En los pasillos de las instituciones comunitarias en Bruselas corre el dicho de que el principal enemigo de la Unión Europea son los propios países que la conforman. Estas semanas se ha vuelto a comprobar cómo los intereses nacionales, en este caso de las empresas de cada país, se ponen por delante de las políticas de la Unión.

Aunque las sanciones europeas contra Rusia han servido para debilitar y desabastecer a la maquinaria de guerra del Kremlin contra Ucrania, la aprobación del paquete 21 se está enfrentando a obstáculos internos por las consecuencias que puede tener para determinadas compañías europeas. Este miércoles y jueves, los embajadores de los 27 se reúnen en Bruselas para intentar cerrar acuerdos que permitan avanzar en las penalizaciones contra Rusia, mientras las firmas de lobby se esmeran ante los despachos de los diplomáticos y los funcionarios europeos.

“Dada la capacidad de adaptación de Rusia y de quienes facilitan la elusión de las sanciones, las tácticas para esquivarlas evolucionan constantemente”, explica Mihkel Märtens, investigador del Center for European Policy Analysis. “Por ello, la respuesta en materia de sanciones también debe ser dinámica, reflejando las nuevas formas de evasión e incorporando a más entidades, tanto en Rusia como en terceros países”.

De hecho, este grupo de penalizaciones también se propone sancionar infraestructuras críticas como puertos, aeropuertos o refinerías que comercian o procesan petróleo ruso. La medida pretende desincentivar a las refinerías de India, que están descargando más de dos millones de barriles de petróleo ruso al mes, ante los problemas de suministro por el cierre del estrecho de Ormuz por el conflicto en Oriente Medio.

Este nuevo paquete de sanciones empezó con mal pie tras el anuncio de Francia e Italia de que se opondrían al veto a la entrada en la UE cualquier persona de las Fuerzas Armadas rusas, una medida solicitada por 11 países europeos. El argumento de ambos países era la complejidad jurídica de la aplicación real de la medida, a lo que se suma que Francia e Italia reciben anualmente 180.000 y 160.000 llegadas respectivamente de ciudadanos rusos de muy alto nivel adquisitivo y se iba a perjudicar el turismo de lujo. Finalmente, se ha propuesto que la prohibición solo afecte a ciudadanos rusos que hayan participado en combate en Ucrania a partir de febrero de 2022, aunque tanto París como Roma siguen poniendo pegas por “los riesgos legales y la carga burocrática en los consulados”.

Ante la falta de consenso entre los países sobre un nuevo paquete de sanciones, los embajadores se volverán a reunir este miércoles 22 de julio. Entre otras cosas tienen que discutir qué hacer con el límite al precio del petróleo ruso en 44,10 dólares por barril, que se amplió hasta el 23 de este mes. Este tope ha sido una de las medidas para evitar que Rusia obtenga cuantiosos beneficios con la venta de crudo. La Comisión Europea tiene que tener un nuevo máximo precio para que entre en vigor el 1 de agosto, pero sin pacto sobre el paquete 21 y con los precios al alza por la guerra de Irán, la falta de acuerdo puede suponer un incremento de ingresos para el Kremlin.

Grecia pone obstáculos

Tampoco hay acuerdo alrededor de los vetos al Gas Natural Licuado (GNL) ruso y la flota que los transporta. En este caso, el país que más problemas está poniendo es Grecia y todo por la influencia sobre el Gobierno heleno que ejerce el multimillonario George Prokopiou, propietario de la naviera Dynagas, especializada en transporte de gas con metaneros rompehielos que trabaja para Yamal LNG, una de las mayores plantas de GNL del mundo. Aunque Yamal pertenece a la compañía rusa Novatek, también participan en el proyecto la petrolera francesa Total y compañías chinas. De hecho, el consejero delegado de Total, Patrick Pouyanné, ha presionado para que la Comisión Europea relaje la prohibición de comercialización de GNL ruso a partir de enero de 2027.

Según la agencia de análisis Kpler, Dynagas ha transportado más de 30 millones de toneladas de GNL de Yamal desde la invasión a gran escala de Ucrania, que supondrían más de 24.000 millones de dólares. El argumento del Gobierno griego para oponerse a esta sanción es que se abriría la puerta a que competidores de terceros países sustituyeran a las navieras griegas.

“Las sanciones deben suponer un coste significativamente mayor a Rusia que a la economía europea. Hay que negociar para que las medidas estén adecuadamente calibradas”, proponen desde el Gobierno heleno. La traducción diplomática es que Grecia está presionando a la Comisión Europea para lograr una excepción para esta empresa, lo que desde la institución europea se lee como una deformación de las penalizaciones: “Se está poniendo en crisis la política de sanciones contra Rusia. Si cada país exige excepciones o añade resquicios legales, el paquete de sanciones no servirá para nada”.

Problemas con el bacalao ruso

Pero no es solo Grecia, hay más países que miran hacia otro lado. Una coalición multipartidista de 105 parlamentarios de 17 países de la UE ha pedido al astillero danés Fayard y a su director ejecutivo, Thomas Andersen, que deje de prestar servicios de mantenimiento a los buques metaneros Arc7, que mantienen en funcionamiento las exportaciones rusas GNL desde el Ártico.

Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la ONG alemana Urgewald, que investiga a las empresas y entidades financieras implicadas en la expansión de los combustibles fósiles, ha señalado que cada uno de estos buques ha transportado una media de 5,3 millones de toneladas de GNL ruso, con cargamentos valorados en torno a 4.000 millones de euros. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, calificó de “inconcebible” la actuación la empresa danesa, pero no ha hecho mucho más para frenar a la compañía.

Una pausa prolongada en la imposición de sanciones puede envalentonar a los actores implicados y animarlos a seguir realizando transacciones con personas o entidades sancionadas

Mihkel Märtens — Investigador del Center for European Policy Analysis

Además, Portugal y Alemania han mostrado su oposición al paquete de sanciones porque por primera vez se prohibía la importación de productos pesqueros rusos, que era uno de los pocos grandes sectores exportadores que no estaba afectado por las sanciones. Ambos países son grandes consumidores de bacalao y abadejo, especialmente para sus industrias transformadoras de elaborados, productos congelados y pescado rebozado. La presión estaría provocando que la Comisión rebaje la propuesta a una reducción progresiva del contingente de exportaciones, lo que daría tiempo a las empresas a encontrar otros proveedores en mercados como Noruega, Estados Unidos o China.

Finalmente, Austria también había propuesto pegas porque una de las mayores entidades del país, Raiffeisen Bank, que continúa operando en Rusia y ha vuelto a pedir que se descongelen activos rusos por valor de 2.000 millones de euros con el fin de compensar al banco por una multa impuesta por Moscú.

Cuando Ucrania está golpeando más fuerte a Rusia, cuya economía está cada mes más débil, los intereses empresariales europeos se han convertido en un freno que ayude a conducir al Kremlin a negociar una paz justa. Como explica el investigador del Center for European Policy Analysis: “La incorporación periódica de nuevas sanciones también envía una señal política de que existe voluntad de mantener e intensificar la presión sobre Rusia, desmontando la percepción del Kremlin de que el tiempo juega a su favor. Sin embargo, una pausa prolongada en la imposición de sanciones puede envalentonar a los actores implicados y animarlos a seguir realizando transacciones con personas o entidades sancionadas”.

El nuevo Gobierno británico liderado por Andy Burnham arrancó este martes con el anuncio de la eliminación del IVA de la factura de la luz. El laborista llega decidido a concentrarse en la agenda doméstica y las demandas de la vida diaria con un Gobierno con menos mujeres en puestos de poder y muchas caras conocidas pese a sus promesas de cambio radical.

“Tenemos que ser un Gobierno comprometido con reducir el coste de la vida”, dijo el nuevo primer ministro en su primera reunión de gabinete. Además de la eliminación del 5% de IVA a partir de octubre, cuando se espera una subida del precio de la luz, Burnham asegura que anunciará una rebaja de los impuestos para bares y restaurantes.

Burnham promete “un antes y un después” en la manera de gobernar el Reino Unido, pero su Ejecutivo no tiene perfiles revolucionarios. El nuevo primer ministro ha despedido a los ministros más poderosos de Keir Starmer, entre ellos a la ministra de Economía, pero se ha quedado con muchos de sus integrantes aunque hayan cambiado de cartera.

Entre los viejos conocidos están el ministro de Economía, John Healey, que dimitió como ministro de Defensa de Starmer este junio porque consideraba que el Gobierno no había subido suficiente el gasto militar; Ed Miliband, ministro de Exteriores y antiguo líder del Partido Laborista, y Shabana Mahmood, que se queda como ministra del Interior y es tan defensora de la mano dura con los migrantes y residentes extranjeros que volvió a recibir este martes alabanzas de Reform, el partido de extrema derecha.

Exteriores para Miliband

Miliband, que perdió las elecciones de 2015 como líder y ahora era ministro de Energía, representa el ala más a la izquierda del laborismo. Aspiraba a la cartera de Economía, pero la presión de los empresarios temerosos de impuestos y el encarecimiento de la deuda pública británica en los mercados parecen haber convencido a Burnham de que Miliband no era una buena elección.

Por otra parte, alejar a Miliband de Energía puede allanar el camino para que Burnham le dé la vuelta a las políticas de reducción de emisiones contaminantes y acelere las perforaciones de gas y de petróleo del mar del Norte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha felicitado a Burnham por ese movimiento, aunque todavía no hay detalles de los nuevos planes.

En Exteriores, Miliband tendrá que enfrentarse como sus predecesores a los vaivenes de la Administración de Estados Unidos. En la década pasada, fue crítico de las intervenciones militares, por ejemplo en Siria. En todo caso, el que tenía más experiencia en Exteriores era su hermano, David Miliband, que fue ministro de esa cartera con Gordon Brown y también había sonado para el puesto en el gabinete de Burnham.

En su primer comentario tras el nombramiento, Miliband mencionó que sus padres llegaron al Reino Unido como refugiados judíos que huían de los nazis y que en el momento actual “los valores de la democracia, el Estado de derecho y la libertad están amenazados como nunca antes”. También destacó que una de sus prioridades es la paz entre Israel y sus vecinos.

Más hombres con poder

El gabinete tiene ahora 12 mujeres y 11 hombres, pero las posiciones más poderosas, como Economía, Exteriores y Defensa, están ocupadas casi exclusivamente por hombres. La mujer más poderosa es Louise Haigh, ahora ministra responsable de la oficina del primer ministro y que dimitió como ministra de Transportes de Starmer cuando se descubrió que había sido condenada hace años por un caso de fraude con un móvil de trabajo que dijo falsamente que le habían robado.

Angela Rayner, la carismática ex vice primera ministra de Starmer que dimitió por haber pagado menos impuestos de los que debía, vuelve al Gobierno, pero con menos poder. Es la nueva ministra de Vivienda y Comunidades Locales, un puesto parecido al que tenía, pero sin la distinción de ser la número dos del Ejecutivo.

Wes Streeting, que dimitió como ministro de Sanidad y amagó con presentarse contra Starmer, será ahora el ministro de Defensa. Yvette Cooper, hasta ahora de Exteriores, pasa a Sanidad.

Hay más ministros que se educaron en colegios privados que los del Gobierno Starmer, según el instituto que compara estas cifras para evaluar la diversidad educativa de los ejecutivos, el Sutton Trust. El 55% de los integrantes del Gobierno de Burnham se graduaron en Oxford o en Cambridge, la Universidad del nuevo primer ministro, que estudió Literatura. Los graduados en una de estas dos universidades eran el 38% en el caso del primer equipo de Starmer.

“El nuevo gabinete es menos representativo que el primero de Keir Starmer, que era el más representativo documentado hasta ahora en términos de educación”, dice el grupo.

Público escéptico

Los cambios en las carteras y la promesa de un mensaje más claro de Burnham han sido recibidos con cierto optimismo en el partido y los sindicatos, pero cualquier Gobierno lo tiene difícil ante un electorado que tiene una opinión desfavorable de políticos de todo el espectro ideológico.

“Para la gente de Westminster, del Gobierno y de la administración pública, el nuevo Gobierno parece que tiene más dirección, más intención”, explica a elDiario.es Sam Freedman, experto en políticas públicas y autor del libro Failed State sobre los males del Estado británico. “El público es muy escéptico con la política en general y no le presta mucha atención. Probablemente, le den una oportunidad, pero su nivel de confianza y escepticismo es tan alto en este momento que será difícil para cualquiera impresionarlos”.

Según la última encuesta de intención de voto de YouGov, Reform sigue liderando las preferencias de los británicos, si bien sube el Partido Conservador. El Partido Laborista está en tercera posición, pero, por primera vez desde hace año, más cerca de los otros dos, dentro del margen de error, según la encuestadora. El sondeo se hizo antes de la dimisión de Starmer.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha destituido al jefe del Ejército, Oleksandr Sirski, para apagar los fuegos de la crisis que desató su decisión de prescindir del hasta entonces ministro de Defensa Mijailo Fédorov, en una medida que había desatado una ola de protestas. En su lugar, tras una ronda de reuniones con la cúpula militar, ha nombrado al general Mijailo Drapati.

“He determinado que el nuevo Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania será Mijailo Drapati”, dice Zelenski este martes en un mensaje en su canal de Telegram. “Junto con Mijailo, Yevheniy Khmara y Pavlo Palisa, definimos la actualización del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es cierto que Oleksandr Sirski garantizó los resultados de Ucrania en la defensa de Kiev, en la ofensiva de Járkov y en la operación de Kursk. Se ha recorrido un camino significativo, la defensa de Ucrania continúa y es necesario un trato digno hacia cada soldado. Agradezco a Oleksandr Sirski y a cada uno de nuestros soldados por la sólida posición de Ucrania en el frente. Agradezco a Mijailo Drapati precisamente por esta visión. Hoy, con Oleksandr Sirski y Andriy Hnatov, conversamos sobre los futuros formatos de servicio y la correcta transferencia de funciones”, afirma.

“Todos compartimos un mismo deseo: la victoria sobre el enemigo y la consecución de condiciones en el frente, que nos permitan presionar a Rusia para que acepte la paz. Mañana formalizaremos todas las decisiones. Ucrania debe salir fortalecida de esta situación, y a Rusia le resultará más difícil resistir. ¡Gloria a Ucrania!”, concluye.

Drapati, que sonaba como un posible reemplazo, fue uno de varios oficiales de alto rango que, tras el cese de Fedórov, reconocieron públicamente la existencia de problemas sistémicos dentro de las Fuerzas Armadas.

Los seguidores del exministro habían mantenido su campaña para su regreso al cargo y por el cese del general. Unos pocos miles de manifestantes, sobre todo jóvenes y de clase media urbana, volvieron a salir este lunes a la calle en Kiev y en otras ciudades del país para volver a hacer visibles sus exigencias.

Los manifestantes veían a Sirski como el principal obstáculo a las reformas en el Ejército que propugnaba Fedórov, después de que se revelara la existencia de una disputa entre los dos.

Sirski, de 60 años, era visto por muchos en Ucrania como un comandante de la escuela soviética reacio a implementar cambios radicales en el ejército. Fedorov, de 35 años, había sido ampliamente elogiado por revitalizar el ministerio y liderar una campaña contra la corrupción.

Según el Kyiv Independent, Zelenski ha dicho este martes que le ha ofrecido a Fedorov “un cargo destacado en el Gobierno” centrado en el fortalecimiento del sector tecnológico de Ucrania.

El Wall Street Journal publicaba este martes que Israel cree que Irán trasladó miles de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio a túneles situados en las profundidades de la montaña Pickaxe. Esa suposición israelí tiene una consecuencia directa en Washington DC, donde las alarmas se han desatado hasta tal punto que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado que EEUU atacará Pickaxe Mountain “muy pronto”, si bien ha reconocido que ni siquiera tiene pruebas de que el soplo israelí tenga fundamento.

La montaña Pickaxe es una instalación subterránea fortificada situada cerca de una de las antiguas plantas de enriquecimiento nuclear de Irán. “Atacaremos esa zona muy pronto, y con gran contundencia”, ha afirmado Trump tras ser preguntado si creía que Irán había trasladado centrifugadoras nucleares a dichas instalaciones.

Trump ha respondido a los periodistas en el Despacho Oval, donde ha mantenido su primera reunión con el presidente libanés, Joseph Aoun, quien busca una vía hacia una tregua duradera tras meses de invasión de Israel para combatir contra Hizbulá, milicia aliada de Irán. Líbano e Israel continúan manteniendo conversaciones directas —un hecho poco habitual— con la mediación de Washington.

“Creo que es posible que lo hayan hecho”, ha señalado Trump: “No tenemos constancia oficial de ello. Lo único que hacemos es leer los medios de noticias falsas. Vemos que se equivocan muchísimas veces. Así que, tal vez en esta ocasión hayan acertado [el WSJ], pero no importa. No significa nada a menos que tengan el material. Usted habla de las centrifugadoras; sí, eso no significa nada si no tienen el material. No lo tienen. Nosotros seguimos la pista del material. Ahí es donde está la clave, y muy probablemente atacaremos esa zona bastante pronto. Y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto. Normalmente, no diría algo así. Si pensara que pueden hacer algo al respecto, jamás lo diría. Pero atacaremos esa zona bastante pronto, y con gran contundencia”.

“El momento elegido para estas filtraciones no es casual”, decía Ali Vaez, subdirector del Programa para Oriente Medio y el Norte de África del Crisis Group y profesor adjunto en Georgetown: “Parecen diseñadas para provocar una mayor escalada, cerrar cualquier vía de retorno a la diplomacia y encadenar a ambas partes a un conflicto que deja de ser un medio para alcanzar un fin y se convierte en una guerra interminable”.

James Acton, codirector del Carnegie Endow, decía: “Es posible (y en mi opinión, probable) que Irán haya trasladado componentes de centrifugadoras a la instalación subterránea profunda de Pickaxe Mountain. Las instalaciones de Pickaxe Mountain (probablemente a más de 100 m de profundidad) son las más recientes de una serie de instalaciones cada vez más profundas vinculadas al programa nuclear de Irán, tras la planta de enriquecimiento de combustible de Natanz y la planta de enriquecimiento de combustible de Fordow. Como cabría esperar, cuanto más rápido impacta un proyectil contra roca dura, más profundo llega. Por tanto, se podría concluir que todo lo que EEUU necesitaría para alcanzar los túneles de Pickaxe es un proyectil penetrador lo suficientemente rápido. Si un penetrador es demasiado rápido (> ~1100 m/s), se deforma plásticamente, volviéndose menos eficaz. Existe una velocidad de impacto óptima. De hecho, los hipotéticos penetradores hipersónicos tendrían que reducir su velocidad antes del impacto para alcanzar dicha velocidad. El arma antibúnker más eficaz de Estados Unidos es la GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator). Existe mucho debate sobre qué profundidad puede alcanzar al atravesar roca dura: ¿20 m? ¿60 m? Las GBU-57 se utilizaron el año pasado en el ataque contra Fordow. Se lanzaron contra un conducto de ventilación”.

Y añade: “La operación fue tácticamente asombrosa. Pero, irónicamente, puso de manifiesto las limitaciones de la GBU-57. La instalación estaba mal diseñada; los conductos de ventilación reducían el espesor de roca que las armas debían atravesar. Además, se utilizaron múltiples armas: 14 en total. Esto me sugiere que las afirmaciones de que la GBU-57 puede penetrar 60 metros de roca dura son exageradas. Por otra parte, no hay información de vulnerabilidades similares en Pickaxe Mountain. Es posible que Trump afirme, como ya hizo respecto a Isfahán, que Irán no puede desbloquear los túneles bombardeados. Si es así, se equivoca rotundamente, porque Irán fue quien excavó los túneles en primer lugar; puede desbloquearlos, y ya ha demostrado su capacidad para hacerlo. En resumen: las instalaciones subterráneas profundas, como la montaña Pickaxe, son esencialmente invulnerables a las armas no nucleares (y, no, EEUU no utilizará armas nucleares); EEUU puede atacar, y tal vez derrumbar, las entradas de los túneles, pero eso no cambia las reglas del juego”.

Trump: “No tengo interés en negociar”

Preguntado por el estado de las negociaciones, que han saltado por los aires tras diez días consecutivos de bombardeos de EEUU, el presidente de EEUU ha afirmado: “Ellos quieren reunirse desesperadamente, pero hasta que estén listos para hacerlo de manera significativa, nosotros ni siquiera tenemos interés en ello”.

El presidente de EEUU ha afirmado que, en conversaciones entre bastidores, representantes iraníes han dicho que “desean desesperadamente reunirse para intentar ponerle fin, ya que están siendo diezmados”.

Estados Unidos ha intensificado los ataques recientemente a medida que se desmorona acuerdo provisional con Irán para poner fin a la guerra.

Por su parte, el ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni, se reunió con mediadores en Pakistán, mientras diez días consecutivos de ataques entre EE. UU. e Irán han hecho añicos el acuerdo de alto el fuego provisional.

Sin un final a la vista para los combates, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha comparecido este martes ante el Senado de EEUU para defender la solicitud de fondos suplementarios de Trump por valor de 87.600 millones de dólares, destinados principalmente a cubrir los costes de la guerra.

Asimismo, este martes el ejército estadounidense ha identificado al soldado estadounidense fallecido mientras desactivaba un dron en Irak, el sargento Michael Emmanuel Swinton, de 30 años. La muerte ocurrió un día después de que se identificara a otros dos soldados estadounidenses muertos en Jordania por ataques iraníes con misiles balísticos y drones. Un total de 17 militares estadounidenses han perdido la vida desde el inicio de la guerra.

Trump afirmó el lunes que, en adelante, “cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por esa muerte con creces”.

El Pentágono cifra en 37.500 millones el coste de la guerra en Irán

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha declarado este martes en el Senado que la guerra de EEUU en Irán ha costado 37.500 millones de dólares hasta el momento.

Hegseth afronta preguntas y protestas en una vista del Senado previa a la votación de un paquete presupuestario republicano de 95.000 millones de dólares destinado a financiar las fuerzas armadas, así como a proporcionar ayuda a los agricultores e implementar cambios en las leyes electorales, cuestiones que constituyen prioridades clave para la Casa Blanca.

Hegseth ha presentado esta nueva estimación —superior a las cifras anteriores— durante su testimonio ante el Comité de Asignaciones del Senado.

En varias ocasiones, manifestantes han interrumpido las declaraciones iniciales de Hegseth; que se produjeron días después de que el Pentágono anunciara la muerte de otros tres militares estadounidenses en el conflicto y que más de 100 efectivos han resultado heridos desde principios de julio.

Hegseth ha afirmado que los fondos suplementarios para la guerra constituyen una inyección de recursos “urgente y necesaria” y que, junto con la propuesta del presidente de EEUU de destinar 1,5 billones de dólares a defensa, representan una inversión generacional para las fuerzas armadas: “Sin estos fondos, nos enfrentamos a carencias críticas”.

El plan de recuperación de Gaza impulsado por la Junta de Paz de Donald Trump se ha reducido drásticamente, pasando de un ambicioso proyecto para la reconstrucción de todo el territorio a un pequeño proyecto piloto en el sur de la Franja.

Ni siquiera se espera que se concrete antes de fin de año el plan piloto previsto —que contempla un campamento temporal para una pequeña fracción de los dos millones de habitantes de Gaza, la gran mayoría desplazados, con una administración palestina, policía y una pequeña fuerza de seguridad internacional—.

En las últimas semanas se han anunciado avances graduales. Algunos representantes marroquíes y kosovares han llegado a Israel, donde se espera que constituyan el núcleo de la llamada Fuerza de Estabilización Internacional (ISF, por sus siglas en inglés), prevista en el plan de Trump para Gaza y que será la encargada de proteger el campamento piloto. Una base logística para esta futura fuerza integrada por tropas de varios países, destinada a almacenar vehículos, equipos y otros materiales, está a punto de completarse en el cruce de Kerem Shalom, entre Israel y Gaza.

Sin embargo, no han comenzado los trabajos preparatorios en el campamento piloto cerca de la destruida localidad de Rafah, en el sur de Gaza, ni la construcción de la base de apoyo de la ISF. Las imágenes satelitales de la zona muestran tierra removida, pero ninguna estructura nueva. No se prevén avances sustanciales antes de las elecciones israelíes del 27 de octubre, que podrían provocar la salida del gobierno de la coalición de extrema derecha liderada por Benjamín Netanyahu.

El objetivo es simplemente mantener algo en marcha, mantener la situación bajo control, porque si nos detenemos, hay otros con una agenda más extremista

Diplomático occidental

“Mantener la situación bajo control”

Israel ha violado sistemáticamente el alto el fuego impuesto por Trump desde su declaración en octubre pasado, ha bloqueado cualquier trabajo de reconstrucción y ha limitado considerablemente el flujo de ayuda humanitaria a Gaza. Diplomáticos occidentales en Jerusalén creen que la mayor esperanza de un progreso en Gaza reside en un nuevo gobierno israelí, pero no está nada claro si el que suceda al actual sería sustancialmente más flexible.

Un diplomático en Jerusalén argumenta que la Junta de Paz no tenía más remedio que aprovechar al máximo los escasos avances logrados, porque admitir el fracaso abriría la puerta a facciones extremistas dentro del Gobierno israelí con planes radicalmente diferentes para Gaza. “El objetivo es simplemente mantener algo en marcha, mantener la situación bajo control, porque si nos detenemos, hay otros con una agenda más extremista esperando para tomar el poder. Hablan de traslados masivos de población y colonización”, dice el diplomático.

Existe una creciente preocupación de que Netanyahu, ante la posibilidad de una derrota electoral, se arriesgue a lanzar una nueva ofensiva total en Gaza antes de las elecciones fijadas para finales de octubre.

Israel ha llevado a cabo ataques diarios contra Gaza, causando la muerte de más de casi 1.200 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego a mediados de octubre, y las fuerzas israelíes han avanzado repetidamente desde la denominada Línea Amarilla, que dividió la Franja de Gaza casi por igual entre las zonas ocupadas por Israel y las que aún siguen bajo el control de Hamás. El ejército israelí ahora ocupa más del 60% del territorio y ha creado una zona de amortiguación más allá de este.

Un regreso a la guerra a gran escala probablemente aniquilaría incluso el modesto plan piloto de la Junta de Paz.

Muhammad Shehada, investigador palestino del think tank Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, advierte de que Israel utilizaría el proyecto con fines propagandísticos, en paralelo a una campaña militar en auge. “Israel intenta construir una aldea Potemkin controlada y aislada, con una pequeña población simbólica a la que se le ofrecerían condiciones ligeramente mejores que a sus pares en Gaza Occidental, para utilizar esa fachada de 'progreso' y dar credibilidad a su creciente campaña contra el resto de Gaza”, afirma Shehada.

Representantes israelíes han sugerido repetidamente que un regreso a la guerra es inevitable. Hamás ha entregado recientemente el poder al Comité Nacional para la Administración de Gaza, que trabaja bajo la supervisión de la Junta de Paz, pero se ha negado a desarmarse y a entregar las armas a Israel.

Israel intenta construir una aldea Potemkin controlada y aislada, con una pequeña población simbólica

Muhammad Shehada — Investigador visitante del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores

Hamás ha mantenido conversaciones con representantes de la Junta de Paz en El Cairo, en las que abordaron temas como su desarme y el de las milicias rivales respaldadas por Israel dentro de Gaza; quiénes recibirían las armas entregadas; cómo se almacenarían y si los fusiles de asalto se considerarían armas ofensivas o armas personales.

Sin embargo, las informaciones que llegan desde la capital egipcia apuntan a que es improbable que se avance en el desarme mientras Israel continúe bombardeando Gaza y ocupando cada vez más territorio controlado por Hamás. “Mientras Israel no se comprometa a una retirada gradual de Gaza y a cambiar la realidad en la Franja, no hay base para las conversaciones”, declaró una fuente palestina al periódico israelí Haaretz.

Lejos de las aspiraciones

El alto representante para Gaza designado por la Junta de Paz, Nickolay Mladenov, fue ampliamente criticado por hacerse eco de los argumentos israelíes en un informe de mayo entregado al Consejo de Seguridad de la ONU, donde culpó a Hamás del estancamiento del proceso de paz sin mencionar directamente las violaciones israelíes. El órgano de Naciones Unidas dio su visto bueno a la Junta y al plan de Trump para Gaza.

La presión ejercida sobre Israel ha sido más discreta. El principal negociador de la Administración Trump en Israel, Aryeh Lightstone, quien también ejerce de consejero de la Junta de Paz, escribió en privado al Gobierno de Netanyahu en junio, solicitando flexibilizar las restricciones a la ayuda humanitaria que han impedido el envío a Gaza de artículos esenciales como tuberías de agua y paneles solares.

La carta de Lightstone, publicada inicialmente por la emisora pública israelí Kan y confirmada por una fuente con conocimiento de su contenido, también solicitaba la autorización del Gobierno de Netanyahu para la eventual entrada a Gaza de la ISF y una fuerza policial palestina debidamente verificada. Según la fuente, el Gobierno israelí aún no ha aprobado ninguna de las peticiones.

El programa piloto cerca de Rafah dista mucho de las aspiraciones iniciales de la Junta de Paz. En enero, Jared Kushner, yerno de Trump, lanzó ese plan con una presentación de diapositivas sumamente optimista y prometió que se abrirían las puertas a la ayuda y que la infraestructura básica, incluidos los sistemas de agua, alcantarillado y electricidad, los hospitales y las panaderías, se restablecerían en toda la zona en un plazo de 100 días.

Tras cinco meses de estancamiento, el plan piloto, mucho menos ambicioso, se concretó hace unas semanas en reuniones celebradas en Chipre, a las que asistieron Mladenov, Lightstone, asesores del Instituto Tony Blair y miembros del Comité Nacional para la Administración de Gaza. Ese organismo, compuesto por 13 profesionales y tecnócratas palestinos, tiene prohibida la entrada a Gaza por parte de Israel y ha estado trabajando desde El Cairo tras su creación por la Junta de Paz a principios de año.

Preferencia para residentes de Rafah

El campamento piloto contemplado en el plan actual consistiría en alojamientos prefabricados para decenas de miles de desplazados de Gaza y se instalaría en la zona de amortiguación a lo largo de la línea de alto el fuego cerca de Rafah.

Las tropas israelíes se retirarían de la línea y la seguridad en el cruce entre la zona de Gaza controlada por Hamás y el campamento estaría a cargo de la ISF y una fuerza policial palestina entrenada para ello, con la aprobación de la ISF y del comité tecnócrata palestino –aunque, en la práctica, se espera que Israel tenga un papel decisivo en la selección de los miembros–.

La Línea Amarilla trazada en el acuerdo de alto el fuego

de octubre de 2025

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de Rafah

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Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HAARETZ

La Línea Amarilla trazada en el acuerdo

de alto el fuego de octubre de 2025

Jerusalén

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Área

ampliada

2 km

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6,5 km

ISRAEL

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EGIPTO

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de Rafah

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Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HAARETZ

El entrenamiento de esa fuerza policial en Egipto aún no ha comenzado y se espera que dure varios meses. Se prevé que la ISF cuente con unos 5.000 efectivos —una cuarta parte de la fuerza inicialmente prevista—, con tropas procedentes de Marruecos, Kosovo y posiblemente Albania y Kazajistán, después de que varios países rechazaran participar en ella. Su entrenamiento también llevará meses y el marco legal para su presencia aún se está negociando con el Gobierno israelí.

“Creo que estamos hablando de finales de 2026. Si lo logramos, si todo está listo, para diciembre, estaría muy satisfecho”, declara un funcionario familiarizado con la planificación.

La catástrofe humanitaria no puede gestionarse mediante medidas fragmentadas o parciales

Varsen Aghabekian — Ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina

Se dará preferencia a los antiguos residentes de la zona de Rafah para que se establezcan en el campamento piloto, pero no está claro qué otros criterios se utilizarán para evaluar a los palestinos que deseen trasladarse allí. Todo el plan ha sido denunciado por críticos, pero los funcionarios de la Junta De Paz insisten en que habrá libertad de movimiento dentro y fuera del área piloto.

Se permitiría una gama más amplia de artículos de ayuda humanitaria en el campamento piloto, pero incluso allí, el Gobierno israelí ha insistido en distinguir entre ayuda humanitaria y material de reconstrucción, permitiendo únicamente la primera.

Un dilema para los palestinos

No está claro de dónde provendrían los fondos para el programa piloto. Sólo una pequeña parte de los 17.000 millones de dólares (casi 15.000 millones de euros) prometidos inicialmente para el plan de paz de 20 puntos de Trump se ha materializado. El Grupo de Donantes para Palestina de la Unión Europea anunció la semana pasada que había recaudado 883 millones de euros para Gaza. El dinero está destinado a la restauración de la infraestructura básica de agua y saneamiento y a la gestión de residuos, y se supone que complementa los proyectos de la Junta de Paz.

El organismo presidido por Trump está negociando para que parte de los 11.000 millones de dólares (unos 9.500 millones de euros) en ingresos fiscales palestinos y activos bancarios congelados, incautados y retenidos por Israel, se destinen a fondos para proyectos. “Estamos trabajando en ello. Está en discusión”, dice una fuente familiarizada con las negociaciones.

La sugerencia ha provocado la indignación de la Autoridad Palestina (AP), que gobierna de forma limitada en la Cisjordania ocupada y a la que Israel asfixia financieramente. “Estos no son fondos israelíes que se puedan retener o negociar”, dice la ministra de Asuntos Exteriores de la AP, Varsen Aghabekian. “Estos fondos deben liberarse de inmediato y sin condiciones”.

Aghabekian afirma que el cambio de enfoque, de una estrategia integral para Gaza a un pequeño proyecto piloto, representa un dilema para los palestinos. “La catástrofe humanitaria no puede gestionarse mediante medidas fragmentadas o parciales. Al mismo tiempo, todo esfuerzo que realmente salve vidas palestinas merece una cuidadosa consideración”, declara Aghabekian. “Nuestra preocupación, sin embargo, es que los acuerdos temporales nunca deben sustituir una solución integral ni servir para normalizar una realidad inaceptable”, agrega.

Según un funcionario conocedor de las conversaciones en Chipre, el comité tecnócrata estaba dividido sobre si respaldar el plan piloto de Rafah, por temor a provocar la división de los poco más de dos millones de palestinos de Gaza y relegar a la gran mayoría a un segundo plano en la prestación de ayuda humanitaria.

Shehada afirma que sólo algunos miembros selectos de ese organismo (integrado por palestinos de Gaza y de Cisjordania) fueron invitados a Chipre por la Junta de Paz, después de que la propuesta piloto fuera rechazada repetidamente por el comité en pleno, con el argumento de que la oferta de mejor comida y alojamiento en el campamento piloto podría provocar una estampida. Se repetiría, así, una serie de incidentes ocurridos durante la guerra, cuando las fuerzas israelíes dispararon contra los palestinos que acudían a los centros de distribución de comida de la opaca fundación estadounidense-israelí que operó en Gaza durante unos meses de 2025.

Este artículo ha sido actualizado por la redacción de elDiario.es

El marido de Stella Schnabel, James ‘Fergie’ Chambers, llevaba casi una semana detenido en España, pero ella había logrado no derrumbarse ni llorar. Hasta que el pasado jueves pudo por fin hablar unos minutos con él. “[Un tiempo suficiente] para que nos dijéramos que nos queríamos, y para que él me dijera: 'Dile a los niños que los quiero’”, contó Schnabel.

En respuesta a una solicitud de extradición de Estados Unidos, las autoridades españolas detuvieron el pasado 10 de julio en Ibiza a Chambers, de 41 años, ciudadano estadounidense y acaudalado donante de proyectos humanitarios y de izquierda en todo el mundo. Fue trasladado a una cárcel de Madrid. Según un portavoz del Tribunal Supremo, el Departamento de Justicia de la Administración Trump ha pedido su extradición por un supuesto apoyo financiero a Hamás.

El Tribunal Supremo tiene dos semanas para pronunciarse sobre el recurso de apelación de Chambers en el que solicita su libertad bajo fianza y 40 días para decidir sobre la extradición a EEUU. Si el tribunal denegase la extradición, el caso sería archivado. Si la concediera, el Consejo de Ministros tendría la última palabra, según el portavoz. La acusación contra Chambers permanece bajo secreto de sumario. En declaraciones a The Guardian, el veterano abogado Stanley Cohen dice que se trata el primer caso conocido en el que Estados Unidos solicitaba la extradición de un ciudadano por supuesto apoyo a Hamás.

Todo esto ocurrió mientras el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, convocaba a representantes de 66 países (entre los que figuraba España) a una conferencia en la que se trató de desacreditar a la izquierda vinculándola con el terrorismo. Según Josep Riba, uno de los abogados de Chambers, la participación de España en dicha conferencia “ha generado en la familia [de Chambers] la preocupación de que el presidente Pedro Sánchez, conocido por plantarle cara al presidente Donald Trump y expresar su solidaridad con los palestinos, pueda ceder ante el ataque políticamente motivado de Estados Unidos”.

La detención

Stella Schnabel, actriz e hija del pintor y cineasta Julian Schnabel, cuenta que estuvo en estado de shock y sin apenas dormir hasta que el jueves pasado pudo escuchar la voz de Chambers. Sigue sin poder verlo. “Ha sido muy estresante”, dijo.

Schnabel y su marido estaban de vacaciones en Ibiza, donde barajaban la posibilidad de quedarse a vivir, acompañados por su hijo de cinco años y otros miembros de la familia (Chambers tiene otros tres hijos adolescentes, fruto de una relación anterior). El viernes 10 de julio, circulaban por un camino de tierra de la isla, de camino a visitar un posible colegio para su hijo, cuando varios coches con siete agentes de policía les cortaron el paso de repente.

“Le dije a Fergie: ‘Sabes lo que está ocurriendo, ¿verdad?”, recuerda Schnabel. Los agentes esposaron a Chambers y a ella le dijeron que no podía grabarlos con su teléfono móvil. De acuerdo con su testimonio, toda la detención duró menos de cinco minutos.

En declaraciones anteriores, Chambers ha dicho que lleva en el punto de mira del Gobierno de EEUU desde 2015, debido a su activismo contra la Policía en Atlanta. Comunista y antiimperialista, como él mismo se describe, Chambers es heredero de una de las familias más ricas de EEUU, propietaria de la empresa Cox Communications, con sede en Atlanta. A mediados de 2023, Chambers vendió a su familia acciones por unos 250 millones de dólares [unos 219 millones de euros].

La acusación

Según Schnabel, Chambers ha contribuido desde entonces a la financiación de unos 100 proyectos en 20 países. Explica que, entre las donaciones, figuran 250.000 dólares [unos 219.000 euros] entregados al Proyecto Sameer de Gaza para financiar una panadería que produce miles de barras de pan al día y las entrega gratis a la población, bajo bloqueo israelí. Según Schnabel, también ha apoyado el sostenimiento de una clínica gratuita en Gaza y ha subvencionado con 100.000 dólares [unos 87.500 euros] al Proyecto Zaynab, que proporciona asistencia psicológica a los niños huérfanos de la Franja.

Schnabel indica que Chambers también ha pagado los gastos legales en EEUU de algunos miembros del grupo anteriormente conocido como Palestine Action, un grupo que Reino Unido considera “organización terrorista”. Por sus creencias, su activismo y el uso que hace de su fortuna, Chambers ha salido en muchos reportajes de los medios estadounidenses.

Es increíble que esto le pueda pasar a alguien que apoya a personas que están tratando de vivir y de sobrevivir a la colonización y a la limpieza étnica

Stella Schnabel

Ahora, según Schnabel, Estados Unidos lo acusa ahora de blanquear 7,5 millones de dólares [unos 6,6 millones de euros] transferidos hace varios años desde una cuenta bancaria estadounidense a una de Túnez, donde la pareja residía entonces y de utilizar ese dinero para financiar a Hamás.

En opinión de Schnabel, que ha visto parte del auto de acusación, el Gobierno de EEUU no explica con claridad de qué manera Chambers cometió los hechos de los que le acusa. Explica que los fondos se emplearon para comprar el popular club de fútbol Club Africain, para pagar deudas y salarios atrasados, para construir campos de fútbol para los jóvenes, y para reconstruir un centro de entrenamiento. El club, que según ella “hace felices a millones de personas”, ganó en mayo la liga nacional de Túnez.

El jueves pasado, uno de los abogados defensores de Chambers contó a Schnabel que varios tunecinos encarcelados en Madrid habían reconocido al estadounidense cuando lo vieron llegar, y le habían expresado su apoyo. “Allí [en Túnez] es un héroe nacional”, dice Schnabel.

“Me siento respaldada a un alto nivel”

Schnabel, que llevaba más de un año viviendo con Chambers en Irlanda, se pasó la semana pasada familiarizándose con las complejidades políticas y jurídicas de España. El viernes por la mañana se reunió por primera vez con un equipo jurídico organizado por el exmagistrado Baltasar Garzón, responsable de la solicitud de extradición desde Londres del dictador chileno Augusto Pinochet, y conocido por su búsqueda de justicia en abusos contra los derechos humanos de España, Argentina y otros países. “Me siento respaldada a un alto nivel”, dice Schnabel. “Estoy intentando reunirme con cualquiera que entienda” la legislación relativa a la extradición.

A principios de la semana pasada, 13 organizaciones políticas españolas y cinco diputados del Congreso enviaron una carta a dos ministros del gobierno de Sánchez oponiéndose a la extradición. La carta recuerda a los dos altos cargos que la legislación española permite al Consejo de Ministros rechazar una solicitud de extradición cuando “existen razones fundadas para creer que la solicitud tiene como finalidad perseguir o castigar a una persona por sus opiniones políticas”.

La carta también recuerda la necesidad de que el Gobierno “exija a las autoridades estadounidenses la documentación completa (...) que acredite la existencia de una conducta delictiva concreta, diferenciada del activismo político, la solidaridad internacional, la donación humanitaria o el apoyo a medios y organizaciones sociales”.

A Schnabel le cuesta entender cómo su marido ha ido a parar a la cárcel “por ayudar a personas que sufren un genocidio”. “Es increíble que esto le pueda pasar a alguien que apoya a personas que están tratando de vivir y de sobrevivir a la colonización y a la limpieza étnica”, dice.

Traducción de Francisco de Zárate.

El partido Cockroach Janta (CJP) o Partido Popular de las Cucarachas empezó a movilizarse en la India al calor de una broma en Internet, pero con el impulso de millones de jóvenes descontentos de la India se ha convertido rápidamente en uno de los desafíos más inesperados para el poderoso gobierno de derechas de Narendra Modi.

El CJP fue fundado en mayo por Abhijeet Dipke, de 30 años, un ciudadano indio recién graduado en una universidad de EEUU. Indignado por los comentarios del presidente del Tribunal Supremo de la India, quien comparó a los jóvenes parados del país con “parásitos” y “cucarachas” durante una vista en el Tribunal Supremo, Dipke lanzó en tono de broma un llamamiento en las redes sociales: “¿Y si todas las cucarachas se unieran?”.

La respuesta fue abrumadora. Dipke creó una página web y cuentas en redes sociales para un partido satírico llamado “Cockroach Janta” —una pulla al partido gobernante de Modi, el Bharatiya Janata Party (BJP) o Partido Popular Indio—, con un manifiesto mordaz dirigido contra el Gobierno y un eslogan: “Un partido político para la gente que el sistema se olvidó de contar”.

En dos semanas, la página de Instagram del CJP ya contaba con más de 22 millones de seguidores, superando al BJP. El Gobierno de Modi, muy intolerante con las críticas, intentó bloquear sus cuentas en las redes sociales alegando motivos de seguridad nacional, pero no lo consiguió.

¿Cuáles son las causas que defiende el CJP?

A medida que el CJP comenzaba a movilizar apoyos, Dipke centró el movimiento en un tema candente para muchos de los millones de estudiantes de la India: las filtraciones de los exámenes de acceso a la carrera de medicina, que se han vendido repetidamente al mejor postor.

La presión sobre los estudiantes para que tengan éxito es agobiante: más de dos millones de aspirantes compiten por tan solo 130.000 plazas. Muchas familias gastan los ahorros de toda la vida y se endeudan hasta las cejas para pagar a sus hijos clases particulares de preparación para estos exámenes de medicina, tristemente célebres por lo agotadores que resultan y a los que se conoce por las siglas NEET. En la India se gasta ahora más en clases particulares que en todo el presupuesto gubernamental destinado a la educación superior.

Una serie de filtraciones de exámenes ha obligado a millones de estudiantes a repetir las pruebas y se ha relacionado con docenas de suicidios en los últimos años. Los exámenes NEET tampoco son los únicos que se han filtrado.

Se ha acusado al Gobierno de Modi de no asumir la responsabilidad por el fiasco de las pruebas. El CJP comenzó a movilizar a sus seguidores en torno a este tema, exigiendo que el Gobierno rinda cuentas por las filtraciones y que el ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, dimita.

Para muchos jóvenes de la Generación Z y millennials de la India, el CJP también ha dado voz al descontento generalizado por la crisis del sistema educativo y la histórica insuficiencia del mercado laboral. Según un estudio reciente, casi el 40% de los titulados universitarios menores de 25 años están en paro.

¿Cuándo salió a la calle el CJP por primera vez?

La primera protesta presencial del CJP tuvo lugar en Delhi a principios de junio,y en ella se exigió la dimisión de Pradhan. Dipke regresó de EE UU para encabezar la manifestación, primero en Delhi y después en actos por todo el país.

Los simpatizantes del CJP celebraron su segunda gran protesta en Delhi antes de que acabase el mes, y esa vez se comprometieron a no moverse del lugar hasta que Pradhan se fuera. A los manifestantes se unió Sonam Wangchuk, un destacado ingeniero y activista educativo del estado indio de Ladakh, que el año pasado fue detenido y encarcelado por el Gobierno en virtud de la legislación antiterrorista por su actividad de movilización.

Wangchuk anunció que emprendería una huelga de hambre al estilo de Gandhi en solidaridad con los estudiantes y que no comería hasta que el ministro de Educación dimitiera.

La protesta y la huelga de hambre de Wangchuk han seguido en julio, y en ese tiempo han recibido la visita de varias figuras destacadas de la oposición. Sin embargo, el Gobierno de Modi no ha entablado diálogo alguno con el CJP ni con Wangchuk, y Pradhan los ha tildado de “equipo suplente de terroristas”.

¿Cómo ha movilizado Sonam Wangchuk el apoyo?

El estado de salud de Wangchuk ha ido empeorando tras más de dos semanas de huelga de hambre, lo que ha hecho crecer las críticas al Gobierno. Tras 18 días, el tribunal de Delhi ordenó que se supervisara su estado de salud a diario.

El domingo por la mañana, cuando ya llevaba 20 días de huelga, la policía de Delhi desató la indignación nacional al llegar y llevarse a la fuerza a Wangchuk a un hospital público. La policía afirmó que era para proteger su salud; su esposa lo condenó como una “detención ilegal”.

Desde su cama de hospital, Wangchuk hizo un llamamiento a los simpatizantes del CJP para que marcharan hacia el Parlamento el lunes y exigieran la dimisión de Pradhan.

¿Qué magnitud tuvo la protesta del lunes?

La protesta del CJP del lunes se convirtió en una de las mayores manifestaciones antigubernamentales de los últimos años. A primera hora de la mañana, miles de manifestantes comenzaron a acudir en masa a las calles del centro de Delhi, sumándose a los cientos que ya habían acampado allí durante la noche.

La multitud estaba compuesta en su mayoría por estudiantes y otros jóvenes, pero también había una gran presencia de padres cuyos hijos se habían visto afectados por las filtraciones.

La policía de Delhi denegó a los manifestantes el permiso para marchar hacia el Parlamento. Se bloquearon las carreteras de toda la ciudad con barreras, se cortó el acceso a Internet y se acorraló a los manifestantes en una zona acotada para la protesta, situada a aproximadamente 1,6 kilómetros del Parlamento. Sin embargo, los manifestantes siguieron llegando en masa, hasta reunir a más de 20.000 personas a primera hora de la tarde.

Cuando la multitud intentó avanzar hacia el Parlamento, la policía respondió con violencia, con cargas con porras y gas lacrimógeno, lo que provocó críticas por parte de los líderes del CJP y de la oposición. Tanto manifestantes como policías resultaron heridos en los enfrentamientos. Dipke condenó la respuesta policial calificándola de “absolutamente brutal”.

¿Qué va a pasar ahora?

Tras semanas ignorando al movimiento CJP, el Gobierno de Modi ofreció una reunión el lunes por la mañana. En un breve encuentro de 10 minutos, se plantearon tres reivindicaciones, pero hasta el momento “no se ha asumido ningún compromiso”, según el portavoz del CJP.

No ha habido ninguna respuesta pública a la protesta por parte de Pradhan. A última hora del lunes, incluso mientras la policía intentaba desalojar el campamento de protesta de Delhi, Dipke subrayó que, mientras Pradhan permaneciera en su cargo, no se moverían de allí. “¡Esta protesta pacífica no va a terminar!”, rezaba la publicación del partido en X.

La periodista y columnista brasileña Julia Duailibi suele escribir sobre política en su columna semanal para el principal periódico brasileño, O Globo, pero el jueves pasado adoptó un enfoque diferente, escribiendo sobre por qué no apoyaría a la vecina Argentina en la final del Mundial.

“Siempre he admirado a los hermanos [como los brasileños llaman cariñosamente a los argentinos] y me hubiera encantado animar a un equipo sudamericano”, escribió la mañana después de la dramática victoria de Argentina en semifinales contra Inglaterra. “Pero admito que las escenas racistas protagonizadas por una minoría de aficionados, y el silencio de la mayoría en el campo, me revolvieron el estómago”.

Su postura es solo un ejemplo de un sentimiento común: en toda Latinoamérica, muchas personas han declarado su apoyo a España en la final del domingo. El racismo de algunos aficionados argentinos se ha citado como una de las razones, pero no la única.

Antes, la gente era más propensa a apoyar a un equipo latinoamericano que a uno europeo, pero eso ha cambiado bastante en los últimos años

Nicolás Cabrera — Sociólogo y antropólogo argentino

“Antes, la gente era más propensa a apoyar a un equipo latinoamericano que a uno europeo, pero eso ha cambiado bastante en los últimos años”, afirma Nicolás Cabrera, sociólogo y antropólogo argentino que ha dedicado su carrera académica al estudio de los aficionados al fútbol en Latinoamérica.

Anteriormente, explica, esa tendencia se limitaba principalmente a los rivales tradicionales de Argentina —sobre todo Brasil, pero también Uruguay y Chile—, pero más recientemente se ha extendido a algunos mexicanos, colombianos y ecuatorianos.

“Odio y racismo”

“Las divisiones empezaron a surgir por varias razones”, afirma Cabrera, quien reside en Río de Janeiro desde hace 10 años, donde trabaja como profesor e investigador universitario.

En primer lugar, está el hecho de que Argentina ha sido, con diferencia, la selección nacional más exitosa de Latinoamérica en los últimos años, llegando a tres de las últimas cuatro finales de la Copa Mundial y ganando al menos una de ellas.

Durante el mismo período, sus vecinos han sufrido eliminaciones mucho más tempranas. Esto incluye a Brasil, que no ha llegado a la final de la Copa Mundial desde que ganó su quinto título, un récord, en 2002.

Argentina también cuenta con la estrella que lleva dos décadas levantando trofeos y conquistando corazones en todo el mundo: Lionel Messi, quien, incluso a sus 39 años, ha sido uno de los jugadores más destacados de este Mundial.

Cabrera también ve la creciente rivalidad como consecuencia del aumento en el número de partidos entre clubes: el torneo continental de la Copa Libertadores contaba con unos 20 equipos hasta la década de 1990; hoy, incluyendo las rondas preliminares, compiten casi 50. “A medida que nuestros equipos se enfrentan con más frecuencia, los aficionados empiezan a provocarse mutuamente”, afirma.

Pero Cabrera añade que las redes sociales también han contribuido: “El discurso de odio, el racismo, la xenofobia y la discriminación comenzaron a circular de maneras que antes eran más marginales y menos visibles”.

Es difícil que haya un partido entre clubes de Argentina y Brasil sin que aparezca al menos un video de un hincha argentino haciendo gestos de mono a los brasileños. Pero esto no es nada nuevo: en 1920, en vísperas de un partido amistoso entre ambos equipos, un periódico argentino publicó una caricatura que representaba a los jugadores brasileños como monos.

En los últimos meses, varios turistas argentinos han sido arrestados en Brasil por “insulto racial”, un delito según la ley brasileña. Mientras celebraba la victoria de su país sobre Inglaterra, un turista argentino fue filmado en el estado nororiental brasileño de Bahía haciendo gestos de mono a un brasileño negro. No fue arrestado y, según se informa, ya regresó a Argentina.

Controversias con Brasil y México

Lo que antes se limitaba a las calles y a las gradas de los partidos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se ha extendido al Mundial, incluyendo los incidentes protagonizados por el influencer estadounidense IShowSpeed en el partido de Argentina contra Cabo Verde. Esto fue lo que impulsó a Duailibi a tomarse un descanso de la política para escribir sobre Argentina.

“Sé que Brasil tampoco es un modelo en este sentido, que aún nos queda mucho camino por recorrer en materia de racismo, pero al menos nuestro marco legal es mucho más efectivo que el suyo”, afirma. Argentina no cuenta con una ley que penalice explícitamente el racismo.

Las controversias no se limitan a Brasil ni a las gradas. Durante la celebración de su título de la Copa América 2024, los jugadores argentinos corearon cánticos racistas y homófobos contra miembros de la selección francesa a la que habían derrotado en la final del Mundial de 2022.

Durante el Mundial actual, un conocido periodista argentino de derecha declaró en un programa de televisión que odiaba a los mexicanos “con toda su alma”. Días antes, también había afirmado que, durante un partido entre México y Ecuador, los ecuatorianos jugaron con miedo tras haber sido supuestamente “amenazados de muerte” por un cártel mexicano de la droga. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó estas declaraciones de “indignantes”.

Si bien condenó los incidentes racistas protagonizados por algunos argentinos, Fábio Luís Barbosa dos Santos, historiador brasileño especializado en América Latina, afirma que estos no le impedirán apoyar al país vecino en la final.

Si el problema es el racismo, entonces tampoco se podría apoyar a España

Fábio Luís Barbosa dos Santos — Historiador brasileño especializado en América Latina

“Si el problema es el racismo, entonces tampoco se podría apoyar a España”, dice, recordando no solo el pasado colonial español, durante el cual se benefició de la esclavitud de africanos y sus descendientes, sino también los innumerables casos recientes de insultos racistas de hinchas de La Liga dirigidos al futbolista brasileño Vinícius Júnior.

Países unidos por el pasado colonial

Santos dijo que apoyaría a Argentina “porque somos países unidos por nuestro pasado colonial, por dictaduras y ahora por la extrema derecha”, y señala que mientras Argentina tiene al presidente Javier Milei, Brasil hasta hace poco tenía a Jair Bolsonaro en el cargo equivalente. “Sus desgracias también son nuestras, como deberían serlo sus alegrías”, agrega.

No es el único brasileño que apoya a Argentina en la final.

El conductor de transporte compartido João Felipe Jr., de 32 años, viajará 270 millas desde Río de Janeiro hasta São Paulo para ver el partido en un bar fundado por argentinos que se hizo viral por recibir a decenas de brasileños que también apoyan al país vecino.

“Hace tres años, en el Maracaná, asistí a un partido entre Brasil y Argentina con los hinchas argentinos”, dijo Felipe Jr., quien tildó de “absurdas” las numerosas teorías conspirativas en redes sociales que afirman que la FIFA ha favorecido a Argentina.

“Merecen estar en la final, sobre todo por lo que está haciendo Messi. Para mí, todo se debe a él. Cuando se retire —afirma—, dejaré de apoyar a Argentina”.

El Parlamento francés aprobó este martes de forma definitiva la ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida que convierte a Francia en el primer país de Europa en establecer una restricción general de este tipo y que el Gobierno aspira a aplicar desde el inicio del próximo curso escolar.

“Francia abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante”, declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, en un vídeo en sus redes sociales poco después de la aprobación definitiva del texto, en el que celebró la decisión del Parlamento y recordó que se trataba de uno de sus compromisos, que ve la luz en la recta final de su segundo y último mandato.

“Me comprometí a ello y ahora ya está aprobado: las redes sociales estarán prohibidas para los menores de 15 años desde el inicio del curso escolar”, escribió al compartir el vídeo en la red social X.

El jefe del Estado agradeció el respaldo de los parlamentarios y señaló que ahora corresponde al Consejo Constitucional pronunciarse sobre la ley antes de su aplicación. “Después, será el momento de actuar para hacer efectiva esta medida y proteger a nuestros hijos en internet”, añadió.

El texto recibió el respaldo del Senado, que lo aprobó por 243 votos a favor y dos en contra, y horas más tarde fue ratificado por la Asamblea Nacional, con 279 a favor y 81 en contra, culminando varios meses de tramitación parlamentaria.

La norma establece que los menores de 15 años no podrán acceder a los servicios de redes sociales ofrecidos por plataformas digitales.

Quedan excluidos de la prohibición determinados portales, como las enciclopedias en línea, como Wikipedia, así como las plataformas de desarrollo y distribución de software libre o los proyectos educativos de código abierto.

La ley no fija un sistema concreto de verificación de edad, por lo que corresponderá a las plataformas, como Facebook o TikTok, implantar mecanismos para comprobar la edad de sus usuarios.

El texto también amplía la prohibición del uso de teléfonos móviles a los institutos, extendiendo una restricción que hasta ahora se aplicaba a las escuelas de primaria y secundaria, aunque los centros podrán contemplar excepciones en sus reglamentos internos.

El Gobierno prevé que la prohibición entre en vigor el 1 de septiembre para las nuevas cuentas creadas en las plataformas afectadas. En el caso de las cuentas ya existentes, la medida comenzará a aplicarse tras un periodo transitorio de cuatro meses, a partir del 1 de enero de 2027.

La ministra delegada de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, afirmó ante el Senado que Francia “es pionera en Europa” al establecer una mayoría digital de 15 años y aseguró que una coalición de quince países europeos, entre ellos España, estudia incorporar una regulación similar a sus legislaciones nacionales.

Australia fue el primer país del mundo en aprobar una restricción similar, pero en su caso para los menores de 16 años.

La fiscalía de Hungría ha acudido a una sede del partido Fidesz, la formación del ex primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y ha registrado sus servidores informáticos en una investigación por corrupción, según ha confirmado a Associated Press una portavoz de la fiscalía del condado de Bacs-Kiskun, al sur de Budapest, donde se han producido los registros.

El propio partido reveló la actuación en un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que acusa al “régimen autocrático” de un exceso “sin precedentes” desde el fin del comunismo, en 1990. “El plan del Partido Tisza [del actual primer ministro, Péter Magyar] para eliminar a Fidesz y a la oposición mediante tácticas políticas ha fracasado. Por lo tanto, el Partido Tisza intenta ahora legalizar la inhabilitación legal de Fidesz”, sostiene el comunicado.

Magyar contestó en un mensaje en el que manifestó haberse enterado de la operación por la publicación de Fidesz. “Esperamos por la información de la fiscalía”, añadió.

Las autoridades iniciaron este año una investigación penal contra varios cargos de Fidesz, tanto en activo como retirados, por decisiones opacas sobre asignaciones de partidas del Fondo Nacional de Cultura (NKA) a artistas y organizaciones ligadas al partido por valor de más de 17.000 millones de florines (47 millones de euros). Los implicados negaron haber cometido irregularidades.

Viktor Orbán y Fidesz gobernaron Hungría de 2010 a 2026 entre crecientes acusaciones de autoritarismo y deterioro institucional. El periodo coincidió con el enriquecimiento patente de aliados personales del entonces mandatario.

Peter Magyar, que derrotó a Orbán en las elecciones del pasado abril, se afilió a Fidesz en 2002 y ocupó varios cargos en organismos estatales durante la etapa del partido en el poder hasta su ruptura con la formación en 2024.

Reforma exprés para desbancar al presidente

El nuevo gobierno de Magyar emprendió desde su conformación una ruptura drástica con el pasado. Entre sus primeras medidas estuvo la clausura sumaria de los informativos de la televisión pública, señalados por manipuladores.

Magyar también ha sido muy crítico con Tamás Sulyok, el actual presidente —una figura con algunas atribuciones constitucionales, como la capacidad de veto legislativo— al que ha acusado de ser una marioneta del exmandatario. Ante su negativa a renunciar antes del fin de su mandato, previsto para 2029, el parlamento, que Tisza domina ahora ampliamente, aprobó una reforma constitucional para su rápida destitución.

Algunas organizaciones cívicas han criticado la maniobra. “Recuerda a la era Fidesz”, afeó Human Rights Watch.

El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha elevado a 50 la cifra de fallecidos españoles en el terremoto de Venezuela, “que sigue aumentando”, mientras que hay 139 desaparecidos.

A preguntas de los periodistas, antes de participar en un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, ha asegurado que España va a estar “al lado” de sus compatriotas y de todo el pueblo venezolano “tanto tiempo como sea necesario”.

En este sentido, Albares ha apuntado que España es “una voz de solidaridad, de multilateralismo y de defensa de la diplomacia”.

Las últimas cifras que se conocían de españoles fallecidos en Venezuela, a raíz del seísmo de finales de junio, se facilitaron el pasado 13 de julio y ascendían a 41 personas, mientras que se mantiene el número de desaparecidos.

El balance total de muertos por el doble terremoto ascendió este domingo a 5.208. Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas sin viviendas en 17.907, según el Gobierno venezolano.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha sepultado explícitamente cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país al sentenciar que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.

“Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, lanzó el domingo en un discurso el mandatario durante un acto de masas en conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.

Nicaragua es gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia. Desde 2017 gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo. Murillo, que era vicepresidenta de Nicaragua desde 2017, fue designada copresidenta desde febrero de 2025 a través de una reforma constitucional.

En el acto, el mandatario sandinista dijo que los opositores en el exilio andan “agazapados” y los acusó de querer ganar unas elecciones para enriquecerse. “Pero que se olviden: Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, enfatizó.

Anunció que van a trabajar con la Asamblea Nacional (Parlamento), subordinada a la Presidencia, “y con las organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata (dinero) que le den los yanquis (EEUU), no podrán”.

Reforma

A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor esa reforma profunda a la Constitución Política que transformó el Estado, eliminó el balance de poderes, y otorgó un poder total a Ortega y Murillo, y que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses.

La enmienda amplió de cinco a seis años el periodo presidencial, estableció la figura de “copresidenta”, que el Ejecutivo “coordine” los demás “órganos” del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legalizó la apatridia.

Es decir, Nicaragua debería celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales ampliaron el período presidencial, por lo que en teoría sería en noviembre de 2027.

En enero pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Murillo de haberse inventado el cargo de “copresidenta” en Nicaragua sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad, “porque sabe que no puede ganar” en un proceso electoral libre.

EEUU acusó a Murillo de que, “cobardemente”, junto a Ortega, “ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe que no puede ganar”. Además, advirtió que “el poder basado en la represión y la manipulación constitucional no es la voluntad del pueblo” nicaragüense.

Irán ha atacado otro petrolero en el estrecho de Ormuz la madrugada de este martes. La tripulación ha tenido que abandonar el barco justo cuando EEUU llevaba a cabo otra ronda de ataques aéreos por el control de esta vía marítima.

Las diez noches consecutivas de ataques aéreos estadounidenses no han logrado que Teherán ceda en su control sobre el estrecho, por el que en tiempos de paz transitaba cerca de una quinta parte de todo el comercio de petróleo crudo y gas natural.

Mientras Estados Unidos e Irán se deslizan hacia la guerra abierta, el ministro del Interior de Irán viajó a Pakistán, país mediador clave, para mantener conversaciones.

El acuerdo provisional firmado el mes pasado, destinado a detener las hostilidades, se ha desmoronado. El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz se ha paralizado en gran medida. Y mientras se intensifican los combates, ambas partes han atacado infraestructuras civiles de las que dependen millones de personas.

“Irán y los grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares vinculados a Estados Unidos y a ciudadanos estadounidenses en todo el mundo”, advirtió el Departamento de Estado de EEUU en un nuevo aviso dirigido a sus ciudadanos, informa AP.

Esta escalada ha provocado un aumento de los precios del petróleo en las últimas semanas. Este martes, el crudo Brent de referencia cotizaba por encima de los 88 dólares el barril, y el precio de la gasolina regular en EEUU subió a una media de 4 dólares por galón, lo que mantiene la presión sobre el bolsillo de los estadounidenses de cara a las elecciones de mitad de mandato de este noviembre.

Por otra parte, el ejército estadounidense identificó a dos soldados fallecidos en Jordania tras unos ataques que dejaron a una tercera persona desaparecida. Asimismo, las fuerzas armadas confirmaron otra muerte en Irak el sábado durante la “detonación controlada” de un dron iraní derribado. El presidente de EEUU, Donald Trump, utilizó las redes sociales el lunes para advertir: “¡Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por esa muerte muchas veces más!”.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de EEUU ha informado este martes que atacó “centros de mando militar iraníes, capacidades marítimas, sitios de lanzamiento de misiles y drones, y sistemas de defensa aérea”. Asimismo, difundió más imágenes de los bombardeos contra objetivos en Irán.

“Las fuerzas estadounidenses permanecen listas y preparadas para hacer que Irán rinda cuentas por su agresión injustificada contra marinos civiles que buscan transitar libre y abiertamente por el estrecho”, ha declarado el mando militar.

Sin embargo, el tráfico a través del estrecho se ha reducido drásticamente debido a la reciente ola de violencia. El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó que un petrolero fue atacado la madrugada del martes en el estrecho, frente a las costas de Omán, lo que obligó a la tripulación a abandonar la embarcación, informa AP.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán se ha atribuido la autoría de este ataque, así como de otros dos ataques contra buques ocurridos el lunes en la misma vía marítima.

La ruta que bordea Omán es la que el ejército estadounidense ha recomendado a los barcos seguir para evitar el control iraní.

Teherán también ha atacado a países aliados de Estados Unidos en todo Oriente Medio. Kuwait ha informado que sus defensas antiaéreas dispararon contra una andanada de proyectiles entrantes, y las fuerzas armadas de Jordania comunicaron el lunes por la noche que habían derribado tres misiles iraníes, señalando que no hubo daños materiales ni víctimas.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bahréin ha condenado los ataques con drones iraníes dirigidos contra los sistemas de tráfico aéreo del país, afirmando que ponen en peligro los desplazamientos de civiles. Irán aseguró que el objetivo era la base estadounidense de Sheikh Isa, importante para la V flota del país.

Casi 100 militares estadounidenses heridos desde principios de julio

El portavoz principal del Pentágono ha declarado este lunes que cerca de 100 militares estadounidenses han resultado heridos desde que EEUU reanudó los ataques el 7 de julio, y que el 96% de ellos ya se ha reincorporado al servicio.

“La gran mayoría de las lesiones sufridas fueron conmociones cerebrales leves”, publicó el lunes Sean Parnell en X, en respuesta a una información del New York Times que acusaba al Pentágono de ocultar información sobre las bajas sufridas por las tropas debido a los ataques iraníes. Parnell negó que el Pentágono estuviera ocultando datos sobre los heridos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado este lunes aranceles del 50% a la mayoría de los productos canadienses, con la excusa de que Canadá ha supuestamente discriminado a los automóviles, el alcohol y los productos lácteos estadounidenses.

La medida podría desatar una nueva ola de caos económico, con riesgos de mayor inflación y un mayor deterioro de las relaciones entre dos países que estaban estrechamente vinculados antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. El funcionario de la administración que adelantó la información señaló que Canadá fue una de las pocas naciones, además de China, que tomó represalias contra los aranceles previos de Trump y que debía rendir cuentas por ello.

Según la Administración Trump, el presidente de EEUU ha firmado tres proclamaciones para aplicar los aranceles en virtud de la Sección 338 de la Ley de Comercio de 1930. Ese artículo permite aranceles cuando el presidente de EEUU determina que un país extranjero discrimina o perjudica el comercio estadounidense: generalmente están limitados al 50% del valor de los bienes, y hay un plazo de 30 días tras la proclamación presidencial antes de entrar en vigor.

El año pasado, varios congresistas demócratas propusieron derogar dicha sección, argumentando que Trump podría utilizarla para desestabilizar la economía.

Los aranceles del 50% excluirían los productos energéticos, la potasa, el pescado y los minerales críticos, pero incluirían bienes que anteriormente estaban protegidos de los impuestos a la importación por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informa AP.

Ese acuerdo comercial de 2020 no se ha renovado recientemente por la negativa de EEUU, ha dado paso a una nueva ronda de negociaciones que podría extenderse hasta 2036.

Una fuente de la Administración añade que Trump también había solicitado a sus asesores que estudiaran la posibilidad de imponer nuevos aranceles a Canadá debido a que sus incendios forestales afectan la calidad del aire en Estados Unidos, informa AP..

Durante la final del Mundial este domingo, Trump vio el partido junto al primer ministro canadiense, Mark Carney, quien ha criticado la ruptura de las reglas internacionales por parte de presidente de EEUU, al tiempo que ha buscado ampliar las relaciones comerciales de Canadá con otros países a raíz de las guerras arancelarias unilaterales lanzadas por la Casa Blanca.

No obstante, según la Casa Blanca, el tiempo que compartieron Trump y Carney durante el partido no fue una visita de trabajo para abordar cuestiones de comercio y aranceles.

Según Trump, Canadá discrimina a los automóviles, el alcohol y el queso estadounidenses en comparación con los de otras naciones; sin embargo, su argumento se basa en gran medida en las respuestas adoptadas por Canadá después de que el presidente estadounidense impusiera aranceles al país vecino, con la excusa del contrabando de fentanilo.

En lo relativo a los automóviles, Trump señala que Canadá mantenía —a partir de abril de 2025— un arancel del 25% a la importación de vehículos de motor estadounidenses que no cumplían los requisitos para recibir trato preferencial en virtud del T-MEC (USMCA).

Sobre el alcohol, indica que, el año pasado, las provincias y territorios canadienses suspendieron la compra y venta minorista de bebidas alcohólicas estadounidenses, una medida que también surgió como respuesta a los aranceles de Trump y a sus comentarios sobre convertir a Canadá en el estado número 51 de EEUU.

Y, por último, Trump critica el trato que Canadá dispensa al queso estadounidense, y afirma que el país discrimina a EEUU frente a Europa en lo que respecta a los productos lácteos.

El presidente electo de Colombia, el radical de derecha Abelardo de la Espriella, pretende quebrar siglo y medio de tradición republicana. Quiere jurar su cargo el próximo 7 de agosto en un cuartel militar en una zona de conflicto al sur del país, a casi 600 kilómetros de la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá donde siempre se ha llevado a cabo. La respuesta del mandatario saliente, el izquierdista Gustavo Petro, ha sido enfática: no estrechará la mano de su sucesor.

En un último pulso de poder, además, prohibió usar instalaciones castrenses para la ceremonia antes de las 15.00 horas, momento en que dejará de ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se trata de un encontronazo inédito que eleva al máximo la temperatura de un país ya fracturado tras las elecciones más reñidas de su historia reciente.

Popayán, capital del Cauca y epicentro de una violencia crónica, es uno de los escenarios de la discordia. Al exigir su investidura allí, De la Espriella envía un mensaje político desde un territorio cercado por disidencias guerrilleras, narcotraficantes y extorsiones que asfixian a la población y el comercio local. La Presidencia ha dejado claro el marco jurídico: solo el Congreso puede cambiar la sede de la toma de posesión, lo cual deja al Ejecutivo sin facultades para autorizar el traslado. Pero Petro también fijó su postura en redes sociales y advirtió que, mientras sea comandante de las Fuerzas Militares, ninguna base se prestará para una ceremonia que, a su juicio, no les corresponde albergar.

El gesto expone riesgos institucionales a los que apuntan juristas y analistas de distintas orillas. “Un presidente civil debe entregar el poder a otro presidente civil. Los militares no tienen por qué estar en el centro”, advierte Mauricio García Villegas, profesor de la Universidad Nacional. Lo que más desconcierta al académico es la puesta en escena: “El presidente no es militar, ni ha sido militar, ni tiene origen militar. En el mejor de los casos, esto es una confusión”. Pero el contraste ha sido una de las marcas de De la Espriella desde la campaña presidencial: el abogado penalista que moldeó su carrera y su fortuna en los estrados judiciales se ha rodeado de militares retirados y reservistas, y se ha publicitado con sus saludos de visera y juramentos a la bandera.

El presidente no es militar, ni ha sido militar, ni tiene origen militar. En el mejor de los casos, esto es una confusión

Mauricio García Villegas — Profesor de la Universidad Nacional

Para la politóloga Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares para la paz y la reconciliación, el traslado de la posesión a un cuartel invierte la lógica republicana: subordina el poder civil a un escenario dominado por las armas. “Ahí conviven dos mensajes que se anulan”, dice. Por un lado, el homenaje a las Fuerzas; por otro, el desdén por el Congreso de la República. Y es justo allí donde De la Espriella necesita asegurar apoyos para su coalición y, en paralelo, se trata del único órgano con potestad para autorizar un cambio de sede.

El constitucionalista Rodrigo Uprimny rescataba el domingo en El Espectador una lección esencial sobre la salud democrática del país: la liturgia presidencial en Colombia ya tiene sus propios tiempos, pues existe una ceremonia posterior a la investidura en la que las Fuerzas Militares reconocen en el acuartelamiento a su nuevo jefe. Luego la comparaba con el modelo estadounidense. Los tres generales que llegaron a ocupar la Casa Blanca –Washington, Grant y Eisenhower– jamás volvieron a vestir el uniforme, nunca retomaron el saludo militar y menos aún contemplaron jurar el cargo en una guarnición. Aquellos hombres entendían perfectamente que la verdadera legitimidad de su poder nacía de las urnas y no de las armas.

Los militares, incómodos

La región del Cauca es, quizá, el mejor termómetro del fracaso acumulado del Estado colombiano. Tras el acuerdo de paz de 2016, que desmovilizó las FARC, dos estrategias presidenciales antagónicas buscaron institucionalizar el vacío territorial dejado por la guerrilla. El conservador Iván Duque (2018-2022) optó por una ofensiva total. Acto seguido, Gustavo Petro (2022-2026) impulsó un modelo de negociación con todos los grupos violentos en paralelo bajo el rótulo de la “paz total”. Los dos enfoques fallaron, según los analistas, y en el último cuatrienio las mafias usaron los ceses al fuego para expandirse. “Todo el mundo percibe que el Estado perdió la batalla”, resume Laura Bonilla. “No sirve la militarización, no sirve la negociación. Estamos en un momento en que, al parecer, nada sirve”.

Todo el mundo percibe que el Estado perdió la batalla. No sirve la militarización, no sirve la negociación. Estamos en un momento en que al parecer nada sirve

Laura Bonilla — Subdirectora de la Fundación Pares

Los más incómodos con el plan de la ceremonia en el Cauca, de hecho, podrían ser los propios homenajeados por De la Espriella. El Ejército colombiano carga con varias deudas históricas que condicionan su papel público. Arrastra, por ejemplo, el lastre de los mal llamados falsos positivos: más de 6.402 civiles ejecutados y camuflados como bajas guerrilleras, según la justicia transicional. Solo así se entiende que ahora midan cada paso que dan.

Desde hace unos años, señalan los analistas, los mandos han extremado precauciones. En los cuarteles ha arraigado lo que Bonilla describe como “obediencia reflexiva”, y los altos oficiales advierten con severidad a sus subalternos sobre los límites legales de sus operativos o acciones. Pedro Medellín, politólogo y profesor de la Universidad Nacional, matiza y recuerda, en todo caso, que la responsabilidad no ha sido solo castrense: distintos gobiernos civiles presionaron para lograr resultados y, cuando surgieron los escándalos porque se extralimitaron en sus funciones o violaron los derechos humanos, gran parte de la carga política y penal recayó en los uniformados.

Por eso, este turbulento traspaso de poderes ha dejado una paradoja institucional que Medellín subraya: “Ver a los militares defendiendo los resultados electorales y exigiendo al gobierno civil que cumpla con los principios de la democracia es un hecho que fortalece el sistema”. Al mismo hilo recuerda que, hace unas semanas, cuando Petro deslizó la idea de no reconocer la derrota electoral de su candidato, Iván Cepeda, fue su propio Ministro de Defensa quien garantizó públicamente que el relevo se haría bajo el imperio de la ley. “No es un cheque en blanco”, zanja Bonilla. “Ningún presidente en Colombia ha logrado apropiarse del todo de las Fuerzas Militares”, recuerda.

Egolatría frente a seguridad

Un dato electoral suma simbolismo: el sureño departamento del Cauca votó mayoritariamente en contra del proyecto radical De la Espriella. El candidato, de 48 años, perdió allí de forma contundente en unas elecciones tan ajustadas que la diferencia nacional se resolvió, en buena medida, por los votos de los colombianos en el exterior. “Es un mensaje de golpe de mano en una zona adversa”, interpreta Bonilla. La analista, no obstante, relativiza el impacto operativo: ningún grupo criminal va a retroceder porque la toma de posesión ocurra en una guarnición. El valor práctico del mensaje, agrega, favorece más al “ego” del mandatario electo que la seguridad real de la región, marcada por las economías cocaleras, los conflictos sociales y la salida estratégica al océano Pacífico.

Ahora queda por ver dónde se celebrará la ceremonia. La vía legal aún existe, pero es angosta: el nuevo Congreso tiene menos de tres semanas para aprobar el traslado de la toma de posesión fuera de Bogotá, un hito inédito en las investiduras colombianas. Incluso si Senado y Cámara alcanzaran un acuerdo, el último candado administrativo y logístico estaría, mientras Petro permanezca en funciones, en la decisión del Ejecutivo. Y del alto mando militar. Uprimny avisa de un tercer frente: el acto podría ser impugnado ante los tribunales por desconocer principios constitucionales que ordenan jurar ante el Congreso. Bonilla, habituada a los pulsos institucionales del país, lo interpreta con realismo: “Es bastante improbable que ocurra”.

Sea en una guarnición regional o en la Plaza de Bolívar de Bogotá, rodeada por el Palacio de Justicia o el Capitolio Nacional, algo ya se ha roto. A menos de dos semanas del relevo, Colombia sabe que su presidente saliente y el entrante no se darán la mano, un viejo gesto de convivencia y valor civil: el progresista considera ilegítimo al sucesor, mientras el ultra de derecha tilda de criminal al mandatario que se va. La banda presidencial cambiará de pecho, de todos modos, pero, como señala el sociólogo Eduardo Pizarro Leongómez, la idea de mudar la toma de posesión del ámbito civil al militar deja un mensaje inquietante: el de la primacía “de la fuerza sobre la ley”.

La repentina destitución por parte de Volodímir Zelenski del joven e innovador ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedorov, precisamente en el momento en que Kiev parecía estar ganando terreno en varios frentes de su guerra con Rusia, ha puesto de manifiesto, y no es la primera vez, una preocupante debilidad en el liderazgo del presidente.

Esta medida, que ha sorprendido a altos cargos europeos y ha provocado consternación y manifestaciones en Ucrania, resulta aún más impactante dado el papel de Fedorov a la hora de impulsar una estrategia clara para llevar adelante la guerra, aprovechando los rápidos avances tecnológicos de Ucrania en materia de drones y misiles.

A sus 35 años y nombrado en enero, Fedorov fue aclamado por sus admiradores por empezar a abordar varios problemas que han afectado a las fuerzas armadas de Ucrania, racionalizando las adquisiciones militares y luchando contra los sistemas propensos a la corrupción, introduciendo licitaciones competitivas y buscando soluciones a la persistente crisis de reclutamiento y formación del ejército.

Fedorov también era considerado uno de los principales impulsores del eficaz programa de drones de Ucrania, iniciado durante su etapa como ministro de Transformación Digital.

Este antiguo ejecutivo de marketing cercano a Zelenski, que nunca había servido en el ejército, chocaba con los altos mandos debido a su estilo desenfadado, sus discursos espontáneos y su insistencia en un enfoque basado en datos para reformar los esfuerzos bélicos de Kiev.

“Analizaremos todos los datos y veremos qué funciona”, afirmó tras su nombramiento. “Todo lo que funcione bien seguirá adelante”. Entre otras cosas, esto incluía un sistema de puntos por bajas diseñado para recompensar a las unidades del ejército más eficaces, que algunos miembros de las Fuerzas Armadas rechazaron.

Además, a Fedorov se le atribuye haber convencido a Elon Musk para que desactivara el acceso no autorizado a Starlink por parte de Rusia en el campo de batalla a principios de este año, algo que las tropas de primera línea describieron como una ventaja significativa.

Rivalidad con el jefe del Ejército

Nacido el año en que Ucrania se independizó de Moscú, Fedorov se considera parte de una generación libre de la carga de la experiencia de la burocracia soviética, en marcado contraste con el jefe del Estado Mayor del Ejército, Oleksandr Sirski, de 60 años, graduado de la Escuela Superior de Mando de Armas Combinadas de Moscú, que comenzó su carrera como oficial de artillería.

En retrospectiva, el conflicto entre ambos hombres y sus ideas sobre cómo librar la guerra era inevitable: por un lado, un general de más edad —y de la vieja escuela— que gestionaba minuciosamente una dura guerra de desgaste contra un enemigo más numeroso; y, por otro, Fedorov, con su enfoque más improvisado e impulsado por la tecnología, que en los últimos meses parecía estar dando sus frutos.

Aunque la encarnizada competencia entre los principales líderes en tiempos de guerra no es nada nuevo, el error —sobre todo en opinión de Fedorov y sus partidarios— ha radicado en la forma en que Zelenski ha gestionado esa rivalidad, que llevó a Fedorov a solicitar la destitución de Sirski.

“Cuando el presidente dijo que no tenía intención de sustituir a Sirski, yo dije que aprendería a trabajar con él”, declaró Fedorov en la rueda de prensa tras su destitución, dando a entender que el general intentaba bloquear las iniciativas del ministro de Defensa a cada paso.

“Todas las iniciativas que propusimos empezaron a ser bloqueadas”, añadió. “Y no estaba dispuesto a debatir ninguno de los problemas de los que hemos hablado hoy personalmente, cara a cara y abiertamente”.

“En lugar de encontrar una forma de derrotar a Rusia de manera asimétrica —que es la labor del comandante en jefe—, ha encontrado la manera de dividir nuestro país”, afirmó Fedorov.

Destituir a cargos populares

El propio análisis de la situación por parte de Zelenski, en una rueda de prensa conjunta celebrada el jueves con el primer ministro británico saliente, Keir Starmer, resultó poco convincente, ya que pareció quejarse de que se le pidiera “elegir entre bandos [cuando, sinceramente], lo que más deseo es la unidad”.

Todo ello ha dado lugar a las inevitables especulaciones de que Zelenski y su círculo —no es la primera vez— habían marginado a alguien considerado popular y un posible futuro rival político.

Para Zelenski, esto subraya una vez más el hecho de que, por muy impresionante que sea en la escena internacional y como figura emblemática de Ucrania en tiempos de guerra, le ha costado formar y retener a su alrededor un equipo cohesionado de altos cargos, equilibrando intereses contrapuestos para garantizar la continuidad del esfuerzo bélico

“La decisión tiene todas las características de la tendencia de Zelenski a destituir a altos cargos y comandantes que se hacen demasiado populares, de cara a unas hipotéticas elecciones que nunca se celebrarán si Rusia arrolla a Ucrania”, afirmaba un editorial del Kyiv Independent. “Obligado a elegir entre, por un lado, el hombre que estaba dando un giro a la guerra de desgaste gracias a la tecnología y a una estrategia inteligente y, por otro, el hombre que la estaba saboteando con una gestión minuciosa y una mentalidad soviética, Zelenski lo pensó y se decantó por este último”.

¿Y ahora qué?

Mientras las manifestaciones por la destitución de Fedorov continuaban por segundo día consecutivo, la pregunta ahora es qué impacto duradero tendrá el nombramiento del quinto ministro de Defensa en otros tantos años.

Para Zelenski, esto subraya una vez más el hecho de que, por muy impresionante que sea en la escena internacional y como figura emblemática de Ucrania en tiempos de guerra, le ha costado formar y retener a su alrededor un equipo cohesionado de altos cargos, equilibrando intereses contrapuestos para garantizar la continuidad del esfuerzo bélico.

Aunque los blogueros militares rusos han celebrado la destitución de Fedorov, la decisión de Zelenski de nombrar a Yevhen Khmara ministro de Defensa interino sugiere que, a pesar de la disputa entre Fedorov y Sirski, es probable que persista el énfasis en la tecnología y en los ataques con drones de largo y medio alcance. Khmara es un antiguo jefe de la unidad 'Alfa' del Servicio de Seguridad del Estado, que ha participado activamente en operaciones de ataque con drones.

Zelenski ha indicado que quiere que Khmara impulse una serie de programas de reforma clave de Fedorov. Sin embargo, la pregunta que se hacen muchos ucranianos es si realmente se puede dotar a alguien del poder necesario para desempeñar eficazmente ese cargo.

“El sitio de Netanyahu es La Haya”. Las palabras del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en una entrevista este fin de semana con el New York Times, han tenido respuesta este lunes por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, quien ha salido a defender a su aliado, el primer ministro de israelí.

Sobre Benjamín Netanyahu pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), la misma que quiere desmantelar EEUU, por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el contexto del genocidio en Gaza entre al menos octubre de 2023 y mayo de 2024.

Al ser preguntado por la hipotética detención del primer ministro israelí en su visita a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas, Mamdani, ha dicho que tiene conversaciones abiertas con el Departamento Jurídico de la ciudad sobre si tiene la autoridad para ordenar el arresto del primer ministro israelí.

“Creo que el primer ministro Netanyahu debería estar en La Haya”, ha dicho Mamdani, calificándolo de “criminal de guerra acusado por la Corte Penal Internacional. Haremos lo que la ley me permita en la ciudad de Nueva York, pero no crearemos nuestras propias leyes con ese fin”.

A continuación, este lunes, Trump ha afirmado: “Benjamin Netanyahu no será arrestado, bajo ninguna circunstancia, mientras se encuentre en EEUU. Está luchando contra la República Islámica de Irán, que recientemente asesinó a 52.000 manifestantes inocentes [cifra superior a la dada los organismos independientes] y ha pasado los últimos 47 años matando a soldados estadounidenses y a otras personas. Los únicos que deberían ser arrestados son quienes llevaron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes, algo que los presidentes anteriores debieron haber resuelto hace años”.

El senador demócrata John Fetterman (Pensilvania), alineado habitualmente en política exterior con Trump, ha afirmado: “Obviamente, Estados Unidos ni siquiera forma parte de ese tribunal corrupto. Así que es de payaso decir eso”. El predecesor de Mamdani, Eric Adams —al igual que Fetterman, un firme defensor de Israel— afirmó que amenazar con arrestar a Netanyahu “no es valiente, es temerario”.

Las declaraciones de Mamdani se produjeron después de que 103 demócratas de la Cámara de Representantes votaran el miércoles a favor de recortar la ayuda militar a Israel para el próximo año fiscal.

La semana pasada Marco Rubio afirmó en su cumbre contra el supuesto “terrorismo de extrema izquierda” que “la extensa red de inteligencia e ideológica del régimen cubano contribuyó a la formación de la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio, y sigue estando inextricablemente vinculada a los grupos y movimientos de extrema izquierda en Occidente y más allá”.

La designación de Cuba como amenaza a la seguridad nacional de EEUU es la que ha permitido a la Administración Trump justificar el bloqueo de combustible a la isla y las sanciones para cualquier entidad que mantenga relaciones con el Gobierno cubano o sus empresas públicas.

Pero este lunes ha dado un paso más por medio de un informe de 100 páginas que sigue construyendo la narrativa del supuesto “asalto de Cuba” a EEUU por parte de una Administración que tan pronto afirma que el cubano es un “régimen fracasado” que sufre una crisis humanitaria como que la isla es una amenaza casi existencial para la primera potencia económica y militar del mundo.

En este contexto, el informe del Departamento de Estado de Marco Rubio hace un repaso de la Cuba tras la Revolución, sin mencionar el protectorado de facto que era la isla en tiempos de Batista, dictador amparado por Washington, ni los múltiples intentos de atentar contra la vida de Fidel Castro o la fracasada invasión de Playa Girón –Bahía Cochinos–, de la que se acaban de cumplir 65 años, como un ejemplo de imperialismo y quiebra del derecho internacional.

Al contrario, el documento enmarca la invasión como una coartada para prácticas sediciosas en EEUU. “En Estados Unidos”, dice el informe, “muchos radicales negros estuvieron de acuerdo con entusiasmo [con Cuba]. En 1961, un grupo de destacados intelectuales y activistas negros, patrocinados por el Comité Fair Play for Cuba, publicaron una carta abierta condenando la invasión de Bahía de Cochinos, respaldada por el gobierno estadounidense. Los autores (entre los que se encontraban Robert Williams, LeRoi Jones y W.E.B. Du Bois) plantearon el conflicto entre Estados Unidos y Cuba en términos explícitamente raciales, condenando a la 'pandilla de políticos blancos cubanos depuestos' que habían liderado la invasión de Bahía de Cochinos en un intento de 'aplastar a un pueblo libre vinculado a nosotros por lazos de sangre y una herencia común'. Los autores plantearon la lucha por los derechos civiles de los negros en EEUU y la lucha de Cuba contra el imperialismo estadounidense como vinculadas, exhortando a sus compatriotas negros estadounidenses a luchar por sus derechos civiles. El incipiente movimiento del Black Power en EEUU veía en la Revolución Cubana el modelo de resistencia armada y se identificaba explícitamente con la solidaridad militante del Tercer Mundo a la que Castro y sus homólogos buscaban apelar. Cuando el líder cubano llegó a Nueva York con su delegación para la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1960, se trasladaron de su lujoso hotel en Manhattan a un local en Harlem por invitación de Malcolm X. Allí, fue recibido por una multitud entusiasta de miles de simpatizantes negros estadounidenses”.

La narrativa del texto es construir el imaginario de Cuba como amenaza y señalar a los supuestos aliados de La Habana en esa supuesta amenaza. Así, además de hablar de los movimientos afroamericanos contra el racismo, la marginación y la segregación, el informe da un salto cualitativo al volver a señalar a organizaciones de la sociedad civil –CodePink y Peolple's Forum–, además de al DSA (Democratic Socialists of America), la organización política del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que está avanzando posiciones en las primarias del Partido Demócrata de cara a las elecciones legislativas del próximo noviembre.

Así, el documento afirma sobre la organización de congresistas como Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlahib que “mantiene un compromiso férreo, casi religioso, con la causa del régimen cubano, no porque el grupo esté controlado por agentes cubanos, propiamente dicho, sino porque ese compromiso se ha convertido en la ortodoxia política de facto de la extrema izquierda estadounidense”.

A continuación, el informe intenta hilar una supuesta connivencia entre el DSA y un Gobierno exterior, lo que puede servir de coartada para tomar medidas contra los socialistas democráticos, calificados de comunistas por Trump y retratados como “la mayor amenaza para EEUU desde la independencia”, según el presidente de EEUU.

“Esto representa un avance significativo para la operación de influencia cubana”, dice el texto: “La Habana ya no necesita depender únicamente de la infiltración de inteligencia o la formación de activos para ejercer influencia sobre EEUU. [...] El DSA representa un desarrollo más reciente y mucho más trascendental políticamente: una organización de militancia masiva [son 120.000 militantes, frente a los 45,4 millones de demócratas registrados y 39,2 millones de republicanos], que opera abiertamente en la política electoral estadounidense, con delegaciones en todo el país, un creciente grupo de representantes electos y una influencia real dentro del Partido Demócrata. El DSA ha construido una infraestructura nacional dedicada a llevar la política de extrema izquierda a la, y con ella, una profunda y duradera devoción al régimen cubano”.

Según el informe, el DSA “gestiona un fondo llamado 'Venceremos', que solicita donaciones para 'apoyar la lucha por desmantelar el imperio estadounidense', destinando los fondos a Cuba. En esta y otras iniciativas relacionadas con Cuba, los activistas del DSA no ocultan sus ambiciones políticas. [...] El DSA ha expresado su intención de incluir a más representantes electos apoyados por la organización en las delegaciones [a Cuba], como medio para 'fomentar la solidaridad con Cuba entre los políticos emergentes' y construir un 'bloque pro-Cuba, básicamente de representantes electos… especialmente a nivel federal [congresistas, senadores...]”.

El documento del Departamento de Estado, además, señala con nombres y apellidos a activistas del grupo pacifista CodePink: “Medea Benjamín vivió en Cuba entre 1979 y 1983 bajo la protección del régimen (fue deportada tras escribir un artículo que criticaba internamente ciertas políticas cubanas, pero siguió siendo una simpatizante del régimen). Anteriormente, en 1988, cofundó el grupo Global Exchange en San Francisco, junto con su esposo de entonces y otro activista. Los Reality Tours de Global Exchange llevaban a estadounidenses a Cuba, Venezuela, Irán, Nicaragua, Bolivia y otros destinos 'alternativos', en lo que en realidad eran viajes ideológicos organizados por el Estado”.

Y sigue: “El evento clave en la relación de Code Pink con regímenes extranjeros, sin embargo, fue la boda de Jodie Evans con el mismísimo Neville Roy Singham en 2017 [...]. En los años posteriores al matrimonio, y con una importante inyección de capital por parte de Singham, Code Pink pasó rápidamente de ser un grupo pacifista de izquierda más convencional a un defensor acérrimo y oficialista de la República Popular China y otros estados extranjeros antiestadounidenses”.

El informe, además, señala al People's Forum de Nueva York y a su director, Manolo de los Santos: “En los últimos años, el People’s Forum ha surgido como uno de los grupos de protesta de izquierda más importantes de Estados Unidos, actuando como un centro neurálgico para la agitación contra Trump y el ICE, así como a favor de Cuba. Su director fundador, Manolo De Los Santos, es una de las figuras estadounidenses más destacadas dentro de la actual red de influencia cubana. El propio Santos constituye un ejemplo paradigmático del vínculo entre la operación ideológica cubana y el activismo de izquierda en general en Estados Unidos”.

Un detenido en Nueva York tras detonar un artefacto incendiario en un edificio federal. Este lunes, a primera hora de la mañana, “un individuo ha detonado un artefacto incendiario frente al 26 de Federal Plaza. El individuo ha sido detenido y el Grupo de Trabajo Conjunto Antiterrorista del FBI en Nueva York está investigando el incidente”, explican fuentes del FBI.

La policía de Nueva York (NYPD) ha informado a los medios estadounidenses de que ha encontrado un arma de fuego relacionada con este suceso, pero no confirmó si estaba en posesión del sospechoso.

La explosión se produjo frente al 26 de Federal Plaza en Nueva York, el edificio que alberga oficinas del FBI y el ICE en la ciudad, alrededor de las 8:30 de la mañana.

Agentes de inmigración y del FBI acudieron al lugar y la policía de Nueva York detuvo al sospechoso. La acera fue cerrada y el edificio evacuado.

La sede del FBI en 26 Federal Plaza está a solo unas manzanas del Ayuntamiento y los juzgados federales.

Los rebeldes hutíes de Yemen han declarado este lunes un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí, que interviene en el país árabe desde 2015 al frente de una coalición militar en favor del Gobierno internacionalmente reconocido, en medio de una escalada de tensión tras el bombardeo de la semana pasada contra el aeropuerto de Saná.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, ha anunciado en un comunicado “un embargo marítimo contra el criminal enemigo saudí, basado en la ecuación del ojo por ojo, con efecto inmediato tras la publicación de esta declaración”, en referencia al bloqueo impuesto por Riad a las zonas de Yemen controladas por los insurgentes, aliados de Irán.

“El criminal enemigo saudí continúa su injusto y opresivo asedio contra nuestro querido pueblo desde hace casi 12 años, saqueando nuestros recursos e imponiendo un bloqueo total a nuestros puertos y aeropuertos por tierra, mar y aire”, apunta la nota, que insiste en que esto ha exacerbado la crisis humanitaria en el Yemen.

En guerra desde 2014

Ante esta situación, los hutíes afirmaron que cualquier “acto insensato” de Arabia Saudí “será respondido con una escalada integral y decisiva”, mientras que lanzaron una “llamada general a las armas” en preparación para “todos los escenarios” en cualquier frente del país árabe, en guerra desde 2014.

Este anuncio se añade a las amenazas lanzadas por los rebeldes, respaldados por Irán, contra Arabia Saudí en medio de las tensiones iniciadas tras una disputa entre los hutíes y el Gobierno internacionalmente reconocido sobre el acceso aéreo a las zonas bajo control de los insurgentes.

El Ejército yemení bombardeó la semana pasada el aeropuerto internacional de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní que transportaba una delegación de los hutíes desde Teherán, un ataque que los rebeldes atribuyeron a Arabia Saudí y al que respondieron con el lanzamiento de proyectiles contra la monarquía árabe.

Además, los hutíes acusan a Riad de endurecer el bloqueo aéreo y limitar las importaciones marítimas a través del puerto de Al Hudeida, en el mar Rojo y un punto de entrada muy importante para la ayuda humanitaria que ingresa a las áreas controladas por los rebeldes en el Yemen.

Sin embargo, el Gobierno yemení denuncia que los hutíes utilizan el puerto y el aeropuerto para obtener suministros de armas, mayoritariamente de Irán.

Esta última escalada amenaza con exacerbar las tensiones regionales y suscita preocupación por el frágil equilibrio militar en Yemen, donde una tregua mediada por la ONU que entró en vigor en abril de 2022 redujo drásticamente los combates a gran escala, a pesar de su expiración formal ese mismo año.

La guerra civil del Yemen comenzó después de que los hutíes tomaran Saná en 2014, lo que provocó una intervención militar liderada por Arabia Saudí en 2015 y desencadenó una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Y la escena se volvió a repetir. Un primer ministro británico se va de Downing Street antes de tiempo. Otro entra con promesas de cambio. El podio sale, el podio entra. El gato se da una vuelta.

Andy Burnham se convirtió este lunes en la séptima persona en ocupar el puesto al frente del Gobierno británico desde 2016. El nuevo líder laborista promete que su plan para regenerar el país es a 10 años, casi las mismas palabras que utilizó hace unas semanas el dimitido Keir Starmer.

“Sé que la gente está harta de la política... Seré sincero con vosotros, no lo hemos hecho bien. Tenemos que hacerlo mejor. Lo haremos”, dijo Burnham en su primer discurso como primer ministro mientras sonaba el himno de la UE en la calle, en recordatorio del Brexit. Un grupo se manifestaba también contra sus planes para acelerar las perforaciones petrolíferas en el mar del Norte.

En sus primeras palabras como primer ministro, prometió “acabar” con la pobreza extrema que lleva a las personas a dormir en la calle, igual que hizo al llegar a la alcaldía de Mánchester, en 2017. Burnham consiguió reducir el número de personas sin techo al principio de su mandato, pero la cifra se ha doblado desde 2021 y ya es casi igual que cuando él llegó a alcalde.

El adiós de Starmer

Dos años después de su victoria histórica en las elecciones generales después de 14 años de gobiernos conservadores, Starmer se despidió de sus conciudadanos en medio del descontento que forzó su dimisión, pero intentó reivindicar su legado.

En un breve discurso delante de la residencia oficial, aseguró estar orgulloso de que el país sea “más fuerte y más justo” que en 2024, mencionó a la “gente valiente de Ucrania” y ofreció su “pleno apoyo” a su sucesor. Starmer, rodeado de ministros, funcionarios, empleados y sus familiares, dio las gracias a todo el equipo. “Por mucho que haya tanto foco en los individuos, gobernar es un deporte de equipo”, dijo.

Con su dimisión formal ante el rey Carlos III, da paso a su colega de partido y antiguo aliado.

Después de darse el mismo paseo al Palacio de Buckingham, Burnham entró a primera hora de la tarde en el 10 de Downing Street, dio un discurso delante de la puerta y se puso manos a la obra, a despedir a los ministros del Gobierno de Starmer y a nombrar a los miembros de su nuevo equipo.

Entre quienes se quedan, está Ed Miliband, que será el nuevo ministro de Exteriores, fue líder del Partido Laborista y con Starmer era ministro de Energía. Miliband, del ala izquierda del partido, aspiraba a ocupar la cartera de Economía. El nuevo ministro de Economía es John Healey, que dimitió como ministro de Defensa en junio porque, en su opinión, el gasto militar no había subido lo suficiente. Burnham mantiene como ministra de Interior a Shabana Mahmood, exponente del ala derecha del partido y defensora de limitar los derechos de los migrantes y residentes extranjeros. Vuelve al Gobierno Angela Rayner, la viceprimera ministra de Starmer que dimitió el año pasado por una disputa sobre sus impuestos.

Sin triunfalismo

Burnham llegó a Downing Street entre aplausos y vítores después de ser elegido en unas primarias exprés del Partido Laborista en el que no tuvo rivales y apenas dio entrevistas.

Él insiste en que no es momento para triunfalismos y en que es consciente de las dificultades del país, tocado por las crisis más que otros países en Europa, con ciudades destartaladas, desigual y más aislado después del Brexit. Según el mensaje transmitido a la prensa por su equipo, el exalcalde de Mánchester es “plenamente consciente” de que es la séptima persona al frente del país en una década y también de que la paciencia de los ciudadanos con sus políticos es cada vez más escasa.

Burnham promete hacer pronto anuncios que ayuden a los británicos con sus facturas, especialmente la de la luz, ligada al gas y disparada desde la invasión rusa de Ucrania. Su primer mensaje es que dará “un respiro” a los hogares británicos con ayudas para afrontar los costes del día a día. Una de las maneras de hacerlo, según el plan que ha avanzado su equipo, es permitiendo más extracción de petróleo y gas en el mar del Norte. Este plan contrasta con las políticas del Gobierno de Starmer, que había puesto en marcha un proyecto público centrado en la energía renovable.

Nada más llegar al cargo, Burnham tuvo su primera protesta, una concentración con las perforaciones petrolíferas del mar del Norte.

Los planes a medio y largo plazo, igual que los del Gobierno de Starmer, se centrarán en la nacionalización de servicios públicos privatizados y la construcción de vivienda. En su primer discurso como líder del Partido Laborista este viernes, Burnham dijo que revertirá el neoliberalismo de Margaret Thatcher que ha perdurado en los últimos 40 años, en referencia a la centralización del poder político y a la privatización de servicios.

En cuanto a los servicios públicos privatizados, más allá del proyecto de nacionalización de trenes ya en marcha, Burnham espera asumir el control de Thames Water, la empresa de gestión del agua de la cuenca del Támesis al borde de la quiebra.

La primera llamada sobre la que informó Burnham nada más llegar al puesto fue con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El nuevo primer ministro británico “felicitó al presidente por una Copa del Mundo exitosa”, comentó con Trump que “Inglaterra hizo un torneo excelente” y le invitó a Mánchester.

Después, Burnham llamó al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y le aseguró que “no habrá absolutamente ningún cambio” en el apoyo del Reino Unido a Ucrania. También habló con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y quedaron en volver a organizar la cumbre entre la UE y el Reino Unido prevista para julio y suspendida por el cambio de primer ministro.

Un tercer soldado estadounidense ha fallecido este fin de semana en el contexto de la escalada de ataques entre EEUU e Irán en Oriente Medio. Así lo ha confirmado el comando central del ejército de EEUU, Centcom, asegurando que falleció en Irak durante la “voladura controlada” de un artefacto.

Según ha explicado el Centcom en su comunicado, el fallecimiento se produjo este sábado, aunque se ha informado en la noche del domingo. El artefacto sería munición que no explotó tras un ataque con drones desde Irán, tal y como informa el Centcom. Un segundo soldado resultó herido en esta maniobra.

EEUU anunció este fin de semana el fallecimiento de dos soldados y la desaparición de otro en Jordania, tras un ataque iraní del pasado viernes. Durante la búsqueda, el Centcom ha informado que se ha hallado restos sin identificar en la zona durante este domingo.

Tras estas bajas, EEUU anunció un castigo “inmediato” contra Irán. Los ataques han tenido como objetivo “debilitar aún más la capacidad de Irán para restringir el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz”, según el Mando Central de EEUU.

Desde el inicio de la guerra, 16 militares estadounidenses han muerto y más de 430 han resultado heridos.

Según la agencia estatal iraní IRNA, que citó a las autoridades locales de la provincia sureña de Hormozgan, alrededor de la 1.30 a.m., hora local, una zona cercana a Sirik, en el estrecho de Ormuz, fue atacada, informa AP.

En la misma provincia, se atacó una localidad cercana a Hajiabad y se oyeron explosiones en Bandar Abbas, según IRNA. También se atacó una zona cercana a la isla de Qeshm, ubicada dentro del estrecho, según la emisora estatal iraní IRIB.

Este sábado, los medios estatales iraníes informaron de que los ataques aéreos estadounidenses habían alcanzado una planta de electricidad y desalinización en Hormozgan y dañado túneles y puentes, interrumpiendo una carretera principal hacia Bandar Abbas, donde se ubica el principal puerto de Irán, cerca de la parte más estrecha del estrecho.

El Ejército iraní, por su parte, ha atacado de nuevo este domingo diferentes puntos militares con presencia estadounidense en Kuwait, el único país del golfo Pérsico golpeado esta noche por Irán y uno más afectados por los ataques de Teherán después de que se reanudara la ofensiva con Estados Unidos.

“La República Islámica de Irán, en una nueva ronda de ataques con drones, atacó de nuevo desde la madrugada de hoy un depósito de municiones” de Estados Unidos en el campamento de Al Adiri, así como los “hangares donde se encuentran equipos y personal” estadounidense en la base de Ali Al Salem, en Kuwait, de acuerdo con un comunicado del Ejército iraní.

Por su parte, el Ejército kuwaití ha dicho en un escueto comunicado en su cuenta oficial de X que se están enfrentando a ataques con “misiles y drones” de Irán.

China expulsó la semana pasada a Ma Xingrui, uno de los cargos más altos del Partido Comunista Chino. Es el tercer miembro del Politburó purgado desde 2022, en el marco de una campaña anticorrupción de Xi Jinping que se intensifica tras varios años en marcha.

Exsecretario del PCCh en la región noroccidental de Xinjiang, Ma ha sido acusado de corrupción, de abuso de poder y de otorgar favores políticos a cambio de sexo. El anuncio de su expulsión llegó después de que, en abril, comenzara la investigación contra él por supuestas “violaciones graves a la disciplina y a la ley”.

Ma, que no ha respondido a las acusaciones ni tampoco ha sido visto desde el anuncio, es el primer funcionario civil de la élite política que cae en esta última purga. Tanto Zhang Youxia, expulsado en enero, como He Weidong, destituido en octubre, eran cargos militares. “Es el único civil [dentro del Politburó] que ha sido purgado”, dice el historiador Joseph Torigian, especializado en la élite política china y profesor asociado en la American University.

Xi Jinping quiere transmitir que las medidas represivas pueden afectar incluso a los miembros del Politburó, sean quienes sean

Joseph Torigian — Historiador especializado en la élite política china y profesor asociado en la American University

“Desde luego, no había visto nada parecido desde la purga de la Banda de los Cuatro”, añade Torigian, en referencia al incidente de 1976 durante el que fueron detenidos cuatro miembros del Politburó tras la muerte de Mao Zedong. Acusados de querer hacerse con el poder, su caso desató una de las mayores reorganizaciones de la cúpula en la historia del Partido Comunista Chino. “Una de las señales de lo que Xi Jinping espera transmitir con esta purga es que las medidas represivas pueden afectar incluso a los miembros del Politburó, sean quienes sean”, dice Torigian.

Un comportamiento “extremadamente grave”

La Comisión Central de Inspección Disciplinaria de China ha acusado a Ma de beneficiar a otros con nombramientos oficiales, de aceptar regalos indebidos y sobornos, de ayudar a familiares y allegados a lucrarse gracias a su cargo, y de presidir un esquema de “corrupción familiar”.

Christopher Nye, investigador no residente en la Fundación Jamestown, cree que aunque Ma haya sido destituido del cargo, el comunicado oficial sobre su condena contiene pocos de los adjetivos con carga política que suelen emplearse, como “persona hipócrita”, “ambición política desmesurada” o “deslealtad”.

“Hace pensar que la tolerancia política de Xi Jinping es menor”, dice Nye. “Antes, era necesario ser considerado opositor a Xi para que los dirigentes recurrieran al sistema judicial para destituirte; ahora basta con acusaciones de corrupción para justificar un castigo tan severo, incluso sin signos evidentes de oposición política”.

Antes, era necesario ser considerado opositor a Xi para ser destituido, ahora basta con acusaciones de corrupción para justificar un castigo tan severo

Christopher Nye — Investigador no residente en la Fundación Jamestown

El comunicado de la condena califica el comportamiento de Ma de “extremadamente grave” y le acusa de no haber sabido “controlarse” a partir del XVIII Congreso Nacional del PCCh, celebrado en 2012. Una referencia significativa por el vínculo explícito que establece entre la supuesta conducta indebida de Ma y el período de Xi como líder. “Antes de eso, Xi no estaba interesado, pero cualquier cosa que haya ocurrido después puede convertirse en motivo de purga”, dijo Nye.

El 'mariscal de la industria aeroespacial'

Ma, de 67 años, fue en su momento uno de políticos más prometedores del país, escalando puestos en la jerarquía tras consolidarse como ingeniero aeroespacial y tecnócrata. En su día, fue el director de tesis doctoral más joven del Instituto Tecnológico de Harbin y pasó más de diez años en la estatal Corporación China de Ciencia y Tecnología Aeroespacial. Allí supervisaba importantes lanzamientos de satélites y dirigía programas clave. Entre ellos, los proyectos de vuelos espaciales tripulados y de exploración lunar. “El joven mariscal de la industria aeroespacial”, lo llamaban.

Su carrera política ganó velocidad en 2013, el año en que Xi Jinping asumió el cargo, con su traslado a Guangdong, una provincia estrechamente vinculada al legado político del padre de Xi. Ma ocupó en esa provincia el cargo de secretario adjunto del Partido y, posteriormente, el de gobernador.

En 2021, lo nombraron secretario del Partido Comunista de Xinjiang, la región donde acusan a Pekín de haber encerrado arbitrariamente en campos de reeducación a más de un millón de uigures y personas de otras minorías musulmanas. Durante su mandato allí, Ma sostuvo una postura de línea dura en seguridad y “lucha contra el terrorismo”, demostrando a Xi su capacidad de gestión en una de las regiones políticamente más sensibles del país.

Es posible que la purga de Xi no termine con Ma. Varios funcionarios que trabajaron para él también han sido objeto de investigación. Uno de ellos es Zhang Jianhua, antiguo subordinado de Ma en la Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional que el año pasado fue investigado y expulsado del Partido Comunista bajo acusaciones de corrupción. En marzo también fue expulsado del partido Guo Yonghang, que trabajó a las órdenes de Ma durante su etapa en Shenzhen.

Yu-chen Li ha colaborado en la elaboración de este artículo.

Traducción de Francisco de Zárate.

En su última semana de legislatura, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afianzado la alianza con los partidos judíos ultraortodoxos que integran la coalición gobernante y que, en varias ocasiones, amenazaron con abandonarla y con provocar un adelanto electoral. Finalmente, las elecciones generales tendrán lugar el 27 de octubre, fecha límite fijada por la Justicia del país, y Netanyahu se convierte así en el único primer ministro que logra completar los cuatro años de gobierno en más de tres décadas.

La coalición que lo apoya dio la semana pasada el visto bueno a dos leyes en la Knéset (Parlamento israelí) que, en la práctica, mantienen fuera del Ejército a los jóvenes ultraortodoxos que se dedican al estudio de los textos religiosos judíos. Una de esas leyes no establece una exención militar explícita, pero establece un marco jurídico que permite mantener la actual exención de los ultraortodoxos o haredim, considerada ilegal por el Tribunal Supremo en 2024.

Ese privilegio levanta ampollas en amplios sectores de la sociedad israelí, sobre todo después del 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra Gaza, donde mantiene hasta el día de hoy amplias operaciones militares, además de en Líbano, Siria y Cisjordania. De hecho, el Ejército reclama más efectivos –apuntan al menos a 12.000 soldados adicionales–. Según las cifras oficiales, entre 70.000 y 80.000 hombres ultraortodoxos de entre 18 y 24 años podrían ser llamados a filas, pero la mayoría de los que han sido llamados no se ha presentado.

La ley aprobada el pasado martes —suspendida cautelarmente al día siguiente por el Tribunal Supremo— congela durante siete meses los procedimientos penales abiertos contra quienes no han obedecido a las órdenes de reclutamiento y extiende esa protección a futuras convocatorias. También elimina la posibilidad de sancionar económicamente a los responsables de las yeshivás (los centros donde se estudia la Torá y el Talmud) que presenten declaraciones falsas sobre la situación militar de sus estudiantes. Además, otra ley aprobada a principios de la semana pasada reconoce el estudio de la Torá como un “valor fundamental del Estado”, lo cual lo equipara de alguna forma al servicio militar.

Los socios religiosos de Netanyahu

Para buena parte de la oposición, de la ciudadanía y la cúpula del Ejército, la norma consolida un sistema desigual, mientras que la mayoría de los analistas creen que la nueva legislación no puede entenderse únicamente como un asunto relacionado con el sistema de reclutamiento. Forma parte de un pacto político mucho más amplio entre Netanyahu y sus socios para garantizar la supervivencia de la coalición gobernante. Aunque el partido del primer ministro, el Likud, es el principal del Gobierno, los pequeños partidos ultraortodoxos tienen capacidad de presión y la han ejercido repetidamente.

Los dos partidos protagonistas de la polémica son Judaísmo Unido de la Torá y Shas. El primero representa principalmente a la comunidad ultraortodoxa askenazi y cuenta con siete diputados. Shas, el partido ultraortodoxo sefardí, tiene 11 escaños y mantiene una gran influencia dentro del bloque religioso. En los últimos meses, Shas ha amenazado varias veces con retirar el apoyo a Netanyahu si no se aprobaba una legislación que garantizara la continuidad de las exenciones del servicio militar. Recientemente, estuvo a punto de precipitar unas elecciones anticipadas que Netanyahu trataba de evitar a toda costa.

“Los partidos pequeños tienen un papel decisivo en Israel debido al sistema de coaliciones”, explica a elDiario.es Leonie Fleischmann, experta en política israelí de la Universidad de St. George de Londres. “Existen numerosos indicios de acuerdos entre Netanyahu y los partidos haredim para asegurar su apoyo de cara a las próximas elecciones”, explica.

La analista considera que el objetivo no es atraer el voto ultraortodoxo, sino asegurarse que ambas formaciones vuelvan a apoyar al Likud para formar gobierno en el futuro. “Si el bloque contrario a Netanyahu no consigue formar una mayoría suficiente, él podría volver a necesitar a los partidos ultraortodoxos para gobernar. Recuperar una legislación que proteja las exenciones es una forma de garantizar que permanezcan a su lado”.

Pero la estrategia también entraña riesgos, advierte Fleischmann. Mientras que la ley puede reforzar la alianza de Netanyahu con sus socios religiosos, también puede alejar a sectores de la derecha nacionalista y de su propio partido que consideran que todos los ciudadanos deben tener las mismas obligaciones. “Es probable que otros partidos intenten utilizar esta ley para convencer a votantes del Likud de que cambien de opción”, señala.

Además, también ha habido oposición a este tipo de legislación dentro del Likud y de la coalición. “Puede ayudar a Netanyahu a mantenerse como primer ministro un poco más de tiempo, pero difícilmente fortalecerá su campaña electoral”, concluye la experta.

De la excepción a la desigualdad

El origen de la cuestión se remonta a los primeros años del Estado de Israel. Tras su creación en 1948, se permitió que un pequeño grupo de estudiantes religiosos quedara exento del servicio militar para reconstruir el mundo de las yeshivás, prácticamente destruido durante el Holocausto. Ese acuerdo inicial se convirtió en el sistema conocido como Torato Umanuto (“la Torá es su profesión”), según el cual determinados estudiantes podían aplazar su incorporación al ejército.

Con el paso de las décadas, aquella excepción dejó de afectar a unos pocos miles de estudiantes para convertirse en uno de los debates políticos más sensibles de Israel, puesto que la comunidad haredí representa aproximadamente el 13% de la población y recibe ayudas públicas para dedicarse al estudio de la religión.

El principal reto reciente llegó en 2024, cuando el Tribunal Supremo determinó que no se podía seguir aplicando la exención porque violaba el principio de igualdad nacional. El alto tribunal ordenó que los ultraortodoxos aptos debían ser llamados para hacer el servicio militar, obligatorio para todos los hombres y mujeres de 18 años judíos.

Si el bloque contrario a Netanyahu no consigue formar una mayoría suficiente, él podría volver a necesitar a los partidos ultraortodoxos para gobernar. Recuperar una legislación que proteja las exenciones es una forma de garantizar que permanezcan a su lado

Leonie Fleischmann — Experta en política israelí de la Universidad de St. George de Londres

Empezó entonces una batalla entre el sistema judicial, que defiende que no puede existir una excepción permanente; el Ejército, que reclama más soldados; los partidos ultraortodoxos, que exigen mantener el estatus privilegiado, y el Gobierno de Netanyahu, atrapado entre sus socios religiosos y la presión de otros miembros de la coalición y la propia sociedad.

En Mea Shearim, el tradicional barrio de población ultraortodoxa de Jerusalén, los pocos residentes que aceptan hablar con la prensa explican que el estudio religioso es una forma de servicio al país. “Nosotros no estamos sentados sin hacer nada. Hay soldados que protegen el país con sus armas y luego nosotros que lo protegemos espiritualmente”, explica un estudiante que pide que no se publique su nombre.

Para él, obligar a los jóvenes ultraortodoxos a ir a filas supone una amenaza para una forma de vida construida durante generaciones. Sin embargo, no toda la comunidad comparte la misma posición. En el Ejército, existen unidades pequeñas y adaptadas a las normas religiosas más estrictas, con separación de géneros y condiciones específicas para respetar los preceptos judíos.

Pero buena parte de la comunidad haredí sigue rechazando el servicio militar. “Prefiero no hablar de ellos. No merecen ni un segundo de mi tiempo”, responde otro vecino del barrio cuando se le pregunta por los haredim que sí deciden alistarse.

Nuevo choque institucional

La aprobación de la ley ha provocado un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo. Partidos de la oposición, junto con organizaciones civiles israelíes, han presentado recursos ante el alto tribunal argumentando que la norma perpetúa una desigualdad incompatible con las decisiones anteriores del propio tribunal.

La respuesta del Supremo llegó en menos de 24 horas: ha congelado temporalmente la aplicación de la nueva ley y ordenado al Gobierno explicar por qué la norma no debería ser anulada. El tribunal ha señalado que los argumentos de los demandantes tienen peso considerable y, en los próximos días, llevará a cabo un análisis urgente de la legalidad de esta ley.

En 2024, el Tribunal Supremo ya dejó claro que era necesario determinar si el Gobierno podía dejar de aplicar la ley general de reclutamiento sin aprobar antes una nueva legislación que justificara esa excepción. Entonces recordó que la ley que permitía aplazar el servicio militar de los estudiantes de los textos religiosos había expirado en 2023 y que el Ejecutivo no podía mantener esa exención mediante una simple decisión gubernamental. Además, consideró que un asunto de tal magnitud no podía resolverse con una resolución gubernamental porque afectaba directamente al principio de igualdad.

Nosotros no estamos sentados sin hacer nada. Hay soldados que protegen el país con sus armas y luego nosotros que lo protegemos espiritualmente

Estudiante ultraortodoxo

Según explica a elDiario.es Barack Medina, profesor de Derecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén y especialista en derecho constitucional israelí, la decisión del Tribunal Supremo se apoya en una interpretación amplia del derecho a la igualdad. “En este caso, la exención es consecuencia del poder político de ese colectivo y el tribunal ha establecido que el Ejecutivo tiene límites a la hora de conceder este tipo de privilegios”, explica Medina, que agrega que el Gobierno no puede excluir a un determinado grupo de una ley general que obliga a toda la población a hacer el servicio militar, excepto muy pocos que queden exentos —la objeción de conciencia es castigada—.

Para el experto, la resolución de este caso no debería ser especialmente compleja, ya que la sentencia coincide con la posición de una amplia mayoría de la sociedad israelí. “Incluso muchos diputados de los partidos que forman parte de la coalición gubernamental y que votaron a favor de la ley parecen respaldar en la práctica el criterio del tribunal”, concluye Medina.

El nuevo enfrentamiento ha elevado la tensión institucional, y algunos dirigentes ultraortodoxos han cuestionado abiertamente la autoridad del Tribunal Supremo. Incluso el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, ha criticado la intervención del tribunal y ha defendido que el Gobierno y la policía no deberían acatar una orden que suspenda una ley aprobada por el Parlamento.

El Ejecutivo de Netanyahu se ha enfrentado al alto tribunal, a la fiscal general y a otros órganos judiciales desde su llegada al poder a finales de 2022 y ha impulsado numerosas medidas para tratar de restar prerrogativas a la Justicia y eliminar los mecanismos de supervisión del poder Ejecutivo por parte de otras instituciones del Estado.

Al menos seis personas han fallecido y más de treinta resultaron heridas por el terremoto de magnitud 5,1, y una posterior réplica de 3,7, que ha afectado la noche de este sábado a la provincia de Chupaca, en la región de Junín, en la sierra central de Perú, han informado este domingo fuentes oficiales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha indicado en su último reporte que hay seis víctimas mortales y más de 300 damnificados. El jefe del organismo, Luis Vásquez, ha explicado que la baja profundidad del sismo y muchas viviendas construidas con adobe y quincha generaron graves daños en distintas localidades, recoge la prensa local.

Por su parte, el viceministro de Salud de Perú, Henry Rebaza, ha declarado al Canal N que 26 personas heridas ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica y otras seis permanecen hospitalizadas.

Rebaza ha dicho que estas cifras son parte de los primeros reportes de daños y que también hay “numerosas estructuras afectadas”.

Frente a la emergencia, el Gobierno ha anunciado el desplazamiento de autoridades a la región para supervisar la respuesta y evaluar una posible declaración de estado de emergencia en las zonas más golpeadas por el sismo. Mientras tanto, Indeci ha pedido a la población que mantenga la calma y siga las recomendaciones oficiales.

“Se están monitoreando todas las zonas, lo más importante es la salud; también estamos monitoreando los daños”, ha dicho el viceministro, antes de detallar que en Chupaca hay unos cien miembros de personal sanitario, entre médicos, enfermeras y brigadistas locales, y que se está enviando más personal especializado y un hospital móvil.

El informe del Indeci añade, por su parte, que en Chongos Bajo se presentaron daños en viviendas y en establecimientos sanitarios, así como en la transmisión de energía eléctrica y en infraestructura turística.

El primer movimiento telúrico, de magnitud 5,1 se ha registrado a las 21.24 horas del sábado (2.24 GMT del domingo), con epicentro ubicado siete kilómetros al sur de Chongos Bajo y una profundidad de 24 kilómetros, mientras que 17 minutos después se ha reportado una réplica de magnitud 3,7, con el epicentro 14 kilómetros al sur de la misma localidad y a una profundidad de 18 kilómetros.

La mayor parte de los daños se concentran en ese distrito, donde se han registrado los fallecidos, mientras que los heridos han sido reportados por el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, en Huancayo, que también ha sufrido daños en sus dependencias.

La Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado este domingo que dos buques sufrieron un “accidente” al intentar atravesar el estrecho de Ormuz por una ruta que Teherán considera “insegura”, en medio de la escalada militar entre Irán y Estados Unidos y del pulso entre las partes por el control de esa estratégica vía marítima.

“Cuatro buques infractores, con la connivencia y el apoyo de los terroristas estadounidenses, apagaron sus sistemas de navegación e ignoraron las advertencias de la base de control del estrecho de Ormuz de la Armada de la Guardia Revolucionaria”, ha dicho el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Según la Guardia, los cuatro buques intentaban salir del estrecho por una ruta no autorizada por Teherán. Dos de ellos sufrieron un incidente y quedaron detenidos, mientras que los otros dos desistieron de continuar por esa vía.

El cuerpo militar, que no ofreció detalles sobre el tipo de accidente, ha afirmado que mantiene el “control total” del estrecho de Ormuz y ha advertido de que la única ruta segura para atravesarlo es la anunciada por las autoridades iraníes.

“Ni una sola gota de petróleo, gas o fertilizante químico atravesará el estrecho de Ormuz sin coordinación y autorización”, ha aseverado la Guardia.

El cuerpo militar iraní ha alertado, además, de que los buques que sigan las sugerencias de Estados Unidos y entren en una ruta considerada insegura “sufrirán, sin duda, incidentes”.

La tensión en el estrecho de Ormuz ha aumentado en medio de una nueva escalada militar entre Irán y Estados Unidos desde el fin de semana pasado, que ha incluido ataques estadounidenses contra el sur del territorio iraní y operaciones de represalia de Teherán contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio.

Irán, algo a lo que Estados Unidos y otros países de la región no están dispuestos a aceptar.

Washington ha instado a los marineros a navegar por la ruta sur, a través de aguas territoriales de Omán, para evitar Irán. Pero Irán insiste en mantener el control del paso marítimo y busca que los buques naveguen por sus rutas, a través del norte del estrecho, cerca de la costa iraní, y con su permiso (o se enfrenten a consecuencias).

A principios de julio, Omán abrió una segunda ruta con apoyo estadounidense, a lo que Irán respondió atacando buques comerciales que intentaban atravesar esa vía.

Además, Washington reimpuso el martes el bloqueo naval sobre buques y puertos iraníes en Ormuz, dos días después de que Teherán anunciara un nuevo cierre del paso marítimo, por el que antes de la guerra transitaba el 20 % del petróleo mundial.

Al menos tres personas han muerto y una veintena han resultado heridas, en un ataque ruso con misiles contra una terminal postal en un suburbio de la ciudad ucraniana de Járkov, ha informado el jefe de la Administración Militar Regional, Ole Siniehubov.

Siniehubov ha añadido que todos los servicios de emergencia están funcionando en modo reforzado y que tres de los heridos se encuentran en estado crítico y los médicos luchan por salvarles la vida.

Los rusos han atacado desde la noche del sábado diversas regiones ucranianas, entre ellas la de Kiev donde al menos una persona ha fallecido y 16 más han resultado heridas en uno de los mayores ataques rusos contra Kiev, perpetrado en varias fábricas de componentes para misiles y drones, además de un centro logístico, en respuesta a la ofensiva perpetrada el sábado por Ucrania contra dos naves de comercio electrónico en territorio ruso.

El asalto aéreo que ha comprendido más de 40 misiles y más de 120 drones que han causado importantes daños en varios edificios residenciales e incendios que han obligado a movilizar a los servicios de emergencias en distintos puntos de la capital ucraniana, según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

Rusia mantiene que dichos centros de distribución almacenan productos de doble uso, civil y militar, incluido elementos para la fabricación de aparatos no tripulados de largo alcance.

“Hasta ahora ha muerto una persona y 16 han resultado heridos en la región de Kiev. Mi solidaridad con sus familias. Todos los afectados reciben la atención médica necesaria”, ha dicho Zelenski.

El ataque ha afectado a numerosos edificios, entre ellos un supermercado.

Ucrania atacó el sábado dos centros logísticos en Rusia -que según Zelenski eran usados con fines militares- y dejó al menos ocho personas muertas, en el que se registra como el mayor ataque ucraniano contra la región de Moscú desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

Desde hace cuatro años Rusia ataca con misiles y drones a Ucrania casi a diario. El ejército ucraniano, por su parte, ha intensificado sus ataques con drones contra Rusia. Según Zelenski, actualmente la prioridad es mejorar la protección contra misiles balísticos, para lo cual se necesitan sistemas de interceptación.

El ejército estadounidense ha anunciado este domingo nuevos ataques aéreos contra Irán para “castigar de inmediato” a la Guardia Revolucionaria iraní tras un ataque a una base en Jordania que dejó dos militares estadounidenses muertos, uno desaparecido y cuatro hospitalizados.

Los ataques han tenido como objetivo “debilitar aún más la capacidad de Irán para restringir el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz”, según el Mando Central de EEUU.

Antes de la guerra, esta vía marítima representaba aproximadamente un 20% del suministro mundial de petróleo. Irán cerró el estrecho al tráfico marítimo tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero.

Los nuevos ataques llegan después de que el Ejército estadounidense anunciara las primeras bajas de soldados por fuego directo iraní desde los primeros días de la guerra, tras un ataque con drones y misiles contra una base en Jordania este viernes.

Los fallecidos no han sido identificados y el Mando Central no ha ofrecido más detalles sobre las muertes.

Desde el inicio de la guerra, 16 militares estadounidenses han muerto y más de 430 han resultado heridos.

Según la agencia estatal iraní IRNA, que citó a las autoridades locales de la provincia sureña de Hormozgan, alrededor de la 1.30 a.m., hora local, una zona cercana a Sirik, en el estrecho de Ormuz, fue atacada, informa AP.

En la misma provincia, se atacó una localidad cercana a Hajiabad y se oyeron explosiones en Bandar Abbas, según IRNA. También se atacó una zona cercana a la isla de Qeshm, ubicada dentro del estrecho, según la emisora estatal iraní IRIB.

Este sábado, los medios estatales iraníes informaron de que los ataques aéreos estadounidenses habían alcanzado una planta de electricidad y desalinización en Hormozgan y dañado túneles y puentes, interrumpiendo una carretera principal hacia Bandar Abbas, donde se ubica el principal puerto de Irán, cerca de la parte más estrecha del estrecho.

Trump ha amenazado con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán para intentar obligar a Teherán a ceder el control del estrecho de Ormuz. La semana pasada, EEUU también reimplantó un bloqueo naval a los puertos iraníes para detener sus envíos de petróleo crudo, y este sábado el ejército informó que había desviado cinco buques e inutilizado uno desde entonces.

Irán responde en Kuwait

El Ejército iraní, por su parte, ha atacado de nuevo este domingo diferentes puntos militares con presencia estadounidense en Kuwait, el único país del golfo Pérsico golpeado esta noche por Irán y uno más afectados por los ataques de Teherán después de que se reanudara la ofensiva con Estados Unidos.

“La República Islámica de Irán, en una nueva ronda de ataques con drones, atacó de nuevo desde la madrugada de hoy un depósito de municiones” de Estados Unidos en el campamento de Al Adiri, así como los “hangares donde se encuentran equipos y personal” estadounidense en la base de Ali Al Salem, en Kuwait, de acuerdo con un comunicado del Ejército iraní.

Por su parte, el Ejército kuwaití ha dicho en un escueto comunicado en su cuenta oficial de X que se están enfrentando a ataques con “misiles y drones” de Irán.

El principal centro de mando militar de Irán ha adevertido este domingo a Estados Unidos de que cualquier nueva acción de “agresión, intimidación o barbarie” recibirá una respuesta “contundente y devastadora” de las Fuerzas Armadas iraníes, en medio de la escalada militar entre ambos países.

Las autoridades iraníes declararon el sábado que al menos 50 personas han muerto y más de 500 han resultado heridas en ataques estadounidenses en las últimas tres semanas, incluyendo ocho fallecidos en un ataque a un puente el viernes.

En el vecino Irak, una base del Partido de la Libertad del Kurdistán (PLD), un grupo disidente kurdo iraní, cerca de Erbil, fue atacada por un dron la madrugada del domingo, hiriendo a ocho de sus miembros, según Rebaz Sharifi, un oficial militar del grupo.

Los residentes de Erbil, capital de la región kurda semiautónoma del norte de Irak, también se oyeron explosiones de sistemas antiaéreos la madrugada del domingo.

Erbil ha sido blanco de ataques con drones en repetidas ocasiones durante los últimos cuatro días, coincidiendo con la visita del nuevo primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, a Washington la semana pasada y con la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de los ataques, pero en el pasado tanto Irán como milicias iraquíes respaldadas por Irán han lanzado ataques en la región kurda, donde están presentes tropas estadounidenses y grupos disidentes kurdos iraníes armados, informa AP.

Minutos antes de que Estados Unidos anunciara la muerte de soldados el sábado, el líder supremo de Irán advirtió de “lecciones imborrables” si Estados Unidos continúa atacando a la República Islámica.

Las declaraciones, leídas por la televisión estatal y atribuidas a Mojtaba Jamenei, quien permanece sin aparecer en público desde el inicio de la guerra, calificaron la palabra del presidente Donald Trump de “inútil e inválida”. Un negociador iraní afirmó que Teherán suspendía sus compromisos con el acuerdo provisional firmado hace aproximadamente un mes, cuyo objetivo era poner fin definitivamente a los combates.

Las declaraciones de Teherán rompieron otro hilo de tensión, mientras la guerra no muestra un final a la vista. Ahora, Jamenei advierte de “lecciones” no solo de Irán, sino también de sus aliados armados en la región, a quienes denomina el Eje de la Resistencia.

Estados Unidos ha emitido una alerta de viaje global ante el aumento de las tensiones.

La batalla se ha centrado en el control del estrecho de Ormuz. Los crecientes ataques ahora amenazan a civiles e infraestructura, incluidas las plantas desalinizadoras de agua potable, mientras la economía global vuelve a estar en alerta.

La última muerte registrada de un militar estadounidense fue la de un piloto de helicóptero que se estrelló en el mar Arábigo a principios de este mes. Al comienzo de la guerra, un ataque con drones iraníes contra un centro de mando en Kuwait mató a seis soldados. Otro soldado murió tras un ataque a una base en Arabia Saudita, y seis murieron cuando un avión de reabastecimiento de combustible se estrelló en Irak.