El Gobierno de Canarias aprueba el reglamento del nuevo Fondo de Desarrollo y mantiene el 80% de financiación para La Palma
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto que regula el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) como un instrumento de financiación pública destinado a impulsar el desarrollo económico, social y territorial del archipiélago, se indica en una nota de prensa del Ejecutivo regional. “Se garantiza así”, señala, “su continuidad y mejora tras los resultados alcanzados en su primer periodo de aplicación (2016-2026) cuando se ha logrado un impacto total de 1,72 euros por cada euro público invertido”.
El decreto, explica, configura el Fondo como un instrumento de financiación interadministrativa mediante aportaciones dinerarias de carácter finalista. Se dota de una financiación máxima de 1.626 millones de euros para un plazo de diez años, repartida en una asignación tope de 162,6 millones de euros anuales que estará consignada en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. A esta cantidad, se sumarán los fondos que aporten los cabildos insulares, como ocurrió en el anterior período, hasta alcanzar una inversión global de 2.600 millones en 10 años.
Además, añade, el texto aprobado este lunes por el Gobierno establece tres ejes estratégicos de inversión del Fdcan, con una distribución financiera adaptada a los principales rectos actuales del archipiélago: infraestructuras sociosanitarias, obras públicas con especial incidencia en la construcción de vivienda y equipamientos de interés estratégico e I+D+i.
El 50% de los 1.626 millones de euros del Fdcan, detalla, se destinará a mejorar las infraestructuras y los equipamientos públicos, incluida la vivienda sujeta a un régimen de protección pública, mientras que el 35% irá a construir, ampliar, adecuar y poner en funcionamiento plazas sociosanitarias y equipamientos destinados a la dependencia y el envejecimiento activo. El 15% restante se destinará a impulsar la innovación, la digitalización, la transferencia de conocimiento y la colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas.
El empleo, la formación y el emprendimiento se integrarán transversalmente en los tres ejes, mediante actuaciones orientadas a mejorar la cualificación profesional, la empleabilidad y las oportunidades laborales vinculadas a las inversiones.
Islas iguales y cohesión territorial
El nuevo reglamento, añade, actualiza el marco normativo del Fdcan a partir de la experiencia acumulada durante la ejecución de los programas y proyectos desarrollados desde su creación hace diez años. Entre sus principales objetivos se encuentran ampliar y actualizar las líneas estratégicas financiables, simplificar la gestión administrativa, reforzar la autonomía de las entidades destinatarias y mejorar los mecanismos de planificación, evaluación y control financiero.
El Fdcan, explica, busca favorecer la cohesión económica, social y territorial de Canarias, corregir los desequilibrios derivados de la insularidad y promover inversiones estratégicas que contribuyan a la diversificación y modernización de la economía, la generación de empleo y la mejora de los servicios públicos.
En este sentido, añade, se mantiene la asimetría en el sistema de cofinanciación para compensar la doble insularidad y fomentar la cohesión territorial. Así, el porcentaje de financiación por el Fdcan será de un 50% para los Cabildos de Gran Canaria y de Tenerife, de un 80% para Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, y de un 90% para La Gomera y El Hierro.
Su continuidad, prosigue, estará condicionada al mantenimiento de la suspensión de la compensación al Estado por la supresión del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE), o a su supresión definitiva, así como a la suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma para garantizar la prestación de los servicios públicos.
Menos trámites administrativos
Los cabildos insulares, ayuntamientos y universidades públicas canarias, agrega, elaborarán un Plan de Actuaciones Canarias (Pacan), con programación trianual que recogerá la planificación estratégica, financiera y temporal de las líneas de actuación a desarrollar durante dicho período. Los presupuestos podrán concretar proyectos y actuaciones que desarrollen la planificación trianual.
El Pacan, indica, tendrá carácter flexible y podrá actualizarse anualmente mediante la incorporación, supresión, modificación o reprogramación de actuaciones, dentro de la dotación máxima anual y total asignada a la entidad destinataria.
El reglamento, señala, flexibiliza las modificaciones de las actuaciones y permite realizar determinados ajustes sin autorización adicional cuando no superen los límites establecidos y no alteren los objetivos esenciales ni incrementen la financiación asignada. Los cambios de mayor alcance deberán ser autorizados por la Comisión de Actualización y Seguimiento o por el Gobierno de Canarias, según su naturaleza.
Para reducir las cargas administrativas y agilizar la ejecución de los recursos públicos, manteniendo las garantías de control, explica, se generaliza el uso de la plataforma corporativa Unifica para tramitar los planes, gestionar las actuaciones, comunicar modificaciones y reprogramaciones, presentar justificaciones y realizar el seguimiento financiero.
Más coordinación, evaluación y control financiero
El nuevo modelo, señala, refuerza la coordinación entre las administraciones públicas canarias y establece tres órganos especializados: la Comisión de Actualización y Seguimiento, el Comité de Admisión y Selección de Programas y Proyectos y la Comisión de Evaluación del Fdcan.
Esta última, prosigue, elaborará un informe anual sobre el grado de ejecución, el cumplimiento de los objetivos y los resultados. Además, añade, la información sobre los programas y proyectos se actualizará trimestralmente y se comunicará a la Federación Canaria de Islas (Fcai) y a la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Asimismo, las entidades deberán informar sobre la ejecución material y financiera de las actuaciones al inicio del segundo semestre de cada anualidad.
Las entidades destinatarias, indica, deberán justificar la aplicación de los fondos, mantener actualizada la información en Unifica y facilitar las actuaciones de fiscalización y control. El decreto regula también el reintegro total o parcial de las cantidades indebidamente aplicadas o no justificadas, con criterios de proporcionalidad.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.