José María Aznar decidió hace tiempo que Israel es un Estado que debería ser defendido por Europa y EEUU sin importar lo que ocurra en territorio palestino. No es esa la política que llevó a cabo cuando era presidente del Gobierno. Al abandonar la política activa, acentuó su alineamiento con Estados Unidos e Israel y quiso asumir el papel de ser el más halcón de los halcones. De ahí que llegara a proponer en público que Israel –junto a otros países fuera del continente europeo– se uniera a la OTAN, una idea excéntrica que los israelíes rechazaron. No necesitaban otra cosa que su alianza estratégica con EEUU.

Aznar presentó el jueves en Madrid una conferencia de la encargada de negocios de la embajada israelí, Dana Erlich. En su empeño por defender a Israel, relacionó la crisis de Ceuta con la denuncia del genocidio de Gaza por el Gobierno de Pedro Sánchez. “Comprobamos con el drama de Ceuta las consecuencias de habernos enajenado la amistad de aliados relevantes”, dijo el expresidente. Es una frase intrigante que solo sirve para alentar especulaciones sobre el papel israelí en esos acontecimientos, como si hubiera una relación causa-efecto.

Lo que es seguro es que el Gobierno de Netanyahu ha utilizado Ceuta para vengarse. Apoyar a Israel significa ponerse del lado de los que rechazan la españolidad de Ceuta y Melilla. Solo pasaron unas horas desde la avalancha migratoria sobre la ciudad para que el embajador israelí en la ONU, Danny Danon, cuestionara esa soberanía: “Quizá antes de que (España) continúe dándonos lecciones, es hora de que explique al mundo por qué mantiene enclaves coloniales en África”.

Dana Erlich negó cualquier participación de su Gobierno en la crisis. Dejó una frase que se puede interpretar de muchas maneras: “No trabajar con Israel en Defensa también tiene un precio para la seguridad de los españoles”.

Aznar no tolera que se acuse a Israel de haber cometido un genocidio. Definió el ataque de Hamás del 7 de octubre de “acción terrorista de intención genocida, vesánica y perversa”. Murieron 1.139 israelíes, de los que 373 eran policías y militares y 766 civiles.

“Israel libra una guerra asimétrica de palmaria asimetría moral”, afirmó. “Tachar a Israel de Estado genocida es de antisemitismo puro y duro”.

No cabe duda de que Gaza ha sido un conflicto asimétrico. Israel ha matado a 76.621 personas hasta finales de agosto. La mayoría de las víctimas son civiles. Una base de datos del Ejército cifró en 8.900 los combatientes de Hamás eliminados hasta mayo de 2025, lo que en ese momento suponía el 17% de los fallecidos. El número de niños y adolescentes muertos supera los 20.000. Gaza es el lugar más peligroso del mundo para ser un niño, según Unicef. Desde que se firmó un alto el fuego supuestamente aceptado por Israel, han muerto más de 900 palestinos, de los que 301 son menores de edad. Una de cada tres víctimas.

Omer Bartov, profesor israelí e historiador experto en el Holocausto, creía al comienzo del conflicto que Israel había llevado a cabo crímenes de guerra, aunque no hasta el nivel de ser definidos como actos de genocidio. Cambió de opinión al ver que el nivel de destrucción provocado en Gaza estaba a la altura de las promesas hechas por los gobernantes israelíes. El número de muertes importaba obviamente, pero a la hora de utilizar la definición de genocidio no era menos relevante el hecho de que Gaza había dejado de ser un lugar en el que se pudiera vivir.

“Las acciones de Israel sólo pueden ser entendidas como la plasmación de una intención expresa de hacer que Gaza sea inhabitable para su población palestina” escribió Bartov. “Creo que el objetivo –y sigue siéndolo hoy– es obligar a la población a abandonar Gaza o, considerando que no tienen otro sitio al que ir, debilitar el enclave a través de bombardeos y una severa privación de alimentos, agua potable y ayuda médica hasta el punto de que sea imposible para los palestinos de Gaza mantener su existencia como grupo”.

Varias ciudades de Gaza han sido destruidas de forma sistemática, como escribió Bartov. Son ahora un mar de ruinas de tales dimensiones que la reconstrucción es prácticamente una quimera. No ha habido aún un esfuerzo internacional para iniciar la reconstrucción de Gaza. Solo la retirada de los escombros –lo que queda de edificios enteros arrasados en bombardeos aéreos– supondría un esfuerzo económico colosal.

Un informe de la ONU llegó a la conclusión de que si Gaza podía recuperar sus tasas de actividad económica anteriores a 2023, se tardarían 350 años para completar la reconstrucción. Hoy no hay más actividad económica allí que la que genera el reparto de ayuda humanitaria.

La aniquilación de Gaza cuenta con el visto bueno de las principales autoridades religiosas judías. El gran rabino sefardí de Israel, David Yosef, afirmó en agosto que Gaza merece ser destruida y que los palestinos no existen como pueblo y que, por tanto, no tienen derechos. Con la ayuda de Dios, continuó, toda Gaza y Cisjordania serán pronto judías.

Esta semana, se ha presentado en el Festival de Cine de Venecia la película documental 'Naza', de los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, coautores de otro documental, 'No Other Land', que recibió un Oscar en 2025. Naza es un acrónimo que significa en hebreo 'daño colateral'. Junto a una cifra, se utiliza para identificar el número de civiles que se prevé que mueran en ese ataque. Son sólo un número, nada que pueda hacer que se pueda cancelar.

La película relata el funcionamiento de la máquina de matar alimentada por la inteligencia artificial a través de testimonios de soldados y agentes de inteligencia israelíes. “Uno de los oficiales a los que entrevistamos cuenta que era totalmente consciente en tiempo real en centenares de casos de cómo las familias seguían con sus vidas cotidianas, un hombre hablando con su esposa, el sonido de una televisión, los rezos, un bebé llorando, y que luego él daba el visto bueno para que esa casa fuera bombardeada. Cuando se le preguntaba por qué, lo explicaba: 'Debes entender que el objetivo es destruir”, escribe Yuval Abraham.

“Si los nazis eran el mal, ¿entonces qué soy yo?”, dice uno de los pocos que se muestran arrepentidos. Los demás sostienen que solo estaban haciendo un trabajo, cumpliendo órdenes.

Un operador de drones se vio con un oficial de inteligencia para saber cuántos objetivos podía incluir en su ordenador, contó al diario Haaretz. La respuesta le dejó claro que toda Gaza era una zona libre para matar: “Tienes dos millones de objetivos en Gaza”. Toda la población era exterminable si era necesario.

“El repunte del antisemitismo debería preocuparnos”, dijo Aznar. Han sido las acciones del Gobierno de Netanyahu en Gaza o cómo ha convencido a Trump de que declare la guerra a Irán las que han hundido la reputación del Estado judío en todo el mundo, incluido EEUU, donde la imagen israelí siempre había sido mucho mejor que la de los palestinos. Ahora esa tendencia se ha revertido, según datos de Gallup.

Israel se ha convertido en un paria internacional, pero siempre contará con el apoyo de Aznar.

Plato único en la sesión de control del Congreso. Diez de las preguntas de la oposición versaban en todo o en parte sobre la crisis de Ceuta. El Partido Popular se ha apuntado en esta legislatura al mensaje de que cada tema polémico o negativo para el Gobierno es la antesala de su defunción inminente. La pandemia, los indultos a los autores del procés, la ley de amnistía, la corrupción de Ábalos, la detención de Cerdán... Todos esos acontecimientos iban a suponer la sentencia de muerte para Pedro Sánchez. Lo del volcán de La Palma, no. A pesar de su increíble maldad, no se creía que fuera el responsable de la aparición de un nuevo volcán. No por falta de ganas, claro.

Lo ocurrido en Ceuta y las secuelas que aún persisten cuentan con un nivel de gravedad imposible de subestimar. El PP está aún más convencido de que será la bala mágica que acabe con el Gobierno de coalición. Es también una buena excusa para completar el giro hacia el rechazo total de la inmigración en su competición particular con Vox. La derecha confía en que ese Houdini que a veces parece Sánchez no tenga ya fuerzas para liberarse de las cadenas y salir a la superficie. Lo cierto es que se le ve cansado, repitiendo demasiadas veces frases y conceptos, por ejemplo sobre la vivienda, que no funcionaron antes y que ahora tampoco lo harán. Es indudable que el procesamiento de su mujer y la condena de su hermano han dejado huella.

Lo que pasó en agosto –cuando el Gobierno tardó 25 días en decretar un mando único para Ceuta– confirma que los reflejos de Sánchez van a menos y que le cuesta más enderezar el rumbo. Pero aún puede responder con el aguijón en el momento exacto de un debate parlamentario y volver a ser El Perro.

No es que Alberto Núñez Feijóo se lo haya puesto muy difícil en los últimos meses con su costumbre de acumular varios temas en los dos minutos y medio que le dan la sesión de control. Con Santiago Abascal, Sánchez lo tuvo aún más fácil el miércoles.

Como a los demás dirigentes de la extrema derecha europea, al líder de Vox le gusta tachar a los grupos de izquierda de traidores a la patria en un lenguaje de claras reminiscencias franquistas o autoritarias. La crisis de Ceuta le ha permitido afilar ese lenguaje y concretarlo en la petición de que el Tribunal Supremo investigue a Sánchez por traición. Además, para saber “cuántos diputados tiene Marruecos en la Cámara”.

Sánchez no lo tenía tan difícil para contraatacar, pero sólo si se quitaba de encima la melancolía y se decidía a sacar al Perro de dentro, el personaje que remontó en la campaña electoral de 2023 hasta un punto que sus votantes pensaban que ya no sería posible. “Tiene guasa que me haga esa acusación cuando si alguien va con una correa al cuello es precisamente usted. Por eso, aplaude los aranceles de unos y los genocidios de otros”, le dijo a Abascal por su apoyo a Trump y Netanyahu.

Luego, vino la estocada. “Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Le digo una cosa. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo”.

Obescal, como le llamó Donald Trump en una ocasión, se limitó al truco que traía preparado de casa. Enseñó una cuartilla con la letra T, otra con la R, luego la A, y así hasta completar la palabra 'traidor'. Parecía un momento sacado de una versión ultra de 'Barrio Sésamo'. Quizá fuera un poco exigente para algunos de sus votantes.

Los diputados del PP llegaron al pleno con la misión de utilizar las palabras 'invasión' e 'invasores' de forma reiterada. El partido ha decidido que no va a permitir que Vox le supere en términos retóricos en relación a la llegada masiva de marroquíes a Ceuta hace cuarenta días. Nadie va a estar más a la derecha que ellos, en especial en el Parlamento. Se trata de que los indignados con lo sucedido en esa ciudad española se sientan representados por el PP.

No se sabe si les funcionará. Lo que sí es evidente es que la radicalización de la oposición solo ha beneficiado hasta ahora al partido de Abascal. La encuesta del ABC del lunes confirma lo previsto en otros sondeos. El PP no llega al porcentaje de votos que recibió en 2023 a pesar de una legislatura en la que ha elevado la temperatura ambiental al límite de lo que se ha visto en un Parlamento en España desde finales de los años setenta. Quien disfruta de un rotundo crecimiento de votos es Vox. Cuanto más se enfurece el PP, más engorda Vox.

“Las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de sprays de gas pimienta”, dijo Feijóo, un asunto de difícil comprobación que ha acaparado titulares de algunos medios. En su línea de dar cobijo a todas las conspiraciones originadas en la extrema derecha, dio por hecho que están chantajeando a Sánchez y que eso explica su actitud: “Si Marruecos canta, usted se va”. Está en contra de activar el mecanismo parlamentario para acusar de traición al presidente –porque perdería la votación en el Congreso–, pero no de plantear que Sánchez está al servicio de los enemigos de España.

Como se dice en las redes sociales, no tiene pruebas, pero tampoco dudas. Lo primero ha pasado a ser prescindible en la política española.

Ester Muñoz marcó el camino definiendo lo que ha sufrido Ceuta como “una invasión”. “No es una crisis humanitaria. Es una invasión”, dijo Sofía Acedo cuanto le tocó el turno. Lo mismo Miriam Guardiola y Ana Belén Vázquez. “Las playas y el puerto están llenas de invasores”, bramó Miguel Tellado, que aportó un episodio más a toda la sucesión de locuras e invenciones de las últimas semanas. El portavoz parlamentario del PP dijo que la CIA había avisado al Gobierno español sobre lo que podía pasar en Ceuta. Lo había oído en un programa de Cuatro, Código 10, un programa de “crímenes y sucesos”. Ya solo faltaba la CIA en esta historia.

Las dimensiones masivas de lo sufrido en Ceuta el 30 y 31 de julio admiten muchas definiciones. La palabra 'invasión' permite presentar a todos los que llegaron a la ciudad como enemigos del país, gente con la que no hay que tener contemplaciones con independencia de lo que diga la ley. Es lo que permite a Pepa Millán, portavoz de Vox, decir que “España está en guerra”.

Nadie está obligado a contemplar con humanidad a unos invasores. Eso atiza el sentimiento de miedo en Ceuta y la incertidumbre sobre su futuro. Ni siquiera cuando el extranjero es la víctima pierde la condición de amenaza. “La muerte de un invasor con diabetes y la huida de otro con varicela, últimos síntomas de la crisis sanitaria en Ceuta”, títuló El Español hace unos días. Tenía 17 años. Ni aun así dejaba de ser un peligro. Si hasta se hace eso con los muertos, la deshumanización es completa.

No hay límites para la explotación política. “¿Por qué violan a las niñas?”, gritó la diputada Vázquez. Ha habido un intento deliberado de algunos partidos de presentar a los inmigrantes que permanecen en la ciudad como delincuentes sexuales, una generalización que nunca se hace cuando los agresores son españoles de raza blanca. Cómo reprochar a las madres que pongan gas pimienta en la mochila de sus hijas. Lo están escuchando todos los días.

Ante ese riesgo, la prioridad debería ser sacar cuanto antes a las menores de Ceuta en situación vulnerable, no menos de 500, y atenderlas en la península. En privado, los dirigentes autonómicos del PP admiten que no podrían negarse a acogerlas, según El Mundo. En público, es todo lo contrario.

Los gobiernos de Andalucía y Ceuta cuentan con un convenio desde 2022 por el que la primera se compromete a acoger a las menores que lleguen a la ciudad. Sería una excelente forma de protegerlas. Ceuta podría activar ese protocolo y no ha querido hacerlo. La excusa es el informe policial que acusaba a Marruecos de haber instigado el asalto. Por tanto, ya no lo ven como una crisis migratoria.

Es más fácil utilizar a las menores, españolas o extranjeras, como rehenes de una crisis política con la que acabar con el Gobierno.

“Tu vecino también vota por nosotros”, decía un eslogan del partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones del Estado de Turingia en 2024. Era una forma de convencer al votante potencial de que no estaba solo y que había otros como él que estaban pensando en un voto que preferían mantener en secreto. AfD fue el partido más votado con el 32,8%, pero se impuso el cortafuegos contra la formación y una coalición de partidos muy diversos llegó a un acuerdo para gobernar.

En los comicios de Sajonia-Anhalt del domingo, los ultras ya no tenían motivos para disimular u ocultar su voto. “Solo dos años después, esa vergüenza ha desaparecido”, ha escrito un periodista del Die Zeit. “La AfD organizó mítines multitudinarios en Sajonia-Anhalt. Llenaron las plazas de los mercados. Sus eventos eran como festivales populares con castillos hinchables”.

AfD cumplió sus expectativas y hasta las superó. Recibió el 43,8% de los votos y se quedó sólo a tres escaños de la mayoría absoluta. Esta vez, no se podrá evitar que forme Gobierno. Por primera vez desde las elecciones de los años treinta cuando los nazis se aseguraron al menos una tercera parte de los votos antes de su toma violenta del poder, un partido ultraderechista ganaba las elecciones en uno de los länder y lo hacía de forma arrolladora. La ultraderecha parece haber superado en Europa uno de sus obstáculos y lo hace en el país que hundió a todo el continente en una pesadilla en la primera mitad del siglo XX.

El debate sobre el cortafuegos o cordón sanitario presente en Francia y Alemania, pero no en otros países, volvió a adquirir protagonismo. En España, resulta irrelevante, porque el Partido Popular decidió hace tiempo que no tiene problemas en pactar gobiernos con Vox. Ahora descubre que el partido de Santiago Abascal es el principal beneficiario del desgaste del Gobierno y la desmovilización del voto de izquierda. Dos encuestas publicadas el lunes colocan al PP por debajo del 33% que obtuvo en las elecciones del 2023, mientras que Vox se dispara al 17,8% en el sondeo de El País y al 19,2% en el de ABC. La crisis de Ceuta puede agudizar esa tendencia.

El canciller alemán y líder de la CDU, Friedrich Merz, había prometido a su partido en las primarias para suceder a Merkel en 2018 que sería capaz de reducir a la mitad los votos a AfD, entre otras cosas endureciendo el discurso contra la inmigración y aumentando el número de deportaciones de inmigrantes sin papeles. Su fracaso resulta evidente, aunque queda tiempo para las próximas elecciones (2029). El país sufre una crisis económica estructural con un nivel mínimo de crecimiento que incrementa el pesimismo y que hace la vida más fácil a los que denuncian el sistema político y económico.

La mayoría de las decisiones del Gobierno de coalición de conservadores y democristianos implica un descenso impopular del gasto social. Se debate abiertamente sobre retrasar varios años la edad de jubilación. El aumento más amplio de inversión pública se reserva al gasto militar. Merz ha dicho a los alemanes que deberían trabajar más. “No podemos simplemente continuar como lo hemos hecho durante los últimos veinte años”, dijo en mayo. Aquellos que tienen dificultades económicas se preguntan dónde está esa prosperidad demasiado generosa que Merz dice que hay que reducir. No es tan sorprendente que la CDU haya caído al 21% en la media de sondeos y que AfD haya escalado hasta el 28%.

En los comicios del domingo, la CDU perdió casi veinte puntos en relación a cuatro años atrás. El mayor caudal de nuevos votos para la extrema derecha vino de la abstención, pero los procedentes de antiguos votantes de la CDU fueron también relevantes, no así del resto de partidos.

Si alguien piensa que una mayor movilización del electorado podría haber ofrecido un resultado distinto, la realidad le desmiente. La participación fue altísima, un 78% que es un récord en ese Estado desde la reunificación alemana en 1990.

La AfD tiene así el campo libre para apostar por el mensaje de que la élite política y económica vive a espaldas de la realidad de la población. Eso ha hecho que el 61% de los votantes de clase trabajadora hayan votado a los ultras, según la encuesta de ARD del domingo. Su porcentaje de voto es mayor entre los votantes de 35 a 44 años (53%) y de 45 a 59 (52%), los sectores más activos desde el punto de vista laboral.

La extrema derecha siempre ha sido fuerte en los länder de la Alemania Oriental, pero no al nivel de Sajonia-Anhalt este mes. Es un Estado pequeño con unos dos millones de habitantes y un porcentaje de extranjeros (9%) muy inferior a la media nacional (15%). Su desempleo es mayor al de todo el país, pero no de forma espectacular: 8,1% frente al 6,4%. La diferencia de renta sí es significativa: 41.163 euros anuales por debajo de los 54.066 de la media alemana.

La victoria de Donald Trump en EEUU en 2016 dio lugar a un largo debate en los medios norteamericanos sobre si sus votantes estaban influidos por lo que se llamaba “ansiedad económica” o por compartir los prejuicios racistas del candidato republicano contra la inmigración. Quizá decidieron su voto por ambas razones.

En Sajonia-Anhalt, los votantes de AfD daban casi la misma importancia al temor a una situación económica marcada por el aumento de los precios como al rechazo a la presencia de inmigrantes. Las prioridades de los votantes no siempre coinciden exactamente con los análisis que difunden partidos políticos y medios de comunicación.

Pedro Sánchez intentó utilizar los resultados electorales en su beneficio: “Lo que vimos ayer en Sajonia es un aviso y una constatación. El aviso de que la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno en Europa y en el mundo”. Su Gobierno puede presumir de unos niveles de crecimiento del PIB y de consumo privado muy por encima de los actuales en Alemania. Pero son otros factores los que han debilitado su posición en los sondeos.

Sánchez cree tener la fórmula para detener a la extrema derecha y que los demás países deberían copiarla: “Desde España, desde la creación del Gobierno progresista estamos demostrando que es así como se para a los reaccionarios: con más derechos y libertades, saliendo a ganar y no a empatar”.

La mayoría de las encuestas desmiente a Sánchez. La crisis de Ceuta ha supuesto un importante descrédito para la política migratoria de su Gobierno. Vox aspira a que tenga un efecto tan drástico como el que tuvo en Alemania la llegada de centenares de miles de refugiados sirios en 2016. Si los españoles relacionan la inmigración con lo sucedido en Ceuta, Vox consolidará los datos que le dan ahora las encuestas.

Todo eso beneficiará a los partidos que quieren menos extranjeros en España, aunque no digan cómo van a conseguirlo. Al igual que en Alemania, una cosa es decir que pretendes echar a miles de inmigrantes y otra muy diferente contar qué instrumentos concretos utilizarás. El anterior canciller Olaf Scholz lo intentó y fracasó. Merz va de momento por el mismo camino.

El 20 de septiembre, habrá dos elecciones regionales más en Alemania. Una en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, otro Estado de Alemania Oriental de pocos habitantes en el que la AfD encabeza la media de sondeos con un 36%. El otro es la ciudad de Berlín, terreno menos propicio para la ultraderecha. Aun así, la AfD está en el 18% de los votos en las encuestas, muy cerca de Die Linke y la CDU, que rondan el 20%.

Europa va a tener la oportunidad de seguir sudando con el ascenso de la extrema derecha más radical y peligrosa del continente. Elecciones como las de Sajonia-Anhalt hacen dudar sobre la efectividad del mensaje que se resume en las palabras 'que viene el lobo'. Quizá no surta mucho efecto entre los perdedores de la economía y los que odian la inmigración. Habrá muchos de ellos que realmente prefieran al lobo.

Hace unos meses, un diputado del SPD se dirigió a los escaños ultras en un debate en el Parlamento de Sajonia-Anhalt, cuenta el artículo de Die Zeit. Les avisó de que nunca alcanzarán el sueño de llegar al 40% de los votos. Un diputado de AfD gritó desde el escaño: “¡Solo tenemos que ganar una vez! ¡Ustedes tienen que ganar siempre!”. El lobo sabe lo que hará cuando llegue al poder.

Con una guardia de honor militar y bendecido por el patriarca de la Iglesia Ortodoxa serbia. El cadáver del general Ratko Mladic, muerto con 84 años en una prisión de La Haya, obtuvo el reconocimiento propio de un héroe nacional al regresar a su país. Un país que aspira en teoría a unirse algún día a la Unión Europea demostró que no ha asumido ninguna responsabilidad por las terroríficas violaciones de derechos cometidas en su nombre en las guerras de los Balcanes. El responsable de la mayor matanza ocurrida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial se comportó como un asesino sin escrúpulos en las campañas militares en las que dirigió las fuerzas serbias de Bosnia. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por la matanza de Srebrenica, donde 8.000 musulmanes bosnios fueron eliminados y enterrados en fosas comunes.

La UE mantiene negociaciones desde hace unos cuantos años con el Gobierno serbio con vistas a una posible incorporación del país. No es que se haya avanzado mucho, porque el presidente Aleksandar Vucic no está dispuesto a pagar el precio político necesario. Los actos celebrados en Belgrado confirman que nunca lo estará. La continuación de esas conversaciones es ya imposible en estas condiciones.

“Cualquier glorificación de los criminales de guerra, el negacionismo del genocidio y el revisionismo contradicen los valores europeos más fundamentales y no tienen sitio en la UE o en los países candidatos a la UE”, dice un comunicado del portavoz de Exteriores de la UE. En el texto, no aparece ninguna mención a que el funeral de Mladic sea suficiente para cancelar las negociaciones. Es seguro que el Parlamento Europeo debatirá esta posibilidad.

Serbia no ha aceptado asumir su responsabilidad sobre el papel que jugó en Bosnia. Las fuerzas de Mladic nunca podrían haber cometido sus crímenes sin el apoyo constante que recibió de Belgrado en forma de armas y adiestramiento.

Existen pruebas de que Mladic reconoció en 1995 que el antiguo Ejército yugoslavo, controlado por los serbios, había entregado a los serbobosnios el 47% de su munición de infantería, el 34% de la munición de artillería y el 52% de la munición antiaérea.

Vucic no asistió a los actos en honor a Mladic con la intención de escenificar un supuesto distanciamiento. Sí participaron los ministros de Defensa y Justicia, el líder de los serbios de Bosnia y el embajador ruso en Belgrado. Los que idolatran a Mladic son votantes de Vucic y en octubre se celebran elecciones legislativas. El presidente ya no puede presentarse a la reelección por la limitación de mandatos, por lo que su partido aspira a que sea el próximo primer ministro.

Una parte muy importante de la sociedad serbia quiere superar los crímenes de los años 90 y que el país se abra a Europa. No han podido impedir que Vucic haya dominado la política del país desde hace una década.

Los hinchas de los equipos de fútbol del Estrella Roja y del Partizan sienten un odio especial por el otro equipo. Todos ellos se unieron para homenajear al genocida con un minuto de silencio en el partido que se jugó este fin de semana. Los del equipo local, desplegaron una inmensa pancarta con el rostro de Mladic y un breve mensaje de contenido tétrico: “Destino: Potocari”. Es el lugar donde se produjo la masacre de 1995.

Pedro Sánchez comenzó su discurso del jueves en el Congreso con el recuerdo de un hecho histórico que se podía haber ahorrado. Porque no le convenía nada. Comentó que los dos leones situados en la entrada del edificio fueron moldeados en bronce (por el escultor Ponciano Ponzano) con los cañones capturados a los marroquíes en la batalla de Wad-Ras en 1860. El tratado posterior a esa primera guerra española en África le sirvió de gancho para reafirmar la españolidad de Ceuta y Melilla: “Desde hace siglos, estas dos ciudades son españolas. Desde aquel tratado, lo son por acuerdo diplomático. Y les aseguro que así van a seguir hasta el final de los tiempos”. 

Más allá de que ni Sánchez ni ninguno de nosotros vamos a estar por aquí en “el final de los tiempos” —es difícil precisar la fecha de ese momento—, no fue una buena idea la de los redactores del discurso. Recordar cualquier episodio de esas guerras africanas supone hacer una incursión en algunos de los peores momentos de la historia de España en los siglos XIX y XX. Decadencia. Un proyecto colonial inútil y fracasado. Los desastres militares con miles de bajas. Los privilegios de los ricos cuyos hijos se libraban de ser reclutados. Los pobres como carne de cañón. La estupidez de Alfonso XIII. Las tropas marroquíes que combatieron en el bando franquista en la Guerra Civil. Marruecos no evoca los mejores momentos de la historia de España.

Será por eso que uno de los columnistas más histéricos de El Confidencial escribió que esta última crisis de Ceuta podría ser el Annual de Pedro Sánchez. La derecha apuesta por ello. No le vale con criticar que las fuerzas de seguridad no pudieran impedir esa avalancha formada por decenas de miles de personas en un solo día, el 30 de julio. También quiere meter a Sánchez en la cárcel, por lo que dijo Alberto Núñez Feijóo en el debate. Su última munición consiste en apelar a la conspiración de que Marruecos obtuvo información comprometedora del teléfono del presidente. No tienen pruebas de ello, pero eso nunca les ha preocupado demasiado.

Sánchez alteró un poco sus mensajes sobre la responsabilidad de Marruecos en la crisis. Ha pasado de absolver por completo a Rabat, lo que es una posición imposible de vender a la opinión pública, a indicar que “es evidente que, después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente”. España no puede prescindir de la colaboración con el país vecino en la gestión de los flujos migratorios, algo que muchos políticos ignoran de forma bastante frívola. Pero es indudable que cada país es responsable de su lado de la frontera y Rabat debe muchas explicaciones sobre la pasividad de sus fuerzas policiales ese día.

No es seguro que las vayamos a tener. El funcionamiento de los ministerios y organismos que dependen directamente del rey Mohamed VI se caracteriza por el secretismo. Ni siquiera el primer ministro puede hacerles cumplir sus órdenes. Responden ante quien les nombró, y esa persona fue el monarca. Los medios de comunicación están controlados desde el poder. Nadie se atreverá a apuntar a responsables que cuenten con el apoyo real.

El propio Sánchez admitió que la Gendarmería marroquí permitió el paso por las fronteras durante al menos diez horas. Está por ver si lo hizo cumpliendo órdenes o porque sus agentes se vieron arrollados. Los testimonios de jóvenes entrevistados por Gabriela Sánchez en Ceuta indican lo mismo. “Éramos muchos y nos dejaban pasar. La puerta de España estaba abierta”. “Dicen que nos ha mandado Marruecos, pero la mayoría queremos venir desde hace años. Si lo organizaron, yo no me enteré”. “Los agentes no nos paraban. Decían: ‘Corre, corre’”. Sólo les obligaban a intentar cruzar nadando: “Si pisábamos el espigón, nos daban golpes en las manos. Nos decían que solo podíamos ir por el agua”. 

El PP acogió alborozado el informe policial del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), un organismo policial que se dedica a hacer análisis desde Madrid sin contar con fuentes propias en Marruecos. Se envió a la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, y muy pronto apareció en la web de El Español. 

La lectura del informe de 55 páginas no deja lugar a dudas. Sus autores están convencidos de que lo ocurrido el 30 y 31 de julio responde a una planificación realizada por las autoridades marroquíes, aunque no señale directamente a ningún organismo político, policial o de inteligencia. Incluso afirma que los mensajes en las redes sociales sobre la sentencia del Tribunal Supremo tuvieron que haber sido organizados desde arriba. (Ignacio Escolar explica aquí cómo todo empezó con esa decisión judicial). 

¿Qué pruebas cuenta para justificar estas hipótesis? Sólo las fotos y vídeos aparecidos esos días en medios y redes sociales que son interpretadas de forma que se ajusten a esa teoría. Los gendarmes, superados en número, dejaron pasar a todos el día 30, como ha quedado demostrado en artículos periodísticos. Además, hay “individuos no uniformados” de los que se dice que gestionan todo el proceso: “El patrón de comportamiento incluye una conducta atenta al entorno, que transmite aplomo, centralidad, diferenciación, liderazgo, etc. respecto a la masa de personas que les rodea”. Se les ve “arengando a la masa”, tomando imágenes y hablando por el teléfono móvil, dice el texto.

Entrando en un terreno claramente especulativo, los autores dudan de la “finalidad migratoria” de los acontecimientos. Lo afirman por el hecho de que el 90% de los que pasaron se volvió en uno o dos días, a lo que denomina “el hecho incontestable de que el perfil de la mayoría de los inmigrantes no busca permanecer en territorio español”. Esto se contradice abiertamente con los testimonios de los que regresaron. Aspiraban a quedarse, muchos engañados por lo que habían leído sobre la sentencia del Supremo, pero sin comida ni agua no podían quedarse mucho tiempo. Fue si acaso una migración masiva oportunista que no tenía visos de prosperar por la dimensión de las cifras de llegadas.

El informe afirma que la convocatoria que apareció en redes para llegar a Ceuta el 15 de agosto, y que no tuvo éxito, fue también parte de la conspiración “de forma que una segunda convocatoria artificialmente más detectable se convierta en un ejercicio de control que 'blanquee' la gestión precedente de la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Esto no es un hecho, sino una opinión.

Hasta la discusión legítima en España sobre lo que supo el CNI antes de la avalancha de migrantes tiene un supuesto origen manipulado, según el informe. “La escalada de la cuestión (sobre el papel del CNI) se ha convertido en lo que podríamos calificar como una acción de contra-inteligencia ofensiva de manual”. En su intento por montar una gran conspiración de los servicios de inteligencia marroquíes, los autores les adjudican hasta la autoría del debate sobre si los servicios españoles podrían haber alertado al Gobierno días antes de la llegada masiva. 

Entre las imágenes utilizadas por esa unidad policial está una muy conocida por los usuarios de las redes sociales. Se ve a decenas de jóvenes salir de un camión ante la mirada de un agente uniformado. Varios medios afirmaron que se trataba de los que se dirigían a Ceuta. Un analista ha geolocalizado ese vídeo en un punto de la carretera de Tánger a Tetuán que estaría a unos 50 kilómetros de Ceuta, es decir casi once horas de trayecto a pie. Si fuera así, es dudoso que tenga que ver con lo ocurrido el 30 de julio. Otra hipótesis, según marroquíes que la comentaron en redes, es que se grabara cerca de Tetuán y que el camión llevara a personas para que vitorearan al rey en la celebración de la Fiesta del Trono en esa ciudad.

Es el problema de utilizar imágenes de origen desconocido y aparecidas en redes para fundamentar una investigación. Puede ser útil para escribir un artículo periodístico más o menos riguroso. Si es lo único que tienes, sirve para sustentar hipótesis, pero es de valor muy discutible en una investigación judicial. 

La lógica desconfianza que suscita en España un régimen como el marroquí ha favorecido todo tipo de acusaciones, haya o no pruebas directas. En el debate parlamentario del jueves, tanto Feijóo como Enrique Santiago y Gabriel Rufián coincidieron en acusar a Marruecos de haber organizado el asalto a la frontera de Ceuta. Rufián llegó a decir que la intención marroquí era “cargarse al Gobierno”. Sospechar es libre, pero en el caso de acusaciones graves no es exagerado pedir a los políticos que se basen en pruebas o indicios sólidos a la hora de hacer imputaciones. No ha sido la costumbre en esta legislatura, todo hay que decirlo.

Sobre el impacto político de esta crisis, es imposible negar que el Gobierno está en una situación muy vulnerable. Ha cometido varios errores en esta crisis. Creer muy pronto que lo peor había pasado. Esperar 25 días para decretar un mando único y dejar claro que el Gobierno estaba centrado en buscar una solución. No ofrecer una versión única sobre lo que contaban los informes del CNI. Defender a Marruecos más allá del límite de lo razonable.

No va a recibir ninguna ayuda, ni de la oposición ni de sus aliados. Este sábado, se comprobó con la decisión de la Autoridad Portuaria de Ceuta de negarse a situar a un millar de inmigrantes en sus instalaciones que cuentan con 16.000 metros cuadrados. Al final, El Gobierno asumió el control del puerto. Servirá para alojar en carpas a las personas que ocupan la playa del Trampolín o que siguen viviendo en la calle. 

El Gobierno necesita tiempo para terminar de resolver esta crisis y cada día que pasa supone una carga casi insoportable. A largo plazo, el mayor peligro es el efecto que tendrán todos estos sucesos en la convivencia en Ceuta. Esa convivencia entre personas de ideas, origen y religión diferentes es la que garantiza que Ceuta seguirá siendo española, no el número de policías y guardias civiles. Eso es lo que debería preocupar a todo el mundo. 

Todas las críticas recibidas en las últimas semanas hicieron que al final Pedro Sánchez variara un poco, no demasiado, su postura sobre las relaciones con Marruecos. En su comparecencia del jueves en el Congreso, el presidente no se movió de una posición que le ha supuesto un fuerte desgaste político y que ha tenido el rechazo no ya de la oposición, sino de sus socios en el Gobierno y el Parlamento. Con un matiz sobre el futuro. Su Gobierno mantiene la necesidad de tener buenas relaciones con Marruecos, “pero es evidente que, después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente”.

Sánchez dio por probado que la Gendarmería marroquí “permitió el cruce de la frontera” durante diez horas del 30 de julio. Contra lo que ha aparecido en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), de la Policía, aún desconoce los motivos de esa actitud: “Si hubo incapacidad o inacción, tiene que aclararse”. En su réplica final, incidió en la misma idea. “Lo sucedido estos días tendrá consecuencias”. ¿Cuáles? No concretó nada.

Por primera vez, Sánchez aceptó que el Gobierno marroquí tiene muchas respuestas que dar sobre su conducta durante esos días. Hasta ahora, se había limitado a elogiar la colaboración prestada a partir de la mañana del 31 de julio al permitir sin problemas el regreso del 90% de los que habían entrado en Ceuta. Sorprendió al anunciar que el 21 de agosto se convocó en Exteriores al encargado de negocios de la embajada marroquí para comunicarle la protesta por unas declaraciones de su ministro de Justicia sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla. En una decisión que podría incluirse entre los errores cometidos por el Gobierno en esta crisis, la reunión se había mantenido en secreto.

Mientras Sánchez pretendía destacar la obligación del Gobierno de no hacer nada que ponga en peligro la resolución de la crisis, ni el PP ni Vox ni los socios del PSOE alteraron su discurso. Sus ataques a Marruecos, a su rey y a su Gobierno fueron constantes y hasta brutales. Alberto Núñez Feijóo reiteró lo dicho el día anterior. “La operación salió de Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y que el Gobierno (español) lo sabía”.

Sumar compartió ese análisis, excepto el último punto. “Marruecos, en coordinación con EEUU e Israel, ha organizado la entrada masiva”, dijo Enrique Santiago. “Cualquier otra hipótesis no es creíble”. Gabriel Rufián, que llamó “asesino” a Mohamed VI, llegó al extremo de afirmar que Marruecos había enviado a 80.000 personas con la intención de “cargarse al Gobierno de España con la colaboración de EEUU e Israel”, aunque es poco probable que las autoridades del país vecino deseen un Gobierno del PP y Vox en España.

En términos retóricos, nadie podía superar a Feijóo y Abascal. El líder del PP hizo una incursión directa en el terreno de la conspiración al referirse en varias ocasiones al caso Pegasus y a la supuesta información secreta sobre Sánchez que tendrían los servicios de inteligencia marroquíes: “¿Qué conversación e indicio había en su teléfono? ¿Qué sabía Marruecos de usted?”. Algunos sectores de la izquierda prosaharaui, enfurecidos por la adhesión del Gobierno a las tesis de Rabat sobre el Sahara, han difundido esas sospechas sobre las que no hay pruebas, más allá del hecho conocido de que los marroquíes han utilizado la tecnología israelí para espiar a políticos y activistas europeos.

En la línea que ha caracterizado a la oposición en esta legislatura, lo que es posible o ha aparecido en algún medio se convierte en seguro. “España no puede tener a su presidente bajo chantaje”, dijo Feijóo, dando por hecho que eso está pasando.

Al PP ya no le parece suficiente con exigir la dimisión de Sánchez o denunciar que su permanencia en el poder es una tragedia para España. También quiere meterlo en la cárcel. Feijóo sugirió que el tema puede llegar al Tribunal Supremo y advirtió al presidente que tendrá que pagar “ante la justicia”.

Sánchez descartó que cualquier informe policial o del CNI alertara días antes sobre el peligro inminente de una entrada masiva. Su versión es que todo ocurrió muy rápido. Entre el 10 y el 25 de julio, hubo una media de 37 entradas diarias desde el mar. Fue aumentando con el paso de los días, como ya había ocurrido el año anterior. En la noche del día 29, se produjeron 194 entradas, una cifra significativa, pero que no puede calificarse de masiva. La explosión se produjo en la mañana del día 30 cuando todo cambió “de forma radical y repentina”. Cuatro de cada cinco migrantes llegaron a nado por el espigón de El Tarajal.

En esos momentos, las fuerzas de seguridad españolas se vieron desbordadas ante una situación desencadenada en pocas horas. “Supieron responder con humanidad” y no provocar una tragedia mayor, dijo Sánchez. Como mínimo, 141 personas murieron ahogadas al intentar llegar a Ceuta. “¿Qué habría hecho usted diferente?”, preguntó a Feijóo. “¿Habría ordenado a la policía que disparara a la población civil? ¿Matar a cientos, quizá miles de jóvenes, para gestionar la frontera?”.

Feijóo se lo tomó como un ataque a las fuerzas de seguridad: “La Guardia Civil y la Policía nunca han disparado a inmigrantes en la frontera”. En 2014, quince inmigrantes murieron ahogados cuando guardias civiles utilizaron material antidisturbios contra los que intentaban llegar nadando a Ceuta.

El debate contribuyó a acentuar la imagen de soledad del Gobierno en esta crisis y su división interna, porque la relación con Marruecos separa radicalmente al PSOE y a Sumar. Sánchez anunció que se van a hacer públicos todos los informes policiales que el Gobierno recibió, lo que no ocurrirá probablemente hasta la próxima semana en el caso de que el Consejo de Ministros quiera desclasificar los informes del CNI. Eso contribuirá a precisar qué sabía el Gobierno en cada momento y con qué grado de fiabilidad. También puede ocurrir, como ya es habitual en la política española, que cada uno solo vea lo que quiere ver.

Un informe policial realizado sin fuentes propias en Marruecos ha servido a Alberto Núñez Feijóo para pegar un fuerte volantazo a sus opiniones sobre las relaciones con el país vecino. Su prioridad había sido mantenerse al margen de cualquier crítica directa a Rabat y reservar sus ataques a Pedro Sánchez. Aspira a ser algún día presidente del Gobierno y no le interesa entrar en Moncloa con la etiqueta de enemigo de Marruecos. Es lo que intentó José María Aznar en 1996, aunque luego las relaciones terminaron siendo bastante turbulentas.

Feijóo ha decidido que la crisis de Ceuta es otra oportunidad que no puede desaprovechar para dar el tiro de gracia al Gobierno de Sánchez. Pocas horas antes de las concentraciones convocadas por los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, decidió elevar el nivel de sus exigencias con el fin de culpar a Mohamed VI y a su Gobierno de la entrada masiva de decenas de miles de personas a finales de julio. Sabiendo que Sánchez no quiere tomar esa decisión, Feijóo anunció que hay que aumentar la confrontación con Rabat al máximo nivel, al inmediatamente anterior a la ruptura de relaciones diplomáticas.

“La embajadora de Marruecos debe ser convocada de carácter inmediato para que dé explicaciones sobre las acciones de sus autoridades y para anunciarle medidas de respuesta iniciales”, dijo en Ceuta. Al mismo tiempo, reclamó que el embajador español en ese país sea presente en el Ministerio de Exteriores “para evaluar las medidas más adecuadas”. No se toman este tipo de decisiones si no hay un motivo para denunciar a ese Gobierno. No se convoca a un embajador extranjero para que informe, sino como forma de mostrarle el rechazo a lo que ha hecho su país.

De la misma forma, no necesitas llamar a tu propio embajador para darle instrucciones. Las órdenes se le imparten por comunicaciones seguras cada día –por teléfono o por valija diplomática– y siempre que sea necesario. No es imprescindible aquí destacar que la embajada española está informando de forma permanente al Ministerio de Exteriores. Forma parte de su trabajo habitual, mucho más durante una crisis.

No era esta la posición que había mantenido Feijóo hasta ahora. Hace solo tres semanas, comentó que no tenía ninguna intención de lanzarse contra el Gobierno de Rabat. “Yo no creo, honradamente, que le tenga que pedir explicaciones a Marruecos. Lo que tengo que hacer es, con el conocimiento que tenía, evitar con Marruecos que esto se produjese”, dijo en una entrevista.

Por entonces, cargaba toda la responsabilidad en el Gobierno español sin críticas directas a Rabat. Lo justificaba con el argumento de que en el futuro podría ser el presidente del Gobierno: “Mi posición tiene que ser adecuada ante la eventualidad de que asumamos el Gobierno de nuestro país”.

No puedes dinamitar las relaciones con Marruecos si eso te pasará factura más adelante.

Esa era una posición razonable en ese momento. Ahora ha dejado de serlo, aunque solo sea por el hecho de que es imposible devolver a Marruecos a las miles de personas que aún continúan en Ceuta sin contar con la colaboración de las autoridades de ese país. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, exigió el miércoles “la vuelta de todos los que entraron el 30 y 31 de julio”. Sin ese retorno, no se podrá alcanzar “la normalidad”. Vivas también pidió “un horizonte temporal definido” para la resolución de la crisis. Es decir, cuanto antes. Será imposible si el Ministerio de Exteriores llama a consultas a la embajadora marroquí y entra en rumbo de colisión con Rabat.

Feijóo decidió que el presente es más importante que el futuro: “La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y todo parece indicar que también fue coordinada por Marruecos”. Ha optado por dar a ese país la condición de enemigo de España para así poder afirmar que el Gobierno de Sánchez, si no acepta sus exigencias, es cómplice de los enemigos de España.

El PP ha dado este salto partiendo del informe policial recibido por la jueza María Tardón. Fue elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, una unidad policial que no tiene fuentes propias en Marruecos y que se basó en fuentes abiertas, es decir, aparecidas en medios de comunicación y redes sociales. Es lógico que atendiera a la petición de la magistrada. Lo que no parece comprensible es que el contenido y las conclusiones no estuvieran en la mesa del ministro de Interior desde mucho tiempo antes.

Marlaska pidió explicaciones al director general de la Policía. Podría haberlo hecho por teléfono o llamándole a su despacho, pero eligió hacerlo con una carta que se difundió a los medios de comunicación. La respuesta del director fue afirmar que el informe sobre Ceuta enviado al juzgado no señala a Marruecos y que la jueza había pedido que no se entregara a los superiores de la policía, decisión que rectificó el miércoles, una vez que un resumen de su contenido apareciera en El Español.

El contenido de ese informe, al que ha tenido acceso este diario, se basa en el análisis de imágenes ya difundidas en redes sociales y medios de comunicación para llegar a la conclusión de que las fuerzas de seguridad marroquíes tuvieron una “actitud pasiva” o que hicieron un trabajo de “guiado activo” de la masa de migrantes. Da por hecho que hubo una “planificación previa” y una “dirección estratégica”, pero no aporta ninguna prueba que lo demuestre.

Es por tanto un informe analítico o especulativo con el que el Gobierno español no puede acusar directamente a Rabat de haber organizado los acontecimientos del 30 y 31 de julio, lo que además pondría en peligro la repatriación de los marroquíes o subsaharianos que aún se encuentran en Ceuta. Es el informe del que se ha servido Feijóo para reclamar el enfrentamiento directo con Marruecos.

Algunas imágenes muestran a jóvenes que salen de camiones antes de llegar a la frontera con el permiso de policías marroquíes. También aparecen testimonios que fueron publicados esos días de los que llegaron a Ceuta que cuentan que otros policías les animaban a llegar hasta el final, porque la frontera estaba “abierta”. De ese mismo día, existen imágenes de TVE tomadas por cámaras situadas en la frontera que muestran a policías antidisturbios lanzando gases lacrimógenos a los jóvenes que bajaban por una ladera con la intención de entrar en Ceuta.

Dirigentes del PP, Sumar y Podemos coincidieron en pedir la dimisión de Marlaska. Los dirigentes socialistas no pueden ocultar que la incapacidad de Marlaska para controlar a las unidades policiales que forman parte de la estructura de su Ministerio está sirviendo a los intereses de la oposición.

No es que el ministro tenga la obligación de ajustar las investigaciones policiales a las necesidades políticas del Gobierno, pero muchos se preguntan cómo Marlaska desconoce las conclusiones de ciertos informes policiales cuando no pasa un día sin que Sánchez y sus ministros elogien la colaboración de las autoridades marroquíes.

No hay razones para pensar que Sánchez vaya a relevar al que ha sido su ministro de Interior durante ocho años. Lo que es seguro es que está pagando en términos de reputación personal la gestión de Marlaska.

Ante la duda, agita la bandera. Y si puedes reclutar al rey para la causa, mucho mejor. En el ambiente patriótico-festivo que la derecha quiere promover como solución a todos los problemas de Ceuta, era cuestión de tiempo que intentara utilizar a Felipe VI como arma contra Pedro Sánchez. Ya ocurrió lo mismo con la visita de ambos a Valencia después de la dana. El primero es la encarnación de las virtudes de un ser humano. El segundo está poseído por el mal.

Concentrado en encontrar una solución a la presencia de miles de extranjeros en Ceuta que no vulnere la ley y que sea aceptada por las autoridades marroquíes, al Gobierno no le interesa cualquier hecho que pueda hacer descarrilar todo el proceso. Aunque no lo diga en voz alta, una visita de Felipe VI a la ciudad en estos momentos podría poner en peligro todo el proceso. Marruecos lo consideraría poco menos que una provocación. Para la oposición, un acontecimiento que perjudique por igual a Sánchez y a Mohamed VI es una fantástica oportunidad.

Una respuesta algo confusa de Sánchez en la entrevista del lunes a una pregunta sobre un hipotético viaje del monarca a Ceuta dio paso a la rueda de declaraciones habituales. “El rey lleva reinando más de veinte años (en realidad, son doce). ¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla?”. Larga pausa. “No ha ido ninguna vez. Con administraciones del PSOE y del Partido Popular”. Fue hace 20 años cuando Juan Carlos I visitó las dos ciudades, la única vez que lo hizo, lo que provocó fuertes protestas del Gobierno marroquí.

Sánchez también comentó que “hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin Ceuta y Melilla”. Ningún presidente del Gobierno se atrevería a prohibir al rey aparecer en esas dos ciudades españolas y que se supiera, aunque debería tener mucho cuidado a la hora de elegir el momento. Unos días de exaltación nacional pueden suponer un precio muy alto para los intereses de Ceuta en estos momentos, cuando la prioridad debería ser resolver la crisis actual. Además, la agenda de viajes del rey tampoco debe poner en riesgo la política exterior de España y es al Gobierno a quien le compete dirigirla.

“Nos negamos a convertir las instituciones más relevantes de España en motivo de confrontación política y manoseo partidista”, dijo el lunes Borja Sémper sobre lo que podría hacer el rey. Al día siguiente, llegó el “manoseo” por boca de Miguel Tellado, que siempre está más cerca de lo que se podría llamar la posición oficial del PP: “Sánchez está con Mohamed VI y no con Felipe VI”. En la misma línea estuvo Ester Muñoz: “Sus intereses no son los de España”.

Son el tipo de mensajes con los que el PP ha promovido la asistencia a las concentraciones del miércoles ante los ayuntamientos con el fin de reafirmar la españolidad de Ceuta y –esto es más importante para el PP– de colocar al Gobierno en el campo de los traidores a la patria.

Las palabras del presidente fueron definidas por la prensa conservadora como un ataque a la monarquía. Es otro de los argumentos habituales con los que se deslegitima al Gobierno. “Sánchez utilizó a Felipe VI como comodín para desviar el debate sobre su falta de acierto ante una crisis que este fin de semana cumplió un mes”, dijo un editorial de ABC. En realidad, estaba respondiendo a la pregunta del periodista y, como es habitual en los políticos, reservó una parte de la respuesta a presumir de algo que había hecho (visitar cuatro veces esa ciudad).

El 1 de agosto, la Casa Real difundió un mensaje de Felipe VI en el que expresó su “gran preocupación e indignación” por los sucesos de Ceuta. “El Estado debe velar por su seguridad (de los habitantes de Ceuta) y por evitar que estos hechos, que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse”, decía el texto. Pocos días después, recibió en Mallorca al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en lo que era una iniciativa de Zarzuela. Había un reproche implícito al Gobierno por no haber sabido evitar que ocurriera ese ataque a la integridad nacional. Por otro lado, el Gobierno sabe que la protección de las fronteras forma parte de sus responsabilidades.

Al igual que con su discurso del 3 de octubre de 2017 después del referéndum del procés, Felipe VI no esperó a recibir instrucciones del Gobierno para dejar claro su punto de vista sobre hechos de gravedad.

Frente a lo que suele argumentar el PP y algunos columnistas, al Gobierno de Sánchez no le interesa chocar en público con Zarzuela y mucho menos en una crisis como la actual. Por eso, no es extraño que la ministra portavoz tuviera instrucciones de borrar cualquier apariencia de discrepancia. Elma Saiz dijo que no había “ningún reproche” al monarca en las declaraciones de Sánchez y que solo había constatado una realidad sobre las visitas anteriores de los dos reyes a Ceuta, una sola en veinte años en 2007.

La gran polémica quedó así bastante aguada y ni las insistentes preguntas de los periodistas iban a poder revivirla. No será un gran problema para los medios de comunicación que están convencidos de que Sánchez está ejecutando un pérfido plan para acabar con la monarquía, la democracia y todas las cosas bonitas de la vida.

Un Gobierno casi nunca admite que se ha visto sorprendido por una crisis. Sobre lo de admitir que se reaccionó tarde y sin ser consciente de las implicaciones, suele haber más sinceridad, pero solo de forma privada o anónima. Pedro Sánchez comunicó a la Comisión Europea por carta el 1 de agosto que se había devuelto a “prácticamente todos” los que habían cruzado la frontera dos días antes, lo mismo que dijo en público el ministro de Interior. No era cierto y ese error ha perseguido a Moncloa a lo largo del mes de agosto. “Fue un error de cálculo darlo por zanjado cuando se volvieron a Marruecos 70.000”, han dicho fuentes del Gobierno a este diario.

Pedro Sánchez reapareció en los medios el lunes con una entrevista en la Cadena SER. Fue un Sánchez frío y que aspiraba a ser realista con la intención de restar dramatismo a la crisis, un empeño condenado al fracaso en las crispadas circunstancias actuales. No hubo ningún intento de atraerse a la población de Ceuta, de mostrar una empatía especial hacia los que están pasando por unas circunstancias excepcionales. Quizá lo reserve para su comparecencia del jueves en el Congreso. Quizá crea que solo está obligado a explicar qué es lo que está haciendo el Gobierno.

A eso le responderán cuestionando por qué todo eso no se ha hecho antes. Sánchez diría que los límites que marca la ley en cuanto a devoluciones le obligan a pedir más tiempo. Tiempo es algo que los ceutíes, y mucho menos la oposición, no están dispuestos a darle.

El presidente no se movió ni un centímetro de la posición del Gobierno de exculpar a Marruecos por la entrada de decenas de miles de marroquíes el 30 de julio. Eso le coloca en una evidente situación de soledad. No es extraño. Ni en la izquierda ni en la derecha hay grandes dosis de respeto por un sistema político como el marroquí. Es prácticamente una constante en la vida política española desde los años setenta: nada bueno puede venir del sur.

La defensa de Marruecos tuvo dos enfoques. El pragmático se basa en que necesitamos su colaboración. “Si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona. Al contrario, se agravaría”, dijo Sánchez. Atacar a Rabat le daría votos, pero alejaría la solución. No puedes devolver a la gente al otro lado de la frontera sin la intervención del Gobierno vecino. Y luego está el asunto espinoso de que en Marruecos no es el primer ministro el que dirige el Gobierno, sino el rey Mohamed VI.

La oposición puede vivir en una dimensión paralela en la que España hace lo que quiere. “Todos los que han entrado en España de forma ilegal deben volver ya”, dijo el lunes Borja Sémper, portavoz del PP. La ley no permite el “ya” en el caso de los menores, pero en el PP pueden fingir que no es así.

Sánchez también dijo que no hay pruebas de la culpabilidad de las autoridades marroquíes: “Seguimos investigando qué pasó en Ceuta. El Gobierno tiene que actuar sobre datos, sobre hechos. Se vierten acusaciones muy graves, peligrosas y gratuitas”. En este punto, ni siquiera cuenta con el apoyo de sus socios en el Gobierno o en el Congreso, que no necesitan pruebas a las que no tienen acceso, solo deducciones. “Todo el mundo sabe que Marruecos sí tuvo una responsabilidad. Negarlo o esconderlo solo alimenta a PP y Vox, que aprovechan cada silencio para culpar a las víctimas”, dijo Nahuel González, de Sumar, en el Congreso.

El presidente y su Gobierno se atienen a la versión de que los responsables del estallido son “los bulos” y “las mafias”. No parece que mucha gente les haya comprado ese discurso. “¿Qué ganan las mafias si 80.000 personas entran en Ceuta?”, preguntó Aimar Bretos a Sánchez en la SER. Nadie pagó por pasar a Ceuta por el mar. Sánchez podría haberle respondido con el negocio que en teoría podrían hacer pasando a gente de Ceuta a la península. Prefirió responder a la pregunta con otra pregunta: “¿Y qué gana Marruecos?”. En su rueda de prensa, Sémper optó por el chiste –“le ha faltado culpar a Franco”– y por acusar al Gobierno de refugiarse en “la conspiranoia”.

El Gobierno asegura que va a crear 6.000 nuevas plazas para alojar en Ceuta a los migrantes, incluidos los menores. Sea porque sabe que no contará con el apoyo de los gobiernos autonómicos del PP o porque quiere mantener el perímetro de la crisis en esa ciudad, no quiere que ninguno pase a la península. Sería abrir otro frente de conflicto con la Comisión Europea.

Eso también enfrenta al PSOE con sus socios en el Gobierno. El Ministerio de Juventud quiere que se saque de Ceuta a los menores. La ministra Sira Rego lo cree imprescindible: “Quiero dejar clara una cosa que debería estar fuera de cualquier disputa partidista: las niñas y los niños no son invasores. Y los que han llegado solos son además víctimas de explotación o abuso”.

El PP y Vox elevarán la presión esta semana con concentraciones ante los ayuntamientos con el deseo proclamado de defender la españolidad de Ceuta y la intención última de continuar atacando al Gobierno. Sánchez tiene unos días para encontrar algún punto en común con sus socios antes del debate del Congreso. Llegar a ese día tan solo como lo está hoy no será una experiencia gratificante.

Hace cuatro semanas, escribí sobre dos temas antes de las vacaciones: la crisis de Ceuta y el ático de Díaz Ayuso. Ahora estamos en las mismas. Pedro Sánchez pensaba que había encauzado la situación. La presidenta de la Comunidad de Madrid creía que podía pasar por encima de la polémica, como ha hecho en otras ocasiones. Ambos estaban equivocados. En el primer caso, porque la tensión en la ciudad no ha dejado de aumentar. En el segundo, porque ni siquiera en su partido se creen sus explicaciones.

Consciente de que la habían pillado, Ayuso se quedó sin vacaciones en la primera quincena de agosto y llevó a cabo una agenda frenética de visitas a zonas afectadas por los incendios con muchas promesas y no menos fotos. Se trataba de multiplicarse para que se hablara de ella en relación a los fuegos, y no del ático de seis millones que se había comprado a costa de los contribuyentes. Pero los periodistas no hacían más que preguntarle por esto último –todos sabían que esas visitas eran puro teatro– hasta que cortó por lo sano y se limitó a eso que se llama declaración institucional, que consiste en que no hay preguntas. 

No contaba con que también le preguntaran por el ático a Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP dijo que el Gobierno autonómico “tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina”. Además, comentó que le habían hablado de unas obras previstas en la sede del Gobierno en una reunión en abril que tuvo que ser con Ayuso. La presidenta había dicho que se había enterado de la compra en julio. Era una más de las mentiras con las que habían intentado neutralizar la controversia.

Fue el 23 de agosto. Según Ayuso, estaba todo contado y explicado, pero Feijóo la había desmentido al pedir más explicaciones. Optó por la solución por defecto. Un poco de descaro y a correr. Al día siguiente, ofreció una de las frases del verano. “Está a la venta. Chao, pescao”. Una expresión frívola que parecía venir del típico político que se niega a aceptar que está en problemas. Quizá uno de sus toques personales que funcionan en su electorado, como cuando cambia el acento en los mítines para sonar más cheli, más ma-dri-le-ña. Soy macarra, hago lo que quiero y que le den a los que me critican. Pero con esta polémica ha aparecido la auténtica Ayuso. Su idea era: soy macarra, compro el ático que quiero y los contribuyentes me lo van a pagar. 

La armadura mediática que siempre le ha protegido muestra algunos síntomas de corrosión causados por la fatiga de materiales. En voz baja, en el PP no ocultan que ha sido un verano problemático para ella, que comenzó con un viaje a México, cuyo único fin parecía ser atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum y prestar un favor a la oposición mexicana. Una agenda internacional de contactos es lo que se necesita si uno aspira a puestos más altos en el futuro. 

Lo único que ha hecho últimamente es su remedio habitual de sacar a Sánchez en todas las declaraciones a ver si así no se habla del ático. El periodista David Fernández, autor de una biografía reciente de Ayuso, explicaba así lo que piensan algunos en su partido: “Me ha chocado mucho que altos cargos de la Comunidad de Madrid, muy cercanos a Ayuso, me han dicho: 'David, la cagada ha sido monumental y el escándalo que se va a conocer ha sido mayúsculo'”.

El ático que quería comprarse, y para el que sus asesores habían pedido a la inmobiliaria una gran terraza, presenta un flanco que la oposición intentará aprovechar en septiembre. Lo que ya está claro es que el manual básico de Ayuso para todas las crisis no le ha funcionado por primera vez en mucho tiempo. Como le gustan las frases populacheras, se puede comentar que todo le ha explotado en el culo cuando pensaba que eran los demás los que tenían que pagar la factura por sus decisiones. Su plan B siempre ha consistido en multiplicar por diez el plan A. Es lo único que sabe hacer Miguel Ángel Rodríguez.

Ceuta necesita ayuda, no más odio

Hace un mes, el Gobierno pensaba que había pasado lo peor en Ceuta con el regreso de la inmensa mayoría de las decenas de miles de personas que habían entrado en territorio español. Gran error. Semanas después, reconoció que las cosas no habían salido como esperaba con la decisión de poner en marcha un mando único para afrontar la crisis y poner al ministro Ángel Víctor Torres al frente. Había transcurrido casi un mes desde el asalto a la frontera, uno en que las víctimas fueron el centenar de personas que perecieron ahogadas. Segundo error. Debería haber hecho eso el primer día, porque la situación superaba en mucho las capacidades del Gobierno ceutí. 

El tercer error se produjo cuando el Gobierno no fue capaz de ofrecer una versión única sobre la actuación del CNI. La ministra Robles dijo que los servicios de inteligencia habían avisado del riesgo de una entrada masiva: “Si hay informes, si no hay informes... Los servicios de inteligencia operan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos”. ¿Manuscritos? Espero que no los redacten a mano y que el CNI tenga ordenadores. Marlaska lo negó: “No había ningún informe que atisbara que el 30 de julio iba a acontecer lo que sucedió”. 

Hay un cuarto error que no está en lo que se hizo o no desde el Gobierno, sino en las declaraciones. Sabiendo que no sale ganando si adjudica toda la culpa a Marruecos, algo de lo que siempre han sido conscientes los gobiernos españoles, ha llegado demasiado lejos en el intento de exculpar al régimen de Rabat. Marlaska volvió a llamar esta semana “socio leal” a Marruecos. “Las autoridades marroquíes han interceptado en lo que va de año más de 2.700 salidas irregulares marítimas hacia las costas españolas”, dijo. Esto último es cierto, pero el Gobierno no puede pretender que la opinión pública española culpe más a “los bulos” y “las mafias” de lo ocurrido que al vecino del sur. Ese es un discurso que no le va a comprar casi nadie.

“Podría ser Marruecos, no lo descarto completamente, pero no cuadra en absoluto con crisis anteriores ni tampoco tenemos una sola prueba que demuestre que han sido ellos”, han dicho fuentes del Gobierno a este diario sobre la responsabilidad de ese Gobierno en la crisis. 

Por mucho que a la oposición se le llene la boca exigiendo que los extranjeros que pasaron a Ceuta sean devueltos a Marruecos, eso no puede hacerse sin la colaboración de las autoridades de ese país. Todos lo saben, pero prefieren ignorarlo. Hasta el propio Feijóo no ha querido lanzarse contra Rabat. Quizá algún día esté en la misma situación que Sánchez y hará lo mismo que ha hecho el actual Gobierno.

“Es una recomendación de Feijóo. No es legítimo tratar de sacar ningún rédito político, ninguna ventaja electoral o partidista, de esta crisis existencial que vive Ceuta. Sería absolutamente reprobable”, dijo Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, el 19 de agosto. Eso es precisamente lo que ha hecho el PP, lo que no es ninguna sorpresa. Incluso pasando por encima de la ley, como con la petición de expulsión inmediata de los 5.000 extranjeros que continúan en la ciudad a los que hay que sumar unos 1.500 menores. Una delegada del Gobierno y una vicepresidenta ceutí fueron condenadas por prevaricación hace un año por tomar esa medida con la devolución de menores a Marruecos. 

La primera reacción del PP a los ataques racistas y al intento de impedir por la fuerza la entrega de comida a los extranjeros fue comprensiva. “Mucha paciencia han tenido”, dijo Cuca Gamarra sobre los habitantes de Ceuta. Un día después, se corrigió el mensaje y hubo que esperar a que Vivas dejara claro el rechazo a cualquier tipo de violencia sin ningún tipo de disculpas. 

También hay que añadir el intento del PP de crear alarma con el aviso de que podían producirse brotes infecciosos por culpa de los inmigrantes. Hasta se habló de tuberculosis. “La tuberculosis ha llenado titulares alarmistas y falsos”, respondió la ministra Mónica García. “Hemos detectado tres casos, uno ya tratado, una tuberculosis cerebral y una persona que ya estaba en Ceuta antes del 30 de julio. No hemos detectado ningún caso nuevo”. 

No se puede subestimar el miedo y la preocupación de los ciudadanos de Ceuta por lo que han pasado este mes. Ceuta no está en la misma situación que provincias como Zamora o Alicante, pero los derechos de ceutíes y melillenses deben ser defendidos con la misma fuerza que con los habitantes de la península.

Criminalizar a los inmigrantes presentándolos como “invasores” –y así se está haciendo en varios medios de la derecha– sólo contribuye a alentar el odio y hasta la violencia. Ese es un terreno de juego del que solo se beneficiará la extrema derecha. 

Encontrar la expresión 'guerra cultural' se ha convertido en una tarea sencilla en los periódicos y declaraciones de políticos en Europa y EEUU. En algunos países, se ha convertido en un elemento más de la confrontación diaria. Hay políticos en España que lo intentan de forma reiterada, no siempre con éxito. Aparentemente, es una guerra con más violencia verbal que real, con más teatro que sangre. Eso permite que los ataques sean intensos y personales. Sin misericordia.

El precio de esa tendencia en su versión más brutal se ha hecho presente este mes en Reino Unido. Jason Arday, de 41 años, recibió una oleada de acusaciones de plagio –algunas fundamentadas, otras no– y fue presentado contra su voluntad como un símbolo de algo que había que destruir. Pagó por sus pecados y los de la Universidad de Cambridge y de los que piden mayor diversidad en las grandes instituciones educativas británicas. Dimitió de su puesto de profesor, pero eso no alivió la presión. Apareció muerto en su casa. Aunque aún no hay confirmación por la investigación policial, todo el mundo dio por hecho que se había suicidado.

Con 37 años, había sido elegido profesor de Sociología de la Educación con plaza fija, una posición no muy diferente a la de un catedrático en España. Su nombramiento, por unanimidad en una comisión que entrevistó a varios candidatos, fue celebrado como un triunfo del empeño de Cambridge por aumentar el número de profesores de minorías. Era el profesor negro más joven elegido en los 800 años de historia de la universidad. Su historia de superación personal –en su infancia le diagnosticaron autismo y prácticamente no pronunció una palabra hasta los once años– recibió una gran atención y cobertura en los medios.

Todo comenzó a torcerse cuando recibió acusaciones de plagio por su tesis doctoral. La persona que las hizo contaba con un historial de opiniones racistas sobre la inferioridad de los negros que habían hecho que perdiera su empleo de investigador postdoctoral en Cambridge. Aun así, las similitudes existían en algunos casos. La universidad de Liverpool que le concedió el doctorado llegó a la conclusión de que se trataba de errores de no atribución de citas que no son raros en las tesis. De todas formas, había otras acusaciones por el mismo motivo en relación a sus artículos en publicaciones científicas.

Este tipo de denuncias no son insólitas en las universidades británicas, ni siquiera en las mejores, y no siempre acaban bien para la persona señalada. Se arriesgan a perder su empleo y reputación, lo que no es poco, pero en muchos casos ni eso.

Con Arday fue diferente. No se acusaba simplemente a una persona concreta. Aparecía como un emblema de las políticas que se resumen en las iniciales DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión. Diversity, Equity, and Inclusion) que la derecha norteamericana califica de intento de subvertir la meritocracia que debería regir un centro universitario. Como se puede imaginar, es uno de los campos de batalla habituales en las guerras culturales. La Administración de Donald Trump ha adoptado como misión acabar con todos los programas de diversidad existentes en las empresas y universidades.

La idea de meritocracia aparecía de forma reiterada en la prensa. No es un principio al que haya que oponerse en principio. Pero sostener que siempre existió en el pasado es algo que está fuera de la realidad. Mary Beard, historiadora experta en la Roma clásica, afirma lo contrario y es porque conoce muy bien quiénes eran los profesores y los alumnos tiempo atrás. Por eso, recordó que a mediados de los setenta, cuando ella era estudiante, sólo había un 10% de mujeres matriculadas en los 'colleges' de Oxford y Cambridge: “Cambridge no me parecía muy meritocrática y ciertamente no lo era”.

La cobertura periodística fue la que encabezó la ofensiva contra Arday. Varios diarios publicaron decenas de artículos sobre el caso, encabezados por The Times (59 artículos), Daily Mail (42) y Telegraph (39). Nadie puede discutir que una acusación de plagio es un asunto lo bastante grave como para justificar una investigación periodística. En España, El País publicó varios artículos en 2024 sobre las prácticas fraudulentas del rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado. Un informe del Comité Español de Ética de la Investigación certificó la “manipulación deliberada” y “sistemática” de su currículum académico. A pesar de esa “manipulación deliberada”, Corchado continúa siendo hoy rector de su universidad. No es difícil encontrar casos parecidos en Europa y EEUU.

En total, se publicaron 249 artículos sobre el caso de Arday en 22 días en la prensa británica. Si el número puede parecer excesivo, el tratamiento, en especial en los tres medios citados, no dejaba dudas sobre la intencionalidad. Era otro caso de corrección política o de ideas “woke” en las universidades que había que desterrar. Las referencias a su raza eran constantes. “Un artículo lo describió como 'el profesor negro acusado de plagio', como si lo más importante no fuera el plagio, sino la temeridad de ser negro al mismo tiempo”, escribió Stephen Bush en el Financial Times. A ese periodista no le cabía duda de que si Arday hubiera sido un profesor blanco, habría conservado el puesto. Frente a los que decían que Cambridge había ido demasiado lejos en su política de diversidad, Bush destacó que el 0,4% del personal académico de esa universidad es negro.

Si nos vamos a EEUU, donde el debate es mucho más intenso, las cifras tampoco ofrecen un triunfo generalizado de las políticas DEI durante los años de la presidencia de Joe Biden, como alegan los partidarios de Trump. El porcentaje de profesores negros con plaza fija en las principales universidades ha pasado del 3,4% en 2020 al 4,8% en 2024. No parece un incremento espectacular. Desde 2001, el porcentaje de profesores de raza blanca ha experimentado un claro descenso, del 84,5% al 69,8%. La gran diferencia se debe al aumento de profesores de origen asiático, que en su mayor parte se refiere fundamentalmente a personas nacidas fuera de EEUU, que llegaron al país como inmigrantes o eran hijos de inmigrantes o que fueron fichados por las universidades.

La Universidad de Cambridge había defendido a Arday, pero la presión mediática le hizo ceder y el 5 de agosto anunció que realizaría una investigación interna sobre su nombramiento. Ese mismo día, el profesor presentó su dimisión. “Tengo una familia (estaba casado y tenía dos hijos). Quiero estar presente (en su vida). Quiero recuperar algo de paz, algo de privacidad y algo parecido a una vida normal. No quiero sentirme como alguien que está sometido a un escrutinio público constante, donde cada aspecto de mi vida privada está sujeto al examen y juicio públicos”, dijo en un comunicado.

Ese escrutinio incluía hechos que no tenían nada que ver con la vida académica. Se escribió como motivo de burla que era imposible que hubiera corrido treinta maratones en un corto espacio de tiempo, como había afirmado. Esas carreras formaban parte de iniciativas para recaudar dinero en favor de asociaciones benéficas. No se ha demostrado que fuera mentira y de hecho hay pruebas fotográficas en medios locales de que participó en maratones cuando era mucho más joven.

Hay un dato que revela las intenciones de esos artículos en la prensa conservadora que apuntaron directamente a Arday. Se suponía que la dimisión iba a ser el final de la historia. Ocurrió lo contrario. 188 de esos 249 artículos escritos sobre Arday se publicaron entre los días que pasaron desde la dimisión hasta su muerte. El cerco se intensificó, como si la renuncia no fuera un castigo suficiente. El 14 de agosto, la Policía encontró su cadáver en su domicilio.

Pocos superaron el nivel de crueldad de Julia Hartley-Brewer, presentadora de un programa de radio, que escribió que la familia de Arday podía pagar el funeral sin problemas con el dinero por su libro publicado en EEUU por Simon & Schuster. Todo porque se había lanzado una campaña para recaudar fondos con ese fin. La periodista ya había dictaminado en una columna en The Sun que había conseguido su puesto en Cambridge sólo porque era negro.

El Daily Mail publicó un artículo de un psiquiatra para que especulara sobre la mente de Arday, una persona autista que nunca había recibido un escrutinio tan negativo y masivo en su vida.

Antes, otros columnistas o profesores no ocultaban su gozo por lo que estaban haciendo con el profesor. Un columnista del Telegrah dijo que Arday era “un síntoma de la guerra de los laboristas contra la excelencia académica”. Y eso que Arday obtuvo su puesto de profesor cuando gobernaban los tories. Nadie diría que Cambridge es un lugar dominado por la izquierda, pero eso es precisamente lo que denuncian los cruzados de la guerra cultural en EEUU y Europa.

The Times llegó a publicar un artículo anónimo de una persona que decía haber sido alumno de las clases de Arday ocho años atrás. “Yo fui estudiante de Jason Arday. Llegaba tarde a clases y sólo soltaba tonterías”. El periódico pagó para que ese artículo –de valor discutible al no estar firmado– apareciera como contenido patrocinado en Twitter. Era una decisión tan comercial como ideológica. En la guerra por los 'clicks', publicar artículos sobre temas controvertidos tiene una traducción en el número de visitas.

Los que más hicieron por convertir a Arday en símbolo de un fraude institucionalizado decidieron tras su muerte que la culpa sólo podía ser de los que le habían contratado o defendido. En la revista The Spectator, un columnista afirmó que el profesor “había sido destruido por la cruel maquinaria de DEI”. Qué decir de una revista que se lanzó sobre el tema con el único enfoque de que Arday era un ejemplo de todo lo que está mal en la sociedad británica o que debía ser investigado por la policía.

Todo valía para humillar a Arday. Era el símbolo al que había que dar una lección. Los datos no confirman la realidad de que las universidades han sido secuestradas por lo que llaman “el virus woke”. Por eso, suele ser tan necesario convertir cada historia personal en un escándalo. Más allá de todos los errores que pudo cometer en su carrera universitaria, Arday pagó con su vida esa ley de hierro de las guerras culturales. No hay piedad una vez que la maquinaria se pone en movimiento.

Las elecciones en EEUU se ganan con votos y con dinero. Sin lo segundo, es muy difícil conseguir lo primero. Las primarias demócratas de Michigan han ofrecido un resultado no inesperado, pero sí poco habitual. El candidato Abdul El-Sayed se ha hecho con la victoria al derrotar a la congresista Haley Stevens, que había recibido una montaña de dinero en apoyo de su campaña, entre los que estaban unos 32 millones de dólares procedentes de AIPAC, la mayor organización del llamado lobby judío o proisraelí de la política norteamericana. Y esa es una de las razones de la derrota de Stevens.

Ambos peleaban por la candidatura demócrata a un escaño del Senado. El-Sayed –41 años, epidemiólogo, musulmán e hijo de inmigrantes egipcios– no hubiera tenido ninguna posibilidad de éxito hace unos pocos años. De forma más específica, antes de 2023 y del inicio de la represalia masiva de Israel contra Gaza. Su denuncia del genocidio de Gaza lo convirtió en un imán del dinero de AIPAC en su contra. En los últimos cinco años, la organización ha doblado su presupuesto habitual en las campañas electorales para defender a los candidatos proisraelíes, en especial entre los demócratas. En muchos estados, se le ha llamado “el beso de la muerte” para ellos después de que se haya hundido la reputación de Israel entre los votantes del partido.

El apoyo o rechazo a las políticas de Netanyahu en Oriente Medio, tanto por lo sucedido en Gaza como en la guerra contra Irán, es el factor básico para entender los apoyos de AIPAC. Pero sus anuncios en televisión e internet casi nunca mencionan a Israel, y mucho menos a Netanyahu. Se basan en cuestiones de política interna que pueden interesar a los votantes. Es tanto una maniobra de ocultamiento como un reconocimiento de su propia impopularidad.

En las campañas como la de Michigan, AIPAC ha gastado más dinero en atacar a El-Sayed que en apoyar a Stevens. La congresista no ocultó su apoyo al Estado judío. En un vídeo de un discurso que ha circulado ampliamente en las últimas semanas, Stevens afirma: “Israel se aparece en mis sueños”. Su campaña tuvo nueve veces más de fondos que la de su rival.

El-Sayed es uno de los nuevos políticos demócratas del ala más progresista que denuncian la influencia israelí en la política norteamericana, especialmente en la decisión de Donald Trump de atacar Irán. Reclaman el fin de la ayuda militar a Israel y que se destine ese dinero a las inversiones que necesitan los habitantes de EEUU. Ha recibido el apoyo de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

Sobre las numerosas acusaciones de antisemitismo que ha recibido, esta es su respuesta: “AIPAC e Israel no son lo mismo que el judaísmo y el pueblo judío. Amo el judaísmo y amo al pueblo judío. Lo más peligroso es extender el antisemitismo al incluir las críticas a Israel en él”. También denunció la matanza realizada por Hamás en 2023.

AIPAC ha obtenido éxitos en varias campañas. Su influencia no ha desaparecido. Pero ha cosechado derrotas en contiendas que no se podía permitir perder y la de Michigan ha sido la última. Por muy escasa diferencia. La mayoría de las encuestas pronosticaba para El-Sayed una victoria muy clara por diez o más puntos. Con el escrutinio al 95% y sin dudas sobre el resultado final, ha sido inferior a un punto, 740.963 votos frente a 726.065 de Stevens. Esta contaba con el apoyo de casi todo el establishment demócrata, incluida la gobernadora.

Michigan es uno de los 'swing states', uno de esos estados cuyo resultado es difícil de predecir en unas elecciones presidenciales. Trump ganó allí en 2024 con una ventaja de 1,4 puntos sobre Kamala Harris. El-Sayed busca obtener un escaño que ya estaba en posesión de los demócratas y que ahora está en disputa por la jubilación del senador titular. Perderlo ahora podría condenar las aspiraciones de los demócratas de recuperar la mayoría de la Cámara.

AIPAC ya se ha comprometido a gastar el dinero necesario para que El-Sayed no gane en la cita de noviembre.

¿Cuántas invasiones han durado 24 horas a lo largo de la historia? Desde luego, no muchas. La de Napoleón en España duró más tiempo. Pero ese es el lenguaje que han utilizado periódicos y políticos para definir lo ocurrido esta semana en Ceuta. Un acontecimiento de la máxima gravedad –eso no lo puede dudar nadie–, pero que ha sido utilizado por gobiernos europeos de derecha y extrema derecha para lanzarse contra España por la regularización de los inmigrantes sin papeles. Ese es el origen de la crisis diplomática y no las imágenes que han circulado por todo el continente. El cerco a Pedro Sánchez se ha estrechado y el Gobierno español deberá tenerlo en cuenta. De momento, Sánchez les ha respondido con una carta para dejarles claro que no se va a rendir.

En la tarde del viernes, el número de marroquíes que habían cruzado de vuelta a su país se acercaba a la cifra de las 50.000 llegadas estimadas por el Ministerio de Interior. Algunos decían que se sentían engañados. Creían que una reciente sentencia del Tribunal Supremo impedía al Gobierno repatriar a todos aquellos que llegaran nadando por el agua. No tenían nada que comer ni un sitio del que guarecerse del sol. Para muchos, terminó siendo un viaje sin retorno. La verdadera tragedia no se produjo en Ceuta, sino en el mar. 67 de ellos murieron ahogados.

Un italiano decía en Twitter: “Sánchez ha repatriado más gente en un día que el Gobierno italiano en cuatro años”. Tampoco es del todo correcto en la medida en que no hubo que expulsarlos, aunque la policía se ocupó de presionarles para indicarles el camino de salida. Lo que sí es un hecho es que el número de llegadas por mar a Italia sigue estando por encima de los que llegan a España por la misma vía, como lo ha estado en los últimos años. Pedro Sánchez se lo recordó a Giorgia Meloni con las cifras de Frontex de llegadas por mar entre 2021 y 2026. Por Italia: 478.600. Por los Balcanes: 340.600. Por Grecia: 259.800. Por España: 234.760.

Existen otras paradojas. Hace un año, el Gobierno italiano anunció que concedería 500.000 nuevos visados de trabajo para el periodo 2026-2028 para atender las necesidades de la economía del país. No fue la primera medida de este tipo. Al poco de llegar al poder, anunció 450.000 permisos de trabajo para el periodo 2023-2025. A pesar de toda su retórica xenófoba, Meloni y su Gobierno de coalición saben que la industria, la construcción y la agricultura italianas necesitan esa mano de obra.

Como escribí el sábado, Meloni siente ya la presión de un nuevo rival político que compite por los mismos votantes. El general retirado Roberto Vannacci no para de crecer en los sondeos con su nuevo partido, Futuro Nazionale, fundado hace solo cinco meses. Su mensaje xenófobo contra la inmigración, aún más radical que el de Meloni, le ha permitido llegar al 7,6%, según la última encuesta de YouTrend, por encima de la Liga de Salvini, y casi a la altura de Forza Italia.

La histeria provocada en varias capitales europeas es obviamente interesada. Ursula von der Leyen no hizo ningún gesto de apoyo a España. Más bien, al contrario. El Partido Popular Europeo ha visto esta crisis como una oportunidad de debilitar a Sánchez por su regularización de inmigrantes o de acabar con él siguiendo las instrucciones del partido de Feijóo. Su presidente, Manfred Weber, se refirió al efecto llamada en un mensaje idéntico a los que suele ofrecer el PP. 

Periodistas de The New York Times informaron de que habían hablado con varios de los jóvenes que pasaron a Ceuta. Les contaron que policías marroquíes les habían animado a pasar al otro lado. Quizá cumplían órdenes de arriba o se habían visto desbordados y no querían meterse en problemas. Las cámaras de TVE en la frontera mostraron a media mañana del viernes que la policía marroquí estaba impidiendo que grupos numerosos de personas pasaran al otro lado. Fue cuando se movilizaron los efectivos policiales a ambos lados de la frontera y el flujo se redujo a casi cero.

El Gobierno español ha superado esta crisis con gran rapidez, pero hay un hecho que no se puede obviar. La estrategia adoptada por Sánchez desde 2021 con Marruecos ha fracasado. Ese año, se produjeron incidentes similares en Ceuta, aunque con una cifra de personas implicadas mucho menor. A partir de ese momento, el Gobierno adoptó una posición favorable a las reivindicaciones marroquíes sobre el Sahara con el rechazo de sus socios de izquierda. El PSOE se quedó solo en el Congreso cuando Albares defendió que la autonomía dentro de Marruecos era la opción “más seria, creíble y realista” de resolver el conflicto. 

En la crisis actual, el Gobierno ha hecho lo posible para no perjudicar más las relaciones con Rabat. Eso suena razonable, pero hay límites que no se pueden sobrepasar. Marlaska dijo el sábado que Marruecos es “un socio absolutamente fiable”, lo que está tan lejos de la realidad que resta credibilidad a todo lo que tenga que decir el ministro. Sánchez no quiso hacer ningún comentario crítico sobre ese Gobierno y se limitó a culpar a “las mafias”, que ya sabemos que sirven como argumento para salir del paso, sea o no cierto.

Las relaciones de España con Marruecos y Argelia son un juego complicado de suma cero. El apoyo a las tesis de Rabat hizo que Argelia pusiera fin a su colaboración con España. Ahora hay motivos para sospechar, aunque se niegue oficialmente, que el viaje de Sánchez a Argel y los acuerdos alcanzados han provocado la respuesta marroquí que hemos visto en Ceuta. 

Sánchez obtuvo cinco años de apoyo marroquí en la gestión de la frontera, pero nada a cuenta del Sahara. Hace cinco años, escribí que Marruecos no es un país amigo de España, contra lo que se ven obligados a afirmar los gobiernos tanto del PSOE como del PP, sino un vecino incómodo y a veces hostil que siempre va a estar ahí. La geografía es un factor inalterable en las relaciones internacionales y crea sus propias realidades. 

De la misma forma que EEUU no puede ignorar desde hace un siglo que tiene a México al sur, a España le ocurre lo mismo con el vecino marroquí. Con una diferencia. La situación de Ceuta y Melilla condiciona por completo la respuesta española a cualquier acontecimiento que se produzca en Marruecos. Ahora hay mucha gente en la derecha y en la izquierda que sostiene que hay que ponerse duros con la monarquía alauita. La realidad, guste o no, es que la obligación de cualquier Gobierno español debe ser defender la integridad territorial del país y los derechos de ceutíes y melillenses. Entrar en un guerra política con Rabat no ayuda nada en el cumplimiento de esos objetivos.

La Virgen de los Áticos busca piso

Ceuta ha sacado de los titulares, no de todos, la última hazaña inmobiliaria de Isabel Díaz Ayuso. Por resumir, su Gobierno compró en secreto hace tres meses un ático de lujo supuestamente para que sirviera de lugar de trabajo durante unas obras en la sede de la Presidencia de Madrid de las que no se ha licitado nada. Fernando Peinado, de El País, lo contó hace unos días. Ayuso respondió haciéndose la víctima una vez más. Todo era una campaña contra ella. Los medios de la derecha no le dieron mucha importancia al principio, pero muy pronto algunos de sus periodistas afirmaron en Twitter que las explicaciones eran inexistentes y que la versión oficial tenía demasiados agujeros. Hasta el ABC le dedicó un editorial muy crítico.

El PP intentó inicialmente no mancharse mucho en una historia que olía mal. Pero Miguel Tellado dio su visto bueno cuando le preguntaron: “Tiene todo el sentido que se habilite ese lugar”. En realidad, era al revés. No tenía sentido, porque el ático, que podría alcanzar un precio en el mercado cercano a los seis millones, está en un edificio residencial que no puede utilizarse como oficina. Tampoco como lugar de trabajo a menos que alguien viva allí. 

Algunas de las explicaciones oficiales son hasta cómicas. Decían que se iba a utilizar solo temporalmente para reuniones. Como si no hubiera salas de reuniones en los edificios oficiales de la Comunidad. Luego que se usaría para que Ayuso recibiera a presidentes o jefes de Gobierno que visitan Madrid. Lo mismo, como si las consejerías no tuvieran salas o despachos para realizar esa función.

La presión aumentó y Ayuso optó por una salida a la desesperada. Anunció que el piso se venderá junto a otros edificios de propiedad pública y que el dinero conseguido se utilizará en las zonas castigadas por los incendios recientes. Eso también puede ser ilegal. El piso lo ha comprado una empresa pública llamada Planifica Madrid (por cierto, su presidente es Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno) y sus recursos no se pueden enviar a partidas de gasto corriente o extraordinario de las consejerías. 

Parece que la última ola de calor ha reblandecido el cerebro de Miguel Ángel Rodríguez, experto en soluciones de última hora para acallar polémicas o crear otras. Otra idea fue subir a Ayuso a un helicóptero para que examinara los daños de los incendios. Que se la viera muy preocupada cuando todos estaban pensando que lo que le importaba era conseguir un piso y que lo pagaran los contribuyentes. 

De repente, la sorpresa. Se encuentra en un portal inmobiliario la prueba con fotos de que Ayuso y su novio, el comisionista González Amador, han puesto a la venta por 1,7 millones el piso en el que viven, ese que se compró después de hacer una declaración de la renta un poco incompleta. No se vayan que aún hay más. También sale a la venta por 1,6 millones el ático en la planta superior que Amador compró a un amigo. 

Sé que muchos creen que esto es un caso de fuego amigo promovido por alguien en el PP. Como las cremas de Cifuentes. No hay prisa en apuntarse a conspiraciones cuando no hay pruebas. Lo que es indudable es que esta vez le han pillado a Ayuso. Ahora la gracia está en pensar dónde pretende vivir ahora. Lo del ático pagado por todos ha salido mal. Rodríguez se está pensando ahora en si pueden ganar votos enviándola a vivir a la catedral de la Almudena. Seguro que encuentran alguna cripta en buen estado en la que no entre la luz del sol.

Giorgia Meloni ha descubierto que le ha salido un adversario peligroso a su derecha. El general retirado Roberto Vannacci no para de crecer en los sondeos con su nuevo partido, Futuro Nazionale, que solo tiene cinco meses de existencia. Su mensaje xenófobo contra la inmigración y sus elogios a Rusia se resumen en sus críticas a Meloni por no haber cumplido las promesas con las que llegó al poder. La última encuesta de YouTrend le concede un 7,6%, por encima de la Liga de Salvini, y casi a la altura de Forza Italia. Hermanos de Italia, el partido de Meloni, aguanta con un 26%, unos cuatro puntos por debajo de lo que tenía hace un año.

La reacción rápida de Meloni contra Sánchez por la crisis de Ceuta, incluida la amenaza de expulsar a España del espacio Schengen que no es viable legalmente, puede entenderse fácilmente por el ascenso de Vannacci, cuyas ideas suenan muy atractivas para las bases de Hermanos de Italia. El exgeneral y antiguo agregado militar en la embajada en Moscú reclama la deportación masiva de los extranjeros ayudándose en el hecho de que Meloni ha fracasado en su intento de aumentarlas, una situación similar a la de otros gobiernos europeos.

El ataque a España fue confirmado por su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, cuyo partido, Forza Italia, también se ve amenazado por Vannacci, aunque en menor medida que los otros dos integrantes del Gobierno de coalición. El sistema electoral italiano obliga a formar coaliciones preelectorales. La oposición podría superar a la coalición dirigida por Meloni si Futuro Nazionale no forma parte del bloque de la derecha, un asunto que está aún por definir.

No es únicamente la extrema derecha europea la que se ha movilizado contra España. Tajani está obligado a apoyar a su primera ministra, aunque los argumentos utilizados revelan su intención: “Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto, europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos”.

Lo que dice el ministro de Exteriores es falso. La regularización de inmigrantes sin papeles no concede la nacionalidad española a nadie.

La regularización sí está en el origen de la ofensiva. Los gobiernos europeos que pretenden montar centros de deportación de extranjeros en países africanos –o en Albania, como es el caso de Italia– se oponen ferozmente a la medida adoptada por Sánchez. El mensaje que quieren trasladar a la opinión pública de sus países es que están dispuestos a deshacerse de los inmigrantes, no a concederles papeles que legalicen su estancia. También aspiran a que la construcción y mantenimiento de esos centros sea financiada a cargo del presupuesto comunitario.

La diplomacia de urgencia se hace actualmente a golpe de tuit. Uno de Ursula von der Leyen sobre Ceuta sin ningún gesto de apoyo a España confirma que Sánchez no contará con el apoyo de la presidencia de la Comisión Europea, a menos que los comisarios socialdemócratas se decidan a cuestionarla. Bruselas también necesita el apoyo del Gobierno de Marruecos, con lo que Von der Leyen, al igual que Sánchez, no se atreve a plantear exigencias a Rabat. Lo único que dice es que la comisaria del Mediterráneo está “en contacto con su homóloga marroquí”.

Países que reclamaron la solidaridad de la UE por los “ataques híbridos” del Gobierno ruso han decidido ahora unirse al acoso a España. Es el caso del Gobierno finlandés, un Gabinete de coalición de la derecha y la extrema derecha. Su ministra de Interior, Mari Rantanen, ha apoyado la propuesta de Meloni de amenazar a España con la expulsión del espacio europeo de libre circulación. “España ha fracasado completamente en proteger la frontera exterior del área Schengen de la inmigración ilegal. Esto no puede continuar así”, dijo Rantanen, dirigente del segundo partido del país. En el pasado, ha defendido la teoría ultraderechista del Gran Reemplazo.

El ataque de Rantanen era tan crudo que su primer ministro, el conservador Petteri Orpo, tuvo que matizarlo: “Sánchez afirmó en 2025 que la frontera de Finlandia es la frontera de España. Lo mismo aplica a la inversa. España no está sola”. También es verdad que luego dijo que Von der Leyen ha ofrecido ayuda de la UE a España, lo que es más discutible.

La derecha europea utilizará la crisis de Ceuta para aislar al Gobierno español. El Partido Popular Europeo lo ve como una oportunidad de debilitar a Sánchez o de acabar con él siguiendo las instrucciones del partido de Feijóo. Para eso siempre está disponible Manfred Weber, presidente del PPE: “Las imágenes devastadoras son consecuencia directa del efecto llamada por la regularización masiva multiplicado por la instrumentalización de la migración ilegal”. Lo segundo quizá sea una referencia indirecta a Marruecos, pero lo primero es una copia del mensaje tradicional del PP español.

Como es habitual en las relaciones internacionales, crisis anteriores sirven para alimentar las críticas en el presente. No es una casualidad que JD Vance se haya unido a los ataques a España. El vicepresidente de EEUU ha dicho que lo ocurrido en Ceuta ha sido originado por “las consecuencias de una migración masiva y las políticas globalistas radicales de extrema izquierda que han permitido la invasión de Occidente”. Vance anunció en una conferencia en Múnich en febrero de 2025 que la civilización europea estaba a punto de perecer por no poner fin a la inmigración. Entonces, la derecha europea desdeñó su pronóstico apocalíptico. Ahora no está tan lejos de él.

Cuando has decidido que los inmigrantes son el enemigo de España, la edad no es relevante. Necesitas que la gente vuelque también su odio contra los menores de edad. No son adultos, pero con el tiempo lo serán. No se hacen excepciones. El resentimiento es la primera etapa de un proceso que acaba siempre en el odio. A niños y adolescentes, se les ataca también porque son más débiles y vulnerables. Así sufrirán más y aprenderán cuál es su sitio en la sociedad.

El Gobierno de Aragón se ha dado prisa en plasmar esa discriminación que está en la base de los acuerdos del PP y Vox en las comunidades autónomas. La llamada “prioridad nacional” es el marco en que se van a mover las medidas que aprobarán en los próximos meses. Negar derechos a los extranjeros es otra forma de favorecer a los españoles de origen. Suena xenófobo, pero eso ya no es un problema para el PP. Por eso, los menores tutelados extranjeros se han quedado sin los 18 euros semanales que recibían en Aragón. Los menores que hayan nacido en España seguirán recibiéndolos.

La ayuda es calderilla. Su única función es dar algo de dinero a los menores para que no acaben mendigando en la calle. Una persona sin un euro en el bolsillo no tarda mucho en creer que no vale nada y que tendrá que hacer algo al respecto.

El objetivo final es humillar a esos niños para dejarles claro que no tienen ningún futuro en esta sociedad. Les vendría mejor buscar una forma de volver a su país. Evidentemente, demuestra que se ignoran por completo las razones por las que esas personas decidieron venir a España. Tomar represalias contra ellos no hará que elijan un futuro al que renunciaron hace tiempo.

En Aragón, hay 1.700 menores bajo tutela, de los que solo el 12% son extranjeros, es decir, 219, según contaron fuentes del Gobierno al Heraldo. El coste anual de estas pequeñas ayudas a cada menor de fuera está en torno a 186.000 euros.

La medida fue adoptada por el consejero de Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, de Vox. La defendió con el argumento de que responde al compromiso recogido en el pacto de gobierno entre PP y Vox de “no destinar recursos públicos a la inmigración ilegal”. Cualquier decisión sobre menores debería ser adoptada por los expertos en su tratamiento que trabajan en los centros de acogida. Pero aquí no hay ningún interés en preocuparse por el bienestar de esos jóvenes. Son culpables o sospechosos por haber nacido fuera de España. Es posible que sean de una raza diferente. Con más motivo, serán discriminados.

Aragón se convierte así en un ejemplo para la extrema derecha. Las direcciones de Vox en las otras comunidades autónomas con pactos con el PP no querrán quedarse atrás y cumplirán con las órdenes que les lleguen de Madrid.

La reacción del Partido Popular y de su presidente, Jorge Azcón, ha sido la de mirar a otro lado. La portavoz del Gobierno afirma que forma parte de las competencias de la Consejería de Nolasco y que solo intervendrían si fuera contraria a la ley. De momento, el Ministerio de Juventud ha denunciado el caso ante la Fiscalía por un delito de discriminación. En relación a las víctimas del veto, el Gobierno aragonés ha abandonado su obligación de proteger a esos menores.

Es difícil que Alberto Núñez Feijóo se muestre en público en contra de esta medida. A fin de cuentas, ha dicho en una entrevista reciente que “la inmigración es un problema” en España y en toda Europa. Insiste en sostener que “lo irregular no puede producir derechos”, lo que es una forma de rechazar todas las regularizaciones, incluida la adoptada por Aznar durante su Gobierno. Insiste en que la inmigración “tiene que ser con los mismos derechos y las mismas obligaciones que los nacionales de un país”. No parece que con esa idea se pueda justificar que los menores tutelados en Aragón tengan un tratamiento distinto en función de su lugar de nacimiento.

En realidad, cualquier análisis específico sobre las palabras de Feijóo es una forma de perder el tiempo. La prioridad del Partido Popular es no dejarse sobrepasar por la derecha por el partido de Santiago Abascal. De ahí la radicalización de sus críticas a la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez. Una vez formados los Gobiernos de coalición del PP y Vox en varias regiones, no hay forma de encontrar diferencias de fondo entre los dos partidos.

Ni siquiera los discursos de León XIV a su paso por España cambiaron esa estrategia. Feijóo dijo que estaba de acuerdo con todo lo que había dicho el Papa. Cuando este se fue, el partido ya no tenía ningún interés en fingir.

La paradoja es que cuanto más el PP cree necesitar acercarse a posiciones de Vox, menos le funciona en los sondeos. O quizá no sea una paradoja, sino una consecuencia inevitable. La última encuesta de El Mundo, que suele ofrecer previsiones favorables para el PP, lo sitúa unas décimas por debajo de su resultado de las elecciones de 2023. Toda la furiosa ofensiva contra el Gobierno por la corrupción, la inmigración y otros asuntos no le ha servido de nada a Feijóo.

Luego está la xenofobia de baja intensidad, como la de Alberto Nadal. El vicesecretario de Economía del PP comentó de esta manera la noticia del nuevo descenso del paro hasta el 9,8%, por primera vez desde 2008 por debajo del 10%: “Miradas las cifras con detenimiento, de los 510.000 empleos creados en el último año, 122.000 son españoles y 388.000 extranjeros o doble nacionalidad”.

Es curiosa la distinción porque los que tienen doble nacionalidad son españoles y, por tanto, deberían estar incluidos en el primer apartado. Se trata de intentar que la gente crea que los principales beneficiados por el crecimiento económico son los inmigrantes, no los españoles pata negra que son los que le interesan a Nadal. Es una forma torticera de analizar los datos de empleo. La economía crece entre otras muchas razones porque se ocupan puestos de trabajo que no existirían sin los extranjeros dispuestos a aceptarlos. Reconocer ese hecho supondría admitir que la inmigración puede traer beneficios económicos, y eso es un lujo que el PP cree que no se puede permitir.

Nadal no está de acuerdo. Afirma que “la economía española está creciendo extensivamente por inmigración y gasto público”. Las cifras de la EPA no dicen eso. Marcan un crecimiento del empleo privado en 501.600 personas. El empleo público disminuyó en 15.600. La derecha siempre insiste en el impacto del empleo público y luego resulta que de los 22,7 millones de afiliados a la Seguridad Social, 19,1 millones trabajan en empresas privadas. Es lo que tiene que la inmigración te ponga nervioso. Terminas confundiendo las cifras más básicas.

En el día en que se pudo comprobar que los incendios que castigaban a la Comunidad de Madrid alcanzaban niveles imposibles de contener, Isabel Díaz Ayuso decidió retirarse de la gestión de la emergencia. A ella no la iban a pillar como a Mazón. Entregó la dirección de la respuesta a la Administración central, la misma a la que ha acusado tantas veces de estar inmersa en una guerra contra Madrid. ¿Atracción por el suicidio o ganas de poner tierra de por medio?

Fue una jugada hábil, sobre todo porque se combinó con una táctica de intención opuesta. La presidenta de Madrid multiplicó su presencia en las zonas afectadas. Ella ya no estaba para tomar decisiones, pero sí para hacerse fotos. Abrazos a damnificados y trabajadores (que su Gobierno difunde con rapidez). Visitas al puesto de mando. Emocionada ante el impacto de la catástrofe. Declaraciones menos crispadas de lo habitual contra sus enemigos. Pocas semanas después de que su gente del PP madrileño se burlara de las olas de calor y el cambio climático, tocaba poner cara compungida. Y una tarjeta con la palabra “presidenta” en el chaleco que se veía claramente en los informativos de televisión. En el aspecto más sorprendente, un 'look' de Lara Croft de la sierra madrileña con pantalones cortos que solo cambió cuando decidió unirse a la visita de los reyes. No puedes salir con esa indumentaria si tienes al lado a Letizia.

No siempre las autoridades de cualquier ámbito han dedicado los recursos necesarios ante acontecimientos como los incendios. Lo que sí es seguro es que acudirán raudos a visitar los lugares que están sufriendo los efectos del fuego y aprovecharán la presencia de periodistas para hacer declaraciones que se extenderán por los medios de comunicación. Hay una obligación obvia de informar a la gente y luego está la necesidad personal de los políticos de que se les vea preocupados. Sobre todo, de que se les vea.

Siempre es una incógnita saber para qué sirven estas visitas. Resulta fácil entenderlas cuando las hace alguien que tiene una responsabilidad directa en la respuesta a la crisis. Por ejemplo, el ministro de Interior en el caso de los fuegos de Madrid. Su jefe puede ir a donde quiera, que para eso es el presidente y no desperdicia estas oportunidades. Este lunes, Pedro Sánchez optó por estar en Vall d’Uixó, Castellón. El fin de semana, se había desplazado a Ávila y Madrid. Alberto Núñez Feijóo también quiso tener su visita el domingo y Diana Morant, candidata socialista a la presidencia valenciana, formó parte de la comitiva que seguía a Sánchez.

El PP cree que no es el momento de hablar de responsabilidades políticas o achacar a los gobiernos implicados que no se haya invertido lo suficiente en prevención de incendios. Suele ocurrir cuando una crisis o catástrofe ocurre bajo un Gobierno autonómico de ese partido. Si afecta a la gestión realizada por el Gobierno central, no existe tal pausa y es lícito ir directamente a por la yugular del ministro responsable, como sucedió tras el accidente ferroviario de Adamuz. Ahora es diferente: “No es momento de polémicas”, dijo Ayuso. Y el que diga lo contrario es un “mamarracho”.

Ayuso alega que su Gobierno es el que más invierte en prevención “por hectárea” de toda Europa, un cálculo muy osado. Es poco probable que ella sepa cuánto se invierte por región en toda la UE. Pero además no encontrarás ningún ranking que afirme eso. Varias comunidades autónomas cuentan con cifras muy superiores a las de Madrid, incluso si tienes en cuenta su extensión. Hay regiones que están peor. Es difícil saber por qué Castilla y León y Andalucía han reducido tanto esos fondos en la última década. En el caso andaluz, desde la llegada de Juanma Moreno al poder.

La oposición en Madrid no se ha cortado nada y, como viene siendo habitual, Óscar Puente y Óscar López se han lanzado con gusto. “Ayuso es puro odio, veneno para la convivencia”, ha dicho López, que se enfrentará a Ayuso en las elecciones. “Limpiar el campo, prepararlo para resistir mejor el fuego, es una competencia autonómica, y no la ejercen y todo ello mientras reducen impuestos a las fortunas más grandes”, denunció Puente en un vídeo.

La política madrileña ostenta un nivel de crispación política muy superior al del resto de España. Eso se aceleró con la forma en que Ayuso afrontó la pandemia y cómo se benefició políticamente. Aplicar la máxima tensión en sus relaciones con el Gobierno de Sánchez le permitió llegar a la mayoría absoluta.

La relación de la presidenta madrileña con los hechos suele ofrecer ejemplos singulares. “España tiene un problema de limpieza de montes”, ha dicho Ayuso estos días en una de sus numerosas comparecencias. Se podría decir que España tiene un problema con las autoridades autonómicas que no se ocupan de las responsabilidades que les asigna la ley de montes para ese cometido. Los propietarios de terrenos forestales están obligados a realizar esa limpieza y la gestión de esa norma compete a las autoridades locales y autonómicas.

No se puede decir que la ley esté inspirada por el intervencionismo típico de la izquierda. Fue aprobada en 2003 con un Gobierno del PP que contaba con mayoría absoluta y redactó esa ley sin ningún obstáculo. Tuvo algunos cambios en 2015 con otro Gobierno del PP que tampoco estaba obligado a pactarla con nadie.

Si eso fuera cierto –ella dice que “toda la gente del campo” les dice en Madrid que tienen “dificultades para limpiar los montes, dificultades para trabajar en sus propios terrenos”–, hay que preguntarse por qué la ley de 2003 no se aplica en la región que el PP ha gobernado desde hace décadas. No será por culpa de los ecologistas a los que ni Ayuso ni los ayuntamientos del PP consultan sobre sus decisiones.

La prioridad parece ser no caer en la trampa que piensan que les ha tendido Sánchez con la promesa de un “pacto de Estado” sobre cambio climático. El PP no está por la labor de firmar ningún acuerdo con el PSOE. Es más fácil descartarlo si se comenta que culpar al cambio climático de los fuegos es una solución “de brocha gorda”, como dijo Ayuso, o un ejemplo de “soluciones ideológicas”. Aparentemente, negar la incidencia del cambio climático no tiene nada que ver con su ideología.

La última táctica de Ayuso para negar entidad a la influencia del cambio climático ha consistido en afirmar que la mayoría de los últimos incendios han sido provocados. Más allá del hecho de que no se ha completado ninguna investigación, hay un hecho más importante que se obvia de forma interesada. Los incendios, con independencia de su origen, son ahora más destructores y extensos, y por tanto más difíciles de acometer, a causa de varios factores relacionados con el cambio climático. El aumento de las temperaturas medias, también en las cotas más altas, contribuyen a su extensión y a hacer que sean imparables, a lo que hay que sumar el descenso de la humedad en el terreno y vientos más fuertes de lo habitual.

Para salir en ayuda de Ayuso, Ester Muñoz salió a dar una entrevista en la que relativizó lo que los científicos afirman sobre el cambio climático: “Que el clima cambia es algo que ha ocurrido durante la historia de la humanidad y de la Tierra, eso es de perogrullo”. Por tanto, tampoco hay que ponerse nervioso.

El batallón mediático tiene las manos libres para ir más lejos. El premio periodístico de estos días solo puede ser para Salvador Sostres en ABC. Al igual que los pirómanos, siente una atracción especial por el fuego: “Mucho antes de los socialistas y mucho después de ella, la naturaleza ardía y continuará ardiendo, y algunos hombres con ella, y no será ni climático ni mucho menos cambio, porque siempre ha pasado lo mismo. Y nos ha sido (sic) muy bien”.

Si alguna familia se queja de que se ha quedado sin casa, siempre se le puede recordar que “la muerte forma parte de la vida”, como afirma Sostres. Bendito fuego que purifica nuestra alma, incluso si se lleva a algunos por delante. Mala suerte.

Una agenda climática que se convierte en “una gran estafa”. Una “ola internacional” que impone unas costumbres que “están favoreciendo también pobreza a manos llenas”. “Desde que la Tierra existe ha habido cambio climático, ha habido ciclos”. Son palabras de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid en 2022 y forman parte de su discurso habitual sobre el cambio climático (para negarlo o relativizarlo). Como hizo en esa ocasión, le gusta responder a las críticas de los que la acusan de no tomarse en serio el problema con el argumento de que lo que ellos están buscando es “el comunismo”. 

Ahora le toca llorar y llamar a la UME. Ponerse un chaleco de emergencias –que no falte un responsable político disfrazándose para la ocasión– al que además le pone una tarjeta que dice “presidenta”, no sea que la gente se equivoque y piense que es una turista. Los incendios que castigan estos días a las comunidades de Madrid, Castilla y León y Castilla La Mancha forman parte de esta nueva normalidad que nos acompañará todos los veranos. No necesariamente habrá más incendios cada año, pero cada uno de ellos será más destructor y abarcará más superficie. Algunos se producirán en cotas tan altas que acceder a ellos será extraordinariamente difícil.

El Gobierno de Ayuso pidió al Gobierno central que asumiera el control directo de la emergencia. Su presidenta decidió que no quería aceptar la responsabilidad. Eso no quiere decir que con ese nivel 3 de respuesta se destinen más medios, sino que su gestión depende directamente de la Administración central. A partir de ahí, la colaboración entre gobiernos diferentes, incluidos los ayuntamientos, es fundamental. Excepto la guerra que montó el PP desde el día siguiente de la dana de Valencia, esa coordinación suele producirse sin problemas y así está ocurriendo ahora.

“El área quemada va a seguir aumentando en los próximos años si no se toman medidas, porque la intensidad de los incendios está aumentando. Las zonas en las que previsiblemente veremos mayores aumentos en el área quemada son montañosas, de gran altitud, que tradicionalmente no se quemaban porque estaban muy húmedas”, explica Víctor Resco de Dios, profesor de Ingeniería Forestal. 

Cuando el fuego, como está ocurriendo ahora, amenaza a zonas habitadas, los servicios de extinción deben darle prioridad. Es más importante salvar vidas que árboles. Pero eso hace que se tarde más en atacar la cabeza del incendio, que se extiende imparable. En el momento en que las llamas cubren miles de hectáreas, ya llegamos tarde. Debemos cambiar la mentalidad de las autoridades y obligarles a que se gaste dinero todo el año en prevención de incendios para que nadie se vea arrollado por el fuego en los meses de verano. 

Lo que ocurre es que se regatea el dinero en ese apartado para gastarlo en otras cosas. Los bomberos forestales de Madrid llevan mucho tiempo en huelga reclamando mejores salarios. Las condiciones económicas en que trabajan son insuficientes. Algunos cobran solo 1.300 euros al mes. “Nos jugamos la vida, trabajamos con un alto riesgo en condiciones de penosidad y toxicidad, y lo que nos pagan apenas supera el salario mínimo. Solo hemos desbrozado y quemado la mitad de la superficie que se debería”, dice uno de ellos. 

Para ahorrar dinero, no les contratan todo el año, sino solo para la campaña de verano, de mayo a octubre. Es un ahorro miserable. Los daños económicos que sufren las zonas aquejadas por los fuegos superan con mucho esas cantidades. Algunas comunidades, como la de Madrid, no reconocen los derechos que aparecen en la ley 5/2024 sobre bomberos forestales.

Son las CCAA las que tienen la gestión exclusiva en estas emergencias. Si se produce una catástrofe, ya hay tiempo de pedir que intervenga la UME o de recibir la solidaridad de otras comunidades o de países europeos. Es lógico que aparezca la UME. No se va a dedicar a participar en labores de extinción en Hungría o Bulgaria. Está para intervenir en cualquier punto del territorio español que lo requiera. Para eso se puso en marcha (con el rechazo del PP, que lo llamó “capricho faraónico” de Zapatero). Pero las CCAA tienen la obligación de intervenir antes de que empiece a arder el monte.

Esa labor de prevención no puede hacer milagros. No puedes convertir los montes en un parque ajardinado. Sin embargo, después de dos meses de lluvias intensas este año, se sabía que el exceso de vegetación era un factor de riesgo de cara a los incendios del verano. Estaban avisados y no hicieron lo suficiente. Con suerte, le tocará a otro, pensarían algunos.

Un editorial de ABC sostiene que se está utilizando el cambio climático como “chivo expiatorio” de los incendios –que se supone que es algo que hace la izquierda–, porque la clave es una “gestión forestal constante y tradicional”. En ningún momento del artículo, se recuerda que la responsabilidad de la gestión forestal corresponde a los gobiernos autonómicos, que en el caso de los incendios más graves de estos días se referiría a los gobiernos del PP en Madrid y Castilla y León. Así se puede culpar a la izquierda, el Gobierno central, los ecologistas y hasta los “urbanitas”, pero no a los responsables directos.

Frente a lo que dice la extrema derecha, la Ley de Montes de 2003, reformada en 2015, no prohíbe limpiar los montes. En realidad, es lo contrario. Impone a los propietarios de los terrenos forestales la obligación de hacerlo. Cada comunidad autónoma establece la forma en que debe realizarse a través de autorizaciones que se solicitan a la Administración, y si la burocracia es un obstáculo, deberían responder esos gobiernos. No hay ninguna ley ni Agenda 2030 que obligue a dejar la naturaleza en estado salvaje. Tanto la ley de 2003 como su reforma posterior fueron aprobadas con gobiernos del PP que contaban con mayoría absoluta.

No puedes planificar las temperaturas ni el viento. Es difícil impedir que haya personas negligentes que trabajen con maquinaria pesada en zonas agrícolas de alto riesgo o sencillamente prohibidas. Para impedirlo, las administraciones locales y autonómicas deben actuar en todas las tareas de prevención que están dentro de sus competencias. 

La Comunidad de Madrid ha gastado este año 52,7 millones en prevención y extinción de incendios, según sus propios datos sobre sus presupuestos anuales de 30.000 millones. Es un 3,5% más que el año anterior. Para este año, el presupuesto para asuntos taurinos subió un 60% (hasta siete millones). Pero no se soluciona simplemente con gastar menos en toros y más en incendios, sino en elevar los fondos para responder a una nueva amenaza climática que tiene una traducción directa en los incendios forestales.

No hace mucho tiempo, los dirigentes del PP madrileño se burlaban de los que se quejaban de la última ola de calor a causa de la falta de aire acondicionado en las escuelas. “Ahora se llama emergencia climática a que en julio haga calor en Madrid”, dijo uno de ellos creyendo que hacía un chiste. Afirman que la lucha contra el cambio climático es una gran estafa, lo que suena muy parecido a lo que dicen sus socios de Vox que denuncian el “fanatismo climático”. Están ciegos y son unos ignorantes, y todos pagamos las consecuencias.

Los socialistas necesitaban desesperadamente que José Luis Rodríguez Zapatero respondiera en público a las graves acusaciones por las que se le investiga en la Audiencia Nacional. Su abogado prefería que se mantuviera callado y reservara sus explicaciones para el juez José Luis Calama. Los penalistas se ponen nerviosos si su cliente empieza a hacer declaraciones sobre asuntos de los que no ha aportado información concreta al juzgado. Son prioridades diferentes que no es fácil conciliar en el caso de los políticos. Porque siempre se espera que una entrevista provoque titulares que aporten novedades sobre un caso de estas características.

No fue eso lo que ocurrió en la entrevista que Zapatero concedió al programa 'Mañaneros 360' de TVE. El expresidente repitió durante 40 minutos todo lo que había dicho en su declaración ante el juez y en su comparecencia anterior en el Senado. Lo hizo con energía y a veces algo enfadado, pero no cerró ninguna de las puertas abiertas por la investigación, incluida la última declaración de su socio y amigo Julio Martínez, que no le dejó en muy buen lugar. Si su reputación ha quedado malparada incluso entre sus antiguos votantes, la situación continúa siendo exactamente igual. Seguro que su abogado pensará que se la podía haber ahorrado.

Eso fue aún más flagrante con el asunto de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho y valoradas en más de un millón de euros. Zapatero no concretó casi nada, porque dijo que prefería reservar esa información para entregársela al juez, que todavía la está esperando desde hace más de un mes. Las calificó de “regalo de cortesía, personal, de hace muchos años”. Ante la insistencia del presentador, Javier Ruiz, ni siquiera precisó de qué país procedía el regalo.

La explicación comenzó a desmoronarse cuando comentó que no tenían “uso ni destino”. Será que quería decir que esas joyas no se las puso nunca nadie. Tampoco tenían “afán patrimonial”, una expresión que carece de sentido en este contexto. Si eso es así, ¿por qué no las entregó a Patrimonio del Estado si las recibió cuando era presidente?

Ruiz le recordó el código ético aprobado por su Gobierno para los regalos institucionales. “Eso será interpretable como todo”, dijo en lo que no es la mejor respuesta de su carrera política. Luego pasó a dar una explicación confusa de la que hay que deducir que aceptaba que quizá no había cumplido ese código.

Sobre el rescate de Plus Ultra, volvió a negar haber intervenido en favor de su concesión o como intermediario entre la empresa y el Gobierno. “No es que no influyera, es que no hablé con nadie”. Ni con la SEPI ni con nadie del Gobierno. Eso es lo único que implica potencialmente al Gabinete de Pedro Sánchez. Afirmó que no tuvo información privilegiada de la concesión del crédito ni avisó a Martínez de la noticia.

Eso se contradice con el testimonio del socio, que comunicó al juez que fue Zapatero quien le dio la noticia varios días antes de que se hiciera pública. Todavía más con el del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que dijo que el expresidente les reclamó una comisión de 530.000 euros por sus gestiones.

Debió de ser un shock para Zapatero saber que había aparecido un Aldama en su caso y que encima era su amigo, pero hizo todo lo posible para no darle importancia, lo que no quiere decir que resultara creíble. Posiblemente, su abogado le había aconsejado que no entrara en televisión en una guerra con su socio. No le convenía nada. “No entro en otras estrategias de defensa”, dijo. “No entra en mi código de conducta renegar de las amistades”. Sonó entrañable, pero la declaración de Martínez le coloca a los pies de los caballos judiciales.

Zapatero no tiene que demostrar que es inocente, aunque sí debería aportar documentación que respalde su versión de los hechos. Si recibió mucho dinero de los directivos de Plus Ultra, le interesa estar en condiciones de responder a cambio de qué. No se paga medio millón de euros a cambio de informes verbales “maquetados” por sus hijas.

Se indignó cuando le preguntaron si sus hijas hicieron el papel de “testaferros”: “Me parece una pregunta increíble”. A ellas también les corresponde explicar por qué recibieron centenares de miles de euros por un trabajo que no parece tener un valor tan extraordinario.

“Quien insinúa, tiene que probarlo”, dijo. Su problema es que no se enfrenta a insinuaciones, sino a acusaciones directas hechas por aquellos que le pagaban.

Hay errores periodísticos que se ajustan a un patrón de características muy determinadas. El columnista Arcadi Espada dejó un artículo preparado para que se publicara en El Mundo después del Mundial de fútbol. La premisa aparente era la derrota de España en alguna eliminatoria previa a la final: “La eliminación deja lecciones urgentes de cara a 2030, cuando España organizará el Mundial junto a Portugal y Marruecos”.

Por razones desconocidas, nadie se dio cuenta del error mientras todo el país estaba botando de alegría por el triunfo en la final ante Argentina. Pobres incautos. ¿Cómo podían estar eufóricos? Sería porque no habían leído el artículo que intentaba explicar “la magnitud de la decepción española en el Mundial”. Espada había decidido que solo se podía entender el fracaso como una metáfora del hundimiento de España a todos los niveles por ser un país marcado por “la desconfianza ante la excelencia”.

También le molestaba que se presentara a la selección “como símbolo de una España trans: mestiza, igualitaria y risueña”. ¡Con negros! ¡Con hijos de inmigrantes! “El mestizaje sin fusión es yuxtaposición”. Es igualar al país a la baja. Con toda esa gente de fuera, la calidad media del español iba a descender. De todas las tonterías que se dicen a veces al convertir el fútbol en una metáfora de la sociedad, esta es una de las peores, la de pensar que España está llena de mediocridad y que eso se termina reflejando en todos los ámbitos de forma inexorable.

Algunos dicen que la intención de Espada era irónica y que no hubo tal error. El periodista tiene la costumbre de utilizar la ironía para reafirmar sus argumentos, que por lo demás quedan bastante claros en el resto de sus artículos. Además, es difícil apreciar la ironía en una frase como la de la inconveniencia del mestizaje sin fusión. Coincide con otros artículos suyos que muestran su desdén por el bajo nivel de la población española que permite que la gobiernen partidos impresentables.

El miércoles, apareció Alberto Núñez Feijóo para ofrecer en rueda de prensa un balance del fin del curso antes de las vacaciones. Los políticos suelen hacer estos balances para contarnos la misma matraca que nos endosan en el resto del año, pero es difícil ignorarlos. Se supone que los medios debemos darles categoría de gran acontecimiento político. Como era de prever, el líder del PP hizo un resumen catastrofista del estado del país con el añadido de presentarse como el inminente salvador que lo solucionará todo. Feijoomán, el superhéroe que te rescatará de las garras del sanchismo. Muy pronto en sus pantallas.

La legislatura acabará en el verano de 2027, pero es probable que las elecciones se adelanten a marzo. Serán un mero trámite. Feijóo ya se ve como futuro presidente del Gobierno, que viene a ser lo mismo que pensaba en julio de 2023. Se presenta como el cirujano que salvará al enfermo en la mesa de operaciones, una retórica un tanto preocupante, porque siempre la han utilizado los líderes de movimientos autoritarios. No será simplemente un ejemplo de alternancia política normal en una democracia: “No será un relevo. Será una limpieza a fondo”.

Tenéis al país sucio y alguien tiene la obligación de pasar la fregona y llevar a cabo una “reconstrucción nacional”. Es un lenguaje más propio de países latinoamericanos con una penosa situación económica y de seguridad a los que se convence de que el mesianismo y devoción por el líder son un requisito imprescindible para la salvación nacional.

“Soy consciente de que el próximo será el Gobierno con más tareas pendientes desde el primero de Adolfo Suárez tras el franquismo”, dijo Feijóo. Si Abascal ya dijo en 2020 que el Gobierno de Pedro Sánchez era el peor de los últimos ochenta años –eso incluía el franquismo–, ahora Feijóo intenta estar a su misma altura para afirmar que tendrá por delante una tarea tan dura como la que tuvo Suárez después de la muerte de Franco. El líder del PP no entiende que cuanto más copia el lenguaje tétrico de Vox, más alimenta y consolida la bolsa de votos que van hacia ese partido.

En el plano más imaginativo, Feijóo prometió que no se limitará a “una gestión de los escombros heredados”. España continúa siendo la gran economía europea con más alto nivel de crecimiento, el país europeo que mejor ha sabido contener el aumento de los precios de la energía desde la invasión de Ucrania y con una economía que ha incrementado la cifra de afiliados a la Seguridad Social hasta por encima de los 22 millones, una cifra que se consideraba inalcanzable antes de 2020.

El 68% de los españoles dice que su situación económica personal es buena o muy buena, según la encuesta de julio del CIS. Evidentemente, la situación del mercado de la vivienda, el mayor problema según ese sondeo, ayuda a entender por qué la bonanza no llega a todas las economías familiares.

A un partido de la oposición, le resulta complicado aceptar que la situación económica de un país sea buena o mejor que con el Gobierno anterior. Tiene que buscar otras vías para desgastar al Gobierno y vender su mensaje. Lo que pasa con Feijóo es que se empeña en ofrecer un mensaje terrorífico que la realidad no confirma.

El Gobierno de Sánchez también debería calibrar su estrategia y no poner todos los huevos en la cesta que lleva el cartel 'vamos a morir todos si ganan los otros'. Hasta cierto punto, eso funcionó en 2023, aunque dio una correlación de fuerzas en el Congreso que provocó una legislatura imposible. Raramente se ganan elecciones si lo único que planteas es la maldad del enemigo. Tampoco si elevas la temperatura retórica al infinito y más allá, algo de lo que se ha acusado con frecuencia a la derecha, como ha hecho Diana Morant al afirmar que Feijóo está preparando un futuro Gobierno de coalición con Vox que se parece “cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler”. Alguien debería explicar a la ministra en qué consiste la ley de Godwin.

Los ciudadanos se merecen una campaña mejor que una que advierta de la inminente llegada del apocalipsis si no ganan los míos. El Gobierno no tiene muchas posibilidades de éxito si se limita a tirar del PIB y presumir de los logros conseguidos en el pasado reciente. Debe ofrecer promesas concretas al electorado sobre las soluciones a los problemas del país, porque los votantes suelen estar más preocupados por lo que va a pasar que por lo que ya ha ocurrido. Y no vale con lanzar cifras al aire, sino que hay que contar cómo se pueden alcanzar. Decirles que Hitler está a la vuelta de la esquina no es tratarles como adultos, sino como niños a los que se avisa de que tienen que dormirse rápido o saldrá un monstruo del armario para comérselos.

Un amigo convertido en su delator. Zapatero ha comenzado a sufrir las consecuencias de que alguien cercano decida contar a un juez y una fiscal lo que sabe de él. De alguna manera, ya tiene a su propio Aldama. Es lo peor que le puede pasar en estos primeros momentos de la instrucción judicial contra él. No tiene que enfrentarse únicamente a las preguntas y movimientos del juez instructor. También a lo que ha empezado a revelar su amigo, Julio Martínez. ¿O habría que llamarle examigo?

El testimonio de Martínez, por escrito y después este martes en su declaración en la Audiencia Nacional, es muy dañino para sus intereses con independencia de hasta dónde llegue lo que aún no ha contado y de lo que se pueda probar con lo que dice. El juez Calama ya tiene algo a lo que agarrarse para cuestionar la versión que José Luis Rodríguez Zapatero dio ante él hace un mes. Antes, tenía que limitarse a las contradicciones entre ese testimonio y la información que ha recibido de los informes policiales. Ahora, ya tiene una confirmación obtenida de lo que ha afirmado el hombre que pagaba al expresidente.

“Yo no gestionaba Análisis Relevante. Yo trabajaba para Análisis Relevante”, dijo Zapatero ante Calama. Martínez ha declarado algo muy diferente: la empresa se creó para que Zapatero fuera su “principal consultor” y extendiera sus “relaciones internacionales”. “Era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes”. La única justificación de la existencia de la compañía eran Zapatero y los ingresos que pudiera generar en su beneficio. Mal asunto si en tu primera declaración judicial cuentas algo que te desmienten en cuestión de semanas.

En el plano político, se puede decir que Zapatero conserva el apoyo de Pedro Sánchez y del Gobierno. “Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del expresidente Zapatero”, dijo el martes la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Es una frase clara y nada ambigua. Lo malo es que Saiz no quiso extenderse mucho en sus respuestas a las preguntas que recibió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fueron afirmaciones breves y rápidas sin entrar en muchos detalles. Cuando le interesa, por ejemplo para presentar un proyecto de ley, puede extenderse hasta el infinito. No era una buena idea hacerlo en este asunto.

No había razones para explayarse, porque el Gobierno se encuentra en una de las peores situaciones que se pueden dar en política. No tiene toda la información sobre lo que le preguntan. No sabe qué más datos o alegaciones pueden aparecer en las próximas semanas o meses. Ante la duda, mejor no meterse en asuntos que no pintan nada bien. “No voy a comentar ni a calificar ni a valorar las distintas declaraciones, las distintas estrategias de defensa”, dijo Saiz en dos ocasiones.

Lo que sí hizo la ministra fue defender la decisión del Gobierno de aprobar el crédito concedido a Plus Ultra. Tampoco de forma muy extensa. Dijo que el rescate fue “revisado” por un juzgado, “fiscalizado” por el Tribunal de Cuentas y “analizado” por la Comisión Europea.

En un plano más visceral, Rafael Escuredo representó a muchos de los votantes socialistas cuando mostró su desazón por todo lo que se ha sabido. “Me moriré sin entender que compañeros y amigos míos, como Rodríguez Zapatero, se vean involucrados en delitos por la pasta. ¿Eres consciente del daño que nos haces?”, escribió el expresidente de Andalucía. Seguro que también estaba pensando en las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. Más de un mes después de prometer que lo explicaría todo, Zapatero sigue sin contar cómo llegaron a sus manos.

Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” para la obtención del rescate de Plus Ultra, declaró Martínez. Fue él quien le comunicó que la ayuda había sido concedida. Por esas gestiones, la aerolínea se comprometió a pagar el 1% de la financiación obtenida con el crédito público a una sociedad relacionada con Zapatero. Ahí se acaba el rastro, porque Martínez no sabe si Zapatero hizo esas gestiones o con quién habló para hacer posible el rescate. Obviamente, lo que sí se conoce es que la empresa terminó recibiendo el crédito y que se trataba de una cuestión de vida o muerte para la compañía.

En un plano no menos nocivo para Zapatero, aunque aún sin consecuencias penales, Martínez declaró ante Calama que Zapatero le presentó a la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. A partir de ese momento, Rodríguez le dijo con qué personas o autoridades tenía que hablar para hacer negocios en Venezuela, una de las mejores cartas introductorias que podía imaginar. Solo Zapatero le podía haber facilitado un contacto de tan alto nivel en el Gobierno de Caracas. Rodríguez es hoy la presidenta del país después de que Nicolás Maduro fuera secuestrado por fuerzas militares norteamericanas en enero de este año.

Zapatero siempre ha defendido que su implicación en Venezuela era únicamente política, primero como mediador entre Gobierno y oposición y luego con el papel de intervenir para facilitar la liberación de presos políticos. El favor que le hizo a su amigo plantea la posibilidad de que como mínimo permitiera a Julio Martínez ganar dinero en ese país, lo que no es un detalle menor si el empresario también se ocupaba de pagarle a través de diferentes sociedades. Si Martínez obtenía negocios y beneficios gracias al expresidente, estaba en deuda con él.

La decisión de Martínez de empezar a hablar con el juez y la Fiscalía no le coloca aún en un punto muy alto de la escala de Aldama. Se podría decir que está en torno al 30% en esa medición. En su declaración del martes, no contó mucho más de lo que había explicado en un escrito de seis folios presentado antes al juzgado. Se presentó como un “intermediario” entre Zapatero y los clientes. “¿Un correveidile?”, preguntó el juez, no se sabe si con ánimo irónico. Martínez aceptó esa palabra tan informal que en realidad tiene que ver más con chismes que con negocios.

Llegará el momento en que Martínez deba aumentar la calidad de la información suministrada si quiere obtener beneficios similares a los de Aldama, aunque ya se sabe que eso es llegar muy alto. Será quizá cuando la investigación judicial esté mucho más avanzada y le requieran que entre al detalle en asuntos que ahora solo están perfilados. Cualquiera de las alternativas que se puedan dar son muy perjudiciales para Zapatero. El Gobierno ya debe de ser consciente de ello por mucho que no se vaya a salir de la presunción de inocencia, al menos mientras sea posible.