Un fallecido y tres heridos es el saldo provisional de la deflagración ocurrida esta tarde en un establecimiento hostelero en las inmediaciones de la plaza de toros de Almería. Se trata de la cafetería La Posada, en la calle Conde de Villamonte, aunque también se ha producido una segunda explosión en la cochera colindante, ambas posiblemente causadas por gas, informa el Emergencias 112.

Dos de los afectados han sido evacuados al Hospital Universitario Torrecárdenas, uno de ellos en estado grave por quemaduras y otro de carácter leve por inhalación de humo. El tercer herido ha sido trasladado al centro de salud de la plaza de toros, si bien por el momento se desconoce su patología.

La gravedad del incidente ha movilizado un amplio operativo de seguridad. A la zona se han desplazado dotaciones de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y sanitarios del 061.

Debido a la violencia de la deflagración, se ha requerido la presencia de especialistas del Tedax para asegurar la “zona cero”. Supervisando las tareas de rescate desde el lugar de los hechos se encuentra la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca.

El Gobierno central ha acordado incluir en el censo estatal de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática el monumento erigido en Palma en homenaje a los “héroes” del Crucero Baleares, uno de los responsables del bombardeo llevado a cabo en 1937 contra la población que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista, episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'. Se trata del primer elemento franquista del archipiélago en ser incorporado en este registro estatal, una decisión que ya ha sido comunicada formalmente al Ayuntamiento de Palma para que proceda a su retirada.

Paradójicamente, este mismo jueves, el pleno del Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, ha ratificado, a iniciativa de ambos partidos, la inclusión del monumento en el Catálogo municipal de Edificios y Elementos Protegidos, lo que le otorga el máximo grado de protección patrimonial. No solo eso. Tras conocer la decisión del Ejecutivo central, el Consistorio ha anunciado que la recurrirá en los tribunales y de que hará valer “todas las vías legales necesarias” para impedir su ejecución.

La incorporación de la edificación en el censo estatal se sustenta en un informe de la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática que concluye que el monumento forma parte del aparato simbólico de la dictadura. La resolución emitida este jueves señala que el monolito debe entenderse como un ejemplo del “culto a los caídos” impulsado por el franquismo, una de sus principales herramientas de legitimación política. Un culto que, subraya el documento, constituyó “una de las políticas simbólicas más importantes y persistentes de la dictadura que estuvo destinada a recordar -de forma excluyente y sin ninguna intención de reconciliación ni de mención a los muertos del bando republicano- a los fallecidos franquistas”.

“Caídos por Dios y por España”

La Secretaría de Estado asevera que, ya desde el momento en el que se estaba desarrollando el conflicto bélico, los denominados como “caídos por Dios y por España” contaron con monumentos, misas y homenajes de diferentes tipos como parte de la estrategia legitimadora de la dictadura. “Al ser glorificados, su muerte se convertía en una muerte necesaria por la salvación de España, quedando justificada la guerra (mitificada como Cruzada) y la violencia perpetrada contra el enemigo”, incide.

El monolito, cuya presencia lleva años en disputa política, social y judicial en la capital balear, fue levantado en plena dictadura, en 1947, para homenajear a los cerca de 800 combatientes sublevados que murieron diez años antes en el hundimiento del buque durante la batalla del cabo de Palos, el mayor combate naval de la Guerra de España. Un año antes, el Crucero Baleares protagonizó una de las mayores masacres tras el golpe de Estado de 1936: la llevada a cabo contra los miles de civiles que el 7 de febrero de 1937 se arrojaron a la carretera en dirección este para escapar de las tropas sublevadas que, apoyadas por las fuerzas italianas y los regulares marroquíes, avanzaban desde el oeste. En su huida, los civiles fueron ametrallados por los aviones Heinkel de la Luftwaffe y bombardeados por tres buques que los cañoneaban desde el mar: el Almirante Cervera, el Baleares y el Canarias. Los historiadores calculan que fallecieron más de 5.000.

Sin embargo, mientras el régimen convirtió el hundimiento del Baleares en emblema de heroísmo y martirio nacional, utilizándolo como herramienta de propaganda en todo el país, las víctimas de 'La Desbandá' fueron abocadas al olvido.

Para la asociación Memòria de Mallorca, cuya presidenta, Maria Antònia Oliver, estuvo presente este miércoles en la reunión del Consejo Estatal de Memoria Democrática en la que se informó de la inclusión del monolito en el censo, la medida constituye un paso que no solo reconoce años de reivindicación, sino que podría reabrir la vía judicial para intentar su retirada del espacio público.

En el mismo foro, Oliver puso sobre la mesa otras demandas: la creación de subconsejos territoriales que mejoren la coordinación de estas políticas y la declaración como Lugares de Memoria de espacios clave en la isla, como el Fortí d'Illetes -convertido, entre 1936 y 1941, en un siniestro centro de represión y fusilamiento franquista- o el Mur de la Memòria. También alertó de posibles retrocesos en ámbitos como la gestión de archivos, la identificación de restos humanos o los bancos de ADN. Preocupaciones que, a su juicio, hacen más necesario que nunca reforzar los mecanismos de vigilancia institucional.

Reacciones

La inclusión del monolito de sa Feixina en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática ha sido recibida con valoraciones contrapuestas en el ámbito político y social balear, evidenciando el debate que continúa generando. El Ayuntamiento de Palma ha anunciado que recurrirá la medida en aras a evitar que el monumento sea retirado del espacio público. El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha defendido que “deberán ser los tribunales los que se pronuncien” al respecto, aseverando que el Consistorio no ha hecho más que “cumplir la ley” al modificar el planeamiento urbanístico municipal para catalogar la estructura como patrimonio protegido.

En este sentido, ha subrayado que existe una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que reconoce los valores patrimoniales del monolito y que, a su juicio, avala su protección. “Por encima del Gobierno, gracias a Dios, están los jueces”, ha espetado.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha calificado la decisión del Gobierno como “un paso importante” en la defensa de la memoria democrática y ha defendido que su retirada “es de justicia”. En un mensaje publicado este jueves en la red social X, la también secretaria general del PSIB-PSOE y expresidenta del Govern balear subraya que no se trata de borrar la historia, sino de “dignificarla, reconocer a las víctimas y construir un espacio público coherente con los valores democráticos”.

En la misma línea, Més per Mallorca ha celebrado la decisión del Gobierno y se ha mostrado convencido de que el monumento acabará siendo retirado. El diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha aseverado que el debate trasciende lo estético y se sitúa en el terreno de los valores democráticos: “No puede haber una democracia plena mientras se exalta impunemente la dictadura”, ha afirmado. Por su parte, la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha considerado la decisión “muy positiva”, aunque ha reclamado ir más allá: “Cualquier paso contra la barbarie y la memoria fascista es positivo, pero solo tiene sentido si se actúa con determinación y valentía para acabar definitivamente con ella”. También el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha mostrado su satisfacción, subrayando la paradoja de que esta decisión llegue en un contexto en el que se ha derogado la ley de memoria democrática de Balears, con un PP que, a su juicio, está “absolutamente entregado a los postulados más fascistas de Vox”.

Frente a estas valoraciones, la entidad conservacionista ARCA ha expresado su rechazo a la iniciativa del Gobierno central, augurando que tendrá “poco recorrido”. En un comunicado, la asociación defiende que los tribunales ya han acreditado el valor patrimonial del monumento, que además “está catalogado”, definiéndolo además como “un elemento arquitectónico racionalista creado por un arquitecto ilustre de nuestra ciudad, Francisco Roca Simó, y reconocido internacionalmente”.

La asociación asegura que el monumento fue adaptado a la ley de memoria democrática por unanimidad de los grupos políticos. “Resulta incomprensible la falta de voluntad de consenso y la voluntad de destrucción de patrimonio de determinados partidos”, critica, negando que sa Feixina sea “un monumento franquista”, sino “un hito que clama contra las guerras y las dictaduras”. “Esto es lo que dice el hierro troquelado que lo rodea”, asevera. Con todo, la entidad ha subrayado que siempre ha estado a favor de la ley de memoria histórica pero, ha indicado, el “problema es cuando las interpretaciones se hacen de forma intransigente y falseando la realidad como hace ahora la Secretaría de Estado”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto la puerta a ejecutar de forma directa una revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico para declarar su nulidad en caso de que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) no avance en la ejecución del fallo judicial de 2022 que le obliga a realizar este trámite.

En una providencia dictada el pasado 20 de marzo, consultada por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada se plantea la adopción de medidas del artículo 108.1 a) de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, que faculta al tribunal a ejecutar una sentencia si la administración a la que se le requiere incumple el mandato judicial.

La Sala no descarta así recurrir a estas u otras medidas que estime oportunas para la ejecución del fallo con el que se obliga a revisar la licencia de obras concedida a Azata del Sol en enero de 2003 por parte del Consistorio, inclusive aquellas otras “sobre la posible declaración de nulidad de la licencia objeto del procedimiento de revisión”.

Rechazo

En este sentido, la Sala dispone que se remita un oficio al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) para que comunique al tribunal “cualquier decisión” que adopte ante el expediente iniciado en julio del pasado año por el Ayuntamiento para la revisión de licencia, el cual precisa de un dictamen del órgano consultivo andaluz.

El Consultivo ya avanzó el pasado 9 de marzo un posible “archivo” de la petición del dictamen si el Ayuntamiento de Carboneras no completaba el expediente remitido a finales de 2025, de modo que incluso ha brindado a petición del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), una ampliación de plazo al Consistorio para que culmine el mismo y determine su propuesta de resolución del expediente

La providencia vuelve a rechazar los argumentos del Ayuntamiento de Carboneras, que aseguró que carecía de secretario municipal en estos momentos para poder avanzar en los trámites, de modo que incluso pedía auxilio al tribunal para poder dotarse de esta figura.

Anular la licencia

Al respecto, el TSJA recuerda nuevamente que las excusas sobre la falta de secretario municipal “no justifican el incumplimiento de lo acordado, debiendo ser el municipio quien lleve a cabo los procedimientos de provisión de la plaza de secretario o para su sustitución”.

No obstante, el tribunal rechaza por el momento las peticiones realizadas por Greenpeace para que se impongan multas coercitivas al alcalde o se deduzca testimonio ante la Fiscalía por un posible delito de desobediencia en cuanto al cumplimiento de la sentencia.

La propia organización ecologista reclamó al TSJA la aplicación de medidas contenidas en el artículo 108.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para anular la licencia de obras al entender que ello “favorecería el principio de economía procesal” y, además, “evitaría que la promotora Azata del Sol y sus filiales recurrieran la decisión en la vía contencioso-administrativa”.

“Durante la última excavación, salió algo bastante interesante, parecido a lo que nosotros ya habíamos visto a unos cien metros de allí”. El arqueólogo José Luis López Castro habla de uno de los descubrimientos más importantes de la antigua ciudad fenicia de Baria (siglo VII a. C.), que hoy permanece intacta bajo los cimientos del pueblo de Villaricos (Cuevas del Almanzora, Almería), de un millar de habitantes. “Encontramos los restos de unos postes sobre las rocas que no terminábamos de interpretar”. En efecto, su equipo obtuvo años atrás la pista inicial, insuficiente para formular una hipótesis. Con los resultados de la última investigación, todo quedaba aclarado. “Pensamos que puede tratarse de una ‘neoria’”. Los griegos utilizaban esta palabra para definir los cobertizos navales que se construían junto al mar para guardar y preparar embarcaciones de pequeño tamaño. “No hay ningún otro precedente en la Península Ibérica; se conocen en el mundo griego en lugares como Grecia, Chipre o Marsella, pero en el ámbito fenicio este caso es único”, valora el catedrático de la Universidad de Almería.

Nadie dudaría de que zonas como esta en un yacimiento fenicio de casi 3.000 años de antigüedad deberían estar protegidas bajo llave. Sin embargo, una serie de circunstancias históricas —dejadez administrativa, conflicto de competencias e intereses inmobiliarios en un área costera de irresistible tirón turístico— han abocado a una situación surrealista. El pasado 21 de febrero, decenas de vecinos y representantes de diferentes colectivos y grupos ecologistas se manifestaban junto al enclave arqueológico para tratar de frenar la construcción de 24 viviendas de lujo que amenazan con sepultar definitivamente una parte (pequeña, pero muy valiosa) de la antigua Baria.

Bajo eslóganes como 'La memoria colectiva no es edificable', los convocados dieron lectura a un manifiesto en el que piden “la paralización cautelar de cualquier actuación que comprometa la integridad de las estructuras arqueológicas documentadas”, además del acceso a la documentación de las excavaciones más recientes a las que se refería el profesor López Castro y, en un futuro próximo, “la protección efectiva y la puesta en valor del enclave” a través de “un parque arqueológico” que cuente la dilatada historia del paraje.

La reivindicación no es nueva, como tampoco lo es el enésimo intento de edificar sobre los restos arqueológicos. “El día 1 de diciembre, aprovechando que todo el mundo estaba de vacaciones y la Administración prácticamente cerrada, veinte camiones de alto tonelaje con cuatro máquinas para cargar empezaron a demoler el yacimiento”. Juan Grima, presidente del colectivo Unidos por Baria, no se refiere a la promoción de apartamentos por la que protestaban en febrero (el denominado sector 9), sino a otra anterior, de hace veinte años, que dio origen a la asociación. Aquel proyecto quería sepultar una zona adyacente, el sector 8. Entonces, Grima implicó a la Junta de Andalucía para paralizar los primeros trabajos y obligar a la constructora a realizar una investigación en el subsuelo.

“Lo vallaron todo y no se podía ver nada en el interior, pero empezaron a aparecer restos antiguos en una escombrera”. Grima apunta a la chispa que prendió el movimiento vecinal, receloso de lo que podría estar ocurriendo ahí dentro. “Como no nos dejaban ver nada, alquilamos un avión ultraligero para tomar fotografías de todo y enviarlas a la prensa”, relata este profesor de Historia jubilado. El revuelo mediático acabaría dando sus frutos: “Conseguimos parar la construcción”. La Junta indemnizó a la constructora con dos millones de euros en concepto de lucro cesante (lo que la empresa dejaba de ganar por no construir, pese a contar con licencia), y el citado sector 8 recuperó la protección que tenía desde 1979.

Amenazada desde el siglo XIX

Entonces nadie (o casi nadie) podría imaginar que el caso aún no estaba cerrado. La amenaza del hormigón seguía latente hasta dar la cara en la actualidad. Nada extraño, por otro lado, en una ciudad fenicia que no ha parado de afrontar desafíos desde el siglo XIX. Entonces, el atractivo de la zona era la riqueza mineral del subsuelo. En 1842 se instaló en la costa de Villaricos una fundición que aprovecharía el plomo rico en plata que se extraía en la Sierra Almagrera, una industria que generó un notable desarrollo industrial durante décadas. A principios del XX, la actividad continuó, aunque de una manera mucho más reducida. La infraestructura ya creada —galerías, túneles y caminos que permitían extraer y transportar los minerales hasta las fundiciones y las zonas de embarque— se siguió utilizando. “Hacia 1925, la minería comenzó a caer en desgracia por la fuerte competencia del sector del hierro en Marruecos”, explica Juan Grima. El régimen franquista trató de reactivar las minas de plomo, plata y hierro con la creación de una nueva empresa, pero en 1959 “aquello se fue a pique directamente y no volvió a haber más actividad minera”, aclara el profesor de Historia y editor.

Desde entonces, el auge del turismo comenzó a sustituir el extinto pasado minero. Los terrenos de Villaricos situados junto al mar eran demasiado apetecibles como para respetarlos. “El auge como zona de veraneo hizo que la gente comenzara a apropiarse de los terrenos”, continúa Grima. Terrenos que terminarían en manos privadas, así que el ladrillo estaba llamado a convertirse en el nuevo peligro para Baria ya en el siglo XXI. Primero, con la promoción de apartamentos turísticos en el sector 8 que los vecinos lograron frenar. A continuación, con los planes inmobiliarios para edificar en el número 9. Este solar, de unos 1.300 metros cuadrados, se había declarado bien de interés cultural (BIC), pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidió suprimir esa protección en 2013 en la mitad de los terrenos, unos 600 metros. Una nueva promoción de 24 apartamentos de lujo hacía que la historia volviera a repetirse. “Como a finales de 2020 habían comenzado las excavaciones, en enero de 2021 hicimos una concentración junto a grupos ecologistas como la del mes pasado”, relata el presidente de Unidos por Baria.

La presión social, también de nuevo, logró frenar las obras. La Justicia paralizó la promoción y obligó a la constructora a realizar previamente una extensa excavación arqueológica, que se ha llevado a cabo en 2023. “Esta documentación es la clave para saber qué hay ahí abajo”, apunta Juan Grima. “Desde entonces, hemos hecho todo lo posible para que no empiecen a construir”, sostiene el profesor, que denuncia la falta de acceso a toda esa información. “No nos han dado ni un solo papel”, lamenta. Ante el riesgo real de que el proyecto siga adelante, Unidos por Baria decidió presentar una demanda con un amplio dosier informativo sobre la importancia de la antigua ciudad fenicia.

“Hemos escrito al alcalde (Antonio Fernández Liria, PSOE) y le hemos dicho que si da la licencia para construir puede arruinar el pueblo”, revela Grima, ante la posibilidad de que el solar multiplique su valor, y se repita la historia de hace dos décadas. “Nosotros queremos que toda la zona se convierta en un parque arqueológico, aprovechando los antiguos túneles mineros que conectan con la antigua necrópolis y la zona de los templos”, expone el presidente de Unidos por Baria. En Villaricos piensan en un nuevo desarrollo para la zona, esta vez, basado en el patrimonio y la arqueología, con referentes como la Geoda de Pulpí, la cavidad subterránea almeriense que se ha convertido en un fenómeno social y aspira a ser Patrimonio de la humanidad.

El Mediterráneo español, referente fenicio

“Se trata de un yacimiento de primera magnitud, una ciudad fenicia y luego romana que funcionó durante siglos, y que está entera, completa”, valora José Luis López Castro. El arqueólogo —que ha tomado el relevo de las primeras excavaciones, llevadas a cabo hace un siglo por el belga Luis Siret— señala los pasos a seguir para preservar el yacimiento y ponerlo en valor: “Lo primero sería que todas las zonas fueran de propiedad pública; a partir de ahí, habría que hacer un plan director para establecer futuras investigaciones e intervenciones, desenterrando lo que ya está excavado y ampliando lo necesario”.

En su opinión, Baria se convertiría en el principal referente de la civilización fenicia en la provincia de Almería —junto con la ciudad de Abdera, hoy Adra— y pasaría a formar parte de la nómina de enclaves más importantes del país, con la primitiva Cartago Nova (Cartagena, Murcia), La Fonteta (Guardamar del Segura, Alicante), Puig des Molins (Ibiza), Sexi (Almuñécar, Granada), Malaka (Málaga) o Gadir (Cádiz). “En España conocemos más de los fenicios que en otros países por la política de protección arqueológica de los últimos cuarenta años, que ha permitido recuperar información antes de que se ejecuten muchas obras”, explica López Castro.

Pero ¿por qué preservar la huella fenicia? Básicamente, porque muchos de los avances de lo que disfrutamos hoy por hoy proceden de esta cultura. El arqueólogo López Castro destaca “la escritura, el concepto de vida urbana y de ciudad y, después, la metalurgia o la arboricultura, con la introducción de cultivos específicos como los frutales, la vid o el olivo”. Como docente universitario, López Castro cree que “en términos generales, la cultura fenicia se conoce bien dentro de un programa que es muy amplio”, teniendo en cuenta también que el estudio de los fenicios “depende mucho de la arqueología, ya que hemos perdido su literatura”. No tan optimista se muestra en la enseñanza básica, donde “el currículum está perdiendo el estudio de la cultura clásica”. De ahí que preservar yacimientos como Baria sea la llave para conocer a nuestros antepasados, cuando lo clásico vuelva a ser moda.

Cinco jornaleras no pueden más con el hostigamiento y acoso laboral al que se ven sometidas a diario según han denunciado ante el juzgado. Cada vez que acuden a su puesto de trabajo en una empresa hortofrutícola de Níjar (Almería), se enfrentan a vejaciones, coacciones y condiciones laborales extenuantes, aseguran. Una realidad que llevan tiempo tratando de denunciar a través del comité de empresa pero que, lejos de resolverse, no deja de agravarse. Por eso, han decidido llevar a la Justicia a los dos empresarios que les dan trabajo.

En concreto, estas cinco jornaleras, cuyas identidades se han preservado por su seguridad, trabajan para Hermanos Gázquez Garrido, una explotación agrícola del municipio almeriense de Níjar. Un lugar en el que el clima de tensión es tan elevado que han denunciado en el juzgado de guardia a los dos empresarios que están al frente de la explotación por someterlas a humillaciones, coacciones y vigilancias durante la jornada laboral. En la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, las trabajadoras aseguran, entre otras cuestiones, que en la finca sólo existe un baño y que permanece cerrado para ellas, por lo que se ven obligadas a hacer sus necesidades en el exterior del invernadero mientras, según explican, los responsables de la empresa las siguen y las graban con el teléfono móvil.

Mientras los empresarios y sus representantes legales guardan silencio a preguntas de este periódico, los hechos denunciados se habrían producido siempre en su explotación, que está situada en el entorno de Los Albaricoques, en el término municipal de Níjar. En el escrito presentado ante el juzgado, las trabajadoras describen un ambiente de presión constante en el que, aseguran, los empresarios se acercan a escasos centímetros de donde están trabajando, les gritan o zarandean los carros en los que transportan las hortalizas que recogen.

Según el relato de las denunciantes, cuando piden ir al baño la respuesta habitual es negativa. “Los empresarios mantienen el único baño que hay en la finca cerrado, sólo lo pueden utilizar ellos”, recoge la denuncia, avanzada en El Común. Las trabajadoras sostienen que, ante esta situación, se ven obligadas a hacer sus necesidades “en la banda del invernadero o fuera del mismo”. El documento también describe episodios que, a juicio de las denunciantes, vulneran su intimidad. “Cuando vamos a hacer nuestras necesidades nos siguen con el móvil grabando en todo momento”, señalan en el escrito. En algunas ocasiones, añaden, los empresarios “sitúan la cámara del móvil a escasos centímetros de nuestra cara, riendo y profiriendo palabras malsonantes”. Además, se ven obligadas a descansar y comer en una misma estancia en la que se deben disponer en el propio suelo.

Insultos e intimidaciones

Las jornaleras afirman que esta situación se produce de forma habitual durante la jornada laboral. “Es habitual que se pasen toda la mañana a escasos centímetros de donde estamos trabajando”, señalan en la denuncia, en la que también describen gritos, insultos y actitudes intimidatorias. Uno de los episodios relatados en el documento hace referencia a una discusión ocurrida cuando una trabajadora pidió ir al baño antes de terminar una de las líneas de trabajo. Según la denuncia, uno de los empresarios le dijo que no podía hacerlo hasta completar la tarea, mientras gritaba y zarandeaba el carro en el que se transporta el género. Las denunciantes sostienen además que otros trabajadores de la finca han presenciado algunas de estas situaciones.

En todo caso, el conflicto laboral en esta explotación agrícola no es reciente. Meses antes de la denuncia presentada ahora en el juzgado, un grupo de trabajadores había comunicado un preaviso de huelga ante las autoridades laborales para denunciar lo que consideraban incumplimientos de la normativa laboral. En ese documento, presentado en septiembre del pasado año a través del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), se señalaban supuestas irregularidades como salarios por debajo del salario mínimo, jornadas prolongadas durante la campaña agrícola o la ausencia de vacaciones.

Los trabajadores sostenían también que las horas extraordinarias no se abonaban y denunciaban deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, como la falta de equipos de protección individual en determinadas tareas. El SAT respalda ahora públicamente a las jornaleras que han presentado la denuncia y sostiene que las trabajadoras están sufriendo represalias tras reclamar el cumplimiento de la legislación laboral.

“El único baño de la explotación permanece cerrado y sólo lo utilizan los empresarios”, afirma el sindicato en un comunicado, en el que también asegura que las trabajadoras “tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en la banda del invernadero”. La organización sindical sostiene además que las trabajadoras son “seguidas por los empresarios grabando con el teléfono en todo momento, violentando su intimidad”.

Silencio por parte de la empresa

El SAT ha convocado movilizaciones de apoyo a las denunciantes y ha hecho un llamamiento al movimiento feminista y a organizaciones sociales de la provincia para respaldar a las trabajadoras. Este medio ha contactado con los empresarios denunciados a través de su representación legal, pero su abogado ha declinado realizar declaraciones y ha señalado que la respuesta a las acusaciones se producirá en el ámbito judicial. Mientras, desde el SAT afirman que tras la denuncia la situación se ha agravado y a los trabajadores se les impide quedarse en las instalaciones durante su periodo de descanso asignado.

El caso queda ahora en manos del juzgado, que deberá determinar si los hechos relatados en la denuncia constituyen algún tipo de infracción laboral o delito contra los derechos de los trabajadores. Mientras tanto, las jornaleras que han presentado la denuncia continúan trabajando en la explotación agrícola en la que, según relatan, se produjeron los hechos. Confiando en que su lucha, ahora judicial, acabe con el clima de hostigamiento que llevan demasiado tiempo aguantando.

Almería está a punto de perder otra parte de su patrimonio histórico. La iglesia de San Francisco, situada en Cuevas de Almanzora desde el siglo XVII, está en un estado próximo a la ruina, lo que obligará a derribar parte de su torre-campanario para evitar que se produzcan desprendimientos que pongan en peligro a los viandantes. Una decisión que es la consecuencia de los años de “abandono” institucional que denuncian desde la asociación Amigos de la Alcazaba. Lamentan que la desidia, sobre todo de la diócesis de Almería, deja al templo al borde de la desaparición.

La iglesia de San Francisco comenzó su construcción en 1655 y concluyó casi un siglo después. Su importancia, aparte de por el evidente valor patrimonial que le otorga el paso del tiempo, está en que forma parte de la historia de Almería, ya que fue levantada gracias al mecenazgo de los marqueses de los Vélez, la familia con más poder en toda la provincia en esa época, hasta el punto de contar con señoríos en Granada y Murcia. Por lo que el templo es testigo de unos años que explican también la construcción del propio municipio de Cuevas de Almanzora. Sin embargo, la falta de protección y el abandono institucional obligan a un derribo parcial que parece ser la antesala de su posterior desaparición.

Porque el templo carece de ninguna protección específica, pero la Ley de Patrimonio sí obliga a que sea conservado. Una obligación que recae en la diócesis de Almería al ser su propietaria, pero que no se ha llevado a cabo como debería, poniendo en peligro la integridad estructural de la iglesia. Mientras, el Ayuntamiento de Cuevas dice tener recursos limitados para poder afrontar la restauración del inmueble y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ni siquiera muestra interés puesto que no es un templo catalogado como bien de interés cultural (BIC).

Un deterioro “histórico”

Así, desde Amigos de la Alcazaba llevan tiempo alertando de que la situación no es nueva. “El convento no ha envejecido de pronto ni se ha deteriorado de un día para otro”, explica a este medio Juanmi Galdeano, portavoz de la asociación. A su juicio, el deterioro del edificio es el resultado de “una situación histórica” que se arrastra desde hace décadas y que no puede atribuirse únicamente a los actuales responsables institucionales. “Se han sucedido varios obispos y varios alcaldes y nadie ha sido capaz de abordar este problema”, señala.

La asociación insiste en que la demolición parcial de la torre es sólo la consecuencia visible de una degradación prolongada. “El patrimonio es una cuestión de medio y largo plazo y aquí nadie lo ha afrontado”, lamenta Galdeano, que advierte de que el templo presenta daños en distintos puntos de su estructura, incluida la cúpula. “Según se ha explicado, el edificio necesita una restauración integral. La pregunta es si, cuando llegue el momento, la solución también será tirar la cúpula”, añade.

Para Amigos de la Alcazaba, la demolición de la parte superior del campanario puede marcar el inicio de una pérdida progresiva del conjunto histórico. “Es más barato demoler que restaurar”, sostiene su portavoz, que teme que el convento de San Francisco acabe siendo “paulatinamente demolido” a medida que el deterioro avance.

La diócesis de Almería, propietaria del inmueble, defiende sin embargo que la intervención responde a una cuestión estrictamente de seguridad. Según explican desde el obispado, la iglesia se encuentra en “estado de ruina” y su restauración requeriría una inversión de varios millones de euros. “La cúpula ya presenta desprendimientos y se ve el cielo desde el interior”, señalan, lo que evidencia el avanzado deterioro del edificio.

El problema más urgente, según la diócesis, es el estado de la torre-campanario. A diferencia de otras partes del templo, cuyo deterioro se produce hacia el interior, la torre podría colapsar sobre la vía pública. “Si se cae, caería sobre la calle y sobre las personas que pasan por allí. Es una zona muy transitada y sería peligrosísimo”, explican fuentes del obispado.

Trabajos insuficientes

La diócesis asegura que en los últimos años se han realizado refuerzos estructurales para tratar de estabilizar la torre, pero que esas intervenciones no han sido suficientes. “Hemos intentado reforzarla con estructuras, pero el estado es tan malo que con una lluvia fuerte, con viento o con un pequeño temblor podría venirse abajo”, señalan. Por ese motivo, la decisión adoptada junto al Ayuntamiento pasa por demoler únicamente la parte más alta del campanario. “No se va a tirar toda la torre, sólo la parte superior, que es la que presenta mayor riesgo”, subrayan.

El obispado insiste además en que restaurar sólo la torre no solucionaría el problema de fondo. “El conjunto de la iglesia está en estado semirruinoso. Arreglar la torre sin intervenir en el resto del edificio no serviría de mucho”, apuntan. Según su versión, una restauración completa del templo exigiría una financiación que la diócesis no puede asumir. “Ojalá las administraciones públicas pudieran aportar esos millones de euros, pero ahora mismo no disponemos de ellos”, añaden.

Desde el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, gobernado por el PSOE, sostienen por su parte que su capacidad de actuación es limitada al tratarse de un edificio de propiedad eclesiástica. “No tiene ninguna protección específica y además pertenece a la diócesis, por lo que el Ayuntamiento no puede solicitar ayudas para intervenir allí”, explican fuentes municipales. El consistorio asegura que el deterioro del templo se arrastra desde hace décadas. “Hace unos 30 años que está en mal estado”, señalan. También recuerdan que en el pasado hubo intentos de encontrar soluciones alternativas para el edificio. “Hubo una oportunidad de que una hermandad se quedara con el lugar, pero no hubo acuerdo con la diócesis”, apuntan.

Mientras tanto, el Ayuntamiento afirma que sí está trabajando en la recuperación de otros elementos del patrimonio local. “Estamos arreglando patrimonio del municipio con fondos propios y subvenciones, pero en este caso los técnicos consideran que el estado del edificio ya no permite una actuación viable”, sostienen.

El resultado es que uno de los templos históricos de Cuevas de Almanzora se enfrenta ahora a un futuro incierto. La demolición de la parte superior de la torre pretende evitar un riesgo inmediato para los vecinos, pero también abre un debate más profundo sobre la gestión del patrimonio histórico y sobre quién debe asumir la responsabilidad de evitar que edificios con más de tres siglos de historia acaben desapareciendo.

El 21 de febrero de 2006, el juez Jesús Rivera firmó la primera resolución de las muchas que se han dictado sobre el hotel inconcluso de la playa de El Algarrobico de Carboneras (Almería). “Suspendo las obras que se ejecutan para la construcción del hotel Azata del Sol en la playa denominada El Algarrobico de Carboneras”. Dos días después, a las cinco de la tarde del 23 de febrero, agentes de la Guardia Civil ordenaron a los obreros que pararan las hormigoneras.

Ni un ladrillo más se ha puesto desde entonces, pero tampoco se ha retirado ninguno. Poco podía imaginar el juez cuando estampó su firma al pie de aquel auto de medidas cautelares, por definición perecederas, que su resolución sería la más relevante y la única efectiva que cualquier juzgado, tribunal u órgano administrativo haya adoptado en relación a la inmensa mole de ladrillo, que sigue varada en la playa veinte años después. “Y gracias a que envió a la Guardia Civil. Si no, hubieran seguido con la obra”, observa José Ignacio Domínguez, el abogado que interpuso la solicitud de medidas cautelares, mandatado por la asociación Salvemos Mojácar.

Los ecologistas suelen tirar de un dato: hay 40 resoluciones judiciales que concluyen de forma consistente que el hotel no puede estar en ese lugar, porque se levanta sobre zona de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre e invade terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata. Hasta 14 sentencias ha dictado el Alto Tribunal, todas en la misma dirección.

Los tribunales no han hecho más que recordar lo que siempre estuvo en las leyes, pero han sido incapaces de trasladarlo a la realidad material, tal y como ordena la Constitución: “Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.

“Son terrenos protegidos por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata desde 1994, que es cuando tenían que haber modificado la norma urbanística de Carboneras”, lamenta Domínguez, que echa cuentas: “Llevamos 32 años de retraso para cumplir la normativa. Es un fracaso de las tres administraciones y también de la Justicia”.

Hace una semana el TSJA dio al fin por cumplida la obligación del Ayuntamiento de recoger en su PGOU que son no urbanizables. Pero sigue quedando lo más difícil: mover de allí la mole y reponerlos a su estado anterior a 2003.

Un sistema exageradamente “garantista”

La realidad a pie de playa sigue congelada en el 23 de febrero de 2006, apenas barnizada por la capa de pintura negra que un puñado de ecologistas le imprimió en 2014. Fueron juzgados y absueltos por ello. Con otro color, el hotel de 411 habitaciones y 21 alturas sigue desafiando al mar a 14 metros de donde rompen las olas mientras las grúas se bambolean de lado a lado los días de viento.

El Algarrobico es relevante en el catálogo español de aberraciones no por su cuestionable oportunidad estética, sino porque apunta al corazón de un sistema incapaz de garantizar que las leyes y sentencias se cumplen. “Creo que eso lo va a derribar el salitre”, vaticinó el juez Rivera a El País hace un año, en la única entrevista que ha concedido.

Es una declaración frustrante, sobre todo viniendo de un juez. Rivera (que ha declinado participar en este reportaje) habla de una “pléyade de recursos” y un problema “técnico-jurídico”: hay una licencia en vigor. “Es un sistema muy garantista para algunas cosas, que aquí es exagerado”, opina Domínguez, que lleva dos décadas luchando contra el caracoleo del Ayuntamiento y la promotora.

El Tribunal Supremo ha tenido varias ocasiones para acordar la demolición por sí mismo, pero evitó hacerlo. En lugar de eso, los magistrados entregaron la iniciativa al Ayuntamiento, que siguió arrastrando los pies. “Me consta que hubo discrepancias en la Sala”, desvela el abogado.

Un hotel que invade “totalmente” la playa

En realidad, todo está claro desde la primera resolución. El auto de 21 de febrero de 2006 recogía por qué había que parar la obra: estaba claro que la licencia para levantar un hotel invadiendo “totalmente” los 100 metros desde la orilla que marca la Ley de Costas desde 1988 debía ser ilegal.

Desde entonces, todo han sido variaciones sobre las conclusiones provisionales del juez Rivera, con una excepción: dos sentencias que en 2014 dieron un vuelco a la situación, contra el criterio de todas las resoluciones judiciales anteriores y posteriores. Las dictó una sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA presidida por Rafael Toledano, que aplicó unas novedosas normas de reparto, sustituyó a la ponente más allá del tiempo de baja de esta y celebró juicio sin los ecologistas por un error formal. Lo denunciaron en vía penal, pidieron la nulidad y llevaron el caso hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en vano.

El desaguisado lo corrigió años después el Tribunal Supremo, que las anuló, y luego el propio TSJA, que concluyó que los terrenos debían declararse no urbanizables en el PGOU de Carboneras en 2016 (confirmada por el Tribunal Supremo en 2018) y que la licencia debía revisarse en 2018 (confirmada en 2021). Aún quedará reactivar el pleito para que se ordene la demolición, suspendido hasta que se anule la licencia.  

Entre tanto, se habían dictado otro puñado de resoluciones que habían ido tumbando los intentos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía por sostener el hotel, Toledano había tomado posesión de una plaza como magistrado del Tribunal Supremo y otro de los jueces que dictó las sentencias controvertidas había fichado por el Ayuntamiento de Carboneras para ayudar a sostener el edificio.

La promesa de empleo

“La gente está aburrida de todo el proceso y ya no atiende a las noticias sobre El Algarrobico”, comenta Javier Nespral, miembro de diversas plataformas vecinales del municipio.

Aunque desde el pueblo no se ve, el hotel lo levantó Azata a la vista de todos y con la colaboración casi entusiasta de las administraciones, todas, incluida la Junta de Andalucía, gobernada entonces por el PSOE, que llegó a presentar un plano que alteraba la clasificación de los terrenos: de C1 a D2, urbanizable. “A las bravas, sin expediente alguno”, recuerda el abogado, que alertó de la manipulación de la planimetría ya en su primera demanda. Aquello, recuerda, era un festival de irregularidades: se superaba la edificabilidad, no se había pagado la licencia…

“Yo estaba recorriendo la costa de Almería porque se planificaban muchos desarrollos monstruosos, y me encontré con esto”, rememora Jaime del Val, presidente de Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, quien dio la voz de alarma y contactó con Domínguez, quien puso la demanda que llegó a Rivera. La acción decidida de estas tres personas paralizó el engendro. Luego se sumaron Greenpeace y Ecologistas en Acción. Pocos más, recuerda Del Val: “Antes se había intentado la vía penal, pero no había prosperado”. Años después, el juez dedujo testimonio a Fiscalía porque veía que en aquella historia había indicios de delito, pero el fiscal metió sus sospechas en un cajón.

Durante años, la promotora y las administraciones (el Ayuntamiento siempre, la Junta de Andalucía hasta 2015) han hecho lo posible para evitar la demolición. Mientras a los carboneros les prometían que aquello sería la panacea, el pueblo apenas quedaba para fondo de pantalla. “Creo que, si preguntáramos uno a uno, la mayoría de carboneras querría que no se tirara y se hiciera algún tipo de uso, como hotel o residencia, argumentando que daría vida y trabajo, sin pensar lo que supone esa estructura y su mantenimiento”, señala Nespral.

El propio Ayuntamiento está instalado en esa hipótesis. “Frente a unas expectativas de empleo y desarrollo que se vieron frustradas, a pesar de que en su día el hotel contó con el beneplácito del Gobierno y de la Junta, lo único que Carboneras ha ganado ha sido una mancha reputacional”, ha señalado el alcalde en un comunicado esta misma semana. “Se ha manipulado a la opinión pública: esto no atrae empleo para la gente local: suele ser barato y para gente de fuera, basado en la destrucción para el futuro”, replica Del Val.

Tras el cierre de la central térmica y las limitaciones a la pesca, el turismo es el gran sostén de la economía local. Pero algo ha cambiado: ahora el parque natural ya no se ve como un freno, sino que ha pasado a ser el gran atractivo turístico del que depende la economía de Carboneras. “Ya no se piensa que no se pueda edificar de una determinada forma, sino que da unos ingresos directos por dejar las cosas como están”, cuenta Nespral.

“Un caso excepcional de rebeldía procesal” de un Ayuntamiento

Ya pocos dudan de la voluntad dilatoria del Ayuntamiento, gobernado sucesivamente por José Luis Amérigo (PSOE, sobrino de Cristóbal Fernández, quien concedió la licencia), Felipe Cayuela (PP) y ahora Salvador Hernández (Ciudadanos). También la Junta de Andalucía se ha cansado de que siempre ocurra algo que evita que cumpla las sentencias: se equivoca, el secretario está de baja, se retrasa, entiende mal lo que debe hacer…

A todo eso se ha agarrado el Consistorio para explicar que haya tardado ocho años en cumplir una sentencia y cinco (más lo que queden) para otra. “No hay caso igual en España de Ayuntamiento con esta caradura. Es un caso excepcional de rebeldía procesal”, protesta Domínguez. El TSJA ha advertido repetidamente a todos los alcaldes con multarlos y denunciarlos, pero nunca lo ha hecho.

Ahora, para revisar la licencia hay que pasar por el Consejo Consultivo de Andalucía, pero Carboneras ha enviado el expediente tarde (cinco meses después de iniciarlo) y mal (incompleto). El Consultivo se lo ha devuelto, pero ya con el plazo de caducidad superado, así que los ecologistas temen que haya que empezar de nuevo. Domínguez va a plantear que sea el TSJA el que revise. “Nos ahorraríamos cinco años”.

Este jueves, Greenpeace entregó a Hernández una tarta con forma de hotel para pedirle que se deje de “argucias”. Y el alcalde, que hace un año sugirió que el hotel se reconvirtiera, replicó con un comunicado en el que dice que debe defender “el interés general del pueblo”, aventando el temor a una eventual indemnización a Azata que dejaría tiritando las cuentas municipales.

Dóminguez cree que la expropiación que ahora impulsa el Gobierno podría acortar el camino. La falta de acuerdo con el justiprecio (Azata pide 44,5 millones, el Gobierno ofrece 16.000 euros) aboca a otro pleito, pero este podría ser más corto porque no dependería del Ayuntamiento, “que es el principal obstáculo”, vaticina el letrado.

“No imaginaba que íbamos a tardar tanto”, concluye Domínguez. “Quizá lo tire el colapso climático”, observa Del Val, viendo la catástrofe más cerca que el cumplimiento de unas cuantas sentencias judiciales.

Los dos primeros meses del año están dejando en Almería más lluvias de las que suelen caer en esta provincia andaluza entre enero y febrero. El tren de borrascas, que ha tenido efectos muy adversos en zonas de Cádiz o Málaga, ha descargado en tierras almerienses más del doble de lo normal para el mismo periodo de tiempo. Una realidad que saca a Almería del estado de sequía mientras, sin embargo, la tierra sigue árida y los pantanos están a unos niveles muy similares a los de los últimos diez años. Una paradoja que revive la eterna pregunta entre administraciones, regantes y ecologistas: ¿necesita más infraestructuras hídricas la provincia?

Si se observa el nivel de los dos únicos pantanos almerienses -el de Cuevas de Almanzora y el de Benínar-, tienen una media de agua embalsada de algo más del 12% de su capacidad, lo que es ligeramente superior a los 10,8% de media de la última década. Eso sí, mientras que el de Benínar roza el 30% de su capacidad total, el de Cuevas apenas supera el 5%. Una distribución desigual que se explica también porque el deshielo y la nieve que caen de Sierra Nevada van a parar al primero de los embalses, por el contrario, la zona del segundo es muy seca.

En todo caso, la estadística conjunta de los embalses no parece responder al hecho de que ha llovido más del doble de lo habitual entre enero y febrero. Pese a estas precipitaciones, los ecologistas están preocupados por un posible mal uso de los recursos hídricos por parte del sector agrícola y estos, a su vez, reclaman que se incrementen las infraestructuras para asegurar el futuro cuando el cambio climático siga trayendo episodios meteorológicos extremos entre sequías e inundaciones.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), su portavoz en Andalucía, Juan de Dios del Pino, apunta a que el episodio de lluvias ha sido “claramente superior a la media”, pero advierte de que “dos meses húmedos no corrigen un déficit estructural acumulado durante años”. En un clima semiárido como el almeriense, añade, la variabilidad interanual es elevada y los episodios extremos -tanto de sequía como de lluvias intensas- forman parte de la dinámica habitual. Algo que empeorará con el cambio climático.

Una provincia montañosa

El profesor de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Sánchez García, sitúa el origen de esta paradoja en la configuración atmosférica y orográfica. “Almería no encaja plenamente ni en el patrón del Atlántico Norte ni en el del oeste del Mediterráneo”, explica. Las borrascas atlánticas riegan sobre todo el centro y el norte peninsular, mientras que el patrón mediterráneo afecta al Levante hasta Alicante y norte de Murcia. “La provincia queda en un impás”, resume.

A ello se suma la barrera que ejercen las sierras, al ser una de las provincias más montañosas de España. “La humedad se queda muchas veces en Gádor, Filabres o las Alpujarras por lo que a las zonas agrícolas llega sobre todo el viento”, señala. Esa configuración ayuda a entender por qué, incluso tras episodios lluviosos intensos, los embalses no registran aumentos proporcionales. Sin embargo, para el delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio Mena, el debate no puede limitarse a la meteorología. “Almería vive en un equilibrio hídrico extremadamente ajustado. No es un problema coyuntural, es estructural”, sostiene.

Mena defiende que la provincia ha construido un modelo agrícola “altamente tecnificado y eficiente”, pero reconoce que su base hídrica es frágil. “Aquí dependemos de un mix muy complejo: trasvases, desalación, aguas regeneradas y acuíferos. Si uno de esos pilares falla, el sistema se resiente”, explica. El delegado explica que la modernización del regadío ha reducido consumos unitarios y mejorado la eficiencia. “Hoy producimos más con menos agua que hace veinte años”, afirma. A su juicio, el sector ha hecho un esfuerzo significativo en riego localizado, digitalización y control de dotaciones.

Sobre la expansión de superficie agrícola, Mena rechaza la idea de un crecimiento descontrolado. “No se puede generalizar. Cualquier transformación debe ajustarse a la legalidad y a la disponibilidad de recursos. La administración no autoriza nuevas hectáreas si no hay respaldo hídrico”, sostiene. También reconoce que en el pasado “se cometieron errores” y que la planificación actual es más restrictiva. En cuanto al papel de las infraestructuras, el delegado considera que “la regulación es clave en un territorio con lluvias irregulares”. Según argumenta, sin capacidad de almacenamiento suficiente, los episodios intensos no pueden aprovecharse plenamente. “No se trata solo de que llueva, sino de poder gestionar lo que llueve”, apunta.

Una infraestructura compleja

Desde el terreno, el agricultor Andrés Góngora insiste en esa idea. “Almería no tiene embalses suficientes ni bien dimensionados para su climatología”, afirma. Cuando se producen aportes extraordinarios, explica, no siempre existe infraestructura para almacenarlos. Sin ir más lejos, tanto el pantano de Benínar como el de Cuevas sufren de filtraciones que hacen que parte del agua que se embalsa se pierda casi de forma automática. Góngora añade que la producción de agua desalada es continua, mientras que la demanda agrícola es estacional. “Si no hay más capacidad de regulación, cuando baja el consumo hay que parar”, señala.

A su juicio, la clave no es si ha llovido este invierno, sino si la provincia está preparada para afrontar el próximo ciclo seco. Además, desde el sector agrícola recuerdan que los dos únicos embalses de la provincia sufren filtraciones cuando les entra agua, lo que disminuye su utilidad. De ahí que precisen de los trasvases del embalse del Negratín en Granada -que llevaba cinco años sin trasvasar agua- y del río Segura en Murcia. “Ahora sabemos que podremos usar esos trasvases porque existen recursos hídricos suficientes, pero de cara al futuro no tenemos nada asegurado”, lamenta Góngora.

Mientras, desde el Gobierno central se defiende que la respuesta pasa por reforzar precisamente la oferta hídrica. La futura desaladora Bajo Almanzora II contará con una inversión de 160 millones de euros y producirá 30 hectómetros cúbicos adicionales al año. También está prevista la ampliación de la desaladora Campo de Dalías, que pasará de 30 a 40 hectómetros cúbicos, y la optimización energética de la desaladora de Carboneras, con capacidad estimada de hasta 50 hectómetros cúbicos anuales.

El Ejecutivo destaca además 189 millones de euros en actuaciones de mejora de regadíos y la bonificación del precio del agua desalada, que sitúa el coste para los regantes entre 45 y 47,5 céntimos por metro cúbico. Algo que no acaban de ver los conservacionistas. El portavoz ecologista Pepe Rivera sostiene que aumentar la oferta no resolverá por sí solo el problema. “El embalse de Cuevas solo se llenó una vez tras unas lluvias excepcionales. Pensar que se llenará con regularidad no se ajusta al régimen pluviométrico real”, afirma.

Rivera advierte también de que los acuíferos siguen presentando niveles de sobreexplotación, siendo el campo de Tabernas un ejemplo muy concreto con la desecación de su capa freática por la expansión de olivares intensivos en las últimas décadas. Además, la sustitución de bombeos por agua desalada no siempre se ha cumplido plenamente. Además, cuestiona el equilibrio del modelo productivo: “Parte de la producción hortícola no llega al mercado, con el consiguiente consumo de agua y energía”.

La salida formal de la sequía no ha modificado la base estructural del sistema hídrico almeriense. Mientras, AEMET recuerda la elevada variabilidad climática, la universidad apunta a la singularidad geográfica, el delegado de Agricultura defiende la modernización y la necesidad de regulación, el Gobierno central anuncia nuevas desaladoras, los regantes reclaman más capacidad de almacenamiento y los ecologistas piden revisar la demanda.

Así, la paradoja almeriense, coinciden todas las fuentes desde enfoques distintos, no se resuelve con un invierno lluvioso. Obliga a un debate más profundo sobre planificación, límites productivos y adaptación a un clima que seguirá alternando extremos. Porque el hecho invariable es que el cambio climático ya ha llegado y que los episodios extremos entre sequías y fuertes lluvias se producirán con mayor asiduidad e impacto. Para ello, Almería ha de estar preparada.

El Pleno del Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha aprobado con los votos del equipo de gobierno formado por PP y Vox una moción impulsada por este último grupo para impedir el acceso a dependencias municipales a personas que porten burka, niqab u otras prendas equivalentes que oculten “parcial o totalmente el rostro” salvo por razones médicas o de seguridad laboral.

La moción, que ha carecido de debate entre los miembros del Pleno y ha sido rechazada por la bancada del PSOE, sostiene que la medida “protege a todos a través de la identificación y neutralidad en las dependencias públicas”, según ha defendido la primera teniente alcalde y concejal de Turismo, Pilar Fenoy (Vox). “La utilización de prendas de este tipo en España, que cubren totalmente o parcialmente el rostro, como el velo integral islámico, impide objetivamente dicha identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas”, ha apuntado la edil.

Esta medida sucede horas después de que el PP a nivel nacional haya registrado una proposición de ley para impedir el uso del burka y del niqab en espacios públicos. Dos días después de que el Congreso tumbara la iniciativa de Vox, el PP ha salido al paso y, con la excusa de vetar el “velo integral”, plantea una prohibición genérica de “cualquier tipo de vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro” en “espacios públicos o de acceso público”. Las multas previstas van de los 100 a los 600 euros.

“No va contra nadie”

No obstante, ha asegurado que el texto “no va contra nadie, sino a favor de que la Administración funcione con garantías”, sentido en el que ha lamentado que los socialistas no hayan apoyado una iniciativa “centrada exclusivamente en la necesidad objetiva de identificación en oficinas públicas y no en debates ideológicos ajenos a la competencia municipal”, según ha defendido.

La moción acuerda como condición “fundamental” para acceder a dependencias municipales que se permita la “identificación visual del rostros por razones de seguridad”, por lo que no se admitirá la entrada o permanencia de nadie que tape su cara con prendas de cualquier tipo “con independencia del origen, motivación o significado de la prenda”.

La regulación, que no resulta aplicable a la vía pública, tampoco se extiende a símbolos o prendas que “no oculten el rostro”, conforme a la encomienda que se ha hecho a los servicios jurídicos para que incorporen a los reglamentos municipales esta cuestión. “Hoy el Pleno ha dicho sí a una medida que protege a todos: seguridad, identificación y neutralidad en dependencias públicas. No va contra nadie; va a favor de que la Administración funcione con garantías, sin suplantaciones y con reglas claras”, ha trasladado posteriormente Fenoy en una nota.

Sentencia del Supremo

El veto al burka o el niqab, recuperado ahora por Vox como parte de su agenda antiinmigración, ya fue objeto de análisis por el Tribunal Supremo hace más de una década, en 2013, cuando alertó del riesgo de aislamiento para las mujeres que pueden tener este tipo de iniciativas. 

En una sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo razonó que este veto puede provocar un “efecto perverso”: el “enclaustramiento de la mujer en su entorno familiar inmediato” si decide priorizar sus convicciones religiosas sobre “otras consideraciones”. Según la resolución, cerrar el acceso a los espacios públicos con estos atuendos que ocultan el cuerpo de la mujer resultaría “contrario al objetivo de integración”.

Lejos de proteger la igualdad o eliminar la discriminación, podría contribuir a “incrementarlas” al forzar su aislamiento social. Así se pronunció el Alto Tribunal en 2013 cuando declaró nula la prohibición de que las mujeres lleven velo integral en los espacios públicos que había acordado tres años antes el pleno del Ayuntamiento de Lleida. 

Una década después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado por concluida la pieza de ejecución de la sentencia que en 2016 (firme desde 2018) declaró como no urbanizable el paraje en el que se asienta el hotel de la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). Se trata de un edificio de 411 habitaciones y una veintena de plantas promovido por Azata del Sol, situado en zona de servidumbre de la Ley de Costas y en el parque natural de Cabo de Gata, que fue paralizado en 2006 por orden de un juez cuando estaba al 80% de su ejecución.

La adaptación del plan urbanístico municipal para que recoja exactamente lo que confirmaba la sentencia del TSJA ha llevado ocho años, cinco desde que se abrió una pieza de ejecución. La sentencia de primera instancia fue dictada el 18 de julio de 2016, hace casi una década. En este tiempo, el Ayuntamiento se ha servido de una variada gama de maniobras dilatorias para retrasar el cumplimiento, según han lamentado tanto los ecologistas como la Junta de Andalucía en reiterados escritos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

El retraso es todavía mayor si se tiene en cuenta cuándo surgió la obligación de adaptar el PGOU. “Hace 32 años que tenían que haber modificado las normas subsidiarias, hoy PGOU, cuando se publicó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en el BOJA de 22 de diciembre de 1994”, recuerda José Ignacio Domínguez, el abogado de Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción que impulsa en los tribunales la batalla contra la mole y sus promotores.

La panoplia de giros y ardides que han provocado estos retrasos desde que se dictó la sentencia firme agota el repertorio del derecho administrativo: publicaciones incompletas, errores de identificación, planos incorrectos, supuesta necesidad de nuevos informes, bajas laborales, excesos en el texto aprobado por el Pleno... Todo esto ha provocado que Ecologistas en Acción haya llevado el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los magistrados han advertido en varias ocasiones en estos años a los sucesivos alcaldes (José Luis Amérigo -PSOE-, Felipe Cayuela -PP- y Salvador Hernández -Ciudadanos-) con multarles si seguían poniendo “excusas” (según sus propias palabras) y no cumplían sus resoluciones, sin pasar nunca de la advertencia.

Cada paso mal dado ha supuesto una nueva marcha atrás o, como mínimo, la paralización del proceso. De ahí que cada plazo prometido haya caído en saco roto. El Ayuntamiento llegó a reclutar como asesor jurídico externo al exmagistrado que dictó la única sentencia (entre en torno a 50) que ha considerado que la mole es legal.

Ni siquiera en los últimos meses, cuando el catálogo de errores, omisiones y excusas parecía agotado, estuvo claro el cumplimiento. La Sala tuvo que insistir en que era necesario publicar el “contenido íntegro” de las nuevas normas urbanísticas a fin de dar por cumplida la sentencia, después de que la Junta de Andalucía protestara tras una primera publicación insuficiente.

Con todo, la constatación de que el suelo de El Algarrobico es no urbanizable también en la planificación urbana de Carboneras no deja totalmente expedito el camino al derribo del edificio. La licencia de obras sigue vigente casi 25 años después de que fuese concedida por el Ayuntamiento de Carboneras.

El Consistorio tramita desde el año pasado un expediente de revisión de esa licencia para cumplir otra sentencia del TSJA, firme desde 2021, pero para revisar la licencia es preceptivo ahora un informe del Consejo Consultivo de Andalucía. Los ecologistas denuncian que la tardanza del Consistorio en remitir el expediente al Consultivo va a provocar inexorablemente la caducidad del proceso, obligando a repetirlo y añadiendo una nueva demora en el intrincado camino que debe llevar a la demolición del edificio ilegal.

Sin cuestiones “pendientes de decidir”

En el auto dictado este lunes, la Sala de lo Contencioso-administrativo pone fin al procedimiento para ejecutar la sentencia que obliga a hacer constar que el suelo de El Algarrobico es “no urbanizable”. Al fin, los magistrados constatan que no hay ya ninguna “cuestión pendiente de decidir”, después de que el boletín oficial de la provincia (BOP) haya publicado los cambios en el plan general. La publicación se produjo el pasado 12 de enero.

Se cumple así una sentencia dictada por esta misma sala el 18 de julio de 2016 a raíz del recurso que impulsaron las organizaciones ecologistas Salvemos Mojácar, Ecologistas en Acción y Greenpeace, por el que se revocaba el acuerdo del pleno adoptado el 11 de agosto de 2009 que cambiaba la consideración de los sectores ST-1 y ST-2, este último referente a El Canillar.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Ciudadanos), pidió a finales de enero al TSJA que archivara el procedimiento dirigido contra la administración local ante la modificación parcial de su plan general de ordenación urbana conforme a las directrices recibidas para que la norma urbanística pudiera desplegar todos sus efectos, informando de la publicación de todos los cambios exigidos hace una década.

En ese escrito, Hernández escudaba la demora en “una serie de vicisitudes originadas en esta fase de ejecución” “no imputables a la corporación local” aunque “alguna de las partes contrarias las tildaron de maliciosas y abusivas”.

La vía de la expropiación

La ejecución de las dos sentencias dictadas hace una década (la que declara no urbanizable el suelo -2016, firme desde 2018- y la que obliga a revisar la licencia -2018, firme desde 2021) es la vía preferida por el Gobierno de Juan Manuel Moreno para acabar con El Algarrobico. Pero el Gobierno central ha abierto otra vía paralela, a la que el Gobierno andaluz no se ha sumado por ahora, consistente en expropiar los terrenos que se sitúan en dominio público marítimo-terrestre, unos 16.000 metros cuadrados (algo más de la mitad del total).

La propuesta fue anunciada a pie del hotel por la ministra de Hacienda María Jesús Montero hace ahora un año, y deberá pasar ahora por un tribunal administrativo (el jurado provincial de expropiaciones) que valore cuál es el justiprecio a pagar por el terreno. Azata pidió al Gobierno 44,5 millones de euros, y este lo rechazó y realizó una contraoferta que apenas supera los 16.000. Si las partes no se conforman con el valor que determine el arbitraje, podrán añadir otro proceso más a la densa maraña judicial que desde hace dos décadas amarra El Algarrobico a la playa de la que toma su nombre.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha rechazado el justiprecio propuesto por Azata del Sol S.L., la promotora del Algarrobico, que reclama 44,5 millones de euros de indemnización por la expropiación forzosa del suelo donde se erige el macrohotel ilegal, construido hace 20 años en el litoral almeriense.

El Miteco ofrece una suma infinitamente inferior: 16.496,67 euros y da diez días a los dueños del inmueble para aceptarla o rechazarla, confirman a este periódico fuentes conocedoras del procedimiento administrativo.

El pasado 21 de enero, el Jefe de Demarcación de Costas de Almería -dependiente del Miteco- notificó por escrito a los propietarios del Algarrobico el “rechazo” a su hoja de aprecio, esto es, a la estimación económica de los terrenos expropiables que había hecho la promotora, según sus propios cálculos: 44.514.077,78 euros.

En ese mismo escrito, el Gobierno ofreció una contraoferta de 16.496,67 euros [el valor catastral del suelo era de 323.872,89 euros en 2024] y, con arreglo a la ley, dio diez días de plazo para que “se acepte lisa y llanamente o bien se rechace”.

Azata del Sol no recogió la notificación hasta el 30 de enero, de modo que aún está en plazo parar valorar la oferta del Miteco. Sin embargo, la cantidad es “muy inferior” a la que previamente había reclamado la promotora, por lo que previsiblemente será rechazada, y la empresa tendrá derecho a hacer alegaciones “para justificar su propia tasación” aplicando sus “criterios estimativos” y aportando “las pruebas que considere oportunas”.

Si persisten las discrepancias respecto al justiprecio, el expediente de los terrenos del Algarrobico pasará entonces a manos de un Jurado provincial de Expropiación, que podrá fijar una nueva cifra a la indemnización cuando considere que las propuestas de las partes resulten “notoriamente inferiores o superiores al valor real de los bienes”. La resolución de este Jurado pone fin a la vía gubernativa y, a partir de aquí, cabe recurso en los tribunales.

Los actores que participan en el procedimiento de expropiación también ven poco probable que Azata del Sol acepte la cantidad propuesta por el órgano de arbitraje y auguran que acudirá a la vía judicial, para que resuelva un tribunal de lo Contencioso Administrativo en un plazo máximo de seis meses.

Seis meses de litigio

El Algarrobico, símbolo del urbanismo descontrolado de principios de siglo en España, empezó a construirse con autorización de las administraciones públicas. Las expectativas de indemnización de los promotores, que vieron paralizada el hotel con las obras ejecutadas al 94%, están muy por encima de la cantidad fijada hoy por el Miteco.

En 2014 presentaron una reclamación patrimonial ante la Audiencia Nacional por más de 70 millones de euros, que debían abonar el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras por su “anormal funcionamiento”, pero la demanda no prosperó. Los jueces no consideraron a las administraciones responsables de los perjuicios económicos derivados de la paralización del hotel ilegal.

El pasado 30 de septiembre de 2025, el Miteco remitió a Azata del Sol un requerimiento para que presentase propuesta sobre el coste de la indemnización por la expropiación de sus terrenos. Dentro del plazo concedido, la promotora presentó su hoja de aprecio en la que solicitaba un justiprecio de 44.514.077,78 euros.

La falta de un acuerdo amistoso entre el Gobierno y los dueños del Algarrobico ha echado por tierra el cronograma optimista de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero. Hace justo un año, Montero viajó hasta Almería y anunció, a pie de playa y frente al macrohotel, que sería derribado parcialmente antes de que terminara el año 2025.

Desde entonces, el Miteco ha acelerado el procedimiento administrativo de expropiación, sin llegar a apurar los plazos que marca la ley para lograr alcanzar su objetivo. Pero en los últimos seis meses se ha topado con la resistencia de los dueños del hotel, la falta de acuerdo sobre el justiprecio de los terrenos y un recurso en los tribunales que paralizó cautelarmente el proceso.

El pasado 2 de agosto, los abogados de Azata del Sol S.L. interpusieron un recurso de alzada contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos donde se levanta desde hace 20 años el Algarrobico, en primera línea de la costa almeriense, dejando en suspenso el procedimiento de expropiación y los planes del Gobierno para demoler el inmueble en 2025. El recurso se registró el último día de plazo para hacerlo.

La promotora rechazó en su escrito la resolución del 24 de junio de 2025 de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que declaró la “necesidad de ocupación para su expropiación” de 16.432 metros cuadrados de superficie en el litoral del municipio de Carboneras (Almería), zona de dominio público marítimo terrestre, afectada por la declaración de “utilidad pública” que había aprobado el Consejo de Ministros el 11 de febrero del año pasado. Era la primera señal de resistencia de los promotores.

El Miteco tenía tres meses para estudiar el recurso de alzada, pero no tardó ni dos semanas en desestimarlo (el 14 de agosto) y reactivar de inmediato el procedimiento de expropiación. Desde entonces, el Gobierno y los dueños del Algarrobico han forcejeado sin lograr un acuerdo amistoso sobre el coste de los terrenos expropiados.

El 29 de octubre, la promotora interpuso un recurso ante la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo de ocupación de los terrenos del hotel, aprobado por el Consejo de Ministros, solicitando la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. El Ministerio de Sara Aagesen acordó paralizar el proceso hasta que los jueces se pronunciasen.

El pasado 19 de diciembre, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, el TSJA dio la razón a la Abogacía del Estado, reafirmó la “necesidad de que prevalezca el interés público en la tutela del dominio marítimo terrestre, no existiendo riesgo de inmediata ocupación”, y denegó la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. “Es evidente que los daños o perjuicios que provocaría la continuación del expediente de expropiación no son irreversibles”, reza el auto.

El 30 de diciembre, el Miteco reactivó el procedimiento y el pasado 21 de enero remitió a la promotora del Algarrobico su última propuesta con el justiprecio de los terrenos, esos 16.500 euros que la empresa deberá aceptar o rechazar en los próximos días. La última palabra de la vía administrativa la tiene el Jurado Provincial de Expropiación, dependiente de la subdelegación del Gobierno en Almería.

El capital social de Azata del Sol ronda los 33,4 millones de euros, según los últimos datos disponibles, del año 2019. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa, que ha declinado valorar su posición en el procedimiento.

Derribo de la mitad del inmueble

El proceso de expropiación en ciernes afectaría sólo al 50% del edificio. El departamento de Sara Aagasen tiene competencias en el dominio público marítimo terrestre que ocupa el macrohotel de 20 plantas y 411 habitaciones, construido en 2003, pero que nunca llegó a abrir al público porque la Justicia frenó las obras cuando estaban a punto de terminar, en 2006, y más tarde lo declaró ilegal.

El otro 50% del suelo donde se levanta esta mole de ladrillo -símbolo de la voracidad inmobiliaria y turística- está en el Parque Natural de Cabo de Gata y es competencia de la Junta de Andalucía, que ha rechazado la fórmula del Gobierno de expropiar para luego derribar el edificio.

La vía de la expropiación fue anunciada hace un año, desde Carboneras, por la vicepresidenta primera y candidata del PSOE en las elecciones andaluzas, María Jesús Montero. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, tildó la fórmula de “electoralista” y aventuró que estaba abocada al fracaso.

El Ejecutivo andaluz se alineó entonces por la fórmula alternativa, en manos del Ayuntamiento de Carboneras, que el pasado verano ejecutó finalmente la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel, después de diez años ignorando los avisos del TSJA para que ejecutara una sentencia de 2021 (y para modificar el PGOU recalificando el suelo del Algarrobico como “no urbanizable”). Pero, tras una lluvia de críticas, finalmente la Junta se ha personado en el procedimiento de expropiación para conocer todos los avances al respecto.

El Algarrobico es el símbolo del urbanismo descontrolado en la costa de España y su demolición es un objetivo tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía, que en 2011 firmaron un “protocolo para la recuperación de la playa” donde se ubica, ocupando parte de la franja de 100 metros de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, según el deslinde confirmado judicialmente. El inmueble se levanta sobre suelo calificado como no urbanizable dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la licencia municipal de obras concedida en 2003 está pendiente de revisión de oficio por posible nulidad.

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Fe de errores: En la primera publicación de esta noticia se confundía la cifra de la indemnización propuesta por la promotora Azata del Sol S.L (44,5 millones de euros) con el justiprecio que ha ofrecido el Ministerio de Transición Ecológica, por un error de la fuente informante. Los 44,5 millones es la cantidad que piden los dueños del hotel ilegal por la expropiación de su suelo, y los 16.496,67 euros es la contraoferta que ofrece el Miteco.

Cuando Mario Sanz bajó las escaleras de su faro y cerró la puerta por última vez, supo que algo de la memoria colectiva se estaba perdiendo. A sus 65 años, se jubiló el pasado septiembre como uno de los últimos fareros de Andalucía, tras más de tres décadas en el faro de Mesa Roldán, en Carboneras y en pleno corazón de Cabo de Gata en Almería. Consciente de la caducidad de su tarea, Mario comenzó a recopilar todo tipo de artefactos marítimos relacionados con su profesión y los fue ordenando hasta configurar un museo único que con su jubilación se ha quedado en el aire. Por ello, lucha para que no se pierda y siga abierto al público.

Porque el museo del faro de Mesa Roldán corre el mismo riesgo de desaparición que el empleo del propio Mario Sanz. De hecho, él mismo empezó a trabajar en este lugar apenas unos meses antes de que en 1992 el llamado Cuerpo de Técnicos Mecánicos de Señales Marítinas –tal y como se conoce a los fareros– se extinguiese. Convencido de su papel de “guardián de la memoria”, Sanz decidió desde ese instante guardar todos los recuerdos de valor y, junto a cuadros y otras obras de arte, configurar un espacio museístico que, sin la presencia de un farero, queda a expensas de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), responsable de la gestión de este faro.

Desde el adiós de Mario Sanz, es la APA la que hace el mantenimiento de un edificio que sigue guiando a los barcos, aunque ahora de forma automática. También es la Autoridad Portuaria la encargada de abrir y cerrar al público las visitas interesadas en conocer el museo que Sanz fue creando durante más de 33 años. Sin embargo, como no hay nadie permanente en el faro de Mesa Roldán, las visitas se limitan a dos o tres veces al mes y siempre previa cita concertada. Algo que contrasta con la actividad que hasta septiembre había en este espacio museístico: abierto de forma continuada y con una clara vocación educativa y divulgativa.

No en vano, durante esas tres décadas, Mario Sanz no sólo se ha ocupado de encender y vigilar una luz fundamental para la navegación, sino que ha convertido el faro en un espacio vivo. Allí se han organizado presentaciones de libros, exposiciones temporales de pintura y fotografía, talleres y visitas escolares. Todo ello de manera gratuita. “Hemos estado abriendo el faro a todo tipo de visitas y haciendo actividades culturales durante más de treinta años”, recuerda Sanz. El resultado es una colección de más de 3.000 piezas vinculadas al mar, a la señalización marítima y a la historia de los faros, reunidas sin financiación específica y a lo largo de toda una vida profesional.

Guardián de la memoria

El origen del museo está íntimamente ligado a la desaparición del propio oficio. “Llegas a un sitio que se está acabando, que ya declaran a extinguir, y sabes que vas a ser el último que va a haber en este faro”, explica. “Te quedas un poco como guardián de la memoria: si no guardo yo las cosas, se va a perder todo”. Así empezó a conservar equipos antiguos, documentación, herramientas y objetos cotidianos del trabajo en los faros, ampliando después la colección hacia el arte, las maquetas y los archivos históricos, incluidas fotografías de antiguos fareros y fareras de toda España.

Por eso, el cierre de facto del museo tras su jubilación ha generado preocupación en Carboneras. La asociación Amigos del Faro de Mesa Roldán, de la que el propio Sanz es presidente y que cuenta con más de 700 personas asociadas, alerta de que el actual sistema de visitas limita gravemente el acceso. “Antes estaba abierto de manera permanente y la mayor parte de las visitas se concentraban los fines de semana”, explican desde la entidad. Ahora, las aperturas se producen entre semana y dependen de que un funcionario se desplace desde Almería para abrir el edificio.

Desde la asociación insisten en que el problema no es la falta de interés social, sino una decisión administrativa que deja sin uso cultural un edificio histórico. El faro de Mesa Roldán fue construido en 1863, tiene más de 160 años y se alza a 210 metros sobre el nivel del mar, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Un enclave privilegiado que, además de su valor patrimonial, se había consolidado como un atractivo turístico para el municipio.

El Ayuntamiento de Carboneras comparte este diagnóstico. Fuentes municipales señalan que el Consistorio considera el faro “un elemento de gran valor turístico y cultural” y se muestra dispuesto a alcanzar un acuerdo con la Autoridad Portuaria de Almería para que pueda seguir siéndolo. Para ello, admiten, será necesario encontrar una fórmula de gestión adecuada, pero aseguran que el apoyo municipal será total para mantener abierto el museo y preservar la actividad cultural asociada al faro.

Un sueño complicado

La Autoridad Portuaria de Almería, por su parte, defiende que el faro de Mesa Roldán es una instalación de dominio público portuario y una señal marítima en activo, cuya gestión corresponde exclusivamente a la APA y a personal técnico cualificado. Desde el organismo sostienen que el faro es visitable mediante un sistema de visitas previa solicitud, similar al de otros faros bajo su competencia, y que no se han perdido visitas, sino que se organizan conforme a un calendario establecido.

En cuanto a la posibilidad de ceder la gestión del museo a terceros, la APA la descarta al considerar que no es legalmente viable, al formar parte de una instalación portuaria en funcionamiento. Una interpretación que choca con la visión de quienes han sostenido durante años el proyecto cultural del faro y con la del propio Ayuntamiento, que reclama una mayor flexibilidad para garantizar su apertura regular. En todo caso, desde el Consistorio existe la voluntad de intentar llegar a un acuerdo con la APA y desde la asociación cultural del faro no descartan tomar otro tipo de acciones para lograr su cometido.

Mientras las administraciones deciden qué hacer con el faro, el futuro del museo marítimo de Mesa Roldán sigue en el aire. Para Mario Sanz, la cuestión va más allá de su historia personal: “Es un desperdicio total de espacio y de todo el trabajo que se ha hecho durante años”. Tras décadas cuidando de una luz pensada para orientar a otros, el último farero de Mesa Roldán pide ahora que no se apague la del patrimonio común.

La presencia de narcolanchas frente a las costas de Pulpí ha alterado el ritmo normal de este pequeño municipio situado al noreste de la provincia de Almería. Según denuncia su alcalde, Juan Pedro García (PP), estas embarcaciones están ganando terreno frente a las playas de todo el litoral en los últimos meses y sobre todo en las últimas horas. Debido al mal tiempo, explica el regidor, los presuntos delincuentes están atracando las embarcaciones buscando el abrigo de los acantilados de Pulpí, generando inquietud entre la población local.

Debido a su presente, desde el Consistorio solicitan que se refuerce la seguridad y que se disuada a este tipo de actividades delictivas que soliviantan el ritmo normal de una localidad que apenas supera los 12.000 habitantes. Una localidad que, según su alcalde, también está empezando a sufrir los efectos de las presencias de narcolanchas por la participación de jóvenes del pueblo en las actividades ilícitas de estas embarcaciones.

Para tratar de lograr una respuesta y frenar lo que está ocurriendo, desde el Ayuntamiento de Pulpí se ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno que refuerce la seguridad, ya que con los efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil de la zona no hay medios suficientes. Por ello, dado que las narcolanchas son visibles a la vista de todos, se ha producido una reunión entre ambas instituciones.

“El problema es la sensación de impunidad”, explica Juan Pedro García en conversación con este medio. “Los ves allí, tranquilos, con la lancha abrigada en la costa y con personas a bordo, y eso transmite una impotencia y una inseguridad muy preocupantes”. El alcalde explica que su denuncia no pretende cuestionar la labor de los cuerpos policiales, sino advertir de la falta de recursos con los que cuentan. “La Guardia Civil hace lo que puede, pero no tiene medios suficientes para cubrir toda la costa ni para enfrentarse a embarcaciones mucho más potentes”, señala.

Cientos de garrafas de gasolina

Uno de los indicios más visibles de esta actividad es la acumulación de garrafas de combustible en el litoral. Según el regidor, la Policía Local ha llegado a incautar más de 200, aunque insiste en que “en toda la costa hay miles”. “Es la prueba de que el problema está ahí y de que no es algo puntual”, añade. A ello se suma, según denuncia, el riesgo de que estas dinámicas acaben normalizándose entre la población más joven. “Ya tenemos conocimiento de chavales del pueblo a los que se les paga 200 o 250 euros por el petaqueo. Es dinero fácil y muy tentador, y no podemos permitir que esto se incruste en la sociedad, porque cuando entran en ese mundo luego no les dejan salir”.

Desde el ámbito institucional, fuentes cercanas al caso explican que la presencia reciente de estas embarcaciones está condicionada por el temporal marítimo. Según trasladan, las narcolanchas se habrían acercado a la costa buscando refugio por el mal estado de la mar, lo que desaconseja intervenciones directas con medios marítimos o aéreos por motivos de seguridad. Estas fuentes subrayan que la Guardia Civil tenía localizadas las embarcaciones y realizaba labores de seguimiento, aunque ese control no siempre sea visible desde tierra.

Las mismas fuentes apuntan además a que, en este momento, las embarcaciones detectadas en el litoral almeriense estarían vinculadas principalmente al tráfico irregular de personas en la conocida como ruta argelina, más que al tráfico de hachís u otras drogas, al menos en este episodio concreto. En cuanto al petaqueo, recuerdan que no constituye delito por sí mismo si no puede acreditarse su relación directa con narcotráfico o trata, una limitación legal que dificulta las actuaciones policiales, aunque se esté estudiando una posible modificación del Código Penal.

Un problema “que va a más”

Una visión muy distinta es la que mantiene la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que alerta de un agravamiento sostenido del problema en la costa almeriense. La organización sitúa el foco en el Levante de la provincia y en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, donde la presencia de narcolanchas es, según denuncia, cada vez más visible. “Cada año se hacen más fuertes y vienen más”, advierte su portavoz en Almería, Víctor Vega, que habla abiertamente de una “pérdida total del principio de autoridad”.

Desde la AUGC sostienen que las embarcaciones se desplazan a lo largo del litoral en función de la presión policial. “Cuando tú achuchas y vas detrás de ellos, se van desplazando”, resume Vega, que explica que la interceptación sólo suele producirse cuando las lanchas sufren averías o problemas de combustible. “En el resto de situaciones es casi imposible”, añade, al tiempo que critica que “las penas son irrisorias” y que los agentes trabajan “sin medios ni reconocimiento”.

La asociación rechaza los mensajes oficiales que hablan de avances frente a las mafias y asegura que la realidad es la contraria. “Se ha perdido el control de nuestras aguas territoriales”, afirma Vega, que llega a concluir que “hoy en día, los dueños y señores de estas aguas son las mafias del narcotráfico”. Un diagnóstico que contrasta con la prudencia institucional, pero que coincide con la alarma expresada desde municipios como Pulpí, donde la presencia de estas embarcaciones ya forma parte del paisaje cotidiano.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la pieza principal del caso Hispano Almería, en concreto la pieza separada que investigaba presuntas contrataciones irregulares de obra pública a través del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. La juez da así carpetazo a un caso que cuya investigación se inició en 2014, al considerar que no se aprecian indicios suficientes sobre la comisión de delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos, entre otros.

En su auto dictado el pasado 15 de enero, la magistrada Ana Belén Vico incide en el último informe policial emitido sobre las actuaciones urbanísticas y adjudicación de obras a la mercantil en Roquetas de Mar entre los años 2000 y 2010 sin que, del examen de los documentos realizado, se puedan determinar “graves irregularidades” en la contratación.

Del mismo modo, y conforme a la petición de archivo realizada por la Fiscalía, tampoco se han podido determinar plenamente la existencia de operativas por parte de los investigados para la “ocultación” de parte de las ganancias que se habrían obtenido con contratos amañados o posibles delitos contra la Hacienda Pública. Las acusaciones llegaron a pedir la imputación de Gabriel Amat, alcalde de Roquetas y que también fue presidente tanto de la Diputación como del PP almeriense.

La juez llega a subrayar el giro radical dado por la Fiscalía en este caso, tanto que en un último informe –“cuyos fundamentos son íntegramente compartidos por esta Instructora– concluye ”modificando sustancialmente“ sus denuncias anteriores. Tanto, que subraya ahora que ”no se han detectado graves irregularidades“ que puedan ser constitutivas de delito.

Un caso que arrancó en 2014

Las actuaciones se iniciaron en 2014 con base en una serie de recibís, facturas y una libreta de anillas aportadas ante la Fiscalía, que habrían sido encontradas en un contenedor de basura, en las que se recogían supuestos pagos a técnicos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar a cambio de la adjudicación de obras públicas.

Estos indicios llevó al Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de Málaga a realizar un primer informe policial en el que se detectaron “irregularidades” en la tramitación de los 62 procedimientos, aunque el mismo informe apuntaba “la falta de documentación en varios de estos expedientes”, que fue solicitada al Consistorio roquetero. El informe recordaba que en 2003 hubo elecciones municipales, constando la entrega de 36.000 euros asociados a la “campaña electoral Roquetas de Mar”.

Pero con la documentación adicional, la UDEF emitió un segundo informe sobre actuaciones urbanísticas relativos a la adjudicación de obras a la mercantil Hispano Almería en Roquetas de Mar sin que, a raíz de la misma, se apreciaran irregularidades sobre los delitos investigados. A estos informes se unen las “múltiples diligencias de investigación practicadas” entre las que se incluyen las declaraciones de investigados y testificales, además de otras pruebas documentales.

Recibís sin firmar

En este sentido, la jueza incide en que si bien destaca la existencia de unos recibís con la supuesta entrega de cantidades de dinero por los investigados, los mismos “no se encuentran firmados por ninguno de los supuestos receptores”. “Es evidente que es un indicio de delito, pero no se ha podido acreditar, suficientemente, la efectiva entrega/recepción de esas cantidades”, expone la juez, quien además apunta que ninguno de los informes policiales al respecto “acredita con claridad dicho extremo”.

Abunda además en el estudio de la documentación de la diversas sociedades, lo que tampoco ha permitido acreditar “fuera de toda duda” la existencia de esa supuesta entrega de dinero. “Es cierto que alguno de los investigados percibió cantidades de dinero con origen en la mercantil Hispano Almería, pero también lo es que lo fueron, al menos en apariencia, por prestaciones profesionales o negocios que estaban autorizados a realizar”, distingue la instructora.

La juez incide en la “compleja instrucción” llevada a cabo no sólo por la “profusa documental” practicada sino por la toma de declaraciones a investigados, técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, quienes “niegan categóricamente los hechos”.

Sin la “gravedad necesaria”

De este modo, asevera que de lo investigado no se ha podido acreditar, por una parte, irregularidades en la tramitación de los expedientes; y, por otra parte, el supuesto cobro de comisiones desde el Ayuntamiento roquetero para “favorecer a cualquiera de las empresas investigadas en la adjudicación de obras públicas”.

De todo ello, la juez concluye que “no concurren los requisitos expresados para estimar acreditado siquiera indiciariamente que por persona alguna determinada se haya cometido un presunto delito de prevaricación o de cualquier otro ilícito penal, no adoleciendo las posibles irregularidades que pudieran derivarse de los expedientes analizados, de la gravedad necesaria para ser relacionadas con una posible actividad criminal”.

El exalcalde del municipio almeriense de Cantoria (Almería), Pedro Llamas, del Partido Popular, se sentará en el banquillo acusado de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la compra irregular de una parte del Palacio de Almanzora, un inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Así lo ha acordado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huércal-Overa, que ha decretado la apertura de juicio oral y ha remitido la causa a la Audiencia Provincial por la gravedad de las penas solicitadas. Una causa sobre la que el PP guarda silencio.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, ejercida por el propio Ayuntamiento de Cantoria -ahora gobernado por el PSOE-, coinciden en que el entonces alcalde firmó en diciembre de 2009 un contrato privado de compraventa para adquirir parte del palacete por un importe de 360.000 euros sin seguir ningún procedimiento legal y comprometiendo fondos públicos al margen de los controles administrativos. Hechos por los que habría cometido los delitos que se le imputan y por el que la acusación y la Fiscalía piden penas de prisión de entre cuatro y seis años de cárcel.

Según los escritos de acusación, a los que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la compraventa que se investiga se realizó de manera opaca porque se llevó a cabo sin expediente de contratación, sin informes técnicos ni jurídicos que avalaran la compra, sin consignación presupuestaria y pese a los reparos reiterados y por escrito del secretario municipal y de la Intervención, que advirtieron de la ilegalidad de la operación y trataron de impedir su tramitación.

La apertura de este juicio sitúa en otra causa al Partido Popular de Almería, tras las investigaciones del caso Mascarillas que obligaron a que Javier Aureliano tuviese que dimitir como presidente del partido y de la Diputación por su presunta implicación en el cobro de mordidas a través de contratos públicos. No en vano, Pedro Llamas fue alcalde de Cantoria durante una década y ha sido una figura destacada del Partido Popular en la comarca del Almanzora.

De hecho, políticamente se le considera un hombre muy relevante dentro del organigrama de los populares, pese a que abandonó la esfera pública en 2015 tras un largo historial de causas judiciales relacionadas con su gestión municipal, especialmente en materia urbanística. Una de esas causas le obligó a dejar la Alcaldía en 2013 por presunta falsedad documental.

Avisos ignorados

En esta trama concreta, uno de los elementos centrales de la investigación por la que Llamas tendrá que comparecer ante la Audiencia de Almería son los llamados informes de reparo, una herramienta de control interno de la administración local. Se trata de advertencias formales y por escrito que emiten la Secretaría o la Intervención municipal cuando detectan que una actuación política no se ajusta a la legalidad, ya sea por falta de presupuesto, por ausencia de informes preceptivos o por vulnerar la normativa administrativa o financiera.

En el caso del Ayuntamiento de Cantoria y el exalcalde Llamas, el secretario municipal certificó que no llegaron a ser elevados al pleno porque el propio regidor, como presidente del órgano colegiado y responsable de fijar el orden del día, omitió deliberadamente su inclusión, impidiendo así que el máximo órgano de decisión municipal conociera las advertencias sobre la ilegalidad de la compra.

Pese a ello, y siempre según la acusación, Pedro Llamas siguió adelante con la operación y dictó resoluciones expresas rechazando los reparos formulados por los órganos de control, ordenando continuar con los pagos sin dar cuenta al pleno, tal y como estaba legalmente obligado a hacer.

Pago opacos

Aunque el contrato se firmó en 2009, los pagos comenzaron a realizarse a partir de 2011 a través de pagos fraccionados y con cargo a partidas inexistentes o no presupuestarias, según consta tanto en el escrito de acusación como en el del Ministerio Fiscal. En total, el Ayuntamiento abonó 40.400 euros al vendedor entre 2011 y 2012. A estas cantidades se le sumaron además intereses a favor del particular, pese a que la Intervención municipal advirtió expresamente de que no existía base legal alguna para que una administración pública pagara intereses derivados de un contrato que nunca debió formalizarse. Sin embargo, el alcalde ignoró las advertencia que recibía a través de los citados reparos.

No solo eso, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este medio, los pagos se produjeron justo cuando las arcas municipales se encontraban en una peor situación financiera. Tanto que el Consistorio tuvo que pedir un crédito de 200.000 euros para cubrir necesidades básicas de liquidez en esas mismas fechas, lo que, para la acusación, agrava la irresponsabilidad de la operación. Este medio se ha puesto en contacto en reiteradas ocasiones con el PP para conocer su versión de los hechos, sin haber obtenido respuesta.

Por todo, la Fiscalía acusa al exalcalde de un delito de prevaricación administrativa y de un delito de malversación de caudales públicos. Por su parte, la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Cantoria, eleva la petición de condena hasta los seis años de prisión y diez años de inhabilitación por cada uno de los delitos. Ambas partes coinciden en reclamar que Pedro Llamas indemnice al Ayuntamiento con los 40.400 euros abonados, además de los intereses legales correspondientes.

El 17 de enero de 1966 Manuela Sabiote recogía tomates cuando un trozo de avión cayó a pocos metros de su huerta. En una foto que tomó un periodista o algún soldado, Manuela posa sonriente con los restos de fuselaje, las matas de tomates de fondo y algunos paisanos que observan. Es la foto que ilustra este reportaje, el rastro inocente del incidente de Palomares, del que este sábado se cumplen sesenta años. La foto simboliza el estado de ánimo con el que el pueblo encajó el episodio. Pocas horas después, aquello se llenó de militares que hablaban inglés y buscaban un par de bombas termonucleares extraviadas, y la inocencia dio paso a las mentiras oficiales que no sirvieron jamás para evitar que el pueblo quedase marcado para siempre.

Aquella pequeña aldea del Levante almeriense acababa de sufrir uno de los más graves accidentes nucleares de la Guerra Fría. Un B-52 y un KC-135 habían colisionado durante una de las habituales operaciones de repostaje en vuelo que la Fuerza Aérea de Estados Unidos ejecutaba sobre la Sierra Almagrera. Palomares, con poco más de 700 vecinos, agrícola y pobre, quedaría marcada para siempre por nueve kilos de isótopos de plutonio dispersados en forma de aerosoles sobre un área aproximada de 226 hectáreas con zonas de vegetación silvestre, cultivadas y urbanas. Que cayeron cuatro bombas se supo casi al momento; todo lo demás se ocultó durante el franquismo y hasta bien entrada la democracia.

“La gente de Palomares vivió engañada 40 años. Hasta 2006 no se tomaron las primeras medidas de radioprotección con el vallado de 40 hectáreas. Antes siempre habían dicho que todo había quedado perfectamente. Manuel Fraga fue el principal vocero: decía incluso que se había quedado mejor, así de chulo era”, recuerda hoy José Herrera, quizá la persona que más ha investigado los esfuerzos de los sucesivos gobiernos, en dictadura y democracia, por enterrar el asunto bajo una capa de silencio y olvido: “Una investigadora norteamericana, Barbara Moran, me preguntó una vez cómo era posible que siguiera siendo tan secreto, cuando en su país ya habían desclasificado el Acuerdo Otero-Hall [el proyecto científico a largo plazo para estudiar los efectos de la contaminación por plutonio]”.

Plutonio y americio como fuentes contaminantes

En este pueblo que hoy supera por poco los 2.000 habitantes muchos están cansados de contar a los periodistas las mismas historias una y otra vez. Lo viven como una maldición atada al aire que respiran y la tierra que cultivan.

El sensacionalismo ocasional no ha ayudado. No hay trabajos que demuestren de forma consistente que hay aquí una incidencia mayor de algún tipo de cáncer, y los análisis regulares de las lechugas, los tomates, los caracoles, los conejos, el agua o el aire no dan motivos para la alarma. Pero la tierra contaminada sigue ahí, a menos de un metro de la superficie. “No es un pueblo contaminado, son solo unas parcelas”, dice María Isabel Ponce, actual alcaldesa pedánea (PSOE), que insiste: “Tenemos toda la tranquilidad, está vigilado a través del CIEMAT, y lo único que pedimos es que se haga la limpieza de los terrenos vallados, como llevamos pidiendo 60 años”.

Desde hace décadas todo se hace depender de un acuerdo que nunca llega con Estados Unidos, responsable del accidente y el único con capacidad para transportar, tratar y almacenar los terrenos contaminados. Óscar Velasco es el hijo de Manuela, la joven que posó con los trozos de avión. También fue alcalde hasta 2023, y lo tiene claro: “Urge la descontaminación, ya”. Y alerta de que habrá un momento en que el vallado no sirva para acotar el riesgo. “El americio se va degradando y tiene otro tipo de radiación que puede salir al exterior. Eso es un peligro no solo para Palomares, sino también para poblaciones cercanas”.

La fuente de emisiones radiológicas se compone de isótopos de plutonio (238Pu, 239Pu, 240Pu y 241Pu) y americio (241Am, generado a partir de la desintegración de su progenitor, el isótopo 241Pu). Según el CIEMAT, el 241Am y el 239+240Pu son los radionucleidos críticos debido a que son los isótopos más abundantes en concentración de actividad con los distintos componentes del ecosistema afectado: suelos, alimentos, aire, depósito, agua, organismos indicadores y sedimentos.

“Como no se ve, se oye, se siente o se huele, la gente no valora el riesgo”

Pepe Ramos tenía cinco años el 17 de enero de 1966 y dice recordar muy bien el alboroto, la excitación, cómo el pueblo pasó de ser un villorrio olvidado a centro de la atención mundial gracias a la visita del amigo americano. “No teníamos nada, y yo me escapaba de casa y me iba a montarme a los helicópteros. Nos traían chicles y Coca Cola, que nunca habíamos visto aquí”, relata. Aquello era un jolgorio del que te podías ir con algún bonito obsequio. “Mi hermana se hizo una foto encima de una de las bombas. Todo el mundo andaba por todos sitios recogiendo cosas. Hasta un destornillador de los americanos tengo todavía. El otro día me lo encontré en una caja de herramientas”.

Fuera de la burbuja de inocencia infantil, el impacto económico fue inmediato. Recoger tomates quedó prohibido por orden de la autoridad, pero lo peor fue el estigma: “Aquí se vive del campo y cuando empezaron las historias ya nadie quería productos de Palomares, se vendían con etiquetas de Murcia”, señala el hombre. Además, el reparto de las indemnizaciones abrió otra herida en el pueblo.

Durante muchos años, Ramos iba a Madrid a sacarse sangre. “Dejé de hacerlo porque enviaban cosas muy escuetas, como si fuera un simple análisis de sangre. Que yo sepa, nadie ha recibido nada de que tuviera algún problema de radiactividad. Aquí nos conocemos todos y no ha habido problemas de cáncer ni historias de esas más de lo normal”.

Pronto, los vecinos dejaron de preocuparse, anestesiados por la aparente ausencia de consecuencias y el silencio de las administraciones, que ocultaban incluso cómo un doctor de la división de Investigación Biomédica del Laboratorio Nacional de Los Álamos, Haskell Langham, los estaba utilizando como conejillos de Indias. “Como no se ve, se oye, se siente o se huele, la gente no valora el riesgo real”, lamenta Velasco. Hoy, pocos vecinos siguen haciéndose las pruebas.

“El año de las bombas”

Para las nuevas generaciones el asunto es molesto o un elemento mitológico. “El año de las bombas”, como le dijeron una vez unos niños a Herrera, que tomó prestada la frase para titular su nuevo libro, una recopilación de historias casi al modo documental de Svetlana Alexievich en Voces de Chernobyl. “He tratado de reflejar a los involuntarios protagonistas del suceso, porque la gente del pueblo apenas sale en el tratamiento periodístico del accidente. Siempre se habla del general Wilson, del doctor Langham... Y el pueblo es un figurante”.

Allí cuenta cómo las crónicas radiofónicas a través de Radio España Independiente (La Pirenaica, vinculada al Partido Comunista) rompieron por primera vez el silencio impuesto por la dictadura. Sacaban las crónicas ocultas en la ropa interior de un motorista que iba a Lorca, desde donde se enviaban a Bucarest para ser radiadas. Y también cómo ya en los 80 una jovencísima alcaldesa, Antonia Flores, abanderó la lucha por la transparencia y la dignidad del pueblo de Palomares junto a la duquesa de Medina-Sidonia.

Tuvieron que pasar dos décadas más para que en 2007 se vallaran los terrenos que contienen el material radiactivo que Estados Unidos enterró a medio metro de profundidad, el más grande de ellos en el núcleo del pueblo. Desde entonces, el CIEMAT emite un informe anual a partir de muestras de agua, tierra, aire, animales y vegetales. “Los niveles de irradiación son prácticamente irrelevantes, incluso en las zonas más afectadas”, se lee en el último de ellos. A cinco metros de unas vallas se cultivan lechugas. Nada informa de qué motiva el vallado, de eficacia dudosa con ciertos animales y que no frena al viento.

España ha procurado siempre mantener las miradas de terceros ajenas a lo que hay en Palomares, ignorando incluso las reclamaciones de la Comisión Europea para que complete la rehabilitación. Tampoco admite que haya puntos radiactivos fuera del vallado, como en su día denunciaron los ecologistas. Sin embargo, un informe del Gobierno de Estados Unidos al Senado de aquel país reconoció en 2023 que Palomares “sigue sufriendo los efectos” de la “contaminación residual”, que “supera los niveles” de la normativa europea. Pese a que admitía que la ayuda de Estados Unidos es “vital” para zanjar la cuestión, el informe no instaba ninguna medida para intervenir.

Nadie descontamina Palomares

Hoy, el gran tema que marca la agenda local es la gran urbanización de 1.600 viviendas y hotel junto a la playa de Quitapellejos, que tiene ya los parabienes de la Junta de Andalucía. “Es prosperidad para los vecinos. Queremos que Palomares no solo sea agricultura, y abrirnos al turismo y al sector servicios”, subraya su alcaldesa pedánea. Durante décadas, Palomares ha observado el desarrollo turístico de Vera o Mojácar sin participar de él. Ahora, los ecologistas alertan de que el proyecto acabaría para siempre con un entorno al que la huella nuclear quizá también haya contribuido a preservar, duplicando la población de la pedanía.

Mientras, el pueblo sigue esperando a que alguien saque de allí la tierra contaminada, unos 50.000 metros cúbicos que quedarían reducidos a unos 6.000 una vez tratados. Desde hace casi una década, Ecologistas en Acción lo intenta en los tribunales para chocar una y otra vez contra la determinación del Gobierno de mover ni una piedra. Tras un primer intento fallido, la Audiencia Nacional estudia ahora si debe hacerlo el Ministerio de Transición Ecológica. El proceso está pendiente de que se admitan o no algunas de las testificales que han pedido los ecologistas.

En su momento, el Ministerio ya alegó que las sospechas en torno a la situación radiológica en Palomares son una exageración sin fundamento, que la propuesta de Plan de Rehabilitación de 2010 es papel mojado, que no hay ninguna norma que le obligue a intervenir y que, en todo caso, no está claro que remover sea una buena idea, aunque sea para limpiar.

La tesitura, más teórica que real (al menos por ahora), divide al pueblo. “Yo no soy científico, pero tengo dos dedos de frente: si remueves la tierra va a haber un problema porque se va a liberar al aire”, dice Pepe Ramos. “Tener una contaminación así es peligroso para el ser humano. Vamos 60 años tarde”, rebate Óscar Velasco, que sólo así ve posible borrar un estigma que amenaza con durar tanto tiempo como los isótopos de plutonio: “Descontaminar es la única solución para que al fin se deje de hablar de esto”.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso, clonado, volcado y visionado de los teléfonos móviles de seis empresarios del sector constructivo investigados en el caso Mascarillas que indaga sobre presuntas 'mordidas' a través de contratos ligados a la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines.

El magistrado José Manuel Rey Bellot, encargado de la instrucción, accede a la petición efectuada por el departamento de investigación económica de la UCO de cara a elaborar un informe con el que tratar de esclarecer presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación de caudales públicos.

En un auto emitido el pasado 2 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado facilita el acceso al contenido de los terminales de los empresarios investigados, quienes ya fueron llamados a declarar en dependencias policiales el pasado mes de noviembre cuando se detuvo al expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García y el exvicepresidente segundo Fernando Giménez entre otros.

2 millones de euros

La instrucción apunta la “aparente existencia” de una dinámica de funcionamiento instaurada en el seno de la Diputación Provincial de Almería que, en términos generales, “habría permitido la adjudicación fraudulenta de contratos públicos, haciéndolo en base a intereses personales y económicos y sin tener en cuenta los principios rectores de la contratación pública”.

En este sentido, la trama iría más allá de la adjudicación por más de dos millones de euros del contrato inicialmente investigado para la adquisición de mascarillas, guantes y otro material sanitario en la fase más aguda de la pandemia de covid-19, ya que, según los autos, se habría servido de otras adjudicaciones de contratos de obras y servicios.

Para ello, se observan indicios de una estructura formada por dos planos: el primero, una serie de cargos públicos que la habrían posibilitado y propiciado, beneficiándose también de la misma económica y personalmente; y el segundo, constituido por una serie de sociedades y empresarios que habrían participado de ella, bien como adjudicatarias de estos contratos, bien propiciando que otras empresas lo hicieran.

Beneficios para un hermano de Óscar Liria

Es en este punto en el que la investigación se centra en el papel de seis empresas y sus responsables, entre los que figura el hermano del exvicepresidente tercero y exdiputado provincial de Fomento de la Diputación Óscar Liria —ya detenido y apartado en una primera fase— quien mediante la empresa Pulconal “tenía pleno conocimiento y percibía un cinco por ciento del beneficio de los contratos adjudicados por la Diputación Provincial de Almería a la sociedad”.

También se apunta como una de las empresas con más intereses en la supuesta trata la mercantil OYC Servicios Urbanos, cuya “verdadera titularidad” se atribuye al exalcalde de Fines y a su hijo, también investigados por este caso, si bien se investiga además a una pareja que actuaba como accionista de la empresa y como administrador solidario.

Junto a estas dos empresas, la investigación pone el foco en otras seis mercantiles más dirigidas por otros cuatro empresarios, quienes podrían haberse beneficiado de la trama mediante la adjudicación de contratos. Todos ellos “podrían disponer de indicios relevantes para el esclarecimiento” de los hechos, por lo que se autoriza la exploración de sus teléfonos.

“Claros indicios”

La investigación nace de la adjudicación del contrato público de suministro de material sanitario por la Diputación Provincial de Almería a la empresa Azor Corporate Ibérica a través de un decreto firmado por Javier Aureliano García el 8 de abril de 2020 por 2.036.186,24 euros partiendo la propuesta de Fernando Giménez.

Para el juez, “existen claros indicios de que tal contratación se produjo de forma ilícita”, entre otros aspectos, ante el “vínculo familiar” entre Óscar Liria y el representante de la sociedad Kilian L. y ante la existencia de gestiones para la compra de material previas a la propia adjudicación del contrato.

La investigación abunda en las conversaciones telemáticas existentes entre los investigados, quienes mantenían un grupo de Whatsapp denominado Naranjito, relativas a estas contrataciones así como en las evidencias halladas durante la primera fase de la investigación, en la que se encontraron grades sumas de dinero en el domicilio de Óscar Liria y de sus padres sin que las explicaciones sobre su origen “resulten convincentes, ya que son vagas, imprecisas e carentes de apoyo documental”.

Un lenguaje “encriptado”

También alude la investigación al lenguaje “en clave” o “encriptado” entre los investigados, quienes al referirse a contratos emplearían expresiones como “ir al dentista”, “cambiar la piñata entera”, “necesito empastarme dos o tres muelas” u otros términos odontológicos supuestamente para referirse a esas 'mordidas'.

“El uso de esta terminología es muy recurrente y se encuentra totalmente desvinculado del contenido material de las conversaciones”, abunda el juez, para quien resulta “muy llamativo” que se utilicen “de forma absurda, abusiva y en un número de veces inexplicable” términos relativos a la ortodoncia en un contexto “totalmente desvinculado” de una conversación que versa sobre licitaciones públicas en trámite.

Así, los informes apuntan la relevancia en el uso de dinero en efectivo, con ingresos desde Roquetas de Mar y El Ejido de hasta 19.750 euros, por parte del expresidente de la Diputación a la hora de pagar las cuotas hipotecarias correspondientes a la compra de un inmueble con una cuenta que se encuentra también a nombre de su hermana, investigada en este caso por un supuesto delito de blanqueo de capitales.

En esta línea, la investigación apreciar una supuesta reincorporación al tráfico de dinero cuyo origen “podría ser ilícito”, a lo que se unen otros 20.000 euros que García entregó para adquirir una parcela en Rodalquilar. “Se desconoce el origen del dinero efectivo que utiliza Javier Aureliano García para tales transacciones, siendo que el mismo es un empleado público”, incide el auto.

Transacciones bancarias

Las “numerosas transacciones bancarias” que se producen entre Javier Aureliano García, sus hermanos, así como la comunidad de bienes García Molina —administrada por otro hermano también investigado— reflejarían, bajo criterio policial, una instrumentalización de dicha comunidad de bienes para “canalizar fondos” sobre la venta de un inmueble heredado en Almerimar a fin de “integrar los fondos obtenidos de forma ilícita en el circuito legal de dinero para poder disfrutar de los mismos”.

También resulta de interés para la investigación y para la adopción de las medidas solicitadas, el interés que muestra Javier Aureliano García en reunirse con Fernando Giménez para abordar la declaración en calidad de investigado que ya realizó antes de ser arrestado, así como la realización de viajes “de coste elevado” a Ibiza y a Madrid en 2016 y 2017 de García y Liria, en fechas próximas a la presunta actividad delictiva de adjudicación de contratos y sin que existan “apuntes bancarios” al respecto.

Desactivada una organización criminal que se dedicaba a traer mujeres desde distintos países de América del Sur, entre ellos Venezuela y Colombia, a la localidad de Roquetas de Mar, en Almería, para su explotación sexual. En el operativo han sido liberadas seis víctimas y ha habido ocho detenidos, a los que se les atribuye los delitos de trata de seres humanos, explotación sexual y pertenencia a organización criminal.

En el marco de la operación Alaragua, la Guardia Civil inició la investigación en octubre del 2024 gracias a la colaboración ciudadana que puso en conocimiento de las autoridades la existencia de una posible organización criminal de este tipo en el sur andaluz. Cuatro de los detenidos se encuentran en prisión provisional.

'Modus operandi' del grupo criminal

Trasladaban a mujeres desde Venezuela y Colombia hasta España, y una vez en territorio nacional las dirigían hasta el municipio almeriense. Desde ese punto eran transportadas a diferentes ciudades, ejerciendo un control constante sobre ellas.

En algunas ocasiones las acompañaban y en otras, a través de teléfonos móviles, les indicaban las instrucciones sobre los lugares a los que ir, sus hospedajes y los servicios que tenían que prestar. De esta forma, mantenían la organización, el control y la gestión del dinero recaudado por sus servicios.

Tras descubrir estos hechos se organizó un dispositivo en el que los agentes llevaron a cabo registros en los domicilios de los presuntos autores, localizando pruebas e indicios importantes relacionados con la actividad criminal que llevaban a cabo.

Esta operación, en la que ha colaborado el Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Guardia Civil de Almería, está tutelada por los Juzgados de Roquetas de Mar y la Fiscalía Delegada de Extranjería. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

Sonia, Ana, Teresa, José Miguel, Genoveva, Antonio o Carmen son los nombres tras los datos que evidencian que la situación de la atención primaria en Almería está desbordada. Ellos, como más de 36.000 ciudadanos que viven en la periferia de la capital almeriense, padecen a diario la falta de recursos que hacen que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tenga un tapón que afecta a los ambulatorios y que deja sin una atención eficaz a los vecinos. Algo que reconoce, con matices, la propia Junta de Andalucía.

Cansados de la situación, un grupo de ellos, encabezados por Antonio Galdeano, han recogido más de 3.000 firmas y se han personado ante la Delegación de Salud de Almería para que escenas y situaciones impropias del año 2025 dejen de producirse en atención primaria. Consultorios que no abren desde hace meses por problemas en la infraestructura, personas con movilidad reducida que deben trasladarse muy lejos de sus domicilios o el problema común al del resto de Andalucía: la demora para ser simplemente atendidos por el médico de cabecera que se va a más de una semana de espera en la mayor parte de los casos.

Sonia lo intentó la semana pasada. La aplicación le avisó de que alguien la llamaría “en un máximo de 72 horas”. La llamada llegó, sí, pero para decirle que fuera a las siete de la mañana y que hiciera cola porque sólo había cuatro citas disponibles para ese día. “Y luego las salas de espera están vacías. Pero vacías del todo. No lo entiende nadie”, lamenta. Una situación que se repite una y otra vez: pedir cita, esperar entre 10 y 14 días y, si la cosa se complica, acabar en urgencias. Todo mientras la Consejería de Salud había prometido que las citas se darían en menos de 72 horas.

Caos asistencial

Pero la realidad, según denuncian en Marea Blanca Almería, es otra muy distinta: “Nunca se encuentran citas en menos de 7-10 días”, señalan, con ejemplos de demoras que alcanzan los 14-20 días en varios centros de la capital. En los barrios y pueblos que rodean Almería, la situación se agrava aún más. A San José sólo llega una médica por las mañanas y el retraso mínimo en obtener cita es de una semana. En El Pozo de los Frailes, dos días de consulta por semana implican dos semanas de demora.

Y en localidades como El Barranquete, Albaricoques, Los Escullos o La Isleta del Moro, el médico sólo pasa una vez cada siete días. Si alguien sufre una urgencia fuera del horario establecido, debe esperar a que una ambulancia llegue desde El Toyo o Níjar. En una población envejecida, esto no es sólo un problema de gestión: es un riesgo para la salud, según denuncian los vecinos de la zona.

José Miguel, uno de los lugareños afectados por la falta de medios, lo resume: “Somos pueblos pequeños, sí, pero también somos personas. Y aquí la sanidad se ha quedado sin sitio”. En Albaricoques, el consultorio se cerró hace más de seis meses tras derribar el edificio anterior. No hay alternativa habilitada. La única atención primaria con la que cuentan es con la de un número de teléfono que no siempre se coge a tiempo.

Mientras todo esto ocurre, los hospitales viven su propio colapso. Un joven de 29 años, con un sinus pilonidal infectado y drenado en dos ocasiones, tenía programada una cirugía. Sin embargo, se suspendió porque no había tiempo en quirófano debido al retraso acumulado en intervenciones previas: “Se suspende intervención quirúrgica por prolongación de quirófanos previos que ocasiona una falta de tiempo para la correcta realización”, reza el parte médico al que ha tenido acceso este medio. Un caso más que ilustra que el tapón empieza en los centros de salud y termina en los hospitales.

Agotamiento vecinal

Antonio Galdeano explica que la plataforma vecinal que se está plantando contra la Junta de Andalucía surgió porque “esto se ha vuelto continuo y permanente”. Falta de cobertura de bajas, rotación constante de médicos sustitutos o cupos desbordados. Cabo de Gata ronda las 1.900 tarjetas por médico, Retamar llega a las 2.000, muy por encima de la recomendación legal de 1.200. El resultado: un médico de familia que ya no es “el de siempre”, el que conoce tu historial, sino un profesional distinto cada vez y, demasiadas veces, lejano y desconocido.

Desde el Distrito Sanitario de Almería, sin embargo, rechazan que la raíz del problema esté en la falta de personal. Aseguran que la plantilla está “cubierta y reforzada en los últimos años” y que las demoras responden a un “nuevo modelo asistencial” que reduce las consultas por médico -de 60 a 35 al día- para una atención “más personalizada y de calidad”. También anuncian futuras ampliaciones de consultorios y desdoblamientos de cupos en La Cañada, Retamar y Cabo de Gata, con la promesa de ir “de la mano de vecinos y profesionales” para lograr una atención “cercana, equitativa y de calidad”.

Pero los vecinos insisten: llevan desde julio pidiendo una reunión con la Delegación de Salud. La solicitud se reiteró en septiembre. “Silencio total”, denuncia Antonio. Y mientras esperan esa respuesta que no llega, siguen sumando firmas, siguen levantando la voz y siguen recordando que la sanidad pública no debería depender de madrugar para hacer cola, vivir cerca de un consultorio que permanezca abierto o tener la suerte de que ese día haya médico.

Porque para Sonia, Ana, Teresa, José Miguel, Genoveva y tantas otras personas, no hay nada más básico que saber que, si un día se levantan con dolor, su centro de salud va a estar ahí. Y que va a responder.

Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias y de atención humanitaria a inmigrantes (ERIE-AHI) de Cruz Roja han atendido a un total de 134 inmigrantes que durante la jornada de este miércoles fueron trasladados al puerto pesquero de Almería tras ser localizados en varias pateras.

Fuentes de la ONG han confirmado a Europa Press que los equipos se activaron hasta en tres ocasiones para dar las primeras asistencias a los inmigrantes después de que las autoridades los trasladaran hasta la capital. Entre los rescates efectados por Salvamento Marítimo y Guardia Civil consta el de una embarcación con 83 varones de origen magrebí localizada a seis millas náuticas al este de San José en Níjar, frente a las costas de Cabo de Gata.

Sensibilización

El coordinador provincial de Cruz Roja en Almería, Francisco Vicente, ha recordado con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes que se celebra este jueves que la organización trabaja con más de 10.000 personas de origen extranjero al año y atiende más de 6.000 en proyectos de integración, asentamientos y a mujeres extranjeras víctimas de la trata.

“Durante esta semana estamos desarrollando una campaña de sensibilización en colaboración con el proyecto cultural La Guajira, donde estamos teniendo una exposición fotográfica y diferentes charlas”, ha recordado Vicente como medio para “sensibilizar” a la población.