La CIG acusa a Quirón de despedir a un trabajador de un hospital de A Coruña en represalia por su actividad sindical

La Confederación Intersindical Galega (CIG) acusa a Quironsalud haber despedido a un trabajador y haber sancionado a otra en uno de sus centros en A Coruña como “represalia” por sus denuncias por “la pérdida de calidad asistencial”, la insuficiencia de personal o la vulneración de derechos laborales. La organización sindical asegura que se está desplegando una “política de persecución y represión sindical” y que ese es el motivo de los castigos a estos dos trabajadores, que son, además la presidenta y el secretario del comité de empresa. El despido de este último, destaca, se produjo estando él de baja. La CIG anuncia que llevará lo ocurrido ante la Justicia y anuncia movilizaciones, la primera de ellas este jueves ante el centro en el que se produjeron los hechos, el Hospital Quironsalud (Instituto Policlínico Santa Teresa). Contactada por este diario, la empresa ha manifestado que no va a hacer comentarios.

La central sindical asegura que su actividad resulta incómoda a los responsables de Quirón. En los últimos tiempos, dice, este centro de A Coruña ha sido objeto de varios expedientes sancionadores de Inspección del Trabajo por lo que denuncia que son incumplimientos en materia de igualdad, de aplicación del convenio colectivo, de información a los representantes de los trabajadores e incluso por esquirolaje en las huelgas convocadas por el convenio provincial. También se han presentado demandas judiciales por vulneración de derechos y, para la CIG, “estas son las verdaderas razones” de las medidas de la empresa contra representantes del sindicato.

Miguel Tizón, el responsable de sanidad privada de CIG-Saúde, considera que los argumentos para las sanciones a la presidenta y al secretario del comité son “insostenibles” porque los acusa de infringir las normas de protección de datos, “cuando es el hospital el único responsable de garantizar la seguridad del tratamiento de datos”. “Y somos conocedores de que no cumple con las medidas técnicas y organizativas necesarias”, señala. Añade que los hechos de los que se acusa al secretario, y que llevaron a su despido, ocurrieron mientras estaba de baja.

Las sanciones, insiste la CIG, son “un ataque directo a la libertad sindical, que pretende ser, además, un ejemplo para todo el personal que no se acomode a la política asistencial de Quironsalud”. La central sindical ve detrás de estas medidas la mano de la dirección del grupo sanitario privado en Madrid, “con el objetivo claro de laminar la actual representación legal del personal” para evitar la mayoría de la CIG y lograr “un sindicalismo servil”. Añade otra acusación a la empresa: “Pretende silenciar y terminar con quien pueda ser testigo de cualquier práctica que priorice el rendimiento económico frente a la calidad asistencial”.