Jaque amarillo a don Manuel
Todo estaba atado y bien atado desde julio de este año. La sentencia de la Audiencia Provincial que condena a la UD Las Palmas SAD y a siete ex administradores de la sociedad a pagar 2,5 millones de euros a los empresarios Boluda y Freire apunta al bolsillo de García Navarro. De fondo, el incidente concursal presentado por el ex presidente, de 1,2 millones, por el mismo préstamo de 2002 que Boluda y Freire han reclamado por incumplimiento de contrato.
El desistimiento de la UD Las Palmas a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Sección Cuarta -como preparan ya los abogados de los siete ex directivos condenados solidariamente junto a la SAD amarilla- responde al acuerdo firmado en julio con Boluda y Freire. Estos, que percibirán a lo largo de 20 años del presupuesto anual del club 75.000 euros cada uno, pactaron con el actual presidente, Miguel Ángel Ramírez, que de haber sentencia condenatoria como finalmente ha sucedido no actuarían contra la UD.
Sin embargo, del pacto de julio nada ha trascendido sobre la posición jurídica que tomarían los empresarios portuarios con respecto a los otros siete condenados. Y es aquí de donde parte el siguiente capítulo del conflicto, centrado en el pulso entre Manuel García Navarro y Miguel Ángel Ramírez. Boluda y Freire tienen en su mano ejecutar la sentencia de la Audiencia -avalando ante el Supremo las cantidades en litigio, de presentarse el recurso de casación en previsión de una sentencia final contraria a sus intereses- pero siempre actuarían, de acuerdo al pacto con la UD, contra el patrimonio de los siete codemandados. Y sólo uno de ellos, García Navarro, puede responder de semejante montante millonario.
Además, queda pendiente el paso judicial que pretende dar la propia UD Las Palmas para que el resto de condenados participen solidariamente del montante de 2,5 millones de euros a pagar durante los próximos 20 años, según el acuerdo extrajudicial de julio. Y aquí es donde se abre otro debate jurídico entre las partes. Desde el club se asegura que la figura jurídica de la acción de regreso -que una parte condenada reclame del resto de partes la participación por igual en la pago de una condena- está sobre la mesa.
De la otra parte consideran que la acción de regreso es imposible ya que siempre debe ser llevada a cabo de menor a mayor, es decir, si se actúa contra el patrimonio de un condenado menor -uno de los siete ex directivos- este podría reclamar al condenado mayor -la SAD amarilla- y no al revés. Cuestiones y estrategias a resolver en sede judicial.
Los servicios jurídicos de la UD Las Palmas SAD estudian, a pesar de estos planteamientos encontrados, reclamar directamente a cualquiera de los otros siete condenados la participación en el pago de la deuda, que en modo alguno afecta a la resolución positiva del concurso de acreedores, pero que serviría para desbloquear el proceso abierto en 2004 en el Juzgado de lo Mercantil 1 de LPGC. Es este el auténtico jaque amarillo a García Navarro, con la hipotética ejecución de sentencia como pieza a cambiar sobre el tablero judicial.
No en vano, el último escollo pendiente es el incidente concursal presentado por García Navarro por el mismo préstamo de 2002, en el que participó, auspiciado por los poderes políticos [Román Rodríguez, Angulo, Luis Hernández] junto a Boluda, Freire, Félix Santiago, Germán Suárez, Alfredo Morales, Ogadenia Marrero y José Sánchez Rodríguez.
Todo parte de aquel préstamo de 9,6 millones de euros que evitó el descenso federativo de la UD por impago a sus jugadores, entre otros agujeros escandalosos, pero que abrió la caja de Pandora entre los ocho empresarios -de ahí la demanda original de Boluda y Freire- al demostrarse en un juicio celebrado en el Juzgado de lo Mercantil en 2008 que tres de los ocho prestamistas recuperaron la totalidad o buena parte de sus 1,2 millones de euros minutos después de haber firmado el préstamo. Entre ellos, Manuel García Navarro.
