Apoyados sobre vallas amarillas, cientos de migrantes continúan hacinados en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria. A sus espaldas, doce carpas de Cruz Roja constituyen un “campamento de emergencia” en el que permanecen las personas que llegan en pateras o cayucos a la isla y que cuentan con una ducha cada una. Las carpas están separadas entre sí por baños químicos. En el suelo en el que duermen, garrafas y papeles tirados. La situación en la que se encuentran los migrantes en el muelle ha sido denunciada ya en varias ocasiones por partidos políticos y organizaciones especializadas. Sin embargo, la filtración de un vídeo ha puesto rostro a las personas que están allí y retrata las condiciones de la zona.
La semana pasada, otro vídeo difundido por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, mostraba también cómo las ratas merodeaban por el muelle mientras los migrantes dormían. “No podemos seguir permitiendo el trato inhumano y el incumplimiento del derecho internacional para con las personas migrantes hacinadas en el muelle de Arguineguín. Es inhumano. Es ilegal”, lamentaba el líder de la máxima corporación insular.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado una visita a Canarias el próximo 6 de noviembre en compañía de la comisaria de la Unión Europea Ylva Johansson. Aún se desconoce su agenda, pero Nueva Canarias le ha exigido que visite el muelle de Arguineguín “para que tomen conciencia de la crisis migratoria en las Islas”. El Ministerio del Interior ya anunció que habilitaría dos espacios en Gran Canaria, donde los migrantes pasen las primeras 72 horas después de su llegada y evitar así que permanezcan en el suelo del puerto.
El presidente canario, Ángel Víctor Torres, también informó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de que la situación en Canarias era “inaceptable” y que las Islas no pueden enfrentar “por sí mismas” el fenómeno migratorio. “El Gobierno de España tiene que hacerlo mejor”, subrayó, ya que el Archipiélago es “tan Europa como París, Madrid y Bruselas”. Torres ha exigido la derivación de migrantes a la Península, una práctica que se ha dado de forma intermitente y en pocas ocasiones y de la que no se publican los datos. “No entendemos que haya patrimonio del Estado susceptible de ser utilizado para albergar a los migrantes y que siga cerrado”, denunció el presidente del Ejecutivo regional.
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