La Xunta insiste en su apuesta por la minería tras quedar desiertos la mayoría de los concursos de derechos caducados

La Xunta de Galicia se reafirma en su apuesta por la minería. Lo hace a pesar del rechazo social y de entidades ambientalistas y tras declarar desiertos los procesos de la mayor parte de derechos mineros caducados que sacó a concurso. La estrategia se ha canalizado con un estudio elaborado dentro de una colaboración con la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Una de las conclusiones a las que el presidente gallego, Alfonso Rueda, le ha puesto más énfasis es la del valor económico que tienen, en potencia, los recursos mineros que hay en Galicia. El cálculo establece una horquilla amplia: entre 25.000 y 45.000 millones de euros. También recalcó que están presentes 18 de los 34 elementos que la Unión Europea identifica como críticos.

El presidente de la Xunta presentó los resultados del informe en su comparecencia posterior a la reunión semanal de su gabinete. Lo hizo acompañado de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenza, quien se extendió sobre la importancia que el Gobierno gallego le da al sector: la comunidad es el origen del 9,5% de la producción minera estatal, es líder en producción de piedra natural y alrededor del 20% del empleo relacionado con estas explotaciones femenino -es decir, se trata de una actividad muy masculinizada-.

Entre las materias primas que se consideran críticas, en Galicia se pueden encontrar tierras raras pesadas y ligeras, cobre, litio, metales del grupo del platino y metal de titanio. Y, uno de los recursos que más interés ha suscitado en los últimos años: coltán, el llamado oro negro por su uso para producir aparatos tecnológicos. La única mina de Europa, la de Penouta, está en Viana do Bolo (Ourense) y fue paralizada por una decisión judicial. Tras un cambio en la propiedad, está pendiente de una posible nueva tramitación.

Hace más de un año, la Xunta de Galicia presentó ante los medios una revisión de los derechos mineros caducados en territorio gallego con la intención de tratar de reactivar al menos una parte de ellos, en un contexto en el que varios de los proyectos del sector acabaron parados entre decisiones judiciales, incumplimientos medioambientales y rechazo social. En enero de 2025 el Diario Oficial de Galicia (DOG) recogió ese primer intento, traducido en cuatro convocatorias -una por provincia- de derechos mineros caducados. La idea se centraba en dar permisos de investigación para que las empresas determinasen si la explotación de alguno de los minerales era factible y rentable. La resolución llegó el mes pasado: la mayor parte de esos derechos no generaron interés y los concursos se declararon desiertos. En dos provincias, Lugo y Pontevedra, no hubo una sola petición. Finalmente, de los 51 derechos totales fueron adelante peticiones -una veintena- que afectan a seis.

La conselleira de Economía insistió en su intervención este lunes en que es “fundamental” que haya una colaboración entre la administración pública y las empresas privadas y defendió que la Xunta debe intentar incentivar que las empresas pidan esos permisos de investigación. En 2026 se va a dar prioridad a derechos sobre elementos críticos como el wolframio o el litio, dijo.

En respuesta a una pregunta sobre el rechazo social, uno de los principales problemas que afrontan los proyectos mineros, Lorenzana consideró que la estrategia debe ir por la vía de insistir en las bondades económicas de las explotaciones: a este tipo de aprovechamientos se les aplica la ley de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, que establece que parte de la riqueza debe redundar en el territorio en el que se asienta la empresa. “Las zonas en las que estén asentadas las futuras minas tienen que ser zonas más ricas y prósperas”, indicó. Añadió que una parte es labor del Gobierno gallego, que debe “ser capaz de aplicar” la norma y conseguir lo que la conselleira considera que debe buscarse también con los eólicos: “Pasar de ese momento en el que no queremos un eólico o una mina al lado a reclamar que exista un recurso natural que se pueda aprovechar cerca de nuestros hogares porque esa población en concreto va a ser más rica”.

La otra parte de la responsabilidad está en las empresas promotoras que, según Lorenzana, deben hacer las cosas “bien” en cuanto a sostenibilidad medioambiental y social, pero también “explicar adecuadamente los proyectos, cómo van a incidir en las cifras de empleo”.