La Ley General de Sanidad: un legado de igualdad y solidaridad
La aprobación de La Ley General de Sanidad el 25 de abril de 1986 marcó uno de los hitos más importantes de la democracia española. Impulsada por el gobierno socialista de Felipe González y liderada desde el Ministerio de Sanidad por Ernest Lluch, aquella ley convirtió la protección de la salud en un verdadero derecho ciudadano y sentó las bases del actual Sistema Nacional de Salud.
Hasta entonces, el acceso sanitario estaba ligado fundamentalmente a la cotización laboral y a la Seguridad Social. La Ley General de Sanidad rompió ese modelo y avanzó hacia un sistema público, universal y financiado mediante impuestos garantizando progresivamente la asistencia sanitaria para todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica o laboral. Fue, sin duda, una de las grandes conquistas del Estado del bienestar en España.
La figura de Ernest Lluch permanece unida parasiempre a esa transformación histórica. Economista, intelectual y político comprometido con el diálogo y la convivencia democrática, fue también víctima del terrorismo de ETA, que lo asesinó en Barcelona en noviembre del año 2000. Su legado, sin embargo, sigue vivo cada día en los centros de salud, hospitales y servicios públicos que millones de ciudadanos utilizan y valoran.
Cuarenta años después, nadie puede negar que el Sistema Nacional de Salud ha contribuido decisivamente a mejorar la calidad y la esperanza de vida de la población española. La ampliación de la Atención Primaria, la modernización hospitalaria, la integración de los servicios sanitarios, y el fortalecimiento de la salud pública han sido pilares esenciales en ese avance colectivo. España pasó de tener apenas unos cientos de centros de salud a disponer de una amplia red sanitaria pública que vertebra el territorio y garantiza la atención médica incluso en los lugares más alejados.
Conviene recordar, además, que desde los años noventa las competencias sanitarias fueron progresivamente transferidas a las Comunidades Autónomas, culminando el proceso en 2002. Desde entonces, son los gobiernos autonómicos quienes gestionan directamente la mayor parte de los servicios sanitarios públicos - hospitales,centros de salud, personal y planificación asistencial - dentro del marco común del Sistema Nacional de Salud. Esa descentralización ha permitido adaptar mejor la atención sanitaria a las necesidades de cada territorio, aunque también ha generado importantes diferencias de gestión, financiación y calidad asistencial entre comunidades.
Frente a quienes defienden el progresivo debilitamiento de lo público en favor de la privatización sanitaria, conviene recordar que los sistemas sanitarios públicos no son un gasto innecesario, sino una inversión en cohesión social, igualdad y dignidad humana. Cuando se deteriora la sanidad pública mediante recortes, derivaciones sistemáticas o infrafinanciación, quienes más sufren son precisamente los sectores más vulnerables de la sociedad. La sanidad privada puede complementar, pero nunca sustituir el principio de universalidad que garantiza que cualquier persona es atendida con independencia de su renta.
La pandemia de la COVID-19 demostró con claridad la importancia de contar con un sistema sanitario público fuerte. Fueron los hospitales públicos, los centros de salud, los profesionales sanitarios, la estructura del Sistema Nacional de Salud quienes sostuvieron al país en los momentos más difíciles. Médicos, enfermeros, celadores, técnicos y personal sanitario realizaron un esfuerzo extraordinario que merece reconocimiento permanente. A pesar de todas las dificultades, España logró responder gracias a una red pública sanitaria que actuó como auténtico muro de contención frente a la emergencia sanitaria.
Precisamente por eso resulta especialmente importante apelar ahora a la solidaridad y a la responsabilidad institucional ante situacioneshumanitarias complejas, como la del actual crucero afectado por casos de hantavirus.
Ese fue, precisamente, el espíritu que inspiró la Ley General de Sanidad de 1986: entender la salud y la atención sanitaria como un derecho universal basado en la igualdad, la dignidad y la humanidad compartida.