El pasado 26 de junio se presentó en el Parlamento Europeo el documental Sol(d) out, dirigido por César Vea. El actor riojano es una de las caras más visibles del drama que viven 62.000 familias españolas que invirtieron en plantas fotovoltaicas en 2007 y que se encuentran, actualmente, en una situación financiera crítica después de que tanto el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como el de Mariano Rajoy cambiaran las reglas de juego del sistema retributivo de primas establecido desde el primer momento.
Corría el año 2007. El Gobierno de Rodríguez Zapatero quiso impulsar la inversión en energías renovables y publicó en el BOE un sustancioso decreto llamado 661/2007, en el cual se instaba a los ciudadanos a invertir en energías limpias, principalmente en energía fotovoltaica, estableciendo unas primas ventajosas que compensaran, a medio y largo plazo, la alta inversión que harían los interesados para crear estos parques solares.
En el texto del decreto, la rentabilidad quedaba establecida entre un 7 y un 9%. Por lo tanto, los inversores comenzarían a percibir los beneficios de su inversión pasados los diez años. Muchos de ellos vieron en ella una oportunidad de compensar su pensión futura. Otros, pensaron en los ahorros que les dejarían a sus hijos. En total, 60.000 pequeños inversores invirtieron un total de 25.000 millones de euros en dos años para instalar 4.200 megavatios de energía solar fotovoltaica, situando a España como uno de los primeros países del mundo en el ranking de inversión en renovables.
Sin embargo, el Estado no tardó en cambiar las reglas de juego publicadas en el BOE en 2007 en dos ocasiones. La primera, tres años después. El 23 de diciembre de 2010 el mismo gobierno del PSOE que avaló el impulso de las energías limpias publicó el Real Decreto Ley 14/2010. En él, el por aquel entonces ministro de Industria Miguel Sebastián aplicaba unos recortes del 30% en la tarifa regulada que ofreció el Estado en 2007. Estos recortes eran además de carácter retroactivo, por lo que afectaban también a todos y cada uno de los ciudadanos que habían invertido en energía fotovoltaica desde la puesta en marcha del 661/2007.
Esta situación se agravó con la llegada al poder del PP, que llevó a cabo la reforma eléctrica de la mano de su ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. En este caso, los recortes llegaron hasta un 50% por debajo de lo inicialmente reconocido en 2007. Mientras los beneficios bajaban, las deudas con los bancos seguían latentes, abocando a muchas familias a renegociar las condiciones de sus préstamos con sus entidades bancarias y a refinanciar sus plantas solares para no perderlo todo.
Incumplimiento de la normativa y especulación, las coartadas del Estado
Incumplimiento de la normativa y especulación, las coartadas del EstadoActualmente, España cuenta con una treintena de causas abiertas en los tribunales internacionales en relación al recorte en renovables. Son la consecuencia de las demandas interpuestas no sólo por los pequeños inversores sino también por los fondos y compañías internacionales que se vieron afectadas por el cambio de la normativa reguladora.
Sin embargo, lejos de indemnizar a los afectados por los recortes retroactivos, los gobiernos que estuvieron en el poder desde 2007 hasta junio de 2018 han apuntado a los inversores como los principales responsables de su grave situación financiera. Los argumentos son varios: desde especulación hasta el incumplimiento de la normativa vigente.
Lo cierto es que el gobierno de Zapatero no había previsto la buena acogida que tendría la llamada a la inversión en energías limpias. Los bancos comenzaron a ofrecer la inversión en renovables como un producto financiero que, además, tenía todas las papeletas para convertirse en el negocio estrella: grandes retribuciones, respaldo del gobierno y generación de energía fotovoltaica a través de un recurso inagotable: el sol.
Con todo, las cifras superaron las expectativas del Gobierno, que se vio ante la imposibilidad de asumir los pagos de las primas prometidas. Esto, junto a la presión del sector energético tradicional, llevó al gobierno del PSOE a dar el tijeretazo inicial del 30%. El principio del fin.
“Estafa” del Estado: la inseguridad jurídica
A lo largo del documental, César Vea entrevista a múltiples personalidades de ámbito público, entre ellas políticos, especialistas, jueces y periodistas. Muchas de ellas coinciden en señalar que tanto el gobierno del PSOE como el del PP han violado el principio de seguridad jurídica, un derecho universalmente reconocido que es, en resumidas cuentas, una garantía dada al individuo por parte del Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados por éste. Precisamente, el carácter retroactivo de las decisiones del PSOE y del PP es, según las fuentes consultadas por César Vea entre las que se encuentra el juez Baltasar Garzón, un motivo de inseguridad jurídica.
En el documental, Garzón afirma que el gobierno español ha vulnerado las directrices establecidas por el Tribunal de las Comunidades Europeas, además de haber infringido el principio de confianza legítima. En este sentido, señala que es el Estado quien ha de garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los bienes de aquellos inversores que confiaron en la publicación emitida por el BOE en 2007.
Por su parte, César Vea, lejos de generalizar, dirige su mirada hacia nombres concretos, confirmando que “aquí hay una serie de responsables que tomaron decisiones en un despacho. Son los que son: Zapatero, Rajoy, Sebastián, Soria, Nadal…Estos señores deciden cargarse a miles de familias en este país. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen; no tenemos miedo. España es un país muerto de miedo y por eso ocurre lo que ocurre. De las 62.000 familias afectadas por la estafa, somos cuatro gatos peleando, pero no pararemos”.
El actor riojano lleva años presionando al gobierno y a sus dirigentes para que la problemática en la que su familia se ha visto inmersa se resuelva favorablemente. Así, a lo largo de los años, ha organizado desde una huelga de hambre hasta una sentada en el Congreso de los Diputados, donde estuvo de sol a sol un mes entero vestido de payaso hablando, entrevistando e increpando a aquellos políticos que habían hecho de su vida una pesadilla.
Con respecto al estreno del documental, se muestra esperanzado y confía en que las autoridades pasen por fin de la palabra a la acción: “Tengo buenas sensaciones, porque saben que voy a pelear aunque me cueste la vida. Así que me imagino que ese es el motivo por el cual las respuestas (de las personalidades) que se muestran en el documental tienen mucha carga de verdad. Y espero que se cumplan, porque la lucha seguirá incrementándose aún más. Yo no tengo límites porque me han destrozado la vida, a mí y a mi familia”.
César Vea habla de los grandes daños colaterales que han sufrido familias como la de él: “Ciudadanos que confiábamos en un gobierno, apostamos por algo que era un negocio ético, ecológico, que no era un gran negocio, era para el futuro de nuestros hijos. Que te estafen en tu cara, que te roben, que te humillen; la impotencia que genera eso, el dolor y el odio, son terribles”.
Sol(d) Out es sólo una pieza más de la campaña que están preparando los afectados por las renovables con César Vea en cabeza. Su próximo paso es la presentación del documental a todos los certámenes y premios a los que tenga acceso, con el fin de que sea un altavoz de la problemática. Además, el actor planea realizar a partir de septiembre una gira por toda España de proyecciones y coloquios. No le importa dónde: “Universidades, colegios, calles. Cualquier lugar es bueno para denunciar a estos delincuentes”, sentencia.