“Los resultados obtenidos revelan un impacto sonoro que, sin medidas de intervención, resulta legalmente difícil de asumir para el entorno urbano de Madrid”. Es una de las conclusiones de un detallado análisis que Iván Ruiz Coello, estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad Politécnica de la capital, ha convertido en su Trabajo de Fin de Máster. Hacen referencia a las estimaciones de contaminación acústica de cara al Gran Premio de Fórmula 1 que se celebrará en el entorno de Ifema del 11 al 13 de septiembre.

A través de un Modelo Digital del Terreno y de un pormenorizado estudio de datos históricos o previsiones, Ruiz Coello concluye que el número de personas sometidas a niveles superiores a los umbrales sonoros permitidos durante el evento alcanza las 13.936 personas, dentro de un área con 50.646 habitantes. Así, durante la carrera que tendrá lugar el domingo 13 de 15:00 a 17:00, casi 14.000 residentes soportarán más de 60 decibelios (dB). El límite base que marca el Real Decreto 1367/2007, que desarrolla la Ley del Ruido, está fijado en 55 para áreas residenciales. Ese es el número que determina “impacto significativo”, aunque se amplía a 58 para aplicar sanciones por emisiones medias diarias y a 60 durante la duración de un evento.

Ruiz Coello compara la afectación diaria habitual de la contaminación acústica con la que ahora deberán soportar los habitantes de diferentes zonas de los distritos de Hortaleza y Barajas: “Los datos muestran que 3.435 residentes (6,8% del total de población analizada) se verían expuestos a más de 58 dB según el escenario base en el que el circuito no está operativo [principalmente debido al tráfico habitual en el entorno]. En cambio, con el circuito en funcionamiento, esta cifra ascendería a 8.613 habitantes (17% del total de población analizada)”.

Y añade: “En términos cuantitativos, la actividad del circuito provoca que la superficie expuesta a niveles superiores a 58 dB se duplique, registrando un incremento del 114% respecto al escenario base”. Esto causará que el ruido deje de ser “un fenómeno localizado y asociado a la infraestructura de transporte para convertirse en una afección ambiental generalizada, comprometiendo el cumplimiento normativo en la mayor parte del tejido residencial”.

Decenas de personas ante un riesgo para la salud auditiva

Retomando sus estimaciones para el período de carrera, los resultados son todavía más estremecedores: “El 54,2% del suelo destinado a uso vivienda dentro del área de estudio sufriría niveles de ruido superiores a 60 dB durante las dos horas de competición”. Ruiz Coello desgrana por qué se produce este impacto: “Si bien la morfología urbana genera un efecto de apantallamiento visible en los patios interiores, como se evidencia en los bloques residenciales de la calle Silvano, esta resulta insuficiente dada la magnitud de la emisión acústica del circuito. Los edificios de primera línea soportan niveles de inmisión tan elevados que no logran disipar la totalidad de la energía acústica incidente, permitiendo que niveles elevados de ruido penetren en las zonas teóricamente protegidas tras la fachada”.

El trabajo del ingeniero permite acotar geográficamente las zonas más golpeadas por el ruido, ya que la afectación es generalizada, pero no homogénea: “En términos generales, todos los barrios ven incrementados sus niveles de inmisión. Un total de 6.243 personas (12,3% de la población) soportarían niveles superiores a los 65 dB. Sin embargo, lo más alarmante es la presencia de 279 personas expuestas a más de 80 dB, de las cuales 79 están por encima de los 85 dB. Son sin duda los barrios de Valdefuentes, Canillas, y parte de Piovera los más acusados por el evento. En el caso de Valdefuentes, donde el circuito pasa a escasos 40 metros de las viviendas, se llegarían a registrar valores de 89,7 dB, un valor que excede significativamente los umbrales de confort acústico recomendados para zonas residenciales”.

Valdefuentes es el barrio administrativo de Hortaleza que incluye las áreas residenciales de Las Cárcavas y Valdebebas, las más afectadas por el ruido de los motores y otras fuentes sonoras (roce de los neumáticos con el asfalto, helicópteros de seguridad y medios de comunicación, operativo logístico o griterío desde las gradas). Concentra la inmensa mayoría de esas 79 personas que soportarán más de 85 dB, una cantidad que entra en el terreno del riesgo para la salud auditiva ante una exposición continuada.

Esos puntos de Valdefuentes suponen los casos más extremos, pero otro dato extraído por Ruiz Coello expone cómo los efectos negativos se extenderán por barrios colindantes: “En el cómputo diario, el evento provoca que aproximadamente 7.000 vecinos pierdan su condición de zona tranquila (niveles inferiores a 55 dB)”.

Es solo un resumen del contenido, la metodología y las conclusiones del trabajo de Ruiz Coello, que a lo largo de 85 páginas analiza pormenorizadamente aspectos diversos: normativa en materia de ruido, historial de emisiones en otros grandes premios del calendario o en El Jarama (cuya licencia acabó tumbando la Justicia), avances tecnológicos de la Federación Internacional de Automovilismo (el paso de los motores V8 a V6 permitió reducir emisiones), descripciones físicas sobre la propagación del ruido o hasta fórmulas matemáticas empleadas en su modelaje.

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) ha aconsejado utilizar medidas de protección auditiva ante los riesgos asociados a los “elevados” niveles de ruido que pueden alcanzarse durante el Gran Premio. La entidad hace un llamamiento a proteger la audición, tanto entre quienes asistan al espectáculo como entre las personas que se encuentren en las inmediaciones del circuito. Así, aconseja utilizar tapones, especialmente en las zonas más próximas a la pista; descansos periódicos en zonas alejadas del ruido y evitar permanecer durante horas de forma continuada en los lugares de mayor exposición. Según avisa la confederación, estudios efectuados durante carreras previas han registrado niveles sonoros superiores a 95 dB y picos por encima de los 120.

Mención a la falta de evaluación ambiental

El ingeniero ambiental recuerda, además, que el proyecto se ha visto exento de una evaluación de impacto ambiental y la correspondiente declaración de impacto ambiental: “A pesar de la magnitud del evento, la resolución del Informe de Impacto Ambiental relativa al circuito de carreras de Fórmula 1 en Madrid ha determinado que el proyecto se someta únicamente a un procedimiento simplificado”. Esto es, a un estudio elaborado por los promotores cuyo contenido no tiene que publicar íntegramente la Comunidad de Madrid.

Ruiz Coello cita el carácter “condicionado” de esa decisión, que centra parte de las alegaciones y recursos de Más Madrid o entidades ecologistas: “La viabilidad del trámite simplificado depende exclusivamente de que el Ayuntamiento de Madrid autorice la suspensión de los índices de calidad acústica, amparándose en el artículo 9 de la Ley del Ruido. Una resolución admite de forma explícita que, sin dicha exención legal, los niveles de ruido previstos (que el propio informe oficial sitúa por encima de los 80 dB) en áreas residenciales críticas como Valdefuentes, Canillas o La Piovera obligarían a un proceso de evaluación mucho más riguroso y participativo”.

Un rigor como el de este trabajo académico que, para muchos vecinos y ecologistas, no ha estado presente en la actuación de las administraciones madrileñas. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, aludió la semana pasada a estos posibles efectos en la población quitándoles gravedad en pos de la “rentabilidad”: “Merece la pena que todos nos sacrifiquemos un poquito”, declaró ante los medios de comunicación, después de que vecinos registrasen más de 100 dB en unas pruebas de Fórmula 3. Una cifra que duplica numéricamente el umbral legal, aunque a tenor de la sensibilidad del oído el impacto se multiplica hasta por 27 veces.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también se refirió el pasado 1 de septiembre a las quejas vecinales por el ruido en el acto de arranque del curso político. De nuevo, hizo prevalecer el hipotético beneficio económico para justificar esos menoscabos al bienestar vecinal: “Es uno de los grandes eventos y oportunidades de los próximos meses en Madrid, 40 años después la Fórmula 1 nos elige. Entendemos las quejas, estamos adoptando junto con Ifema las medidas oportunas. La molestia cero no existe, no negamos que se van a producir, pero nuestra obligación es reducirlas”. El regidor aludió a la instalación de pantallas protectoras para mitigar el ruido, una de las acciones que Ruiz Coello sugiere en su análisis para reducir las consecuencias sonoras. Pero la inquietud crece entre los vecinos, que ya tienen datos empíricos en los que sustentar sus temores mientras los motores se preparan para rugir.

Este lunes Madrid arrancaba las clases en alerta amarilla por calor y temperaturas máximas por encima de los 36ºC. En medio de este bochorno, Isabel Díaz Ayuso decidió poner fin a las declaraciones negacionistas de su Gobierno sobre el calor y asumir una realidad bien conocida por las familias con hijos en edad escolar: que las aulas de la región se han convertido en hornos durante varias semanas al año y que sin sistemas de climatización será imposible sacar ese calor de las clases.

La Comunidad de Madrid anunció que va a gastar 1.240 millones de euros para mejorar la climatización, la eficiencia energética y la accesibilidad de cerca de 1.400 centros educativos públicos. Se trata de una inversión histórica para la que aún no se han detallado ni plazos ni alcance concreto, pero que supone un aumento gigantesco respecto a los 60 millones en arreglos de los que presumía hasta ahora la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, como única medida adoptada. “Cuando hace calor, hace calor”, llegó a decir para justificar que no llegara más dinero.

¿Qué ha sucedido para este giro radical en el Gobierno de Ayuso? Por un lado están las elevadas temperaturas registradas en Madrid durante la primavera y el verano (El Retiro alcanzó el domingo la mínima histórica más alta durante un mes de septiembre, con 24,8ºC) y por el otro las presiones de municipios y sobre todo de las familias de los alumnos afectados, que este año multiplicaron sus protestas. Algunas de ellas se agruparon en la plataforma Aprender Sin Calor y organizaron acciones durante el pasado mayo y junio para presionar a la administración

“Hemos visto que la movilización ciudadana puede cambiar las cosas, es una victoria de la movilización compartida, porque la Administración regional actúa bajo presión”, asegura Javier Zamora, uno de los miembros de este movimiento y que también forma parte del AFA del colegio República de Venezuela, en Usera. Con el curso recién arrancado, sus primeras valoraciones son todavía “agridulces” y de “incertidumbre”. “El anuncio de la inversión hay que tomarlo con cautela, porque hemos empezado un curso de campaña electoral. Necesitamos saber cuál es el calendario de actuaciones, los gastos, cómo se va a distribuir este dinero y a qué colegios va a llegar”.

Las protestas de Aprender Sin Calor del pasado curso tuvieron lugar a las puertas de los colegios y frente a instituciones públicas como la Asamblea de Madrid, con el color rojo y los paraguas como señas de identidad, en alerta por temperaturas de más de 30ºC en las aulas. Se extendieron por muchos puntos de la región y en casos concretos consiguieron arrancar compromisos parciales, como sucedió en el colegio Zuloaga de la capital. Ahora buscan que sus reclamaciones se apliquen en los proyectos de adaptación climática de cada centro. “El papel de las AFA es más importante que nunca, tenemos un conocimiento muy situado de las necesidades de cada colegio, de cada escuela. Las familias sabemos qué aulas o qué zonas de los patios reciben más calor”, apunta sobre la necesidad de compartir estas informaciones con los técnicos que vayan a plafinicar las reformas.

“La adaptación climática de los centros escolares es una necesidad y también una oportunidad. Los colegios pueden convertirse en refugios climáticos para los barrios, son edificios públicos que tienen muchísimo potencial”, añade Javier, a la vez que apunta a que su plataforma, continuadora de las reivindicaciones de otros movimientos como Revuelta Escolar o Madrid por el Clima, espera la llamada del Gobierno de Ayuso para exponer sus propuestas y que haya una colaboración efectiva e interlocución fluida entre la Administración y las familias. “No vamos a parar hasta conseguirlo, necesitamos un calendario, un plan y un presupuesto detallado”, reitera.

Una iniciativa popular rechazada hace menos de un año

Lo que el Gobierno de Ayuso plantea ahora lo propusieron varias organizaciones sociales en forma de Iniciativa Legislativa Popular el pasado otoño. La FRAVM, la FAPA Giner de los Ríos y los sindicatos de enseñanza CCOO y UGT presentaron más de 72.000 firmas por la climatización y adecuación de los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid, pero los votos de PP y Vox impidieron que fuese tramitada y pudiera ser aprobada por la Asamblea de Madrid. Luego llegaron las declaraciones de Zarzalejos y del consejero de Cultural, hablando de la “inspiración del calor” para los estudiantes.

La FRAMV se felicitaba este lunes por el compromiso de inversión adoptado por Ayuso. “Por fin el Gobierno regional reconoce la necesidad de adecuar los centros escolares públicos a la realidad climática de nuestros días y actúa en consecuencia”, decía en una nota de prensa en la que recordaba que su presidente, Jorge Nacarino, se había reunido en junio con la Consejería de Educación para que aplicara estas reformas en climatizaciones a través del Plan de Inversiones Regional. “Lo que está en juego es nada más y nada menos que la salud y el bienestar del alumnado, el profesorado y del resto de trabajadores de los centros de enseñanza”, apuntan.

Las presiones sobre el Gobierno de Ayuso llegaron también en los últimos meses desde algunos municipios, que decidieron asumir obras de climatización de centros escolares que dependen de los ayuntamientos o iniciarlas en los de la Comunidad de Madrid para después pasar la factura. Ha sucedido en Rivas, donde su consistorio (dirigido por Aída Castillejo, IU) presentó este lunes la primera fase de las obras en cuatro escuelas infantiles municipales y otros tantos colegios públicos, en los que ha invertido durante el verano 14,2 millones de euros para la instalación de aerotermia.

“Aquí nos dijeron que la Fórmula 1 no nos iba a costar nada, ni un duro, dijo el entonces president de la Generalitat. El agujero que nos hizo fue de 300 millones”. Mónica Oltra resume así las consecuencias de la llegada de la principal competición automovilística a València en una conversación telefónica con Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital.

A tres días de que el Gran Premio aterrice en el entorno de Ifema por un período de diez años, las candidatas a la alcaldía de València y Madrid conversan en un vídeo publicado en redes sobre el devastador panorama actual en el circuito impulsado por Francisco Camps y Rita Barberá. También sobre las consecuencias económicas del evento.

“Me pillas justo en lo que fue el circuito urbano de València de 2008 a 2012, en plena crisis”, responde Oltra ante la llamada de la líder de la oposición en Cibeles. Esta recuerda que Ayuso y Almeida han insistido en que la iniciativa “va a ser gratis” para los madrileños, pese a los “más de 200 millones de inversión pública” hasta la fecha. “En València fue igual”, responde la exvicepresidenta de la Generalitar.

Preguntada por si el “pufo” tuvo al menos algún retorno económico, Oltra contesta que “solo para los superricos que ganan dinero con esto”. A la ciudad, dice, le dejó únicamente “un modelo de desigualdades”. En cuanto al trazado, ahora es “un espacio urbanísticamente desconectado de la ciudad, absolutamente degradado, lleno de escombros y que representa un modelo social de gente desahuciada de sus casas que viven donde antes corrían los coches de carreras”.

“Esos trescientos millones no fueron a políticas sociales, Sanidad, Educación o a hacer una ciudad habitable. Lo que ha quedado es desolación”, lamenta la política de Compromís. Cuando Maestre le inquiere sobre la posible rentabilidad del negocio, Oltra dice que “para la clase trabajadora nada, de hecho nos endeudó e hipotecó las políticas públicas”. Así, su discurso entronca con la reciente campaña de Más Madrid: Madrid no es un palco VIP.

La alcaldable apostilla además que el proyecto de un Gran Premio en València pudo no haber sido tan desastroso: “Se podía haber celebrado en el circuito de Cheste, a 20 kilómetros de la ciudad, con una pequeña modificación. Pero se puso la ciudad patas arriba y dejó este paisaje de desolación”.

Las similitudes con el ejemplo madrileño también llegan aquí, aunque El Jarama contaba con numerosas insuficiencias técnias y también se ha visto envueto en polémicas por el ruido. En Madrid, la financiación corre principalmente a cargo de Ifema, ente público-privado al que Ayuntamiento y Comunidad aportan el 62% de los fondos. A ello hay que sumar gastos en publicidad o indirectos, como la estructura para desviar una vía pecuaria.

Todavía no se sabe si el ático que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso compró en abril por 6,3 millones de euros y que ahora ha puesto en venta tras la polémica tendrá comprador. Este lunes a las 00.00 expiró el plazo de presentación de ofertas de los inmuebles de Planifica Madrid, adscrita a la Consejería de Presidencia y encargada de la operación.

Este organismo público ha comunicado, en un documento subido este lunes al portal de contratación, que la apertura de los sobres con las propuestas de los licitadores se efectuará el miércoles 16 a las 13.00 de forma telemática. Esto no quiere decir necesariamente que haya ofertas pero, si las hubiera, a partir de ahí se abriría un plazo para su estudio. Un día después de la apertura de los sobres, el jueves 17, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, tendrá que dar explicaciones en la Asamblea de Madrid por el ático. Fuentes de la Consejería de Presidencia precisan que el procedimiento “no se retrasa sino que sigue el procedimiento establecido”.

También ha acordado la composición de la mesa de contratación que decidirá el procedimiento. El tribunal está presidido por Alicia Oliver Ramírez, Titular del Área de Gestión Patrimonial. Como vocales figuran Manuel Ayuso Romero, Técnico del Área de Gestión Patrimonial; Fernando Luis Vileya, miembro del Área Económico-Financiera; Margarita de Mendoza Macías, Letrada de Planifica Madrid; y Eva Cádiz Jiménez, designada por la Comunidad de Madrid. La secretaria de la mesa de contratación es Ainhoa Paños Larrea.

Planifica Madrid publicó este 7 de agosto el anuncio de venta del ático de lujo ubicado en el barrio de Chamberí por un precio de casi 6,7 millones de euros. El documento que subieron entonces en la web pública contaba con dos lotes: uno era el del ático de la calle General Martínez Campos y otro con otro inmueble de Gran Vía 6, que habían puesto a la venta por 11,8 millones de euros y que llevaban tiempo intentando enajenar sin éxito.

A pesar de que la operación se firmó definitivamente en abril, fue este verano cuando, después de que la polémica estallara, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció que se vendería el ático. Según aseguró el consejero de Presidencia, portavoz del Ejecutivo y presidente de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, el dinero que pretendían obtener iría destinado a la reconstrucción tras los incendios de la Sierra Oeste. Con esta puesta en venta pretendían zanjar el caso. “Está en venta, chao pescao” llegó a decir Ayuso.

Sin embargo, no es tan sencillo destinar ese dinero a la reconstrucción. Habría que esperar al cierre del ejercicio de Planifica Madrid y al reparto de dividendos. Además, existen dudas sobre cuál es el dinero total de beneficio que pueda sacar la Comunidad. Más Madrid ya ha anunciado que llevará al Tribunal de Cuentas el caso. En su denuncia, el partido estima que si se suman esos 6,3 millones de euros de la compra a los impuestos y otros gastos derivados, el total se acercaría a esos casi 6,7 millones de euros de precio de venta. “De realizarse la venta por ese importe podría producirse una pérdida patrimonial”, señalaban en el documento.

En los pliegos se detalla que “en caso de no recaer adjudicación respecto del lote 1 —el de Gran Vía—, una vez transcurrido el periodo señalado anteriormente, la Oferta Pública se convertirá en Oferta Pública Permanente respecto al citado Lote con carácter indefinido mientras que no sea retirada por Planifica Madrid”. Eso quiere decir que el inmueble estará disponible para su venta mientras no haya una adjudicación, sin que se necesite que se vuelva a publicar la oferta. Esto hace alusión al caso de Gran Vía, pero no detalla qué pasaría en el caso del ático de Chamberí, por lo que no podría pasar a ser también Oferta Pública Permanente.

Un hombre de 47 años que circulaba en motocicleta por el distrito madrileño de Latina ha fallecido este lunes al chocar con un coche en la avenida de Los Poblados, según ha informado Emergencias Madrid. El accidente se produjo pasadas las 21.00 horas en el cruce de esta vía con la calle Tembleque, cerca de la estación de Metro de Empalme, entre los barrios de Campamento y Aluche.

Por causas que investiga la Policía Municipal de Madrid, la motocicleta y el coche colisionaron en este punto de la avenida de Los Poblados. Agentes de la Policía Municipal y un conductor de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al atender al motorista.

A su llegada, los sanitarios de Samur-Protección Civil continuaron con las maniobras de reanimación en colaboración con los Bomberos de Madrid, pero no pudieron recuperar al hombre y terminaron confirmando su fallecimiento. Un psicólogo de Samur atendió también a la conductora del coche, que sufría una grave crisis de ansiedad.

Según fuentes policiales consultadas por Somos Madrid, en la colisión se vieron implicados hasta tres vehículos. La Policía Judicial de Tráfico investiga ahora las circunstancias en las que se produjo el accidente.

El fallecido era un agente de la Policía Nacional, concretamente de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, tal y como ha podido confirmar este periódico con el propio cuerpo. La institución ha lamentado a través de redes sociales la muerte de su compañero Amador, que falleció anoche víctima de un accidente de tráfico cuando regresaba a su domicilio después de prestar servicio en la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

“Nuestras más sentidas condolencias y un cariñoso abrazo a la familia y amigos de nuestro compañero”, ha trasladado la Policía Nacional en su perfil de la red social X, donde ha informado de que el agente murió cuando regresaba a casa después de su jornada de servicio.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Fran Martín Aguirre, también ha expresado sus condolencias a través de la red social X por el trágico suceso. “Hoy es un día triste para Madrid. Mis condolencias a la familia de Amador y a todos sus compañeros de la Policía Nacional, especialmente a los de la Jefatura Superior de Madrid, donde prestaba servicio. Descanse en paz”, ha publicado.

La Fórmula 1 no se limita al entorno de Ifema. El Gran Premio se deja sentir en toda la ciudad, como muestra la instalación de una fan zone de la escudería Williams en plena plaza de Callao. El azul de la marca ha tomado este céntrico enclave madrileño, así como los cines homónimos, donde se expone una réplica a escala real del FW48, un monoplaza como el que correrá el próximo fin de semana por el trazado de Madring.

El recinto está operativo desde este lunes 7 de septiembre y hasta el domingo 13, cuando se disputará la carrera principal de Fórmula 1. El plato fuerte será este martes 8, cuando Carlos Sainz visitará el espacio para someterse a una sesión de preguntas y respuestas desde las 19.00. El piloto es el embajador oficial de Madring, aunque sus perspectivas de carrera no son del todo halagüeas dados los resultados de lo que va de temporada.

El jefe de Williams, James Vowles, hará lo propio el jueves 10 de septiembre a las 18.00, mientras que Luke Browning (piloto reserva de la escudería para esta temporada) tendrá un “encuentro especial” con los aficionados el miércoles a las 19.00. Williams ocupa actualmente el noveno puesto entre las constructoras, con apenas once puntos en lo que va de campeonato.

La fan zone incluye simuladores de conducción de un coche de Fórmula 1 para sentir lo que Sainz, Fernando Alonso y compañía vivirán en Madring del 11 al 13 de septiembre. La organización informa de que trabajan en otras actividades paralelas para garantizar la diversión y el ocio de los asistentes.

Para quienes deseen vivir la experiencia al máximo y no limitarse a asomarse con curiosidad, la entrada al interior del espacio es gratuita, aunque se requiere descargar la aplicación móvil de Williams. El horario de lunes a viernes es de 11.00 a 21.00, mientras que el sábado abre de 10.00 a 21.00 y el domingo de 10.00 a 16.00.

Más Madrid ha arrancado un nuevo curso político apuntando a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a través de una lona desplegada en el distrito de Carabanchel. “Madrid no es un palco VIP”, recoge un cartel de grandes dimensiones que incluye la imagen de la dirigente regional y del inmueble que según su Gobierno la Comunidad de Madrid adquirió para utilizarlo como “oficina”.

Para el principal partido de la oposición, en cambio, se trata de un “aticazo” para uso personal que pasará factura a Ayuso. De hecho, la lona incluye la frase “chao, pescao” junto a la fecha de los próximos comicios autonómicos: el 23 de mayo de 2027. La líder del PP madrileño utilizó esa expresión coloquial el pasado 24 de agosto para rechazar dar más explicaciones sobre el caso: “Está en venta, chao pescao”, respondió ante las preguntas de la prensa.

La colocación del mensaje en la avenida de Nuestra Señora de la Valvanera, 73, ha sido adelantada por las próximas candidatas de Más Madrid a esas elecciones. Rita Maestre, portavoz municipal, se ha preguntado en declaraciones a la prensa desde su sede “para quién se gobierna”: “Hay áticos o palcos VIP para Ayuso, Almeida y sus amigos y desahucios o una vuelta al cole cada vez más cara para el resto de madrileños”, ha lamentado la concejala.

Maestre ha hilvanado así la campaña con la noticia adelantada por Somos Madrid: el circuito Madring promociona en la web oficial de la Fórmula 1 un piso turístico en el bloque donde una empresa quiere desalojar a una mujer de 82 años enferma de párkinson. Paquita está al corriente de pago, con mensualidades superiores a los 1.000 euros, pero la empresa Tolesanta quiere expulsarla para terminar de instalar alojamientos temporales en todo el edificio.

“Empezamos el curso político con ganas y con energía para demostrar para quién se gobierna en Nadrid. Esta ciudad no es un palco VIP, tiene que ser para quien la vive y quien la trabaja. Una ciudad más barata y más saludable”, ha zanjado la edil.

Para la ministra de Sanidad y candidata autonómica, Mónica García, “el verano ha retratado a Ayuso”. “Este va a ser su último año, marcado por el agotamiento de sus mentiras y el abandono de quienes la protegían (su partido o sus terminales mediáticas). El aticazo es el escándalo más obsceno en tres décadas de escándalos del PP madrileño. Nunca habían actuada con tanta obscenidad y con un agravante: la hemos pillado in fraganti. Es un ecándalo económico, político y moral. 6,3 millones de euros para financiar el tren de vida de Ayuso, con versiones que cambiaban cada 20 minutos”.

“Seguimos sin conocer el expediente concreto. Tampoco sabemos por qué se recurrió a una inmobiliaria especializada en viviendas de lujo, justo enfrente de la vivienda de la madre de Ayuso. Si no sabía nada ¿qué hacía visitándolo? ¿Por qué se compró como supuesta oficina un inmueble residencial?”, se pregunta García. Y añade: “Es un escándalo moral porque, mientras Ayuso va de lujo en lujo y de ático en ático, miles de madrileños no pueden acceder un alquiler por sus políticas. Jóvenes que no pueden crear proyectos de vida o deben hacer malabares para llegar a fin de mes en la región más cara de España”.

No son solo los conciertos en el Bernabéu. También los espectáculos deportivos que incluyan actuaciones musicales con niveles sonoros excesivos. La Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu acaba de llevar a los tribunales el encuentro de la liga profesional de fútbol americano (NFL) que tuvo lugar en noviembre del año pasado y que según sus mediciones se saltaron los niveles de ruido autorizados.

Según avanza El Confidencial, la citada asociación presentó la semana pasada una demanda contencioso-administrativa por incumplimiento de los niveles sonoros en el encuentro oficial de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders celebrado en noviembre de 2025 en el Bernabéu. Según el estudio sonoro encargado por los vecinos, se llegaron a registrar hasta 86 decibelios de ruido en las fachadas de las viviendas más próximas al estadio del Real Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid había intentado elevar los niveles sonoros de este espectáculo echando mano de una excepción en la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT), con la que regula todos los eventos en la ciudad. En concreto, su artículo 19 permite otorgar excepciones para elevar los niveles máximos de los 55 decibelios que establece la ley hasta los 75 decibelios.

Ambos límites se rebasaron ampliamente durante el evento de la NFL, que incluyó una actuación de Daddy Yankee y Bizarrap durante el descanso y que contó con speakers a lo largo del encuentro.

La demanda de los vecinos cuestiona además el propio artículo 19 de la OPCAT, que el Ayuntamiento está utilizando para permitir mayores volúmenes sonoros en eventos recientes como la visita reciente del Papa o el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebra este fin de semana en Ifema. Este permiso se entrega a través de una resolución de autorización del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

La NFL tiene previsto celebrar al menos otros dos encuentros oficiales de liga en el estadio Santiago Bernabéu durante 2026 y 2027, que previsiblemente contarán con apoyo institucional similar al que ya tuvo el año pasado. Entonces tanto Comunidad como Ayuntamiento aportaron 3,3 millones de euros en patrocinios para atraer este evento. El Gobierno de Almeida ya tiene reservados otros 1,5 millones destinados a este fin.

El alcalde de Madrid ha defendido este lunes la utilización del Bernabéu para celebrar este tipo de eventos. “Parece razonable que, aparte del debate sobre los conciertos, un recinto deportivo pueda albergar eventos deportivos” y aunque defiende el derecho de los vecinos “de acudir donde quieran si creen que ha habido algún problema”, el consistorio mantiene “que la tramitación se hizo correctamente, que las autorizaciones son las adecuadas y que, por tanto, el partido de la NFL, igual que se celebró el año pasado, se podrá celebrar también este año”.

Las fiestas del distrito de Ciudad Lineal, que se celebran del 5 al 14 de septiembre y tienen su epicentro en el barrio de La Elipa, llegan este año acompañadas de polémica entre los colectivos vecinales y culturales que participan en su organización y la Junta Municipal. Tradicionalmente conocidas como las fiestas de La Elipa, estas celebraciones cuentan con la participación de distintas asociaciones del barrio, que organizan de forma voluntaria numerosas actividades para pequeños y mayores.

Los colectivos denuncian que el equipo de Gobierno del distrito, encabezado por Nadia Álvarez, ha publicado el programa oficial sin contar con su parecer y ha dejado fuera varias propuestas que tradicionalmente forman parte de los festejos. Entre ellas figura la Ruta de la Tapa, una de las actividades habituales con las que arrancan las fiestas y que organiza la Asociación Vecinal La Nueva Elipa con la colaboración de numerosos establecimientos hosteleros del barrio. Según las asociaciones, la actividad comenzó este fin de semana pese a no aparecer en el programa oficial elaborado por la Junta.

También ha sorprendido a los colectivos el cambio de denominación de la Carrera Popular de La Elipa, que este año aparece en el programa simplemente como “Carrera Popular”, sin que, según denuncian, se avisara previamente a la organización. La prueba celebrará este domingo 6 de septiembre su 47ª edición y es una de las carreras populares de barrio con más tradición de Madrid.

A estas modificaciones se suma la cancelación de dos actividades impulsadas por la Asociación Cultural Tricolor: un baile inclusivo del grupo Somos Agua y un concierto del cantautor cubano Orlis Pineda. Los colectivos aseguran que la Junta de Distrito no les ha ofrecido explicaciones sobre la supresión.

Las asociaciones apuntan a “posibles motivos ideológicos”, al recordar que Somos Agua hizo el año pasado un alegato contra el genocidio en Palestina durante las fiestas y que Pineda es conocido por sus letras críticas con el sistema capitalista actual. En este sentido, Rita Maestre, portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid, ha criticado en un acto celebrado en la sede del partido este lunes que el Partido Popular “está intentando acallar la voz de las asociaciones críticas”.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid defienden que son las juntas de distrito las encargadas de diseñar y publicar los programas de fiestas y que para ello tienen en cuenta las propuestas de las asociaciones que consideran oportunas. El Consistorio señala además que se pide a las entidades que los festejos sean “unos días de celebración” y que no se aprovechen para reivindicar mensajes políticos, para lo que, según explican, cada grupo político dispone de su propia caseta.

En cuanto a la Ruta de la Tapa, el Ayuntamiento asegura a Somos Madrid que la actividad se ha celebrado “con normalidad” y precisa que está organizada por una asociación vecinal en fechas previas a las fiestas de Ciudad Lineal. Respecto a los requisitos para las casetas y actividades, el Consistorio sostiene que fueron solicitados a las asociaciones desde el mes de julio, aunque admite que se ha podido reclamar posteriormente alguna documentación para garantizar que todas las casetas cumplen las mismas condiciones y tienen toda la documentación en regla.

La Mesa de Igualdad se queda sin su Punto Violeta

Otro de los motivos de malestar es la decisión de la Junta de no permitir la instalación del Punto Violeta de la Mesa de Igualdad de Ciudad Lineal durante los festejos. Las asociaciones consideran que este espacio permitiría ofrecer información, prevención y atención ante posibles situaciones de violencia machista y crear un entorno seguro para las mujeres que acudan al recinto ferial.

El Ayuntamiento, por su parte, matiza que las fiestas sí contarán con Puntos Violeta oficiales, instalados por el Consistorio y dependientes del Área de Políticas Sociales. Estos dispositivos funcionarán de jueves a sábado, de 21.00 a 1.00 horas. La Junta no permite, sin embargo, que la Mesa de Igualdad de Ciudad Lineal instale su propio Punto Violeta en el recinto.

Los colectivos señalan además las dificultades crecientes que encuentran las asociaciones sin ánimo de lucro para organizar actividades y mantener sus casetas durante las fiestas. En esta edición, aseguran que la Junta comunicó nuevos requisitos a las entidades apenas dos semanas antes del comienzo de los festejos, lo que, según denuncian, habría añadido presión a unas asociaciones con recursos humanos y económicos limitados.

Las asociaciones vecinales La Vecinal del Barrio de Bilbao y Pueblo Nuevo, la AV La Nueva Elipa y la AV de Quintana, junto a la Asociación Cultural Tricolor, reclaman por ello un mayor diálogo con la Junta Municipal y más apoyo a las propuestas que organizan durante las fiestas. Estos colectivos desarrollan de forma voluntaria y altruista numerosas actividades dirigidas tanto a niños como a mayores en el marco de las celebraciones del distrito.

La candidata a la alcaldía de Madrid, Marta Higueras, ha propuesto este lunes una importante rebaja de sueldos en los puestos electos del Ayuntamiento de Madrid y en algunos cargos municipales, así como una limitación a tres de los mandatos. Su partido de nueva creación, Independientes por Madrid, asegura que este recorte del 20% en la nómina de todos los concejales, delegados y la persona que ocupe la alcaldía a partir de junio de 2027 será la primera medida que propongan en el Pleno de Cibeles.

Si los concejales se rebajan el sueldo un veinte por ciento, el alcalde pasa a percibir 92.577 euros (frente a los más de 115.000 actuales) y el salario de los delegados y portavoces de la oposición se quedaría en 86.856 euros. El ahorro total con todas las rebajas sería de 1.040.629 euros al año, y “se destinaría íntegramente y por reglamento a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción”, ha explicado Higueras en una presentación a medios de la medida celebrada este lunes. Este organismo municipal, pasaría a contar con diez empleados (tiene seis ahora) y su presupuesto sería de 979.917 euros anuales.

La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción es un organismo que se dedica a fiscalizar las actividades de la administración y a velar por el buen uso del dinero público en el Ayuntamiento de Madrid, cuyo presupuesto asciende a 6.000 millones de euros. El actual titular de la entidad es Carlos Granados, que accedió al puesto en el año 2018 después de ser elegido por mayoría cualificada en el Pleno de Cibeles y renovó su mandato en 2023 por otros cinco años.

“Es casi imposible poder tramitar todo lo que hay ahí, no tienen el personal necesario para investigar”, ha apuntado Marta Higueras sobre su actual carga de trabajo, con 234 expedientes para tramitar en 2024 frente a los 17 que tenía cuando abrió con el mismo personal, hace ahora ocho años. “Para desactivar un organismo de control no hace falta cerrarlo, bastante con no dotarlo de personal. Es lo que está ocurriendo ahora”, denuncia Higueras.

La propuesta de Independientes por Madrid incluye limitar el mandato de este puesto a seis años, no renovables, que su presupuesto quede garantizado por reglamento y no depende de la voluntad anual del gobierno y que su plantilla esté compuesta por funcionarios de carrera, nunca cargos de confianza. “Sé que van a decir que esto es demagogia, pero se le da al dinero un destino concreto. Necesitamos que la Oficina tenga los medios para poder investigar todos los casos que han llegado”, ha añadido la exconcejala.

Limitar a 12 años la actividad municipal de ediles o cargos

Otra de las propuestas del partido de Marta Higueras es la de limitar como máximo a tres mandatos consecutivos para los cargos electos o directivos del Ayuntamiento de Madrid, además de incluir en las cifras de transparencia la antigüedad acumulada de cada uno. Lo hace apoyándose en un informe publicado en su página web donde identifica siete concejales que han acumulado durante más de una década retribuciones públicas superiores al millón de euros.

En el listado destaca la actual encargada de Turismo municipal, Almudena Maíllo, con 1,26 millones de euros en los últimos 15 años o Fernándo Martínez Vidal, que primero en el PP y luego en Vox acumula 16 años como concejal -es el más veterano- con 1,06 millones de euros en retribuciones sin tener que haber ocupado ningún cargo de responsabilidad municipal. La propia Marta Higueras también hace constar sus ingresos (unos 700.000 euros) y aunque reconoce que la medida será “difícil de pactar” con el resto de partidos -significaría las salidas de Almeida, Sanz, Carabante o Maestre- explica que ella se aplicaría a sí misma esta restricción de 12 años si resultara elegida de nuevo concejala.

La propuesta de rebaja de sueldos para financiar la Oficina contra el Fraude es una de las diez medidas lanzadas por el partido para la regeneración de la política, entre las que se incluyen también una contratación pública más abierta, protección real a los denunciantes, que los acuerdos de los plenos sean vinculantes y se cumplan, empleo público por mérito y capacidad, agendas de los cargos más transparentes, que los vecinos sean escuchados sobre lo que se va a hacer en su barrio o presupuestos participativos vinculantes.

Respecto a su política de pactos, Higueras ha vetado por escrito un hipotético acuerdo de Gobierno con Vox. “Está descartado y consta por escrito en este documento, sin matices”, reza un texto sobre este asunto distribuido a los medios, aunque sí que se abre a la posibilidad de apoyar medidas concretas que “mejoren la ciudad” para los madrileños y las madrileñas y que vengan de cualquier partido. A la vez que echa en cara a la oposición de izquierdas que en este mandato ha votado lo mismo que el grupo de ultraderecha en una de cada tres votaciones del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, y documenta los 83 casos (casi el 10% de ellas) en los que sucedió de forma activa, de forma negativa o afirmativa, sin contar unanimidades de todos los grupos o abstenciones.

“No negociaremos cargos, sino medidas. Quien quiera nuestros votos tendrá que aceptar un pliego de compromisos concretos que iremos publicando de aquí a las elecciones”, ha avanzado la que fuera teniente de alcaldesa durante la etapa de Manuela Carmena. “Nosotros tenemos una condición, previa a todo lo demás y escrita en la página anterior: justicia social, igualdad de todas las personas, derechos fundamentales y reglas democráticas. Quien las acepte, puede gobernar con nosotros”.

La movilización contra el Gran Premio de Fórmula 1 se materializará este domingo, a la par que se desarrolla la principal jornada del evento, con una concentración el domingo 13 de septiembre. Convocada por la Plataforma Stop F1 Madrid y otra veintena de organizaciones vecinales, medioambientales o sindicales, la protesta está convocada desde las 12.00 en los exteriores de Ifema (número 5 de la avenida del Partenón).

La entidad público-privada que gestiona el recinto ferial es precisamente la principal promotora de Madring, el polémico circuito donde la Fórmula 1 regresará a Madrid cuatro décadas después. Del 11 al 13 de este mes, los motores de los monioplazas rugirán alrededor de sus instalaciones y cerca de zonas residenciales de los distritos de Barajas y Hortaleza.

La manifestación recoge como principal reclamo denunciar “el despilfarro de la Fórmula 1”, que ponen en relación con “los recortes de servicios públicos”. El cartel incluye algunas de las áreas en las que, alertan, se han producido estos menoscabos: educación, sanidad, vida de barrio, lucha contra incendios, transporte público, vivienda asequible y dependencia.

El ruido, la contaminación atmosférica, el desplazamiento de una histórica vía pecuaria, el efecto en unos humedales, la afección a la movilidad o la polémica tramitación de la licencia para edificar el trazado son otras de las quejas de las agrupaciones convocantes ante el aterrizaje de la Fórmula 1.

Muchas de ellas han presentado recursos administrativos o denuncias ante la Justicia, que no se han resuelto a fecha de celebración del Gran Premio. En todos los casos, al igual que en los procesos emprendidos por Más Madrid, los juzgados han rechazado aplicar medidas cautelares que impidieran desarrollar las carreras.

Uno de los alojamientos oficiales del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, un piso anunciado en la web oficial de Madring a través de su apartado hoteles, se ubica en el mismo bloque donde estuvo a punto de producirse un dramático desahucio el pasado julio. Situado en el número 6 de la calle Santa Ana, en la céntrica zona de La Latina, se trata del edificio donde reside Paquita. Una mujer de 82 años, enferma de párkinson, que se enfrentó a un desalojo pese a no tener deudas y haber abonado todas sus mensualidades (superiores a 1.000 euros).

Además, según el listado de viviendas que ha clausurado la Agencia de Actividades del Ayuntamiento por operar sin licencia, varias viviendas de Uso Turístico deberían estar cerradas. Pese a ello, no solo siguen operativas, sino respaldada por uno de los principales eventos de la ciudad (impulsado a su vez por el Gobierno autonómico y el municipal).

La empresa Tolesanta, sancionada por los ruidos y molestias que han generado algunos de sus alojamientos turísticos (algunos de los cuales llegaron a ser clausurados), pretende destinar a este uso el edificio donde vive Paquita. Por ello, no le dieron alternativa alguna para que ella y su hijo de 47 años pudieran continuar allí, aunque hayan sido unos inquilinos intachables durante 28 años.

Desde el área de Urbanismo indican que en este emplazamiento “se procedió a dar ordenes de ceses a 12 viviendas de uso turístico”. De ellas, “siete restablecieron la legalidad ya que, tras las correspondientes visitas de comprobación, pudo acreditarse que en ese momento ya no se ejercia la actividad de vivienda de uso turístico”. Respecto de las 5 restantes, indican, “se encuentran en tramitación procedimientos de ejecución forzosa, mediante la imposición de multas coercitivas a los efectos de hacer cumplir la resolución de cese a los interesados”.

Fuentes del departamento que lidera el concejal Borja Carabante también deslizan que el alojamiento podría aprovechar la figura del alquiler temporal, aunque en la práctica sea uno turístico, para eludir la necesidad de operar con un permiso: “El auncio de una vivienda en alquiler para los dias de la F1 podría cumplir con la normativa de arrendamientos urbanos considerándose un contrato de alquiler por temporada”.

El drama de Paquita: “Es nuestra casa de toda la vida”

“¿Adónde me voy a ir con unas semanas de aviso?”, se preguntaba en declaraciones a elDiario.es. “Por aquí no ha venido nadie ni me han dicho por qué quieren que me vaya. Si quieren que pague más, podríamos hablar”, apostillaba, para exponer la falta de negociación por parte de la compañía propiedad del empresario Alexander Couret. En 2024, facturó más de 1,4 millones de euros. “Esta es nuestra casa de toda la vida, aquí han muerto mi madre y mi marido, esto es muy duro. Que me digan que les pague algo más y lo pactamos, pero que no nos echen después de toda una vida. No hay derecho”, lamentaba Paquita.

Cuando la fecha del lanzamiento ya estaba fijada, un auto judicial de la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 36 de la capital aplazó el proceso debido a la falta de un informe que verifique la situación de vulnerabilidad y una posterior solicitud de vivienda alternativa a las administraciones. Pero la paralización es solo temporal, la amenaza permanece.

Tolesanta ya he reconvertido la mayoría de pisos del edificio donde residen Paquita y su hijo en alojamientos temporales. Como tal opera Biztrip Latina, el inmueble que se publicita en el portal oficial de Madring. El precio es de 655 euros por persona y noche durante la celebración del Gran Premio, con llegada el 11 de septiembre (día de inicio) y salida el 14 (un día después de la carrera definitiva). En este período, los promotores obtienen 1.965 euros con un solo visitante. Casi el doble de la renta mensual que abona Paquita, que será su vecina durante la estancia.

Para la portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, este caso ejemplifica que la Fórmula 1 se aleja de las previsiones de “prestigio” prometidas por el alcalde José Luis Martínez-Almeida: “Lo que está trayendo es un pelotazo económico, como estamos denunciando, pero ahora también sabemos que es un pelotazo inmobiliario vergonzoso de dimensiones internacionales. Parece increíble, pero sí, en la web de la F1 se alquilan los pisos turísticos ilegales que hay en el edificio de la calle Santa Ana, 6, en el que vive —más bien resiste— Paquita. La vecina a la que intentaron desahuciar hace unos meses para convertir el edificio completo en hotel”.

La F1 no ha creado el problema, pero mira por dónde, está poniendo foco internacional a que Almeida ha convertido Madrid en un parque temático para especuladores

Rita Maestre — Portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento

“La cosa no acaba aquí. El Ayuntamiento permite comercializar una VUT cesada por la Agencia de Actividades como alojamiento oficial de la F1. Ya tenemos el pack completo: un edificio residencial, paradigma del Plan Expulsa de Almeida, convertido en negocio turístico con el sello internacional de la F1. ¡Vaya casualidad, ¿eh?! Esto es el Plan Reside funcionando exactamente como avisamos desde Más Madrid: mientras Almeida presume de proteger la vivienda, abre la puerta a que fondos buitre y operadoras turísticas se forren a costa de quedarse con edificios en el centro mientras expulsan a las vecinas y vecinos”, expone la líder de la oposición municipal.

El Plan Reside separa a turistas de residentes, ya que prohíbe los Airbnb dispersos en el corazón de Madrid y a cambio ofrece dedicar edificios enteros a los apartamentos turísticos, con ciertas condiciones. Fuera de la almendra central que circunscribe la M-30 (no es este caso), pueden habilitarse en bajos, sótanos o primeras plantas. A priori parece más restrictivo que el Plan Especial de Hospedaje aprobado durante el mandato de Manuela Carmena, al que sustituye desde que entró en vigor en septiembre de 2025, ya que permite viviendas turísticas en menos lugares. No obstante, ha abierto la puerta a una posibilidad que no existía: convertir edificios residenciales enteros en pisos turísticos, lo que puede suceder en el 73% de bloques de la almendra central de Madrid, según un estudio que publicó el PSOE.

Maestre opina que este controvertido anuncio es solo un reflejo simbólico de una dinámica generalizada: “Almeida sabe que los pisos turísticos de la calle Santa Ana son ilegales, pero no los cierra, como no cierra las miles de VUT en esta ciudad. En algún despacho de este Ayuntamiento a alguien le interesa que sigan abiertos”. Y añade: “La F1 no ha creado el problema, pero mira por dónde, está poniendo foco internacional a que Almeida ha convertido Madrid en un parque temático para especuladores. Exigimos a Almeida que cierre de inmediato los pisos turísticos ilegales, los de Santa Ana y todos los demás, y le exigimos explicaciones de cuántas viviendas se han sacado al mercado vinculadas al pelotazo de la F1”.

El anuncio de Madring subraya las características de La Latina a nivel de gastronomía o casticismo, esas mismas características que la especulación hace tambalearse: “Este apartamento está situado en pleno centro de la ciudad, a pocos metros de la estación de metro de La Latina, uno de los barrios más emblemáticos y con más carácter de Madrid. La Latina es conocida por su excelente escena de tapas, donde conviven tabernas tradicionales, bares históricos y restaurantes modernos e innovadores. Es el lugar ideal para disfrutar de un aperitivo dominical o para recorrer El Rastro, el icónico mercadillo al aire libre de Madrid”.

El texto destaca la “ubicación céntrica” y “excelentes conexiones” de la estancia, aunque se tardan unos 50 minutos en llegar al entorno del Gran Premio en Ifema a través del transporte público. La propia página indica que entre un punto y otro median 9,88 kilómetros.

Madring dispara los precios (y las polémicas) de la turistificación

Las pestañas del portal de Madring dirigidas a hoteles y hospitality ejemplifican la contribución del proyecto a la turistificación y el alza de precios de los alojamientos. El portal incluye apartamentos y hoteles próximos a Ifema o Valdebebas, pero también en otros puntos de la ciudad, sobre todo en el centro. Con ello, muchos visitantes pueden conocer el resto de la ciudad aprovechando el viaje. La tarifa media se ha disparado un 69,60% y alcanza los 485 euros frente a los 286 de 2025, según las cifras que maneja la plataforma de comercio hotelero Site Minder. La estancia media aumenta un 7,50%, para pasar de 2 días el año pasado en las mismas fechas a 2,15 días en torno al evento.

La de Paquita no es la primera controversia que ha surgido en torno a las viviendas turísticas y Madring. El PSOE de Madrid ha presentado una solicitud ante la Agencia de Actividades por la proliferación de alojamientos temporales sin licencia cerca del circuito. Los precios en sus anuncios para los tres días de competición superan en muchos casos ampliamente los 10.000 euros. Una de las ofertas alcanza incluso los 17.000 (en una casa con cuatro habitaciones para seis personas), dentro de lo que el concejal Antonio Giraldo define como una “clara lógica especulativa originada por el propio Gran Premio”. Queda por ver si, esta vez, la actuación de la Agencia es eficaz.

Un hombre de unos 30 años ha sido detenido este domingo por quebrantar una condena y provocar el incendio originado en un garaje, en el distrito de Chamartín, sin víctimas, que ha afectado a cuatro vehículos y una motocicleta, según han informado desde Policía Nacional.

Emergencias Madrid ha indicado que diez dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han ventilado el fuego originado en la planta menos uno de un bloque de viviendas de 18 plantas ubicado en la calle Pastora Imperio.

El Summa 112 ha permanecido en preventivo por si hubiera tenido que atender a alguna persona pero no ha habido víctimas. La Policía Nacional se encarga de investigar este suceso y ha colaborado en el mismo la Policía Municipal.

Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, los agentes han detenido a un hombre de 30 años por provocar intencionadamente el fuego, además de realizar amenazas y quebrantar una condena.

“Devolviendo al Circuito al lugar que le corresponde dentro del ocio y disfrute para todos los amantes del motor”. Con esa frase se presenta el Proyecto Jarama 2021 en la web del circuito. Una sentencia ambiciosa, pero que a la vez da cuenta de que el entorno automovilístico ubicado en el municipio de San Sebastián de los Reyes (al norte de Madrid) no pasa por su época de mayor esplendor. O al menos, por el de mayor impacto mediático.

Ahora que los motores van a volver a rugir en la capital, con el Gran Premio de España de Fórmula 1 previsto del 11 al 13 de septiembre en Madring (alrededor de Ifema y Valdebebas), es buen momento para recuperar la memoria de un trazado que tomó el nombre de un importante afluente del río Tajo e hizo historia y afición para el automovilismo madrileño.

Inaugurado el 1 de julio de 1967, en su momento fue el único circuito permanente de todo el país y el primero en funcionamiento desde la Guerra Civil. Lógico que los promotores de la Fórmula 1 se fijaran en sus 3,85 kilómetros de longitud para llevar a él la competición, entre 1968 y 1981, aunque ya en 1967 la mayoría de monoplazas recorrieron sus rectas y curvas en una carrera que no computó para el torneo. Por su parte, el Mundial de Motociclismo tuvo al Jarama como una de sus sedes de 1969 a 1988, así como en 1993 y 1998.

La primera imagen que encabeza este artículo, la de la izquierda, corresponde a la penúltima carrera de Fórmula 1 disputada en El Jarama. Era el 29 de abril 1979 y, como ya muestra la fotografía, el francés Patrick Depallier encabezó la parrilla. La estampa llama la atención por la abundante publicidad de la marca de tabaco Marlboro, un tipo de prohición ahora vetada. La Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles Líquidos y Lubricantes (ENCASO) o los relojes Longines copan otros de los espacios promocionales.

El holandés Jona Hugenholtz diseñó el circuito en unas instalaciones pertenecientes al Real Automóvil Club de España (RACE), todavía hoy vinculado a su gestión. De hecho, actualmente su denominación oficial es Circuito de Madrid Jarama - RACE. Una creación audaz y atractiva para la época, pero que a partir de los ochenta comenzó a resultar demasiado limitada para los adelantamientos y picos de velocidad que el público de la Fórmula 1 reclamaba. Así, la competición se despidió del Jarama en 1981, aunque la Federeación Internacional de Automovilismo (FIA) continuó apostando por este trazado en pruebas de la Fórmula 2 o la Fórmula 3.

Pero si una colaboración entre la FIA y el circuito de 13 curvas ha logrado popularidad e implantación sociocultural esa es la del Campeonato Europeo de Carreras de Camiones. El Jarama es uno de los trazados escogidos para su desarrollo desde hace décadas, ya que la primera ocasión se remonta a 1987. Cada octubre, la pista se llena de camiones de gran tamaño y las gradas de seguidores ávidos de presenciar las curiosas y espectaculares batallas de estos diablos sobre ruedas. Desde 2019, acoge también la versión española de la competición.

El Campeonato Mundial de Turismo, de Superbikes o el Rally de la Comunidad de Madrid también se desarrollan o se han desarrollado en el trazado sansebastianense. Una de las últimas incorporaciones a su programa fue la Fórmula E, la mayor competecion de monoplazas eléctricos del mundo, que volverá el 26 y 27 de junio de 2027 (y que este agosto también celebra pruebas en Madring). El Jarama ofrece además cursos o talleres de conducción y jornadas de exhibición de vehículos clásicos.

Un circuito renovado y criticado

Pese a las nuevas disciplinas, el esplendor del recinto hoy día no alcanza el de su etapa ligado a la Fórmula 1. De ahí el impulso de sus responsables al citado Proyecto Jarama 2021 mediante el “desarrollo de nuevas estrategias de márketing y comercialización; el relanzamiento de la actividad deportiva y el diseño de productos y experiencias orientados al segmento eventos y convenciones”.

La renovación integran se ha caracterizado por la rehabilitación de distintas instalaciones, con la torre de control a la cabeza. Fue modernizada en 2015 y rebautizada como Jarama Paddock Club, destinada a la organización de eventos y a las salas de dirección de carrera y cronometraje.

Este relanzamiento ha coincidido sin embargo con distintas controversias sobre los límites de ruido. Vecinos del entorno, cuyas viviendas se ha construido más tarde que el circuito, lograron en 2015 limitar a 90 decibelios las emisiones sonoras en determinados puntos del recorrido. Al menos durante la mayor parte del tiempo, ya que los eventos competitivos del recorrido pueden superar esa cifra 20 veces al año. Los problemas fueron a más, con rumores de retirada de licencia incluidos, en 2024. Una ampliación del trazado que lo aproximó a las casas obligó a extremar las medidas de mitigación de ruido.

Pese a las críticias, el circuito del Jarama es historia viva del deporte a motor, tanto español como mundial. Escenario de grandes proezas de Ángel Nieto o Jorge Martínez sobre las dos ruedas. De Niki Lauda, James Hunt o Emerson Fittipaldi en los monoplazas de Fórmula 1. Cuatro décadas después, cede el protagonismo (y las quejas vecinales o ecologistas) a Madring y la velocidad vuelve a sentirse a flor de piel en la ciudad.

“Esto no es una cuestión de lo que gana el Real Madrid, esto es una cuestión de lo que gana la ciudad”, aseguraba esta semana el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, cuando los periodistas le pedían una valoración sobre lo que va a ganar el club merengue con la recalificación que su Gobierno aprobó en mitad de las vacaciones para sus terrenos de Valdebebas. El mandatario justificaba la operación asegurando que lo que allí se construirá provocará “atracción de talento” y “creación de empleo” en la zona.

Lo que va a ganar el Real Madrid con la recalificación son 185,49 millones de euros, solo contando con lo que pasan a valer los terrenos, sin necesidad de construir ni un solo edificio. La cifra la calcula un informe encargado por el Ayuntamiento de Madrid, necesario para la operación, que el área de Urbanismo adjudicó a dedo a la consultora Savills para poner en marcha esta recalificación. El citado estudio, al que ha tenido acceso Somos Madrid, calcula que los 172.550 metros cuadrados de aumento de edificabilidad terciaria que permitirá la recalificación valen 1.075 euros cada uno, lo que arroja la cifra antes citada.

La cantidad es mayor que el valor actual de los terrenos, calculado en 174,6 millones de euros por sus 360.000 metros cuadrados de edificabilidad en suelo deportivo. Es decir, el Real Madrid multiplicará por más de dos el valor de su parcela de Valdebebas cuando se complete la recalificación, el mayor incremento patrimonial en una operación de este tipo desde que Almeida es alcalde. Otros “pelotazos” sonados sobre los que llamó la atención la oposición fueron los planes especiales aprobados para El Corte Inglés en Méndez-Álvaro, donde la entidad comercial ingresó 29 millones de euros con la recalificación de centro comercial a oficinas, y el de la Ermita del Santo, con 64 millones de incremento de valor al convertir un antiguo centro comercial en viviendas.

La recalificación es una herramienta legal que utilizan los ayuntamientos para promover actuaciones urbanísticas a través del incremento del valor del suelo, permitiendo otros usos hasta ese momento no previstos. En el caso del Real Madrid, el equipo de Almeida le concede levantar oficinas, un hospital y hasta una universidad en terrenos de su ciudad deportiva de Valdebebas todavía sin uso. El ordenamiento le permitiría además construir viviendas de corta estancia de tipo flex living, que empiezan a abundar en Valdebebas.

Debido a lo lucrativo de la operación, el Real Madrid deberá ceder al Ayuntamiento un espacio para la construcción de equipamiento público, con 35.311,51 metros cuadrados de suelo, además de la cesión correspondiente al 5% del incremento de aprovechamiento urbanístico, que el expediente cifra en 17.400,147 metros edificables. Y deberá pagar también las cargas de urbanización necesarias para llevar a cabo el proyecto, que el estudio económico cifra en 73,5 millones e incluyen zonas verdes, urbanización interior, nuevas infraestructuras y actuaciones sobre el viario.

Además, la operación incluye la cesión gratuita de zonas verdes sobre las que el consistorio tendrá que actuar. Este nuevo parque, que formará parte del Bosque Metropolitano y contará con 16 hectáreas, rodea convenientemente todas las nuevas instalaciones que el club blanco podrá construir, separándolas de las grandes carreteras que rodean al complejo a través de un talud verde. También se incluye en estas cesiones el espacio verde que rodea al conocido como arroyo de la Plata, una pequeña vía de agua que atraviesa el complejo.

Un “pelotazo gigantesco” que puede superar los 500 millones

Aunque las cifras del informe económico que forma parte de la documentación del proyecto son enormes y suponen la mayor recalificación aprobada por Almeida, algunos economistas cuestionan sus cifras por considerarlas demasiado bajas. Es el caso del exdelegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, que pone en duda los cálculos con los que se ha elaborado. “La memoria económica es lamentable, insuficiente”, asegura el ahora profesor de la Universidad Complutense que cree que el valor real de la operación puede superar los 500 millones de euros, atendiendo al valor de otras operaciones inmobiliarias similares en la zona. El propio Florentino Pérez llegó a afirmar en su última campaña electoral, en respuesta a un proyecto de su rival Enrique Riquelme, que toda la ciudad deportiva valía más de 1.000 millones de euros.

Sánchez Mato cree que el valor real de estos terrenos aflorará en el futuro, cuando el presidente del Real Madrid ponga en marcha la entrada de capital privado en el club o bien cuando establezca algún tipo de asociación para llevar a cabo la construcción de los negocios planeados, que incluya una tasación del suelo ya recalificado. “Entonces veremos la magnitud de lo que ahora se ha aprobado”, añade. Hasta entonces la valoración de lo que considera un “pelotazo gigantesco” se eleva a los 185,49 millones de euros antes citados.

El exdelegado de Hacienda municipal considera que la operación implicará una “rentabilidad salvaje”, por lo que ha presentado una llamada de atención ante las instituciones comunitarias. En concreto ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, como adelantó El Salto este viernes. Según el documento al que también ha tenido acceso Somos Madrid, se pide investigar un posible trato de favor hacia este club privado por parte de las administraciones públicas.

Cuenta Sánchez Mato que el Real Madrid lleva persiguiendo esta recalificación desde hace años. Lo sabe de primera mano, porque se la solicitó a él mismo el propio Florentino Pérez en los tiempos de Manuela Carmena como alcaldesa. Por aquel entonces se negó a tramitarlo porque consideraba que la operación no tenía ningún interés general, como sigue considerando ahora. “Ese incremento de la edificabilidad y los usos concedidos que distan mucho de ser de interés general, porque benefician claramente a una parte”, explica en conversación con este periódico haciendo referencia a otras operaciones similares que acabó tumbando la justicia. La última, con los mismos actores, fue la del concurso para construir dos aparcamientos públicos en el entorno del Bernabéu, que el Supremo acabó tumbando por “falta de interés público”.

“¿Interesa a la ciudad que se realice un centro tecnológico o un hospital? Puede ser, pero hay mucho suelo público para desarrollar eso, el Ayuntamiento tiene terrenos para hacerlo muy cerca”, comenta Sánchez Mato sobre la posibilidad de que la Administración acometa esas inversiones y que estas no tengan que ir siempre a beneficio de un privado. “Son operaciones que me pidieron a mí hace diez años y que rechazamos porque no íbamos a hacer ningún tipo de transferencia ni modificación de uso”, reitera relacionando este caso con otros como la cesión de varias parcelas al Atlético de Madrid en el entorno del Metropolitano para el desarrollo de un gran complejo de ocio, que frenó el Ayuntamiento de Madrid durante su etapa como concejal: “Aguantamos, resistimos y no se cedieron parcelas ni al Atlético de Madrid ni atendimos a las peticiones de ampliación del Real Madrid. Porque no respondían al interés general, sino al interés del promotor privado”.

Una concesión larga en el parque más extenso de Madrid. El Ayuntamiento de la capital, a través del distrito de Moncloa-Aravaca, abre una puja por la gestión de dos quioscos hosteleros en Casa de Campo durante un máximo de 25 años: 15 de ellos asegurados y otros 10 si se logra la prórroga completa, dividida en dos períodos de cinco años cada uno. Este lunes, último día de agosto, el boletín oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) hizo público el concurso para la explotación temporal de ambos negocios, uno en la carretera de Rodajos y otro en el Paseo de la Venta. El primero limita con Pozuelo del Alarcón, el municipio más rico de España, y el segundo está más próximo a Batán.

Son dos lotes independientes. En el de Rodajos se fija un canon mínimo de 90.700 euros anuales para ocupar una superficie de 14.367 metros cuadrados, según el portal urbanístico municipal. Esa es, en otras palabras, la cantidad más baja que el adjudicatario ha de pagar por la cesión. El terreno del Paseo de la Venta tiene una amplitud similar, aunque su precio anual desciende hasta los 73.900 euros.

En ambos casos, el proceso se configura mediante una concesión demanial, fórmula que permite ofrecer suelos de titularidad pública a entes privados por un tiempo limitado. Asimismo, dentro el contrato no solo se incluye la explotación de alguno de estos locales, sino también la ejecución de obras que puedan ser necesarias. Para mejorar su oferta, las empresas pueden proponer un canon superior al mínimo establecido, pues se trata de una “licitación al alza” que funciona a modo de subasta.

Los aspirantes deberán aportar, además, otras garantías económicas. La de tipo provisional asciende a 97.103 euros para el lote 1 y 77.662 euros del lote 2. En el caso de la garantía definitiva, será de 131.132 euros para el primer establecimiento y 103.616 para el segundo, a lo que luego se añadirá el 3% del presupuesto de obras. La diferencia es que el primer tipo de garantía sirve como una fianza, que asegura la seriedad de la oferta durante el proceso de licitación; mientras que la definitiva sella el contrato una vez adjudicado.

Las empresas tienen hasta el 30 de septiembre para presentarse

La concesión también incorpora cláusulas de comercio justo, una condición incluida expresamente en el objeto de la licitación. Todo se formula mediante un prodecimiento ordinario abierto a distintas empresas, cuyas ofertas se valorarán atendiendo a una serie de criterios. El boletín que anuncia la salida a concurso de estos dos quioscos hosteleros especifica que ambas ofertas deben presentarse obligatoriamente por vía electrónica, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El plazo para hacerlo se abrió este lunes, un día después de publicarse el anuncio oficial en el BOCM, y concluirá a las 23.50 horas del 30 de septiembre, justo antes de la medianoche. En los últimos años, el Ayuntamiento ha planteado distintas actuaciones para reforzar los usos comerciales y de restauración del parque. Entre ellas, la renovación integral del Teleférico de Madrid, cuyas nuevas estaciones incorporarán también espacios anexos de restauración. La reforma total de estas instalaciones fue una de las propuestas que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, incluyó en su programa electoral.

Aquella promesa se traducirá en la apertura de un bar-restaurante en la estación de Pintor Rosales, que comparte distrito con los dos quioscos que ahora salen a licitación y contará con 380 metros, a los que se suman 29 m² de cocina, 12 m² de barra y una terraza de 173 m² dentro de un edificio de seis alturas, con 4.695 m² construidos y espacio para concentrar tanto los principales servicios del teleférico como otras áreas comerciales, de restauración u otros servicios para dinamizar la zona.

El Gobierno de Ayuso ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de este viernes la desafectación de la Vereda de los Leñeros, una vía pecuaria que ponía en peligro la legalidad del circuito de Fórmula 1 construido por Madrid y cuyo recorrido acaba de cambiar para esquivar estas dudas normativas.

El nuevo trazado evita pasar por el interior del circuito, aprovechando zonas verdes cercanas. En realidad lo que hace la Consejería de Medio Ambiente es aflorar una vereda desaparecida bajo las construcciones de Ifema, que no se había encargado de recuperar hasta constatar que su pérdida podía echar por tierra la construcción del circuito de carreras.

El aviso del cambio de trazado lo ha dado el PSOE, partido que denunció hace año y medio que la existencia de esta vía pecuaria amenazaba el sustento legal de toda la operación urbanística del circuito. Ahora, Antonio Giraldo denuncia la “chapuza” de toda la tramitación y que “dos años después han tenido que desafectar la vía pecuaria deprisa y corriendo”.

El edil socialista ha recordado que el Plan Especial “está judicializado” y considera que “el Gobierno de Almeida está haciendo todo lo posible para evitar otra anulación en los Tribunales, como suele pasar porque hacen chapuza tras chapuza”.

Durante los últimos meses, tanto Ayuntamiento como Comunidad de Madrid han acelerado al máximo la tramitación del cambio de recorrido para la vereda, hasta el punto de llegar a comprometerse con la construcción de una pasarela de grandes dimensiones sobre los doce carriles de la M-11, que aún no ha sido presupuestada, para hacer viable el cambio.

El pasado 5 de junio los técnicos verificaron sobre el terreno que había espacio para desviar esta vía pecuaria y al principio del verano la Comunidad de Madrid sacó a información pública toda la tramitación, que concluye ahora con la desafectación oficial en el boletín autonómico.

El intento de legalización llega después de que el pasado mes de enero la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras sometiera a trámite de información pública el anteproyecto de ley de medidas urgentes para el incremento de oferta de vivienda con protección pública, en la que incluyó un cambio que podía afectar a la Vereda de los Leñeros. La reforma eliminaba la obligación expresa de “calificar” urbanísticamente las vías pecuarias como suelo no urbanizable.

Las organizaciones ecologistas denunciaron que detrás de esta modificación podía esconderse una triquiñuela para legalizar Madring, el nombre comercial que Ifema ha dado al circuito de Fórmula 1. Hicieron alegaciones al respecto y la Comunidad de Madrid reculó en sus intenciones. La recuperación de la ahora desaparecida Vereda de los Leñeros ha sido saludada por la Plataforma Ecologista Madrileña, que ve necesaria su recuperación. Pero critican la forma en la que quieren tramitarlo desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid: superponiendo la vía pecuaria sobre las zonas verdes ya existentes. Por ello, la organización Liberum Natura, entidad que forma parte de la plataforma ecologista, alegará contra este actuación.

Vuelve del gimnasio, ve a otra periodista frente a su casa y le lanza una mirada triste, de resignación. Se ha dado cuenta de que observa el garaje quemado junto a la entrada, al lado de las escaleras. Luego levanta un poco los hombros, como quien dice “qué le vamos a hacer”. Pero conforme empieza a hablar, su discurso va moviéndose hacia la rabia. “Toda la mañana, y ayer durante todo el día, han estado por aquí las televisiones, policías, bomberos, ambulancias... No me importa hablar, pero si tiene que servir para algo que sea para que no vuelvan a permitir guardar bicicletas con este tipo de baterías en un edificio donde vive gente”, se desquita esta vecina de la calle Canarias (Arganzuela), donde todavía huele a humo 48 horas después del incendio de un garaje de riders que se cobró la vida de un joven de 26 años.

Ella ha pedido no mencionar su nombre, ya que el dueño de ese aparcamiento bajo su casa es también vecino en el mismo bloque. Lo llama Pepe y dice que se conocen, se han visto varias veces. “Él siempre nos ha dicho que lo tiene todo legal y, como es abogado, supongo que controla esos temas”, afirma la vecina, al otro lado de la verja por la que el domingo pasado comenzó a salir el humo. Los miembros de Emergencias Madrid que acudieron al aviso confirmaron, poco después, que esta planta baja se utilizaba para guardar bicicletas eléctricas. Pese a lo que el propietario aseguró a esta vecina, siempre según su relato, lo cierto es que ya a finales del año pasado recibió un aviso para retirar las baterías de carga.

Un informe de los bomberos, con fecha del 22 de diciembre de 2025, había levantado sospechas sobre los acumuladores para bicis que se guardaban en el sótano, un lugar frecuentado por repartidores de Glovo y, en general, empresas de delivery. “No sabemos ni lo que hay dentro, solo sé que hay una bajada y en el lateral derecho, unos trasteros”, continúa la vecina desde el portal. Después del expediente abierto en diciembre, agentes de la Policía Municipal se presentaron en la estancia y retiraron las baterías, según fuentes de este cuerpo policial a consultas de Somos Madrid. Esto ocurrió en enero, pero los generadores volvieron a reponerse y el local continuó funcionando. Así que en abril partieron en una segunda visita y volvieron a retirar todo el material con riesgo de inflamación.

El local estaba denunciado por la Policía e incumplía la sanción

Antes se había informado de la situación a la Agencia de Actividades, un organismo municipal que gestiona las licencias urbanísticas de los negocios en la ciudad. Sin embargo, una vez allí descubrieron que las baterías volvían a estar respuestas y esta vez, según las mismas fuentes policiales, se intervinieron y se llevaron hasta el Almacén de la Villa. Este es un depósito público en Vicálvaro que guarda aquellos muebles o enseres en desuso o que han sido retirados de la vía pública. También acabaron allí estos materiales requisados, aunque no fue suficiente.

En junio, un par de meses antes del incendio, se produjo la tercera inspección en el garaje de riders: ni para ese momento había cesado su actividad. Según confirman los agentes, el hombre trató de emitir una declaración responsable para mantener el bajo como hasta ahora, pero esta se determinó incapaz. Esto, fuera de términos jurídicos, quiere decir que el denunciado intentó alegar que se cumplían los requisitos mínimos, aunque inspección in situ constató que no era así. Las autoridades indican que la Agencia de Actividades lo denunció luego por ejecución forzosa, en un intento de hacer cumplir los anteriores avisos.

“Ese sitio no cumplía las condiciones para este tipo de actividades”, resuelven desde la Policía Municipal, algo que según toda esta secuencia de trámites ya se sabía antes de que explotaran dos baterías y tuviera que morir una persona. Dos días después en la calle Canarias, próxima a la estación de Metro de Palos de la Frontera, el tramo afectado ya parece más vacío. El aspecto del garaje y, sobre todo, el olor a quemado que llega a pocos metros de distancia, aún llama la atención de algunos paseantes que este martes por la tarde cruzaban la acera. En el número 11, otro bloque de viviendas unos pasos más allá, el barrendero debatía con un hombre que iba a subir al edificio.

"Esto está siempre lleno de chavales más o menos de su edad, que llegan con sus mochilas de Glovo y entran al garaje. Luego pueden pasar horas dentro hasta que les ves salir

Violeta — Vecina de la calle Canarias

“La prensa dice que había 13 dotaciones de bomberos, pero yo no vi tantas. Serían unas tres, o cuatro, y sobre todo muchas ambulancias”, recuerda el segundo de ellos, que trató de bajar a ver lo que ocurría cuando llegó el tufo del incendio y comenzaron a oírse sirenas. Sin embargo, los agentes que ya había desplegados en la zona le frenaron en seco, pidiéndole volver a casa por seguridad y para no inhalar humos tóxicos. Habían explotado dos baterías y eso había iniciado las llamas en el garaje de al lado, donde más de un centenar de bicicletas se quemaron en el fuego. “Si llega a haber más bicis todavía, aquí explota todo”, coinciden ambos.

El joven fallecido tenía 26 años y era de origen bangladesí, según confirmaron las autoridades después de notificar su muerte. Aunque la mayoría de los vecinos consultados mencionaban a Glovo al recordar la empresa para la que trabajaba, lo cierto es que de momento esto no se ha confirmado. En los alrededores de este bloque nadie parece tener claro cómo funciona el negocio. La Policía Nacional, que ha tomado las riendas de la investigación, tampoco desvela avances en las pesquisas, aunque los vecinos afirman que el garaje no lo gestionaba directamente su dueño: en teoría, lo alquilaba a otras empresas y particulares o también a “restaurantes de la zona”, que según ellos utilizaban los trasteros laterales para guardar material.

Desde el área municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que gestiona este tipo de licencias, aseguran que las primeras denuncias sobre el local fueron las de los bomberos, en diciembre, y que después de eso el dueño recibió una orden de cese de la actividad. Como no la cumplió, el consistorio puso en marcha la ejecución forzosa del negocio y se estableció una primera multa al propietario el pasado 31 de julio, de 1.000 euros en total según detallan fuentes municipales. “Al ser una actividad ilegal, no tenemos información de las condiciones o baterías qua había en el interior”, sentencian desde el departamento que dirige Borja Carabante.

Aunque la entrada ya no está precintada, a esas horas la cancela sigue cerrada a cal y canto. Entre la verja y la entrada principal, a la izquierda de una escalera que sube hasta el recibidor para viviendas, aún quedan tres bicicletas medio calcinadas que nadie ha venido a reclamar, o al menos no parece que hayan podido llevárselas. Violeta, una mujer que también reside en esa calle y vio los hechos desde su ventana, sostiene que fue justo debajo de su casa donde los sanitarios de Samur-Protección Civil trataron, sin éxito, de conservar su vida.

“Algunos dicen que vivía allí, aunque eso no lo tenemos claro. Pero no me extrañaría, ya que esto está siempre lleno de chavales más o menos de su edad que llegan con sus mochilas de Glovo, entran al garaje y pueden pasar horas dentro antes de salir”, mantiene. La sección de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, el sindicato mayoritario entre los trabajadores de Glovo en Madrid, confirma su sospecha de que detrás de esta tragedia pueda haber alguien “en situación administrativa irregular”.

Los “trabajadores invisibles” de un sector golpeado

Aunque la federación madrileña de Comisiones Obreras no ha podido constatar que el fallecido trabajara directamente para esta empresa de reparto, recuerda que la capital está llena de “trabajadores invisibles” que “alquilan una cuenta” para tener donde dejar su herramienta de trabajo, que deben aportar y asegurarse ellos mismos. “El lunes [horas después del incendio] estaban aquí todos apelotonados, viendo si les dejaban cruzar el cordón policial para ir a recoger sus bicicletas. Los que habían llegado cuando se llevaron el cuerpo se veían muy afligidos, casi les faltó hacer un minuto de silencio por su compañero”, reseña Violeta, recordando las últimas horas en su barrio.

“Yo allí solo he visto entrar a gente joven, unos 30 años arriba o abajo, generalmente pobre de origen bangladesí o pakistaní”, relata la vecina, que recuerda la estructura laberíntica del garaje descrita por los bomberos después del suceso: la compleja disposición entre instalaciones fue una de las causas que complicaron el control del incendio y el posterior rescate de la víctima, de la que sí se ha confirmado que era un repartidor a domicilio aunque sin especificar quién lo contrataba.

De hecho, este sector suele saltar a la actualidad por las sanciones o denuncias a las principales compañías, especialmente por el uso de falsos autónomos para completar sus plantillas. Precisamente unas semanas antes del incendio que se cobró la vida de este joven, cuyo nombre no ha trascendido aún, se cumplieron cinco años desde la entrada en vigor de la llamada Ley Rider, una iniciativa del Ministerio de Trabajo ante el boom de las plataformas digitales de reparto de comida a domicilio (Deliveroo, Glovo, Uber Eats...), que inundaron el sector con falsos autónomos, y conllevaron varias sanciones de la Inspección y también en los tribunales.

“Esta etapa, que comencé en 2019 con muchísima ilusión, se acaba con una decepción inmensa y daños personales y de salud”. Así concluye la hasta ahora concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano, su paso por Cibeles de la mano de Vox. En agosto se confirmaba su expulsión del partido después de haber apoyado al portavoz municipal, Javier Ortega Smith, en su cruzada contra la cúpula del partido. Ahora Toscano también deja su acta en el consistorio y abandona definitivamente el barco:“No quería seguir en una organización de cuyas ideas cada vez me sentía más alejada, así como de su forma de tratar a las personas. Me quedé porque Ortega Smith así me lo pidió, poniéndole la condición de que mi permanencia fuera solo por unos pocos meses”.

El aludido, actualmente concejal no adscrito, es quien ha anunciado su marcha en declaraciones a los medios, después de un acto en homenaje a los bomberos fallecidos en los Almacenes Arias. Desde ese lugar, el ex secretario general de Vox aludió a motivos “absolutamente personales” de su compañera y se limitó a reiterar su “cariño” y “agradecimiento” por el trabajo hecho. Poco después, en sus redes sociales, la propia Toscano se encargó de enumerar los motivos. Con uno a la cabeza: su reciente expulsión de la formación de Santiago Abascal.

“Como algunos sabréis, hace unos meses se inició un procedimiento contra mí por no acatar una instrucción que era ilegal. Naturalmente existen razones más de fondo, y menos obvias. Hace un tiempo me planteé dejar la política, al detectar una distancia cada vez mayor entre lo que defiendo y las nuevas posiciones del partido. Un viraje ideológico que, por cierto, denuncié tanto interna como públicamente”, ha recordado la edil saliente, que meses después de iniciarse los trámites para darle de baja señaló los vínculos de Vox con “asociaciones sionistas” defensoras de los intereses de Israel.

En su despedida a Toscano de este viernes, Javier Ortega Smith ha reivindicado su defensa de las posiciones políticas que adoptaba, “a veces en solitario, en la tribuna y contra viento y marea”, refiriéndose tanto a asuntos bien integrados en la agenda de Vox (menciona su oposición frontal a lo que denomina “ideología de género”) como a su fidelidad al entonces portavoz municipal cuando comenzó la fractura interna.

“No acatar una instrucción ilegítima me ha llevado a ser expulsada”, decía Toscano sobre este mismo tema en su carta de adiós. Insistió en que la dirección del partido “no tenía competencias” para destitutir a Ortega Smith de su cargo en el Ayuntamiento de Madrid, y defendió haber tomado la decisión de desobedecer su directriz siendo “plenamente consciente de las consecuencias”; es decir, que la siguiente expulsión fuera la suya. Junto a Toscano también echaron a Ignacio Ansaldo, otro de los partidarios de Ortega en el grupo municipal.

Preguntado por quién ocupará ahora el escaño que deja vacante su excompañera, Ortega Smith ha explicado que la siguiente persona de la lista de Vox en Madrid, si es que acepta recoger el acta. Sin embargo, mantendrá la condición de no adscrito de la que ya gozaba Toscano. El número seis de entre los nombres incluidos en las elecciones de 2023 lo ocupa Cristian Toro, un medallista olímpico que ha pasado por programas de televisión como Supervivientes o Mujeres y Hombres y Viceversa. En el momento de escribir estas líneas, aún no se ha pronunciado públicamente sobre su futuro.

Aliados del “concejal proscrito” de Cibeles

Por su parte, Carla Toscano aterrizó en 2023 en el Palacio de Cibeles como la número dos de la lista que, entonces, encabezaba Ortega Smith. Junto con Ansaldo, respaldó al entonces portavoz municipal cuando la dirección nacional de Vox trató de sustituirle por Arantxa Cabello. Luego, todos ellos acabaron fuera del partido y abocados a terminar como concejales no adscritos, aquellos que han sido elegidos por una candidatura y ahora no forman parte de la agrupación. Actualmente, el ya concejal Fernando Martínez Vidal es quien permanece en Vox Madrid junto a Cabello, que ejerce la Portavocía.

En cuanto a su propia situación en Cibeles, Ortega Smith ha insistido en reivindicar el papel de “concejal proscrito” en el que le acompaña Ignacio Ansaldo. “Es un cargo que nos llena de orgullo porque estamos proscritos de quienes han convertido nuestro proyecto político inicial, Vox, en su negocio particular”, ha sostenido. El edil ha añadido que estar “proscritos” de quienes, a su juicio, no están a la altura de los principios y valores por los que confiaron en el proyecto muchos madrileños y españoles supone “un auténtico honor”.

Toscano e Ignacio Ansaldo apoyaron a Ortega Smith, mientras que Cabello y Fernando Martínez Vidal se alinearon con la dirección nacional. La división llegó al Pleno de Cibeles, donde los cinco concejales comenzaron a votar por separado ante la imposibilidad de materializar el relevo del portavoz. Vox abrió expedientes disciplinarios a Ortega Smith y, posteriormente, a Toscano y Ansaldo por respaldarle. Los tres acabaron expulsados del partido. Ortega Smith pasó a ser concejal no adscrito después de que la Justicia rechazara suspender cautelarmente su expulsión. La cadena de acontecimientos siguió con sus dos aliados, y ahora una de ellas se despide prometiendo no mirar atrás: “Dimito por segunda vez. Y última”.

El túnel de Sol de Cercanías volverá a cerrar este fin de semana entre las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. El corte, previsto para este sábado 5 y domingo 6 de septiembre, obligará a modificar el servicio de las líneas C-3 y C-4 debido a las obras de transformación que se están llevando a cabo en Atocha Cercanías.

Será, además, el segundo y último fin de semana de interrupciones previsto en este tramo, después del cierre registrado los pasados días 29 y 30 de agosto. Durante estos dos días, la estación de Cercanías de Sol permanecerá cerrada y los trenes de las líneas afectadas tendrán cabeceras provisionales en las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios.

En concreto, Atocha funcionará como estación de inicio y final de los servicios de las líneas C-3 y C-4, mientras que Nuevos Ministerios será también cabecera provisional para los trenes de la C-4. Los viajeros que dispongan de un título de transporte válido de Cercanías podrán utilizar, además, los servicios regulares de los autobuses de la EMT de Madrid.

El cierre forma parte de las últimas obras de transformación de Atocha Cercanías que todavía interfieren en la circulación ferroviaria a través del túnel de Sol. Los trabajos se han concentrado durante el verano, aprovechando el descenso habitual del número de viajeros durante el periodo estival para reducir las molestias a los usuarios.

La actuación permitirá implantar una nueva distribución de las vías en Atocha Cercanías, que pasará de la actual configuración 4+3+3 a un modelo 4+4+2. De esta forma, las vías 1 a 4 quedarán destinadas al túnel de Recoletos, las 5 a 8 al de Sol y las 9 y 10 al de Embajadores.

Según las previsiones, esta nueva configuración permitirá aumentar a partir de octubre hasta un 33% la capacidad del túnel de Sol, lo que beneficiará directamente a los usuarios de las líneas C-3 y C-4. También se pretende mejorar la fluidez del servicio durante la hora punta de la mañana, entre las 6.00 y las 9.00 horas, y facilitar la gestión del tráfico ferroviario ante posibles incidencias.

El proyecto de transformación de Atocha Cercanías cuenta con una inversión global cercana a los 56 millones de euros e incluye actuaciones como la conexión de los túneles de Embajadores y Sol, la ampliación del andén 5, la creación de nuevas vías y la adaptación de los sistemas de señalización, seguridad y control del tráfico. La estación registró el pasado año más de 82 millones de pasajeros.