De las 40 propuestas de resolución presentadas por el PPdeG dentro del debate sobre el estado de la Autonomía, 27 -es decir, el 67,5%- se dirigen al Gobierno central. Son iniciativas que reiteran peticiones de traspasos de competencias, mantenimiento de infraestructuras, financiación para atender a la dependencia o desarrollo de la energía eólica, pero también una condena a ETA aprovechando el principal debate político que acoge cada año el Parlamento autonómico. Registrado con el número cinco, el texto pide reafirmar el reconocimiento a las víctimas, rechazar acuerdos políticos o pactos institucionales con “formaciones que no condenen expresa e inequívocamente el terrorismo”. Añade otra reclamación: que “las administraciones competentes” cambien la ley para que los condenados por terrorismo “deban colaborar activamente en el esclarecimiento de todos los atentados de los que tienen conocimiento para el acceso a beneficios penitenciarios”.

Paula Prado, viceportavoz parlamentaria del PP gallego y secretaria general del partido, habló de las iniciativas en una rueda de prensa, en la que volvió a defender uno de los principales anuncios del presidente gallego, Alfonso Rueda, en el debate: el plan para dificultar el derecho a las bajas laborales. La medida ha concitado críticas de los sindicatos, de la ministra de Trabajo (Yolanda Díaz asegura que es ilegal y el Gobierno lo recurrirá por inconstitucional) y del principal partido de la oposición, el BNG, que, de hecho, incluye entre sus propuestas de resolución una para que Rueda se disculpe con los trabajadores “por tratarlos como vagos defraudadores”.

La diputada del PP ha replicado a la petición del BNG afirmando que sus críticas se derivan de “la ideología” y que lo que deben hacer es “hablar más con los gallegos”. Sugirió a la líder de la formación nacionalista, Ana Pontón, que converse con autónomos, empresas y trabajadores “para ver qué piensan”.

El plan para limitar las bajas no es el único anuncio de Rueda al que su partido se suma en las propuestas de resolución, que serán votadas este viernes. Sobre este punto el PP pide la puesta en marcha de “un procedimiento común entre las Unidades de Inspección e Control da Saúde Laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad temporal”. Pero también incluye entre las demandas una reforma de la atención primaria ya avanzada por el presidente de la Xunta o el anuncio de elevar el tope de renta para acceder a viviendas públicas en venta hasta cuatro veces el IPREM o reservar el 30% de estos pisos para personas de entre 37 y 45 años.

Los populares incluyen también una propuesta que no fue mencionada por Rueda en su intervención el miércoles, en la que no habló de políticas de igualdad ni de lucha contra la violencia machista. El PPdeG pide algo en esta materia, aunque el ruego se dirige, de nuevo, al Gobierno central: “un refuerzo real y efectivo de protección de las víctimas de violencia de género, empezando por el incremento del presupuesto del nuevo pacto de Estado contra la violencia de género”.

Otra de las peticiones es que la Xunta inste al Gobierno central a que “cumpla con su deber constitucional” de presentar los presupuestos. Entre las propuestas aparecen varios asuntos recurrentes: que haga las obras que necesita el Pazo de Meirás y transfiera la gestión a Galicia para aplicar un plan de usos que recoja tanto la figura de Emilia Pardo Bazán como “el proceso por el que se convirtió en propiedad del dictador”; que agilice los trámites para las desgravaciones fiscales de los patrocinadores del Xacobeo 2027 y los traspasos de competencias que ya se habían solicitado, como el de la AP-9, la gestión del ingreso mínimo vital, los aeródromos que no son de interés general y la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo a migrantes.

Por su parte, el BNG utiliza sus 40 propuestas para reclamar medidas que garanticen la independencia judicial tras ser apartado el juez Luís Villares de la sección que se encarga de ver los litigios sobre eólicos, para recuperar la gratuidad de los libros de texto, para aumentar la vivienda pública y para que haya más profesorado de apoyo. También pide que se cree una comisión de investigación sobre el proyecto de Altri y que el PP levante el veto al candidato propuesto por el BNG para ser adjunto a la Valedora do Pobo, Fernando de Abel Vilela.

El PSdeG pide que el Pazo de Meirás sea un centro de memoria y derechos humanos, que la Xunta archive de forma definitiva el proyecto de Altri, que se rehabiliten todas las estaciones de bus y apoyar la candidatura de Vigo a ser sede del Mundial de fútbol 2030. Los socialistas también presentaron iniciativas para crear un banco público de viviendas en alquiler para movilizar pisos vacíos y hacer inspecciones para evitar prácticas especulativas en este ámbito.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha denegado la declaración ambiental al macreólico Satrebares, proyectado en media docena de municipios de las provincias de A Coruña y Lugo con casi una treintena de aerogeneradores y 125 megavatios de potencia. Así figura en los datos del proyecto que publica Transición Ecológica en su sede electrónica, en donde se indica que el 31 de marzo de 2026 se emitió una declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable. Ahora, falta por publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta resolución completa para conocer la argumentación del Ministerio sobre la negativa.

Este parque eólico y su infraestructura de evacuación, promovido por Maracaibo Solar, abarcaba los municipios de Guitiriz (Lugo), así como los coruñeses de Monfero, Abegondo, Aranga, Curtis y Oza-Cesuras. Tenía previsto instalar 29 aerogeneradores.

Al respecto, el BNG de Guitiriz ha mostrado su “satisfacción” por esta decisión del Ministerio, lo que supondrá la “paralización definitiva” del proyecto. Agrega que “ponía en grave riesgo el abastecimiento de agua, la biodiversidad y el modo de vida del rural”. “Hoy demostramos que cuando el pueblo se organiza y cuenta con herramientas políticas firmes, los gigantes eléctricos no son invencibles”, ha afirmado el portavoz local del Bloque de Guitiriz, Alfonso Losada, en relación con las más de 1.500 alegaciones presentadas por la movilización vecinal.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, ha lamentado este jueves que el absentismo laboral supone un coste “enorme” para las empresas y ha instado a las administraciones a “poner toda la carne en el asador” para hacer frente al “desempleo estructural” en Galicia. “Hay quien confunde absentismo con tener derechos”, ha aseverado. “No. Yo creo que no estamos en esa dinámica. Algunos sindicatos han denunciado que se mezcle la baja médica con los permisos legales, las cuestiones de conciliación familiar, con fraudes. Son cuestiones diferentes, y cada cosa hay que ponerla en su sitio”, ha señalado este jueves en su intervención durante la presentación de la jornada Observatorio CEO sobre capital humano celebrada por la Confederación de Empresarios de Ourense.

En este sentido, Vieites ha lamentado que cerca de 95.000 personas “no han ido a trabajar todos los días” en España y se ha referido a unos “datos alarmantes” y a una situación “insostenible” también en Galicia, cifrando ese dato en un total de 1.117 personas.

“Vamos por mal camino en esta cuestión. Esto es insostenible, no solo ya por el coste que tiene para la seguridad social, sino también por el coste que tiene para las propias empresas”, ha señalado, y ha subrayado que estos “desequilibrios estructurales” suponen un “perjuicio enorme para la buena marcha de la economía”.

En esta línea, el presidente de la patronal gallega ha incidido en la necesidad de “reforzar” los medios de atención primaria para “reducir listas de espera que alargan las bajas”, así como revisar procesos de incapacidad temporal con “criterios objetivos” y una “mejor coordinación” del sistema sanitario, las mutuas y las empresas.

“Es necesario un diálogo social e inclusivo, donde las preocupaciones de personas trabajadoras y empresarios se enfrenten de forma responsable y no con trincheras ideológicas”, ha destacado.

Plan de control

Todo ello después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzase este pasado miércoles en el Debate sobre o Estado da Autonomía (DEA) que presentará “en las próximas semanas” un programa “integral” que aspira a reforzar el control sobre los posibles casos de fraude en las bajas laborales.

En concreto, se trata de una iniciativa que pondrá el foco en las enfermedades musculoesqueléticas o de “psiquiatría menor”, y que prevé, además, “reforzar el papel de las mutuas” en la revisión de las incapacidades temporales.

Ante dicho anuncio del Ejecutivo gallego, el presidente de la patronal ha celebrado un plan de funcionamiento que “puede beneficiar enormemente” a la situación que atraviesa la comunidad autónoma, en palabras de Vieites, así como a la demanda de empleo en sectores la hostelería, el transporte, el servicio, la industria o la construcción, que “no logran cubrir puestos de trabajo”.

“Ahí es donde tenemos que trabajar todos. En no permitir un absentismo que multiplica costes, limita crecimiento y deteriora la competitividad de las empresas, probablemente en plena carrera para atraer inversiones y reindustrializar a la comunidad autónoma de Galicia”, ha añadido.

Algo en lo que también ha incidido el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, en su intervención, en la que ha incidido en que las palabras del presidente autonómico no respondían a un intento de “tachar a los trabajadores de defraudadores”, sino una iniciativa “para empresarios y sindicatos”.

“Tenemos que poner en el margen medidas que afectan a la administración autonómica y a la estatal. Esto depende del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y buena parte de lo que ha pasado en los últimos años tiene que ver con modificaciones legislativas que han venido a través de decretos y de ciertas leyes estatales”, ha recalcado González.

En este sentido, el titular de Comercio ha señalado que dicho plan se presentará “en el curso de los próximos dos meses”, tras la aprobación del decreto de diálogo social en el Consello de la Xunta, a partir de lo cual se convocará mesa con empresarios y trabajadores para “poner encima de esa mesa” las propuestas de la Xunta, así como para “escuchar” las de empresarios y trabajadores.

La próxima semana llegará a los tribunales el juicio contra el lotero de A Coruña acusado de quedarse con una Primitiva millonaria, una vista en la que estará también su hermano, que era en el momento de los hechos delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado y que Fiscalía considera que también delinquió.

En concreto, según recoge Europa Press el lotero está acusado de quedarse con un boleto premiado con 4,7 millones de euros de un cliente, y su hermano de colaborar para que eso fuese posible, según la acusación.

La Fiscalía solicita para el primero seis años de cárcel por un delito de estafa o, alternativamente, por apropiación indebida. Para su hermano pide la misma pena de prisión por blanqueo de capitales o por encubrimiento..

El lotero y su hermano, que en 2012 —año de los hechos— era delegado de Loterías, serán los únicos a los que se juzgará después de que la Audiencia Provincial de A Coruña desestimase en su día sus recursos y sí admitiese el formulado por la Abogacía del Estado y acordase el sobreseimiento provisional de la causa respecto a otros cuatro investigados, altos cargos de Loterías del Estado.

El caso tiene su origen en uno de los episodios más recordados sobre el cobro de premios de Lotería: el de un boleto agraciado con 4,7 millones de euros que el lotero dijo haberse encontrado tirado y que, durante años, tuvo una propiedad discutida.

Varias personas se postularon como posibles dueños de este premio, mientras que el lotero argumentaba que no había aparecido el propietario y, por tanto, tenía derecho a cobrar el montante. Al año siguiente de sellarse, el Ayuntamiento de A Coruña inició un “expediente de hallazgo” para buscar al ganador del billete premiado, que el lotero dijo haber encontrado en su administración de la Plaza de San Agustín.

Con posterioridad, se inició la investigación policial. En ella, se cuestionó la versión facilitada por el hombre sobre el hallazgo casual del billete, llegando a considerarse que él mismo le había entregado el premio al verdadero dueño cuando este había acudido a comprobar el boleto. La investigación señaló a un presunto legítimo propietario, ya fallecido, y cuyos herederos ahora reclaman el premio.

Relato de la Fiscalía

La Fiscalía relata que el hombre ya fallecido, al que se considera el propietario, acudió en julio de 2012 al establecimiento del lotero para comprobar si los boletos que tenían estaban premiados.

Sin embargo, sostiene el Ministerio Público, el acusado “conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para así, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal”.

“Con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña”, en la que estaba al frente su hermano “con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo, prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor”.

“Siendo plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano”, asegura que este “se dispuso a allanar el camino” con actos tendentes “a disfrazar el verdadero origen del boleto” a los efectos de que se pudiese “hacer efectivo el premio”. También señala que “omitió toda actuación, como delegado provincial, que pudiese servir para verificar el origen real del boleto”.

El plan de la Xunta de Alfonso Rueda para dificultar el derecho a las bajas médicas de los trabajadores se ha encontrado ya con críticas de los sindicatos, de los partidos de la oposición y del Gobierno central. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo tacha de ilegal y avisa de que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Considera que lo que hace el presidente gallego con las medidas anunciadas es poner en cuestión la profesionalidad de los sanitarios y “su propia gestión de la sanidad gallega”, además de privatizar este ámbito por el refuerzo de las mutuas.

Rueda hizo el anuncio durante su discurso en el debate sobre el estado de la Autonomía, en el que elevó a asunto “urgente” el de la cantidad y duración de las incapacidades temporales en Galicia. El motivo, que están “lastrando la productividad” de la economía. La Xunta va a poner el foco en ello con un “programa integral de abordaje” que va a implicar la creación de una unidad que controlará las bajas y que estará centrada en las más habituales, que son las derivadas de lesiones músculoesqueléticas y problemas de salud mental “menores”, expuso. Además, el Gobierno gallego anuncia que va a reforzar el papel de las mutuas privadas y que, si hacen una propuesta de alta, la inspección sanitaria la va a ratificar. Solo en caso de duda va a citar al trabajador o trabajadora para verificar su situación.

Estas propuestas son “absolutamente ilegales”, según la ministra de Trabajo, que considera que hay una invasión de competencias estatales. “Si esta medida se materializa, anuncio que vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional”, insistió, en unas declaraciones a los medios antes de participar en un acto en A Coruña. Cargó, en concreto, contra la creación de un órgano específico de control y la intención de “privatizar aún más” algo sobre lo que quienes tienen competencia son, “en primer lugar, los médicos que decretan las bajas”. También recalcó que las materias sobre las que se anuncia un especial celo, relacionadas con salud mental y lesiones musculares, son “de mucha sensibilidad”.

“Un hombre lucha contra un incendio equipado apenas con una rama. Cuando los recursos escasean, los habitantes del lugar usan cualquier cosa que tengan a mano para extinguir las llamas, incluidas ramas, aperos de labranza o mangueras domésticas”. Este es el resumen con el que World Press Photo, una organización independiente con sede en Amsterdam desde 1955 que organiza el prestigioso premio de fotografía, destaca el trabajo de Brais Lorenzo (Ourense, 1986) que le ha valido uno de los galardones de este año. Tierra quemada se titula el reportaje distinguido, que el fotógrafo gallego realizó durante los grandes incendios del pasado verano en la provincia ourensana.

Colaborador de elDiario.es y de otros medios como la agencia EFE o El País, Lorenzo lleva unos 15 años fotografiando el fuego. El pasado agosto, las llamas arrasaron unas 120.000 hectáreas -datos de la Xunta de Galicia. La introducción a Tierra quemada en la página web de World Press Photo explica que la cada vez mayor severidad de los incendios en Galicia se debe al cambio climático, a la despoblación rural y a deficientes políticas forestales, por ejemplo la plantación extensiva de especies no nativas y altamente inflamables. Humaredas densas y un tono anaranjado, apocalíptico, dominan las fotos de Lorenzo sobre la materia, algunas de las cuales las publicó en elDiario.es.

El mundo rural gallego, sus trabajos y sus días, su transformación y, de alguna manera, su tendencia a la desaparición conforman la quizás preocupación central del trabajo fotográfico de Lorenzo. Además de sus imágenes de los incendios forestales, el fotoperiodista ha captado los entroidos ancestrales que todavía hoy celebran en Galicia el final del invierno y la intuición de la primavera y ha dedicado una exitosa exposición, Habitar o baleiro [Habitar el vacío], a documentar “una forma de vivir que agoniza”, la de las aldeas gallegas. Su cámara también se ha ocupado del trabajo al límite del mar de los percebeiros, de la soledad de los mayores en la pandemia de coronavirus o de las huellas de la catástrofe ambiental de Prestige.

Más allá del World Press Photo 2026 -que Tierra quemada comparte con otros 41 proyectos en diferentes categorías, seleccionados entre 57.000 de 141 países-, Brais Lorenzo ha recolectado otros importantes premios a lo largo de su carrera, entre ellos el Ortega y Gasset, el Galicia en Foco o el Jesús Moreno de Albacete.

Galicia puede ser otra cosa, más grande, mejor, pero 17 años de gabinetes del Partido Popular, los cuatro últimos con Alfonso Rueda como presidente, la han sumido en el estancamiento. Esta fue la idea nuclear de la intervención de Ana Pontón en el debate de estado de la Autonomía. “Vivimos una etapa histórica muy compleja, de grandes cambios y grandes desafíos. Necesitamos un gobierno audaz, con visión de futuro y ambición, capaz de impulsar transformaciones”, expuso, “y lo que tenemos es el presidente del estancamiento”. La rutina y la dejadez se han apoderado de una Xunta de Galicia sin ideas, vino a decir. Y cuando actúa, es “para contentar empresas amigas” y, como en el plan para limitar el derecho a baja laboral anunciado por Rueda esta mañana, “tratar a los trabajadores como vagos y maleantes”.

El repaso de la líder del BNG a la situación de la comunidad comenzó con una profesión de fe internacionalista y acabó con una cita de la novelista Begoña Caamaño, a la que este año la Academia dedica el Día das Letras Galegas: “Es el momento de cambiar el mundo, de cambios profundos y estructurales, pero también conceptuales: es el tiempo del feminismo, es decir, de la justicia, de la igualdad, de la libertad, de la dignidad, y también, ¿por qué no? de la felicidad”. Pero el discurso de Pontón había arrancado con un recuerdo a la oposición histórica del nacionalismo gallego de izquierdas al imperialismo estadounidense y a las guerras en general, “en Ucrania y en Yemen, en Somalia y en Etiopía”.

Criticó después el belicismo occidental, la postración europea ante Donald Trump y el aumento del gasto militar en los países comunitarios, “incluido el Estado español”. También a la OTAN y recordó que las agresiones de Trump a Venezuela e Irán tienen un elemento en común, el petróleo. “Las guerras son un fracaso de la humanidad. Solo responden a la avaricia, a las ansias de poder y al dinero”, dijo, antes de afear al Partido Popular gallego que se negase, en sede parlamentaria, a condenar el genocidio palestino o los bombardeos de Irán. Y esa es, resumidamente, la época “muy compleja” en la que, a su juicio, debe manejarse el Gobierno gallego. Y el de Rueda lo está haciendo en el mejor de los casos con indolencia y en el peor “con indecencia moral”. “Usted dice que en este contexto hay que aprovechar la oportunidad de negocio”, le recriminó, “es una indecencia moral. En una guerra solo hay sufrimiento y víctimas, rectifique”.

17 años “sin proyecto de país”

Pontón, en todo caso, se esforzó por colocar al presidente de la Xunta en el lugar en el que Rueda estuvo en los últimos 17 años: en la primera línea de los sucesivos ejecutivos del Partido Popular, desde 2022 en la presidencia, desde 2024 con su primera mayoría absoluta. “No tienen proyecto de país. Llevan 17 años gobernando y ¿cuál es su legado?”, se preguntó. La respuesta la dio ella misma con una serie de ejemplos: crisis demográfica, listas de espera para ir al médico de cabecera, dificultades para acceder a una vivienda y la liquidación de la política pública del sector solo ahora tímidamente recuperada, talento formado aquí y “a la fuga”, sectores productivos debilitados, un monte que arde cada vez más, una educación pública con menos profesorado y ratios elevadas y una lengua, el gallego, “en situación de emergencia”. “Para taparlo, mentira y propaganda. ¿No se cansa de que su palabra no valga nada?”, le espetó.

La “Galicia estancada” a la que han conducido los 17 años de gobierno de la derecha también la ilustra la pérdida de la posición relativa de la comunidad en materias como empleo, población o riqueza respecto del Estado. “Galicia capta poca inversión exterior, porque el empresariado no confía en usted”, apuntó, “y su palabra solo tiene valor cuando se trata de beneficiar a unos pocos, las eléctricas, la sanidad privada y las empresas privadas del PP”. A continuación, enumeró algunos episodios poco edificantes de la gestión de los conservadores: millones de euros en contratos públicos a dedo a la empresa de la que la hermana de Feijóo es alta directiva, 480 millones de euros de sobrecoste en la construcción del hospital de Vigo debidos a la fórmula de financiación privada decidida también por Feijóo, la decisión del Tribunal Superior de apartar al juez Luís Villares de la sala que decidía sobre proyectos eólicos tras una campaña del PP en contra del magistrado en instituciones y medios de comunicación.

Pontón se detuvo en dos de los anuncios que Alfonso Rueda había incluido en su largo discurso de la mañana, la restricción del derecho a la incapacidad temporal de las personas trabajadoras -unidades de control de bajas por salud mental o lesiones musculares, mayor poder a las mutuas privadas- y un presunto nuevo modelo de atención primaria. “Somos la segunda comunidad del Estado con menos bajas laborales, pero usted trata a los trabajadores como vagos y maleantes, cómo puede tener tanta cara”, consideró. Y añadió: “¿Sabe por qué duran más en Galicia las bajas laborales? Porque ha colapsado la sanidad pública”. Muy en concreto la atención primaria, a decir de sindicatos, sociedades científicas o asociaciones de pacientes.

Protestas multitudinarias: Altri, sanidad

“Los gallegos son los ciudadanos que peor valoran su atención primaria”, se hizo eco de una reciente encuesta, “con listas de espera de hasta un mes para el médico de cabecera”. Y ante esa realidad, el anuncio de Rueda para reformarla sonó a sabido: “Ya anunciaron en 2019 las mismas medidas”. Promesas incumplidas en salud mental, 11.000 niños sin pediatra o la caída del presupuesto en medicina familiar a lo largo de los gobiernos populares -Galicia solo está por encima de Madrid en ese capítulo- son síntomas de la progresiva degradación de la sanidad pública gallega. Manifestaciones multitudinarias se lo han recordado al Gobierno de Rueda durante los últimos años.

También fueron multitudinarias las protestas contra el proyecto de macrocelulosa de Altri. La oposición gallega las respaldó. “David puede vencer a Goliath”, se felicitó Ana Pontón. El Gobierno de Alfonso Rueda fue incapaz de sacar adelante una iniciativa que él mismo había calificado de estratégica. “No era un proyecto más, era su proyecto. Su modelo de desarrollo económico son las macrocelulosas del siglo pasado”, le afeó. La Xunta mantiene oculto el acuerdo con la multinacional portuguesa que facilitó su desembarco finalmente frustrado -a partir de informes técnicos, Europa le denegó ayudas, el Gobierno central la conexión eléctrica- en Galicia.

“Nos tratan como una colonia energética de Madrid”, se extendió. Aquí desgranó sucintamente la apuesta del BNG para la transición energética: tarifa eléctrica gallega, una empresa de electricidad 100% pública “y aprenda del alcalde de Muras a tratar con las eléctricas”. Esta pequeña localidad del norte de a Terra Cha, gobernada por el BNG, alberga 19 parques eólicos y recibe a cambio ingresos estables de las compañías en las arcas públicas. En cualquier caso, anotó Pontón, el objetivo de los nacionalistas sería que la industria, sostenible y adaptada al siglo XXI, aportase el 20% del PIB gallego. En la actualidad se aproxima al 18%.

“Desprecio por llegar a acuerdos”

Ana Pontón encaró el tramo final de su intervención haciendo referencia a un silencio, el de Rueda sobre políticas de igualdad o violencia de género, y a un terreno en el que el PP se mueve con contradicciones y vaivenes, el de la lengua gallega. Alfonso Rueda respaldó en su día manifestaciones contrarias a la enseñanza del gallego en la escuela y recientemente votó, junto a su grupo parlamentario autonómico, contra el uso del idioma propio de la comunidad en el Congreso de los Diputados. Tampoco ha respaldado los intentos del Ejecutivo central por el reconocimiento comunitario del mismo. “Cumpla el Plan de Normalización Lingüística, el gran acuerdo que rompió el PP, y actualice la Ley de Normalización Lingüística”, dijo. La Xunta se había comprometido a presentar la modificación del mencionado plan el pasado noviembre. De momento no se sabe nada.

La líder nacionalista dejó para el final, justo antes de la cita a Begoña Caamaño, sus críticas a la estrategia del Gobierno gallego para reducir los espacios institucionales de la oposición. Le afeó su “desprecio por llegar a acuerdos” -la desabrida réplica de Rueda pareció confirmarlo-, su “práctica de la crispación”, la ruptura del acuerdo histórico para renovar la Valeduría do Pobo o el “secuestro de la TVG” y los medios públicos. Donde, por cierto, trabajó muchos años la propia escritora Caamaño, implicada en las denuncias contra la manipulación informativa a cargo del PP.

“No es aceptable una presidencia sin rumbo. No es aceptable gobernar a la deriva ni limitarse a administrar la inercia”. El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, insistió una y otra vez en esta idea durante su intervención en el debate sobre el estado de la autonomía. En su réplica al discurso de Alfonso Rueda, Besteiro dibujó un gobierno gallego sin planificación ni proyecto propio, “entregado a controlar el relato”, a “silenciar a la oposición” –con los medios públicos como “principales censores”– y a beneficiar a “unos pocos, los de siempre”.

El portavoz socialista recordó que Rueda lleva cuatro años como presidente y 17 formando parte del ejecutivo autonómico para preguntarse “qué mejoró” y “qué problemas resolvió” en ese tiempo. “¿Qué encuentra un gallego cuando piensa en qué decisión de su gobierno le mejoró de verdad la vida? Lo que encuentra es preocupación, incertidumbre”. Y en el último año, desde el anterior debate, sólo “propaganda”.

Tema por tema, Besteiro dibujó esa inercia de la Xunta, que en primer lugar identificó con la postura “cobarde” del PP estatal ante la guerra de Irán. “No se puede ser ambiguo con la paz. No caben equilibirios cómodos. Sólo tres palabras: Non á guerra”. Un conflicto al que el Gobierno central y las comunidades autónomas han respondido con partidas amplias mientras Rueda sólo tenía “excusas”. Su plan de 157 millones es “tan triste” que incluye reformas de pantalanes o señalizaciones del Camino de Santiago.

Los socialistas propusieron en cambio un escudo social gallego y un Banco Público de Vivienda para hacer frente al principal problema de los ciudadanos, “claramente dominante sobre el resto”. Si hace un año eran 22.000 los gallegos que esperaban una vivienda pública, ese número creció en 10.000, “833 cada mes”. Mientras, la Xunta “deja más de cien millones de euros sin ejecutar” y lo fía todo a las 10.000 viviendas prometidas para 2030. “Pero estamos en 2026”.

El único ámbito en el que Besteiro admitió una posible planificación fue en el de la sanidad, donde preguntó si se planificó su “desmantelamiento”. Y si, por la mañana, Rueda habia anunciado un plan para mejorar la atención primaria, el socialista le recordó que, en ese campo, Galicia es “la segunda comunidad que menos invierte, sólo por detras del Madrid de la señora Ayuso”. Mientras, faltan facultativos –sobre todo pediatras–, sigue sin cumplirse la promesa de tener cita con el médico de familia en menos de cuatro días y la autonomia lidera la tasa de suicidios con un número “muy bajo” de especialistas en salud mental.

La carta única de Altri

Hace un año, Besteiro acusó a Rueda de formar parte de “la gran mentira que rodea a Altri”. Este miércoles, el líder socialista volvió a referirse al frustrado proyecto de macrocelulosa que la Xunta “vendió como modernidad verde” para acabar siendo “el símbolo de una política industrial opaca y sin respaldo social y técnico”. Como tampoco aquí habia plan “apostaron a una unica carta”, un “error” que fue “frenado” por “la sociedad gallega y un gobierno socialista”. Besteiro reclamó que le diese el carpetazo definitivo.

Como Galicia “le queda grande”, Rueda “no es capaz de entender ni siquiera a la Galicia urbana, la que tira de la economia y del progreso” y en la que “casualmente” no gobierna el PP. Entre las “agresiones” a las ciudades destaca la falta de coordinación entre los aeropuertos y los “globos sonda” que mandan sus portavoces, en alusión a la propuesta del Clúster de Turismo para “especializar” las tres terminales gallegas. Besteiro le preguntó, directamente, si creía que había que cerrar alguna.

Si así es como el socialista considera que actúa Rueda con las ciudades, al rural, “lo deja morir porque no cree en él”. Allí, los colegios se cierran, los médicos no se sustituyen y las líneas de transporte, desaparecen. Los incendios forestales –2025 fue el peor año de la serie histórica con una cifra que Besteiro elevó hasta las 178.000 hectáreas– son otra muestra de ese abandono. “No fue una fatalidad inevitable, fue la consecuencia de una cadena de decisiones políticas: menos prevención, menos ordenación, menos rural vivo”. Por eso, si Galicia vuelve a arder, “no será una sorpresa ni una fatalidad: será su responsabilidad”.

Besteiro cerró su discurso con una lista de catorce propuestas que contrapuso a los múltiples “bonos” del gobierno Rueda. Si el año pasado el Bono Peixe fue la principal medida del debate, en este traía bajo el brazo una ampliación del Bono Coidado. El socialista ironizó proponiéndole el Bono Presidente, con un funcionamiento “simple”: “Los ciudadanos pagamos los impuestos y el gobierno resuelve los problemas”.

Y casi como conclusión, el líder del PSdeG insistió en dar la vuelta a otro de los mantras del ejecutivo gallego: “No tiene modelo, lo que sí tiene es una marca, la marca Galicia Caridade... no confundir con Calidade”.

“Ourense en pequeñito”

El primer portavoz de la oposición en dar la réplica a Alfonso Rueda fue el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quien ironizó con el parecido “casi idéntico” al discurso que el presidente ofreció el año pasado. Una intervención marcada por el “autobombo” y “coherente con el sesgo de su Gobierno en priorizar el litoral sobre el interior”, algo que ejemplificó con la definición que el presidente dio de Galicia como “Balcón del Atlantico”. “Este Gobierno tiene una imagen de Galicia que no es la perfecta, distorsionada de tal manera que el litoral ocupa espacio y la provincia de Ourense la tiene en pequeñito”, aseguró tras señalar que “la única vez” que Rueda nombró a su provincia fue por “algo malo”: los incendios de agosto, para mencionar la última vez que se había encontrado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El caso de las mujeres grabadas orinando en la calle durante la romería de la Maruxaina de 2019 ha dado otro giro. El Tribunal de Instancia de Viveiro (Lugo) que lleva la causa acaba de ordenar su reapertura para investigar a una segunda persona que ha sido identificada a partir de un informe técnico. La jueza aplica una interpretación reciente del Tribunal Supremo que afecta al cómputo de los plazos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y pide que se practiquen diligencias sobre este nuevo investigado.

La causa trata de esclarecer quién o quiénes son los responsables de las grabaciones realizadas durante la popular celebración de la Maruxaina en Cervo (Lugo) de agosto de 2019 en las que aparecen mujeres orinando en una zona pública, pero apartada, que no es de tránsito y en la que se suelen aparcar coches. Las imágenes, que son nítidas incluso de noche y están recogidas desde varios ángulos, fueron tomadas sin el conocimiento de las víctimas y terminaron subidas a páginas de pornografía. Una de las afectadas narró a este diario que ella y muchas otras se enteraron de que habían sido grabadas porque alguien que las conocía las avisó de que había un vídeo suyo en una web de este tipo.

La investigación judicial ha dado varios giros en estos años. Inicialmente, el juez que asumió el caso en Viveiro decidió sobreseerlo en 2021. Consideraba que no estaba acreditado que hubiese delito porque las mujeres habían sido grabadas en un espacio público “en el que podían ser vistas por cualquier persona que por allí transitase”, de modo que no apreciaba “ningún ataque ni vulneración de la intimidad”. La Audiencia Provincial de Lugo ordenó meses después reabrir la causa, a la que las propias víctimas aportaron vídeos que fueron localizando y en los que consideraban que había pistas sobre los autores.

En 2024, el juzgado ordenó seguir la causa contra un sospechoso, acusado de un delito de producción, distribución y tenencia de material pornográfico. Pero en enero de 2026 tomó la decisión de sobreseerla provisionalmente por no haber podido encontrar pruebas suficientes para acusar a ningún responsable. La jueza señalaba entonces que no ponía en duda los relatos de las mujeres ni su sufrimiento, pero señalaba que no había “indicios racionales y suficientes de criminalidad contra personas determinadas”. Ahora reabre el caso basándose en la reciente interpretación del Supremo que implica que se pueden practicar diligencias en los 12 meses siguientes a la identificación de un nuevo investigado. Esta sentencia se dictó después del sobreseimiento provisional de la investigación por los vídeos de la Maruxaina.

El Tribunal de Instancia de Viveiro indica ahora que se deben practicar diligencias sobre un segundo investigado y pide a las partes que propongan las que consideren necesarias. Sin embargo, declara firme el sobreseimiento respecto al primer sospechoso.

Fue uno de los anuncios estrella de Alfonso Rueda en su discurso sobre el estado de la Autonomía, alfombrado durante los días previos por la prensa afín: la Xunta implantará un “programa integral” para limitar el derecho a la baja laboral de los trabajadores gallegos, especialmente aquellas relativas a la salud mental y a lesiones musculares. Reforzará, además, el papel de las mutuas privadas. “Rueda es un vasallo de la patronal”, resume Paco Sío, de la CIG, sindicato mayoritario en la comunidad. “Las medidas ponen el foco en las personas trabajadoras”, señala Armando Iglesias, de Comisións Obreiras, “cuando el problema no está ahí”. Las centrales, en conversación con elDiario.es, arremeten contra el presidente gallego, al que acusan de servilismo respecto de los empresarios y de recortar y privatizar la sanidad.

“Es Rueda el que provoca que tardemos más en curarnos al recortar la sanidad pública”, se extiende Sío, “y ahora, en vez de solucionarlo, quiere que vayamos enfermos a trabajar”. El presidente gallego aseguró en el Parlamento que la comunidad es la segunda en el Estado que registra más incapacidades temporales y con mayor duración media. Los sindicatos lo relacionan con el aumento de las listas de espera en cirugías y especialistas y de los plazos para obtener cita en atención primaria. “La falta de inversión del Gobierno gallego en la sanidad pública produce unas listas de espera que son las que son”, aduce Armando Iglesias. No solo, existen más factores que contextualizan la ofensiva de Rueda, apoyado en la patronal que encabeza Juan Manuel Vieites, contra las bajas y lo que entienden como absentismo laboral.

Comisións Obreiras habla de dejadez del empresariado, que “no vela por la salud de los trabajadores y trabajadoras”. Y la CIG recuerda que la reducción de los presupuestos destinados a la prevención de riesgos laborales provoca que haya menos inspectores y más descontrol en las empresas. Sobre la función de las mutuas privadas en la gestión de las incapacidades laborales, que la Xunta quiere fortalecer, también existe cierto consenso en los sindicatos. Armando Iglesias, responsable de Saúde Laboral en su central, denuncia su apatía, mientras Paco Sío, secretario de Negociación Colectiva de la CIG, las acusa de preocuparse “no por la salud de los trabajadores sino por su propio beneficio”. El plan de Rueda es otorgarles la última palabra en las propuestas de alta y que la inspección sanitaria pública apenas se encargue de ratificarla.

Sío menciona finalmente otros dos factores que, en su opinión, convierten lo que los presidentes de Gobierno gallego y patronal llaman “problema del absentismo laboral” en un síntoma. En un síntoma de que algo va mal en el mundo gallego del trabajo. El primero, el envejecimiento de la fuerza laboral: en una década, los trabajadores y trabajadoras con más de 55 años han pasado del 14 al 25%, uno de cada cuatro. El segundo, la jornada laboral, por encima de la media europea. “Cuando se intentó reducir, que a nosotros nos parecía poco pero era importante, la patronal se negó y remitió a la negociación colectiva”, apunta, “pero en la negociación colectiva no se está aprobando”. Las dos circunstancias combinadas producen “un aumento de la posibilidad de enfermar”.

La siniestralidad laboral es elevada en Galicia. Durante el inicio de este 2026, su alza es la mayor de todas las comunidades. Y entre enero y septiembre de 2025, fue la tercera en mortalidad.

Alfonso Rueda dijo en sede parlamentaria que llevará su propuesta al diálogo social. La CIG ya avisa de que no va a participar “en esta mascarada”. “Allá de quién lo haga”, concluye Sío.

Alfonso Rueda ha decidido dar por bueno el discurso sobre el absentismo de la patronal y conceder la categoría de “asunto urgente” a la gestión -para tratar de reducirlas- de las bajas laborales de los trabajadores gallegos. El presidente de la Xunta aprovechó su intervención en el debate sobre el estado de la Autonomía para calificar la cuestión de “problema muy serio que está lastrando la productividad en Galicia” y anunciar que su gobierno va a poner en marcha “un programa integral de abordaje” que va a tener como una de sus medidas la creación de una unidad que va a controlar lo que, en realidad, ya revisan los médicos: las incapacidades temporales. Y se va a centrar en las más habituales, que son las motivadas por lesiones musculoequeléticas y lo que Rueda denomina asuntos de “psiquiatría menor”.

El presidente gallego puso el foco en el impacto de las bajas en las cuentas empresariales en el mismo discurso en el que insistió en afirmaciones sobre la buena marcha de la economía gallega y su mercado laboral -con un paro en las cifras más bajas de los últimos 20 años, resaltó-. Aseguró que Galicia es la segunda comunidad con más jornadas “perdidas” por incapacidades temporales y con más duración media de las mismas, con unos 60 días de promedio. Siguió con esta línea argumental para afirmar que las “pérdidas” son de 2.200 millones de euros. Así que consideró que “hay mucho margen de mejora” y que el deber de la Xunta es reforzar la vigilancia. En los dos años que lleva de mandato ya puso en marcha un ensayo -se revisaron 130.000 casos y algo más de 30.000 trabajadores fueron dados de alta-, pero ahora anuncia que va a “pisar el acelerador”.

Además de las unidades especializadas para controlar las bajas más frecuentes, la Xunta va a reforzar a las mutuas privadas. Rueda indicó que, si hay una propuesta de alta, la inspección sanitaria la va a ratificar y solo en caso de duda va a citar al trabajador o trabajadora para confirmar si debe o no reincorporarse. También va a permitirles hacer una tramitación global de todas las pruebas médicas que requieran, en lugar de que las tengan que solicitar de una en una, dijo. Añadió que todo este plan se va a plantear en el diálogo social, con patronal y sindicatos, a los que ya lanzó la advertencia de que espera que no caigan en “demagogias”.

Lo que no citó Rueda en su discurso fueron las posibles causas para que en Galicia haya bajas más largas que la media estatal o los motivos para el incremento de las incapacidades temporales, que los sindicatos relacionan con el acceso a atención médica, las amplias jornadas laborales o el envejecimiento de las plantillas. Tampoco se refirió al informe del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) que muestra que en 2025 los accidentes laborales con baja crecieron un 1,5% en Galicia -fueron 27.553-, en especial en la industria. El avance del Ministerio de Trabajo de los datos entre enero y diciembre del año pasado indica que la subida gallega de siniestralidad laboral fue la segunda más acusada entre las comunidades. Solo Asturias registró un dato peor, del 3,3%.

Las promesas para atención primaria

El presidente gallego se detuvo en uno de los agujeros de la gestión de la Xunta: una sanidad en la que empeoran todos los indicadores de demoras y que ha encadenado conflictos en los últimos años. Lo hizo para, primero, echar balones fuera y repetir que, si los últimos datos han empeorado, se debe a la huelga de médicos convocada en todo el Estado en reivindicación del estatuto marco. Sin embargo, ha minimizado el impacto de los paros registrados en Galicia contra políticas específicas de su gobierno: dijo que la que mantuvo el sindicato gremial O'Mega en atención primaria tuvo un seguimiento del 5% y que la que sigue, convocada por la CIG, parte de “un sindicato que, por lo general, no quiere llegar a acuerdos”.

Rueda volvió a admitir, como suele hacer, que el de la sanidad es un ámbito en el que hay margen de mejora y lanzó varias promesas para la atención primaria. Una de ellas es la de reducir el papeleo que tienen que hacer los médicos de familia, para lo que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) tiene previsto crear una unidad especial que se centrará en las cuestiones burocráticas. Otra es limitar las agendas para que estos profesionales no tengan que atender a más de 30 pacientes dentro de la jornada ordinaria. Y también avanzó que la Xunta va a crear una Dirección Xeral de Atención Primaria.

Subida de la renta que puede acceder a vivienda pública

El presidente reservó para el debate anuncios también en materia de vivienda. La Xunta va a subir de nuevo -lo hizo ya en 2025- el tope de renta para poder acceder a una vivienda pública, que es la que está pensada para los hogares con ingresos más bajos. El límite va a pasar a ser hasta cuatro veces el IPREM. Ha puesto un ejemplo que lo que va a significar: una pareja con un hijo tiene ahora un tope de 2.250 euros brutos mensuales para poder acceder a este tipo de vivienda y va a pasar a 3.500. En el caso de las familias numerosas el tope va a ser 4,5 veces el IPREM. La otra novedad es que el Gobierno gallego va a reservar el 30% de las viviendas públicas en venta a personas de entre 36 y 45 años.

La Xunta va a insistir en las rebajas de impuestos, que considera que “crean dinamismo”. En lo que va de legislatura, dijo, son 1.100 millones de euros los que han dejado de ingresar las arcas públicas gallegas por estas bajadas fiscales. La siguiente va a ser una bonificación del 100% del impuesto de actos jurídicos documentados para las operaciones con viviendas protegidas.

El discurso de Rueda no citó el nombre de Altri directamente, pero sí se detuvo en las críticas a la planificación eléctrica del Estado, a la que la Xunta atribuye tener que haber dado carpetazo al proyecto de macrocelulosa, que provocó un fuerte rechazo social y manifestaciones históricas. Rueda dijo que no incluir la conexión que necesitaría Altri fue una maniobra política. En materia industrial, reafirmó la apuesta por los también muy contestados proyectos de minería y avanzó que habrá este año otro concurso de derechos mineros, después de que el del año pasado quedasen desiertos la mayoría de los ofrecidos.

Su única referencia al sector eólico fue la de reiterar que la Xunta seguirá defendiendo los proyectos en el mar y en tierra. “Vamos a seguir apostando por una eólica terrestre ordenada y respetuosa con el medio ambiente”, manifestó. Precisamente el argumento del posible daño ambiental irreversible ha parado varios de los planes que están en marcha en Galicia para instalar aerogeneradores. El sector acaba de recibir una nueva sacudida con el anuncio reciente del traslado forzoso de dos jueces de la sección del Tribunal Superior de Xustiza encargada de revisar estos litigios.

Rueda dedicó los minutos finales de su intervención en el debate de política general a proponer que la marca 'Galicia calidade', acuñada para promocionar productos alimenticios, se extienda al “estilo de vida” gallego.

Alfonso Rueda afronta este miércoles el debate sobre el estado de la Autonomía justo cuando ha consumido la mitad de su mandato como presidente de la Xunta. Lo hace con un balance triunfalista -asegura que el 85% de sus compromisos están cumplidos- y con la promesa de profundizar en anuncios en vivienda, un ámbito sumido durante años en la desatención, en rebajas fiscales y en gestión de bajas laborales, para las que el Gobierno gallego ya tiene en marcha un plan de control. Dice que valora que el horizonte electoral no sea inmediato para seguir con su programa, pero ha evitado esta semana confirmar si eso significa que va a agotar la legislatura. Recurrió para ello a una de sus declaraciones vagas: “Mi intención es tener mucho tiempo por delante para ejecutar todo aquello a lo que nos comprometimos”.

La oposición rebaja el entusiasmo en su evaluación y considera que hay pocos frutos apreciables de las políticas de la Xunta. “Todo está en proceso, ¿pero en proceso de qué?”, se preguntó Lara Méndez, viceportavoz parlamentaria del PSdeG, en vísperas del debate de política general. Añadió que “una parte importante son cartas al Gobierno” y no iniciativas propias. La diputada del BNG Olalla Rodil apuntó en una dirección similar: “El estilo Rueda es pura propaganda, no tiene ni una sola propuesta para resolver los problemas que atraviesan a miles de gallegos. Anuncia, anuncia y anuncia, pero no hace”. La parlamentaria nacionalista no espera tanto novedades en el discurso del presidente gallego como “un refrito de anuncios”. Tanto el BNG como el PSdeG prevén poner el foco en problemas pertinaces como las listas de espera en la sanidad pública y las dificultades de acceso a la vivienda, que persisten en medio de la acumulación de anuncios de Rueda para duplicar en esta legislatura -y llegar hasta 8.000 pisos- el parque público residencial.

Otra cuestión recurrente en el debate político ha vuelto a los titulares en vísperas del debate sobre el estado de la Autonomía: un incendio forestal iniciado en el municipio pontevedrés de Ponteareas ha amenazado viviendas y ha arrasado 750 hectáreas. Es el primer gran fuego de este año en Galicia, que cerró en 2025 un ejercicio de récord. Se calcinaron, según los cálculos de la Xunta, 119.000 hectáreas y se registraron los mayores incendios de la historia de la comunidad. En numerosas poblaciones los vecinos protestaron porque se vieron solos, mientras había medios autonómicos parados. El de Ponteareas tiene un añadido: el terreno afectado había ardido ya en otras ocasiones, pero eso no evitó que volviesen a prender las llamas, como ocurre en otros puntos de la comunidad.

El fracaso del gran plan industrial

No son las únicas zonas en sombra de la gestión de la Xunta, que ha visto frustrarse el que era su gran plan industrial para estos años, el de la macrofábrica de celulosa proyectada por la empresa portuguesa Altri para Palas de Rei (Lugo). La pretensión de instalar esa factoría en el corazón de Galicia se encontró con una férrea oposición ciudadana, críticas de especialistas en valores naturales y culturales y unas manifestaciones históricas. Aunque el Gobierno gallego no vio inconvenientes ambientales, la Justicia sí puso reparos y rechazó por ilegal una reducción de la protección de los terrenos. Cerrado el camino de la pastera, Rueda tampoco ha aclarado si tiene otra ruta industrial trazada para la comunidad.

Hay más proyectos frenados en Galicia: 85 parques eólicos están parados cautelarmente en los tribunales y dos de los jueces que firmaron esas sentencias -criticadas por la Xunta- acaban de ser apartados de la sección que se ocupa de esos asuntos y trasladados forzosamente a otra. Uno de los argumentos que se repite en esas sentencias es el de un posible daño ambiental irreparable, pero las críticas por el impacto sobre el entorno se extienden a otros planes empresariales amparados por la Xunta y con fuerte contestación social, de explotaciones mineras a plantas de biogás.

La réplica de Alfonso Rueda ante las movilizaciones que protestan contra sus políticas, ya sea en materia industrial, educativa o sanitaria, consiste recurrentemente en distinguir entre manifestantes “de buena fe” y aquellos a quienes considera politizados. Rueda trata de identificar las críticas a sus decisiones con intereses de los partidos de sus adversarios y, bajo su liderazgo, el PP ha ahondado y llevado un paso más allá sus ataques a la oposición. Su número dos en el partido, Paula Prado, equiparó el derecho a manifestación con la kale borroka y acusó al BNG de estar tratando de replicar esa estrategia en Galicia. El propio Rueda insiste en un tono desdeñoso en sus debates en el Parlamento con los líderes de BNG, Ana Pontón, y PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

Menos huecos para la oposición

También bajo su batuta el PP está desarrollando un intento de constreñir los espacios para la oposición en las instituciones. Rueda ha aumentado el control político sobre los medios públicos con una ley, aprobada por el PP en solitario, que permite nombrar al director de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, antes CRTVG) sin una mayoría cualificada, lo que equivale a que se puede escoger sin necesidad de negociar con la oposición, un escenario que no se daba con la norma anterior. La elegida fue Concha Pombo, que había sido antes la responsable de los muy cuestionados informativos de la TVG. Después de eso, el presidente gallego se ha puesto de perfil sobre cuestiones que afectan a la CSAG. El pasado mes de marzo, rechazó hacer comentarios después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenase a la Corporación por represaliar a una periodista.

En marzo se dio también una situación nunca vista en el Parlamento gallego: el PP vetó al candidato propuesto por el BNG para ser adjunto a la Valedora do Pobo, con lo que rompió el pacto que se ha respetado tradicionalmente en la Cámara gallega y que consiste en que el grupo mayoritario propone a la persona para encabezar esta institución y el segundo grupo con más representación, al adjunto. La formación nacionalista había cumplido su parte y votado para revalidar como Valedora a Dolores Fernández Galiño. Pero la formación conservadora se negó después a aceptar el nombre dado por los nacionalistas -el del profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel Vilela- con el argumento de que no tenía “antecedentes de imparcialidad”. De Abel forma parte de la asociación ecologista Adega y la asesoró en la batalla contra el proyecto de Altri. En su intento por justificar el bloqueo del PP, Rueda aseguró que quien quería “imponer su voluntad” era el BNG.

El esqueleto carbonizado de un tractor de leña emerge entre la ceniza y la madera quemada. Por el suelo se desperdigan troncos de árboles, talados hace muy poco. La única nota de claridad la pone el blanco de la cinta con el logotipo de la Xunta que perimetra la zona. A falta de lo que concluya la investigación, el vehículo se perfila como el causante del primer gran incendio forestal del año en Galicia. Un fuego que partió de Padróns, en el concello de Ponteareas y que calcinó 750 hectáreas antes de ser controlado veinticuatro horas después. Las intensas lluvias impidieron que las llamas siguiesen avanzando, como sucedió hace casi una década. En octubre de 2017, un foco iniciado en la misma parroquia arrasó 9.000 hectáreas y provocó un cambio en el modo de entender estos fenómenos en la comunidad. Y aquella tampoco era la primera vez.

“Los grandes incendios forestales tienen memoria”. Juan Picos, profesor de la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra, es una de las mayores autoridades en la materia. “Y no es magia: hay razones objetivas detrás”. Desde 2018, Picos y su equipo vienen utilizando esa zona concreta como ejemplo de que el gran incendio forestal (GIF) de hoy es el padre del de mañana. “Y, normalmente, los hijos siempre son más grandes que los padres”.

“El análisis de los incendios de 2017, en Galicia y Portugal, indica que una parte significativa de los mismos recorrió áreas previamente afectadas por Grandes Incendios Forestales en el pasado”, escribía en 2019 en el documento de conclusiones del convenio de colaboración entre la Deputación de Pontevedra y la Universidade de Vigo para mejorar la gestión forestal en la provincia.

Picos explica que, tras un GIF, lo normal es que se produzca un mayor abandono del monte y ese ya es un primer factor de riesgo. Igual de normal es que la regeneración natural llegue a la vez, lo que homogeneiza el paisaje, porque todo el matorral rebrota al mismo tiempo. Al no haber un “mosaico” con distintos tipos de vegetación, es más fácil que el fuego se propague. Si, además, el incendio ha sido muy intenso y ha alcanzado temperaturas extremas, es probable que produjese daños en el suelo: pérdida de materia orgánica, erosión y una menor capacidad para almacenar agua. Por tanto, ese terreno se secará más rápido, será más propenso a manifestar antes la sequía y trasladarla a la vegetación. Así que, una vez declarado, “el incendio no elige, pero va por zonas que le son más favorables, y esta lo es especialmente”. Por eso, en grandes áreas afectadas, la propagación del siguiente foco puede ser mayor y en menos tiempo. “Tenemos zonas recalcitrantes con independencia de que la causa de ignición se repita o no”.

En octubre de 2017, tras un verano especialmente seco, el paso del huracán Ofelia desató los incendios, primero en Portugal y, después, en Galicia. Sólo en el fin de semana del 14 y el 15 se calcinaron 35.000 hectáreas, el doble de lo que había ardido el resto del año. Las llamas llegaron a correr por el centro de Vigo. El fuego iniciado también en Padróns quemó entonces 9.000 hectáreas y se extendió por el monte, siguiendo la línea de cumbres –y de los años anteriores–, hasta el concello de Ponte Caldelas.

Una oleada de ese calibre, en pleno otoño y con la campaña de incendios ya finalizada, obligaba a repensar el modelo. El Parlamento de Galicia creó una comisión especial para hacerlo. Tras recibir luz verde a su dictamen, el diputado impulsor, José González, fue nombrado conselleiro de Medio Rural y desde allí empezó a girar poco a poco hacia la prevención una política basada, hasta entonces, en un servicio de extinción que se presentaba como modelo en Europa.

Tras los incendios de 2022 –cuando, por primera vez, dos fuegos simultáneos superaron en Galicia las 10.000 hectáreas–, su departamento empezó a trabajar en una nueva ley de prevención. Pero González, demasiado reformista para algunos sectores, cayó en las luchas internas del PP tras la marcha a Madrid de Feijóo. Rueda lo desplazó a Emprego y el propio presidente, con chaleco reflectante y sin afeitar, se encargó de liderar –por encima de la actual titular, María José Gómez– la lucha contra el fuego de este verano, cuando Galicia sufrió la peor crisis de su historia y vio arder casi 120.000 hectáreas.

Las condiciones meteorológicas de este lunes eran, según Picos, muy parecidas a las de octubre de 2017, con Galicia bajo la influencia de una “mini Ofelia”: una ola de viento sahariano que dejó temperaturas por encima de los 30 grados –en Ponteareas se registraron 28º–. “Estamos en primavera y no al final del verano, la vegetación está más verde, el viento es menor pero de componente sur, llega un golpe de calor con bajas humedades, se produce una circunstancia de ignición... y el fuego siguió el mismo camino”.

Si, esta vez, el hijo se quedó más pequeño que su padre de nueve años antes, en buena medida fue gracias a las fuertes tormentas que azotaron Galicia, sobre todo a partir de medianoche, cuando la Xunta daba por estabilizado el fuego en torno a las 600 hectáreas. Antes de que descargase el agua, el viento que precede a la tempestad todavía complicó un poco más las cosas. “Meneó el avispero”, describe gráficamente Picos. El fuego generó una convección, levantó cortezas de eucalipto incandescentes y las lanzó por delante de su propio frente –lo que se conoce por paveseo– provocando nuevos focos secundarios que, como es habitual, extendieron la hipótesis de la intencionalidad.

“Romper este ciclo de susceptibilidad al fuego resulta clave y debe ser una labor prioritaria en aquellas áreas que fueron afectadas por los incendios de octubre de 2017”, concluía en el documento que presentó a la Deputación en 2019. Tras las casi 120.000 hectáreas quemadas en Galicia en 2025, hoy esa prioridad parece todavía más acuciante.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, ha confirmado al eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, que la reforma de la Ley de Costas efectuada por el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2013 y 2014 “vulnera el derecho comunitario”. En una respuesta a una pregunta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, Séjourné afirma que la Comisión considera que dicha legislación “vulnera tanto las obligaciones en virtud de la Directiva de servicios1 como el principio de libertad de establecimiento consagrado en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

En este sentido, Bruselas mantiene abierto un procedimiento de infracción contra España, que sigue en tramitación, debido a que la legislación española permite prorrogar concesiones en el dominio público marítimo-terrestre hasta un máximo de 75 años, así como que no se establece ningún procedimiento de selección imparcial y transparente de adjudicación de dichas concesiones.

Ante esto, González Casares ha remarcado que la respuesta de la Comisión Europea “es cristalina y deshace las excusas de la Xunta y de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez”. “Prorrogar una concesión por 75 años es contrario a la legislación comunitaria”, señaló, “esto es una huida hacia adelante del Gobierno gallego. Cualquiera que queira una nueva concesión en dominio público marítimo terrestre deberán concurrir otra vez”. El eurodiputado socialista añadió que el ejecutivo de Alfonso Rueda juega a “provocar inseguridad jurídica al contar una auténtica mentira” y comparó la situación con el procedimiento de infracción abierto por la prórroga de la concesión de la AP-9 del gabinete de Aznar.

El Gobierno central trabaja en un real decreto de modificación del reglamento general de Costas para “corregir la situación”. La Xunta le ha presentado alegaciones.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado el archivo de la denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, por “falta de indicios”. De este modo, confirma el auto dictado el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, en el que determinó que no hay lugar al procesamiento del exconselleiro do Mar como autor de un delito de agresión sexual y dio por concluido el sumario. En concreto, la sala rechaza la solicitud de la acusación particular de devolver la causa al órgano instructor con la finalidad de que recibiese declaración a dos personas.

En el auto, los magistrados subrayan que la investigación ya practicada “ha sido amplia y minuciosa” y que, en base a ella, la jueza instructora “no ha apreciado indicios bastantes para procesar”, criterio compartido por el Ministerio Fiscal. “De lo actuado se desprende que se han practicado todas las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados, por lo que es procedente confirmar el auto de conclusión de sumario”, incide la Audiencia Provincial. En la resolución, los jueces explican que la controversia “no se sitúa en este caso en la necesidad de completar una investigación insuficientemente desarrollada, sino en la pretensión de obtener una nueva valoración incriminatoria de las actuaciones para alcanzar un resultado procesal que no ha sido considerado procedente ni por la instructora, tras una investigación detallada, ni por el Ministerio Fiscal”.

Además, la sala señala que las diligencias cuya práctica se interesa por parte de la acusación particular -la declaración de la conductora y la ayudante de la ambulancia- presentan “un carácter claramente periférico y prospectivo respecto del núcleo fáctico investigado”. Así, explica que el hecho de pretender que ambos “puedan erigirse en testigos directos aptos para establecer, conforme a su mera percepción y experiencia práctica, si la sintomatología que presentaba la denunciante resultaba compatible con un cuadro de sumisión química, carece de solidez lógica y procesal”.

A ello, añade que “no solo se trata de personas manifiestamente ajenas al núcleo del hecho investigado y desprovistas de cualificación pericial para efectuar una inferencia diagnóstica de esa naturaleza, sino que, además, tal hipótesis ya ha quedado contradicha por declaraciones testificales de médicos especialistas y por el resultado de análisis, exploraciones y pruebas clínicas exhaustivamente practicadas”. De esta forma, la Audiencia Provincial de A Coruña concluye que “postular ahora tales declaraciones como vía apta para sustentar un procesamiento no pasa de ser una conjetura carente de base objetiva”. Contra el auto cabe la presentación de recurso de súplica.

Dimisión como conselleiro

Alfonso Villares presentó su dimisión al frente del departamento autonómico de Mar en una comparecencia urgente convocada en San Caetano, la sede central del Gobierno gallego en junio del pasado año. Afirmó entonces que dimitía para poder “defenderse” en mejores condiciones ante una acusación de la que se declaró “totalmente inocente”.

El día siguiente a su dimisión, en el cual Marta Villaverde tomó posesión como nueva conselleira do Mar, Villares fue arropado en el acto por todo el Gobierno gallego con su presidente, Alfonso Rueda, al frente, con quien se abrazó. Allí, el titular del Ejecutivo autonómico deseó que “se haga justicia cuanto antes” con Villares para “poder recuperarlo para la vida pública”.

Ese mismo 5 de junio, Rueda reveló que conocía desde febrero la denuncia contra Villares. “En el mes de febrero, el exconselleiro Alfonso Villares me comunica que recibe una llamada a la comisaría de Ferrol donde dice que hay una denuncia contra él y si desea prestar voluntariamente declaración. Él acude, presta esa declaración, me comenta que es por una denuncia por unos hechos que habían acaecido un par de meses antes”, relató entonces en declaraciones a los medios.

La dimisión de Villares se produjo en junio tras notificación sobre su imputación por una supuesta agresión sexual.

La Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, tras la querella de un exconcejal de Democracia Ourensana en la que se denunciaba la supuesta adquisición con fondos municipales de material técnico derivado a la televisión privada Auria TV, propiedad del regidor. Según ha señalado el magistrado Leonardo Álvarez en un auto, “no se ha acreditado” que los hechos investigados “sean contrarios al ordenamiento jurídico penal”, al recalcar que comprar material técnico para grabar actuaciones relacionadas con el Ayuntamiento o contratar a un asesor con el fin de encargarse, entre otras funciones, de realizar tales grabaciones “en ningún caso es constitutivo de delito”.

En este sentido, el juez ha señalado que, el posible “trato preferencial que desde el Ayuntamiento de Ourense se le puede estar dando a la televisión del alcalde”, debe de debatirse en el pleno municipal, subrayando que si la decisión que se tome “no es del agrado de algún concejal”, habrá que impugnar dichos acuerdos ante los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa, “mucho más adecuados para dar respuesta a dicha cuestión”.

En concreto, la querella cuestionaba la posible adquisición por parte de Pérez Jácome en junio de 2020 de diverso material técnico entre el que se encontraba dos cámaras por un total de 8.698,04 euros, con cargo al Ayuntamiento de Ourense, recalcando que dichas cámaras “fueron utilizadas con fines privados”, en concreto para realizar grabaciones para Auria TV, “televisión propiedad del señor alcalde”. Ante dicha cuestión, el magistrado ha considerado que la prueba aportada no es “en absoluto suficiente para afirmar que dichas grabaciones se hiciesen para ser emitidas exclusivamente por Auria TV”, subrayando que es “indudable” el interés que dichas grabaciones “tienen para la ciudadanía ourensana”.

“A juicio de este instructor se antoja totalmente razonable que el Ayuntamiento de Ourense adquiera material técnico adecuado para realizar grabaciones de actos que guardan relación con el Ayuntamiento y que son de interés para los ourensanos teniendo en cuenta la importancia que hoy en día tienen las redes sociales”, ha señalado en el auto.

Contratación de un asesor

En esta línea, el querellante cuestionaba además la contratación del asesor municipal, quien “en realidad desempeña funciones para Auria TV”, destacando el juez que “ninguna prueba se ha practicado al objeto de acreditar esta circunstancia”. “El testigo únicamente desempeña funciones para el Ayuntamiento de Ourense desde el año 2019 y desde esa fecha no ha realizado ningún tipo de actividad al servicio de Auria TV, si bien reconoce el testigo que es el encargado de realizar grabaciones para el Ayuntamiento de Ourense lo cual tampoco se considera contrario al ordenamiento jurídico penal”, ha añadido el juez. Sin embargo, en este sentido, el magistrado ha matizado que, en cuanto a la compatibilidad entre la condición de alcalde y su condición de propietario de la televisión Auria TV, “es una cuestión que forma parte del objeto de otras diligencias previas”.

La planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao, municipio de Cervo (Lugo), ha completado el rearranque de todas sus cubas este martes después de la parada de electrólisis que comenzó en enero de 2022. Ese cese total de la actividad duró dos años, hasta comenzar con el proceso de reactivación a inicios de 2024.

De ello informa este martes el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, citado por Europa Press. Zan indica que el arranque “se ha producido según lo estimado”. “Ahora mismo tenemos la producción de electrólisis con 512 cubas en funcionamiento, lo cual lleva a arrancar todas las que habíamos parado en enero de 2022, más las 35 que estaban paradas con anterioridad”, explica.

Esta fecha llega con retraso respecto al acuerdo de viabilidad firmado entre representantes de la empresa y de los trabajadores que fijaba la reactivación del 100% de las cubas para octubre de 2025. Este proceso se vio interrumpido por el apagón ocurrido en toda España el 28 de abril de 2025 y a este evento atribuyó la empresa la previsión anunciada poco después de que no cumpliría con lo pactado.

Al respecto, Zan se queja de que “se ha realizado fuera de todos los plazos del acuerdo de viabilidad, sin negociarlo y sin buscar soluciones a otros problemas graves como es el horno de cocción”. Remarca que este “es un elemento fundamental, dado que una cosa es arrancar la planta y otra cosa es el futuro de la planta”.

“El acuerdo de viabilidad conllevaba inversiones y la más importante, que era más de 100 millones de euros, era el horno de cocción, que nos garantizarían como mínimo 40 años de estabilidad, lo cual no tenemos por culpa de una decisión arbitraria de Alcoa e incumpliendo totalmente dicho acuerdo”, censura.

La Xunta da por extinguido el incendio iniciado en el concello pontevedrés de Ponteareas, que finalmente afectó a una superficie de 750 hectáreas, de las que 550 se corresponden con monte arbolado y las 200 restantes de raso. Es el primer gran incendio forestal (GIF, categoría que alcanzan los que superan las 500 ha) de 2026 en Galicia, una comunidad que viene de vivir el peor año de su historia con casi 120.000 hectáreas arrasadas, la gran mayoría durante la crisis de agosto en Ourense.

Las llamas, que fueron visibles desde el casco urbano de Vigo y que se aproximaron al aeropuerto de Peinador –auque no llegaron a afectar al tráfico aéreo– comenzaron en la parroquia de Ribadetea, en el monte Galleiro, antes de extenderse a Pazos de Borbén y Mos.

Se declararon a las 14:47 horas, un momento en el que se rozaban los 30 grados de temperatura y el viento soplaba con fuerza. Inicialmente, la alcaldesa de Ponteareas apuntó a Europa Press como causa el incendio de un tractor, pero después matizó que no estaba confirmado. Será la investigación la que confirme lo sucedido. La situación meteorológica cambió entrada la tarde y la llegada de la lluvia ayudó a las labores de los servicios de extinción.

La Consellería de Medio Rural llegó a decretar la Situación 2 por la proximidad de las llamas al núcleo de Galleiro, en el municipio de Pazos de Borbén, que fue desactivada a medianoche.

Para la extinción del fuego, el departamento autonómico ha movilizado hasta el momento a cuatro técnicos, 17 agentes, 25 brigadas, 16 motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, cinco helicópteros y seis aviones. El Gobierno sumó a la brigada helitransportada BRIF de Laza.

Controlado el fuego de Carballo

En su parte de última hora de la tarde, la Xunta daba por controlado –en este caso, desde las 15:37 horas– el incendio que afecta a los municipios de Carballo (A Coruña), iniciado en la parroquia de Noicela, y de A Laracha, con origen en Caión, que se unieron en un único frente y suman más de 190 hectáreas quemadas.

Este fuego motivó el desalojo de forma preventiva a los vecinos de cinco casas de Caión, aunque no fue necesario activar la situación 2 por parte de la Consellería do Medio Rural. En su extinción, la Xunta movilizó dos técnicos, trece agentes, 16 brigadas, 14 motobombas, una pala, tres unidades técnicas de apoyo, tres helicópteros y cuatro aviones, a los que se añadieron otros dos anfibios FOCA del Ministerio para la Transición Ecológica.

Fuentes consultadas por Europa Press han explicado que las primeras hipótesis apuntan a que el incendio registrado en Noicela pudo tener su origen en una quema agrícola. Estas quemas están prohibidas desde el pasado 24 de marzo debido a las condiciones meteorológicas.

El Comité Galego de Transportes exige a la Xunta que incluya actuaciones específicas para el sector en el plan de medidas de ayuda a las actividades más afectadas por la guerra en Oriente Medio y que estas sean complementarias a las aprobadas por el Gobierno central. Además, reclaman ser convocados de forma urgente.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, replicó ya a las críticas recibidas desde varios sectores por no haber incluido ayudas concretas al transporte en el paquete de medidas que presentó su equipo la semana pasada para dar respaldo a empresas afectadas por el impacto económico de la guerra en Irán. Su respuesta fue presentar como si fuesen propias las medidas del Gobierno central para reducir los impuestos que se aplican a la gasolina y el gasóleo: “La Xunta asumió estas vacaciones el 50% de los descuentos en combustible”.

Rueda dijo que cada sector tiene “sus circunstancias”, pero entiende que, con las medidas estatales, ya hay medidas concretas por parte del Gobierno gallego, dado que parte de los impuestos modificados están cedidos.

El Comité Galego de Transportes, por su parte, carga contra el Ejecutivo autonómico por decir que mantuvo reuniones con los sectores más afectados para conocer el impacto de los costes energéticos, cuando no escuchó, sostiene, a los empresarios de transporte de mercancías por carretera. Recuerdan al conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que el sector tiene más de 6.600 pequeñas y medias empresas y autónomos que suman una flota de unos 27.000 vehículos y que el gasoil representa cerca de un 40% de los costes de cada kilómetro, informa Europa Press.

Los empresarios del transporte dicen no entender que no tengan para la Xunta “la condición de sector especialmente afectado” por las consecuencias de la guerra en Irán y acusan al Gobierno gallego de darles “la espalda”. Por ello, el Comité Galego de Transporte ha acordado exigir “una rectificación inmediata” al Gobierno de Alfonso Rueda, demandando que los convoque de forma urgente para abordar las actuaciones necesarias para el sector.

Dos incendios forestales activos desde este lunes en Galicia, cuando se superaron los treinta grados de temperatura en lugares como A Coruña u Ourense, han arrasado 900 hectáreas de superficie: uno en el monte Galleiro —visible desde Vigo y próximo al aeropuerto de Peinador—, ya extingido tras quemar 750 hectáreas, y otro en Carballo, controlado y que ha afectado a 150 hectáreas. En el primero de ellos se activó la alerta avanzada la tarde del lunes por la proximidad de las llamas a la aldea de Galleiro, perteneciente a Pazos de Borbén.

El fuego de monte Galleiro se inició a las 14:47 en la parroquia de Ribadetea, en Ponteareas. Según la Consellería de Medio Rural, allí trabajron tres aviones, dos helicópteros, 15 brigadas, siete motobombas, diez agentes, una pala y un técnico. En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, explicó que los medios “están intentando controlar” el fuego, pero la situación está “complicada” por el viento. Indica que el fuego se ha ocasionado por el incendio de un tractor que se ha propagado por las fuertes rachas. Según contó, fue necesario desalojar por precaución a un hombre con movilidad reducida en el lugar de Mouro.

En Carballo (A Coruña), en la parroquia de Noicela, el incendio forestal comenzó a las 14,20 horas. En su extinción participan cuatro aviones, un helicóptero, cuatro agentes, una brigada, una motobomba, dos técnicos y tres unidades técnicas de apoyo. Muy cerca, en Caión, concello de Laracha, de declaró otro fuego a las 13,21 horas que acabó fusionándose con el de Noicela. De este, según informa Europa Press, no hay todavía estimación de superficie afectada. Desde las 15:39 está controlado un conato Lavadores (Vigo) que afectó a 0,2 hectáreas de monte raso.