Boluda, Marsa Maroc y nuestros puertos
El debate sobre la entrada de Marsa Maroc en las terminales de Boluda necesita menos descalificaciones y más documentos. Según nos contaba ayer Canarias7, Vicente Boluda, en un acto de los empresarios valencianos con el PP, celebrado el pasado lunes, ha denunciado la utilización “política” de la operación y ha minimizado la influencia de las terminales sobre el tráfico marítimo. Una pura contracción, sus afirmaciones encuentran un contrapunto en las publicaciones de su propia compañía. Basta comparar los argumentos empleados para presentar sus inversiones con los utilizados para restar importancia al examen de la incorporación de un nuevo socio.
Obviamente, una participación de un 45% en una sociedad terminalista no equivale automáticamente a controlar los puertos canarios. Tampoco demuestra un plan para desviar tráficos del Archipiélago. Pero estas cautelas no convierten la operación en irrelevante. La documentación empresarial describe instalaciones con capacidad operativa, funciones logísticas y un papel comercial que la propia Boluda califica de estratégico. Ese reconocimiento proporciona una base para el escrutinio público.
La operación del empresario valenciano no puede tampoco obviar la nueva realidad geostratégica en el Atlantico Medio derivada de los Pactos de Abraham con EEUU e Israel, el desarrollo portuario de Marruecos, la salida de la MINURSO del Sáhara, las intenciones del reino alauita sobre nuestras aguas o el escenario que se abre por el control del Mediterráneo con Rusia, China, Argelia, EEUU o Israel como protagonistas.
La afirmación de Vicente Boluda de que las terminales “no tienen ninguna influencia” sobre el tráfico marítimo resulta difícil de conciliar con el comunicado publicado por Boluda el 27 de junio de 2026 sobre sus inversiones en Tenerife. La compañía anunciaba una inversión superior a 40 millones de euros y la incorporación de dos grúas STS y cuatro RTG híbridas para reforzar su capacidad operativa.
Javier Climent, director general de Boluda Shipping, explicaba que esa inversión permitiría atender grandes buques, incluidos los Ultra Large Container Vessels, y consolidar Tenerife como un centro preparado para escalas de alto volumen. El comunicado vinculaba los equipos con mayor capacidad de almacenamiento y menores tiempos de operación y espera.
Una terminal no decide unilateralmente las rutas de una naviera. Pero sus medios técnicos, productividad y capacidad para atender determinados barcos forman parte de su oferta comercial. La propia Boluda invoca esas ventajas para justificar sus inversiones. Negar cualquier influencia sobre el tráfico borra la relación que la compañía establece entre infraestructura, competitividad y capacidad para atender escalas.
También merece contraste la afirmación de que las terminales “lo único que tienen es personal administrativo”. En su página corporativa, Boluda describe servicios de estiba y desestiba, almacenamiento y manipulación de contenedores y otras mercancías. No habla únicamente de oficinas, sino de operaciones materiales que requieren instalaciones, maquinaria y organización logística.
La ficha de Boluda Maritime Terminals Las Palmas recoge 173.480 metros cuadrados de superficie, 1.215 metros de líneas de atraque, una capacidad máxima anunciada de 629.000 TEU anuales y siete grúas portainer. El TEU equivale a un contenedor de veinte pies. Son magnitudes que describen una plataforma de manipulación y almacenamiento de mercancías, no una dependencia dedicada exclusivamente a tramitar documentos. Sus ofertas de trabajo incluyen manejo de maquinaria y asistencia en la carga y descarga de buques. Aunque no permite generalizar el régimen laboral de todas sus instalaciones, sí cuestiona la afirmación de que su personal sea exclusivamente administrativo. El artículo 130 de la Ley de Puertos incluye carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo en el servicio de manipulación de mercancías.
Boluda tampoco presentó la entrada de Marsa Maroc como una inversión puramente financiera. El comunicado del 16 de diciembre de 2025 la definió como una “alianza estratégica”: Marsa Maroc International Logistics adquiriría el 45% de Boluda Maritime Terminals por 80 millones de euros, mientras Boluda mantendría el liderazgo en la gestión y las decisiones. Ambos extremos importan. La participación anunciada no es mayoritaria y Boluda sostiene que conservará la dirección. Pero el mismo comunicado atribuye al socio experiencia y “sinergias comerciales”, y sitúa la alianza en una red conjunta de 34 terminales en 20 puertos de la Península, Canarias y África.
La empresa destacó asimismo que las nueve terminales de BMT habían movido más de un millón de TEU en 2024 y subrayó su papel estratégico en el tráfico entre la Península y Canarias. Si esa relevancia sirve para explicar el valor del acuerdo, también justifica que las instituciones examinen sus condiciones.
La controversia no puede reducirse a una disputa con el presidente del Cabildo de Gran Canaria ni tampoco obviar que el PP y CC en el Cabildo de Tenerife han pedido exactamente lo mismo (aunque sea nueve meses después). Existe un marco legal para examinar determinadas inversiones extranjeras, independientemente de quién reclame ese examen. La Ley 19/2003 contempla controles en sectores sensibles, incluidas las infraestructuras críticas de transporte. En los supuestos previstos, puede alcanzar participaciones desde el 10%, además de determinadas formas de intervención efectiva en la gestión o el control.
Esto no significa que cualquier adquisición de ese tamaño deba prohibirse ni que toda instalación portuaria reciba automáticamente idéntica consideración. Significa que la relevancia de una inversión no depende exclusivamente de superar la mitad del capital. El Real Decreto 571/2023 desarrolla ese sistema y exige necesidad y proporcionalidad en las medidas adoptadas.
El 23 de octubre, los medios de comunicación recogían una confirmación del Ministerio de Economía: la operación seguía sometida al mecanismo de control de inversiones extranjeras y su evaluación no había concluido. Canarias7 también la situaba pendiente de autorización el 16 de noviembre. Existe, pues, un procedimiento administrativo documentado.
Su existencia no acredita que la inversión sea perjudicial, pero tampoco permite presentar su análisis escrupuloso como una anomalía sin fundamento jurídico. Desde luego, no soy el responsable determinante de la demora. Esa atribución pertenece, como recoge este periódico, a la interpretación de Boluda, no a una conclusión administrativa acreditada.
La crítica debe evitar tanto la minimización empresarial como el alarmismo. El 45% anunciado no demuestra por sí solo que Marsa Maroc vaya a controlar BMT. Para valorar su influencia real habría que conocer los órganos de gobierno y los pactos societarios: derechos de voto, posibles vetos y decisiones reservadas. La información que se ha publicado hasta ahora sobre este asunto siempre ha señalado que no se conoce la letra pequeña del acuerdo. Lo que hemos pedido es que se conozca y se analice, porque la situación no está para bromas.
La cuestión central es exigir coherencia: Boluda presenta capacidad, eficiencia y conexiones comerciales como ventajas de sus terminales y no puede tratarlas después como elementos irrelevantes cuando se examina su accionariado. El control público debe contrastar las condiciones de la operación.
Lo visto hasta ahora basta para sostener la duda y la preocupación de la que hemos hablado: las terminales prestan servicios operativos, sus inversiones mejoran la oferta portuaria y la alianza fue presentada con dimensión estratégica y comercial. Examinar sus condiciones equivale a aplicar el control correspondiente y reclamar explicaciones coherentes con los documentos de la empresa. Aunque no le guste a Boluda o a lobbies marroquíes como Rafael Esparza o Atalayar, es lo que me corresponde exigir como presidente del Cabildo de Gran Canaria. También manifestar mi estupor ante tanto silencio cómplice.