Cuando has decidido que los inmigrantes son el enemigo de España, la edad no es relevante. Necesitas que la gente vuelque también su odio contra los menores de edad. No son adultos, pero con el tiempo lo serán. No se hacen excepciones. El resentimiento es la primera etapa de un proceso que acaba siempre en el odio. A niños y adolescentes, se les ataca también porque son más débiles y vulnerables. Así sufrirán más y aprenderán cuál es su sitio en la sociedad.

El Gobierno de Aragón se ha dado prisa en plasmar esa discriminación que está en la base de los acuerdos del PP y Vox en las comunidades autónomas. La llamada “prioridad nacional” es el marco en que se van a mover las medidas que aprobarán en los próximos meses. Negar derechos a los extranjeros es otra forma de favorecer a los españoles de origen. Suena xenófobo, pero eso ya no es un problema para el PP. Por eso, los menores tutelados extranjeros se han quedado sin los 18 euros semanales que recibían en Aragón. Los menores que hayan nacido en España seguirán recibiéndolos.

La ayuda es calderilla. Su única función es dar algo de dinero a los menores para que no acaben mendigando en la calle. Una persona sin un euro en el bolsillo no tarda mucho en creer que no vale nada y que tendrá que hacer algo al respecto.

El objetivo final es humillar a esos niños para dejarles claro que no tienen ningún futuro en esta sociedad. Les vendría mejor buscar una forma de volver a su país. Evidentemente, demuestra que se ignoran por completo las razones por las que esas personas decidieron venir a España. Tomar represalias contra ellos no hará que elijan un futuro al que renunciaron hace tiempo.

En Aragón, hay 1.700 menores bajo tutela, de los que solo el 12% son extranjeros, es decir, 219, según contaron fuentes del Gobierno al Heraldo. El coste anual de estas pequeñas ayudas a cada menor de fuera está en torno a 186.000 euros.

La medida fue adoptada por el consejero de Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, de Vox. La defendió con el argumento de que responde al compromiso recogido en el pacto de gobierno entre PP y Vox de “no destinar recursos públicos a la inmigración ilegal”. Cualquier decisión sobre menores debería ser adoptada por los expertos en su tratamiento que trabajan en los centros de acogida. Pero aquí no hay ningún interés en preocuparse por el bienestar de esos jóvenes. Son culpables o sospechosos por haber nacido fuera de España. Es posible que sean de una raza diferente. Con más motivo, serán discriminados.

Aragón se convierte así en un ejemplo para la extrema derecha. Las direcciones de Vox en las otras comunidades autónomas con pactos con el PP no querrán quedarse atrás y cumplirán con las órdenes que les lleguen de Madrid.

La reacción del Partido Popular y de su presidente, Jorge Azcón, ha sido la de mirar a otro lado. La portavoz del Gobierno afirma que forma parte de las competencias de la Consejería de Nolasco y que solo intervendrían si fuera contraria a la ley. De momento, el Ministerio de Juventud ha denunciado el caso ante la Fiscalía por un delito de discriminación. En relación a las víctimas del veto, el Gobierno aragonés ha abandonado su obligación de proteger a esos menores.

Es difícil que Alberto Núñez Feijóo se muestre en público en contra de esta medida. A fin de cuentas, ha dicho en una entrevista reciente que “la inmigración es un problema” en España y en toda Europa. Insiste en sostener que “lo irregular no puede producir derechos”, lo que es una forma de rechazar todas las regularizaciones, incluida la adoptada por Aznar durante su Gobierno. Insiste en que la inmigración “tiene que ser con los mismos derechos y las mismas obligaciones que los nacionales de un país”. No parece que con esa idea se pueda justificar que los menores tutelados en Aragón tengan un tratamiento distinto en función de su lugar de nacimiento.

En realidad, cualquier análisis específico sobre las palabras de Feijóo es una forma de perder el tiempo. La prioridad del Partido Popular es no dejarse sobrepasar por la derecha por el partido de Santiago Abascal. De ahí la radicalización de sus críticas a la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez. Una vez formados los Gobiernos de coalición del PP y Vox en varias regiones, no hay forma de encontrar diferencias de fondo entre los dos partidos.

Ni siquiera los discursos de León XIV a su paso por España cambiaron esa estrategia. Feijóo dijo que estaba de acuerdo con todo lo que había dicho el Papa. Cuando este se fue, el partido ya no tenía ningún interés en fingir.

La paradoja es que cuanto más el PP cree necesitar acercarse a posiciones de Vox, menos le funciona en los sondeos. O quizá no sea una paradoja, sino una consecuencia inevitable. La última encuesta de El Mundo, que suele ofrecer previsiones favorables para el PP, lo sitúa unas décimas por debajo de su resultado de las elecciones de 2023. Toda la furiosa ofensiva contra el Gobierno por la corrupción, la inmigración y otros asuntos no le ha servido de nada a Feijóo.

Luego está la xenofobia de baja intensidad, como la de Alberto Nadal. El vicesecretario de Economía del PP comentó de esta manera la noticia del nuevo descenso del paro hasta el 9,8%, por primera vez desde 2008 por debajo del 10%: “Miradas las cifras con detenimiento, de los 510.000 empleos creados en el último año, 122.000 son españoles y 388.000 extranjeros o doble nacionalidad”.

Es curiosa la distinción porque los que tienen doble nacionalidad son españoles y, por tanto, deberían estar incluidos en el primer apartado. Se trata de intentar que la gente crea que los principales beneficiados por el crecimiento económico son los inmigrantes, no los españoles pata negra que son los que le interesan a Nadal. Es una forma torticera de analizar los datos de empleo. La economía crece entre otras muchas razones porque se ocupan puestos de trabajo que no existirían sin los extranjeros dispuestos a aceptarlos. Reconocer ese hecho supondría admitir que la inmigración puede traer beneficios económicos, y eso es un lujo que el PP cree que no se puede permitir.

Nadal no está de acuerdo. Afirma que “la economía española está creciendo extensivamente por inmigración y gasto público”. Las cifras de la EPA no dicen eso. Marcan un crecimiento del empleo privado en 501.600 personas. El empleo público disminuyó en 15.600. La derecha siempre insiste en el impacto del empleo público y luego resulta que de los 22,7 millones de afiliados a la Seguridad Social, 19,1 millones trabajan en empresas privadas. Es lo que tiene que la inmigración te ponga nervioso. Terminas confundiendo las cifras más básicas.

En el día en que se pudo comprobar que los incendios que castigaban a la Comunidad de Madrid alcanzaban niveles imposibles de contener, Isabel Díaz Ayuso decidió retirarse de la gestión de la emergencia. A ella no la iban a pillar como a Mazón. Entregó la dirección de la respuesta a la Administración central, la misma a la que ha acusado tantas veces de estar inmersa en una guerra contra Madrid. ¿Atracción por el suicidio o ganas de poner tierra de por medio?

Fue una jugada hábil, sobre todo porque se combinó con una táctica de intención opuesta. La presidenta de Madrid multiplicó su presencia en las zonas afectadas. Ella ya no estaba para tomar decisiones, pero sí para hacerse fotos. Abrazos a damnificados y trabajadores (que su Gobierno difunde con rapidez). Visitas al puesto de mando. Emocionada ante el impacto de la catástrofe. Declaraciones menos crispadas de lo habitual contra sus enemigos. Pocas semanas después de que su gente del PP madrileño se burlara de las olas de calor y el cambio climático, tocaba poner cara compungida. Y una tarjeta con la palabra “presidenta” en el chaleco que se veía claramente en los informativos de televisión. En el aspecto más sorprendente, un 'look' de Lara Croft de la sierra madrileña con pantalones cortos que solo cambió cuando decidió unirse a la visita de los reyes. No puedes salir con esa indumentaria si tienes al lado a Letizia.

No siempre las autoridades de cualquier ámbito han dedicado los recursos necesarios ante acontecimientos como los incendios. Lo que sí es seguro es que acudirán raudos a visitar los lugares que están sufriendo los efectos del fuego y aprovecharán la presencia de periodistas para hacer declaraciones que se extenderán por los medios de comunicación. Hay una obligación obvia de informar a la gente y luego está la necesidad personal de los políticos de que se les vea preocupados. Sobre todo, de que se les vea.

Siempre es una incógnita saber para qué sirven estas visitas. Resulta fácil entenderlas cuando las hace alguien que tiene una responsabilidad directa en la respuesta a la crisis. Por ejemplo, el ministro de Interior en el caso de los fuegos de Madrid. Su jefe puede ir a donde quiera, que para eso es el presidente y no desperdicia estas oportunidades. Este lunes, Pedro Sánchez optó por estar en Vall d’Uixó, Castellón. El fin de semana, se había desplazado a Ávila y Madrid. Alberto Núñez Feijóo también quiso tener su visita el domingo y Diana Morant, candidata socialista a la presidencia valenciana, formó parte de la comitiva que seguía a Sánchez.

El PP cree que no es el momento de hablar de responsabilidades políticas o achacar a los gobiernos implicados que no se haya invertido lo suficiente en prevención de incendios. Suele ocurrir cuando una crisis o catástrofe ocurre bajo un Gobierno autonómico de ese partido. Si afecta a la gestión realizada por el Gobierno central, no existe tal pausa y es lícito ir directamente a por la yugular del ministro responsable, como sucedió tras el accidente ferroviario de Adamuz. Ahora es diferente: “No es momento de polémicas”, dijo Ayuso. Y el que diga lo contrario es un “mamarracho”.

Ayuso alega que su Gobierno es el que más invierte en prevención “por hectárea” de toda Europa, un cálculo muy osado. Es poco probable que ella sepa cuánto se invierte por región en toda la UE. Pero además no encontrarás ningún ranking que afirme eso. Varias comunidades autónomas cuentan con cifras muy superiores a las de Madrid, incluso si tienes en cuenta su extensión. Hay regiones que están peor. Es difícil saber por qué Castilla y León y Andalucía han reducido tanto esos fondos en la última década. En el caso andaluz, desde la llegada de Juanma Moreno al poder.

La oposición en Madrid no se ha cortado nada y, como viene siendo habitual, Óscar Puente y Óscar López se han lanzado con gusto. “Ayuso es puro odio, veneno para la convivencia”, ha dicho López, que se enfrentará a Ayuso en las elecciones. “Limpiar el campo, prepararlo para resistir mejor el fuego, es una competencia autonómica, y no la ejercen y todo ello mientras reducen impuestos a las fortunas más grandes”, denunció Puente en un vídeo.

La política madrileña ostenta un nivel de crispación política muy superior al del resto de España. Eso se aceleró con la forma en que Ayuso afrontó la pandemia y cómo se benefició políticamente. Aplicar la máxima tensión en sus relaciones con el Gobierno de Sánchez le permitió llegar a la mayoría absoluta.

La relación de la presidenta madrileña con los hechos suele ofrecer ejemplos singulares. “España tiene un problema de limpieza de montes”, ha dicho Ayuso estos días en una de sus numerosas comparecencias. Se podría decir que España tiene un problema con las autoridades autonómicas que no se ocupan de las responsabilidades que les asigna la ley de montes para ese cometido. Los propietarios de terrenos forestales están obligados a realizar esa limpieza y la gestión de esa norma compete a las autoridades locales y autonómicas.

No se puede decir que la ley esté inspirada por el intervencionismo típico de la izquierda. Fue aprobada en 2003 con un Gobierno del PP que contaba con mayoría absoluta y redactó esa ley sin ningún obstáculo. Tuvo algunos cambios en 2015 con otro Gobierno del PP que tampoco estaba obligado a pactarla con nadie.

Si eso fuera cierto –ella dice que “toda la gente del campo” les dice en Madrid que tienen “dificultades para limpiar los montes, dificultades para trabajar en sus propios terrenos”–, hay que preguntarse por qué la ley de 2003 no se aplica en la región que el PP ha gobernado desde hace décadas. No será por culpa de los ecologistas a los que ni Ayuso ni los ayuntamientos del PP consultan sobre sus decisiones.

La prioridad parece ser no caer en la trampa que piensan que les ha tendido Sánchez con la promesa de un “pacto de Estado” sobre cambio climático. El PP no está por la labor de firmar ningún acuerdo con el PSOE. Es más fácil descartarlo si se comenta que culpar al cambio climático de los fuegos es una solución “de brocha gorda”, como dijo Ayuso, o un ejemplo de “soluciones ideológicas”. Aparentemente, negar la incidencia del cambio climático no tiene nada que ver con su ideología.

La última táctica de Ayuso para negar entidad a la influencia del cambio climático ha consistido en afirmar que la mayoría de los últimos incendios han sido provocados. Más allá del hecho de que no se ha completado ninguna investigación, hay un hecho más importante que se obvia de forma interesada. Los incendios, con independencia de su origen, son ahora más destructores y extensos, y por tanto más difíciles de acometer, a causa de varios factores relacionados con el cambio climático. El aumento de las temperaturas medias, también en las cotas más altas, contribuyen a su extensión y a hacer que sean imparables, a lo que hay que sumar el descenso de la humedad en el terreno y vientos más fuertes de lo habitual.

Para salir en ayuda de Ayuso, Ester Muñoz salió a dar una entrevista en la que relativizó lo que los científicos afirman sobre el cambio climático: “Que el clima cambia es algo que ha ocurrido durante la historia de la humanidad y de la Tierra, eso es de perogrullo”. Por tanto, tampoco hay que ponerse nervioso.

El batallón mediático tiene las manos libres para ir más lejos. El premio periodístico de estos días solo puede ser para Salvador Sostres en ABC. Al igual que los pirómanos, siente una atracción especial por el fuego: “Mucho antes de los socialistas y mucho después de ella, la naturaleza ardía y continuará ardiendo, y algunos hombres con ella, y no será ni climático ni mucho menos cambio, porque siempre ha pasado lo mismo. Y nos ha sido (sic) muy bien”.

Si alguna familia se queja de que se ha quedado sin casa, siempre se le puede recordar que “la muerte forma parte de la vida”, como afirma Sostres. Bendito fuego que purifica nuestra alma, incluso si se lleva a algunos por delante. Mala suerte.

Una agenda climática que se convierte en “una gran estafa”. Una “ola internacional” que impone unas costumbres que “están favoreciendo también pobreza a manos llenas”. “Desde que la Tierra existe ha habido cambio climático, ha habido ciclos”. Son palabras de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid en 2022 y forman parte de su discurso habitual sobre el cambio climático (para negarlo o relativizarlo). Como hizo en esa ocasión, le gusta responder a las críticas de los que la acusan de no tomarse en serio el problema con el argumento de que lo que ellos están buscando es “el comunismo”. 

Ahora le toca llorar y llamar a la UME. Ponerse un chaleco de emergencias –que no falte un responsable político disfrazándose para la ocasión– al que además le pone una tarjeta que dice “presidenta”, no sea que la gente se equivoque y piense que es una turista. Los incendios que castigan estos días a las comunidades de Madrid, Castilla y León y Castilla La Mancha forman parte de esta nueva normalidad que nos acompañará todos los veranos. No necesariamente habrá más incendios cada año, pero cada uno de ellos será más destructor y abarcará más superficie. Algunos se producirán en cotas tan altas que acceder a ellos será extraordinariamente difícil.

El Gobierno de Ayuso pidió al Gobierno central que asumiera el control directo de la emergencia. Su presidenta decidió que no quería aceptar la responsabilidad. Eso no quiere decir que con ese nivel 3 de respuesta se destinen más medios, sino que su gestión depende directamente de la Administración central. A partir de ahí, la colaboración entre gobiernos diferentes, incluidos los ayuntamientos, es fundamental. Excepto la guerra que montó el PP desde el día siguiente de la dana de Valencia, esa coordinación suele producirse sin problemas y así está ocurriendo ahora.

“El área quemada va a seguir aumentando en los próximos años si no se toman medidas, porque la intensidad de los incendios está aumentando. Las zonas en las que previsiblemente veremos mayores aumentos en el área quemada son montañosas, de gran altitud, que tradicionalmente no se quemaban porque estaban muy húmedas”, explica Víctor Resco de Dios, profesor de Ingeniería Forestal. 

Cuando el fuego, como está ocurriendo ahora, amenaza a zonas habitadas, los servicios de extinción deben darle prioridad. Es más importante salvar vidas que árboles. Pero eso hace que se tarde más en atacar la cabeza del incendio, que se extiende imparable. En el momento en que las llamas cubren miles de hectáreas, ya llegamos tarde. Debemos cambiar la mentalidad de las autoridades y obligarles a que se gaste dinero todo el año en prevención de incendios para que nadie se vea arrollado por el fuego en los meses de verano. 

Lo que ocurre es que se regatea el dinero en ese apartado para gastarlo en otras cosas. Los bomberos forestales de Madrid llevan mucho tiempo en huelga reclamando mejores salarios. Las condiciones económicas en que trabajan son insuficientes. Algunos cobran solo 1.300 euros al mes. “Nos jugamos la vida, trabajamos con un alto riesgo en condiciones de penosidad y toxicidad, y lo que nos pagan apenas supera el salario mínimo. Solo hemos desbrozado y quemado la mitad de la superficie que se debería”, dice uno de ellos. 

Para ahorrar dinero, no les contratan todo el año, sino solo para la campaña de verano, de mayo a octubre. Es un ahorro miserable. Los daños económicos que sufren las zonas aquejadas por los fuegos superan con mucho esas cantidades. Algunas comunidades, como la de Madrid, no reconocen los derechos que aparecen en la ley 5/2024 sobre bomberos forestales.

Son las CCAA las que tienen la gestión exclusiva en estas emergencias. Si se produce una catástrofe, ya hay tiempo de pedir que intervenga la UME o de recibir la solidaridad de otras comunidades o de países europeos. Es lógico que aparezca la UME. No se va a dedicar a participar en labores de extinción en Hungría o Bulgaria. Está para intervenir en cualquier punto del territorio español que lo requiera. Para eso se puso en marcha (con el rechazo del PP, que lo llamó “capricho faraónico” de Zapatero). Pero las CCAA tienen la obligación de intervenir antes de que empiece a arder el monte.

Esa labor de prevención no puede hacer milagros. No puedes convertir los montes en un parque ajardinado. Sin embargo, después de dos meses de lluvias intensas este año, se sabía que el exceso de vegetación era un factor de riesgo de cara a los incendios del verano. Estaban avisados y no hicieron lo suficiente. Con suerte, le tocará a otro, pensarían algunos.

Un editorial de ABC sostiene que se está utilizando el cambio climático como “chivo expiatorio” de los incendios –que se supone que es algo que hace la izquierda–, porque la clave es una “gestión forestal constante y tradicional”. En ningún momento del artículo, se recuerda que la responsabilidad de la gestión forestal corresponde a los gobiernos autonómicos, que en el caso de los incendios más graves de estos días se referiría a los gobiernos del PP en Madrid y Castilla y León. Así se puede culpar a la izquierda, el Gobierno central, los ecologistas y hasta los “urbanitas”, pero no a los responsables directos.

Frente a lo que dice la extrema derecha, la Ley de Montes de 2003, reformada en 2015, no prohíbe limpiar los montes. En realidad, es lo contrario. Impone a los propietarios de los terrenos forestales la obligación de hacerlo. Cada comunidad autónoma establece la forma en que debe realizarse a través de autorizaciones que se solicitan a la Administración, y si la burocracia es un obstáculo, deberían responder esos gobiernos. No hay ninguna ley ni Agenda 2030 que obligue a dejar la naturaleza en estado salvaje. Tanto la ley de 2003 como su reforma posterior fueron aprobadas con gobiernos del PP que contaban con mayoría absoluta.

No puedes planificar las temperaturas ni el viento. Es difícil impedir que haya personas negligentes que trabajen con maquinaria pesada en zonas agrícolas de alto riesgo o sencillamente prohibidas. Para impedirlo, las administraciones locales y autonómicas deben actuar en todas las tareas de prevención que están dentro de sus competencias. 

La Comunidad de Madrid ha gastado este año 52,7 millones en prevención y extinción de incendios, según sus propios datos sobre sus presupuestos anuales de 30.000 millones. Es un 3,5% más que el año anterior. Para este año, el presupuesto para asuntos taurinos subió un 60% (hasta siete millones). Pero no se soluciona simplemente con gastar menos en toros y más en incendios, sino en elevar los fondos para responder a una nueva amenaza climática que tiene una traducción directa en los incendios forestales.

No hace mucho tiempo, los dirigentes del PP madrileño se burlaban de los que se quejaban de la última ola de calor a causa de la falta de aire acondicionado en las escuelas. “Ahora se llama emergencia climática a que en julio haga calor en Madrid”, dijo uno de ellos creyendo que hacía un chiste. Afirman que la lucha contra el cambio climático es una gran estafa, lo que suena muy parecido a lo que dicen sus socios de Vox que denuncian el “fanatismo climático”. Están ciegos y son unos ignorantes, y todos pagamos las consecuencias.

Los socialistas necesitaban desesperadamente que José Luis Rodríguez Zapatero respondiera en público a las graves acusaciones por las que se le investiga en la Audiencia Nacional. Su abogado prefería que se mantuviera callado y reservara sus explicaciones para el juez José Luis Calama. Los penalistas se ponen nerviosos si su cliente empieza a hacer declaraciones sobre asuntos de los que no ha aportado información concreta al juzgado. Son prioridades diferentes que no es fácil conciliar en el caso de los políticos. Porque siempre se espera que una entrevista provoque titulares que aporten novedades sobre un caso de estas características.

No fue eso lo que ocurrió en la entrevista que Zapatero concedió al programa 'Mañaneros 360' de TVE. El expresidente repitió durante 40 minutos todo lo que había dicho en su declaración ante el juez y en su comparecencia anterior en el Senado. Lo hizo con energía y a veces algo enfadado, pero no cerró ninguna de las puertas abiertas por la investigación, incluida la última declaración de su socio y amigo Julio Martínez, que no le dejó en muy buen lugar. Si su reputación ha quedado malparada incluso entre sus antiguos votantes, la situación continúa siendo exactamente igual. Seguro que su abogado pensará que se la podía haber ahorrado.

Eso fue aún más flagrante con el asunto de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho y valoradas en más de un millón de euros. Zapatero no concretó casi nada, porque dijo que prefería reservar esa información para entregársela al juez, que todavía la está esperando desde hace más de un mes. Las calificó de “regalo de cortesía, personal, de hace muchos años”. Ante la insistencia del presentador, Javier Ruiz, ni siquiera precisó de qué país procedía el regalo.

La explicación comenzó a desmoronarse cuando comentó que no tenían “uso ni destino”. Será que quería decir que esas joyas no se las puso nunca nadie. Tampoco tenían “afán patrimonial”, una expresión que carece de sentido en este contexto. Si eso es así, ¿por qué no las entregó a Patrimonio del Estado si las recibió cuando era presidente?

Ruiz le recordó el código ético aprobado por su Gobierno para los regalos institucionales. “Eso será interpretable como todo”, dijo en lo que no es la mejor respuesta de su carrera política. Luego pasó a dar una explicación confusa de la que hay que deducir que aceptaba que quizá no había cumplido ese código.

Sobre el rescate de Plus Ultra, volvió a negar haber intervenido en favor de su concesión o como intermediario entre la empresa y el Gobierno. “No es que no influyera, es que no hablé con nadie”. Ni con la SEPI ni con nadie del Gobierno. Eso es lo único que implica potencialmente al Gabinete de Pedro Sánchez. Afirmó que no tuvo información privilegiada de la concesión del crédito ni avisó a Martínez de la noticia.

Eso se contradice con el testimonio del socio, que comunicó al juez que fue Zapatero quien le dio la noticia varios días antes de que se hiciera pública. Todavía más con el del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que dijo que el expresidente les reclamó una comisión de 530.000 euros por sus gestiones.

Debió de ser un shock para Zapatero saber que había aparecido un Aldama en su caso y que encima era su amigo, pero hizo todo lo posible para no darle importancia, lo que no quiere decir que resultara creíble. Posiblemente, su abogado le había aconsejado que no entrara en televisión en una guerra con su socio. No le convenía nada. “No entro en otras estrategias de defensa”, dijo. “No entra en mi código de conducta renegar de las amistades”. Sonó entrañable, pero la declaración de Martínez le coloca a los pies de los caballos judiciales.

Zapatero no tiene que demostrar que es inocente, aunque sí debería aportar documentación que respalde su versión de los hechos. Si recibió mucho dinero de los directivos de Plus Ultra, le interesa estar en condiciones de responder a cambio de qué. No se paga medio millón de euros a cambio de informes verbales “maquetados” por sus hijas.

Se indignó cuando le preguntaron si sus hijas hicieron el papel de “testaferros”: “Me parece una pregunta increíble”. A ellas también les corresponde explicar por qué recibieron centenares de miles de euros por un trabajo que no parece tener un valor tan extraordinario.

“Quien insinúa, tiene que probarlo”, dijo. Su problema es que no se enfrenta a insinuaciones, sino a acusaciones directas hechas por aquellos que le pagaban.

Hay errores periodísticos que se ajustan a un patrón de características muy determinadas. El columnista Arcadi Espada dejó un artículo preparado para que se publicara en El Mundo después del Mundial de fútbol. La premisa aparente era la derrota de España en alguna eliminatoria previa a la final: “La eliminación deja lecciones urgentes de cara a 2030, cuando España organizará el Mundial junto a Portugal y Marruecos”.

Por razones desconocidas, nadie se dio cuenta del error mientras todo el país estaba botando de alegría por el triunfo en la final ante Argentina. Pobres incautos. ¿Cómo podían estar eufóricos? Sería porque no habían leído el artículo que intentaba explicar “la magnitud de la decepción española en el Mundial”. Espada había decidido que solo se podía entender el fracaso como una metáfora del hundimiento de España a todos los niveles por ser un país marcado por “la desconfianza ante la excelencia”.

También le molestaba que se presentara a la selección “como símbolo de una España trans: mestiza, igualitaria y risueña”. ¡Con negros! ¡Con hijos de inmigrantes! “El mestizaje sin fusión es yuxtaposición”. Es igualar al país a la baja. Con toda esa gente de fuera, la calidad media del español iba a descender. De todas las tonterías que se dicen a veces al convertir el fútbol en una metáfora de la sociedad, esta es una de las peores, la de pensar que España está llena de mediocridad y que eso se termina reflejando en todos los ámbitos de forma inexorable.

Algunos dicen que la intención de Espada era irónica y que no hubo tal error. El periodista tiene la costumbre de utilizar la ironía para reafirmar sus argumentos, que por lo demás quedan bastante claros en el resto de sus artículos. Además, es difícil apreciar la ironía en una frase como la de la inconveniencia del mestizaje sin fusión. Coincide con otros artículos suyos que muestran su desdén por el bajo nivel de la población española que permite que la gobiernen partidos impresentables.

El miércoles, apareció Alberto Núñez Feijóo para ofrecer en rueda de prensa un balance del fin del curso antes de las vacaciones. Los políticos suelen hacer estos balances para contarnos la misma matraca que nos endosan en el resto del año, pero es difícil ignorarlos. Se supone que los medios debemos darles categoría de gran acontecimiento político. Como era de prever, el líder del PP hizo un resumen catastrofista del estado del país con el añadido de presentarse como el inminente salvador que lo solucionará todo. Feijoomán, el superhéroe que te rescatará de las garras del sanchismo. Muy pronto en sus pantallas.

La legislatura acabará en el verano de 2027, pero es probable que las elecciones se adelanten a marzo. Serán un mero trámite. Feijóo ya se ve como futuro presidente del Gobierno, que viene a ser lo mismo que pensaba en julio de 2023. Se presenta como el cirujano que salvará al enfermo en la mesa de operaciones, una retórica un tanto preocupante, porque siempre la han utilizado los líderes de movimientos autoritarios. No será simplemente un ejemplo de alternancia política normal en una democracia: “No será un relevo. Será una limpieza a fondo”.

Tenéis al país sucio y alguien tiene la obligación de pasar la fregona y llevar a cabo una “reconstrucción nacional”. Es un lenguaje más propio de países latinoamericanos con una penosa situación económica y de seguridad a los que se convence de que el mesianismo y devoción por el líder son un requisito imprescindible para la salvación nacional.

“Soy consciente de que el próximo será el Gobierno con más tareas pendientes desde el primero de Adolfo Suárez tras el franquismo”, dijo Feijóo. Si Abascal ya dijo en 2020 que el Gobierno de Pedro Sánchez era el peor de los últimos ochenta años –eso incluía el franquismo–, ahora Feijóo intenta estar a su misma altura para afirmar que tendrá por delante una tarea tan dura como la que tuvo Suárez después de la muerte de Franco. El líder del PP no entiende que cuanto más copia el lenguaje tétrico de Vox, más alimenta y consolida la bolsa de votos que van hacia ese partido.

En el plano más imaginativo, Feijóo prometió que no se limitará a “una gestión de los escombros heredados”. España continúa siendo la gran economía europea con más alto nivel de crecimiento, el país europeo que mejor ha sabido contener el aumento de los precios de la energía desde la invasión de Ucrania y con una economía que ha incrementado la cifra de afiliados a la Seguridad Social hasta por encima de los 22 millones, una cifra que se consideraba inalcanzable antes de 2020.

El 68% de los españoles dice que su situación económica personal es buena o muy buena, según la encuesta de julio del CIS. Evidentemente, la situación del mercado de la vivienda, el mayor problema según ese sondeo, ayuda a entender por qué la bonanza no llega a todas las economías familiares.

A un partido de la oposición, le resulta complicado aceptar que la situación económica de un país sea buena o mejor que con el Gobierno anterior. Tiene que buscar otras vías para desgastar al Gobierno y vender su mensaje. Lo que pasa con Feijóo es que se empeña en ofrecer un mensaje terrorífico que la realidad no confirma.

El Gobierno de Sánchez también debería calibrar su estrategia y no poner todos los huevos en la cesta que lleva el cartel 'vamos a morir todos si ganan los otros'. Hasta cierto punto, eso funcionó en 2023, aunque dio una correlación de fuerzas en el Congreso que provocó una legislatura imposible. Raramente se ganan elecciones si lo único que planteas es la maldad del enemigo. Tampoco si elevas la temperatura retórica al infinito y más allá, algo de lo que se ha acusado con frecuencia a la derecha, como ha hecho Diana Morant al afirmar que Feijóo está preparando un futuro Gobierno de coalición con Vox que se parece “cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler”. Alguien debería explicar a la ministra en qué consiste la ley de Godwin.

Los ciudadanos se merecen una campaña mejor que una que advierta de la inminente llegada del apocalipsis si no ganan los míos. El Gobierno no tiene muchas posibilidades de éxito si se limita a tirar del PIB y presumir de los logros conseguidos en el pasado reciente. Debe ofrecer promesas concretas al electorado sobre las soluciones a los problemas del país, porque los votantes suelen estar más preocupados por lo que va a pasar que por lo que ya ha ocurrido. Y no vale con lanzar cifras al aire, sino que hay que contar cómo se pueden alcanzar. Decirles que Hitler está a la vuelta de la esquina no es tratarles como adultos, sino como niños a los que se avisa de que tienen que dormirse rápido o saldrá un monstruo del armario para comérselos.

Un amigo convertido en su delator. Zapatero ha comenzado a sufrir las consecuencias de que alguien cercano decida contar a un juez y una fiscal lo que sabe de él. De alguna manera, ya tiene a su propio Aldama. Es lo peor que le puede pasar en estos primeros momentos de la instrucción judicial contra él. No tiene que enfrentarse únicamente a las preguntas y movimientos del juez instructor. También a lo que ha empezado a revelar su amigo, Julio Martínez. ¿O habría que llamarle examigo?

El testimonio de Martínez, por escrito y después este martes en su declaración en la Audiencia Nacional, es muy dañino para sus intereses con independencia de hasta dónde llegue lo que aún no ha contado y de lo que se pueda probar con lo que dice. El juez Calama ya tiene algo a lo que agarrarse para cuestionar la versión que José Luis Rodríguez Zapatero dio ante él hace un mes. Antes, tenía que limitarse a las contradicciones entre ese testimonio y la información que ha recibido de los informes policiales. Ahora, ya tiene una confirmación obtenida de lo que ha afirmado el hombre que pagaba al expresidente.

“Yo no gestionaba Análisis Relevante. Yo trabajaba para Análisis Relevante”, dijo Zapatero ante Calama. Martínez ha declarado algo muy diferente: la empresa se creó para que Zapatero fuera su “principal consultor” y extendiera sus “relaciones internacionales”. “Era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes”. La única justificación de la existencia de la compañía eran Zapatero y los ingresos que pudiera generar en su beneficio. Mal asunto si en tu primera declaración judicial cuentas algo que te desmienten en cuestión de semanas.

En el plano político, se puede decir que Zapatero conserva el apoyo de Pedro Sánchez y del Gobierno. “Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del expresidente Zapatero”, dijo el martes la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Es una frase clara y nada ambigua. Lo malo es que Saiz no quiso extenderse mucho en sus respuestas a las preguntas que recibió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fueron afirmaciones breves y rápidas sin entrar en muchos detalles. Cuando le interesa, por ejemplo para presentar un proyecto de ley, puede extenderse hasta el infinito. No era una buena idea hacerlo en este asunto.

No había razones para explayarse, porque el Gobierno se encuentra en una de las peores situaciones que se pueden dar en política. No tiene toda la información sobre lo que le preguntan. No sabe qué más datos o alegaciones pueden aparecer en las próximas semanas o meses. Ante la duda, mejor no meterse en asuntos que no pintan nada bien. “No voy a comentar ni a calificar ni a valorar las distintas declaraciones, las distintas estrategias de defensa”, dijo Saiz en dos ocasiones.

Lo que sí hizo la ministra fue defender la decisión del Gobierno de aprobar el crédito concedido a Plus Ultra. Tampoco de forma muy extensa. Dijo que el rescate fue “revisado” por un juzgado, “fiscalizado” por el Tribunal de Cuentas y “analizado” por la Comisión Europea.

En un plano más visceral, Rafael Escuredo representó a muchos de los votantes socialistas cuando mostró su desazón por todo lo que se ha sabido. “Me moriré sin entender que compañeros y amigos míos, como Rodríguez Zapatero, se vean involucrados en delitos por la pasta. ¿Eres consciente del daño que nos haces?”, escribió el expresidente de Andalucía. Seguro que también estaba pensando en las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. Más de un mes después de prometer que lo explicaría todo, Zapatero sigue sin contar cómo llegaron a sus manos.

Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” para la obtención del rescate de Plus Ultra, declaró Martínez. Fue él quien le comunicó que la ayuda había sido concedida. Por esas gestiones, la aerolínea se comprometió a pagar el 1% de la financiación obtenida con el crédito público a una sociedad relacionada con Zapatero. Ahí se acaba el rastro, porque Martínez no sabe si Zapatero hizo esas gestiones o con quién habló para hacer posible el rescate. Obviamente, lo que sí se conoce es que la empresa terminó recibiendo el crédito y que se trataba de una cuestión de vida o muerte para la compañía.

En un plano no menos nocivo para Zapatero, aunque aún sin consecuencias penales, Martínez declaró ante Calama que Zapatero le presentó a la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. A partir de ese momento, Rodríguez le dijo con qué personas o autoridades tenía que hablar para hacer negocios en Venezuela, una de las mejores cartas introductorias que podía imaginar. Solo Zapatero le podía haber facilitado un contacto de tan alto nivel en el Gobierno de Caracas. Rodríguez es hoy la presidenta del país después de que Nicolás Maduro fuera secuestrado por fuerzas militares norteamericanas en enero de este año.

Zapatero siempre ha defendido que su implicación en Venezuela era únicamente política, primero como mediador entre Gobierno y oposición y luego con el papel de intervenir para facilitar la liberación de presos políticos. El favor que le hizo a su amigo plantea la posibilidad de que como mínimo permitiera a Julio Martínez ganar dinero en ese país, lo que no es un detalle menor si el empresario también se ocupaba de pagarle a través de diferentes sociedades. Si Martínez obtenía negocios y beneficios gracias al expresidente, estaba en deuda con él.

La decisión de Martínez de empezar a hablar con el juez y la Fiscalía no le coloca aún en un punto muy alto de la escala de Aldama. Se podría decir que está en torno al 30% en esa medición. En su declaración del martes, no contó mucho más de lo que había explicado en un escrito de seis folios presentado antes al juzgado. Se presentó como un “intermediario” entre Zapatero y los clientes. “¿Un correveidile?”, preguntó el juez, no se sabe si con ánimo irónico. Martínez aceptó esa palabra tan informal que en realidad tiene que ver más con chismes que con negocios.

Llegará el momento en que Martínez deba aumentar la calidad de la información suministrada si quiere obtener beneficios similares a los de Aldama, aunque ya se sabe que eso es llegar muy alto. Será quizá cuando la investigación judicial esté mucho más avanzada y le requieran que entre al detalle en asuntos que ahora solo están perfilados. Cualquiera de las alternativas que se puedan dar son muy perjudiciales para Zapatero. El Gobierno ya debe de ser consciente de ello por mucho que no se vaya a salir de la presunción de inocencia, al menos mientras sea posible.

Un cartel oficial de la UEFA para la Eurocopa de 2024 ofrecía un muestrario de las grandes estrellas que se iban a enfrentar en la competición. Ocho jugadores de ocho países, entre ellos Mbappé, Bellingham y Modric. No aparecía ningún jugador de la selección que terminaría ganando con toda justicia por ser el mejor equipo después de derrotar a Croacia, Italia, Alemania, Francia e Inglaterra. Era la selección de España, un grupo de jugadores en general muy jóvenes que habían recogido la antorcha del equipo que había ganado el Mundial en 2010.

La Eurocopa de Alemania supuso la aparición fulgurante de jugadores como Lamine Yamal y Nico Williams, nacidos en España e hijos de inmigrantes que habían superado todo tipo de penalidades para construir una nueva vida en nuestro país. Dos años después, formaban parte de un equipo similar, aunque precisamente Lamine y Nico no parecían estar en las mejores condiciones físicas tras recuperarse de sendas lesiones. Se respiraba un pesimismo contenido en algunos medios de comunicación. Después de la primera fase del Mundial, Mikel Oyarzabal se lo decía a un periodista: “Creo que estáis en una onda un poco negativa, no sé muy bien el motivo”.

Oyarzabal sabía algo. Los jugadores tenían la misma confianza en sí mismos que en la Eurocopa de dos años atrás. Veían a un portero muy seguro, a dos centrales que formaban un muro infranqueable, a un Rodri que estaba a nada de volver a ser el mejor centrocampista del mundo, a un Lamine que llegaría a tiempo de una forma u otra y a un equipo y su entrenador que tenían una idea muy clara de cuál debía ser su juego. No cambiaron su estilo ni ante Francia, la selección a la que la prensa anglosajona veía como el campeón inevitable.

Argentina estaba prisionera de una idea, la misma que le había dado la victoria en el Mundial de Qatar. Todos al servicio de Leo Messi, el genio indescifrable del fútbol al que se acompañaba con otros diez gladiadores dispuestos a derramar hasta la última gota de sudor. Era un plan con fisuras, pero que funcionó de forma dramática y emocionante ante Egipto, Suiza e Inglaterra. Con varias discutibles decisiones arbitrales ante Egipto que contribuyeron a cuestionar la imagen del equipo en el mundo.

El apoyo decidido a Argentina de Netanyahu y el Gobierno israelí, incluido el racista Ben Gvir, ministro de Seguridad, introdujo otro elemento de desprestigio para la albiceleste en las redes sociales. Por un momento, parecía que todo el planeta quería que perdiera Argentina. Todos menos Donald Trump. El presidente de EEUU se contuvo antes del partido y solo dijo que era una mala idea “apostar contra Messi”.

Argentina jugó con sus armas en la final, que no eran muchas, pero su nivel de confrontación fue aumentando progresivamente hasta culminar en la expulsión de Enzo Fernández por una entrada que lanzó a Cubarsí por los aires.

Lo peor ocurrió tras el pitido final. Jugadores como Paredes, Molina y Otamendi agredieron o insultaron a los españoles. Fueron unos actos deplorables que tuvieron su continuidad en la ceremonia. Los españoles les hicieron un pasillo cuando iban a recoger sus medallas de finalista. Al llegar el turno de los campeones, los argentinos dieron la espalda al lugar donde se entregaba la Copa del Mundo.

En un contraste evidente, Lamine se acercó a Messi para abrazarle cuando este se encontraba desolado en el suelo. Unai Simón fue hasta donde estaban sentados en el césped un grupo de jugadores argentinos para darles la mano a todos.

“Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota”, dijo en la rueda de prensa su seleccionador, Lionel Scaloni. Está claro que ese consejo no les llegó muy dentro.

El fútbol argentino, como el de otros países latinoamericanos, venera la figura del canchero, el jugador que no se rinde nunca, que es duro hasta el límite del reglamento y algo más, que juega en los grandes estadios como jugaba de crío en los campos de tierra. En ocasiones, esa imagen solo oculta el elogio del engaño, la violencia, el desprecio al rival, ganar a cualquier precio y no saber perder si salen derrotados. Más o menos, lo que hizo Argentina en la final de New Jersey.

Sin tanto drama ni malos modales, la selección española mostró en la cancha lo que siempre ha sido –su estilo y calidad– y sirvió una vez más de símbolo de todo un país que ya no es el de 2010 por distintas razones. La economía está mucho mejor que entonces y la política se ha convertido en una batalla campal. La selección de 2026 sigue siendo la de 2024 con toda la carga simbólica de ser un equipo del norte y del sur, de jugadores de equipos de élite y otros de menor cartel, de españoles de origen y de familias inmigrantes.

Una España muy distinta a esa que Vox afirma que está siendo invadida por inmigrantes de otras razas. Por la fuerza arrolladora del fútbol, el equipo es el mejor cartel posible con el que defender a un país que no acepta la discriminación por razón de origen, cultura o etnia. La única prioridad nacional que acepta es la de poner el talento por encima de cualquier otra consideración.

Iñaki Williams, jugador del Athletic y de Ghana en este Mundial, envió el lunes este mensaje a su hermano Nico desde las redes sociales: “Más allá del trofeo, gracias por esto: has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algún día puedan vivir lo que tú has vivido y de que millones de españoles empaticen con nuestra historia que no es solo la nuestra sino la de todas las personas que dejan todo atrás por un futuro mejor”.

Como sucedió tras el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2024, ahora habrá un superávit de consejos, comentarios y hasta libros con la intención de trasladar el éxito de la selección al mundo de la política o de la empresa. Habrá demasiados expertos en 'coaching' y otras disciplinas esotéricas convencidos de que el fútbol cuenta con lecciones perfectas para cualquier experiencia profesional. Al menos, se podrá aceptar una idea fascinante en su simplicidad: un equipo unido con una idea común puede llegar muy lejos y una selección de fútbol puede representar a toda España.

Julio es un mes en que la política funciona a medio gas a la espera de que cierre por completo la ventanilla en agosto. Donde sí están trabajando a conciencia es en la justicia y ya sabemos que ese es uno de los escenarios fundamentales de la política española. Es así porque hay procedimientos judiciales muy importantes que afectan a los políticos y porque las asociaciones judiciales y unos cuantos magistrados decidieron hace tiempo que tenían derecho a intervenir en política. Para ellos, la separación de poderes solo funciona en un sentido. Ellos sí creen tener derecho a implicarse en la confrontación política, como hicieron al manifestarse contra la ley de amnistía antes de que estuviera redactado el proyecto de ley.

Pocos de ellos son más conocidos que el juez Juan Carlos Peinado, que ha protagonizado una instrucción en el caso de Begoña Gómez que ha sido demencial y ha estado repleta de errores jurídicos, autos mal escritos y nada motivados y hasta un loco intento de implicar a un ministro (Bolaños) que el Tribunal Supremo cortó de raíz. La Audiencia de Madrid anuló muchos de sus autos en un porcentaje insólito y además sobre asuntos clave, pero al final esta semana ha aceptado su decisión de llevar a juicio a la esposa de Pedro Sánchez, aunque solo por dos delitos, tráfico de influencias y malversación.

Frente a los que piensan que las decisiones de los jueces en casos que implican al Gobierno son sagradas, el análisis de autos y sentencias es un derecho en una sociedad democrática, incluso una necesidad. Curiosamente, los mismos que dicen que el Gobierno o la izquierda ponen en peligro la independencia judicial con sus críticas son los que ahora rechazan el veredicto de la justicia europea, el TJUE, sobre la ley de amnistía. Los hay que, como plañideras interesadas, alegan que España está abandonada, que no tendrá ninguna ayuda exterior para salvarse y que nadie puede confiar en Europa. Han perdido tantas veces en las instancias judiciales europeas que no se dan cuenta de lo endebles que son sus argumentos. 

La Audiencia de Madrid ha completado el trabajo de Peinado y confirmado que el juicio de Gómez será con jurado. Según su relato, Begoña Gómez podría ser condenada por tráfico de influencias porque obligó a varias personas a colaborar para que prosperaran sus intereses económicos (y por malversación por el trabajo de su asesora personal en Moncloa). 

Los jueces hablan de su “privilegiada posición”. Aquí conviene reflexionar sobre ese concepto y su influencia en el caso. ¿Es un privilegio vivir en Moncloa? Desde luego, aunque no sea exactamente un palacio, sino una gran mansión. ¿Hay gente que puede estar interesada en conocerte porque eres la cónyuge del presidente? Eso es muy probable. ¿Tienes una vida muy diferente a la de un ciudadano normal? Claro. Vives en una residencia pagada con fondos públicos, cuentas con protección policial y asistes a muchos actos aburridos, pero también a otros excitantes. 

En el plano especulativo en el que se mueven últimamente muchas decisiones judiciales, incluso en sentencias, los cinco jueces de Madrid alegan que el parentesco con el presidente “puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. Pero una investigación de los indicios del caso debería haber encontrado ejemplos de esa presión irresistible que obligara a alguien a favorecer a Gómez en contra de sus primeras intenciones. No se ha hallado nada que pueda evocar una situación de ese tipo.

El auto plantea como precedente el caso Nóos y la condena a Iñaki Urdangarin y la consideración en esa sentencia de la influencia que tenía este por el hecho de estar casado con la hija del rey. Desde luego, cualquier parecido entre las cantidades que obtuvo Urdangarin y las conocidas en el caso de Begoña Gómez es inexistente.

Conceder a Gómez la dirección de una cátedra extraordinaria podría haber sido un buen ejemplo de esa recompensa, pero nadie ha probado que el rector de la Complutense fuera obligado a hacer algo que no quería. Un vicerrector comentó en su declaración que el proceso para la formación de esa cátedra fue más rápido de lo normal, pero también dijo que en ningún momento se violó la ley. 

En la Complutense de Madrid, hay registradas 44 cátedras extraordinarias hasta marzo de este año. Muchas de ellas están patrocinadas por empresas privadas que aportan dinero. La existencia de estas cátedras es una forma que tiene la universidad de financiarse. Como curiosidad, hay una en la Facultad de Farmacia (“cátedra extraordinaria de bebidas fermentadas”), apoyada económicamente por la Asociación de Cerveceros de España.

La dirección de la cátedra no le daba a Gómez la condición de catedrática, pero la Audiencia de Madrid afirma que sí le concedió “prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos”. Seguro que fue bueno para su ego, además de para seguir teniendo una actividad profesional –cierto que de no gran nivel– durante el tiempo en que su marido era el presidente. Para valorar ese prestigio, deberíamos meternos en un terreno bastante subjetivo. 

En el tema de los ingresos económicos recibidos, la Audiencia ofrece la mayor perla de su auto. Sostiene que Gómez “disparó sus ingresos de forma exponencial”, aunque de inmediato reconoce que con “cifras muy moderadas”. Vamos a ver, ¿es mucho dinero o poco? ¿Esos magistrados conocen el significado de la palabra 'exponencial'? Porque no lo parece.

Recapitulando, Gómez cobró cero euros por dirigir esa cátedra. Cobró cero euros por el software financiado por la aportación de empresas privadas para su uso gratuito por otras compañías. Cobró una cantidad pequeña de dinero por dirigir los másters integrados en esa cátedra. Sus ingresos más altos fueron en 2022 con 14.900 euros anuales. 14.000 euros fue la cifra del salario mínimo de ese año. 

¿Begoña Gómez utilizó su “privilegiada posición” y la “presión moral” sobre otros que le daba el hecho de ser la mujer de Sánchez para “disparar” sus ingresos hasta recibir la escuálida cantidad de 14.000 euros anuales en uno de esos años? 

Los jueces de Madrid dejan claro un criterio para el futuro. Ningún cónyuge de un presidente debería plantearse trabajar por su cuenta. Aunque no haga nada ilegal, su parentesco seguirá causando una “presión moral” sobre las personas con las que se relacione si están en algún organismo público, como una universidad. Y si no gana dinero (como por el uso del software para empresas) o gana muy poco dinero (por las cantidades percibidas por dirigir un máster), da completamente igual. Unos jueces dirán que el beneficio es inmaterial o que se puede medir en términos de prestigio social. Será mejor que tenga un hobby que llene su tiempo.

Da igual lo que digan los testigos

El tribunal que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación dejó una frase muy reveladora sobre sus intenciones. Despreció no ya las declaraciones de los otros acusados, sino también de los testigos –directores de conservatorio– que declararon en el juicio que Sánchez estaba capacitado para el puesto y realizó las funciones por las que fue contratado. Se atuvo a lo manifestado en la vista por el teniente coronel de la UCO Antonio Balas. La Diputación de Badajoz es una institución jerárquica, como lo son todas y también las empresas privadas, por lo que no se puede creer a nadie que trabajara allí, fueran altos cargos o funcionarios.

“Como ya hemos apuntado, dichas personas forman parte de una estructura fuertemente jerarquizada, con tintes políticos, presidencialista, y dichas circunstancias conducen a que tengamos que poner en tela de juicio la credibilidad de los testimonios prestados por personas profesional y directamente relacionadas con los acusados cuando no dependientes de estos o militantes en el mismo partido”, dice la sentencia.

Para justificar que no se condene a los acusados por tráfico de influencias, el tribunal se ve obligado a reconocer que “no sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”. Ni en la instrucción ni en el juicio aparecieron pruebas de que alguien diera las órdenes en esa estructura tan jerarquizada para que se violara la ley.

Tanto tiempo escuchando que lo que cuenta de cara a la sentencia es lo que se diga y se pruebe en la vista y que la instrucción solo sirve para decidir si se debe celebrar un juicio y ahora llegamos a la conclusión de que las declaraciones de los testigos son irrelevantes si trabajan en una institución. Lo que importa es la opinión de los investigadores policiales y sus deducciones sobre el funcionamiento de una Diputación en este caso, a pesar de que no se puede decir que sean expertos en Derecho Administrativo. Bajo estas condiciones, es difícil desechar la idea de que los jueces tenían claro el veredicto antes de que empezara el juicio.

El Partido Popular se tomó con mucha calma la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía. Una nota de prensa para salir del paso y ya está. Ninguna rueda de prensa convocada de urgencia para lanzar los misiles de costumbre contra el Gobierno. En las últimas semanas, habían hecho saber discretamente que el tema de la amnistía estaba casi amortizado y que no merecía la pena prestarle mucha más atención. Y eso que antes sostenían que esa ley casi había puesto fin a la democracia en España. Podían decir algo así porque el Tribunal Supremo se había ocupado del trabajo sucio. Su Sala de lo Penal fue el cooperador necesario para detonar la legislatura que había comenzado en 2023.

La ofensiva judicial contra la amnistía se inició incluso antes de que llegara al Congreso el proyecto de ley enviado por el Gobierno. Centenares de jueces se concentraron ante la puerta de sus juzgados para mostrar su rechazo al texto que aún no conocían. Fue una iniciativa de clara intencionalidad política. Algunos magistrados, sin ninguna intención de esconder sus propósitos, asistieron vestidos con sus togas y dieron así a la protesta una mayor carga simbólica.

El TJUE desactivó todos los argumentos de la derecha política y judicial utilizados contra la amnistía a los independentistas. Tanto sobre el sistema judicial como sobre la seguridad jurídica y el impacto en las finanzas europeas. La amnistía podía servir para facilitar “un escenario de reconciliación”, como sostenía el Gobierno, por lo que no era una simple concesión para ganarse el apoyo de Junts. No suponía un peligro existencial para “el buen funcionamiento del sistema judicial nacional”. No quebró la igualdad ni la seguridad jurídica. Los intereses financieros de la Unión Europea no se vieron afectados por el procés.

El veredicto no implica que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras vayan a recibir de inmediato los beneficios de la amnistía. Eso tendrá que esperar a la decisión que tome en un sentido u otro el Tribunal Constitucional. Quienes sí salen beneficiados ahora son 35 antiguos altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas y trece activistas de los CDR acusados de terrorismo.

El TJUE es claro sobre lo que deben hacer ahora los tribunales españoles: “La obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía”.

Es legítimo dudar sobre este punto teniendo en cuenta decisiones anteriores del Tribunal Supremo. ¿Volverán a ser tan creativos como lo fueron hace dos años? Entonces, la Sala presidida por Manuel Marchena decidió que la ley de amnistía no cubría los delitos de malversación cometidos por Puigdemont y los miembros de su Gobierno. La ley se había escrito para que no afectara a los que se beneficiaron económicamente sabiendo que ese no era el caso de los condenados (o fugados).

El Supremo se inventó el argumento de que sí hubo ese beneficio, porque sin acceso a los fondos públicos esquilmados los autores del procés habrían tenido que recurrir a su patrimonio. Eso fingía ignorar que esos políticos habían recibido donaciones privadas de correligionarios con las que afrontar gastos como el de compra de urnas y papeletas para el referéndum.

Aún más estrambótico fue su argumento de que la independencia de Catalunya, que nunca estuvo cerca de producirse, habría perjudicado a los intereses económicos de la UE. Catalunya habría tenido que abandonar la UE y la aportación económica de España a los presupuestos comunitarios habría sido menor, dijeron. Dentro de los presupuestos de la UE, eso sería casi un error de redondeo. El TSJE resta valor a ese argumento.

Los magistrados colmaron los deseos del PP con su auto. La oposición pensó que el cabreo de Puigdemont y Junts haría que la legislatura terminara antes de que acabara 2024. Con el apoyo de los jueces, creían tenerlo al alcance de la mano.

El Tribunal Supremo culminó un giro de 180 grados perfectos al desmentir la sentencia original del procés que ese mismo tribunal había dictado en 2019. Lo que unos años antes había sido un delito de sedición y la definición del desafío como una “ensoñación” que no podía considerarse un delito de rebelión pasó a ser algo más siniestro. De repente, veían el golpe por todos los lados. En nueve ocasiones diferentes, mencionaban la palabra 'golpistas', como si quisieran certificar con retraso todos los análisis de la derecha política sobre el procés.

En el auto incluyeron valoraciones claramente políticas, como las críticas al Gobierno por pactar la amnistía a cambio del apoyo parlamentario de los siete diputados de Junts, calcando de esta manera el argumentario del PP.

En su decisión del jueves, los magistrados del TJUE no aceptan que la amnistía fuera un simple producto de una negociación con la que obtener la investidura de Pedro Sánchez. La conciben como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social mayor”. Es decir, una forma de hacer política para resolver un conflicto que desde luego es discutible o criticable, pero que no puede ser un delito. Es posible escuchar el rechinar de dientes de los jueces al leer esa frase.

El frenazo del Supremo a la amnistía fue el momento clave de la legislatura. La posible vuelta de Puigdemont a Catalunya quedó congelada en el tiempo y las relaciones del PSOE con Junts nunca se recuperaron. Y por eso no se han aprobado presupuestos en estos cerca de tres años. La derecha judicial sabía que tenía un papel que cumplir en esta confrontación política y eso fue lo que ocurrió.

Y lo que sigue ocurriendo. No importa cuántas derrotas judiciales sufran en Europa esos jueces (ahí quien ha encajado todas las goleadas ha sido Pablo Llarena). Siempre se puede afirmar que la guerra no ha terminado. La asociación conservadora Francisco de Vitoria –que es de derechas, pero no tan de derechas como la APM– difundió un comunicado para afirmar que “la sentencia no avala una aplicación automática ni incondicionada de la amnistía” (el TJUE dice lo contrario). “Los actos que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos siguen quedando excluidos de la amnistía”, dicen en coherencia con su filosofía de que el procés fue un golpe de Estado como nunca lo ha habido en España.

Además, la asociación recuerda al Tribunal Constitucional que “en ningún caso puede actuar como una instancia de casación del Tribunal Supremo”. En otras palabras, que ni se le ocurra dictaminar que Puigdemont y Junqueras pueden ser amnistiados. La palabra del Supremo no se discute. La derecha judicial sabe que convirtió esta legislatura en una vía muerta y de ningún modo va a aceptar que los jueces de Luxemburgo o los miembros del Constitucional le arrebaten la victoria en el último minuto.

Todos los sospechosos eran culpables. Todos tenían motivos para asesinar a Ratchett. Esa fue la conclusión a la que llegó Hércules Poirot en la novela Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie. No es probable que la sentencia contra David Sánchez alcance tal nivel de notoriedad. Lo que sí es cierto es que el tribunal de la Audiencia de Badajoz ha llegado a una conclusión no tan diferente. Todos los acusados son culpables del delito de prevaricación administrativa, con una pena de nueve años de inhabilitación, en el caso del puesto de Sánchez, aunque no del delito de tráfico de influencias. No hay pruebas de que nadie les presionara para tomar esas decisiones. Es algo que simplemente ocurrió.

En la novela, los responsables tenían un móvil que explicaba sus actos, la venganza contra Ratchett. La sentencia sostiene que el móvil consistía en favorecer al principal acusado. Los jueces llegan a esa conclusión citando a los agentes de la UCO que declararon en el juicio, encabezados por el teniente coronel Antonio Balas: “De todo lo anterior, deducen inequívocamente que la plaza fue creada para una persona determinada: Don David Sánchez Pérez-Castejón”. Otro juicio en que las deducciones del jefe de la unidad de delitos económicos de la UCO acaban incorporadas a la sentencia, como sucedió en el del fiscal general. El tribunal quiso remarcarlo escribiendo que la aportación de Balas fue “sumamente ilustrativa”.

Los jueces de Badajoz optaron por una decisión que quiere ser vista como salomónica. En su relato de los hechos que considera probados, prácticamente suscriben la versión de las acusaciones populares y la que ha mantenido el Partido Popular en los últimos dos años al utilizar la investigación en sus discursos en el Parlamento y en mítines. Incluso en detalles que son escasamente relevantes, pero que aparecieron en muchos titulares, como el hecho de que Sánchez tuviera su residencia en Portugal desde 2021, y que no son delito. Pero no se atreven a condenar al acusado por tráfico de influencias e imponerle una pena de prisión. Por el pequeño detalle de que no tienen pruebas para dictar ese castigo. Nunca las hubo ni en la instrucción ni en la vista.

“No ha quedado probado, por tanto, que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”, dice la sentencia. A la vista de la sentencia, es un misterio por qué nueve de los acusados –dejando a un lado a Sánchez y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo– tomaron unas decisiones que ahora les han costado una pena de nueve años de inhabilitación. Si fracasan sus recursos, perderán sus empleos en la institución.

Para los jueces, no hay dudas de que todos los funcionarios son culpables. Son múltiples los indicios, afirma la sentencia, que muestran “con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón, que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz y que actuaron de consuno, en connivencia, en ejecución de un plan preconcebido”. Su objetivo era crear “en expresión castiza, un traje a medida al beneficiario de la plaza”.

Si había un plan ideado desde arriba con el que se ordenó a tantos funcionarios que cumplieran órdenes, es difícil explicar por qué no se condena a Gallardo por tráfico de influencias. Parece que “la lógica y la razón” permiten trazar el retrato de un grupo dispuesto a delinquir, pero no condenar sin pruebas a su responsable. Una cosa es la literatura de una sentencia y otra, el Código Penal.

La sentencia dice que los condenados pusieron en marcha “una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido”. Para justificar esta valoración, se basan por ejemplo en la opinión de un director de conservatorio que no creía necesario que se creara un puesto de coordinador que se ocupara de los dos conservatorios de Badajoz. Pocos funcionarios aceptan de buena gana que les pongan un jefe más por encima, al menos cuando reciben la primera comunicación. Sin embargo, y para afirmar que Sánchez no realizó las funciones por las que le pagaban, los magistrados no dan ningún valor a las declaraciones como testigos de los tres directores en la primera jornada de la vista en las que defendieron la capacidad y el trabajo del músico.

“La ayuda del coordinador vino muy bien”, dijo Yolanda Sánchez (sin parentesco con el hermano del presidente). “Estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”, continuó. En su momento, parecía que ese primer día del juicio había sido muy malo para los intereses de las acusaciones. No es así si el tribunal decide ignorar esos testimonios, porque no sirven para condenar al acusado.

Los jueces admiten que hay un margen para la duda sobre si alguien presionó para que David Sánchez consiguiera ese puesto, si fue él mismo, alguien de su entorno “o si tal decisión se realizó 'motu proprio' con el designio de favorecer al Sr. Sánchez Pérez-Castejón por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro Secretario General del PSOE, por reelección en el cargo, a la sazón D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón”.

Resulta gracioso, quizá hasta revelador, que los magistrados coloquen al presidente del Gobierno en este contexto. Las fechas no cuadran del todo. Cuando se creó la plaza, noviembre de 2016, Pedro Sánchez ya no era secretario general del PSOE por su dimisión el 1 de octubre anterior. No presentó su candidatura hasta el 28 de enero de 2017, cuando no era precisamente el favorito, tampoco para el PSOE extremeño que apoyaba a Susana Díaz. Las primarias no se celebraron hasta mayo de 2017. El tribunal viaja al pasado porque sabe quién ganó esas primarias, lo que es una información que no tenían en 2016 los responsables de convocar la plaza que finalmente cayó en manos del hermano del presidente.

Puestos a lanzar hipótesis o “contrahipótesis”, como dice el texto –una decisión insólita en una sentencia que debe mostrar hechos probados y asignar penas en función de ellos–, los jueces plantean que los acusados pudieron haber intentado “congraciarse” con Pedro Sánchez con el nombramiento de su hermano al haber apoyado antes a Susana Díaz en las primarias. Y con esa sugerencia dan argumentos a los que quieran utilizar la sentencia para atacar al Gobierno.

“No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”, dice la sentencia en el párrafo anterior a esa referencia a la contrahipótesis. No lo saben, por eso no condenan por tráfico de influencias, pero dan por hecho que esa presión existió. Algún catedrático de Derecho Penal podría animarse a explicar a este tribunal que todo lo que no son hechos en una sentencia, no pasan de ser simples especulaciones.

Todo esto no dejan de ser elementos secundarios en la mente de los jueces. No tienen problemas en señalar que existe “la convicción de este Tribunal de que la prevaricación cometida obedecía al designio de favorecer por razones espurias a don David y don Luis María”. Estaban seguros de que David Sánchez era culpable, quizá incluso desde antes de que comenzara el juicio, de que existía un “designio”, un plan, destinado a beneficiarle. Desgraciadamente para sus convicciones, no encontraron pruebas con las que condenarle por esa conspiración, es decir, por tráfico de influencias. No fue porque no lo intentaran.

En estas semanas en que el planeta ha cogido forma de balón de fútbol, ha circulado en redes sociales un breve vídeo de 2011 en el que aparece un chaval francés de 12 años llamado Kylian Mbappé. Con una seguridad llamativa en alguien tan joven, explica que “en la historia, los mejores (futbolistas franceses) fueron negros y árabes, aparte de Platini y Cantona”. Como todo en el fútbol, habrá opiniones diferentes, como también la constatación de que se trata de un tema sensible en Francia, como mínimo desde el Mundial de 1998, porque plantea cuestiones más importantes que si hay que jugar con uno o dos delanteros. La selección nacional se ha convertido en un campo de batalla que enfrenta dos visiones muy diferentes sobre la realidad del país.

Mariano Rajoy, con ese aire distante e informal que a veces le ha caracterizado, decidió hace unos días que podría infiltrarse en ese terreno en uno de esos artículos dictados por teléfono sobre los partidos de la selección española que publica en El Debate como detalle con su amigo Bieito Rubido que tanto hizo por él cuando era director de La Voz de Galicia y ABC.

Los artículos son motivo de comentarios admirativos o graciosos porque parecen propios de un alumno de diez años de mucha pasión futbolera, aunque poca capacidad de escritura. La comparación resulta ahora fuera de lugar, porque el expresidente hizo una incursión en un asunto monopolizado por la extrema derecha francesa. Y con solo cuatro palabras, lo que tiene algún mérito en términos de concisión. Después de elogiar “la plantilla de altísimo nivel” que tiene Francia, soltó la coz: “Eso sí, sin franceses”.

Es lo mismo que decía Jean-Marie Le Pen antes de ese Mundial que ganó el país en 1998. Podían tener nacionalidad francesa, podían haber nacido en Francia, podían ser muy buenos, pero no eran auténticos franceses, dijo. Había demasiados negros y magrebíes. El color de la piel era lo que les condenaba a un estatus de segunda clase. Le Pen había combatido como oficial de inteligencia contra los argelinos en la guerra colonial para descubrir después que la gran estrella de ese equipo era Zinedine Zidane, nacido en Marsella diez años después de que sus padres emigraran de Argelia. Una afrenta intolerable.

Marine Le Pen ha intentado escapar del racismo descarnado de su padre –manteniendo su rechazo a la inmigración–, pero el debate no ha desaparecido de Francia por muchos éxitos que haya tenido su selección, repleta de jugadores de raza negra. Por eso, es lógico que las cuatro palabras de Rajoy hayan provocado un escándalo en la política francesa. También dentro de la derecha liberal o conservadora.

Lo último que esperaban es que un ex primer ministro español, es decir, de un país amigo, haya echado sal en la herida en una demostración tan irresponsable como frívola. Eso en el caso de que no se considere la otra hipótesis, que Rajoy sea un racista y que, ya retirado de la política, pueda permitirse lanzar algún exabrupto en esa dirección. Y el que quiera entender, que entienda.

“Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es una estupidez, racismo o una combinación de ambas cosas”, dijo el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot. Hubo unanimidad a la hora de atacar las palabras de Rajoy, porque se las han oído o leído muchas veces a otros. “A cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No son 'deslices'. Es un odio metódico y banalizado de Francia y de lo que representa”, respondió la ministra de Ultramar, Naïma Moutchou. “Ser francés es compartir una lengua, una historia, una cultura, los valores de nuestra República. No es ni una religión, ni un color de piel”, afirmó el exdiputado conservador Daniel Fasquelle.

Rajoy obtuvo un logro inusual al hacer un comentario más racista de lo habitual en estos momentos en el partido de Le Pen. “El señor Rajoy es un racista, simplemente. Estos comentarios son escandalosos”, dijo indignado en televisión Julien Odoul, diputado y portavoz del partido.

No se pueden entender estos comentarios sin conocer los graves problemas de la sociedad francesa, que es consciente de que los hijos y nietos de inmigrantes no se sienten ciudadanos de un Estado que dice abrazar a todos, pero que les deja sin oportunidades laborales porque tienen un nombre árabe o la piel oscura. Y los futbolistas franceses, por muy millonarios que sean ahora, lo saben por la experiencia que tuvieron en su juventud, ellos y sus familias, en las barriadas de las ciudades.

Precisamente por eso la reacción de los políticos franceses ha sido instantánea contra Rajoy. No pueden permitir que ese precario equilibrio social se vea alterado por comentarios racistas, aunque sólo tengan que ver con el fútbol.

Sonar más ultraderechista que Marine Le Pen no le ha alterado el ánimo a Rajoy. Con la actitud que el PP ha convertido en una costumbre, no se pide disculpas a nadie por declaraciones agresivas, no sea que beneficie de alguna manera a Pedro Sánchez. Ni siquiera esas que empiezan por “si hay alguien que se haya podido sentir ofendido”.

El expresidente ha hecho saber que no se va a poner “al nivel de ciertos miembros del Gobierno español” y que “no tenía mala intención”. ¿Cuál era su auténtica intención cuando todos los futbolistas de la selección francesa tienen la nacionalidad de su país y todos menos tres han nacido en Francia? No tiene interés en explicarlo.

Por las mismas, el Partido Popular no se inmuta ante las acusaciones de racismo. Borja Sémper dijo, cuando se lo preguntaron, que “las columnas de Rajoy son sarcásticas” y “sin mala intención”. Hay que entender que la tolerancia del PP hacia las bromas racistas debe de ser muy alta, porque todo se reduce a evitar que Vox le gane terreno por la derecha. Sin demasiado éxito.

Para responder a las críticas de Pedro Sánchez, Sémper apostó por la carta patriotera: “Ha dicho que gane el mejor. Nosotros queremos que gane España. Aunque juegue peor”. ¿Cómo se va a salir un portavoz del PP de la idea de que Sánchez es un mal español?

Sánchez y cinco ministros del PSOE aprovecharon el artículo de Rajoy para cargar contra su adversario. Previsible, pero inevitable, porque no podían ponerse de perfil y poner en peligro las relaciones con Francia. Esto último está muy abajo en las prioridades del PP.

Los errores de sus dirigentes de las últimas semanas –con las conspiraciones sobre el fraude electoral y la ley de nietos, y las bajas laborales– han llevado a algunos de ellos a mostrarse preocupados en privado por estos movimientos que el Gobierno de Sánchez ha recibido con alegría. “Nos hemos metido en todos los charcos posibles”, ha dicho una fuente del PP a ABC. Es poco probable que la dirección de Génova les haga mucho caso. Un comentario xenófobo de Rajoy no les va a desviar de la estrategia de tierra quemada. Si se necesitan chistes racistas para llegar a Moncloa, que así sea.

Isabel Díaz Ayuso nos ha ofrecido un nuevo ejemplo de su imaginación arrolladora: el feto fantástico. Prácticamente, le ha conferido personalidad jurídica. Es la Virgen Isabel de los Milagros. “Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido, que está en camino y está aquí y que cuenta como uno más para este Gobierno”, dijo en la Asamblea de Madrid. El feto está aquí, dice. Es uno más para su Gobierno. Cualquier día vemos a uno por la acera buscando un bar para tomar algo. 

Se trata de una ley que reconoce al embrión como un miembro de la unidad familiar con vistas a que reciban las ayudas y beneficios fiscales existentes por su número de hijos. La presentan como una norma para fomentar la natalidad, aunque hay que decir que esas ayudas tampoco son tan cuantiosas como para que tengan efectos duraderos. Estrictamente, la ley no es negativa en absoluto. Lo que llama la atención es la cobertura ideológica que le han insertado. 

En la campaña autonómica de 2019, Ayuso presentó esta misma propuesta. Un periodista le preguntó qué pasaría con esa ayuda si el embarazo no terminaba bien. Es decir, si en ese caso la familia debería devolver las ayudas recibidas. Yo estaba allí y me pareció que era una pregunta un poco ridícula y no muy sensible. No es necesario ser tan retorcido. La gran mayoría de los embarazos acaba bien con el nacimiento. Era una época en que Ayuso no tenía tantas tablas como ahora y dio una respuesta confusa y atropellada. La verdad es que parecía que la propuesta no estaba muy preparada y era de esas cosas que se lanzan en campaña a ver si se convierten en un titular. Y no se supo nada más de ella.

Ahora se ha convertido en una ley con una intención ideológica de cuestionar el derecho al aborto. Si el feto tiene derechos, ¿cómo es posible que se pueda interrumpir el embarazo provocando su final? Como explica Marta Borraz, la medida se inspira en el discurso de los grupos ultraconservadores que niegan el derecho al aborto en EEUU. “Si un embrión o un feto es una persona, el aborto podría considerarse legalmente un asesinato”, dice una profesora norteamericana citada en el artículo. “La enseñanza más interesante de lo que ha pasado en EEUU es que el verdadero cambio no está en estas medidas concretas, sino en el marco cultural que se empieza a construir”, opina la politóloga Silvia Aldavert. 

Ayuso dice estar a favor de la vida, pero solo hasta el parto. A partir de ese momento, depende del dinero que tenga tu familia. Esto no es una novedad. Desde la derecha europea y norteamericana, se insiste con frecuencia en que las ayudas del Estado, incluidas las que tienen que ver con el número de hijos, generan incentivos perversos. Les das el Ingreso Mínimo Vital, con una cantidad mayor si tienes hijos, y la gente no querrá trabajar, y cosas por el estilo. 

África Gelardo cuenta en este artículo todo lo que pasa con los niños en Madrid desde el momento en que nacen, todas las necesidades que afrontan sus familias, en especial si son pobres, que no reciben las ayudas y atención que la Administración podría darles. Tenemos las dificultades de muchas familias para acceder a las escuelas infantiles públicas (de cero a tres años). Solo el 13% de las solicitudes recibe una plaza en una escuela infantil municipal. En algunos distritos de la ciudad, el porcentaje es muy inferior. Les queda la opción de una escuela privada que solo es accesible si tienen dinero para pagarla. Se han ofertado 4.131 plazas en la comunidad en la última convocatoria de la ciudad y hay 99.000 niños de hasta tres años en la comunidad. 

Lo mismo ocurre con las becas comedor, que llegan al 40% de los niños en situación de pobreza. Los hijos de inmigrantes sin permiso de residencia se quedan fuera. El presupuesto destinado a ese fin no ha experimentado ninguna subida desde hace cinco años. 

Hay cuestiones de fondo que afectan a la natalidad y que no tienen que ver con ayudas concretas. Lo dijo Raquel Huerta, diputada de Más Madrid: “Los precios del alquiler en Madrid son el mayor anticonceptivo”. 

Hay que proteger a los fetos, pero los niños, y sus familias, que se busquen la vida. 

Conspiraciones televisivas

No hay límites para las tramas conspirativas que se inventa la derecha política y mediática. Siempre hay algún hecho sospechoso que demuestra la naturaleza maligna del Gobierno. ¿Con pruebas? Tampoco nos pongamos tan exigentes. Solo tiene que ocurrir algo fuera de lo común, o que sencillamente no les guste, para tirar del hilo. Porque cuando eres un martillo, todo lo que ves te parecen clavos.

Hay asuntos que no son los más importantes, pero que tienen su gracia. De esta semana, hay un ejemplo tronchante y lo saco aquí por las risas más que nada. Titular de ABC: “Sospechas en el sector por las audiencias milagrosas de TVE: 'Sé que están haciendo trampa pero no sé cómo'”. El autor del artículo presuntamente informativo es Juan Soto Ivars, que ya sabemos de qué palo va. 

Es el colmo de la conspiración: está ocurriendo delante de nuestros ojos, pero no tenemos pruebas. Lo que no nos impide hablar del tema. De paso, llamamos “milagrosas” a esas audiencias y el lector lo entenderá todo. Hasta los que dicen que existen los ovnis creen contar con pruebas de su existencia. Aquí no hay tanta suerte.

Todo viene a cuenta de las buenas audiencias de algunos programas de TVE frente a sus rivales de las televisiones privadas. Los de Ana Rosa Quintana y Susanna Griso están en las cifras que tienen desde hace tiempo con un público fiel más o menos estable. Sus programas siempre son iguales, en general dedicados a atacar al Gobierno en su parte de contenido político, y hay poco margen para la sorpresa. Se reparten la audiencia de los cabreados con Sánchez. Tienen que incluir también amplios bloques de publicidad en los que la audiencia cae.

Es cierto que el programa de Silvia Intxaurrondo a primera hora de la mañana ha aumentado mucho su audiencia y supera con gran facilidad a los de Antena 3 y Telecinco. En cierto modo, su notoriedad se incrementó con su entrevista a Feijóo, de la que el líder del PP salió tan enfadado que no se ha atrevido a volver. Intxaurrondo tuvo la osadía de responderle que un dato que había mencionado no era cierto. Y ya sabemos que ese es un problema recurrente con Feijóo. Solo hay que ver sus comentarios sobre las bajas médicas de los trabajadores.

Luego viene el programa de Javier Ruiz de un estilo más sensacionalista con el presentador dando saltos por el plató y pegando gritos, y comentando titulares y gráficos gigantescos que aparecen en el videowall. Su dieta informativa se centra en política (en su vertiente más polémica) y sucesos. Droga dura directamente inyectada en las venas del público.

Esas cosas siempre han funcionado en televisión, aparentemente ahora también con algunos programas informativos. En estos tiempos crispados, TVE apostó por unos programas de estilo mucho más agresivo de lo habitual en la televisión pública (causando malestar en parte de la redacción, además por el uso de productoras privadas). 

El artículo del ABC da por hecho, basándose en comentarios anónimos, que alguien está cometiendo un fraude con los audímetros: “Según la teoría de la trampa, el Gobierno habría logrado meter sus zarpas en Kantar Media para 'comprar' algunos de los audímetros”. Esto es una teoría conspirativa que tiene décadas de vida. Siempre se ha dicho que las cadenas de TV matarían por conseguir los nombres de un puñado de personas que tengan audímetro en casa. Se trata de una información que obviamente hay que mantener en secreto. 

El autor no da crédito a que las audiencias de las teles no se correspondan exactamente con los resultados electorales por ejemplo en Madrid, donde gobierna Díaz Ayuso. Si esa extrapolación no fuera ridícula, se podría decir que Telemadrid debería ser la cadena líder. El canal autonómico firmemente controlado por Miguel Ángel Rodríguez queda muy lejos de las cifras de las televisiones nacionales y de las autonómicas más vistas.

Telemadrid tuvo un 5,1% de share en 2025 –siendo la octava de trece cadenas–, lo que le colocó en el furgón de cola frente a TV3 (14,2%), Aragón TV (12,2%) y Canal Sur (9,4%). A mediados de junio, emitió un documental especial sobre el caso Zapatero para sacarle todas las vergüenzas en 'prime time'. Se quedó en un triste 4,6% de audiencia con 50.000 espectadores de media. Fue la sexta opción de esa noche sólo por delante de La 2, que daba un programa ya emitido. Votos y audiencias televisivas no caminan por la misma vía.

La cadena autonómica valenciana también debería ser la líder en esa comunidad, según esta lógica electoral absurda. Pues fue la última de todas las regionales (2,9%), después de que el PP se cargara al equipo anterior de À Punt por ser demasiado independiente. 

Los que hacen esos comentarios sobre las trampas sin pruebas son los que están perdiendo en la batalla de las audiencias y que no se atreven a dar la cara. En los tiempos que corren en cierto periodismo, eso ya es suficiente para dedicarles un artículo y dar por buena su versión. 

La puntería de Alberto Núñez Feijóo a la hora de dispararse en el pie es extraordinaria. Es posible detectar que ha acertado en el tiro de dos formas. Al aparecer sus declaraciones, alguien aprieta el botón del pánico en la sede de Génova y varios dirigentes se apresuran a lanzarse a Twitter para decir que le han malinterpretado o que el Gobierno es peor. La segunda vía es enviar a alguien a dar la cara en las entrevistas en radio y televisión al día siguiente con la misión de explicar qué es lo que ha dicho el jefe. Lo primero es fácil. Solo hay que soltar un hachazo al Gobierno. Lo segundo es más complicado.

Feijóo celebró el martes un acto a puerta cerrada en Bilbao en el Círculo de Empresarios Vascos. Otro intento más para congraciarse con el mundo de la empresa en Euskadi y conseguir que le ayude a restar votos al PNV. En su discurso, que el partido difundió después a los medios, afrontaba el tema del absentismo laboral con un mensaje claro: “Esto es un cáncer que no podemos parar”. Se ocupará de ello cuando llegue al Gobierno para que los trabajadores cobren menos durante esas bajas. Promoverá negociaciones entre patronal y sindicatos, pero sin mucho interés, porque impondrá una reforma si no sale de ahí un acuerdo. Esto ya lo hizo el Gobierno de Rajoy en 2012 cuando puso en marcha su reforma laboral.

El líder del PP trazó un panorama tenebroso sobre el impacto de las bajas por enfermedad o incapacidad. “Si la Administración Pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación, y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre”. No ocurre eso, porque la situación que planteó es falsa. Según su descripción, los trabajadores dejan de ir a trabajar cuando les apetece y cobran lo mismo.

Tanto hablar de la prioridad nacional y resulta que Feijóo realizó un ataque directo a los trabajadores –en su gran mayoría, españoles de origen– a los que prácticamente acusó de ser unos vagos. Viniendo de algún gobernante del norte de Europa, como ocurrió en la Gran Recesión desde 2010, podría ser una reacción previsible. Además de una manipulación, porque en España y los demás países del Sur, se trabajan más horas que en el norte. Que un político que aspira a ganar las elecciones en España apueste por un mensaje similar contribuye a dudar sobre la calidad de su estrategia.

A falta de buenas noticias en otros temas, Pedro Sánchez no desaprovechó la oportunidad que le brindó su rival: “Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla. Los derechos no se recortan. Se defienden”. El PP prefirió ir al ataque y destacó el supuesto absentismo de su hermano en Badajoz que no sólo no quedó probado en el juicio, sino que fue desmentido por varios testigos.

El representante al que el PP envió a bregarse a tres televisiones fue Juan Bravo. El hombre hizo lo que pudo. Eso no se le puede negar. Su explicación sobre las bajas laborales fue confusa, pero hay que aceptar que las cartas con las que contaba eran muy malas. Dijo que el Gobierno debería negociar sobre este asunto con los agentes sociales, pero no supo dar una propuesta concreta. Y eso que las preguntas no fueron muy duras. Lo suyo era ofrecer hipótesis muy poco reales. “Nadie duda de que si alguien no va a trabajar por causas no justificadas no debe cobrar todo el sueldo”, dijo en un ejemplo clásico de falacia del hombre de paja cuando se plantean situaciones que nadie defiende. Sin entrar en esa triple negación que hacía aún más difícil entenderle.

Para intentar reflejar que el fraude es generalizado, Bravo, al igual que otros diputados del PP, destacó que “las bajas de los lunes son el doble que las de los viernes”. En otras ocasiones, han dicho que las bajas de los viernes y los lunes son el 40% o la mitad de las de toda la semana. Otra forma de afirmar que los trabajadores son unos vagos que quieren ampliar el descanso del fin de semana. Dos de cada cinco días laborales son exactamente el 40% de todos. No les han dicho que los médicos de cabecera no trabajan el sábado y el domingo –otro ejemplo del insostenible Estado de bienestar–, y no pueden conceder bajas esos días, con lo que se tramitan el lunes.

Nadie defiende la existencia de un fraude. Lo que ocurre con el PP es que no manifiesta el mismo interés por otros fraudes. El caso más flagrante es el de las horas extra, del que no suele hablar Feijóo, porque eso supondría poner el punto de mira en las empresas.

Veamos algunos ejemplos de los últimos meses. El Supremo rechaza que las horas extra puedan compensarse con un plus de disponibilidad. Más de 50 escuelas de Catalunya no harán excursiones ni viajes como protesta laboral: “Son horas extra no pagadas”. Los sindicatos llevan a los tribunales a Alimerka por el exceso de jornada de miles de trabajadores en Asturias. CSIF recuerda a la Junta de Extremadura que ha incumplido el pago de los atrasos y las horas extra a las enfermeras de las residencias. La OIT pide a España que reduzca la jornada laboral diaria y pague más las horas extra. Pepe Álvarez recuerda a la patronal las horas extra que “roban a los trabajadores”: “Ya que hablan de regalo, son 2.300 millones de euros al año”. España es de los países europeos que menos paga por las horas extra. La lista es interminable.

El caso es que el número de horas extra pagadas ha aumentado, aunque el problema afecta todavía a 400.000 empleados, según cálculos de CCOO. Y ha crecido en los últimos años gracias tanto a la presión del Gobierno y las reformas sobre el registro horario como al crecimiento de la economía.

Es un hecho que el número de bajas laborales se ha incrementado en España y el resto de Europa en los últimos años. Cada día, más de 1.600.000 personas no acuden a su puesto de trabajo. La mayoría (1.240.138) es por baja médica o incapacidad temporal. Se dice que es un récord histórico, pero también lo es el del número de trabajadores. Son ahora 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social y eran 19 millones en 2018. El problema de fondo continúa siendo el sistema sanitario.

La influencia de la pandemia es indudable por su impacto en la salud mental de los españoles y en el sistema sanitario. Las listas de espera en la Atención Primaria y en las consultas con especialistas continúan lastrando todo el proceso de bajas y altas médicas. Eso forma parte de las competencias de las comunidades autónomas y el PP prefiere pasar por encima de eso en este contexto. “Si se reduce la calidad de la atención médica, esto afecta a los tiempos de recuperación de la enfermedad, a las bajas y a los costes de las empresas”, ha dicho Unai Sordo, secretario general de CCOO.

Sobre si las empresas se ven perjudicadas de forma desproporcionada por las bajas médicas, veamos esta noticia de hace solo unas semanas: “España, entre los países de la UE que menos días de baja cargan a las empresas: 12 días frente a 30 en Bélgica, 42 en Alemania o hasta dos años en Países Bajos”. La publicó El Mundo con datos de Eurostat, así que Susanna Griso no podrá decir, como hizo el miércoles en Antena 3, que es otro ejemplo de cómo “la sincronizada ha salido a responder” a las palabras de Feijóo.

Los sindicatos se apresuraron a desmentir las declaraciones de Feijóo y Bravo: “No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar”. Ni que se cobre todo el sueldo desde el primer día, como dijo Feijóo. “Cuando se está de baja por una contingencia común, los tres primeros días no se cobran. Del día cuarto al 20º se cobra el 60% y a partir del 20º se cobra el 75% de la base reguladora”, explicó Unai Sordo. Cuando se cobra más es porque los complementos que permiten cobrar el salario íntegro están pactados en los convenios colectivos, que se supone que la patronal no quiere prohibir, porque son las empresas las que los han negociado.

Los diputados del Congreso, como los del PP que salieron a apoyar a Feijóo, cobran el cien por cien del sueldo desde el primer día.

En Alemania, el Gobierno del conservador Friedrich Merz también pretende reducir el coste que las bajas médicas suponen para las empresas. Incluso lo considera una de las principales causas del estancamiento económico del país, lo que ya exige un fuerte esfuerzo de la imaginación. Algunos de sus dirigentes creen que los trabajadores que piden una baja no están realmente enfermos.

También quieren aumentar la edad de jubilación hasta los 70 años. Llegará el momento en que algunos políticos aspiren a que los trabajadores sigan en el tajo hasta esa edad y que no aumenten las bajas médicas a causa del envejecimiento de la población laboral.

Quizá lo que ocurra en Alemania sea un aviso. Puede que Feijóo haya sido especialmente torpe al plantear el tema o que esté anunciando al electorado lo que ocurrirá si llega a Moncloa. No resulta muy inteligente descartar la última opción.

Sólo hay que echarle un poco de creatividad judicial para imaginarse a Begoña Gómez huyendo de la justicia, convirtiéndose en una fugitiva por todo el mundo y dedicada a una vida consagrada al crimen. Abandonaría a su marido e hijas y se lanzaría al lado salvaje de la vida, quizá dirigiendo un cártel de narcos en Latinoamérica o una organización en el sureste asiático centrada en la exportación de heroína. Se cortaría el pelo para que no la identificaran y se haría unos tatuajes para dar imagen peligrosa. De vez en cuando, enviaría un mensaje al juez Peinado para burlarse de él. De esposa del presidente a la nueva Lara Croft.

El juez Antonio Viejo creía estar en un escenario de esas características al tener que decidir sobre si Gómez podía viajar a Turquía para asistir a una cumbre de la OTAN acompañando a Pedro Sánchez y a Londres para presenciar la graduación de su hija. Todo porque Juan Carlos Peinado cree que existe riesgo de fuga, por lo que ordenó retirarle el pasaporte. Viejo se ocupó de resaltar las diferencias entre Reino Unido y Turquía para terminar decretando que la colaboración judicial con el país que abandonó la Unión Europea es mucho mayor. No debió de haberse enterado de los años que pasaron desde que EEUU pidió a los británicos la extradición de Julian Assange. Por no hablar de que Bélgica y Alemania forman parte de la UE y no por eso concedieron a España la entrega de Carles Puigdemont.

Es simplemente otra semana en que los magistrados han tomado decisiones en casos de gran impacto político ante la evidente incomprensión de muchos ciudadanos. Peinado suele protagonizar estos momentos, no en vano su porcentaje de aciertos no es muy alto. Durante los más de dos años que ha durado su investigación contra Gómez, la Audiencia de Madrid ha tenido que estudiar veinte recursos y ha anulado una decena de resoluciones del juez. Eso no es lo habitual en la justicia. Como magistrado, su balance parece bastante mediocre.

En una ocasión, la Audiencia Provincial criticó la “sumamente reducida, por no decir prácticamente inexistente” motivación del auto por el que Peinado acordó que Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, pasara de testigo a imputada. La Fiscalía le acusó de basarse en “hipótesis” y “alambicadas teorías” para sentar en el banquillo a Gómez.

Lo que para las asociaciones judiciales es una muestra de que el sistema funciona –porque las instancias superiores revisan las decisiones de los jueces instructores– no lo es tanto para los votantes de izquierda. No dan crédito a que esa instrucción se haya prolongado tanto tiempo y que haya concluido con un procesamiento por varios delitos, incluido el de apropiación indebida, cuando Gómez no ha recibido ningún ingreso por ser directora de una cátedra extraordinaria de la Complutense ni por el software de uso gratuito que varias empresas financiaron.

Ante este escenario, los resultados de una encuesta del Instituto 40dB para El País revelan cómo la politización de la justicia ha contribuido a la caída de la reputación de jueces y tribunales. El 65% cree que en España existe lawfare (decisiones judiciales aprobadas con intención política), una acusación desde la izquierda que ha proliferado en esta legislatura. Sólo el 23% está convencido de que los jueces son imparciales. Un 50% responde que sus decisiones favorecen a la derecha (un 34%) o la izquierda (16%). Cuando se les pregunta por casos concretos, el mayor grado de escepticismo se manifiesta sobre las investigaciones de Begoña Gómez y David Sánchez, el hermano del presidente que ya ha sido juzgado.

Una encuesta publicada por este diario arroja conclusiones similares. El 47,8% considera que la justicia no actúa de forma imparcial, frente al 34,9% que cree que jueces y fiscales realizan su trabajo de forma objetiva. Lo mismo se puede decir de otro sondeo reciente de La Vanguardia, que dice que el 58% de la gente piensa que “hay jueces que están haciendo política”.

El CIS incluye cuatro preguntas sobre la justicia en su último sondeo. En una de ellas, sólo un 21,8% cree que la justicia “siempre es imparcial en procesos políticos que afectan a partidos políticos”. Un 76,9% opina lo contrario.

No todo se debe a la crispada situación política actual. En una encuesta del CIS de julio de 2019, los españoles ya mostraban su malestar con el funcionamiento de la justicia. El 50,8% decía que el grado de independencia de los jueces era muy o bastante bajo. Sólo el 29,4% lo consideraba alto. Un 59,4% pensaba que los jueces inspiraban poca o ninguna confianza.

Fueron los jueces los que decidieron ocupar la primera línea de la confrontación política con las concentraciones contra el proyecto de ley de amnistía en 2023. Los magistrados tenían el derecho a mostrar su opinión como ciudadanos. Decidieron responder a ella como colectivo, lo que les convirtió en otro actor político. En el plano simbólico, dieron un paso fácilmente interpretable. Algunos de ellos se plantaron ante los juzgados vestidos con sus togas. Con esas concentraciones, pretendían representar a un poder del Estado enfrentado a un Gobierno y después al Parlamento que iba a aprobar esa ley.

El ministro de Justicia optó el martes por reducir la polémica a unos casos específicos cuando le preguntaron sobre el tema en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Algunas resoluciones judiciales, muy pocas, generan daño a la imagen de la justicia”, dijo Félix Bolaños, que pidió que se regule cuanto antes la acusación popular. En el estado actual de la legislatura, no hay ninguna posibilidad de que salga adelante una reforma de un derecho que está además reconocido por el artículo 125 de la Constitución.

Varias asociaciones jurídicas de ideología ultraderechista han contribuido con sus querellas a la politización de la justicia al encontrar a jueces comprensivos con sus teorías y personarse en esas investigaciones. También han cosechado sonoras derrotas en el Tribunal Supremo. Pero sólo necesitan unas pocas victorias para justificar su conducta ante los que financian sus iniciativas.

Bolaños puede argumentar que solo unos pocos ejemplos de instrucciones judiciales pueden resultar “incomprensibles para la ciudadanía” y que la mayoría de los jueces realiza bien su trabajo. Pero cuando la actualidad política está totalmente condicionada por esos casos y algunos son extremadamente polémicos, es cuestión de tiempo que la imagen de toda la justicia se vea abducida por la crispación en la que vive inmersa la política. Para la derecha judicial, eso no es un problema, sino una oportunidad.

La cuenta atrás para las elecciones autonómicas no se detiene. Serán en mayo de 2027 allí donde se celebren. Queda menos de un año y es hora de ponerse las pilas, en especial en aquellas comunidades en que podría producirse un cambio de Gobierno, como la Comunidad Valenciana. ¿Es hora de pisar el acelerador y empezar a pisar la calle como si no hubiera un mañana? No para Diana Morant, que cree que su base de operaciones continúa siendo el despacho principal del Ministerio de Ciencia. De momento, apuesta por la moqueta y no por el asfalto.

Morant no ha dado muestras de tener ninguna urgencia con vistas a abandonar Madrid para centrarse en su puesto de secretaria general del PSOE valenciano y su candidatura a la presidencia de la Generalitat. En una entrevista con el diario Levante, le preguntaron cuándo será completa su dedicación a la región. Aparentemente, ese momento todavía no ha llegado, aunque quizá esté cerca: “No me gustaría que fuera la convocatoria electoral la que decidiera por mí. Habrá un momento en que vendré a dedicarme al cien por cien cuando esté convencida de que ya no es suficiente con ser ministra, que la gente tenga la percepción y el convencimiento de que mi prioridad única y exclusiva es la Comunitat Valenciana”.

Por tanto, hay que deducir que aún no ha llegado ese momento del que habla, en que los comicios autonómicos serán su prioridad exclusiva, lo que puede sonar un tanto desconcertante para los dirigentes de su partido en la comunidad. No son muchos los sitios donde los socialistas pueden provocar la derrota de la derecha, como bien saben tras los fracasos ocurridos en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía. Cualquiera pensaría que tendrían que lanzarse como lobos ante el menor atisbo de victoria por pequeño que sea.

¿De qué le sirve al partido que Morant siga siendo ministra? Ella asegura que “es bueno para la Comunitat Valenciana tener a la secretaria general del PSPV y candidata sentada en el Consejo de Ministros”. Luego, explica por qué: “Por influencia”. Pero ya se ha llegado a un momento en que lo que importa es cuántos votos puedes arrancar con tus propuestas para el futuro, no lo que hiciste en un cargo muy diferente.

Los beneficios que supone para su imagen personal ya no son muy grandes. Lleva casi cinco años como ministra y la encuesta del CIS indica aún que el 70% de los españoles no la conoce. Ese porcentaje se mantiene inalterable desde abril de 2025. Su nota en una escala de cero a diez —4,67 puntos— no llega al aprobado.

El desgaste general de un Gobierno afecta a todos sus ministros. Lo saben bien María Jesús Montero y Pilar Alegría, que no lograron revertir la tendencia negativa del PSOE en sus territorios. La idea de Pedro Sánchez de exportar ministros no se ha visto confirmada con ningún éxito. Tanto Montero como Alegría esperaron demasiado tiempo para abandonar sus responsabilidades ministeriales y centrarse en sus campañas. Ser líder regional de un partido y su candidato a la presidencia autonómica no es un trabajo que se pueda limitar a los fines de semana.

Con sus declaraciones, Morant se lo puso muy fácil al presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, que tuvo la oportunidad de hinchar el pecho y alardear de lo mucho que le importa su comunidad. “Me dedico en exclusiva a trabajar por esta tierra. Otros no pueden decir lo mismo”, dijo un político que no anda muy sobrado de carisma.

Alberto Núñez Feijóo ni siquiera ha confirmado que el PP le vaya a presentar como candidato. En su momento, el partido pasó demasiado tiempo antes de deshacerse del peso muerto en que se había convertido Carlos Mazón por su gestión absentista en la catástrofe de la dana. Ahora vuelve a tener dudas sobre si Pérez Llorca es su mejor cartel electoral. Le beneficia que Morant no esté todos los días pegándole duro en los medios regionales, porque está ocupada con los asuntos del Ministerio.

No hay muchas encuestas recientes sobre el resultado de la Comunitat Valenciana en 2027. Una de Sigma Dos para El Mundo prevé una recuperación del PP tras el hundimiento causado por Mazón con 3,5 puntos más desde la anterior encuesta de hace un año. Concede a la suma de PP y Vox entre 50 y 53 escaños (la mayoría absoluta está en cincuenta). También da opciones a Compromís para que supere al PSOE. Les separan dos puntos. La suma de la izquierda llegaría a entre 45 y 49 diputados, con lo que el resultado final no parece decidido.

La costumbre de enviar ministros a las CCAA reduce las posibilidades de celebrar unas primarias realmente competitivas que puedan movilizar al votante socialista. Y esto último es uno de los mayores problemas que afrontan los socialistas de cara a todas las elecciones que se celebrarán en 2027. Ferraz quiere asegurarse de que sus candidatos saldrán elegidos. Algunos creen que lo mejor para que no haya sorpresas incómodas es que no haya primarias. Otro razonamiento de lógica algo más que discutible.

Resulta que esa es una de las primeras decisiones que ha tomado Montero después de las elecciones andaluzas. Ha pedido al partido que evite las primarias para elegir a sus candidatos en las municipales: “Cuanto menos, mejor”.

Después de verse arrasada por el PP en las elecciones, la exvicepresidenta no está por la labor de tomar medidas ambiciosas para despertar a su partido. La prioridad parece ser no remover las aguas y que todo el mundo se quede donde está. Montero reclamó que se llegue a listas pactadas, con lo que no sería necesario convocar primarias, y que “se imponga el diálogo y el consenso”. Consenso impuesto desde arriba es una forma muy singular de definir un acuerdo.

En el PSOE madrileño, también estaban por no agitar la situación interna y conseguir que la exministra Reyes Maroto repitiera como candidata, cuatro años después de perder ante José Luis Martínez Almeida y quedar tercera. La concejala Enma López rompió esos planes al decidir presentar su nombre en las primarias. Ferraz reaccionó molesto, casi ofendido por su atrevimiento. La acusó de haberse adelantado al calendario fijado por el partido. Si todo el mundo sabe que un ministro va a ser candidato mucho antes de la convocatoria de primarias, no hay problema. Si lo hace alguien que no estaba invitado a la fiesta, solo les falta acusarle de desleal.

Nadie se presentó a las primarias para disputar el puesto a Diana Morant y por ello ya ha sido proclamada candidata. No conviene apremiarla para que compre un billete de tren con destino a la estación de Valencia. Seguro que tiene una gran cantidad de cosas importantes que hacer en el Ministerio de Ciencia de las que solo ella puede ocuparse.

Le llamaban la vía andaluza, puestos a inventarse un nombre que sólo se basaba en resultados electorales, lo que no es poca cosa. Cuando el PP andaluz se quedó sin mayoría absoluta, la vía se quedó a mitad de camino y luego terminó llegando a la estación de Vox. Se acabó el truco de Juanma Moreno, que consistía en aplicar el programa electoral del partido sin carcajadas sádicas, que es más del estilo del PP de Madrid. La política sanitaria de ambos gobiernos es muy similar. Lo que les diferencia es el estilo político. Lo del PP andaluz es un poco como disparar a alguien mientras le dices: esto me va a doler más a mí que a ti. En el PP de Díaz Ayuso, disfrutan disparando.

Lo que resulta extraño es que Moreno y su equipo intentaran negar la evidencia hasta el último minuto. Sólo un día antes del anuncio del pacto con Vox y después de que la extrema derecha le negara el apoyo en la primera votación de investidura, aún andaban diciendo a El Mundo que Moreno no iba a entregar un triunfo a Vox: “Juanma no quiere ceder lo mismo que los demás, y no va a ceder”. Pero que no se engañe a nadie. No se refería a la llamada “prioridad nacional”. Eso ya lo tenía asumido. La gente de Moreno decía que no tenía prisa. Ya lo creo que la tenía. El viernes, hubo acuerdo y votación. 

Después de emitir señales contradictorias durante bastante tiempo, Alberto Núñez Feijóo se ha decidido por no esconderse más y aceptar que su llegada a Moncloa solo será posible de la mano de Santiago Abascal. Lo de antes era una fantasía que no sostenían ni las encuestas. La mayoría de ellas indica que el PP está más o menos en el mismo porcentaje de voto que en las elecciones de 2023. Todo el ruido que ha hecho en los últimos tres años, que ha sido mucho, solo ha servido para engordar a Vox, que ha ganado en torno a cinco puntos desde entonces.

Por cada alegato apocalíptico de Miguel Tellado y Ester Muñoz, la caja registradora de los votos a Vox hace el ruido de recibir más ingresos. Si Feijóo denuncia que Sánchez es un peligro para la democracia, la cuenta de resultados de Vox mejora un poco más. 

Las caras de los dirigentes del PP en Sevilla, incluida la de Moreno, eran bastante serias cuando se anunció el pacto. Habían despertado de un sueño y lo que estaban viendo no era lo que esperaban. La verdad es que han comprado toda la mercancía de Vox. Prioridad nacional hasta el final, aunque ahí intentan alegar que no es para tanto. Mínimo de diez años de empadronamiento para acceder a las ayudas por compra de viviendas sociales y cinco en caso de alquiler. “Rechazo frontal” a los menores inmigrantes, como si fueran una amenaza para la sociedad. Recortes de subvenciones a entidades que trabajan con inmigrantes, entre las que está Cáritas.

El mensaje más duro de la extrema derecha contra la inmigración ha sido asumido entero por el adalid de la moderación en el PP. Así que hay que deducir que no era más que una etiqueta para presumir de ella en la familia. 

En materia de medio ambiente, se va más lejos que en los demás pactos con Vox en otras comunidades. Se niega el apoyo a las zonas libres de emisiones en los municipios. Suprimen impuestos medioambientales. Se oponen a la instalación de macroproyectos de energía eólica y solar en suelos de uso agrícola (¿los van a reservar para las ciudades?). 

Carlos Alsina ha resumido así el giro: “En dos meses, la prioridad nacional ha pasado de ser la promesa de una ilegalidad que hacía la extrema derecha populista, y que el presidente (Moreno) denunciaba con vehemencia, a ser el compromiso firme del presidente, que aún tendrá el cuajo de criticarle a Sánchez sus cambios de opinión para satisfacer a los socios que le hacen presidente”. 

“Un Gobierno con Vox es imposible”, dijo Moreno en la campaña. Lo que es imposible es confiar en que el PP ponga obstáculos reales a las exigencias más reaccionarias de la extrema derecha. Sólo hay dos posibilidades, o los del PP son muy ingenuos o esas ideas no les provocan un rechazo visceral.

Dos giros sucesivos de 180 grados en el PP

Ha sido una semana muy loca en el Partido Popular. Se embarcaron en otra de sus cruzadas que anuncian el fin de la civilización en España y de todo lo demás, esta vez a cuenta del proceso de nacionalización de los descendientes de españoles en Latinoamérica. Feijóo acusó a Pedro Sánchez de “fabricar dos millones y medio de votantes” a través de la “ingeniería electoral” corriendo como un galgo cojo detrás de lo afirmado por Vox. Luego, empezaron las risas al recordarse que el líder del PP prometió lo que ofrece la Ley de Memoria Democrática a los exiliados del franquismo en una visita a Argentina en 2022. Su promesa era para todos “los nietos de españoles en el exterior”.

La hemeroteca rescató un discurso en el Senado de Ester Muñoz, la actual portavoz parlamentaria del PP: “Es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes”.

Tocaba frenar y volver atrás para reconocer esas palabras y, como mucho, se quejaban de la rapidez con que se estaba afrontando el proceso cuando habitualmente todos estos trámites consumen varios años. Lo mejor es que la página 101 del programa electoral del partido en 2023 pedía exactamente lo que se está llevando ahora a la práctica. 

El viernes, en un acto de su partido en Castellón, Feijóo dio otro giro de 180 grados, con lo que ya sumaba 360 y volvía a la posición original. “Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes”, dijo sumando las cifras de dos cosas diferentes, las nacionalizaciones a descendientes de españoles y la regularización de más de un millón de inmigrantes sin papeles. El objetivo del Gobierno era, según Feijóo, “alterar el censo” de votantes. Estaba denunciando un pucherazo en toda regla sin tener pruebas. Hasta afirmó que la población española puede aumentar en ocho millones de personas, una cifra que se inventó. Dijo ocho como podría haber dicho dieciocho.

Mientras tanto, algunos dirigentes del PP muestran en privado su estupor por esta campaña, porque creen que deberían centrarse en los casos de corrupción que afectan al Gobierno, en los que no hay semana sin noticias, y olvidarse de conspiraciones truculentas más propias de la extrema derecha. Pero no tienen nada que hacer. Feijóo reincide en la torpeza que le caracteriza y que perjudica a sus propios intereses. Como apuntaba antes, cuanto más atiza la hoguera de la furia, más fácil le hace el trabajo a Vox. 

En el PSOE, han disfrutado de su ración semanal de sustos relacionados con la corrupción. El juez Pedraz ha citado como imputada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director operativo del Instituto Armado, el teniente general Manuel Llamas, por el caso Leire Díez. El Gobierno ha respondido que ninguno de ellos va a presentar la dimisión y que esperará acontecimientos. Ese parece ser el argumento decidido por Sánchez ante posibles y futuras imputaciones. Ya no dimite nadie y ya veremos qué pasa en la instrucción de esos casos. No se entregarán más cadáveres a la oposición, porque no sirve de nada. 

Por lo demás, si creen que eso reducirá el desgaste político causado por la corrupción, no pueden estar más confundidos. En este asunto, lo que no le funcionó en su momento al PP de Rajoy no le va a funcionar al PSOE. 

El influencer que se cagó en 48 horas

Para acabar, un detalle que no pasa de ser cómico. El influencer ultra Vito Quiles volvió a desobedecer una citación judicial y a la jueza no le quedó otra opción que ordenar su detención estrictamente para asegurar que compareciera en su juzgado. Es casi una cuestión de trámite si alguien decide que no le apetece cumplir con la ley. En este caso, por una denuncia por difamación presentada por un funcionario del Ministerio de Hacienda.

Al igual que las modelos de OnlyFans, la publicidad es esencial para mantener la imagen de marca. El concepto de publicidad negativa no existe. El propagador de bulos elogiado por el PP se las dio de gallito y denunció una “persecución” del Gobierno. Se escondió en una urbanización con piscina, porque hacer de rebelde antigubernamental en mitad de una ola de calor te obliga a muchas pausas por hidratación. Hasta que se le acabó el cuento. No tiene muchas luces y acabó ofreciendo la frase que le define: “Me he cansado de vivir como un fugitivo”. La osadía le duró 48 horas. Nada más. Payasos de este tipo no pueden poner en peligro la democracia, como algunos creen. Sólo están para dar espectáculo en estos tiempos en que las personas elegantes salen de casa con el cuchillo entre los dientes. Y, como en OnlyFans, enseñar el culo puede ser muy lucrativo para algunos. Es sólo un modelo de negocio. Incluso durante 48 horas.

¿Hasta qué punto está solo Pedro Sánchez en el debate migratorio de la UE? Algunos medios lo han destacado con el fervor de quien cree haber recibido una buena noticia. No están muy equivocados. Por primera vez en mucho tiempo, la posición de España es minoritaria en Bruselas en el terreno de los principios, más allá de cuestiones presupuestarias. Europa pretende seguir los pasos de Donald Trump y convertir la UE en un infierno para los migrantes. Sánchez es el único dirigente que se niega a aceptar una corriente de opinión xenófoba que ahora es mayoritaria entre los gobiernos europeos.

El aumento de votos a los partidos de extrema derecha ha hecho que Ursula von der Leyen y la derecha europea se hayan decidido a considerar alternativas con las que reducir la llegada de migrantes que antes carecían de apoyos reales. El caso más claro es el de los centros de repatriación o retorno que serían construidos en terceros países, en su mayor parte en África y Asia. La idea tenía una dudosa cobertura legal, como descubrió Keir Starmer en Reino Unido con su acuerdo con Ruanda y Giorgia Meloni con el plan fracasado de hacer lo mismo en Albania. Ahora todo parece indicar que es cuestión de tiempo que esos centros vayan a existir, aunque aún no se sepa dónde.

Una de sus grandes defensoras no milita precisamente en la ultraderecha. La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, está convencida de que esos centros serán una realidad como muy tarde en 2027. Habrá un numeroso grupo de países dispuestos a seguir esa vía. Allí enviarán a los solicitantes de asilo mientras se tramitan sus peticiones durante años y a aquellos que deben ser deportados a sus países de origen, pero que resulta imposible hacerlo por la negativa de sus gobiernos a aceptarlos.

Diecinueve países europeos apoyaron en junio poner en marcha estos centros siguiendo el camino marcado por Meloni con Albania. Quieren que sean financiados con el presupuesto comunitario –el próximo que se negocia es para el periodo 2028-2034– con una cantidad que ascendería a 20.000 millones de euros, incluidos los fondos que se entregan a gobiernos extranjeros para limitar la llegada de sus ciudadanos a Europa.

Sánchez se opuso por considerarla una solución ineficaz que además “es contraria a los valores de la UE”. Emmanuel Macron compartió este último punto de vista.

Los críticos al proyecto de los centros los han llamado “los Guantánamos de la UE”, porque no habrá garantías reales de que se respeten sus derechos humanos. Quedarán en un limbo jurídico en el que todos los incentivos estarán diseñados para convencerles de que deben volver voluntariamente a sus países.

Frederiksen sostiene que esos centros deberán respetar el Derecho Internacional. “Nadie me ha podido convencer de que no sea una idea socialdemócrata contar con centros de repatriación fuera de Europa”.

El mensaje de Sánchez no puede ser más diferente. “Hay dos maneras de afrontar la migración. Una, negar la realidad y alimentar la xenofobia. Sin migración en España, 90.000 bares tendrían que cerrar, 50.000 aulas se quedarían sin alumnos y desaparecería una de cada tres explotaciones agrícolas”, ha dicho esta semana. Las cifras no tienen por qué ser exactas, pero el perjuicio que sufriría la economía sin los inmigrantes resulta evidente. España no habría alcanzado cifras de crecimiento muy por encima de la media de la UE sin la aportación de los extranjeros en el mercado laboral.

Los gobernantes como Frederiksen creen que solo se puede ganar a la extrema derecha adoptando algunas de sus ideas y prejuicios sobre inmigración. Quizá porque sean las suyas. Cuando llegó al poder en 2019, dijo que aspiraba a que el número de solicitantes de asilo se redujera a cero.

El proceso de regularización de más de un millón de inmigrantes sin papeles en España ha sido otro elemento de tensión que confirma que Sánchez no se dejará arrastrar por las políticas que llegan del resto de Europa. Esta semana, el Partido Popular Europeo (PPE), que preside doce gobiernos de la UE, publicó una declaración política dirigida directamente contra Sánchez. Las regularizaciones a gran escala, afirmaron, “corren el riesgo de debilitar la credibilidad de la política migratoria de la Unión, generar un fuerte efecto llamada y provocar movimientos secundarios dentro del espacio Schengen”.

La referencia a los “movimientos secundarios” carece de base. “La regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español”, dijo el lunes la ministra de Migraciones, Elma Saiz. No permitiría a los extranjeros legalizar su estancia en Francia o Alemania.

¿Cuál es la alternativa del PPE y del comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner? No está pensando en legalizar la presencia de extranjeros sin papeles, aunque esto les convierta en ciudadanos de segunda clase y sin derechos. “Debemos garantizar que, como regla, los migrantes irregulares abandonen la UE. Sin esto, nuestras políticas no son creíbles”, dijo Brunner en febrero. Esos gobiernos europeos saben que no pueden expulsar a todos los sin papeles y creen que ofrecerles una vía para legalizar su estancia es incompatible con la intención de que Europa sea un territorio hostil para los inmigrantes.

La falta de coherencia con otras realidades económicas europeas resulta evidente. El mismo Brunner alertó en junio de 2025 sobre las consecuencias de la realidad demográfica europea: “Si hoy detuviéramos toda la migración legal hacia Europa, nuestras economías serían entre un 9% y un 15% más pobres dentro de veinte años”. No hay más crecimiento demográfico que el que pueda propiciar la inmigración.

“Sobre la base de las tendencias actuales (según las previsiones de Eurostat hasta el año 2100), habrá 53 millones de personas menos viviendo en Europa que hoy. Eso significa que desaparecerá una octava parte de la población actual del continente. Ningún Estado miembro logrará compensar las muertes con nacimientos”, señala la web La Matinal Europea.

Brunner es un conservador austriaco que fue ministro de Hacienda. No son las proyecciones económicas las que le preocupan en estos momentos, sino la necesidad de no dejar a la extrema derecha el monopolio de la xenofobia. En la última encuesta de junio, el ultraderechista FPO saca con el 38% dieciocho puntos de ventaja a su partido –el OVP, miembro del PPE– y veinte puntos a los socialdemócratas. El alemán Friedrich Merz también ve con preocupación los sondeos. El de Forsa para RTL de finales de junio coloca a la ultraderechista AfD con un 26%, cuatro puntos por encima de la CDU. Los socialdemócratas, aliados de Merz en el Gobierno de coalición, se hunden hasta el 12%.

Sánchez no cedió cuando escuchó críticas de sus socios europeos ni cree que atacar a los inmigrantes le beneficiará en las encuestas de España. “Y si tienen alguna duda, pues que hablen con el Vaticano”, dijo en tono desafiante en la rueda de prensa posterior a la última cumbre. Sánchez prefirió estar solo antes que mal acompañado por la ultraderecha.

Invertir tiempo y esfuerzos en la propagación de un bulo no es una tarea condenada al fracaso en política. Quizá no sea infalible, pero puede servir para atar a tu núcleo duro de votantes a una realidad alternativa en la que has sufrido una injusticia o alertar de otra que puede ocurrir. Movilizar a tu base es una de las cosas que más interesan a los partidos. Convencerles de que el rival es capaz de lo peor siempre es una estratagema útil.

En 2021, un 60% de los votantes de Donald Trump creía a su líder por denunciar un supuesto fraude electoral en las elecciones del año anterior que habían dado la victoria a Joe Biden. Nunca se presentaron pruebas convincentes de ese engaño. Los republicanos presentaron 62 demandas en los tribunales y prácticamente todas fueron rechazadas por los jueces o retiradas por los demandantes. Cinco años después, ese porcentaje no ha cambiado mucho. Incluso ha subido. Un 63% de los votantes republicanos sigue creyendo que hubo un fraude, según una encuesta de Ipsos para Reuters. Entre todos los votantes, solo un 31% opina lo mismo –un porcentaje similar al de 2021–, pero los republicanos no están dispuestos a rectificar.

El Partido Popular ha decidido que sembrar dudas sobre la limpieza de las elecciones –un elemento esencial en cualquier democracia que merezca ese nombre– es una táctica rentable. Lo ha hecho incluso en comicios autonómicos donde era el favorito y finalmente fue el partido más votado. Confía en que sus votantes le acompañen hasta el final con estos prejuicios.

La presidenta de Extremadura llegó a denunciar una trama inexistente solo porque unos ladrones habían robado en la sede de Correos de un pueblo no muy grande. Grabó un vídeo en la última semana de campaña en diciembre de 2025 con ese mensaje.

Ahora el PP ha subido la apuesta, acuciado por los mensajes de Vox en el mismo sentido. Las nacionalizaciones de los descendientes de españoles exiliados por la dictadura franquista, gracias a la Ley de Memoria Democrática, han permitido a Alberto Núñez Feijóo montar una teoría conspirativa. Consiste en afirmar que el objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez es “fabricar dos millones y medio de votantes”. Afirma que no está denunciando un pucherazo, sino un proyecto de “ingeniería electoral”, una expresión que significa algo muy parecido. Es decir, Sánchez está fabricando votantes que puedan favorecerle.

Curiosamente, en una visita a Buenos Aires en 2022, se comprometió a “impulsar una ley de nacionalidad para los nietos de españoles en el exterior”. Para todos, no solo para los nietos de los exiliados del franquismo.

Quien piense que los votantes del PP no prestarán mucha atención a lo que digan ahora sus dirigentes o que se olvidarán pronto de la polémica supone desconocer cómo se transmite la desinformación y cuáles son sus fuentes más efectivas. Varios estudios realizados en EEUU y otros países apuntan que no son las redes sociales los instrumentos más eficaces, sino los partidos políticos y los medios de comunicación, en concreto aquellos que están más cerca de las ideas de cada votante.

“Mientras los actores políticos probablemente siempre han exagerado, engañado o incluso mentido, da la impresión de que la frecuencia de las mentiras y su importancia primordial en la estrategia de algunos actores políticos se ha incrementado en los últimos años”, dice un estudio de 2020 realizado por profesores de universidades de Suecia, Holanda, Austria e Israel. Los medios son parte del problema al jugar un papel paradójico. Al intentar desvelar que esas mentiras no tienen base en la realidad, las están propagando y es posible que se instalen en la mente de algunos sectores del electorado.

Antes de las elecciones de 2020, Trump y los republicanos comenzaron a extender la idea de que los demócratas preparaban un fraude con el voto por correo, una situación que no deja de tener similitudes con las críticas y avisos que han lanzado PP y Vox en España. Un estudio de la Universidad de Harvard llegó a la conclusión de que esa campaña de desinformación fue un proceso iniciado en medios de comunicación, mientras que las redes sociales jugaron un papel secundario. “Fox News y la campaña de Trump fueron mucho más influyentes al propagar ideas falsas que los trols rusos o los artistas del clickbait en Facebook”, dijeron sus autores.

Sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, los datos de una encuesta de The Washington Post y la Universidad de Maryland demostraron que la mayoría de los republicanos que veían Fox News pensaban que los participantes eran pacíficos en su mayor parte. Los republicanos que no veían esa cadena de noticias dijeron en su mayoría que eran violentos. La cobertura televisiva hecha por Fox News era el factor diferencial para establecer sus opiniones.

Los resultados del voto del extranjero en las últimas elecciones de Andalucía ofrecieron un ejemplo revelador sobre el comportamiento de algunos medios. El PSOE obtuvo mejores datos en el voto CERA que en las urnas de los colegios andaluces. La diferencia no era inmensa y resultaba irrelevante al no afectar ni de lejos al reparto de escaños. Hubo 21.583 votos enviados desde el extranjero en esos comicios. En toda Andalucía, votaron más de cuatro millones de personas (4.244.414). ¿Qué sentido tiene crear dudas con esos números?

Eso no impidió que hubiera medios que lo consideraran sospechoso, lo que era una forma de dudar de la limpieza del voto por correo. “El PSOE ha ganado el voto exterior en las cuatro autonomías en las que ha arrasado el PP”, tituló The Objective, que lo relacionó con unos supuestos cambios en los controles por parte de Correos “y las nacionalizaciones de la 'ley de nietos'”. En El Mundo, dieron la voz de alarma: “Algo está pasando con el voto exterior: el PSOE gana en Andalucía y dispara la sospecha”.

Isabel Díaz Ayuso se ha unido a la campaña de la forma que caracteriza a muchas de sus intervenciones, con amenazas. Ha sugerido que los diplomáticos y los funcionarios de las embajadas podrían estar pensando en cometer delitos: “Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda nuestro aviso”.

La asociación mayoritaria de la carrera diplomática, un cuerpo notoriamente conservador, ha respondido a Ayuso que no aceptan que se cuestione su profesionalidad. No hay pruebas de que estén haciendo eso, porque “se atienen estrictamente a la ley” en su trabajo. También niegan que el Gobierno pueda asignar cada nuevo nacionalizado al censo de la Comunidad de Madrid para perjudicar a Ayuso. Esa es una decisión que toma cada solicitante, pero que debe justificar para probar la relación de su antepasado con una provincia concreta.

Fue Vox quien empezó a cuestionar la limpieza del proceso electoral. El PP cree que no se puede quedar atrás y además le interesa relacionar al Gobierno con cualquier asunto que huela a corrupción. Pero, puestos a profundizar en las conspiraciones, es difícil superar a la extrema derecha. Al ver que Feijóo ha entrado en la polémica, se han apresurado a endurecer el lenguaje y las propuestas. Su diputado José María Figaredo ha definido el proceso de nacionalizaciones como “golpe de Estado a cámara lenta”. Además, exige que se prohíba el voto por correo a los españoles en el extranjero. Solo podrían depositar su voto en embajadas y consulados, lo que sería muy difícil o imposible para muchos de ellos.

El PP cree que está marcando el terreno a Vox con esta conspiración con la misión de no seguir perdiendo votos en dirección al partido de Santiago Abascal. Lo que dicen las encuestas es que no les está yendo muy bien. El PP se encuentra en un porcentaje de votos similar al obtenido en 2023, mientras Vox ha pasado del 12% al 17%. Cuanto más denuncian la maldad intrínseca de Sánchez, más crece Vox.

No está el ambiente para que haya muchas risas en el Gobierno, pero el jueves los socialistas decidieron regalarse un momento gamberro en el pleno del Congreso. Salió adelante una moción del PP con el apoyo de Vox y Junts en la que se pedía a Pedro Sánchez “considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza” y ya de paso se reclamaba su dimisión. Se aprobó por 178 votos a favor y 171 en contra. Sánchez y sus diputados se levantaron a aplaudir, una forma de mostrar que sólo se trataba de un espectáculo sin importancia. Un día más en la oficina. Ellos dijeron después que se felicitaban por la aprobación de dos leyes. Vale, como le dijo Sánchez a Ione Belarra, para ti la perra gorda.

La moción no tiene ningún valor vinculante. No obliga legalmente a Sánchez a hacer nada. Es como entonar cantos regionales en el Congreso. Da para unos cuantos titulares y no mucho más. Refleja una realidad política conocida que no se puede obviar. El Partido Popular se apresuró a anunciar que se trataba de un momento “histórico”, lo que supone una notable devaluación del concepto. Como cuando la prensa deportiva dice que una victoria del Real Madrid en Múnich por tres goles de diferencia es algo histórico. Si algo no ha ocurrido antes, eso no significa que sea histórico (pronúnciese la palabra en tono de admiración y regocijo).

Tanto que dicen que la Constitución debería enseñarse en los colegios y resulta que ni los políticos se la saben o la tienen en cuenta. La forma en que un Parlamento pone fin a un Gobierno es con una moción de censura (o con la derrota del Gobierno en una cuestión de confianza). Es lo que marca la Constitución. El PP lleva toda la legislatura acusando a Sánchez de estar violentando o vulnerando la Carta Magna. Algunos tontos útiles argumentan que la Constitución ha quedado derogada “de facto”. Será dentro de su maltrecho cerebro, porque sigue estando en vigor y condicionando el funcionamiento de las instituciones. A la hora de la verdad, la Constitución es sagrada para algunos, pero no tanto cuando no les conviene. 

Cumplir el texto constitucional tampoco es una garantía de buen gobierno. En el mundo real, ocurren múltiples factores que limitan su aplicación. El derecho a una vivienda digna aparece en su articulado, y ya sabemos que eso es una quimera para millones de personas. 

Cuando se redactaba la Constitución de 1978, se escribió en muchos artículos que sus autores habían optado por el modelo alemán. La moción de censura debía ser constructiva e incluir un candidato como presidente. El relevo era inmediato, como sucedió en 2018. Podían haber elegido el modelo italiano, donde el triunfo de una moción de censura supone la dimisión inmediata del primer ministro y de su Gobierno, que quedan en funciones a la espera de que el presidente encargue la formación de un nuevo Gabinete a otro político o, si resulta imposible, convoque nuevas elecciones. 

El elevado número de gobiernos en Italia en los años 70, con una duración media inferior a un año, no animaba a seguir ese camino. El político paradigmático de esa época fue Giulio Andreotti, siete veces primer ministro. Su currículum no acaba ahí. Fue ocho veces ministro de Defensa, a lo que hay que sumar otras quince carteras en otros gobiernos. La formación de un nuevo Gabinete era casi una rutina anual.

Se eligió la opción de la moción de censura constructiva en España para dar mayor estabilidad a los gobiernos. Por entonces, se pensaba que había que asegurar la continuidad del poder ejecutivo y no dejarlo al albur del combate político que se produciría en el legislativo. Al igual que con la jornada de reflexión, algunos creían que nos íbamos a acuchillar por las calles por nuestra falta de cultura democrática. De más está decir que esas cautelas nos parecen ahora excesivas. 

El sistema político se encuentra en una situación de empate permanente. El Gobierno carece de una mayoría en el Congreso después de que Junts haya dejado claro una y otra vez que ya no le apoya. La oposición no puede aprobar una moción de censura porque ni el PNV ni Junts están dispuestos a votar a favor de Feijóo. En este punto es difícil llegar a una conclusión, porque Junts va cambiando de posición cada semana en las votaciones. Y así estamos desde hace meses dando vueltas sobre lo mismo. Si la situación económica fuera muy mala, las consecuencias serían graves. Como no es el caso, el Gobierno puede seguir dando patadas al balón hacia adelante y ver qué pasa después.

En cualquier caso, la crítica a un Gobierno que no ha conseguido aprobar presupuestos en esta legislatura es legítima. ¿Gobernar para hacer qué? Sánchez ha intentado responder a esa pregunta con un tuit que destaca cinco medidas puestas en marcha esta semana. La más importante es la promesa de destinar 6.200 millones más en dos años para el gasto en dependencia por las comunidades autónomas. Pero es una promesa que va más allá de esta legislatura y que depende también de lo que gasten las CCAA en la parte que les toca. 

Al PP no le conviene presentar una moción de censura que no puede ganar a día de hoy. Así que se conforma con poner cara de estar muy enfadado, porque Sánchez no le hace el favor de convocar elecciones. Y rendirse antes si puede ser. Junts hace algo parecido, pero lo dice en catalán. Ninguno de los dos se atreve a pactar la moción. El simple roce entre ambos provocaría rechazo entre muchos de sus votantes y la brigada mediática que les apoya. Siempre queda la alternativa de generar confusión, como ha hecho Miguel Tellado en unas declaraciones: “Lo que sucedió en Cataluña en el 2017 sucedió en 2017. No se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy la amenaza no es el secesionismo. Es la permanencia en el Gobierno de una especie de organización criminal”. 

Pues muy bien. El PP reconoce que el desafío independentista en Catalunya es cosa del pasado. Lo apuntamos para la próxima vez que diga que España se rompe y que le quedan dos telediarios sin pausas publicitarias. 

¿Quién ha concedido a los jueces el privilegio de no ser criticados?

Si das la vuelta a la esquina, te encontrarás a un juez indignado por las críticas a las resoluciones judiciales. Puede que también haya uno debajo de tu cama muy interesado en contarte que esos ataques son un peligro para la independencia judicial. Luego te dicen que desde luego que los jueces son tan independientes como las vírgenes vestales y que todos sus autos y sentencias son impecables. Por tanto, habrá que llegar a la conclusión de que, por muchas críticas que reciban, continúan siendo independientes, ¿no?

En épocas menos tumultuosas que esta, sería bueno que al menos el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia se abstuvieran de criticar las decisiones judiciales. Por aquello de las apariencias. Pero ahora tenemos a un juez que pretende meter en la cárcel a la esposa del presidente después de una instrucción delirante. No es extraño que Sánchez se lo tome como algo personal.

José María Calero, abogado y fiscal en excedencia, publica un artículo en El País con varias ideas interesantes. Explica que criticar una resolución judicial no es un disparate, sino una forma natural de ejercer la libertad de expresión. ¿Dónde está escrito que en una sociedad democrática no se pueda criticar a los jueces que en sí mismos son una representación del poder del Estado? ¿Dónde han conseguido esos altos funcionarios del Estado ese privilegio? 

Resulta que algunos jueces, sobre todo si pertenecen a ciertas asociaciones judiciales, sí se reservan el derecho a criticar medidas políticas del Gobierno o del Parlamento, como vimos con la ley de amnistía, y hasta a manifestarse en la puerta de sus juzgados con las togas puestas. Cuando lo hacen, dicen hablar en nombre de los jueces o de la justicia. Calero les responde:

“Es frecuente esta profunda perversión del ejercicio de ese poder en estos días. Hemos oído expresiones como 'los jueces no nos vamos a dejar intimidar' u otras similares como '¿se creen que van a poder con los jueces y la Guardia Civil?'. Esas manifestaciones apuntan a un entendimiento personalista y equivocado de la naturaleza y los límites de su poder. El juez solo ejerce un poder legítimo en el dictado de sus sentencias, pero cuando pretende hablar como juez miembro de un poder colectivo en televisión hace un ejercicio ilegítimo y desviado de su poder. Por eso merece la crítica más simple y más severa: usted no es juez en este momento y debiera saberlo, los jueces como colectivo no son un poder legítimo en nuestro ordenamiento jurídico. Diga lo que quiera, pero acuérdese que lo hace como ciudadano, no como juez”.

Las últimas revelaciones sobre el caso Zapatero han dado lugar a titulares escandalosos. Resulta que el expresidente se reunía con frecuencia con el actual presidente. No se ha visto nunca nada parecido. Con la cocina adecuada, la máquina de titulares puede ofrecer platos de lo más variados y en general de aspecto sospechoso. Todos apestan a delito. No importa que no tengan una relación directa con los presuntos delitos que se investigan. Forman parte de la guarnición mediática que acompaña a estos casos. El acusado aparece como un personaje siniestro o estúpido. El corolario apropiado, mientras la instrucción sigue su curso, es el de siempre: algo habrá hecho.

El contenido de la agenda personal de José Luis Rodríguez Zapatero fue publicado en la mañana del jueves por múltiples medios gracias a que había aparecido en un informe de la UDEF, incluyendo elementos personales que poco o nada tienen que ver con el proceso judicial. De ahí al sumario y del despacho del juez a las partes personadas, en especial las acusaciones populares. Dirigidas por el Partido Popular, forman parte de ellas Vox y las organizaciones que están siempre en las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno. A saber, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum. Son los que quieren meter en prisión a Begoña Gómez y David Sánchez.

Como el juez José Luis Calama no nació ayer ni es la primera vez que ocurren estas cosas en la Audiencia Nacional, debía de saber que algo así podía ocurrir. Su reacción fue similar a la del comisario Renault en la película Casablanca. Acabo de descubrir que se ha filtrado información del caso. No doy crédito. Intolerable y posiblemente ilegal.

Por ello, pidió que un juzgado de Madrid investigara la filtración para identificar “a sus responsables ante su eventual carácter delictivo”. Cree que se han podido producir varios delitos, en especial la “revelación de actuaciones procesales secretas o de informaciones reservadas”.

Hay que preguntarse por qué el magistrado no tomó la medida que habría impedido este tráfico de datos personales y cuestiones de vida privada. Podría haber ordenado a la policía que revisara antes todo ese material para borrar aquellos asuntos sin relación con los delitos investigados. Quizá se trate de una persona de gran bondad natural que no se imagina que grupos ultraderechistas como Manos Limpias y Hazte Oír intenten aprovechar su acceso al sumario para favorecer sus conocidos intereses políticos.

En lo sucesivo y por decisión del juez, el acceso al archivo virtual quedará limitado al Partido Popular, elegido por Calama para dirigir las acusaciones populares, y ya sabemos que el PP no tiene un interés político en este caso. Está ahí por puro sacrificio personal y para echar una mano a la Fiscalía.

Los agentes se hicieron con las agendas de los años 2024 y 2025 en el registro de la oficina de Zapatero el 19 de mayo. Los titulares exprimieron a fondo el contenido. Todo lo que conectara al expresidente con Pedro Sánchez tenía preferencia, como si hubiera alguna duda sobre su relación. “Zapatero se reunió al menos diez veces con Sánchez en 2024 y 2025 para despachar sobre Puigdemont y política exterior”, escribió El Español. En alguna ocasión, quedaban para tomar “un café” en Moncloa. Un hecho de gran impacto noticioso.

En El Confidencial emplearon la típica confusión entre correlación y causalidad: “La UDEF certifica que Zapatero se reunía con Sánchez y sus ministros mientras facturaba millones por su influencia”. Es una forma de colocar en la misma frase a Sánchez y al dinero conseguido por Zapatero de forma supuestamente ilegal. El artículo sugiere –sin más pruebas que la celebración de esos contactos frecuentes– que utilizaba esa influencia para favorecer a sus negocios. La elección del lenguaje es poco inocente. Habla de “los tentáculos del dirigente socialista”. Un pulpo del tráfico de influencias, se podría decir.

El Mundo las llama “las agendas hiperactivas” de Zapatero. El valor de contar con expresidentes y ex primeros ministros puede estar exagerado, pero son muy requeridos por políticos y empresas, no necesariamente para cometer delitos.

Zapatero ha sido el consejero más directo de Sánchez fuera del Gobierno desde antes de las elecciones de 2023. Tuvo un papel protagonista en la campaña electoral que el presidente valoró mucho. A diferencia de la vieja guardia socialista y a pesar de haber apoyado a Susana Díaz en las primarias, Zapatero mostró después su apoyo público a Sánchez. Para los votantes, era una forma de conectar al actual PSOE con sus años en el Gobierno y sus medidas más populares. Para el expresidente, una forma de hacerse perdonar el fracaso final de su segundo mandato por la crisis económica.

Entre el material filtrado, hay varios ejemplos de cuestiones de vida privada de utilidad inexistente para la investigación, pero suficiente para un titular de OK Diario (el baremo no es muy alto en este caso). Por ejemplo, que iba a la peluquería cada cuatro semanas, entre otras cosas para perfilar las cejas, que cenó un día con el presentador televisivo Javier Ruiz y su pareja Sarah Santaolalla o mensajes sobre la gestión de una entrevista con el medio prosocialista El Plural. Es posible que hasta el PP piense que ninguna de esas tres cosas es delito.

Esta filtración continúa la tendencia habitual en muchas instrucciones. Ser imputado en una causa de gran interés periodístico suspende el derecho a la intimidad y libre imagen de los acusados. La policía se hará con el contenido de su teléfono móvil y luego parte de esa información acabará publicada en los medios por muy irrelevante que sea. Algunos jueces no se inmutarán. Otros, como ahora Calama, pedirán que se investigue sabiendo que nadie reconocerá la autoría ni habrá pruebas para acusar a nadie.

Cada vez está más claro que borrar de forma periódica el contenido del móvil es la opción más recomendable en las profesiones del ámbito de la política. La alternativa es fiarse de un juez y acabar con tus cuestiones personales aireadas en todos los titulares y ofrecidas de forma que parezcas sospechoso.