El Gobierno de España ha propuesto a la Comisión Europea que le autorice a limitar la compra de viviendas en Canarias que no se vayan destinar a uso residencial para reducir la presión sobre el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a una casa a jóvenes y colectivos vulnerables en las islas.
Cabe recordar que más de un tercio de las viviendas que se venden en las islas son compradas por personas extranjeras. Mientras, los precios han subido en las Islas más de un 50% en la última década.
La propuesta figura en el paquete de medidas que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha sugerido a Bruselas incluir en la futura simplificación de la normativa de las regiones ultraperiféricas (RUP) de la UE, nueve territorios de Francia, Portugal y España a los que los tratados reconocen un trato singular, según ha informado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
También el Gobierno de Canarias se había dirigido a la Comisión Europea para que se haga una excepción con las RUP en materia de vivienda con el fin de contener el alza de precios, aunque en su caso iba en otra dirección: prohibir o limitar la compra de viviendas en su territorio a extranjeros no residentes en las islas.
De hecho, el presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, se desplazó a Bruselas para persuadir a la Comisión de que tomara cartas en el asunto, con estadísticas que acreditan que en Canarias una de cada cuadro viviendas en venta van a parar a ciudadanos extranjeros y el argumento de que las islas tienen un territorio fragmentado y limitado, donde las tensiones de mercado inmobiliario afectan en mayor medida a la población residente.
El Gobierno de España manifestó su apoyo a la iniciativa del Gobierno canario en una reunión con la Consejería de Obras Públicas el pasado noviembre y ahora ha elevado a la UE su propia sugerencia para el conjunto de las regiones ultraperiféricas, en su caso, Canarias.
“Proponemos que se limite con mecanismos legislativos la adquisición de vivienda en la regiones ultraperiféricas para el uso no residencial, para que se pueda abaratar el precio y puedan acceder a ella los jóvenes y otros colectivos con dificultades”, detalla el ministro Torres, en unas declaraciones difundidas por su departamento este miércoles.
La contribución de España al debate sobre el futuro de las normativa de las RUP se extiende a otros ámbitos de especial interés para Canarias: el sector primario, la inmigración y las ayudas de Estado.
En el caso del sector primario, plantea una solicitud específica para el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), por considerarlo “de vital relevancia para el sector primario” de Canarias.
Su planteamiento, compartido por los ministerios de Agricultura y Hacienda, “destaca el valor estratégico del sector primario en las RUP, especialmente en Canarias, solicitando, a su vez, que se mantenga su singularidad del POSEI con un presupuesto suficiente y pidiendo también agilización administrativa y burocrática”.
El Ministerio de Política Territorial, que ha coordinado los trabajos para articular el texto enviado por España a Bruselas, detalla que también se solicitan medidas para la sostenibilidad del sector primario, “como el establecimiento de reglas para que se pueda renovar con urgencia la flota pequeña de las RUP y la Modificación del Reglamento de la UE para permitir ayudas 'de minimis' destinadas a reformas y mejoras de seguridad y sostenibilidad en buques pesqueros de menos de 12 metros”.
En cuanto a migraciones, España pide “facilitar la redistribución de menores y la derivación de personas migrantes desde las RUP al territorio europeo continental, evitando su concentración en estas regiones y garantizando un marco jurídico adecuado”.
En 2025, Canarias llegó a tutelar en solitario a casi 6.000 menores africanos llegados en pateras y cayucos, que ahora comienzan a ser distribuidos entre el resto de comunidades españolas en virtud de la reciente reforma de la Ley de Extranjería.
España quiere, además, que se permita a Canarias y al resto de las RUP “un régimen más flexible para la aprobación de ayudas de Estado, sin restricciones en cuanto a cuantías, sectores ni plazos, siempre que no se vea afectada la cohesión interna de la Unión”.
Finalmente, anima a Bruselas a convertir las regiones ultraperiféricas en un banco de ensayos “para probar innovaciones legislativas en un entorno controlado, simplificando normas y reduciendo cargas antes de su aplicación al conjunto de la Unión”.