La consideración de alto cargo de la Administración pública canaria que el Gobierno ha acordado otorgar a los directivos de las empresas públicas de las islas se extiende también a los que forman parte de las fundaciones vinculadas a la Comunidad Autónoma. Esto es así en aplicación del artículo que invoca el acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado mes de octubre, el 2 de la Ley de la Hacienda Pública de Canarias, que define el sector público canario.
En esa ley establece que forman parte del sector público “los organismos dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias; las entidades públicas empresariales (...); las entidades públicas distintas a las mencionadas en los párrafos B) y C); las sociedades mercantiles públicas definidas en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias; las fundaciones públicas, definidas por la Ley de Fundaciones Públicas, y los consorcios dotados de personalidad jurídica”.
Por lo tanto, pasarán a tener consideración de altos cargos los funcionarios que en estos momentos y en adelante ocupen los puestos de presidente, consejero delegado, secretario general, director gerente, gerente o director ejecutivo de las doce fundaciones públicas canarias, así como los que estén desempeñándose en la Radiotelevisión Canaria, en las empresas Saturno (aún viva) o en Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, entre la quincena empresas públicas que aparecen registradas.
Como publicó este miércoles CANARIAS AHORA, estos funcionarios han adquirido, por acuerdo del Consejo de Gobierno, la consideración de altos cargos, lo que supone, entre otros beneficios, no tener que pedir excedencia en su puesto, acumular trienios durante el tiempo que estén trabajando en la empresa, entidad o fundación pública, y consolidar, año tras año, el nivel retributivo que se les reconocería de no abandonar la función pública para ocuparse de esos organismos de la Comunidad Autónoma.
El acuerdo del Consejo de Gobierno, que se ha llevado en el más estricto secreto, no pasó por los dictámenes y los trámites de un decreto de desarrollo normativo, que le hubiera obligado, entre otros pasos, a contar con el informe del Consejo Consultivo y con la negociación con los sindicatos.
Las fundaciones cuyos funcionarios se verán beneficiados por este acuerdo son las siguientes: Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua, Fundación Canaria para la Promoción de la Educación, Fundación Canaria de Investigación y Salud “FUNCIS”, Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, Fundación Canaria de Juventud IDEO, Fundación Canaria para el Instituto Tricontinental de la Democracia Parlamentaria y los Derechos Humanos, Fundación Canaria para el Conservatorio Superior de Música de Canarias, Fundación Canaria Sagrada Familia, Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria,Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias, Fundación Canaria Rafael Clavijo para la Investigación Biomédica y Fundación Canaria para la Acción Exterior.