Se acabaron los arrumacos

En lo que se empiezan a juzgar lo escándalos de corrupción del Partido Popular en Gran Canaria (Eolo y Faycan, principalmente), el año 2016 se ha iniciado con un reguero de juicios en la isla de Tenerife, donde, como es norma, los presuntos corruptos son mayoritariamente de Coalición Canaria-ATI y su entorno empresarial y profesional. Miguel Zerolo acaparó una parte de la atención mediática de este martes en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife porque a ellos acudió a depositar y/o a avalar con sus bienes la parte que habrá de corresponderle de los 109 millones que la jueza reclama como responsabilidad civil por el pelotazo “de libro” de Las Teresitas, un escándalo que estalló el siglo pasado y mira tú por dónde vamos todavía. El suceso de este martes tiene mucha guasa: primero porque los acusados han de afianzar lo que todavía no ha recibido el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en forma de devolución de los 52 millones de euros que pagó por un frente de playa que, para colmo, era suyo prácticamente en su totalidad, y del que obtuvieron los empresarios Plasencia y González, gracias a las compensaciones urbanísticas, 90 millones del bolichazo. Y es también una guasa porque la juez ha advertido de que como los encartados no lleguen a la cantidad exigida, seguirá buscando en sus respectivos patrimonios hasta alcanzarla. Mucho nos tememos que si no se consiguió tan encomiable propósito en la larga fase de instrucción, donde no hubo manera ni siquiera de montar una acusación por cohecho, va a resultar muy difícil dar ahora con el resultado de la generosidad de los empresarios Plasencia y González (si la hubo) o con los millones y millones de pesetas (luego miles y miles de euros) que recayeron en el entorno de algunos de los acusados en forma de billetes premiados de la Lotería Nacional. Pero se agradece el detalle.

 

 

Melchior, testigo de Plasencia

No fue Zerolo el único que pisó suelo judicial este martes. En el mismo palacio de Justicia sigue desarrollándose el juicio por el caso Arona, del que están teniendo cumplida cuenta nuestros lectores gracias a la crónica puntual de nuestra compañera Belén Molina. El resumen es facilito: la corrupción que campó a sus anchas durante las consecutivas alcaldías de Berto González Reverón fue culpa del fallecido secretario del Ayuntamiento, y si la opción A no es aplicable, se aplica la B: los políticos actuaron sin darse cuenta de la mamandurria que flotaba en el ambiente. A estos dos casos (Las Teresitas y Arona) debemos unir el de la explotación ilegal de canteras de áridos durante dos décadas en Güímar, un feo asunto por el que se sienta estos días en el banquillo el empresario de referencia de ATI, el gomero Antonio Plasencia, que ha decidido ofrecer un acuerdo a la fiscalía para declararse culpable a cambio de una condena que no le obligue a entrar en prisión. La prensa adicta al régimen ático ha pasado de puntillas por tan elocuente declaración de culpabilidad: el Diario de Avisos, del que Plasencia es accionista minoritario (fue quien lo salvó en varias ocasiones en la etapa de los Bacallao) ha procurado que no se notara esa evidencia, y El Día, que nunca se queda corto en sus veleidades, tituló en portada que Plasencia pedía perdón. Ninguno de los testigos presentes oyó al empresario proferir tal palabra, lo que nos conduce a pensar que el diario de los herederos de Leoncio y José Rodríguez interpretó como arrepentimiento la declaración de culpabilidad. Lo que se le viene encima a Plasencia en ese juicio es de órdago porque, salvo un milagro o un acuerdo chiripitifláutico, es probable que la fiscalía no acepte la conformidad y, de llegar a hacerlo, lo que parece que no tiene vuelta de hoja es que lo va a rechazar la acusación particular, la que representa a unos vecinos que sufrieron las consecuencias de que los tractores y apisonadoras de Plasencia les pasaran por encima (de sus terrenos, of course) sin miramientos de ningún tipo. La declaración de culpabilidad del empresario gomero (que no expresión de perdón o de arrepentimiento, Rodríguez) lo coloca en una posición muy delicada ante el tribunal. A ver si consigue salvarlo el testigo que ha pedido que declare a su favor, nada menos que Ricardo Melchior, presidente del Cabildo durante muchos de los años en los que esas canteras operaron sin control de las administraciones públicas, entre ellas, la primera Corporación insular que dirigía siempre de manera laxa y sandunguera el hoy presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

 

El PP pone fin a los arrumacos

La aritmética es disciplina más fría de lo que pregonan sus defensores. Si no sumas, no sumas, y ya te puedes poner como quieras que o no formas gobierno o no formas grupo parlamentario. Que se lo cuenten a Mariano Rajoy o a Pablo Iglesias, o que se lo cuenten a Fernando Clavijo y a Asier Antona. Y por motivos bien distintos. Porque la aritmética arrojada por las recientes elecciones generales también ha dejado sus secuelas en Canarias. Coalición Canaria, la que peores resultados obtuvo con diferencia, restaña sus heridas y ya ha mandado al rincón de pensar a algunas de sus más célebres cabezas en busca de una solución al abatimiento que ha inundado a la organización. Algo que se veía venir desde el traumático relevo que perpetraron con Clavijo por Paulino. Quedaba la esperanza de ser bisagra, palanca, palangana… si el PP conseguía éxito electoral el 20D, y a nadie se le ocurrió un plan B porque parecía imposible un plan B. O con el PP o nos aguantamos con el PSOE hasta que la cosa resista. El líder de los populares canarios fue rehabilitado por Clavijo para la ocasión, y se dieron besos y se sacudieron abrazos; hablaron de REF, recuperaron el espantajo del IGTE, se prometieron anillos insulares, un nuevo convenio de carreteras y felicidad sin fin. Pero eso se acabó. Ana Oramas deberá plantear a los suyos una negociación a la desesperada con Pedro Sánchez ofreciéndole su voto a cambio de algún detalle con Canarias. El premio de consolación. El PP de Canarias lo sabe y ya lo ha escenificado este mismo martes con una rueda de prensa con toda la liturgia propia de las rupturas: Asier Antona, secretario general y presidente del grupo parlamentario, y Australia Navarro, portavoz en el Parlamento regional, se sentaron este martes ante la prensa para oficializar la ruptura. Se endurece la oposición y el primer órdago será una batería de iniciativas encaminadas a hacer evidentes las debilidades de este Gobierno: un matrimonio de conveniencia muy mal avenido en el que cada uno trata de echarle la pata por delante al otro cada día. Eso sí: Antona y Navarro dejaron muy claro que habrá apoyo total a Fernando Clavijo si sigue adelante con el desmantelamiento de la Comisión de Medio Ambiente (Cotmac), propósito que anda camuflado en la redacción de una nueva Ley del Suelo que no cuenta de momento ni con el apoyo ni con el conocimiento del Partido Socialista. A falta del apoyo del socio de Gobierno, Coalición contará con el PP y de los empresarios. Que procuren no preguntar mucho porque la contestación ciudadana será apoteósica.

En lo que se empiezan a juzgar lo escándalos de corrupción del Partido Popular en Gran Canaria (Eolo y Faycan, principalmente), el año 2016 se ha iniciado con un reguero de juicios en la isla de Tenerife, donde, como es norma, los presuntos corruptos son mayoritariamente de Coalición Canaria-ATI y su entorno empresarial y profesional. Miguel Zerolo acaparó una parte de la atención mediática de este martes en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife porque a ellos acudió a depositar y/o a avalar con sus bienes la parte que habrá de corresponderle de los 109 millones que la jueza reclama como responsabilidad civil por el pelotazo “de libro” de Las Teresitas, un escándalo que estalló el siglo pasado y mira tú por dónde vamos todavía. El suceso de este martes tiene mucha guasa: primero porque los acusados han de afianzar lo que todavía no ha recibido el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en forma de devolución de los 52 millones de euros que pagó por un frente de playa que, para colmo, era suyo prácticamente en su totalidad, y del que obtuvieron los empresarios Plasencia y González, gracias a las compensaciones urbanísticas, 90 millones del bolichazo. Y es también una guasa porque la juez ha advertido de que como los encartados no lleguen a la cantidad exigida, seguirá buscando en sus respectivos patrimonios hasta alcanzarla. Mucho nos tememos que si no se consiguió tan encomiable propósito en la larga fase de instrucción, donde no hubo manera ni siquiera de montar una acusación por cohecho, va a resultar muy difícil dar ahora con el resultado de la generosidad de los empresarios Plasencia y González (si la hubo) o con los millones y millones de pesetas (luego miles y miles de euros) que recayeron en el entorno de algunos de los acusados en forma de billetes premiados de la Lotería Nacional. Pero se agradece el detalle.