El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, ha asegurado en sede parlamentaria que el Gobierno canario tendrá que realizar ajsutes para comensar la minoración de ingresos por parte de los Presupuestos del Estado, pero garantizó que en modo alguno los mismos supondrán un desmantelamiento del servicio público. El consejero reiteró que es un objetivo de esta legislatura conseguir una Administración pública “ágil, rápida, eficiente y transparente”, así como que el Gobierno gaste menos.
Hernández Spínola, que compareció para informar sobre los resultados de los trabajos del comité de expertos para la reforma de las administraciones públicas, pidió paciencia para realizar los cambios, pues los mismos requieren abordar cuestiones como la financiación de las competencias, lo que es “tremendamente complicado”, debido al ajuste de 800 millones de euros provocado por los Presupuestos del Estado.
El consejero explicó que el comité de expertos plantea la modificación del Fondo Canario de Financiación Municipal, modernizar los servicios públicos para reducir las cargas administrativas, simplificar los procedimientos e implantar la administración electrónica.
Asimismo, plantean adoptar medidas para mejorar la profesionalidad de los empleados públicos, así como incrementar su formación y perfeccionamiento, y proponen crear un centro de selección y perfeccionamiento con la adaptación del Instituto Canario de Administraciones Públicas.
En cuanto al acuerdo del Gobierno regional de racionalizar los puestos de trabajo, el comité de expertos plantea que se acompañe de un proceso de racionalización de organismos, órganos y estructuras directivas.
El diputado del Grupo Popular Jorge Rodríguez insistió en que el Ejecutivo “ha invadido demasiado” los espacios de la sociedad, por lo que la nueva Administración de la “era postburocrática” y debe centrarse en garantizar la equidad y la libertad y no estrangular la iniciativa de los emprendedores.
La diputada de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Carmen Hernández, alertó de que adelgazar la Administración puede llevar a su anorexia, por lo que coincidió con el consejero en que no se deben desmantelar los servicios públicos esenciales que se prestan a los ciudadanos.