La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 20 años e investiga a otro de 22 por presuntamente agredir a un joven que intervino para defender a una mujer a la que uno de los sospechosos estaba increpando y había llegado a golpear en el rostro. La víctima acabó con una fractura de cráneo tras recibir varios puñetazos y un golpe en la frente con una botella de cristal.

Los hechos sucedieron el pasado mes de agosto en en las inmediaciones de un establecimiento nocturno de Cala d'Or (Mallorca). Según ha informado este martes la Guardia Civil, el joven agredido se encontraba en la zona cuando se percató de que uno de los hombres estaba increpando a la mujer, a la que llegó a golpear en la cara.

El joven, de 22 años, intervino para mediar en la situación. Fue entonces cuando el presunto agresor comenzó a golpearlo con varios puñetazos en la cara. Poco después intervino un segundo individuo, que portaba una botella de cristal y le propinó un golpe en la frente. El impacto le provocó una fractura de cráneo.

La agresión, sin embargo, no terminó ahí: pese a que la víctima había caído al suelo y se encontraba sangrando abundantemente, los dos agresores continuaron golpeándola. Los atacantes cesaron la agresión y huyeron del lugar a la carrera cuando se percataron de la llegada de los agentes del Instituto Armado y de los servicios sanitarios.

Tras los hechos, agentes de la Guardia Civil de Santanyí iniciaron una investigación para tratar de identificar a los responsables. Los investigadores realizaron diversas gestiones hasta conseguir localizar a los dos hombres presuntamente implicados en la agresión.

Finalmente, los agentes procedieron a detener al hombre de 20 años como presunto autor de un delito de lesiones graves, mientras que el joven de 22 años quedó en calidad de investigado por un presunto delito de lesiones leves.

Los alumnos de 15 años de Balears han obtenido resultados por debajo de la media española del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

Según los resultados del último Informe PISA, los alumnos de las Islas obtienen 449 puntos en Matemáticas, frente a los 457 de la media nacional.

En resolución computacional de problemas, los resultados en el archipiélago se sitúan también por debajo de los nacionales (498), con 497 puntos.

Del mismo modo ocurre con las competencias en Lectura, con 441 puntos (451 en España), y Ciencias, con 471 puntos en las Islas frente a los 477 del conjunto del país.

En todas las materias evaluadas los alumnos de Balears se han situado entre las cinco comunidades autónomas con los peores resultados y por debajo también de los premios de la Unión Europea y de la OCDE.

Por otro lado, el informe también hace referencia a las actitudes del alumnado hacia el aprendizaje, en concreto, al sentido de pertenencia, la curiosidad y la perseverancia. En estos apartados, los alumnos de las Islas han registrado índices por debajo de la media nacional, aunque por encima del promedio de la OCDE.

Concretamente, Balears es la comunidad autónoma con el menor índice de sentido de pertenencia, relacionado con el sentimiento de integración y vinculación con su centro educativo, aunque igualmente está por encima de la media de la UE y de la OCDE.

Datos estatales

Los alumnos españoles de 15 años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en 2025.

Según el informe, los alumnos españoles están medio año escolar por detrás de la media de la OCDE en Lectura. En concreto, el estudio revela que España ha sacado 451 puntos en Lectura, lo que supone 10 puntos menos que su anterior peor resultado histórico, que fue en el año 2006 con 461 puntos y 23 puntos menos que en 2022, cuando obtuvo 474 puntos.

En Lectura, los estudiantes de España, con 451 puntos, están 8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea (459 puntos) y tienen 10 puntos menos que el promedio de la OCDE (461 puntos). Los españoles han descendido un total de 45 puntos en Lectura entre 2015 y 2025.

Los alumnos españoles ya obtuvieron su peor resultado de la historia en Matemáticas en el anterior informe PISA, el de 2022, en el que la puntuación fue de 473, resultado que en 2025 ha caído hasta los 457 puntos, lo que supone 16 puntos menos.

En esta materia, la puntuación de España (457) está 6 puntos por debajo tanto del promedio de los países de la OCDE y del total de la Unión Europea, que en ambos casos ha sido de 463 puntos. España ha descendido casi 30 puntos en Matemáticas desde 2015 y se aleja del promedio de la OCDE, que está moderando su descenso.

En Ciencias los resultados de España en 2025 tampoco han sido buenos, ya que los estudiantes han sido evaluados con 477 puntos, lo que supone 8 puntos menos que en el Informe PISA 2022, cuando obtuvieron 485 puntos, y 6 puntos menos que en el Informe de 2018, en el que los españoles obtuvieron su resultado más bajo en Ciencias hasta esta edición con 483 puntos.

Los alumnos españoles también se encuentran por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea en competencia científica. En concreto, están 4 puntos por debajo del total de la UE y 5 puntos del promedio de la OCDE. Desde el año 2015, España ha descendido 16 puntos en Ciencias y ha ampliado la distancia con la OCDE.

“Si hicieran un hogar, un parque... Que la gente mayor pueda venir, que pongan pedales para hacer ejercicio, bancos para tomar el fresco...”. A sus 82 años, Joana lleva demasiado tiempo esperando lo mismo que gran parte de los vecinos de Son Sardina: un lugar público donde sentarse, reunirse y hacer vida de pueblo. En esta antigua barriada de Palma hay una plaza que lleva años dibujada sobre el papel, pero que nunca ha llegado a existir sobre el terreno. Allí, entre el núcleo tradicional de casas y el crecimiento residencial de los últimos años, el Ayuntamiento prometió un gran espacio público, un casal de barrio y una biblioteca. Este año, cuando parecía que Cort -como se conoce popularmente al Consistorio- estaba finalmente a punto de comprarlo, el solar ya había cambiado de manos.

Can Pasquet, un solar de casi 2.000 metros cuadrados ubicado en el corazón de Son Sardina, es para los vecinos mucho más que un terreno vacío. Es el espacio que llevan años reclamando para encontrarse, organizar actividades y tener unos equipamientos públicos que ahora están dispersos o funcionan en locales que ni siquiera son municipales.

El 13 de agosto de 2025, el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), acudió a Son Sardina y anunció que Cort había iniciado el proceso para adquirir Can Pasquet. La intención era construir una plaza, un casal y estudiar la posibilidad de incorporar un aparcamiento. El anuncio generó una expectativa evidente entre los vecinos. La promesa, además, no era nueva: Can Pasquet llevaba años apareciendo en los planes y reivindicaciones del barrio, pero la compra nunca había llegado a formalizarse.

La inversión privada se adelanta

Sin embargo, cuando el pasado 19 de febrero Cort aprobó una modificación de gastos que reservaba 237.976 euros para adquirir el solar, la finca pasó, apenas ocho días después, a manos de una promotora inmobiliaria constituida tres años antes, Polnavalón S.L., tal como figura en la documentación registral consultada por este periódico. elDiario.es se ha puesto en contacto con su administrador para conocer los detalles de la operación y el destino que prevé dar al solar, pero éste ha declinado hacer declaraciones.

Frente a la verja de Can Pasquet, Joana habla del problema desde un punto de vista mucho más sencillo que cualquier expediente urbanístico: el actual casal de barri está en una primera planta y hay que subir por escaleras. “¿Cómo podemos subir si muchos ya pasamos de 80 años?”, se pregunta. Al otro lado de la valla está el solar que los vecinos llevan años reclamando como futura plaza pública. En Son Sardina, lamenta Joana, “no hay nada”. Tan solo un pequeño parque para los niños en la entrada del pueblo, pero resulta insuficiente. Y el casal actual tampoco resuelve las necesidades de los mayores.

Su preocupación no es únicamente disponer de un espacio nuevo. Pese a las incomodidades del actual casal, teme perderlo como sucedió con el local de mayores del barrio de Son Cladera, desalojado a principios de julio mientras decenas de personas participaban en un taller de memoria. El futuro del centro comunitario y de la biblioteca está condicionado por el hecho de que funcionan en un inmueble adquirido en 2019 por una sociedad vinculada a un gran fondo internacional estadounidense. El Ayuntamiento reconoce que ambos equipamientos están actualmente en locales arrendados y plantea trasladarlos a Can Pasquet si consigue hacerse con el solar. La Associació de Veïnats ya ha advertido además del mal estado del casal actual, con goteras, humedades y suelo de hormigón.

Este domingo, mientras la tarde caía sobre Son Sardina, Joana y otros vecinos se concentraban frente al terreno convocados por la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga para exigir que el Consistorio luche por la parcela y la ponga a disposición del barrio.

Un barrio de 3.000 vecinos sin espacios públicos

La importancia de Can Pasquet se entiende mejor al recorrer Son Sardina. El núcleo conserva todavía un marcado carácter de pueblo pese a formar parte del municipio de Palma. Su origen se remonta a la época islámica, relacionado con las antiguas redes de agua y molinos de la zona, y durante los siglos XVII y XIX se consolidó como un pequeño núcleo de agricultores, jornaleros y artesanos. La agricultura fue durante siglos la actividad dominante hasta que el crecimiento residencial fue transformando progresivamente el territorio.

Ese carácter de pueblo sigue siendo una de sus principales señas de identidad. Son Sardina está separado físicamente del centro de Palma -casi cinco kilómetros lo separan ambas zonas- y mantiene una estructura urbana de casas bajas, caminos estrechos y antiguas posesiones, rodeada por zonas residenciales y grandes áreas de servicios como Son Castelló, Son Reus o la Universitat. Son Sardina cuenta con más de 3.000 habitantes y mantiene una intensa actividad asociativa y festiva. Pero esa vida comunitaria se desarrolla, más allá del colegio y el centro de salud, sin una red suficiente de espacios públicos municipales.

Una deuda pendiente desde los años ochenta

Lo ilustra, en declaraciones a elDiario.es, Antoni Marimón, vecino del núcleo y catedrático de Historia Contemporánea. Marimón resume el problema en una “falta crónica de equipamientos públicos” a pesar de la fuerte identidad comunitaria del barrio. La ausencia de espacios que sean realmente de titularidad municipal impide que las asociaciones dispongan de lugares donde reunirse, los mayores, de instalaciones accesibles, y los niños y jóvenes, de zonas de encuentro.

El historiador sitúa el origen del problema urbanístico de Can Pasquet a comienzos de los años ochenta. Según explica, el planeamiento de aquella época ya contemplaba que el espacio terminara destinado a equipamientos. El sistema previsto era complejo: la propiedad debía ceder el terreno al Ayuntamiento a cambio de que se permitiera determinada edificación. El mecanismo nunca llegó a ejecutarse. “Esperas y esperas y no se llega a cumplir”, resume el historiador.

La consecuencia ha sido una larga sucesión de propietarios y oportunidades frustradas. Marimón asegura que el solar ha pasado por “cinco o seis manos” desde entonces y que incluso otros gobiernos municipales intentaron abordar su adquisición. El problema, añade, es que el sistema urbanístico previsto no llegó a funcionar. Ahora, por primera vez en años, el Ayuntamiento había dado la impresión de que la operación estaba encarrilada. El PP llegó a incluir en su último programa electoral la construcción de la plaza de Can Pasquet: “Invertiremos en Son Sardina y haremos realidad las peticiones de los vecinos”, prometía la formación.

Mientras tanto, Genís, miembro de la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga, introduce otra dimensión: la de los jóvenes que ya no pueden quedarse en la zona. Él mismo ha tenido que marcharse. En conversación con este periódico, cuenta que entre el grupo de unos 30 jóvenes que participa en las fiestas son Sardina apenas quedan unos pocos viviendo allí; muchos se han trasladado a Palma o a otros municipios porque consideran imposible acceder a una vivienda en el núcleo sin disponer de tierras, una casa familiar o una herencia. “Si no tienes preparado un milloncito para gastar, no te puedes quedar”, explica. Vincula esa expulsión de población joven al encarecimiento de la vivienda, la especulación y la turistificación.

Para él, la reivindicación de Can Pasquet forma parte de algo más amplio: qué tipo de pueblo quiere seguir siendo Son Sardina y si podrá conservar una vida comunitaria propia mientras aumenta la presión inmobiliaria.

En agosto de 2025, la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga ya alertaba de la situación del solar de Can Pasquet y del riesgo de que acabara en manos privadas. Los vecinos recordaban que el pleno de Palma había aprobado en mayo de 2024, con el apoyo del PP, instar al equipo de gobierno a adquirir los terrenos para construir una plaza pública después de que las asociaciones del barrio reclamaran también un casal. La entidad denunciaba que, pese al compromiso municipal y a las más de 1.000 firmas recogidas en cuatro meses, el Ayuntamiento no había informado de ningún avance y persistía en un “silencio” que dejaba en el aire el futuro del solar.

La preocupación vecinal aumentó al aparecer en la parcela un cartel de Solvia que anunciaba su disponibilidad. La Assemblea advertía además de que el solar, pese a estar reservado en el Plan General para espacios libres y equipamientos, podía quedar expuesto a promociones privadas si Palma aplicaba la nueva legislación urbanística aprobada entonces por el Parlament. Los vecinos reclamaban así que Cort materializara su compromiso y evitara que Can Pasquet acabara vendido al mejor postor, frustrando la oportunidad de dotar a Son Sardina de una plaza y un casal públicos.

En anuncios localizados por este periódico, la parcela de 1.751 metros cuadrados llegó a ofrecerse por 180.700 euros, a razón de 103 euros por metro cuadrado, mientras que otro portal situaba el precio de venta en 210.000 euros. Apenas ocho días después de que el Ayuntamiento habilitase 237.976 euros para hacer frente a la adquisición, el solar acabó en manos privadas.

El interés del solar no reside únicamente en su ubicación, sino también en su situación urbanística. Como señala Miramón, Can Pasquet arrastra desde los años ochenta una ordenación que nunca llegó a ejecutarse y que ha ido cambiando con las sucesivas revisiones del planeamiento. La aprobación del Plan General de 2023 y la posterior caída del Plan de Ordenación Detallada han añadido incertidumbre sobre el futuro urbanístico del espacio. Esta circunstancia introduce una variable económica relevante: cualquier modificación futura que mejorase las condiciones urbanísticas de la parcela y aumentase su aprovechamiento podría incrementar de forma significativa su valor.

El Ayuntamiento asegura que peleará el solar

En medio de esta incertidumbre, el Ayuntamiento asegura que no ha renunciado al proyecto. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Consistorio, que remite a un comunicado reciente en el que, subraya, desde que el alcalde anunció su compromiso de adquirir la parcela, la Administración inició las gestiones pertinentes con la entidad bancaria entonces propietaria de la misma.

El Consistorio asegura que, desde entonces, trabaja para encontrar una solución y señala que actualmente está negociando con el propietario para alcanzar un acuerdo de compraventa. Si no fuera posible, el Ayuntamiento asegura que iniciará el correspondiente procedimiento de expropiación. La intención municipal es mantener el proyecto: un nuevo casal de barri y una biblioteca, una plaza pública y, como posibilidad adicional, un aparcamiento que contribuya a aliviar el déficit de estacionamiento de la zona. Cort asegura, además, que el diseño de los futuros equipamientos contará con la participación de las asociaciones vecinales y entidades del barrio.

El Ayuntamiento está negociando con el propietario para alcanzar un acuerdo de compraventa. Si no fuera posible, iniciará la expropiación

La oposición también ha cargado contra la gestión del Ayuntamiento. El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha reclamado explicaciones y responsabilidades políticas al equipo de gobierno por la venta de Can Pesquet a una inmobiliaria y ha cuestionado que Cort no lograra cerrar la compra del solar que había anunciado. Por su parte, Més per Palma ha resumido su crítica en una frase: “Martínez lo prometió. El PP lo ha dejado perder”. El regidor Miquel Àngel Contreras sostiene que el alcalde generó “una expectativa ante todo Son Sardina” al anunciar una plaza, un casal de barri y un aparcamiento y ahora debe explicar por qué el Consistorio no llegó a adquirir el terreno.

El manifiesto leído durante la concentración reclama que el Ayuntamiento adquiera inmediatamente el solar y comience el proyecto de plaza y casal. La Assemblea Popular reivindica además que estos espacios sean públicos y tengan en cuenta los proyectos elaborados por los propios vecinos. El mensaje de fondo es que Can Pasquet no se considera una infraestructura más. Las entidades recuerdan que la falta de espacios municipales dificulta incluso organizar las fiestas y las actividades asociativas. Los vecinos, después de décadas de espera y de una promesa que terminó coincidiendo con una venta privada, quieren saber cuándo. Porque, como resumía el manifiesto de la concentración, “no es una necesidad ni una promesa: es un derecho”.

Los trabajos de excavación y exhumación en el cementerio municipal de Son Servera (Mallorca) han permitido localizar los restos de al menos dos hombres que habrían sido víctimas de las fuerzas sublevadas en 1936. Los investigadores apuntan a que estas dos personas perdieron la vida en alguno de los enfrentamientos registrados en los alrededores del municipio durante la Batalla de Mallorca, la gran ofensiva que, entre agosto y septiembre de 1936, llevó a cabo la República con el objetivo de recuperar la isla de manos de los golpistas. La operación terminó con la retirada de las tropas republicanas tras varias semanas de combates.

Las balas y las insignias militares han sido las principales pistas para reconstruir su historia: junto a los restos óseos han aparecido munición de arma larga ya disparada, un proyectil de siete milímetros, dos insignias del cuerpo de Sanidad y otros restos de vestimenta militar, un conjunto que, según fuentes memorialistas consultadas por elDiario.es, apuntaría a que los dos hombres pertenecieron al Ejército republicano. La Batalla de Mallorca fue la última operación anfibia de la historia de España y en ella participaron todas las armas del Ejército y las milicias antifascistas. También fue la primera que contó con un batallón formado íntegramente por mujeres.

La intervención arqueológica se enmarca en el V Plan de Fosas del Govern balear y da continuidad a los trabajos de localización realizados entre mediados de abril y finales de mayo. El objetivo, tal como señala el Ejecutivo en un comunicado difundido este lunes, es recuperar y estudiar restos humanos que puedan corresponder a milicianos fallecidos durante los combates y avanzar, cuando sea posible, en su identificación.

Las pistas han aparecido casi 90 años después de aquellos enfrentamientos y están precisamente donde los investigadores esperaban encontrar respuestas: en la parte más antigua del cementerio. Allí, bajo las actuales zonas ajardinadas y parte de las aceras, los arqueólogos han ido separando enterramientos ordinarios de aquellos que presentan señales que podrían revelar una muerte vinculada a la Guerra Civil.

La primera fase de la intervención, desarrollada entre mediados de abril y finales de mayo, sacó a la luz un gran número de enterramientos de diferentes épocas. En una de las zonas ajardinadas situada junto a la entrada, por ejemplo, aparecieron 40 sepulturas individuales perfectamente alineadas, con los cuerpos depositados en cajas funerarias.

La mayoría de estas personas eran de edad avanzada y los enterramientos correspondían principalmente a fechas posteriores a la Guerra Civil, a partir de la década de 1940. Por ello, los investigadores descartaron que fueran víctimas de la Batalla de Mallorca.

El giro llegó al estudiar los antiguos planos del cementerio conservados en el Archivo Municipal de Son Servera. Los documentos permitieron comprobar que la terraza superior, la zona más antigua del recinto, había sido utilizada durante la primera mitad del siglo XX para realizar enterramientos directamente en tierra.

La excavación permitió documentar al menos 65 inhumaciones en el sector este, 63 en el oeste y otras 13 en la zona ajardinada central. Entre ellas aparecieron enterramientos que rompían con el patrón habitual. Algunos cuerpos habían sido colocados en posiciones inusuales y otros carecían de ataúd o de cualquier otro receptáculo funerario. Son precisamente estas anomalías las que han permitido a los arqueólogos concentrar la investigación en determinadas sepulturas.

Una intervención que obliga a levantar parte del cementerio

Los trabajos se han retomado esta semana y se encuentran ahora en una fase más delicada: la excavación y exhumación de los restos que pueden estar relacionados con la Guerra Civil. El problema radica en que algunas de estas inhumaciones se encuentran parcialmente bajo la acera actual que rodea las zonas ajardinadas. Para acceder a ellas, los arqueólogos tienen que desmontar parte del pavimento y continuar la excavación bajo la infraestructura construida posteriormente.

El objetivo no es únicamente recuperar los restos. La investigación pretende estudiar los esqueletos y los objetos asociados a ellos para obtener toda la información posible y, si las pruebas lo permiten, llegar a identificar a las personas enterradas.

La intervención cuenta con la participación del equipo de Aranzadi y se integra en el V Plan de Fosas del Govern balear. La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Xesca Ramis, ha visitado este lunes el cementerio junto al teniente de alcalde de Son Servera, Jaume Servera, y el técnico de Aranzadi Cesc Busquets.

La investigación abre ahora la posibilidad de que los restos recuperados permitan reconstruir parte de la historia de unos hombres que murieron durante uno de los episodios más importantes de la Guerra Civil en Mallorca y que fueron enterrados sin que, hasta ahora, se hubiera podido establecer con certeza su identidad. El propósito último de la intervención es, subraya el Govern, devolverles un nombre y, cuando sea posible, hacer llegar sus restos a sus familias, además de garantizarles una sepultura digna.

En la Batalla de Mallorca falleció, además, una de las primeras mujeres luchando en el frente, Amalia Lobato Rosique, tal como documentan los historiadores Manuel Aguilera y Gonzalo Berger en un estudio sobre la ofensiva republicana. Junto a ella, cinco milicianas del bando republicano perdieron la vida de manos de los fascistas en la Batalla de Mallorca. Son conocidas como 'las milicianas de Bayo': Teresa Bellera, María García, las hermanas Daría y Mercè Buixadé y una quinta cuyo nombre se desconoce, aunque fue autora del Diari d’una miliciana, en el que narraba aquellos días de caos y lucha. Fue publicado en el semanario Arriba, pero nunca se ha encontrado el manuscrito original. El relato sirvió de base para el documental Milicianas dirigido por Tània Balló y el manacorí Jaume Miró.

El mismo día que entró en combate, el 20 de agosto, recibió un disparo de bala en el vientre y fue trasladada al hospital de sangre de Ciutadella, donde murió tres días después, convirtiéndose en la primera mujer caída en defensa de la Segunda República.

Manuel Vargas, presidente de la Asociación de Caleseros de Palma, ha vuelto a protagonizar un nuevo enfrentamiento con una turista. “Vamos a tener violencia, hombre. Vais a tener violencia, pero violencia”, comenta a unos activistas en un vídeo que ha vuelto a incendiar las redes sociales. En las imágenes, Vargas, que en ese momento se encuentra subido a una galera sin pasajeros, discute con varias personas que están grabando la escena y les acusa de acudir para “buscar problemas”.

“¿A qué venís? ¿A más [buscar] problemas? ¿Llamo a más gente? ¿Llamo a mis amigos?”, pregunta el presidente de los caleseros, que llega a pedir a uno de sus compañeros que “llame a sus amigos”. Poco después se baja de la galera y se dirige hacia las personas con las que está discutiendo. “¿Queréis problemas?”, pregunta. “No”, responde uno de ellos. El vídeo muestra cómo el enfrentamiento continúa subiendo de tono, con acusaciones mutuas de haberse tocado. Vargas da varias palmadas en el brazo a la persona que está grabando y, posteriormente, golpea el móvil.

“Vas a saber lo que somos los gitanitos, tío”, le espeta. La otra persona insiste en que está en la calle y que tiene derecho a grabar. “Yo veo que sí, que venís aquí con problemas, con esta borracha, alcohólica, drogada”, dice Vargas. “Yo puedo grabar si quiero, eh. Es mi derecho”, dice en castellano, por detrás, la persona que está grabando. “¿A ti qué te pasa?”, le dice Vargas, dirigiéndose a él. “¿Me vas a tocar a mí?”, le pregunta. “Vamos a llamar a nuestras familias de Son Banya” y “que se traigan a las mujeres”, dice entonces Vargas, quien también empieza a grabar para “coger la cara” de los activistas.

Vas a saber lo que somos los gitanitos. Vamos a llamar a nuestras familias de Son Banya', comenta el calesero, haciendo referencia a sus familiares, que supuestamente viven en un poblado chabolista

Es el segundo incidente que protagoniza Manuel Vargas, que hace dos semanas insultó a una turista alemana –la llamó neonazi– y la roció de agua después de que ésta le pidiera si podía dar de beber al equino. A raíz de aquel episodio, el Ayuntamiento de Palma abrió un expediente informativo para esclarecer lo ocurrido y determinar si corresponde adoptar alguna medida. En este nuevo caso, el Consistorio asegura que todavía no dispone de información sobre lo sucedido.

Protesta animalista

El nuevo episodio vuelve a situar en el centro de la polémica la relación entre los conductores de las galeras y las organizaciones animalistas, en un contexto de creciente presión sobre el servicio por las condiciones de los caballos, especialmente durante los meses de calor.

Este sábado, Progreso en Verde y Satya Animal se concentraron frente a la Catedral de Palma para reclamar la reconversión de las calesas de caballos en vehículos eléctricos y exigir una “sanción ejemplar” para Manuel Vargas, incluida la retirada de su licencia por el incidente con la turista alemana.

La asociación animalista Satya Animal cree que el nuevo enfrentamiento se produjo después de la concentración del sábado, en la que estuvo la turista inglesa que protagoniza el vídeo con Manuel Vargas. La organización lamenta que continúen produciéndose escenas de intimidación, aunque también piden reducir el nivel de tensión y conflicto con los caleseros.

elDiario.es ha intentado contactar con la turista inglesa a través de redes sociales, sin éxito. Por su parte, Venancio Vargas, presidente de la Asociación de Caleseros, considera que el incidente se produjo porque hay grupos que intentan boicotear el trabajo de los caleseros para evitar que tengan clientes y afirma que el vídeo es anterior a este sábado. Aporta, además, otro vídeo de este sábado en el que aparece una activista quejándose de que no les ponen agua a los caballos y que son “unos maltratadores”.

“Esto se está poniendo muy peligroso”

Progreso en Verde y Satya Animal anunciaron que las protestas se iban a prolongar durante todo el mes de septiembre con el fin de reclamar al Ayuntamiento de Palma que establezca un calendario “claro” para poner fin a este servicio. “Vergüenza de ciudad, explotación animal” y “Palma no quiere calesas de caballos” son algunas de las consignas que se han podido escuchar por parte de los manifestantes, que también llevaban carteles para reivindicar que los animales “no son un medio de transporte ni una atracción turística”. Satya Animal exigió, además, garantizar el futuro de los caballos.

“Esto se está poniendo muy peligroso”, lamenta Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde, preguntado por un enfrentamiento sobre el cual no tiene información. Sobre el anterior, afirmó que temía que el Ayuntamiento califique la actitud de Vargas como una infracción leve, lo que supondría una sanción de entre 300 y 600 euros. A su juicio, su comportamiento fue “muy grave” y debería estudiarse incluso la retirada definitiva de la licencia.

Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal, coincidió en que la condición de Vargas como presidente de la Asociación de Caleseros agravaba lo ocurrido. “Si una persona se muestra así de violenta con otras personas que simplemente le piden de forma educada que dé agua a su caballo, ¿cómo debe tratar a los animales? No nos queremos imaginar cómo tratará a sus propios caballos”, sostuvo.

El episodio sirvió así para volver a colocar en primer plano una cuestión que trasciende el enfrentamiento concreto entre Vargas y los turistas: las condiciones en las que trabajan los caballos de las galeras de Palma. Las altas temperaturas de este verano, las denuncias sobre el estado de algunos animales y la aplicación de las restricciones durante los episodios de calor han alimentado una tensión que, según los animalistas, se repite prácticamente a diario.

Los equinos, además, pasarán su revisión veterinaria anual los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre, cuando la temporada turística está ya llegando a su final. El año pasado las inspecciones se realizaron antes, de manera que este año los caballos no han sido revisados por los veterinarios durante los meses más duros del verano.

Gimeno critica especialmente que se haya eliminado la suspensión del servicio con alerta amarilla. “Han quitado la suspensión del servicio con alerta amarilla, contando con que ha sido un año tremendo de calor donde hemos vivido de forma permanente bajo esa alerta y los animales han estado trabajando sin que nadie se preocupe por ellos ni aplique las limitaciones que tenían”, afirma.

Desde Progreso en Verde consideran que este contexto explica también el aumento de los enfrentamientos entre ciudadanos y caleseros. Amengual asegura que cada vez son más habituales las recriminaciones de turistas y residentes cuando observan caballos que, según su valoración, presentan signos de cansancio o trabajan en condiciones inadecuadas. “Siempre hay alguien que les dice: oye, esto no puede ser, hace calor, el caballo no está bien”, explica.

El propio dirigente animalista reconoce que una situación así, repetida durante toda la temporada, puede acabar generando tensión. “Llega un momento que quizá puedas perder los papeles”, admite. Pero insiste en que esa presión no justifica las reacciones que se han producido.

En paralelo, el conflicto ha ido modificando la posición del propio sector respecto al futuro de las calesas. Durante años, los caleseros se opusieron a la sustitución de los caballos por vehículos eléctricos. Ahora, sin embargo, el cambio de modelo parece posible, aunque no se vaya a producir de golpe.

Mayo de 2027: ¿primeras calesas eléctricas?

El Ayuntamiento de Palma dio en mayo un primer paso administrativo para iniciar la sustitución progresiva de las actuales calesas. La modificación del Plan Normativo Municipal de 2026 permitirá reformar el reglamento del servicio de transporte urbano de viajeros con vehículos de tracción animal con conductor. El Consistorio vinculó entonces la decisión a un acuerdo alcanzado en marzo con el sector y aseguró que cerca del 90% de las 28 licencias vigentes respaldaban la transformación.

Los propios caleseros admiten ahora que el cambio es necesario. Venancio Vargas asegura que la asociación tiene “casi terminado” un prototipo de vehículo eléctrico y que está previsto visitar uno en Valencia el próximo mes o trasladarlo a Mallorca para que pueda ser visto. Las reuniones con el Ayuntamiento, explica, han quedado temporalmente pospuestas a raíz del incidente protagonizado por Manuel Vargas con la turista alemana.

La principal dificultad, sostiene el sector, es económica. Los titulares de las licencias afirman que no pueden afrontar de golpe el coste de sustituir sus vehículos, por lo que plantean una transición progresiva. “A lo mejor cambiaremos 10 o 15 el primer año y después se irá cambiando paulatinamente”, señala Vargas. El ritmo dependerá, añade, de las temporadas y de la posibilidad de obtener ayudas públicas. “Si conseguimos que alguien nos apoye económicamente de una forma u otra, el cambio se hará mucho antes y mucho más rápido”, reconoce.

Los animalistas, sin embargo, quieren que el proceso vaya más allá. Reclaman que la modificación normativa elimine definitivamente la posibilidad de utilizar animales para el servicio y que no se limite a establecer una sustitución progresiva. “El compromiso del Ayuntamiento debería dar un paso más. Ya que se entra en el proceso de cambio a eléctricas, se debería extinguir definitivamente la posibilidad de que haya calesas con animales”, sostiene Gimeno.

La administración prevé que las primeras calesas eléctricas puedan circular por Palma en mayo de 2027. Una fecha que los animalistas consideran demasiado lejana y que Amengual ve además con escepticismo. El presidente de Progreso en Verde apunta que la llegada de los nuevos vehículos coincidiría con las elecciones locales y autonómicas y considera que el calendario puede estar condicionado por ese escenario.

El modelo de Alcúdia como objetivo

Los animalistas ponen como referencia el modelo de Alcúdia, donde las calesas eléctricas ya funcionan. También Sant Llorenç des Cardassar ha optado por vehículos de este tipo para el servicio en Sa Coma y S'Illot. A juicio de Amengual, Palma podría avanzar con mayor rapidez si adapta su normativa tomando esos modelos como referencia.

La transición, en cualquier caso, no está cerrada. El sector defiende que debe ser progresiva y con apoyo económico, mientras que las organizaciones animalistas reclaman que el Ayuntamiento acelere los trámites y garantice que la sustitución se haga cuanto antes. En medio quedan unas licencias “vitalicias y hereditarias” que los caleseros consideran su medio de vida y unos animales cuyas malas condiciones han vuelto a convertirse en el principal argumento de quienes reclaman el cambio.

La concentración de este sábado ha vuelto a demostrar que el conflicto sigue lejos de resolverse. Progreso en Verde y Satya Animal preparan nuevas movilizaciones y denuncias. En octubre prevén celebrar otra manifestación, que esperan que sea “muy importante”. También mantienen abierta la vía de la Fiscalía y la recogida de firmas. Mientras tanto, el Ayuntamiento deberá resolver el expediente abierto a Manuel Vargas y determinar qué ocurrió en el primer enfrentamiento con la turista alemana. El nuevo vídeo añade ahora otro episodio a una relación cada vez más tensa entre quienes quieren acabar con las galeras de caballos y quienes han convertido esta industria en su medio de vida.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha rechazado reconocer la incapacidad permanente absoluta a un trabajador diagnosticado de fibromialgia y otras patologías al considerar que sus limitaciones no son permanentes, sino que se producen de forma fluctuante. La Sala de lo Social considera que, aunque el trabajador sufre un cuadro crónico, puede desarrollar tareas administrativas y de gestión fuera de los periodos de mayor intensidad de los síntomas.

La resolución, que confirma la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Social número 1 de Ciutadella de Menorca, analiza el caso de un empleado de 54 años cuya profesión habitual es la de responsable de una agencia de viajes, un puesto que comprende tareas administrativas, de gestión y atención al cliente. El afectado reclamaba que se le reconociera el grado de incapacidad permanente absoluta, al considerar que sus patologías le impedían desarrollar cualquier actividad laboral. De forma subsidiaria, solicitaba que se le otorgara la incapacidad permanente total.

El trabajador padece, según los hechos probados, fibromialgia, polimialgia, poliartralgias, síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) leve, una mononeuropatía axonal en el nervio peroneal derecho y un trastorno adaptativo secundario a pluripatología, además de alteraciones en la columna vertebral. La sentencia, sin embargo, recoge que se trata de un cuadro de carácter crónico y de evolución fluctuante, lo que permitiría al trabajador realizar labores administrativas, de gestión, cobros y otras similares, aunque durante los periodos de reagudización puede verse afectada su capacidad laboral y necesitar una baja por incapacidad temporal.

La Sala considera que, aunque no se discute la existencia de las patologías, estas “no presentan un carácter permanente, sino fluctuante”, de modo que durante los momentos de mayor intensidad el trabajador puede acudir a periodos de incapacidad temporal. Para el TSJ, este es “el factor determinante” que llevó al Juzgado a rechazar la incapacidad permanente.

El trabajador alegó dolor en los 18 puntos

El trabajador había solicitado también modificar los hechos probados de la sentencia de primera instancia. Entre otras cuestiones, pretendía que se incorporase al relato judicial que padecía una fibromialgia con 18 puntos de dolor sobre 18 posibles, así como astenia, síndrome de fatiga crónica, dolores generalizados, alteraciones de memoria y concentración, ansiedad, mareos, fatiga y debilidad muscular, entre otros síntomas. Para ello aportaba distintos informes médicos, entre ellos documentos de la Clínica Quirón y de los servicios de Reumatología y Medicina Interna del Hospital General Mateu Orfila, además de un informe médico aportado con la demanda.

En su recurso, señalaba que padece, entre otros, dolores generalizados, ardores en manos y pies, episodios de temblores, sudoración nocturna, entumecimiento generalizado, dolor de cabeza, mareos posturales, cansancio desde la mañana, fatiga y debilidad muscular generalizada, así como alteraciones de memoria y concentración y episodios de ansiedad con palpitaciones. El curso de la enfermedad, alegaba, ha repercutido muy desfavorablemente sobre su vida laboral y relación.

El tribunal rechaza revisar la valoración de las pruebas médicas

El TSJIB, sin embargo, rechaza incorporar esas modificaciones. La Sala considera que la petición suponía, en realidad, ofrecer una valoración alternativa de la prueba médica, al apoyarse en determinados informes pero omitir otros que habían sido tenidos en cuenta por la juzgadora de instancia, especialmente el informe de la médico forense. El tribunal recuerda además que un recurso de suplicación no permite simplemente volver a valorar toda la prueba como si se tratara de una apelación ordinaria. Para modificar los hechos probados debe existir un error evidente y acreditado documentalmente, algo que la Sala no aprecia en este caso.

En concreto, la sentencia de primera instancia, que ahora confirma el TSJ, había otorgado especial relevancia al informe de la médico forense. Según recoge literalmente la resolución, esta profesional coincidió con el médico evaluador del INSS y consideró que el cuadro patológico no presentaba suficiente severidad para impedir el desempeño de la profesión habitual. La sentencia de Ciutadella señalaba que la médico forense no apreciaba limitaciones para la concentración y la memoria y consideraba que el trabajador podía realizar las tareas propias de su profesión habitual, salvo “en los períodos de reagudización con afectación de la capacidad laboral que determinen situaciones de baja por incapacidad temporal”.

La jueza también consideró que la duración de los periodos de incapacidad temporal no permitía deducir por sí sola ni la severidad de las patologías ni que los síntomas se hubieran mantenido de forma continua, puesto que una baja puede mantenerse durante el estudio, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad.

El TSJ recuerda que la Ley General de la Seguridad Social define la incapacidad permanente a partir de la existencia de reducciones anatómicas o funcionales graves, objetivables y previsiblemente definitivas que reduzcan o anulen la capacidad laboral. La norma establece distintos grados de incapacidad, entre ellos la permanente total y la absoluta. En este caso, los magistrados consideran que los hechos probados no permiten concluir que exista una limitación permanente de la capacidad laboral en los términos necesarios para reconocer la incapacidad absoluta en una sentencia contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El TSJIB sí otorgó la absoluta a otra trabajadora

El pronunciamiento del TSJIB contrasta con otra sentencia dictada por el mismo tribunal apenas un mes antes. En abril de 2026, la Sala de lo Social ratificó la incapacidad permanente absoluta de una agente de seguros que padecía fibromialgia severa, depresión y síndrome de piernas inquietas. En ese caso, el Juzgado de lo Social número 1 de Palma ya había reconocido la incapacidad absoluta en octubre de 2024 y el INSS recurrió la decisión. El TSJIB rechazó el recurso y confirmó el derecho de la trabajadora a percibir una pensión vitalicia equivalente al 100% de su base reguladora, fijada en 1.097,09 euros, con las correspondientes revalorizaciones.

La diferencia entre ambos casos se encuentra en las limitaciones funcionales que los tribunales consideran acreditadas, y no en el diagnóstico de fibromialgia por sí solo. En la sentencia de abril, el TSJIB consideró que el cuadro de la trabajadora hacía imposible desempeñar cualquier profesión con las exigencias mínimas de “continuidad, dedicación y eficacia” que requiere una actividad laboral.

El tribunal tuvo además en cuenta que un servicio de prevención la había declarado no apta para su puesto por no reunir las condiciones psicofísicas y que posteriormente había sido despedida por ineptitud sobrevenida. La propia Sala señaló que la incapacidad absoluta no puede descartarse por la mera posibilidad de realizar determinadas tareas de forma esporádica. La sentencia no era firme y podía ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La temporada alta en Eivissa deja imágenes como esta en la zona turística de ocio de Platja d’en Bossa: la espuma que crean grupos de motos de agua muy cerca de la costa, donde bañistas observan las altas velocidades que alcanzan en un litoral cada vez más saturado. Entre las actividades náuticas que se desarrollan en la playa, rodeada de hoteles y negocios turísticos, hay algunas legales y otras que no lo son, lo que ha desatado la polémica este verano.

Negocios dedicados al alquiler de motos de agua y otras actividades recreativas de esta área del término municipal de Sant Josep entregada al turismo —donde se encuentran las famosas discotecas Ushuaïa y Hï— han advertido de la creciente saturación y de la carencia de control sobre estos operadores, lo que les hace temer un incremento en la falta de seguridad marítima. Propietarios de estas empresas se han remitido a la administración local para denunciar el intrusismo en el sector por parte de compañías que, a pesar de ser legales, no cuentan con licencia para alquilar este tipo de vehículos acuáticos.

Una de estas operadoras es SUN Supermercado Náutico, que ofrece a pie de playa excursiones en paddle surf o el banana boat —para las que sí tiene permiso—, pero además motos que amarra en boyas cercanas a la orilla. Al aproximarse los periodistas, un trabajador se acerca con premura para advertir que no se puede fotografiar a los clientes que están utilizando las motocicletas, creando tráfico demasiado cerca del espacio delimitado para el baño. “Hemos expresado nuestra preocupación a varios agentes —de la Guardia Civil— sobre las motos acuáticas que operan dentro de nuestros circuitos autorizados y que se alquilan en lugares que consideramos ilegales”, explica uno de los propietarios de estos negocios a elDiario.es, quien asegura que ellos sí están sometidos periódicamente a inspecciones.

Además de dirigirse al Consistorio para informar de la situación, se han comunicado con la Patrulla Fiscal y de Fronteras (Pafif) de la Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep. Aunque el instituto armado explica que de momento no hay registrada ninguna denuncia por estas actividades, sí tienen constancia de las mismas. Por su parte, la compañía acusada de las irregularidades, con la que se ha puesto en contacto este diario vía correo electrónico, no ha respondido en el momento en que se publica este reportaje.

El dueño de esta misma empresa consultó a las fuerzas de seguridad el pasado 1 de agosto si se estaban realizando inspecciones al respecto. Pero, a día de hoy, los operadores ‘pirata’ siguen actuando en Platja d’en Bossa, lamenta el propietario, de origen belga, quien adquirió la compañía de actividades acuáticas a un ibicenco la pasada temporada de 2025.

Falta de inspecciones

Continúa, por lo tanto, la “preocupación” en la zona por el intrusismo en el sector, así como los accidentes náuticos que puede involucrar la falta de supervisión sobre el arrendamiento de las motos acuáticas ilegales y sin seguro.

Para manejar estos vehículos solo se necesita el título —la licencia de navegación básica para gobernar ciertas embarcaciones de recreo—, sin que se enseñe durante el curso para obtenerlo a manejarlas. “Puedes llevar una sin experiencia”, explica un residente que hace un par de años se sacó el permiso y suele alquilar este tipo de vehículos por ocio a lo largo del verano. “El problema es que la gente no es consciente de lo peligroso que puede llegar ser”, añade.

Para manejar estos vehículos solo se necesita el título -la licencia de navegación básica para gobernar ciertas embarcaciones de recreo-, sin que se enseñe durante el curso para obtenerlo a manejarlas

El ibicenco cuenta que una familiar cercana sufrió, en la década de los 2000, un accidente con una moto acuática que la arrolló mientras se estaba bañando en Caló des Moro (Sant Antoni). Se quedó inconsciente en el mar y sufrió graves heridas en uno de los brazos, por lo que tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital y ser sometida a una operación.

El Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, que regula las medidas de seguridad y el alquiler de motos náuticas, establece que las empresas que alquilan motos por horas o fracciones deben disponer de los permisos administrativos correspondientes y de autorización de funcionamiento de la Capitanía Marítima. Además, la norma establece requisitos concretos para las empresas: instalaciones adecuadas, medios para trasladar a los arrendatarios, zonas autorizadas para fondeo o plataformas, entre otros. Por ejemplo, especifica que las motos de alquiler no pueden estar varadas o estacionadas en la playa.

En Balears existe además la Ley 2/2015, de 27 de febrero, de régimen sancionador en materia de actividades marítimas, náuticas y subacuáticas (deportivas y recreativas), que establece el régimen sancionador para los centros de arrendamiento de motos náuticas. La norma considera infracción que los centros de arrendamiento de estos vehículos acuáticos desarrollen su actividad sin haber presentado la declaración responsable, comunicación previa o sin disponer de la autorización correspondiente, cuando esta sea necesaria. También contempla como infracciones operar sin el seguro de responsabilidad civil exigido, trabajar sin el responsable técnico o incumpliendo los requisitos de titulación o alquilar motos por días a personas que no tengan la titulación necesaria para gobernarlas.

Desde el Ayuntamiento de Sant Josep aclaran que la competencia municipal en el ámbito marítimo es limitada —depende de Costas— y aseguran que ya han trasladado a las administraciones competentes los supuestos casos detectados para que lleven a cabo las actuaciones que correspondan.

Falta de control general en el litoral

A lo largo del mes de agosto, las motos de agua han generado quejas e indignación general por su presión, junto a yates y embarcaciones de recreo, sobre el litoral pitiuso. Especialmente en zonas turísticas muy popularizadas, como Benirràs o es Vedrà, en Eivissa, o Cala Saona, en Formentera. Esto involucra muchas veces fondeos sobre praderas protegidas de posidonia.

Además, no en pocas ocasiones las motos acuáticas —con licencia para ejercer su actividad y sin ella— navegan a altas velocidades, retando a patrones de otros barcos y sin respetar la distancia de seguridad con el resto de navegantes, poniendo a veces en peligro a las personas que se encuentran en el mar y cerca de la costa.

Las motos de agua han generado quejas por su posible impacto sobre las praderas de posidonia y sus altas velocidades

La falta de control sobre el medio marino ha permitido en los últimos años que todo tipo de intrusismo se apodere del litoral pitiuso, así como una ajetreada actividad en general que contamina los ecosistemas marinos, ya muy castigados en el archipiélago. Entre otras cosas, ha proliferado la impunidad con la que ‘bares flotantes’ ilegales operan en alta mar ofreciendo mojitos y caipirinhas durante todo el verano a turistas y residentes que navegan en puntos como Platja d’en Bossa, atractiva por su puesta de sol.

Uno de estos vendedores que opera principalmente en la popular cala de Sant Josep —el municipio con más kilómetros de costa de la isla— ha sido en el último par de años avistado por camareros y personal de los chiringuitos de la costa. También por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, sin que hayan podido hacer nada al respecto. Todas estas infracciones han conducido a que ciudadanía y empresas de chárter reclamen más vigilancia y control, sobre todo, durante los meses de mayor afluencia de la temporada turística.

Neus Prats, portavoz del GEN-GOB Eivissa, asegura que, a pesar de que no saben específicamente cuáles son estas empresas, desde la entidad ecologista sí han detectado organizadores de excursiones en zonas protegidas de las islas donde “cuesta creer” que se haya otorgado una autorización para estas actividades. En concreto, alrededor de islotes protegidos como ses Margalides —a los pies del mirador de sa Penya Esbarrada (Santa Agnès)—, los islotes de poniente o el famoso mirador de es Vedrà. “No entiendo las autorizaciones que involucran motos de agua alrededor de lugares tan sensibles, teniendo en cuenta también las conductas peligrosas ligadas a estos artefactos. Es la sensación de siempre: en Ibiza cero respeto e impunidad total”, protesta la ecologista.

Decenas de personas -unas 200, según los organizadores- se han concentrado este sábado en Palma para exigir exigir al Ayuntamiento que ponga fin al servicio de calesas de caballos. La protesta, convocada por Satya Animal y Progeso en Verde, ha reunido a decenas de personas frente a la Catedral para reclamar a Consistorio que establezca un calendario “claro” para poner fin a este servicio.

“Vergüenza de ciudad, explotación animal” y “Palma no quiere calesas de caballos” son algunas de las consignas que se han podido escuchar por parte de los manifestantes, que también llevaban carteles para reivindicar que los animales “no son un medio de transporte ni una atracción turística”.

En un manifiesto, los animalistas han subrayado que la alternativa existe, en referencia a las calesas eléctricas. “No queremos promesas vacías ni excusas”, han reclamado, agregando que el Ayuntamiento “tiene que actuar ahora”.

Desde Satya Animal también han exigido que aparte de sustituir los vehículos se garantice el futuro de los caballos y se facilite su retirada definitiva. La entidad ha manifestado que, debido a su indignación y rechazo, cada sábado de septiembre se convocarán movilizaciones “hasta obtener una respuesta clara y compromisos” por parte de Cort.

Las calesas de caballos de Palma vuelven a estar en el centro de la polémica. El enfrentamiento entre un calesero y una turista alemana, después de que ella le pidiera que diera agua a uno de sus caballos, ha reavivado un conflicto que lleva años enfrentando al sector con las organizaciones animalistas. Hay varios frentes abiertos, que van desde el estado y las condiciones de los animales, especialmente durante los meses de calor, hasta la progresiva sustitución de las galeras por vehículos eléctricos. Un debate que, mientras las administraciones avanzan lentamente hacia un cambio de modelo, sigue generando protestas, denuncias y enfrentamientos en las calles de Palma.

Las entidades animalistas Progreso en Verde y Satya Animal han convocado una concentración este sábado a las 11 de la mañana frente a la Catedral de Palma para reclamar, de nuevo, que la industria de las galeras de caballos se reconvierta y pase a ser de calesas eléctricas, siguiendo el modelo de Alcúdia. Las protestas se enmarcan en un contexto en el que el presidente de la Asociación de Calesas protagonizó una polémica con una turista alemana, a la que insultó (la llamó “neonazi”), le dijo que comiera carne y le tiró agua encima, después de que ella le preguntara, educadamente, si podía darle de beber al caballo. Unos días después, Manuel Vargas se disculpó por el incidente y afirmó estar arrepentido por su acción. “Pido perdón, me equivoqué, pero es que me dijo que los gitanos éramos unos maltratadores de animales”, aseguró a Última Hora.

La turista alemana –la influencer Xenia Denise–, ha explicado a elDiario.es que “los insultos solo vinieron de su parte” hacia ella. “No le dije nada a ese hombre, salvo que, por favor, le diera agua al caballo (después de preguntarle si podía darle al caballo mi propia agua)”, ha aclarado. “Creo que también se puede ver por mi lenguaje corporal que yo no tenía ninguna agresividad y que no buscaba discutir”.

No le dije nada a ese hombre, salvo que, por favor, le diera agua al caballo. Creo que también se puede ver por mi lenguaje corporal que yo no tenía ninguna agresividad y que no buscaba discutir

Xenia Denise — Agredida por un conductor de un coche de caballos

El Ayuntamiento de Palma ha abierto un expediente informativo para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias de los mismos, según han informado a este diario. En este sentido, el Ayuntamiento de Palma señala que “no tolerará comportamientos que puedan resultar incompatibles con las obligaciones y condiciones que deben cumplir los titulares y conductores de este servicio y que, una vez esclarecidos los hechos, se adoptarán las medidas que correspondan”.

“Manuel perdió 50 euros”

Venancio Vargas, portavoz de la Asociación de Caleseros, explica a elDiario.es que el incidente protagonizado por Manuel Vargas se produjo después de que una familia alemana a la que estaba a punto de llevar en calesa fuera increpada por un grupo de turistas. Según su versión, las mujeres trataron de convencer a la familia de que no montara con sus hijos y finalmente consiguieron que se marchara. Manuel, sostiene, perdió así unos 50 euros.

“Su grupo se empezó a meter con la familia, diciéndoles que era una vergüenza que fueran a montar con sus hijos y tratando de que no montaran. Al final, la familia se fue y no montó, y Manuel perdió 50 euros”, relata Vargas. A partir de ahí, según Vargas, comenzó una discusión entre los implicados. El portavoz asegura que Manuel sacó el móvil para grabar después de escuchar un comentario que consideró racista. “Todos los gitanos son iguales en todo el mundo”, afirma que le dijo. Vincula esa frase a una conversación sobre la presencia de personas gitanas en el mundo de los caballos de carreras en países como Inglaterra o Alemania. También sostiene que, una vez iniciada la grabación, la turista pasó del alemán al inglés y que hizo como si estuviera pidiendo al calesero que echara agua.

El portavoz de la Asociación de Caleseros asegura que un grupo de turistas convenció a una familia para que no se montara en el coche de caballos y que el hombre del vídeo perdió 50 euros. También afirma que el conductor recibió comentarios racistas: 'Todos los gitanos son iguales en todo el mundo'. La joven niega ese comentario

Vargas admite, no obstante, que nada de ello justifica la reacción de Manuel. “Yo creo, desde mi punto de vista, que esta chica lo tenía preparado, pero no es justificable lo que hizo. Siempre hay que ser profesional, estás en tu puesto de trabajo y no puedes perder los papeles de esa forma”, afirma. El portavoz asegura que Manuel está “muy arrepentido” y que no quiere que vuelva a producirse un episodio similar.

Respecto a las posibles consecuencias, Vargas dice desconocer qué medidas puede adoptar el Ayuntamiento y cómo podría desarrollarse el procedimiento: “No sé exactamente qué hará el Ayuntamiento. Creo que el único delito así que le llama 'neonazi' y ese comentario viene por el comentario racista”.

El portavoz de los caleseros sitúa además el episodio en un contexto de conflictos recurrentes con algunos turistas alemanes. Asegura que unos días antes una mujer había protagonizado un incidente unos días antes y sostiene que los conductores están sufriendo más problemas con visitantes alemanes que con los residentes. “Los residentes te respetan más, porque al final nuestro negocio es legal, pagamos impuestos, lo tenemos todo bien y estamos aportando a la sociedad”, asegura. En cambio, considera que los alemanes “son los más radicales: vienen, se meten con tu viaje, salen y te insultan”.

La diferencia entre ambos incidentes, es que en el caso de la influencer, según Vargas, permaneció en el lugar, mientras que la otra se marchó. “Manuel se sintió como: ‘Ahora voy a tener que perder yo mis viajes; eso es lo que esta mujer quiere’. De ahí viene la situación. Pero vamos, que uno no justifica nada y se siente muy arrepentido por lo que hizo”, concluye.

Vargas asegura que el conflicto no ha paralizado, sin embargo, el proceso de sustitución de las calesas de caballos por vehículos eléctricos. Según su versión, la asociación tiene “casi terminado” un prototipo que prevén visitar en Valencia el próximo mes o trasladar a Mallorca para que pueda ser visto. Las reuniones con el Ayuntamiento han quedado temporalmente pospuestas a raíz del incidente, según relata, a la espera de que se calme la situación.

El portavoz sostiene que la transición tendrá que hacerse de manera progresiva porque los titulares de las licencias no pueden asumir de golpe el coste de sustituir sus vehículos. “A lo mejor cambiaremos 10 o 15 el primer año y después se irá cambiando paulatinamente”, plantea. El ritmo, añade, dependerá de las temporadas y de que el Ayuntamiento pueda conseguir ayudas o subvenciones. “Si conseguimos que alguien nos apoye económicamente de una forma u otra, el cambio se hará mucho antes y mucho más rápido”, reconoce.

A lo mejor cambiaremos [a calesas eléctricas] 10 o 15 el primer año y después se irá cambiando paulatinamente. Si conseguimos que alguien nos apoye económicamente de una forma u otra, el cambio se hará mucho antes y mucho más rápido

Venancio Vargas — Portavoz de la Asociación de Caleseros

Los animalistas exigen retirar su licencia

Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde, considera que la actuación de Manuel Vargas debería tener consecuencias más allá de una posible sanción económica. Amengual teme que el Ayuntamiento termine zanjando el conflicto valorando la infracción como leve. En ese caso, apunta, la sanción podría quedarse en una multa de entre 300 y 600 euros, y “aquí no ha pasado nada”. Sin embargo, a su juicio, el comportamiento del calesero es “muy grave” y debería estudiarse incluso la retirada definitiva de la licencia.

Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal, sostiene una postura similar. “El hecho de que sea el presidente de la Asociación de Caleseros agrava lo sucedido”, explica. Y se pregunta que si el presidente se permite hacer esto, qué estará pasando cada día en las calles con los caballos, así como con otros caleseros. Para Gimeno, la reacción observada en las imágenes plantea serias dudas sobre la situación de los equinos y sus niveles de bienestar.

“Si una persona se muestra así de violenta con otras personas que simplemente le piden de forma educada que dé agua a su caballo, ¿cómo debe tratar a los animales? No nos queremos imaginar cómo tratará a sus propios caballos”, reflexiona Gimeno. En opinión de Amengual, las imágenes tampoco dejan margen para la interpretación. De hecho, le sorprende especialmente que Manuel Vargas actuara de esa manera mientras estaba siendo grabado. “Si no hubiese habido teléfonos grabando, ¿qué podría haber pasado?”, plantea.

Si una persona se muestra así de violenta con otras personas que simplemente le piden de forma educada que dé agua a su caballo, ¿cómo debe tratar a los animales? No nos queremos imaginar cómo tratará a sus propios caballos

Kike Gimeno — Portavoz de Satya Animal

El presidente de Progreso en Verde tampoco comparte la explicación ofrecida por el calesero. Manuel Vargas sostiene que la turista le había dicho que “los gitanos eran maltratadores de animales”. La joven ha negado este extremo a este diario. Amengual asegura que ese tipo de acusaciones ya las ha sufrido personalmente. Recuerda que fue denunciado ante la Fiscalía por delitos de odio, racismo y acoso después de criticar el estado de los caballos y denunciar, entre otras cuestiones, el incumplimiento de las restricciones por altas temperaturas. “Esa siempre es su baza”, opina.

El dirigente animalista insiste en que nunca ha hecho referencia a la etnia de los conductores. “Me da igual quién lleve las calesas”, afirma. Y considera que, incluso si se hubieran producido los comentarios que denuncia Manuel Vargas, nada justificaría después arrojar agua a una persona, insultarla o acercarle la mano a la cara. El episodio se ha producido, además, en un momento especialmente delicado para las galeras de Palma. Las temperaturas y el estado de algunos animales han vuelto a colocar al servicio turístico en el centro de la polémica, como ya explicó este diario. Las denuncias se suceden y, según Amengual, también las recriminaciones de turistas y ciudadanos a los conductores.

Esa siempre es su baza [acusar a los animalistas de ser racistas]. Me da igual quién lleve las calesas

Guillermo Amengual — Presidente de Progreso en Verde

A ello se suma que los equinos serán inspeccionados cinco meses más tarde que el año pasado, lo que implica que no habrán pasado esta revisión durante los peores meses de verano y en medio de las olas de calor. “Los caballos no han pasado las revisiones veterinarias todavía y estamos acabando la temporada”, critica Gimeno. Este año, las inspecciones están previstas para los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre. Por otro lado, el portavoz de Satya Animal lamenta los cambios en los protocolos de protección por el clima extremo. “Han quitado la suspensión del servicio con alerta amarilla, contando con que ha sido un año tremendo de calor donde hemos vivido de forma permanente bajo esa alerta y los animales han estado trabajando sin que nadie se preocupe por ellos ni aplique las limitaciones que tenían”, afirma.

Han quitado la suspensión del servicio con alerta amarilla, contando con que ha sido un año tremendo de calor donde hemos vivido de forma permanente bajo esa alerta y los animales han estado trabajando sin que nadie se preocupe por ellos ni aplique las limitaciones que tenían

Kike Gimeno — Portavoz de Satya Animal

Los conflictos, cada vez más habituales

Los enfrentamientos entre los conductores de las galeras y los ciudadanos se han convertido en algo habitual, según Amengual. Las razones son variadas: las altas temperaturas, debido a que los caballos cojean o porque se les marcan los huesos. “Siempre hay alguien que les dice: oye, esto no puede ser, hace calor, el caballo no está bien”, explica. El presidente de Progreso en Verde reconoce que una situación así, repetida día tras día, puede acabar generando tensión entre los conductores.

“Llega un momento que quizá puedas perder los papeles”, admite. Pero insiste en que eso no justifica determinadas reacciones. A su juicio, esta presión es también consecuencia de que la ciudadanía está ahora mucho más pendiente del estado de los animales. Según Amengual, las protestas y las denuncias de las organizaciones animalistas han contribuido a sensibilizar a la población, que cada vez cuestiona más que los caballos sigan trabajando en estas condiciones.

Las razones de los enfrentamientos con los conductores son variadas: las altas temperaturas, debido a que los caballos cojean o porque se les marcan los huesos

La exposición constante del estado de los animales ha cambiado la percepción de parte de la ciudadanía. Por ello, el partido animalista pide a quienes detecten un caballo en malas condiciones que hagan fotografías o vídeos y se los hagan llegar para presentar las correspondientes denuncias. Sin embargo, los problemas suceden todos los días. Amengual cree que la situación también ha generado un desgaste entre los propios caleseros. Y ahí es donde, según su relato, se está produciendo un cambio de posición respecto a las calesas eléctricas.

El sector se oponía a las calesas eléctricas

Durante años, sostiene, los caleseros se opusieron frontalmente a sustituir los animales por vehículos eléctricos. “No queremos saber nada de las calesas eléctricas”, recuerda que defendían algunos de los conductores. Ahora, dice, la situación es diferente. El cambio de modelo ya se ha producido en otros lugares de la isla, como en Alcúdia, municipio donde funcionan con calesas eléctricas. Según Amengual, los dueños de las licencias de la zona están satisfechos con el nuevo servicio. También menciona el caso de Sant Llorenç des Cardassar, cuyos vehículos operan en Sa Coma y S'Illot.

El otro obstáculo era económico. Antonio Deudero, concejal del Ayuntamiento de Palma, explicaba que era inasumible para el Ayuntamiento indemnizar con 300.000 euros por licencia –hay 28– a los caleseros con el objetivo de que abandonen los caballos. El precio que presuntamente habrían solicitado. Sin embargo, Venancio Vargas, portavoz de la Asociación de Caleseros de Palma, negó estas palabras. “Pensamos”, dijo Vargas a este diario, “que [esa cantidad de dinero] la pidió alguna de las licencias que no están en la asociación”. “Nosotros, en ningún momento, hemos pedido dinero alguno. En otros sitios, como en Málaga, dijeron los del PP de acabar con el servicio de calesas porque estaban cambiando el centro y no entraban en su nueva idea. Les han indemnizado, por una concesión que les quedaban diez años, con 125.000 euros. Si realmente quisieran quitar las calesas aquí en Palma… ¿no lo hubieran hecho ya? La diferencia es que nuestras licencias son vitalicias y hereditarias”.

Es inasumible para el Ayuntamiento de Palma indemnizar con 300.000 euros por licencia –hay 28– a los caleseros con el objetivo de que abandonen los caballos. El portavoz de la Asociación de Caleseros niegan que hayan pedido ese precio por sus licencias, que son vitalicias y hereditarias

“Sí que hemos comunicado que hacer una conversión de la licencia a taxi, no nos parecería mal, pues es un puesto similar y sabemos que no faltará el pan en casa: ya hay caleseros con licencias de taxi. Hay muchas personas en nuestro sector que no darían la licencia por 300.000 euros porque no se ven trabajando de otra cosa. Sin embargo, en el taxi, sí”, concluyó.

Cambio de posición de los caleseros

La situación ha cambiado después de años de protestas, denuncias y presión ciudadana. “Fueron reculando, reculando, reculando”, explica Amengual, hasta llegar al punto actual: los caleseros aceptan avanzar hacia las eléctricas. El Ayuntamiento de Palma ya confirmó el 27 de mayo que había dado un primer paso administrativo para hacerlo, después de aprobar una modificación puntual del Plan Normativo Municipal de 2026 para incorporar la reforma del reglamento del servicio de transporte urbano de viajeros con vehículos de tracción animal con conductor.

El Consistorio señaló entonces que la modificación permitiría iniciar formalmente el procedimiento para la sustitución progresiva de las actuales calesas por vehículos eléctricos. El Ayuntamiento vinculó el cambio a un acuerdo alcanzado en marzo con el sector. Según sus datos, cerca del 90% de las 28 licencias vigentes respaldan la transformación del modelo. Para Amengual, el movimiento supone un cambio respecto a la posición mantenida durante años, pero reclama que el Ayuntamiento acelere los trámites. También critica que las organizaciones animalistas hayan quedado fuera de las reuniones mantenidas entre el Consistorio y los titulares de las licencias, pese a que, asegura, en su momento se acordó que pudieran participar.

El Ayuntamiento de Palma asegura que cerca del 90% de las 28 licencias vigentes respaldan la transformación del modelo hacia las calesas eléctricas

El portavoz de Satya Animal también califica la actitud institucional de “modo pasivo” y acusa al Ayuntamiento de actuar como “espectador viendo lo que pasa para no tener que implicarse ni comprometer dinero público de las arcas”. A juicio de Gimeno, el proceso actual es insuficiente si no se garantiza la prohibición total de la tracción animal en la ordenanza. “El compromiso del Ayuntamiento debería dar un paso más. Ya que se entra en el proceso de cambio a eléctricas, se debería extinguir definitivamente la posibilidad de que haya calesas con animales”. “Si no se elimina directamente del reglamento, se abre la puerta a que en el futuro algún calesero díscolo mantenga el caballo o lo vuelva a introducir”, concluye.

Las primeras calesas eléctricas, ¿en mayo?

El Ayuntamiento de Palma valora que las primeras calesas eléctricas podrían llegar en mayo de 2027. Una previsión que Amengual ve poco viable, debido a que coincide con las elecciones locales y autonómicas. “Si tú quieres marcarte un tanto a tu favor, pues colocas tres o cuatro calesas eléctricas”, plantea. El portavoz de los animalistas cree que los últimos acontecimientos pueden haber servido para acelerar un proceso que, a su juicio, llevaba demasiado tiempo parado.

Amengual sostiene que el cambio puede hacerse de forma relativamente sencilla tomando como referencia el modelo de Alcúdia. Según explica, bastaría con adaptar la actual normativa de las calesas de Palma para eliminar las referencias a los caballos e incorporar las condiciones de las eléctricas. A partir de ahí, el Ayuntamiento tendría que llevar la modificación al pleno, abrir un periodo para presentar alegaciones y volver a someterla a aprobación definitiva. “En tres meses está hecho”, asegura.

El siguiente paso sería la adquisición de los nuevos vehículos. Según Amengual, serán los propios caleseros quienes tendrán que asumir su coste, ya que el Ayuntamiento, según la información de la que dispone, no tiene previsto aportar financiación. Progreso en Verde reclama, precisamente, que el Ayuntamiento participe económicamente en la transición.

La concentración de este sábado, convocada a las once de la mañana frente a la Catedral de Palma, servirá para mostrar el rechazo a la actuación de Manuel Vargas y reclamar una “sanción ejemplar”, incluida la retirada definitiva de su licencia. El objetivo general de los convocantes, sin embargo, es volver a poner sobre la mesa el estado de los caballos y la continuidad de las galeras.

Amengual pone como ejemplo un caballo cuyo estado, asegura, llevan tiempo denunciando y que continúa en las mismas condiciones. Habla incluso de una “posible prevaricación administrativa” si las autoridades conocen una situación irregular y no actúan. La presión, sostiene, seguirá por varias vías: denuncias, Fiscalía, recogida de firmas y movilizaciones. La concentración de este sábado será una. En octubre preparan otra manifestación que esperan que sea “muy importante”. El objetivo final no ha cambiado. “Solo queda ese paso a las calesas eléctricas”, concluye.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, exhibicionismo y provocación sexual, elaboración de pornografía infantil y malos tratos por, presuntamente, someter a tocamientos y realizar prácticas sexuales delante de la hija, menor de edad, de su expareja y grabarla desnuda.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, la menor denunció que los hechos se repitieron durante cinco años. Además, el hombre también ha sido detenido como presunto autor de un delito de malos tratos contra su expareja, madre de la menor.

La Policía inició una investigación después de que la menor interpusiera una denuncia en la que relataba que el detenido, que había sido pareja de su madre, la había sometido a tocamientos y había grabado sus partes íntimas.

Según señaló, las agresiones sexuales comenzaron hace cinco años, cuando comenzó a agredirla sexualmente y le obligaba a tocarle a él, y, además, se masturbaba delante de ella. Asimismo, el detenido grabó las partes íntimas de la menor y le ofrecía regalos a cambio de favores sexuales.

Los agentes de la UFAM de Policía Nacional iniciaron una investigación para aclarar los hechos y tomaron declaración a la madre de la menor, quien afirmó haber sido víctima de malos tratos por parte del hombre.

El pasado jueves los agentes detuvieron al varón como presunto autor de los delitos de agresión sexual a menor de 16 años, exhibicionismo y provocación sexual y elaboración de pornografía infantil, así como por presunto autor de un delito de malos tratos a su expareja.

Los agentes intervinieron el teléfono móvil del detenido y llevaron a cabo una entrada y registro en el domicilio donde intervinieron diferente material informático. Los efectos intervenidos serán sometidos a peritaje y estudio y la investigación sigue abierta para el total esclarecimiento de los hechos.

El Consell de Govern ha autorizado el inicio de actividades del Centro Universitario Beato Luis Belda, adscrito a la Universidad San Pablo CEU, que ofrecerá los grados en Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología a partir del curso académico 2026-2027. Lo ha anunciado la portavoz adjunta del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

El inicio de actividades de este centro universitario adscrito, ha explicado, se concede una vez obtenidos los informes preceptivos favorables de la Agencia de Calidad Universitaria sobre los planes de estudio de las titulaciones, las resoluciones favorables del Consejo de Universidades del Estado y el resto de informes y autorizaciones que regula la normativa vigente.

La oferta académica del nuevo centro universitario incluirá 55 plazas de nuevo ingreso en el grado en Medicina, 100 en el grado en Enfermería y 40 plazas en los grados en Fisioterapia y Psicología.

Facultad de Farmacia

El Consell de Govern también ha autorizado la creación de la Facultad de Farmacia de la Universitat de les Illes Balears (UIB). La creación de la nueva facultad, ha explicado Estarellas, responde a la consolidación progresiva del grado en Farmacia, implantado en la UIB desde el curso 2024-2025. Los estudiantes iniciarán durante el año académico 2026-2027 el tercer curso de dicho grado, que cuenta con una “gran demanda”.

La implantación del grado fue posible gracias a una aportación del Govern de más de 6,5 millones de euros al periodo 2024-2029, así como al trabajo desarrollado por la Facultad de Ciencias de la UIB, que ha asumido su puesta en marcha durante la fase inicial.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha acordado este viernes transferir a las comunidades autónomas (CCAA) un total de 149,67 millones de euros para la contratación de profesores ayudantes doctor en universidades públicas de toda España en marco del programa María Goyri, de los cuales 1,05 millones serán para Balears.

La decisión se ha tomado en el marco del pleno de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU). De acuerdo con Universidades, el acuerdo ha contado con los votos a favor de todas las autonomías a excepción de Balears, que ha votado en contra, según ha informado el propio Ministerio.

“Es la primera vez que un Gobierno de España se hace cargo del salario del profesorado universitario, en el marco de una competencia que está transferida a las CCAA”, ha destacado el departamento dirigido por la ministra Diana Morant.

En concreto, los 149.674.540 millones de euros se dividen en 34.884.105 euros para Catalunya; 28.305.088 euros para Madrid; 21.083.400 para Andalucía; 17.841.306 euros para la Comunidad Valenciana y 11.080.110 euros para Castilla y León.

Asimismo, País Vasco recibe 6.020.960 euros; Canarias, 5.437.673 euros; Región de Murcia, 5.225.800 euros; Galicia, 4.235.637 euros; Castilla-La Mancha, 4.229.088 euros; y Aragón, 3.796.284 euros.

A su vez, 2.035.800 euros van para Extremadura; 1.862.080 para Navarra; 1.287.206 euros para Asturias; 1.131.000 euros para Cantabria; 1.058.568 euros para Baleares; y 160.435 euros para La Rioja.

Universidades ha recordado que el Gobierno puso en marcha el Programa María Goyri para incorporar un total de 5.638 profesores ayudantes doctor a las universidades públicas de nuestro país de manera progresiva hasta 2028, un 70% más de los que había en el curso 2023-2024.

Durante seis años, financiará 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor en toda España, que ya se han contratado y supondrán un coste global de más de 900 millones de euros por parte del Ejecutivo. Además, este programa implica la movilización de otras 2.236 plazas que sufragan las comunidades autónomas con una aportación adicional de 600 millones de euros.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y a una mujer por supuestamente negarse a pagar la cuenta en un restaurante de Magaluf y por agredir a los agentes.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles cuando se recibió el aviso de un posible altercado con unos clientes en un restaurante de la localidad.

Los agentes, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, fueron informados de que la pareja, de origen británico y 36 y 31 años, había consumido bebidas y comida y se había negado a pagar la cuenta, alegando que uno de los platos estaba en mal estado.

La pareja se encontraba en la playa y, al pedirles que regresaran a la orilla, ambos mostraron una actitud desafiante hacia los agentes, llegando a proferir insultos y amenazas.

Posteriormente, cuando los agentes intentaban trasladarlos al establecimiento para continuar con las diligencias, ambos ofrecieron una fuerte resistencia.

El hombre llegó a agarrar y golpear a uno de los agentes, además de intentar agredirle en otras ocasiones, mientras que la mujer también se resistió activamente al traslado.

Una vez introducidos en el vehículo policial, la actitud de ambos continuó siendo hostil, profiriendo amenazas contra los agentes y sus familiares. El hombre golpeó en varias ocasiones el cristal del vehículo con la cabeza, mientras que la mujer hizo lo propio contra la mampara de protección, llegando a producirse un pequeño golpe en la frente.

Los agentes tuvieron que emplear la mínima fuerza imprescindible y de forma proporcional para controlar a los dos implicados y evitar nuevas agresiones, siendo finalmente trasladados a dependencias oficiales de la Guardia Civil, donde continuaron con una actitud desafiante y reiteraron sus amenazas.

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, los detenidos por presuntos delitos de estafa, resistencia y desobediencia grave, amenazas y atentado contra agentes de la autoridad, quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.

La intención del Govern balear, presidido por el PP, de implantar en siete municipios de las Islas un memorial para las víctimas civiles de los bombardeos de la guerra civil ha despertado las críticas del movimiento memorialista. En un manifiesto difundido este jueves, Memòria de Mallorca acusa al Ejecutivo de plantear estos reconocimientos de forma aislada, sin contextualizar la represión sistemática ejercida por el franquismo y sin antes someterlos a la Comisión Técnica de Memoria Democrática, el órgano previsto por la legislación autonómica para desarrollar estas políticas.

En concreto, la controversia se sitúa en torno a la iniciativa 'Mur de la Dignitat', un memorial concebido para recuperar y hacer visible el recuerdo de las víctimas de los ataques aéreos producidos durante el conflicto bélico y que, como anunció el pasado 25 de agosto la presidenta del Govern, Marga Prohens, el Ejecutivo tiene previsto extender -ya se celebró uno en Palma- a los municipios de Artà, Inca, Santa Maria del Camí, ses Salines, Sóller, Maó y Eivissa, cuya población sufrió durante la guerra las consecuencias de las deflagraciones. La Administración autonómica propone que cada consistorio determine el emplazamiento, que podrá ser un lugar directamente relacionado con los bombardeos o cualquier otro espacio que garantice la dignidad, visibilidad y accesibilidad del memorial.

En su comunicado, Memòria de Mallorca deja claro que su rechazo no se dirige contra el reconocimiento de quienes murieron en los bombardeos, sino contra la forma de desarrollar los homenajes. Recuerda, asimismo, que fue precisamente la propia entidad la que propuso al Govern elaborar un informe específico sobre todas las víctimas de estos ataques, un trabajo que acabó incorporándose al IV Plan de Fosas y Memoria y Reconocimiento Democráticos de Balears. El estudio ha permitido identificar y documentar 152 personas fallecidas: 97 en Mallorca, 29 en Menorca y 26 en Eivissa.

Desde la asociación memorialista recuerdan que se trata de víctimas “de una guerra consecuencia de un golpe de estado contra el gobierno legal y legítimo de la II República que nunca se tenía que haber producido”, al tiempo que defienden “el reconocimiento de todas las víctimas del golpe de estado de 1936, de la guerra que éste desencadenó y de la posterior dictadura franquista”. Precisamente por ello consideran “inaceptable” que las políticas públicas de memoria “puedan convertirse en una selección interesada de víctimas o en una recuperación parcial de un relato histórico que durante décadas fue impuesto por la dictadura franquista”.

En este sentido, la asociación recrimina que el Govern haya trasladado directamente a los ayuntamientos diversos oficios para instalar los memoriales sin previamente haber sometido las propuestas a la Comisión Técnica de Memoria Democrática -órgano técnico previsto en la ley balear de memoria democrática para desarrollar este tipo de reconocimientos- y varios meses después de que PP y Vox aprobasen derogar esta norma. El texto se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional. Memòria de Mallorca considera “una profunda contradicción” que el mismo Ejecutivo que trató de eliminar ese marco legal presente ahora actuaciones como políticas de memoria democrática.

“No aceptaremos que se presenten memoriales públicos a víctimas de la guerra de manera aislada”, incide la entidad, que reclama que cualquier memorial relacionado con los bombardeos incluya específicamente a las víctimas de la aviación del bando sublevado que operaba desde las bases militares de Mallorca, con apoyo de la aviación italiana y alemana. También exige la participación de las entidades memorialistas y de víctimas y que los proyectos, insiste, sean sometidos previamente a la Comisión Técnica.

Desde la Conselleria de Presidencia, de la que depende la gestión de las políticas de memoria democrática, defienden, a preguntas de elDiario.es, que la iniciativa responde a un mandato aprobado por unanimidad por el Parlament de les Illes Balears y que los reconocimientos parten del estudio histórico elaborado por el doctor en Historia Manuel Aguilera, que, incide el Ejecutivo, ha permitido censar y poner nombre y apellidos por primera vez a todas las víctimas de los bombardeos sufridos en las Islas.

Lo que hace ahora el Govern, señalan, es ofrecer a los municipios que sufrieron bombardeos la posibilidad de contar también con un monumento en recuerdo de las víctimas, si bien, precisan, serán los propios municipios y las familias de las víctimas quienes decidan si desean acoger estos actos y monumentos. Desde el departamento dirigido por Antònia Maria Estarellas aseguran que se trata del mismo criterio que se aplica con las conocidas como 'Piedras de la Memoria': el Govern, señalan las mismas fuentes, facilita y pone a disposición de los municipios estos elementos de recuerdo, pero son los ayuntamientos y las familias quienes deben decidir cómo y dónde se materializa ese homenaje.

“El objetivo es muy sencillo: reconocer a todas las víctimas, recuperar sus nombres y preservar su memoria con rigor histórico, respetando siempre la voluntad de los municipios y de las familias”, sentencian.

Más de 2.000 asesinados por el bando franquista

En el mismo manifiesto, Memòria de Mallorca reclama la elaboración de una relación nominal de las víctimas de los bombardeos del bando fascista procedentes de las bases de Mallorca contra poblaciones de la costa peninsular, con especial atención a Menorca, Catalunya, la Comunitat Valenciana y Andalucía, además de un memorial con los nombres de las víctimas civiles de la denominada 'carretera de la muerte', en alusión a los ataques sufridos por la población que huía por la carretera de Málaga a Almería en febrero de 1937, y otro con las víctimas causadas por la aviación sublevada procedente de Mallorca en la costa peninsular. Para este último reclama una ubicación en el paseo Sagrera, integrado en el actual espacio del Mur de la Dignitat.

En esta misma línea, reclaman un memorial en el centro de Palma con los nombres de las más de 2.000 personas asesinadas, muchas de ellas víctimas de desaparición forzada cuyos familiares todavía desconocen su paradero y las circunstancias de su muerte. Finalmente, exigen que el Govern convoque “con carácter urgente” la Comisión Técnica de Memoria Democrática para explicar las actuaciones que está impulsando y que cualquier proyecto de memorial relacionado con los bombardeos sea debatido previamente por este órgano, con participación de entidades memorialistas y especialistas en historia, derecho y otras disciplinas vinculadas a la memoria democrática.

Las actuaciones previstas por el Govern del PP dan continuidad al memorial inaugurado el 27 de julio en el paseo Sagrera de Palma en homenaje al centenar de civiles que fallecieron bajo los bombardeos republicanos registrados en Mallorca entre 1936 y 1938. Al acto asistieron los descendientes de varias de aquellas víctimas así como Prohens y otros altos cargos conservadores y de extrema derecha. Ninguna formación de izquierdas estuvo presente como tampoco Memòria de Mallorca, que había supeditado su presencia a que el Govern renunciase públicamente a la derogación de la ley autonómica de memoria democrática, exigencia que el Ejecutivo en ningún momento ha atendido.

Durante el homenaje, Prohens, que nunca ha expresado una condena pública específica a las víctimas de la represión franquista desatada en Balears tras el golpe militar de julio de 1936 y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, defendió que la sociedad balear ha tomado conciencia de la necesidad de “cerrar heridas restituyendo la dignidad” de las personas asesinadas durante la guerra civil, reconduciendo tras ello su discurso hacia los bombardeos del Ejército republicano.

Un hombre extranjero de 29 años ha fallecido pasada la medianoche de este jueves tras ser atropellado frente a una discoteca en Palma.

El suceso ha tenido lugar en la carretera Ma-19A (camí de Can Capó), frente a la discoteca Amok, según ha informado a Europa Press el SAMU 061, que ha situado el aviso en torno a las 0.25 horas.

Tras el mismo, los servicios de emergencia han enviado al lugar de los hechos una unidad de soporte vital avanzado de la zona y otra de soporte vital básico. Con todo, a la llegada del equipo asistencial, los sanitarios han confirmado el deceso del varón.

Miles de mapaches (Procyon lotor), víctimas de la irresponsabilidad humana que los introdujo en Mallorca, se extienden hoy por la Serra de Tramuntana. El Servei de Protecció d’Espècies intenta reducir su población a través de la eutanasia, el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Illes Balears (COFIB) coloca trampas y captura centenares de ejemplares cada año y el Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA-CSIC/UIB) trata de averiguar cuántos siguen ahí fuera. La estimación más reciente sitúa la población de 2023 en unos 3.000 mapaches, aunque el intervalo posible va de 1.500 a 5.000.

Durante años, la presencia del mapache en Mallorca se midió por los ejemplares que caían en las trampas, pero nadie sabía realmente cuántos vivían en libertad. La primera estimación procede de un estudio encargado por la Conselleria al Grup d’Ecologia i Demografia Animal (GEDA) del IMEDEA. El equipo de Giacomo Tavecchia ha analizado las capturas realizadas por el COFIB entre 2019 y 2023 mediante un método estadístico denominado removal analysis. No se trata simplemente de contar los animales atrapados, sino de utilizar las capturas mensuales para calcular también los que continúan fuera. La estimación final todavía no se ha publicado y el equipo trabaja ahora en actualizarla con los datos de capturas más recientes.

La cifra tiene un margen considerable de incertidumbre. Hay propiedades privadas y zonas de difícil acceso donde resulta complicado instalar trampas y, para afinar el cálculo, sería necesario conocer la probabilidad de que un mapache entre en ellas. Tavecchia lo explica con una imagen muy mallorquina: “Es como intentar averiguar cuán grande es una ensaimada mirando solo un pequeño trozo”. Los modelos no son perfectos, admite, pero permiten obtener por primera vez el orden de magnitud de una población que permanecía oculta detrás de las estadísticas de capturas.

'Es como intentar averiguar cuán grande es una ensaimada, mirando solo un pequeño trozo', explica Giacomo Tavecchia sobre la dificultad de calcular cuántos mapaches viven en libertad

Del jardín particular a toda la Serra

El Servei de Protecció d’Espècies sitúa la primera constancia de un mapache en Mallorca en marzo de 2005: un ejemplar abandonado por una persona. Los primeros animales documentados en libertad aparecen en 2006 y las primeras capturas mediante trampeo, en septiembre de 2010. La presencia de la especie se atribuye principalmente a escapes o liberaciones de animales mantenidos en cautividad, tanto en instalaciones zoológicas como por particulares. Tavecchia considera “muy probable” que se produjeran varias introducciones a lo largo de los años y no una sola, en una época en la que las medidas para impedir la expansión de especies exóticas no existían o llegaron demasiado tarde.

La presencia de la especie se atribuye principalmente a escapes o liberaciones de animales mantenidos en cautividad, tanto en instalaciones zoológicas como por particulares

Elizabeth Fernández Torvales, veterinaria experta en animales exóticos de Exotely, Clínica Veterinaria de Palma, ya no recibe mapaches en la consulta porque su tenencia está prohibida desde hace años. Los ejemplares que permanecían en manos de particulares antes de la normativa podían ser regularizados y quedarse con sus propietarios, pero ya no podían adquirirse nuevos animales.

Todavía recuerda los mapaches que llegaban a consulta hace 20 o 25 años. Uno de sus propietarios quería que le limaran los colmillos porque le hacía daño al jugar. Como mascotas, su comportamiento tiene poco que ver con lo que sugiere su apariencia. “Cuando son pequeños son muy monos”, explica. “Al crecer, sin embargo, se convierten en animales fuertes, capaces de arañar y morder, y algunos propietarios acaban desprendiéndose de ellos”, señala.

Cuando son pequeños son muy monos. Al crecer, sin embargo, se convierten en animales fuertes, capaces de arañar y morder, y algunos propietarios acaban desprendiéndose de ellos

Elizabeth Fernández Torvales — Veterinaria

El resultado se observa hoy a lo largo de la Serra. El Servei de Protecció d’Espècies sitúa el mayor número de capturas en Bunyola, seguido de Puigpunyent y Valldemossa, pero ya se han registrado avistamientos y alguna captura en Pollença, Mancor y Alcúdia. Su diagnóstico es que el mapache ocupa toda la Serra de Tramuntana. Fuera de ella no se ha confirmado, por ahora, la existencia de poblaciones reproductoras establecidas, aunque sí se han producido detecciones puntuales.

Carol Cerezo ha sido testigo casi por casualidad de esa expansión. Trabaja por la zona de Valldemossa y Deià, donde se ha encontrado en dos ocasiones con mapaches mientras conducía. La primera vez, en la estrecha carretera que baja de Valldemossa al Port des Canonge, vio a dos adultos y tres crías cruzando el asfalto. “Me sorprendió un montón. No sabía que había mapaches en Mallorca”. Meses después, cerca de Bens d’Avall, entre Deià y Sóller, otro ejemplar caminó delante de su coche sin apartarse. “Creía que era un gato gordo, y cuando giró y me miró le vi el antifaz dibujado en la cara”, recuerda.

Una especie preparada para prosperar

El éxito del mapache no depende de unas condiciones especialmente favorables, sino de su capacidad para aprovechar casi cualquier entorno. Es un omnívoro generalista y oportunista, de hábitos principalmente nocturnos y crepusculares, que puede alimentarse de frutos, insectos, huevos, pequeños vertebrados, carroña o incluso basura. Trepa, nada y se instala en ambientes forestales, rurales y urbanos. Esa plasticidad ayuda a entender cómo un animal originario de Norteamérica ha logrado adaptarse a territorios tan distintos.

El clima tampoco parece ser la clave. Tavecchia recuerda que existen grandes poblaciones en Canadá y que la especie se ha extendido por el norte de Europa. “Tiene una gran capacidad de adaptarse a climas diferentes”. En Mallorca se añade una circunstancia delicada: es una isla. Las comunidades animales insulares son más reducidas y muchas especies han evolucionado durante miles de años sin determinados depredadores y competidores. Tampoco existen grandes carnívoros como el oso, el lince o el lobo, que podrían competir con el mapache en otras partes de su área de distribución.

El mapache es un animal omnívoro y oportunista, capaz de adaptarse al entorno: trepa, nada y se instala en ambiente forestales, rurales y urbanos. En un entorno como Mallorca, una isla, las especies están menos adaptadas a estos depredadores foráneos

En libertad, el mapache suele tener una camada al año. Lo habitual son entre dos y cinco crías y las hembras alcanzan la madurez sexual durante su primer año. En Hokkaido, donde Japón vivió un proceso de invasión comparable al que vive Mallorca, un estudio detectó gestación en el 66% de las hembras de un año y en el 96% de las adultas, con camadas medias de 3,6 y 3,9 crías, respectivamente. Los datos de Mallorca apuntan a una capacidad reproductiva igualmente elevada: el 86% de las hembras maduras analizadas había lactado o estaba lactando, frente al 40% del estudio anterior. Esa cifra confirma que la población se reproduce ampliamente, aunque los datos no permiten saber cuántas crías sobreviven.

En todo caso, la población mallorquina de mapaches ya ha dejado atrás la fase más incierta de cualquier invasión. Los estudios anteriores al trabajo del IMEDEA concluyeron que está naturalizada, es decir, que se reproduce y se mantiene por sí sola. Naturalizada, sin embargo, no significa que haya dejado de ser invasora: una especie puede llevar décadas en un territorio y continuar alterando las relaciones del ecosistema.

Más trampas, más capturas

Mientras la población se consolidaba, el dispositivo de control también fue creciendo. Hasta la fecha 3.684 mapaches han sido capturados en trampas en Mallorca. A ellos se suman otros registros por hallazgos, colisiones con vehículos, abandonos, avistamientos y otras causas. En 2025 el dispositivo alcanzó 1.017 puntos de trampeo. Ese año fueron eutanasiados 767 mapaches y hasta finales de julio de 2026 otros 438. “Más trampas, más capturas”, resume Tavecchia.

A pesar de ello, los cálculos de Tavecchia indican un crecimiento de alrededor del 20% anual. Según ese modelo, las capturas y eutanasias del COFIB redujeron aproximadamente a la mitad ese aumento de la población de mapaches, pero todavía no consigue invertir la tendencia. “La población crece más rápido de lo que se puede capturar”, explica Tavecchia. Su conclusión resume buena parte de la historia de esta invasión: “Hemos llegado tarde”.

El impacto que aún no se puede medir

El avance del mapache abre una pregunta más difícil que la de cuántos hay: qué daños puede causar. El Servei de Protecció d’Espècies reconoce que no existen estudios específicos que permitan cuantificar su impacto sobre especies autóctonas concretas ni determinar de manera concluyente cuáles están siendo afectadas.

Entre las especies que preocupan, Tavecchia señala al ferreret (Alytes muletensis), un anfibio endémico de la Serra de Tramuntana. No se ha demostrado que los mapaches estén provocando su declive, pero todavía se sabe poco sobre las interacciones de una población invasora en expansión. Faltan datos sobre sus movimientos, reproducción, proporción de jóvenes y adultos, colonización de nuevos territorios y posibles parásitos transmisibles a animales domésticos y ganado. “Necesitamos más información”, insiste el investigador.

Guillem Ferrer, vecino de Mancor de la Vall, capturó tres mapaches en su finca en unas tres semanas. Empezó con dos jaulas propias y el COFIB instaló otras dos. Ferrer no ha observado daños importantes: no le han tocado los tomates ni otras hortalizas del huerto, aunque atribuye a los mapaches la desaparición de las uvas.

“Los mapaches solo intentan sobrevivir”

La captura plantea también un dilema sobre qué hacer con los animales una vez atrapados. Quique Gimeno, portavoz de Satya Animal, considera que los mapaches son, en última instancia, “víctimas” de una situación provocada por el ser humano: “A los mapaches se les ha introducido aquí; lo único que hacen es intentar sobrevivir”. La organización defiende que antes de recurrir a métodos letales deberían estudiarse y agotarse otras posibilidades de control de la población y reclama que las decisiones se apoyen en la evidencia científica y en la experiencia acumulada en otros lugares.

Gimeno admite la dificultad del problema en una isla y que puede haber pocas alternativas a la eliminación directa, pero sostiene que la muerte de los ejemplares debería ser “absolutamente la última” opción. Al mismo tiempo, reclama actuar en el otro extremo del problema: evitar nuevas introducciones. Aunque la legislación ha endurecido las condiciones para la tenencia de animales exóticos, Satya advierte de que todavía existe tráfico y compraventa, especialmente de forma ilegal, y reclama más recursos para controlarlos. “Los mapaches no son los culpables de nada”, insiste Gimeno.

Capturar muchos animales, además, no significa necesariamente que la población disminuya. Los cálculos de Tavecchia sitúan en torno al 30% la eutanasia anual necesaria para que empiece a decrecer. Hasta ahora se logra alrededor del 14%.

Capturar muchos animales no significa necesariamente que la población disminuya. Los cálculos del experto Giacomo Tavecchia sitúan en torno al 30% la eutanasia anual necesaria para que empiece a decrecer. Hasta ahora se ha logrado alrededor del 14%

Ahí aparece el dilema de los próximos años. El Servei mantiene la erradicación como objetivo operativo y el dispositivo de seguimiento y captura continúa orientado hacia ella. Tavecchia es más escéptico: “Es difícil que se pueda erradicar el mapache”. No dice que sea imposible, pero plantea que una población extendida por la Serra puede obligar a cambiar de horizonte. “Si no podemos erradicar el problema, mejor empezar a manejarlo. Y por esto necesitamos más información”.

El “síndrome del peluchismo”

El mapache tiene, además, una ventaja que poco tiene que ver con su biología: nos cae bien. Su antifaz, las orejas redondeadas, las manos casi humanas y una larga tradición de dibujos animados han construido una imagen difícil de asociar con una especie invasora. Tavecchia y sus compañeros llaman informalmente a ese fenómeno “el síndrome del peluchismo”. “Los animales que tienen pelo, orejas visibles y ojos frontales generan más simpatía. Si se puede hacer un peluche de este animal, entonces será más simpático”, explica.

Esa simpatía no es irrelevante. Las invasiones biológicas empiezan muchas veces antes de que alguien coloque la primera trampa. Durante años se compraron animales exóticos sin valorar qué ocurriría cuando dejaran de ser pequeños. Fernández Torvales lo ha visto con mapaches, pero también con coatíes, tortugas y cerdos vietnamitas. “Cuando son pequeños son muy monos, pero luego el cerdo crece, el coatí crece o el mapache crece y dejan de quererlos. Y algunos acaban soltándolos en la naturaleza”.

Para Tavecchia, la experiencia del mapache encierra una lección que va más allá de esta especie. Ante una nueva invasión, actuar pronto resulta mucho más eficaz que intentar recuperar el terreno cuando la población ya se ha establecido. Hay que priorizar las introducciones recientes, valorar cuáles causan mayores daños y cuáles todavía pueden erradicarse y, cuando eso deja de ser posible, gestionar sus poblaciones para reducir el impacto. El futuro, advierte, probablemente traerá nuevas especies y no siempre habrá información ni recursos suficientes para actuar contra todas ellas.

UGT ha desconvocado la huelga en el Centro de Bienestar Animal de Son Reus gestionada por la concesionaria Athisa que dio comienzo el pasado 24 de agosto para reclamar mejoras laborales que solucionen la situación de “grave precariedad laboral e inseguridad” que padecen. Además, el sindicato ha denunciado la existencia de presunto esquirolaje por parte del Ayuntamiento de Palma y ha anunciado una ofensiva legal.

En un comunicado, la organización sindical ha explicado que retira la protesta tras constatarse la neutralización de la medida de presión como consecuencia directa del “grave e ilegal esquirolaje externo perpetrado por la directiva municipal del Ayuntamiento de Palma”. Ha señalado que dejar la huelga no significa parar el conflicto, más bien al contrario. Hasta la fecha, han explicado, el sindicato había mantenido en reserva diversas situaciones graves a la espera de poder solucionar el conflicto laboral.

UGT ha denunciado que el Director General de Medio Ambiente, Espacios Naturales y Bienestar Animal, y el Jefe de Departamento de Ecología, Agricultura y Bienestar Animal, estuvieron realizando tareas correspondientes a los huelguistas de manera continuada y reiterada durante los días de huelga.

Desde UGT han subrayado la “profunda falta de respeto” demostrada hacia los derechos del personal y han añadido que si la situación inicial ya resultaba vergonzosa para la empresa y para la Administración, “la absoluta inacción del Ayuntamiento que no ha movido un solo dedo durante todo el conflicto” cuestiona la falta de ética de los responsables poniendo de manifiesto su poca altura política y su responsabilidad.

Por su parte, la situación de los animales, según explicó UGT, había sido positiva y se “alegran de que puedan salir a pasear y disfrutar de su bienestar”. Sin embargo, remarcaron que este hecho estaba ocurriendo mediante “una flagrante vulneración” del derecho a huelga.

La asociación animalista 'Los abandonados de Son Reus' compartió en un post de Instagram que a causa de la huelga estaban sufriendo “quienes menos tienen culpa: los perros”. Explicaron que según declaraciones de los voluntarios no se les estaba permitiendo sacar a los perros a pasear, a pesar de que habían acudido al centro e intentado “buscar soluciones pensando únicamente en el bienestar de los animales”.

Los animalistas denunciaron que a causa de la huelga estaban sufriendo "quienes menos tienen culpa: los perros".

“Los perros no entienden de huelgas, decisiones administrativas ni responsabilidades políticas. Solo saben que hoy no han salido. Privarles de ese único momento de libertad, ejercicio y contacto humano no debería ser una opción. Las diferencias laborales, los conflictos internos o las decisiones de la Administración no pueden recaer sobre los animales”, añadieron.

El Ayuntamiento declaró a elDiario.es que la normalidad era absoluta en el centro de Son Reus, y que se estaban cubriendo “sin mayores incidencias todas las funciones y servicios que se desarrollan en el recinto”. “Por parte del área de Medi Natural del Ajuntament se está proporcionando apoyo, como, de hecho, habitualmente se hace para optimizar el trabajo que se realiza en Son Reus. No es nada nuevo ni guarda relación con los paseos de los perros a cargo de voluntarios. Estos últimos están colaborando también con el normal funcionamiento de Son Reus, como hacen habitualmente”, añaden.

Ahora, han advertido según su versión de los hechos, UGT volcará todos sus esfuerzos en denunciar públicamente y ante las instancias judiciales todas aquellas“ graves irregularidades” que hasta el momento no habían sido publicadas. Ya han puesto los hechos en conocimiento de la autoridad laboral y ha avanzado que se exigirán responsabilidades directas por la vulneración del derecho fundamental de huelga y el presunto delito de esquirolaje contra los responsables políticos y directivos implicados.

Un presunto esquirolaje

El sindicato declaró la semana pasada, mediante un comunicado, que entendía y denunciaba “esta injerencia directa como una práctica inaceptable de esquirolaje externo”. Según informaron, responsables del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma estaban acudiendo a las instalaciones para realizar tareas propias de los operarios en huelga para facilitar que el personal voluntario pudiera sacar a pasear a los perros.

También acusaron a cargos del Ayuntamiento de “infundir sistemáticamente mentiras y falsedades” entre la plantilla “con el único objetivo de amedrentar a los trabajadores para que desistan de sus legítimas reivindicaciones laborales” y, según explicaron, los paros estaban registrando un seguimiento del 100% y la plantilla estaba cumpliendo con los servicios mínimos decretados “demostrando una altísima y escrupulosa responsabilidad a pesar de considerar que dicha resolución cercena su derecho a huelga”.

“Grave precariedad laboral y falta de seguridad”

El pasado lunes 24 de agosto dio comienzo la huelga indefinida en el centro sanitario animal de Son Reus ante la “falta absoluta” de solución por la “grave precariedad laboral e inseguridad” registrada por la UGT Servicios Públicos. El sindicato, mediante un comunicado de prensa, lamentó que sus demandas habían sido “ignoradas” por parte del Ayuntamiento de Palma.

Entre otras cuestiones, desde UGT han criticado que se mantengan las nóminas de los profesionales en el salario mínimo interprofesional (SMI) y que sus condiciones en materia de prevención de riesgo y salud laboral “siguen sin ser mejoradas”. A su entender, es “inhóspito” que el personal no tenga a disposición “ni agua para beber en pleno 2026”. “Esto es ridículo”, han subrayado.

Asimismo, advirtieron que mientras los trabajadores “carezcan de unas condiciones de trabajo seguras y dignas”, resulta “materialmente imposible” garantizar que el cuidado de los animales cumpla con los estándares mínimos de calidad y con la legislación vigente en materia de bienestar animal.

Al no conseguir un acuerdo con el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Balears (Tamib), la huelga siguió adelante. El Ayuntamiento de Palma, de acuerdo con el sindicato, impuso unos servicios mínimos del 100% que, para los trabajadores, son “absolutamente abusivos y desproporcionados” debido a que supondrá que tengan que dar una cobertura completa de la plantilla en varios turnos y actividades.

Esto, a su parecer, “desnaturaliza por completo” el derecho fundamental a la huelga, dado que “desactiva” los efectos de la protesta y obligando a la plantilla a prestar prácticamente el servicio diario bajo la cobertura de servicios mínimos.

El seguimiento de los paros por parte de los trabajadores, siempre según UGT, es del 100% y se realizan únicamente los servicios mínimos que, ha indicado, están afectando a las labores que realizan las asociaciones de voluntarios que pasean a los perros.

Una nueva patera con 13 magrebíes a bordo ha sido interceptada en Formentera este lunes, según ha informado la Delegación del Gobierno en Balears.

La nave ha sido localizada a las 07.40 horas en el Pilar de la Mola y en el operativo han participado agentes de la Guardia Civil de Formentera.

En las últimas horas, otros 76 migrantes han sido rescatados en la isla después de llegar en cinco pateras.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, este domingo a las 16.36 horas fue interceptada una patera con 16 migrantes -11 subsaharianos y cinco magrebíes- localizados a 36 millas al sureste de Formentera.

A las 16.37 horas, otros 16 migrantes fueron encontrados a 0,01 millas al norte de Es Caló de Sant Agustí. A las 19.00 horas, 17 migrantes más fueron interceptados en línea de costa en el Pilar de la Mola. En estos dos últimos casos, todos los ocupantes eran de origen magrebí.

Durante la mañana del domingo, también fueron localizadas en Formentera dos pateras, una con 15 personas en s'Estufador y otra, a las 13.00 horas, interceptada con 12 magrebíes en la zona del torrente de s'Algar.

Terraferida ha exigido este lunes que se prohíba la construcción de piscinas en Mallorca tras constatar en un estudio que la isla ha sumado desde 2015 más de 10.000, lo que supone 1.166 al año y 23 cada semana.

La entidad ha propuesto este lunes en rueda de prensa la prohibición definitiva de la construcción de más piscinas en Mallorca, salvo las que sean públicas o comunitarias. Otra de las propuestas de Terraferida es la prohibición de nuevas edificaciones dispersas y la restricción del uso del suelo rústico para usos agrarios, naturales y recreativos.

En esta línea, los ecologistas han reclamado también que se reclasifiquen los suelos urbanizables en suelo rústico para impedir nuevas construcciones.

Asimismo el colectivo ha exigido medidas para cubrir las piscinas existentes cuando no se usen para evitar la evaporación y la implantación de tarifas progresivas en el precio del agua que graven consumos abusivos y topes en los pozos de suelo rústico.

El 70% de nuevas piscinas, en suelo urbano

El representante de la entidad Mateu Vic ha explicado este lunes en rueda de prensa que la construcción de piscinas de obra es un fenómeno que va “en aumento” y ha advertido que el 30 por ciento se ha construido sobre suelo rústico y el 70 por ciento restante, en suelo urbano.

Los municipios con más piscinas nuevas de obra son Palma, Marratxí, Calvià, Llucmajor, Santanyí, Manacor, Campos, Felanitx, Alcúdia y Pollença. Según Vic, es “normal” que la capital lidere la clasificación al tener un mayor volumen de población y que los municipios colindantes sigan a Ciutat.

En esta línea, ha destacado el caso de Inca, que “por su número de habitantes cabría pensar que está en los puestos altos”, pero como “apenas recibe turismo”, no se han construido tantas piscinas de obra en este periodo. La mayoría de las nuevas piscinas de Inca se han hecho fuera del casco urbano.

Por otro lado, Ariany es el pueblo en el que se han construido más piscinas por cada 10.000 habitantes, mientras que Palma es uno de los municipios con una menor tasa. Vic ha concretado que esto es debido al volumen poblacional.

Según el estudio de los ecologistas, la mayor concentración de nuevas piscinas de obra se ha producido en urbanizaciones y en localidades costeras como Sa Ràpita, Santa Ponça, Cala Murada, Colònia de Sant Pere o Can Picafort.

La construcción de nuevas piscinas en Palma “está más dispersa”, aunque en núcleos como Son Vida ha habido una concentración “importante”. Además, Terraferida ha denunciado que en el residencial Can Domenge, frente a Velòdrom Illes Balears, hay 74 piscinas, de las cuales la mayoría son particulares en las azoteas de cada vivienda.

Especulación turística

Vic ha asegurado que “las piscinas es lo primero que se construye en los chalets porque aumentan el valor turístico” y ha lamentado que suponen una “especulación” al hacerlos más “atractivos para los turistas o extranjeros”. En esta línea, ha criticado que “el negocio de Mallorca es el alquiler turístico”.

El colectivo ha pedido que se dejen de dar licencias para la construcción de nuevas piscinas y ha señalado que Menorca lleva “mucha ventaja” sobre Mallorca en este materia.

Terraferida ha sostenido que la instalación de nuevas piscinas de obra conlleva “consecuencias sociales” como el encarecimiento del suelo, algo que “afecta a los mallorquines” o una “subida de los precios de la vivienda” en general.

El exconseller de Turismo Celestí Alomar ha fallecido este lunes a los 76 años.

Alomar fue responsable del área de Turismo entre 1999 y 2003 en el primer Govern del Pacte encabezado por Francesc Antich e impulsor de la conocida como 'ecotasa'.

Fue uno de los fundadores, en febrero de 1976, del Partido Socialista de las Islas, que posteriormente se transformó en Partido Socialista de Mallorca (PSM).

Formó parte de uno de los gobiernos de Felipe González como director general y fue diputado en el Parlament entre 1999 y 2007.

En su etapa como conseller de Turismo impulsó la ecotasa, que fue aprobada en el Parlament en 2001 y posteriormente derogada en 2003 por el Govern presidido por Jaume Matas. Un nuevo pacto de izquierdas presidido por Francina Armengol recuperó la medida, llamada ahora Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en el año 2016.

Desde el Partido Socialista han publicado un comunicado en el que “lloran” el fallecimiento de este“ referente ético y testimonio de un compromiso firme con la sociedad de las Islas”. “Convencido de la mayor diversificación económica, Celestí Alomar lideró una política que trabajó para combatir excesos y para impulsar un equilibrio necesario para contar con un turismo más sostenible en el tiempo. La ecotasa, cuestionada inicialmente en algunos sectores de la actividad turística, se ha convertido finalmente en uno de los elementos hoy incuestionables, que son referencia pionera en las Islas y en muchos otros destinos turísticos de España”, declaran.

A Francina Armengol le cuesta encontrar palabras para despedir a “un amigo, un compañero y una persona que ha sido tan importante” en su vida y en el socialismo de las Illes Balears. “Nos queda su generosidad, su lealtad, todas las conversaciones compartidas y, sobre todo, con la forma que tenía de entender la política: siempre al servicio de la gente y de nuestra tierra”, concluye en un mensaje en sus redes sociales.

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha trasladado su pésame a la familia, amigos ya sus compañeros del Partido Socialista. Mediante sus redes sociales, ha descrito al exconseller como “un servidor público, un hombre de convicciones firmes y siempre comprometido con las Illes Balears”.