León XIV no cree que los extranjeros sean una amenaza para Europa y sus sociedades. No apoya que los inmigrantes sean ciudadanos de segunda clase a los que se pueden negar servicios y derechos básicos. No piensa que los españoles de origen deban contar con privilegios o ayudas que no se conceden a los de fuera. Los extranjeros que viven en España deben contar con “posibilidades reales de integración”. Todos, incluidos los políticos, saben que sin papeles están expuestos a la marginalidad y los abusos.

El Papa pronunció un discurso prudente en el Congreso ante diputados y senadores con la previsible intención de que ningún grupo político pudiera apropiarse de él, en el caso de que eso sea posible. Recibió una larga ovación de siete minutos, aunque eso no garantiza que le vayan a hacer caso. No ya por las lógicas diferencias ideológicas, sino por la persistencia de una violencia verbal que ya es consustancial a la vida política española. “La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario”, dijo. “La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humillación”. Lo contrario de lo que se ve en el Parlamento todas las semanas, en especial en la oposición al Gobierno. Humillar al rival forma parte de la dieta parlamentaria cotidiana.

Robert Francis Prevost nació en Chicago hace 70 años. La suya es una ciudad que recibió desde las dos últimas décadas del siglo XIX a un altísimo número de inmigrantes procedentes de Europa —desde Italia, Irlanda a varios países de Europa Central y del Este—, que formaron la base de la clase trabajadora en sus industrias.

La migración interna también hizo que la ciudad creciera con la llegada de centenares de miles de negros en lo que se llamó la Gran Migración. Abandonaron los estados del Sur para buscar en el Norte un lugar menos hostil para sus vidas, lo que no siempre consiguieron. Tras un declive demográfico a partir de 1950, la tendencia en Chicago se revirtió a finales del siglo XX gracias a la inmigración.

Viniendo de allí, León XIV es muy consciente de las tensiones sociales y políticas que se originan con las migraciones y las respuestas reaccionarias a su ascenso. Pero, como católico y ahora jefe de la Iglesia en todo el mundo, no está dispuesto a dejarse arrastrar por el clima político que ahora se aprecia en su país y en Europa. Ni a dejarse intimidar por las ideas ultranacionalistas y la persecución al inmigrante promovidas por Donald Trump y su Gobierno.

“El extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad”, dijo en el Congreso. El principio moral que le mueve es la defensa de esa dignidad para la que no hay excepciones: “Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”.

El Papa también desplegó los argumentos de la Iglesia contra el aborto y la eutanasia: “Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia”. Es una posición conocida de la Iglesia que no puede sorprender a nadie a estas alturas y que también defendía el Papa Francisco. No está de más recordar que es una posición minoritaria en la sociedad española. Eso no quiere decir que no sea significativa o que pueda presentarse como irrelevante.

El derecho al aborto es una parte esencial de la defensa de los derechos de la mujer, un asunto en el que la Iglesia siempre ha llegado tarde a lo largo de la historia.

Entre las ausencias poco comprensibles en el discurso estuvieron los escándalos de los abusos a menores por religiosos en todo el mundo. Habrían tenido un encaje perfecto en la parte dedicada a la defensa de los más vulnerables. León XIV sí mencionó esa herida que avergüenza a la Iglesia y a los católicos en su intervención posterior ante la Conferencia Episcopal. Ordenó a obispos y arzobispos que respondan “con la escucha, la verdad, la justicia y la reparación” ante un hecho que definió como “plaga”. Por la tarde, el Papa se reunió con algunas de las víctimas que reclamaron una respuesta a la comisión puesta en marcha por la Conferencia Episcopal.

Acabado el discurso, todos se apresuraron a destacar lo mucho que coincidía con sus propias ideas. Era inevitable, aunque dio lugar a algunos ejercicios de contorsionismo. Alberto Núñez Feijóo dijo que le gustaba todo: “Desde la primera a la última de sus palabras, lo que ha dicho y cómo lo ha dicho. Desde la A a la Z”. Él sabrá cómo casa la defensa de la dignidad de los inmigrantes con negarles la regularización que acaba de aprobar el Gobierno, es decir, los documentos que los convertirán en sujetos de derechos. Y todo ello mientras su partido pacta con Vox en las comunidades autónomas distintas versiones de la “prioridad nacional” que niega a los que han llegado en los últimos años de Perú o Ecuador aquello a lo que tienen derecho los nacidos en Zamora o Alicante.

Casi lo mismo hizo Santiago Abascal, que no apreció “ninguna contradicción” en las posiciones de su partido con el discurso del Papa después de varias semanas en que dirigentes de Vox le han dicho de todo a Prevost por su apoyo a los inmigrantes y contra los obispos que “hacen negocio con la inmigración”, en palabras de su líder.

El ministro Félix Bolaños prefirió centrarse en el rechazo a la guerra mostrado por el pontífice y se alegró de que el discurso fuera “absolutamente concordante y coherente con la posición del Gobierno” en la defensa de la paz y el Derecho Internacional.

León XIV tendrá esta semana en Canarias otra oportunidad de insistir en su mensaje favorable a la integración de los inmigrantes y el respeto a su dignidad como seres humanos. Es poco probable que los políticos que estén en otra onda vayan a cambiar sus intereses y sus prejuicios. Pero los católicos ya deben tener claro lo que opina su pontífice sobre la dignidad de los extranjeros que levantan este país con su trabajo y su esfuerzo. Respetarlos es de alguna manera una prioridad moral.

Voy a comenzar el boletín de este domingo con unas palabras de Emiliano García-Page. No es que el presidente de Castilla La Mancha tenga un olfato político bien calibrado, pero estas frases no están mal tiradas. “En España tenemos la mala costumbre de pensar que la gente mala es lista. Pues no, también hay corruptos tontos y torpes. Esta es una”, dijo esta semana al hablar de Leire Díez, la espía tonta que el PSOE, a través de Santos Cerdán, financió para que buscara trapos sucios de jueces, fiscales y policías. 

Con Page, es fácil encontrar frases que confirman que ha comprado la mayor parte del mensaje de la derecha. En esa misma entrevista, dice que se deberían haber celebrado elecciones anticipadas hace un año y que ya es imposible gobernar, porque “el poder lo tiene Puigdemont”. Claro que sí. Por eso, sigue viviendo de alquiler en Bélgica y su partido se va consumiendo en los sondeos.

Volviendo a Leire Díez y lo que se ha sabido esta semana, tenemos una nueva víctima política a la que se podría añadir a su jefe, que resulta que es el ministro de Interior. Se trata de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, de la que Marlaska dijo antes que no se había reunido con Díez. Eso ha quedado viejo. El informe de la UCO describe tres contactos entre ambas. El ministro ha pasado a decir que “no tuvo con Leire ninguna conversación relativa a la trama”. Entonces, ¿de qué hablaron? La nueva versión es que Díez le pidió que echara un cable al comandante Rubén Villalba, que estaba implicado en el caso Koldo, y que en ese momento González puso fin al encuentro y no hubo más relación. 

Este tipo de situaciones ponen a prueba la paciencia de los votantes y eso en política nunca acaba bien. ¿Por qué no se contó toda la verdad desde el principio? La respuesta es sencilla: porque sabían que eso daría mala imagen y regalaría argumentos al rival político. O porque se estaba intentando ocultar algo. Al final, las consecuencias son peores. Una investigación revela hechos que podrían ser sospechosos o no muy relevantes, pero, como no fuiste honesto desde el primer momento, ahora lo tienes más difícil para que te crean. 

También podrías llegar a la conclusión, aunque creas que no hay indicios de delito en esa situación, de que alguien tiene que pagar con el puesto al asumir las consecuencias políticas de esos actos. No siempre es justo, pero la política dista mucho de ser justa cuando vuelan las sospechas. Necesitas poner a alguien que no tenga ninguna relación con los hechos y que por tanto esté libre de toda culpa, real o potencial. 

No va a ocurrir nada de eso. Es más fácil que Donald Trump o el Papa tengan que dimitir a que lo haga Marlaska. Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo al ministro y a la directora de la Guardia Civil. En resumidas cuentas, el marrón se lo comerá entero Moncloa. Y luego se quejarán. 

Ya no se puede negar que un grupo de personajes lamentables se dedicaba a intentar desacreditar las investigaciones policiales y judiciales que podían perjudicar al Gobierno. ¿Con qué nivel de apoyo político? Los informes policiales indican que recibían dinero de Santos Cerdán cuando era secretario de Organización del PSOE. Los socialistas pueden decir ahora que ya no tienen ninguna relación con él y que se busque la vida en las causas judiciales que le atañen. Vale, de acuerdo, pero Cerdán era quien dirigía el partido desde Ferraz, por decisión de Sánchez, y quien controlaba sus fondos. La distinción de que era Cerdán, y no el PSOE, quien hacía esos pagos a la banda de Díez es casi bizantina. No te absuelve en absoluto de tu responsabilidad política. 

Una explicación convincente la ha dado el ministro Félix Bolaños: “Es indiscutible que hay una persona que utiliza el nombre del presidente del Gobierno continuamente y probablemente lo hace para darse importancia. Pero es que el propio sumario responde a esa pregunta, porque no hay nada, absolutamente nada, que indique que el presidente del Gobierno tuviera ningún conocimiento de esto”.

No es eso lo que dice la UCO en su informe. En el estilo habitual de estos agentes, donde se mezclan los hechos, las deducciones y el uso frecuente del condicional, escriben que “lo que se evidenciaría del contenido de los mensajes anteriores es el conocimiento por parte del presidente del Gobierno de la actividad que venía desarrollando la propia Leire”. Y con eso el diario ABC ya tenía hecho el titular: “La UCO sostiene que Pedro Sánchez conocía el trabajo de las cloacas del PSOE”.

Sánchez confirmó el viernes que no sabía nada de las maniobras de Díez: “Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”. 

El Partido Popular afirma que estamos ante el escándalo más grave de la democracia, como si hubiera pocos. Mientras tanto, se celebra en la Audiencia Nacional el juicio de la Kitchen donde no encontrarás a una exmilitante y exconcejal del PP con delirios de grandeza. En el banquillo de los acusados están: un ministro (Fernández Díaz), un secretario de Estado (Martínez), un director operativo de la policía (Pino), el célebre comisario Villarejo, el comisario Gómez Gordo que fue también cargo de confianza de Cospedal, el comisario y jefe de la UDEF Martín Blas, el comisario Olivera que había sido jefe de la UDEF, el inspector jefe Fuentes Gago, mano derecha de Pino, y el inspector jefe Díez Sevillano, también colaborador de Pino. Toda la plana mayor del Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy. Si eso no es una conspiración, ya casi no se puede utilizar esa palabra.

Desde luego, Rajoy dice que no sabía nada de lo que pasaba en ese Ministerio ni de lo que había hecho su tesorero, Luis Bárcenas, de la misma forma que Aznar no sabía nada de la Gürtel. Pero el PP está convencido de que Sánchez lo sabía todo de Ábalos, Koldo, Cerdán y Leire. Y que algún juez le llamará a declarar como imputado más pronto que tarde.

Cada uno puede valorar la credibilidad de los indicios conocidos del caso Leire. Lo que no puede hacer es restar gravedad a las acusaciones sobre las maniobras de Leire Díez pagadas con fondos del PSOE porque los de antes hacían lo mismo, pero mejor y con tipos con más experiencia en el ramo.

Un delirio judicial

A las acusaciones populares, incluidas las del PP y Vox, en el juicio de David Sánchez no les vino muy bien el testimonio de los tres directores que han dirigido los dos conservatorios de Badajoz en los últimos años sobre la conducta profesional del hermano del presidente del Gobierno. Así que han doblado su petición de pena, de tres a seis años de prisión. Intentan aprovecharse del testimonio del teniente coronel Antonio Balas, que una vez más se explayó con sus deducciones y su teoría de que si hay una jerarquía de mando en una institución, y las hay en todas, el de arriba tuvo que cometer todos los delitos que se están juzgando. ¿Qué pruebas tiene para afirmarlo? No necesita ninguna. Le preguntaron por el resto de acusados. Dijo que no sabía nada de ellos, como escribí en el artículo del jueves. Él estaba ahí sólo por David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.

El juicio de Sánchez es un puro dislate. Es un agravio comparativo con los casos de enchufes o nepotismo que han pasado por los tribunales. Ignacio Escolar recuerda uno muy conocido, el de José Luis Baltar, presidente de la Diputación de Ourense desde 1990 a 2012. Colocó de forma ilegal a 104 personas en nómina, la mayoría familiares y cargos vinculados al PP. Nunca le pidieron pena de prisión y solo fue condenado, cuando ya estaba fuera de la política, a nueve años de inhabilitación. 

El que pueda pedir seis años de prisión al hermano de Pedro Sánchez, que lo pida.

A tope con los fetos y que les den a los niños

Todas las veces que he estado en la Asamblea de Madrid en épocas de calor, la temperatura era gélida. No me hubiera sorprendido ver a un oso polar siguiendo una rueda de prensa con el boli y el cuaderno sintiéndose como en casa. Cuando en plena crisis energética por la invasión de Ucrania el Gobierno de Sánchez impuso una temperatura mínima de 24 grados en los edificios de la Administración, en la Asamblea pasaron del tema y puede que hasta bajaran el termostato.

Por eso, resulta grotesco que un consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se riera de la petición de acelerar la instalación de equipos de aire acondicionado en los colegios. Mariano de Paco dijo que el calor puede ser “fuente de inspiración” y que él fue al colegio en Murcia, que allí hacía mucho calor “y aquí estoy y no pasa absolutamente nada”. Que vayan los niños en manga corta, dijo, como hace con su hijo. Se creerá que lo normal es que estén a 30 grados en las aulas con un plumífero.

Puedes estar seguro de una cosa. Todos los políticos que restan importancia al tema de calor tienen puesto el aire acondicionado en sus despachos. Nunca prescindirán de él. Para los demás, ya se verá, y si son niños, que les den.

Lo curioso es que momentos antes Ayuso defendió su medida de considerar al embrión como parte de la unidad familiar con vistas a las ayudas sociales. “Cada vida importa desde el primer suspiro”, dijo, y por eso “estamos legislando para el no nacido que está en camino”. Ya lo decía George Carlin en una de sus actuaciones: “Los conservadores son de lo que no hay. Harían cualquier cosa por el no nacido, pero una vez que has nacido, te buscas la vida. Los conservadores están obsesionados con el feto desde la concepción hasta los nueve meses. Después de eso, no quieren saber nada de ti”. 

En los dos años desde que se presentó la primera querella contra él, David Sánchez ha sido presentado por varios medios de comunicación como el típico enchufado sin oficio ni beneficio que consiguió un puesto en una diputación gracias a que era el hermano del presidente del Gobierno. Solo había aparecido antes una vez en la prensa en un artículo que destacaba de forma irónica que era el hermano listo de la familia gracias a sus estudios de música en Rusia. En el Conservatorio Estatal de San Petersburgo obtuvo una matrícula de honor en Composición Musical y Dirección Operística y años después fue director artístico del Teatro Mikhailovsky de esa misma ciudad.

Lo que aparecía sobre él no tenía que ver con óperas y partituras. Se dijo que contaba con un patrimonio millonario –un millón de euros en acciones que luego resultaron ser 90.000–, que le habían regalado el puesto en Badajoz sin tener los conocimientos necesarios y hasta que vivía en Portugal, como si esto último fuera delito. Todo esto no tenía que ver con el procedimiento judicial, pero ayudaba a ponerle la etiqueta de culpable. La querella la puso Manos Limpias, una más de las muchas que presentan de forma mecánica en los tribunales. Con el Tribunal Supremo, encadenan derrota tras derrota, pero en los juzgados siempre puede sonar la flauta.

David Sánchez declaró el jueves en el juicio en el que las acusaciones populares –el PP, Vox y varias organizaciones ultraderechistas– pedían tres años de prisión para él. Eso era al principio del juicio, porque de repente el jueves decidieron doblar la petición de pena hasta los seis años sin que hayan aparecido elementos nuevos en el transcurso de la vista sobre los posibles delitos cometidos. Es una forma de decir al tribunal que una absolución no sería tolerable.

El acusado solo respondió a las preguntas de su abogado. No muchas. Se vio claramente que el acusado no estaba preparado para la situación. Sea o no apropiado para su estrategia de defensa, dio muestras de estar perplejo por pasar por este trago. Su abogado podía haberle preguntado por sus antecedentes profesionales con el fin de confirmar que estaba preparado para el puesto, pero por alguna razón prefirió no hacerlo.

Sánchez no estuvo nada acertado en la fase de instrucción cuando dio explicaciones no muy claras sobre el espacio físico en que trabajaba. Su puesto pasó a llamarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas, con el mismo sueldo, pero nunca fue un departamento propio con funcionarios y unas oficinas específicas para esa función. En el juicio, explicó que le dieron inicialmente un despacho y que luego tuvo que cambiarse. “A partir de entonces, compartí otros espacios comunes con otros trabajadores”. En la última etapa, se le entregó uno nuevo “también compartido”. A preguntas de su abogado, dijo que “no era una oficina, sino una categoría administrativa”.

Ese trasiego de espacios de trabajo desmiente la idea de que Sánchez impuso su influencia por ser quien era a la hora de realizar sus funciones. “No tengo capacidad de influir en nada”, dijo. No era un cargo político ni un funcionario, pero sí un cargo de confianza. El entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, contó después el motivo. “Si luego se cesa al titular, se puede amortizar el puesto”, dijo, y no es necesario nombrar a un sustituto. “Eso es lo que quería oír”, respondió su abogado. Seguro que le había dicho antes a su cliente qué le iba a preguntar, pero no había quedado muy satisfecho con la primera respuesta.

No era una oposición a la que se presentan muchos candidatos que tienen que pasar por varias pruebas. Una persona que se sintió injustamente postergada en la selección había declarado antes como testigo. En las declaraciones del jueves, uno de los acusados, el exdirector de Cultura de la Diputación, dijo que ella solo había presentado un proyecto de “una hoja y media”.

Las declaraciones como testigos de las tres personas que han dirigido los dos conservatorios de Badajoz desde entonces habían desmentido muchas de las presunciones hechas durante dos años sobre el trabajo de Sánchez y por las acusaciones en la vista. Confirmaron que el director de la oficina había realizado las funciones asignadas a su puesto con normalidad. Yolanda Sánchez dijo que su ayuda había sido valiosa y que tenía “un buen currículum y estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”.

Nunca pensaron que la adjudicación estuviera amañada. Otro director que le había llamado “hermanísimo” en un email redujo el uso de la palabra a una anécdota por ser un comentario que circulaba en pasillos. Después de varias preguntas sobre esa palabra, el presidente del tribunal las zanjó diciendo que a la sala no le interesaban “ni los rumores ni las elucubraciones ni los corrillos”.

Una declaración muy diferente fue la del teniente coronel Antonio Balas, director de la Unidad de Delitos Económicos de la UCO. Al igual que en el juicio del fiscal general, el jefe de la UCO explicó tanto los hechos de la investigación como sus deducciones. Una vez más, se atuvo al principio de que quien manda en una institución impone sus deseos sobre todos los niveles. Dio por hecho que las necesidades de personal están condicionadas por intereses políticos. Por ello, declaró que la decisión de crear el puesto “partió de un nivel superior con capacidad política”, refiriéndose a Gallardo como presidente de la Diputación. Las defensas argumentaron que no había presentado ninguna prueba sobre esa afirmación.

En la fecha en que se decidió crear esa plaza en octubre de 2016, Pedro Sánchez ya no era secretario general del PSOE. Gallardo, como declaró en el juicio, apoyó en las primarias posteriores a su rival, Susana Díaz, atendiendo al criterio del líder del partido en Extremadura, Guillermo Fernández Vara. En opinión de Balas, la elección de David Sánchez para el puesto ya estaba “predeterminada” en ese momento. El proceso de selección de la plaza no se puso en marcha hasta mayo de 2017, un mes antes de las primarias.

En el juicio, un abogado preguntó a Balas por la responsabilidad de los demás acusados. Sorprendentemente, no tenía nada concreto que decir sobre ellos. “No sé quiénes son los otros acusados. Evidentemente, para darle una apariencia de legalidad a todo el proceso, si esto es así, pues se necesitan diferentes intervinientes”. Solo estaba interesado en Sánchez y Gallardo.

El PSOE ya debería tenerlo claro. Por mucho que corra, Santos Cerdán siempre le terminará pillando. Por precisar, todo lo que Cerdán hizo cuando era secretario de Organización del partido, lo que le convertía en la práctica en el hombre que daba las órdenes que había que cumplir. Eso era así porque Pedro Sánchez le había elegido para el cargo en sustitución de José Luis Ábalos. Le entregó las llaves del partido y el acceso a sus cuentas corrientes, le dio una palmada en la espalda y le dijo: tú te ocupas de todo. Dicho esto, se subió al coche y se volvió a Moncloa.

Viene esto a cuento de los titulares que aparecieron el miércoles por la publicación del contenido del sumario de la Audiencia Nacional sobre las maniobras realizadas para atacar la credibilidad de las investigaciones policiales y judiciales que perjudicaban al Gobierno. Al final, no importa tanto que el sujeto de esas frases sea 'Santos Cerdán' o 'el PSOE'. Era lo mismo. No había más PSOE que lo que Cerdán decidiera o las medidas que pusiera en marcha. Todo lo demás estaba en el Gobierno ocupándose de las cosas a las que se dedican un presidente y sus ministros. La alta política, como les gusta decir. En la baja política, Cerdán tenía las manos libres para establecer sus prioridades.

Cuando te metes en una operación para desacreditar a policías, jueces o fiscales, no puedes ir por ahí diciendo que no conoces a nadie de arriba o que eres una mindundi. Todo lo contrario. Haces promesas para obtener información y las respaldas con el argumento de que podrás cumplirlas. Dinero, ascensos o lo que sea. Si no lo haces, nadie te va a contar nada, porque tus interlocutores se preguntarán qué van a sacar a cambio en beneficio propio. En esos momentos, Leire Díez se presentaba como la señora Lobo del PSOE. Ella estaba ahí para arreglarlo todo. Como en 'Pulp Fiction', aparecería de improviso y sería la salvadora del partido.

A los socialistas les gusta decir que son un partido de 140 años de historia. Ahora tendrán que asumir que esa trayectoria se resumió en un momento dado en Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías y el empresario Javier Pérez Dolset. No es precisamente la alineación que eliges para disputar un Mundial o para que te resuelva un problema de reputación. Lo más probable es que te envíe a lo más profundo de una fosa submarina.

La respuesta socialista fue marcar distancias con los implicados. “La documentación conocida hoy es una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a pesar del PSOE”, dijo su secretaria de Organización, Rebeca Torró. El problema es que las órdenes en ese grupo de “farsantes” las daba Cerdán, según el sumario, y ya sabemos quién puso al navarro al frente de Ferraz.

Quien también deberá dar explicaciones es la directora general de la Guardia Civil. La UCO ha desvelado tres encuentros de Mercedes González con Leire Díez, presumiblemente para que investigaran las filtraciones de las investigaciones a los medios. Sí se abrieron “informaciones reservadas” en el Cuerpo, pero se cerraron después sin que hubiera ningún expediente disciplinario. Leire Díez presumía de tener amistad “con la DG de la GC”.

El informe de la UCO que aparece en el sumario indica que la operación dirigida por Leire Díez y financiada por Cerdán tenía como objetivo proteger los intereses del Gobierno y “desestabilizar” causas judiciales que “directa o indirectamente presentaban afectación a miembros del PSOE o el Gobierno”. Cerdán se ocupaba de poner el dinero que permitiera “dar cobertura logística a las acciones de este grupo”. “Habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido”, dice el informe. Se hicieron pagos a Díez a través de una empresa de Gaspar Zarrías, exvicepresidente del Gobierno andaluz, al que la Guardia Civil encontró 19.850 euros en su casa en un registro.

No hay pruebas o indicios en el sumario que acusen directamente a Pedro Sánchez a partir de lo que él dijo o hizo. Tratándose de un informe de la UCO, no faltan las deducciones, un terreno en que se puede hacer volar la imaginación. Relatan una conversación entre Díez e Ismael Oliver, que fue el primer abogado de Koldo García, con esta frase del segundo: “Y dile al presidente y a tu jefe que espabilen de una pura vez (sic) o les van a joder la vida”. El jefe sería Cerdán y el presidente ya sabemos quién es. Acto seguido, los agentes proceden a especular con lo que eso podría significar, basándose también en otras frases de Díez: “En este caso y en palabras de Leire, lo que se evidenciaría del contenido de los mensajes anteriores es el conocimiento por parte del presidente del Gobierno de la actividad que venía desarrollando la propia Leire”.

Evidentemente, el juez de instrucción no está obligado a asumir como propios estos comentarios. Una vez que aparecen en un informe policial, su utilidad cobra una vertiente nada menor, porque pueden aparecer en los medios de comunicación. De ahí, el titular de ABC: “La UCO sostiene que Pedro Sánchez conocía el trabajo de las cloacas del PSOE”. Con eso es suficiente para que el Partido Popular dé por hecho que Sánchez dirigía una “organización criminal” y que tendrá que declarar como testigo en la Audiencia Nacional o algo peor.

Para comprobar hasta qué punto podían llegar Díez y sus cómplices, en el informe aparece una reunión de ella con el abogado del comisario José Manuel Villarejo al que también hicieron una oferta. Villarejo, el rey de todas las conspiraciones con sus correspondientes grabaciones. A cambio de la información que creían que podía aportar, le ofrecieron conseguir que la investigación del caso Tándem contra él se quedara en “una multa y pena de cárcel pequeña” gracias a un supuesto contacto con la Fiscalía. Lo importante era hacer promesas que resultaran irresistibles. El abogado, que seguro que conocía bien a su cliente y los procedimientos judiciales que había contra él, rechazó la oferta. Todo le parecía “poco creíble y muy fantasioso”.

Lo que no es una fantasía es que esos contactos se produjeron. Por mucho que nadie ha conseguido probar que tuvieran éxito –de hecho, todas las investigaciones judiciales que perjudican al PSOE han seguido su curso–, han quedado reflejados en informes policiales y autos judiciales a partir de comunicaciones interceptadas. Ser un inepto al intentar obstruir la acción de la justicia no es un atenuante. A los socialistas no les será suficiente con afirmar que todo quedará en Santos Cerdán. La respuesta obvia a ese argumento vendrá en forma de pregunta: ¿quién puso a Cerdán en un puesto que le dio tanto poder?

Unos días después de que Pedro Sánchez tuviera una reunión con León XIV, Isabel Díaz Ayuso tuvo derecho a su propia audiencia en el Vaticano. La diplomacia vaticana sabe hilar fino en estos casos y no desea indisponerse con nadie a pocos días de un viaje del pontífice. Todo tiene que salir perfecto. En un contexto de creciente secularización en los países occidentales iniciado hace décadas, la visita de un Papa es una oportunidad excelente para intentar revertir esa tendencia. Con la ayuda de Dios, claro.

Por tanto, Madrid bien vale, además de una misa, recibir a Ayuso, que acaba de lanzarse frontalmente contra la regularización de inmigrantes, una medida que la Iglesia española ha apoyado sin ambigüedades, incluidos algunos prelados conservadores. Esa corriente de pensamiento basada en la misericordia y el apoyo a los inmigrantes es muy importante para el Papa. Robert Francis Prevost, de 70 años, pasó muchos años en Perú, primero como misionero y finalmente como obispo de la diócesis de Chiclayo. Los peruanos son una de las mayores minorías de inmigrantes en España.

“Somos un país muy alegre que sabe aparcar sus diferencias un rato. Celebraremos la visita de León XIV en esa unidad”, dijo Ayuso en Roma. El que piense que podemos estar ante una tregua vaticana en la política española ya puede desengañarse. En una entrevista en La Razón el domingo, la presidenta madrileña se lanzó contra Pedro Sánchez por pretender asistir a la misa que el Papa celebrará en Barcelona. Le llamó “farsante” y que solo “le falta la toquilla y la mantilla” en su intento de fingir lo que no es. A la pregunta “¿cree que el presidente del Gobierno busca rentabilidad política con esta visita?”, responde: “Busca rentabilidad y blanqueo al máximo nivel. Es un farsante. Sí, sí, nivel diez”.

El PP contempla con cautela el viaje de Prevost a España del 6 al 12 de junio, consciente de que tendrá que escuchar un mensaje favorable a la integración de los inmigrantes –que pasa de forma ineludible con que puedan recibir los papeles que harán más difícil que sean explotados– y conseguir que no parezca incompatible con su posición radicalmente contraria a la medida adoptada por decreto por el Gobierno. Ayuso se adelanta a ese riesgo afirmando que el partido debe estar alerta ante ese intento de blanqueamiento, aunque apuntando a Sánchez, no al Papa.

Lo que no puede ocultar es que su empeño por tumbar esa regularización ha sufrido un fracaso político al no convencer al Tribunal Supremo de que debía suspender la entrega masiva de papeles a los extranjeros residentes en España. El Partido Popular se encuentra ante la tesitura de poner en marcha nuevos gobiernos de coalición con Vox en varias comunidades autónomas incluyendo en su programa la “prioridad nacional” que es esencial para la extrema derecha.

“La voz y el mensaje (de la Iglesia) son siempre los mismos: la dignidad humana. No hay ni ciudadanos de primera ni de segunda. El ADN del cristiano nos hace reconocer la dignidad de todos”, dijo hace unos días el cardenal José Cobo en una entrevista con este medio. Cobo recordó que el Papa irá a Canarias “por la misma razón que Francisco fue a Lesbos o a Lampedusa”.

Sánchez no desaprovechó la oportunidad que le concedió su visita reciente a Roma. Destacó su “plena sintonía” con el mensaje del Papa sobre la inmigración y otros asuntos. El Papa “propone el sentido común frente a la ley de la selva”, dijo después de reunirse con él. Curiosamente, su Gobierno también está en la misma línea: “Lo que no tiene sentido es avalar prioridades nacionales o teorías del reemplazo en un país que ha regularizado hasta en cinco ocasiones a inmigrantes que viven en nuestro país”.

A quienes más les va a escocer la visita es a los dirigentes de Vox, cuya obsesión contra la inmigración es innegociable con independencia de lo que diga la Iglesia. Algunos de sus votantes no lo entenderán, pero el partido de extrema derecha no renunciará a lo que es una de sus mayores señas de identidad.

Cuando el secretario de la Conferencia Episcopal declaró que “la dignidad de la persona es intocable e irrenunciable”, como respuesta a la exigencia de “prioridad nacional” del programa de Vox, Santiago Abascal reaccionó furioso y acusó a la Iglesia de que su prioridad es mantener “su negocio con la invasión”. Carlos Hernández Quero, diputado de Vox, respondió a la defensa de la dignidad humana por la Iglesia colocándola dentro de “la oligarquía” que “odia al pueblo español”.

El mensaje más anticatólico en la política española proviene ahora de la extrema derecha, lo que no deja de ser una paradoja en la historia de España desde el siglo XIX. Desde ese choque, Vox ha intentado rebajar las tensiones con la Iglesia. Abascal estará en el hemiciclo cuando León XIV pronuncie su discurso en el Congreso y tendrá que tragarse su apoyo a los derechos de los inmigrantes.

En dos entrevistas de 2019, Díaz Ayuso confesó que no era creyente casi desde que era una niña. En los últimos años, y sin necesidad de caerse de ningún caballo, ha recuperado la fe, dice que es católica y no se pierde una ceremonia religiosa a la que pueda asistir como presidenta. Más allá de las razones personales que pueda tener, forma parte de su discurso político por el que el cristianismo es una parte esencial de lo que llama la civilización occidental.

Para ella, España es sinónimo de catolicismo, aunque la evolución de la sociedad en las últimas décadas la ha alejado del mensaje de la Iglesia en múltiples asuntos (divorcio, aborto, eutanasia, matrimonio igualitario...). Casi todas las bodas se hacían en una iglesia en los años 70. Hoy, las bodas civiles son más del 80%.

En un pastiche ideológico para todos los públicos que puede llegar a ser muy confuso, ha afirmado que “con el nacimiento de Cristo, se funda nuestra civilización” –así de repente– o que “desde el cristianismo, celebramos el hecho de ser humanos”, algo que antes seguro que ya estaba bastante valorado.

La clave es distinguirse de la izquierda –y sus difíciles relaciones históricas con el catolicismo– para poder presentarla como algo ajeno a la tradición occidental y un ente extraño lleno de peligros.

La beata Isabel cree que la religión también jugará un papel para ayudarla a ascender a lo más alto (en política). Como penitencia, tendrá que escuchar al Papa en España hablar de la necesidad de dar derechos y cobijo al inmigrante. Es un sacrificio que estará dispuesta a asumir.

Arrancó el juicio a David Sánchez en Badajoz y con él se ha producido una imagen que sirve de ejemplo de los tiempos políticos que vivimos. Aparecen todos los abogados que representan a las acusaciones populares en el juicio al hermano de Pedro Sánchez. Por este orden de derecha a izquierda: Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Vox, Liberum, Iustitia Europa y el PP. ¿Abogados Cristianos? Sí, parece ser que la concesión de una plaza a David Sánchez por la Diputación de Badajoz ofende a Dios y cuestiona los principios de la Iglesia Católica Apostólica Romana en materia de contratación de músicos.

Además del PP y Vox, ahí están todas las organizaciones de extrema derecha que han convertido las instrucciones judiciales en un campo de batalla contra el Gobierno y que emplean su acceso al sumario como herramienta de combate. Presentan querellas a todo lo que se mueve pillando unos recortes periodísticos con titulares escandalosos. Ese tipo de cosas que ponen al juez Peinado como una moto. A su vez, los indicios que surgen en el sumario se convierten en titulares periodísticos que dejan claro que el Gobierno es culpable de haber montado una red corrupta.

Por cierto, en la instrucción del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, el juez ha puesto al PP al frente de las acusaciones populares. Es lógico al tener una mayor representatividad social, pero los argumentos tienen su gracia. Afirma que el PP “presenta una más relevante implantación institucional, que evidencia una mayor capacidad de proyección del interés general en el marco del proceso penal”. Ja, interés general. El PP se ha personado en ese juicio por un interés muy particular, conseguir que esa investigación sirva para tumbar al Gobierno (de la misma forma que el PSOE está personado en el juicio de Kitchen). ¿Quiénes son los demás integrantes de la acusación popular? La banda de costumbre: Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y Iustitia Europa, con el añadido de Ciudadanos, que resulta que aún existe.

Han sido varias las ocasiones en que el Tribunal Supremo ha dictaminado que entregar artículos periodísticos que no incluyen documentos reales no es motivo suficiente para iniciar acciones legales. En el caso de una querella de Manos Limpias en 2025, los magistrados destacaron que no les corresponde “bucear dentro de la noticia para averiguar qué apartado o qué conducta concreta resulta reprochable a la concreta sensibilidad del querellante”. La Sala de lo Penal alertó de que se estaba poniendo en marcha un “ejercicio irracional y abusivo del derecho de acceso a los tribunales”.

No todos los casos judiciales con impacto político son como el de Begoña Gómez. No lo fue con la investigación que llevó a juicio a José Luis Ábalos y Koldo García y que ahora espera sentencia. Tampoco el que afecta también a Santos Cerdán en la Audiencia Nacional. Acaba de desencadenarse el caso que implica a José Luis Rodríguez Zapatero al que las portadas de algunos medios y el Partido Popular ya han declarado culpable. Esta semana, la UCO pasó todo un día en la sede de Ferraz investigando la presunta trama con la que se pagó a Leire Díez para que desacreditara junto a otras personas las investigaciones que pudieran perjudicar al PSOE, donde vuelve a aparecer Cerdán. 

Ese caso ya ha producido la imputación de la gerente del partido a la que Pedro Sánchez se ha apresurado a apoyar. Lo mismo que hizo inicialmente con Ábalos y Cerdán. Además, se permitió alguna broma sobre la exigencia de la oposición –y de García Page– de que convoque elecciones. La presencia policial en la sede de Ferraz no le suscitó ningún reconocimiento de culpa, más allá de la promesa recurrente de colaborar con la justicia. Cuando la Policía registró la sede del PP en la calle Génova, el PSOE se mostró mucho más enfurecido. Ni creyó a Rajoy cuando dijo que “todas las contrataciones de esta casa se han hecho en el marco de la legalidad, todas sin excepción figuran en el Tribunal de Cuentas”. No fue muy distinto a lo que ahora ha dicho el PSOE. 

Los socios de los socialistas empiezan a dar muestras de estar hartos. No les vale con la idea de resistir a cualquier precio que se escucha en Moncloa. Exigen que se den explicaciones con la ventaja que da el hecho de que ellos no tienen que explicar nada. No fueron ellos los que dieron tanto poder a Ábalos y Cerdán. “La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país, venga de donde venga, ni es que los expresidentes del Gobierno, se llamen como se llamen, hagan lo que estamos viendo presuntamente que parece que todos hacen”, ha dicho Yolanda Díaz. “El PSOE se lo está tomando un poco a broma y es algo que es serio, hay un clima de preocupación evidente y menospreciarlo es un error grave”, criticó Aina Díaz. 

El PSOE prefiere apostarlo todo a la teoría de la campaña orquestada para derribar al Gobierno, aún más en una semana en la que José María Aznar ha reiterado su mandato de “el que pueda hacer, que haga”. “Se redactan sumarios que podrían presentarse al Premio Planeta”, ha dicho Óscar López. “Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente”, ha denunciado Óscar Puente, que ha grabado un vídeo de diez minutos para responder a las alegaciones contenidas en el informe de la UDEF y en noticias de medios sobre el caso de Zapatero que afectan a su Ministerio.

Esta última iniciativa es correcta. Dar información detallada sobre acusaciones concretas. Las denuncias genéricas sobre posibles connivencias entre políticos y jueces tienen menos peso. Habrá votantes socialistas que las acepten y otros que no, y los segundos pueden ser muchos. Al menos al PP no le sirvió de mucho esa estrategia con la Gürtel. En especial, cuando las versiones iniciales sobre una investigación quedan cuestionadas por ciertos hechos. Leire Díez sigue siendo un personaje lamentable y hasta risible, pero si el PSOE le pagó dinero para sus maniobras de dudosa legalidad va a tener que pagar el precio político correspondiente. Si el PSOE pensaba que había amortizado el desgaste por haber tenido a alguien como Cerdán al frente de la gestión del partido, estaba muy equivocado. Y eso no se soluciona con frases graciosas sobre el Premio Planeta.

Algo parecido ocurre con Zapatero. Es lógico que Sánchez siga creyendo en la inocencia del expresidente. Pero políticamente queda a merced de lo que salga de un sumario al que le quedan muchos años de vida. Ya se sabe que hay claras contradicciones entre lo que dijo Zapatero en su comparecencia en el Senado y en una entrevista en Onda Cero con la realidad que reflejan las comunicaciones de directivos de Plus Ultra y los fondos recibidos por él y la empresa de sus hijas.

En el fondo del asunto, se encuentra un rescate en el que se realizaron los controles habituales por la SEPI. No se encuentran pruebas sobre una intervención directa de Zapatero en favor de la compañía aérea. Persiste la duda de saber por qué esos directivos estaban convencidos de que tenían asegurado el apoyo de “nuestro pana Zapatero” y por qué pagaron a su amigo, Julio Martínez. Otro elemento intrigante es cómo pudo el contenido del teléfono móvil del mayor accionista de Plus Ultra ser clonado en 2021 en el aeropuerto de Miami y cómo pudo aparecer cinco años después en una investigación realizada en España. Si se aseguró la cadena de custodia de esas pruebas, si fueron manipuladas o si hubo una intencionalidad política en el envío de esas pruebas por el Departamento de Seguridad Interior de EEUU, que no es un organismo judicial, sino del poder ejecutivo. 

Si el plato principal del caso de Zapatero está por cocinar, se puede decir que la guarnición mediática desborda toda la mesa. Recordaréis que se condenó a un fiscal general porque el Tribunal Supremo se creyó la versión de que se había filtrado el contenido de una conversación del abogado del novio de Ayuso con un fiscal y que eso vulneraba el derecho de defensa. Ahora el contenido del sumario de la investigación a Zapatero, como el de otros casos, tarda solo unas pocas horas en llegar a todos los medios, que informan tanto de los hechos más sólidos como de cuestiones laterales. La intención es acabar con la credibilidad del acusado y que la opinión pública decida que ya es culpable. Y ni siquiera ha declarado aún ante el juez. 

Los titulares y los comentarios en los medios cuentan con un papel público relevante que no se puede desdeñar. Todo lo que aparece en el informe policial sobre Zapatero incluye elementos sólidos y otros que de momento no es posible apreciar su solvencia, además de algunos que son poco relevantes, pero que dan mala imagen. Cada uno elige los que quiere. Lo mismo en el caso de las maniobras de Leire Díez. No se pueden esconder en un cajón ni considerar absurdo que se investiguen. Lo que ya no es de recibo es la manipulación. 

Esta semana, ha tenido lugar un momento decisivo en el juicio de la Kitchen: la declaración del exministro Jorge Fernández Díaz y su entonces secretario de Estado, Francisco Martínez. Afirmar, como ha hecho Antonio Ferreras en La Sexta, que hay una “Kitchen del PSOE” es una manipulación. La frase: “Tenemos un pacto de honestidad con los espectadores y vamos a contar tanto la Kitchen del PP como la Kitchen del PSOE”.

Por lo que se conoce hoy, no se puede comparar el intento infructuoso de Díez y sus colaboradores ayudados por Cerdán con una conspiración en la que intervinieron, según la acusación en el juicio, un ministro, su número dos y buena parte de la cúpula policial del Ministerio. Ojo, lo primero puede ser delito, aunque no sirviera para nada. Lo de Kitchen está a una escala superior y varios de sus delitos, como toda la operación para desacreditar a Podemos con pruebas falsas, ni han llegado a juicio. De hecho, La Sexta Columna le dedicó su programa del viernes, así que saben de lo que están hablando.

Sobre la declaración de Fernández Díaz de esta semana, ya escribí un artículo en el que detallé todas sus inconsistencias y mentiras. Si alguien se juega una condena de 15 años de prisión, no es extraño que mienta. No sólo no se enteró de nada, dijo, sino que nadie en el PP le dijo que estuvieran preocupados por las pruebas que podría conservar Luis Bárcenas. Bueno, qué se puede esperar de alguien que ese mismo día publicó un artículo en La Razón denunciando que España vive “una situación inaudita” con tantos casos de corrupción. Hay pocas cosas más inauditas que ver a un exministro de Interior rodeado de comisarios en el banquillo donde se suelen sentar los delincuentes. Van a tener que echarle mucho valor los jueces si quieren absolver a un tipo con tanta jeta.

La amnesia repentina suele ser una dolencia inevitable cuando un acusado tiene que prestar declaración en su juicio. Para hacerla más llevadera, tiene el derecho a no responder a las preguntas de las acusaciones y hacerlo solo con las de su abogado. El problema viene cuando el acusado es un ministro o secretario de Estado y la gente sabe a qué se dedican los políticos cuando disponen de mucho poder y hay comisarios dispuestos a cumplir sus órdenes. Su testimonio puede ser recibido con incredulidad y hasta risas, pero lo importante es no acabar en la cárcel.

La declaración de Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez en el juicio de la Operación Kitchen ofreció momentos singulares y hasta insólitos. Aparentemente, el ministro de Interior durante cinco años en el Gobierno de Rajoy no se enteró de nada ni se preocupaba por nada. Cuando los medios de comunicación estaban llenos de noticias a cuenta de los sobresueldos en la dirección del PP y de lo que sabía el tesorero Luis Bárcenas, Fernández Díaz vivía una existencia plácida y sosegada. Él no había recibido ningún sobresueldo, por lo que todo eso no le preocupaba lo más mínimo. Todo era además un remanso de paz en el partido. “Nadie me transmitió (en el PP) ninguna preocupación o inquietud sobre ese asunto”, sobre lo que sabía Bárcenas o lo que podía contar, dijo al tribunal.

Echemos la vista atrás y recordemos el impacto de la publicación a principios de 2013 de la lista de sobresueldos en la cúpula del partido y las incógnitas que generó sobre la financiación ilegal del PP. Luego, la aparición en julio de ese año de los SMS que Mariano Rajoy había enviado a Bárcenas para que se tranquilizara sobre sus problemas legales (“hacemos lo que podemos”).

La reputación del presidente estaba en juego y sus explicaciones no convencían a muchos. Fernández Díaz era amigo personal de Rajoy desde años atrás. Nada de eso molestaba al ministro ni ocupaba su tiempo. En el PP, todos parecían estar muy relajados con lo que salía en los medios sobre Bárcenas.

Cuando se conoció el montaje de Kitchen con el que se quiso conseguir que las revelaciones de Bárcenas no perjudicaran al Gobierno de Rajoy, todo eso le pilló al ministro leyendo la prensa. “Yo me entero como el común de los mortales por los medios de comunicación”, dijo. Y no pasó de ahí. Respondió con esa frase cuando su abogado le preguntó si había hablado del asunto con Martínez, su número dos del Ministerio. Si hay que creerle, hay que suponer que no habló de unas acusaciones tan graves con su secretario de Estado ni con el director operativo de la Policía. No se enteró de nada. No vio nada. No quiso saber nada. Él solo iba al despacho y leía la prensa.

Cómo está el mundo, pensaría. Qué cosas dicen de Mariano. No le llamo para no preocuparle más. Bueno, ya son las dos y habrá que pensar en ir a comer.

Lo de Francisco Martínez fue parecido, pero más traumático, porque en la fase de instrucción había afirmado lo contrario sobre lo que le pidió su jefe. Decir que derrapaba en las curvas cuando hizo el giro de 180 grados es quedarse corto. No podía negar, y no lo hizo, su intensa relación profesional con el comisario José Manuel Villarejo. Pero el resultado fue el mismo. No se enteró de nada. ¿Los discos duros de Bárcenas? Pero qué me está contando.

Martínez contó que conoció a Villarejo gracias a una orden que le dio Fernández Díaz. El ministro le llamó para decirle que Juan Cotino –director general de la Policía en el Gobierno de Aznar– le había comunicado que era urgente que el Ministerio se pusiera en contacto con Villarejo para recibir una información. Martínez declaró que cumplió la orden y se vio con el comisario en abril de 2012. El mensaje tenía tintes preocupantes. Decir, como había hecho Fernández Díaz en el Congreso, que la investigación al vicepresidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, era ilegal “se iba a volver en su contra”, avisó el policía.

“Cotino había dicho a Fernández Díaz que Villarejo era alguien fiable y que nunca había dado una mala información”, declaró Martínez. Es seguro que informaría de inmediato al ministro.

Cuando preguntaron después a Fernández Díaz si conocía a Villarejo, volvió a negar cualquier asomo de cercanía. Supuestamente, casi ni sabía de él. Dijo que no tuvo ningún contacto con el comisario entre 2013 y 2015, cuando se produjeron los hechos delictivos de la Kitchen. Solo lo vio en 2016 al saludarlo brevemente en una comida organizada por la jubilación de Eugenio Pino, su DAO (director adjunto operativo).

Martínez describió sus frecuentes reuniones con Villarejo a preguntas de su abogado. Se vio claramente que había quedado fascinado por el polémico comisario que lo grababa todo y que sabía cómo engatusar a sus superiores, que siempre recibían algo a cambio. Villarejo era “un torrente de información”, aunque a veces se limitaba a contar “chascarrillos”. Desde luego nunca escuchó a Villarejo “hablar de algo ilegal”.

Para impresionar al tribunal –no cabe otra interpretación– dijo que “la primera vez que oí hablar del estrecho de Ormuz fue por el señor Villarejo en 2012”. Es evidente que Martínez no estaba muy ducho en materia de relaciones internacionales y geografía.

El ex secretario de Estado era como el pececillo eternamente agradecido cuando le echan comida a la pecera. Lo que él no era consciente de sus contactos con comisarios de ética dudosa era que no estaba nadando en una pecera, sino en un acuario inmenso lleno de tiburones.

Tantos contactos con Villarejo le debieron de ser muy útiles. No sobre Kitchen. Ni sobre la información que podía conservar Bárcenas o las pruebas que este guardaba en sus ordenadores, uno de los motivos centrales de la operación que ahora se juzga y que también originó los contactos de Cospedal con el comisario para obtener información (“la libretita”) con la que proteger al PP.

Ahí Martínez no tuvo reparos en saltar al vacío: “Los discos duros de Bárcenas son una especie de leyenda mediática”, comentó sin inmutarse. En la fase de instrucción, el comisario García Castaño, que no está en el banquillo de los acusados por su estado de salud, declaró que fue Martínez quien le ordenó encontrar los discos duros. El tribunal ha tenido la oportunidad de escuchar ese testimonio en el juicio.

Otro momento involuntariamente ridículo ocurrió cuando negó saber si Sergio Ríos, el confidente al que se pagó para vigilar a Bárcenas mientras le hacía de chófer, había recibido trato de favor para ingresar en la Policía. “Es imposible amañar un procedimiento de selección en la Policía Nacional”, dijo. Eso fue precisamente lo que sucedió, porque con ello ciertos comisarios tenían controlado a Ríos para el futuro.

Solo se salió un poco del guion pactado cuando dijo que el ministro le pidió que confirmara algo que había sabido no se sabe de quién, y es que habían colocado a un confidente cerca de Bárcenas. Hizo la gestión sin decir con quién y se lo confirmó a Fernández Díaz.

El exministro ni siquiera se dignó a mencionar esa cuestión. Fernández Díaz solo sabía que Bárcenas existió y que fue tesorero del PP. Nada más.

El pacto de no agresión entre ambos fue tan evidente que es realmente difícil creer que pueda colar. Todo fue muy distinto a lo que contó Martínez en la instrucción, a los mensajes que dijo recibir de su jefe y que luego depositó ante notario y al tenso careo que tuvieron a finales de 2020 en el que cada uno se mantuvo en sus posiciones.

Ahora les salía más rentable sostener en el juicio que nunca se enteraron de nada y que la Kitchen fue una invención periodística. La Fiscalía pide quince años de prisión para ambos. Es un razonable incentivo para mentir ante un tribunal.

Estaba previsto un simulacro de evacuación por incendio en el Congreso de los Diputados durante la sesión de control del miércoles. Muy apropiado para ese edificio, porque incendios, lo que se dice incendios, los hay todas las semanas. Sin fuego, eso sí, pero a estas alturas ya nadie descarta nada sobre nada, por lo que toda precaución es poca. Unos pocos momentos antes del inicio de la sesión, se oyó a una diputada decir: “Madre mía, qué día nos espera hoy”. Estaba la cosa como para tener preparado a un retén completo de bomberos.

La mayoría de diputados estaba tirando de móvil para enterarse de una noticia hecha pública por El Confidencial. La UCO se había personado en la sede socialista de Ferraz y estaba “registrando despachos y oficinas”, se decía. El motivo era un “operativo en marcha contra una trama de financiación ilegal del PSOE”. La noticia no era cierta en los términos en que se contaba, pero era la información disponible en esos momentos. El Partido Popular creyó estar ante otro momento decisivo que pondría fin a la legislatura con la muerte súbita del Gobierno de Pedro Sánchez.

Poco antes de las nueve de la mañana, Alberto Núñez Feijóo no fue directamente a su escaño, sino que se paró ante los periodistas para lanzar su mensaje.

“La pregunta es, ¿cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? Oiga usted, estamos en una situación agónica”, dijo antes de entrar en el hemiciclo. No le tocaba actuar ese día, porque Sánchez se encontraba en Roma para reunirse con León XIV. Correspondía a sus escuderos lanzar el grito de alarma en sus preguntas dirigidas al Gobierno.

Quien se lo pasó mejor fue Miguel Tellado. El hombre vive para plenos como este y además tenía listos algunos comentarios sarcásticos que no estaban del todo mal. “Señores del partido socialista, en unos minutos escucharán ustedes unas sirenas. No se inquieten. No es la Policía Nacional. No es la Guardia Civil. Son los bomberos”. La presidenta Armengol no pudo evitar reírse. Tellado no cejaba en el intento de ganar la distinción del chiste del día. “Han convertido el Congreso en una auténtica barbacoa porque hay que ver qué cantidad de chorizos se mueven en el Gobierno”.

¿Estaba sobreactuando el PP? No exactamente. Solo estaba leyendo la noticia original. “Las pesquisas apuntan a la existencia de una operativa que permitió la inyección de fondos opacos” en el PSOE, decía El Confidencial. La investigación de la UCO “habría desvelado una contabilidad paralela” del partido. Para entendernos, una caja B. Un periodista de ese medio lo confirmaba en una intervención en la COPE: “El registro en Ferraz es una investigación nueva y que tiene por objeto determinar si ha habido financiación ilegal del PSOE”. Luego, el titular se cambió para dejarlo en que era una operación “por una trama del PSOE que financiaba ilegalmente sus cloacas”.

No era una investigación nueva. No tenía que ver con la financiación del partido. La aparición de la UCO en la sede de Ferraz estaba justificada por la investigación conocida de la Audiencia Nacional que implica a Leire Díez y otras personas en “una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales contra el partido”, según un comunicado del Poder Judicial.

Los dirigentes del PSOE que emitieron un suspiro de alivio o que se enfurecieron por la primera noticia se habían precipitado. Horas después, se conocieron más datos y uno de ellos es muy nocivo para su reputación. La gerente del partido, Ana Fuentes, pasó a estar imputada como cómplice de varios delitos y como posible autora del delito de falsedad en documento mercantil a causa de la emisión de facturas falsas. El auto del juez Santiago Pedraz indica que el PSOE pudo pagar a la entonces militante Leire Díez 4.000 euros al mes por esas maniobras por orden de Santos Cerdán, el secretario de Organización en esos momentos.

La iniciativa fue de Cerdán y se produjo en los días posteriores al comunicado que publicó Sánchez después de la imputación de su mujer, Begoña Gómez, esa “carta a la ciudadanía” con la que inició un “periodo de reflexión” de cinco días. Para cumplir las órdenes del juez, los agentes registraron el despacho de la gerente del PSOE y se hicieron con sus correos electrónicos y los de Cerdán y otras personas, así como un “examen íntegro 'in situ' de los libros contables” del partido. Al final, pasaron casi todo el día en Ferraz.

Los pasos dados por el juez revelan que Cerdán y el PSOE no contaron la verdad cuando dijeron que todo había sido una operación particular de Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset, y que la única información que recibieron, por ejemplo sobre el caso de los ERE, no aportaba nada que no supieran antes. El hecho de que Díez fuera alguien que demostró en entrevistas y una rueda de prensa que no tenía muchas luces no resta gravedad a sus actuaciones presuntamente delictivas.

Si los socialistas confiaban en que la gestión de Cerdán no les iba a suponer más momentos embarazosos en la sede de Ferraz, está claro que estaban equivocados. “No tenemos nada que esconder”, dijo Pedro Sánchez después en Roma. El juez Pedraz sí contaba con encontrar información valiosa en Ferraz para su investigación.

En el Congreso, el PP intentó ir directamente contra los socios del Gobierno para echarles en cara su apoyo. “¿No se les cae la cara de vergüenza?”, les dijo Ester Muñoz. “Nadie ha votado a Sumar para esto”, comentó Tellado. Es la respuesta elegida para responder a todas las especulaciones sobre una moción de censura que el PP descarta al no tener los votos necesarios para que salga adelante.

Unos días antes, el líder del PNV, Aitor Esteban, había dicho que las elecciones no pueden esperar a 2027. Eso no quiere decir que los nacionalistas vayan a apoyar una moción de censura. La senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia dijo en un pleno que su partido está preocupado por “el descrédito y la desconfianza que genera este Gobierno”, pero no más. “Cuando les miramos a ustedes (al PP) y vemos su hoja de servicios en materia de corrupción, los más de 200 casos enjuiciados dan para empapelar todo este salón de plenos”, dijo la senadora.

Lo único que sacó Tellado en la sesión de control es que Yolanda Díaz dijera que no le gusta “nada” lo que está pasando en la política española: “No sé si lo que ha hecho Zapatero es legal o no. Eso le corresponde decidirlo a un juez”.

De momento, Sánchez no ha llegado a esa posición. En la rueda de prensa de Roma, el presidente reafirmó su colaboración con la Justicia y su respeto a la presunción de inocencia. Su tercer compromiso fue: “Todo mi apoyo al presidente Zapatero”. En el plano personal, los votantes socialistas no pueden esperar otra cosa de Sánchez cuando Zapatero aún no ha tenido la oportunidad de explicarse ante un juez.

En términos políticos, la declaración de Sánchez puede tener consecuencias muy preocupantes para el Gobierno. Le coloca a merced de lo que la Audiencia Nacional descubra sobre los negocios personales de Zapatero. Ahí no estaríamos ante el simulacro de un incendio, sino ante un fuego muy real que puede quemar todo lo que se encuentre en su camino.

La derecha confiaba en que la UCO fuera la última herramienta que salvaría a España y luego ya después la civilización occidental. Su penúltimo servicio –siempre hay uno más pendiente– era la causa contra Begoña Gómez que convencería a todos de que la mujer del presidente del Gobierno había construido un imperio a expensas del erario público. La decepción tiene que ser notable, porque su informe sobre el caso que investiga el juez Juan Carlos Peinado más que poner el último clavo en el ataúd ha descerrajado la tapa.

Como si eso preocupara mucho a Peinado. El informe llega cuando el juez ya ha decidido que el caso debe concluir ante un juicio con jurado, que la defensa quiere impedir. Una vez que la Audiencia Provincial bloqueó su intento de ir directamente contra el ministro Félix Bolaños, tuvo que admitir que su misión terminaba con la esposa de Pedro Sánchez. Que no es poco para las tertulias que tendrá con los amigos después de su jubilación cuando les cuente la historia de cómo él se enfrentó al sanchismo.

El rastro del dinero era un elemento esencial para los que esperaban el informe de la UCO. A fin de cuentas, uno de los delitos que se imputan a Gómez es el de apropiación indebida y la posibilidad de que aprovechara su condición de codirectora de la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense para beneficiarse económicamente. Sobre eso, la Guardia Civil no ha encontrado nada punible. No hay movimientos sospechosos u opacos en los movimientos de las cuentas de Gómez: “La información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando”. Es decir, no hay dinero por ningún lado que ayude a explicar los supuestos delitos.

La declaración se contradice con lo afirmado por Peinado en el auto en el que pedía que se celebrara un juicio contra ella. Ahí la acusó de apropiarse para su “patrimonio personal” de los fondos de empresas privadas obtenidos para la cátedra de la Complutense.

La universidad había valorado en 113.509 euros el coste del perjuicio sufrido. La mayor parte de ese dinero procedía de los contratos suscritos con terceros, unos 108.000 euros. La defensa de Gómez presentó un informe realizado por un profesor de Derecho Financiero y Tributario que negaba que ese dinero pudiera ser contabilizado como pérdidas: “Nunca puede suponer un perjuicio para la Complutense gastar unos fondos que proporcionan unos terceros, en las finalidades previstas por el convenio suscrito con tales terceros”.

Esos ingresos se emplearon en el desarrollo de un software para su posterior uso gratuito por pequeñas y medianas empresas. El dinero, por tanto, se utilizó para los fines pactados con las empresas donantes.

El informe confirma lo dicho antes por la defensa de Gómez, que sostiene que la plataforma desarrollada dentro de las actividades de la cátedra iba a ser propiedad de la Complutense.

El titular con la falta de beneficios económicos sospechosos de ilegalidad apareció en la mañana del lunes cuando la noticia fue adelantada por la Cadena SER. Eso molestó a Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, que lo consideró una manipulación del informe. Es de suponer que quedó satisfecha con la noticia del ABC, que dejaba ese hecho para el último párrafo del artículo.

El PP prefirió fijarse en otra parte del contenido del informe, la que dice que hubo irregularidades en la contratación de las compañías Making Science Group y Deloitte para el desarrollo de la plataforma. En el caso de la primera, se hizo “obviando cualquier trámite administrativo” a pesar de que la cuantía (24.200 euros) superaba el límite de 15.000 para los contratos menores. En el caso de Deloitte, la consultora empezó a trabajar antes de la adjudicación. Eso vulnera las normas a las que está obligada la Complutense como organismo público.

Todo ello escasamente justifica que las acusaciones populares, ligadas a organizaciones de extrema derecha, pidan 24 años de prisión para Gómez por varios delitos.

Begoña Gómez pagó con su dinero el registro de la marca y el dominio de internet de esa plataforma. Fueron 206 euros, una cantidad de escasa cuantía con la que no podría alegar después que el proyecto era de su propiedad. A pesar de ello, es suficiente para que el PP afirme en boca de Miguel Tellado que la UCO ha acorralado a la esposa de Sánchez. “El informe de la UCO desmiente y acorrala a Begoña Gómez. La Guardia Civil ve indicios de apropiación indebida porque registró a su nombre el software pagado por la Complutense”. La realidad nunca ha impedido que Tellado cumpla con su deber.

La cuenta de la que salió el dinero con el que Gómez hizo ese pago está compartida con su marido, un hecho nada extraño en un matrimonio, pero que era lo bastante jugoso para que varios medios lo convirtieran en sus titulares. Varios dirigentes del PP lo consideraron otro elemento incriminador. “Sánchez también pagó ese registro presuntamente fraudulento. Él siempre es el centro de todos los casos de corrupción. Él siempre es el UNO”, escribió Cuca Gamarra.

Todo eso por 206 euros. Al final, daba un poco igual lo que apareciera en el informe de la UCO. El PP ya ha ido demasiado lejos en el caso de Begoña Gómez como para dejar que la Guardia Civil le reviente la estrategia.

Ahora que se habla tanto de los lobbies y del delito de tráfico de influencias convendría echar un vistazo al cementerio del Congreso de los Diputados. No es exactamente un lugar lleno de tumbas y cruces emplazado en el sótano del edificio. Es una forma de referirse a todos los proyectos de ley que permanecen encerrados en un limbo político sin poder avanzar en su tramitación parlamentaria. Básicamente, por falta de acuerdo. Por ejemplo, es lo que ha pasado en varias legislaturas con la reforma de la ley de secretos oficiales. Cuando acaba la legislatura y se convocan elecciones, a todos esos proyectos se les extiende un certificado de fallecimiento. Se dice en esos casos que el proyecto o proposición de ley ha decaído. No ha vivido lo suficiente como para ser aprobado o lo han dejado morir. 

El Gobierno presentó en enero de 2025 el proyecto de ley de “transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés”, lo que vienen a ser los lobbies. En marzo se produjo el debate de las enmiendas a la totalidad. Sólo hubo una de Vox que fue rechazada por 32 votos a favor, 177 en contra y 136 abstenciones (estas últimas del Partido Popular). Ya se había iniciado antes el periodo de presentación de enmiendas al proyecto. Luego se renovó. Una vez. Dos veces. Tres. Así hasta veinte en septiembre de 2025. A partir de esa fecha, en la Comisión de Hacienda se comenzó a discutir el articulado para elaborar la ponencia, que es el resultado de todo ese trabajo legislativo. 

Cabe la posibilidad de que en las próximas semanas ese proyecto de ley reanude su camino. Es lógico que los grupos promotores de un proyecto esperen a tener amarrados los apoyos para no jugárselo todo al final en la votación. Como ha ocurrido con otros temas, y a expensas de lo que haga el PP, todo depende de que Junts esté dispuesta a votar a favor a cambio de la aprobación de algunas enmiendas. El grupo catalán ya ha dicho en público que no están por la labor de aprobar ningún proyecto de ley del Gobierno. Quizá hagan una excepción con este después de que se haya desencadenado el caso Zapatero.

Una ley que ponga límites al trabajo de los lobbies no garantizará por sí sola que no se produzcan delitos como el de tráfico de influencias o cualquier otro, pero ayudará a establecer unas reglas del juego que obligarán a todos. Sacará a la luz algo como es la relación entre empresas y funcionarios o altos cargos que sabemos que existe y que no se puede negar que continuará existiendo. No aprobar esa ley es el equivalente a mirar a otro lado y fingir que todo está bien a menos que alguien viole un artículo del Código Penal. 

El Gobierno y los partidos políticos tienen ahora otras prioridades y la mayoría tienen que ver con la imputación de Zapatero. La noticia ha provocado un impacto brutal en la política, aunque la instrucción del caso en la Audiencia Nacional no ha hecho más que empezar. El sumario ha estado declarado secreto durante unos dos años, pero es ahora cuando arranca de verdad al hacerse público que el expresidente tendrá que declarar como imputado el 2 de junio. “Hoy me decían en el PSOE que no es lo mismo que un novio te engañe a que te engañe el amor de tu vida”, dijo hace unos días Esther Palomera en Hora 25. En esas están ahora los socialistas. “El Zapatero que conocemos es incompatible con las acusaciones que aparecen en ese auto”, dijo Patxi López el viernes. Lo conocían como líder del PSOE y presidente del Gobierno, además de todo el apoyo que dio a las campañas de su partido como expresidente. Lo que no podían conocer eran sus actividades económicas privadas. 

Zapatero representaba a la parte del viejo PSOE que no había abandonado a Sánchez. No sólo eso. Se convirtió en su principal apoyo interno, el hombre al que siempre se podía recurrir en las campañas electorales difíciles. Tuvo un papel básico en la campaña de 2023 con la misión de movilizar a los votantes socialistas que podían tener dudas sobre el futuro. Todo eso suponía obviar el fin dramático de su Gobierno, hundido por la crisis económica. Era mucho mejor recordar las leyes sobre avances sociales que Sánchez había querido continuar. 

Todos se preguntan el alcance de las acusaciones contra Zapatero. Bueno, no todos. El PP, El Mundo y ABC ya lo han declarado culpable. El auto del juez cuenta con 85 páginas, una extensión que no es necesaria para justificar que se llame a alguien a declarar como imputado. El juez José Luis Calama es consciente de las consecuencias políticas de convocar a un expresidente del Gobierno. Por eso, se ha extendido en el auto incluyendo lo que se supone que es todo lo que tiene contra Zapatero en la parte de la investigación ya realizada. 

No se puede negar la evidencia. La decisión de llamarle a declarar está justificada por los indicios acumulados. Incluyen mensajes de personas que daban por hecho que Zapatero les iba a ayudar a conseguir el rescate de Plus Ultra. En el reparto de la trama, figura con un papel protagonista Julio Martínez, amigo personal suyo y quien le contrató. No aparece ningún mensaje del expresidente. Otros indicios son los pagos recibidos por Zapatero y sus hijas. Los segundos son especialmente difíciles de justificar. Pero no es posible detectar ninguna gestión concreta del político leonés hecha ante la Administración que hiciera posible el rescate.

El juez sugiere que esas ayudas públicas no estaban justificadas por las pequeñas dimensiones de la compañía aérea (sólo tenía cuatro aviones). Pero esas ayudas estaban previstas para todo el sector aéreo durante la pandemia y Plus Ultra tenía derecho a solicitarlas. La derecha lleva años insinuando que el rescate de Air Europa también se llevó a cabo de forma ilegal. No han demostrado nada. La compañía ha devuelto esos créditos y hoy es la tercera línea aérea española con un nivel de beneficios casi idéntico al de la segunda (Vueling). No es el caso de Plus Ultra, que sólo ha devuelto hasta ahora los intereses de un préstamo de 53 millones. 

Es cierto que hay agujeros en el auto de Calama. Algunos indicios no son muy sólidos, como una reunión de Zapatero en 2020 con José Luis Escrivá, entonces ministro de Seguridad Social, hoy gobernador del Banco de España. Fuentes cercanas a Escrivá han dicho que no se habló del rescate de Plus Ultra en ese encuentro que por lo demás no fue solicitado por el expresidente. La sospecha, es decir, la razón por la que el juez lo menciona en el auto, es que la empresa arrastraba una deuda de casi medio millón con la Seguridad Social. Ahí hay que precisar que sí estaba al corriente de pago, aunque eso incluyera un aplazamiento de los pagos por la deuda, como es habitual en el caso de las empresas en crisis (y Plus Ultra lo estaba antes de la pandemia). 

Lo mismo se podría decir de la supuesta creación de una empresa en Dubái para canalizar los pagos de las comisiones por el rescate. Es algo citado por el juez, pero no incluye en el auto ningún indicio claro de que Zapatero ordenara poner en marcha esa empresa, más allá de una referencia a una comida de él con Julio Martínez. 

Estas y otras cuestiones no se pueden obviar al analizar el auto. Tanto las que podrían incriminar a Zapatero, como las que ponen en cuestión elementos esenciales del documento. Por encima de todas ellas está la presunción de inocencia, esencial en el sistema judicial. Al menos, es lo que decía un tal Feijóo en Galicia en 2012 y también en 2013. Sostenía que era “perfectamente compatible” con la acción judicial. 

La agonía de Zapatero –no hay otra palabra para describir su situación– será larga. La instrucción puede prolongarse durante años, aún más si todo culmina en un juicio. ¿Para cuándo? El abogado José María de Pablo ha puesto algunos ejemplos. El juicio de la pieza 2 del caso Lezo comenzará en octubre. La investigación se inició en 2016 sobre hechos ocurridos entre 2003 y 2008. El juicio del caso Gowex será en diciembre y los hechos juzgados se produjeron hasta 2013.

En el plano político, la presunción de inocencia no funciona de la misma manera. No hay forma de que el Gobierno dé la vuelta a la sensación de que está sitiado y paralizado por los acontecimientos. En privado, los socialistas no esconden que se encuentran en el peor momento posible, uno del que no saben cómo salir. Al igual que hace un año, el objetivo parece ser llegar cojeando al verano a la espera de que amaine la tormenta. Junio no les va a dar tregua. Se espera para entonces la sentencia de Ábalos y Koldo, el inicio del juicio del hermano de Pedro Sánchez y nuevas revelaciones sobre Zapatero. Hace una semana, su prioridad era encajar el golpe de las elecciones andaluzas. Han pasado siete días y parece que han sido siete meses.

Lo primero que dijo Pedro Sánchez en la sesión de control del miércoles fue reafirmar su respeto por la presunción de inocencia y su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero. Gabriel Rufián prefirió ser más introspectivo: “Yo estoy jodido”. Es probable que el estado de ánimo de los votantes de izquierda, y en especial del PSOE, esté más cerca del sentimiento expresado por el portavoz de Esquerra que por la actitud del presidente del Gobierno. Los que encajaron como pudieron las investigaciones a José Luis Ábalos y Santos Cerdán se preguntarán ahora si les quedan fuerzas para hacer lo mismo con el expresidente y el auto del juez Calama de la Audiencia Nacional.

Rufián llevaba en la mano algunas de las páginas de ese auto. Las blandió no para sacudir a Sánchez, sino para darle un baño de realidad. “Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor”, dijo. La segunda opción tendría que ver con un abuso de poder por parte del magistrado, un ataque bajo la sombra del llamado 'lawfare'. Si ese fuera el caso, el discurso de Rufián habría sido diferente. Mostró su “enorme afecto” por la figura de Zapatero, pero vino a decir que defenderlo a pecho descubierto es muy difícil después de leer las 85 páginas del auto.

Para enfrentarse a Alberto Núñez Feijóo, Sánchez optó por el manual de costumbre en la política adaptado a la situación actual. Es decir, y tus expresidentes, más. “Zapatero no nos metió en una guerra ilegal”, defendió y luego dio algunos ejemplos más. No se puede decir que sea un argumento de peso. La investigación sobre un presunto caso de tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra no tiene nada que ver con Irak ni con Estados Unidos ni con los derechos humanos.

Tiene todo que ver con las cifras de los ingresos que supuestamente percibieron Zapatero y sus hijas a lo largo de cinco años. El auto de Calama incluye varias partidas. La más sospechosa consiste en los 730.535 euros procedentes de Análisis Relevante. El juez añade en ese párrafo 524.707 euros de Gate Center y 693.615 euros de sociedades del grupo Thinking Heads. Pero esta última empresa se dedica desde hace años a hacer de representante de políticos que se dedican a dar conferencias por el mundo. Gate Center es un 'think tank' gestionado por Thinking Heads.

Nunca lo tuvo tan fácil Feijóo en una sesión de control. No es que lo aprovechara a tope. En parte, repitió conceptos ya utilizados antes. Con una excepción que es especialmente dañina para el Gobierno: “Solo hay que leer el auto para ver que sin el Consejo de Ministros Zapatero no hubiera podido delinquir”. También es verdad que no llegas muy lejos en la vida si atiendes a la interpretación que haga el líder del PP de un auto judicial.

Lo que dijo es una deducción que no aparece como tal en el auto. Pero no se puede desdeñar como una especulación sin fundamento. Evidentemente, todos los hilos de la trama pueden abarcar mucho más que la decisión judicial con la que se justifica la imputación de Zapatero. Por otro lado, se supone que aquí está lo más relevante que tiene que ver con él a nivel indiciario.

Quienes cambiaron de discurso en su mayor parte con respecto al día anterior fueron los socios del Gobierno. No de forma dramática, pero sí reveladora. Ya no defendían a muerte a Zapatero ni denunciaban 'lawfare'. Lo que ocurrió fue que habían leído el auto del juez. Por eso, algunos prefirieron no hablar en público sobre esa investigación. Otros no ocultaron sus dudas. “Si se han cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito”, advirtió Enrique Santiago, de Sumar. “No pinta bien el auto”, afirmó Ione Belarra, de Podemos. “Parece que no está tan claro que haya 'lawfare'”, dijo Àgueda Micó, de Compromís.

El martes, algunos se dejaron llevar por comentarios en redes sociales y el programa 'Mañaneros' de TVE que denunciaban que todos los problemas judiciales de Zapatero provenían de una querella del grupo ultra Manos Limpias. Era falso. La denuncia original es de la Fiscalía Anticorrupción, la investigación policial es de la UDEF y la decisión de imputarle es del juez. Con los datos recabados en la instrucción, al expresidente solo le podían llamar a declarar como imputado.

El auto de Calama solo sirve para justificar la imputación de Zapatero, lo que no es poco. Incluye toda una serie de indicios sospechosos, no un relato de hechos totalmente confirmados. Supone el inicio de una investigación que sigue estando declarada secreta, una condición que no se puede prolongar ya durante mucho tiempo.

Sobre la participación expresa de Zapatero en posibles delitos, Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional, tiene dudas: “Concertar una reunión o recordarle a alguien que debe tomar una decisión sobre algo no es tráfico de influencias, ni siquiera aunque se cobre por ello. Así pues, el juez debe demostrar, para sostener la eventual acusación, que efectivamente presionó a alguna institución para que se concedieran las ayudas a la aerolínea”.

No es un procesamiento ni una sentencia, aunque así apareció el miércoles en los titulares de portada de ABC y El Mundo. “Zapatero lideró una trama criminal”, tituló ABC. “Cazado el comisionista internacional Zapatero”, fue la opción de El Mundo. Miguel Tellado enseñó esas portadas y otras en el hemiciclo. Para algunos, el caso ya está cerrado y toca llamar a los carpinteros para que levanten el patíbulo.

El PP llevaba muchos meses señalando a Zapatero como responsable de una red corrupta con más insinuaciones que pruebas. En el Senado, lo hicieron en marzo con tanta alegría que el presidente de la comisión de investigación le recordó que se tomaban esas libertades, porque “las acusaciones no son lo mismo que en un tribunal”. Sin duda, el auto del juez colma sus expectativas.

En la izquierda, se respira un clima distinto. Partiendo de las etapas del duelo de Kübler-Ross (negación, ira, negociación, depresión y aceptación), se podría decir que sus votantes han llegado a la fase de depresión y temen que en cualquier momento deban asumir la de aceptación. O podrían estar en un punto intermedio entre las dos últimas en la etapa que podríamos llamar la fase de “esto es una mierda”, según la ha etiquetado Rufián.

A los socialistas les toca contener la respiración hasta el 2 de junio cuando Zapatero preste declaración por primera vez ante el juez. Estos diez días se les van a hacer muy largos. Otra noticia como esta y tendrán que olvidarse del duelo y pedir cita para que les atiendan por el síndrome de estrés postraumático.

Corrección: se ha eliminado la suma de las aportaciones realizadas a Zapatero y sus hijas por Análisis Relevante, Thinking Heads y Gate Center, porque solo las actividades de la primera empresa están directamente relacionadas con los hechos descritos en el auto. Thinking Heads se dedica a organizar conferencias de expresidentes y ex jefes de gobierno por todo el mundo. Se desconoce por qué el juez reúne todas esas cantidades de las tres compañías en un solo párrafo.

Los titulares y las encuestas tenían claro que Juanma Moreno estaba a punto de meterse la mayoría absoluta en el bolsillo. Su nota personal en los sondeos superaba con mucho a la de sus rivales. La valoración de la gestión de su Gobierno era muy superior a la opinión de los andaluces sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. El PP ya estaba pensando en el día después en el que bailaría sobre el cadáver de María Jesús Montero. El propio Moreno anunció que el impacto andaluz se escucharía en Madrid alto y claro de forma que tendría consecuencias: “Una derrota severa en Andalucía (del PSOE) sería un golpe final a esta carrera alocada, a esta huida hacia delante del Gobierno de Sánchez”.

El presidente andaluz era tan simpático que hasta se puso a cantar en un anuncio de propaganda. Y se fue a una granja para ver a una vaca que era la nieta de otra vaca a la que había visitado en las campañas de 2018 y 2022. Como amuleto, esta vez no le sirvió. Parece que estas cosas no se transmiten por vía genética. El PP acabó la noche electoral con 53 escaños, cinco menos que hace cuatro años, y eso que ganó el último escaño de Málaga en los últimos momentos del escrutinio.

Como ha ocurrido en otras elecciones autonómicas de este año, las altas expectativas fueron las que dejaron al PP en evidencia. Con su 41,6%, se quedó al final muy corto en la búsqueda de la mayoría absoluta. Subió en votos, pero no lo suficiente. Perdió un escaño en cada una de estas provincias: Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga y Córdoba.

Ahí es donde entra Adelante Andalucía, que aprovechó mucho mejor el aumento de participación. El único partido de izquierda que mejoró en esta convocatoria fue el que se mantuvo alejado de cualquier debate sobre la unidad de la izquierda. Decidieron ir a lo suyo sin importarles los líos de Sumar, IU y Podemos. La idea de que la izquierda sumara la mayoría absoluta era una fantasía irreal, pero Adelante Andalucía ya avisó antes de que no tenían ningún interés en formar parte de un Gobierno socialista.

Su líder, José Ignacio García, un psicólogo de 38 años por formación y profesor de educación pública, presumió el domingo de que “Adelante Andalucía le había quitado la mayoría absoluta al Partido Popular”. Toda la gente se viene arriba con un buen resultado electoral, pero no le faltaba razón.

Partiendo de dos escaños, multiplicaron esa cifra por cuatro y sobrepasaron a Por Andalucía, encabezada por Izquierda Unida, en más de 130.000 votos. La derrota es muy dolorosa para IU, porque el candidato era su líder, Antonio Maíllo.

Donde no hubo ninguna sorpresa fue con el PSOE. Se esperaba un hundimiento y eso es lo que se llevó Montero. El peor resultado de la historia del PSOE andaluz en escaños (28) y porcentaje de voto (22,7%). Pocas campañas socialistas han estado más lejos de generar ilusión y alimentar opciones de éxito que esta. Pedro Sánchez lleva dos fracasos de dos opciones posibles en su plan de exportar ministros a las elecciones autonómicas. No cambiará de opinión, porque no es su costumbre, pero ya debería tener una idea de lo que les sucederá a Óscar López y Diana Morant. Nombrar candidato autonómico a un ministro que no abandona su despacho y su coche oficial no es una solución ganadora.

La elucubración de Moreno de que la derrota en Andalucía podría obligar a Sánchez a replantearse su futuro era otro ejemplo de confundir sus deseos con la realidad. Sánchez no cambiará de planes y seguirá en Moncloa hasta el fin de la legislatura. Querrá repetir la remontada de 2023, cuando su partido en Andalucía se quedó a solo cuatro escaños del PP después de haber sido barrido en las autonómicas del año anterior. Claro que eso es lo que desea Sánchez, no lo que está seguro de que vaya a ocurrir.

Si la clave para el PP era frenar un posible ascenso de Vox, en cierto modo consiguió su objetivo. El partido de extrema derecha solo subió unas décimas hasta el 13,8% y ganó un escaño, un botín bastante escaso por las expectativas que le empezaron a conceder las encuestas hace unos meses. Sin embargo, esos 15 escaños valen mucho más que los 14 de la legislatura anterior. Moreno los necesita para gobernar y en Vox no serán tan ingenuos como para regalarle la abstención.

Manuel Gavira, líder de Vox en la región, ya tiene preparada la medicina que pretende administrar al PP: “Los andaluces han dejado claro lo que quieren y lo que quieren es (aquí hizo una pausa) prioridad nacional”.

El remedio de Vox para todo no es más que “un eslogan efectista en términos electorales”, dijo Moreno en una entrevista a este medio durante la campaña, que además es inviable, porque no se puede ir en contra de las leyes orgánicas existentes.

Alberto Núñez Feijóo confiaba en que su amigo Moreno no tuviera que hacer los contorsionismos que han protagonizado Guardiola en Extremadura y Azcón en Aragón para recibir el apoyo de Vox en la investidura. Quería continuar diciendo que su objetivo es llevar “el modelo andaluz” a España. El 17M ha decidido que ese modelo lleva un bicho dentro con la extrema derecha y sus prioridades. Feijóo no tendrá ninguna posibilidad de ocultarlo.

La noticia ha pasado desapercibida esta semana. Se ha sabido que la Guardia Civil ha detenido a los miembros de una banda que se dedicaba a robar en oficinas de correos y comercios en Extremadura. Uno de ellos fue ese robo que hizo que María Guardiola perdiera la cabeza en la campaña de las últimas elecciones. “Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos”, dijo la actual presidenta poniendo cara de enajenada como si un pucherazo estuviera a punto de arrebatarle la victoria. El único fraude que hubo es el que protagonizó ella con una acusación carente de pruebas que Alberto Núñez Feijóo tuvo a bien corroborar.

En Andalucía, el PP no cree que tenga que recurrir a estos trucos sucios para revalidar el Gobierno de Juanma Moreno en las elecciones que se celebran hoy. Si exceptuamos esos carteles sin firma que piden la vuelta de Susana Díaz y cuya autoría los socialistas adjudican al PP. Poca cosa comparado con lo que nos tiene acostumbrados la política actual. Moreno piensa que tiene la mayoría absoluta al alcance de la mano, pero no la tiene asegurada. A pesar de que afirma que su gestión ha sido excelente, los sondeos le dan en torno al mismo porcentaje de votos que en los anteriores comicios. Lo que quiere decir que esa mayoría depende más de los votos que saquen los demás partidos.

La campaña de Moreno, por aquello de su interés en presentarse como un tipo simpático, incluyó una visita a la ganadería cordobesa en la que estuvo en 2018 y también en 2022. Allí se fotografió con una gran vaca que estos días terminó convertida en la vaca de Schrödinger. Estaba viva y muerta al mismo tiempo. El PP creía que aún vivía, lo que revelaba un cierto desconocimiento de la esperanza de vida del ganado vacuno. No era el caso, pero pudo fotografiarse con su nieta, que ha continuado la tradición familiar de dar leche en grandes cantidades.

A pesar de tener los habituales colores blanco y negro, Moreno dijo que le recordaba a la “bandera blanquiverde”. Son las cosas que tiene que decir un urbanita que se ha dedicado toda su vida a la política para aparentar que el campo le tira mucho. Dadme una vaca y os prometo el mundo.

Llama la atención lo poco que se han movido las encuestas durante la campaña con respecto a las semanas anteriores. El PP obtuvo un 43,1% y 58 escaños en 2022. Ese mismo resultado o unas décimas menos podría dejarle ahora sin la mayoría absoluta (55). Todo puede reducirse a unos pocos miles de votos, quizá centenares, en el último escaño en disputa en las provincias de Almería, Cádiz, Sevilla y Granada. El posible ascenso de Adelante Andalucía y Por Andalucía en algunas de esas circunscripciones es lo que podría dejar al PP sin su objetivo. 

Los cálculos del PSOE se mueven en relación a una cifra, los 580.000 andaluces que apoyaron a Pedro Sánchez en las elecciones de 2023, pero que no votaron un año antes en las autonómicas. Esa era la principal misión que tenía María Jesús Montero como candidata y no hay ninguna encuesta que prevea que esté cerca de conseguirla. 

¿Por dónde falla la estrategia socialista? Frente a los que piensan que el impulso en las generales existió gracias a Sánchez, otros creen que se debió a la animadversión que suscitó el estilo de Feijóo y Abascal. “Pero en Andalucía no existe ese perfil beligerante. Moreno no despierta ni el rechazo ni la reacción visceral del votante socialista”, explica Daniel Cela. 

Ahí es donde entraría lo que aporte un candidato socialista para responder a ese punto de vista. En un error muy habitual en el PSOE, Moncloa decidió exportar ministros a las candidaturas autonómicas. Con el problema de que los elegidos siguen en el Gobierno hasta que se convocan elecciones. Ser candidato no es un trabajo a tiempo parcial ni algo para lo que es suficiente con dedicarte a ello en los dos últimos meses. Lo que no funcionó con Pilar Alegría, no va a servir con Montero. Lo mismo se podrá decir a buen seguro de Diana Morant y Óscar López. 

Montero ha sido además ministra de Hacienda, lo que en cierto sentido supone un agravante. Con el tema de la financiación autonómica aún pendiente, es una víctima propiciatoria para las comunidades autónomas. Se da la curiosa circunstancia de que todas dicen verse perjudicadas por el sistema en vigor sin que parezca que nadie sale beneficiado. Es un misterio de las matemáticas. El PP lo tiene claro. La culpa es de los catalanes o de los favores que el Gobierno concede a Catalunya. 

Esta campaña ha ofrecido varios ejemplos. “A María Jesús Montero le deben dar la Cruz de Sant Jordi por sus favores a los separatistas”, dijo Moreno el 4 de mayo. “Un andaluz vale menos en términos de financiación que un vasco o un catalán”, afirmó a finales de abril. “Usted sería una magnífica candidata en Cataluña”, le respondió a Montero en un debate de la campaña. Es lo mismo que hizo Azcón en Aragón. Echar la culpa a los catalanes es algo que da votos en varios puntos de España. Al menos, eso es lo que cree el PP.

El lunes, se verá si la estrategia de Moreno ha tenido éxito. En caso de necesitar a Vox para gobernar, tendrá que cambiar de discurso. De entrada, desdeña el eslogan xenófobo de la extrema derecha. “La prioridad nacional es un eslogan efectista en términos electorales. Pero es una frase hueca porque las leyes orgánicas están por encima de cualquier otra cosa”, dijo en una entrevista con este diario. Guardiola y Azcón ya han hecho todo lo posible para encajarlo en su programa de gobierno. En otras ocasiones, se ha mostrado más tajante: “Un Gobierno con Vox es un Gobierno imposible”. 

Conviene ser escéptico ante estas palabras. Todo lo que es imposible en una campaña electoral se torna en perfectamente viable el día después de las votaciones. Al final, lo que cuenta no es lo que diga tu vaca favorita, sino lo que eligen los votantes.  

Una cifra que olvidamos

735 personas fallecieron en accidentes laborales en 2025, una media de dos cada día. Esta es una cifra que no aparece con mucha frecuencia en los titulares, excepto en el caso de los siniestros más graves. El hecho de que el número anual fuera mayor en décadas anteriores no es ningún consuelo. En los tres primeros meses de este año, la cifra de muertos es 180, un poco superior al mismo periodo del año pasado. 

Libros

¿Quién es Ayuso? A veces, tenemos demasiada información sobre lo que dice la presidenta de Madrid. Por eso mismo es conveniente conocer lo que ella no está tan interesada en que se sepa. David Fernández escribe una biografía crítica (Libros del K.O.) con toda su trayectoria. A pesar de que presume de que ha llegado arriba con su esfuerzo, lo cierto es que su ascenso al poder fue una improbable pasarela que no hubiera sido posible sin la ayuda de Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y Pablo Casado. “Hay una frase que me dijo una persona muy bien informada: 'Isabel va a estar mandando y puede llegar a presidenta del Gobierno mientras contente a los poderes económicos del país'. Cifuentes contaba que sus problemas empezaron cuando no le aprobó la universidad a Planeta y aplazó los pagos del grupo Quirón. Ayuso estaba en ese Gobierno y sabía cómo había pasado todo eso”, ha dicho Fernández.

¿Quién manda en España? Serán los que ganan las elecciones, ¿no? No del todo. También están los funcionarios que ocupan los puestos de juristas en las Administraciones del Estado, los que mejor conocen las leyes y que acaban muchas veces en la empresa privada con sueldos considerablemente superiores. Rafael Méndez explica hasta dónde llega su poder en 'Los dueños del Estado'. “Los abogados del Estado son los que desde el corazón mismo de la maquinaria del Estado informan sobre las leyes y los reglamentos, los que conocen quién sabe qué y a quién llamar, qué tecla hay que tocar para afinar un proyecto o para hacerlo descarrilar, cuáles son los agujeros negros que siempre quedan en las leyes y cómo sortearlas. Por eso son el Poder”, ha escrito Méndez.

El poder ejerce una atracción inmensa en la política y en el deporte. Es lógico y una de las cosas que comparten ambos mundos. También tiene la particularidad de provocar dosis elevadas de paranoia en aquellos que disfrutan con su posesión con la esperanza de que la situación continúe inalterable para siempre. El líder supuestamente insustituible ve amenazas por todos los lados. Esta semana, hemos sido testigos de dos demostraciones de estas tendencias en las comparecencias públicas de Isabel Díaz Ayuso y Florentino Pérez. Ambos forman parte de esa élite madrileña del poder que siempre aparece en los titulares.

Todo es una campaña contra mí. Después de una temporada aciaga con más crónica de sucesos que títulos, el presidente del Real Madrid convocó una rueda de prensa para denunciar que la situación del club se resume en que hay una conspiración dirigida contra él. “Yo lucho contra todos”, dijo. Todo es “una campaña contra el Real Madrid y contra mí”. Se colocó en lo más alto del fútbol mundial: “Me da vergüenza decirlo, pero me han elegido el mejor presidente de la historia. De todos los clubes”.

Díaz Ayuso ha afirmado en numerosas ocasiones que existe “una campaña de desprestigio al más alto nivel” contra ella y ha apuntado al Gobierno de Pedro Sánchez como su responsable. Incluso cuando se supo que su novio había sido acusado de cometer un delito fiscal, acusó a “los poderes del Estado” de estar detrás de esa investigación. En las entrevistas concedidas tras su viaje a México, insistió en lo mismo dirigiendo sus críticas tanto al Gobierno español como al mexicano. “La culpa es mía es por existir, por hacer política”, dijo en tono melodramático el 12 de mayo en una entrevista en Cuatro. Ella siempre es la víctima de las maquinaciones de sus adversarios.

Nos quieren controlar. El punto esencial de esa conspiración es que alguien quiere controlarnos. Hay un empeño deliberado en deshacerse del líder, porque así será más fácil utilizar al Real Madrid o la Comunidad de Madrid (o España) en favor de sus intereses espurios. “A partir de mañana, intentaré que no nos quiten la propiedad. Lucharé con todas mis fuerzas”, exclamó Florentino. Se refería a que algunos quieren convertir al club en una sociedad anónima deportiva y, por tanto, arrebatar el control a sus socios. La realidad es que los socios llevan mucho tiempo sin poder votar la elección de su presidente. Él ha sido reelegido sin oposición desde 2009 (en un mandato anterior ocupó el cargo durante seis años). En el sistema electoral que rige en el Real Madrid, una candidatura debe avalar personalmente el 15% del presupuesto anual, lo que en estos momentos obliga a garantizar más de 180 millones de euros.

En su reciente discurso por la fiesta del 2 de mayo, Ayuso alardeó de que “la sociedad madrileña es otro ejército que no se dejará controlar por nada ni por nadie”. Y si a alguien se le ocurre hacerlo, “quien lo intente volverá a encontrarse con una digna y rotunda respuesta”, es decir, algo parecido a lo que ocurrió en 1808. “Madrid es el refugio de la libertad”, ha dicho con frecuencia, una situación que relaciona directamente con su capacidad de enfrentarse a medidas aprobadas por el Gobierno central o el Congreso.

Por el bien de todos. Es normal que el presidente del Real Madrid busque lo mejor para su equipo, pero los beneficiarios parecen ser muchos más. “Todo lo que conseguimos no es para el Real Madrid, es por el bien del fútbol”, dijo Florentino Pérez. Deberían darle las gracias por su generosidad. Es lo que defendió cuando presentó el fracasado proyecto de Superliga europea. Llegó a presumir de que su aspiración es que “los niños de África” puedan ver gratis el fútbol. No se sabe muy bien cómo podría hacerlo sin tomar la misma medida con los adultos, ya que los niños no suelen ser dueños de televisores.

Ayuso siempre presume de que a Madrid le va bien con su Gobierno. Los habitantes del resto de España también están en deuda. “Madrid está al servicio de España entera”, es una de sus frases favoritas. Ha destacado que la región es “el pulmón económico de España” al aportar el 19,8% del PIB nacional. Una frase más rocambolesca es la de “Madrid es España dentro de España”, por lo que hay que deducir que está a un nivel superior al de otras comunidades: “Tratar a Madrid como al resto de comunidades es muy injusto a mi juicio”. Ella dice despreciar lo que llama “las identidades de terruño”.

Periodistas peligrosos. La rueda de prensa de Florentino fue un ataque constante a los medios de comunicación que han osado criticarle. Eso abarca a medios que siempre han celebrado de forma entusiasta las victorias del equipo. “En el Real Madrid mandan sus socios y no los periodistas”. En realidad, quien manda es él. Se lanzó directamente contra el diario ABC del que dijo que iba a anular su suscripción. Su obsesión por los medios es conocida desde hace años, como también su capacidad para provocar el despido de aquellos que se atreven a cuestionar sus decisiones. David Jiménez, exdirector de El Mundo, ha contado que fue testigo de cómo Florentino exigió la cabeza de Óscar Campillo, director de Marca, perteneciente al mismo grupo editorial, y se la concedieron. Estaba acostumbrado. “A los once días de ser director de Marca”, ha explicado el mismo Campillo, “Florentino me pidió la cabeza de Santi Segurola y de Roberto Palomar y de Roberto Gómez”.

Para estos asuntos, Ayuso tiene a Miguel Ángel Rodríguez, su dóberman particular. El jefe de gabinete es el que se ocupa de marcar la agenda en los medios favorables, a veces con noticias falsas como hizo con la investigación a González Amador, y de amenazar a los rebeldes, como hizo con este diario con las frases “os vamos a triturar” y “vais a tener que cerrar”. La presidenta de Madrid es muy exigente con los periodistas que no siguen exactamente su estilo. “El tibio incomodado, que tanto abunda en las tertulias, puede seguir mirando para otro lado mientras confunde moderación con cobardía, que es lo que está pasando”, dijo en 2025. Los medios que no le discuten –y que elogian entusiasmados hasta su vestuario– reciben la recompensa en forma de publicidad institucional, en ocasiones muy por encima de lo que les correspondería por su audiencia.

Tanto Florentino como Ayuso prefieren las entrevistas que son como masajes. En el caso del presidente del Madrid, si es posible, ninguna. La última que dio fue hace cuatro años y la última rueda de prensa en 2015. Al día siguiente de la rueda de prensa, fue a La Sexta a que le entrevistara Josep Pedrerol con el resultado previsible. Ayuso estuvo después del viaje en la COPE, Telemadrid y Cuatro. En esta cadena, Nacho Abad la dejó explayarse todo lo que quiso sin atreverse a contradecirla y creyó que era buena idea terminar la entrevista con el comentario: “La veo más delgada”. Pensó que era el elogio que le faltaba por hacer.

Impunidad. Los que le conocen, y que hasta ahora preferían decirlo en voz baja, saben que Florentino se cree impune. Presionó sin problemas al Ayuntamiento para que aceptara la recalificación de la antigua Ciudad Deportiva del club en 2001 pasando por encima de los que discreparon. “Álvarez del Manzano me dijo que la operación era absolutamente ilegal y solo se haría por encima de su cadáver”, contó años después José María García. José María Aznar se ocupó de recordar al entonces alcalde de Madrid que su cadáver no era tan importante.

Ayuso cree que puede viajar a México, criticar al Gobierno y que la presidenta Claudia Sheinbaum no tenga derecho a responderle. Hasta le escandaliza. Afirma que México es una “narcodictadura” que debería celebrar las hazañas de Hernán Cortés y luego se extraña de que Sheinbaum tenga una idea muy diferente sobre la historia de su país. “Todas las mañanas me ha difamado”, dijo a pesar de que la mexicana afirmó que Ayuso tenía derecho a viajar a México y dar su opinión. Denuncia sin pruebas que el Gobierno mexicano boicoteó su visita y fue aún más lejos. “El Gobierno de México y el de España me han puesto en peligro a mí y a mi equipo”, dijo. Moncloa le respondió que “nunca comunicó ningún incidente y no pidió protección”. Criticar a los demás, a veces de forma infundada, y no aceptar la más mínima crítica forman parte de su estilo. Si lo haces, te puede acusar de poner en peligro su vida.

Los comentarios condescendientes de Florentino sobre las mujeres periodistas lo colocan en una categoría especial. Sus balbuceos y comentarios incoherentes confirman que con 79 años ya no es el que era, aunque conserve lo que nunca le abandonará, su autoritarismo y su concepción patrimonial del poder. No es algo que vaya a compartir nunca. “Es una cultura de élite”, ha escrito Máriam Martínez Bascuñán. “Hombres poderosos confundiendo autoridad con impunidad. El paternalismo, el clasismo, el racismo y el desprecio a la prensa no son un desliz. Es una forma normalizada de ejercer poder”.

Es difícil reprochar a un alto cargo si empieza a ponerse nervioso por un brote de una enfermedad respiratoria poco conocida. Sabemos desde la pandemia que los iniciales mensajes tranquilizadores de un Gobierno pueden no verse confirmados más tarde. Somos conscientes de que la coordinación de las administraciones gobernadas por partidos diferentes puede dejar mucho que desear. Lo que no es igualmente aceptable es que se exija al Gobierno central que tome las medidas necesarias para reducir al mínimo los riesgos sanitarios y que luego se diga que está sobreactuando o, aún peor, que haya ignorado amenazas imaginarias.

En menos de 24 horas tras el comienzo de la crisis del hantavirus el martes 5 de mayo, el Partido Popular ya había exigido la dimisión de la ministra de Sanidad. Son de gatillo rápido. Una vez producida la llegada del crucero MV Hondius a un puerto de Tenerife este fin de semana en medio de exigentes medidas de seguridad, el PP prefirió el lunes no seguir apostando a esa carta, mientras dejaba que el presidente canario, Fernando Clavijo, continuara con sus quejas. No solo sigue en contra de que el barco descargara su pasaje en las islas, sino que ni siquiera se bajaba de la burra de las ratas nadadoras, una interpretación que ya sabía que no tenía base científica.

Clavijo, de Coalición Canaria, y su Gobierno de coalición con el PP delegaron en un director general su representación en el despliegue realizado en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife). Lo cierto es que sus protestas habían conseguido que el barco no atracara allí, sino que fondeara en las aguas cercanas, lo que obligó a que los pasajeros fueran enviados a tierra en zodiacs. Ni aun así quiso presentarse en el puerto. Tampoco para vigilar cómo iba todo.

Antes se había sabido que el presidente canario envió el sábado a Mónica García una captura de una búsqueda de Google con el fragmento hecho por inteligencia artificial que respondía a la pregunta sobre la capacidad natatoria de las ratas. A Clavijo tampoco le servía que el crucero fondeara, porque las ratas se harían unos largos para llegar a tierra. La gente se reía de él en las redes sociales empleando también la IA. Es lógico que la gente se lo tomara a broma. El lunes, se quejó de que la ministra había difundido “una conversación privada” con la intención de ridiculizarle.

La gente espera que los responsables políticos se basen en el mejor análisis científico posible y que escuchen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). No que hagan una búsqueda en el móvil y no pasen del primer resultado hecho con IA. Por la misma razón por la que cuando Clavijo se pone enfermo va al médico y no se limita a consultar al doctor Google.

El origen del brote de hantavirus no estaba en el barco ni había que especular con el estilo de las ratas en el agua. Los que pueden contagiar el hantavirus son un tipo de roedores sin gran experiencia natatoria que existe en la zona de Argentina que visitó un matrimonio holandés que luego subió al barco. Ambos cayeron enfermos y fallecieron más tarde después de haber sido evacuados.

A pesar de esto último, Clavijo seguía inmerso en su universo alternativo, que incluía opciones propias de películas de serie B con malos efectos especiales como la invasión de las ratas mutantes o algún escenario similar de pesadilla. “En la nota del secretario de Estado dice que no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio, pero no lo descarta. No es esperable y la posibilidad es remota, pero no se descarta”, dijo el lunes haciendo gala de una gran imaginación al interpretar el comunicado.

El Gobierno canario continúa insistiendo en que el problema se lo tendría que haber comido entero Cabo Verde. “Debe ser atendido donde está” para luego irse directamente a Holanda, dijo Clavijo sobre el barco. Había catorce pasajeros españoles a bordo, pero él no pensaba que fueran de su incumbencia. En total, eran cerca de 150 pasajeros de 23 nacionalidades diferentes. Su edad media era de 65 años.

Formado por varias islas, el pequeño país africano se encuentra en el puesto 131º en el Índice de Desarrollo Humano. Cuenta con una renta per cápita de 4.218 euros, ocho veces menos que España (34.210). Para la OMS, era mucho más seguro llevar el barco a un puerto español con más medios materiales y experiencia en lidiar con emergencias sanitarias.

Un grupo ultraderechista acudió a la Audiencia Nacional para intentar que los jueces dieran la razón a Clavijo. La denuncia fue rechazada con argumentos basados en la jurisprudencia y la realidad de las emergencias sanitarias. “Existe un interés prevalente en la protección de la vida y la salud de las personas que se encuentran en el barco”, dictaron los tres jueces por unanimidad. Sobre el riesgo que podría suponer para Canarias, el tribunal respondió que “no se evidencian datos o circunstancias que permitan apreciar que con tal actuación se comprometa la vida y la salud de la población española”.

El Gobierno envió a Tenerife a tres ministros –los de Sanidad, Interior y Política Territorial–, un despliegue que demuestra que pretendía aprovechar el operativo en términos de imagen, una costumbre muy extendida entre gobiernos. Si hubiera hecho lo contrario, le habrían acusado de desentenderse de la crisis.

La presencia de Fernando Grande-Marlaska fue la menos justificada. Marlaska cometió el error político de no asistir al funeral de los dos guardias civiles muertos al colisionar dos de sus embarcaciones cuando perseguían a una narcolancha en la costa de Huelva. El ministro debería asistir a todos los funerales de agentes muertos en acto de servicio en la lucha contra la droga.

El ejemplo más claro de que la crisis ha transcurrido por los cauces por los que apostó el Gobierno fue que este lunes varios medios lo acusaban haber sobrerreaccionado. Ana Rosa Quintana se quejó de que el Gobierno había “centrado el foco en el hantavirus” con su despliegue y encargó a uno de esos redactores que lo demostrara de forma prolija. Los espectadores vieron cómo se resaltaba en tono negativo que se celebraran siete ruedas de prensa y se publicaran ocho comunicados.

“¡Luces! ¡Cámaras! ¡¡¡Desembarco!!!”, se veía en el videowall del plató de Telecinco. Todo se presentaba como un gran show. Lo mismo hizo El Español, que denunció que se había montado “un espectáculo global”. Su director, Pedro J. Ramírez, lo llamó “un 'reality' televisivo”.

Al comienzo de la crisis, se rieron o escandalizaron por las declaraciones de Fernando Simón afirmando que el riesgo era bajo para España y luego denunciaron que el Gobierno había reaccionado con demasiada energía. Lo que antes era caos, ahora era un exceso de organización. No apreciaron ninguna contradicción entre las dos posiciones.

Las Naciones Unidas, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la OMS han elogiado a España por su papel en esta crisis. El Papa León XIV agradeció el domingo “la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius”. Cuando el pontífice visite Canarias en junio, Clavijo podrá informarle de que la Iglesia debería ser más consciente del peligro que supone un ejército invasor de ratas nadadoras.

Sólo a Isabel Díaz Ayuso se le puede ocurrir viajar a México con la misión de hacer de superfán de Hernán Cortés, de vender a Malinche como gran símbolo de la hermandad de ambos países, y acabar teniendo que cancelar la visita antes de tiempo porque se ha convertido en el invitado repelente al que todo le parece horrible. Su estrategia habitual ha pinchado. Lo de aparecer en primer lugar en calidad de agresora sin complejos para pasar después a presentarse como mártir y víctima de la mala fe de sus enemigos es un truco habitual que sólo funciona cuando un grupo numeroso de medios de comunicación compra cada uno de los dos disfraces con la misma fe.

Lo primero que debe saber un político es que es esencial conocer la audiencia a la que se dirige. El discurso que dice que España llevó la civilización a América puede ser efectivo en los ambientes en que predomina el nacionalismo español y el orgullo por las glorias imperiales del pasado. En México, uno de los países más nacionalistas de Latinoamérica, y mira que allí el listón está alto, muy pocos van a creer que están en deuda con los extranjeros que les invadieron hace cinco siglos. Hay que estar muy fuera de la realidad para pensar algo así.

Entre países aliados o con buenas relaciones, la idea de que un político viaje al otro Estado para cargar contra un Gobierno que es bastante popular o para avisarles de que caminan hacia el desastre no es muy habitual. Digamos que es poco diplomática. Algunos pueden considerar ofensivo que una extranjera venga a decirte cómo es tu país y qué representa su historia. Ayuso había calificado antes a México de “narcodictadura”, un insulto que seguro que ofendió a todos los mexicanos que se enteraron. Ya en el país dijo que es un país que está “a dos pasos de llegar al camino de Venezuela”, otro pronóstico absurdo que por lo demás también ha hecho sobre España. 

Como es habitual en ella, tras la agresión vinieron las quejas por ser criticada. “El respeto y la amabilidad creo que están por encima de todo”, dijo para responder a las primeras críticas hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum. La acusó de estar promoviendo la “división”, el mismo recurso que emplea en España. Primero, saca el hacha y sacude preferiblemente hacia la izquierda, y luego se pregunta por qué otros recurren a la descalificación y olvidan las buenas maneras. 

Ayuso fue a provocar con su teoría de que la conquista de América –invasión sería la palabra más correcta– fue un proceso de hermanamiento y mestizaje entre las dos orillas del Atlántico. Es un punto de vista sobre la Hispanidad que es casi idéntico al que promovió el franquismo, cuyo aislamiento internacional en sus primeras décadas hizo que se volcara con Latinoamérica. 

Esa interpretación de la historia ignora la violencia de la conquista, la desaparición de pueblos enteros víctima de las enfermedades traídas por los colonos, la extracción masiva de sus recursos naturales más valiosos, el régimen de semiesclavitud que suponía el sistema de las encomiendas y el comercio de esclavos desde África con destino a esos países. Entre otras muchas cosas. 

El motor de la conquista fue la codicia, explica el historiador Antonio Espino. Conseguir allí la prosperidad que era imposible en España. “Luego esa codicia se camufla de ideología cristiana, civilización y libertad. Pero lo que está en la base es la codicia y el deseo de enriquecerse”. 

La defensa de ese colonialismo llega al extremo de elogiar a Hernán Cortés como si fuera un héroe de la época que hay que homenajear. Ella pretendía que los mexicanos se unieran a sus halagos y esto ya es delirar hasta niveles superlativos. Y hubo tiempo también para acompañar a su amiguete Nacho Cano y extender los elogios a Malinche. “Vengo de ese Madrid en el que hay muchas malinches en el metro, en las calles y en los colegios”. La esclava y luego amante e intérprete de Cortés es un símbolo muy cuestionado en México, casi un sinónimo de traición. El término 'malinchismo' aparece descrito en el diccionario de la RAE como “actitud de quien muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio”. 

Si Ayuso pensó que iba a torear con facilidad a Sheinbaum, estaba muy equivocada. La presidenta mexicana ganó las elecciones de 2024 con un 59,7% de los votos. Su principal adversaria, Xóchitl Gálvez, del partido conservador PAN, se quedó en el 27,4%. La última encuesta sitúa su popularidad en un 68%. Con ser alta, es inferior a la que disfrutaba en el primer año de su mandato. Aprovechó las declaraciones hostiles de Ayuso para enviar un recado al PAN al que acusó de desconocer la realidad del país: “Lo que trae la derecha mexicana es a una adoradora de Hernán Cortés. Qué bueno, fuera máscaras”.

Era una situación ventajosa para Sheinbaum. Cuanto más se hablara de Ayuso, menos se hablaría del caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de Morena, el partido de la presidenta, al que el Departamento de Justicia de EEUU pretende procesar por narcotráfico. En cualquier caso, la visita de Ayuso tampoco ha interesado mucho a los medios del país. 

Cuatro gobernadores del PAN se fotografiaron con ella en la visita. La politóloga mexicana Viri Ríos cree que es incomprensible que el partido conservador haya apoyado su presencia por ser una estrategia condenada al fracaso. “La concepción de la conquista como un acto de hermandad o de Cortés como padre de lo mexicano, que Ayuso y los suyos pregonan, es prácticamente inexistente en México”, escribe en El País. Un estudio de 2025 sobre figuras históricas relacionadas con México coloca a Hernán Cortés con la puntuación más negativa. La medalla que Ayuso recibió de manos de las autoridades del Estado de Aguascalientes, gobernado por la derecha, es un ejemplo de esa ceguera, según Ríos: “Un deseo triste, casi patológico, por ser reconocido por el colonizador con la finalidad última de sacudirse la vergüenza del retraso y lo primitivo con el que se asocia a sí mismo”. 

Se suponía que el viaje iba a durar nueve días y que el motivo central era asistir a los Premios Platino que se celebran de forma alternativa en España y México. Cuentan con el apoyo económico de la Comunidad de Madrid con 450.000 euros. Estaba previsto que Ayuso subiera al escenario para dar un discurso. El ruido provocado por la visita hizo que los organizadores mexicanos decidieran retirarle la invitación “debido a sus desafortunadas declaraciones”.

Ayuso y su equipo vieron la oportunidad de dar algo de brillo a este viaje accidentado. Denunciaron el supuesto boicot de las autoridades del país y cancelaron el resto de la visita. Cuando fracasas, siempre te queda la opción de alegar que ha habido una gran conspiración. Sheinbaum había “amenazado” al evento si mantenía la invitación a Ayuso, dijeron, algo desmentido por los organizadores. En resumidas cuentas, había sido “expulsada” de México. Ante la sorpresa de nadie, Ayuso volvía a ser LA VÍCTIMA inocente de las maniobras de sus enemigos. Como pasar de ser Juana de Arco a la inocente Caperucita que cruza el bosque para llevar la comida a su abuelita. Son dos papeles que tiene muy bien aprendidos, pero en México ha fracasado con ambos. No es un país al que se pueda ir a dar lecciones sobre su propia historia. Lo mismo tienes que salir corriendo.

Aquella foto de César Lucas fue el símbolo de la victoria socialista de 1982. Felipe González y Alfonso Guerra unen sus manos para levantarlas en señal de triunfo desde una ventana del hotel Palace en la noche del 28 de octubre. González contó años después en varias ocasiones que estaba abrumado por la responsabilidad en ese momento. Pero el resultado arrollador –diez millones de votos, un 48,1 % y casi veintidós puntos de ventaja sobre Alianza Popular– no fue una total sorpresa para los dirigentes socialistas.

Se dijo que era el fin de la Transición por aquello de fijar un desenlace con el regreso de la izquierda al poder después de la larga noche que había comenzado en 1939. No es que lo de antes a partir de 1977 no fuera una democracia, pero al menos se había acabado el periodo en el que todo el sistema político estaba cubierto por andamios y señales de obras. El eslogan de la campaña –‘Por el cambio’– no es un prodigio de originalidad. Tiene más enjundia lo que responde González cuando le preguntan por su significado: “Que España funcione”. Parece de un pragmatismo casi decepcionante. Pero también es efectivo. España no funcionaba o al menos no lo hacía de la forma que esperaba la gente. No había Estado en ese momento que sirviera para construir una democracia o el que había no servía más que para ir tirando.

Hasta entonces había sido “Felipe” para todo el mundo. Julio Feo advierte a todos en Moncloa que a partir de entonces será “el presidente”. La revista Cambio16 lo certifica en portada con una foto de un serio y encorbatado González y el titular: “Bienvenido, señor presidente”. Los ministros se tratan de usted en el Consejo de Ministros, por muy amigos que sean. Guerra cuenta que un ministro, de indudable inocencia, preguntó en la primera reunión: “¿Y aquí cómo se vota?”. Le respondió que todos podrían debatir algunos asuntos, pero que la decisión última sería del presidente. El Gobierno, incluido su presidente, cuenta con 17 integrantes. Todos hombres. Era un tiempo en que estas cosas pasaban casi desapercibidas.

Una semana después de las elecciones y antes del debate de investidura, ETA asesina al general Víctor Lago, jefe de la unidad más importante del Ejército, la División Acorazada Brunete. “Evidentemente, esta acción vale para ellos lo que veinte en el País Vasco”, dice a El País Manuel Ballesteros, jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista.

Los ministros de Economía en la primera década de González, Miguel Boyer y Carlos Solchaga, representan una tendencia liberal que le acompaña en su presidencia. Lo que toca es construir un Estado de bienestar en el que la sanidad sea un derecho universal y se modernicen unas infraestructuras que son impropias de un país europeo. Para esto último, habrá que esperar al ingreso en la Comunidad Europea.

Antes de eso, habrá que cumplir con la promesa de un referéndum sobre la OTAN. El giro ya se intuía en el eslogan de 1981: ‘OTAN, de entrada, no’. La campaña en marzo de 1986 termina siendo un plebiscito sobre la figura de González. ¿Quién gestionará el ‘no’ a la OTAN?, avisa. En realidad, el partido ya no utiliza las siglas, sino que sólo habla de “Alianza Atlántica” en sus discursos. Alianza Popular intenta aprovechar el dilema y pide la abstención. “Soy un atlantista convencido, pero este es un referéndum fraudulento”, dice Manuel Fraga en una entrevista en ABC. Su intención es que la derrota fuerce la dimisión de González. Gana el ‘sí’ con el 56,8% de los votos y una participación del 59,4%.

Desde el primer momento, el Gobierno debe gestionar sus contradicciones. Impulsa una liberalización de la economía y devalúa la peseta en su primera reunión. Al mismo tiempo cumple promesas que benefician a los trabajadores. Aprueba la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. En una respuesta que recuerda a todo lo que ha hecho la patronal en los últimos 40 años, la CEOE prevé que será un desastre para la economía. Anuncia que tendrá “un coste teórico” de 180.000 millones de pesetas y exige que suponga una reducción equivalente de los salarios. Si los asalariados trabajan menos, tendrán que cobrar menos, dice.

La huelga general

La reconversión industrial termina por arruinar las relaciones entre el PSOE y el sindicato UGT. Puede que fuera inevitable en varios sectores, pero el coste social es inmenso. Se pierden de inmediato decenas de miles de puestos de trabajo. Pueblos y ciudades que viven de plantas industriales que ya no son rentables se quedan sin su principal fuente de empleo. Un plan de empleo juvenil termina causando el estallido. UGT y CCOO convocan una huelga general en 1988 que el Gobierno desdeña. Pero su éxito es espectacular. Las ciudades están vacías como si sus habitantes hubieran desaparecido.

En 1989, el rey Juan Carlos tiene un encuentro con el general Manglano, jefe del Cesid y uno de sus principales confidentes. Le cuenta que lleva años recibiendo dinero de Arabia Saudí. En primer lugar, “36 millones de dólares para la Transición”. Años después, un préstamo sin intereses de 50 millones que le permite obtener “una ganancia de 18 millones”. Las entregas se suceden. Entre donaciones y préstamos, que no está claro que se devolvieran, el jefe de Estado recibe financiación de una dictadura extranjera por valor de 136 millones de dólares. El Gobierno oculta a la opinión pública tanto su fortuna en el extranjero como sus infidelidades. El rey es intocable y como tal se le protege.

El 1992 es una fiesta. La Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona son el culmen de la euforia. Es “el año de España”, dice la revista norteamericana Newsweek. España es un país que ha dejado atrás los fantasmas de su pasado, coincide la prensa internacional, un ejemplo para los países de Europa del Este inmersos en la transición a la democracia. En ese año, la economía empieza a dar los primeros síntomas de agotamiento. Pronto llega el choque con la realidad. El índice de paro salta del 16,9% en 1991 al 20% un año después. Y sigue subiendo. El 23,8% en 1993 y una décima más en 1994. Políticamente, es mucho peor. Toda la corrupción incrustada en el sistema sale a la luz. El juez Baltasar Garzón vuelve a la Audiencia Nacional después de una breve incursión en la política y descubre que Amedo y Domínguez están dispuestos a cantar sobre los crímenes de los GAL. En la Ejecutiva Federal del PSOE en 1995, González define las investigaciones como una gran conspiración contra él: “Existe un intento claro de destrucción del Gobierno y toda la tarea hecha en estos años. La estrategia se parece mucho a la empleada contra Azaña en los años 30”. No le servirá de nada.

La huida de Luis Roldán y la condena de Mariano Rubio hunden la imagen de su Gobierno. En 1996 ya no quedan más trucos en la chistera y aun así el Partido Popular solo supera al PSOE por 290.000 votos. “Nunca una derrota había sido tan dulce y una victoria tan amarga”, dice González sonriendo en la noche electoral. Pero, por dulce que sea, sigue siendo una derrota.

Al igual que ahora el PP habla de desmontar el sanchismo cuando llegue al poder, Jose María Aznar presume de que ha llegado el momento de demoler el felipismo. Le acompaña una nutrida brigada mediática convencida de que Felipe González ha puesto en peligro a la democracia con su forma autocrática de gobernar, una acusación idéntica a la que se hace ahora a Pedro Sánchez. Como dice Luis María Anson en 1998, “se rozó la estabilidad del propio Estado” en la tarea de demolición: “La cultura de la crispación existió porque no había manera de vencer a González con otras armas”.

ETA, Aznar y Miguel Ángel Blanco

Trece años, cinco meses y tres días de gobierno no son tan fáciles de borrar como quisieran. El PP se lo toma con calma y apuesta por centrarse en la liberalización de la economía. El buque insignia es la privatización de las empresas públicas como Telefónica, Tabacalera, Endesa y Repsol. Algunas de ellas caen en manos de amigos de Aznar o personas de su total confianza.

“España va bien”, repite Aznar en el Congreso, como si con su sola presencia hubiera enderezado el rumbo. Ayudada por el ciclo económico, España entra por una senda de crecimiento sostenido con gran creación de empleo y descenso de la inflación que facilita la entrada en el euro.

El Gobierno se enfrenta a un agravamiento de la amenaza terrorista cuando ETA pone en el punto de mira a concejales del PP y del PSOE. La tensión llega al punto más alto con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La respuesta popular es inmensa y garantiza al Gobierno que no sufrirá desgaste por mantener una línea dura contra ETA. La sorpresa salta cuando Aznar hace público en noviembre de 1998 que se van a iniciar negociaciones: “He autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco... de Liberación”. El PP se pliega a los deseos de su líder. Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco, pide a las viudas de sus compañeros asesinados por ETA “un poco más de sacrificio por la paz”. Los contactos secretos con Herri Batasuna y luego con ETA en Ginebra no llevan a nada y la organización terrorista rompe la tregua.

La llegada del euro

Con la entrada en vigor del euro con España dentro, Aznar parece haber culminado sus aspiraciones. El naufragio del ‘Prestige’ y la catástrofe ecológica desnudan a un Gobierno convencido de que siempre se saldrá con la suya. Aznar no aprende la lección sobre los límites del poder y suma a España al grupo de países que apoya la invasión de Irak. Aun así, el PP está convencido de su victoria en 2004, esta vez con Mariano Rajoy de candidato. Las últimas encuestas de la campaña dan una ventaja de unos tres puntos al PP. Pero el 11M lo cambia todo. España sufre el mayor ataque terrorista de su historia tres días antes de las elecciones. El Gobierno decide que la autoría de ETA es lo único que le salvará y en poco más de 48 horas su plan se viene abajo. La derecha nunca aceptará que esa derrota tiene más que ver con sus errores y el ejercicio arrogante del poder que con los méritos del rival.

José Luis Rodríguez Zapatero entra en Moncloa sin ninguna experiencia previa en un Gobierno. Elige a 16 personas para su Consejo de Ministros, de las que siete son mujeres. Demuestra audacia al retirar las tropas españolas de Irak. Zapatero hace todo lo que Felipe González no quiso o no podía hacer, en especial sobre memoria histórica. La democracia ha vivido durante décadas sin tocar las estatuas y monumentos que tienen un carácter de homenaje al franquismo y al dictador. Hay que esperar hasta 2005 para que se retire la estatua ecuestre de Franco en Nuevos Ministerios en Madrid y tres años más tarde la de Santander. Entre medias, el Parlamento aprueba la ley de memoria histórica con la intención expresa de reparar el daño sufrido por las víctimas de la dictadura. El PP la denuncia por considerarla una forma de “reabrir heridas”, aunque nadie achaca a los españoles del presente los crímenes del pasado.

Las costuras del sistema político comienzan a agrietarse con la feroz oposición del PP a Jose Luis Rodrígez Zapatero, que se hace aún más dura cuando el presidente acepta negociar con ETA. Antes de los contactos, el PP ya está deslegitimando al Gobierno. Rajoy acusa al presidente de “traicionar a los muertos”. Zapatero no se deja intimidar. Hay que esperar a octubre de 2011 para que ETA haga público “el cese definitivo de su actividad armada”. La organización terrorista nunca consiguió los objetivos políticos que exigió a lo largo de su historia.

No es la convulsión creada por esas negociaciones la que hunde a Zapatero. “La economía va como un tiro”, había dicho en su primer mandato. Hasta que naufraga a partir de los efectos de la tormenta que se origina en EEUU con la quiebra de Lehman Brothers. No es un caso de simple contagio. La burbuja inmobiliaria ha desatado una loca carrera especulativa en muchas de las entidades financieras sin que el Banco de España haya hecho nada útil al respecto. La crisis de la deuda en el sur de Europa obliga a un fuerte recorte del gasto público que no impide que se doble la deuda pública hasta un 70% del PIB en 2011. El PSOE pierde el 38% de sus votos en las elecciones de ese año.

Mariano Rajoy recibe el poder sin hacer prácticamente nada y gracias a promesas que sabe que no podrá cumplir. “Cuando gobierne, bajará el paro”, había prometido en 2010. El desempleo seguirá subiendo hasta el 26,9% en el primer trimestre de 2013 y la deuda sobre el PIB hasta el 100%. La salida de la crisis es lenta y agónica.

La abdicación

A Juan Carlos de Borbón se le acaba la suerte. Su accidente en Botsuana en 2012 en un viaje en el que le acompaña su “amiga íntima” Corinna –así la definen los titulares– termina por hundir todo un escenario de mentiras y delitos. El monarca ha seguido recibiendo durante años dinero del Golfo Pérsico que oculta en Suiza con los mismos mecanismos de las organizaciones criminales internacionales. Solo un año antes de Botsuana afirma en su discurso de Nochebuena: “La justicia es igual para todos”. No para él, como pronto se comprobará. Su permanencia en el trono es tan tóxica que pone en peligro la supervivencia de la monarquía. Después de haberse negado a considerarlo, en 2014 presenta la abdicación y entrega la corona a su hijo Felipe.

El sistema autonómico era uno de los grandes logros de la nueva España surgida tras la Constitución de 1978. Todo descarrila con el desafío del ‘procés’. El Gobierno del PP y los indepes son dos trenes condenados a un choque frontal en 2017. Rajoy decide enviar a los antidisturbios para impedir el referéndum del 1-O. Sólo contribuye a que las imágenes de las cargas salgan en las televisiones de toda Europa. Carles Puigdemont ha desobedecido todos los autos del Tribunal Constitucional y hasta se ha hecho fotos con ellos. Al final, declara una independencia que dura ocho segundos y ofrece unas negociaciones que ya son imposibles. Huye a Bélgica mientras que otros como Oriol Junqueras se quedan para afrontar las consecuencias penales de sus actos. El juicio del procés en el Tribunal Supremo no es suficiente para cerrar esta historia. A partir de ese momento, Catalunya condiciona por completo la política española hasta nuestros días.

Las elecciones de 2015 abren un nuevo capítulo de la democracia española. Desaparece el bipartidismo que ha regido la alternancia en los gobiernos. El tótem del “consenso del 78” es ya historia. Las movilizaciones del 15M ya habían dado en 2011 el primer toque de atención. La España real estaba comunicando a la España oficial que había dejado de representarla en muchísimos asuntos. En los comicios, dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, reciben ocho millones y medio de votos y 109 escaños. Políticos como Rajoy creen que se trata de “una moda” y que la fragmentación del voto será un fenómeno pasajero. No pueden estar más equivocados.

Al igual que lo que ocurrió con Felipe González, la corrupción termina por dar el golpe definitivo al PP. Antes de llegar al poder, Rajoy había intentado presentar a su partido como una víctima, como hizo González en 1995. “Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular”, dice Rajoy en 2009 sobre la investigación judicial y policial de la Gürtel. Solo es el primer capítulo. Las finanzas internas del PP rebosan de dinero negro, como queda patente cuando se investiga a su tesorero, Luis Bárcenas, y se descubre que la caja B se ha empleado para la rehabilitación completa de la sede de la calle Génova, y luego están los sobresueldos en efectivo que ha recibido durante años la cúpula del partido.

La sentencia de la Gürtel recuerda a Rajoy que hay facturas en política que se pagan muchos años después. La moción de censura lleva a Pedro Sánchez al poder. Empieza una época en la que la política no deja de sorprender. Solo veinte meses antes, la carrera política de Sánchez parecía muerta y enterrada cuando se vio forzado a presentar su dimisión como líder del PSOE. No será la primera vez en que sus adversarios le subestimen.

Sánchez es de los políticos que se reinventan a sí mismos en función de la coyuntura. Intenta conseguir una mayoría con Ciudadanos y fracasa. Se rinde a los números tras los comicios de noviembre de 2019 y asume que solo puede gobernar con Unidas Podemos. Rechaza la amnistía de los políticos condenados por el procés al creer que le servirá con los indultos, pero luego la acepta para asegurarse el apoyo del partido de Puigdemont. La España que gobierna es muy diferente a la de los años ochenta. El pragmatismo de los tiempos de González pierde sentido. Ya no es tiempo de resignarse a lo posible, sino de buscar lo que antes parecía imposible, como una política feminista que no espera a que la sociedad evolucione poco a poco.

A partir de 2020, el Gobierno navega a través de circunstancias excepcionales, como la pandemia y los efectos económicos de la invasión de Ucrania. Afronta también el último esfuerzo por salvar a la monarquía del legado de Juan Carlos. Felipe VI le retira los 200.000 euros anuales de asignación al quedar meridianamente claro, no por los tribunales españoles, que su padre conserva una fortuna en el exterior. La única manera de proteger la imagen de la monarquía es enviar a Juan Carlos a vivir al extranjero. Con todo el dinero que ha recibido de las monarquías del Golfo Pérsico, no es una sorpresa que elija los Emiratos Árabes.

La extrema derecha

España deja de ser la excepción europea. La extrema derecha, cuyo mayor capital es el rechazo a la inmigración, se convierte en la tercera fuerza política y el socio indispensable si la derecha quiere llegar al poder. El PP se lanza a una furiosa ofensiva contra el PSOE. También lo hizo contra González y Zapatero, pero esta vez declara que Pedro Sánchez es una amenaza real para la democracia. España vive una tensión insoportable en el sistema político. Mientras, la sociedad no alcanza ese nivel de confrontación y la economía se recupera de la pandemia y reduce el desempleo al nivel más bajo desde 2007.

La derecha pierde la oportunidad de las elecciones de 2023 que ya creía ganadas. Se decide a pintar a España como lo peor de Europa, precisamente cuando Francia y Reino Unido no pueden conjurar su crisis estructural y Alemania se sume en el pesimismo al ver que no levanta cabeza un modelo económico que pensaba que era indestructible. El futuro sí plantea un interrogante amenazante para la sociedad española. Los jóvenes se han acostumbrado a escuchar que vivirán peor que sus padres, no solo por el precio de la vivienda. Para conservar su legitimidad, la democracia no puede limitarse a asegurar la celebración de elecciones libres. Debe ofrecer una garantía de que el futuro será más próspero. De lo contrario, la historia demuestra que puedes recibir sorpresas desagradables.

Ser carne de meme puede llegar a ser agotador, pero es mucho peor ser carne de banquillo y de pena de 24 años de prisión. José Luis Ábalos tocó todos los palos en su declaración en el juicio del Tribunal Supremo. Dio pena por sus problemas sentimentales, negó que como ministro tomara las decisiones sobre las que le acusan y se las tuvo con el fiscal a cuenta del supuesto aumento de patrimonio que le achacan.

Como político experimentado, le sobra habilidad para hablar y defender su posición, lo que puede incluir soltar largas parrafadas. También para presentarse como víctima de los manejos de personas interesadas. Ábalos no perdió los nervios al enfrentarse a un momento decisivo de su vida. Respondió sin dudar a las preguntas del fiscal y de su defensor y el de Koldo García. No está claro que sea suficiente para salvarse.

A veces respondía con demasiada seguridad, con la misma contundencia con que los políticos se expresan en el Parlamento. “Este es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo y con condena clara”. Decir eso no le va a ayudar. Los jueces no habrán quedado contentos al escuchar que la sentencia ya está escrita antes de que termine el juicio.

De entrada, quiso reducir el alcance de su poder. “Como ministro, yo estaba en el impulso [de la acción política]. Yo no estaba en la gestión de nada”. Cada político que ocupa el cargo decide qué tipo de ministro es, pero nadie diría que los miembros del Gobierno tienen poco poder de gestión. Eso es importante de cara a las acusaciones relacionadas con la compra de ocho millones de mascarillas por el Ministerio en la pandemia. El exministro afirmó que solo trató de ese tema con el subsecretario de Estado. “Por mi mano, no pasó ninguna” de las ofertas recibidas. Koldo García le dijo que se habían recibido cuatro, aparte de la que fue triunfadora, la de Soluciones de Gestión vinculada a Víctor de Aldama. Las acusaciones alegan que esa adjudicación fue una compensación por el dinero y regalos entregados a Ábalos y su asesor.

Hubo una frase singular de su subsecretario que mencionó: “El subsecretario de Transportes me dijo que quedaría bien que hubiese más ofertas”. No era obligado por el estado de alarma. Existía la posibilidad legal de contratar a dedo sin el proceso normal de licitación. ¿Para qué más ofertas? ¿Para aparentar?

Ábalos describió en detalle la urgencia que afrontaban todas las administraciones cuando intentaban conseguir material sanitario en 2020. “La desesperación nuestra era tremenda”. El mayor problema era buscar proveedores. Encontrar uno era “un privilegio”.

En relación a Aldama, su testimonio consistió en restarle importancia a pesar de su presencia habitual en el Ministerio. Trató con desdén y una sonrisa la forma en que el empresario –para el que el fiscal pide siete años de prisión– se presentó en el contexto de las relaciones de España y Venezuela. Prácticamente, la tachó de delirios de grandeza. “Toda una historia de impostura”.

Curiosamente, dijo que fue Aldama quien le presentó a la que fue su pareja, Jésica Rodríguez, algo que él y ella negaron por completo cuando declararon en el juicio. Sugirió que ella ha sido utilizada, “coaccionada”, en su contra, pero sin aportar más ejemplo que decir que ella dijo en el juicio que cobraba sin trabajar cuando no se lo habían preguntado. Afirmó que sabía que Luis Alberto Escolano, amigo de Aldama, era quien pagaba el alquiler del piso que encontraron para la novia, pero que no sabía que ambos eran socios. Sea o no cierto, el pago de ese piso es una de las principales pruebas contra Ábalos.

También lo es que buscaran un empleo para ella en una empresa pública. Ábalos sostuvo que lo del trabajo fue algo que encargó a Koldo “en el ámbito más bien privado”, como si él dejara de ser ministro en esa situación. “No estaba pensando en empresas públicas precisamente”, dijo, lo que no resultó muy creíble. ¿En qué tipo de empresa privada podría tener influencia alguien como Koldo?

Reconoció una relación sentimental con Jésica desde octubre de 2018 hasta noviembre o diciembre de 2019. Fue ella quien tomó la decisión de romper, según su versión. “Ahí descubrí la palabra 'ghosting'”. Continuó en tono melancólico: “Ya soy un personaje. Soy carne de meme. Duele, porque yo con esa persona tuve una relación sentimental de verdad”, dijo en una de las frases más románticas que se han escuchado en el Tribunal Supremo.

El fiscal Alejandro Luzón volvió a sacar el rescate de Air Europa, como ha hecho en otros momentos de la vista, con la intención de presentarlo como el favor que Ábalos hizo a Aldama a cambio de lo que le regalaba. Una vez más, hizo preguntas sobre “la nota de prensa o comunicado” del Ministerio, cuando no era ninguna de las dos cosas. “Me apremiaban” para que hubiera algún tipo de declaración del Ministerio de que había una negociación en marcha que se esperaba culminar con éxito, dijo Ábalos, que concretó que Air Europa prefería que fuera más de la SEPI que del Ministerio.

“No hubo nota de prensa. Lo único que hubo fue un guion, un borrador elaborado por el señor [Pedro] Saura [secretario de Estado] en coordinación con el jefe de prensa, que es quien da la versión del Gobierno a los medios. Lo que se llama fuentes”. Es decir, el jefe de prensa se puso en contacto con varios medios fundamentalmente económicos para darles información que hizo que se publicara la noticia con el titular “El Gobierno ultima el rescate de Air Europa”. Según Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, esos artículos fueron útiles para que las empresas a las que se debía dinero por el suministro del combustible para aviones aceptaran seguir operando con ellos.

No era el anuncio definitivo del rescate, porque continuaban las negociaciones de la SEPI y Globalia, que no fueron fáciles para la compañía. El Tribunal Supremo va a tener que echarle mucho valor si quiere incluir Air Europa entre las razones de una posible sentencia condenatoria.

Ábalos negó los cálculos sobre su patrimonio económico realizados por la UCO. Se burló de los 94.800 euros que le atribuye la Guardia Civil y que eso sea “un gran caso de corrupción”. “94.000 euros sacados de los wasaps de Koldo. ¿En diez años? De media salen 500 al mes”. El exministro aprovechó dos sonoros errores de la UCO en la instrucción cuando le adjudicaron la propiedad de dos mansiones en Perú y Colombia que nunca existieron.

Se presentó como alguien cuyo patrimonio, muy reducido después de su divorcio, se limita a un piso comprado en 1987 y un bajo a medias con su hija. “¿Por qué cree que seguí siendo diputado?”, preguntó al fiscal. Por el sueldo, claro.

Ábalos se defendió con convicción, pero con ese aire de tristeza que le ha acompañado desde el inicio de las investigaciones. Abandonado por su novia, con su reputación malparada por las relaciones privilegiadas de un personaje como Aldama con su Ministerio y pagando con creces el error de haber confiado sus asuntos a alguien como Koldo García, sus expectativas de cara a la sentencia no son las mejores.

En el cierre de la sesión del lunes, el abogado de la acusación popular que representa al PP comunicó al tribunal que rebaja la petición de pena para Aldama a cinco años y dos meses de prisión de forma que no supondría su ingreso en prisión. No fue una sorpresa en absoluto. La munición que el empresario ha entregado al PP ha sido un elemento esencial de su maquinaria de oposición al Gobierno en el último año. Seguro que le están muy agradecidos.

Dos juicios se celebran de forma simultánea. Afectan a dos gobiernos distintos, al actual de Pedro Sánchez y al anterior de Mariano Rajoy. El segundo, el de la Operación Kitchen, ha ofrecido una imagen tremenda del pasado. El juez Pablo Ruz y el policía Manuel Morocho abandonan el despacho del primero para tener una conversación. Temen que haya micrófonos ocultos en la Audiencia Nacional. “En ocasiones salíamos a la oficina judicial, fuera de su despacho, y me planteaba alguna cuestión crítica para la investigación”, explicó el inspector jefe en su declaración en el juicio de Kitchen.

Morocho, el principal investigador de la Gürtel, sospechaba que habían puesto micrófonos tanto en su despacho como en su vehículo policial para vigilar sus pasos. Ruz prefería no utilizar el ordenador de su despacho y trabajaba con un portátil. Ese era el nivel de la corrupción policial existente en los años de Rajoy. A eso hay que unir las presiones que recibió, el boicot sufrido cuando vio que los mandos ofrecían puestos a miembros de su equipo mejor remunerados para que le abandonaran y hasta ofertas a él mismo para destinos en el extranjero con mayor sueldo. Morocho no se rindió. Es lo que se espera de un policía valiente. 

En la declaración de Morocho, la presidenta del tribunal parecía estar más interesada en cortar su testimonio que en dejar que se explicara. “Estoy observando desde que empezó el interrogatorio que usted se extiende más allá de lo que le pregunta el Ministerio Fiscal. Le ruego que se limite en la respuesta a lo que le pregunte”, le dijo la jueza Teresa Palacios. Volvió a hacerlo después. La investigación de la Gürtel no se está juzgando en la Audiencia Nacional, pero Morocho se estaba refiriendo a la conducta de varios mandos policiales que están ahora mismo en el banquillo de los acusados. Lo que contaba era muy relevante para el objeto del juicio. Demostraba que esos acusados ya estaban aprovechando su influencia años atrás para interferir en investigaciones judiciales con el fin de favorecer al Partido Popular y al Gobierno de Rajoy.

Todo eso no le interesaba a Palacios. Ni siquiera quería escucharlo.

En el juicio del caso Ábalos en el Tribunal Supremo, el presidente del tribunal ha pedido a las partes que se atengan al objeto del procedimiento en algunos momentos. No muchos. Sin embargo, permitió al acusado Víctor Aldama en su interrogatorio que se explayara sobre acusaciones que no tienen nada que ver con los asuntos que han llevado al banquillo a José Luis Ábalos y Koldo García, además de Aldama. El empresario denunció que había hecho de intermediario en el pago de comisiones abonadas por constructoras a Ábalos y Koldo. Llegó a afirmar que Pedro Sánchez “estaba en el escalafón uno” de la trama y él en el cuatro sin aportar ninguna prueba sobre la supuesta implicación del presidente del Gobierno. El magistrado Andrés Martínez Arrieta no creyó conveniente decir nada. 

Arrieta tampoco intervino cuando el fiscal Alejandro Luzón hizo numerosas preguntas a Aldama sobre el rescate de Air Europa, que no es algo que se esté enjuiciando en esta vista. Eso es llamativo porque Aldama negó que hubiera alguna ilegalidad en todo ese proceso. “Es un rescate completamente legal”, dijo. La prensa de derechas y el Partido Popular llevan años insinuando que se cometieron delitos en la concesión de los créditos que salvaron a la compañía de la bancarrota durante la pandemia. Otros gobiernos europeos concedieron préstamos mucho mayores a sus principales líneas aéreas en 2020.

En el juicio, no se ha convocado a ningún testigo que haya aportado hechos que puedan hacer pensar que hubo delitos en el rescate de Air Europa. A pesar de eso, el fiscal tuvo barra libre para hacer sus preguntas, que generaron los correspondientes titulares en los medios.

Como escribí esta semana, Aldama se presentó en el Supremo con ganas de dar espectáculo y vaya si lo consiguió. Estuvo en la línea que se espera de alguien que ha sido agasajado en el programa de Iker Jiménez. En el mismo día en que tenía que declarar, se supo que había presentado un informe con el que solicitó que se le devuelva por razones de seguridad personal un coche embargado. Según su petición, se arriesga a ser secuestrado o asesinado por estar colaborando con la justicia. Sostiene que haber aportado “pruebas comprometedoras para figuras de primer nivel político le convierte en un objetivo de alta prioridad para múltiples actores con capacidad y motivación para ejercer presión, intimidación o eliminación física”. Y luego se fue al Supremo a decir que Sánchez es el líder de la trama, así que cada uno puede unir los puntos y sacar conclusiones.

Aldama no aportó ninguna prueba específica sobre sus acusaciones más allá de lo que ya contó en la fase de instrucción. Sobre esa intervención de Sánchez, no tenía nada. Contó lo que Koldo García le contó a él, algo que el asesor del ministro negó al día siguiente. No pudo presentar pruebas de esos sobornos, porque, como apuntó, no se entregan recibís cuando das dinero a una trama delictiva.

Algunos medios decidieron que era un testimonio decisivo. “Aldama inunda el Supremo de detalles demoledores sobre sobornos 'protegidos' por Sánchez y financiación ilegal del PSOE”, tituló El Mundo. Parece mentira que el Supremo quedara inundado con tan poca lluvia. Un titular de El Español destacó que Aldama era “el mejor testigo de cargo”. En El Mundo, subieron la apuesta: “Aldama desnuda a Sánchez”. Otro artículo afirmó que se había demostrado que no era un “gran farsante”, como decía el Gobierno. Se ve que algunos quieren proteger a sus fuentes. 

Todo esto no quiere decir que el Gobierno vaya a salir indemne del juicio del Tribunal Supremo. Más bien al contrario. Koldo dio unas explicaciones sobre los ingresos legales que recibió esos años que no fueron nada convincentes. Y es mucho dinero el que tiene que justificar. Según la UCO, Koldo, su mujer y su hermano ingresaron 387.000 euros en sus cuentas entre 2020 y 2022 para los que no hay explicación teniendo en cuenta sus ingresos habituales.

Su abogada le preguntó por qué tenía tanto dinero en efectivo en casa, en algunos casos hasta 12.000 o 14.000 euros, según su testimonio. Koldo respondió que procedía de los reembolsos que abonaba el PSOE por gastos adelantados cuando Ábalos era secretario de Organización del partido. Dijo que en campañas electorales hay que pagar muchos viajes, hoteles y alquileres de recintos. Eso dio lugar a un titular que perjudica al PSOE, porque Koldo dijo que a veces figuraban billetes de 500 euros en el sobre, “uno o dos al mes”, algo que el gerente del partido había negado en el juicio. En cualquier caso, esas cantidades no justifican los ingresos extra que Koldo y su familia tuvieron en ese tiempo. Por ahí, no se va a salvar. Tampoco Ábalos, que declara el lunes, cuando le pregunten por el piso que Aldama pagaba para su pareja de entonces, Jésica Rodríguez –88.000 euros en total por el alquiler– o la casa que puso a su disposición. 

El juicio del Supremo es un caso de presunta corrupción económica que afecta políticamente al actual Gobierno, porque fue Sánchez quien colocó a Ábalos en el Ministerio de Transportes y en la secretaría de Organización del PSOE. El juicio de Kitchen en la Audiencia Nacional implica a un Gobierno anterior y al Partido Popular. Como pasó con la Gürtel, el PP ya se ha desmarcado con su estrategia habitual de afirmar que todo ocurrió con la anterior dirección del partido y no hay más que hablar. Como si les hablaran de algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial.

Cualquier violación de la ley es censurable, pero el escándalo de Kitchen refleja una degradación especialmente dramática del funcionamiento de las instituciones en una democracia. El PP de Rajoy utilizó a la cúpula policial para atacar a sus rivales políticos e intentar encubrir los delitos de la Gürtel. Años después en las comisiones de investigación del Congreso, los diputados del PP continuaban insinuando que la investigación de la UDEF estaba contaminada por ser un montaje del Ministerio de Interior del Gobierno de Zapatero, lo que llamaban el “comando Rubalcaba”. 

El testimonio de Morocho demuestra todo lo que tuvo que superar un policía honesto para hacer su trabajo. Por mucho que le moleste a la jueza Teresa Palacios, no debemos olvidarlo.

Debe de ser complicado tener a Koldo García como cliente en un juicio. El antiguo asesor de José Luis Ábalos ofreció un atisbo en su declaración del personaje impulsivo y no muy inteligente que el ministro aceptó como su hombre de confianza en el Ministerio. Pero, aunque la confusión acompañó a varias de sus afirmaciones, lo que quedó a salvo fue la amistad.

Se había especulado en los últimos meses con que las estrategias de defensa de ambos estaban condenadas a chocar y a que las discrepancias quedarían de manifiesto en el juicio. Antes de ingresar en prisión, Koldo había dado una larga entrevista a OK Diario, presumiblemente no de forma gratuita, que fue exprimida y troceada para ofrecer esa sensación. Imposible. Solo hay amor entre ellos: “Yo estaré toda la vida, toda, agradecido al señor Ábalos”, dijo en el juicio.

El acusado negó las acusaciones realizadas por Víctor Aldama el día anterior. Negó haber recibido 10.000 euros al mes del empresario que se pegó como una lapa al Ministerio y que se ganó la confianza de Koldo. Negó que hablara con frecuencia con Pedro Sánchez o tener su número de móvil y que pusiera las llamadas en el altavoz para que todos las escucharan. Negó haberle buscado un empleo a Jésica Rodríguez, la pareja de Ábalos, porque solo le pasó su currículum a Adif. Al estar arriesgándose a recibir una larga condena de prisión, eso no resulta extraño. Es relevante en la medida en que Aldama no había presentado más pruebas en su declaración que la afirmación de que todo se lo había contado Koldo.

Su comparecencia tuvo momentos algo violentos con nuevas insinuaciones sobre la novia de Ábalos. En primer lugar, dijo que la conoció a través de Aldama, cosa que el empresario había negado. Acusó a Jésica de haber intentado chantajear al ministro: “Esta señorita presionó bastante con que había que dar solución a sus problemas, porque si no, la opinión pública tendría conocimiento de ciertas realidades”. No concretó más. Dijo que utilizó sus fondos y los de su hermano para pagar el piso de lujo en que ella vivía. Era mucho dinero –que la UCO valoró en total en 88.000 euros– para el nivel de sus ingresos mensuales. Aldama sostuvo que fue un amigo suyo quien abonó ese alquiler porque él se lo pidió.

Koldo García desmintió haber participado en un sistema de comisiones con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE, como había denunciado Aldama. Pero sí dijo otra cosa que el gerente del partido había negado, y es que en ocasiones recibía algunos billetes de 500 euros al hacer liquidaciones o anticipos de gastos en el tiempo de Ábalos como secretario de Organización. “Uno o dos billetes al mes”, recordó.

Ahí fue cuando confirmó que llamaba “chistorras” a los billetes de 500, como aparece en el informe de la UCO. Pero resulta que en otros momentos por chistorras se refería a las chistorras de Navarra. O que les cambiaba esos billetes a los guardias civiles que conocía, como si los agentes fueran por la vida con ese montante de dinero. A veces todo era un poco confuso con Koldo.

Su abogada, Leticia de la Hoz, intervino durante la declaración del fiscal para pedir que se dejara a su cliente que terminara de responder las preguntas. Su argumento fue que “se pone nervioso” y que “no está acostumbrado a hablar en público”. Resulta que el tipo con mucho carácter que no se cortaba a la hora de dar órdenes a gritos por teléfono se podía poner nervioso.

Fuera por ese despiste o porque le salió una veta de humor sarcástico, Koldo ofreció una de las frases del juicio al dirigirse al fiscal: “Creo, y esto me va a suponer un disgusto, que usted no está buscando mi inocencia”. Es muy poco probable que sea así si tenemos en cuenta que la fiscalía pide 19 años de prisión para él.

Esa intervención de la abogada provocó un insólito momento de furia por parte del fiscal Alejandro Luzón. “No me ha ocurrido en 35 años de ejercicio profesional que una letrada, que un letrado, me interrumpa a mitad de una pregunta”, bramó. Se le veía realmente cabreado y siguió: “Llevo todo el juicio soportándolo”. No es raro que un defensor interrumpa si cree que la acusación está presionando a su cliente o no le deja completar las respuestas. A veces, es sólo un truco para dar un respiro al acusado. Al final, es el presidente del tribunal quien toma la decisión sobre cualquier conflicto.

En relación con el asunto que es el motivo de este juicio, Koldo sostuvo que no hubo ninguna irregularidad, mucho menos ilegalidad, en la compra de ocho millones de mascarillas en la pandemia por el Ministerio. En ese punto, afirmó desconocer elementos esenciales de la compra a pesar de su relación con Aldama. A saber, no sabía que Aldama estaba relacionado con la empresa Soluciones de Gestión que recibió la adjudicación de urgencia para adquirir el material sanitario en China –“ni me lo imaginaba”– y tampoco sabía que el empresario había ingresado millones por esa compra: “Pensé que estaba allí para ayudarme porque me vio totalmente agobiado”.

Fue un ejemplo de que convertir a Koldo García en el hombre para todo del Ministerio fue un error flagrante de Ábalos, un político con experiencia, pero también demasiado desconfiado.

Ábalos podrá decir cuando preste declaración el lunes que él solo pidió a sus subalternos que consiguieran ese material como fuera sin importarle cómo, pero Koldo tenía que saber quiénes iban a hacer las gestiones en un mercado tan difícil como el de China en esos momentos. Él mismo dijo que en esa época hubo “200.000 estafas”. Razón de más para estar más atento.

“Lo que quedó claro es que no se pagó un duro sin recibir antes el material”, dijo. Claro, porque, según el testimonio de Aldama, él se ocupó de buscar un “financiador” que adelantara el dinero. Es un hecho tan importante como para pensar que era imposible que Koldo no supiera que Aldama se había ocupado de buscar el dinero y que intentara aprovecharse del negocio, como así ocurrió.