Vivienda pública
La vivienda digna es un derecho de todos. La propiedad también. Pero si reclamo por mi propiedad en conflicto lo puedo hacer en los juzgados y con amparo constitucional. Si mi demanda es por la vivienda que no tengo, debo ejercer el derecho ante la Administración del Estado. Este derecho no lo puedo exigir ante los tribunales. Ignorar esto es ignorarlo todo. Es la Constitución, amigo mío. En la Constitución francesa no aparece la palabra vivienda. Este vacío lo llenó el Consejo Constitucional declarando el derecho a una vivienda digna un objetivo de valor constitucional.
En China hay stock sobrante de viviendas construidas y por ello gobierno local y gobierno central compran como locos estas viviendas, para convertirlas en vivienda pública de alquiler social. Y aquí se localiza el centro de gravedad del conflicto. Tener o no tener un parque de vivienda pública de alquiler social que atenderá a una reglas distintas al mercado rabioso porque ofrece viviendas, sobre todo en alquiler, a precio inferior a ese mercado libre. Un mercado de precios asequibles. Que una vez consolidado y acrecido puede domesticar y calmar al resto del mercado rabioso.
De tiempo en tiempo nos encontramos con una bestia peligrosa, un búfalo que deteriora nuestra convivencia porque sucede con demasiada frecuencia que muchos tienen trabajo pero no pueden acceder a su vivienda. No pueden formar una familia. Gruesas palabras. Es tan fiera la bestia que, si se toca, aunque te quites y si no te toca, aunque te pongas. De tiempo en tiempo se necesita una sociedad que no coquetee con la tristeza y el conformismo. Sin desesperanza. Ahora es el momento.
Ese parque de vivienda asequible en Francia tiene un tamaño del 20% del parque total y en España es menor que el 2%. En España hay más de 20 millones de viviendas, y casi el 15% están vacías.
China, esa civilización, hasta ahora funciona porque el mercado lo regula todo menos al propio mercado. En China las reglas para la regulación del mercado las impone el partido comunista. Aquí las administraciones llevan tiempo compitiendo por saber quién fracasa más y es inútil perseguir al casero. No hay tiempo porque se trata del drama de una o varias generaciones. Y menos si al funcionario le alcanza la mano. Parece que hay que desmarcarse de la perezosa ortodoxia y considerar la vivienda pública un activo reformulado de naturaleza jurídica diferente. A los responsables se les ruega que no sean burros que a veces parece que el burro tiene mejor sentido común.
En España, si escuchamos lo que dicen unos y otros en público, al parecer está el lugar escogido para decir mentiras a todo el planeta. Y muchos ciudadanos están siendo condenados a la precariedad de la muerte civil, casi lo que los estalinistas llamaban una reclusión sin derecho a correspondencia.
Por todo ello, la misión nacional es aumentar el parque público de vivienda incentivando su compra o aportación por una batería de mecanismos fiscales y financieros. Construir, pero sobre todo engrosar el parque público. Y no dejar a ninguna abandonar ese estatuto. No hay tiempo para construir lo que necesitamos y menos con la burocracia escuchando la conversación.
Imaginemos que hay mercantiles que incorporan a su objeto social engrosar el parque público y que podemos comprar acciones a forma de cómo funcionaba la reserva de inversiones de Canarias. Invirtiendo los beneficios que se traducen en impuestos que así no pagaríamos. Un parque de tamaño del 10% dispondría de dos millones de viviendas y la inversión sería de 250.000 millones de euros. En España tenemos este dinero. Hay que seducirlo para una misión de todos, una misión de reconstrucción. La seducción llegará por la vía fiscal y financiera pero siempre sin espantar al dinero. E incorporar el concepto de valor refugio. Hemos de asegurar a empresas y particulares que se apunten a esta misión una rentabilidad similar a los bonos a largo plazo. Riesgos fuera, alquiler seguro.
Pedro Sánchez no supo encarar esta enfermedad, como tampoco las CCAA. Solo funcionó la Unidad de Vigilancia Intensiva a modo de decretos sociales, del todo necesarios, que aprobó o intentó aprobar, pero al enfermo lo dejó tal cual. Diagnóstico, incompetencia.
Ana Botella en 2013 vendió al fondo Blackstone 1.860 viviendas del parque público de protección oficial. Y a bajo precio. Diagnóstico, traición.