El Sporting Hortaleza nació hace 62 años gracias al impulso de un grupo de aficionados al fútbol con más ilusión que medios, pero el club todavía no ha disputado ninguna temporada en categoría profesional o semiprofesional. El único equipo de fútbol que lleva el nombre de este popular y populoso distrito al norte de Madrid con más de 200.000 habitantes jamás ha alcanzado, de hecho, una competición nacional. Hasta ahora se había limitado a la Categoría Preferente o la inmediatamente superior Primera Autonómica, ambas organizadas la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM). Pero el próximo jueves 29 de octubre se enfrentará a un gigante del fútbol español, el gran dominador de la segunda competición continental en importancia: el Sevilla Fútbol Club.

Es la magia de la Copa del Rey, que después de la remodelación de su formato en los últimos años facilita que clubes de categoría regional se acaben topando con los totems del balompié. El camino no ha sido sencillo para esta entidad que disputa sus partidos en el polideportivo Sporting Hortaleza, con capacidad para apenas 400 espectadores. Primero tuvo que imponerse en la Copa RFFM, cuya final disputó en junio ante el Club Atlético Valdeiglesias. Más tarde venció al Atlético Unión Güímar, de Tenerife, en una ronda previa rodeada de polémica.

Después del 1-0 del partido disputado en Madrid el 27 de septiembre, el club de Hortaleza iba a disputar la vuelta el 4 de octubre en el Estadio Municipal Tasagaya-José Ramos de la localidad de Güímar. Antes del inicio del encuentro, el autobús del equipo madrileño fue apedreado por individuos con el rostro cubierto, unos actos que fueron grabados por los ocupantes del vehículo.

Minutos más tarde, los futbolistas del Sporting se retiraron del terreno de juego antes del comienzo del partido por un enfrentamiento con la plantilla rival. El conjunto madrileño consideró que no se daban las condiciones necesarias para garantizar su seguridad y permanecieron en los vestuarios hasta la llegada de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Según denunció el conjunto madrileño, los integrantes de su expedición fueron recibidos en el campo por personas encapuchadas que portaban navajas. Explicaron también que un futbolista recibió el lanzamiento de una botella de plástico. El técnico del Atlético Unión Güímar contó una versión diferente en la Televisión Canaria: “Nos han lanzado botellas, una le ha dado a un miembro de mi staff. A mí también me ha agredido un miembro de su cuerpo técnico”. Lo cierto es que el encuentro llevó a un nuevo nivel la tensión ya manifestada en la ida y todavía sigue abierto un expediente disciplinario para estipular posibles sanciones.

Finalmente, el encuentro se jugó una semana más tarde, el 11 de octubre. Fue a puerta cerrada y en otro recinto, el estadio El Peñón de Puerto de la Cruz, también en Tenerife. El partido llegó al descuento con un resultado de 3-2 que lo abonaba a la prórroga, hasta que un discutido penalti convertido por Alfredo Alhambra en el minuto 14 de añadido puso el definitivo 3-3 que clasificó a los madrileños.

Mudanza puntual en un día para la historia

Una auténtica odisea que tiene como premio el partido del próximo jueves frente al Sevilla, uno de los único nueve clubes nacionales que sabe lo que es ganar la Liga y el máximo campeón histórico de la UEFA Europa League con siete títulos (tres de ellos cuando todavía era conocida como Copa de la UEFA). Eso sí, la cita llegará con mudanza transitoria mediante, ya que por motivos de logística y aforo la eliminatoria se disputará en el Estadio Municipal El Val de Alcalá de Henares. Un recinto con capacidad para más de 7.000 espectadores donde la Real Sociedad Deportiva Alcalá (el habitual equipo local) se enfrentará también en esta ronda de Copa a la Unión Deportiva Las Palmas, en su caso el martes 27.

El club de Hortaleza no oculta su ilusión en redes sociales, como ha compartido en una publicación en Instagram: “Un rival histórico. Un escenario para soñar. Una oportunidad para demostrar que, cuando la ilusión y el orgullo de todo un club caminan juntos, no hay desafío demasiado grande. Hemos llegado hasta aquí creyendo, luchando y soñando. Y ahora, ante nosotros, se abre un capítulo que jamás olvidaremos. Lo que hace un año parecía un sueño lejano, ahora es una realidad”.

Aunque se espera la llegada de entre 500 y 1.000 sevillistas, el Sporting confía en que esta vez la jornada sea completamente festiva y también ha utilizado sus redes para llamar a “vivir este partido desde la ilusión, el respeto y la deportividad, nunca desde la confrontación”. Ese 29 de octubre el equipo cambiará el habitual barro de los campos de barrio, el que cubría la superficie de sus instalaciones hasta que en 2008 llegó el césped artificial, por una infraestructura de nivel ante la atenda mirada de las cámaras de televisión.

En su web, la entidad deportiva destaca esa mejora de las dotaciones como uno de los grandes logros de Miguel Romón, su presidente desde 2007 (así como vocal de la RFFM). Su directiva apostó por hacer del Sporting, citando a otro gran equipo, más que un club de fútbol. En 2010, comenzó a funcionar la sección de atletismo dentro de su organigrama, con objeto de “dedicar un espacio a todos aquellos jóvenes que no tenían tanta afinidad con el fútbol dentro del distrito”. Cinco años más tarde, pusieron en marcha la sección de fútbol femenino. Se adelantaron un lustro a un gigante como el Real Madrid, que no apostó por ello hasta 2020 tras absorber al Club Deportivo Tacón.

Aunque si algo ha caracterizado al Sporting estas seis décadas ha sido su papel como cantera del fútbol en Hortaleza, tanto para chavales que luego han pasado a clubes más poderosos como para otros que han podido disfrutar del deporte como una forma de ocio saludable durante años. El club dispone de categoría mini, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil.

Sobre los mayores, Romón recordaba en una entrevista reciente en El Diario de Sevilla la modestia con la que afrontan el encuentro ante los hispalenses: “Ni siquiera estamos en una categoría nacional, sino regional. A pesar de que estemos aquí en la Copa del Rey y parezca que estamos muy arriba, nuestro sitio es otro. Pues vamos a por el milagro. En el fútbol siempre hay milagros”. Solo queda una semana para comprobar si el Sporting llega del barro al cielo.

El Centro Cultural Benjamín Palencia del Ensanche de Vallecas no ha resistido las primeras lluvias del otoño. Las precipitaciones registradas en Madrid el pasado 6 de octubre provocaron la inundación de las instalaciones de este equipamiento municipal, inaugurado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida el pasado mes de abril, y obligaron a cerrar su auditorio. El incidente se produjo, además, apenas cuatro días después de que abriera al público la biblioteca integrada en el mismo edificio, un servicio que los vecinos llevaban dos décadas reclamando.

Fue la propia Junta de Villa de Vallecas la que informó de la clausura a través de sus redes sociales el 7 de octubre, un día después de las lluvias. “El auditorio del Centro Cultural Benjamín Palencia permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”, señalaba el mensaje, acompañado de una disculpa a los usuarios por las molestias ocasionadas. Más de dos semanas después, el espacio continúa clausurado, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Madrid a Somos Madrid, sin que por el momento exista una fecha para su reapertura.

El cierre afecta al auditorio situado en el semisótano del edificio, un espacio equipado con escenario, camerinos, sala de ensayo y almacén. Debido a las lluvias, el foso quedó cubierto de agua hasta la mitad de la escalera y tanto la zona de butacas como el escenario estaban mojados, por lo que el personal tuvo que subir el telón a unas sillas para que no se mojase.

El color del agua era oscuro, ya que se había mezclado con tierra o suciedad y llegó hasta los baños de esta planta del centro cultural. Los servicios se inundaron hasta cubrir prácticamente el váter y el rastro del agua dejó el suelo lleno de barro.

Según explica el Ayuntamiento, la inundación se produjo por una saturación de la red de saneamiento enterrada en la zona de camerinos y escenario, debido a la intensidad de las precipitaciones concentradas en pocos minutos. El Consistorio apunta también a la posible existencia de “algún pequeño tapón o atasco” en uno de los tramos de la instalación como factor que pudo contribuir a la acumulación de agua.

Los servicios municipales están analizando tanto la red exterior de alcantarillado público como la acometida y el saneamiento interior del edificio. Por el momento, aseguran no haber encontrado problemas de diseño que expliquen por qué el agua no pudo evacuarse hacia el pozo exterior y mantienen cerrado el salón de actos mientras determinan si será necesario acometer obras para mejorar la red de saneamiento y aumentar su capacidad de evacuación. Precisan que el resto del centro cultural puede seguir funcionando con normalidad, ya que dispone de accesos independientes y, según su valoración, el problema se ha limitado a la zona de camerinos y escenario.

Fuentes cercanas al centro cultural aseguran que el edificio abrió sus puertas sin que las obras estuvieran completamente terminadas. Según explican, durante las primeras labores de mantenimiento de las instalaciones todavía quedaban trabajos pendientes y ya se habían detectado numerosas goteras. Estas mismas fuentes apuntan a que los problemas de filtraciones y la forma en la que discurre el agua por el edificio habrían favorecido su acumulación en el auditorio hasta provocar la inundación.

El cierre afecta a un equipamiento que tenía por delante un mes de octubre cargado de actividades culturales. Solo en el auditorio estaban previstas nueve propuestas entre representaciones teatrales, conciertos, espectáculos infantiles y proyecciones cinematográficas. Entre ellas figuraban un tributo musical a ABBA el 9 de octubre, la representación de Nuestros peores amigos el día 16, una sesión de cine con Hotel Transylvania el 17 y el espectáculo infantil Frankenstein el 18.

La programación también incluía para los próximos días un concierto de Dúo Liquid Jazz el viernes 23, la proyección de Coco el sábado 24 y una doble cita para Halloween, el 31 de octubre, con la película La novia cadáver y la representación teatral de Las brujas de Salem. A falta de información municipal sobre la situación actual del auditorio, se desconoce qué actividades han podido celebrarse, cuáles se han suspendido y si las próximas actuaciones podrán desarrollarse con normalidad.

Daniel Ayuso, vecino de Vallecas y número dos de la lista de Más Madrid encabezada por Rita Maestre para las elecciones municipales de 2027, ha denunciado en declaraciones a este periódico tanto las condiciones del edificio como el modelo de gestión de los equipamientos culturales del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. “Almeida es incapaz de hacer ni una sola cosa bien en los barrios. Empezando por su modelo de mercantilizar los espacios culturales para que los privados hagan caja, hasta construir una biblioteca que, a la primera de cambio, se inunda, porque se inauguró el pasado 2 de octubre”, afirma.

Ayuso recuerda que el Ensanche de Vallecas llevaba dos décadas sin este equipamiento y critica que el proyecto haya terminado reuniendo en un mismo edificio dos servicios que considera insuficientes para las necesidades del barrio. “Desde que es alcalde, Almeida ha ido modificando todos los proyectos de bibliotecas y centros culturales, reduciendo el espacio destinado a bibliotecas, que no dan dinero, e incrementando el espacio para centro cultural, cuya gestión privatiza”, sostiene.

El representante de Más Madrid considera que esta fórmula responde a una apuesta del Gobierno municipal por la rentabilidad económica frente a las necesidades vecinales. “En vez de buscar la rentabilidad para las vecinas y vecinos del barrio, el PP busca el beneficio económico para los de siempre, los privados”, afirma.

En el caso del Centro Cultural Benjamín Palencia, la gestión de los talleres y la programación cultural se ha externalizado mediante un contrato que el Ayuntamiento de Madrid licitó en marzo de 2025. La Junta Municipal de Villa de Vallecas fijó un presupuesto base de 511.881,70 euros y un valor estimado de 864.478,62 euros para un periodo de 23 meses, desde octubre de 2025 hasta agosto de 2027.

Ambos lotes fueron adjudicados a la misma empresa, Tritoma S.L., por un importe conjunto de 448.207,13 euros, IVA incluido. De esa cantidad, 289.872,14 euros corresponden a los talleres y los 158.334,99 restantes a la programación cultural, que incluye conciertos, representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas y actividades infantiles.

Dos décadas esperando un equipamiento

El Centro Cultural Benjamín Palencia reúne tres servicios diferenciados: un auditorio para representaciones teatrales, conciertos y otras actividades, una zona destinada a talleres y una biblioteca municipal. Esta última, inaugurada el pasado 2 de octubre, ocupa una superficie de 750 metros cuadrados dentro de un edificio que supera los 3.600. “Es lo que ha hecho aquí en el Ensanche, uno de los barrios de Madrid con más población joven y donde llevábamos esperando 20 años este equipamiento. Pues esa biblioteca se ha quedado al final en una planta de libros dentro de un centro cultural, todo un desprecio a las reclamaciones vecinales y de las asociaciones”, critica Ayuso.

El vallecano insiste en que las demandas del barrio no pasan por elegir entre una biblioteca, un centro cultural o un polideportivo, sino por disponer de todos estos servicios. “Hablamos de barrios que necesitan todos estos equipamientos, porque las viviendas en el Ensanche, como en todos los nuevos desarrollos, llegaron antes que los servicios públicos”, señala. En este sentido, también cuestiona el desarrollo urbanístico de Valdecarros, impulsado por el Ayuntamiento, al considerar que sus futuros habitantes acabarán utilizando unos servicios públicos que ya resultan insuficientes para la población actual del Ensanche de Vallecas.

La Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas ya criticaba el resultado del proyecto meses antes de que el centro abriera sus puertas. En noviembre de 2025, el colectivo recordaba que el edificio estaba llamado a ser una gran biblioteca, concebida a partir de un proceso participativo en el que habían intervenido vecinos y vecinas. “Y en esto ha quedado gracias al Ayuntamiento de Madrid: un centro cultural con biblioteca, auditorio y sala de ensayo, vaya, un todo en uno y poco de nada, en un espacio bastante limitado”, lamentaba la asociación.

La presidenta del colectivo, Rosa María Pérez, trasladaba a este periódico el pasado mes de enero la decepción de parte del vecindario con el resultado. “Nosotros particularmente nos sentimos engañados”, afirmaba. Según explicaba, la propuesta inicial para la parcela era construir una biblioteca y, durante el mandato de Manuela Carmena, se había desarrollado un proceso participativo para decidir cómo debía ser. Sin embargo, el proyecto acabó transformándose en un equipamiento que combina distintos servicios culturales.

“El Ensanche de Vallecas es un barrio con más de 56.000 habitantes que, hasta el momento, no tiene ningún equipamiento cultural y el primero que construyen es una mezcla, nace pequeño y se ubica en una esquina del barrio”, señalaba Pérez. La asociación advertía especialmente de la falta de espacio para estudiar, ante el crecimiento de la población joven del barrio. “Siempre son bienvenidos los nuevos equipamientos, pero va con retraso y es claramente insuficiente”, añadía.

Noviembre llegará este año con una sorpresa para algunos trabajadores madrileños. El calendario laboral llega con dos puentes consecutivos al comienzo del mes, gracias a la coincidencia de dos festividades que caerán en lunes. La primera afectará a toda la Comunidad de Madrid, mientras que la segunda será exclusiva de la capital.

El primero de estos descansos llegará el lunes 2 de noviembre, jornada declarada festiva en toda la región por el traslado del Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, que este año cae en domingo. Así, quienes tengan libre el fin de semana podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre.

Apenas una semana después llegará el segundo puente, aunque en este caso solo podrán disfrutarlo los trabajadores del municipio de Madrid. El lunes 9 de noviembre será festivo local por la celebración de la Almudena, patrona de la ciudad. La fecha permitirá enlazar otros tres días libres, desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre.

Los descansos de noviembre no serán los últimos del año. El calendario laboral madrileño reserva otro puente especialmente atractivo para diciembre, cuando la celebración del Día de la Constitución, el 6 de diciembre, coincida con un domingo.

El festivo se trasladará al lunes 7 de diciembre, justo antes del Día de la Inmaculada, que caerá el martes 8 de diciembre. De esta manera, los trabajadores que tengan libre el fin de semana podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre. Será una de las últimas oportunidades de 2026 para disfrutar de varios días libres seguidos antes del día de Navidad, que este año caerá en viernes.

Son habituales de la Plaza de Oporto, en el corazón de Carabanchel. Allí se plantan entre un quisco a la salida del metro y la amplia terraza de un bar conocido. En pleno cruce de caminos. “¡Dios te ama! ¡En este mundo individualista es cuando más debemos acercarnos a él!”, exclama al micrófono, conectado a un altavoz gigante que replica su voz por toda la zona. Los predicadores evangélicos se han convertido en otro elemento del paisaje en el distrito, el más poblado de Madrid y que en los últimos años ha experimentado un boom de población latina. Especialmente de Colombia o Perú, según datos del Ayuntamiento.

Sin ser la primera vez, uno de sus barrios volvió a acoger un fin de semana a cientos de jóvenes trajeados, especialmente chicos pero también mujeres; y otros tantos adultos u oradores que asistían a una convención internacional vinculada a la Iglesia Evangélica. “Lo importante no es hacerte parte de la multitud. Lo importante es acercarte y tocar a aquel que puede hacer el milagro en tu vida. ¡Que puede salvar tu alma de esta noche!”. Una voz desgarrada y envuelta en música clásica crea un ambiente épico. Se solapa con las imágenes de multitudes trajeadas, ondeando banderas de distintos países en un estadio de techos altos. Y de pronto, una cuenta atrás: “Ya casi está aquí”.

Es el vídeo promocional distribuido por la IPUE, la Iglesia Pentecostal Unida en Europa, una rama de la Iglesia homóloga en Colombia y con representantes en otros puntos del continente. Llaman a sus fieles en España o a quienes puedan acudir a una convención internacional en el Palacio de Vistalegre, uno de los edificios más icónicos del distrito y donde son habituales los actos más variopintos: desde los conciertos de k-pop hasta históricos mítines de Podemos o la ultraderecha, pasando por las reuniones religiosas en un barrio cada vez más evangelizado.

Para muchos, especialmente dentro de la comunidad migrante que se concentra en Carabanchel, supone de primeras un espacio de reunión con otros compatriotas, que como ellos han cruzado fronteras y se mantienen lejos de su familia. Otros, especialmente desde determinados espectros políticos, lo ven como un impulso a ideas conservadoras y un nicho latente de potenciales votantes. Y a algunos vecinos de la zona, como Hugo, simplemente les resulta un tanto extraño.

“Son los que están normalmente a la salida del Metro de Oporto, ¿no?”, pregunta para asegurarse. Hace más de una década que vive en una de las calles más próximas, que desemboca en la gran avenida del General Ricardos. Compró ese piso con su expareja y desde entonces habitúa los bares “de abajo”, muchos de ellos frente a la plaza en el Valle del Oro, como se conoce al cruce de caminos en ese punto de Carabanchel.

Todo el entorno está en plena transformación por obras, en un plan integral de la Junta Municipal del Distrito para modernizar el barrio y venderlo a la francesa como un nuevo Montmartre, centro neurálgico del arte, los locales de música o la vida bohemia. Pero desde hace unos años, cruzarse con predicadores en plena calle a última hora de la tarde, especialmente en ese foco de tránsito, se ha convertido en otra característica del lugar. “La primera vez que los vi me sorprendió mucho, porque no era algo que estuviera acostumbrado a encontrarme precisamente en España. Pensé que era raro dar con algo así en mi barrio”, cuenta Hugo sobre aquellos encuentros de vuelta a casa.

Desde entonces –habla de los primeros años postpandemia– le cuesta concretar una periodicidad para dar con ellos, pero suele verlos cada poco tiempo y casi siempre en la misma zona. “Supongo que es normal que busquen hueco en los lugares con más tránsito. Yo siempre los veo desde el Yakarta [un bar junto a la plaza de Oporto], y es verdad que al principio usaban más los megáfonos. Pero ya no lo veo tanto, no sé si les habrán llamado la atención”, explica en conversaciones con Somos Madrid. Al final, tiene sus conclusiones: “Yo creo que lo más polémico, o lo que nos puede parecer a muchos de primeras, es que hay una cierta intromisión en el espacio público, ¿no?”.

“Muchísimos chicos en traje”

“Madrid ya es una ciudad bastante ruidosa y está muy saturada. Incluso yendo en el metro te encuentras a predicadores, vendedores o músicos ambulantes dentro, y ahora cuando sales también puedes seguir oyendo estas consignas religiosas”, añade Hugo, que fija entre las siete y las ocho de la tarde la hora clave: es cuando más veces encuentra a estos predicadores en Oporto. El último fin de semana, con motivo de la convención internacional de la Iglesia Pentecostal Unida, el cajero del supermercado que hay en el acceso sur del Palacio de Vistalegre, con una zona comercial, contaba que esos días entraban “muchísimos chicos en traje” a comprar comida entre charlas.

“Es algo religioso, creo; pero qué curioso que tengan que asistir así vestidos, como si ninguno tuviera un origen humilde”, cuestiona al otro lado del mostrador Andrés, que trabaja en turno de mañana y es también es migrante argentino. Utiliza un nombre ficticio. “Venimos por la gracia de Dios”, es lo poco que revela uno de los jóvenes a la salida del supermercado. Porta bajo el brazo una ensalada césar plastificada y dice haber encontrado un “refugio” al “aislamiento” en la Iglesia Evangélica Salem, una comunidad cristiana en la calle del Cidro, Carabanchel, que también ha promocionado en redes sociales su participación en el congreso del IPUE. Así que él celebra este tipo de encuentros como una forma de “reunirse con Dios y mis hermanos”.

Y sin embargo, el dossier informativo que los organizadores han colgado en su página web ya enlaza en su tercera página (las dos primeras son la portada y el índice) una opción de alojamiento de manos de una empresa privada, Aparthotel Encasa. Esta compañía gestiona hoteles de tres estrellas en otra zona de Madrid, el distrito de Vicálvaro; para lo que se da un precio estimado de entre 164 y 180 euros, dos noches. Vicálvaro está a casi una hora y media en transporte público del Palacio de Vistalegre, y sin embargo aparece a la cabeza del menú.

En la misma página se marca una distancia de 45 a 50 minutos en transporte público desde los apartahoteles, y menos de media hora en coche. Lo segundo es fácilmente comprobable, aunque pocas combinaciones de Metro o Cercanías permiten reducir la distancia. A lo largo de once páginas, el despliegue de alojamientos turísticos, promociones directas de Airbnb, más de una decena de hoteles de distinto rango (buena parte de ellos de la cadena NH, una multinacional española con precios de entre 300 y 400 euros para compartir habitación las dos noches.

“Nuestros servicios se caracterizan por estar impregnados de la presencia de Dios, con alabanzas y enseñanzas bíblicas. Tanto si eres un hermano en Cristo o un amigo con inquietudes, nuestra misión es asistirte, instruirte y guiarte en tu camino espiritual”, especifica la entidad promotora del evento evangélico, la Iglesia Pentecostal Unida de Europa, en su propia presentación pública. Aunque el evangelismo, una corriente protestante que rechaza autoridades católicas como el Papa o el Vaticano, es una confesión religiosa minoritaria también es de las que más lugares de culto concentra en España.

Según un catálogo elaborado en 2023 con datos del Registro de Entidades Religiosas y el Observatorio del Pluralismo Religioso, esta fe contaba con 4.322 espacios y 3.524 entidades presentes en el país. Dentro de la misma corriente, su rama pentecostal se distingue por un uso de la música, la predicación o el refuerzo de las comunidades apelando a emociones o experiencias personajes (ajenas a figuras aparentemente inalcanzables) que, a la larga, crea lazos entre sus fieles.

Su implantación entre la población latinoamericana no se explica únicamente por las creencias que los migrantes traen de sus países de origen. Las iglesias se prestan como redes de apoyo para quienes llegan a una ciudad nueva y se hallan lejos de su entorno: ofrecen amistades, acompañamiento, ayuda en situaciones difíciles e incluso contactos útiles. Pero el fenómeno tiene también una dimensión ideológica.

Hay movimientos evangélicos pentecostales que defienden posturas ultraconservadoras respecto a temas como el aborto, los roles de género o el modelo de familia. Algunos de sus líderes religiosos, como la “apóstol” Yadira Maestre, han estrechado públicamente sus relaciones con representantes del PP y la derecha política.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha exigido al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que duplique el cuerpo de inspectores urbanísticos y que en el plazo de un mes revise los anuncos ilegales de alquileres de temporada, que ha cifrado en 6.523 citando al Ministerio de Consumo. Así lo ha trasladado a los medios de comunicación junto a su homóloga en la Asamblea, Manuela Bergerot, y el 'número 1' del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado.

Este mismo viernes el Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy ha exigido a dos plataformas que publicitan viviendas de uso turístico que retirasen los anuncios fraudulentos -6.523 en la capital- tras aprobarse los decretos de vivienda en la Comisión Permanente del Congreso.

La convocatoria ha tenido lugar en el número 4 de la calle Mancebos donde, ha indicado Maestre, se está produciendo un “enorme fraude de ley”, porque en el edificio durante los 8 años de Mandato de Almeida “han operado 32 pisos turísticos ilegales”.

“Tenían órdenes de cierre que Almeida puso, pero después no se preocupó de perseguir y, por tanto, operaron, repito, durante ocho años en un completo fraude de ley”, ha lanzado. Estos dueños cambiaron en busca de “la siguiente escapatoria” para utilizar los inmuebles como “negocios” y operan actualmente como alquileres de temporada. Algo que desde hace dos semanas “viola” los reales decretos.

Ante ello ha insistido en la responsabilidad de Almeida. “Tiene un mes para revisar de oficio esos alquileres de temporada y para comprobar si efectivamente cumplen las condiciones o si son otro fraude de ley y, por tanto, tiene que cerrarlos de forma inmediata”, ha insistido la portavoz municipal.

Maestre ha puesto en el foco que Almeida “redujo a la mitad” al llegar al Gobierno local el cuerpo de inspectores para “reducir a la mitad las inspecciones a los pisos turísticos ilegales” y que, por ello, en sus mandatos “más de 15.000 han seguido operando de forma ilegal”.

Sobre los anuncios, ha destacado que tiene listados y geolocalizados todos estos alquileres de temporada y que el Ministerio le ha aportado los datos, por lo que ahora tiene que, “de oficio”, revisar los contratos y “recolorcarlos de nuevo en el mercado residencial” cuando sean fraudulentos.

La afición del Rayo Vallecano ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el cierre del fondo del Estadio de Vallecas situado sobre la zona de vestuarios, acordado como sanción por el lanzamiento de aviones de papel durante el partido contra el Athletic Club del pasado 10 de octubre.

En la demanda, a la que tuvo acceso Europa Press, los aficionados consideran que la medida constituye “un castigo colectivo” que vulnera sus derechos fundamentales, al dejar sin acceso a sus localidades a abonados a los que no se atribuye ninguna conducta irregular.

El escrito, que según los promotores constituye la primera ocasión en que una afición organizada lleva a la Federación ante los tribunales por esta vía, ha sido presentada por la Federación Madrileña de Peñas del Rayo Vallecano, diez peñas rayistas y 22 abonados de la grada afectada, mediante el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona.

El recurso se dirige contra el acuerdo del Comité de Disciplina de la RFEF del 14 de octubre, que ordenó el cierre de la grada durante un partido y encargó al club identificar los bloques y localidades afectados. La multa de 6.000 euros impuesta al Rayo Vallecano no forma parte de la impugnación, y el club figura únicamente como parte interesada.

Los demandantes sostienen que, aunque formalmente la sanción recae sobre la entidad deportiva, sus consecuencias “las sufren los abonados, que pierden el acceso a sus asientos sin que se les atribuya ningún hecho, sin haber sido escuchados en el procedimiento y sin que el club pueda reubicarlos en otras zonas del estadio”.

La afición alega la vulneración de cuatro derechos constitucionales: el principio de legalidad y de personalidad de las sanciones, la presunción de inocencia, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y el principio de igualdad. En relación con la presunción de inocencia, la demanda señala que no existen pruebas individualizadas contra los abonados afectados. Según el acta del encuentro, los autores de los lanzamientos fueron identificados como seguidores locales por su indumentaria y sus cánticos, mientras que el cierre de la grada se acordó antes de determinar desde qué localidades se habían lanzado los aviones de papel.

Asimismo, los recurrentes cuestionan que los aficionados no hayan podido intervenir en el procedimiento y que la decisión sobre las localidades afectadas se haya dejado en manos del propio club sancionado. También denuncian un trato desigual, al sostener que el acta recoge lanzamientos desde distintos sectores del estadio y que no consta desde dónde se produjo el que precedió a la suspensión del encuentro, pese a que las consecuencias se concentran en una única grada.

La demanda añade que ya existen actuaciones dirigidas contra presuntos responsables individuales. En concreto, la Comisión Estatal contra la Violencia ha propuesto prohibir el acceso a los estadios a doce personas, mientras la Policía continúa identificando a participantes a través de las imágenes.

Los aficionados defienden que las medidas disciplinarias deben dirigirse contra quienes hayan cometido los hechos y no contra el conjunto de una grada. Para respaldar su posición, invocan el Convenio de Saint-Denis del Consejo de Europa, la recomendación de 2025 de su comité sobre prohibiciones colectivas y una declaración suscrita en Madrid el 3 de septiembre de 2026 por la UEFA, clubes, ligas y representantes de los aficionados europeos.

Junto con la demanda, los recurrentes solicitaron como medida urgente la suspensión del cierre antes del partido previsto para este sábado 24 de octubre. Sin embargo, en su primer pronunciamiento, el TSJM ha considerado que, dada la proximidad del encuentro, no había tiempo para adoptar la medida cautelar solicitada y ha dejado para el análisis del fondo del asunto las posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

Según los promotores de la demanda, el tribunal reconoce además que los perjuicios ocasionados a los abonados pueden tener carácter económico y ser susceptibles de resarcimiento. La afición ha presentado un recurso de reposición para solicitar que se revise la decisión, mientras el procedimiento judicial continúa su curso.

Los demandantes consideran que la resolución inicial evidencia la dificultad de obtener una revisión judicial efectiva antes de que se ejecute una sanción de estas características, acordada el 14 de octubre y prevista para el encuentro del día 24. En su demanda solicitan que el tribunal declare que la RFEF ha vulnerado los derechos fundamentales de los afectados, anule el cierre de la grada y reconozca el derecho de los abonados a no perder el acceso a sus localidades por hechos que no se les atribuyen.

De forma subsidiaria, piden que sea la propia Federación la que delimite los bloques afectados tras escuchar a los abonados y examinar las grabaciones del encuentro. Como segunda alternativa, reclaman que, al menos, se permita reubicar a quienes no participaron en los incidentes.

La afición considera que el procedimiento puede sentar un precedente para otros clubes y categorías, al plantear si una federación deportiva puede acordar el cierre de una grada dejando sin acceso al estadio a espectadores a los que no se atribuye ninguna infracción. Los promotores sostienen que las sanciones consistentes en clausurar sectores de los estadios se repiten cada temporada en el fútbol español, mientras que los abonados afectados no suelen intervenir en los procedimientos disciplinarios que las originan.

La defensa de los aficionados está dirigida por el abogado Javier Flores, quien ha participado en distintas causas ciudadanas en Madrid, entre ellas recursos relacionados con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, el Plan Reside sobre viviendas de uso turístico y actuaciones vinculadas al scalextric de Puente de Vallecas.

Cada mes de octubre, Madrid recupera por unas horas una de sus antiguas vías pecuarias. Más de 1.400 ovejas y cabras volverán a recorrer las calles del centro de la capital este domingo, 25 de octubre, con motivo de la XXXIII Fiesta de la Trashumancia. El rebaño partirá de la Casa de Campo a las 11.00 y llegará a la plaza de la Villa, donde los pastores entregarán los tradicionales 50 maravedís por el paso del ganado, conforme a la Concordia de 1418.

La edición de este año presenta cambios en el itinerario habitual. Los animales no atravesarán la Puerta del Sol ni llegarán a la plaza de Cibeles, donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de Madrid, debido a la acampada instalada desde hace semanas en el kilómetro cero de la ciudad. En su lugar, el recorrido discurrirá por otras calles del centro, con la plaza de la Villa como uno de sus principales puntos de encuentro.

La fiesta se celebra en Madrid desde 1994, aunque en 2024 tuvo que cancelarse por la enfermedad de la lengua azul. Su objetivo es reivindicar la conservación de las vías pecuarias como corredores ecológicos y poner en valor la trashumancia y la ganadería extensiva, prácticas que contribuyen a preservar la biodiversidad, prevenir los grandes incendios forestales y mantener la actividad económica en el medio rural.

La iniciativa también recuerda el derecho de los rebaños a transitar por los terrenos de dominio público, reconocido en la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias. En España, esta red de caminos ganaderos suma unos 125.000 kilómetros y ocupa alrededor de 420.000 hectáreas. Su protección está vinculada a una tradición histórica que se remonta, entre otros hitos, a la creación del Honrado Concejo de la Mesta por Alfonso X en el siglo XIII.

En esta XXXIII edición, la Fundación Trashumancia y Naturaleza aprovechará la declaración de 2026 como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores por parte de la FAO para destacar la importancia de estos ecosistemas y de las comunidades que los mantienen. Además, la Comunidad de Madrid ha declarado recientemente la trashumancia Bien de Interés Cultural por su valor histórico, arquitectónico, etnográfico y paisajístico.

Recorrido

El rebaño, integrado por 1.250 ovejas de las razas castellana, rubia de El Molar y entrefina, además de 160 cabras guisanderas y de Guadarrama, estará guiado por los miembros de la Fundación Trashumancia y Naturaleza.

La salida tendrá lugar a las 11.00 desde la Casa de Campo. Desde allí, los animales pasarán por el Puente del Rey, la Cuesta de la Vega y la calle del Duque de Nájera antes de continuar por la calle Mayor hasta la plaza de la Villa, donde se prevé su llegada en torno a las 11.25 horas.

En la plaza de la Villa, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, junto a otros representantes municipales, recibirá a pastores, mayorales, rabadanes y ganaderos. Durante el acto se leerá la Concordia de 1418, acuerdo entre los representantes de la Mesta y el Concejo de la Villa que regulaba el paso del ganado. Después, los pastores entregarán los llamados 50 maravedís al millar, el pago tradicional por utilizar los caminos ganaderos y cruzar los términos municipales.

La jornada continuará con el paso del rebaño por la plaza Mayor, la calle de Toledo, la plaza de la Cebada, la Carrera de San Francisco y la calle de Bailén. Desde allí, regresará por la calle Mayor, la Cuesta de la Vega y el Puente del Rey hasta la Casa de Campo, antes de dirigirse a los rediles de la zona de Valdueza. La celebración contará también con grupos ataviados con trajes regionales, músicos y bailes tradicionales.

Horarios a tener en cuenta

Estos son los horarios orientativos del recorrido del rebaño por Madrid este domingo 25 de octubre:

Cortes de trafico

La celebración provocará restricciones al tráfico el domingo 25 de octubre, entre las 10.00 y las 13.00 horas, aproximadamente. Los cortes afectarán a los siguientes puntos y vías:

Actividades gratuitas en Casa de Campo

Además del recorrido por el centro de la ciudad, la Fiesta de la Trashumancia incluye actividades divulgativas organizadas por el Centro de Educación Ambiental Casa de Campo para acercar al público la ganadería extensiva, los oficios vinculados a la lana y el valor de los pastizales.

El programa comenzó el pasado fin de semana con un seminario digital sobre el papel ecológico de los pastizales y una jornada dedicada a la agroecología y el pastoralismo. Las actividades continuarán entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre con propuestas para distintos públicos, como recorridos junto al rebaño, demostraciones de oficios tradicionales, talleres artesanales y actividades infantiles.

Entre las citas previstas figuran la exhibición de hilado y torcido de lana, el paseo “Pastores por un día”, en el que las familias podrán acompañar al rebaño durante su jornada de descanso, y varios talleres para aprender técnicas de hilado y afieltrado. La programación incluye también el cuentacuentos SOS lana, centrado en el reciclaje textil, un taller de quesos artesanos de la Comunidad de Madrid y dos exposiciones sobre el patrimonio de las vías pecuarias y la riqueza de los pastizales del Sistema Central.

Puedes consultar el programa completo de actividades a continuación:

Viernes, 23 de octubre

Sábado, 24 de octubre

Domingo, 25 de octubre

“Hola, te adjunto la nueva TGR [Tasa de Gestión de Residuos] que debéis pagar. Es el primer año que el Ayuntamiento de Madrid nos lo pone a todas las viviendas. Esto os corresponde pagarlo a vosotros. Hacedme una transferencia. Yo ya lo he pagado. Gracias”. Un mensaje como este es el que David recibió en su móvil hace un año. El propietario de su piso, en el barrio de Atocha y el distrito de Arganzuela, le emplazaba así a abonarle de manera inmediata la nueva tasa de basuras introducida por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

Pese a que esta partida no aparece en su contrato, por entonces vigente desde tres años antes y ahora cuatro, el casero les amenazó. “Si me venís con pegas ya sabéis que tengo gente esperando para entrar cuando pasen los cinco años y que lo puedo subir bastante. Sois buenos chicos, pero no os pongáis pesados”, les dijo, según ilustra David. Finalmente, él y sus tres compañeros de piso optaron por ceder. No todos coincidían, lo cual causó alguna tensión interna, pero prefirieron no estirar más la tensión y abonar alrededor de 150 euros entre los cuatro.

Un año después, el arrendador ha vuelto a la carga. Esta vez, tras llegar a un acuerdo para renovar su alquiler más allá de 2027 (aunque todavía sin actualizar el documento incluyendo la nueva tasa), le hicieron el ingreso sin rechistar. “Es muy fuerte que me tenga que hacer cargo de algo que no está en mi contrato, pero que mi casero me obliga a pagar”, lamenta David. La legislación les ampara: el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos señala que, para que los tributos que correspondan a la vivienda (caso de la tasa de basuras) sean a cargo del arrendatario, en el contrato “deberá constar por escrito”. Todas las fuentes jurídicas consultadas por Somos Madrid coinciden en este análisis: aunque sea un recibo asociado al consumo del hogar, si no aparece recogido expresamente en el acuerdo en vigor no puede repercutir en el inquilino.

Los caseros se aprovechan de nuestro miedo. Saben que la ley suele estar de su parte, pero cuando no lo está, pueden tirar de la posición de poder que tienen frente a nostros que somos más precarios

Es por ello que en el piso de David hubo división entre quienes se plantearon insistir al casero e incluso recurrir legalmente y quienes optaban por evitar el conflicto. Finalmente, ante la complicada crisis habitacional que atraviesa la ciudad y todo el país con unos precios disparados, se impuso la segunda postura. “Los caseros se aprovechan de nuestro miedo. Saben que la ley suele estar de su parte, pero cuando no lo está, pueden tirar de la posición de poder que tienen frente a nosotros que somos más precarios”, expone.

Las armas del inquilino: la letra pequeña del contrato o los decretos de vivienda

Antes de acordar no batallar por esos cientos de euros que creen que el casero les ha “robado”, David estuvo pensando recurrir al Sindicato de Inquilinas. En su web, la organización dedicada un artículo a las dudas generadas por la entrada en vigor de esta tasa. “Es cierto que el propietario puede repercutir la cuota sobre las inquilinas, pero solo si se cumplen dos condiciones, ambas necesarias: que se haya pactado expresamente en el contrato de alquiler y que el contrato además especifique el importe anual de la tasa”, indican. La segunda de ellas no encuentra el mismo consenso que la primera entre las fuentes consultadas por este medio. En la Sentencia 1637/2025, el Tribunal Supremo determinó que la tasa de basuras es un gasto individualizado de la vivienda. Por tanto, no sería obligatorio que conste el importe exacto anual en el contrato en el momento de la firma para que la cláusula sea válida, siempre que exista el acuerdo expreso.

Es decir, la tasa debe aparecer especificada en el contrato, pero este precedente despeja el camino a que no sea preciso indicar un importe concreto o aproximado. Incluso así, el casero de David no contaba con justificación legal alguna para imponer que se la abonaran. “Puedes negarte a pagarlo argumentándolo legalmente. En este caso, recomendamos hacerlo siempre por algún medio escrito para dejar constancia de los motivos de la negación”, aconseja el Sindicato ante esa coyuntura, además de afiliarse a la organización para desarrollar “estrategias para defendernos”. Para nuevos contratos, animan a negociar en la medida de lo posible. Y si no hay margen, “tener claro que la omisión de la tasa nos favorece, haciendo que podamos defender la inaplicabilidad de la cláusula”. Esto es, sacar partido a los descuidos del propietario.

Los inquilinos cuentan con una herramienta añadida en uno de los decretos de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre. En lo que respecta a la renovación de contratos, otorga una vía para no introducir nuevas obligaciones al inquilino, pero vigente solo en unas zonas tensionadas que las administraciones madrileñas se niegan a declarar: “En ningún caso podrán fijarse nuevas condiciones contractuales que supongan la repercusión al arrendatario de cuotas, gastos generales, servicios, impuestos, tasas, cánones, contribuciones especiales u otros conceptos análogos que no estuviesen recogidas en el contrato anterior”.

Otro punto referido a nuevos contratos se extiende, además de zonas tensionadas, a viviendas gestionadas por un gran tenedor (persona física o jurídica con más de diez inmuebles) y sí es, por tanto, aplicable a algunos inquilinos madrileños: “La renta pactada no podrá exceder del límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia atendiendo a las condiciones y características de la vivienda arrendada y del edificio en que se ubique, sin que, en ningún caso, puedan fijarse nuevas condiciones contractuales que supongan la repercusión al arrendatario de cuotas, gastos generales, servicios, impuestos, tasas, cánones, contribuciones especiales u otros conceptos análogos que, directa o indirectamente, impliquen superar el límite máximo de renta aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia”.

El Ayuntamiento no se posiciona ni en casos de abuso: “Se la pasamos al propietario. Hasta ahí”

El Sindicato de Inquilinas recuerda asimismo cómo la agencia tributaria del Ayuntamiento de Madrid ha apuntado que “con carácter general la persona obligada al pago es la propietaria del inmueble”. Pese a ello, la postura oficial del Consistorio tanto al preparar y anunciar el nuevo recibo como ante las consultas sobre el asunto de este diario es mucho más tibia. Al ser preguntados sobre si el Ejecutivo municipal se plantea publicar alguna guía oficial en la que los inquilinos puedan ampararse cuando los caseros pretendan imponerles el pago, o establecer canales de mediación para estas situaciones, desde el área de Economía y Hacienda son escuetos: “Nosotros se la pasamos al propietario, que es el titular. Hasta ahí”. El alcalde sí que ha declarado en repetidas ocasiones que hay circunstancias en las que los caseros lo pueden repercutir en los inquilinos.

La respuesta municipal no va más allá, quizá porque todo lo relacionado con la tasa ha sido ya un auténtico quebradero de cabeza para el equipo de Almeida. En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó los recursos interpuestos por varias instituciones y organizaciones contra la Ordenanza Fiscal 8/2024 del Ayuntamiento de Madrid y la declaró nula de pleno derecho. La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que se produjo “una infracción sustancial de las normas” al omitir durante el trámite de información pública parte esencial del informe técnico-económico que servía de base para la determinación de la tasa. En concreto, no se incorporaron ni publicaron los anexos relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas, a juicio de la Sala imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo.

El fallo judicial abre la puerta a que las 130.000 personas que reclamaron en su día puedan obtener su devolución, aunque para ello la sentencia tendrá que ser firme y actualmente el Tribunal Supremo estudia el último recurso del Ayuntamiento para evitar la anulación. Las personas que no se sumaron a la reclamación no podrán beneficiarse en ningún caso. “Mi casero ya podría haberlo hecho antes de obligarnos a pagar. Nos lo habríamos ahorrado los dos”, lamenta David.

Almeida se ha zafado de las críticas por este laberinto legal argumentando que la tasa ha sido impuesta por instancias superiores, apuntando al Gobierno central, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez sostiene que solo traspone una normativa comunitaria. En muchos municipios pagos similares ya estaban vigentes, con mecanismos más afinados que no han desembocado en cálculos tan polémicos. Es el caso de Rivas, donde la existencia de una empresa pública de basuras o un reciclaje proporcionalmente mayor repercuten en una tasa media un 60% inferior a la de la capital: 55 euros por 141.

Tendrían que solicitar la declaración de zonas tensionadas en la ciudad de Madrid, algo a lo que siempre se han negado [en el Ayuntamiento]. Prefieren proteger los intereses del mercado y el privilegio de unos pocos

Sara Ladra — Concejala de Más Madrid y portavoz del partido en la Comisión municipal de Hacienda

Sara Ladra, edil de Más Madrid, planteó la cuestión en la comisión municipal de Hacienda el pasado martes. “¿Van a seguir incumpliendo la ley o aplicarán el Real Decreto que prohíbe repercutir a los inquilinos de zonas tensionadas impuestos vinculados a la vivienda?”, inquirió a la edil del ramo, Engracia Hidalgo. “Si quisieran cumplir la legalidad y aliviar la carga que soporta la gente trabajadora, hubieran incluido los cambios oportunos en las ordenanzas fiscales de 2027 para impedir que los propietarios trasladen tasa de basuras o IBI a sus inquilinos, pero no lo han hecho. También tendrían que solicitar la declaración de zonas tensionadas en la ciudad de Madrid, como ya lo han hecho más de 317 municipios en España, algo a lo que siempre se han negado. Prefieren proteger los intereses del mercado y el privilegio de unos pocos”, criticó Ladra. Hidalgo rechazó de nuevo cualquier actuación encaminada a amparar a los inquilinos.

Los caseros que cargan la tasa de basuras en los residentes, con amparo legal o sin él, verán cómo en paralelo consiguen un ahorro por importes en algunos casos similares gracias a la rebaja del IBI recientemente anunciada por Almeida. El Impuesto de Bienes Inmuebles quedará en el 0,4%, el mínimo legal y el nivel más bajo de todo el país junto a Santander y Zaragoza, para una cifra media de 143 euros (aunque sensiblemente mayor en los inmuebles más caros, también los que más disminuirán). Con ello, la recaudación bajará en 31 millones de euros hasta los 245, mientras este año la de la tasa de basuras ha subido siete hasta los 303 millones. No habrá tampoco gravamen más elevado a dueños de pisos turísticos, como permite la legislación nacional. Preguntado por si el propietario les ha planteado reducir el alquiler o no subirlo cuando toque gracias a esta medida, David se ríe: “No tenía ni idea, pero ya te digo que no va a pasar”.

El polémico caso del Plan Vive

Pero la tasa de basuras no solo llega a quienes soportan un alquiler debido a la avaricia de los caseros. La coyuntura se da también en programas de vivienda impulsados por administraciones públicas como la Comunidad de Madrid. Paradigmático es el caso del Plan Vive, iniciativa público-privada de alquiler asequible en la que el Gobierno regional cede suelo público a empresas privadas para construir y gestionar viviendas con rentas hasta un 30% más baratas que las de mercado. Sergio Montero, presidente de la Asociación de Inquilinos del Plan Vive y vecino de una promoción de Valdebebas, lleva meses denunciando que este modelo de “privatización al uso” se ve lastrado porque el Ejecutivo autonómico “no pone coto a la gestión tributaria o el modelo de explotación de las compañías”.

Denunciar es un camino largo y costoso en un contexto, el del alquiler, donde el tiempo siempre juega en contra. Es muy posible que en cinco años no se resuelva nada y probablemente ya no seguirás en la vivienda cuando pasen

Sergio Montero — Presidente de la Asociación de Inquilinos del Plan Vive

Así, aunque viven en un suelo de titularidad pública, deben afrontar una fuerte carga impositiva que incluye el IBI o los gastos de comunidad mientras “la concesionaria no paga nada”. Respecto a la tasa de basuras, Sergio explica que “todo lo generado en la superficie no ya de las casas, sino del bloque en su conjunto, se divide entre los vecinos”. Esto, dice, genera “un nivel de vulnerabilidad muy grande”. El decreto de vivienda mitigará esta situación, ya que prohíbe que gastos extra como garaje o trastero impliquen una subida extra sobre el precio inicial de la vivienda que acabe suponiendo un esfuerzo mayor del 30 o 35% de los ingresos para inquilinos de planes asequibles.

“La mayor parte de gente llega un poco engañada. La Comunidad de Madrid pone su cara como comercializadora y cuando empiezan a llegar notificaciones de una empresa privada salta la liebre. Tenemos un borrador de contrato que podemos ver sin todos los importes y luego tenemos 48 horas para consultar el que está completo antes de firmar. A eso hay que añadir que el 90 o 95% de inquilinos no pueden ver su piso antes de entrar”, alerta Sergio.

Apunta por último una circunstancia compartida por todos los arrendatarios y que explica la complejidad de llevar todas estas situaciones a la vía jurídica o administrativa: “Denunciar es un camino largo y costoso en un contexto, el del alquiler, donde el tiempo siempre juega en contra. Es muy posible que en cinco años no se resuelva nada y probablemente ya no seguirás en la vivienda cuando pasen”. Una circunstancia que los propietarios aprovechan mientras él, como David, solo pretende “estar salvaguardado” en su casa.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza de los cuatro detenidos por la Guardia Civil por el asesinato en mayo de E. C., la heredera de Almacenes Cobián, histórica mercería de la plaza de Pontejos. Según fuentes jurídicas mencionadas por Europa Press, a uno de los detenidos también se le imputa un delito de encubrimiento y todos serán investigados por un delito robo con fuerza en una casa habitada a la vez que el de homicidio o asesinato.

El martes, los agentes capturaron a estos sospechosos por el homicidio el pasado 6 de mayo de esta mujer en Galapagar. La víctima tenía 80 años y era la sucesora del negocio en la Plaza de Pontejos. A dos de los detenidos se les interceptó en esa misma localidad, mientras que los otros dos fueron hallados en Madrid y Villajoyosa según un comunicado de la Guardia Civil.

Entre los detenidos están los supuestos autores materiales del asesinato, y para esclarecer los hechos se han llevado a cabo tres registros domiciliarios en Galapagar. Todo ocurrió en una vivienda dentro de la finca de la anciana, en la calle Mandril (zona residencial de La Navata) de Galapagar. Allí se estima que irrumpieron, al menos, tres personas que amordazaron, maniataron y agredieron a la anciana hasta provocarle tales lesiones que acabaron con su vida.

Horas más tarde, ya sobre las 9.40 horas de la mañana, varios trabajadores de la finca se percataron de que un cristal de la vivienda estaba roto e intentaron contactar sin éxito con la propietaria. En ese momento, contactaron con el abogado de la víctima, que tenía llaves del domicilio y consiguió abrir la puerta, encontrando en el interior el cuerpo sin vida de la mujer. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Summa 112 que no pudieron más que confirmar el deceso. Aunque el interior del inmueble estaba revuelto, no se ha echado en falta ningún objeto de valor, por lo que el asalto podría estar motivado con la existencia de una posible caja fuerte donde la anciana guardara dinero.

A pesar de que las primeras estimaciones apuntaron a que los sospechosos podrían haber huido por la puerta principal por la que previamente habían entrado, las investigaciones de la Guardia Civil apuntan ahora a que en realidad podrían haber abandonado el lugar por un acceso lateral de la finca. Desde allí, habrían avanzado unos pocos metros hasta una vereda por la que discurre el río Guadarrama.

Durante las últimas semanas, los encuentros del Sindicato de Inquilinas de Madrid con la prensa se han producido en ambientes de convulsión, tensión e incluso dramatismo. El desahucio de Maricarmen, las protestas que le siguieron, el inicio de la acampada en Sol, la aprobación y caída de los decretos de vivienda. Las portavoces de la organización atendían a los numerosos medios que se agolpaban a su alrededor con declaraciones potentes, pero sin tiempo para la reflexión ante la voraz actualidad.

Aunque las tiendas siguen en Sol y la crisis habitacional continúa ahogando a millones de familias, el Sindicato ha celebrado este jueves en el Ateneo La Maliciosa una jornada en la que trasladar a la opinión pública de forma más pausada sus estrategias, sus objetivos y los medios para materializarlos. Todo ello con un horizonte claro: la huelga general convocada el miércoles 11 de noviembre.

“Ahora mismo el Sindicato está poniendo todas sus fuerzas en organizar la huelga con los comités unitarios, además de retomar el sindicalismo inquilino y las asambleas abiertas en los barrios. Apoyamos la acampada y a los militantes participan, aunque no tengamos un puesto permanente ya, pero la prioridad es construir la huelga porque creemos que es la herramienta ideal”, ha comenzado explicando Alicia del Río, portavoz. Han acudido además Elisa Molina, de la Comisión de Organización; Álvaro Piélago, responsable de prensa y Lucas Vázquez, coordinador de comunicación del Comité de Huelga de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (la cual ha pasado en pocos meses de integrar solo Madrid y Catalunya a sumar una quincena de territorios).

Del “impacto” de los sindicatos mayoritarios a la “alianza natural” con otras organizaciones

Del Río ha querido atajar “la desinformación y los bulos contra la huelga”, de la cual “todos los actores se la van a intentar apropiar, más en medio de unas elecciones”. Pese a destacar el crecimiento de su organización y toda la Condeferación en el país, recalca que “vivienda y salario dos caras de la misma moneda, así que para lograr el impacto deseado necesitábamos a los sindicatos, también los mayoritarios”. No obstante, admite que sus “alianzas naturales” son organizaciones “más combativas”, como CNT, CGT o entidades ecologistas y antirracistas. El fin último es que la huelga sirva de “golpe de toda la sociedad contra un sistema rentista que nos destroza la vida en comunidad, también a los propietarios que ven cómo su edificio se llena de pisos turísticos o los amigos de sus hijos se tienen que ir del cole”. De hecho, Elisa Molina apunta que “la huelga general y la educativa, con sus particularidades, deben entenderse como una”.

Preguntada por dónde quedó la propuesta de impulsar una gran huelga de alquileres, muy pregonada en las movilizaciones pro la vivienda de 2024, la portavoz no la rechaza de plano más adelante: “No nos despedimos del objetivo, pero entendemos que la problemática no está despegada de lo laboral y de ahí que la huelga general sea la herramienta más efectiva. Dejar de pagar el alquiler es una herramienta histórica olvidada que pusimos sobre la mesa para que las inquilinas sepan que pueden dar la vuelta a la tortilla. De momento lo hemos probado parcialmente y contra rentistas concretos, como el fondo Nestar”.

“Que las casas pasen de ser un bien de mercado a un derecho no lo podríamos conseguir solos, necesitamos un proyecto que unifique luchas. Reforzar alianzas con el sindicalismo laboral u organizaciones de barrio sirve para lograr más poder. Si conseguimos victorias sin un frente realmente fuerte, desplazaríamos los costes del capitalismo a otro sector. Hay que recuperar herramientas históricas de la clase trabajadora que nos unen”, defiende Alicia del Río. El propósito es también “extender el sindicalismo de base a sectores que no estaban tan organizados, como la juventud o la población migrante, para forjar un ciclo de poder popular ante el descrédito de las instituciones”.

Reforzar alianzas con el sindicalismo laboral u organizaciones de barrio sirve para lograr más poder. Si conseguimos victorias sin un frente realmente fuerte, desplazaríamos los costes del capitalismo a otro sector

Alicia del Río — Portavoz del Sindicato de Inquilinas

Desde el Sindicato insisten en que se trata de “una huelga contra el sistema rentista y contra los gobiernos que lo sustentan, las instancias a su servicio tanto por obra como por omisión”. Al ser preguntada sobre la apropiación de sus reclamaciones por parte de los partidos de izquierda en un contexto electoral, la activista reconoce que eso está ocurriendo, al tiempo que opta por focalizar sus esfuerzos en otras luchas más que en desacreditar la apropiación de su lucha: “Intentamos no perder el tiempo y medir qué medios tenemos para que nuestro mensaje cale”. “En función de si una comunicación o un mensaje en redes se sale de un marco u otro se nos respalda o se nos acusa. Para nosotros lo importante es poner las reclamaciones de vivienda en el centro”, destaca Álvaro Piélago.

Sobre el papel de CCOO y UGT, Elisa Molina indica que hay “sectores que dependen mucho de ellos para un respaldo masivo”, por lo que esperan que sigan volcados con la movilización. Avanza que en la mesa sindical están presentes representantes de EMT, Metro o la educación, donde esperan seguimientos masivos al margen de los servicios mínimos. “Esta huelga es unitaria y de carácter popular, no le pertenece a ninguna organización. Los sindicatos somos una herramienta de servicio”, setencia.

Ambición de “generar una conversación pública” alrededor de la huelga

Una vía hacia el paro que se articula con mecanismos con una web recién creada o una apliación donde pueden consultarse, entre otros datos, los comités de huelga desplegados por todo el país. “Es una herramienta importante para animar a participar en la huelga a personas que quieren y no saben cómo, de conectar a gente separada”, subraya Molina.

El primer portal recoge además referentes históricos de otras huelgas, un seguimiento interactivo de piquetes o actos de divulgación e incluso argumentarios sectoriales para convencer a personas pertenecientes a diversos colectivos (desde pensionistas hasta estudiantes) sobre por qué deben sumarse a los paros y las manifestaciones. Piélago espera que la huega del 11N “genere una conversación pública, aunque sea desde la discrepancia, como pasó después del desahucio de Maricarmen”.

Sobre lo que vendrá más allá de la huelga, además de un gran acto que preparan en Vistalegre el día 15 de noviembre o de la variable electoral dos semanas después, Alicia del Río alerta de una amenaza externa y una interna. El primero tiene que ver con la ola reaccionaria: “Un Gobierno con fascistas implica estar más a la defensiva, pero nuestra tarea es animar a luchar, difundir el mensaje de que votar es importante pero no es suficiente”. El segundo, con el temor de repetir los errores de organizaciones que encauzaron la indignación en etapas anteriores: “El mayor riesgo es correr tanto que perdamos la distancia con la base, convertirnos en una cúpula de listos”. Así avanzan en su objetivo de parar el país: desde una rabia modesta.

Más zonas verdes y azules para Madrid. El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) se extenderá por Carabanchel después del puente de Todos los Santos, a partir del martes 3 de noviembre. Esa es la fecha elegida para poner en marcha dos nuevas zonas con parquímetros en los barrios de San Isidro y Opañel, ha aprobado este jueves el Ayuntamiento en su Junta de Gobierno.

En total se pintarán 3.161 plazas de estacionamiento en ambos barrios, de las que solo el 6% serán azules -destinadas a los visitantes- mientras que el resto serán verdes. De esta forma se alcanzarán más de 183.000 plazas reguladas en trece distritos de Madrid, informan fuentes municipales. La ampliación forma de parte del plan municipal para llevar los parquímetros a 28 barrios de la capital, con dos votaciones abiertas en la zona de Ciudad Lineal.

En el caso de Opañel, la ampliación no afecta a todo el barrio ya que el perímetro se extiende por las calles de Oporto, Antonio Leyva, General Ricardos, Mercedes Arteaga y Portalegre. En el barrio de San Isidro se trata de la segunda fase de la extensión de los parquímetros, cuyo perímetro lo marcan el paseo de San Illán, Puente de Toledo, General Ricardos y Comuneros de Castilla.

Los empadronados en estos barrios que quieran aparcar a partir del 3 de noviembre han de solicitar la autorización de estacionamiento de residente. Lo pueden hacer llamando al 010 o en la página web de las zonas SER. También en cualquiera de las oficinas de atención a los ciudadanos de Línea Madrid o en la Oficina Especializada de la calle Bustamante, 16. El Ayuntamiento de Madrid está desarrollando estos días una campaña de comunicación a través de correos electrónicos y SMS, carteles informativos en las comunidades de vecinos y dípticos con información.

La ampliación del Ser en Carabanchel llega después de que el 74% de los residentes que participaron en la votación abierta en Decide Madrid dieran su visto bueno a la medida.

La mayoría de vecinos de las zonas aledañas se mostró sin embargo contrario a la implantación, algo que entra dentro de la lógica pues se reducirá su espacio para el aparcamiento a partir del 3 de noviembre. En el caso de la otra parte de Opañel que no entra en esta ampliación, sin embargo, también votaron a favor de ampliar el SER, lo que abre la puerta al Ayuntamiento a extender en el futuro aún más las calles por donde pintará las plazas para residentes y visitantes.

“Si no se denuncia, el Ayuntamiento no va a hacer ninguna inspección”. Con esta lapidaria frase el concejal del PSOE dedicado al Urbanismo, Antonio Giraldo, animaba esta mañana al vecindario madrileño a presentar denuncias contra los miles de pisos turísticos que operan de forma ilegal en Madrid. Para que sea más fácil que actualmetne, los socialistas han desarrollado una página web que simplifica el proceso hasta el punto en el que es posible denunciar un Airbnb sin licencia en tan solo tres minutos.

La aplicación se llama Stop VUT ilegales y enlaza en una misma página el listado de Viviendas de Uso Turístico (VUT) con licencia municipal con el formulario para denunciar una ilegalidad ante la inspección urbanística en el caso de que no la posea. El vecino que desee usarla puede introducir la dirección y el número de una calle donde conozca actividad turística sospechosa para comprobar la existencia de licencia urbanística para ejercer esa actividad. Si no dispone de ella, el sistema avisa y crea una serie de mensajes para rellenar la solicitud ante el Ayuntamiento.

El denunciante puede pinchar en ese momento el botón de presentar denuncia telemática, que le llevará al procedimiento municipal para hacerlo. Luego solo necesita registrarse con su certificado o sistema Clave para acceder al formulario de denuncia. Los mensajes que ha de escribir los puede copiar en las instrucciones que detalla la web del PSOE, donde aparecerá automáticamente la calle, el número y el piso buscado. El proceso es muy rápido, aunque se puede extender aportando documentación y más detalles sobre el espacio denunciado.

“Madrid necesita menos propaganda y más control”, ha denunciado Reyes Maroto en la presentación de esta herramienta. La portavoz del Grupor Municipal Socialista ha defendido que con su aplicación ofrece “soluciones concretas a un problema que afecta cada vez a más barrios de Madrid”.

Según las últimas cifras publicadas por plataformas de vigilancia de anuncios turísticos como Inside Airbnb, actualmente se anuncian en Madrid 13.860 pisos turísticos, de los que 1.219 tienen licencia municipal. Esto arroja más de 12.000 negocios ilegales de este tipo en la capital. Frente a este enorme volumen, el área de Urbanismo asegura que el año pasado logró cerrar solo 323 pisos turísticos sin licencia.

“No basta con modificar las normas, hay que vigilar su cumplimiento”, ha exigido Maroto al alcalde, del que critica su escasa capacidad de sanción. Según datos ofrecidos por el PSOE, el consistorio solo cuenta a día de hoy con 16 inspectores urbanísticos con capacidad para sancionar. “Almeida debe dejar de proteger los intereses de los fondos buitre”, ha afirmado.

La portavoz socialista también ha hecho un llamamiento a los madrileños “para comprobar y denunciar” los pisos turísticos y que se conviertan en “los protagonistas de la defensa de sus barrios” ante la dejación municipal. “Madrid tiene que ser una ciudad para vivir, donde los vecinos no sean expulsados para hacer sitio a los turistas”, ha reclamado.

“Entendemos que esto ha sido una decisión totalmente política y por ello se ha procedido a llevar a cabo el cierre de la estación”. Con esta contundente acusación los sindicatos que componen el comité de empresa de Metro de Madrid se han referido este miércoles en un comunicado a la clausura durante el pasado viernes y sábado de la parada del suburbano bajo la Puerta del Sol, una decisión que tomó la Comunidad de Madrid mientras acusaba a los acampados en la plaza de haber ensuciado las instalaciones de este transporte público.

“Queremos manifestar nuestro más profundo sentimiento de malestar ante la forma en la que se ha comunicado y gestionado el cierre”, dicen en el comunicado en el que reiteran que se enteraron “por la prensa” de la clausura, pese a que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunció que lo ejecutaba a petición de los propios sindicatos. “Este hecho resulta difícil de justificar y supone una falta de respeto hacia la representación legal de trabajadores, cuya función debe ser tenida en cuenta en cualquier situación que afecte a la seguridad, la salud laboral y el funcionamiento de nuestra empresa”, se quejan.

El comunicado, que firman UGT-FESMC Metro, Sindicato Libre Metro de Madrid, Solidaridad Obrera y CC.OO., apunta a “una opacidad total por parte de la dirección de Metro”, que solo facilitó las mediciones con las que justificó el cierre cuando este ya se había producido, además de efectuarlas sin presencia de los delegados de prevención de riesgos laborales. “Más aun tratándose de algo tan grave como lo que se ha querido hacer creer a la ciudadanía para justificar el cierre unilateral de la estación de Sol”. A la misma hora que las instalaciones dependientes de la Comunidad estaban clausuradas, el servicio de Cercanías -que gestiona el Gobierno central- estaba abierto por no haber registrado problema alguno de salubridad.

Los sindicatos explican en el mismo comunicado la existencia de episodios anteriores de contaminación que no motivaron ningún cierre de estación en la red: “Hemos tenido casos de polvo en suspensión con mediciones de VLA por encima de los valores, obras con un ruido y polvo que hacían imposible la prestación de servicio, gas radón con resultados en varios puntos de muestreo hasta tres veces superiores a lo establecido, amianto, etc, y nunca se ha tomado la decisión, ni siquiera se ha planteado el cierre de ninguna estación ni depósito por estos motivos”.

“Entendemos que al final esto ha sido una decisión totalmente política” -aseguran en el escrito- “de ahí, los mensajes por megafonía que decían que la estación de Sol estaba cerrada temporalmente para realizar labores de limpieza por la generación de residuos por parte de la acampada y teleindicadores diciendo que la culpa era de la acampada ilegal, cuando incluso la justicia ha declinado la solicitud de urgencia de desalojo de la plaza”.

Los representantes de los trabajadores consideran que “no se puede politizar un transporte público que pagamos entre toda la ciudadanía con nuestros impuestos, independientemente de nuestro color político” y ponen otro ejemplo de esta subjetividad, como cuando se enconraron con una nota en la agenda de los responsables de sector sobre una manifestación “antiperroflaS”, escrita de forma oficial, lo que contraviene a su juicio el código ético de la compañía.

Este es el texto completo del comunicado, que los sindicatos han difundido en redes sociales:

La figura de Maricarmen sobrevolará el Pleno que el Ayuntamiento de Madrid celebrará el martes de la semana que viene. Lo hará por una proposición que el Grupo Municpial Socialista llevará al resto de partidos con representación en Cibeles, para debatir sobre un homenaje a la anciana de 87 años que murió hace dos semanas en el hospital, al que llegó después de ser desahuciada.

El texto de la proposición, al que ha tenido acceso este periódico, insta al Gobierno municipal a instalar en el bulevar de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, a la altura del número 46, una placa conmemorativa en memoria de María del Carmen Abascal Martín, vecina de nuestra ciudad “y símbolo de la crisis de la vivienda”.

La propuesta no incluye el texto de la placa sino que pide promover un proceso participativo, a través de la plataforma Decide Madrid, “que tenga en cuenta la participación de su familia, las asociaciones vecinales del distrito de Retiro, el Sindicato de Inquilinas, las entidades sociales en defensa del derecho a la vivienda y el conjunto de la ciudadanía”. El homenaje debería recoger, a juicio de los socialistas “tanto la memoria de Maricarmen como el compromiso de la ciudad con la defensa del derecho a la vivienda”.

El PSOE pide ubicar la placa en el bulevar donde se instaló hace unos días un altar en memoria de la fallecida y no en el propio edificio de la que fue su casa durante siete décadas. Lo hace porque las placas situadas en las fachadas del edificio requieren el acuerdo de la comunidad de vecinos afectada, lo que en este caso sería difícil al formar parte Urbagestión de este grupo de propietarios.

Justo después del desahucio alguien colocó de forma anónima una placa de este tipo en memoria de Maricarmen junto al portal de entrada de la que era su casa, que fue retirada poco después. Después de su fallecimiento, decenas de personas crearon un altar espontáneo en el bulevar junto a su casa con mensajes, flores y otros detalles de recuerdo. El lugar fue arrasado durante el pasado fin de semana, pero unos días después las vecinas de Maricarmen volvían a dejar mensajes en torno al árbol que antes los había acogido.

“Su caso se ha convertido en un símbolo de la crisis de la vivienda y ha provocado una movilización social en Madrid y en el resto de España en defensa del derecho a la vivienda y contra la especulación”, explican desde el PSOE sobre la relevancia de la figura a la que propone homenajear. “Ese lugar se ha convertido en un espacio de memoria, afecto y reivindicación; un símbolo del dolor que provoca perder un hogar y de la exigencia colectiva de que el derecho a la vivienda sea una realidad”, apuntan para defender su propuesta.

Un hombre de 80 años ha fallecido este miércoles atropellado por una moto en una calzada del distrito madrileño de Latina. El arrollamiento le ha causado un traumatismo craneoencefálico severo y una posterior parada cardiorrespiratoria, que ha terminado provocándole la muerte.

Los hechos se han producido sobre las 11.30 horas en la calle Maqueda, ubicada entre Empalme y Campamento. Hasta allí se han trasladado sanitarios de Samur-Protección Civil para practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima. Sin embargo, después de 40 minutos intentando reanimarle, finalmente los sanitarios tan solo han podido confirmar el fallecimiento del anciano.

La Unidad Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid se ha encargado del atestado e investiga ahora las circunstancias del suceso para aclarar el lugar exacto por el que cruzó el anciano.

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ya preserva en su museo un auténtico tranvía FIAT PCC, modelo que contó con un total de 160 unidades en Madrid y que, según la gran mayoría de fuentes históricas, recorrió las calles capitalinas entre 1944 y 1972. EMT Madrid ha adquirido el tranvía FIAT PCC 1134, una pieza única que ahora se integra en el patrimonio histórico atesorado por la empresa municipal en su museo. El consistorio ha pagado 100.000 euros por él.

El tranvía fue trasladado a Madrid mediante grúa y con medidas especiales. Se trata de un vehículo imprescindible para entender la historia del transporte público de superficie en la capital que, precisamente, se inició con la llegada de los primeros tranvías en 1871. Los madrileños que quieran disfrutar de esta experiencia podrán acercarse al Museo de EMT Madrid los sábados, domingos y festivos hasta el 28 de noviembre en horario de 11:00 a 12:30 y de 16:30 a 18:00 horas. La presencia de estos vehículos en las calles madrileñas se prolongó 101 años y, entre finales del siglo XIX y principios del XX, fue el único modo de transporte público colectivo para los madrileños.

Esta pieza única de gran valor patrimonial deberá someterse a los correspondientes trabajos de adecuación y rehabilitación de su exterior e interior en los talleres de la empresa municipal, aunque su estado actual es más que aceptable, puesto que el hasta ahora propietario ha ejecutado una restauración de la carrocería del vehículo y una reparación completa de los sistemas eléctrico, neumático y mecánico, lo que le permite estar 100 % operativo, conservando todas sus piezas y equipamientos originales gracias a los trabajos de mantenimiento y las inversiones realizadas desde 2016.

El tranvía FIAT PCC 1134, fabricado en la factoría CAF de Zaragoza bajo patente italiana de FIAT, tiene una capacidad para 100 viajeros (26 asientos y 74 plazas de pie) y una longitud de 13,35 metros. Este vehículo se puso en servicio en 1959 y formó parte del grupo de los cuatro últimos tranvías que prestaron servicio en junio de 1972 en las líneas 70 (Plaza de Castilla-San Blas) y 77 (Cruz de los Caídos-Ciudad Pegaso).

La variedad de modelos y tipos de tranvías que recorrió las calles de Madrid fue muy amplia a lo largo de un siglo, pero, sin duda, uno de los modelos más emblemáticos (y el que está más presente en la memoria de los madrileños por ser el más reciente) es el FIAT PCC, el único modelo que compró directamente EMT Madrid para su flota. Por regla general, los tranvías que finalizaban su ciclo de vida útil en Madrid eran achatarrados y no se conservaba ninguna pieza para la posteridad. Solo gracias al entusiasmo de algunos coleccionistas privados, cinco tranvías de entonces fueron puestos a buen recaudo: cuatro quedaron en manos de particulares y un quinto, un modelo belga Charleroi, está expuesto actualmente en el vestíbulo de la estación de metro de Pinar de Chamartín.

El Museo de EMT Madrid, que alberga una colección más de 40 vehículos históricos, ya contaba en su colección con una maqueta a tamaño real de un tranvía, fabricada en madera de forma muy fiel, que reproduce el aspecto exterior de un modelo Charleroi. El tranvía FIAT PCC vuelve a Madrid después de 54 años y, con su presencia en las instalaciones del Museo de EMT Madrid, contribuirá a vertebrar la línea histórica expositiva de la muestra. El delegado de Movilidad, Borja Carabante, ha asistido a la presentación del tranvía en compañía del presidente de la EMT.

Madrid se subió al tranvía en 1871 con la puesta en funcionamiento del primer servicio regular de transporte público colectivo: la línea de ‘tram-vía’ (traducción literal del inglés tram-way) entre la Puerta del Sol y el barrio de Salamanca, traccionada por animales. Décadas más tarde, a finales de los años 1930, algunos fabricantes europeos adquirieron la patente de los tranvías PCC para su fabricación en Europa, después de que las primeras unidades ya estuvieran funcionando en Estados Unidos. Una de esas empresas fue la italiana Compañía General de Electricidad (CGE), que estaba asociada con la FIAT. Así comenzó la fabricación de este modelo en las instalaciones del fabricante transalpino, en la ciudad de Turín.

El Ayuntamiento de Madrid adjudicó a FIAT la fabricación y suministro de un total de 50 unidades en noviembre de 1941, cuando aún no estaba constituida EMT Madrid y los tranvías eran explotados por la entonces Sociedad Madrileña de Tranvías (SMT). La llegada de los primeros PCC data del año 1944 y, posteriormente, en la década de 1950, se fabricaron en España otros 110 tranvías del mismo tipo expresamente para la empresa municipal. La numeración 1134 de este legendario PCC ha quedado para el recuerdo de un siglo en el que los tranvías fueron protagonistas de la estampa del Madrid de antaño.

El 1 de junio de 1972, este característico modelo prestó servicio por última vez y se recogió en las cocheras de la empresa municipal de Fuencarral. Así se ponía punto final a toda una época y se cerraba el periodo tranviario de 1947 a 1972, años en los que EMT Madrid gestionó la flota de tranvías, mientras iba en aumento la presencia de los autobuses urbanos circulando por la ciudad.

Para despedir a estos últimos tranvías con todos los honores, un año antes, el 31 de mayo de 1971 y coincidiendo con el centenario de la inauguración de la primera línea de tranvía en Madrid, la empresa municipal organizó un evento conmemorativo en las calles de la ciudad y el ‘elegido’ fue precisamente el 1134, el que ya se exhibe en el Museo de EMT Madrid.

La Delegación del Gobierno investigará la actuación de la Policía Nacional en la protesta espontánea frente al Palacio de Santoña del pasado lunes. La concentración reclamaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sentarse a negociar con los colectivos educativos en huelga de la región. Los testimonios recopilados por este diario denunciaron las “violentas” cargas de los agentes, que según los docentes y estudiantes congregados comenzaron sin ninguna actuación hostial previa por su parte, con el objetivo de despejar los accesos y que la dirigente madrileña pudiese abandonar la zona.

El delegado del Gobierno de España en Madrid, Francisco Martín, se reunió en la tarde del martes con el Comité de Huelga representante de los trabajadores y trabajadoras de Educación, poco antes de una nueva una manifestación desde la propia sede de Delegación al Gobierno a la de la Consejería de Educación. Martín les trasladó el compromiso con “la protección del ejercicio de los derechos fundamentales de huelga y reunión”, según trasladan a este medio fuentes del órgano que dirige. El encuentro tuvo lugar justo antes de una manifestación de protesta contra los excesos policiales.

Martín ha confirmado la apertura de una investigación interna sobre la actuación policial que tuvo lugar el lunes a las puertas de la Cámara de Comercio de Madrid. El delegado ha defendido la “profesionalidad con la que la Policía Nacional actúa en nuestras calles”, con la existencia de “garantías” para que cuando se pueda producir “alguna intervención no justificada o desproporcionada”, esta situación “sea analizada de inmediato y se adopten, en su caso, las medidas correspondientes”.

Manuel, uno de los profesores golpeados por la policía, ha remitido a Somos Madrid un parte de lesiones con el sello del Servicio Madrileño de Salud. El informe refiere cuatro hematomas en el musmo, dedos de la mano izquierda, pie izquierdo (con edema “muy doloroso a la palpación”) y costado izquierdo del tórax. Este último aparece descrito como un hematoma “con forma de porra de unos 10 centímetros de longitud y 3 de ancho”.

El parte médico recomienda incluso seguimiento médico debido al alcance de las heridas, aunque las califica de leves, y recomienda un tratamiento analgésico. “Las lesiones que más duelen son las que menos se notan”, declara Manuel ante lo aparatoso de la marca en el costado.

Sobre lo ocurrido el lunes, cuenta que la Policía Nacional “empezó a barrer frente a la puerta del edificio para que saliera Ayuso, cuando nosotros nos estábamos retirando”. Considera que los agentes comenzaron a “pegar porrazos bastante gratuitamente”. Otros testigos narran cómo los efectivos policiales dispararon pelotas de goma al aire para disuadir a los manifestantes y convirtieron la vía en una “ratonera” al cortar varias salidas. Llegaron a retener incluso a uno de los docentes, que finalmente pudo zafarse de los agentes y volver a la muchedumbre después de saltar encima de un coche.

Pese a que por parte de los manifestantes no se registraron actuaciones violentas, Ayuso volvió a vincular las huelgas con que la oposición de la Asamblea de Madrid no admite una pérdida electoral. “Solo quieren violencia y acoso porque la izquierda antidemocrática de este país no admite dejar las urnas”, aseguró.

La huelga educativa arrancó en la Comunidad de Madrid el pasado 14 de octubre y se suma a los meses de paros en la educación infantil de 0 a 3 años. La marea verde reclama bajadas de los ratios, volver a las horas lectivas previas a 2010, equiparación salarial con otras comunidades o refuerzo del personal para atención a la diversidad. A sus habituales manifestaciones han sumado acciones como el corte de la M-30 a comienzos de semana o un recorrido nocturno por la ciudad en la noche del martes. “Seguiremos al menos hasta que Ayuso se siente a negociar”, anticipaba una docente tras la protesta del lunes.

Este martes un pasajero de avanzada edad cayó desplomado en un tren de la línea 1 de Metro de Madrid. Sucedió a media tarde en la estación de Tribunal, en un vagón con climatización deficiente en el que los pasajeros sufrían elevadas temperaturas que, combinadas a sus ropajes de abrigo con la llegada del otoño, hacían que el calor soportado fuera excesivo.

El anciano fue asistido por varios viajeros, que le ayudaron a salir del vagón y a recuperarse en el andén, mientras el conductor de Metro le ofrecía también ayuda. El convoy tuvo que parar algunos minutos por esta asistencia.

Este incidente es solo uno de los muchos que el mal funcionamiento del sistema de climatización lleva provocando durante meses en la línea 1 de Metro, donde se acumulan miles de quejas por elevadas temperaturas.

Debido a este volumen de quejas, la Comunidad de Madrid ha anunciado que cambiará el sistema de climatización de los trenes de la línea más antigua de Metro de Madrid, la 1. Dedicará a ello 2,8 millones de euros en los próximos meses. La Consejería de Transportes ha anunciado que el sistema estará renovado antes de que empiece el mes de mayo del año que viene. Es decir, justo antes de las elecciones regionales.

En concreto, la compañía metropolitana licitará un contrato para sustituir dos de los componentes fundamentales de los sistemas de refrigeración en los en los vehículos modelo 2000-A. Se cambiarán todas las unidades condensadoras, encargadas de liberar al exterior el calor que se extrae del tren, y las evaporadoras, que absorben el calor del interior para enfriar el ambiente.

Un verano con miles de quejas

La situación de calor en los trenes de la línea 1 de Metro de Madrid, los más antiguos que quedan en la red, se vio incrementada este verano por las altas temperaturas. La estadística oficial de la compañía recogió el pasado mes de junio -el último con datos oficiales disponibles- más de 2.000 reclamaciones por este motivo.

La inacción política ante esta situación motivó que se pusiera en marcha una herramienta ciudadana para el reporte de temperaturas, llamada Termo de Madrid, en la que los viajeros podían registrar las incidencias. Miles de reportes se acumulaban en la línea 1 de Metro de Madrid, seguida a gran distancia de la línea 5, el otro lugar con quejas abundantes.

“Somos conscientes de las temperaturas que ha hecho este verano en el Metro de Madrid, en este caso en la Línea 1, que ha sido la más afectada, y por eso, teniendo en cuenta que son los trenes más antiguos de la red, hemos decidido hacer esta inversión”, ha explicado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, sobre el contrato anunciado.

Viernes por la tarde en Arganzuela, cerca de la glorieta de Embajadores. Decenas de personas se arremolinan en la entrada de La Maliciosa, un espacio cultural y asociativo que varios colectivos pusieron en marcha hace un lustro para que crecieran cosas en él. Algunas están pensativas, otras tienen notificaciones judiciales en la mano, un par de asistentes charlan entre sí sobre el motivo que les ha llevado hasta ahí: “Este Gobierno no está haciendo nada, por lo menos aquí se mueven”, comentan.

A las 18.30 se abren las puertas de la sala más grande del lugar, el ateneo, para acoger a todos los que han llegado. Son más de un centenar de personas jóvenes y mayores, algunos inmigrantes, otros de origen español. Viéndolos juntos es difícil adivinar qué es lo que ha reunido a un grupo tan heterogéneo. “Lo que nos une es que hemos sufrido en nuestras carnes el problema de la vivienda, y específicamente el de los alquileres”, les revela Fernando, uno de los seis miembros del Sindicato de Inquilinas que dirige la asamblea de bienvenida. Esta reunión semanal es la forma que tiene la organización de acoger a los recién llegados y orientarles sobre lo que hacen y de qué forma les pueden ayudar.

Las asambleas del sindicato se han vuelto multitudinarias desde hace semanas y especialmente después del desahucio de Maricarmen, que puso en pie a una generación de jóvenes golpeada por la vivienda. Fuentes de la organización explican a este periódico que el número de participantes se ha ido incrementando progresivamente y que coincidiendo con las protestas en las calles el aumento ha sido exponencial. Entre los que acuden este viernes hay jóvenes que quieren ser voluntarios en la organización, pero la mayoría han llegado con problemas en sus alquileres.

“Todas las formas que tiene el casero de mejorar su negocio, su rentabilidad, siempre van a ser a nuestra costa. Es algo que no es casual”, sigue explicándoles uno de los miembros del sindicato sobre las causas estructurales de cada una de las situaciones personales que se reúnen allí. Y apunta al “poder político”, porque “está regulando la cuestión, pero no de la forma en la que nos puede proteger”. Los que están sentados asienten con la cabeza, algunos con ganas de tomar la palabra y contar su caso, de buscar una solución. Fernando intenta calmarlos: “Puede que hayáis venido aquí con urgencia o miedo por vuestros conflictos, pero ya veréis que cuando los trabajemos no tenéis que tener miedo, os vais a quedar en vuestras casas”, añade con confianza. “Casi nada es en realidad urgente: no pasa nada si nos dicen que nos vayamos y no nos vamos al día siguiente. Tenemos las llaves y esa es nuestra fuerza”.

Una asamblea a la que acudió Maricarmen

Durante la reunión arrojan algunas cifras sobre la importancia que ha ido ganando la organización en los últimos meses. “Ya somos más de 5.400 afiliadas”, celebra otra de las que conduce la sesión, una cifra alcanzada después del último arreón coincidiendo con su enorme su exposición mediática de las últimas semanas. La mayoría de ellos pagan 100 euros al año o 10 euros al mes por formar parte del Sindicato, aunque aceptan pagos de entre 20 y 50 euros al año para situaciones económicas más precarias.

La existencia del sindicato se remonta a una década atrás, y muchos de los que hablan llegaron hace años a la organización. Además de Fernando, la asamblea la conducen Beatriz, Óscar, Jorge, Julia... todos explican que ellos también tuvieron un primer día en la reunión. Recuerdan que Maricarmen estuvo un día sentada en el mismo lugar. Y empiezan a lanzar herramientas y deberes a los recién llegados. “Tenéis que investigar a vuestros caseros, averiguar si tienen más viviendas, sobre todo si están pidiendo la que vivís para residir ellos... ¿Sabéis lo que es una nota simple?”, van detallando mientras preguntan sobre cada uno de los casos allí presentes.

El Sindicato de Inquilinas anima a los asistentes a entrar en su página web para comprobar cómo se organiza de forma geográfica. Después de esta asamblea de bienvenida, los posibles afiliados podrán acudir a su nodo territorial de referencia. En Madrid hay siete, aunque la llegada de muchas personas podría aumentar su número dentro de poco. Una vez allí, los afectados expondrán más ampliamente su caso y podrán obtener ayuda y consejos específicos.

“Tenéis todo el apoyo desde ya de toda la gente que está aquí, de la que está en la acampada y de las miles de personas que formamos ya el sindicato”, tranquilizan a los recién llegados. A la vez, les cuentan que cada persona ha de desarrollar su conflicto con su casero, aunque esté arropada por la organización, y reparten folletos donde explican los primeros pasos para hacerlo y las palancas en las que llevan trabajando durante años. La principal es el Nos quedamos.

El Nos quedamos es una herramienta de desobediencia por la que el inquilino apuesta por continuar en la casa más allá de lo que refleja su contrato ante una situación que considera injusta. “Es cuando decís: no tengo alternativa, es mi casa, me quiero quedar, negociemos”, apuntan los responsables del Sindicato. En este proceso es fundamental —advierten— seguir pagando cada mensualidad de la renta, a la vez que se desarrollan las conversaciones para intentar conseguir una extensión del contrato a precios razonables. Las negociaciones se pueden extender hasta dos años.

La experiencia y notoriedad alcanzadas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid tienen influencia en estas negociaciones: “Imaginad si a vuestro casero le llega una carta firmada por nosotros”, explican en la asamblea para hacer notar la capacidad de presión con la que cuentan a día de hoy. “No es lo mismo luchar una persona sola y quedarte en tu casa que ser un bloque de 10 o 100 casas haciendo la misma estrategia, porque al final eso nos da el poder”, añaden. “Urbagestión no cambió de opinión por arte de magia ni porque empatizase... cambió de opinión gracias a la presión mediática y gracias a las masas”, recuerdan sobre el conflicto de Maricarmen. La mayoría de casos que abordan no trascienden a la opinión pública y solo son los más extremos como los de Maricarmen o los bloques en lucha (Valverde 42 o Mesón de Paredes 88, entre otros) los que llegan a los medios. Otros casos se han resuelto con su intermediación sin aparecer en las noticias, como ocurrió recientemente con los arrendados por la Casa de Alba.

Antes de finalizar la asamblea general y que los asistentes se dividan entre posibles afiliados con conflictos y voluntarios del activismo, el sindicato recuerda lo que está en marcha y por qué lo hacen: “Estamos llamando a una huelga general y de alquileres, porque necesitamos medidas estructurales, una nueva política de vivienda y seguir presionando desde las casas y desde la calle”, anuncian sobre la convocatoria del 11 de noviembre. “Las reformas institucionales que consigamos no van a venir de simple voluntarismo de los políticos”, advierten.

Lavapiés se ha quedado este octubre sin su tradicional Tapapiés, pero no sin tapas. Un grupo de vecinos del barrio ha decidido organizar su propia versión del festival gastronómico, esta vez con recetas caseras y un objetivo muy distinto al de atraer visitantes: denunciar la gentrificación y la turistificación que, según sostienen, están transformando sus calles y desplazando los espacios de convivencia vecinal. La iniciativa se llama Lavatapa y tendrá lugar este jueves 22 de octubre, a partir de las 20.00 horas, en la calle Cabestreros.

Detrás de la convocatoria se encuentra el colectivo Lavapiés al Límite, que organiza encuentros mensuales en las calles del barrio para denunciar los problemas que afectan a sus vecinos. En octubre, sus reivindicaciones se centran en la gentrificación y la turistificación, dos fenómenos que quieren combatir con una jornada de encuentro comunitario en la que, además de comida, también habrá una performance del Centro de Creación e Investigación Cultural La Tortuga.

Lavatapa ha sido ideedo como un concurso de tapas caseras en el que los participantes deberán presentar al menos diez raciones de una receta elaborada por ellos mismos. La única condición, además de cocinar, es bautizar la propuesta con un nombre que plante cara a la gentrificación. La tapa ganadora recibirá como premio un “kit antigentrificación”, aunque el colectivo no ha detallado qué incluirá.

La participación está abierta a cualquier persona que quiera sumarse a la convocatoria. Quienes deseen concursar pueden inscribirse mediante un mensaje a Lavapiés al Límite en Instagram o a través de este formulario. También podrán acudir quienes no quieran presentar ninguna tapa, a los que la organización anima a llevar algo de picoteo para compartir e incluso una silla para sentarse a charlar. En cualquier caso, piden avisar previamente de la asistencia para poder calcular el aforo.

El lugar elegido para el encuentro tampoco es casual. Los vecinos se reunirán en la calle Cabestreros, frente al antiguo restaurante Baobab, un establecimiento que durante años formó parte de la identidad gastronómica de Lavapiés y que ha sido derribado para levantar un hotel en su lugar. El colectivo ha escogido este emplazamiento para despedirse del espacio y denunciar su transformación. “Elegimos esta calle para despedirnos de ese espacio y reivindicar que Lavapiés necesita lugares para vivir, encontrarnos y hacer barrio, no más espacios convertidos en negocio para visitantes”, explican desde Lavapiés al Límite.

La convocatoria pretende así convertir una actividad gastronómica en un acto de reivindicación vecinal. “Frente a la gentrificación, organización vecinal. Frente al consumo, comunidad. Frente a quienes quieren hacer negocio con nuestro barrio, nosotras seguimos haciendo barrio”, defienden sus impulsores.

La alternativa vecinal al Tapapiés masificado

La celebración de Lavatapa coincide con un octubre especialmente significativo para el barrio. Por primera vez desde su puesta en marcha en 2011, Lavapiés no acogerá su tradicional Festival de Tapas y Música, conocido como Tapapiés, cuya decimosexta edición fue suspendida el pasado mes de septiembre.

La Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12, responsable de organizar el festival, anunció entonces que aplazaba la cita hasta 2027 para trabajar en un formato “más sostenible”, capaz de compatibilizar la actividad hostelera con el descanso de los residentes. Su presidenta, Carmen Gordo, explicó que buscaban una fórmula “que no altere la convivencia con los vecinos y que satisfaga tanto a ellos como a los hosteleros y comerciantes”.

La decisión llegó después de las críticas que despertó la edición de 2025, cuando la Asociación Vecinal La Corrala denunció las molestias provocadas por las grandes concentraciones de visitantes en determinadas calles y plazas. El ruido, la suciedad, el consumo de alcohol en la vía pública y las dificultades para descansar y transitar por el barrio estuvieron entre las principales quejas de los residentes.

La asociación vecinal llegó a calificar de “desmadre” la situación que se vivía en algunos puntos durante el festival. Aunque aclaró que no se oponía a su celebración, consideraba inviable mantener el modelo en las zonas más saturadas y reclamaba medidas para evitar que la ruta gastronómica acabara generando aglomeraciones y botellones bajo las viviendas.

Tapapiés se había convertido, después de quince ediciones consecutivas, en uno de los grandes acontecimientos gastronómicos de Madrid. En 2025 participaron 92 establecimientos, entre bares, restaurantes y puestos de los mercados de San Fernando y Antón Martín, con tapas inspiradas en las cocinas de 30 países. La organización esperaba recibir a más de 90.000 visitantes durante los once días de celebración.

El festival también suponía un importante impulso económico para la hostelería local. Según los datos facilitados por sus organizadores, algunos establecimientos llegaban a incrementar su facturación hasta un 75% durante esos días, aunque otros habían optado por dejar de participar debido a la saturación.

Mientras la asociación de comerciantes busca una nueva fórmula para recuperar Tapapiés el próximo año, Lavapiés al Límite propone este jueves una celebración de dimensiones mucho más reducidas, organizada por y para los vecinos. En lugar de una ruta por decenas de establecimientos, una mesa compartida en plena calle. Y en vez de tapas comerciales, recetas caseras con nombres reivindicativos. Una manera de aprovechar la ausencia del festival para debatir sobre el futuro del barrio.