El presidente que dimitió de hecho ante las cámaras por el golpe blando
En la Academia de Televisión no se celebró un debate electoral; se escenificó una capitulación política. Pedro Sánchez compareció como un presidente dimitido de hecho, replegado en la administración tecnocrática de cifras macroeconómicas y en la solicitud de disculpas, mientras Alberto Núñez Feijóo administraba el desgaste sin necesidad de articular programa solvente alguno. El candidato socialista no solo se dejó sucumbir ante la dialéctica neofalangista de su adversario, sino, sobre todo, ante su propia renuncia a disputar la dirección moral, intelectual y política de la sociedad. La contención institucional y la negativa a confrontar pueden exhibirse como elegancia formal, pero en una coyuntura de ofensiva reaccionaria constituyen la expresión más acabada de una rendición anticipada: cuando quien ocupa la jefatura del Ejecutivo evita señalar la naturaleza de clase y el carácter involucionista del bloque que tiene enfrente, asume como inevitable la imposición del marco ideológico del enemigo y consagra la derrota antes siquiera de que se abran las urnas el 29 de noviembre.
Feijóo no precisó con solvencia sus propuestas porque su cometido no era persuadir, sino disciplinar mediante el estruendo, la sospecha permanente y la expulsión del adversario del perímetro de la legitimidad. Los verificadores contabilizaron al menos una decena de falsedades en su intervención, incluida la atribución mendaz de dos imputaciones judiciales al presidente. Esta asimetría no responde a una cuestión de estilo, sino a dos relaciones antagónicas con la verdad y con el poder. El bloque histórico reaccionario no busca el convencimiento racional, sino la clausura del debate público y la imposición coercitiva de un nuevo sentido común. En esa ofensiva, el lawfare —sumarios prospectivos, filtraciones dirigidas, pesquisas judiciales inquisitoriales sobre el entorno familiar del presidente— no es una disfunción ocasional del aparato judicial, sino un engranaje orgánico de los aparatos coercitivos e ideológicos del Estado al servicio de la oligarquía. Su eficacia se mide precisamente por el repliegue de quien lo padece: al dedicar su tiempo a pedir perdón en lugar de denunciar frontalmente, con toda la autoridad del cargo, la guerra judicial y mediática contra el Gobierno de coalición denominado progresista en España, la criminalización de los sindicatos, de la inmigración y la deslegitimación de las instituciones democráticas, Sánchez certificó el triunfo del asedio.
Lo ocurrido en Madrid Content City no es una anomalía local, sino la expresión nacional de una mutación autoritaria a escala continental que evoca los espectros más sombríos del nazifascismo del siglo XX. Los centros de deportación en Ruanda impulsados por Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria —con el aval de Bruselas y puesta en marcha prevista para 2027— no representan una simple política migratoria restrictiva, sino la institucionalización del castigo colectivo externalizado y la reducción de seres humanos a mercancía desechable y residuo administrativo. El Partido Popular español está plenamente integrado en esa arquitectura: aunque el actual Ejecutivo rechaza la iniciativa, un eventual Gobierno de PP y Vox la suscribiría de inmediato amparándose en la coartada jurídica del nuevo Reglamento Europeo de Retornos. No estamos ante una alternancia conservadora convencional, sino ante la normalización de un proyecto deshumanizador en el que la extrema derecha deja de operar como mera muleta parlamentaria para erigirse en fuerza constituyente del bloque reaccionario, dispuesta además a barrer conquistas sociales consolidadas como la ley de eutanasia.
El paralelismo con enero de 1981 no es un recurso retórico, sino una lección material de la historia. Adolfo Suárez creyó que su dimisión televisiva aplacaría a los poderes fácticos y conjuraría la asonada militar; el 23-F demostró de forma irreversible que ceder terreno ante la reacción no desactiva el golpe, sino que lo legitima y lo envalentona. Hoy no hacen falta tricornios ni carros de combate en las calles porque los mecanismos de dominación han mutado hacia el golpe blando: una operación sostenida de asfixia mediática, guerra jurídica y desestabilización institucional que persigue idéntico fin estratégico —revertir los avances de las clases trabajadoras y restaurar sin contrapesos el orden oligárquico—. Las concesiones ante el acoso jamás compran paz institucional; únicamente sancionan una rendición que deja a las mayorías sociales desarmadas y huérfanas de dirección política frente al avance neofascista.
La democracia no se defiende desde la resignación burocrática ni pidiendo disculpas por existir ante quienes hacen del bulo, la persecución judicial y la exclusión su método de dominación. Se defiende caracterizando sin ambages al bloque reaccionario, enfrentando ideológicamente al fascismo, articulando una voluntad colectiva capaz de superar la mera gestión del orden existente y disputando palmo a palmo el sentido común de la época. Al abdicar de esa tarea en el instante decisivo de la campaña, Pedro Sánchez no perdió simplemente un intercambio televisivo: rubricó en directo el triunfo de una operación de demolición democrática que ya se había consumado fuera del plató.
Sin embargo, la historia jamás se clausura en un estudio de televisión ni el desenlace de un pueblo queda sellado por la claudicación de un dirigente. Cuando los aparatos mediáticos y judiciales del orden establecido dan por consumada su victoria, emerge el sujeto decisivo de toda transformación real: la clase trabajadora y las mayorías populares organizadas. No todo está perdido porque la última palabra aún no se ha pronunciado; este 29 de noviembre, la movilización consciente y masiva en las urnas puede convertir lo que parecía una capitulación definitiva en el dique que detenga en seco al bloque reaccionario y revierta en las papeletas el golpe blando que pretendían darnos por hecho.