El Ministerio de Cultura sometió a consulta pública el pasado noviembre un proyecto que busca permitir que las empresas de inteligencia artificial puedan usar obras protegidas por derechos de autor (como libros, canciones, películas, etc.) sin tener que pedir permiso directamente a cada creador. En lugar de eso, proponen un sistema llamado “licencias colectivas ampliadas”, que facilitaría este uso de manera generalizada con la condición de que las empresas paguen una compensación económica. Diversos colectivos de artistas rechazan frontalmente este proyecto de real decreto ley.

El objetivo principal del Ministerio es fomentar el desarrollo de la inteligencia artificial en España y facilitar a las empresas tecnológicas el acceso a grandes cantidades de datos para entrenar sus sistemas. Sin embargo, los artistas rechazan que sus obras sean utilizadas sin su consentimiento directo y temen no recibir una compensación justa, entre otras cuestiones. Por otro lado, más de treinta entidades que realizan la gestión colectiva de derechos de autor, tanto en España como a nivel internacional, defiende este proyecto como un “hito”.

Este consenso se ha roto con la voz unida de organizaciones de creadores audiovisuales, traductores, bailarines, directores de escena, ilustradores o correctores en un comunicado conjunto bajo el lema 'Así, no'. “El real decreto que pretende aprobar el Gobierno presenta muchos problemas que pueden tener un impacto muy negativo en el sector”, indica Eva Moraga, abogada portavoz de las organizaciones firmantes de uno de los manifiestos en contra de la propuesta (Alianza Audiovisual, ACE Traductores, ADE, FADIP, FACED y Unión de Correctores). El colectivo de profesionales creativos y artistas visuales independientes Arte es Ética, creado para lograr una regulación ética de la IA generativa en Latinoamérica y España, también se ha posicionado en contra de la ley. 

“Casi el 100% de los modelos de IA que está utilizando la sociedad han sido entrenados y desarrollados con obras artísticas y literarias obtenidas de internet sin autorización, ni cesión de derechos ni licencias”, explica Moraga a elDiario.es. “Se ha incumplido la Ley de Propiedad Intelectual y pedimos la retirada de estas IA ilegales, además de una indemnización económica por haber utilizado las obras sin haber remunerado a sus autores y titulares de derechos legítimos”, añade. Además, valora que “el hecho de que existan licencias no es una una garantía suficiente para que el valor económico de las obras no se vaya a ver perjudicado”, ni garantiza que “muchos de los trabajos del sector artístico y cultural no se vean afectados negativamente”.

Se ha incumplido la Ley de Propiedad Intelectual y pedimos la retirada de estas IA ilegales, además de una indemnización económica por haber utilizado las obras sin haber remunerado a sus autores y titulares de derechos legítimo

Eva Moraga — Abogada y portavoz de diferentes asociaciones profesionales de creadores

Las organizaciones firmantes en contra de la propuesta ya han comunicado al Gobierno su postura. Moraga se reafirma en que “no se pueden regular unas licencias si no se retiran los modelos anteriores, además de indemnizar económicamente a aquellos que han sido perjudicados”. Por ello, constata que, de aprobarse las “licencias colectivas ampliadas”, estarían ayudando a “blanquear” la “actividad anterior de estas empresas de inteligencia artificial”. El Ministerio de Cultura no ha contestado a la petición de elDiario.es de ampliar su punto de vista ante las demandas de los artistas.

Remuneración para autores y editores

No obstante, las entidades de gestión colectiva de derechos AIE, AISGE, DAMA, SEDA, SGAE y VEGAP, así como una treintena de asociaciones del sector cultural y varias organizaciones internacionales, valoran este proyecto positivamente, considerándolo “un paso clave para la protección de los derechos de los creadores en la era digital”. “El real decreto da una solución que permite que todas las partes implicadas en el entrenamiento de modelos de IA se vean beneficiadas”, declara a este periódico Cristina Perpiñá-Robert, directora general de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Los creadores, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora en buena parte de los casos, van a poder recibir una remuneración justa por la explotación de sus obras y prestaciones, y los proveedores de modelos de IA van a obtener acceso a repertorios amplios, de calidad y culturalmente diversos en un escenario de seguridad jurídica

Cristina Perpiñá-Robert — Directora general de la SGAE

“Los creadores, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora en buena parte de los casos, van a poder recibir una remuneración justa por la explotación de sus obras y prestaciones”, dice Perpiñá-Robert. “Los proveedores de modelos de IA, a su vez, van a obtener acceso a repertorios amplios, de calidad y culturalmente diversos, con la ventaja añadida de actuar en un escenario de seguridad jurídica”, añade. 

Aunque comprenden que “el carácter pionero del proyecto, unido a la amenaza que supone la IA para la propiedad intelectual, pueda llevar a algunas organizaciones a mostrar cierta preocupación por las iniciativas normativas que se adopten en este ámbito”, desde la SGAE consideran que “el real decreto va a contribuir decididamente a que el desarrollo de modelos de IA se haga de manera ética y responsable”, permitiendo “a los autores y editores participar de los beneficios económicos de esos modelos”.

Algunos creadores audiovisuales afiliados a DAMA se han quejado en redes sociales de una falta de consulta antes de fijar una posición de la sociedad que gestiona sus derechos colectivamente.

La abogada Eva Moraga asegura que en las organizaciones profesionales están defendiendo “a muchos autores y artistas que no pertenecen a las entidades de gestión a las que el real decreto da todo el poder para armar las licencias, determinar las cuantías a cobrar y fijar las normas de reparto, sin que aquellos, que no son miembros, puedan intervenir en todo ese proceso a pesar de que se vayan a utilizar sus obras cuando se otorguen las licencias”.

Conflicto de derechos

La compañía OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, recibió hace unos días su primer revés en Europa, siendo multada por Italia con 15 millones de euros por vulnerar datos personales. Supuso su primera sanción económica en la Unión Europea. “No entendemos por qué se actúa frente a la violación de los derechos de protección de datos y la privacidad de las personas, pero no frente a la violación de los derechos de autor y de propiedad intelectual”, apunta Eva Moraga. 

Si se aprueba esta medida, evidentemente es un regalo a las grandes empresas tecnológicas del sector y una puñalada a las trabajadoras

Héctor Martínez — Portavoz de CGT Catalunya

Exigiendo al ministro Ernest Urtasun que detenga un proyecto que “expropia los derechos de autor de todo el país” y rompe el contrato social actual, la Confederación General del Trabajo de Cataluña (CGT Catalunya) también se ha pronunciado en contra del proyecto. “Pretenden legalizar lo que es un robo”, opina su portavoz Héctor Martínez a elDiario.es. “Si se aprueba esta medida, evidentemente es un regalo a las grandes empresas tecnológicas del sector y una puñalada a las trabajadoras”, señala. “Si buscan ser pioneros, que digan no a las empresas que desean utilizar los datos o el trabajo de alguien sin pedir permiso. Eso sí sería innovador”, recalca Martínez.

El avance acelerado de la IA

La inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados y no hay ámbito que quede al margen de su influencia. Desde la creación de imágenes hiperrealistas hasta la producción musical, los modelos de IA están redefiniendo las fronteras de lo que consideramos humano y creativo. Este impacto ha llegado al corazón de la cultura, dando lugar a complejos debates sobre la propiedad, los derechos y el futuro del arte en la era digital.

Un ejemplo de este fenómeno fue el caso reciente de Las Nenas, un grupo ficticio cuyas canciones, generadas por inteligencia artificial, hicieron creer a sus oyentes que detrás de los temas había artistas reales. Algo así no habría podido lograrse sin modelos IA capaces de replicar y aprender a costa de trabajos artísticos hechos por humanos, lo que pone de manifiesto las posibilidades de estas nuevas tecnologías y los dilemas que traen consigo en el ámbito cultural, donde la autenticidad y los derechos de autor están siendo desafiados como nunca antes.

La jurista Moraga advierte de que este conflicto no afecta solo a los creadores sino “a toda la sociedad”. Además, sugiere que el debate debería ser más “profundo” y abarcar “las implicaciones que tiene la inteligencia artificial, hacia dónde vamos y cuál es el papel que le va a quedar al ser humano a medida que vaya evolucionando y avanzando”.

El Ministerio de Cultura ha presentado este lunes en los Cines Embajadores Río de Madrid su proyecto Cine Escuela, una iniciativa que pretende incorporar en el programa educativo la asistencia del alumnado a las salas y el análisis posterior de las películas proyectadas.

Al pase han acudido 56 estudiantes de 3º y 4º de la ESO del IES Santa Teresa de Jesús, en el centro de la capital. Algunos de ellos se han mostrado muy animados antes del pase, comentando que mola más que ver una película en clase. Otros no sabían muy bien a lo que venían, aunque esperaban que la película no se les hiciera muy larga.

El instituto fue contactado por el propio Ministerio, después de ser planteado para esta prueba piloto a propuesta de las productoras, distribuidoras y exhibidoras con las que Cultura ya se reúne para desplegar el proyecto. El Ministerio liderado por Ernest Urtasun pretende extender el proyecto a todos los centros del país que lo soliciten el próximo curso 2025-2026.

La proyección de la película de animación Robot Dreams, de Pablo Berger (quien según el ministro le propuso la idea hace unos meses), ha dado el pistoletazo de salida a un plan que todavía se encuentra en una primera fase piloto. Los detalles específicos sobre la expansión territorial o las frecuencias de las sesiones se darán a conocer “conforme se vayan cerrando”, según Urtasun. Sí ha adelantado que las próximas paradas del proyecto piloto serán en L' Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y en Córdoba, donde se proyectarán las películas Santuario y El maestro que prometió el mar.

“Estamos muy felices de acercar los niños y la gente joven a las salas para crear los públicos del futuro”, ha dicho Urtasun en declaraciones a los medios de comunicación. Ha detallado que el propio Ministerio asumirá los costes de desplazamiento a las salas, mientras que cubrirá parcialmente el de las entradas. Este último gasto será completado por las propias exhibidoras, en ningún caso por los centros o el alumnado.

“Es un gran día y es todo un honor que arranque con Robot Dreams un proyecto que busca crear el hábito de ir al cine, concienciar con las películas o conocer la historia del cine español”, ha afirmado el cineasta Pablo Berger. “Ganan los chavales, los exhibidores y los creadores”, opina el director de Blancanieves o Torremolinos 73.

Iniciativa abierta a distintas edades y a todos los centros

El director del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Ignasi Camós, ha indicado además que la iniciativa se abre a diverstos rangos de edades y a centros públicos, concertados y privados: “Pensamos más en los niños que en los centros, independientemente de donde estudien”. Reconoce que todavía quedan “muchos detalles que cerrar”, como la manera de incorporar los centros o de poner la herramienta al servicio de ellos.

“La idea es que no se quede en una extraescolar. Queremos que antes de las proyecciones haya una hora en los propios colegios donde discutan sobre lo que van a ver y, después de las proyecciones, otra hora dos horas dedicas a comentar y analizar la película”, ha explicado Urtasun. No en vano, la proyección de Robot Dreams ha venido acompañada de una guía didáctica sobre algunos de los aspectos formales y temáticos que permite abordar la película nominada al Oscar. Además de esta orientación, los docentes recibirán “formación específica”.

El máximo responsable del ICAA ha señalado a su vez que llevan meses en conversaciones con el organismo homólogo francés, el Centre National du Cinèma et de l'Image Animée (CNC). Esta institución desarrolla esta iniciativa en escuelas del país vecino desde mediados de los años noventa con una media de tres visitas a las salas por centro y curso. El coste público anual ronda los seis millones de euros. “La idea es adaptar el proyecto. Ellos por ejemplo nos han recomendado un rango concreto de edad, pero nos gustaría probar otro más amplio”, ha apuntado Casadó.

“No hemos descubierto nada. Hay numerosas asociaciones y fundaciones que llevan mucho tiempo desarrollando actividades educativas similares aprovechando el espacio que tienen las salas de cine durante las mañanas. Pero lo hacen a nivel propio, lo que queremos ahora es que sea una estrategia a nivel estatal impulsada desde el Ministerio, aunque contemos también con la colaboración de esas entidades”, ha añadido.

La selección de las obras será llevada a cabo por “un pequeño comité”, con intención de que sean largometrajes de diversas épocas y enfoques, aunque siempre europeos y mayoritariamente españoles.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado en una entrevista con EFE un plan para que los colegios llenen las salas de cine por las mañanas, iniciativa con la que se busca por un lado crear una cultura cinéfila en los más pequeños y por otro ayudar a las exhibidoras.

El titular de Cultura, que ha recordado que esta iniciativa se lleva a cabo con éxito en Francia, ha encargado para ello un programa piloto en el que ya está trabajando el director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Ignasi Camós.

El programa “École et Cinéma” se implementó en el país vecino en 1994 en la escuela elemental (de seis a nueve años) y en 2022 se amplió a la maternal (entre cinco y seis). Consiste en que los alumnos asistan como mínimo a tres proyecciones determinadas por curso, una por trimestre, con un precio de tres euros la sesión (este año por ejemplo incluyen la reciente Wallace y Gromit o Las aventuras del Príncipe Ahmed, de 1926).

Se trata de uno de los planes que el ministro tiene en mente para acercar la cultura a toda la población, a todos los barrios y pueblos.

Plan Integral de Infraestructuras Culturales (Pitec)

Y para esto también prepara otras iniciativas importantes de cara a los próximos presupuestos generales del Estado. Una de ellas es la elaboración del Plan Integral de Infraestructuras Culturales en España (Pitec), “un mapeo de todas las infraestructuras culturales para asegurarnos que todo ciudadano en España tenga a menos de equis kilómetros un teatro, un cine, etcétera”, ha explicado.

Basándonos en este mapa de todos los equipamientos culturales autonómicos, municipales y estatales, “orientaremos las inversiones que haremos el año que viene”, ha afirmado, para tirar el muro geográfico que impide el acceso de amplias capas de la población a las artes.

En cuanto a la quizá aún más fundamental barrera económica, Urtasun asegura que se están estudiando en el marco de los presupuestos más iniciativas tras el éxito del bono cultural (400 euros para quienes cumplen los 18 años) y del cine senior (entradas a dos euros los martes para mayores de 65 años).

La 'purga' se ha consumado este martes. El vicepresidente valenciano de Vox, Vicente Barrera, ha destituido a José Luis Pérez Pont (Alicante, 1972) de su puesto de director gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, a pesar de que su contrato finalizaba en 2026 y de que accedió al cargo mediante un concurso público. Pérez Pont cogió en 2016 las riendas del Centre del Carme Cultura Contemporània, un espacio situado en el antiguo convento que albergó la Escuela de Bellas Artes, en pleno barrio de El Carme de València, para dinamizar un sector cultural en declive. Siete años después, las cifras de visitantes avalan el trabajo pilotado por José Luís Pérez Pont.

En la reunión del consejo general del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, sólo la representante del Consell Valencià de Cultura, Begoña Martínez Deltell, ha votado en contra de la destitución. La secretaria autonómica de Cultura, Paula Añó, ha acusado al exgerente de presuntas irregularidades administrativas en la gestión del consorcio, escudándose en las conclusiones de los informes de auditoría de la Intervención autonómica. La 'número dos' de Vicente Barrera ha pilotado el proceso de destitución y el resto de asistentes a la reunión, todos ellos representantes de instituciones controladas por el PP además del conseller Vicente Barrera, han votado a favor. Añó ha asumido de forma interina la gestión del Consorci de Museus.

Horas después, cientos de personas se han concentrado en la calle del Museu de València, a la entrada del centro cultural, en apoyo a Pérez Pont coreando lemas como “no al cese” y “gracias”, en referencia a la fecunda etapa del gestor cultural. Pérez Pont, micrófono en mano, ha asegurado que lamenta “profundamente” este ataque “tan injusto” a su “honorabilidad y profesionalidad”. “No ha habido ningún diálogo sincero conmigo desde el equipo de la vicepresidencia, sino en todo caso palabras de reconocimiento y felicitación mientras se preparaba este ataque, que es un golpe al modelo de gestión profesional, independiente y en libertad de la cultura”, ha afirmado.

El Centre del Carme cerró 2022 con un incremento de visitantes del 90,75 % respecto al año anterior, con un total de 319.940 personas que pasaron por las salas y claustros del histórico convento para visitar las exposiciones o participar en las actividades culturales.

El espacio se ha convertido en una referencia cultural de primer orden en València. Cualquier fin de semana numerosas familias con críos visitan las exposiciones o simplemente entran a contemplar los espléndidos claustros, gótico y renacentista, del antiguo convento. El 42,4% del total anual de visitantes a exposiciones son menores de 30 años. En contraste con la turistificación de la ciudad, el Centre del Carme cuenta con un 71,27 % de visitantes valencianos. 

A pesar de las indiscutibles cifras, el titular de la cartera de Cultura del Ejecutivo autonómico presidido por Carlos Mazón ha optado por destituir a Pérez Pont antes de que finalizara su contrato. El extorero Vicente Barrera convocó el pasado 16 de noviembre la reunión del consejo general del consorcio, dedicada íntegramente a la destitución del gerente de la entidad. 

La reunión ha sido convocada de manera telemática. Sin embargo, la directora general de Patrimonio, Pilar Tébar (que ostenta las competencias en materia de museos) no ha sido convocada. La convocatoria se envió desde el correo electrónico de la secretaría autonómica, cuya titular mantuvo hace unas semanas una tensa reunión con Pérez Pont, a modo de toma de contacto. Todo ello, a pesar de que, sobre el papel, los estatutos del consorcio descartan el papel de la secretaria autonómica.

Añó ha remitido una dura nota de prensa que alega supuestas irregularidades y “mala praxis” en la gestión de Pérez Pont, reseñadas en informes de auditoría de la Intervención de la Generalitat Valenciana. La 'número dos' de Barrera ha justificado el cese por la “transgresión de la buena fe contractual”.

“Se ha comprobado que uno de los gerentes del sector público, en este caso Pérez Pont, acumulaba varios informes de Intervención y auditoría desfavorables que se han sucedido de manera constante y reiterada”, ha asegurado Paula Añó. Un argumentario que, en definitiva, parece más enfocado a la probable batalla en los tribunales por el despido de un alto cargo cuyo contrato fue prorrogado hasta el 2026.

Pérez Pont denuncia “injerencias políticas”

Por su parte, Pérez Pont ha denunciado “injerencias políticas” y ha avanzado que se reserva “el derecho de emprender las acciones legales oportunas” tras las declaraciones de la secretaria autonómica de Cultura.

También ha manifestado que “al final, lo importante es el trabajo realizado durante estos últimos siete años y medio, en la promoción del arte contemporáneo valenciano, en la dinamización de los espacios museísticos del Consorci de Museus, con el Centre del Carme como buque insignia, en el apoyo a artistas emergentes y en el desarrollo de proyectos artísticos diversos, inclusivos y transformadores. Un trabajo que es ampliamente reconocido por todo el sector cultural valenciano y también a nivel nacional e internacional”, ha dicho ante cientos de personas.

PSPV y Compromís apoyan el “trabajo encomiable”

Además de la concentración convocada ante el Centre del Carme por entidades del ámbito de las artes visuales, Pérez Pont ha recibido el apoyo de la oposición al bipartito valenciano de PP y Vox. El diputado del PSPV-PSOE Jose Chulvi ha mostrado el “total apoyo” del grupo socialista a José Luis Pérez Pont “y a todo el mundo de la cultura que, de forma unánime, han rechazado su destitución y han apoyado a una persona que ha sido elegida por contrato público y siguiendo el manual de buenas prácticas”. 

Chulvi ha puesto en valor la “magnífica gestión” de Pérez Pont y ha criticado que su cese “se debe exclusivamente al sectarismo de Mazón y de su vicepresidente y conseller de Cultura, que priman su ideología sectaria por encima de la gestión”. 

Por su parte, la portavoz de Cultura de Compromís, Verònica Ruiz, ha elogiado el “trabajo encomiable” de Pérez Pont al frente del Consorci de Museus. “No sólo ha transformado este Centre del Carme sino todas las artes visuales de Castelló y Alicante también. Esto es indigno de un Gobierno valenciano, es una auténtica vergüenza”, afirmó.

La parlamentaria de Compromís lamentó la falta de proyecto cultural del conseller Vicente Barrera. “Despiden a las personas pero no dicen cuál es su proyecto cultural ni qué personas quieren poner”, agregó Ruiz.

El vicepresidente del Gobierno valenciano y conseller de Cultura de Vox, Vicente Barrera, ha convocado una reunión del Consejo General del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana para hacer efectivo del cese del gerente de la entidad, José Luis Pérez Pont. Según la documentación recabada por elDiario.es, Barrera firmó la convocatoria de la reunión como presidente del Consorcio el pasado 16 de noviembre y está prevista para la semana que viene, en concreto, tendrá lugar el día 21 a las 12.00 horas.

En la convocatoria remitida por correo electrónico se propone “dejar sin efecto la delegación de competencias efectuada por el presidente del Consorcio en el gerente de la entidad”. Como segundo punto, añade la “extinción del contrato y cese del gerente del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana con efectos del día siguiente” y en tercer lugar “facultar al presidente del Consorcio” a realizar “las actuaciones tendentes a la tramitación del decreto del Consell”.

Pérez Pont accedió al cargo de gerente del Consorcio en el año 2016, poco después de llegar la izquierda el Gobierno valenciano. Su incorporación supuso una potente apuesta de acercamiento del arte actual a la ciudadanía encarnada en el Centre del Carme-Cultura Contemporània, de València, que se transformó en tiempos del Botànic en una gran apuesta en materia cultural que atrae a cientos de miles de visitantes cada año con sus variadas iniciativas. En el año 2021 renovó su contrato por cinco años, que verá interrumpidos el próximo martes.

El PP ya pidió el cese de Pérez Pont en el pasado mandato tras la polémica por un grafiti en una exposición de PichiAvo en el claustro del convento de El Carme.

Desde la Conselleria de Cultura han preferido no hacer comentarios sobre el cese puesto que aún no se ha celebrado la reunión del Consejo Rector y se han limitado a decir que “la renovación de cargos en los organismos que forman parte de la administración es habitual y necesaria cuando se inicia una nueva etapa”.

Personalidades y entidades del mundo de la cultura han convocado una concentración este martes 21 de noviembre, día en que se producirá previsiblemente el cese de Pérez Pont, a las 17.00 horas frente al Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) bajo el lema 'No al cessament de José Luis Pérez Pont. Per un CCCC obert, inclusiu i transformador'.

En 2007, el temazo en el mundo del arte era un papelillo modesto en su genética legislativa pero ambicioso en su espíritu. Dos años habían pasado redactándolo. Imagínense la importancia. Emocionó tanto su irrupción, que parece que se le perdonó que no tuviera rango de ley, de real decreto, de reglamento, de disposición transitoria, de cualquier otra cosa que pudiera salir en el BOE. La ministra, entonces de Cultura, Carmen Calvo, estampó su firma en él y así nació el Código de Buenas Prácticas.

El código, más que nada un acuerdo entre caballeros, venía a crear un consenso en el sindiós de la gestión de los centros de arte y museos. No era vinculante, pero aconsejaba seriamente que la dirección de todos los centros de arte público debería realizarse por concurso abierto. La estructura territorial del Estado impedía pasar el documento por el Parlamento, así que quedaba al compromiso de las comunidades autónomas, las diputaciones o los ayuntamientos que tuvieran sus propios centros artísticos, aplicarlo o no. El Estado central, eso sí (de Gobierno socialista), dio su palabra de aplicarlo. Y así lo hizo. Por ejemplo, en 2008 el Inaem publicó en el BOE una Orden en la que asumía este código, por lo que sus centros serían ya siempre elegidos de esa manera.

Uno de los impulsores del Código fue Manuel Borja-Villel y precisamente gracias a ello, él pudo presentar un proyecto para la dirección del Museo Reina Sofía. Antes de él, los directores se designaban a dedo y, tras un periodo largo en el que se ha venido renovando su contrato, la nueva dirección se ha hallado una vez más por concurso público. Mientras se construía el Código, el ex ministro de Cultura César Antonio Molina, que también lo impulsó, como sucesor de Calvo, dijo que los dedazos pueden salir bien, claro que sí, pero resultan poco democráticos.

El espíritu del concurso público enlaza directamente con la Constitución y el acceso a la cultura. De esta manera, cualquier persona que se sienta capacitada para dirigir un centro público, puede presentar al Patronato su propuesta, que será examinada por una comisión independiente. Este es el sistema que marcó el Código. Además, recomendaba que los periodos de contratación fueran de cinco años para desvincularse de los ciclos electorales.

Aunque esta cartilla de conducta no fuera obligatoria, uno siempre podía airearla para criticar cualquier atisbo de irregularidad o falta de transparencia, como sucedió en 2021, cuando diversas instituciones hicieron notar a Castilla y León que la contratación de la nueva dirección del Musac no estaba respetando el Código. Podría no ser ilegal, pero al menos quedaba claro que estaba feo. Como las malas maneras en la mesa, las malas prácticas en la gestión cultural repugnan tanto como limpiarse los chorretes de la salsa con la manga de la camisa. Y en el sector artístico hay muchos invitados independientes de esos que no solo echan una miradita de reprobación, sino que se atreven a decir en voz alta oiga usted deje de sorber el batido con la pajita, que molesta.

Con el tiempo, el Código se vio que tenía flaquezas, como lo concerniente a la igualdad de género, por lo que en 2019 comenzó una revisión en esa misma mesa de trabajo. Otro de los aspectos a mejorar es la transparencia en la contratación pública de los diferentes puestos de trabajo en los centros, definiendo las funciones y competencias claramente. “La programación o dirección artística de las salas dependientes de las administraciones públicas debe ser realizada por una persona del ámbito profesional elegida por concurso público”, especificaba el documento que se consensuó entre las asociaciones que forman la mesa y que fue presentado al Ministerio de Cultura. Ahí recalcaron lo de profesional. Y todo lo demás también, por si acaso había quien se hubiera olvidado. Este Código 2.0 pretende llevar las buenas prácticas a otros lugares en los que se extiende la influencia de la política cultural, como la conformación de los jurados de los Premios Nacionales. El ministro Iceta se comprometió a actualizarlo.

A veces nos parece que el Estado es como una de esas pirámides de copas de champán en equilibrio y que, en las bodas espléndidas, se llena de espumoso desbordando en cascada desde la primera. Es raro que a las copas de abajo, las más numerosas, les llegue mucho para beber. Con estas cosas que se tiran desde arriba pasa un poco igual, que las buenas prácticas colman la cristalería del Museo del Prado y el Reina Sofía pero según vamos descendiendo en las capas del Estado, se llega a los ayuntamientos y se escurre el bulto con mayor facilidad. 

Lo que vale para el Reina Sofía debería servir también para un centro cultural, por modesto que sea. Como decía César Antonio Molina, referente reciente para el PP en asuntos culturales, los dedazos de los políticos pueden señalar con acierto, pero resulta más democrático abrir la puerta del palacio y que haya champán para todos. Incluso para los que tienen la voz flojita y nadie les oyen cuando piden su copa. Sobre todo para ellos.

“Vamos a reducir el número de ministerios”. Con esa promesa electoral Alberto Núñez Feijóo alertó a principios de junio de sus intenciones si el Partido Popular gana las elecciones. “El Ministerio de Universidades, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, en un momento con este exorbitante gasto público que tenemos, bien merecen una consolidación”, dijo el candidato. Y ahí quedó la cosa, en un “bien merece”, una expresión que no llega a ser una aseveración pero tampoco lo contrario.

Feijóo dejó caer la intención pero, si de consolidaciones se trata, no llegó a consolidar nunca esta afirmación: ni en su programa electoral ni en la presentación de su política cultural a finales del mes pasado, pudiendo decir la misma cosa y la contraria, depende de la interpretación del oyente.

En un acto en Madrid, al que invitó al exministro de Cultura socialista César Antonio Molina, que pidió el voto popular, este mismo se le rebeló afeándole la intención de subsumir el Ministerio bajo una clasificación que abarque también Educación: “Velázquez necesita un ministro”, le dijo. Cuando tomó la palabra, dijo Feijóo: “Amigos, evidentemente la cultura y la libertad a veces tienen un componente de polémica, así que voy a hablar de mi futuro Ministerio de Cultura”, ahí hizo una pausa y el público asistente se arrancó a aplaudir. No hubo mención alguna a una fusión con Educación. Aunque, más adelante en su discurso, mencionó que la cultura tendría “rango ministerial”, y así se crearon de nuevo las dudas sobre lo que estaba diciendo.

De esta manera, si el PP gana las elecciones el próximo 23 de julio, forma Gobierno y crea un Consejo de Ministros con una cartera de Educación, Cultura y Deportes, será coherente con sus intenciones. Pero también lo será si hay una cartera de Cultura y Deportes, y otra diferente de Educación y Universidades.

El argumento de Feijóo es el ahorro del “gasto político”. Preguntado por este periódico José María Lasalle, Secretario de Estado de Cultura entre 2011 y 2016 –con Mariano Rajoy como presidente y en una estructura ministerial conjunta de Cultura y Educación, bajo José Ignacio Wert e Íñigo Méndez de Vigo–, explica que, en realidad, “el ahorro es mínimo”. Se evita el sueldo de un ministro (unos 77.000 euros anuales), así como los sueldos de un subsecretario (casi 117.000 euros; es más alto porque tiene complementos) y su gabinete técnico, así como un secretario general técnico (unos 98.000) y su respectivo gabinete, pero el resto de estructura se mantiene. 

Este jueves, Jaime de los Santos, secretario nacional de Cultura del PP, participó en el cuarto debate sobre política cultural que se ha realizado en estos días. “Yo quiero hablar de por qué el PP plantea por primera vez en democracia un ministerio únicamente de cultura y que además reordene todas las competencias”, dijo, en el Círculo de Bellas Artes.

“La cultura es la solución a todos los problemas”, opina De los Santos. Lo es “para combatir el despoblamiento, es lo mejor para combatir la soledad no deseada, está como solución a procesos sanitarios como el freno al alzhéimer, soluciones para las enfermedades de salud mental”, y ha añadido que es “riqueza espiritual y riqueza económica”. La cultura es “la mejor arma para hablar de lo que somos fuera de nuestro país”, opina el político, Diputado en la Asamblea de Madrid.

De esta manera De los Santos, que en otro debate anterior había asumido la idea de unir Cultura y Educación, defendía ahora mantener el formato de ministerio único de Cultura tal y como lo ha hecho el PSOE cuando ha gobernado.

El PP, en cambio, en todos sus gobiernos, ha preferido unirlo. De esa manera, con José María Aznar el ministerio fue de Educación y Cultura con los ministros Esperanza Aguirre (1996-1999), Mariano Rajoy (1999-2000) y Pilar del Castillo (2000-2004). Y, con Rajoy, los ministros José Ignacio Wert (2011-2015) e Íñigo Méndez de Vigo (2015-2018)

Entre el año 1977 y 1982 Cultura no compartió cartera con Educación aunque también gobernó la derecha, con la UCD de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo. En ese periodo fueron fugaces ministros de Cultura Pío Cabanillas (1977-1979), Manuel Clavero Arévalo (1979-1980), Ricardo de la Cierva (1980), Íñigo Cavero (1981) y Soledad Becerril (1981-1982).

El Ministerio de Cultura se creó, con el arranque de la democracia tras el franquismo, en 1977. Era el Ministerio de Cultura y Bienestar, y su competencia principal era la de “facilitar y estimular la libre y espontánea creación cultural”. Surgió de una reunión del Consejo de Ministros en pleno mes de agosto y se le atribuyeron diferentes direcciones generales para dirigir la política cultural relativa al cine, a la música, al libro, a las artes escénicas o al patrimonio, pero también a la juventud, al desarrollo comunitario y a la radio y la televisión. Desde el primer minuto, se le dio también a este ministerio competencias sobre el deporte, con un Consejo Superior en forma de organismo autónomo; y así ha seguido hasta ahora. El ‘centrista’ Pío Cabanillas, que había sido un ministro franquista de Información y Turismo, igual que Fraga anteriormente, fue quien lo inauguró.

No han surgido voces que defiendan la oportunidad de un Ministerio de Cultura que lo sea también de Educación. Miquel Iceta, el último ministro cultural de esta legislatura, escribió recientemente en las páginas de este periódico que eliminar el Ministerio de Cultura “es mucho más que un gesto estético”, es más bien “ético”.

En el único debate cara a cara entre los candidatos de PSOE y PP a la presidencia del Gobierno no se habló de cultura. PP y Vox han presentado en actos respectivos sus propuestas en materia de política cultural y representantes de los cuatro partidos principales se han confrontado en un acto y lo volverán a hacer este jueves, en Madrid. 

Estas son las proposiciones concretas que PSOE, PP, Sumar y Vox han llevado a sus programas, aunque no afloren en un bronco debate público encallado en las censuras que está promoviendo Vox en los ayuntamientos en los que ocupa concejalías gracias a los pactos con el PP.

PP: España como “potencia cultural” mundial

Consulta el programa electoral completo del PP.

PSOE: La cultura como “cuestión de Estado”

Consulta aquí el programa electoral completo de PSOE.

Sumar: La cultura como “derecho esencial”

Consulta aquí el programa completo de Sumar.

Vox: La cultura como identidad nacional

Consulta aquí el programa electoral completo de Vox.

Revolución en el área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. El consistorio cambia los cargos directivos con la llegada de Marta Rivera de la Cruz y prescinde de algunas de las figuras relevantes de la pasada legislatura. Uno de los que se queda fuera de la nueva organización municipal es Luis Lafuente Batanero, hasta ahora director general de Patrimonio Cultural.

El cese de Lafuente se ha hecho oficial este jueves con la publicación de su releve este jueves en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM). Su figura fue fundamental para que la capital consiguiera la declaración de Patrimonio de la Humanidad para el Paisaje de la Luz. Él fue el presidente que avaló la candidatura en 2018 cuando la presentó el equipo de Carmena, cuando era director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural en el Ministerio de Cultura.

Luis Lafuente fue después el encargado de defender ante la Unesco la candidatura madrileña, que desembocó en la declaración del entorno del Prado y del Retiro en el año 2021, la primera que consigue Madrid. Una zona sobre la que se está ejerciendo especial presión con eventos multitudinarios, que coinciden con la salida de la figura de Lafuente. Asociaciones vecinales denuncian que Almeida está convirtiendo este lugar en un “parque temático”.

Dentro de unos días la Comunidad de Madrid celebrará en este entorno otro polémico evento: una promoción de una marca de bebidas energéticas durante la que se montará un circuito de Fórmula 1 en el entorno de Cibeles y la Puerta de Alcalá, dentro del Paisaje de la Luz. El Gobierno de Ayuso pagará además 200.000 euros como patrocinio del acto.

La sustituta de Luis Lafuente al frente de Patrimonio será Elena Hernando Gonzalo, hasta ahora directora general de Patrimonio Cultural en la Comunidad de Madrid y que acompañará a su anterior jefa, Marta Rivera de la Cruz, en su salto al Ayuntamiento. El aterrizaje de la nueva delegada de Cultura provoca además otros tres ceses y otros tantos nombramientos en su área.

Con el relevo de Andrea Levy como delegada de Cultura también se marchan Jorge Moreta Pérez, que deja de ser coordinador general del área, según recoge el BOAM de este jueves. En su caso es un ascenso, camino de la jefatura de gabinete de Alcaldía. También se marchan José Luis Ramos Romo, hasta ahora director general de Programas y Actividades Culturales, así como Alicia Martín Pérez, antigua directora general de Deporte.

En sustitución de los dos últimos llegan Ricardo Echeita Sarrionandia al frente de Deportes y Rafael Cabrera Yagües en la programación de actividades culturales. Además, la coordinación general de Cultura la asume María José Barrero García, cuyo nombramiento se ha aprobado este mismo jueves en Junta de Gobierno y ha sido anunciado por la portavoz municipal, Inmaculada Sanz.

El primer debate sobre las propuestas de política cultural, tan ausente en los actos electorales, ha sido convocado por la entidad que agrupa las asociaciones de propiedad intelectual, Adepi, este martes en el Ateneo de Madrid. La necesidad de hacer una destilación telegráfica de todos los asuntos urgentes de la cultura, clasificados sectorialmente, provoca una aproximación esquelética en la que cuesta conectar unos asuntos con otros. Aún así, los representantes culturales de los cuatro partidos principales han contrastado sus planteamientos, en especial en lo que respecta a la necesidad o no de tener un ministerio plenamente dedicado a la cultura.

Jaime de los Santos (PP), representando al partido cuyo cabeza, Alberto Núñez Feijóo, avanzó que recortaría el número de ministerios, defendió la desaparición del de Cultura preguntando “por qué no un ministerio de Educación y Cultura y sí uno de Cultura y Deportes”. Poniendo como ejemplo que Manuela Carmena asumiera como alcaldesa de Madrid el área de cultura, De los Santos ha explicado: “Las circunstancias de la gobernanza son muy variadas y llevan a tomar decisiones que en ocasiones van en contra de idearios que forman parte de la realidad de un partido”. A lo largo del acto, De los Santos fue haciendo una defensa de la cultura muy imbricada en la educación (el valor del patrimonio, el respeto hacia los creadores), lanzando los hilos que amarrarían el planteamiento de los populares y del que él podría estar a la cabeza como ministrable. Manuela Villa (PSOE) le contestó que “el deporte lo gestiona un organismo autónomo mientras que por experiencia se ha visto que anteriores ministros de Educación y Cultura se centran más en la educación”. Para Getsemaní de San Marcos (Sumar), esta es “una discusión superada hace tiempo” y su propuesta es más bien la de dotar a la institución de mayor presupuesto, con la idea de llegar a un 2%, recogiendo en ese porcentaje la inversión en cultura que hacen otros ministerios. Al contrario del PP, la idea de José Ramírez del Río (Vox) es que sería “deseable” que se mantuviera un ministerio dedicado a la cultura pero en seguida derivó su crítica a que para ello debería recuperar las competencias autonómicas transferidas. Al finalizar el acto, Villa utilizó sus minutos finales para señalar que no le quedaba claro si el PP cedería la cartera de Cultura a Vox, como ha hecho en gobiernos autonómicos, a lo que De los Ríos negaba ostentosamente con la cabeza.

En esta representación del arco parlamentario mayoritario se han planteado dos maneras de entender la cultura: la que plantea la izquierda bajo un enfoque de derechos culturales y la que defiende la derecha como un motor económico. Vox arrea contra el “dirigismo cultural de los creadores que viven pegados a las subvenciones” y que considera que los creadores deben vivir de los derechos de propiedad intelectual y obtener beneficios fiscales. Y el PP piensa, en lo que respecta a uno de los sectores con mayos ayuda pública, la cinematografía, que debe depender menos de ellas y más de una “competencia leal” y menos “de las administraciones públicas”. En cambio, Sumar propone fomentar la producción independiente, fortalecer las líneas de ayuda y defender los derechos de los creadores frente a los posibles abusos de las plataformas. El PSOE también apuesta por incrementar las ayudas del cine que gestiona el ICAA para que se pueda financiar el 50% del presupuesto de una película no con un tope del 40% (como norma general, ya que hay excepciones en las que se aumenta al 50% o al 70%) como hasta ahora.

En cuanto a aumentos de partidas, Jaime de los Santos ha hecho una propuesta concreta: si gobierna el PP, aumentará el presupuesto destinado a la compra de arte contemporáneo para los museos estatales, en especial obras creadas por artistas mujeres. En 2022, Cultura gastó 6,62 millones de euros en compra de arte para sus museos, solo 12 de obras de 149 estaban atribuidas a mujeres; cerca de 348.000 euros del presupuesto general. Aunque en el arte contemporáneo sí se ve una mayor apuesta por las artistas. De hecho, las compras del Museo Reina Sofía en ARCO fueron mayoritariamente de mujeres españolas y vivas.

Los representantes de los partidos han señalado todos que el adelanto electoral ha dejado varios proyectos legislativos a medias y todos estaban de acuerdo en la necesidad de rematarlos. En especial el Estatuto del Artista, el cual han prometido todos rematar. El PSOE ha señalado específicamente que el asunto pendiente más importante es el reconocimiento de la intermitencia de los autónomos, así como el reconocimiento de las enfermedades laborales del sector , “para la cual hace falta un Ministerio de Cultura fuerte”, ha recalcado Villa.

También se ha aludido a otra ley truncada, la de las Enseñanzas artísticas, que el PSOE quiere retomar si ganan las elecciones y que Vox ha valorado que “está mal diseñada y hay que rehacerla desde cero”. Tanto PSOE como Sumar han coincidido en que es una ley “consensuada por el sector” y PP ha expresado que quiere que esta ley tenga en cuenta el flamenco.

Las reclamaciones de los autores

Al ser un acto organizado por Adepi, se ha tratado de manera más intensa las cuestiones relativas a la propiedad intelectual y la gestión colectiva de los derechos. Ante las quejas de las entidades de gestión de los derechos de autor al respecto de los ayuntamientos “que no cumplen con sus obligaciones”, el PP propone que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sea “árbitro y garante de que se cumpla la ley” para “obligar” a los ayuntamientos que no pagan a hacerlo, aunque teniendo en cuenta que no es lo mismo Madrid que un municipio de 150 habitantes. En base a esta circunstancias, Sumar propone un acuerdo marco para que el pago sea “progresivo” y “solidario”: “Que paguen más los que más recursos tengan”, ha señalado De San Marcos. Por su parte, PSOE propone emular el canon bibliotecario y eximir de este pago a los municipios menores de 5.000 habitantes. De esta forma, un pequeño ayuntamiento no tendría que pagar una factura a las entidades por poner música en la plaza del pueblo, por ejemplo, durante sus fiestas.

Jaime de los Santos ha señalado que tendrá “tolerancia cero” hacia la piratería y ha aludido a la “responsabilidad personal” y a la educación para concienciar en la protección de los derechos de autor. Getsemaní de San Marcos considera que “el control de los algoritmos también contribuye a controlar la piratería” y que “cuanto más sostenible es el modelo industrial, más se reduce la piratería”. También han expresado su preocupación ante la regulación de la Inteligencia Artificial (IA), que Sumar considera que hay que hacerlo con “diálogo interinstitucional y con los actores culturales” y ha propuesto que una agencia pública realice “una auditoría del algoritmo y la IA”. Para Manuela Villa, es un debate que hay que realizar en el seno de la Unión Europea, como ya se está realizando. Para Jaime de los Santos, es “muy importante que las fuentes de la IA queden catalogadas para respetar la autoría y que quien lo recibe sepa de donde viene”. Y para José Ramírez del Río, “los derechos de propiedad intelectual son el petróleo del siglo XXI” por lo que “hay que invertir más recursos”.

Otra de las paralizaciones legislativas del adelanto electoral ha sido la creación de la Oficina Española de derechos de Autor y Conexos. Los cuatro partidos han estado de acuerdo en que hay que retomarlo y concluir la ley que lo ampara, aunque Vox ha avisado de que “no se puede establecer un presupuesto fijo sin establecer primero las competencias”.

El patrimonio histórico también es un territorio de la cultura donde los partidos encuentran cierto consenso. En especial el representante de Vox ha hecho una defensa importante de los bienes en peligro, al que quiere dedicar “más dinero de la Unión Europea”. Tanto PSOE como PP han recalcado la importancia de la reunión de los ministros de Cultura europeos en Cáceres el 23 y 24 de septiembre, donde el tema central será precisamente el patrimonio. PP Ha reivindicado de nuevo el flamenco como patrimonio y Sumar se ha acordado de patrimonios olvidados, como el audiovisual, el industrial y el sonoro, así como la importancia de una “mayor transparencia” en el 2% de los contratos de obras públicas que según la Ley del Patrimonio Histórico Español es obligatorio dedicar a conservación y enriquecimiento del patrimonio o al fomento de ola obra artística y es “de lo más opaco”.

Además, se ha hablado de libros y de música. Se ha recalcado la necesidad del fomento de la lectura y PSOE y Sumar han coincidido en la necesidad de reajustar el IVA de los productos culturales. Al respecto de la música y el buen momento que vive la creación musical en español, el PSOE ha propuesto impulsar la Mesa de la Música, para promover un “diálogo para establecer politicas publicas”, “incentivos fiscales para acercarse a lo que tiene el cine y la televisión” y la propuesta de un trabajando en el Hub Audio a imagen del Hub Audiovisual, “aunque más modesto y que incluya también otros formatos como los audiolibros”. Vox propone “tener empresas potentes propias para capitalizar este momento” de la música en español y que no solo saquen “provecho” las empresas internacionales. Por su parte, el PP recuerda que además del pop, hay que reivindicar a “los grandes intérpretes de música culta”, ya que hay profesionales españoles “al frente de orquestas filarmónicas y operas en todo el mundo”.

El sustituto de Marta Rivera de la Cruz al frente de la política cultural madrileña es un veterano director de escena. Isabel Díaz Ayuso ha renovado su gabinete con nueve consejeros –solo tres mujeres– ascendiendo a cargos intermedios. Es el caso del nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, hasta ahora gerente de los Teatros del Canal.

Pero antes de dar el salto al Gobierno autonómico, De Paco no solo gestionaba el presupuesto del principal espacio escénico de la Comunidad, sino también el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial –el segundo espacio de los Teatros del Canal– y, además, dirigía el festival Clásicos en Alcalá, una muestra de teatro iberoamericano del Siglo de Oro que se realiza en Alcalá de Henares. Porque De Paco es un experto en el teatro de Lope y de Calderón pero también en el de otros autores del siglo XX como Enrique Jardiel Poncela, Ignacio Amestoy o Jerónimo López Mozo.

Hijo de dos respetados investigadores teatrales, Mariano de Paco y Virtudes Serrano, este murciano de 51 años dejó de ser el director de teatro, afable, simpático, con don de gentes y ambicioso, como así le recuerda la profesión, para dar un vuelco a su vida en 2019 como un gestor definido por la profesión como “implacable”.

El nuevo consejero entró al Gobierno de la Comunidad de Madrid en ese año, al mismo tiempo que Blanca Li fue nombrada directora artística de los Teatros del Canal, como director de Gestión y Asesor de Artes Escénicas. Desde 2009 era la empresa de servicios Clece (perteneciente al grupo ACS, presidido por Florentino Pérez), la que venía realizando la gestión y explotación de los espacios de El Escorial y Canal, bajo la dirección artística de Albert Boadella. El sector teatral criticó que una empresa de este tipo pudiera llevar la gestión de un espacio escénico. El retraso en la resolución de un nuevo concurso supuso para las arcas públicas un desembolso extraordinario, y finalmente una UTE consiguió el nuevo contrato en 2021, que Clece intentó impugnar sin éxito. De las dos empresas de esta unión temporal, imesAPI y Salzillo Servicios Integrales, una de ellas se dedica a la señalética de tráfico.

Según fuentes cercanas al espacio, fue la mano de De Paco la que sacó a Clece de los Teatros del Canal y la que consiguió separar la gestión de los edificios de la gestión artística en la licitación que ganó esta UTE. El movimiento propició que él pudiera llevar la gestión económica en solitario, y motivó más de 20 despidos improcedentes de trabajadores que llevaban más de 10 años bajo el paraguas de Clece. Ejemplo de ello fue el desmantelamiento del equipo de comunicación de los Teatros del Canal, un servicio que se decidió externalizar.

Gestor ahorrador, programador generoso

En ese momento, coincidente con la segunda victoria electoral de Ayuso que le permitió gobernar en solitario, en junio de 2021, el título del cargo de Mariano de Paco perdió la parte de “asesor de artes escénicas” pero su salario bruto anual se incrementó en 8.500 euros. Además consiguió, a dedo, la dirección de Clásicos en Alcalá. Antes había ejercido como gestor de la Academia de las Artes Escénicas bajo mandato de Jesús Cimarro y como gerente del Festival de Teatro Clásico de Almagro.

De Paco, en tres años de gestión del festival Clásicos de Alcalá, instaló varios cambios significativos. Rebautizó el festival denominándolo Festival Iberoamericano del Siglo de Oro y comenzó a producir obras de teatro, producciones que en su segundo año de mandato se extendieron a Latinoamérica y recurrió a la red de teatros de la propia Comunidad para que estas obra girasen, aunque no lo hicieran fuera de Madrid.

Así, se pudieron ver obras con Pedro Mari Sanchez como La palabra de oro, producida íntegramente por el festival, o montajes con el Teatro de la UNAM de México como La culpa busca la pena, o Amo y criado de Rojas Zorrilla que se coprodujo con Teatro Julio Mario Santo Domingo de Colombia y dirigió el español Eduardo Vasco. Este año el festival ha inaugurado su edición con un montaje producido por el festival junto con La Chapelle Harmonique (Francia) y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, La vida es sueño. Es resaltable que este teatro colombiano está dirigido por uno de los grandes gestores latinoamericanos, Ramiro Osorio, que fue ministro de cultura de su país y es padre de la persona que está al cargo de la coordinación del Festival Iberoamericano del Siglo de Oro, la dramaturga Amaranta Osorio. El montaje tan solo ha tenido dos funciones en el festival, no se ha anunciado ninguna otra representación en nuestro país.

Para poder realizar estos proyectos, De Paco tuvo que hacer crecer el presupuesto del festival. Desde el año 2019 hasta este, el evento ha tenido un incremento de más del 70%, pasando de un presupuesto de 200.000 euros a 520.000 euros este año. Fuentes cercanas al festival explican que estas acciones le han servido a De Paco para posicionarse en América Latina.

El 'caso Bezerra'

El nuevo consejero fue uno de los responsables de la cancelación de Muero porque no muero, el montaje sobre Santa Teresa del dramaturgo Paco Bezerra. El autor y la oposición política consideraron que se trataba de un tema de censura ideológica, mientras que la Comunidad de Madrid adujo que se trataba de un asunto presupuestario. Dado que esa era la excusa, Mariano de Paco salió a dar explicaciones en rueda de prensa junto a Blanca Li, pero seis meses después. 

El siguiente paso de Mariano de Paco fue intervenir el Teatro de la Abadía, un espacio regido por una fundación cuyo patronato está habitado en gran medida por la Comunidad y en el que esta inyecta una subvención anual de 1,7 millones de euros. El Patronato de la fundación del teatro cesó a su antiguo director, Carlos Aladro, en febrero de 2022, en mitad de la temporada y sin aviso previo. Mariano de Paco ocupó la gerencia en funciones. Se nombró como director artístico a Juan Mayorga pero el cargo de gerente quedaba vacante, ya que Mayorga no quería esa responsabilidad.

La primera acción de De Paco fue reestructurar el departamento de comunicación y a los técnicos de la casa. Una fuente cercana al Teatro de la Abadía explica que esta decisión “precarizó” a los trabajadores y algunos técnicos y empleados que no quisieron aceptarlo, dimitieron. Con De Paco como gestor se nombró a una nueva directora de comunicación, experta en marketing pero con poco contacto con las artes escénicas. Duró unos pocos meses. Tras lo cual se nombró un nuevo gerente, Juan Jiménez, proveniente de los Teatros Luchana quien poco a poco ha ido reestructurando los departamentos.

Próximas renovaciones de escenarios

En su gestión, el objetivo de De Paco siempre ha sido la rentabilidad y el ahorro: menos cargos, menos sueldos. Y ahí coincide con la línea que Ayuso ha planteado en esta nueva legislatura, donde se han reducido cargos como el de la vicepresidencia. Gracias a esta coincidencia, De Paco ha conseguido pasar por delante de los dos otros hombres de confianza de Marta Rivera de la Cruz que parecían mejor posicionados: Daniel Martínez y Gonzalo Cabrera, viceconsejero y director general de Promoción Cultural de la CAM, respectivamente.

Lejos queda el director de teatro. Desde ya recae sobre sus hombros la gestión no solo de la cultura sino también del turismo y los deportes en la Comunidad de Madrid. En las artes escénicas afronta el relevo de dos de las piezas nucleares de teatro en la Comunidad, la dirección del Festival de Otoño de Madrid, ahora a cargo de Alberto Conejero, y la dirección de los Teatros del Canal de Blanca Li, que tan bien conoce. Ambos contratos finalizan este año.

Además, tendrá que dar respuesta desde su Consejería a una de las principales obsesiones de la presidenta, como ya hizo Rivera de la Cruz, convertir a Madrid en un referente del turismo cultural. Una política que la Comunidad viene realizando con su apoyo económico a festivales, espectáculos y puesta en valor del patrimonio.

Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado que si en las Elecciones Generales del 23 de julio es elegido presidente, eliminará el Ministerio de Cultura, como hizo Mariano Rajoy durante las dos legislaturas con las que gobernó entre 2011 y 2018. Miquel Iceta trató de reparar aquel “adelgazamiento” con la contratación de 600 funcionarios para ejecutar los presupuestos “más ambiciosos de la historia”. El adelanto de los comicios anunciado hace una semana por el presidente Pedro Sánchez también ha sacudido el presente y futuro de las industrias culturales. Los planes legislativos que el Ministerio de Miquel Iceta había previsto aprobar en algún momento de los próximos seis meses han quedado paralizados. Y en función de los resultados del 23J podrían ser, incluso, abandonados. No es lo que necesita el sector, que en los últimos datos de empleo cultural comprueba cómo desde el final del último verano ha perdido 20.000 puestos de trabajo (de 710.000 a 690.000).

Iceta dejó claro cuál era su gran apuesta para la cartera que recogía de manos de José Manuel Rodríguez Uribes. Nada más tomar el relevo, puso en marcha en julio de 2021 la comisión interministerial para aprobar el Estatuto del Artista. Han pasado dos años y los avances han sido significativos, como la primera prestación especial por desempleo para el sector, que podría ayudar hasta 70.000 trabajadores autónomos, o la compatibilidad de la pensión de jubilación con la actividad artística.

“Se han hecho muchos avances y el Ministerio de Cultura ha trabajado, pero lo más importante se ha quedado pendiente”, explica a este periódico Alberto González Pulido, abogado y gestor cultural que ha representado en las mesas sectoriales a la Unión de Artistas Contemporáneos. Muestra su enfado por la tarea que no se realizará, las medidas de reconocimiento de la intermitencia laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos de la cultura. “Estamos muy decepcionados, porque los autónomos somos la grandísima mayoría del sector. No podemos saber el número exacto porque no se dan de alta porque no pueden hacer frente al pago mensual. Hay un gran número en la economía sumergida. Necesitábamos que flexibilizaran la prestación porque de nada nos sirve que haya prestación por cese de actividad si no estamos dados de alta”, cuenta Alberto González, que adelanta que el sector de las artes visuales tiene previsto iniciar movilizaciones.

Falta de sensibilidad

Este lunes la comisión de seguimiento ha realizado la última reunión antes del cese de las actividades por el adelanto electoral. Tratará sobre prestación por cese de actividad pero, como dice González: “Es una decepción tremenda”. El abogado insiste en señalar el compromiso de Cultura y la “falta de sensibilidad y desconocimiento del sector de Seguridad Social”.

“Pero lo que ha sido realmente indignante, y una de las mayores lacras en todo este proceso de dos años, ha sido el Ministerio de Hacienda. No se ha sentado con nosotros ni un solo día. El verdadero problema es Hacienda”, asegura el representante de los artistas. Es el Ministerio de María Jesús Montero quien tiene la última palabra para resolver el último paso del Estatuto del Artista: la intermitencia.

Con unas medidas ajustadas a sus necesidades, permitiría a los trabajadores culturales cotizar y no morir en el intento. La realidad de los artistas es que deben pagar 161 euros al mes por el régimen de autónomos. “Es demasiado alto para nosotros. Y Seguridad Social nos proponía una rebaja a 125 euros mensuales. Ridículo. Y todo esto para quien no supere los 6.000 euros anuales de rendimiento. ¿En serio? ¿Cómo vas a ganar menos de esa cantidad y vivir? Proponen esto para trabajadores culturales con otro trabajo, no para los profesionales o para los que quieran serlo. Pero no hemos podido plantearles ni la cantidad mensual más oportuna”, comenta decepcionado Alberto González, muy satisfecho con el nombramiento de Manuel Segade como director del Museo Reina Sofía. Para evitar que todo este camino caiga en el olvido con la posible desaparición del Ministerio de Cultura si hay cambio de Gobierno, cree que el Estatuto del Artista debería ser asumido como un asunto de Estado.

Leyes en vía muerta

No es la única pieza que queda neutralizada ante el panorama electoral. La que más ha dolido ha sido la esperada reforma de la Ley del Cine y que ahora deberá esperar a la formación de un nuevo Gobierno. Entonces se decidirá si continúa su tramitación o empieza la ley desde cero, dejando en la cuneta meses de negociaciones y trabajo, como ha indicado Javier Zurro. Era una de las promesas legislativas del Ministerio de Cultura, a la que Vox presentó una enmienda a su totalidad y que acabó con la dirección de Beatriz Navas al frente del ICAA.

En agosto de 2021 el Ministerio de Cultura inició la consulta previa para montar el anteproyecto de la creación de la Oficina Española de derechos de Autor y Conexos. La intención del nuevo organismo era “agilizar y mejorar” las labores vinculadas a este área, con un presupuesto y equipo propio, para hacer frente a una realidad que ha desbordado a la estructura administrativa. Sin embargo, ahora la tramitación, cuyo anteproyecto se aprobó en el Consejo de Ministros en diciembre, queda en vía muerta a la espera de la noche electoral.

En enero de 2023 la cartera de Miquel Iceta ultimaba una ley para darle autonomía al Teatro Real, como adelantó este periódico. La norma pretendía “mayor eficacia en la gestión de los recursos” de la institución. Aunque jurídicamente es una institución de carácter público, la creación de la norma otorgaría mayor independencia de la que ya disfruta. Fue aprobada por el Consejo de Ministros y en mayo acordaron, en segunda vuelta, enviarla al Congreso de los Diputados para continuar la tramitación administrativa urgente. El adelanto frena, de momento, la posibilidad de que el Teatro Real tenga su ley como el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y la Biblioteca Nacional de España.

En octubre de 2022 Miquel Iceta reactivaba la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, que frenó la salida del exministro José Guirao y que su sustituto, José Manuel Rodríguez Uribes, no sacó adelante. Iceta al sustituir a este la desestimó porque la redacción de la reforma enfrentaba al Ministerio con las comunidades autónomas. Así metió en un cajón la necesaria actualización de una norma que sigue aplicando la redacción de 1985. A pesar de todo, el ministro rescató el enrevesado anteproyecto y mandó revisar “el robo de las competencias” del que se quejaron las comunidades. Meses después, a principios de 2023, el equipo del Ministro la volvió a aparcar “por falta de tiempo”, indicaban desde el Ministerio a este periódico.

También en abril de 2023 el Gobierno dio luz verde al Proyecto de Ley de Enseñanzas Artísticas, con la intención de regular por primera vez en más de 30 años estos estudios. Era una demanda histórica reclamada por el sector (asociaciones de artistas y de estudiantes, docentes), que se involucró en la elaboración del texto de una norma que afectaría a 140.000 estudiantes y 14.000 docentes. Entre ellos figuraba el reconocimiento al audiovisual como enseñanza superior. En estos momentos, como indica una de las fuentes consultadas del Ministerio de Cultura, “solo puedes estudiar cine en escuelas privadas, no hay una escuela pública de cine y esto lo solventaba la Ley al reconocerlo como enseñanza superior”. El 23J también mete en un cajón esta relación productiva entre el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Estado de Educación.

Crisis en el Ministerio

La recta final de la legislatura se ha recortado medio año y en el Ministerio de Cultura se había acelerado el ritmo preelectoral con una campaña de ceses y dimisiones inédito hasta el momento, en el edificio de la Plaza del Rey. Los problemas de personal estallaron con la dimisión de la directora general de Bellas Artes, Dolores Jiménez-Blanco. Las verdaderas razones no han trascendido, aunque la decisión vino provocada por el conflicto con el traslado de la Dama de Elche. En su lugar entró Isaac Sastre de Diego, que ha preferido mantener un perfil bajo en la investigación e inventario de las miles de obras de arte expoliadas por el franquismo, depositadas en los museos públicos.

La crisis de confianza que desestabiliza el Ministerio de Cultura arrancó con la contratación de María Navarro, hija del alto cargo del PSC y compañero de Miquel Iceta, Pere Navarro. La aspirante quedó séptima en las pruebas de méritos, pero logró la máxima puntuación en la entrevista personal de 15 minutos y se convirtió en la coordinadora de Comunicación para el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

A mediados de febrero fue destituido por sorpresa Eduardo Fernández Palomares como Subsecretario de Cultura y Deporte. En su lugar colocaron a María Pérez Sánchez-Lauhlé, que hasta el momento había jugado el papel de segunda de Víctor Francos, secretario general de Cultura y Deporte, a su vez mano derecha de Iceta y sin experiencia en el ámbito cultural. Tampoco Patricia Rafael como responsable del Gabinete del ministro llegó al Ministerio avalada por un currículo vinculado a los asuntos culturales. Francos es el muñidor que engrasa las políticas del Ministerio y de él dependen la dirección General del Libro, la de Industrias Culturales y la de Patrimonio Cultura.

La cadena de dimisiones continuó en marzo con la marcha de Amaya de Miguel como directora del INAEM. Después llegó el turno de Adriana Moscoso, que abandonó en abril la dirección de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, cargo al que llegó en julio de 2018. Moscoso es una de las profesionales con más conocimiento del sector y abandonó el Ministerio para incorporarse en sexto lugar en la lista de Reyes Maroto, en la carrera política por la alcaldía de Madrid. No se ha justificado el repentino cese hace unas semanas de Severiano Hernández, subdirector General de Archivos Estatales desde hace 15 años. La responsable del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), Marta Hernández Azcutia, también fue destituida en junio sin argumento público. La marcha de Beatriz Navas, como directora general del ICAA, ya ha sido referida.

José Manuel Franco ha dimitido también como Secretario de Estado para el Deporte y como presidente del Consejo Superior de Deportes para liderar la lista del PSOE en el Senado en las próximas elecciones del 23 de julio. Víctor Francos, secretario general de Cultura y Deporte, le sustituye. Las funciones de secretario general de Cultura y Deporte las asume Isaac Sastre, actual director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.

La cascada de despidos ejecutados y huidas de los últimos meses no ha gustado en el propio Ministerio de Cultura, tal y como ha podido comprobar este periódico con una de las personas vinculadas a la cúpula del equipo de Iceta. “Es una situación que tiene mala lectura, no compensa a estas alturas. Y, además, crea una muy mala imagen”, explican las fuentes.

El ejecutivo ha aprobado el anteproyecto para una ley propia del Teatro Real, como ya tienen el Museo Nacional del Prado, el Museo Reina Sofía y la Biblioteca Nacional de España. Esta legislación supone regular todos las aspectos de funcionamiento de esta institución escénica, sustentada en una fundación del sector público adscrita a la Administración General del Estado (AGE). Además de la AGE, se reconoce a la Comunidad de Madrid como administración fundadora y al Ayuntamiento de Madrid como administración colaboradora, como viene siendo hasta ahora.

La necesidad de una regulación propia se basa, según el Ministerio de Cultura, en que el funcionamiento de un organismo como el Teatro Real “cuenta con unas necesidades específicas que encuentran, en ocasiones, difícil encaje en la normativa general”.

El anteproyecto de ley establece un marco de contratación laboral “adecuado a las circunstancias de las producciones artísticas”, contemplando el tipo de relación “especial” que las personas artistas, así como también las técnicas o auxiliares, “garantizando su estabilidad en el empleo”.

La futura ley deberá modificar la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para incluir el Teatro Real, junto al Museo del Prado, la Biblioteca Nacional y la Filmoteca Española, entre las instituciones culturales españolas innovadoras, por sus propuestas de sostenibilidad medioambiental como transformar su sede en un edificio con huella de carbono cero, sus proyectos de investigación sobre la ópera española y su aplicación My Opera Player.

La Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón ha abierto este viernes las puertas de su nuevo Espacio Cultural en Madrid. Una inauguración que ha corrido a cargo del Rey Felipe VI, de un edificio que cuenta con tres salas para exposiciones. Dos de ellas acogerán la muestra permanente Ortega y Marañón. Ciencia y pensamiento; mientras que la tercera albergará la exhibición Residencia de Señoritas 1915-1936. Motor de igualdad, que podrá visitarse desde el 30 de enero al 1 de julio.

En el evento han estado presentes otras personalidades como la presidenta del Congreso Meritxell Batet, la ministra de Ciencia y Tecnología Diana Morant y el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida. Todo ello en un salón de actos, bautizado como Sala María de Maeztu, completamente lleno.

El primero en tomar la palabra ha sido el presidente de la Fundación, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis. “Iniciamos una nueva etapa con la mirada puesta en el futuro”, ha asegurado, “tenemos un espacio para pensar y, sobre todo, el diálogo, el encuentro y el debate. La creación, la educación y la construcción puentes de concordia; generando acuerdos y contribuyendo a la libertad, el fortalecimiento de nuestra democracia y la igualdad”.

La sede está situada en la que fuera la Residencia de Señoritas que dirigió María de Maeztu. “Fue el primer centro oficial que fomentó la enseñanza superior a mujeres de España, en 1915. Con todo lo que significó en su día y lo que ahora nos representa”, ha explicado el directivo. En este proyecto, que dejó de funcionar en 1939 tras el final de la Guerra Civil, participaron intelectuales como Zenobia Camprubí, Isabel de Oyarzábal, Victoria Kent, María Lejárraga y Carmen Baroja, entre otras. “Su testimonio merece ser puesto en valor para las nuevas generaciones”, defienden desde la institución.

Al poner el foco en la actualidad, el presidente ha afirmado que “no se ha vivido un momento de cambio tan profundo como este: nuestras democracias afrontan durísimos desafíos internos y externos, como la guerra de Ucrania, las amenazas crecientes de polarización, el cambio climático y tentaciones de desvertebración territorial”.

Del mismo modo, se ha mostrado optimista y ha asegurado que es una coyuntura que, “entre todos, se podrá resolver”. “El espíritu culto, progresista y liberal que caracterizó a nuestros titulares, Marañón y Ortega y Gasset, pervive en estas paredes e inspira nuestro proyecto institucional”. Además, ha recordado que el preámbulo de la Constitución Española alberga la voluntad de “promover el progreso de la cultura”, que ha defendido que “tiene valor identitario para nuestra sociedad. Genera doble pensamiento, crítico y utópico; sin el que no cabe imaginar el progreso. Por ello, la Fundación refrenda en este acto que su razón de ser es la cultura”.

Asimismo, ha hecho público su compromiso para que sea “un espacio abierto a los ciudadanos” y su objetivo de “acercarlo a las nuevas generaciones”. “No hay futuro sin memoria”, ha querido destacar.

La inauguración ha coincidido con la celebración del centenario de la Revista Occidente, editada por la Fundación desde su primera publicación en 1923. Una efeméride que ha servido para que el vicepresidente de la institución, el historiador y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Pablo Fusi, haya revisado los acontecimientos más importantes que ocurrieron en España entre 1923 y 2023. “Ortega se propuso con la revista tratar los temas que verdaderamente importaban, y hacerlo con claridad, orden, rigor y selección. Deseo que esta sea también la tarea de esta fundación”, ha afirmado.

Espacios para el debate para obtener respuestas

El rey Felipe VI ha sido el último en intervenir. En su discurso, ha reivindicado que las lecturas de Ortega y Gasset “invitan a la reflexión, favorecen a la inspiración y animan siempre a su relectura... Y más especialmente, en tiempos como estos”. El monarca ha sido continuista en sus palabras al ensalzar la importancia del Espacio Cultural, que abre sus puertas tras unas obras que se han extendido durante seis años, como “lugar de encuentro”.

“Pone de relieve consolidar la convivencia democrática y tender puentes entre los más diversos y distantes puntos de vista. Siempre con un legítimo anhelo de conocimiento, con una voluntad firme de creación y con un enlace irreversible en la propia historia de Ortega y Marañón”, ha añadido.

El dirigente ha apuntado que la sociedad contemporánea se enfrenta a uno de los retos más decisivos: “Ofrecer respuestas a una encrucijada que llega bajo el signo de la incertidumbre, de los cambios constantes, de una dinámica social sin parangón”. Repuestas que, según ha sostenido, “tienen un lugar propio de debate, análisis y diálogo en lugares como este”. Para ello ha considerado indispensable el equilibrio entre “tradición y modernidad”, al ser el binomio que “ha hecho avanzar a la civilización y ha permitido que el progreso tuviera siempre un referente, un anclaje intelectual en el conocimiento de lo ya realizado”.

Felipe VI ha reivindicado las humanidades encarnadas en Ortega y Marañón, filosofía en el caso del primero y ciencia en el del segundo. “Ambos sabían que en una sociedad compleja, creativa y tan llena de contradicciones y conflictos, la clave consiste en sumar, en no aislarse, en abrirse a otros pensamientos, a otras interpretaciones de la realidad y entablar un diálogo fructífero con todos aquellos logros, conquistas y propuestas que su actividad pueda generar”, ha pronunciado.

Por último, el rey ha celebrado que el nuevo Espacio Cultural vaya a permitir “el ejercicio de la libertad, del saber, la investigación, la crítica, la curiosidad intelectual, el debate civilizado y las propuestas serenas y constructivas”. Un lugar que ha definido como un “entorno privilegiado” que, precisamente por ello, “debe abrirse y acercarse a toda la sociedad”.

El Ministerio de Cultura y Deporte ultima una ley propia para el Teatro Real, tal y como ha podido saber elDiario.es. Es una de las apuestas legislativas del ministro Miquel Iceta para la recta final de la legislatura, junto con la Ley del Cine y el tramo final del Estatuto del Artista. Finalmente, desde Cultura informan a este periódico que la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico queda aparcada por “falta de tiempo”. En estos momentos, los responsables del Ministerio de Cultura redactan el texto que presentarán este jueves en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, paso previo para que llegue al Consejo de Ministros el próximo martes. Será entonces cuando Cultura tiene previsto anunciar la publicación de esta nueva norma, cuyo objetivo es conceder “mayor eficacia en la gestión de sus recursos” a la institución, tal y como informan fuentes del Ministerio a este periódico.

La redacción de un marco legal propio se ha acelerado en los últimos días. Fuentes de los ministerios de Cultura y Presidencia cuestionan, sin entrar en especificaciones, una ley como esta para un centro gestionado por una Fundación Pública que ya es autónomo. Aunque jurídicamente es una institución de carácter público, la creación de la norma otorgaría mayor independencia de la que ya disfruta. Si se cumplen los plazos, el martes se conocerá la letra pequeña de una iniciativa que parte del presidente del Patronato del Teatro Real, Gregorio Marañón. 

“Será una ley como la que ya tienen el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y la Biblioteca Nacional”, aclara el propio Gregorio Marañón a este diario. “En estos momentos el Teatro Real es tan autónomo como cualquier otra institución pública. Cuenta con una Comisión Ejecutiva en la que el Ministerio de Cultura tiene mayoría absoluta. Pero la ley nos permitirá ampliar nuestros márgenes de eficacia. Por ejemplo, todos los trabajadores del Teatro Real están sujetos a la legislación pública y cuando queremos contratar a un cantante nos resulta muy complicado. Así que la ley nos permitirá agilizar los trámites con la Administración Pública”, añade Marañón sobre este importante paso para la institución.

Desde 2008 Gregorio Marañón está al frente de la primera institución de las artes escénicas y musicales de España. En el año 2007 el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid se apartan de la presidencia y vicepresidencia del Patronato. Desde entonces el marqués de Marañón ha ostentado el cargo de presidente del Patronato, tras ser renovado en 2012 y 2018. A mediados de 2022 volvió a renovar su puesto por otras cinco temporadas más, con 80 años de edad y tras 15 al frente de la institución. 

Amplia autonomía 

Cuando se le entregó la autonomía al Teatro Real se renovaron los estatutos de la Fundación que gestiona los recursos. Ya entonces se comunicó que el objetivo del movimiento era ganar autonomía política para cumplir con mayor eficacia en la gestión de los intereses públicos. El Ministerio de Cultura aportó a los presupuestos del primer Teatro Real “independiente” más del 35% de los ingresos anuales. La Comunidad de Madrid, el 13,3%. Casi la mitad del presupuesto de 50 millones de euros fue aportación pública, aunque la balanza se ha ido inclinando hacia la aportación de ingresos privados. En el Comisión Ejecutiva se sientan representantes del Ministerio de Cultura, del INAEM y de la Comunidad de Madrid.

Las últimas cuentas publicadas por el Teatro Real son de 2020. En ellas se indica que la aportación de las administraciones públicas (Ministerio, Comunidad y Ayuntamiento) supuso el 26,5% del total 55,2 millones de euros ingresados por la institución aquel año. El 73,4% fueron ingresos propios (procedentes de la venta de entradas y abonos, el patrocinio y otros). En el arranque de la temporada 2022, los precios máximos de la entrada (632 euros) para ver Aida hicieron del coliseo madrileño uno de los más caros del mundo. La institución justifica los altos precios debido a las bajas subvenciones.

La última institución en tener un marco jurídico propio fue la Biblioteca Nacional de España (BNE). En 2015 el Congreso de los Diputados, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, aprobó la ley que le concedió al centro la independencia para gestionar sus recursos económicos a su medida. Se sumaba de esta manera a las otras dos instituciones culturales públicas con una norma reguladora propia, el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía. Estos marcos refuerzan la autonomía financiera de las instituciones frente a la Administración del Estado. La BNE recuperó con la ley el rango administrativo de dirección general y reforzó el papel del Patronato para la captación de recursos propios. 

Una gestión a su medida

Gregorio Marañón fue condecorado el pasado junio con la segunda mayor distinción civil española —tras el Collar de la Orden de Isabel la Católica—, a petición del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Dentro de los planes de Marañón se encuentra la expansión hacia otros centros. En 2018, los trabajadores del Teatro de la Zarzuela fueron a la huelga al conocerse los planes de fusión del centro con el Teatro Real, con la intención de recuperar el centro y constituir así la principal institución lírica de Europa. Los trabajadores se levantaron contra un plan que consideraron de “privatización encubierta” que Marañón había acordado con el entonces ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo (PP). Querían salvar de la desaparición el único teatro en el mundo dedicado a este género e impedir el “desmembramiento del INAEM”. La operación se detuvo con la llegada del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

La historia se repite con el centro cultural Daoiz y Velarde, que el Ayuntamiento de Madrid ha cedido al Teatro Real para establecer allí El Real Junior. Un proyecto que cuenta con la oposición de diversos grupos vecinales y sindicatos, que consideran que “no es cesión, es privatización”.

En el próximo año, el Teatro Real será el primer edificio BIC de consumo nulo de energía. Invertirá 4,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos para descarbonizarse. Esto ha sido posible gracias, de nuevo, a la capacidad de influencia de Gregorio Marañón, que antepuso los intereses del Teatro Real a los del propio Ministerio de Cultura. La inversión de los fondos de la UE en el coliseo ha retrasado un año la intervención que Cultura tenía prevista para descarbonizar el Museo Reina Sofía y la Biblioteca Nacional de España, con un proyecto de más de 12 millones para transformar los edificios de ambas instituciones.

“Si no me hubiese ayudado mi padre, probablemente no habría sabido por dónde empezar”. María, de Madrid, es una de las 281.557 personas nacidas en 2004 que solicitaron el Bono Cultural Joven entre julio y diciembre del año pasado. Y también una de las tantas que para ello tuvo que enfrentarse al “complicado” proceso de solicitud. “Siempre había algún inconveniente para que no pudiese pedirlo”, asegura Clara desde Castilla-La Mancha que, pese a que lo logró en septiembre, todavía está esperando a que le llegue su tarjeta.

Lola comparte experiencia, y sostiene que lo peor fue que “nadie sabía cómo solucionar los problemas”. “Fui a varias oficinas, a Hacienda y a Correos. Casi se me pasa el plazo pero lo conseguí”, comenta, “había muchísimas complicaciones. Sobre todo cuando supuestamente ya lo tienes, porque nadie te confirma que está solicitado ni que tienes que esperar hasta que llegue. Mientras tanto, sigues haciendo operaciones innecesarias”.

El plazo se abrió en julio para todos los jóvenes que cumplían 18 años a lo largo de 2022. La ayuda, creada por el Ministerio de Cultura, tiene la doble función de incentivar el consumo cultural por parte de personas que aún no tienen poder adquisitivo y apoyar las industrias culturales. Al cierre del período, el pasado 11 de octubre, de las aproximadamente 500.000 personas beneficiarias, solo 166.520 habían completado la solicitud correctamente (el 33,3%) y 378.417 habían iniciado el proceso.

El Gobierno decidió ampliar el tiempo hasta el día 31 del mismo mes, permitiendo que, además de a través de la página web, se pudiera llevar a cabo la solicitud en las oficinas de Correos. Vencido el periodo, terminaron siendo 281.557 de los 488.794 jóvenes nacidos en 2004 los que lo pidieron. Es decir, solo la mitad de los beneficiaros solicitaron su cheque.

Lo peor es que nadie sabía cómo solucionar tus problemas

Lola — Joven de Madrid de 18 años

“Enterarme de que existía el Bono fue fácil, pero luego conseguirlo no tanto”, explica otra María, también de Madrid. Según los jóvenes consultados para este artículo, las redes sociales y los informativos de televisión fueron la vía por la que supieron que podían acceder a la ayuda. “En Instagram me salieron un montón de anuncios”, recuerda Aroa, de Vigo. También por el boca oreja entre pandillas. “En mi grupo de amigos todos lo comentamos”, reconoce Ana, de Valencia.

La firma digital y retraso en los plazos

Para solicitar el bono a través de la web era necesario un sistema de certificación digital que dio muchos problemas a los jóvenes que no estaban familiarizados con este método. “Intenté pedirlo por mi cuenta y me resultó bastante difícil porque todavía no habían puesto las facilidades de hacerlo en Correos”, reconoce otra beneficiaria, Marina, “escribí un par de veces y llamé al teléfono que había para consultar dudas, pero no me contestaron en ningún momento. Decidí esperar”.

Quienes, como le ocurrió a esta joven en el momento de realizar la solicitud, eran todavía menores de edad, debían contar con consentimiento parental, coyuntura que dilató aún más el procedimiento. “Lo pedí en verano y no me llegó hasta hace dos días”, comenta Blanca, “para las personas de mi entorno que sí tenían 18 años fue más rápido”.

La lista de problemas se amplía. A Amanda, de Madrid, le confirmaron que había realizado el proceso correctamente, pero su tarjeta se hizo esperar de más. “Me rayé muchísimo por si realmente no me había funcionado. Lo había hecho igual que mucha gente y a mí no me llegaba nada... Hasta que un día de repente, varios meses después, apareció en el buzón”, indica. Pero no todas las opiniones son iguales. Ana, que explica que una vez logró entender cómo había que pedirlo, no fue tan complicado, afirma: “Conozco a muchas personas que no lo han conseguido, pero creo que tampoco han puesto demasiado interés porque con poco que hicieses te lo daban”.

Bono obtenido, continúa la peripecia

Los solicitantes que han recibido la confirmación de la adjudicación del Bono, disponen de un año para gastar 400 euros: 100 euros para productos físicos (libros, revistas, discos, etc.), 100 euros para consumo digital o en línea (suscripciones a periódicos, plataformas musicales o videojuegos online, audiolibros, etc.) y 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales (conciertos, cine, museos, festivales, etc.).

Para consumirlo se conceden dos opciones: una tarjeta de prepago virtual o una tarjeta física con el importe. “Yo seleccioné que se me quedara en el teléfono”, indica Andrea, “tenías que rellenar los datos de tu tarjeta para habilitarla en el Wallet”. “Una vez la tienes es como si pagaras con una tarjeta normal, solo que el código pin te lo pide sí o sí”, declara otra madrileña, Cristina.

La experiencia por parte de las empresas adheridas

Para poder usar el Bono Joven es necesario que las empresas o entidades culturales que provean los distintos productos, ya sean entradas, libros en soporte físico, etc., estén adheridas igualmente al programa. Un proceso que tampoco está brillando por ser especialmente sencillo. “Es bastante complicado”, indican a elDiario.es desde los Cines Embajadores de Madrid, “nos la han denegado en un par de ocasiones y estamos pendiente de su aprobación”. Sí lo han logrado en el festival Primavera Sound, tanto para la edición de Barcelona como la de Madrid, para los que están vendiendo según afirman a este medio tanto abonos como entradas de día a beneficiarios de la ayuda. Y lo mismo en el Museo del Prado, que están dados igualmente de alta en el sistema. Desde otro festival que tendrá lugar en verano, Mad Cool, señalan que a día de hoy todavía no es posible, pero que están “trabajando para que esto cambie en breves”.

El plazo de inscripción para las empresas continúa abierto y su proceso puede realizarse únicamente a través de la página web. De nuevo, es necesario disponer de firma digital. Además, los establecimientos deben contar con un Terminal de Punto de Venta (TPV).

Entre sus condiciones figura que aquellos jóvenes que deseen adquirir un bien o actividad que supere la cuantía del abono podrán abonar la diferencia hasta el precio total; los productos podrán ser cambiados por otros de igual o superior precio pero nunca podrá solicitarse la devolución del dinero; las compras de bienes culturales en soporte físico deberán ser recogidas de forma presencial imposibilitando el envío a domicilio o puntos de entrega a excepción de suscripciones periódicas o revistas; y los gastos relativos a suscripciones a plataformas —ya sean musicales, audiovisuales o de videojuegos—, estarán limitadas a cuatro meses.

Aquellas empresas que han conseguido completar su proceso figuran en la lista de entidades adheridas publicadas en la web del Bono Cultural. El buscador permite localizar aquellas que cuentan con punto de venta y las online. Dentro de las primeras, distingue entre Eventos culturales, Consumo digital y Productos físicos. Se puede buscar a través del nombre del comercio, o ampliando dentro del mapa que detalla cuáles y dónde están los establecimientos.

Tal y como indican desde las redes sociales del Bono Cultural, puede ocurrir que el nombre de, por ejemplo, un concierto o festival en concreto, no aparezca en el buscador. De darse esta tesitura, recomiendan localizarlo a raíz de la promotora organizadora del evento, que deben averiguar por su cuenta. Eso sí, una vez se localiza la actividad en cuestión en el caso de las de venta online, no se facilita la dirección ni se redirige automáticamente al sitio web donde comprar las entradas. Únicamente se menciona el teléfono de contacto. Muy poco práctico.

“Al principio fue como un trabajo de Hércules”, reconoce Nely, de la Librería Soriano de Valencia, “el proceso fue horrible, porque además no nos admitieron a la primera”. Una vez logrado, indica que, de cara a la venta, “al principio funcionaba peor. Desde la última semana de diciembre hay cada vez menos fallos”. “Estamos cogiendo muchos bonos”, celebra, “se ha vendido mucho libro juvenil, tanto en castellano como en inglés”. Muchos jóvenes llegaron con dudas sobre cómo usar la tarjeta y, el hecho de que necesiten una factura para poder luego subirla a la aplicación, ralentiza el trámite de compra: “Es un poco farragoso en el sentido de que estas navidades esto derivó en que se hicieran colas más largas”.

La librera hace referencia a la justificación de los pagos que los jóvenes necesitan realizar una vez hechas las compras con el dinero de la ayuda. En las bases se especifica que los beneficiarios tienen la obligación de facilitar a las entidades sus datos personales para que sean incorporados a los tickets correspondientes.

Amanda, que ya lo ha utilizado para comprar libros y entradas para un musical, se encontró en este paso con una nueva traba. “Hay que subir el justificante a una aplicación. Lo intentaba y, aunque me decía que lo había hecho correctamente, luego no estaba. Probé fácil 20 veces”, lamenta, “esto debería funcionar mucho mejor, que hubiera una conexión entre la empresa y el bono para ver que de verdad se ha pagado”.

María confiesa que todavía no sabe cómo se adjuntan. “No los estoy subiendo. Si me lo quitan porque no subo los tickets pues nada...”, indica tras haber comprado libros, entradas para el musical de Mamma Mia en Madrid y cine. Según indican desde la web, el riesgo de no subir bien los recibos es que la tarjeta puede ser bloqueada, así como si “se detectan conductas sospechosas o fraudulentas”.

Lo cierto es que las redes sociales de la ayuda cuentan con un videotutorial que explica cómo hacerlo, aunque algo rudimentario. La pieza en sí ni si quiera está comentada. Solamente aparece la pantalla de la aplicación en la que los pasos a seguir son explicados por unos escuetos subtítulos.

“Nos apuntamos desde el momento en el que salió”, afirman desde una promotora que organiza conciertos y festivales de música en Cantabria; y prefiere no revelar su nombre, “siempre estamos pendientes de este tipo de cosas porque nos funcionan muy bien”. Según describen, han llegado a recibir a “padres enfadados con la Administración” porque sus hijos no podían utilizar sus bonos.

“No hay un interlocutor con quien hablar, cada vez que llamamos te atiende un operador distinto y no siempre te dan la misma respuesta”. Configurar el datáfono está siendo su principal problema, sobre el que añade: “Debe de ser tan generalizado que han enviado un mail explicativo sobre cómo hay que gestionar el asunto con el banco”.

Cada vez que llamamos te atiende un operador distinto y no siempre te dan la misma respuesta

Una promotora de eventos musicales

Parece que ellos ya han conseguido el visto bueno pero, como ahora mismo no tienen ningún evento a la venta, no han podido comprobarlo. De hecho, han pedido que se les facilitara “algún tipo de tarjeta de prueba” para asegurarse, pero les han respondido que “no tienen”.

Vistas las complicaciones, el Bono Cultural Joven se postula como una muy buena iniciativa a la que, sin duda, le falta aprender de los errores para facilitar tanto su solicitud como su uso, para que pueda cumplir su objetivo sin generar dolores de cabeza de más. Empezando por la comunicación previa, que debe tener como prioridad lograr que el número de beneficiarios no vuelva a quedarse a la mitad.

“El Ministerio de Cultura está más contento que los artistas”. Es el resumen de Eva Moraga, abogada especialista en el sector de las artes visuales, sobre los nuevos apartados del Estatuto del Artista que acaban de aprobarse el Consejo de Ministros. Y es un análisis compartido por la mayoría de los participantes en el dilatado proceso de construcción de una norma llamada a acabar con la precariedad del trabajador cultural, cuyas especificidades y privilegios pivotan sobre un lema sagrado: la creación cultural es un patrimonio de todos que la comunidad debe proteger. Así lo recomienda la Unesco desde 1980 y así fue aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados, en 2018.

Miquel Iceta lidera un grupo interministerial cuya misión es aprobar las 58 medidas acordadas en el Congreso de los Diputados y que se había comprometido a tenerlo todo cerrado a 31 de diciembre de 2022. Cuando se publiquen en el BOE, las nuevas medidas ampliarán la compatibilidad de los derechos de autor con sus pensiones de jubilación y, sobre todo, entrará en vigor la prestación por desempleo para los trabajadores por cuenta ajena.

En 2019 se reconoció a una parte de los creadores jubilados la posibilidad de seguir creando y que no sintieran la amenaza de ver desaparecer sus pensiones en el momento en que se les ocurriera escribir y publicar. Fue una compatibilidad muy limitada y en algunos casos “claramente insatisfactorias”, denunciaron las asociaciones de escritores en un comunicado de hace unas semanas. También exigían una categoría propia en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y ya lo tienen: tendrán la de “escritores” y no figurarán junto con los pintores, escultores, ceramistas, artesanos, grabadores y artistas similares. Los compositores también tendrán su propia casilla.

Aplausos agridulces

“Aplaudimos también la aprobación de la prestación por desempleo específica para los trabajadores de la cultura por cuenta ajena, pero hay cosas que mejorar. Todavía falta mucho, por ejemplo, el desempleo para los trabajadores por cuentapropia”, aclara Moraga. Para Guillem Arnedo, presidente de la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Catalunya (AMJM) y de la Unión de Músicos (UDM), la valoración es “muy positiva”. Pero avisa de que lo más importante está pendiente de aprobar.

En la letra pequeña del Real Decreto aprobado este martes está la clave: hay una disposición adicional en la que se informa de que se constituye un grupo de trabajo que empezará a trabajar en la definición de “trabajador cultural autónomo”. Desde el Ministerio de Cultura informan a este periódico que esta definición es capital para que la Seguridad Social garantice los derechos específicos de los trabajadores culturales. Es decir, su intermitencia. No es una intermitencia de actividad, sino de ingresos: un pintor puede trabajar durante tres años para su nueva exposición y vender entonces, al cuarto año.

Los ingresos del trabajador cultural no son homogéneos. “Las condiciones ventajosas de los trabajadores culturales deben tenerse en cuenta porque son esenciales para la comunidad en la que actúan y por eso la sociedad se lo reconoce a la cultura. Contribuyen al patrimonio nacional y eso les hace especiales”, explican fuentes desde el Ministerio de Cultura. La alternancia de momentos de producción con los de creación deben quedar reflejados en sus declaraciones de la renta y en sus cotizaciones de su vida laboral, y esto es lo que más resistencia encuentra el sector cultural en Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda.

Una definición esencial

El grupo de trabajo encargado de definir qué es un trabajador cultural se formará a lo largo del próximo mes, pero no hay fecha límite para la finalización de sus labores. Aunque el compromiso era tenerlo aprobado antes de que acabara el año pasado, desde el sector cultural reclaman que no se retrase más allá de esta legislatura. “El reconocimiento de esta intermitencia, de la especificidad de las labores culturales, es necesario para romper con la rueda de la precariedad del trabajador cultural”, indican desde Cultura, que creen en la metodología de trabajo “engrasada” para sacar adelante el escollo más complicado de la tramitación de las 58 medidas.

En el sector, el 30% del total de los trabajadores son autónomos y sobre ellos no hay nada aprobado. Desde Hacienda “temen” que otros sectores laborales quieran sumarse a las especificidades extraordinarias que reclaman los artistas. Por eso es tan importante rematar la definición que no existe, para aclarar la manera de cotización a pesar de sus rendimientos irregulares. No existe en este momento ningún sistema que atienda ni entienda estas cuestiones propias de los creadores.

Más voluntad que valentía

“El Ministerio de Hacienda se resiste a incluir el capítulo específico de los trabajadores autónomos culturales, pero para la cotización es esencial”, aclaran las fuentes culturales implicadas en las negociaciones. En la prestación por desempleo para trabajadores por cuenta ajena que se acaba de aprobar con menos días cotizados tienen derecho a paro: no necesitan acumular 360, sino 180 días cotizados. Esto debería repercutir también en los trabajadores culturales autónomos. También que Hacienda aclare los gastos deducibles, que es de las primeras cuestiones que se indica en el informe de la subcomisión del Estatuto del Artista. ¿Podrán desgravar la compra de un instrumento musical? Todavía no hay respuesta. Los gastos deducibles son una parte muy importante para aclarar el rendimiento neto del trabajador cultural autónomo.

Los representantes de los trabajadores culturales en las reuniones interministeriales echan en falta más generosidad y compromiso del Ministerio de Hacienda en el proceso: “Apenas ha aprobado los nuevos epígrafes del IAE. Sin embargo, queda pendiente ”la fiscalidad“, indica Moraga. ”En las negociaciones ha existido más voluntad política que técnica. Aunque no te lo creas, lostécnicos de la Administración han puesto de manifiesto las dificultades informáticas para hacer cambios y crear nuevos programas para incluir estas categorías“, explican fuentes que han trabajado en estos grupos interministeriales. Llama la atención que el Estatuto del Artista sea un problema de índole informático.

El desarrollo del Estatuto del Artista, una de las insignias de la cartera de Miquel Iceta, consta de 75 puntos y uno más de ellos ha sido aprobado este martes en el Consejo de Ministro: la prestación por desempleo para esta profesión tan definida por la intermitencia y la precariedad.

La medida la ha anunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha detallado que los trabajadores culturales —artistas pero también auxiliares o técnicos— podrán solicitar la prestación por desempleo en dos casos: si pueden acreditar 60 días de cotización en actividades artísticas, en los 18 meses anteriores, o si pueden acreditar 180 días cotizados en actividades artísticas en los seis años anteriores si no han sido tenidos en cuenta para el reconocimiento de prestaciones previas.

Los trabajadores podrán elegir solicitar esta nueva prestación pero, si así lo desean, pueden continuar acogiéndose al régimen general.

La duración de la prestación por desempleo será de cuatro meses y está dotada con una cuantía de hasta el 100% del IPREM (Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples) que es de 600 euros al mes en 2023, para las cotizaciones que superen el umbral de 61 euros. Por debajo de ese nivel corresponderá una prestación del 80% del IPREM.

Compatibilizar jubilación con actividad artística

La prestación es compatible con la percepción de derechos de la propiedad intelectual y de imagen. Lo que enlaza con otra medida anunciada por Yolanda Díaz que supone la resolución de una medida que desde el sector se viene reclamando desde hace años, como es la total compatibilidad de la prestación por jubilación con la actividad artística. Hasta ahora, solo se podía compatibilizar con la recepción de los derechos de autor. A partir de la entrada en vigor de estas medidas, en forma de Real Decreto-ley, se podrán percibir remuneraciones por trabajos artísticos o culturales como conferencias, presentaciones y otras actividades similares con el objetivo de que los artistas puedan seguir “contribuuyendo al país aunque estén jubilados”, ha dicho Díaz.

Los beneficiarios de una pensión no contributiva podrán también compatibilizarla con rendimientos de su actividad artística, siempre que no superen el umbral del Salario Mínimo Interprofesional. Además, se regula la cotización de los pensionistas cuando realicen actividades artísticas, que será únicamente por contingencias profesionales, con una cotización especial de solidaridad del 9% de contingencias comunes.

Cuota de autónomos reducida para ingresos bajos

Los artistas autónomos que ingresen hasta 3.000 euros anuales tendrán una cuota de autónomos reducida, de 161 euros la mes (la base de cotización será para ellos de 526,14 euros, que se irá actualizando en los años siguientes). Teniendo en cuenta sus circunstancias de intermitencia, podrán solicitar el abonarla de manera trimestral, en lugar de mensual. Este es un régimen que la ministra ha calificado de “dúctil y flexible”.

El Gobierno ha cometido el “ensanchamiento de una de las grandes reivindicaciones” del sector, ha indicado la ministra de Trabajo, pues estas medidas modifican otras en vigor desde 1985. “Hay muy pocos países que cuenten con esta protección [a los artistas] y España da un paso adelante en ello”, ha incidido Díaz, a la vez que ha recalcado que se ha tratado de “una negociación muy compleja” debido a la “versatilidad de las profesiones” dentro del ámbito cultural, pues sus características son diferentes en las artes escénicas, el cine, la música, la literatura o la gestión cultural.

Además, el Consejo de Ministros ha acordado la creación de dos grupos de trabajo. Uno de ellos servirá para estudiar el impacto de las medidas en los trabajadores de la cultura. El primero, estudiará e impulsará medidas de reconocimiento de la intermitencia en el ámbito laboral y de la Seguridad Social de los artistas y trabajadores autónomos de la cultura. El segundo, impulsar la evaluación y el reconocimiento de determinadas enfermedades profesionales derivadas de las actividades específicas en el sector cultural.

El pasado 31 de octubre terminó la ampliación de plazo dado por el Ministerio de Cultura para que los jóvenes que este año cumplen 18 años soliciten el Bono Cultural. A pesar de que en los últimos días se facilitó la solicitud, permitiendo la presencialidad en las oficinas de Correos, tan solo lo ha pedido el 57,6% de las personas con derecho a solicitarlo.

De los 488.794 jóvenes nacidos en 2004, lo han pedido 281.557. El último día de plazo se recibieron 15.206 solicitudes. Las dificultades para tramitar el certificado digital y el proceso informático necesario para la solicitud son las razones que los usuarios han alegado, según recogió elDiario.es.

Al abrirse la posibilidad de hacer la solicitud presencial en las dos últimas semanas del plazo, 56.404 lo hicieron en una oficina de Correos.

Los solicitantes que reciban la confirmación de la adjudicación del Bono dispondrán, a partir de ese momento, de un año para gastar 400 euros: 100 euros para productos físicos, 100 euros para productos digitales y 200 euros para entradas de espectáculos de artes escénicas: teatro, ópera, cine, danza, museos.

El año que viene se reactivará el Bono Cultural Joven para que puedan beneficiarse también los que cumplan 18 años a lo largo de 2023.

Los y las jóvenes nacidos en el año 2004 (los que cumplan 18 este año) pueden solicitar su bono de 400 euros para gastar en cultura hasta el 31 de octubre. Esta ayuda, de 210 millones de euros, creada por el Ministerio de Cultura, tiene la doble función de incentivar el consumo cultural por parte de personas que aún no tienen poder adquisitivo y apoyar las industrias culturales.

El año que viene se reactivará el proceso para los nacidos en 2005.

A fecha 11 de octubre, cuando estaba próximo a terminar el plazo, de las aproximadamente 500.000 personas beneficiarias, solo 166.520 han completado la solicitud correctamente (el 33,3%). En total, 378.417 personas han iniciado el proceso (227.420 ya provistas de su identidad digital).

¿Dónde puedo solicitar el Bono Cultural Joven?

Entre julio y octubre la única manera de hacerlo era mediante la web Bonoculturaljoven.gob.es, para lo que era necesario un sistema de certificación digital, que ha dado muchos problemas a los jóvenes que no están familiarizados con este sistema. Desde el 11 de octubre, los beneficiarios pueden solicitarlo también en cualquiera de las más de 2.000 oficinas de Correos en España. Para solicitarlo en Correos hay que cumplimentar, firmar, imprimir y presentar el formulario que se baja de la web, llevando tu Documento Oficial de Identidad (DNI, NIE o Tarjeta de Residencia).

¿En qué me puedo gastar los 400 euros?

El dinero está dividido en tres 'bolsillos' diferentes:

¿Me dan los 400 euros en metálico?

No, recibes una tarjeta prepago que puede ser virtual o física.

¿Me lo puedo ir a gastar a cualquier lugar?

No. Solo en las empresas adheridas. Hasta octubre hay ya 851. Habrá más, ya que otras 3.500 han solicitado la adhesión pero están en proceso de verificación de datos. ¡Paciencia! Tendrás un año para gastarlo.

¿Cuáles son las empresas adheridas?

Se trata de empresas y entidades culturales que tengan su dirección fiscal en España, por lo que Amazon, por ejemplo, queda descartada. En la sección “Empresas adheridas” del menú de la web oficial te dicen cuáles son, con un mapa y un buscador.

Las empresas se pueden adherir hasta el 30 de septiembre de 2023, por lo que la lista irá creciendo. ¿Tienes una entidad que se pueda adherir? Esta es la plataforma donde hacerlo.

Además, el Ministerio ha anunciado que está trabajando en ventas especiales exclusivas para los poseedores del Bono.

¿Qué requisitos necesito para solicitar mi Bono Cultural Joven?

Además de la nueva solicitud en persona Correos, sigue vigente la vía online. Para eso necesitas identificarte, que es la parte del proceso más farragosa. Si tienes más de 18 años puedes conseguir tu certificado digital emitido por la FNMT (solicítalo aquí), para lo que tendrás que ir a identificarte a una oficina de la Administración (por ejemplo, de Hacienda, que solo abre de lunes a viernes por las mañanas). Sí aún no has cumplido la mayoría de edad, debes tener el sistema Cl@ve (solicítala aquí).

¿Y cómo funciona el Bono?

Tras solicitar la ayuda en la web y app oficial, con la confirmación de aceptación te darán acceso a una tarjeta virtual prepago (identificada con tu nombre y un número) que se gestionará con una app en el móvil, pero también estará disponible en formato físico si alguien lo requiere.

¿Cuánto tiempo tengo para gastarlo?

12 meses desde que te sea concedido el Bono. Por si acaso y para no perder el dinero, ponte una alerta. Recuerda que el plazo para hacer la solicitud del Bono Cultural Joven, si has nacido en el año 2004, acaba el 31 de octubre.