella misma cultivó una estética de matriarca gitana todopoderosa. Su clan controlaba viviendas, favores y buena parte de la vida cotidiana del poblado.

La imagen pública de 'La Paca' mezclaba temor, poder y cierta construcción folclórica alimentada por algunos programas televisivos sensacionalistas. Ella misma cultivó una estética de matriarca gitana todopoderosa

La época de máximo esplendor del clan coincidió con los años del boom turístico y de la expansión inmobiliaria en Balears. Mientras Mallorca proyectaba al exterior una imagen de lujo, hoteles y crecimiento económico, Son Banya se consolidaba como un gigantesco mercado de droga al aire libre a apenas unos kilómetros del aeropuerto y las principales zonas turísticas de Palma. Pese a las redadas policiales, el negocio resistía una y otra vez: la estructura familiar del clan permitía recomponer rápidamente los puntos de venta y mantener intacto el control sobre el tráfico de droga.

La sensación de impunidad alrededor de Son Banya creció durante años alimentada, además, por las conexiones del clan con miembros de las fuerzas de seguridad y por el fracaso histórico de las administraciones para desmantelar el poblado. En 2008, sin embargo, pareció llegar el golpe definitivo. En el marco de la Operación Kabul, el mayor despliegue policial realizado hasta entonces contra el narcotráfico en Balears, decenas de agentes de la Guardia Civil irrumpieron en Son Banya y detuvieron a Francisca Cortés y a varios miembros de su familia. El dispositivo dio lugar, cinco años después, al mayor juicio contra el tráfico de drogas llevado a cabo en el archipiélago, con 55 acusados y peticiones de condena que sumaban un total de 697 años de prisión.

El juicio de los secuestros y el dinero enterrado

Pero antes de aquella macrovista, en 2008 se celebró el juicio del conocido como 'caso Son Banya', uno de los más mediáticos llevados a cabo hasta entonces en Mallorca: en el banquillo se sentaron 27 procesados y las solicitudes de prisión alcanzaban los 346 años en total. Entre los acusados se encontraba 'La Paca'. La Fiscalía sostenía que la matriarca había ordenado secuestros, amenazas y palizas contra dos personas sospechosas de haber robado 911.000 de los aproximadamente seis millones de euros que el clan ocultaba en zulos excavados bajo tierra en Son Banya. Según la investigación, los dos hombres fueron introducidos “a punta de pistola” en vehículos del clan, golpeados brutalmente “con un bate de béisbol” y trasladados por la fuerza al poblado, donde fueron golpeados e interrogados para recuperar el botín desaparecido.

El sumario describía un clima de terror alrededor de la organización y dibujaba Son Banya como un territorio controlado férreamente por la familia Cortés Picazo, donde el miedo y la violencia funcionaban como mecanismos habituales de disciplina interna. Como si de una novela negra coral ambientada en Son Banya se tratase, en el banquillo se sentaban 'El Evangelio', 'El Loco', 'El Tarta', 'El Chirri', 'El Moreno', 'La Guapi', 'Joselete el Sordo' o 'El Chencho', hijos, hermanos, sobrinos o cuñados todos ellos de Francisca Cortés. A las afueras de la Audiencia Provincial, un conglomerado de familiares y allegados de los procesados.

Uno de los juicios contra el clan de la Paca fue por torturas y secuestro a dos personas que les habían robado casi un millón de euros

Junto a los demás inculpados también fue enjuiciado el inspector de la Policía Nacional José Gómez Navarro, 'Pepote' y su mujer, la abogada María Ángeles López. La Fiscalía sostenía que ambos habían tejido una estrecha relación con el clan de 'La Paca' y que el mando policial llegó a recibir importantes cantidades de dinero y regalos a cambio de facilitar información privilegiada sobre investigaciones policiales y proteger los intereses de la organización criminal. Según la acusación, 'Pepote' y Calderón también participaron en las maniobras para desacreditar y presionar a los dos hombres que denunciaron haber sido secuestrados y torturados tras el robo de parte del dinero oculto por el clan en Son Banya.

También fueron investigados el inspector de la Policía Nacional José Gómez Navarro, 'Pepote', y su mujer, la abogada María Ángeles López, llegó a iniciar una huelga de hambre

“Yo no tengo ningún Ferrari”

Entre los alegatos se escuchó uno que acabó retratando la contradicción permanente entre la miseria visual de Son Banya y los millones que, según el Ministerio Público, movía el clan: “Yo no tengo ningún Ferrari”. Lo proclamó uno de los hijos de 'La Paca', Francisco Tomás Fernández, 'El Ico', en referencia a un comentario que había realizado uno de los abogados presentes en el juicio: “Vivirán en chabolas, pero hay un buen parking de vehículos, y de hecho 'El Ico' se pasea en Ferrari”. “Yo no tengo ningún Ferrari”, comentó él. La mayor parte de los acusados insistió en que parte de la fortuna procedía del negocio de la chatarra y de actividades legales vinculadas al reciclaje de metales, una explicación que jamás convenció ni a la Fiscalía ni al tribunal.

Meses después, los magistrados dictaron sentencia. La matriarca fue condenada a 22 años de prisión por delitos de blanqueo de capitales, dos delitos de detención ilegal, allanamiento de morada, amenazas graves, lesiones, inducción a dos nuevos delitos de detención ilegal, inducción al falso testimonio y cohecho. Por su parte, 'Pepote' fue sentenciado a nueve años y medio de cárcel y esposa, a 13 años y medio. Ésta llegó a iniciar una huelga de hambre después de que el tribunal denegase su petición de libertad, dado que se encontraba en prisión incondicional y sin fianza tras ser condenada en el marco de la causa.

La matriarca fue condenada a 22 años de prisión por delitos de blanqueo de capitales, dos delitos de detención ilegal, allanamiento de morada, amenazas graves, lesiones, inducción a dos nuevos delitos de detención ilegal, inducción al falso testimonio y cohecho. El Supremo redujo su pena a 16 años y 9 meses y le absolvió de algunos delitos

La Audiencia la describía como la “principal cabecilla o jefa del clan familiar”. La resolución, de 177 páginas, dibuja un entramado criminal profundamente enraizado en Son Banya y sostenido durante años gracias al narcotráfico, el blanqueo y la existencia de vínculos corruptos con miembros de la policía. Pero quizá ninguna imagen resume mejor aquella época que la del dinero enterrado bajo tierra en Son Banya: el tribunal relata cómo varios miembros del clan “decidieron excavar un agujero en un solar” del poblado para ocultar unos seis millones de euros procedentes del narcotráfico y “poner a buen recaudo” los beneficios de la heroína y la cocaína. La distancia entre el relato de la “chatarrería” y la imagen de fajos de billetes escondidos en el subsuelo terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más grotescos de aquel juicio.

El Tribunal Supremo rebajó, sin embargo, las principales penas impuestas por la Audiencia de Palma. En el caso de 'La Paca', el Alto Tribunal la absolvió a de los delitos de blanqueo, amenazas, allanamiento de morada y lesiones y redujo su pena de a 16 años y 9 meses. En el caso de 'Pepote', fue absuelto del delito de blanqueo de capitales al que había sido sentenciado inicialmente y su condena quedó reducida a cinco años y medio. Por su parte, Calderón vio rebajada su condena a dos años y nueve meses. Aun así, los magistrados dieron por acreditado uno de los episodios más oscuros del caso: el secuestro de los dos hombres acusados de haber robado centenares de miles de euros enterrados en Son Banya. Del resto del botín -más de cinco millones- nunca volvió a saberse nada.

Cinco millones de euros obtenidos por el negocio ilícito de la droga, que estaban enterrados en el poblado según el tribunal, siguen desaparecidos para la Justicia

La macrocausa Kabul

En 2013 llegó el juicio del caso Kabul, con 55 personas acusadas, cinco de ellas en búsqueda y captura. Francisca Cortés se veía de nuevo las caras con la Justicia. La Fiscalía, en un extenso escrito de calificación, relataba cómo, desde octubre de 2007 hasta la detención de los procesados, la Guardia Civil había detectado la existencia de varios grupos organizados que introducían los estupefacientes en las islas. Entre ellos se encontraba el clan de 'La Paca', erigido hasta entonces en la mayor y más eficiente organización destinada a la venta y distribución de cocaína, heroína y resina de cannabis en Mallorca.

Según la acusación pública, la droga salía desde Barcelona a través de distintas redes criminales conectadas entre sí, entre las que se encontraban la 'Organización Kike', el 'clan del Joaquín' y el 'Clan de los Valencianos', estos dos últimos con una fuerte implantación en Son Banya. El sumario también situaba en el entramado a otras bandas como el grupo 'del Dani' o del 'Chupi', la 'del Pony', la del 'Moi' y la red 'Samara'. Para su actividad ilegal, de acuerdo al relato de los fiscales, los miembros de este grupo utilizaban diversas viviendas y locales de Son Banya, donde de forma continuada, día y noche, vendían las sustancias estupefacientes.

Ante la magnitud de la causa, la vista tuvo que desarrollarse, bajo estrictas medidas de seguridad, en unas instalaciones situadas en el polígono Son Rossinyol de Palma. El ambiente del primer día retrató desde el inicio el carácter casi delirante del procedimiento: una de las acusadas se desplomó en plena sesión incapaz de soportar la tensión y tuvo que ser atendida y evacuada momentáneamente por los agentes presentes en la sala. Los gritos y las escenas de nervios marcaron aquella primera jornada. “Es que tiene delito lo que han hecho”, clamaba una de las mujeres presentes en la sala mientras señalaba a otro de los acusados. “La droga era de él”, insistía a voz en grito antes de que el señalado se levantara indignado para protestar por las acusaciones espontáneas. La matriarca, por su parte, vestida de rosa, optó por ocultarse de las cámaras igual que su hermano Juan, 'El Moreno', y sus hijos 'El Ico' y 'La Guapi'.

Terremoto judicial

El terremoto judicial llegó después, cuando la Audiencia Provincial, en una resolución de 183 páginas, absolvió a 'La Paca' y a la mayoría de los acusados al considerar que parte de las pruebas obtenidas durante la investigación habían vulnerando derechos fundamentales, dinamitando con ello años de macroredadas, escuchas, seguimientos y un despliegue policial sin precedentes en Son Banya.

Sin embargo, el caso Kabul no terminó con aquella absolución masiva. Lejos de cerrar definitivamente la macrocausa, la sentencia abrió una nueva batalla judicial que prolongó durante años el mayor proceso por narcotráfico de Balears. La Fiscalía recurrió ante el Supremo al considerar que la sentencia había desmontado e invalidado de forma injustificada pruebas clave de la investigación policial. El Alto Tribunal acabó dando parcialmente la razón al Ministerio Público y anuló la resolución absolutoria, ordenando dictar una nueva sentencia, reprochando a la Audiencia balear haber realizado una valoración “irracional” y “arbitraria” de varias pruebas fundamentales del procedimiento y criticando que se descartara material incriminatorio sin una motivación suficiente. La decisión supuso una nueva tormenta judicial y devolvió al primer plano una causa ya convertida en símbolo de la crónica negra mallorquina contemporánea.

El desenlace definitivo del caso no llegó hasta 2018, más de una década después del inicio de la operación policial que le dio pie. Ese año, el Supremo dio carpetazo a la macrocausa y rebajó a cinco años y medio la condena que finalmente la Audiencia había impuesto a 'La Paca' y a varios de sus hijos por delitos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de capitales.

En otro procedimiento, La Paca y la mayoría de acusados acabaron absueltos porque las pruebas obtenidas durante la investigación habían vulnerando derechos fundamentales. Al final, tras recurrir la Fiscalía, se volvió a celebra el juicio y, tras otro recurso al Supremo, La Paca fue condenada a cinco años y medio por delitos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de capitales

En 2019, la matriarca aceptó otra condena de tres años y tres meses de prisión por blanqueo de capitales, admitiendo que ocultó patrimonio procedente del narcotráfico. En esa vista también aceptó una multa de 12 millones de euros. 'La Paca' ingresó en prisión tras las condenas derivadas del caso Son Banya y pasó años entre rejas. En 2016 obtuvo su primer permiso penitenciario después de haber cumplido algo más de ocho años de condena y, en 2018, accedió al tercer grado penitenciario. Actualmente está en libertad y vive en Mallorca.

Son Banya después de 'La Paca'

Las condenas no acabaron, sin embargo, con el narcotráfico en Son Banya. Algunos clanes familiares siguieron controlando distintos puntos de venta y cada poco tiempo saltan nuevas operaciones policiales. El poblado continúa hoy parcialmente en pie, aunque muy lejos del poder que llegó a concentrar durante los años de mayor esplendor del clan de 'La Paca'. En 2018, todos los partidos del Ayuntamiento de Palma sellaron un histórico acuerdo para su desmantelamiento progresivo, para el que se proyectó un plan de inversión de más de 5,4 millones de euros a lo largo de ocho años así como el realojo de las alrededor de cien familias que entonces vivían allí: entre 450 y 600 personas, 193 de ellas niños, de acuerdo a los cálculos municipales.

El objetivo del acuerdo era facilitar la reinserción social de los residentes mediante ayudas al alquiler y el acceso a viviendas fuera del asentamiento, excluyendo las zonas más conflictivas de la ciudad. El entonces alcalde, Antoni Noguera (Més per Palma), justificó las ayudas por la gran cantidad de población infantil en riesgo de exclusión que no acudía al colegio y que sufría “una pérdida de oportunidades por el hecho de vivir en el poblado”. A cambio, las familias debían cumplir una serie de condiciones: escolarizar a los menores, participar en programas de inserción y mantener una búsqueda activa de empleo.

El plan no funcionó. Decenas de familias continúan viviendo en Son Banya entre la exclusión social, el estigma y las heridas de décadas de abandono institucional. El debate nunca fue únicamente policial: trabajadores sociales y entidades vecinales llevan años señalando que el poblado chabolista representa también el fracaso histórico de las políticas públicas hacia la pobreza y la comunidad gitana en Mallorca.

El estreno de Mallorca Confidencial devuelve ahora la historia de 'La Paca' al imaginario colectivo de la isla, pero también una realidad mucho más incómoda: la convivencia durante décadas entre el paraíso turístico vendido al exterior y uno de los mayores supermercados de droga de España, levantado a apenas unos kilómetros de hoteles de lujo, playas y urbanizaciones. Porque la historia de Son Banya no habla solo de narcotráfico: también habla de segregación, pobreza enquistada y de una Mallorca que durante mucho tiempo prefirió mirar hacia otro lado.

La histórica fiesta de aniversario del Bar Flexas no se celebrará este año en el Parc de la Mar. Los organizadores han anunciado la cancelación de la 22ª edición del evento, uno de los más multitudinarios y simbólicos de la cultura festiva y LGTBI de Palma, al considerar “inviables” las condiciones planteadas por el Ayuntamiento de Palma para sacar adelante la cita.

La decisión, anunciada a través de un vídeo publicado en redes sociales, ha generado la inmediata reacción del Consistorio, que niega que la cancelación se deba a una falta de apoyo institucional y asegura haber ofrecido respaldo técnico, logístico y económico para garantizar la continuidad de la fiesta.

En un comunicado remitido este jueves, Cort lamenta la suspensión del aniversario y sostiene que ha mantenido “un acompañamiento continuo con la organización” para explorar fórmulas que permitieran celebrar el evento.

Según el Ajuntament, gobernado por PP y Vox, incluso llegó a plantear asumir “la total responsabilidad de la logística y la elaboración del Plan de Autoprotección exigido para este tipo de celebraciones multitudinarias”, además de ofrecer una aportación económica de hasta 45.000 euros y ceder a la organización la gestión de las barras de bebidas.

El Ayuntamiento también subraya que durante esta legislatura ha reforzado las subvenciones destinadas al Bar Flexas hasta situarlas “entre las más elevadas que recibe actualmente una entidad cultural de la ciudad” y recuerda que la fiesta fue declarada de interés municipal el pasado año.

En su respuesta, Cort rechaza de forma explícita que la cancelación responda a “desacuerdos o condiciones inviables”, tal y como habían denunciado los organizadores, e insiste en que “en todo momento ha existido voluntad y disposición” para facilitar la celebración.

La fiesta del Bar Flexas se ha convertido en las últimas dos décadas en uno de los eventos más reconocibles del verano palmesano, reuniendo cada año a miles de personas en el Parc de la Mar en una mezcla de música, reivindicación y cultura popular queer. Su cancelación supone un duro golpe simbólico para el calendario festivo alternativo de la ciudad.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha declarado nulas las restricciones aprobadas por el Ayuntamiento de Palma para impedir que los caballos de galeras circulasen durante episodios de calor extremo. La resolución no entra a valorar el fondo de las medidas de bienestar animal, sino que justifica que la modificación del reglamento municipal se tramitó sin el preceptivo informe de evaluación de impacto de género que la Ley balear de igualdad entre mujeres y hombres obliga a incorporar a la hora de dar luz verde a normas o modificaciones por parte de las administraciones públicas de las islas.

En concreto, la reforma, aprobada en julio de 2022 por el anterior equipo de gobierno progresista, introducía limitaciones dirigidas a garantizar el bienestar animal bajo condiciones meteorológicas extremas. Entre otras medidas, prohibía el trabajo de los caballos cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activara avisos amarillos, naranjas o rojos por altas temperaturas, impedía colocar determinados adornos sobre los animales como gorros, cintas, cascabeles y cascabeles, modificaba las condiciones de los arneses y obligaba a suspender el servicio cuando el estado físico del caballo no fuera adecuado.

Salvo que el Ayuntamiento invoque otros protocolos municipales, reglamentos de rango superior o adopte nuevas medidas de urgencia, la sentencia podría dejar sin cobertura jurídica la prohibición específica, vigente a día de hoy, de que las galeras trabajen durante alertas meteorológicas por calor. Consultadas por elDiario.es, fuentes del Consistorio señalan que en estos momentos se encuentran analizando al detalle el alcance de la resolución, que no es firme y puede ser recurrida en casación.

La sentencia deja ahora en el aire la futura situación de los caballos de las galeras en Palma. Pese a las restricciones aprobadas en los últimos años para limitar su actividad durante episodios de calor extremo, las imágenes y titulares se repiten cada verano en Palma: equinos desplomados sobre el asfalto, animales desnutridos o exhaustos bajo temperaturas extremas o denuncias por hacer trabajar a ejemplares de avanzada edad y con visibles problemas físicos. En los últimos años, episodios de golpes de calor, caídas en plena calle y actuaciones policiales contra galeras han alimentado una creciente polémica sobre el bienestar animal y la continuidad de este servicio turístico en la capital balear.

En concreto, el TSJIB ha estimado el recurso presentado por varios titulares de licencias de galeras contra el acuerdo del pleno municipal que modificó diversos artículos del Reglamento del servicio de transporte urbano de viajeros con vehículos de tracción animal. Los demandantes alegaban que el expediente administrativo era incompleto y que la modificación carecía de proporcionalidad. También denunciaron la ausencia de mecanismos de participación ciudadana y, especialmente, la falta del informe de impacto de género exigido por la normativa autonómica.

Durante el procedimiento, el Consistorio defendió que la modificación perseguía garantizar el bienestar animal y la seguridad vial apoyándose en informes técnicos sobre los riesgos de las altas temperaturas para los équidos. En este sentido, sostenía que el informe de impacto de género no era necesario dado que la reforma no tenía incidencia en materia de igualdad.

Sin embargo, el TSJIB rechaza este argumento y recuerda que la Ley balear 11/2016 de igualdad entre mujeres y hombres establece la obligatoriedad de incorporar un informe de evaluación de impacto de género en la elaboración de disposiciones reglamentarias por parte de las administraciones públicas de las islas. La Sala subraya, además, que el propio informe jurídico incorporado al expediente ya advertía de la necesidad de incluir dicho documento antes de la aprobación definitiva de la modificación.

“La omisión del informe de evaluación de impacto de género determina, en aplicación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, la nulidad de la modificación de la Ordenanza objeto del presente procedimiento”, señala el tribunal, que insiste en que el informe de impacto de género “tiene carácter preceptivo y, pese a que afirme la Administración demandada que dicho informe no puede determinar la nulidad de la modificación reglamentaria pues ésta carece de connotaciones de género, es ese preciso informe que no consta el que debería haber hecho la referida afirmación”.

Protestas animalistas

Cabe recordar que, antes de esta modificación, ya existía un decreto municipal aprobado en 2018 que suspendía parcialmente el servicio entre las 12.00 y las 17.00 horas durante alertas naranja o roja por calor. Aquel decreto fue recurrido judicialmente y un juzgado concluyó que la restricción debía incorporarse mediante una modificación reglamentaria y no a través de un simple decreto de Alcaldía, lo que llevó posteriormente a la reforma ahora anulada por el TSJIB.

Durante los últimos años, entidades como Progreso en Verde, SOS Animal Mallorca o la Asociación de Defensa de los Animales (ADA Mallorca) han denunciado la situación de los caballos de las galeras al considerarla una forma de maltrato animal institucionalizado. Además, organizaciones como AnimaNaturalis, Baldea y Fundación Franz Weber han liderado campañas, manifestaciones y recogidas de firmas para lograr la prohibición definitiva de esta actividad. Algunos partidos políticos también han asumido esta reivindicación y han intentado legislar al respecto, aunque el debate continúa abierto.

Los animalistas recriminan, sobre todo, las condiciones extremas a las que muchos de estos animales se ven expuestos al ser obligados a trabajar durante largas jornadas, incluso en plena ola de calor, arrastrando pesadas galeras sobre el asfalto y expuestos al tráfico urbano, especialmente en aquellas ciudades con una fuerte actividad turística como Palma. La sustitución de la tracción animal por galeras eléctricas es una de sus principales reivindicaciones. En el municipio de Alcúdia, por ejemplo, las calesas tiradas por caballos ya han sido sustituidas por vehículos eléctricos en una iniciativa presentada como referente para otros municipios turísticos de Balears.