Un informe de FRONTEX publicado en febrero de 2019 advirtió de un previsible aumento de las llegadas a Canarias desde África Occidental. En el último trimestre de ese mismo año, las organizaciones no gubernamentales alertaban de que las 2.000 personas que llegaron en pateras y cayucos a las Islas esos meses solo suponían la antesala de lo que ocurriría en 2020. Todas estas previsiones “no se tradujeron en una necesaria estructuración de una respuesta institucional organizada”, según el informe Migraciones en Canarias, la emergencia previsible, publicado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Según este documento, la improvisación en la gestión del fenómeno y la “errónea comunicación” por parte de las instituciones han provocado vulneraciones de derechos humanos y han alimentado el racismo entre la población.
Cuando las llegadas de pateras y cayucos aumentaron de manera drástica en 2020, el sistema de acogida en Canarias no estaba “preparada para su recepción”, convirtiendo el incremento de llegadas en una “crisis humanitaria”. Así, el campamento precario instalado en el muelle de Arguineguín que hacinó durante meses a miles de migrantes fue “la mejor representación del fracaso en la gestión de llegadas y de la política de contención en islas”.
La falta de asistencia letrada a pie de puerto fue una de las vulneraciones de derechos identificadas en el muelle de Arguineguín. Miles de migrantes quedaron desprotegidos frente al ejercicio de sus derechos, dificultando especialmente la identificación de perfiles vulnerables o solicitantes de protección internacional.
En los cuatro meses que permaneció en funcionamiento el campamento de Arguineguín, bautizado como el “muelle de la vergüenza”, también se registraron fallos en cuanto a la localización de menores no acompañados, personas con discapacidad o víctimas de trata. Fue el caso de un marroquí de 17 años que permaneció nueve días “perdido” entre las carpas de Cruz Roja después de haber visto morir a 16 personas en el mar. Sanitarios del Servicio Canario de Salud lo localizaron en una esquina sobre el asfalto al borde del shock. Asimismo, las condiciones han sido descritas por CEAR como “inhumanas e insalubres”, ya que las personas eran retenidas durante semanas con solo una ropa de cambio, durmiendo en el suelo y sin duchas suficientes.
La retención de más de 72 horas tanto en el puerto de Arguineguín como en el CATE de Barranco Seco “es otra de las ilegalidades” que se han producido en Canarias en los últimos meses. La falta de plazas de acogida y la necesidad de cumplir con una cuarentena de dos semanas por la COVID-19 provocaron que personas migrantes fueran privadas de su libertad de movimiento “por periodos indeterminados de tiempo”.
El Plan Canarias
La presión migratoria forzó al Ministerio de Migraciones a instalar recursos de acogida de emergencia en complejos turísticos cerrados por la pandemia. Al menos 7.000 personas fueron albergadas de forma temporal en estos establecimientos que ya han sido desalojados. En la actualidad, todos los migrantes han sido reubicados en campamentos distribuidos entre Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.
Según CEAR, el plan no recoge una “estrategia de inclusión, sino de retención de las personas en grandes campamentos o naves”. Esto “refleja que su principal mecanismo para la reducción de la presión migratoria se orienta a las deportaciones, un método que ha fallado en el pasado, ya que son tremendamente complejas”, apunta el informe.
En 2020 se registraron al menos 163 devoluciones a Mauritania. Sin embargo, los datos de deportaciones realizadas en vuelos regulares no son públicos. La Delegación del Gobierno en Canarias aseguró que cada semana partían desde Gran Canaria cuatro vuelos de expulsión hacia Marruecos con Royal Air Maroc con al menos 20 personas migrantes en cada viaje desde enero de 2021.
En cuanto a las derivaciones a la Península, no hay datos actualizados. En 2020 se autorizaron 2.035 traslados y el 4 de diciembre se aprobó el traslado de 1000 personas con perfiles de especial vulnerabilidad, según datos de CEAR. Entre enero y febrero de 2021 se derivaron a más de 3.000 personas con perfiles vulnerables o solicitantes de protección internacional.